Prensa Obrera N° 432

Con el aula desbordante de estudiantes, el último viernes 11 la Coordinadora de Estudiantes Secundarios concretó el acto convocado “Contra la Ley Federal de Educación y el Presupuesto 95”. Los más de 250 compañeros presentes, provenientes de más de 20 colegios de la Capital y el Gran Buenos Aires, probaron de este modo el vigor y la maduración política que está marcando a todo el movimiento de la juventud. Es un hecho extraordinario que compañeros secundarios hayan estado a la cabeza en la iniciativa de llamar a movilizarse contra el Presupuesto 95 y que hayan puesto de relieve el significado profundo de esta “ley de leyes”, del carácter del ataque que significa contra la juventud y los trabajadores y de la necesidad de una amplia movilización juvenil y popular para lograrlo. No es sin embargo un rayo en cielo sereno; en la Coordinadora y como parte de un proceso de masas que tiene a los compañeros de la UJS a la cabeza, se viene verificando un proceso de politización y movilización cuyos alcances indican la profundidad del giro político e ideológico que se desenvuelve entre los jóvenes y explotados de nuestro país. Recordemos que la Coordinadora de Estudiantes Secundarios sobrevivió al boicot generalizado de las “tendencias” cuando levantó la bandera de la lucha por el juicio y castigo a los asesinos de Carrasco y convocó a oponerse al militarismo combatiendo toda forma de servicio militar, el manoseo y los crímenes contra la juventud. Las “tendencias” en cambio se subieron al carro menemista del “servicio optativo”, se desmovilizaron y acabaron por fracasar en su intento de quebrar a la Coordinadora su carácter combativo y de lucha; un propósito contrarrevolucionario que tuvo su inspiración en los restos del PC y Franja Morada, pero que contó, como no podía ser de otra manera, con el apoyo del derechista Pts y sus aliados morenistas. Ahora, por primera vez en años, la CES organiza un acto que tiene como protagonistas a los propios secundarios, en el cual dirigentes de 17 y 18 años, votados para Centros de estudiantes claves de Capital y provincia, se dirigen a sus propios compañeros, atraen la presencia de docentes y miembros de institutos de investigación que se encuentran en lucha contra la política de desmantelamiento de la educación y la cultura, y se suman al movimiento popular que marchará al Congreso este miércoles 16. Por eso estuvieron en el acto de la Coordinadora representantes de la regional porteña de la CONADU, el secretario general del INTI, un profesor de la escuela Echeverría de Ramos y otro de la de Artes Manuel Belgrano de la Capital, como así también un integrante del Centro de Estudiantes de Sociales de la UBA. Angel Caruso, del Tomás Guido de San Martín, denunció el significado reaccionario de la Ley de Educación y llamó a movilizarse contra su aplicación. Andrés Rieznik, presidente electo del Centro del Nacional Buenos Aires, trajo la adhesión del Frente de Lucha del Colegio y explicó la plataforma con la cual acababan de derrotar a Franja Morada en las recientes elecciones Nicolás Rapanelli, del Mariano Moreno, denunció las medidas represivas de la dirección del colegio y la agresión de un profesor y un preceptor contra los dirigentes del Centro. Rodrigo Turnes explicó la lucha del centro del Pablo Nogués de General Sarmiento en defensa de la escuela y de la educación... Un verdadero “actazo” de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios.

La toma de la Facultad de Ciencias Sociales, resuelta en una asamblea de más de 450 estudiantes, el martes 8 a la noche, marcó el punto más alto de la movilización contra el censo en la UBA. Durante las cuatro semanas previas se había desarrollado una verdadera rebelión contra el “censo del arancel” en las facultades de Humanidades de la UBA, impulsada por las agrupaciones de izquierda y el activismo independiente. A la toma se llegó después de masivas sentadas, asambleas y cortes de calle, en las que se reclamó contra las leyes universitarias que están en el Congreso y la suspensión del censo que claramente fue visualizado como el paso inicial para la implementación del arancel y de otras medidas limitacionistas. La movilización de Sociales (y luego de Filosofía y Letras, que también fue tomada el miércoles a la noche), no alcanzó a toda la UBA, debido a la política de boicot contra la movilización de parte de la dirección de la FUA y la FUBA. La “carnereada” de los radicales y frentegrandistas a la toma de esa día (que incluyó la movilización de sus “rentados” de distintos centros de estudiantes, para “desalojar” a los tomadores), revela la total capitulación de estas fuerzas en la defensa de la Universidad pública. El mismo miércoles 9, cuando estas agrupaciones concentraban su artillería contra las tomas, llegando a difundir en los medios la “versión” de que las facultades estaban “ocupadas por personas ajenas a los estudiantes”, la comisión de Educación del Congreso remitió a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Educación Superior. La movilización contra el “arancenso” en Sociales y Filo de la UBA, y en facultades de La Plata y del Comahue, está revelando un proceso de radicalización del movimiento estudiantil. La UJS ha sido la única en caracterizar previamente este movimiento, en oposición al “impresionismo” del resto de las corrientes de izquierda, que han coqueteado con el Frente Grande desde su surgimiento. La lucha contra el censo no se pudo extender, pero Franja y el Frente Grande sólo lograron parcialmente su objetivo: la movilización en la UBA sigue; en la misma asamblea en que se levantó la toma se votó masivamente la convocatoria a la marcha del 16/11 contra el presupuesto de Cavallo.

El 15 de octubre pasado era asesinado Marcelo Fabián Maldonado, cuando se encontraba frente al estadio de River Plate a fin de comprar una entrada para el recital de los Rolling Stones. El responsable por la llegada de los Stones y por la venta de las entradas es Daniel Grimbank. Según manifestó a diversos medios en los últimos días, el contrato que firmó con los representantes de los Stones decía que debía vender las entradas rápidamente, a fin de verificar si se podían pautar nuevas presentaciones. En ningún momento Grimbank dijo que esa cláusula del contrato le hubiera sido impuesta. Por lo que se puede suponer que estuvo por lo menos de acuerdo, si es que no fue directamente quien la propuso. La organización de la venta de las entradas estuvo destinada a la rápida captación del dinero. Por eso el plazo de 36 horas y el constante machaqueo por la Rock & Pop para que la gente fuera a las boleterías a pelear una entrada. Es el dinero de quienes estuvimos en las colas de River ese fin de semana el que financió ésos y los otros dos recitales agregados. No salió del bolsillo de Grimbank, quien, como todo empresario, no arriesga sus beneficios sino que “invierte” lo que previamente les sacó a los demás. Lo sucedido con los Stones es una versión agigantada de lo que ocurren todos los fines de semana en decenas de recitales. Los empresarios y representantes, junto con los dueños de los locales, son los grandes beneficiados económicos, mientras que el público y los músicos —salvo las “estrellas” consagradas— llevan las de perder. El público es hacinado en lugares imposibles, en los que no se cumplen ni siquiera los requisitos mínimos en materia de seguridad. Sí, en cambio, hay seguridad (matones y patovicas) para resguardar la propiedad del dueño del local, en colaboración con la policía, que se encarga de “limpiar” las veredas de indeseables. Los músicos, por su lado, están obligados a vender entradas, y muchas veces los caminan con la plata. Los equipos de sonido suelen ser pésimos y ni hablar de algún tipo de preocupación por la acústica. Muchas veces, además de la entrada, hay que pagar la consumición porque es obligatoria. Y los precios son estratosféricos. Por ejemplo, una lata de cerveza a cuatro pesos. Es hora que los jóvenes nos saquemos de encima a éstos que lucran con nuestro gusto por el rock, la música y el arte en general. Así como la organización independiente nos defiende en escuelas y facultades contra los abusos de las autoridades y el gobierno, así puede sevirnos para eliminar la lacra del negocio y hacer de los recitales —y otros eventos por el estilo— lugares masivos de encuentro donde la juventud pueda expresar sus profundas tendencias a enfrentar a un régimen que le ofrece por futuro la marginalidad y la miseria.

Los decanos de las facultades de Ciencias Sociales (Juan Carlos Portantiero, stalinista reciclado) y de Filosofía y Letras (L. Yáñez, candidato a rector de la UBA por el Frente Grande) presentaron sendos recursos de amparo ante la justicia frente a la toma de las facultades dispuestas por masivas asambleas para protestar contra el “censo del arancel”. Uno de los aspectos más resistidos de las leyes universitarias que están en el Congreso, es el quiebre que prevén de la autonomía universitaria. A estos decanos “progresistas” parece pesarles esta “autonomía”, que transfieren a la justicia menemista. Los “recursos” implican un pedido de represión policial. Con la misma lógica de Solanas, Chacho y Bordón, que apoyaron el envío de la gendarmería para apagar el Santiagueñazo, Portantiero y Yáñez han sentado su propio precedente contra la autonomía universitaria... y la propia integridad de los estudiantes.

Viernes 11 de noviembre de 1994 Viene el Príncipe Andrés: ¡FUERA INGLESES DE MALVINAS! ¡FUERA YANQUIS DE AMERICA LATINA! Los enemigos de la Patria primero se rindieron y pisotearon nuestra soberanía, ahora entregan nuestro petróleo y recursos pesqueros. Menem-Cavallo humillan nuestra memoria homenajeando a los piratas, traicionando a nuestros muertos y pretendiendo comprar lo que es nuestro. MARCHA DE REPUDIO - MARTES 15/11 - 18,30 horas Desde Av. Las Heras y Pueyrredón (Cap. Fed.) hasta la Embajada Británica. CONVOCAN: Corriente PATRIA LIBRE - Agrupación VENCEREMOS - DESCAMISADOS - MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES - PARTIDO DE LA LIBERACION - PERONISMO QUE RESISTE - Corriente Marxista Leninista del PC - PARTIDO OBRERO - MPU QUEBRACHO

La asamblea de Autoconvocados prevista para el 19 de noviembre ha sido postergada con el propósito de esperar el desenlace de la crisis en el Frente Grande y, más precisamente, una salida de Solanas. Así lo han expresado taxativamente los integrantes de Patria y Pueblo. El Mst, por su lado, ha comenzado a llamar a Solanas a “romper” con el FG y a discutir un programa. Estamos en consecuencia ante una tentativa de formar un frente con carreristas políticos, sin ninguna responsabilidad ante las organizaciones de masas, menemistas hasta entrado el año 1990, partícipes del bloque parlamentario con Bordón y cómplices activos en la intervención contra el Santiagueñazo. Calificar como “democrático y antiimperialista” a un frente encabezado electoralmente por Solanas es literalmente una estafa. Es otra estafa pretender que, en estas condiciones, las organizaciones autoconvocadas discutan, mientras tanto, un “programa”. Las organizaciones autoconvocadas pretenden recrear con esto el Frente del Sur, es decir, un frente para carreristas políticos, que es donde precisamente prosperan los “Cavallo” Alvarez. Sostener que un frente electoral de negociantes políticos sería la vía para que las masas peronistas hagan la experiencia de lucha que las lleve a la izquierda, es no tener noción del ridículo. Antes que pretender subirse al carro de un frente de organizaciones combativas, Solanas debería poner incondicionalmente su banca bajo la disciplina de un frente de izquierda y cotizar naturalmente su dieta. Para colmo, se pretende hacer bingo con funcionarios del Estado, como Ricardo Molinas, el cual perteneció durante mucho tiempo a un partido de la dictadura militar. Todo el mundo tiene derecho a rectificarse, pero desde abajo, no desde arriba. Un frente encabezado por carreristas no sería antiimperialista ni democrático ni nada; sólo sería un instrumento de desmoralización política. Es el colmo de la superchería reclamar que Solanas “rompa” con el FG o con quien sea, para que pueda encabezar a partir de tal “ruptura” un frente electoral, primero porque carece de cualquier importancia para la lucha de las masas lo que Solanas haga o deje de hacer, y segundo porque Solanas es capaz de “romper” con cualquier cosa a cambio de una posición electoral que le interese. La perspectiva de los autoconvocados corre el riesgo de transformarse en una farsa, y ya lo es en una cierta medida. Estamos ante una reproducción de las peores formas de la política burguesa. Sólo en este sentido completamente negativo se puede decir que existe la intención de conformar un frente “nacional” y “popular”. Bajo ninguna circunstancia se puede afirmar que un frente de izquierda es una expresión obrerista, como si existiera la posibilidad de que las diversas clases explotadas por el imperialismo y por la gran burguesía pudieran estructurar una expresión de lucha que no sea de izquierda. El frente con los carreristas políticos expresa la tendencia que existe en las capas superiores de todas las clases explotadas al compromiso con el imperialismo, y esto se percibe en forma mayúscula en el CTA y el Congreso de la Producción, los cuales reclaman la flexibilidad laboral y los convenios sindicales por empresa, en tanto elaboran un planteo de “articulación” con los capitanes de la industria, que incluso el solanista partido comunista se ha visto obligado a criticar. El CTP es partícipe activo de la jubilación privada, es decir, de una de las mayores formas de confiscación económica de la patria y del pueblo. El reclamo de la izquierda del Frente Grande de adelantar el pago de los intereses de la deuda externa de 1995, es otra manifestación de lo mismo. Las experiencias del Frente del Sur y del Frente Grande, como antes del Frejupo, Frente del Pueblo e Izquierda Unida, demuestran que sólo un frente de lucha de izquierda puede servir como factor de desarrollo de los sectores combativos de todas las clases explotadas. Nos atrevemos a arriesgar el pronóstico de que la izquierda del Frente Grande habrá de parir un ratón y que la tendencia de las organizaciones de autoconvocados a formar un frente de carreristas entrenados en la demagogia nacionalista sólo servirá para producir su propia desmoralización.

Convocado por la UTE de Capital, tuvo lugar un llamado “Congreso de Educadores” en el Mariano Acosta, que congregó a algo más de 200 docentes. La dirigencia se valió de la reunión para plantear la necesidad de la “participación” de los docentes en la “reglamentación” de la Ley Federal de Educación que tiene pendiente el Poder Ejecutivo. De acuerdo a esta burocracia, la ley sería “ambigua” en sus objetivos, por lo que podría ser mejorada mediante “propuestas para ser consensuadas en el Consejo Federal de Educación“. Esta orientación significa embaucar a la docencia detrás de ilusiones, en lugar de prepararla para resistir la aplicación de la ley. Este planteo de resistencia formularon distintas voces críticas desde las corrientes de oposición que habían participado de la Lista Rosa en las pasadas elecciones de marzo. La intervención de las compañeras de Tribuna Docente en la comisión de “Educación inicial”, fue la única que logró ser incluida entre las conclusiones como moción opositora, que la dirección del Congreso llamó “de minoría”, aunque sin que la suya propia (a la que naturalmente llamó de “mayoría”) hubiera sido aprobada por votación, máxime teniendo en cuenta que varias compañeras de la comisión participaron en la redacción de la moción opositora. La moción planteaba: 1) Se rechaza en su totalidad la Ley Federal de Educación. 2) Se propone la sanción de una Ley de Emergencia Educativa discutida entre todos los docentes. 3) Se rechaza la reforma laboral (flexibilización laboral). 4) Se propone la autonomía del nivel inicial en lo pedagógico y estructural, garantizada desde los 45 días a 5 años dentro del sistema educativo. 5) Se propone el quite de subsidio a las escuelas privadas. 6) Creación de jardines maternales zonales acorde con la cantidad de habitantes. 7) Garantizar que la educación sea: estatal, gratuita, laica y obligatoria. 8) Capacitación docente impartida por el Estado y en servicio. 9) Salario mínimo equivalente al valor de la canasta familiar, que permita a los docentes cumplir su función pedagógica.

