Prensa Obrera N° 419

En un reciente artículo de Propuesta (1). Julo Laborde se lanza a la defensa del levantamiento de 1935 en Brasil, protagonizado por la ANL (Alianza Nacional Libertadora) impulsada por el Partido Comu­nista Brasileño (PCB), y del papel que en el mismo cupiera a Rodolfo Ghioldi, dirigente histórico del PC argentino, ambos cuestionados por un artículo publica­do en Clarín por Rogelio García Lupo, inspirado, a su vez, por un libro de reciente publicación en el Brasil (2). Según Laborde, el artículo de García Lupo estaría al servicio de una campaña contra la izquierda latinoame­ricana, cuando se avecinan importantes elecciones en Brasil y Argentina. En la opinión de Laborde, atacando la llamada “Intentona Comunista" de 1935, se esta­ría atacando por elevación a sus herederos actuales, el Frente Grande en Argentina y el PT brasileño. Los objetivos de Clarín, en ese caso, no serían ninguna novedad, y tampoco es el caso de discutir aquí las cualidades y defectos del libro brasileño en el que se basó el peronista García Lupo (escrito por el periodista William Waack, cuya metodología superficial y anti­marxista ya fuera criticada por nuestra fallecida compañera Inés Díaz, hace una década, en la revista Interna­cionalismo, en ocasión de un libro sobre Polonia). La defensa de Laborde, entre tanto, es ilustrativa de los objetivos actuales de su corriente política. Es un misterio del cual Laborde no nos revela el secreto, la forma en que la “Insurrección comunista" de 1935 se vincula con la política y práctica actuales del Frente Grande. En cuanto el PT, baste decir que se trata de un partido que construyó su fisonomía política en ruptura con la “tradición golpista” de la izquierda brasileña (contra la cual defiende el “valor universal de la democracia”, esto es, el carácter imperecedero de las instituciones burguesas) tomando como máximo ejemplo de dicha tradición, justamente, el “levante” de 1935. Al respecto del mismo, ya fueron producidas, además de la de Waack, dos importantes investigaciones históricas en el Brasil (3), realizadas por dos I universitarios nada hostiles al PCB (una ex-militante y un “compañero de ruta” de ese partido). El libro de Waack tiene la importancia de basarse en archivos existentes en la ex-URSS, hasta hace poco cerrados para el público. Las tres investigaciones coinciden (y, sabemos ahora, a través de los nuevos archivos, que ésa fue también la opinión de los dirigentes del PCB en la época) en que el “levante" carecía de cualquier base J de masas y que quedó confinado a sólo tres guarniciones militares (de Natal, en Río Grande del Norte, de Recife y de Río de Janeiro), o sea, que fue una acción “putchista” (o "golpista”) de base principalmente militar. Las cifras atadas por Laborde como base del ANL (17 estados, 300 ciudades, un millón y medio de adherentes) eran pura propaganda, lo que ya era más que sabido y, sabemos ahora a través de la investigación de Waack, que de esto eran perfectamente conscientes los dirigentes de la Internacional Comunista stalinizada y tos propios dirigentes del PCB. Si, aun así, los dirigentes del PCB lanzaron esa; acción objetivamente suicida (para sus participantes), esto se debió a la intervención de cuadros despacha­dos por la IC, directamente vinculados a la policía política del Kremlin, de los cuales el más obsecuente, y Waack lo prueba de manera contundente, era justa­mente Rodolfo Ghioldi. Laborde afirma que Ghioldi se habría enfrentado con el “militarismo" del secretario general del PCB, “Miranda" (Antonio Bonfim). Pero Laborde ni siquiera menciona que “Miranda" fue pos­teriormente detenido y que pasó varios años aislado en la cárcel, aislado inclusive por el propio PCB, que no respondió a las cartas en que pedía informaciones sobre la situación de su mujer, “Elza", la cual había sido asesinada por el propio PCB, en un hecho oscuro y, hoy, ampliamente confirmado. El enfrentamiento entre los agentes de la IC y la antigua dirección del PCB tuvo otro aspecto: la dirección del PCB todavía estaba en la línea del “tercer período", y llamaba, en su prensa, poco antes de 1935, a la “revolución socialista", a la constitución de soviets, y a la “República Soviética del Brasil", y no es cuestión de discutir aquí el carácter descolgado de estos planteos, que ya habían costado al PCB un espectacular retroceso organizativo a partir de la “Re-votación de 1930", movimiento nacionalista burgués encabezado por Getulio Vargas, como lo admitió el ex- dirigente del PCB Leoncio Basbaum (4). Bajo amena­zas, la dirección de la IC y sus agentes impusieron al PCB (inclusive a su representante en la IC, Otávio Brandáo) la nueva línea de los "Frentes Populares", con un programa “agrario y antiimperialista", en alianza con la “burguesía progresista"(que además de ser teóricamente mayoritaria, debía ocupar su lugar en la ANL), además de imponerles “por arriba" un nuevo dirigente máximo en la figura del ex- "Tenente" Luis Carlos Prestes, de gran prestigio en el Brasil: el último dirigente “histórico" del PCB antes de su disolución, Giocondo Dias, que en 1935 fuera el sar­gento que comandó el “levante” de la guarnición de Natal, admitió públicamente en 1982 el carácter buro­crático de la imposición de Prestes (en entrevistas televisivas y mesas redondas universitarias). Otra falsificación histórica de Laborde consiste en colocar el “levante" de 1935 en una secuencia histó­rica directa con el “levante tenentista” de 1922 y la famosa “Coluna Prestes" de 1924. Sin hablar de que los episodios de 1922 y 1924fueron mucho más serios (los gobiernos oligárquicos no lograron derrotarlos sino después de largos meses de combate y represión), sus principales protagonistas, los “tenentes” (con la casi exclusiva excepción de Prestes y algunos pocos), fueron cooptados por el gobierno burgués nacionalista de Getulio Vargas, desempeñando cargos de primer plano (Siqueira Campos) y encontrándose, en 1935, exactamente del otro lado de la barricada, inclusive como responsables directos del ataque a las guarnicio­nes levantadas. Prestes, justamente, había roto con tos “tenentes" en 1930, pero este paso progresivo fue abortado por su incorporación al stalinismo y la partici­pación en sus aventuras políticas. Laborde afirma que la “insurrección de la ANL” fue un levantamiento popular contra el gobierno de Getulio Vargas y su derechización (que lo llevaría a simpatizar con el fascismo). En esa caracterización hay más mentiras que palabras. Ocurre que, además de carecer de una verdadera base popular, el “levante" de 1935 fue golpista en un doble sentido, esto es, no sólo el que le atribuyen tos historiadores (“putchista"), sino en el sentido literal del término, o sea, dirigido a promover un golpe militar, y no precisamente contra Getulio Vargas (lo que, además, confiere una cierta lógica a una acción hasta hoy considerada vulgarmen­te como absurda y suicida). Sabemos ahora que “Mos­cú recomendaba a la ANL que, como un todo, dirigiese su lucha contra ´la cabeza de los reaccio­narios, el general Góis Monteiro´, no mencionando directamente a Getulio. Los hombres del EKKI (Comité Ejecutivo de la IC) gustaron tanto de esa resolución que le enviaron a los otros países de América Central y del Caribe” (5). La línea de tos “frentes democráticos" debutó como lo que sería siempre, una línea golpista, con su eje en la búsqueda del “militar progresista", llámese este Prats, Lanusse o... Videla (llamar a esto “democrático" es una bro­ma). Lo peor viene cuando Laborde se mete a explicar las causas de la derrota del “levante", una de ellas sería la represión gubernamental-militar (“Pero al final las fuerzas militares logran aplastar este heroico movimiento revolucionario por la libertad y la jus­ticia del pueblo brasileño'"). ¿Si ésa fue la naturaleza del movimiento, esperaba Laborde por ventura que el gobierno y el Ejército la recibiese con «ores? Peor, si es posible todavía; Laborde habla de las “enseñanzas” dejadas por el "levante" y las compara con las de la Comuna de Paris, la Revolución de 1905 y el asalto al cuartel de Moneada. Pero si Marx, Lenin, Trotsky y hasta Fidel Castro escribieron largamente y llevaron a la práctica esas enseñanzas, Laborde ni siquiera consigue mencionar una, con k> que la comparación se transforma en caricatura. Claro que 1935 dejó “enseñanzas" para el pueblo y la clase obrera del Brasil, y ellas fueron sacadas por (os trotskistas brasileños de la década del 30, sesenta años antes que Laborde se pusiera a falsificar la historia. Los trotskistas tuvieron participación dirigente en el movimiento antifascista de 1934 en San Pablo que denotó a la Acción Integralista impidiéndole que se dotara de una base de masas, y su análisis y posiciones sobre el "putch" dé noviembre de 1935 fueron recons­tituidas por primera vez medio siglo después por actuales trotskistas brasileños (6), en base a documentación hasta entonces inédita Sus conclusiones debe­rían ser leídas por los Laborde de hoy, que cuentan un cuento de hadas para engañar a las nuevas generacio­nes: “¿Cuáles son las causas de la derrota de No­viembre? Por un lado, la Impotencia para movilizar a los trabajadores exclusivamente con consignas democráticas vulgares. Por el otro, la hostilidad no sólo de la gran burguesía sino asimismo de la mayor parte de la pequeña burguesía hacia el ANL y su golpe... En Recite, algunos sectores de las masas llegaron a participar del levantamiento, aceptando las armas que les eran ofrecidas; con todo, no se mostraron dispuestos a una lucha a fondo... En Natal, ciudad típicamente pequeño bur­guesa, a pesar de que los boletines del Comité Revolucionario pretendieran que las fuerzas revo­lucionarias se mantendrían en la mayor fidelidad y respeto a la propiedad y al hogar... los señorea comerciantes' no quisieron saber nada, y conservaron sus puertas cerradas... Con el apoyo de soldados y trabajadores en armas, el esquema aliancista-prestista (revolución popular nacional) no consiguió ahogar tas contradicciones de clase y no sirvió para abrirles las puertas de la burgue­sía'' (7). No por casualidad, el papel da Ghioldi en el Brasil fue levar a la práctica la tarea que el responsable por América Latina en la IC (Van Miri) había definido como prioritaria para el Brasil (y para América Launa toda): la "lucha contra el trotskismo”, lo que implicaba la lucha no sólo contra los trotskistas de carne y huego, sino contra todos aquéllos que, en el interior del PCB y del propio movimiento obrero, desafiasen la línea pro-burguesa y burocrática del stalinismo. Claro que semejante tarea no exigía ningún heroís­mo, sino una cervical de goma para seguir las órdenes de los señores del Kremlin. Donde sí hacía latía heroís­mo (trente a la represión policial gubernamental) Ghioldi no exhibió ninguno, lo que es la contrapartida lógica de la servicialidad burocrática, tal como lo denunció Femando Moráis en su best-seller Oiga, que no ha sido desmentido en Brasil, ni en Argentina, ni en ningún lado “Incluso sin haber traicionado al Partido y sin que la policía lo hubiese tratado con la misma brutalidad aplicada a Bontim, el argentino Rodotto Ghtoidl también fue generoso en sus declaracio­nes. Artos después, Ghtoidl diría que la violencia utilizada por la policía contra el se limitó a amena­zas y algunos golpes. Incluso así identificó como perteneciente a León Julies Valiée la loto que la ere exhibida, Incluso sin saber si él había o no sido apresado! rajo acotación un nombre desconocido para los policías, el del americano Víctor Barcón; reconoció como pertenecientes a Arthur Ewert varios manuscritos agarrados por la policía; revelo la relación existente entre el intendente del Distrito Federal, Pedro Ernesto y Luis Carlos Prestes; dio el domicilio del ultimo ´aparato´ de Prestes, en la calle Nossa Senhora de Copacabana, y dijo que Prestes salió de ella el 19 de enero; conto que el dueño de los ´aparatos´ de las calles Sá Ferreira o José Higyno era Benjamin Schneider. Y ofreció de regalo a los policías una información absolutamente nueva: Prestes estaba casado con una mujer clara, probablemente extranjera – pues siempre se comunicaba con él en francés— y que estaba permanentemente a su lado. Ghioldi ignoraba el apellido de la mujer, pero tenía absoluta certeza de su nombre: Olga” (8) Olga Benário sería presa y deportada a su país de origen, Alemania, muriendo en un campo de concen­tración nazi (Ravensbruk) durante la Segunda Guerra Mundial. Laborde pretende encubrir a Ghioidi citando el comportamiento heroico (real) de Prestes frente a sus captores .(lo que no absuelve a Prestes del abrazo que diera a Vargas, el deportador de su mujer a la Gestapo, una década después, en el estadio Pacaembú, cuando Vargas era el demócrata de tumo en el nuevo “frente democrático” inventado por el PCB). La considera­ción elogiosa de Ghioidi, en Memórias do Cárcere, del escritor Graciliano Ramos, poco vale frente a las evi­dencias, pues el autor de Vidas Secas no estaba reconstituyendo la historia, sino escribiendo una nove­la, además de no haber tenido un papel central en los acontecimientos. La invocación de Prestes, por el contrario, acaba enterrando a Laborde, pues Prestes, justamente, nunca perdonaría a Ghioidi, como lo de­muestran los archivos ahora abiertos, investigados por Waack: “Rodolfo Ghioidi y su mujer Carmen estuvieron poco tiempo presos en Brasil, y todavía durante la guerra fueron deportados para la Argentina. Pres­tes jamás perdonó al argentino. En 1949, un joven militante brasileño, Joáo Amazonas (más tarde el jefe del PC de Brasil) llegó a Moscú con la informa­ción de que Prestes denunciaba a Ghiodi de haber­se convertido en un delator en el período en que fuera detenido por la policía brasileña. En 1950, un hombre de confianza de Prestes, Amida Cámara llevó hasta Moscú copias de la declaración de Ghioldi a la policía, con las cuales el PCB pretendía probar a los soviéticos que el dirigente del PC argentino no se había comportado como revolucio­nario en la prisión. En la misma época, Prestes mencionó sus sospechas de que Vallée (Stuchevski) era, en verdad, de nacionalidad rusa, y que hubiera tenido un “comportamiento oscuro”, asun­to del cual nunca más volvió a hablar. En 1952, a pedido de Prestes, los soviéticos iniciaron una investigación sobre Ghioldi con el objetivo de apar­tarlo de la dirección del partido argentino, pero concluyeron apenas que él sufría ‘influencia nega­tiva por parte de su mujer’. La denuncia de Prestes contra Ghioldi no resultó en nada. En 1971, el gobierno de la Unión Soviética concedió al argen­tino la Medalla Centenario de Lenin. Ghioldi murió en 1985, en Buenos Aires, muy viejo y respetado. Los principales padrinos del Komintern de aquella época, en Moscú, eran todos especialistas en sobrevivencia, y murieron en la cama”. (9) El “levante” de 1935 concluyó en una violenta represión, dirigida principalmente contra el movimiento obrero carioca y paulista. La verdad histórica es que fue una aventura pro-burguesa impulsada por la burocra­cia stalinista, que facilitó la derrota del movimiento obrero y popular. Ghioldi tuvo, frente a los militantes y frente a la policía, el comportamiento de un agente de la burocracia, burócrata él mismo. Laborde pretende encubrir el comportamiento cobarde de Ghioldi con el comportamiento heroico de Prestes, ignorando que los mismos burócratas que condecoraron a Ghioldi expul­saron al “Caballero de la Esperanza”, a inicios de la década de 1980. Laborde concluye su artículo afirman­do que “el rescate de la memoria es parte importan­te de la lucha revolucionaria”. Es una verdad parcial (o sea, en la pluma de Laborde, una mentira) a la que cabría agregar que la falsificación de la historia es parte decisiva del combate de la burocracia contra la revolu­ción, que ayer vistió ropajes militaristas-democratizan­tes, y hoy viste ropas democratizantes a secas, en los “frentes grandes” que el stalinismo reciclado propo­ne, en Brasil y en Argentina, para devolver estabilidad al Estado capitalista, mientras sus antiguos señores se encargan de restaurar el capitalismo en la ex-URSS. Pero, si los trotskistas de ayer quedaron limitados a una función principalmente crítica, los de hoy, a través de la crítica y del rescate de la verdadera historia, preparan también la superación revolucionaria.

La movilización por el juicio y castigo a los asesinos de Carrasco no se detiene. La Coordinadora Secundaria, organización que nuclea a los secundarios de Capital, después de haber convocado a una marcha el 26/4 que reunió a más de 2.000 estudiantes, afronta un nuevo desafío. En su última reunión decidió convocar, a instancias de la UJS, a una concentración para el 31 de mayo, en la sede de la Lotería Nacional, día en que se sortea el servicio militar para la clase ’76. Esta iniciativa ha prendido en varios colegios, al punto de haberse realizado ya en algunos de ellos charlas y mesas redondas, como sucedió en el Rivadavia, el Mariano Acosta y el Carlos Pellegrini. El Partido Obrero participó de las mismas levantando las banderas del Juicio y Castigo a los asesinos y encubridores del crimen del soldado Carrasco y por el derecho a la sindicalización y organización de los soldados y suboficiales, como única manera de enfrentar los “bailes” y maltratos dentro de los cuarteles. El PO mostró las limitaciones del planteo de “servicio militar optativo”, ya que aun en el caso de que se implementara, esto no implica la eliminación de las arbitrariedades para aquellos que opten por hacer la “colimba”. Y porque el planteo es reaccionario, ya que pretende dar como “solución” la conformación de un ejército profesional especializado en la represión a los jóvenes y trabajadores. Está planteada la concurrencia masiva a la marcha del 31/5, para evitar que nuevos contingentes de jóvenes sufran en carne propia las atrocidades cometidas contra Carrasco.

