Prensa Obrera N° 174

El 20 de marzo se realizó la segunda asamblea abierta convocada por el Partido Obrero para discutir la orientación a seguir en la campaña de lucha contra el punto final. A la asamblea, que tuvo lugar en el teatro Bambalinas, asistieron unos 300 compañeros aproximadamente.

La base de los debates con que están concebidas estas asambleas, es la evidencia, señalada por el P.O. con mucha anticipación, de la completa crisis política del movimiento de derechos humanos. Muchos han creído ingenuamente que la sustancia moral y la generalidad democrática de este movimiento lo ponía por encima de la lucha política. Ahora se comprueba, pagando un precio, que esto no es así, y que la lucha contra el militarismo genocida requiere también un planteamiento político independiente de la burguesía nacional y revolucionario.

El primer aspecto de la crisis política es el completo apartamiento de la cúpula capitalina de la Asamblea Permanente de cualquier movimiento de lucha, al extremo de plantear que hay que salir a la calle para apoyar al gobierno en su tesitura judicial (obediencia debida incluida). La APDH fue, desde su fundación, agudamente consciente de que su función era esgrimir los reclamos contra la represión en el marco del Estado burgués y dando marcadas muestras de “moderación” y de completa pasividad. Su evolución posterior ha sido lógica y solamente ha podido sorprender a los que pretendieron hacer réditos dentro de ella.

Lo realmente importante de la crisis planteada por la APDH es que revela el completo fracaso del planteamiento de que el gobierno democratizante y el régimen constitucional darían satisfacción a los reclamos del movimiento de derechos humanos. El planteo de la alianza con la burguesía nacional ha fracasado; solo jugó un papel ilusorio, por eso cunde el desencanto en algunos medios por lo que no es más que un resultado natural del proceso político.

Dentro de la estrategia de la APDH y de la APDH misma estuvieron militando y aún siguen estando todas las tendencias de la izquierda democratizante (JP, PI, Frepu). En el curso del año pasado fue esta izquierda por sobre todo la que se empeñó en que el movimiento de derechos humanos transitará por el camino de la alianza con Cafiero y hasta con los propios radicales (marcha contra las instrucciones), sin importarle un bledo que los representantes parlamentarios de éstos hubieran ascendido a militares acusados durante tres legislaturas sucesivas. Todo esto ha fracasado miserablemente, el problema fundamental de todo el movimiento es que no tiene un balance político de lo ocurrido y mucho menos una nueva orientación. Lo que seguramente ocurrirá en un futuro próximo es que todos estos sectores se van a volver a coaligar cuando un episodio de crisis aguda del régimen actual exija que se vuelvan a someter a él, so pretexto de defenderlo.

La polémica abierta entre la APDH y el PC tiene el mérito de poner de manifiesto esta crisis, pero también la impudicia de escamotear la responsabilidad del uno y del otro, cuyas políticas fueron iguales. Ahora, ante la nueva situación, el PC está pretendiendo convertir a algunos organismos de derechos humanos en una colateral suya, en una especie de Liga por los derechos del hombre, que les sirva para impulsar su política de creación artificial de una izquierda peronista, con la que se pueda formar un frente nacionalista a la medida de la necesidad de la nueva dirección del PC. El PC ha llegado al extremo, en la prosecución de esta política, de oponerse obstinadamente en las reuniones de la Coordinadora contra el Punto Final al señalamiento de la responsabilidad del gobierno peronista de Isabel y de la burguesía nacional en el golpe del 24 de marzo y en las desapariciones y masacres de la triple A. (todo esto fue secundado por la JP, el PI y el Mas)

En la Asamblea del PO se puso de relieve el fracaso estratégico de los democratizantes y la inevitabilidad de que este planteo evolucione cada vez más hacia la derecha. La tarea debe ser la de dotar a los activistas del movimiento de derechos humanos de una nueva perspectiva política. Esta es la siguiente: por largo que sea el camino a emprender, la única posibilidad de progreso de un movimiento de lucha contra la amnistía y contra el aparato de represión es que converja con el movimiento independiente de los trabajadores y con su creciente lucha de clases. Para preparar y desarrollar esta convergencia es necesario desenmascarar las limitaciones y las maniobras de los democratizantes y oponer al callejón sin salida de éstos un plan de lucha consistente y sistemático, basado en una agitación popular que sea políticamente muy clara.

La lucha contra la amnistía y contra el punto final y por el juicio y castigo a los culpables es, ni más ni menos, una lucha política contra el centro nervioso del Estado burgués: el aparato represivo. Una lucha de este tipo tiene, objetivamente, alcances revolucionarios, y por eso debe ser emprendida con mucha consistencia, es decir, con gran claridad sobre las clases en la que debe apoyarse y de la función que debe cumplir en el desenvolvimiento de la crisis política y de la evolución de los trabajadores. El que las reduce a procedimientos constitucionales y judiciales, o conchabos con carteristas o alfonsinistas, está haciendo perder el tiempo al activismo y escondiendo su propia derechización.

Diez mil personas marcharon en Buenos Aires, el pasado 24, contra el Punto Final y en repudio al golpe de 1976. Se trata de un caudal de movilización importante, teniendo en cuenta las dificultades planteadas por el temporal que azotó a la ciudad, y por sobre todo por la crisis política de este movimiento.

La marcha mantuvo el carácter de todas las anteriores. Fue concebida y armada como una paseada. Convocada a las 19 hs., recién arrancó a las 20:40, del Obelisco al Congreso sin escalas. Al llegar aquí se leyó, luego de una ristra de adhesiones mencionadas rutinariamente, un documento de la Coordinadora contra el Punto Final, suscripto por el Frepu.

El documento se caracteriza por escamotear la responsabilidad del régimen constitucional y del gobierno justicialista anteriores a 1976, en la ejecución del genocidio. No tiene una palabra sobre el Operativo Independencia votado por todo el Parlamento ni sobre la responsabilidad política del Estado en la formación de las Tres A. El documento omite denunciar a la clase que pavimentó el camino del mismo y luego lo apoyó: la burguesía nacional. Se mantiene así el carácter de todos los textos anteriores, dedicados a la búsqueda de un terreno de acuerdo con la burguesía opositora (no hay que olvidar que Cafiero y Ruckauf fueron ministros bajo las Tres A e Isabelita).

El Partido Obrero realizó al finalizar la lectura del documento un acto en el mismo lugar. Se puso de relieve en el mismo la responsabilidad de la clase burguesa y del imperialismo en el golpe y se trazó una perspectiva de lucha, fusionando el combate contra el Punto Final junto al resto de las grandes reivindicaciones de las masas.

La semana pasada se vio obligado a renunciar el ministro de planeamiento de Brasil, José Sayad, por divergencias con el de economía, Dilson Funaro, El calvo Sayad había ideado para la crisis brasileña una suerte de Cruzado III o IV, que consistía en dejar que los precios suban hasta encontrar “su techo” y establecer, a partir de ahí, un nuevo congelamiento. Este plan implicaba un corte brutal de gastos estatales y del crédito Interno, todo lo cual permitiría, a corto plazo, satisfacer las exigencias de la banca internacional.,

El desenlace de la crisis no fue, como es de suponer, del gusto de los banqueros. Sayad “dejó nostalgias” entre los acreedores, afirmó el “Jornal do Brasil”. Para el “Wall Street Journal” el plan Sayad "no era perfecto”, pero representaba “alguna cosa”. Por eso el diario de las finanzas norteamericanas concluye que hay que hacer volar a Funaro. Pero al llegar a este punto el Journal hace una instructiva declaración, que Prensa Obrera, por supuesto, ya había caracterizado al milímetro hace dos años.

“Los banqueros norteamericanos no esconden su impaciencia con el señor Funaro” - dice el diario neoyorquino. “Muchos de ellos recuerdan el hecho de que duró muchos meses y fue necesaria mucha presión interna para derribar al ministro de economía argentino, Bernardo Grinspun, y al presidente del Banco Central, Enrique Garda Vázquez, en febrero de 1985”.

Y Alfonsín tiene la osadía de hablar de la Independencia política de su gobierno y de la soberanía nacional del Estado argentino.

En su reciente visita a nuestro país, al que concurrieron para participar de un Congreso Sindical, entrevistamos a los directivos de la FITEL (Federación de Telefónicos Independientes de Brasil) Walter Pinheiro de Bahía, secretario general de la CUT regional, y Nelson Scholze, de Rio Grande do Sul. Ambos son activistas del PT. Lo que sigue es la síntesis de lo conversado.

PO: ¿Qué opinan sobre la reciente “moratoria" declarada por Sarney?

Walter: La llamada "moratoria” no fue tal. Ocurre que el gobierno no tiene dinero en caja, las reservas monetarias están agotadas. Lo que el gobierno llama "moratoria” fue una maniobra política para obtener el apoyo de los sectores “progresistas” del PMDB y de los llamados "comunistas”. Por eso el gobierno usa dos lenguajes: a la banca le dice que no puede pagar, que está en bancarrota y que está juntando los fondos para pagar, mientras le miente al pueblo diciendo que declaró la “moratoria”. El gobierno no rompió con el FMI.

Nelson: El gobierno nunca dijo que iba a dejar de pagar. La propuesta es disminuir el pago, en lugar del 5 % del PBI al 2,5 %. Nunca planteó la cesación de pagos

PO: ¿Cuál es la política económica del gobierno ahora que declaró la “moratoria”?

Walter: El Plan Cruzado fue similar al Austral, para fortalecer a la burguesía y captar los fondos para pagar la deuda. Los precios se congelaron en su punto más alto y los salarios en un promedio inferior. Hubo así una confiscación del salario. El congelamiento de precios tampoco se cumplió (desabastecimiento y mercado negro) y solo se lo utilizó demagógicamente hasta las elecciones del 15 de noviembre. Después se liberaron los precios y hubo un nuevo “paquete” económico que vuelve a rebajar los salarios e impulsa la carestía.