Buenos Aires, noviembre de 1994 Partido Obrero Estimados compañeros/as: El próximo miércoles 30 de noviembre, a las 19 hs., marcharemos con antorchas desde Congreso al Obelisco por la Libertad de los Presos Políticos. Conscientes de que sólo el compromiso activo de todos logrará el objetivo de liberar a las compañeras y compañeros presos, los invitamos a participar y convocar a esta marcha. Los esperamos.

El sábado 5 sesionó el plenario de la llamada “Corriente Clasista y Combativa” que anima el Ptp. Asistieron unos 300 activistas, delegados, dirigentes e invitados, entre ellos miembros de la comisión interna de Siderca (UOM), del sindicato de municipales jujeños (“Perro” Santillán), de la CGT San Lorenzo y de algunas comisiones directivas de seccionales del SUTEBA. Tres meses antes, un plenario citado por los mismos convocantes había congregado a 500 compañeros. Los organizadores habían rechazado el reclamo de las corrientes morenistas de que el plenario fuese “abierto”, afirmando que pretendían constituir su propia corriente, “(tomar) resoluciones políticas, resoluciones programáticas (y ajustar) su línea de alianzas” (Hoy, 26/10). El plenario se limitó a eso: a votar la orientación y la “línea de alianzas” propuestas por el Ptp. El documento propuesto a la discusión sobre “reorganización del movimiento obrero”, decía que “estamos en un momento electoral donde distintos sectores opositores buscan distintas alternativas electorales, lo que nos obliga a trabajar pacientemente para que lo que unió la lucha y el sacrificio no sea dividido por las elecciones” (Hoy, 9/11). Esto equivale a plantear que el movimiento obrero debe subordinarse a los intereses electorales del centroizquierda. El encuentro votó dos resoluciones. Una proponía “consensuar un programa de lucha, un programa reivindicativo y un programa de reorganización de todas las fuerzas del movimiento obrero” y “marchar junto a los sectores con los que hicimos la Marcha Federal y el paro nacional del 2 de agosto — fundamentalmente el CTA y el MTA— a un Congreso Nacional de Delegados que siente las bases de una nueva CGT de cara a los trabajadores...”(Hoy, ídem); el otro reclamaba “realizar el 16 de diciembre una jornada nacional de lucha con movilizaciones en las 50 ciudades más grandes del país, junto al CTA y al MTA”. El PO planteó que el plenario convocara a una movilización al Congreso contra el proyecto de presupuesto ’95 y la liquidación total de la previsión social, pero esto no fue aceptado y prevaleció la política dilatoria. El planteo de una nueva CGT a partir del MTA-CTA murió cuarenta y ocho horas después. “Nosotros —respondió Palacios (MTA)— bregamos por recuperar esta CGT desde adentro, pero lo que planteó Santillán es crear otra entidad y en eso no tenemos nada que ver” (Crónica, 8/11). También De Gennaro rechazó “crear una nueva CGT”: “(el CTA) es una central sindical distinta de la CGT” (Crónica, ídem), dijo, contradiciendo un planteo de 45 días antes, cuando sostuvo: “ofrecemos como perspectiva la construcción de una verdadera central de trabajadores” (Página 12,10/7). La otra resolución del encuentro, una jornada de protesta para el l6 de diciembre, ya fue concretada por el CTA y los empresarios del Congreso del Trabajo y la Producción para el día 9. La medida es una forma de llegar al verano, después que el parlamento sancione el plan de guerra que entraña el presupuesto ’95. La “jornada” fue “consensuada” a principios de setiembre entre los capitostes del CTP y del Frente Grande (Página 12, 8/9) y se buscará que sirva de tribuna electoral del “cavallo”-bordonismo. Uno de los documentos aprobados señala que el CTA “marcha a un Congreso del Trabajo y la Producción” y ésta es la única mención al movimiento de colaboración de clases con los patrones “pequeños y medianos” que suscriben la jubilación privada, la “flexibilización laboral” y el Pacto Fiscal. Es significativo que los documentos aprobados no recojan lo único rico que tuvo el plenario: las intervenciones de activistas y representantes señalando los límites puestos por las direcciones del CTA-MTA y la Franja, a una movilización de masas en la Marcha y el paro del 2 de agosto, y el salto operado en el reagrupamiento del activismo luego de estas jornadas, en contraste con el inmovilismo de la burocracia opositora. “De eso no se habla” Los organizadores del encuentro soslayaron y aun trataron de silenciar todo debate sobre un frente político de la izquierda, que sirva como factor de movilización. La razón fue la decisión del Ptp y sus “aliados” de esperar la “carroza” de Pino Solanas, sin que importe el voto a la intervención de Santiago o a la Constitución reaccionaria. Los eventuales “emigrados” no vienen en calidad de militantes, sino con candidaturas aseguradas, por lo que se va camino a un frente de arribistas políticos.

PO: ¿Por qué rompiste con el Frente Amplio para unirte al Frente de Izquierda y de Trabajadores? R: Porque en el Uruguay, fuera del FIT, no hay una izquierda realmente, no hay una izquierda que tenga condiciones de enfrentar a los patrones, al imperialismo. La llamada “izquierda” que está dentro del Frente Amplio está haciendo de rastrillo de los votos de gente de izquierda para llevarlos a la cúpula del Frente Amplio, que es la derecha; Nin Novoa, Tabaré Vázquez, Díaz Maynard y todos esos personajes que podríamos seguir nombrando durante rato. Si nosotros estuviéramos dentro del Frente Amplio, no tendría razón de ser. Lo que hacía falta era una izquierda por fuera del Frente Amplio, con independencia de clase frente a los estancieros, frente a los banqueros. Entonces se ha juntado una cantidad de compañeros provenientes de otras tiendas de esa izquierda que no querían ser más engañados. Porque esto no es la primera vez que nos sucede: hace ya dos elecciones que viene sucediendo lo mismo, que la izquierda trabaja y los galones y los puestos se los llevan los patrones. En el FA, los patrones están en los puestos de mando y los trabajadores hacen los mandados. Esto es tristísimo. Ya nos cansamos de hacer los mandados, ya no queremos hacerlos más; queremos ser gobierno nosotros, porque es la única garantía de que no fracase un régimen que venga a favorecer a los trabajadores. Lo otro es como casarse la gallina con el zorro, es como casarse el peón con el estanciero. A partir del año que viene, la falsa “izquierda” va a querer “cogobernar” con la derecha y los trabajadores vamos a tener que combatir contra ese gobierno “de mayorías nacionales”, que va a ser un gobierno contra las mayorías explotadas. El FIT es el único que está construyendo la oposición al próximo gobierno. En el FA ha habido un fraccionamiento que, terminadas las elecciones, va a estallar, porque hay alianzas que no pueden darse. Los compañeros que han sufrido la cárcel, la tortura y la prisión no están dispuestos más a dejarse trampear y ésta es la realidad de lo que está pasando en el Uruguay. El 28 de noviembre (el día después de las elecciones), en los partidos de izquierda dentro del Frente Amplio va a haber una eclosión, porque sabemos que hay muchos compañeros sanos, dispuestos a dar la vida, pero que ahora son sólo los rastrillos de izquierda de la burguesía del Frente Amplio. Eso no se puede cocinar en un primer hervor. Ahí tenés la experiencia del FA en el gobierno de Montevideo. Ahí lo tenías a Tabaré Vázquez, que se empezó a agrandar porque no había quién le parara el carro: se fue a Estados Unidos, se fue a Israel y vino bancado; le dio las llaves de la ciudad a Bush, le dio las llaves a Cristiani (ex presidente de El Salvador, masacrador del pueblo y encubridor de los “escuadrones de la muerte”). Siguiendo su ejemplo, los dirigentes sindicales burócratas dicen: “Si éste le dio la llave al presidente norteamericano, por qué nosotros, dirigentes sindicales del PIT-CNT, no podemos ir a comer con el embajador”. Y se fueron nomás a desayunar con el embajador norteamericano, y lo más triste es que no les hizo mal la comida. Este es el cambalache de la política de la “izquierda” que está dentro del FA. Ahí es donde llegan, después de una persecución como si fueran los que tuvieran la peste aquella que los ponían en cuarentena, los compañeros trotskistas del PT. Para venir al FIT tuve que vencer muchos años de escuchar eso de que los compañeros trotskistas eran “Lucifer”, en la boca de los camaradas del FA y del PC. Y tuve que vencerlo como lo va a tener que vencer mucha gente, porque se ha visto qué eran el stalinismo y otras corrientes que había dentro del llamado “socialismo real”: esa burocracia destruyó los partidos comunistas y minó durante 70 años las bases del proletariado. Además, desde hace tiempo yo admiraba cómo militaban, cómo explicaban, cómo a pesar de decirles que no, no rompían con vos por no forzar las cosas. Entonces, ¿adónde voy? Tenía que ir con los compañeros del PT, porque con el Frente Amplio no voy, porque el Frente es otro partido tradicional y meterme dentro del Frente es hacerles el juego a los que no son revolucionarios. PO: Recientemente ustedes, en el barrio de La Teja, han tenido una importante experiencia de lucha contra el gobierno del FA. R: Cuando Tabaré Vázquez llegó a la Intendencia de Montevideo, dijo que en cada barrio iba a haber un representante de los intereses de los vecinos. Yo tuve la suerte de salir elegido por los vecinos de La Teja. Hace poco, como se estaba por caer una chimenea que iba a matar a un montón de gente que estaba viviendo en Ilasa, una fábrica cerrada, con los vecinos ocupamos un terreno vacío del municipio para hacer sus viviendas. Pero a los dos días de estar allí, nos cayó un cedulón firmado por el juez, donde somos citados a declarar en la policía por una denuncia formulada por el intendente Tabaré Vázquez, el que se decía, en otra época, “el buen vecino” de La Teja, pero que un día levantó vuelo y se fue a vivir a una avenida de la gran-gran burguesía. En ese momento nos reunimos y dijimos de acá no nos saca nadie, no nos echa nadie. Pasaron cuatro días y empezamos una huelga de hambre en la que estuvimos ocho o diez días. Para no aparecer como un perdedor, Tabaré nos dio un terreno diez cuadras más abajo de la avenida, porque decía que el terreno que ocupamos era muy caro para que se hicieran la vivienda los trabajadores. Allá abajo, hace dos semanas hicimos la primera casita por ayuda mutua, la festejamos y el gran perdedor fue el vecino de La Teja que era el piola ... La gente honesta del barrio empezó a comprender que eso no era justo. Que la policía, por orden del intendente, quería echarnos del terreno y que la policía, también por orden del intendente, les levanta los carros a los vendedores ambulantes que aparecen como hongos porque no hay puestos de trabajo. En un barrio con una tradición revolucionaria del carajo se juntaron estos dos hechos, que demostraron que el “buen vecino” no era un buen vecino, en el fondo era un oportunista. PO: Ustedes, el FIT, acaban de realizar un acto aquí en Buenos Aires para los trabajadores uruguayos residentes en Argentina. ¿Qué planteo tienen para hacerles a los trabajadores argentinos? R: Me preocupa mucho que en Punta del Este hay compañeros de la construcción que están queriendo echar a los brasileños, es terrible. Los patrones están consiguiendo lo que nunca habían conseguido: enfrentar a los trabajadores con los trabajadores. Uno hablará portugués, otro será correntino, otro será cordobés, otro nació del otro lado del charco, pero somos todos trabajadores. Yo veo la necesidad de unificar a los trabajadores del Cono Sur para enfrentar los planes del imperialismo y las multinacionales, es una necesidad imprescindible. Si esto no cuela en la cabeza de los compañeros argentinos, en la cabeza de los compañeros brasileños, uruguayos: urge hacer el “Mercosur de los trabajadores” como respuesta al Mercosur de los patrones, algo que en un primer momento será un arma de defensa y luego puede ser un arma para una ofensiva de los trabajadores. Sin eso estamos enterrados.

Desde el fondo de los socavones viene ahora la protesta de los trabajadores contra el congelamiento de los salarios. Toda la población del Turbio y de los pueblos vecinos se encuentra acompañando la ocupación obrera de la mina. La burocracia capitalista de la Federación de Luz y Fuerza se ha quedado con la ex Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF) gracias a un subsidio anual del gobierno nacional de 22,5 millones de dólares y a otro del gobierno provincial, que se hace cargo de los aportes patronales a las Cajas. Los burócratas-patrones no han realizado ninguna inversión, lo que significa que se limitan a embolsar los beneficios; ahora no pagan siquiera los salarios financiados por el Estado. Una partida del subsidio, de 2.450.000 pesos, destinada al pago de francos atrasados, ha sido destinada para otros fines, y se pretende saldar lo adeudado con nuevos francos y licencias. Pero esta arbitrariedad no es más que la mecha que hizo estallar el conflicto; los trabajadores reclaman no sólo el pago de lo adeudado sino un aumento salarial de 100 pesos en el básico. Una Asamblea Popular en boca-mina, con 3.600 asistentes, ha votado la solidaridad activa con los mineros del Turbio y un paro de 24 horas. Los mineros enfrentan la amenaza de represión de la gendarmería, como ya ocurriera con los huelguistas metalúrgicos hace seis meses. Este paro se está cumpliendo firmemente. Los estudiantes secundarios no han ido a los colegios; los padres no envían a sus hijos a la escuela primaria. El jueves 17, a las 16 horas, se realizará una nueva Asamblea General. Está en juego la existencia de 25.000 vecinos del Turbio y sus alrededores. ATE debe declarar de inmediato un paro activo nacional en solidaridad con esta lucha decisiva. Aumento de salarios. Anulación de la privatización. Como en el Santiagueñazo, en La Rioja, en Tierra del Fuego, la lucha es de todos.

La intervención menemista del Hospital Posadas está decidida a llevar a fondo la destrucción del hospital público. Fracasados todos los intentos de transferencia a la provincia, cierre de servicios y privatizaciones, ahora le toca el turno a la autogestión, es decir, a la arancelización y al cese del financiamiento público. Se ha contratado a una empresa de facturación e informática, que entre otras “tareas” entregaría los turnos a los pacientes. Para atenderse será necesario carnet de obra social o carnet de pobre; como la empresa se llevará un porcentaje que oscila en el 16% de lo recaudado, queda claro que aquel paciente con “carnet de pobre” no recibirá atención. La empresa dispondrá así de turnos diferenciados y camas cautivas. Paralelo a esto, la intervención ha ido armando toda una red de asesores, auditores, contratación de consultoras, etc., pagados con los fondos del hospital y que forman el staff que garantiza llevar adelante la autogestión. Los trabajadores son el gran escollo para la política menemista En febrero, una huelga por tiempo indeterminado hizo caer al anterior interventor Babucci, e hizo fracasar su gestión provincializadora y privatizadora. Con la nueva intervención Passaro, no ha habido asamblea de ATE o de los profesionales, donde no se repudiara la autogestión, desarrollándose paros y movilizaciones en este sentido. En una reciente mesa redonda organizada para debatir sobre la autogestión, la intervención fue incapaz de presentar un panelista que defendiera su política. Todos los panelistas se expresaron contra la autogestión, al igual que los compañeros presentes. Los trabajadores del Posadas siguen siendo el gran obstáculo a la política menemista de destrucción de la salud pública. Es esto lo que explica el impulso que ha dado la intervención a “organizaciones gremiales” inexistentes como APROSAN (entre los profesionales) y UPCN, partidarios todos ellos de la autogestión. Estas maniobras divisionistas apuntan a quebrar la organización gremial de los compañeros. Junto a esto se ha puesto en marcha la privatización de la vigilancia, que incluye personal armado dentro del hospital, es decir, un grupo especial de represión. Por una política común de ATE y la Asociación de Profesionales La intervención está jugada a fondo con la autogestión y es por eso que cualquier reclamo en defensa de los trabajadores y el hospital público es, en primer lugar, una lucha contra la intervención del gobierno menemista. En este sentido, en un documento firmado por ATE y la Asociación de Profesionales del Posadas, se plantea: “El personal de este hospital no necesita una intervención ‘técnica’ con un grupo de asesores y auditores que sólo anulan las jefaturas naturales de los diferentes servicios. Existe en nuestro personal capacidad técnica suficiente para conducir el establecimiento”; junto a esto se plantea la lucha por un “presupuesto hospitalario que contemple: la totalidad de la masa salarial correspondiente a los montos ya abonados del SINAPA, sus grados y adicionales, concreción del aumento de los reemplazos de guardia e incorporación a planta permanente de los contratos técnicos y planta transitoria. Decreto de enganche al 277 de los residentes. Concursos para cargos jerárquicos del sector profesional. Insumos necesarios, aparatología con mantenimiento de los mismos. Priorizando el gasto únicamente en servicios propios y no en contrataciones privadas”, agregando: “Rechazamos la política oficial de autogestión y autofinanciamiento porque defendemos un hospital público con el presupuesto del Estado necesario, que garantice la continuidad de la atención de la población sin ningún tipo de discriminación. No a la ‘sanatorialización’ del hospital”. Los trabajadores del Posadas han demostrado con creces que son los únicos interesados en su defensa y es por eso que deben ser ellos quienes lo dirijan. Fuera la intervención menemista, elección directa de la dirección del hospital. No a la autogestión, fuera las empresas privadas. Abajo el proyecto de prespuesto 1995. Asambleas y movilización conjunta de ATE y Asociación de Profesionales. Coordinación de la lucha con el conjunto de los hospitales públicos, cualquiera sea su jurisdicción.