Como en Buenos Aires, también en Montevideo el 19 de Mayo amaneció tormentoso y con fuertes lluvias. Para la burocracia sindical frenteamplista del PIT-CNT, fue una “excelente "excusa para levantar un acto que, en los últimos años, había servicio de expresión a las tendencias antiburocráticas que se están fortaleciendo en el movimiento sindical uruguayo. De pose “demo­crática" y hasta “renovada", a esta burocracia le era intolerable volver a escuchar el certero pronóstico de que “se va acabar la burocracia sindical”. Adverten­cia que este año sería todavía mucho más fuerte porque una fracción fundamental del proletariado uru­guayo —los trabajadores de la construcción— sufrió en carne propia sus traiciones durante su histórica huelga de ochenta días, que la burocracia llevó a la derrota. Por eso, la burocracia frenteamplista se escondió detrás de la lluvia para suspender el acto. La tormenta era, naturalmente, una excusa: como se dijo en el acto de la Plaza de Mayo en Buenos Aires, el 1° de Mayo es una jornada de lucha contra la explotación que no se suspende por mal tiempo. Que lo que le interesaba a la burocracia con el levantamiento del acto era amordazar a los trabajado­res vino a confirmarse apenas unos días después, cuando se supo que, unos días antes del acto, cuando nadie podía suponer que llovería el 1s de Mayo, “la dirección sindical se reunió con el ministro del Interior de Lacalle para pedirle seguridad para el acto obrero por temor a los disturbios” (El País, 2/5). ¿Pero a qué “disturbios” podía temerle la buro­cracia sino a la expresión de la bronca obrera contra su política entreguista y rompehuelgas? Sin embargo, a pesar del levantamiento “oficial” por la burocracia, hubo acto, obrero y de lucha, el 1° en el terreno que la burocracia había dejado vacante. Un millar de trabajadores y militantes sindica­les y juveniles desconoció el levantamiento y se dirigió al lugar original donde estaba convocado. En la misma mañana del 1°y apenas se supo de la resolución de la burocracia, el PT de Uruguay llamó a los trabajadores a mantener el acto y concurrió con su propia columna a la manifestación. Allí convergió con militantes y activistas sindicales de base y de otras organizaciones políticas opuestas al levantamiento. Cuando se intentaba llevar a cabo el acto en la tribuna abandonada por la burocracia, se produjeron forcejeos con la guardia de seguridad del PIT-CNT, que preten­día dispersar a los trabajadores allí reunidos. Las distintas intervenciones del acto reflejaron posiciones de lucha, precisamente las que la burocracia no quería escuchar desde la tribuna. Rafael Fernández, dirigente del PT, atacó a la dirección del PIT-CNT por su conduc­ta y reclamó “un plan de lucha contra el Mercosur podrido y por el no pago de la deuda externa”. La burocracia frenteamplista, con el "inestimable" apoyo de la prensa patronal, se lanzó a una campaña de calumnias contra los participantes en el acto —y en particular contra nuestros compañeros del PT— acu­sándolos de protagonizar “desmanes”. Lo ocurrido en este 1° de Mayo es una radiografía política de la situación del movimiento sindical y confir­ma las tendencias que se evidenciaron en los referéndums sobre las privatizaciones y, en particular, en la huelga de la construcción: la burocracia sindical ha abandonado completamente la lucha por toda reivindi­cación obrera... pero existe una vanguardia antiburo­crática que está dando una durísima lucha para hacer realidad lo que coreó el millar de compañeros reunidos bajo la lluvia este 1° de Mayo: “se va a acabar la burocracia sindical”.

Las características de la movilización estudiantil por el asesinato de Omar Carrasco superaron ampliamente, por su masividad y combatividad, los marcos de convocatoria de la actual F.E.S. local. Más de 2.500 secundarios recorrían enardecidos las calles céntricas durante toda la mañana y parte de la tarde, luego de un masivo abandono de aulas. Durante la marcha, los miembros de la F.E.S. declararon a la prensa:“Esto no partió de los centros de estudiantes de los establecimientos secundarios” (El Atlántico 11/5). “Queremos aclarar que ésta es una manifestación espontánea y completamente apolítica” (La Capital 11/5). Aunque una mariposa de la F.E.S. convocaba a movilizarse exclusivamente por el servicio militar optativo, el grueso de los cánticos y estribillos e incluso los cartelones traducían el reclamo de inmediato juicio y castigo a los culpables. A partir de esta movilización, se ha iniciado un ascenso estudiantil imparable. Ni la hostilidad periodística que traduce el espanto reaccionario frente a la belicosidad juvenil, ni la actitud intimidatoria de los directores (aplicación de doble falta y amonestaciones); ni la actitud histérica de la burocracia del SUTEBA frente a la distribución de los volantes del Partido Obrero; ni siquiera las profundas limitaciones políticas frentegrandistas de un sector de la incipiente FES; ninguna de estas trabas dejaron de ser sorteadas por un movimiento que ha comenzado a recuperar sus mejores tradiciones de lucha. La continuidad y profundización de la movilización por el juicio y castigo a los milicos asesinos será el terreno de reorganización de los centros, sobre una base auténticamente independiente. Es necesario dotarse de una F.E.S. que comience a definir las reivindicaciones más apremiantes en materia de: Frenar la prepotencia de las direcciones Plena libertad de organización de los centros Rebaja y extensión del boleto estundiantil a las privadas Juicio y castigo a los asesinos de Omar Carrasco.

El “obrerazo” de los trabajadores mecánicos de la semana pasada inaugura una nueva etapa en el movimiento obrero, pues responde a una crisis de fondo de las relaciones económicas y laborales inauguradas con el plan Cavallo. Desde abril de 1991 la situación de los obreros de la industria automotriz estuvo enteramente subordinada a la aplicación del llamado “régi­men" de esa industria. Como es conocido, las patronales automotrices recibieron del gobierno el beneficio de una elevada protección aduanera contra la competencia extranjera y una excepcio­nal rebaja de impuestos, que fue lo que dio lugar al notable “boom” de la producción de automoto­res, A cambio de la firma de este ‘'régimen”, la burocracia del Smata renunció a los convenios colectivos de trabajo y aceptó el llamado “acuer­do tripartito”, que fijaba metas de producción y un reducido y acotado aumento salarial, pero que, por sobre todas las cosas, otorgaba a las patrona­les la posibilidad de incrementar los ritmos de producción y contratar a trabajadores tempora­rios. Los obreros mecánicos pasaron así a traba­jar jornadas de doce horas y a sufrir la competen­cia del personal precario. El sobre de la quincena se engrosaba, en consecuencia, por el esfuerzo agotador que realizaba la fuerza de trabajo. Las patronales, en cambio, se quedaron con los más altos beneficios industriales en muchísimo tiempo. Esta situación ha entrado ahora en crisis, y Cavallo ha mandado a mejor vida el régimen de los acuerdos tripartitos y, posiblemente, a todo el '^régimen " automotor. Las razones para ello es que la industria no ha compensado, ni piensa hacerlo, las importaciones que realizó hasta aho­ra con las exportaciones a las que estaba obligada. Por otro lado, una fuerte presión capitalista está exigiendo que los Macri (Sevel) y los Antelo (Renault) abran sus capitales accionarios a la espe­culación bursátil, so pena de enfrentarse a una severa reducción de la protección aduanera y a una inundación de importaciones. Sin una profundización del intercambio con Brasil, la pers­pectiva comercial del Mercosur queda virtual­mente anulada. Durante los tres años de "vacas gordas” la burocracia del Smata aceptó migajas en concepto de salarios y, principalmente, la superexplota­ción de los obreros. Ahora se enfrenta con el hecho de que ese período se ha agotado, lo que significa la posibilidad de despidos masivos y el establecimiento del sistema de “reforma laboral” que se encuentra a discusión en el Congreso y que Rodríguez acaba de suscribir para los trabajadores de la futura planta de Generall Motors, La reducción de “horas extras" ya se ha hecho sentir en Sevel, lo que detonó el explosivo paro y la semiocupación de hace diez días. La burocracia de Rodríguez está encarando la situación desde el punto de vista de “la defensa de la industria nacional”, es decir que preten­de el retomo al acuerdo tripartito, o sea a los superbeneficios para la patronal y el mantenimiento del régimen de superexplota­ción obrera. El problema es que no existe posibilidad de retomo. Por este motivo, estamos en presencia de una crisis de fondo, de la que el “obrerazo99 es un primer síntoma, apenas. Se ave­cina un período de despidos, de sustitu­ción de permanentes por contratados y de intento de imponer la “reforma laboral99 por la vía de los hechos. La burocracia del Smata ha respon­dido al fin del acuerdo tripartito con el reclamo de una negociación del conve­nio y de los salarios por empresa, lo cual significa atomizar al gTemio y adaptar­se al planteo de discutir “cada caso por separado", no sólo por empresa sino incluso dentro de ellas. La burocra­cia no ha definido tampoco cuál es la reivindicación salarial, ni mucho me­nos ha consultado a los trabajadores a este respecto. Va derecho, entonces, a un callejón sin salida. En la manga, se guarda la posibilidad de ofrecer a las patronales el mismo régimen que acaba de pactar con General Motors a cambio de salarios que oscilan entre los 400 y 800 pesos. Vamos, por lo tanto, a un gran en­frentamiento industrial; nadie puede engañarse con relación a esto. La lucha que se avecina hay que librarla en con­junto, no por empresa; Sevel, que es de la UOM, tiene que participar de un plan de lucha único. El camino para esto es la asamblea general y el petitorio único. Lo esencial de este petitorio es rechazar la “reforma laboral99, incorporar a los contratados al plantel permanente y plantear un salario que, como mínimo, debe ser igual al costo de la canasta familiar. Pero más allá de esto, está la cues­tión de la “reforma laboral” que está a votación en el Congreso, a la espera del acuerdo con la burocracia de la CGT o de un decretazo de Menem. José Ro­dríguez “amenazó” con un paro gene­ral si era aprobada, pero, en principio, esto no es más que una bravuconada, ya que si se quiere parar la ley, el paro general debe ser ahora, para que el proyecto sea retirado del parlamento. El repudio masivo a la “jubilación privada” ofrece una gran oportunidad para el éxito de un paro general. Lo mismo ocurre con la marcha federal que se está organizando.

Ha pasado ya un mes del asesinato de Esteban Balbuena, dirigente campesino del PT acribillado a balazos por matones profesionales. Los asesinos de Balbuena siguen en libertad, a pesar de que sus familiares y compañeros los denunciaran públicamente: se trata de los matones del Instituto de Bienestar Rural y de la comisión de Asuntos Campesinos de la Junta de Gobierno del Partido Colorado, ambos organismos dirigidos por Admindo Galeano, quien había amenazado públicamente a Balbuena y a otros dirigentes campesinos. Ahora está claro que el asesinato del compañero Balbuena forma parte de una campaña de terror contra el campesinado, que se ha acentuado luego del victorioso paro general del pasado 2 de mayo. En el lapso de un mes fue asesinado el campesino Sebastián Larrosa y fueron golpeados salvajemente varios integrantes de la Federa­ción Nacional de Campesinos (FNC) de Caaguazú. La hija de un dirigente de esta misma organización fue violada por encapuchados. Las persecuciones y ataques contra los campesinos son especialmente violentas en la zona este del país. Las organizaciones campesinas han denunciado ante la prensa y el parlamento la existencia de “grupos de terror que tratan de amedrentar a los dirigentes rura­les... verdaderos escuadrones de la muerte detrás de los cuales están personas situadas en la cúspide del gobierno, desde donde controlan y financian dichas actividades delictivas”. Es pertinente recordar que tas luchas que vienen desarrollando los campesinos por el aumento del precio del algodón pagado por los acoplado­res choca directamente con los intereses particulares del presidente Wasmosy, precisamente uno de los mayores acopladores de algodón del Paraguay. También la CNT, una de las tres centrales sindicales paraguayas, ha denunciado que “el terrorismo de Esta­do se está consolidando en el país”. Las organizaciones obreras y campesinas acaban de realizar una “marcha del silencio” en Asunción para exigir el esclarecimiento de los asesinatos y los ataques.

Una nueva e importante ola de movilizaciones se viene registrando en el estudiantado del Gran Buenos Aires. El principal colegio de Morón, el Dorrego, viene de protagonizar una huelga de varios días y movilizaciones con la participación de alumnos, padres y profesores. Estudiantes de San Martín, por iniciativa del profesorado Estados Unidos, acaban de realizar una concentración en el centro de la localidad. Movilizaciones similares se reproducen en numerosos colegios (Técnico de Pacheco, Vicente López, Comercial de Varela, etc.). El problema y el reclamo es el mismo: oponerse al cierre de cursos. Las autoridades, con el pretexto de que hay “escasez” de alumnos, están decretando la desaparición y fusión de divisiones de los años superiores. A nadie se le puede escapar que ningún directivo tiene atribuciones para actuar por sí solo. Las instrucciones vienen desde “arriba”, más concretamente desde el gobierno de Duhalde. Sin necesidad de esperar su reglamentación, la ley de educación se ha puesto en marcha. El cierre de cursos, en particular de 5º y 6º años, es el primer paso en la destrucción de la secundaria. De acuerdo a la nueva ley de educación, la enseñanza secundaria está destinada a desaparecer. Los que actualmente son los primeros años van a ser fusionados con la primaria y luego vendrá, ¡para los qué lleguen!, la llamada enseñanza “polimodal” que no otorga títulos ni habilita al egresado para nada. Se pretende reemplazar la educación integral prevista en el ciclo medio por un aprendizaje superficial de cortísimo alcance, sin horizonte ni continuidad. ¡Chau título técnico! ¡Chau título de bachiller! Los jóvenes van a estar en peores condiciones que las actuales para defenderse en la vida y en el mercado laboral. Carne de cañón para la explotación y voracidad capitalistas. Este es el mensaje de Menem a la juventud en vísperas del siglo XXI. La condición para hacer pasar semejante atropello es la existencia de una juventud dócil y sometida. De allí las razzias y la represión a la juventud. De allí los edictos policiales. De allí la disciplina carcelaria, el régimen de amonestaciones, la regimentación hasta en la vestimenta y en el uso del pelo que asemejan los colegios a verdaderos cuarteles. No es una exageración cuando algunos compañeros en los colegios afirman que todos somos Carrasco. La juventud, por cierto, está sometida a un régimen de violencia y libertad vigilada. La UJS está empeñada en una campaña llamando a defender por medio de la movilización la integridad y existencia de los colegios secundarios, impidiendo el cierre de cursos y la aplicación de la ley de educación. Asestar un golpe hoy a los primeros pasos de la ley de educación, es frenar desde el vamos su aplicación futura. Consecuentemente con ello, la UJS ha llamado a impulsar la puesta en pie de los centros de estudiantes y marchar a la formación de coordinadoras para infligirle una derrota al gobierno. Este proceso de reconstrucción de centros ya se está constatando en numerosos colegios del conurbano y cuenta a los compañeros de la UJS como uno de sus principales artífices.

Mientras los problemas que llevaron a la rebelión de la clase obrera y los trabajadores del NOA se han agravado, el gobierno ha resuelto por decreto la continuidad de la inter­vención a Santiago del Estero y prepara, tam­bién por decreto, la intervención a la Legislatura tucumana. Por la misma vía del “decretazo ”, se apres­ta a poner en pie la “súper secretaría” que centralizará los recursos de violencia del Esta­do y organizará la “fuerza rápida de interven­ción’’, que estará compuesta por tres mil hombres. Pero la marcha del NOA se viene. Las columnas saldrán el 10 de Jujuy, marcharán a Tucumán y realizarán actos en Santiago del Estero, Córdoba, Rosario, San Nicolás, Zárate y Campana, sucesivamente. La columna del Norte llegará a Plaza de Mayo el 14. También del Sur saldrán columnas de traba­jadores. Arrancarán de Chubut, pasarán por Río Negro y Neuquén, se detendrán en Bahía Blanca, donde habrá un acto público, y reemprendrán la marcha hacia Mar del Plata y Buenos Aires. Antes de llegar a Plaza de Mayo, la rotonda de Gutiérrez será cabecera de otro acto. Llamamos a apoyar la marcha del NOA y del Sur; a sumarse a ellas en cada punto del itinerario. El 14 todos a Plaza de Mayo. Por un gran paro nacional por el retiro del proyecto de ¡reforma laboral”, por la derogación de la “jubilación privada” y por un salario mínimo de 1.000 pesos y por una jubilación del 82%