PO: ¿Qué piensan de la deuda externa?

Walter: Ahora el imperialismo cambió su forma de dominación. No necesita más dictaduras militares. Tiene la deuda externa. La clase trabajadora debe tomar conciencia de clase, pues la “democracia” de Alfonsín y Sarney, así como las dictaduras de Pinochet y Stroessner sirven al mismo patrón. Por eso nosotros planteamos: ¡No pagar la deuda externa! No hay deuda legítima ni ilegítima. No hay moratoria que valga. La deuda ya fue pagada con el sacrificio del pueblo durante todo este tiempo y con las riquezas que el imperialismo se llevó de nuestros países. La solución para los trabajadores es la construcción de una sociedad socialista en América Latina, el único camino es el gobierno de los trabajadores, el gobierno socialista, y no a través del apoyo y alianza con la burguesía, o de "transiciones” que nos llevan a nuevas formas de dominación del imperialismo y del capitalismo.

PO: Tanto en Argentina como en el resto de América Latina, hay sectores de Izquierda que colocan a Brasil como modelo y a la moratoria como salida. También Fidel Castro saludó la medida brasileña. ¿Qué opinan de esto?

Walter: Este fraude nunca puede ser un modelo para nadie.

Nelson: Ya nadie creía más en el Plan Cruzado. El gobierno utilizó la moratoria como maniobra política para distraer la atención pública.

PO: ¿Qué pasa con la constituyente?

Walter: La Constituyente tiene como objetivo la afirmación del poder burgués. Nosotros no creemos que con las elecciones se consigan los cambios sociales que propugnamos. De todos modos, el PT sostuvo que la Constituyente debía ser libre, soberana y exclusiva. Finalmente, no fue exclusiva ni soberana, y no sé qué libertad puede tener con ley de seguridad, ley de prensa y ley de huelgas que siguen desde la dictadura. La ocupación militar de puertos y refinerías nos muestra que esta "democracia” actúa como la dictadura militar.

La Constituyente debe ser aprovechada para hacer oír las denuncias del PT, como caja de resonancia, para hacer crecer al partido, hacer avanzar la conciencia socialista de las masas, y así llegar a las grandes transformaciones que seguramente no vendrán por la vía electoral.

PO: ¿Cuál es el rol de la CUT en la lucha de la clase obrera brasileña?

Walter: En Brasil hay 3 centrales. La CGT (apoyada por ambos PC y el PMDB) que es burocrática. La USI es además de burocrática, ultraminoritaria. Y finalmente está la CUT, clasista. La CGT propugna la "unidad”, pero nosotros creemos que ese no es el camino, que no puede haber unidad con propuestas tan distintas. La CGT participa del gobierno y acepta un pacto social en perjuicio de los trabajadores. Los burócratas de la CGT se venden a la patronal y traicionan a la clase obrera. El movimiento sindical no es autónomo. Hay impuestos que pagan los trabajadores y que el Estado utiliza para sostener económicamente al aparato de los sindicatos. Nosotros estamos en contra de esto, la CGT está a favor. Nosotros creemos en la unidad en la lucha y que debe basarse en un programa.

Hay un acelerado proceso de recambio de las direcciones que fortalece cada vez más a la CUT. En nuestro gremio telefónico, sobre 22 sindicatos estaduales, la CUT dirigía 4 en 1983 y hoy dirige 13, con los que formamos una federación verdaderamente independiente del gobierno y el Estado. En las áreas de servicios esenciales tenemos prohibido hacer huelgas, por la ley de seguridad, pero eso fue superado y hoy tenemos huelgas en todos esos sectores. El problema es que no queden aisladas. Por eso es necesario preparar la Huelga General.

PO: ¿Qué pasa con el resto de la izquierda, con los partidos que se dicen “comunistas”?

Walter: En Brasil hay dos PC, uno tiene la línea de Moscú, el otro, influencias de Albania. Ambos colaboran con los gobiernos estaduales y municipales. En Salvador trabajan en la intendencia; en San Pablo y en Pernambuco en los gobiernos estaduales. Esto no debe sorprender, toda vez que los partidos comunistas en las recientes elecciones hicieron todo tipo de combinaciones. En Minas, por ejemplo, apoyaron al PFL y hasta al PDS (oficialista bajo la dictadura) contra el PMDB, mientras que en Bahía apoyaron al PMDB contra el PFL. Funcionan por "fisiologismo”, guían su conducta por sus apetencias de cargos y no por las necesidades de la clase trabajadora.

Nelson: Esto parte de la definición política del PC que es apoyar el "proceso de transición” y a la "Nueva República”.

Walter: Por eso entendemos que la “unidad” y el "frente” de la izquierda, que englobe al PT, al PC y a la izquierda del PMDB no sería progresivo. Estaría uniendo realidades políticas e ideológicas opuestas y no ayudaría en nada al desarrollo de la clase obrera.

PO: ¿Cómo explican el gran desarrollo de la CUT, por un lado, mientras el PT no tiene ese ritmo de desarrollo y hay incluso quienes ven un estancamiento o crisis del PT?

Walter: Hay varios factores a considerar. La CUT como organización sindical tiene de movida una actitud amplia. Los trabajadores que se acercan a la CUT se ven impulsados a un replanteo de sus posiciones políticas. Muchos activistas y dirigentes de nuestro gremio luego de ingresar a la CUT rompieron con sus viejos partidos (PC y PMDB) y se vuelcan hacia el PT.

Hubo también un defecto de los dirigentes sindicales de la CUT de no volcar su esfuerzo hacia el trabajo en el PT, sea por un problema de especialización o por inmadurez política. Yo soy de los que estoy más volcado al trabajo sindical que al partidario. Pero a su vez, el trabajo del PT quedó demasiado en manos de intelectuales, que, aunque cumplieron una función muy progresiva, en muchos casos asumieron cargos dirigentes y desenvolvieron expectativas mayores que las que les correspondían. Se confundía capacidad intelectual con capacidad dirigente. Hubo destacados intelectuales que recientemente renunciaron al PT, como el secretario general de San Pablo, Welfort, que quizás se excedió en sus pretensiones.

El otro problema son las divergencias entre las corrientes que conforman el PT, que como se sabe es de hecho un Frente. Hay un bloque mayoritario bajo la influencia de los sectores progresivos de la Iglesia, la socialdemocracia y las corrientes de izquierda. La lista “CUT por la base” formada por la izquierda obtuvo el 30 % de los votos (lamentablemente hubo sectores de izquierda que no participaron). Esta diferencia puede ser fuente de grandes peligros para el PT como en el caso de los metalúrgicos de San Pablo pues hay dos listas de la CUT para enfrentar a la lista de la CGT. Esto es muy peligroso y no debería ocurrir. Entendemos que el frente entre todos los que forman el PT es muy progresivo. Si la izquierda estuviera fuera del PT se disgregaría y no lo veo como el camino correcto.

Toda la experiencia hecha por las masas después del 15 de noviembre no solo ha reforzado a la CUT, sino que ha aumentado mucho la influencia y la autoridad del PT. Si hoy se hicieran elecciones, el PT saldría mucho más fuerte que el 15 de noviembre, cuando las masas votaron bajo una intensa presión demagógica de la burguesía.

¿Quién dijo que Sarney decrete una moratoria?

Existe una creencia generalizada de que el gobierno brasileño habría declarado una moratoria de su deuda externa. Esta presunción ha llevado a muchos a saludar la medida y hasta a reclamar que sigamos los pasos del gobierno patronal de ese país, cuyo presidente es un hombre de la recién desplazada dictadura militar. Fidel Castro ha encabezado este movimiento de felicitaciones, hasta el extremo de defender la medida con todas sus limitaciones. Entre estas limitaciones figura nada menos que el reforzamiento de una política económica que pone en práctica la mayor parte de los planteos del FMI para pagar la deuda, como la rebaja de los salarios y el cese de los subsidios a los productos de primera necesidad.

Pero, de cualquier manera: ¿hay una moratoria?

Tenemos que reconocer que el primero que percibió la trampa del juego oficial brasileño fue el diario La Nación hace ya unos largos treinta días (ver edición del 25.2). Luego de llamar la atención sobre el memorándum que cinco días antes Brasil enviara a los bancos internacionales, lo reproduce íntegramente. Resulta entonces que en uno de sus párrafos fundamentales dice: “Los pagos sobre líneas comerciales de interbancos de corto plazo no sufrirán modificaciones”- Es decir que la “moratoria” incluye la continuación de los pagos sobre un giro de créditos que The Economist (28.2) cifra en los 15.000 millones de dólares. Pero no se trata sólo del dinero, pues el mantenimiento del pago de este tramo de la deuda externa es considerado clave para una no ruptura con la banca acreedora. Por eso el memorándum concluía el anuncio citado de esta manera: “Confiamos en que esas líneas serán renovadas, dada su importancia para la capacidad de pago de Brasil (¡ni más ni menos!). La cooperación en este aspecto es fundamental”.

Informaciones recientes, sin embargo, muestran mucho más brutalmente todavía que no hay tal moratoria. La decisión de suspender provisionalmente los pagos no afecta tampoco otras deudas. Al Banco Mundial Brasil le pagará, en 1987, 1.6 mil millones de dólares en concepto de capital e intereses. Al FMI, 1.4 mil millones; a las agencias gubernamentales de los países del Club de París, 1.5 mil millones; y a los propios bancos acreedores otros 1.4 mil millones de dólares por las mencionadas líneas de corto plazo y por otros créditos de largo plazo anteriores a la declaración de “moratoria” (Jornal do Brasil, 21.3.87). Lo cual suma la friolera de 5.9 mil millones de dólares anuales.