Un millón y medio de trabajadores, jubilados y jóvenes, llegados de todos los rincones de Italia, coparon Roma durante todo un día, en la mayor manifestación de toda la historia italiana. Se concentraron para oponerse al proyecto de ley de presupuesto, que prevé la liquidación de los derechos jubilatorios. Salta inmediatamente a la vista el paralelismo con Argentina: el proyecto de Berlusconi aumenta la edad jubilatoria en cinco años (de 60 a 65 para los hombres; de 55 a 60 para las mujeres); revisa los índices de indexación y reduce la relación entre el haber jubilatorio y el salario (que actualmente es del 70%). La liquidación de las conquistas jubilatorias goza, por supuesto, de la aprobación y el beneplácito de las cámaras patronales. La movilización comenzó hace un mes con una huelga general de cuatro horas y concentraciones en cien ciudades italianas, que convocaron a tres millones de personas. Desde entonces, la idea de la “Marcha sobre Roma” se impuso desde abajo, como lo revela el hecho de que todas las informaciones coinciden en señalar que la multitud que copó Roma “superó todas las expectativas”. Bajo la presión del éxito de la marcha, la burocracia sindical italiana ha convocado a un nuevo paro general. “Casi todos los cantos –informa el corresponsal de Clarín– reclamaban la inmediata caída del gobierno Berlusconi”. “Fuera Berlusconi” en Italia, “Fuera Menem-Cavallo” en Argentina, son las consignas que ponen al desnudo la incompatibilidad de los regímenes “cavalliano-menemistas” con los derechos de los trabajadores. Por eso, “la central empresaria Confindustria, que apoya las medidas del gobierno en la ley de presupuesto, está cada vez más preocupada por la magnitud del apoyo popular a los sindicatos y la perspectiva de que una radicalización del enfrentamiento social termine por liquidar el acuerdo sobre el costo del trabajo de julio de 1993 que anuló los ajustes automáticos al costo de vida y permitió disminuir la inflación e incrementar la productividad” (Clarín, 12/11). Frente al ataque a las conquistas obreras y jubilatorias, la clase obrera italiana nos muestra un camino y una política: la manifestación de masas hacia los centros del poder y la huelga hasta poner de rodillas a Menem-Berlusconi.

El gobierno menemista recibió con todos los honores y pompa al “principito” Andrés, partícipe en la guerra colonial de Malvinas. Fue otro acto de humillación nacional, luego de la condecoración que se entregó a Nicolas Brady, el “negociador” yanqui de la deuda externa. Andrew y Menem declararon que la presencia del primero tiene como propósito “promover el espíritu de reconciliación” entre ambas naciones, es decir, aceptar resignadamente el sometimiento nacional al imperialismo. La recorrida del “principito” por diversas unidades de las FF.AA. (agasajos en el Círculo de Armas, recibimiento en la base de Puerto Belgrano, visita a la Fragata Libertad, etc.), demuestra que no es ajena a esta política antinacional el cuerpo de oficiales que todos los 2 de abril rinde su homenaje a la “gesta de Malvinas”. El creciente entrelazamiento entre Argentina y Gran Bretaña incluye prebendas extraordinarias para los capitales ingleses, en primer lugar los petroleros en la cuenca marítima de Malvinas. Incluye también los reclamos de la industria farmacéutica inglesa por el uso de las patentes. Pero, claro, el “principito” viene también a realizar sus propios negocios, en especial promocionar los nuevos vehículos de la industria Rover. Duro con los trabajadores argentinos (Menem no pudo llevar a su invitado real en su nuevo helicóptero, debido al pequeño detalle de que el artefacto lleva por nombre “Malvinas Argentinas”). En estas condiciones, sólo la izquierda convocó a un acto de repudio para el martes 15 frente a la embajada (ver comunicado conjunto). Cuando los manifestantes llegaron a los alrededores de la embajada, se encontraron con un dispositivo represivo impresionante, montado con la ayuda de la Supersecretaría de Seguridad, Caballería, tanquetas, decenas de policías (provocadores) de civil, etc. Las fuerzas del “orden” triplicaban en número a los manifestantes. El menemismo montó una provocación policial que descargó una fuerte y salvaje represión contra los manifestantes. A los detenidos se les ha iniciado proceso por “resistencia a la autoridad”, no a los represores por “abuso” de ella. El PO reclama la libertad de todos los detenidos, el levantamiento de cualquier proceso y exige el juicio y castigo a los que montaron la provocación. La izquierda ganó las calles. El centroizquierda y el radicalismo han evidenciado su condición cipaya.

Que el conjunto de la burguesía pretende obtener beneficios (para ella) de todo lo que represente un “gasto” social a cargo del Estado, ya no es novedad; tampoco es novedad que sus representantes en el gobierno (nacional, provinciales y municipales) hayan ofrendado el patrimonio público. Pero como la rapiña del capital “privado” no conoce límites, “ahora” le toca el turno a la salud y a la educación públicas. Lo “novedoso” sería entonces la “autogestión” hospitalaria, a la que los partidos patronales le asignan la capacidad (por medio de aranceles y privatizaciones) de lograr el equipamiento hospitalario, mejorar la calidad de atención médica, y hasta la llegada de la informática y las computadoras, ... etcétera. Pero la realidad parece obstinarse en negarle la razón a esta hipocresía patronal. Esto es lo que sucede en el hospital “municipal” de Marcos Paz, cuya “autogestión” (prueba piloto para una vasta zona del Oeste urbano bonaerense) lo único que mantiene en pie son los aranceles (80 pesos un parto ... sin complicaciones ni medicamentos; 15 pesos una ecografía; 11 pesos la consulta al oculista; 3 pesos para atenderse en guardia y así de corrido). El arancelamiento ha obligado a una parte de la población a tramitar ante los funcionarios municipales un certificado de miseria para poder atenderse sin pagar. Pero el que no puede pagar o no ha hecho el trámite infame (o los funcionarios no le reconocen “pobreza extrema”) es retenido por la fuerza y bajo amenazas, si es que ha conseguido hacerse atender, hasta que consiga el dinero. Tanto es así que organizan la “fuga” durante el horario de visitas, “camuflándose” de familiares de los pacientes. Sólo por esta política terrorista y de humillación contra la población explotada, el director del hospital (que “casualmente” es el propietario de una clínica en Marcos Paz) y el gobierno deberían ir con sus huesos a la cárcel. Pero aún hay más, porque los vecinos y el personal del hospital denuncian que la ambulancia nunca está en el hospital debido a que es utilizada para sus cuestiones personales (transporte de chanchos y leña) por el secretario de Salud de la comuna. No hay médico obstetra; el personal médico es contratado por tres meses y sólo se le renueva el contrato si hacen “buena letra”. Un médico presentó una denuncia frente a este caos y atropello y una patota municipal le rompió los huesos (literalmente) y lo dejó tirado en la calle; el médico (legista) que lo asesoró fue inmediatamente despedido del hospital. Este es el clima donde reina la “autogestión”. Saqueo indiscriminado contra las masas empobrecidas y fuente de superbeneficios para las patronales de la salud y sus representantes políticos. Hospitales que se transforman en un caos organizativo y en “campos de concentración” para los pacientes y trabajadores del hospital. Esta es la realidad (con sus aristas “locales” incluidas) del significado de la política de “autogestión” que impulsan Menem-Cavallo-Duhalde y el conjunto de los pulpos de la salud. La pomposa “autogestión” no es más que un rebusque lingüístico que oculta la política de destrucción de la salud pública gratuita y una fuente de enriquecimiento para chupasangres “privados” de la salud. Los trabajadores de la salud deben tomar debida nota de los “resultados” de la “autogestión” en el Hospital de Marcos Paz y sacar todas las conclusiones del caso.

El sábado 5 de noviembre se realizó la conferencia regional de la militancia de Varela, Lomas y Lanús. Debate político En el primer punto, se debatió la relación entre las reivindicaciones y tareas planteadas por la crisis política y la cuestión del frente de izquierda. Como conclusión, se señaló el carácter único de la política partidaria, cuya política frentista debe servir como instrumento de reagrupamiento e impulso de la acción de los explotados. A la luz de la política general, la Conferencia debatió la intervención partidaria en el gremio metalúrgico, en las grandes barriadas y en la juventud. Metalúrgicos y docentes En la UOM, se partió de caracterizar las luchas en las fábricas de la zona, luego de la traición del Secretariado (Capea, Sevel, Siam, Lombardi, etc.). Un compañero destacó que, aunque las luchas presenten un carácter disperso (y aun sus reivindicaciones), lo que está en juego en estas luchas es una cuestión estratégica: la de la imposición o derrota de la flexibilidad laboral. En el caso de Capea —donde la patronal pretende encuadrar a los trabajadores en el sindicato ceramista—, la Conferencia resolvió sacar un boletín especial denunciando las consecuencias concretas de este traspaso sobre el salario y las condiciones de trabajo. En SEVEL, ha comenzado a articularse una resistencia contra los “nuevos métodos de producción”, que la Conferencia estableció seguir sistemáticamente desde el periódico. En relación a Docentes, la zona ha iniciado una campaña de propaganda (charlas y visitas de escuela) respecto de las consecuencias de la implementación de la Ley Federal de Educación. La Conferencia votó reforzar esta campaña con la colocación masiva del folleto que editará el Partido respecto de este tema, en los próximos días. Comisión Barrial El trabajo barrial en la zona Sur se vincula, en parte, a la intervención del PO en las luchas que libran los vecinos contra la expoliación sistemática de las empresas privatizadas y de los gobiernos provincial y municipales. El debate del plenario y de la comisión concluyó en la previsión de una agudización de los conflictos barriales. En el caso de Edenor y Edesur, la política del gobierno ha terminado en el “acuerdo marco”, dirigido a instrumentar el cobro compulsivo de la luz a costa de los propios vecinos y de los fondos públicos. Por su parte, en la cuestión del gas se revela el completo fraude y fracaso de las privatizaciones como pretendido factor de “desarrollo de inversiones”: Metrogas no ha cumplido ni siquiera con las inversiones pautadas en el “marco regulatorio” del propio gobierno privatista. Pero incluso, las supuestas “inversiones realizadas” no son tales, sino que forman parte de un sistema extorsivo de obras sobrefacturadas, algunas financiadas inicialmente por el Fondo del Conurbano, que luego son endosadas a los vecinos. Una tercera conclusión fue la necesidad de desenmascarar la “ley Pierri”, toda vez que la supuesta “entrega de tierras” no es más que el otorgamiento de un título precario, que sólo puede titularizarse... en quince años. Adicionalmente, la “ley” abre el camino para un gran negociado: si los títulos precarios son protestados por sus antiguos propietarios, el gobierno y el Banco Provincia podrían “organizar” la venta en cuotas de los terrenos, como condición para la escrituración definitiva. La Conferencia destacó que —a pesar de toda esta labor confiscatoria— los pulpos privatizadores quieren más, reclamando ahora al gobierno menemista una guerra a muerte contra los “colgados”, rebajas impositivas y la integración de los directivos de las empresas a los “entes reguladores”. Todo esto conducirá a una agudización de las luchas barriales. En el plenario final de la Conferencia, la cuestión del trabajo barrial mereció un importante señalamiento: las agresiones que sufre la población son múltiples (desocupación, represión, drogadicción, etc.), y el partido debe hacerse presente con una acción política de conjunto. El trabajo barrial no es, por lo tanto, “vecinal”, sino que debe ser integral y debe organizar a los trabajadores y a los jóvenes en torno de su programa. En relación a ello, la Conferencia votó un plan de piqueteos, propaganda, constitución de círculos y apertura de locales. Prensa y Organización Partidarias El informe central y las posteriores intervenciones de los compañeros pusieron de manifiesto la necesidad de centrar el trabajo partidario en la conquista política de los activistas obreros y juveniles que vienen destacándose a partir del “Santiagueñazo”. Es necesario, para ello, colocar a “Prensa Obrera” en el centro de la actividad del PO en la zona. Los informes de la Conferencia destacaron los déficits en este plano, medidos por una colocación de periódicos que no guarda relación con la actividad desplegada por la militancia partidaria. La Conferencia caracterizó que esta situación revela un grave divorcio entre la acción política cotidiana y nuestro programa. La Conferencia debatió un conjunto de contribuciones para “Prensa Obrera” que luego fueron tomadas como resoluciones por las diferentes comisiones. Asimismo, la Comisión de Prensa y Organización partidarias propuso un plan de extensión de la prensa basado en el trabajo reciente de cada comité, y en piqueteos sobre frentes específicos, vinculados a los problemas zonales a reflejar en el periódico.