En Brasil todo apunta a la inevitabilidad del gobierno de Lula. “Lula allá”, Lula al Palado del Planalto, vuelve a ser la consigna popular —esta vez victoriosa. Para la opinión de la calle “é a vez dele’ “esta vez le toca a él”. Las encuestas son inapelables. Lula tiene la intención de voto del 42% de los electores; descartados los votos anulados o en blanco, que no se com­putan como válidos, el porcentaje sube al 53%—lo que supera la barrera de la primera vuelta. El segundo ubica­do en la encuesta, Fernando Henrique Cardoso, está con un lejano 15%. Mientras Lula subió ocho puntos en los últimos sesenta días, Cardozo bajó dos. Según “un estudio preparado por los centros de información del Ejército y de la Marina, informa un cable publicado en el paraguayo Ulti­ma Hora (29/4), Lula triunfará en la primera vuelta... Las posibilidades de Cardoso son remotas”. La burguesía brasileña se encuen­tra, a la luz de esto, ante la inminencia, no ya de una derrota electoral, sino de una catástrofe. De acuerdo a las cita­das encuestas de opinión, la intención de voto por Lula es homogénea en todos los estratos sociales: incluso en­tre aquéllos que ganan más de diez salarios mínimos y que tienen estudios superiores completos, la preferencia por Lula es del 42%. Ya algo más que una preferencia o intención de voto es la posición que se les atribuye a los campesinos y en particular a los “sem terra”. Para un portavoz de las organizaciones de tra­bajadores agrarios, Lula se ha trans­formado en figura “mística” para los explotados del campo. Hay indicios, por otra parte, de un verdadero estado de sublevación campesina. ¿Cómo pretende la burguesía abordar esta situación? Los capitalistas nativos se ven obli­gados a actuar en “soledad”, ya que esta vez no cuentan con el apoyo del imperialismo yanqui para intentar ac­ciones desestabilizadoras o golpistas. El reciente viaje de Lula a los Estados Unidos mostró que el gobierno Clinton y poderosos grupos bancarios están dispuestos a pasar por la experiencia de un gobierno Lula. El vicepresidente del Chase Manhattan, por ejemplo, se declaró “confiado” en las “segurida­des” que ofreció Lula en Nueva York (Folha de Sao Paulo, 16/5), mientras que el mítico William Rhodes, presi­dente del Citicorp y del comité de ban­cos acreedores, se mostró convencido de que Lula pagará la deuda externa en los términos establecidos en la re­ciente renegociación, luego de una entrevista privada con el candidato (Gazeta Mercantil, 13/5). La burguesía brasileña no aspira y de ningún modo a derrotar a Lula en la primera vuelta, sino sólo a conseguir pasar a la segunda. Esto significa que está resignada a un gobierno de Lula —su problema es no ser aplastada en las urnas y sufrir la consecuente debacle de sus partidos e instituciones. El caudillo más importante de la derecha, Paulo Maluf, actual intendente de la ciudad de San Pablo, se apartó por esto de la contienda, para prepararse para las elecciones del 99. La estrategia diseñada por la bur­guesía reposa en un 90% en la posibi­lidad de que el plan económico en marcha reduzca en forma drástica la inflación; el otro 10% será dedicado al abuso sin precedentes de la televisión. La red Globo, que apoya a Cardoso, tiene prácticamente excluido a Lula de sus programas y noticieros —esto a pesar de una “memorable" visita lau­datoria de Lula al dueño de la red, Roberto Marinho, el año pasado, (In­cluso el Financial Times ¡denuncia! que “Lula gana los corazones y las mentes —pero no los medios”, 29/4). Para muchos encuestadores, sin embargo, este plan viene demasiado tarde y contiene demasiado poco, frente al terrorífico agravamiento de la miseria de las masas brasileñas y a la escandalosa corruptela de los políti­cos y los principales grupos capitalis­tas. Cardoso debe cargar con el fardo de ir aliado al PFL, un partido que reúne a los principales políticos que apoyaron al defenestrado Collor de Mello y que representan al núcleo más poderoso y gangsteril del capitaismo tropical: los pulpos contratistas de obras y servicios. En lo que se refiere al plan econó­mico, su único “éxito” hasta el mo­mento ha sido reducir el salario mínimo en un 30% —un verdadero “anda" para la futura “estabilización”. Los salarios fueron convertidos a la nueva moneda en base al promedio de su poder adquisitivo de los últimos cuatro meses—que se erosionó en cada uno de esos meses por una inflación del orden del 40%. En Brasil, el salario mínimo es usado también como patrón para establecer los sueldos del con­junto de los trabajadores. Esta poda salarial se ha agravado por el crecimiento, al 48% mensual, de la tasa de inflación en cruzeiros, luego de establecida la moneda de cuenta, URV. La URV tiene por función indexar diariamente los precios (!); no, claro, los salarios, lo cual la ha convertido en un fenomenal mecanismo de confisca­ción. Cuando el próximo 1s de julio la URV cese de existir y se introduzca el “real”, una moneda dolarizada, los salarios quedarán congelados, en principio por un año. Se calcula que con la nueva moneda, la “estabili­dad” recién se alcanzaría al cabo de doce meses, para los que se prevé una inflación del 30%. La introducción de la nueva mone­da se ha demorado enormemente como consecuencia de las divisiones que provoca en la burguesía el futuro régimen monetario que debe acompa­ñarla. Los exportadores, por ejemplo, temen que una dolarización los des­place del mercado internacional; el conjunto de la burguesía recela de una masiva importación desde los Estados Unidos; los bancos están alertas con respecto a una renegociación de los 50.000 millones de dólares represen­tados por el “festival de bonos”— una hipoteca usuraria capaz de hundir cualquier intento de estabilización. Entre los intereses de la deuda externa e interna, aun después de introducido el real, el presupuesto debe cargar con una erogación de 30.000 millones de dólares al año. A la luz de estas limitaciones, las posibilidades de la política burguesa dependen de la orientación del PT. Para asegurar la “gobernabilidad” del futuro gobierno, la dirección del PT completó ya con éxito el operativo de someter a este partido a un programa de defensa de los intereses fundamen­tales de la burguesía, como el pago de la deuda, la defensa de la propiedad terrateniente, el no aumento de los salarios y la preservación de la casta de oficiales militares (ver nota sobre el 9Q Encuentro del PT). Más allá de esto, sin embargo, el PT está articulando el apoyo a los candi­datos de los partidos patronales en los diferentes Estados de la Federación brasileña: en Pernambuco, en Ceará, en Bahía, en Espíritu Santo, y en dismi­nuir las posibilidades de los candidatos petistas en otros Estados (en San Pa­blo, por ejemplo, el candidato oficialis­ta, Covas, tiene el 54% de la intención devoto para gobernador, mientras que el petista, Dirceu, está con el 5%). Esta política lleva a un gobierno nacional del PT que no tendrá equivalente en ningún Estado y que se reflejará en el próximo Congreso en una mayoría abrumadora de los partidos patronales derrotados en la elección presidencial. Lula ha sido encargado en los últimos días de cortejar a dos funcionarios de primer orden del gobierno actual, que se declararon en contra de la candida­tura escogida por su partido, el PMDB, que recayó en Orestes Quercia. Esto podría simplemente conducir a que el PT ofrezca la candidatura de algunos de los estados del sur a estos hombres o a sus entornos. La victoria de Lula conduciría, a partir de esto, a un gobierno burgués sólida­mente amarrado y atado por las orga­nizaciones y representantes de la gran burguesía. A esto habría que agregar la firme posibilidad de un gobierno de coalición, incluso con el partido de Cardoso. En resumen, la política lulista aparece como la otra alternativa de la estrategia de la burguesía y del impe­rialismo, y a partir de cierto momento como la más sólida. Los dirigentes petistas se imaginan todo este derrotero de la manera más romántica: se trataría, para ellos, de una “transición”, “de uma longa caminhada para a democracia”. Se trata de una ilusión tan vieja como el tiempo: la semana pasada, Lula tuvo que intervenir personalmente para fre­nar una movilización de campesinos en Brasilia; presentar un proyecto de mediación en la huelga de la policía federal, en la que se exige que el 30% vuelva al trabajo a cumplir con las “funciones básicas”; y a sabotear la huelga docente de San Pablo, preten­diendo que se acepte un básico de 95 dólares (o URV). El romanticismo se desnuda a sí mismo como cruda polí­tica contrarrevolucionaria. Resulta claro de todo esto que Lula es el candidato patronal y proimperia­lista de los obreros y campesinos de Brasil, y aún de importantes sectores de la alta pequeña burguesía y de la burguesía. Su ascenso político está vinculado al agravamiento del impasse histórico del régimen burgués, a la descomposición política del Estado y a la radicalización de las masas y el agravamiento de las contradicciones entre las clases. Para la burguesía, esta candidatura tiene una función contrarrevolucionaria, que la dirección del PT y Lula han asumido en forma consiente. La izquierda que se mantiene en el PT, y aquélla que ha reingresado a él a través de sus listas electorales, se ha transformado en rehén de esta política contrarrevolucionaria, al carecer o ha­ber perdido la libertad de acción para criticarla vigorosamente. Es el caso, por ejemplo, de Convergencia Socia­lista, vinculada al Mas. La lectura de la prensa de este partido, el cual se aca­ba de disolver en otro, el PSTU, con sectores maoístas y ex stalinistas que reniegan de la revolución de Octubre y de la revolución proletaria; demuestra acabadamente que el morenismo ha renunciado a delimitarse y a denunciar al frente popular en Brasil; que se ha simplemente integrado a él. El apoyo electoral a la candidatura de Lula, exclusivamente, contra los partidos patronales, es legítimo a con­dición de denunciar su política y de actuar abierta e independientemente, para preparar a las masas a su supe­ración. Debajo del ascenso electoral idílico de un candidato popular se cue­ce uno de los procesos más convulsi­vos de los explotados en este final del siglo XX.

En días anteriores se anunció en la Técnica de Pacheco que los quintos y sextos años del colegio el año próximo serán cerrados, esgrimiendo sus autoridades que no cumplen con el requisito mínimo de poseer un cupo de 30 alumnos por curso. Este anuncio no se redujo solamente al año próximo: en éste se fusionarán los tres turnos de estos últimos años en uno solo, con el agravante de la pérdida laboral de sus docentes. Ante una asamblea estudiantil con las autoridades, la directora planteó que tendrían la posibilidad de completar sus estudios en otra escuela, pero el anuncio del Pacheco, como era lógico de esperar, se generalizó en varias escuelas de la zona. Este hecho de fusión de cursos y cierres, muestra a las claras que la Ley Federal de Educación se está aplicando: recorte presupuestario anunciado por el gobierno, liquidación de los secundarios. Se necesita desarticular el actual secundario para dar paso al negocio capitalista (enseñanza polimodal) impartida por las instituciones religiosas y privadas, abandonando el Estado Naional toda responsabilidad sobre la educación. Pero hay más, esta enseñanza polimodal no otorgaría título habilitante, se reduciría a desarrollar habilidades instrumentales. Aprendizaje de una salida laboral rudimentaria, descalifican aún más a la juventud; en el Pacheco saldrían con un título de tornero, perdiendo su título actual de técnicos mecánicos. La descalificación y el embrutecimiento de la juventud es el negociado más importante de los últimos tiempos: mano de obra barata, flexibilidad laboral. Esto no es todo, ante la necesidad e inquietud de los estudiantes de conformar el centro de estudiantes, la respuesta ha sido un “no rotundo”; El paquete está preparado, destrucción de la escuela pública, negocio capitalista, regimentación paraque no podamos organizarnos y defender nuestros derechos. “Secundarios sinónimos de cárceles para quebrar el disconformismo característico de la juventud”. Ante todos estos ataques: Asambleas de padres, docentes y alumnos para no permitir la fusión y destrucción de la escuela secundaria; derogación de la ley federal de educación; por la libre organización de los centros de estudiantes. Abajo la represión policíaco-militar y sus razzias. Plena libertad para pensar, vestir y discutir, fuera la política de la libertad vigilada.

El próximo viernes 20, la FUA y la CONADU llaman a marchar del Congreso Nacional a la Plaza de Mayo en defensa de la Univer­sidad Pública, contra los proyec­tos de ley que el gobierno envió al Congreso (de Nuevo Régimen Económico Financiero y de Ense­ñanza Superior) y el “decretazo” 529/94 que “regula” la actividad docente y la declara “Incompati­ble" con toda otra tarea laboral. Mientras los proyectos esperan el trámite parlamentario, el mencio­nado decreto de “necesidad y urgencia” ya comenzaría a apli­carse: su propósito es una drásti­ca depuración en el cuerpo de profesores —“reducir de 110.000 a 70.000 los cargos do­centes en las Universidades Nacionales”—, según la afirma­ción del subsecretario de Asuntos Universitarios, Juan Carlos del Bello. Las “leyes”, a su turno, plantean un ataque de conjunto y terminal contra la enseñanza su­perior estatal (ver artículo). La marcha del viernes 20, por lo tanto, es una oportunidad para manifestar contra todo este dis­positivo. Es decir, contra una po­lítica que ya está en marcha me­diante el ahogo presupuestario, la vigencia del decreto Salonia que abolió la autonomía universi­taria y la complicidad de los recto­res radicales, que aplican ya aranceles, impulsan el limitacionismo y promueven la restricción al ingreso vía cursos y exámenes en distintas universidades del país. Se trata, además, de una mar­cha planteada en un clima de ascenso del movimiento estu­diantil. En Córdoba, los alumnos de Medicina y de Derecho se mo­vilizan contra los exámenes de ingreso “filtro" y contra regla­mentos limitacionistas que impo­nen los decanos y el rector Delich, hombre de Angeloz. En Buenos Aires, los estudiantes de Ciencias Sociales se encuentran a la cabe­za de la movilización, que co­mienza a extenderse a otras fa­cultades (ver nota), donde se aprobó extender el movimiento masivamente hasta imponer la derogación del “decretazo” y el retiro de las leyes del Parlamento. Este es el camino que siguieron recientemente los estudiantes franceses que, ganando la calle, impusieron al Menem francés el retiro del Parlamento de su propio proyecto de “privatización edu­cativa". Para esto debemos mar­char masivamente el próximo viernes.

Una verdadera explosión huelguísti­ca "saludó" la nueva fase del plan eco­nómico del gobierno Itamar-Femando Henrique Cardoso. A las pérdidas salariales propias de un país con casi 50% de inflación mensual, se añaden las tri­quiñuelas de la conversión de os sala­rios de cruzeiros para URV (Unidade Real de Valor), la nueva moneda ficticia de Brasil. Con 189 sindicatos en período de paritarias, la bronca acumulada por meses de saqueo del salario e inflación desenfrenada, explotó desde la primera semana de mayo. Choferes de ómnibus y empleados del subte de San Pablo paralizaron total­mente el transporte de la ciudad el miér­coles 11 de mayo, una decisión que se sobrepuso al despido de las direcciones sindicales y a la declaración de ilegali­dad por parte de la justicia laboral: el impacto de la huelga fue tal que la misma justicia que ilegalizó la huelga tuvo que conceder parcialmente las reivindicacio­nes salariales (aunque una nueva asam­blea planteada para la semana próxima decidirá seguramente una nueva huel­ga, ante la insuficiencia de la oferta). Los profesores primarios y secunda­rios se encuentran en huelga desde el jueves 10 de mayo, luego de una asam­blea en que fue derrotada la propuesta de la dirección del sindicato (del PT), que sustituía la reivindicación histórica del básico del sector, por una reivindicación de hambre (tres salarios mínimos o sea 185 pesos). El conjunto de las tenden­cias de la oposición del sindicato consi­guió imponer la huelga por tiempo inde­terminado. En el segundo semestre del año pasado, los profesores habían pro­tagonizado una heroica huelga de más de 70 días, quebrada por la represión y el boicot de la burocracia sindical. Los profesores y los no-docentes de todas las universidades de San Pablo entraron en huelga a partir del lunes 16, la oferta gubernamental de reajuste salarial fue de... ¡1,68%! (menos que la inflación diaria). Es la primera huelga conjunta de profesores y no-docentes en muchos años. A esta unión cabe agregar que los profesores universitarios votaron en asamblea la donación de 1% de sus salarios para el fondo de huelga de los profesores primarios y secundarios. Un frente único de lucha de la educación se está gestando en la práctica. La huelga de la Policía Federal ya lleva más de 50 días, y contra ella fue montado un vasto operativo del Ejército, principalmente en San Pablo y Brasilia, con despliegue ostensible de armamen­to de guerra. Lo notable es que los diputados del PT están apoyando este paso en dirección a la militarización del país, llegando a “dar razón al gobierno en la acción contra los huelguistas de la PF” (Folha de Sao Paulo, 13/5). Hasta para el súper-burócrata derechista Luis A. Medeiros “hubo cierta exagera­ción” (sic) ¡en la decisión del presidente de convocar al Ejército! El movimiento de campesinos sin tierra mantuvo una asamblea hasta las 6 de la mañana frente al Ministerio de Economía (en Brasilia) con la decisión de ocupar el ministerio. Nuevamente, una delega­ción de diputados del PT fue despacha­da para disuadir a los campesinos (y, de paso, alertando al Ejército sobre la inmi­nencia de la ocupación), lo que hicieron ¡esgrimiento la amenaza de una repre­sión militar! Lula, en los Estados Unidos, en su intento de tornar viable su candidatura frente a los banqueros y las Cámaras parlamentarias del imperialismo, encon­tró tiempo para comunicarse con la di­rección de la CUT exigiendo el fin de las huelgas, y para hacer un llamado público a la "calma" a los trabajadores. No extraña que “ayer, en el Jornal Nacio­nal (noticiero de la ´Rede Globo' de TV) el candidato del PT surgiera al lado del banquero Wllliam Rhodes, conversando y sonriendo. Ganó tres veces más cobertura, en tiempo, que el viejo favorito de la Globo, Fernando Henrique" (ídem). Los mismos medios que en su momento fabricaron la candidatura Collor, eligen ahora la candidatura Lula como la única capaz de conte­ner el ímpetu combati­vo de los trabajadores brasileños. Nacida de las aspiraciones po­pulares, la candidatu­ra Lula se transforma en la única arma de “gobernabilidad" para la burguesía brasileña y para el propio imperialis­mo. Lo de la “cal­ma” es más difícil: los trabajadores están muy calien­tes, y tos salarios (en especial los estatales) en su punto más bajo de los últimos 20 años. Estadísti­cas oficiales prueban que el salario mínimo cayó 30% en los últimos 10 años (el “mínimo” es usado como unidad salarial en el Brasil), mientras que el producto bruto creció más del 31% (Folha, 8/5). La explosión de la segunda semana de mayo es solo el comienzo.