¿Quién dice, entonces, que Brasil decretó una “moratoria”?

El régimen de Jaruzelsky se apresta a largar un aumento generalizado de precios. A partir de abril, los precios de los alimentos; transportes, electricidad, calefacción y gas sufrirían un aumento del 14 %.

La central sindical oficialista criticó esta decisión, señalando “que la política de los pasados cinco años de aumentar el precio de los alimentos ha fracasado en racionalizar la economía, equilibrar el mercado o detener la inflación” (La Nación, 20-3). La central oficial agregó que en estos últimos cinco años el nivel de vida de los trabajadores ha seguido disminuyendo.

Esta declaración de la central oficialista ha sido explicada por las propias fuentes de la burocracia en razón de que la “ciudadanía se está haciendo más militante” y “no sería raro que la gente, uno de estos días, salga a las calles”. En la burocracia está muy fresco el recuerdo del gran movimiento de insurgencia obrera de 1980, cuando los trabajadores se organizaron al margen de la burocracia y fundaron “Solidaridad”.

Todo esto revela que la burocracia está fracasando en hacer frente a la crisis económica y que se van reuniendo nuevamente los elementos para una nueva irrupción del proletariado polaco.

Las huelgas se suceden en España. A la gran irrupción estudiantil de comienzos de año le siguió la ocupación por los trabajadores de las minas de carbón de Hunosa; en la región vasca los siderúrgicos ocuparon la empresa Forja y Acero y la defendieron del ataque policial, desarmando a los pelotones de la guardia civil que fueron enviados por el gobierno. Los obreros de la construcción tienen paralizadas las obras hace varios días, mientras que agricultores bloquearon con 20.000 tractores las rutas españolas.

Ahora salieron al paro los ferroviarios, garantizado en muchas ciudades por piquetes, al tiempo que anunciaron paros para este fin de mes los trabajadores; dé las dos compañías aéreas, Iberia y Aviaco.

Todo este gran movimiento huelguístico se propone quebrar el tope salarial impuesto por el gobierno “socialista” de Felipe González y la política de cesantías masivas previstas para este año. El 22 % de la población activa está desocupada y los planes de “modernización industrial”, en el carbón, siderurgia, etc. prevén mayores despidos masivos.

El gobierno “socialista” se apoya para llevar adelante esta política en la colaboración directa de la central pro-oficialista UGT, que ha saboteado todos estos paros. “Comisiones Obreras”, por su parte, ha llamado a ciertas acciones de protesta allí donde la presión obrera se ha hecho irresistible, pero sé ha negado a llevar adelante un plan de movilización nacional del conjunto del movimiento obrero, votando en contra de un paro general.

La profundidad de la crisis económica española se mide en el simple hecho de que el 22 % de la población activa está desocupada y los planes de Felipe González de “modernización industrial” prevén el despido de nuevos contingentes de obreros.

El movimiento huelguístico en Yugoslavia, prosigue. Desde el 26 de febrero, cuando estalló el movimiento, ya se realizaron 80 paros y huelgas fabriles de diversa duración e intensidad. La amplitud del movimiento es nacional, abarcando las regiones de Bosnia, Herzegovina, Croacia, Serbia y Kosovo. Es un levantamiento general de la clase obrera contra la burocracia gobernante, rompiendo el velo que pretende presentar a ésta como representante del proletariado y hasta socialista.

Las huelgas fueron una respuesta a una insólita reducción de los salarios nominales en el orden del 50 % y a un generalizado aumento de los productos y mercancías, con los que el gobierno ha querido poner fin a una inflación anual del 130 %. La burocracia estatal es de la opinión también de que la inflación es provocada por los salarios, y esto bajo el “socialismo”. En realidad, el gobierno de Yugoslavia no hace más que aplicar las exigencias del FMI, que también por esos parajes dictamina los rumbos económicos. Hay gente que dice que el PO no tiene que cargar las tintas contra los “regímenes socialistas”, porque esto le quita el “optimismo” a la clase obrera, pero no se repara en la bancarrota mortal que sufriría el trotskismo si se hiciera cómplice, aunque más no sea que con el silencio, con la política de Alfonsín aplicada en un Estado obrero.

El entrelazamiento entre la burocracia contrarrevolucionaria y el imperialismo ha llegado en Yugoslavia a tal extremo (y Yugoslavia representa una tendencia general de las burocracias, que ella ha llevado más lejos que nadie) que, según el primer ministro, Mikulic, Yugoslavia pagó 5.9 mil millones de dólares en intereses y deudas externas en 1986, ingresando a 1987 con una deuda de 19.7 mil millones de dólares. “Estamos entre los pocos que pagaron todos sus compromisos en 1986” - declaró con absurda satisfacción el ‘premier’. “Continuaremos con lo mismo, agregó, pero nuestros acreedores e instituciones bancarias internacionales deben ser más comprensivos con nuestra actual situación”. (Jornal do Brasil, 23.3.87)

¿Puede haber algo más claro que esto? Entretanto, la respuesta al movimiento obrero es la represión: “Dieciséis obreros de una fundición de Kula (región de Vojvodina) fueron despedidos por haber promovido acciones sindicales” (La Razón, 20.3.87). La burocracia de los sindicatos, completamente integrados al Estado, cumple su función recorriendo el país para atacar las movilizaciones obreras. En los Estados obreros burocratizados la consigna de la independencia sindical es una de las más importantes del actual período. La realización de esta reivindicación fundamental sería un golpe metal a la burocracia. La movilización de la clase obrera contra un régimen burocrático entrelazado con la banca internacional y el FMI no le puede quitar el optimismo a ningún obrero auténtico, pues es la prueba más concluyente del carácter revolucionario y socialista del proletariado moderno, al demostrar que no ha sido asimilado o desnaturalizado por ninguna burocracia ni por ningún estadio social intermedio entre el capitalismo y el socialismo.

La crisis económica y la movilización popular han desatado naturalmente una gran crisis política. El ministro de defensa de Yugoslavia tuvo que hacer una extraordinaria declaración política: “Como ejército revolucionario, el ejército popular de Yugoslavia no puede abstenerse en los asuntos sociales corrientes. Pero, al mismo tiempo, nunca pensó y jamás pensará (¡pero ya lo está “pensando”!) en imponerse a la sociedad en papel de árbitro”. Esto quiere decir que los militares apoyarán al gobierno en su política represiva, sin pretender por ahora una sustitución bonapartista. Después del golpe polaco de 1980, la figura de un general vuelve a figurar en la agenda de otro Estado obrero burocratizado.

Los acontecimientos yugoslavos ponen de relieve la conjunción de la crisis del imperialismo mundial y de la burocracia, y la necesidad de oponer a ambos la unidad del proletariado mundial por el gobierno de los consejos obreros.

La patronal de los cuatro ramales de la línea 237 tiene un historial negrero, de sistemático ataque a los compañeros y de desconocimiento de conquistas, que sólo se logran hacer cumplir a través de la lucha. En 1973, tras 8 días de huelga, se avanzó en este aspecto, pero en el 74 la empresa desmanteló toda la organización sindical interna y merced a la persecución impidió toda reorganización hasta 1982, en que se eligieron 2 delegados, uno de los cuales fue luego despedido. Los problemas subsistieron: no se provee la ropa, se trabaja en negro las extras y los francos, no se entregan las libretas de trabajo, no había recaudadores (por lo que el chofer se debía responsabilizar de la entrega de la recaudación), etc. Esto explotó en junio de 1984: un paro de 24 horas dio vuelta la situación: se pusieron recaudadores, entrega de libretas y ropa, fin de trabajo negro, acuerdo de cumplimiento de convenio. Durante el 85 y el 86 la empresa volvió a la carga, pero un trabajo a reglamento en octubre del 86 logró algunas mejoras por poco tiempo. La semana pasada, finalmente, los 190 choferes de esta empresa volvieron a protagonizar un paro total de cinco días.

Para interiorizarnos del conflicto entrevistamos al compañero Carlos Leiva, delegado de la línea desde 1982. Tras una reseña sobre los antecedentes mencionados, Leiva nos informa: "Ante los nuevos Incumplimientos por la empresa del convenio (más de 4C compañeros sin libreta de trabajo, falta de agua potable en las cabeceras, baños en estado deplorable, retraso en la entrega de ropa), el 3 y 4 de febrero de este año paramos, y la patronal desata una persecución y discriminación de los compañeros: el tesorero y otras personas ajenas a la empresa amenazan al personal sacándole las boleteras y las planillas delante de los pasajeros, corta el diálogo con los delegados, desconoce actas homologadas por el Ministerio; y el 16 de marzo le niega el adelanto de sueldo a 35 compañeros. Ese día salimos al paro, y la empresa responde despidiendo a 25 compañeros, entre ellos los delegados y subdelegados. El paro sigue con una olla popular con los choferes y la ayuda de sus esposas. Quiero destacar la solidaridad de los choferes de las líneas de la zona a brindarnos su apoyo e instarnos a no aflojar, porque del resultado de nuestra lucha depende la situación de muchas líneas. La 237 ha estado siempre a la cabeza del cumplimiento de las medidas de lucha del gremio y éste es uno de los motivos por los que nos atacan.

¿Cuál es la situación actual?

Leiva nos contesta: El 20 el Ministerio declaró la conciliación obligatoria con los despedidos adentro. Pero la empresa ha violado la conciliación: le ha negado trabajo a 8 compañeros: Muller, Rolón, Varano, Revol, López, Días, Quiñones, Berlingieri, los dos primeros delegados, mandándolos a "hacer guardia en la casa”, lo que equivale a una suspensión. Hemos resuelto que se quedaran a hacer guardia en cabecera y prepararnos para el fin de la conciliación. No vamos a aflojar. Queremos a todos los compañeros adentro, el fin de las persecuciones y amenazas y el reconocimiento del convenio, actas y legislación vigente y condiciones de trabajo dignas.