Hace unas semanas se constituyó el Comité de Defensa de la Caja de Jubilaciones y de sus conquistas, impulsado por la comisión interna de la seccional Chivilcoy, en representación de más de 1.000 compañeros activos y jubilados. El lunes 15 pasado, tuvo lugar una asamblea “autoconvocada” de jubilados del Banco Provincia en Unione y Benevolenza, en la cual estuvieron presentes los miembros de la interna de Chivilcoy y representantes gremiales de otras seccionales (como Mar del Plata y San Nicolás). La Asamblea ratificó el programa que plantea la oposición a cualquier recorte de los beneficios jubilatorios; la necesidad de que se informe sobre el fondo acumulado por los aportistas a la Caja, con su consiguiente capitalización y otros ingresos comprometidos; que la Caja se ponga bajo control directo de los trabajadores y jubilados; por la vigencia del 82% móvil. La iniciativa de la interna de Chivilcoy había sido repartida masivamente en la asamblea por compañeros de la Lista Naranja (integrante de la 94 en las inminentes elecciones bancarias) y saludado desde la propia mesa de la asamblea. Miguel Pastorini, secretario general de la interna de Chivilcoy, fue ovacionado cuando propuso constituir una nueva Mesa de Defensa y un plan de acción. Así, respondió a la inquietud de varios compañeros de la asamblea que preguntaban: ¿Cómo hacemos para “mover” a los activos de la Casa Central y a las sucursales del conurbano, un sector clave para nuestra lucha? Se resolvió continuar y profundizar las marchas y asambleas “autoconvocadas” de pasivos en la sede del Banco. Los delegados de la seccional Buenos Aires, ¿saben lo que votaron? En contraposición a este movimiento, un plenario convocado por la interna de la seccional Buenos Aires del Banco votó favorablemente, con la presencia de 89 delegados (aproximadamente un 50% del total) una moción de la interna que propone “desenganchar los haberes jubilatorios de la escala salarial del convenio (y que) los futuros aumentos de dichos valores (estén) relacionados proporcionalmente al aumento de la masa de aportes”. La propuesta liquida el 70% móvil (lo desengancha del salario y lo condiciona, como la propuesta “solidaria” de Cavallo, a lo que se recaude) y declara cancelado el propio convenio colectivo de trabajo que establece lo contrario. ¿Cuál es la diferencia entre esto y la posición de Cavallo (y Duhalde-Frigeri) frente al régimen jubilatorio? Deberíamos suponer que la mayoría de los delegados que votaron “esto” no sabían lo que estaban haciendo, es decir, cavando su propia fosa. Según los propios números dados a conocer generosamente por el directorio del Banco y la propia interna, los ingresos por aportes a la Caja están comprometidos por la relación desfavorable entre activos y pasivos (12.500 activos contra 10.000 pasivos). Pero esta relación será crecientemente desfavorable como consecuencia de la política de “racionalización” del Banco. Así las cosas, disponer como propone la interna, que “las futuras jubilaciones se podrán determinar con un promedio de aportes”, es lisa y llanamente votar la caída en picada de las jubilaciones. La interna reclama, claro, “garantizar una jubilación mínima para el actual haber por rama de actividad, como asimismo una jubilación mínima para los próximos jubilados”. Pero a partir del “desenganche de los haberes de las escalas de convenio”, la “mínima” puede llegar a ser un 30% de los ingresos del trabajador a su retiro, una confiscación que la interna propone que se aplique ya a los jubilados actuales. Planteando un “tope” para el “actual haber”, refuerza la liquidación del 70% móvil para los jubilados de hoy y barre con los derechos adquiridos. La interna reclama “un mayor porcentaje en los negocios del Banco”, ¡pero esto es lo que se está violando ahora con el apoyo de la interna¡ El Banco ya está obligado por el art. 89 de la carta orgánica a constituir de sus utilidades líquidas los aportes que faltaran para recomponer el fondo de reserva de la Caja año a año. Esto está contemplado en la propia ley 11.322 que modificó el viejo régimen hace dos años. ¿Qué “reclamo” es éste que pide un aporte indeterminado y no identificado, cuando ya hay una cláusula de derecho que obliga al Banco a efectuar un depósito preciso, con origen claramente establecido? La interna propone barrer con los juicios de los jubilados En sus “propuestas para nuestra Caja”, la interna propone “declarar la inembargabilidad de la totalidad de los fondos destinados a los pagos previsionales de la Caja. Determinar un mecanismo legal que preserve de eventuales juicios el patrimonio de la Caja”. En realidad, los aportes son siempre inembargables, por lo cual esta propuesta está apuntando en otra dirección. El directorio de la Caja ya ha declarado su propósito de imponer una “ley de emergencia” para paralizar los juicios de los jubilados por derechos adquiridos (82% móvil que consagraba la Caja hasta su reforma en el ’92). La comisión interna se delata a sí misma al proponer “defender a la Caja” contra los jubilados que aportaron un 20-25% de sus haberes durante toda su vida activa y que hoy están impulsando juicios por los derechos adquiridos que les quieren liquidar los confiscadores de la Caja. La interna, adelantándose al directorio, propone formalmente una legislación de “emergencia” que inviabilice los juicios de los compañeros. Esta es la situación. Reiteramos la pregunta: ¿los delegados que estuvieron, sabían lo que estaban votando? (una minoría, cabe consignarlo, votó en contra, repudiando la moción de la interna). Llamamos a extender el movimiento en defensa de la Caja y sus conquistas, tomando ejemplo de los compañeros de Chivilcoy y de los jubilados “autoconvocados” en Capital. Como parte de esta campaña, explicar, denunciar y rechazar la propuesta de la interna de la seccional Buenos Aires, que no viene a “defender la Caja” sino a destruirla.

En las próximas elecciones bancarias se presenta la posibilidad de echar a Zanola de la Seccional Buenos Aires, la más numerosa de la Asociación Bancaria. La burocracia zanolista aparece claramente como la responsable del vaciamiento total del sindicato; de la liquidación del Instituto de Servicios Sociales (del que Zanola es director y responsable de la quasi desaparición de los servicios médicos); del incumplimiento del convenio; del congelamiento salarial de 30 meses, y del cierre y privatización de bancos, con una secuela de cientos de miles de puestos de trabajo perdidos. Y, en el último período, como la responsable de la masacre de las conquistas jubilatorias: afiliación a las AFJPs, liquidación de los fondos compensadores, ataque a la Caja del Provincia. Contra el zanolismo se presenta una única lista de oposición, la 94, conformada por importantes internas (Provincia, Central, ISSB, Credicoop, Patricios) y por delegados y activistas (Nación, Credit Lyonnais, Shaw, Caseros, etc.). Un triunfo de la 94 tendría un enorme alcance político, esto con independencia de las limitaciones de programa y de orientación de la lista, cuyo sector más numeroso responde al CTA. Por eso hay que votarla y llamar a votarla. La Lista 94 ha reunido más de 450 fiscales, está recorriendo las sucursales y prepara una fiesta de cierre para el 18 de noviembre. La Lista Naranja, integrante del frente 94, viene agitando la necesidad de echar Zanola y denunciando su política; la negociación de los nuevos convenios, la destrucción de la obra social y el ISSB, el ataque a las conquistas previsionales, como las de la Caja Jubilatoria de los bancarios del Provincia. Las reuniones de la Lista Naranja se realizan los jueves a las 18 horas en Reconquista 874-1º E.

Si la victoria de Clinton sobre Bush de hace dos años fue un acontecimiento político mayúsculo –pues reveló el agotamiento de la “revolución conservadora” de Reagan-Bush, la catastrófica derrota que acaba de sufrir Clinton no es menos importante, porque marca el completo fracaso de los proyectos reformistas de la administración demócrata. La “agenda” con que Clinton ganó las elecciones y asumió el gobierno sólo ha registrado frustraciones. “Síganme, que no los voy a defraudar” Clinton fracasó en su principal “caballito de batalla” electoral y su principal emprendimiento legislativo, la reforma del sistema de salud. El proyecto pretendía rebajar los costos de los servicios de salud en detrimento de los pulpos farmacéuticos y los prestadores privados, y ofrecer una cobertura generalizada a varias decenas de millones de personas desamparadas, pero a pesar de que gran parte del proyecto iba a ser financiado con impuestos a la clase media y de que también hubiera servido para rebajar los costos laborales de las industrias, la reforma se estrelló contra el Congreso y el “lobby” de los pulpos farmacéuticos y de la salud. El gobierno clintoniano fracasó también en su pretensión de desplazar a Japón y a Europa de sus mercados fundamentales. A pesar de la devaluación récord del dólar, que ha caído a su nivel más bajo en varias décadas frente al yen y el marco, el déficit del comercio exterior norteamericano es mayor que nunca. También han naufragado sus proyectos de promoción de la investigación, de inversiones en infraestructura y de apoyo a las “reestructuraciones” empresarias: grandes pulpos como la IBM, pese al apoyo gubernamental, no han podido salir de la situación de virtual quiebra en que se encontraban cuando Clinton llegó a la Casa Blanca. En el campo de la política exterior, también se acumulan los fracasos, como en Somalia o en Bosnia, y aun en Haití y Medio Oriente Clinton está muy lejos de haber superado los enormes obstáculos y contradicciones que enfrenta. También se esfumaron las expectativas de que la “recuperación” de la economía norteamericana mejoraría la situación de los trabajadores. La caída de la tasa de desempleo se ha disipado como consecuencia del inusitado aumento de la inseguridad laboral –en un 100% los nuevos empleos son “temporarios” y los trabajadores rápidamente despedidos– y por la sistemática reducción salarial –los nuevos empleos son, también en un 100% de los casos, peor pagos que los que fueron eliminados durante la recesión. “La mayoría de los norteamericanos se sienten profundamente inseguros”, sostiene The Economist (29/10), porque “el mercado laboral está cambiando de una manera rápida e impredecible ... ya no están muy seguros de que incluso dos ingresos puedan mantener sus niveles de vida”. El poder adquisitivo de los trabajadores norteamericanos continuó deteriorándose bajo Clinton. “El ingreso medio de los hogares —informa The Wall Street Journal (3/11)— cayó en 1993 por cuarto año consecutivo (algo que nunca había sucedido en el curso de una “recuperación” económica)”, mientras que “el 5% y el 20% más rico de la población aumentó su participación en el ingreso nacional”, que ahora es mayor que en cualquier momento de los gobiernos de Reagan y Bush. Un pantano político El fracaso de Clinton –el segundo de la burguesía norteamericana en muy corto tiempo– se manifestó en una abstención electoral enorme: el 65% de los norteamericanos no concurrió a votar. La abstención se registró entre los tradicionales votantes demócratas, desmoralizados y con “odio y furia contra Clinton y el Congreso” (The Economist, 29/10). Los republicanos, con casi los mismos votos, ganaron “por descarte”; su victoria no está expresando un crecimiento electoral de la derecha sino el repudio de un importante sector, tradicionalmente demócrata, al gobierno de Clinton. Los resultados electorales pusieron sobre el tapete en forma inmediata la cuestión del “tercer partido”, un tema que ya ha sido planteado desde todas las vertientes políticas. El sindicato de los camioneros (teamsters) se planteó, en los últimos años, la formación de un “partido de los sindicatos”; Ross Perot intentó montar un partido populista de derecha; en distintos libros y ensayos, intelectuales negros plantearon la formación de un partido negro “liberal”, y ahora, The Economist (5/10) informa de una encuesta en la que se establece que el sector más interesado en la formación del “tercer partido” son los trabajadores de las empresas de servicios, en particular los tecnológicos y de computación y las mujeres de nivel medio y superior de educación. La insistencia y variedad de “contenidos” con que se plantea la cuestión de la “ruptura del bipartidismo” traduce una insatisfacción general de todas las clases sociales con el régimen, no sólo político sino social, norteamericano. La derrota de Clinton –a renglón seguido de la derrota de Bush– revela que la política de la burguesía norteamericana no encuentra sus ejes, su equilibrio y su perspectiva. La mejor expresión de esta carencia es que los vencedores de la elección fueron la ultraderecha fascista, oscurantista y xenófoba del Partido Republicano, de un lado, y los liberales del Partido Demócrata, del otro, precisamente los sectores en los que el imperialismo norteamericano no confiaría hoy los destinos del país. Hay que destacar el alivio con el que The Financial Times (10/11) informó a sus lectores que las comisiones económicas clave del Congreso quedarán en las manos de los “centristas” y no de los “extremistas radicales”. Existen temores de que la ultraderecha republicana –a contramano de los intereses generales del gran capital financiero del país– dilate y ponga obstáculos a la firma del tratado del Gatt ... de la misma manera que lo hizo con el Nafta. La política abiertamente antiinmigrantes de la derecha republicana —que se expresó abiertamente en la “Proposición 187”, que prohíbe que los inmigrantes ilegales o sus hijos concurran a escuelas y hospitales públicos y su inmediata deportación— plantea la perspectiva y la posibilidad cierta de una nueva “pueblada” como la que vivió Los Angeles hace dos años. Las victorias de los candidatos ultraderechistas agrega nuevas dificultades a la política exterior norteamericana, en particular respecto de Medio Oriente y Haití. El nuevo titular de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el “ultra” Jesse Helms, ya anunció que revisará “el llamado programa de ayudas al exterior que gastó 2.000 millones de dólares ... la mayor parte de los cuales fue a parar a manos de carroña extranjera” (La República, 15/11) . También declaró que se opone al “proceso de paz” en Medio Oriente, en particular a las negociaciones de Israel con Siria, porque, dice, “Siria no quiere la paz; quiere las alturas del Golán y los dólares norteamericanos” (ídem). Incluso, Helms planteó la posibilidad del retiro norteamericano de la ONU. Semejante prospecto político —que está muy lejos de ser un programa— explica porqué The Washington Post ha definido a Helms y a la ultraderecha como “el mal peor”. Con la derrota de Clinton y la ausencia de alternativa republicana, la sucesión presidencial de 1996 ha entrado en un período de crisis. La burguesía norteamericana necesita replantearse un programa político de conjunto después de los fracasos sucesivos de Clinton y de Bush. Que la derecha republicana no tiene ese programa lo demuestra su “Contrato con América” con el que ganó las elecciones, pues apenas conocidos los resultados, sus representantes declararon que ellos sólo se habían comprometido a “ponerlo a votación, no a aprobarlo” (Financial Times, 10/11). Un Ejecutivo maniatado, un Congreso dominado por una ultraderecha carente de programa, una sucesión incierta: en Estados Unidos crece la crisis del régimen político.

Moción Nº 1 MOCIONO: RECHAZAR LA PROPUESTA DEL GOBIERNO PROVINCIAL Porque: - Es una trampa para los trabajadores estatales, embretándonos en la discusión de una propuesta salarial que no es tal, ya que sólo se ofrece una suma no bonificable ni remunerativa y por única vez. En realidad se trata de un chantaje para que los maestros hipotequemos nuestro régimen jubilatorio a cambio de “unos pocos pesos peregrinos”. El gobierno pretende: - Eliminar el 82% móvil. - Aumentar la edad jubilatoria de 50/60 a 60/65 años. - Modificar en nuestro perjuicio el sistema de cómputos (se aumenta a 7 años). - Incrementar los aportes jubilatorios porque cambian la base del cálculo. - Reducir el haber jubilatorio (porque no se calcularía en base a los tres últimos años, sino que se considerarían los diez últimos). - El gobierno ha fraguado un déficit sobre el cual condiciona el traspaso de las Cajas a la Nación. Con respecto al IAPOS, el gobierno propone la constitución de una comisión consultiva, que no funcionaría ad referéndum de las bases, sino que sería una prebenda más para los burócratas que negocian. Obviamente, esto no mejoraría los servicios actuales. El Poder Ejecutivo presiona para que este “paquete” sea aceptado en “su totalidad”. Los docentes lo rechazamos en su totalidad porque no estamos dispuestos a hipotecar nuestro régimen jubilatorio a cambio de un “no remunerativo y por única vez”. Con un acuerdo de este tenor pretenden maniatar la lucha por todas nuestras reivindicaciones: salario, rechazo a la Ley Federal, calificación, Resolución 994, Presentismo, etc. Sigue vigente la Resolución 994 y la Calificación. La dirigencia gremial consuma su política de consenso y entrega. Es así que Ediberto Sánchez ha dicho en los medios que esta propuesta es “superadora”. El funcionamiento burocrático de la intersindical privilegia las negociaciones a puertas cerradas con el gobierno por sobre la discusión y la consulta con las bases de los gremios, demostrando no ser el organismo capaz de llevar adelante un Plan de Lucha contra la política del gobierno. Proponemos unir y convocamos con el resto de los compañeros estatales para debatir un programa y acciones unificadas.