PO: ¿Qué desató el conflicto? Erica: El viernes 29/4 se cerraron dos cursos de segundo año (segunda y tercera primaria, segunda y quinta pre escolar) debido a que no contaba con la cantidad de cursantes necesarios (menos de 30) para seguir funcionando. Ante eso, el alumnado decidió elegir rápidamente una comisión de delegados, quienes mediante una asamblea decidieron convocar una marcha del instituto al Consejo Escolar de San Martín, y una vez ahí presentar una carta a las autoridades, en la que se señala la arbitrariedad de la medida y se reclama la reapertura de los cursos. PO: ¿Cómo fue la medida? E: Se convocó para el martes 3/5 a las 12 horas, con una concurrencia aproximada de 200 personas, entre las que se destacaron un importante grupo del profesorado y una delegación de la lista “El agite” del Tomás Guido. En el transcurso de la marcha, los delegados intervinimos en dos oportunidades, explicando el carácter de la movilización (la cual fue captada por distintos medios televisivos, como Telefé, Canal 4 y otros). Una vez concentrados frente al Consejo Escolar, fuimos recibidos por el presidente del mismo, quien optó por no darnos ninguna respuesta alegando que no se encontraba el inspector, ante lo cual se decidió impulsar una nueva reunión de delegados para el miércoles 4/5 con el objeto de discutir las próximas medidas. PO: ¿Cuál es tu opinión y cómo debería seguir? E: Tanto los alumnos como los profesores nos sentimos pisoteados, creemos que es una medida arbitraria y por la cual no recibimos ninguna respuesta; es por eso que creo que hay que reforzar las medidas y sumar a otros colegios, ya que la razón de fondo de esta lucha es la defensa de la escuela pública. San Martín

El miércoles 4 de mayo, más de estudiantes de Ciencias Sociales marcharon desde la Fa­cultad hasta Callao y Córdoba, donde cortaron las calles y se con­centraron para realizar una clase pública y una posterior Asamblea. Hablaron el vicedecano de la Fa­cultad y los titulares de los departa­mentos de Sociología y Ciencias de la Comunicación. Cerró la “cla­se”, por la asociación docente de la Facultad, Pablo Rieznik, quien destacó el significado reacciona­rio, antidemocrático y rabiosa­mente capitalista de las leyes de "privatización” universitaria del menemismo. Denunció la actitud cómplice de los rectores del CIN y convocó a la movilización de estu­diantes y docentes, comenzando por la organización masiva de la marcha el próximo viernes 20. Fue saludado con una ovación cuando se reivindicó como parte de la ge­neración del Mayo francés y del Cordobazo, para llamar al movi­miento estudiantil a retomar sus banderas y seguir el ejemplo de los estudiantes y docentes de Francia que acaban de liquidar el intento de promulgar una ley como la que el gobierno pretende ahora impo­ner en nuestro país. En la clase pública se hicieron presentes estudiantes de Psicolo­gía, Filosofía y otras facultades, en las cuales se están organizando también medidas de lucha, exten­diendo el cuadro de movilización en la UBA. Se están comenzando también a organizar Cuerpos de Delegados y un activismo revitalizado está actuando como motor de la protesta que crece. Se votó un importante programa de reivin­dicaciones (ver recuadro) y el re­clamo de un Congreso extraordinario de la FUBA para votar un plan de lucha. En Sociales, una reunión masiva del Cuerpo de de­legados de este martes 10 de mayo resolvió además reclamar a la FUBA el apoyo a la Marcha Federal de los trabajadores del NOA y que se llame a un paro de actividades en solidaridad con su lucha.

El “programa de gobierno" aprobado en el 9º Encuentro consa­gra el abandono de un conjunto de posiciones políticas tradicionales del PT, pero lo que más se destaca, es su duplicidad política. La cuestión del aborto es la prue­ba más evidente, aunque no la única. La jerarquía eclesiástica del Brasil puso el grito en el cielo cuando se conoció que el "proyecto de pro­grama" elaborado por la dirección del PT proponía la “despenalización del aborto”. El propio Lula, enton­ces, corrió hasta la curia y brindó su “compromiso personal” de que la “despenalización del aborto" seria excluida del programa. Pues bien, “a pesar de que según una encuesta, el 71% de los delegados aprobaría la inclusión del aborto en el progra­ma del PT” (Jornal do Brasil, 2/5), y a pesar, también, de que un importante sector de la burguesía brasileña ha­bría respaldado la medida (o al me­nos, no la habría obstaculizado), el Encuentro del PT resolvió conscientemente votar contra sus propias convicciones, en un acto de auto-violencia colectiva. En una muestra de hipocresía, el Encuentro incluyó en el programa “el apoyo de la red pública de salud a los casos de aborto previstos por la ley (estupro y riesgo de vida para la embaraza­da)” (Jornal do Brasil, 2/5). Lo mismo ha sucedido con la rei­vindicación del “derecho a la sindicaiización de la tropa y los subofi­ciales de las FF.AA.". Según José Dirceu, de la tendencia de Lula, “te­nemos que saber la hora (adecua­da) de promover ese derecho elemen­tal de los soldados, pero no es la hora todavía” (Folha de Sao Paulo, 2/5). Cada uno de los puntos del pro­grama es una muestra de duplicidad. Afirma, por ejemplo, que una de las prioridades del gobierno del PT será combatir el hambre, para lo cual pro­pone una reforma agraria... que se limitará a “resolver el problema de los trabajadores rurales acampa­dos a la vera de los caminos, unas 19.000 familias en esa situación” (Jornal do Brasil, 2/5), ¡cuando exis­ten en Brasil más de tres millones de familias —doce millones de trabaja­dores— sin tierras! Para éstos, “la reforma agraria definitiva llegaría a lo largo de 15 años” (ídem)... Otra prueba de duplicidad es la cuestión del salario mínimo. La ten­dencia de “extrema” izquierda "Na Luta PT" presentó una moción que proponía llevarlo a 300 dólares (50 dólares por debajo del costo de la canasta familiar calculado por la Diesse, un organismo sindical de estadísticas)... para el final del mandato de Lula, en el año 2000. La mayoría del Encuentro, sin embargo, vetó esta moción y aprobó el proyecto original que prevé “la elevación gradual y permanente del salario mínimo real”... con el argu­mento de que “si el salario llegara a 295 dólares, van a decir que el gobierno (de Lula) no cumplió su objetivo" (sic) (Jair Meneguelii, secretario general de la CUT, Jornal do Brasil, 2/5). Pero si al final del mandato de Lula el salario mínimo llegara a 70 dólares (hoy está en 64), ¡entonces sí Meneguelii podría afirmar que el gobierno cumplió su objetivo de “elevar gradual y permanentemente el salario”! El “programa de gobierno” plantea que “los ban­cos serán orientados por el gobierno a invertir en la producción y en políticas sociales” (Jornal do Brasil, 2/5), pero nada dice de la deuda pública usuraria actual que supera los 50.000 millones de dólares. Pero cual­quier “reorientación” que no contemple el desconoci­miento total sustancial de esta hipoteca, está condena­da al fracaso, pues ella sola significa el pago anual de intereses por 20.000 millones de dólares. La deuda externa Donde el engaño político del “programa de go­bierno” alcanza su máxima expresión es en la cuestión de la deuda externa. Ninguna de las corrientes del PT planteó el desconocimiento de la deuda extema y de los acuerdos del “plan Brady”, ni la ruptura con el FMI y el Banco Mundial. La “izquierda petista” con­cibe la consigna de “moratoria” como un instrumento de presión para lograr una renegociación con la banca acreedora. Se trata de una consigna tan poco “radical” que la puso en práctica un gobierno tan derechista y patronal como el de Sarney. El Encuentro del PT rechazó, sin embargo, la mora­toria y planteó “la investigación y renegociación de la deuda externa”... Pero sucede que, después de los acuerdos del “plan Brady”, la deuda externa puede ser pagada o descono­cida, pero nunca “renegociada” y mucho menos “in­vestigada”, esto porque los bancos han dejado de ser los titulares de esa deuda, que ahora se ha convertido en títulos y bonos que se cotizan en las Bolsas. Después de haber impulsado el planteo de la “renegociación” en el 9° Encuentro, el asesor económico de Lula, Aloizio Mercadante, “destacó que los nuevos bonos (de la deuda) fueron emitidos al portador lo que toma difícil una renegociación” (Gazeta Mercantil, 10/5/ 94). Conclusión del asesor: “lo (único) que se puede hacer es pagarla o no pagarla” (ídem). Este mismo asesor calculó los intereses de la deuda externa en un 4,5% del PBI, o sea 25.000 millones de dólares al año, es decir 130.000 millones para todo el gobierno Lula (ídem). No habrá un gobierno del PT Conforme crecen las posibilidades electorales de Lula, es al mismo tiempo cada vez más evidente que no habrá un gobierno del PT. Desde hace largo tiempo, el PT viene apoyando a distintos candidatos a gobernador patronales, e incluso derechistas. En Ceará, Lula tejió una alianza con Tasso Jereisati, presidente nacional del PSDB, ex presidente de la cámara industrial estadual y articulador del acuerdo nacional PSDB-PFL, y Ciro Gomes, actual gobernador (también del PSDB), para apoyar la candidatura del primero. En Bahía impulsa la candidatura de Waldir Pires, también del PSDB; en Pernambuco y Río Grande do Norte apoya candidatos del PSB, y del PMDB y del PDT en Paraíba y Paraná, respectivamente. El PMDB y el PDT son partidos abiertamente hostiles a la candidatura presidencial de Lula...y ni hablar del PSDB, que candidatea—enfrente con el partido de los herederos de la dictadura militar, el PFL— al “anti-Lula” Fernando Cardoso. El argumento “oficiar de que estas alianzas servi­rían para atraer votos a la candidatura de Lula ha sido negado por las propias encuestas, y rápidamente des­echado. El nuevo “argumento” para apoyar candida­tos hostiles a un gobierno nacional del PT es que “el surgimiento de gobiernos estaduales com­prometidos con el voto del PT favorecerá la gobernabilidad (!!) del gobierno de Lula” (José Dirceu, Folha de Sao Paulo, 27/4), es decir, su apoyo en la burguesía. Semejante política —y semejante “argu­mento”— revelan que el PT no lucha por el poder político y que, por lo tanto, no es un partido sino una “coalición de funcionarios” que manejan presupues­tos e influencias, y cuyo objetivo es seguir administrán­dolos y, en lo posible, aumentarlos. Aunque el Encuentro vetó el acuerdo tejido en Ceará por el propio Lula, “rechazó una enmienda que pretendía limitar las alianzas regionales petistas sólo a los partidos que apoyen la candidatura de Lula en el primer turno”. Markus Sokol, dirigente de la tendencia “trotskista ", O Trabalho, marcó el tono brutal de la capitulación de los “izquierdistas”: “El problema, dijo, no es con el PSDB sino con el PSDB de Ceará”... (Folha de Sao Paulo, 19/4). Pero aunque el Encuentro confirmó todos los acuer­dos, incluso aquéllos con los partidos hostiles a la candidatura de Lula, el derrumbe de la política de alianzas del PT es total: uno de sus “aliados históri­cos”, el paulista Mario Covas (del PSDB), ha abrazado la alianza con el PFL, mientras que otro de esos “alia­dos”, el pernambucano Miguel Arraes (del PSB) se niega a ceder al PT la candidatura a la vice gobernación estadual, con el argumento de que “necesita" disponer del cargo para “ampliar la alianza” ... La “izquierda” del PT ha refunfuñado, aunque no mucho, contra la tesis oficial de que el “gobierno del PT no será socialista”, pero se le ha pasado completa­mente por alto la cuestión sustancial: que con la política aprobada en el Encuentro no habrá gobierno del PT. Lula ha declarado que “no estoy preocupado en obtener mayoría en el Congreso” (O Estado de Sao Paulo, 1/5). ¿Cómo hará entonces para gobernar? Lula explica: “la experiencia muestra que en el Congreso la mayoría se consigue en largas negociaciones que implican cambios profundos en los proyectos origi­nales” (ídem). El PT se propone establecer, entonces, un gobierno de coalición. Así lo explícita Rui Falcao, elegido presidente del PT en el 9S Encuentro: “Soy partidario —declaró—de un gobierno de coalición... creemos en la posibilidad de formar un gran bloque con el PSDB y el PDT...” (O Globo, 2/5); una encuesta realizada en el propio Encuentro mostró que el 63% de los delegados es partidario de un gobierno de coalición con el PDT (Folha de Sao Paulo, 2/5); según informa O Estado de Sao Paulo (2/5), entre los bastidores del Encuentro se mencionaba a José Serra, del PSDB de Cardoso, como uno de los más firmes candidatos al Ministerio de Hacienda de Lula ... Pero al mismo tiempo que Lula, Fernando Cardoso se declara también partidario de un gobierno de coali­ción... con el PT. “El senador del PSDB declaró que llamará a todos los partidos del país para viabilizar un eventual gobierno pesedebista... Esto incluye— aclaró explícitamente— al PT de Lula” (Folha de Sao Paulo, 2/5). Un gobierno de "unidad nacional” entre los partidos patronales y el PT, con el sostén de la Iglesia y las FF.AA.: hacia allí “convergen” el PT y Cardoso. Los candidatos a las elecciones nacionales del próxi­mo 3 de octubre pretenden protagonizar “o maior engano do mundo”.

Oscar Camilión, ministro de Defensa, acaba de anunciar que la investigación del asesinato de Omar Carrasco está prácticamente resuelta. “Están identificados los autores del crimen”, aseguró en la reunión del gabinete, “sólo falta resolver la cadena de encubrimientos que rodeó el caso” (Clarín, 13/5). Si se toma en cuenta que hace exactamente una semana no había un solo imputado por el crimen; que se destruían las pruebas acusatorias en el regimiento con total impunidad; que allegados al juez vaticinaban un nuevo caso “María Soledad”; y que los familiares de Omar Carrasco denunciaban el bloqueo de la investigación desde el Ministerio de Defensa y el alto mando militar; se puede anticipar que el gobierno y el cuerpo de oficiales han resuelto dar a conocer una “historia oficial” sobre el crimen del conscripto para que la cadena de complicidades que llega, hasta la Casa Rosada, quede libre de toda sospecha. Camilión hizo su “anuncio” inmediatamente después del publicitado fallo “histórico” de la justicia militar condenando al subteniente Canevaro y el sargento Sánchez por haber “bailado” a los conscriptos del regimiento donde Omar Carrasco halló la muerte. El fallo no se propuso, como puede imaginarse, terminar con la vejación a los soldados en los cuarteles (a esas horas era internado el soldado Cepeda, de Junín, víctima de un feroz “baile” junto a otros compañeros) sino darle servida la “solución” a la justicia federal. Con el fallo, el Ejército se propone “excluir de sus filas a los elementos marginales o dicho de otro modo más cercano a la realidad ‘entregar’ al autor del crimen”, aunque para los defensores de la familia Carrasco “muchos militares que estuvieron el día de la desaparición... no alcanzarán ni a ser procesados por encubridores” (Ambito, 11/5). Los abogados de la familia ya habían denunciado que el juicio militar era “una cortina de humo, parte del encubrimiento” (Río Negro). Incluso para La Nación, “la trama de complicidades explicaría por qué la investigación no puede ir más allá de Sánchez o Canevaro” (25/4). El alegato del fiscal en el juicio fue una pieza cuidadosamente armada para dejar impunes a los responsables y encubridores que revistan en el cuerpo de oficiales: “Canevaro actuó en la más absoluta soledad y sin el control de sus superiores..., el 6 de marzo (día de la muerte de Carrasco) no se advierte control ni presencia de sus superiores”, sostuvo “categóricamente” el fiscal, punto en el cual “hizo más hincapié” (Río Negro, 11/5). Es decir, “los jefes no sabían nada”, aunque fueron los “jefes” máximos del regimiento y de la brigada los que denunciaron públicamente a Carrasco como “desertor”, “informaron” que el cadáver no presentaba signos de violencia y que estaba fuera del perímetro del cuartel (“en la llanura patagónica”, según el ministro Camilión). Desde la Casa Rosada y el generalato se armó una virtual conspiración de Estado para proteger el encubrimiento, destruyendo pruebas, intimidando a los conscriptos que volvieron al cuartel y sometiendo a “libertad vigilada” a los conscriptos que no retornaron, y a los cuales la “justicia” niega el licenciamiento para que no cuenten lo que saben sobre el crimen de Carrasco. La “central de inteligencia” en acción El fiscal denunció un “pacto de silencio y encubrimiento” entre el oficial, el suboficial y tres conscriptos “viejos” que habrían armado una “coartada en común” y serían los únicos responsables del “abuso de autoridad” (“baile”) y, en definitiva, sospechosos del asesinato. La conspiración que llevó al asesinato, el encubrimiento y el ocultamiento del cadáver de Carrasco durante un mes en el regimiento quedaría así reducida a 5 ó 6 “responsables” —el subteniente y algunos allegados actuando en “absoluta soledad”. Para cortar toda investigación que vaya más allá de la “historia oficial” se ha montado un operativo monstruoso de inteligencia en el sur neuquino. “Tanto Cutral Có como Zapala están padeciendo una verdadera invasión de gente vinculada con distintos tipos de servicios de inteligencia, desde policiales hasta militares”. Se ocupan de averiguar “antecedentes, costumbres y rutinas de los conscriptos que están bajo amparo judicial” y “hasta han interceptado a varios chicos compañeros de Omar Carrasco” (La Nación, 9/5). La función no es sólo intimidar: “se están haciendo importantes esfuerzos por distraer la investigación” y parte de la tarea de inteligencia es “vender carne podrida a los medios” o alterar pistas (“yo no sé qué pasa pero ahora aparece sangre por todo el cuartel”, reveló el perito Enrique Pruegger). Movilización El gobierno y el alto mando han apresurado la decisión de ponerle “punto final” al “caso” Carrasco porque la movilización juvenil y popular por el juicio y castigo ha comenzado a cobrar fuerza en todo el país. El castigo a los conscriptos de Junín hizo temer un nuevo foco de rebelión popular y el Ejército tuvo que salir a fingir una nueva autodepuración “suspendiendo” al jefe de la unidad y “trasladando” a los cabos supuestamente responsables del “baile”. Frente a la movilización y a la crisis en el cuerpo de oficiales, existe un verdadero pacto de socorro del alto mando de todos los partidos del “estado de derecho”. La UCR ha fijado como “política” el silencio y la desmovilización (Franja Morada no incluye el juicio y castigo entre las reivindicaciones planteadas a la movilización de la FUA para el 20). El Frente Grande se pronunció desde un principio por una “solución” de la justicia militar y civil, que es la “solución” que está en marcha y ha actuado en las movilizaciones en la línea que definió el propio monseñor De Nevares “(no) crear un clima contra las Fuerzas Armadas en general”. Sólo el reclamo y la movilización por el juicio y castigo de los ejecutores, los responsables, los cómplices y los encubridores puede desbaratar el intento de dejar impune el crimen de Omar Carrasco y quebrar la dictadura de los oficiales genocidas sobre los cuarteles. Por una gran marcha a Plaza de Mayo por el juicio y castigo a los asesinos de Omar Carrasco. Madres, Familiares, organizaciones combativas de derechos humanos, organizaciones juveniles, sindicales y políticas: todos deben pronunciarse y poner manos a la obra.