“En los últimos tres años el nivel general de los haberes de los jubilados y pensionados cayó un 60,6%” (Ámbito Financiero, 19/3/87). Este solo dato alcanza para demostrar la brutal confiscación de los haberes jubilatorios operada bajo el actual gobierno. Con la fijación de la jubilación mínima en ₳ 126 (congelada hasta julio), cuando la canasta familiar supera, hoy, los ₳ 600, el gobierno se ha declarado como el enemigo n° 1 de los jubilados y pensionados.

Pero aún este colosal robo a los trabajadores pasivos parece insuficiente a los mentores del Austral. Por ello dictaron el decreto de “emergencia previsional”, mediante el cual el gobierno se permitía a sí mismo violar la ley que fija las jubilaciones y pensiones en el 82 y 70% de los salarios del trabajador activo.

Este decreto ha encontrado múltiples resistencias en el ámbito judicial. Estos contratiempos no amedrentan la voluntad del gobierno, quien está por enviar al Congreso “un proyecto de ley de emergencia previsional… en el que se confirmaría la suspensión del artículo de la ley de jubilaciones que fi-ja los haberes del 70 al 82% de acuerdo con el salario de cese de cada beneficiario, manteniéndose el mecanismo incorporado al actual decreto de emergencia para determinar las remuneraciones” (Clarín, 18/3).

El Ejecutivo quiere que el Parlamento declare la emergencia provisional, “para (poder) cumplir con los requerimientos de los fallos judiciales”. Convertida en ley, la emergencia no sería objetada por los jueces. Ya sabemos, por otra parte, que la "oposición” ha dado el visto bueno a la revisión de la actual ley de jubilaciones, como se expresó en las resoluciones tomadas en el encuentro realizado el mes pasado entre el consejo directivo de la CGT y los renovadores, el PI, el MID, la Democracia Cristiana y la Democracia Progresista. Allí plantearon, no el pago del 82% sino la “necesidad de una nueva legislación previsional”.

Pero "una nueva legislación” significa liquidar la vigente, que establece el 82% móvil.

Entonces: ninguna nueva ley contra los jubilados. Que se cumpla la ley en vigencia. Fuera la "emergencia previsional”. Estas son las banderas contra la degradación de los compañeros pasivos.

La lucha de los jubilados y pensionados es una lucha de todo el movimiento obrero. Por eso el Partido Obrero apoya la concentración convocada por la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados para el próximo 2 de abril frente al Congreso, bajo las consignas de "cumplimiento del fallo de la Suprema Corte, por la ley 18.037 del 82% móvil y contra el decreto 2.196 de emergencia previsional”.

El viernes 19/3 se realizaron las elecciones de la Seccional San Martín, la segunda en importancia de la línea. Triunfó la burocracia de Pedraza con 852 votos sobre la Blanca (62 Organizaciones) con 357 votos y el Frente de Unidad Ferroviaria (PC, Mas, radicales) con 245 votos.

Estos resultados reflejan un fortalecimiento de la burocracia de Pedraza, que hace cuatro años obtuvo 700 votos. Este crecimiento es mayor si se considera que, en las pasadas elecciones, la Granate (PC) apoyó a la Verde.

Con referencia a la izquierda, digamos que, en 1983 la lista Violeta, integrada por activistas del PO y del Mas, con un perfil marcadamente antiburocrático, obtuvo 248 votos.

¿Cuáles son las causas de este crecimiento burocrático y del estancamiento de la izquierda?

Pedraza ha utilizado todo el aparato de la UF y ha contado con el favor de la empresa. Fue así que pocos días antes de las elecciones se anunció la reducción de la semana laboral (de 40 a 35 horas) para los administrativos (la mitad de los votantes de la Seccional) y un viático por comidas para los “de azul” (Vías y Obras, limpiacoches, etc.).

La Violeta ha sufrido una gran involución política, más importante que la electoral: desapareció hace ya un largo tiempo de la lucha de los reclamos ferroviarios. El Mas, inspirador de este abandono, protagonizó las más increíbles volteretas políticas, llegando a plantear su inclusión en la lista de las 62 Organizaciones.

Fracasada esta “operación” recurrió desesperadamente a resucitar viejos cadáveres sindicales, los radicales de la Rosa, partícipes y colaboradores de la intervención militar en la UF. Así nació el Frente de Unidad Ferroviario.

Esta bancarrota política de la izquierda facilitó las maniobras de Pedraza. El Frente de Unidad fue presentado como una lista “para ganar”. En función de formar una "lista ganadora” con quien sea, se pusieron a la cabeza de la lista a elementos burocráticos ligados a la dirección de la empresa, se abandonó un terreno de lucha antiburocrática y antipatronal y se destruyó el trabajo de años para poner en pie una corriente independiente de los bloques patronales en la seccional. ¿Puede existir un balance más nefasto?

El Mas y el PC parecen haber olvidado que la lucha sindical es una lucha de fuerzas sociales. Cuando se amontonan sin principios, como en este caso, fuerzas sociales opuestas, éstas se anulan y el resultado es la parálisis y la disolución del activismo. Sin embargo, los trabajadores ferroviarios no han pasado por alto esta cuestión y no votaron por los personeros del Austral I y II que encabezaban la lista del PC- Mas.

El Partido Obrero luchó a muerte contra esta política de derrota y por la constitución de un frente antiburocrático en la seccional, que retomando la tradición de lucha de la Violeta abriera un rumbo para la estructuración de una corriente independiente y antiburocrática en San Martín. Las páginas de Prensa Obrera son el testimonio de esa lucha.

En la seccional San Martín no sólo ha sido derrotada tal o cual corriente política, sino que, fundamentalmente, ha sido destrozada una orientación estratégica, propia de la izquierda oportunista, para la cual la caza de posiciones sindicales es un fin en sí mismo, independiente, y aún en contra como en este caso, de la estructuración de una corriente revolucionaria de los trabajadores en las organizaciones sindicales.

El activismo antiburocrático del ferrocarril, debe hacer un balance sobre esta política de derrota y sobre quienes organizaron este desastre.

Una verdadera rebelión se produjo en el plenario de delegados de ATSA. Educados por toda la experiencia pasada, los delegados impusieron a la directiva la realización de una asamblea general, siempre saboteada, para el próximo 24 de abril.

Esta rebelión tiene un profundo significado político. Pone de manifiesto la voluntad de las bases de la Sanidad de quebrar la política anti-sindical de la directiva y abrir un rumbo de lucha unificada contra la patronal. Por otra parte, evidencia el fracaso de una dirección que, habiendo subido como combativa y antiburocrática, fue incapaz en dos largos años de parar los avances de la patronal y de la burocracia derechista de West Ocampo.

El Frepu, después de dos años de solidaridad y ejecución de esta política de derrota, votó a favor de la asamblea general. Sin embargo, en el propio plenario se pusieron de manifiesto las enormes limitaciones de este giro, en la medida en que el Frepu suscribe un documento programático presentado por la derecha de la comisión directiva, dirigida por Darío Pereyra. Es decir, que sigue en pie el bloque de la derrota, lo cual significa que la asamblea general corre el peligro de ser vaciada y, aún, de ser anulada.

El activismo de Sanidad quiere el triunfo de la asamblea general del 24 de abril. Pero para lograr este triunfo debe partir de la convicción de que habrá de encontrar un obstáculo enorme entre todas las agrupaciones que, desde la directiva, han llevado al retroceso gremial. Si se comprende esto, las tareas del momento pueden prosperar: asambleas por establecimiento que voten mandatos por un plan de lucha por los ₳ 400 de mínimo y que organicen la concurrencia masiva. Está planteada una gigantesca movilización por el éxito de la asamblea general.

Como parte de este trabajo y por el triunfo de la Asamblea General, Prensa Obrera entrevistó a la compañera Tini Ferrada delegada general del Sanatorio Mitre.

Tini Ferrada delegada del Mitre: "Asamblea General: un voto contra la parálisis de la dirección”

Explica lo resuelto por el plenario de delegados

P.O.: ¿Qué sucedió en el plenario de delegados del 20/3?

R: El plenario resolvió, en primer lugar, convertirse en resolutivo y, de hecho, en un Congreso de Delegados. El Sanatorio Mitre impulsó esta moción, que fue acogida por la inmensa mayoría de los trabajadores allí presentes y que significaba, solamente, el respeto a lo decidido en el último plenario del 22 de enero. Esta cuestión es importante porque impidió la continuación la bicicleta de la Directiva.

La Directiva presentó al plenario la moción de que un Congreso de Delegados resolviera una Asamblea General y en la misma moción puso a votación del plenario un “programa de trabajo", donde vuelve a reafirmar el apoyo a los 26 puntos de la CGT y a la moratoria. La Directiva intentó hacer pasar juntas las dos mociones.

Frente a esta moción, la ASIS (Agrupación Sindical Independiente de Sanidad) y otras corrientes y compañeros planteamos que el punto por cual había sido convocado el plenario era decidir la fecha de convocatoria y el temario de una Asamblea General del gremio. El “programa de trabajo” presentado por la Directiva no podía ser impuesto sin discusión, debía ser llevado a las comisiones internas y establecimientos y, junto con los programas que otros compañeros presentaran, ser llevado a la discusión de la Asamblea General.

Puestas a votación las mociones, triunfó la realización de la Asamblea General por 44 votos a 28. De esta forma se cortó la bicicleta que la Directiva de Sanidad venía realizando con los trabajadores.