PO: ¿Cómo ven el panorama electoral? Mario Tornaquindici (Banco Río): En estas elecciones se abre la posibilidad de derrotar al zanolismo. Por primera vez, la elección se dirime entre dos listas. Zanola está preocupado y apela a una costosa campaña de demagogia, con elementos pagos que recorren las sucursales haciendo propaganda o montando espectáculos gratuitos en Obras Sanitarias, o regalando entradas para el Luna Park. Lo cual refleja que no puede hacer ninguna propaganda en términos sindicales. No tiene ningún “logro” para mostrar y mucho menos propuestas. Está metido a fondo con Menem y con el plan de flexibilización laboral de la patronal y el gobierno. PO: ¿Qué opinan los compañeros de tu banco del voto a la94? Oscar Bordalotta (Banco Caseros): Me parece que las cosas van bien. Acá hasta ahora venía ganando el zanolismo, pero hay mucha simpatía hacia la 94, sobre todo por el hecho de la unidad. Pero todavía falta crear un clima más fuerte de campaña electoral. Pienso que el bajo perfil que tiene la campaña de la burocracia se propone evitar que se discuta sobre las elecciones y de esa manera impedir que crezca la polarización. Por eso la responsabilidad de la 94 es multiplicar sus esfuerzos para instalar el debate entre los compañeros, para mostrarse como alternativa. PO: ¿Cómo es posible esto? Eduardo Martínez (Banco Patricios): Mirá, es difícil pero se avanza. La 94 es un frente bastante heterogéneo. El factor decisivo, el principio que decidió la unidad, es la perspectiva de derrota de la burocracia y todo lo que significa eso para los bancarios y para el movimiento obrero en general. A partir de allí los puntos de vista se bifurcan. Por eso los compañeros de la Naranja estamos desarrollando una campaña propia. Creemos que nuestra visión coincide con los ejes más importantes y al mismo tiempo más sentidos entre los compañeros: el convenio y la obra social. La mayoría de la lista responde al CTA y al FG, lo cual limita el carácter y el contenido de su agitación, como dicen ellos la hace “posibilista”. Hemos establecido con claridad nuestras diferencias con el resto de los compañeros de la lista, reafirmando nuestra fisonomía clasista y abriendo precisamente un debate entre la propia mayoría. No estamos dispuestos a subordinarnos a esas posturas, y sobre la base de esa independencia política es que se construyó la 94. En el marco del esfuerzo común por desplazar a Zanola, nuestro objetivo es reagrupar al activismo más consciente y combativo. PO: ¿Cuál es la posición del resto de la izquierda? Mario: El Mst está participando de la 94. El Mas, tras un supuesto principismo al llamar a la abstención, está favoreciendo las posibilidades de la burocracia. Fijate qué coincidencia, que la campaña por la abstención, con la cual coinciden estos grupos, está también protagonizada por un grupo de tránsfugas del Credit Lyonnais, que tras fracasar en su pretensión de formar una tercera lista fantasmática, ahora, con la obvia financiación de la burocracia, está colocando pasacalles llamando a votar en blanco. No sólo eso, sino que pactaron con Zanola el corte de los permisos gremiales de las delegadas de oposición. Aunque el Mas no lo entienda así, acá las trincheras son clarísimas: o se vota por la 94, o en cualquier otra variante se favorece a Zanola. PO: ¿Algo más? Eduardo: La Naranja va a continuar en los días que quedan con una campaña lo más intensa posible. Ganar las calles con la agitación, seguir sacando volantes, los boletines, hacer recorridas y asambleas en los bancos, todo lo que la burocracia no hace, dándole un carácter activo a la campaña, son la clave del posible triunfo. Y al mismo tiempo, de esa forma vamos desarrollando la inserción de la agrupación en los principales bancos.

Don Pascual Mastellone, “amo y señor” de General Rodríguez, dueño de La Serenísima, la principal fuente de trabajo de la zona, está dando cátedra acerca de los nuevos métodos de “flexibilización laboral”. Trabajadores con 20 o más años de trabajo en la empresa, son obligados a una especie de “retiro voluntario”, pagadero en cuotas mensuales, a cambio de lo cual se les acepta nuevamente como empleados, pero ahora “contratados” —claro que sin reconocimiento de la antigüedad— para una empresa formalmente “independiente” del Sr. Mastellone, pero que como es bien sabido en la zona, integra el “holding” empresario. Trabajadores que redondeaban remuneraciones de 1.200-1.500 pesos, son conminados a trabajar por 500-600 pesos. Como General Rodríguez amenaza con transformarse en una nueva San Nicolás, el empresario “bueno” recomienda esta “solución” ante el desbarranque inevitable de una superpoblación de kioskos y remiseros en la zona. Don Pascual Mastellone hizo su fortuna exprimiendo sin escrúpulos a los trabajadores de la zona —a los que prometía el oro y el moro para el futuro— y a los tamberos chicos de la Provincia de Buenos Aires, a quienes colocó a su merced pagándoles a plazo y fijando él el precio de la grasa butirométrica —la materia prima de la industria láctea—, mientras su recaudación es “cash” todos los días. Durante más de 20 años “Don Pascual” —como gusta que le llamen— trató a los trabajadores como a “sus hijos”, mediante “favores” y un trato semi-familiar; acudía él al llamado de “asambleas” para reclamar a los trabajadores mayores sacrificios frente a las “crisis” que, curiosamente, siempre después de un período de “poner el hombro”, acababan en una nueva conquista del mercado para la empresa y en una pendiente hacia abajo de los salarios. ATILRA, el sindicato de la industria láctea, es desde hace añares un “apéndice” empresarial. Antes, con el argumento de que había que “superar” a la competencia y a la espera del día “en que todos nos beneficiaríamos”, había que agachar la cabeza; ahora, en nombre de la “modernización” que reemplaza máquinas y hombres, hay que aceptar... la guillotina. Antes era en nombre de la “defensa de la industria nacional”. Ahora es ésta la que, haciendo su agosto con los negocios de la importación de leche (por lo general, de menor calidad que la nacional), amenaza a los trabajadores y a los tamberos chicos. Como se ve, es el cuento de “la buena pipa”. En el año 1987, el mismo 1º de Mayo en que el “honorable” Concejo Deliberante de General Rodríguez consagraba “ciudadano ilustre” a Don Pascual, un grupo de trabajadores que años antes nos habíamos organizado en una agrupación de lucha —la Azul y Blanca— éramos despedidos, incluida una compañera embarazada, ante los ojos cómplices de la burocracia sindical, por reclamar por la efectivización de los trabajadores contratados, por la defensa del día femenino y por el reconocimiento de insalubridad sobre toda una serie de áreas de la empresa. Libramos una importante lucha, mantuvimos durante semanas una olla popular, pero fuimos lamentablemente derrotados. Después de varios años de atropellos, se impone nuevamente el camino de la organización y la lucha. Los delegados en cada sector deben ser sometidos a un intenso acoso para que se establezca un pliego de reivindicaciones y se impida la “flexibilización”. Para esto es imperioso organizarse por abajo en una agrupación clasista, superando los errores del pasado. Ayer se nos hizo creer en una perspectiva “popular” junto a los patrones nacionales, ya hemos recorrido una larga experiencia con ellos. Por ejemplo, ahora el camino no son los “Congresos de la Producción y el Trabajo” sino la lucha independiente de los trabajadores, en la perspectiva de poner en pie un poderoso movimiento de resistencia obrero y popular, que permita retomar el camino de la “Marcha Federal”.

Todos los días, los medios de comunicación apabullan a los trabajadores y a los jubilados con el “mensaje” de que el sistema previsional está quebrado y que, como en todo “régimen de reparto”, el sistema no puede darles a los jubilados más dinero que el que recauda. Es con este argumento que Cavallo y Menem acaban de presentar un proyecto de ley que, de ahora en más, condiciona los pagos a los jubilados a las partidas de la ley de presupuesto. De aprobarse este proyecto, quedaría derogado todo tipo de “movilidad” de las jubilaciones y los “derechos adquiridos” de los jubilados, y por sobre todo cualquier traza de régimen previsional, lo que convierte a las jubilaciones en un capricho del gobierno. El régimen previsional no es de reparto La insistencia de la burguesía por presentar al sistema previsional argentino como un sistema de reparto, se explica por el hecho de que no es precisamente un régimen de reparto. Posiblemente no exista en todo el mundo ningún sistema jubilatorio de reparto y ello por una razón muy simple: un régimen de reparto no tiene nada que ver con la pre-vi-sión social, y sí con la caridad o la asistencia social pública. Un sistema de reparto distribuye entre los beneficiarios el total de los aportes que recauda. Ni la legislación previsional anterior ni la actual estipulan que deba distribuirse la recaudación previsional; una parte se destinaba al pago de jubilaciones y el resto a acrecentar el fondo acumulado de los aportes realizados hasta ese momento. Es por eso que hasta la instauración de la “jubilación privada”, la legislación previsional obligaba a los trabajadores y patrones a realizar un aporte sobre sus salarios durante un cierto tiempo, a cambio de recibir en la etapa establecida el pago del 82% móvil del salario promedio de los últimos años, el cual estaba calculado, no sobre la recaudación previsional del año, sino sobre el rendimiento de ese fondo acumulado. La nueva ley jubilatoria derogó el 82% y estableció, para el régimen estatal, un aporte mixto de obreros y patrones con un beneficio básico mínimo (la PBU) más una jubilación proporcional a los años aportados y al sueldo promedio de los últimos 10 años. En síntesis, el sistema no reparte lo que ingresa sino que establece aportes definidos y beneficios también definidos. Distinto es el caso de la “jubilación privada”, donde los aportes sí están definidos pero no los beneficios, que son inciertos, esto porque dependen de la comisión con que se quede la AFJP y de la valorización o desvalorización que se produzca con los aportes de los trabajadores. Por otro lado, en la “jubilación privada” el trabajador sólo “capitaliza” su propio aporte, porque el de la patronal, que es mayor, sólo financia el haber mínimo o la PBU. En cambio, en los regímenes públicos ambos aportes contribuyen al sostenimiento del sistema. El sistema previsional vigente en Argentina desde la década del 40, de aportes definidos y beneficios definidos, no fue establecido por un simple capricho sino que se basaba en cálculos actuariales y financieros. Estos mostraban que el porcentaje de aportes sobre los salarios durante una vida laboral, permitía otorgar holgadamente un 82% móvil con el derecho de pensión para el cónyuge. Es decir que se trataba de un sistema de capitalización de características colectivas, donde el total de los aportes de los trabajadores constituía un fondo que aseguraba el pago de los beneficios prometidos si era invertido adecuadamente con rendimientos reales del orden del 3% anual, por encima de la inflación. Los cálculos actuariales y financieros demostraban que este sistema dejaba incluso un superávit, al punto que preveían aplicar el remanente a otros beneficios, como los de edad avanzada o pensiones especiales. En un estudio especial publicado por el insospechado Boletín Techint (enero-febrero 1986), se decía precisamente que “en sus orígenes el sistema previsional argentino se definió como uno de capitalización. El mismo supone la constitución de un capital de garantía formado con la acumulación que el individuo hace a lo largo de su vida laboral y que recupera al final de ésta. El cálculo actuarial que estipula el monto del aporte individual para el cobro de un haber determinado y la cuenta individual del afiliado están en la base del sistema”. Según este estudio, a fines de la década del 50 y comienzos de la del 60 se produce “un punto de ruptura, el momento en que el sistema pierde definitivamente el sentido de capitalización con que estuvo orientado en sus orígenes...”. A lo largo de la década del 40 y 50, las Cajas tuvieron grandes superávits, del orden del 4% del PBI por año, lo que equivaldría hoy a unos 10.000 millones de dólares anuales. Esta suma casi triplica lo que esperan administrar hoy las AFJP con la “jubilación privada”. Según el estudio citado, el resultado financiero de las Cajas entre 1950 y 1960 fue del 28% del PBI, es decir, más de 50.000 millones de dólares a valores actuales. “Los excedentes generados por el conjunto de las Cajas entre 1950 y 1954, fueron del orden del 4% anual del PBI, a precios de mercado. Esos excedentes eran colocados a extensos plazos, en títulos públicos cuyos intereses eran 4%, 5% y 8% anual. La inflación los fue devaluando y el conjunto de las Cajas se descapitalizó (si se des-ca-pi-ta-li-zó quiere decir que era un régimen de capitalización, aclaración del PO) aceleradamente. A su vez, los intereses eran pagados con nuevos títulos, al igual que las contribuciones que debía pagar el Estado como empleador y el equivalente de aportes que retenía de sus empleados...”. La conclusión del trabajo es que la inversión de los superávits de las Cajas del período 1946-1961 hubiera dado un fondo “equivalente al 47% del PBI de 1961”, es decir, ¡¡de120.000 millones!! Este fenomenal superávit no toma en cuenta la enorme evasión patronal, que se calculaba en el orden del 50%, con lo cual el fondo total de las Cajas a comienzos de la década del 60 bien podría ser superior a los 200.000 millones de dólares. La burguesía se autosubsidió a costa de los superávits de las Cajas durante cuatro décadas, ya que los gobiernos capitalistas sacaron los fondos previsionales de las Cajas a cambio de la entrega de títulos que rendían el 5 u 8% anual, cuando la inflación triplicaba o cuadruplicaba esos porcentajes. Existió además una tolerada evasión patronal que también se quedaba con el aporte del trabajador. Con total hipocresía, un editorial de La Nación (14/11/94) llama al gobierno a que diga “toda la verdad: que el Estado tendrá que hacer tabla rasa con el sistema previsional, cuyos fondos fueron usados para otros fines o licuados completamente por la inflación durante cinco décadas”. La Nación invoca ahora la confiscación que la burguesía hizo de los fondos obreros para reclamar, no la devolución de lo confiscado, o al menos una contribución extraordinaria de los capitalistas, sino un nuevo ataque a las jubilaciones. Por lo tanto, la actual situación previsional no deriva de la insuficiencia de un sistema de reparto, en el momento en que la relación pasivo/activo supera cierto porcentaje (por ejemplo 1 a 2), sino de la confiscación por parte de la burguesía de la capitalización previsional colectiva de los trabajadores y del cese de los aportes patronales. Menem y Cavallo quieren perpetuar esta confiscación mediante el desconocimiento de los beneficios que deberían resultar de los actuales aportes que realizan hoy los trabajadores. A éstos no se les dará en el futuro ni el 82%, ni el 70%, ni el 50%, sino una cifra que será la que resulte del Presupuesto Nacional luego de pagar los intereses de la deuda pública, el capital de esa deuda, los subsidios al gran capital y los reembolsos a los exportadores. Más aún, como Cavallo dijo que la nueva meta oficial es tener presupuestos deficitarios para forzar a una disminución de gastos, es decir, rebajando los aportes de los capitalistas, tenemos la proclamación de un régimen de jubilaciones de hambre de por vida. Esto explica por qué se proclama, por un lado, la quiebra del sistema previsional a la hora de pagar las jubilaciones, mientras, por el otro lado, se rebajan los aportes patronales que causan la quiebra del sistema. El Partido Obrero sostiene que el sistema previsional está en condiciones de pagar holgadamente una jubilación mínima de 450 pesos mensuales y el 82% móvil sobre la base del aporte exclusivo de las patronales. Esta posición política y social tiene fundamentos actuariales y financieros, además de uno ele