1) Convocar a la movilización a reali­zarse el viernes 20 de Congreso a Plaza de Mayo, bajo las siguientes reivindicaciones: Por el aumento del presupuesto educativo, contra todo tipo de aran­cel. Por el retiro del Congreso de los proyectos de ley de Régimen Econó­mico Financiero y de Educación Su­perior. Por la derogación del decreto de incompatibilidad docente y contra el proyecto de nuevo régimen laboral. Por un nuevo edificio para la Facultad. 2) Organizar el Cuerpo de Delegados de la Facultad, instando a todos los estudiantes a discutir en cada clase propuestas para desarrollar la lucha y elegir delegados de curso. 3) Exigir a la FUBA la convocatoria a un Congreso Extraordinario con dele­gados electos y mandatados por asamblea. 4) Impulsar la movilización por el juicio y castigo de los asesinos de Carrasco y Bulacio. 5) Rechazar la negociación con el gobierno que están haciendo los rec­tores de las Universidades (CIN) para “consensuar” las leyes universita­rias. 6) Exigir al Consejo Directivo de la Facultad la cesión de las aulas que actualmente se utilizan para posgra­dos arancelados para ser utilizadas por los cursos de grado. 7) Repudiar el intento de privatización del bar que administra el Centro de estudiantes de Psicología, que está llevando adelante la decana de esta Facultad,

PO: ¿Cómo reaccionó el movimiento obrero frente al “Plan Cardoso"? R: La reacción del movimiento obrero al plan econó­mico fue desenvolviéndose lentamente en función del enorme bloqueo de la burocracia sindical, en particu­lar de las direcciones cutistas, que procuraban con­fundir a los trabajadores sobre las consecuencias del “plan” sobre los salarios. En una segunda etapa, a partir de marzo, cuando tos salarios fueron efectiva­mente convertidos a la URV (el índice oficial que servirá como referencia para la nueva moneda), en función del promedio de su poder adquisitivo de los últimos cuatro meses, al mismo tiempo que los precios comenzaron a subir incluso por encima de la URV comenzaron a manifestarse claras tendencias combativas y a estallar huelgas aisladas y sin coordinación, incluso contra la resistencia de las direcciones burocráticas: cerca del 50% del millón de empleados federales en huelga desde hace ya 20 días; choferes del Distrito Federal, Salvador, San Pablo y ABC- químicos del ABC, vidrieros de San Pablo. Son huel­gas parciales, de un día o por fábrica, que se desen­vuelven en medio de una completa desorganización, chocando contra el enorme bloqueo de las direccio­nes sindicales. Lo que es innegable es que el “plan” reanimó al movimiento obrero, que se encontraba en estado de depresión desde el lanzamiento del “plan Collor” en marzo de 1990. En el correo, donde tenemos una intervención importante en algunos sin­dicatos estaduales, se produjeron huelgas que pasa­ron por encima de las direcciones, como las de San Pablo, Distrito Federal o Ceará, que posteriormente fueron quebradas por las direcciones con enorme desgaste político. En el Sindicato de los Frigoríficos de — San Pablo, donde estamos en la dirección, podemos notar que la denuncia de la confiscación salarial produjo una importante evolución en las fábricas, donde tradicionalmente los patrones siempre tuvieron el control sobre los obreros y donde la dirección de la empresa debió realizar verdaderos malabarismos para evitar una asamblea masiva con centenares de trabajadores para discutir el “plan”. Uno de tos índi­ces más significativos es, en este momento, la acen­tuada tendencia a la huelga general unitaria de todos los empleados del Estado de San Pablo, cerca de trabajadores, una política que siempre fue combatida por la burocracia de la Apeoesp (profeso­res) y de los demás sindicatos. La ola de huelgas contra el “plan Cardoso” expe­rimenta en estos momentos un expresivo crecimiento. Sólo en el Estado de San Pablo están en huelga más de 400.000trabajadores: 300.000 docentes y emplea­dos de las escuelas, 70.000 choferes del transporte público (colectivos de San Pablo y Campiñas y subtes de San Pablo), 10.000 trabajadores de Sabesp (em­presa estadual de agua), médicos y otros trabajado­res de la salud del Estado, metalúrgicos de Bajada Santista, empleados de la Policía Federal (cuyas sedes están ocupadas por el Ejército). PO: ¿Cómo se acomodó la burocracia de los sindica­tos a la reacción obrera? R: Inmediatamente después del anuncio del “plan”, el presidente de la Fuerza SindicaI —agrupamiento del sector más derechista de la burocracia, que apoyó al gobierno Collor—, Luiz Antonio Medeiros, que apo­ya el “plan”, llamó a una huelga trucha de tos meta­lúrgicos de San Pablo, el mayor sindicato del país, con trabajadores, que fue una manera de evitar cualquier reacción de conjunto. La burocracia de la CUT procuró, en la mayoría de los sindicatos, negar que el “plan” efectivamente trajera pérdidas. En el de los profesores de San Pablo, el mayor sindicato de la CUT en todo el país, nuestros compañeros quedaron aislados en las asambleas denunciando que el “plan” traería pérdidas. La dirección del sindicato afirmó categóricamente, trayendo economistas a las asam­bleas y publicando gráficos, que los salarios inclusive subirían y con ese planteo fijó una asamblea para casi 50 días después del lanzamiento del “plan” para "verificar sus resultados". Esta política de la buro­cracia creó una enorme confusión política entre todos los trabajadores en todos los lugares. Esta situación comenzó a modificarse profundamente cuando los salarios fueron convertidos a la URV. A partir de ahí, en San Bernardo do Campo, el sindicato de los metalúrgicos de ABC fue obligado a anunciar una huelga general del gremio — ¡la primera en más de ocho años!—, obligando al nuevo ministro de Econo­mía a ir a la TV a dar garantías de que los salarios serían beneficiados a largo plazo. La Anfavea, la asociación de las terminales automotrices, anunció en seguida una recomposición salarial del 19% para sus 70.000 empleados, afirmando que absorberían la pérdida en nombre de la estabilidad política. La buro­cracia levantó la huelga general que había convocado y lanzo un movimiento por fábrica con tos otros 80.000 obreros afiliados, dividiendo de esta forma al sindicato obrero más importante del país. De una manera general, la burocracia de tos sindicatos se opone a la huelga con los argumentos de que “no hay movili­zación" y que “tenemos que concentrarnos en el apoyo a la candidatura de Lula”. La dirección de la CUT omitió totalmente cumplir su papel de impulsar y centralizar las luchas. Formaron un lobby en el Congreso para introducir algunas modificaciones en la Medida Provisoria (decreto) del “plan" en común acuerdo con los partidos burgueses. Esto acabó en una manifestación para respaldar un acuerdo obtenido en el Congreso, el que no preveía ninguna reposición de las pérdidas sino sólo un re­ajuste por la inflación futura en cada cuatrimestre. La manifestación fue un completo fracaso y lo mismo ocurrió con el acuerdo, lo que obligó al gobierno a emitir una nueva Medida Provisoria. PO: ¿Qué resultados prácticos obtuvieron las luchas sindicales? R: A pesar del carácter caótico y confuso de la reacción obrera y del bloqueo de las direcciones, es evidente que los patrones y el gobierno están a la defensiva y pretenden prevenir la ampliación de las tendencias huelguísticas. Va mencionamos más arriba el caso de Anfavea y tos metalúrgicos del ABC. En metalúrgicos de San Pablo se negoció una recompo­sición parcial solamente para los salarios más altos. En tos empleados públicos de San Pablo, Fleury (gobernador del Estado) modificó tres veces tos re- ajustes en función de la reacción de tos sindicatos y de la propia prensa burguesa. En varias empresas, prin­cipalmente en las grandes, hay reajustes por encima de lo que estipula la Medida Provisoria del gobierno. Frente al agravamiento del “plan”, se plantea la necesidad de que la clase obrera y los explotados tengan su propio “plan económico", o sea, un pro­grama que establezca claramente que estos proble­mas no serán resueltos sin una respuesta de conjunto. La candidatura de Lula PO: ¿Cómo ve la candidatura de Lula el proletariado de la gran industria? R: En general simpatiza con ella y la apoya A sus ojos. Lula no sólo es un candidato honesto contra los corruptos de los partidos burgueses, sino también un obrero y un sindicalista que defiende los mismos intereses que ellos. Además de eso, Lula es el candi­dato de los obreros en las elecciones desde 1982, cuando fue candidato a gobernador con la consigna trabajador vota trabajador”; en 1987, en las elec­ciones para la Constituyente, fue el diputado más votado del país, y en 1989 no ganó las elecciones por una diferencia insignificante. Es importante señalar que la candidatura de Lula es todavía más fuerte en el campo, donde para los casi catorce millones de traba­jadores sin tierra y cerca de 20 millones de pequeños productores aparece como una verdadera tabla de salvación frente a la crisis agraria, al hambre, la sequía, la represión y la creciente concentración de tierras en todo el país y particularmente en el Nordes­te. PO: ¿Cómo caracteriza Causa Operaría el momento político? R: La burguesía atraviesa, sin sombra de dudas, la mayor crisis política de su historia. Todas las estruc­turas políticas burguesas están profundamente sacu­didas, lo que se está reflejando en la enorme ventaja de la candidatura de Lula. En este momento, seis meses antes de las elecciones, Lula cuenta con el 42% de las intenciones de voto en las encuestas contra sólo el 17% de Fernando Henrique Cardoso. El “plan” económico es un fracaso y el movimiento obrero se encuentra en una situación de claro reanimamiento sindical y político. Esta crisis explotó abier­tamente con la liquidación del gobierno Collor, que tenía el apoyo de toda la burguesía, continuó con el fracaso del plebiscito convocado para aprobar el par­lamentarismo —que refrendó por una abrumadora mayoría de votos al presidencialismo— y, finalmente, alcanzó una dimensión avasalladora con los sucesi­vos escándalos de corrupción. Finalmente, las tenta­tivas de revisar la Constitución fracasaron completa­mente. En contradicción con una alternativa electoral victoriosa, la clase obrera y tos explotados no tienen un programa propio y una perspectiva independiente frente a la crisis. PO: ¿Cuál es la consigna que levanta Causa Operaría frente a las elecciones y a la candidatura de Lula? R: Nosotros estamos llamando a los trabajadores a votar a Lula contra los candidatos patronales pero, al mismo tiempo, a no dar ningún apoyo a su programa y a sus aliados políticos pequeñoburgueses y burgue­ses. En este sentido, al mismo tiempo que somos partidarios de votar a Lula, llamamos al voto nulo a las demás candidaturas del PT, que son la expresión del acuerdo de Lula con diferentes sectores de la burgue­sía. La teoría extravagante vigente en el PT es que el PT es victorioso a escala nacional pero que no tiene vigencia en los Estados. En Espíritu Santo, por ejem­plo, el PT va a las elecciones llevando como candidato a gobernador a un hombre de los Camata, una familia que hace ya muchos años domina el PMDB local, partido de Quercia y de Sarney. En Ceará, se piensa apoyar al candidato del PSDB local, hombre de Tasso Jereissati, un elemento clave de la candidatura de Femando Henrique Cardoso. El programa de Lula parte justamente del rechazo a defender las reivindicaciones más elementales: rechaza plantear la suspensión temporaria del pago de la deuda externa, ha abandonado la reivindicación del derecho al aborto, lo mismo ha ocurrido con la ultra-limitada reivindicación del asentamiento de los trabajadores sin tierras en los latifundios improducti­vos y en las tierras pertenecientes al Estado, e incluso con toda perspectiva de lucha contra la miseria gene­ral a través de la defensa de un salario mínimo acorde con las necesidades básicas de la población. Como se puede ver, la victoria de Lula no resolverá ninguno de los problemas de las masas. El apoyo a Lula solamen­te es admisible si parte de una completa denuncia de esta política, de la reivindicación de que rompa con la burguesía, de la defensa de un programa de defensa de las reivindicaciones fundamentales de las masas, de la lucha por un verdadero gobierno de las organi­zaciones obreras y campesinas. La cuestión decisiva en este momento es actuar con total independencia y libertad para denunciar al PT y a su frente con tos partidos patronales.

Un clima de efervescencia se está perfilando en los jóvenes de La Matanza, motivados por dos factores. La aplicación de la Ley Federal de Educación en los colegios secundarios, que dio lugar al cierre de cursos en el ENCYBA del km 35 y a la clausura directa de las divisiones superiores en un turno de la Técnica Nº1, y el cierre de cursos en otras escuelas nacionales recientemente transferidas, por no cumplir con el “mínimo” de alumnos “exigidos” en las escuelas provinciales. Por otro lado, la lucha por el juicio y castigo a los asesinos de Carrasco y de otros jóvenes asesinados anteriormente, ha puesto en evidencia tanto la voluntad de lucha de la juventud como el temor del gobierno de que ésta sea la chispa de un polvorín que no pueda contener. El 29/4, alrededor de un centenar de jóvenes concurrieron a una maniifestación en la estación de Ramos Mejía por el castigo a los asesinos de Carrasco; un impresionante aparato policial, montado con mucha anterioridad, e integrado por policías, “Halcones”, lanzagases, perros, etc. El resultado fue palazos y alrededor de diez compañeros detenidos. Como respuesta a esto, se formó una comisión entre algunas juventudes políticas y colegios secundarios, que convocó a una nueva movilización para el 13/5, y redactó un petitorio que reclama entre otros puntos, el levantamiento de las causas a los compañeros que ya fueron liberados (ver crónica en PO 418). En esta comisión se destacan especialmente los delegados del Echeverría de Ramos, que es hoy uno de los colegios más organizados y con más tradición de lucha en la zona, ya que hace tres años vienen enfrentándose a la represión policial, que incluso intentó implantarse dentro del colegio. Además ha sido protagonista de intensas luchas políticas por la formación de un centro de estudiantes combativo en los últimos dos años. Toda esta situación pone de relieve la necesidad de poner en pie una dirección real de los estudiantes de la zona, que no se limite a uno o dos Centros de estudiantes. La formación de una Coordinadora de Centros de La Matanza es lo único que puede garantizar una convocatoria masiva a las marchas, y más importante aún, una dirección real y responsable de éstas, integrada por estudiantes que respondan ante sus compañeros. La posición que la UJS está impulsando es que la experiencia acumulada en algunos colegios puede transformarse en el puntapié inicial para poner en pie una dirección real de los estudiantes de La Matanza, que se plasme en una coordinadora o federación de los Centros de Estudiantes, para intervenir en forma efectiva en las luchas planteadas.

El Poder Ejecutivo está a punto de enviar al Congreso un proyecto de “Ley de Enseñanza Su­perior” que establece que la Universidad no podrá otorgar títulos habilitantes, lo cual convierte al diplo­ma en inservible. Con esto Menem intenta no ya los cupos y exámenes de ingreso, sino también los de egreso, que serán controlados por el Poder Ejecuti­vo. Se trata de otro intento de promover la deserción universitaria. El engendro legal menemista liquida la autono­mía universitaria, pues reserva al gobierno el dere­cho de aprobar los estatutos de las Universidades y porque condiciona el funcionamiento de éstas a una denominada “Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria”, que dependerá del Ministerio de Educación (este “control externo” es una exigencia “académica” del... Fondo Monetario Internacional). Se liquida la libertad de cátedra al establecer que “no se utilice para atentar contra los principios consagrados en la Constitución o para comprometer la seriedad de la docencia e investigación (sic)”. La mentada ley obliga a establecer un "poder ejecutivo unipersonal” en la figura del rector, para posibilitar el gobierno por decreto en las Universida­des. El órgano universitario queda circunscripto al Consejo de los rectores. No es todo: ia elección directa de los rectores tiene lugar mediante el voto calificado "ponderado" que establece la suprema­cía del voto de los profesores. Privatización Con este proyecto y su complementario “nuevo régimen económico financiero de las universida­des”, el menemismo pretende liquidar de un pluma­zo la gratuidad de la enseñanza. Los subsidios a la educación privada y confesional quedan garantiza­dos por la ley, que faculta al Poder Ejecutivo a establecerlos discrecionalmente. De conjunto, el presupuesto público cambia de carácter: sus fondos se dirigirán privilegiadamente a las facultades que se “asocien” a grandes empresas y fundaciones, que utilizarán así gratuitamente los recursos materiales y humanos de la Universidad estatal. A través de esta asociación se determinarán de hecho los planes de estudio, la subsistencia o no de carreras, áreas de investigación y cursos de posgrado. El “padrinazgo” de los Citibank, Techirrt, Macri o Bunge y Born será sinónimo de supervivencia. El nuevo “régimen económico" destruye todo régi­men económico propio de la Universidad pública. Pacto Todo este “paquete" legal viene siendo nego­ciado desde hace mucho tiempo por el Ministerio de Educación y el actual Consejo de Rectores, domina­do por ia Unión Cívica Radical. Los acuerdos fueron acelerados gracias al “pacto Menem-Alfonsín” y la “onda dialoguista entre el Gobierno y la oposi­ción que permitieron (en diciembre último) delinear un documento de seis puntos titulado Acuerdo sobre Legislación Universitaria” (Página 12,3/12/93) Pero los “pactistas” deben derrotar aún la tendencia a la rebelión popular. Está planteado entonces derrotar la política de barbarie educativa del menemismo y sus cómplices.