P.O.: ¿Cómo interpretas esta votación?

R: Creo que es la expresión de la profunda crisis que vive el gremio, donde los compañeros han perdido las expectativas en esta dirección que después años de inmovilidad convocan al gremio.

Los delegados se ven obligados a llevar a sus propios compañeros un planteamiento de lucha por el salario, por las condiciones de trabajo y el cumplimiento del convenio. Las bases han rechazado la parálisis de la dirección, por eso se votó la realización de una inmediata Asamblea General.

P.O.: Tini, ¿cómo pensás que hay que preparar la Asamblea General?

R: El Mitre propuso la elección en el plenario de una comisión de organización y agitación por la Asamblea General, conformada por delegados de establecimientos. Esta comisión tendría el objetivo de propagandizar la Asamblea General y de ayudar, en los establecimientos pequeños o desorganizados, a la realización de las asambleas para votar el mandato. Sin embargo, esta propuesta no fue llevada a votación.

P.O.: ¿Cuál es, para vos, el mandato que debe resolver la Asamblea General?

R: La Asamblea General debe encarar la discusión y resolver un Plan de Lucha de ATSA por el conjunto de las reivindicaciones de los trabajadores de Sanidad, en primer lugar, por un salario mínimo de ₳ 400, así como también por el cumplimiento del convenio y el reconocimiento de los delegados, contra los despidos y los vaciamientos. La base del gremio ha demostrado una y otra vez su voluntad de resistir los ataques y pelear. La Asamblea General es la ocasión para que esta voluntad se exprese y quebrar así la parálisis de la Directiva que llevó al gremio de derrota en derrota.

Salud Pública una nueva bicicleta

“La Intergremial de la Salud (ATE, UPCN, Femeca) dejó en suspenso la reanudación del plan de lucha hasta agotar las gestiones en marcha. Fue decisiva la gestión del ministro Barrionuevo que informó a los dirigentes sindicales que el ministro de Salud Acción Social Storani ya firmó los decretos que permitirían la cobertura de las 600 vacantes y la recomposición salarial en base al decreto 1893 y que en las próximas horas firmaría Sourrouille". (Crónica, 18/3).

Terminamos el año con una bicicleta y empezamos con otra nueva. El plan de lucha de noviembre-diciembre fue levantado por las directivas de UPCN, ATE y FEMECA sobre la base de un acuerdo sobre las vacantes y el decreto 1893, que no satisfacía el reclamo fundamental por el que el gremio había salido a la lucha, el mínimo de ₳ 250 a diciembre. El gobierno ni siquiera cumplió estos acuerdos: sólo hubo un 9 % en el trimestre con el % de inflación. ¿Se puede seguir confiando en las “promesas” de Barrionuevo, Storani y Sourrouille?

Pero la cuestión fundamental que está planteada hoy no es si firma o no el decreto 1893, sino cuál es el reclamo salarial de los trabajadores de la salud pública. Los delegados y activistas más conscientes han empezado a ver que este es el problema decisivo: aún firmada esta recomposición los salarios seguirán siendo miserables y será necesaria una lucha feroz para arrancar las reivindicaciones.

¿Qué solución serán las nuevas 600 vacantes cuando mediante el “retiro voluntario” el gobierno impuso el despido de más de 2000 agentes del área de la Salud Pública? Pese a las maniobras y “chicanas” el gobierno sigue desplegando a toda vela su política de destrucción del hospital público y de confiscación salarial de los estatales. ¿Hasta cuándo se podrá seguir escondiendo la cabeza ante esta verdad irrefutable?

El problema clave es cómo organizar esta lucha, para la que hay que vencer la resistencia y el inmovilismo de una burocracia entregada al gobierno del Austral, que por eso ha perdido la convicción de llevar la lucha a fondo y cuya preocupación hoy es hacer buena letra y no agitar las olas hasta la llegada del Papa (acuerdo general de todos los sectores burocráticos, se llamen 25, 62, 15 o ubaldinistas)

Hay que retomar el camino de noviembre, organizando asambleas por establecimiento que voten el pliego de reivindicaciones de los estatales: aumento de emergencia de ₳ 200 y un básico de ₳ 400, contra los despidos encubiertos (“retiro voluntario”) y por la defensa del hospital público y que exijan un plan de lucha de la Salud hasta la satisfacción de los reclamos.

Para avanzar en este camino contra los ataques gubernamentales y las dilaciones de las directivas, es necesario comenzar a estructurar desde abajo una coordinadora interhospitalaria de delegados y activistas.

Los trabajadores del ingenio San Pablo han vuelto a protagonizar una extraordinaria movilización en defensa de la fuente laboral, amenazada ante la quiebra de la empresa.

El 28 de febrero se había concretado una marcha de 1000 trabajadores y vecinos. En esa oportunidad los trabajadores regresaron con la promesa del gobierno provincial de que el ingenio iba a moler este año. La dirección del sindicato llamó a confiar en la palabra del gobierno.

Los días fueron pasando y la impaciencia, creciendo. La patronal ni siquiera aparece por la fábrica, el alistamiento para la zafra está paralizado y las reservas de azúcar y alcoholes, que los trabajadores están vendiendo para cobrarse los salarios, se están agotando.

En este periodo se produjeron dos hechos importantes: primero, se eligió un cuerpo de delegados que se transformó en un canal dé organización y movilización. Segundo, el Partido Obrero realizó un acto público el viernes 13 con 150 compañeros, el cual tuvo una enorme repercusión. Todo esto llevó a los trabajadores a la conclusión de que no se podía esperar confiando en las promesas del gobierno.

La dirección sindical se vio obligada a realizar una nueva asamblea, a la que invitó a 3 diputados justicialistas. Estos llamaron a los trabajadores a esperar.

La respuesta unánime de los trabajadores fue la de que al día siguiente se volverían a movilizar.

El jueves 19, 1000 trabajadores y vecinos volvieron a ocupar la Plaza Independencia. A primeras horas de la tarde el gobernador se reunió con los trabajadores en la Casa de Gobierno. Riera volvió a la carga con el argumento de que el gobierno estaba buscando “afanosamente” una solución. Pero los trabajadores regresaron a la Plaza Independencia, y en asamblea decidieron permanecer allí. Se montó una olla popular hasta el día siguiente, cuando una nueva asamblea decidió levantar la ocupación de la plaza por el fin de semana y volver el día lunes.

Los trabajadores del San Pablo han dado pasos importantes para quebrar las maniobras dilatorias del gobierno, de los políticos patronales y la dirigencia sindical, tomando conciencia de que la defensa de la fuente laboral tiene que ser arrancada con la lucha.

El PO plantea la confiscación de los capitalistas del San Pablo y la puesta en funcionamiento del Ingenio bajo control obrero. Esta es la salida más rápida y más barata; la patronal se ha endeudado hasta el cogote con la banca provincial y nacional, con los trabajadores y los cañeros, y sólo tiene interés en mantener el ingenio en la medida que pueda seguir sin pagar un centavo de las deudas acumuladas y en seguir usufructuando los fondos públicos estatales.

Viernes 6 de marzo: se presenta una comisión enviada por Farias con la resolución de intervención de la seccional. La Directiva seccional se niega a entregar el sindicato. El cuerpo de delegados vota ese mismo día el repudio a la intervención y desafía a los interventores a que se sometan a la resolución de un plenario general de delegados que incluya a los compañeros del interior. Los interventores se niegan.

Lunes 9: 100 compañeros se movilizan a las puertas del gremio ratificando la decisión del cuerpo de delegados de no entregar la seccional y repudian la intervención.

Miércoles 11: Se reúne el plenario general de delegados y por unanimidad resuelve iniciar una campaña contra la intervención. Los delegados de Río Turbio se muestran especialmente combativos y dan el tono del plenario. Se vota realizar asambleas de esclarecimiento por obra y realizar asambleas generales en Gallegos y el Turbio.

Días subsiguientes: una intensa campaña por los medios oficiales de difusión acusa a los dirigentes de UOCRA y especialmente a Di Pierro de malversar fondos del gremio, tratando de crear confusión entre los trabajadores y la opinión pública. Como contrapartida, varias organizaciones sindicales y políticas repudian la intervención.

Miércoles 18: Se realiza una asamblea general en Gallegos, con muy relativa preparación; se reúnen en ella los activistas del gremio y toman importantes resoluciones: Se. forma una comisión de lucha contra la intervención y se decide la realización de un tribunal obrero para que elegido un compañero por obra revise los libros y se expida sobre las falsas acusaciones de Farias.

Jueves 19: Los interventores logran juntar 30 compañeros para ocupar el sindicato de las obras del consorcio Vido Carreras. Llegan en un momento en que no hay nadie para defenderlo, se meten en la seccional, cambian dos cerraduras y permanecen allí un rato hasta que comienzan a llegar contingentes de varias obras que enterados de los hechos abandonan el trabajo y marchan hacia el gremio desalojando nuevamente a los interventores, que se retiran derrotados y a empujones. Inmediatamente se decide, montar una guardia permanente en la seccional y sacar un volante dirigido especialmente a los compañeros engañados del Consorcio.

Para la noche está prevista una Asamblea General en el Turbio.

“Los trabajadores queremos decidir”

A los interventores les importa un pito la opinión de la mayoría de los compañeros. Se negaron a debatir los motivos de la intervención en la Asamblea General y el Plenario de Delegados. Ambas reuniones los repudiaron por ignorar la voluntad de los afiliados. El planteo de los compañeros es muy claro: “A los dirigentes los ponemos y los sacamos los obreros. La UOCRA es de los trabajadores y no de Farías”.

¿Quiénes son los interventores?