El sector de la Lista 94 que responde al CTA publicó un folleto programático bajo su exclusiva responsabilidad, que ignora las críticas efectuadas por los sectores de izquierda que integran la Lista y en particular el efectuado por la Lista Naranja, la cual expuso sus discrepancias y propuestas por escrito. La importancia del planteo del sector del CTA es que en muchas cuestiones decisivas se acerca a las posiciones del gobierno y de los bancos, al extremo de que logra ir más lejos que el propio Zanola. La Naranja no se considera comprometida con estas posiciones, y si se delimita de ellas aun antes de haberse realizado las elecciones, es porque van más allá del resultado electoral. El folleto del CTA propugna que se establezca por convenio una reducción de la jornada laboral, para lograr que los trabajadores también participen de los beneficios que en forma extraordinaria han obtenido los capitalistas bancarios. Con relación a esto, llama la atención que, de un lado, no se plantee un aumento de salarios y, del otro, no se prevea una ofensiva de despidos por parte de la patronal, que además toda la prensa está vaticinando, precisamente como consecuencia de la misma “racionalización” que, según el CTA, explica los superbeneficios patronales. La reivindicación de la reducción de la jornada de trabajo, sin afectación del salario, debería ser planteada como objetivo de un plan de lucha de conjunto contra los despidos, incluso como un plan de lucha preventivo. De ningún modo puede surgir como un sustituto del reclamo de un aumento salarial, que es en realidad adonde apunta el CTA. Planteada en oposición al aumento del salario, el reclamo de la reducción de la jornada de trabajo es un planteo distraccionista. Esa función diversionista se comprueba precisamente en el capítulo de los salarios, donde el folleto se limita a reclamar un “piso” para los sueldos y más allá de esto plantea “convenios por empresa” , con el pretexto de la necesidad de “reconocer la diversidad de las realidades laborales vigentes”. Hace suya de este modo la posición de la UIA y de la Asociación de Bancos, los cuales ven con toda razón al convenio por empresa como un factor de liquidación de los sindicatos. Sindicar es unir, no separar, y la condición del movimiento obrero es la cooperación, no la competencia. La diversidad de condiciones laborales es un resultado de la diversidad de condiciones de producción y de explotación, y esta diversidad es una constante y una ley general de cualquier modo de producción anárquico e individualista. El sector del CTA descubre tarde, por vía de excepción y adulterando su significado, lo que constituye un rasgo inseparable de la producción capitalista desde el fondo de los tiempos. Es natural que las patronales quieran atar al trabajador y al salario a las llamadas condiciones laborales, o sea a las condiciones de trabajo más apropiadas para la explotación del trabajador. Pero para el trabajador el objetivo es independizarse todo lo posible de esas condiciones, al menos hasta que tenga la capacidad de abolirlas. Por eso ha querido siempre atar el salario a un jornada fija y decreciente de horas de trabajo, y no a las condiciones que imponga el capitalista. Lo mismo ocurre con la administración de su esfuerzo físico y mental durante la jornada de trabajo. Se trata aquí del enfrentamiento entre la economía de la explotación y la economía de la emancipación de la explotación. El sector del CTA quiere vender como una expresión de modernismo lo que no sería otra cosa que el retorno al trabajo a destajo o por rinde. Digamos de paso que las condiciones laborales que mejor se ajustan a este interés son las de la esclavitud, cuya “falla” principal, para el capitalista, es que no admite el desempleo. No deja de ser curioso que el mencionado folleto no se ocupe de la jubilación privada, ni de la privatización de la salud y de la educación, si se tiene en cuenta que son los rubros responsables de los mayores beneficios bancarios, y esto cuando en el gremio está en marcha un proceso de privatización de cajas de jubilaciones complementarias y de la Caja del Banco Provincia de Buenos Aires. Impedir esa privatización y asegurar que continúe la prestación del 82 por ciento móvil a los trabajadores que se jubilan, es por lejos la forma más sencilla de impedir que los banqueros acumulen mayores beneficios a costa de los trabajadores. La necesidad política de derrotar a Zanola no puede oscurecer de ninguna manera la tendencia que existe en la oposición a plantear una política aún más patronal que la de la actual burocracia. La Lista Naranja se empeña por hacer las dos cosas: sacar al burócrata del gremio y clarificar las posiciones sindicales consecuentes entre los hombres y mujeres activos de la oposición .

De acuerdo con todos los elementos a la vista, el agro argentino enfrenta una situación desesperada. Sus representantes, y con muy poca convicción, por lo que parece, apenas atinan a implorar la devolución de los míseros pesos que la burocracia desvergonzadamente les roba a cada paso... Y a quejarse del “atraso cambiario”, es decir, la devaluación, sabiendo muy bien que la reducción de los salarios no equivaldrá nunca a la diferencia entre sus necesidades y los precios posibles en un mercado subsidiado. Saben que las reducciones en los salarios serán siempre inoperantes ante una reducción internacional de los precios. Una noticia del “Wall Street Journal”, transcripta por “La Nación”, hace saber que se espera una cosecha maicera de unos 9.600 millones de bushels... es decir, de casi poco menos que 2.900 millones de hectolitros; se dan cifras similares para la soja y otros cultivos, todo lo cual podría significar una reducción de un 30 por ciento en los precios... Semejante cosecha y los nuevos precios implicarán ventas subsidiadas en grado tal que la Argentina será arrojada del mercado... El agro argentino, en suma, no dispondrá más que de un mercado: el de nuestro país. Aunque a la fuerza, pareciera que el agro ha sido llevado a coincidir con nosotros en la urgencia en que los chicos argentinos coman más carne, más manteca y más queso..., y en que, para ello, hace falta urgentemente elevar los salarios —y las jubilaciones— a costa de la deuda fraudulenta, a fin de facilitar y acelerar el incremento del mercado interno, pues ya muy bien se sabe que no debemos nada más que a los delincuentes civiles y militares que vendieron subfacturando y compraron sobrefacturando. Aunque no sería más que un paliativo, pareciera que no le queda otra cosa al agro, que según parece solamente podrá vivir de paliativos, dado que no tiene cómo remontar la situación creada por la irrecuperable descapitalización originada por el robo realizado en el tiempo de las desaprovechadas vacas gordas. Creo que debemos estudiar esta perspectiva, pues nos vemos ya enfrentados —como el agro— a la resultante de la descapitalización originada en el robo de los fondos aquellos, cuando los pasillos del Banco Central estaban bloqueados por pilas de cajones y barriles repletos de oro...

Cumpliendo a rajatablas el acuerdo al que llegó con el “Cavallo” Alvarez hace dos meses, el Congreso del Trabajo y la Producción resolvió convocar a varias decenas de movilizaciones para el 9 de diciembre próximo. Este acto aislado servirá para clausurar el año y derivar los acontecimientos del 95 a las elecciones de mayo. El propio secretario general de ATE, Víctor de Gennaro, convocó a crear una oposición electoral que incluya al mencionado “Cavallo”, a su amigo “Pilo” y a su primo “Fredi”. De Gennaro parece haber cambiado su función sindical por la de casamentero, con el agravante de que se compromete a pagar los gastos de la fiesta y por lo menos los de la luna de miel. Para el 9 de diciembre el gobierno pretende tener resueltos sus objetivos mediante la sanción del proyecto de presupuesto 95 y la ley de liquidación definitiva de la previsión social. La fecha de la convocatoria es por lo tanto ajena a la necesidad de enfrentar esta política, algo que de todos modos no podría hacerse mediante actos aislados sino con un plan de lucha. Otra demostración de que al gobierno no se lo podrá parar con gestos ocasionales, electoralismo y subordinación a tres arribistas afines al imperialismo, es la decisión de Menem y Cavallo de valerse del derecho que les ha otorgado la constituyente reaccionaria, jurada por todos los bloques, de gobernar por decreto durante el período diciembre-mayo, cuando el Congreso sólo puede funcionar por iniciativa del poder ejecutivo. Este derecho al gobierno por decreto no está cuestionado, obviamente, por ninguno de los tratados internacionales que el “Cavallo” Alvarez reivindica aunque no ha leído. El movimiento popular no está dispuesto a esperar al próximo 9, como lo demuestran los trabajadores de Río Turbio, los estatales de La Rioja y las organizaciones que manifestaron ante el Congreso el pasado miércoles 16, en oposición al proyecto de presupuesto. Siguiendo una tradición genuinamente cegetista, De Gennaro ha convocado para un día sandwich, entre el feriado del 8 y el fin de semana del 10/11. Una concepción de lucha para nada inmaculada.

Cuando en septiembre, Chacho Alvarez lanzó su candidatura presidencial desde Tucumán, presentó en sociedad a su elenco del NOA, encabezado por el diputado nacional Vitar, el vicegobernador de Catamarca y su última adquisición en la provincia, el ex ministro de Ortega, Ramírez, que aprovechó para decir que “con Ortega otra política era posible”. También se presentó el ex candidato a intendente de Simoca en el 91 por el bussismo, quien “sostuvo que al poco tiempo de ingresar a Fuerza Republicana (se) dio cuenta del engañoso slogan de la fuerza moral de los tucumanos, por eso los abandoné” (La Gaceta, 21/9). El Chacho, en diversas entrevistas, denunció en esa oportunidad que Menem se orientaba a un pacto con Bussi, pero en ningún momento explicó sus propias razones para formar el “bloque Tucumán” en el Congreso Nacional con la UCR, el PJ y el bussismo. El Chacho se reunió, en esos días, con distintos representantes de los “pequeños empresarios” (Ucit, la FET, Cámara de Tabacaleros, etc.), pero no lo hizo con sectores obreros. En esto quizá tuvo que ver la posición del secretario general de ATE, el legislador Marcelo Sánchez, quien sostuvo que “el Chacho nos desilusionó” (La Gaceta 27/9), y que “creemos que los votos para el FG pueden favorecer la candidatura del general Bussi, por lo que decidimos... quedarnos en el PJ”, esto a pesar de que “para nosotros el ajuste que se está haciendo es realmente salvaje” (ídem). Es con estos ingredientes que se ha ido cocinando el Frente Grande.

Pronunciamientos judiciales de Juzgados y Cámaras Federales relacionados con la no punibilidad de la tenencia de drogas para consumo personal, determinaron un debate sobre el incremento del narcotráfico en nuestro país... Se siguen omitiendo cuestiones esenciales. Más importante que formular imputaciones de responsabilidad de la juventud o cargos de “abandono” por parte de sus padres, sería que los medios y la sociedad debatan SI ES URGENTE E IMPRESCINDIBLE, O NO, LA ADOPCION DE UNA LEGISLACION QUE DISPONGA LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DE TODAS LAS ACCIONES CONSECUENCIA DE LAS OPERACIONES DE LAVADO DE DINERO. Desde el 31 de marzo de 1992 se encuentran “cajoneados”, en comisiones de las dos Cámaras del Congreso de la Nación, dos expedientes en los que se les solicitara expresamente la adopción de esa legislación. La imprescriptibilidad permitiría perseguir de “por vida” a los lavadores y a los que en el manejo de instituciones financieras, han desarrollado y permitido infinitas variantes de “lavado”. Resulta además INEXPLICABLE que los legisladores, que vienen participando en reuniones de parlamentarios latinoamericanos, preocupados en la adopción de “un reglamento sobre delitos de legitimación de capitales relacionados con el tráfico de narcóticos”, no hayan a la fecha evidenciado la más mínima preocupación sobre la legislación que se propone... Debe debatirse también si los acuerdos de garantía de inversiones extranjeras celebrados con distintos países, que luego el Congreso Nacional los ratificó con leyes, al omitir en todos sus contenidos cláusulas y mecanismos de control a favor del país receptor de capitales sobre la legitimidad de origen de las inversiones garantizadas, han contribuido o pueden contribuir a modalidades de operaciones de “lavado de dinero”, también garantizadas por esos “acuerdos-leyes”... Resulta también inexplicable que los legisladores latinoamericanos, que se reúnen para la adopción de “sistemas de prevención del delito de lavado de dinero”, se abstengan hasta la fecha de incursionar en este tema vital. Desde fines de la década del ’70 existe un desarrollo paralelo entre la expansión del narcotráfico, las ideologías desreguladoras del Estado y los planes de ajuste impuestos en países de todos los continentes por organismos internacionales (FMI, Banco Mundial, etc.). Ninguno de los planes de ajuste vienen exigiendo el “ajuste” de los sistemas de control de las operaciones de lavado... Hay otras cuestiones a debatirse relacionadas con nuestra legislación interna, que ha permitido la “impunidad” en operaciones de “lavado de dinero” de envergadura. De cualquier manera, las más arriba señaladas sirven para demostrar algunas de las cuestiones esenciales que habrían de debatirse y no las secundarias o de menor importancia que, como “cortina de humo”, nos vienen proponiendo comunicadores del sistema. Buenos Aires, 15 /10/1994

Aunque las informaciones están lejos de ser claras o completas, las conclusiones que se derivan de la pérdida de control de Sevel, por parte del grupo Macri, son perfectamente claras. Como ocurre con los bancos en México o con la jubilación privada y la Bolsa en Chile, los grandes capitales financieros internacionales también en Argentina pasan a dominar por completo los grandes negocios. El desplazamiento de Macri por la Fiat se junta a la inminente salida de Iberia de la mayor parte de las aerolíneas latinoamericanas, como otra manifestación de la tendencia señalada. Lo especial de la caída de Macri es que también anuncia un verdadero tembladeral con respecto al Mercosur y a la industria auto-partista argentina. Tal como se anuncian las cosas, la crisis industrial del 95 será para alquilar balcones. El desplazamiento de los Macri de Sevel ya se podía prever como una consecuencia de los extraordinarios beneficios que estaba rindiendo la industria automotriz, gracias al régimen de protección especial establecido por Cavallo. Como el grupo Macri no era otra cosa que un testaferro, que operaba una licencia extranjera, el desenlace era previsible. Con la caída de Macri, la burguesía argentina pierde a uno de sus pilares y pone al desnudo su ninguna incidencia en las principales ramas industriales, ni qué decir de las de tecnología de punta. Pérez Companc, por ejemplo, acaba de anunciar que se no encuentra en condiciones de participar en las licitaciones de exploración de petróleo en alta mar, lo cual simplemente significa que va por el camino del ocaso. Los burgueses nacionales tendrán que bicicletear nuevos negocios para sobrevivir y con toda seguridad los encontraremos dentro de poco “llorando” sus desventuras y “recordando” sus orígenes nacionales y sus “sentimientos” patrióticos. Duhalde y Rico podrían convertirse en los canales políticos de estos reclamos de salvataje. El diario Página 12, sobre este tipo de problemas normalmente no entiende nada, lo cual explica su apoyo al “Cavallo” Alvarez; para este diario, la cesión de acciones de parte de Macri sería nada menos que una gran avivada del ítalo-argentino, esto porque acabaría vendiendo su participación por mucho más de lo que le costó comprarla. Lo curioso es que el diario no tiene todavía idea de cuánto está dispuesta a pagar Fiat por el capital de Macri. Desde ya podemos asegurar que mucho menos de lo que se imaginaría el periodista centroizquierdista, ya que el pulpo italiano descontaría del valor del capital accionario los juicios que el Estado le entabló a Macri por evasión de impuestos; la deuda que Macri tiene con el Estado por incumplimiento de los cupos de exportación; y fundamentalmente, claro, la desvalorización del capital que produciría la desreglamentación y desprotección del mercado nacional. Todo sumado, Macri podría acabar pagándole a Fiat, algo que la Bolsa parece estar sospechando, porque luego de producir una suba del 10% inició una onda bajista cuyo piso se desconoce. Pero la caída de Macri no responde solamente al hecho de que para los verdaderos dueños de Sevel, la industria protegida da ganancias. La novedad que se oculta detrás de este caso es que, contrariamente, la industria perderá su protección en función de una penetración más aguda de las grandes casas internacionales. El reciente desdoblamiento de Autolatina anunció la intención de la Ford de librar una batalla comercial internacional contra todos sus concurrentes, en el Mercosur, mediante una racionalización mundial que de aquí en más especializará a sus plantas en componentes separados para la producción de autos “mundiales”. Lo mismo es lo que intenta hacer ahora Fiat, siguiendo, claro está, una tendencia ya establecida. El significado más general de todo esto es que las automotrices se harán cargo de la producción de sus auto-partes, o a lo sumo sub-contratarán con exclusividad a algunas grandes empresas autopartistas por vía de excepción. Es evidente que en estas condiciones no podía subsistir el régimen de protección de Cavallo, y de ello se ha encargado la Fiat acabando con los Macri y sus intereses especiales. Lo mismo habrá de ocurrir con el grupo Antelo, de la Renault, una vez que culmine la privatización de la casa matriz en Francia. De cualquier modo, Ciadea ya es en parte una sub-arrendataria de la General Motors, que ha anunciado su instalación en el país, al igual que lo ha hecho Toyota. Estos grupos ya no están interesados en la protección de los espacios nacionales sino al revés, en la posibilidad de importar libremente partes y unidades completas, esto en función de una división del trabajo dentro de sus grupos en una escala internacional. Hace algo más de un año, el “Súper-López”, de Volkswagen, había prodigado elogios ilimitados al régimen automotriz de Cavallo, pero por esa época los planes eran otros y estaban expresados en la unión de VW con Ford. Todos estos acontecimientos permiten entender la crisis que se acaba de producir entre Cavallo y el brasileño Cardoso, un hecho que se presenta como indescifrable para la prensa argentina. Ocurre que Brasil no está dispuesto a que la industria automotriz goce de un régimen de excepción en el Mercosur y reclama el libre comercio dentro de las fronteras de éste y aranceles muy reducidos para las importaciones de fuera de la zona. Si Brasil impone su pretensión, y detrás de Brasil está toda la industria automotriz del mundo, los fabricantes de auto-partes de Argentina no podrán celebrar el tránsito entre el 95 y el 96. Los planteos de Brasil, es decir de los monopolios automotrices, anuncian la gran, gran, gran crisis metalúrgica de Argentina. A sus patronales no las salvará ya ni la flexibilización laboral, ni el “just in time”, ni la ley de empleo. Lo que suena como “antinacional” para Argentina es perfectamente “nacional” para Brasil, primero porque su industria automotriz terminal no tiene Macris ni Antelos. Pero el planteo brasileño apunta, además, a convertir a Brasil en gran exportador extra-zona y , por lo tanto, convertir a su industria automotriz completamente extranjera, en gran demandante de su industria siderúrgica, metalúrgica (bienes de capital) y aun petroquímica. Sin embargo, es indudable que gran parte de la industria de autopartes de Brasil también habrá de concluir en la lona, pero entre el 96 y el 97. El gobierno brasileño ofrece como compensación comprar productos agroindustriales de Argentina, un premio consuelo, que no tiene en cuenta, entre otras cosas, la guerra comercial que afecta también a este sector. Lo que aparece como perspectiva, entonces, es una crisis muy grande en el Mercosur, un fuerte desplazamiento de la burguesía nacional, una mayor crisis industrial —todo esto en medio de un proceso electoral que pretende, hasta este momento, la reelección de Menem. Dicen que Cavallo ayudó mucho a la elección de Cardoso, pero parece que la recíproca no es cierta.