PO: ¿Y el morenismo? R: Las dos organizaciones morenistas se colocaron completamente a la rastra de la política del PT y de Lula. La Corriente Socialista de tos Trabajadores (CST) pidió su reingreso al PT. La Convergencia Socialista (CS, ligada al Mas argentino) integra la lista del frente burgués montado por el PT, lo que quiere decir que suscribe su programa y su política y que ha renunciado a toda posibilidad de denun­ciarla. Incluso, para oficializar su integración a la alianza del PT, el PSB, el PC do B, el PPS y el PV en torno a la candidatura de Lula, el PSTU tuvo que homologar formalmente esta semana la candida­tura a vicepresidente de José Bisol, un elemento declaradamente patronal. Se trata de una completa quiebra política y de un abandono de cualquier perspectiva política independiente, en el momento en que la cuestión central es justamente luchar por la ruptura de las masas con la política burguesa de Lula y del PT, que son un camino seguro de derrota. Convergencia Socialista, la más importante de las dos organizaciones, creó además el Partido Socia­lista de los Trabajadores Unificado —PSTU— con objetivos puramente electorales (dejó de sacar la prensa), llegando al extremo de integrar en Forta­leza la comente de la ex intendente, María Luiza Fontanelle, que anticipó, en menor escala, todos los crímenes políticos cometidos por Luiza Erundina en San Pablo contra la clase obrera y las masas. Toda esta política oportunista está desembocando en una gran crisis política, en la medida en que la Convergencia está dividida en por lo menos cuatro fracciones a partir de su Comité Central y crece entre sus militantes el rechazo tanto al apoyo a la política del PT como al acuerdo con María Luiza. Es importante señalar que Convergencia se resistió a establecer cualquier discusión o un frente con Cau­sa Operaría con los más diversos pretextos, pero no hizo ninguna objeción a María Luiza. Ahora, la propia Convergencia Socialista acusa a María Lui­za de querer hacer del PSTU una “fórmula de alquiler” que le permite ir a las elecciones, como es costumbre de los políticos burgueses.

En el colegio Nacional Bella Vista de General Sarmiento se está llevando adelante la conformación del Centro de Estudiantes. La decisión es de hacerlo a través de asambleas abiertas de todos los cursos. En estas asambleas se están expresando dos tendencias, una “apolítica”, que considera que el centro de estudiantes debe ser un club estudiantil, que debe trabajar en común con la dirección del colegio y que debe servir para organizar campeonatos de fútbol y otras actividades sociales y deportivas. La otra tendencia la llevamos adelante los compañeros que creemos que los centros de estudiantes deben ser organismos totalmente independientes de la dirección del colegio, y que sin despreciar las actividades sociales que podamos organizar, levante las reivindicaciones del estudiantado, denuncie y luche contra el cierre de grados que nos pretende imponer la nueva Ley Federal de Educación, sea parte de todas las movilizaciones estudiantiles, y coordine con los demás estudiantes de la zona la reorganización de los centros donde no los hay o la coordinación de centros entre los ya existentes. En el próximo número comentaremos los resultados de esta polémica desarrollada en el Bella Vista. Las cartas están echadas.

Después de años de brutal explotación y de aguamar a los gangsters de la comi­sión interna y a sus matones y punteros, los trabajadores de Sevel se han suble­vado. El detonante del conflicto fue que la empresa armó un esquema de trabajo donde se liquidaron las extras después de haber contratado a 600 operarios. Esto desinfló los salarios ganados en jomadas de 12 horas y se volvió a las quincenas de convenio, insostenibles para poder vivir. Este desplome salarial se conjugó con los ritmos infernales de producción. El tumo tarde fue seguido por el tumo mañana. La burocracia no esperaba esta reacción, por eso demoró mucho en tomar alguna iniciativa. Se impuso así, después de mucho tiempo, una asam­blea general en donde algunos trabaja­dores hablaron, pero todos se expresa­ron con abucheos al burócrata Torres y en la exigencia de aumentos de salarios y que no haya despidos. El estallido tomó desprevenida a la propia patronal. Luego, se pusieron en marcha todos los mecanismos para re­ventar el conflicto. Aparecieron rápida­mente la “conciliación obligatoria", urgentemente acatada por el sindicato, y las amenazas de procesamiento contra 17 compañeros, además de una lista de 200 despedidos y el cese del contrato de 600. El viernes 20 vence la "concilia­ción obligatoria” Luego del estallido se ha pretendido armar un clima de terror. Aparecieron los ñoquis de la burocracia a patrullar las secciones. Se ha armado un cerco para impedir los volanteos de la planta a cualquier costo. Una patota de más de 40 matones impidió parcialmente un volanteo del PO, que llevó a la fábrica a 25 compañeros de otros gremios. Una nueva etapa Ha comenzado una verdadera rebelión de la dase obrera contra la llamada “flexibilidad laboral". Por más que amenacen o despidan, o que utilizando los poderes del Estado y a sus agentes, quieran desviar o incluso quebrar esta lucha, una cosa es segura: comenzó la cuenta regresiva para la “flexibilidad” de los Macri, Fortabat y todos los gran­des patrones. Pero además comenzó la cuenta regresiva para los Curto y sus matones en todas las fábricas y seccio­nales que dominan. La lucha de los compañeros de Sevel es un llamado a sacamos de encima a la podrida burocracia sindical.

Cuando los resultados provisorios de las elecciones en Sudáfrica indicaban una arrolladora victoria de Nelson Marí­dela por más del 66%, lo que habría dado al Congreso Nacional Africano (CNA) la posibilidad de asumir exclusi­vamente la redacción de la Constitución e incluso ignorar a la minoría blanca en el gobierno, “los mercados se derrum­baron”. Durante el recuento de votos “las computadoras se 'cayeron’ mis­teriosamente en varias ocasiones” y, en este caso, cuando “tras otra ‘demo­ra´ de varias horas, se anunció que Mandela había ganado con el 62% de los votos... el alivio fue casi palpable” (Herald Tríbune, 11/5). “Un resultado demasiado perfec­to, casi un cuento de hadas”, señala el articulista. El Partido Nacional de De Klerk superó “raspando” el piso del 20% necesario para acceder a la vice­presidencia del Estado. El Partido de la Libertad Inkatha —rabiosamente dere­chista— obtuvo un “sorprendente” 10,5% de los votos y con este “aval” acaba de acceder al Ministerio del Inte­rior del nuevo gobierno. La clave de esta "transición ejem­plar” al “estado de derecho” no la dio el resultado “soberano” de las urnas, sino el violentamiento brutal de la volun­tad popular. Rehuyendo los eufemis­mos, “el presidente de la Comisión Electoral Independiente —CEI— Johann Kriegler, admitió que los últi­mos resultados (del comido) fueron producto de negociaciones entre los partidos” (ídem). El diario sudafricano Business Day responsabilizó a Kriegler, garante internacional de la pureza de los comicios de “encubrir y ocultar toda la verdad de los acuerdos políticos que ayudó a hacer con los principales partidos políticos” (Financial Times, 6/5). En Natal, reducto del derechista Par­tido Inkatha, “los líderes políticos... cambiaron votos como si fueran figu­ritas, determinando abiertamente el resultado de los votos”. El fraude fue reconocido y justificado por el secretario regional del CNA: “basado en la reali­dad en Natal, el CNA debería haber surgido como el partido vencedor... pero Uds. deben recordar que estas personas (del Inkatha) fueron infor­madas que estaban ganando y por eso cualquier acuerdo que fuese he­cho debía tomar (el resultado electoral) menos chocante para ellos... para nosotros la prioridad es la paz” (Ídem). La elección “histórica” que supues­tamente ha puesto fin al régimen del “apartheid” ha sido en realidad un ope­rativo político montado por la dirección del CNA, principalmente, y los partidos Nacional e Inkatha para negarle al CNA la mayoría de los 2/3 de votos. El propio Mandela saludó inequívocamente el anuncio de que el CNA no llegaría al 66% de los votos, cuando dijo: “estoy muy feliz porque la preocupación de que nosotros escribiríamos nuestra propia Constitución ha sido aparta­da” (Financial Times, 7/5). La derecha racista se quedó con el control de la provincia del Cabo Occi­dental, la más grande del país, mientras el Inkatha, con los “métodos” descriptos “triunfó” en Kwazulú, lo que, para el Financial Times, “puede ayudar a con­trabalancear el poder del CNA a nivel nacional” (7/5). El recién estrenado sis­tema federal permite a ambas provincias “emprender caminos autónomos, re­formar la Constitución mediante ple­biscito y hasta ‘Independizarse’ del gobierno central”. “Ninguna otra cosa podía satisfacerlos más” “Mandela hace las delicias de blancos e inversores”, titula el Finan­cial Times, al anunciar que la primera medida del flamante presidente negro había sido mantener a Derek Keys en el puesto de ministro de Finanzas. “Nin­guna otra cosa, advierte el Financial Times, habría persuadido más al mundo exterior de(l) compromiso con la economía de libre mercado y la moderación política” (7/5). El otro puesto económico clave, el de presiden­te del Banco de Reserva (Banco Cen­tral), “quedará también como está”, ocupado por Chris Stals, un hombre de los pulpos que monopolizan la eco­nomía sudafricana. El primer vicepre­sidente será Thabo Mbeki, “que repre­senta desde hace mucho tiempo el lado aceptable del CNA delante de la comunidad empresaria”. El gobierno de “unidad nacional" consagra, bajo un gobierno de mayoría negra, un régimen de dominación de la minoría blanca, la cual conserva el mo­nopolio de las armas, de la justicia, de las tierras, las fábricas, el comercio y las finanzas. “Es una solución que puede prometer estabilidad pero que difícil­mente pueda ser descripta como de­mocrática”, reconoció el Financial Ti­mes hace un tiempo (20/1/93). La con­clusión es que no nos hallamos frente a una “revolución” ni ante el “fin del apartheid” sino ante un régimen parido por el imperialismo mundial como único recurso capaz de impedir la revolución social en Sudáfrica. Una nueva etapa de lucha Los compromisos estableados por el acuerdo Mandela-De Klerk no dejan nin­guna posibilidad de satisfacer la más pequeña de las reivindicadores de las masas negras. El programa mínimo de empleo, vivienda y educación gratuita del CNA ya ha comenzado a ser atacado por la “falta de presupuesto” y el res­ponsable de llevarlo adelante en el go­bierno “no sabe hasta qué punto tendrá poder sobre el (todopoderoso) ministro de Finanzas” (Financial Times, 7/5). Para las masas se ha ingresado en una nueva etapa de lucha. La lucha por la tierra ya está planteando una profun­da crisis. Miles de trabajadores rurales negros que trabajan en condiciones de semiesclavitud en tierras que fueron hace muchos años propiedad de sus familias y que hoy pertenecen "legalmente" a colonos blancos, están siendo expulsados para impedir que reclamen sus tierras (The Wall Street Journal, 4/5) Representantes del movimiento de co­munidades sin tierra criticaron a Mandela en marzo después del acuerdo del CNA con las cláusulas de la Constitución interina que garantizan el derecho de propiedad y sabotean la reforma agraria. “Es una cuestión muy dificultosa —concedió el responsable del CNA— porque hemos perdido la batalla por la prioridad en la tierra” la alternativa sería “empujar al gobierno para que compre la tierra a los campe­sinos blancos” y la entregue en forma accesible a los negros sin tierra (ídem). En relación al proceso de luchas planteadas con el advenimiento del gobierno de mayoría negra, el CNA y el gobierno racista pactaron una cláusula constitucional antihuelgas —derecho al lock out patronal y a despedir obreros huelguistas— que fue repudiada por la Cosatu —central sindical ligada políticamente al CNA. Por la misma razón, Mandela se ha lanzado a combatir toda explosión de lucha, planteando que el objetivo básico de su gobierno es la “reconciliación”. Los explotados ne­gros tienen aún que luchar por la con­quista del poder político.

P: ¿Qué originó el paro? C: Hace tiempo se interrumpieron las extras en muchos sectores. Las quince­nas quedaron "peladas” al básico, con algunos descuentos, por ejemplo: por pagar los créditos que la empresa otorgó semanas atrás, los sobres del 5 de mayo fueron de miseria: 200 pesos o 250 pesos. Encima, Macri venía diciendo que el sueldo en FIAT era de 1.200 pesos. Imagínate la calentura. Pero el quilombo venía de antes, algunos sectores, como Almacenes, venían trabajando a regla­mento 10 ó 15 días antes. M: El jueves a las 5 de la tarde fue ei paro de todos, pero ya a la mañana, Chapistería paró 2 horas al ver la porquería que cobramos. Cuando llegó el tumo, expli­caron, a los que entraban, la situación. A las 17 horas salió Montaje y el resto de las secciones. A esa hora fue bárbaro, salió Chapistería aplaudiendo, y de la otra punta, Montaje, a los aplausos tam­bién. P: ¿Cuáles son los reclamos? M: Queremos aumento ¡ya! Si Macri dice que ganamos 1.200 pesos, que ése sea el básico y no verso para la televi­sión. Otro compañero: Aparte están las bo­las sobre los despidos. No queremos ninguno. P: ¿Cuáles la situación con los ritmos de trabajo? C: Cada vez son peores. Tenemos que trabajar con herramientas hechas mier­da y a un ritmo que no se banca. Los de menos antigüedad no llegan ni locos. Los otros sí, pero a las 9 horas se siente el esfuerzo. Otro compañero: Yo soy de Pintura. Tenemos 1 minuto 55 segundos por auto. Los picos se tapan y no damos abasto. Encima un robot del primer cir­cuito de Pintura no anda y nadie la puede arreglar. Entonces es más trabajo. Otro compañero: En Montaje, el tiem­po es de 4 minutos y medio por auto. La línea va tan rápido que las carrocerías llevan menos puntos de soldadura que las que se debe. El modelo “Uno”, que lleva 60, a veces sale con 25 ó 30 puntos. M: Si esto no se arregla, la Comisión Interna debe renunciar. P: ¿Qué papel cumple la Comisión Inter­na y los delegados? C: La Comisión es un desastre. En la Asamblea del jueves se pusieron a ha­blar de las ventajas que tenemos los de FIAT, y que habría que cuidarse. Cuan­do habló un compañero al fondo de la Asamblea, haciendo los reclamos, to­dos se dieron vuelta y le dieron la espal­da a la Interna. Otro compañero: No los queremos más. Los delegados que llevan tos recla­mos nunca nos resuelven nada. La Inter­na juega para la empresa. M: Pone que la fábrica no está ocupada como dice el diario. Es un paro por turnos. Pedimos por los sueldos y nin­gún despido, y por los ritmos de produc­ción, y si no se consigue, que se vaya la Comisión Interna.

El traspaso negociado de un régi­men racista blanco a otro de mayoría negra ya registra una experiencia histórica en el continente africano: en 1980, el gobierno de la antigua Rho­desia británica —llamada así en ho­nor de sir Cecil Rhodes, el prototipo de los colonialistas ingleses— fue transferido a la mayoría negra y no sólo cambió la bandera sino incluso el nombre del país, Zimbabwe; en Rhodesia residía —y reside— la mayor comunidad blanca africana, exceptuada la de la propia Sudáfrica. Le Monde (3/5), traza un balance de tos diez años de gobierno negro: “Los blancos sudafricanos in­quietos por el porvenir ahora que llega al fin su supremacía—dice Le Monde— pueden encontrar algún consuelo en el ejemplo de Zimba­bwe. Allí, el advenimiento de la mayoría negra no ha impedido a la comunidad blanca preservar casi intactos todos sus privilegios... mu­chos viejos Rhodesianos se ríen hoy de sus temores pasados y de su páni­co en el momento de la independen­cia”. Cuando se declaró la independen­cia, 180.000 blancos huyeron hacia Sudáfrica, buscando en Pretoria un re­fugio contra “el anticristo”. Pero “los blancos —el 1% de la pobla­ción— que permanecieron en Zimba­bwe después de la independencia continúan dominando los principa­les sectores económicos, tabaco, minas, bancos, agricultura y viven en mansiones espaciosas con piscinas y canchas de tenis, rodeados de em­pleados domésticos... En sus clubes privados, en el seno de sus equipos de cricket o de polo, los blancos con­tinúan rodeándose entre sí... gozan­do de una vida paradisíaca”. “Víctor de Weaal, un eclesiástico inglés, especialista en Zimbabwe, destaca que, quizás, la política de reconciliación ‘ha marchado de­masiado bien, en el sentido de que ha dejado mucho en pie de la anti­gua Rhodesia Un investigador de ciencias políti­cas de Zimbabwe va más lejos al afirmar que “hoy existe una situa­ción en la cual el antiguo colono blanco goza de garantías políticas y económicas que provocarían la envidia de los antiguos colonos”. El juicio es definitivo. Estas “garantías políticas y económicas” que el gobierno negro de Zimbabwe dio a “sus” racistas son las mismas que Mandela se apresta a dar al gran capital afrikaner: “El presidente (de Zimbabwe) Mugabe ha llevado adelante una política de reconciliación... Como lo hace hoy Mandela en África del Sur, le pidió a los blancos que contribuyan a la construcción de una nación nueva y multirracial”.