El designado interventor Belucci fue, hasta poco tiempo atrás, gendarme y hace solo meses que trabaja en una obra. Es integrante del peronismo renovador de Santa Cruz, muchos de cuyos militantes se dicen contrarios a la burocracia sindical y sin embargo han llegado a este enguaje miserable a espaldas de los obreros.

El colaborador Acevedo fue integrante de una banda de matones que a fines de 1985 también intentó copar la UOCRA y golpearon y amenazaron compañeros en Río Turbio y Río Gallegos. Sus compañeros de andanzas, Niverio y De Jesús, terminaron presos por un robo y cuando salieron se volvieron a Buenos Aires.

Esa es la catadura moral de los interventores de Farías.

¿Y Farías, a quién le rinde cuentas?

Por estatutos de la UOCRA la Comisión Directiva Central debe remitir a cada seccional el 75 % de lo recaudado en la misma. En el caso de Santa Cruz apenas manda entre los sueldos y el presupuesto para gastos un 35 % de esos fondos. Pero Farías de esto no rinde cuentas a nadie ni de la plata que sus interventores se gastan en los mejores hoteles de Río Gallegos a costa de los trabajadores. En el hotel Comercio donde para esta gente días antes se había alojado el embajador de Estados Unidos. Tienen gustos refinados estos burócratas.

Último momento: Carros de asalto en socorro de Farías.

Con varios carros de asalto, camiones y patrulleros, la policía ocupó la sede sindical de la UOCRA de Río Gallegos recuperada por los trabajadores, con el fin de reponer a la intervención desarrollada por Farías. El clima de agitación en las obras es muy grande y para hoy está convocada una movilización de todo el gremio contra la usurpación policial y burocrática.

El pasado fin de semana se realizó la primera de las conferencias de organización del Partido Obrero previstas para el presente año. Participaron de sus trabajos cuarenta responsables de organización de diversos comités partidarios, que sesionaron en forma plenaria y en comisiones durante tres días. El informe político-organizativo introductorio estuvo a cargo del compañero Rafael Santos. Sus conceptos fundamentales están reproducidos en el texto que se publica en esta página. Las comisiones se organizaron en torno a cuatro temas: la campaña para el acto del 1° de mayo; el trabajo con la prensa partidaria; la cuestión de “finanzas y recursos”; y la campaña de educación política, proselitismo y reclutamiento. Los compañeros que contribuyeron a sacar adelante las tareas de la conferencia concluyeron su labor con la clara convicción de que el PO estaba metido a fondo en un trabajo de elaboración colectiva y de construcción del partido revolucionario.

“Debemos partir de señalar la incuestionable necesidad de esta Conferencia de Organización. Ella tiene lugar en el marco de las conclusiones del Congreso Nacional del Partido y es parte del proceso de elaboración colectiva que se realiza en nuestro P.O... Los problemas de organización son de naturaleza compleja, porque allí se concentra la política revolucionaria. El Congreso ayudó a focalizar el problema, pero ni mucho menos lo agotó... Esta Conferencia no sustituye ni parcialmente al Congreso, es en realidad una reunión ampliada de la Comisión de Organización, una reunión plenaria de todos los responsables del trabajo de organización, desde el Comité Nacional hasta los círculos de todo el país. Esos responsables tienen hoy que volcar sus experiencias... las que luego sintetizaremos en resoluciones, muchas de las cuales se van a poner inmediatamente en marcha y otras (por trascender el marco de esta Conferencia) serán elevadas como recomendaciones al Comité Nacional. Este proceso de elaboración colectiva no se da solo en el plano de. organización. En los próximos días se realizará la Conferencia Sindical Nacional, y el Comité Nacional ya ha resuelto convocar para fines de mayo a una Conferencia Nacional del Partido para discutir la política electoral. Todo esto responde a una concepción metodológica revolucionaria, que consiste en que los militantes del P.O. debemos aprender el arte de la dirección política y práctica del partido.

“La escisión entre una base pasiva o ejecutora y una dirección abstractamente activa o “pensante”, que es propia de la sociedad burguesa y de sus organizaciones, es ajena a los marxistas y mortal para la construcción del partido revolucionario. La contradicción entre base y dirección debe ser resuelta mediante la elaboración colectiva de la práctica revolucionaria. El objetivo que debemos perseguir con cada trabajador es convertirlo en un obrero con conciencia de clase, en un militante, y a partir de esa militancia en dirigente político y práctico de la clase obrera y de la revolución. Por eso el P.O. debe ser una escuela en que todos aprendamos a dominarlos problemas de la dirección revolucionaria.

Las bases políticas

“Hay un problema metodológico previo a la discusión de la actividad de la Comisión de Organización y de sus próximas tareas. Nos referimos a la necesidad de explicitar las bases políticas de nuestra política de organización. La preocupación por la eficacia en el trabajo organizativo no debe convertir a éste en algo unilateral, que fuera vara de su propia medida, enfoque típico del oportunismo, que justifica la política por sus éxitos de momento y no por su consistencia con la lucha de clases tomada como un todo. La organización y los métodos de acción de un partido revolucionario deben estar siempre determinados por su estrategia (esto es capital), por su programa, pero deben tomar poderosamente en cuenta las peculiaridades del país y de la formación de la clase obrera y las variaciones que se producen en la situación política concreta. El dominio del análisis de las situaciones concretas debe ser el gran instrumento de trabajo del organizador (y del partido, que es organizador colectivo de proletariado).

La descomposición del régimen democratizante

“El dato político fundamental que debemos partir es la descomposición del régimen democratizante. Negar o menospreciar el proceso de descomposición política del Estado y de los partidos burgueses esgrimiendo como prueba de ello la ausencia de una situación revolucionaria, es simplemente olvidar cuál es el proceso de formación de una situación revolucionaria, que arranca precisamente de la descomposición del Estado burgués y del fracaso de las tentativas para darle a éste una nueva oportunidad histórica de desarrollo. Un partido obrero que no parta en su agitación cotidiana y en sus conclusiones políticas de la descomposición del régimen democratizante, no podrá nunca agrupar en torno suyo a una vanguardia obrera auténtica. Cuando hablamos de crisis del régimen nos referimos al conjunto de las fuerzas políticas que lo sustentan desde la derecha a la izquierda. Este régimen ha sido incapaz de plantear un desarrollo autónomo de las fuerzas productivas; al contrario, se ha convertido a toda velocidad en la expresión despótica del pago de la deuda externa y del sometimiento nacional. No ha logrado protagonizar, ni por 15 días, un proceso democrático parlamentarlo. Rápidamente evolucionó hacia un semibonapartismo y a la anulación política de las instituciones. Ha capitulado vergonzosamente ante la camarilla militar, y ahora está siendo arrastrado a la inmensa crisis de ésta. Los partidos opositores apoyan todos a este régimen; ninguno ha sido capaz de desentrañar su condición histórica fundamental de recambio, ni su condición de clase. La política opositora es completamente pasiva e impotente; la crisis se desploma sobre ella sin remedio. La Juventud Radical puede perder la FUA como resultado de su descomposición interna. La crisis entre Cafiero y el PI ha mostrado que el primero es incapaz de gestar un frente nacional; en el caso del segundo ha estallado ante la simple especulación electoral. Lo mismo ocurre con el Frepu, que se debate en un enfrentamiento sin principios, aferrándose desesperadamente a una definición estratégica democratizante (luego de la experiencia del Entra, de los 26 puntos, del Mojupo, etc).

“Entonces, la situación de conjunto se caracteriza por un régimen que justifica toda suerte de atropellos contra los trabajadores mientras simultáneamente busca sobrevivir con una política de beneficios escandalosos a un capital financiero parasitario. Esta contradicción mortal debe ser explotada sin miramientos, pero no solo contra el gobierno de turno, sino principalmente contra los agentes de izquierda de este régimen, denunciando que sus proclamas reivindicativas son vacías y huecas en tanto defienden el poder político de los explotadores que se encubre en términos democratizantes.

“La idea fundamental del organizador debe ser ésta: hacer entender a la vanguardia obrera la oposición mortal que la enfrenta con el actual régimen político, y la delimitación total que hace el P.O. con todas (absolutamente todas) las expresiones de éste.

Delimitación y lucha

“¿El Partido aparece en su actividad cotidiana con una delimitación política clara, en la propaganda, en la agitación, en la asimilación de trabajadores, en la lucha reivindicativa, en cada esfera de la actividad? Esta es la cuestión. La flexibilidad que exige el trabajo práctico y la política en general, así como la enorme importancia de las maniobras, debe tener una base y un objetivo, no pueden medirse por el éxito momentáneo, sino por la utilidad para la construcción de un partido de obreros revolucionarios. La viabilidad de la táctica del frente antiimperialista depende de la construcción del partido. Si hiciéramos una encuesta entre los asistentes a este plenario encontraríamos unanimidad de pareceres sobre todo esto. Pero no se trata solo de los pareceres, tenemos que verificar si esta concepción constituye un inclaudicable principio del trabajo práctico. La misma dirección nacional, que encabeza la lucha política contra los democratizantes, no ha sido consecuente. Por ejemplo: sacó con mucho retraso la crítica a los 23 puntos del Frepu, donde fijamos en forma clara y tajante las limitaciones políticas y la estrategia no revolucionaria del democratismo pequeño burgués. Esto podría haberse hecho de entrada, le hubiera dado más claridad y vigor a nuestra lucha contra el Frepu... Si esto está claro podremos darle vigor a las tareas organizativas que están planteadas, desde la venta del periódico, la participación de todo el partido en su elaboración, la agitación sistemática de los principales centros obreros y fabriles, los planes de educación política de los cuadros y de los trabajadores que se acercan, la creación de verdaderos organismos de trabajo en los comités para penetrar en el movimiento obrero. Pagamos muy caro la falta de continuidad y sistematicidad en el trabajo cotidiano; bloqueamos a la van-guardia obrera en la tarea de sacar las conclusiones de la experiencia política. Esto denota siempre un principio de falta de firmeza en relación a la estrategia política