El derechismo del Frente Grande no reconoce fronteras, como lo demuestra el ingreso a sus filas de figuras y grupos de reconocida política patronal. Casi como en una carrera, se produjo el ingreso del partido Movilización, uno de los grupos fundadores de la coalición patronal gobernante, el Frente Cívico, cuyo titular, Simón Hernández, es el vicegobernador de la provincia. El ministro de Hacienda, Hernán Colombo, el Cavallo provincial, pertenece a este grupo y es el artífice de la transferencia de la Caja y de la asociación del banco provincial a la AFJP Futura. Otro grupo que forma el Frente Grande es Opción Provincial, cuya figura principal es el senador nacional Fadel, elegido el 3 de octubre por la coalición del PDP y la UCD. Otro chachista es el PUC (Partido de Unificación Catamarqueña), un grupo escindido del PJ, cuyo dirigente, Peter Casas, proviene de la derecha justicialista. Los tres grupos, desde el gobierno o la “oposición”, ha apoyado la entrega de la minería catamarqueña a los grandes pulpos, la firma del pacto fiscal y el plan de “ajuste” que Castillo pactó con el gobierno nacional. Sin embargo, entre ellos se ha entablado una puja por la manija. “Movilización”, junto con el apoyo al Chacho para presidente, “prepara su estrategia para incorporarse a la lista que conformará el oficialismo catamarqueño para las elecciones del próximo año. Hasta ahora Movilización no contaba con el respaldo de una estructura política nacional y a la cual, consecuentemente, prestar su apoyo, de manera que su incorporación al Frente Grande va a ser un ingrediente importante a la hora de definirse la lista del Frente Cívico”( La Unión, 20/9). Fadel, en cambio, planteó que “no queremos que nos incluyan en el Frente Cívico y que nos diluyan, sino que queremos seguir acrecentando este espacio político con claras bases peronistas, apoyando la fórmula Bordón-Alvarez...queremos nuestro espacio peronista disidente” (La Unión, 11/9), aunque “se podrá trabajar (con el Frente Cívico) una alianza futura pero de ninguna manera diluir esta fuerza” (ídem). Por su lado, el PUC, luego de reivindicar la propuesta económica del Chacho y su candidatura presidencial, señaló que el FG debía oponerse tanto al saadismo como al Frente Cívico (La Unión, 10/9). Todos estos grupos agitan el cuco del saadismo para justificar su entrega. Los grupos originales del FG han protestado, al verse desplazados por estos ingresos, aunque han decidido permanecer, para “no regalarles —dicen— las banderas”. Pero esto las transforma en cómplices de la política antiobrera y antipopular que ya el FG está sosteniendo desde el gobierno del Frente Cívico.

Días atrás, la revista Viva, de Clarín, publicaba un artículo donde decía que a la estación de trenes de Letten llegaban 20.000 jóvenes de toda Europa para drogarse. Según el artículo, las autoridades no los detienen ni los envían a los centros de recuperación para no atentar contra su derecho a la libertad individual. Las autoridades consideran que son irrecuperables. Van allí a morir. En principio, lo que tenemos que decir es que a un enfermo no se lo detiene (porque no es un delito ¿o sí?) y segundo, que el camuflaje de la defensa de los derechos individuales es para no gastar un mango en la asistencia, que sí es una obligación del Estado darla y sí tienen el derecho los adictos de recibirla. Uno de los mayores expertos en drogadicción expresó: los adictos, a diferencia de las jeringas, no son descartables, y en Letten sí lo son. Debemos decirle a este experto que desde que el mundo es mundo siempre los explotados fueron “descartables”. El mundo capitalista está asfaltado con sangre de jóvenes y trabajadores que dejaron y siguen dejando sus vidas en fábricas y guerras. La droga es una mercancía y los jóvenes “sin salida” de todo el mundo, la cientela que ellos mismos (los capitalistas) generan. Otro artículo, aparecido en el diario local “Pueblo Chico” y también en el diario Clarín, daba cuenta de la muerte de 80 jóvenes por efectos del Sida en el Bajo Boulogne, un barrio de seis cuadras de ancho por siete de largo. Allí, la falta de los conocimientos más elementales de cuidado, agravada por las condiciones miserables de vida, está diezmando todo un barrio de jóvenes. Relata el artículo que una joven no podía iniciar los trámites de pensión que el Estado provincial les prometió a familiares de fallecidos de Sida, porque no tenía dinero para el colectivo. Es llamativo el contraste entre las precarias y humildes casas y la formidable construcción de las nuevas bóvedas del cementerio. Sólo les falta, a estas últimas el cartel “Estamos construyendo para usted”. También hay que denunciar que mientras el supermercado Carrefour, que está pegado al Bajo Boulogne posee abundante agua y gas, hay vecinos que no tienen agua potable ni gas natural. El artículo termina preguntándose: ¿Por qué el Sida eligió el Bajo Boulogne?, a lo cual no da respuestas. El verdadero Sida es el capitalismo, que deja sin defensa a toda una población (sin trabajo, sin educación, sin salud, sin agua, sin gas, etc.) ante ésta o cualquier otra enfermedad que son impotentes de combatir. Ahora bien, de Letten al Bajo Boulogne, pasando por Brasil, donde los Escuadrones de la Muerte asesinan niños, podemos decir que lo único que nos ofrece el mundo capitalista es un “gran lugar” donde morir. Como dice la canción: ¿De donde saldrá el martillo verdugo de estas cadenas? Que salga de los trabajadores que luchan contra el capitalismo e impongan gobiernos obreros en todas partes del planeta. Más que nunca es ellos o nosotros, Socialismo o Barbarie.

Atónitos, consternados, hasta con mucha bronca, nos cuesta aceptar que se murió a los 34 años. Fundadora de Tribuna Docente, integrante de la primer CD de la delegación AMSAFE del Departamento de San Lorenzo, fue una luchadora consecuentemente antiburocrática. El cáncer, como otras enfermedades “incurables” en estas condiciones capitalistas de investigación científica y de vida en general, terminó rápidamente con su vida. Frente a su lecho de muerte comprendimos en la piel lo de: “hasta siempre”. Nos repetimos que Claudia no morirá. Aunque las generaciones futuras olviden su nombre, no morirá. Vivirá en la memoria colectiva de los docentes y del proletariado, que conservan intactas las reivindicaciones y sus tareas. Los cuatro pequeños hijos que dejó junto a su compañero, son también nuestros. Como sentimos propios a todos los niños de los trabajadores y es por ellos que combatimos al miserable capitalismo y a sus representantes. ¡¡¡Hasta la victoria de siempre, compañera Claudia!!!

La Legislatura de la Provincia de Buenos Aires aprobó la subdivisión de seis distritos del conurbano bonaerense, con el pretexto de que con ello lograría eliminar un déficit de 200 millones de dólares anuales. Las causas de la subdivisión, sin embargo, son la oportunidad que brinda para nuevos negociados a favor de la “patria contratista”. Desde ya que serán necesarios nuevos gastos en construcciones, comenzando por los respectivos palacios municipales. El pequeño municipio Presidente Perón, escindido de San Vicente, con sólo 60.000 habitantes, demandará en principio 5 millones de dólares que saldrán del Ente de Reconstrucción del Conurbano. Cabe la pregunta: ¿Cuánto costarán las subdivisiones de los distritos de La Matanza y General Sarmiento, con 1.500.000 y 650.000 habitantes, respectivamente? Pero no son exclusivamente las “obras” las que dictan la iniciativa de Duhalde. Las subdivisiones apuntan también a recompensar a los aliados que permitieron la maniobra del plebiscito. La subdivisión de General Sarmiento está destinada a hacerla coincidir con la zona donde Rico sacó su mejor votación. Lo mismo ocurre en Morón, donde existen fluidos contactos de la gente de Duhalde con los radicales alfonsinistas que auspiciaron su subdivisión. La iniciativa conlleva también un ataque a los trabajadores municipales, ya que en nombre de una racionalización que prevé 3 empleados por cada mil habitantes, se procederá a despidos masivos. Tenemos así una reducción del plantel de trabajadores y una multiplicación de burócratas (tantas veces como distritos sean subdivididos). Paralelamente, se transfieren a los municipios los hospitales públicos. La verdadera causa de la fuga de 200 millones de dólares anuales es la “patria contratista”. El caso testigo es el distrito de Morón, que tiene una gigantesca deuda de 60 millones de dólares después de haber despedido a centenares de trabajadores municipales, haber privatizado los servicios, parquimetrado una inmensa cantidad de calles y aumentado los impuestos en forma alevosa. Las cloacas, que aún hoy son motivo de disputas, ni siquiera han comenzado a realizarse. Los habitantes de Magdalena se han movilizado contra la partición entre el “norte” rico y el “sur” pobre, con acciones que incluyeron cortes de ruta. Paralelamente, denuncian que temen por el despido de cientos de trabajadores municipales y el aumento de los impuestos. Queda el interrogante de por qué se ha diferido la partición de La Matanza y Morón. Pero ya sea que pretendan cocinar primero su estructura en cada subzona, o que teman la reacción de los habitantes, esto no atenúa la ofensiva montada. Contra la partición de los distritos. Apertura de los libros municipales y revisión por parte de una comisión de vecinos. Por la anulación de los contratos con las empresas. Contra los despidos de trabajadores municipales. Cobro de los impuestos impagos a las empresas de los distritos. Pago de abultadas multas por parte de las empresas que contaminan las aguas y la imposición de plantas purificadoras a cargo de las propias empresas. Plan de obras públicas a cargo de las municipalidades, con los fondos obtenidos de impuestos progresivos a las grandes fortunas, reducción de impuestos a los trabajadores y exención a jubilados y desocupados.

El PO ha denunciado que el proyecto de presupuesto para 1995 significa un brutal ataque contra los trabajadores. Congela los haberes de los jubilados y trabajadores estatales; destruye los restos del sistema previsional estatal; pone en “disponibilidad” (para el despido) a los trabajadores públicos; reduce el presupuesto para salud, educación y todo tipo de gastos sociales estatales (subsidios al consumo del gas para la Patagonia, etc.); privatiza la CNEA y acaba con lo que queda del sistema de Ciencia y Técnica (despidos en el INTI, etc.). Por eso, el miércoles 16, cuando debía iniciarse la discusión del presupuesto, confluyeron frente al Congreso Nacional diversas manifestaciones. Vinieron los docentes universitarios de la Conadu y Aduba, que habían votado movilizarse contra este presupuesto en un congreso nacional. También se movilizaron delegaciones de diversas facultades de la FUBA, en particular fuertes delegaciones de Filo y Sociales, precisamente las facultades que la semana pasada estuvieron ocupadas en lucha contra el arancel que promueve el presupuesto ’95. Los trabajadores del parque del INTI llegaron en micros fletados con la solidaridad de los trabajadores de la UTA. También estuvieron presentes una gran columna del PARTIDO OBRERO, una columna del Mst, de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios, de los jubilados, delegaciones de la Juventud Comunista Revolucionaria, del Pts y de otros agrupamientos. La combativa movilización culminó con un acto unitario en el cual hablaron los diversos oradores de los principales sectores que se habían movilizado. Abrió el acto Pablo Rieznik, dirigente de nuestro partido, quien resaltó su condición de huelguista, adherente activo al paro de la Conadu. Denunció las maniobras de Cavallo en torno a la ley presupuestaria y llamó a retomar el camino del Santiagueñazo y la Marcha Federal. Luego intervino Armando Fastman, de la Comisión Interna del INTI, quien llamó a coordinar la lucha contra el presupuesto y los ataques contra Ciencia y Técnica. Un docente del Mst saludó y llamó a seguir el reciente ejemplo del millón y medio de trabajadores movilizados en Italia, bregando por un Plan de Lucha inmediato. Planteó Ricci, en nombre de la Conadu, que el paro tenía un acatamiento del 80% e invitó al próximo congreso de dicha organización sindical que se realizará en Ingeniería este fin de semana. Nieto, de la FUA, cerró el acto saludando la lucha de los jubilados, de los trabajadores del INTI y demás asistentes, y planteó que era necesario profundizar la movilización contra el presupuesto cavalliano. Al finalizar el acto, la mayoría de los asistentes se movilizó en manifestación por Callao hacia Corrientes. Frente a la pasividad cómplice de la burocracia del centroizquierda, la izquierda y los sectores combativos de la juventud y del movimiento sindical han hecho punta para encarar la lucha contra esta ley ómnibus antiobrera. Esto plantea la necesidad de avanzar en la constitución de un Frente de Trabajadores y la Izquierda, para impulsar la resistencia de las masas a los reaccionarios planes gubernamentales.