P. -¿Cómo fue el paro y la movilización? R. -La reacción de los compañeros fue de una masividad total. Algo que jamás me imaginé. En montaje todo el mundo paró y marchó. Fíjate que los compártenos po­dían parar e irse, pero entre los dos tur­nos, en nuestra sección, se movilizaron alrededor de 1.800 compañeros. Hacía falta algo así, después de agachar la cabeza La gente no tiene mucha confianza en él sindicato. Más bien existe la idea de que Rodríguez no se va a jugar, de que va a dejar colgados a los trabajadores de Ford; sin embargo, las ganas de pararte la mano a la patronal fue superior y la adhesión al paro fue total. P. -¿Se vivía un clima previo de conflicto ? R. -Sí. Por eso, hasta los encargados se movilizaron Porque no se soportan más los ritmos de producción. La explota­ción acá es terrible. Salís de la fábrica y sos un zombi, y en lo único que pensás es en que se te va el día y que mañana, de vuelta, tenés que estar doce horas en la fábrica. Encima, el salario ni se movió y la productividad subió un 50 por ciento. P. -¿Cuál es la visión que tienen después del paro? R. Es el día y la noche. Se probó que podemos parar y acorralar a la patronal y nos da más confianza para enfrentar lo que se viene. De todas maneras hay que decir que los compañeros tienen muchas dudas con ir a fondo, por la desconfianza en la burocracia Peto no hay opciones: entre el trabajo por contrato (yo soy contratado) y la importación, está la amenaza de tos despidos y el agravamiento de las ya pésimas condiciones de trabajo. P. -¿Cómo vivieron la marcha? R. -Fue una experiencia inédita para mí. Autolatina fue la columna más importan­te, con miles de compañeros. Con mu­cha polenta y con mucha bronca con­tra la patronal y contra el gobierno. Eso es importante destacarlo. Antes, acá, se puteaba contra la patronal. Ahora, las consignas que más cantamos en la marcha eran contra Menem y Cavallo. La columna mostró una enorme combati­vidad, a pesar de la regimentación que le quiso imponer desde un principio la buro­cracia. Además, era realmente conmove­dor recibir el apoyo permanente de la gente, a los costados de la movilización y desde tos edificios. Después de la mar­cha, fuimos a tomar algo con tos compa­ñeros de mi línea. Estábamos todos real­mente muy conformes, a pesar, ya te digo, de la enorme desconfianza gene­ral en la burocracia. Tenemos que tomar este primer paso para organizar una inter­vención del conjunto de tos trabajadores de Autolatina por el salario, contra la flexibilidad y los despidos, que pase por encima del sindicato. Hay que poner en pie una oposición que demuestre ir a fondo en la organiza­ción y en la lucha contra la patronal.

La Secretaría de Seguridad Social respondió en Tribunales al recurso de amparo interpuesto por Pablo Rieznik solicitando el secuestro de la historieta previsional editada y difundida por esa Secretaría. Este recurso se interpuso porque el folleto mencionado, que en Prensa Obrera calificamos de “cuento chino”, estaba plagado de falsedades, omisiones y tergiversaciones, todas en beneficio del régimen privado y en perjuicio de los trabajadores. Luego de esta respuesta, la Secretaría se batió en retirada y secuestró ella misma la historieta mentirosa, ante la certeza de que sería derrotada en los estrados. El recurso del PO fue el primero de otros tantos presentados, más tarde, por algunos diputados oficialistas y opositores, incluidos los que votaron la confiscatoria ley de “privatización” de las jubilaciones. La respuesta de la Secretaría de Seguridad Social reconoce la corrección de todas las argumentaciones presentadas por Rieznik (“resulta claro de su propia explicación que ha entendido correctamente el sentido de la norma referida”), pero para descalificar el recurso de amparo, porque —dice— “el actor (Rieznik) no habla por sí mismo sino por los demás”. “Entonces —prosigue la Secretaría de Seguridad Social— cabría interpretar que pretende un amparo para los demás habitantes del país, suponiendo quizás que carecen de las luces necesarias como para comprender ...”. La falacia de la Secretaría es que Rieznik ha “entendido” por sí mismo, no por la historieta tergiversadora. El recurso de amparo impugnó el señalamiento de que el trabajador podía elegir entre el sistema público y el privado, cuando según la ley quien no se decide por el sistema público queda compulsivamente incorporado al régimen privado. El recurso de amparo impugnó también el cuadro del folleto que comparaba las jubilaciones que pagaría una AFJP y el sistema público, con ventaja para la primera. Pero esto ocurría sólo en el caso de un hombre soltero; en el de un casado,o una mujer (soltera o casada) los mismos supuestos de comisiones de la AFJP y rendimientos del fondo, daban ventaja al sistema público. La Secretaría de Seguridad Social admite la denuncia del PO y así afirma “que el personaje de la tirilla” es “un trabajador soltero, sin entrar a considerar los diversos casos que se pueden presentar en lo atinente a la situación familiar del beneficiario”. Pero el folleto no hacía “esta aclaración” y “olvida” que el 90% de los jubilados son casados. La Secretaría de Seguridad Social argumenta que “en caso de considerarse que la omisión existió”, las mismas pueden “ser salvadas” por otra vía que no sea la del amparo, por ejemplo la edición de otro folleto, cosa que sin embargo no ha hecho. A la secretaría de Estado no le preocupa demasiado el perjuicio que le ocasionaría a los trabajadores tomar una decisión en base a dicho folleto, porque, dice, que no corresponde juzgar perjuicios futuros “inciertos” que podrían o no producirse: “debe ser actual e irreparable. El expresado respecto a eventos futuros es inadmisible”. Lo único inadmisible es la pretensión del gobierno de que el trabajador se perjudique en forma irreparable, porque una vez que entró en una AFJP no puede volver al sistema público. Al final, la Seguridad Social recomienda al trabajador que se asesore con un abogado. “Es además conveniente recordar que en nuestra sociedad es significativa la labor de asesoramiento que prestan los abogados, destacando la gratuidad (sic) con la que, en general, se prestan dichos asesoramientos en materia laboral o previsional”. Además de la comisión del 35% del aporte que se llevan las Administradoras, la Secretaría pretende hacer lucrar a los abogados, a causa de la desinformación falaz y estafadora propagada por el gobierno.

La situación del movimiento obrero fue uno de los debates más ricos de nuestro último congreso. Hoy, a la luz de los hechos, se aprecia que se destacó por su elevada elaboración política y por sus acertados pronósticos. En diciembre pasado (fecha en que realizamos el Congreso), veníamos de un proceso de derrotas de huelgas; se había disipado la movilización educativa del '92, habían sido derrotadas las luchas de SOMISA y Ferroviarios; avanzaba el des­empleo, la “flexibilidad laboral”, la liqui­dación de los convenios y el ataque a la salud y a la educación Sin embargo, el debate del congreso permitió rechazar la idea de que este “retroceso” (textual) fuera un factor de apaciguamiento de la lucha de clases. “Sólo si la burguesía consigue Im­poner un nuevo equilibrio en las rela­ciones sociales, el retroceso de la cla­se obrera podría convertirse en un sinónimo de apaciguamiento de la lu­cha de clases. De lo contrario las con­tradicciones de clase y las tensiones sociales crecerán y se agudizarán las tendencias a un enfrentamiento pro­fundo” (Resoluciones PO N° 410, 6/1/ 94). “La burguesía de conjunto es inca­paz de encontrar un nuevo equilibrio de las relaciones entre las clases: ésta es una característica del presente mo­mento histórico. En este cuadro se agudizan violentamente todas las con­tradicciones de clase; las fábricas son un infierno de explotación, en los hos­pitales, en las escuelas y en las barria­das obreras fermenta el odio de las masas, este odio sólo busca la oportu­nidad para expresarse. Los centros de concentración proletaria son una enor­me olla a presión, un hervidero de conflictos latentes” (ídem PO 410). “Si se examina detenidamente —decíamos— se pueden observar seme­janzas entre la actual situación y la que existía poco antes del 'cordobazo´: re­troceso social y político, huelgas de­rrotadas, reflujo (1968 fue uno de los años de menor cantidad de huelgas), “invencibilidad” de la dictadura. Pero bajo esta aparente calma las tensiones sociales se agudizaban violentamente y bastó una pequeña chispa (la elimi­nación del “sábado inglés’) y la afecta­ción de los convenios metalúrgico y mecánico (no muy diferentes a los que ya antes la burguesía había logrado imponer sin resistencia) para que sal­tara la lucha. Pero hoy, por la amplitud y profundidad de las contradicciones sociales y del odio popular, por su extensión nacional, porque engloba a amplísimas capas de la población y por la profundidad de la crisis capita­lista, tanto nacional como internacio­nal, el marco de enfrentamiento plan­teado es incluso superior al que existía en la época previa al “cordobazo” (PO 410 —Resoluciones del congreso). Estas caracterizaciones fueron formu­ladas en los últimos días de diciembre, cuando sólo existía el antecedente del comienzo de las movilizaciones en La Rioja. Días después del Congreso, los acontecimientos de Santiago del Estero pusieron en marcha lo que caracteriza­mos como el "cordobazo de los años ’90” Pero aún faltaba verificar una parte sustancial de nuestro pronóstico, que pre­veía la entrada en escena del proletariado industrial. Jubilación “Privada” Cuando parecía que el pronóstico no se verificaría de inmediato, la agitación política partidaria en las grandes fábricas permitió advertir síntomas significativos que avalaban la caracterización del Con­greso. Después de más de dos años de agi­tación y propaganda en contra de la estafa, de, la “jubilación privada” después de centenares de miles de volantes y de varios folletos explicando el carácter confiscatorio de las AFJP, después de dece­nas de volantes polémicos con la política de los burócratas sindicales comisionis­tas en sus propios gremios, comenzamos a observar la reacción de rechazo del movimiento obrero. Este rechazo de la clase obrera fue el primer síntoma del surgimiento de una nueva situación entre los trabajadores. El 7 de abril pasado, 24 días antes de que comenzara a regir el plazo para optar entre la “jubilación privada” y la “esta­tal”, alertábamos: “Nuestro Partido Obrero ha detectado, ya con cierta firmeza, que los compañeros en las fábricas están rechazando la incorpo­ración a la jubilación privada, en lo que puede ser uno de los mayores golpes que la clase obrera le dé a este gobier­no entreguista” (Jorge Altamira, discur­so acto de cierre del FIS en Plaza Once, PO 416). Después de la liquidación de la garan­tía del Banco Nación (también advertido anticipadamente en un volante—“La peor de todas”) —, después de la renuncia de los propios capos de la superintendencia de las AFJP, y del rechazo masivo del movimiento obrero, este pronóstico del Congreso ha pasado a la categoría de irrefutable. “Flexibilizados” Ahora, cuatro meses después de las caracterizaciones efectuadas por el con­greso, han estallado la UTA, SEVEL y el SMATA (también en Córdoba se están desarrollando abandonos de planta y mo­vilizaciones). Las patronales del transporte habían “flexibllizado” a los choferes con 13 horas de trabajo e imponiendo el destajo, con lo que crearon una situación límite en los trabajadores. El gobierno ha tenido que dar un paso atrás e implantar las máquinas expendedoras de boletos o, en su defecto, el guarda, lo que constituye una victoria de los choferes y una quiebra de la “flexibilidad laboral”. Ahora estalló SEVEL, una de las pa­tronales más negreras de la Argentina, que también llevó al límite los infernales ritmos de producción, congeló los sala­rios, y que cuenta como su principal alia­do a los gángsters de Curto, que con 50 matones patotean la planta y refuerzan el régimen carcelario. El estallido de SEVEL constituye un salto cualitativo de la lucha í contra la “flexibilidad laboral”. Curto fue el primero en aceptar las nuevas “nor­mas” de hecho antes que se lo autorizara ninguna ley laboral. La semana pasada estalló el SMA­TA, y no precisamente por la actua­ción de José Rodríguez, que acaba de firmar un convenio con la General Motors que es un modelo de política anti-obrera, que liquida vacaciones, categorías y horas extras, sino por los ritmos brutales de Autolatina, y por el congelamiento salarial La cuestión salarial Cuando arreciaban los despidos en la administración pública y las grandes fá­bricas parecían inmovilizadas, el PO co­menzó a alertar sobre las desigualdades del proceso económico y a “desmitificar” la llamada “crisis de la burguesía En octubre del *93 señalábamos lo si­guiente: “la caracterización que hacemos de sectores protegidos por la política oficial a través de la política arancela­ría, 'cupos’, subsidios o integración a escala regional (automotores, petro­química) plantea precisar nuestra in­tervención en sectores claves del pro­letariado industrial. En los centros obreros siderúrgicos y mecánicos exis­te una situación de reactivación y de inmensos beneficios para los pulpos” (Informe Político al VI° Congreso). “La mitad de los obreros siderúrgicos del ’87 produce la misma cantidad física que entonces, con una productividad obrera que está en los niveles del sudeste asiático y con salarios marcada­mente inferiores. Se han introducido convenios por empresa, cláusulas de productividad y las horas extras forman parte de la jornada diaria” (ídem). “Esta superexplotación es una fuen­te permanente de conflictos porque los trabajadores no pueden aguantarla en el tiempo y ya unido al reclamo salarial frente al congelamiento y los inmensos súper beneficios que están obteniendo las patronales” (ídem). “Constituye toda una línea de desarro­llo Intervenir en el corazón del proleta­riado industrial que ha aceptado esa superexplotación para salir de la difícil encrucijada ocupacional y salarial...". “Sin la desmitificación de la crisis de la burguesía (que significa enormes beneficios capitalistas para determi­nada rama de la industria y de la ban­ca), de los sobrecostos laborales, no será posible penetrar en el proletaria­do industrial. Si para la burguesía es­tos ataques constituyen una línea del desarrollo, para el PO la intervención jurando estos atropellos es clave para atinar el movimiento obrero industrial, es decir, para su propio desarro­llo” (Conclusiones del Comité Nacional, 10/93, BI N°9). La aparición en SMATA y Sevel, y en varias fábricas metalúrgicas, del proble­ma salarial, y del “basta” a la “flexibilidad", confirma este pronóstico político en toda su magnitud. Ha entrado en escena la clase obrera industrial, y con esto comienza la cuenta regresiva para el gobierno y para la buro­cracia sindical. El método del marxismo y la práctica revolucionaria han permitido superar el espejismo en el cual creyó la inmensa mayoría de la izquierda, la pequeña bur­guesía en su conjunto y hasta un sector de la vanguardia de bs trabajadores.

El cuerpo de delegados de Propulsora, expulsado del sindicato por la burocracia de la UOM, ha tomado en sus manos la campaña contra la jubilación privada. En un comunicado dirigido a todos los compañeros de Propulsora, los delegados proscriptos por Di Tommaso señalan: “Este cuerpo de delegados, democráticamente electo, hace un llamado a todos los trabajadores a permanecer en el régimen previsional estatal o de reparto y a rechazar la afiliación a cualquier AFJP... Que este rechazo a la jubilación privada sea el primer paso para reclamar la reimplementación del 82 % móvil y real de nuestro salario como haber jubilatorio”. Este pronunciamiento tiene una enorme importancia, porque Propulsora es un objetivo codiciado por los pulpos de los fondos de pensión: desde el 2 de mayo las AFJP se han instalado en la puerta de la fábrica, Techint hace reuniones de “asesoramiento previsional” dentro de la planta, y los interventores de la UOM hacen campaña a favor de “Activa”, la AFJP a la cual ha “adherido” la burocracia metalúrgica. A pesar de esta competencia feroz por ver quién estafa primero al trabajador, la “jubilación privada” sólo ha cosechado el repudio y desconfianza masiva de los compañeros de Propulsora. La campaña del cuerpo de delegados va siendo decisiva para que la inmensa mayoría de los trabajadores de fábrica definan y concreten su permanencia en la estatal. Por eso la batalla inmediata se concentra en el reclamo a la patronal para que entregue las planillas de “opción”. Este es el punto crítico, porque Techint está dispuesta a “quemar las naves” para salvar a los fondos de pensión: la patronal, que ha recibido claramente la negativa de los trabajadores de Propulsora a meterse en las AFJP, ya “advirtió” que la planilla “recién llegaría en la última semana...”. ¡Quieren meter de prepo a los trabajadores en los fondos de pensión privados! La alineación de la UOM con los capitalistas de las AFJP ha terminado por hundir a los burócratas-interventores nombrados por Di Tommaso, después de la expulsión de todo el cuerpo de delegados de Propulsora. La presencia de estos burócratas a dedo y promotores de la jubilación privada se ha vuelto insostenible y es rechazada por el 100 % de los trabajadores. Por eso la campaña que lleva adelante el cuerpo de delegados no sólo ha permitido desenmascarar a las AFJP, sino que también ha herido de muerte a la intervención, preparando el terreno para la recuperación de la fábrica.

La gran movilzación de los mecánicos, que estalló como una bomba en la cara del gobierno, comenzó mucho antes, el vier­nes 13. El clima comenzó a hacerse espeso desde los primeros días de abril, especialmente cuando la burocracia “bajó" a Autolatina a promocionar su AFJP propia (“Futura”) y tuvo que dedicarse a responder porqué el salario seguiría clavado si la producción había aumentado un 50 por ciento, y las condiciones laborales eran cada vez peores. Cuando la burocracia echó a rodar la posibilidad de una movilización y un paro, los trabajadores de Autolatina se tomaron de él y no lo soltaron. El paro masivo y la contundente movilización tuvieron, por eso, a Autolatina como el protagonista fundamental a pe­sar de la escasa organización del paro y de la marcha ya que los delegados ocupa­ban la mayor parte de su tiempo en pegar stickers de “Futura”. El paro fue total y a la movilización concurrieron prácticamente con asistencia perfecta los dos turnos. Ya en la marcha, que partió desde la sede del sindicato, la columna no dejaba de cantar contra Menem y Cavallo, el gobierno del cual es diputado el burócrata Rodríguez, y recibían el masivo y caluro­so aplauso de los trabajadores que, desde los edificios, salían a saludar a la columna, y de los transeúntes, que se paraban a ver pasar a la enorme movilización y a dar su aprobación a la lucha de los mecánicos.