“Una reflexión: ¿Cuál fue la movilización que el partido encaró con más amplitud y éxito organizativo? El Festival del Luna Park por el Frente. ¿Estaba mal? De ninguna manera: lo hicimos con una plataforma revolucionaria, combatiendo el democratismo, tratando de intervenir en la crisis que se desarrollaba en el PC y entre militantes revolucionarios del Mas. Estuvo bien. Pero cuando se constituyó el Frepu como alternativa frentista de la "izquierda democratizante"; cuando se planteaba más que nunca una vigorosa campaña electoral, una gran lucha política para agotar rápidamente esta ilusión frentista y crear la posibilidad del frente revolucionario; cuando más enérgica era la necesidad de programar un desarrollo del Partido en el movimiento obrero; hubo sí una lucha (acto Federación de Box, campaña política feroz por radio y televisión), pero no se produjo, en ese momento, una movilización similar a la del Frente en el Luna. Esto ocurrió, sí, después del Congreso, en Córdoba. De entrada, toda la militancia fue preparada y era consciente de que íbamos a una lucha política electoral contra todo el arco democratizante; de que éramos los únicos que defendíamos un programa obrero independiente. Armamos una campaña electoral enérgica: un promedio de 10.000 volantes diarios, movilización de todo el Partido. El Partido dió un importante salto político, se ligó directa-mente a importantes sectores de ¡as masas: no solo crecimos en vetos mientras que los democratizantes caían, sino que triplicamos la cantidad de fiscales que tuvimos en 1985, atrajimos a nuevos compañeros a nuestras filas, etc.

Lucha para conquistar a la vanguardia obrera

"El partido tiene que tener en claro que debe luchar para conquistar a la vanguardia obrera para las posiciones revolucionarias. Solo a partir de aquí el planteo de un Frente Revolucionario es una táctica de revolucionarios. La constitución del Frepu ha bloqueado circunstancialmente la posibilidad de concretarlo... El Frepu no es un paso adelante, es un bloqueo (cada vez más en crisis y en impasse) al frente revolucionario. No queremos “convencer" a la izquierda democratizante de que acepte unirse a la izquierda revolucionaria; queremos la delimitación política franca y de cara a la vanguardia obrera. No negamos los compromisos, pero cuando pueden permitir un paso adelante del movimiento obrero real, sin comprometer su futuro. Fueron muchos los grupos trotskistas que se convirtieron en el curso de su desarrollo no principista en grupos de presión, en grupos de propaganda que propugnaban las bondades de la teoría de la revolución permanente en abstracto... Allí donde el Partido no realiza una acción poderosa para hacer penetrar sus posiciones, se va filtrando lentamente la presión de la pequeña burguesía democratizante., la lucha es por conquistar a la vanguardia. Los democratizantes flirtean con ella, y luego la terminaron hundiendo como pudo evidenciarse en el caso de Sanidad, Ferroviarios, etc. El plenario debe partir en su debate de estas bases...

Objetivo de la conferencia

"Esta Conferencia no pretende sacar conclusiones definitivas sobre la “Organización, estructura y métodos de trabajo del Partido”. Lo que fija el temario de la Conferencia es elaborar un Plan de Acción de la Comisión de Organización. Debe definir una campaña para realizar un gran acto por el 1° de Mayo. La Conferencia debe plantearse un reagrupamiento de fuerzas con vistas a la lucha política que se desarrollará en tomo a las elecciones. Debe plantearse una política de reclutamiento, que no solo se tenga en cuenta la ¡incorporación de una masa de activistas que está en las puertas de la organización, sino una política de asimilación militante de la misma. La Conferencia debe discutir una política de formación de cuadros... debe defender a muerte un plan de agitación política sobre un conjunto de frentes obreros y sindicales... debe discutir una política financiera... Para ello formaremos comisiones donde se debatirán estos problemas y se votarán resoluciones.

Balance de la Comisión de Organización

En este marco, ¿cuál es el balance que podemos sacar de la Comisión de Organización del Comité Nacional? Se han logrado pequeños avances: la instrumentación de la Campaña Financiera que ha retomado un criterio revolucionario... se ha incrementado la venta del periódico (está más concentrada sobre los frentes), se ha normalizado en gran parte su cobro, se han reestructurado las fuerzas de los comités partidarios en un trabajo sobre frentes obreros y de masas (proceso aún no finalizado), etc. Pero sigue habiendo un problema fundamental: no hay un plan organizativo conjunto de desarrollo de los comités partidarios.

“Hay que armar un ciclo de charlas y actividades que faciliten el funcionamiento de los locales, armar un plan de cursos y formación política... ‘Para aumentar la venta de la prensa hay que tomar iniciativas políticas generales. La comisión de organización tiene que ser un organismo productor de iniciativas políticas, no contabilizador de la actividad partidaria. Los informes de actividades no deben tener solo una función de control, sino que hay que aprovecharlos para mejorar las caracterizaciones del trabajo y profundizar las iniciativas que van de arriba hacia abajo.

“Si las Comisiones organizan una gran campaña por el 1° de Mayo, preparan el terreno para la campaña electoral, toman resoluciones, la Conferencia habrá sido un éxito. ¡Brindo por el éxito dé la Conferencia Nacional del P.O.!”

En más de una oportunidad los comentaristas políticos adversos al gobierno recogieron la especulación de que éste podría estar interesado en que la extrema derecha militar produzca un golpe prematuro y sin objetivos de conjunto para permitir al oficialismo colocarse a la cabeza de la “salvación de la democracia” resolviendo de paso una parte de la crisis militar. Esa especulación, sin embargo, nunca pudo transformarse en una evidencia.

Pero ahora esa evidencia está. En declaraciones al corresponsal del Jornal do Brasil (21.3.87) el secretario de Justicia, Ideler Tonelli, no vaciló en decir que “tal vez sea bueno incluso que algo así (un golpe prematuro como el que protagonizara Tejero Molina en España en febrero del 81) ocurra. Servirá para que dé una vez por todas la sociedad argentina reafirme de manera contundente su confianza en el sistema democrático” ¿No hay aquí la revelación de una maniobra política que ya está en marcha?

Al secretario ni se le pasó por la cabeza declarar que un golpe prematuro debería ser aprovechado para desmantelar a todo el aparato militar de la dictadura; lo único que este hombre tiene en duda es el democratismo de la población. Reunidas ambas cosas se desprende que quiere llevar a la población a someterse a la política claudicante del oficialismo con respecto a los militares y al imperialismo. En esta tesitura Ideler Tonelli no tuvo empacho en agregar que la “tolerancia del gobierno con esas manifestaciones (de los militares) —que son frecuentemente una apología de los métodos ilegales de represión— se debe al hecho de que en una democracia la libertad de expresión debe regir tanto para los civiles como para los militares”. ¿Fantástico, no?

Todo esto demuestra que no hay que perder de vista las grandes maniobras del gobierno y que el manejo de la crisis con algunos militares está completamente en manos de fracciones burguesas proimperialistas y defensoras del aparato represivo.

El llamado congelamiento de precios ha quedado oficialmente enterrado. En una reunión celebrada la semana pasada entre funcionarios de la Secretaría de Comercio y los empresarios de la alimentación se concertó “cómo salir del régimen de precios máximos”, acordándose en que “a mediados de mayo se produciría el descongelamiento” (Ámbito, 2-3). Por de pronto, en abril se les reconocería a las empresas "mayores costos”.

En el sector mercantil, informó Clarín, se han producido “aumentos promedio del 15 al 20 % para lo que va de marzo”, para concluir que “desde los despachos oficiales se adelanta que el descongelamiento de precios es una alternativa próxima” (22-3).

De este modo se va a producir el caso curioso de que en el primer mes de congelamiento la carestía será superior a la del mes anterior cuando los precios "se dispararon”.

Todo esto demuestra que el Austral II es un nonato. Ha sido un artilugio con el objetivo de defender las "bandas salariales” y hacer pasar el congelamiento de los salarios, extendido hasta fin de junio. Los salarios seguirán rigurosamente mantenidos en la "congeladora".

La derecha argentina y el gobierno Reagan han montado un vergonzoso escándalo por el voto contrario de Argentina a una condena a Cuba por violación de derechos humanos. El gobierno argentino respondió contradictoriamente, dando excusas por el hecho con el argumento de que se votaba una cuestión de procedimiento, y afirmando que actuó de esa manera en nombre de la independencia de su política exterior. La cobardía gubernamental ha llevado a una situación en que el agresor de nuestra soberanía territorial y el corresponsable de la matanza de soldados argentinos en Malvinas, se ha logrado colocar en la posición de dar lecciones sobre derecho internacional.

No se ha dicho la verdad elemental de que el máximo violador internacional de los derechos humanos no tiene autoridad para investigar o condenar a nadie, y mucho menos para reclamar una condena destinada a ser usada contra la soberanía de un país que se ha emancipado del yugo imperialista y que pugna, precisamente por eso; por liberarse de todas las consecuencias inhumanas de esa opresión histórica. Es una desfachatez moral y política pretender oficiar de abogado de los derechos humanos mientras se mantiene durante 30 años un bloqueo económico, militar y cultural destinado a hundir a Cuba, destruir su desenvolvimiento político independiente y como consecuencia de ello todas las condiciones que hacen propio un desarrollo en libertad.