Los jubilados docentes y no docentes de la Universidad Nacional de Córdoba no están cobrando el complemento jubilatorio que les corresponde (20% del sueldo de la categoría con la que se jubilaron). El Directorio de la Caja redujo este beneficio en un 4% para los meses de julio y agosto, y se plantea llevar esa reducción al 24% para los complementos correspondientes a los meses de setiembre y octubre. Las razones que se esgrimen son “la grave situación financiera —preexistente a la asunción de este Directorio— causada por un aumento importante de pasivos en desproporción con la cantidad de aportantes activos y, especialmente, por la deuda no pagada a esta Caja por los SRT (Servicios de Radio y Teledifusión de la UNC)” (comunicado de prensa del 31/10/94). La resolución de la Caja es de suma gravedad y plantea de hecho la liquidación de la misma, ya que si a los actuales jubilados, en sólo 4 meses, se les reduce el complemento del 20 al 16% del sueldo, qué queda para los trabajadores hoy en actividad, que desde hace 20 años vienen aportando entre el 1,5 y el 4,5% de su sueldo. Pero que en la perspectiva está la liquidación de la Caja lo plantea la argumentación de que la misma es inviable por la “relación activo-pasivo”. Esto es falso El Directorio toma este argumento de un estudio realizado por la UNC, donde se plantea que en el período 1988 a 1993, descendió de 4,27 a 3,40 la relación entre aportantes y beneficiarios, y que existe una tendencia declinante de esta relación, entre otras causas por la nueva ley de jubilaciones. Todo esto es un compendio de falsedades. Primero, nada se dice de cuando la relación activo-pasivo era de 12, aunque de todas maneras esta relación no tiene ninguna importancia, ya que el aporte del trabajador alcanza para sostener su propio complemento durante más de 20 años. Los que hicieron el estudio desconocen la capitalización de los aportes porque consideran a la Caja como de reparto cuando esto no es así: la Caja sólo reparte hasta el 20%, el resto lo guarda; el propio estatuto contempla un fondo de cobertura cuyo rendimiento es parte de los recursos de la Caja (artículo 17, inc. b); es decir, una capitalización colectiva. Pero, además, estos estatutos plantean que el aporte (aquí sólo hay aporte obrero) es hasta el 3% sobre el sueldo (art. 17, inc. a) y actualmente es del 4,5%. Todo indica que el sistema ha sido provisto de recursos por encima de lo planteado por los actuarios que le dieron “luz verde” a la creación de la Caja. La Caja ha sido superavitaria a lo largo de 24 años de existencia; ni siquiera en el período tomado, el monto por beneficios pagados superó (ni igualó) a los aportes recibidos. Los problemas financieros que aduce el comunicado de prensa del Directorio, son en realidad el resultado de la administración de los fondos acumulados. La nueva ley de jubilaciones ha beneficiado las “perspectivas” de la Caja, en la medida que disminuye la cantidad de jubilaciones en los próximos 5 años y aumentó los años de aporte que deben efectuar los trabajadores en actividad. La viabilidad de la Caja está ampliamente demostrada, lo que sucede es que se la ha llevado al borde de la quiebra. Entre otras cosas la Universidad no ha efectuado los aportes que les descontó a los trabajadores de los SRT, debiéndole a la Caja en la actualidad 700.000 dólares, de los cuales pretende pagar sólo el 25% y en bonos, cuando recibió dinero contante y sonante. La Universidad es responsable y debe poner los fondos Después de 17 años de intervención, Delich decidió convocar a elecciones de Directorio para tirarle a éste la liquidación de la Caja. El Directorio ha respondido con una medida antiobrera, la rebaja de los beneficios, y ha asumido como propia la administración de los años de intervención, al hacer suyos todos los argumentos que le dio el estudio encomendado por el rectorado. Delich busca que la situación de la Caja abra el camino para la privatización de las jubilaciones, que en la UNC fracasó abiertamente. Delich es socio de Angeloz, el “jefe” de Claridad y, por lo tanto, actúa como agente de esta AFJP. El rectorado plantea que la Caja debe adecuar su funcionamiento; ¿para qué?, ¿para contratar seguros de retiro de Cenit (accionista de Claridad), para formar una AFJP o para sumarse a alguna formada? Lo que está planteado es la defensa de la Caja con el 20% de beneficio, y para ello la Universidad debe poner los fondos que su administración “perdió”.

Desde hace algunas semanas, la CI del INTI venía recorriendo los sectores, planteando la necesidad de una asamblea para reclamar a las autoridades el otorgamiento del “ticket-canasta” y contra la aplicación de un Estatuto interno de derechos (muy pocos) y obligaciones (muchas más), que deja planteada claramente la perspectiva de despidos por causas diversas, entre ellas la “reducción presupuestaria” (el presupuesto para el INTI en 1995 será de 26 millones de pesos, contra el actual de 32,5 millones —ya esta última cifra resulta exigua para funcionar). En la última reunión ordinaria con las autoridades, éstas habían planteado (aún más claramente que en la anterior) su negativa a otorgar el “ticket-canasta” . Pero se cuidaron muy bien de informar sobre el nuevo golpe que empezarían a descargar dos días más tarde sobre los trabajadores, obligándolos a tomar todas las vacaciones pendientes (con lo cual se viola inclusive la normativa vigente) entre el 19/12/94 y el 6/1/95. Los mismos anuncios de las autoridades sirvieron para dejar más claro aún lo que los trabajadores habían percibido desde un primer momento (más allá que después trataron de desmentir dichos anuncios): la política de vaciar virtualmente el INTI durante 20 días tiene como objetivo avanzar en la “reestructuración” (desguace, achicamiento) de los sectores del INTI, dejando aquellos que sean de interés prioritario para los grupos capitalistas que “curran” con el INTI y fusionando (o simplemente eliminando) los restantes. ¿Qué pasa con los trabajadores de esos sectores? La inmensa mayoría queda “en disponibilidad” (antesala del despido). Es decir que la reducción a “operar” no es ya del orden de decenas, como ocurrió a comienzos de año, cuando se puso en disponibilidad a cuarenta y dos agentes, sino de un orden mucho mayor. Luego del 6/1/95, los trabajadores encontrarán al regresar, según las ideas que las mismas autoridades transmiten, un INTI “nuevo”. Frente a toda esta perspectiva, era claro que el punto central de la asamblea pasaba a ser la defensa de la fuente de trabajo. En la recorrida previa de sectores que hizo la CI, quedaba clara la disposición de los compañeros a concurrir a la asamblea. Se hicieron presentes numerosos medios de prensa, por lo cual los compañeros votaron trasladar la asamblea a la puerta del INTI, convirtiéndose, de hecho, en una movilización. Como reclamo concreto de la asamblea, se reafirmó la medida ya planteada por la CI a las autoridades el día anterior, de que las mismas firmen un acta de compromiso en el sentido de no producir ninguna reducción de personal ni de sectores y reforzar el pedido de una recomposición salarial. Las medidas de movilización aprobadas fueron una marcha interna dirigida a las oficinas de las autoridades al finalizar la asamblea (que fue registrada por los medios de prensa) y la concurrencia de los trabajadores del INTI al Congreso el día 16/11/94 contra la Ley de Presupuesto y por un aumento presupuestario para el INTI. El espíritu de la votación (unánime) fue que el INTI concurre sí o sí pero que hará todos los esfuerzos necesarios para lograr la concurrencia de otros organismos de Ciencia y Técnica como la CNEA y el CONICET.

Angeloz es socio de la AFJP Claridad, a través del Banco de la Provincia y del Banco Social de Córdoba. Los otros socios son ITT Harford Cenit Seguros, Mastellone y las burocracias de Sanidad (West Ocampo) y de la Construcción (Gerardo Martínez). Días pasados, el socio-gobernador de Claridad ejercitó plenamente su voto en la empresa cuando dio el visto bueno para que la AFJP Claridad se asociara con Jacarandá. El gran bocado que gustaría deglutir Claridad es el de los empleados públicos provinciales que hoy aportan a la Caja provincial. Como la Constitución provincial prohíbe transferir la Caja hasta 1999, el socio-gobernador ha ideado un plan para que en esta fecha los empleados públicos pasen directamente a Claridad. La semana pasada dio el primer paso en ese sentido al disponer que las pólizas complementarias de los empleados públicos, que hasta ahora estaban a cargo de la Caja de Ahorro y Seguros, se contraten directamente —sin licitación— con la multinacional ITT Cenit Seguros, que no por casualidad es socia junto a Angeloz de la AFJP Claridad. Según el ministro de Economía, Jorge Caminotti, como la Caja de Ahorro fue privatizada y como los bancos oficiales de la provincia se asociaron con ITT Cenit, “la elección era obvia: nos inclinamos por nuestros (!!!) bancos” (La Voz del Interior, 12/11/94). Pero aquí los bancos oficiales no tienen nada que ver, porque las pólizas son con ITT Cenit, de la cual no son socios los bancos provinciales. Se trata entonces de un traspaso compulsivo en favor de una compañía de seguros privada, asociada al gran capital internacional. El negocio será enteramente de ITT Cenit, del cual Angeloz sacará seguramente una interesante tajada por los “servicios prestados”. Angeloz ha pasado las pólizas complementarias a ITT Cenit. Mañana, con el mismo argumento, pasará a Claridad los aportes regulares de los empleados públicos, que hoy cotizan a la Caja provincial, también con el argumento de que allí están “los bancos provinciales”. De todas maneras, con la póliza complementaria en manos de ITT Cenit, Angeloz ya se asegura el enganche de los empleados públicos en cuentas de seguros a la compañía de Claridad. De tal manera, cuando transfiera la Caja provincial, los trabajadores provinciales ya serán “clientes” de Claridad. Todo lo cual demuestra que Angeloz prepara pacientemente la transferencia de la Caja. El Partido Obrero denuncia al jubilador privado Angeloz y plantea que las pólizas complementarias y los seguros de vida colectivos sean administrados por la Caja provincial, bajo administración y control obrero.

Ambas conducciones gremiales del INTI hacen un llamamiento a los trabajadores estatales, y en particular al sector de Ciencia y Técnica y a sus organizaciones sindicales, a movilizarse junto a los trabajadores del INTI el día 16 de noviembre al Congreso Nacional, para reclamar contra el proyecto oficial de Ley de Presupuesto 1995. Esta movilización y llamamiento fueron votados en una Asamblea General realizada el 9 de noviembre en el Parque Tecnológico Miguelete del INTI, en defensa de sus fuentes de trabajo, por una recomposición salarial y en defensa del patrimonio nacional. Armando Fastman Secretario General Comisión Interna UPCN-INTI Mario Villani Secretario Adjunto Junta Interna ATE-INTI

El último Congreso de Delegados de la UOM Córdoba, realizado el miércoles 2 de noviembre pasado, fue convocado para elegir a los congresales nacionales y establecer su mandato. Abiertas las sesiones (con más de 400 delegados), un delegado planteó “el retiro de la UOM nacional de la CGT, el pedido de renuncia a todo el Secretariado de la UOM nacional por su traición al plan de lucha y el repudio al acuerdo de la rama automotriz”. La intervención del compañero fue recibida con aplausos y ovaciones. Rápidamente, otro delegado planteó una modificación a la moción presentada: que “se exija la expulsión de la UOM de todo el Secretariado nacional”. Nuevamente los aplausos y ovaciones. A partir de allí, la burocracia, que creía tener el trámite del congreso resuelto, debió empezar a “trabajar” para no ir a una derrota; cada argumentación de la burocracia era rebatida por los delegados en un ping-pong. Visto que por este camino iba al fracaso, Salusso y Almada monopolizaron el micrófono y apelaron a la “prudencia”, concentrando el debate en el tema de la CGT, para terminar proponiendo que la UOM se retire de la conducción de la central menemista. Con esta moción conquistó los votos de la mitad de los delegados. La otra moción recibió 50 votos y el resto se abstuvo. Conclusión: 1) el repudio a la burocracia ha crecido y se expresa, constituyendo parte del debate cotidiano de los trabajadores metalúrgicos; 2) la situación en fábricas y talleres, donde la presión patronal (a través de los ritmos de trabajo y despidos) se ha incrementado después del fracaso del plan de lucha, es explosiva. Todo esto plantea que están maduras las condiciones para poner en pie una agrupación que luche por una nueva dirección en el gremio y la organización de la lucha de los trabajadores contra el ataque patronal.

El jueves 10 de noviembre, en el colegio Mariano Moreno de la Capital, sufrimos un ataque represivo, que hemos denunciado públicamente. Mientras los estudiantes de 5º año, como en todos los colegios, festejaban sus últimos días en el secundario, un preceptor y un profesor agredieron físicamente a los estudiantes. La actitud de la dirección del colegio fue justificar el acto de represión diciendo que “se actuó de esta manera para que el festejo no pase a mayores”. Lo cierto es que se está montando una provocación nada casual contra los dirigentes del Centro de Estudiantes. Es por esto que se nos informó que desde la rectoría se está difundiendo una “lista negra” con los nombres de los activistas del colegio y planteando que “no importa cómo, pero el año que viene no pueden estar en el colegio”. Frente a estos ataques, el Centro convocó a una asamblea a la cual concurrieron más de 80 estudiantes, el viernes, a pesar de que la rectora había declarado la suspensión de las clases. En la Asamblea se resolvió un petitorio reclamando contra la agresión, la investigación y sanción de los responsables y contra cualquier sanción a estudiantes, por el derecho a la libre organización del Centro de Estudiantes. Estaba previsto comenzar la semana con la firma masiva del petitorio, mientras una comisión de padres concretaba un reclamo similar y organizaba la solidaridad con el movimiento estudiantil.

El viernes 18 de noviembre habrá elecciones para la renovación de Comisión Directiva en el Sindicato de Empleados de Obras Sanitarias de Córdoba. Tienen lugar cuando la conducción centroizquierdista dirigida por Bazán se encuentra apoyando el proceso de privatización del servicio de agua potable de la ciudad de Córdoba. Bazán armó la Cooperativa Aguas del Suquía, de la cual es síndico, en medio de la lucha más importante del gremio (a fines del año pasado) por la vigencia del convenio, la equiparación salarial y contra la privatización. Presentada como “la última forma de impedir la enajenación del agua y en defensa de los trabajadores”, la Cooperativa buscó rápidamente la asociación con capital extranjero (Banco Santander y Canal Isabel II) y hoy busca sus posibilidades en una UTE (Unión Transitoria de Empresas) con compañías francesas (las mismas de Aguas Argentinas) y Benito Roggio. Bazán también apoyó la iniciativa del intendente Martí, que plantea la formación de una empresa mixta con mayoría estatal (51% de las acciones para el Estado, 45% privadas y 4% para los empleados), con el argumento de que deja en manos del Estado el servicio de agua, cuando en realidad el “gerenciamiento” queda en manos de los privados y autoriza al municipio a vender hasta el 15% de las acciones a partir de los 5 años. La política bazanista ha llevado al sindicato a un proceso de desintegración y ha convertido a la “lucha contra la privatización” en una campaña con la participación de modelos, que reparten volantes llamando a la población a “no lavarse las manos”, al costo de 45.000 pesos. Una cuestión clave es que la privatización avanza sobre las condiciones laborales (Estatuto y convenio) y los puestos de trabajo. En este cuadro se formó la lista Verde, que plantea la defensa del convenio, del Estatuto y de las conquistas, y la oposición a cualquier forma de privatización, denunciando a Bazán en su carácter de agente de los privatizadores. La lista está encabezada por la ex secretaria de Acción Social (Ana Poratti), quien renunció a la Comisión Directiva por considerar que la política de esta Comisión es de “traición a los trabajadores”. La liste Verde declara haber “aceptado el desafío de combatir contra la nueva burocracia de nuestro gremio, así como lo hicimos contra la vieja burocracia de ayer”. La presentación de la lista Verde abre a los trabajadores perspectivas de triunfo en la lucha por la defensa de sus reivindicaciones. Consciente de ello, la burocracia del sindicato adelantó las elecciones, previstas en principio para diciembre, y comenzó una ofensiva con presiones y amenazas, para que renuncien a la lista Verde quienes la integran. Por otro lado, incorporó a la lista oficialista a ex integrantes de la conducción burocrática de derecha y a aliados políticos del tesorero de la actual Comisión, responsable de un desfalco de 150.000 dólares contra las finanzas del gremio.