La Corte Suprema visitó el pasado jueves 5 a Menem con un reclamo muy simple: no quedar incluídos en la nueva ley de jubilaciones. El argumento del Alto Tribunal es más simple todavía que el reclamo. Según Clarín (6/5/94), “en la Corte sacan cuentas. El régimen anterior otorgaba a un camarista, con un sueldo promedio de 5.000 dólares, una jubilación cercana al 80 u 82 %. El nuevo sistema fija para el mismo caso una jubilación cercana a 2.300 dólares”, lo que representa el 46 %. Pero lo que es válido para la Corte es válido para todos los trabajadores, porque la nueva ley elimina el 82 % y como dicen los Jueces reduce la jubilación futura al 46 % aproximadamente del sueldo, pulverizando todas las mentiras de Menem, Cavallo y las AFJP. El argumento de la Corte refuerza la posición del PO de que hay que mantenerse en el sistema público para luchar por el 82 % porque la nueva ley previsional es confiscatoria del salario y las jubilaciones.

El 1° de mayo de 1985, unos 3.000 obreros mecánicos y gráficos de Ford y Atlántida realizamos un acto clasista conjunto con docentes y otros trabajadores de la zona. Tiempo después, durante los 19 días de la ocupación de Ford, la pasa­rela que une Atlántida y puerta 2 de Ford se transformó en un puente de unidad de los obreros de las dos fábricas. El 13 de mayo pasado retomamos el camino. Un conjunto de delegados y acti­vistas de Atlántida nos presentamos ese día con un volante contra la reforma laboral y la "Jubilación privada”, contra los despidos y por el salarlo. La Comisión Interna de Ford o, para ser más exactos, parte de ella, nos echó. Pero, mientras un grupo de compañeros intentaba un debate político frente a la patoteada, el resto del piquete de gráficos se metió entre tos micros y el grueso de la gente haciendo imposible para la burocracia evitar la repartija del total de los 1.500 volantes que llevamos. Los compañeros se bajaban de los micros a buscar tocos para sus compañeros. Los testimonios que pudimos recoger mostraron la bronca que había en Ford frente a tercerización total de manteni­miento y subarmado y al traslado dictatorial de todos esos compañeros a la línea, sin que se hubiese llamado a una sola asamblea de planta y de secciones para resistir la ofensiva. En el plano salarial hay un ofrecimiento patronal miserable del 9% para todo el año próximo, pero ningu­na reivindicación del sindicato. Esto ocurre en una fábrica cuyo jornal promedia los 3.50 la hora; que no otorga francos compensatorios por el trabajo de fin de semana; y donde rigen jornadas casi fijas de 12 horas más los fines de semana. Los aumentos ilimitados en los ritmos de las líneas tampoco han sensibilizado a los dirigentes del SMATA. Al contrario, Rodríguez se enorgulleció en la manifes­tación del viernes 13, de “que pasamos de 20 a 40 autos por operario”. Pudi­mos ver que el convenio de la General Motors era conocido y repudiado. “Quie­ro ver qué dirán los que entren a traba­jar sobre esa porquería”, escuchamos decir. El viernes 13, la gente desbordó tos micros; al mejor estilo de los ’70 se ocupa­ron varios “204” y aun así quedó gente a pie, muchísima gente a pie. Algo casi inexplicable considerando que partieron sólo de allí, la puerta 2, más de 30 micros. La explicación de este desborde es que vinieron en masa también los compañe­ros del tumo tarde (calculamos 400 o 500) y también compañeros de las concesio­narias de la zona. Al partir la caravana, desde los micros se saludó con brazos altos y la “V” de la victoria a los delegados y activistas de Atlántida apostados en la salida a Pana­mericana. La comente de la rebelión, que se manifestó una semana antes en Fiat, está presente en todo el gremio mecánico; su único y gran problema es superar a la burocracia de Rodríguez en cada fábrica y a nivel nacional. Como señaló una radio de Benavidez, que leyó nuestro volante mientras se rea­lizaba la movilización en el centro, “en él está presente un programa y una pers­pectiva para esta gigantesca moviliza­ción, que el SMATA no tiene”.

Los medios masivos de comunicación están inundados por los avisos de las AFJP. Los grupos económicos están librando una feroz pelea para conseguir afiliados, siempre a base de desinformación y engaño. El Estado colabora, entre otras cosas, con la ya famosa historieta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (un camión repleto con miles de ejemplares acaba de llegar a la Caja de Jubilaciones de Mercedes). Los empleados de la Caja han recibido presiones para que no den su opinión a quienes quieran informarse acerca de si conviene más un fondo privado o la jubilación estatal. Sólo están autorizados a entregar la historieta y dar datos técnicos. Lo que en realidad se les impide es decir la verdad. Se los quiere obligar a que encubran con su “neutralidad” el verso de la jubilación privada. Estos compañeros, sin duda los más empapados en el tema, han decidido por UNANIMIDAD permanecer en el sistema estatal. Es por esto que su opinión es tan temida. El PO es la única corriente viva que está en lucha contra todo el aparato del Estado y el dinero que las AFJP utilizan en sus campañas. Pero la tendencia creciente de las masas a repudiar la privada y la notoria desesperación por captar afiliados, que crea tremenda desconfianza en los trabajadores, hacen que la batalla no sea tan despareja y que sean grandes las posibilidades de derrotar al gobierno y los pulpos.

P. -¿Cuál era el clima en “camiones" antes del paro? R. -Anteriormente había un debate sobre la “jubilación privada", pero que no interesaba mayormente, pues todo el mun­do se queda en la estatal, pero cuando se habló de la movilización fue muchísima gente, incluso los que nunca se movían para nada. P. -¿Cuánta gente salió y por qué se movilizaron? R. -Fueron más de 30 micros de la sec­ción, que somos 600. La gente reaccionó porque estamos preocupados por varios temas: la “flexibilidad laboral” (sobre todo los más viejos); la situación salarial y, aparte, hay bastante inquietud por la es­tabilidad laboral, porque se comenta en la fábrica que el acuerdo de exportación- importación está vencido o que han en­trado ya en sólo cinco meses, la misma cantidad de autos importados que el año anterior, con lo cual se produce menos y vemos peligrar nuestra fuente de trabajo. P. -¿Qué balance sacas del paro y la movilización? R. -Para la mayoría el paro "viene de arriba”; José Rodríguez intentó una nue­va pulseada con el gobierno para mante­ner sus acomodos. Pero también sabe­mos que tenemos que hacer algo no­sotros para defender nuestro trabajo. Si nos quieren meter la ley de “flexibili­dad", seguro que vamos a reaccionar. P. -¿Queres agregar algo más? R. -Sí, pienso que este paro fue el comien­zo, sabemos que con una movilización no alcanza y que además éste es un proble­ma de todos los trabajadores. Sería nece­saria una movilización de todo el movi­miento obrero contra la reforma laboral del gobierno.

A la inauguración de la Constituyente bonaerense sólo le faltaron los tiros. Por lo demás, las “barras bravas” de Duhalde, Mercuri y Pierri agotaron todos los recursos para intimidar a la oposición, forzar algunas “ausencias” en las bancadas de ésta y alzarse con el control y el reglamento de la asamblea. La violencia de Duhalde y compañía es, sin embargo, solamente un anticipo. El ex puntero de Lomas de Zamora ya dejó en claro que no dejará recurso en pie hasta alzarse con la reelección. Los próximos sesenta días serán una zafra de coimas y presiones. La disputa es por la determinación del reglamento, porque éste concentra las posibilidades de manipulación de la Constituyente. Duhalde ya demostró de lo que es capaz cuando, el año pasado, hizo aprobar el rescate de las deudas eléctricas provinciales con menos votos de lo que exige la Constitución. De todos modos, no se puede disociar el escenario provincial del nacional. La declaración de Menem de que tiene ‘in pectore’ el procedimiento para posibilitar la reelección de los gobernadores en funciones, quiere decir que está decidido a meter esa cláusula en la Constitución nacional dentro de las “disposiciones transitorias”. Duhalde sólo necesita marcar a presión en La Plata hasta que el riojano satisfaga sus apetencias en Paraná. Para conseguir su propósito, Menem no necesita siquiera violar el pacto con Alfonsín, porque este pacto no contempla nada en materia de “disposiciones transitorias” y porque, por otra parte, Alfonsín está de acuerdo con la reelección de Duhalde. Lo dicho hasta aquí revela lo estéril de la política de la oposición, que mientras rechaza la posibilidad de la reelección en la provincia se prepara para colaborar en la Constituyente nacional. Una muestra de la descomunal inutilidad de toda esta política lo brinda la prosecución de los decretos de necesidad y urgencia de parte de Menem, sin que ello motive ninguna clase de reacción de los opositores. Por esta vía, Menem ha prorrogado la intervención a Santiago, es decir que la ha vuelto ha intervenir, y se apresta a hacer lo mismo con la legislatura de Tucumán, aparte de dictar la “reforma laboral” y hasta poner en funciones un Súper-ministerio de la Represión. Pero mientras sigue declarando su fidelidad al “pacto”, Menem estimula al mismo tiempo las negociaciones para romperlo, encargando esta tarea a Alberto Kohan y a Adelina de Viola. Aparte de la apretada que esto significa para asegurarse el “pacto”, Menem no descarta la posibilidad de sacarse de encima el sistema de las dos vueltas electorales establecidas en el acuerdo. El país vive en la más completa ilegalidad y bajo el completo desborde del poder ejecutivo, lo cual no impide que los opositores sigan bregando por una reforma de la Constitución. Lo que corresponde, en realidad, no es gastar energías en alterar un papel que no cumple ninguna función y que nadie acata, sino proceder al juicio político a Menem para que, movilizaciones mediante, acabe como Collor y Carlos Andrés Pérez. ¡Este es el único recurso genuinamente constitucional! El panorama que ofrece el proceso reformista constitucional revela el grado de complicidad del Frente Grande con toda esta corruptela política. Con la participación del “comunista” Echegaray, el Frente se acaba de reunir con representantes del Episcopado, el cual sigue bregando para que se incorporen las cláusulas clericales en la Carta y de que ni se mencione la separación de la Iglesia del Estado. Los “frentistas” no han reaccionado siquiera a la segunda violación de Santiago del Estero, quizás porque participaron activamente de la primera. Participar en la reforma de la Constitución es asociarse a la violencia institucional, política y física del menemismo y facilitar sus planes continuistas, en un momento en que los trabajadores y la ciudadanía en general han comenzado a movilizarse con toda energía, y no sólo esto, han comenzado a derrotar al gobierno y a los explotadores —como lo han mostrado los choferes con el corte de boletos y el conjunto de los asalariados con la “jubilación privada”.

En el sindicato petroquímico de Ba­hía Blanca, la burocracia de la Federa­ción se niega a entregar el sindicato a la lista opositora, Azul, que acaba de ga­nar las elecciones con el 59% de los votos (352), triunfando en cuatro de las seis plantas (en la elección participó el 90% de los 686 afiliados). La burocracia menemista de la Fe­deración había adelantado los comicios en seis meses, antes de la “segunda etapa” de la “flexibilización laboral" prevista para el Polo. Cavallo ha lanzado un “plan de salvataje "de empresas que prevé el desconocimiento de acuer­dos laborales previos y nuevas "racio­nalizaciones”. Como la burocracia no previó su derrota, dio marcha atrás en sus prome­sas de entrega inmediata del sindicato y lanzó un “golpe de Estado”. Ha anunciado que el gremio será entrega­do recién en octubre “cumpliendo con el estatuto”, mientras amenaza con la intervención si no se implanta una “re­presentación proporcional” en la nueva Directiva. La presión de la burocracia ha pro­vocado una crisis la Azul, que a más de un mes de haber sido electa no ha ido más allá de la firma de un petitorio dirigido a la Federación solicitando la inmediata entrega del sindicato. La Lista Azul es el fruto de la des­composición de la burocracia luego de la derrota de la huelga contra los despi­dos en el complejo Indupa un año atrás, cuando el secretario general del sindi­cato llamó a carnerear bajo cuerda. Giménez, secretario adjunto de la Lista Azul, fue secretario adjunto de la buro­cracia "saliente”, y junto a Saade, se­cretario gremial, son emigrados del vie­jo tronco burocrático. La Lista Azul inte­gró a un sector del activismo que sostu­vo la huelga y que se presentó como la superación de la vieja burocracia, com­prometiéndose a terminar con los rentados y a realizar asambleas. La Lista no llama a luchar contra la "flexibilización laboral” que las patro­nales han impuesto en el Polo, ni contra la "jubilación privada”, y prohíbe a sus integrantes cualquier militancia política, lo que sólo busca bloquear la relación del activismo con la izquierda. El PO llama a impulsar una asam­blea general para expulsar a la burocra­cia de la Federación, exigir la entrega inmediata del sindicato y disponer la revocatoria e inmediata elección del cuerpo de delegados (varios de los cuales son agentes de la conducción denotada).

Según todos los diarios, los 25.000 vendedores de las 21 AFJP habían afiliado al 18 de mayo a unas 50.000 personas. Esto es, al 0,5% de los 10.000.000 de trabajadores en relación de dependencia y autónomos. Para esta fecha, las AFJP esperaban tener como mínimo 1.000.000 de afiliados. Pero de esas 50.000 afiliaciones, más de la mitad corresponderían a la AFJP del Banco Nación y a la del Banco Provincia (Orígenes), es decir, a Administradoras con fuerte presencia estatal. Las afiliaciones al Nación se deberían a la garantía en dólares, que luego el gobierno derogó por decreto, y que ahora mantiene una garantía en pesos. Lo que más mide el fracaso de la “jubilación privada”, sin embargo, es el abucheo que sufren los vendedores en las puertas de las fábricas y el masivo boicot a las reuniones que organizan las patronales con los promotores de las AFJP dentro de las empresas. La larga fila de autónomos que se forma frente a las delegaciones del ANSES, desesperados por entregar el formulario de opción al régimen estatal, retrata la catástrofe sufrida por los privatistas y el gobierno. Cuando miles de personas están dispuestas a 4 ó 5 horas de cola para permanecer en el régimen estatal (en tanto que la afiliación a una AFJP no requiere ningún esfuerzo y hasta existen vendedores que ofrecen compartir la comisión a cambio de la afiliación), ello significa que la consigna de NO SE AFILIE A NINGUNA AFJP, QUEDESE EN LA ESTATAL se ha transformado en una decisión colectiva. El fracaso de la “jubilación privada” explica la crisis en el Ministerio de Trabajo, en la Superintendencia de AFJP y en las propias Administradoras. Y que todos están buscando un chivo expiatorio. Un sector del Partido Justicialista, vinculado a Alberto Kohan y al ex-ministro Enrique Rodríguez, pide la cabeza del Superintendente Murolo, que responde a Cavallo, a las AFJP y al propio embajador norteamericano (ver PO Nº 416). Operación rescate Esta crisis ha motivado un vasto operativo de rescate. Para sorpresa de muchos, entre los que no nos contamos, la iniciativa recayó sobre la oposición que hasta las vísperas de la crisis no había abierto la boca o, como en el caso de Graciela Fernández Meijide y Chacho Alvarez, decían que había que quedarse para ver y luego pasarse a la privada (El PC está organizando la AFJP Previsol). Ahora, ante la crisis Pino Solanas, el Chacho Alvarez, Graciela Fernández Meijide, Héctor Polino, Alfredo Bravo y Enrique Llopis han presentado un proyecto de ley “para ampliar en 180 días el plazo para optar” (El Cronista, 17/5), es decir para optar por la privada, a la que nadie va. Este pedido de ampliación del plazo de opción coincide con la posición de la mayoría de las AFJP. Los gerentes generales de las AFJP Arauca, Futura, Patrimonio, Prorenta, Savia y Anticipar se manifestaron en favor de ampliar el plazo de opción (entrevistas en El Cronista, 17/5). Desde antes, un sector de la burocracia sindical (Zanola, Camioneros, UTPBA, CTERA) estuvo llamando a permanecer en el régimen estatal durante algunos meses y decidir más adelante. En el caso de Zanola, Camioneros y posiblemente la UTPBA, ello se debe a que están armando sus AFJP (se llamarían Solidaridad, Más Vida, etc.) y no quieren que la gente vaya a la competencia. CTERA está en una posición más cómoda, porque los docentes en su amplia mayoría pertenecen a las Cajas provinciales, que no están adheridas al nuevo régimen nacional. Pero su posición de permanecer en el Estado, sólo por ahora, indica que deja las puertas abiertas para cambiar de posición si los docentes provinciales llegan a ser transferidos al sistema nacional. El tema jubilatorio es emblemático del carácter político más general del Frente Grande, como recurso de salvataje de las iniciativas perdidas y las políticas fracasadas del menemismo. Los radicales y el bordonismo tambén quieren recauchutar la ley (que los jubilados puedan trabajar, que se incorpore la jubilación por edad avanzada, que se baje la prestación básica universal —PBU— y la prestación compensatoria —PC—, para reducir el déficit en que incurriría el sistema público como consecuencia de la pérdida de los aportes que se pasen a la privada). A cambio de ello y de aceptar el decreto que derogó la rentabilidad en dólares del Banco Nación, habría una mejora en la prestación adicional por permanencia, considerando los últimos 10 años con aportes. Hay que reforzar la campaña Hay que reforzar la campaña para que se entreguen los formularios a fin de quedarse en el régimen estatal y echar a los vendedores de las empresas, puertas de fábrica y plazas. Reclamemos la derogación de la ley de la “jubilación privada”, y el establecimiento de un único sistema previsional estatal, con aporte exclusivo de los patrones, con el 82% móvil, y administrado y controlado por los trabajadores y jubilados.