La burguesía mundial y las burocracias han creado el hábito de facultar a las Naciones Unidas para meterse en los asuntos internos de los Estados, como si éstas no representaran siempre, cuando tienen condiciones de actuar, la política del imperialismo. Votar a favor de la injerencia del imperialismo en los asuntos de Cuba, pretextando el tema de los derechos humanos, es votar por la destrucción de la revolución cubana a manos del imperialismo y por la subsiguiente transformación de Cuba en un inmenso campamento hitleriano. Los masacradores de Vietnam, Libia, Malvinas, Centroamérica, no van a liberar a la humanidad de la violación de los derechos humanos más elementales.

El criterio para juzgar la vigencia de los derechos humanos y de la democracia en un Estado producto de la revolución social, debe ser establecido por el movimiento obrero mundial, no por el imperialismo. La represión de la contrarrevolución, que para los imperialistas es violación de derechos, es un derecho elemental de los explotados que pugnan conquistar mediante la revolución una condición humana. Con este mismo criterio el proletariado mundial debe denunciar vigorosamente la violación de los derechos humanos y de los principios democráticos allí donde es expresión de la burocracia contrarrevolucionaria contra el movimiento independiente de los trabajadores o contra el libre desenvolvimiento político y cultural del conjunto del pueblo.

Pocos medios de prensa subrayaron el hecho de que Cuba reclamó en el debate de la comisión de la ONU, la investigación de la violación de los derechos humanos de los negros, de la juventud, de los hispanoparlantes y de los indios (americanos nativos) en los Estados Unidos. El gobierno Reagan se opuso intransigentemente a esto, y hasta ahora no se ha encontrado ningún “demócrata” que explique las razones de esta falta de "reciprocidad”. Las podemos dar, sin embargo, nosotros: el imperialismo conoce el contenido explosivo de los puntos a investigar y las consecuencias de una agitación en torno a ellos. Los Estados Unidos, por otra parte, han sido los más celosos opositores a toda injerencia exterior democrática en su territorio, y no digamos nada de una injerencia socialista revolucionaria. Existe todo un andamiaje jurídico en el país del norte que lo convierte en “cortina de hierro” contra la presencia y visita de militantes políticos de izquierda.

Con la cuestión de procedimiento que postergó el asunto, el gobierno argentino votó contra la moción yanqui, pero también contra la cubana. No lo hizo en función de. una política independiente sino dentro de los márgenes permitidos por la diplomacia imperialista; la prueba de ello es que corresponde a la posición de otros sectores del “establishment” norte-americano que propugnan una diplomacia de paz y de asimilación de Cuba y Nicaragua, visto el fracaso de la política bélica de Reagan. En su discurso en Perdizes Alfonsín dirá que su acercamiento a Castro y su visita a Gorbachov, le permitieron intervenir ante el PC chileno para que no insista en la lucha armada contra Pinochet (ver La Nación y Clarín del 24.3.87).

El mismo diario La Nación, que participó en primera línea del concertado ataque contra el gobierno, tuvo que decir en un editorial (17.3), que lo ocurrido no “tiene más valor que el de una anécdota”; ese es el peso real de la controversia. Se la ha magnificado por razones que van más allá de una divergencia con el gobierno: forma parte de una campaña a largo plazo para lograr “la integración estratégica” de la Argentina al imperialismo, es decir, la reintegración militar luego de la crisis de Malvinas y la integración al proceso político y económico nacional en función de los planteos estratégicos del Pentágono y la OTAN. Es decir, la conversión de Argentina en una colonia.

En este marco se entiende una sospecha tirada también por La Nación: “la posibilidad de que este año la Argentina se incorpore al operativo Unitas”. Sería la moneda de cambio que ofrecería Alfonsín para mantener: “¡una política exterior independiente!”

Los medios de información habían anticipado, sin excepción, que el discurso que Alfonsín debía pronunciar en la ciudad cordobesa de Perdices iba a ser “una respuesta enérgica” a la agitación y a la campaña de bombas cuya promoción se atribuía a fracciones militares dirigidas por Massera en la Armada y por Bussi y Menendez en el ejército. Pero cuando llegó el momento, el presidente produjo un verdadero parto de los montes, una pieza oratoria defensiva caracterizada por toda clase de excusas y justificaciones ante los militares y la diplomacia norteamericana. Este fue el eje de un discurso que había empezado con la afirmación de que “el objetivo de la política exterior es la independencia de la Argentina”, como si la independencia de un país pudiera ser el resultado de la diplomacia.

La completa falta de una respuesta concreta a la perturbación militar por parte de Alfonsín, solo podía indicar una cosa: la política del gobierno también en este plano está agotada. Se ofreció a los militares el autojuzgamiento por medio del Consejo Supremo; la prosecución de las carreras militares mediante los ascensos regulares votados por el senado; y la disminución del número de oficiales que serían llevados a la justicia a través del dictado de las instrucciones a los fiscales y luego mediante el punto final y nuevas instrucciones a esos mismos fiscales. Nada de esto ha hecho cesar la agitación militarista y el gobierno no cree aún reunidas las condiciones políticas para una amnistía directa, como la de Sanguinetti en Uruguay, sin que ella provoque el colapso electoral del oficialismo, y más allá de esto el vacío de poder.

Este impasse política explica el discurso vergonzante del primer mandatario, en e! que se llega a presentar a los oficiales que vocean diariamente su intransigente defensa política del genocidio como meras víctimas de un sistema de coerción que les habrían impuesto los altos mandos de la dictadura. La confusión de este concepto no permite que se lo tome en serio. ¿Acaso Alfonsín se atrevería a sostener que hoy no existe en las fuerzas armadas un sistema de coerción? ¡Si su defensa de la camarilla militar es precisamente la defensa de una organización y de un monopolio coercitivo de las armas, sin los cuales el Estado burgués no sería capaz de sobrevivir! Y, por otra parte, si la dictadura impuso un sistema de coerción y la democracia ha devuelto el sistema de la libertad; ¿cómo es que los militares no repudian la represión de la dictadura y siguen queriendo inscribirla entre las epopeyas nacionales? En resumidas cuentas, todo esto es un macaneo que traduce una aguda impasse política y la preparación de una maniobra para salir de ella.

Alfonsín falló completamente también en denunciar en su discurso la agitación orquestada por el gobierno Reagan con motivo de la votación sobre los derechos humanos en Cuba. No se le ocurrió siquiera poner en la picota la arrogancia de que estaban haciendo gala los que posibilitaron la agresión de la flota británica contra Argentina. Los agentes directos del imperialismo llegaron a reprochar al gobierno su falta de agradecimiento a Reagan por la supuesta mediación que éste estaría ejerciendo hoy frente a la Thatcher, y nadie, les recordó en donde terminan las mediaciones norteamericanas y la responsabilidad del gobierno Reagan en la muerte, a veces sin defensa como en el crucero general Belgrano, de miles de argentinos. ¡Y el tema eran los derechos humanos!

El apaciguamiento a los militares planteado en el discurso, culminó con la reiteración de que el gobierno se empeñará en que salga alguna reglamentación definitiva sobre la obediencia debida. El apaciguamiento a Reagan culminó con una reivindicación de la política de “seguridad continental” de la diplomacia argentina, que se habría manifestado en una acción concreta (según lo publicaron La Nación y Clarín al día siguiente del discurso) para impedir el desarrollo de la oposición consecuente contra Pinochet en Chile. ¡Pero la política de “seguridad continental’’ nunca fue una política latinoamericanista, y no digamos independiente! ¡Siempre fue la política del imperialismo! Sirve para defender a Pinochet en Chile y para desestabilizar políticamente a Ortega en Nicaragua; no se ha guardado en todo esto ni la ficción de una similitud. Caputo había dicho que hay argentinos que se resfrían cuando los Estados Unidos estornudan; estamos obligados a concluir, según esto, que el gobierno está sufriendo en este momento un inmenso catarro.

Los ejes de las maniobras políticas

Pero el impasse de la política militar del gobierno no es un hecho aislado. El Austral II puede darse por concluido; no solo los precios están desatados, sino que el gobierno no ha podido detener la escalada del dólar a pesar de haber colocado 1.500 millones de dólares en bonos (con un interés real del 21 % anual) para absorber los fondos que se usaban para comprar billetes verdes. La magnitud del fracaso económico es tan grande que no pudo dejar en pie la política sindical: los aumentos concedidos a la UOM —que en relación a la situación de los obreros y de la inflación no significan nada— han provocado la reapertura de todas las negociaciones salariales, ya que lógicamente nadie se quiere quedar atrás.

La multiplicación de contradicciones políticas ha hecho insostenible la continuidad de la política gubernamental sobre sus viejas bases. La propia renegociación de la deuda externa es un caso perdido, pues, aunque el gobierno obtenga lo que pide (rebaja de comisiones y una refinanciación de pagos) el achicamiento del superávit comercial no da ningún margen para impulsar una reactivación económica y continuar con el pago parcial de los intereses de la deuda.

El gobierno tampoco tiene la alternativa de practicar el inmovilismo, quedarse en el molde y acomodarse a una pudrición lenta de la situación esto no solo porque la reacción obrera cobraría proporciones sino también por la inminencia de las elecciones de gobernador, donde correría el riesgo de que toda la burguesía se agrupe detrás del cafierismo.

En este contexto el anuncio en la noche del martes de que José Rodríguez podría hacerse cargo del ministerio de Trabajo abandonado por Barrionuevo, permite ver el hilo del giro gubernamental. Ese nombramiento culminaría todo un período de preparación del gobierno, dirigido a formar un gobierno radical-peronista, momentáneamente a expensas de Cafiero, al cual se esperaría derrotar en setiembre. Este giro ya fue discutido con la gran industria, y no es casual que los dos sectores que la componen se hayan pronunciado, en sendas reuniones con Casella (ver Clarín, 24.3),por un “pacto político- social...para incentivar la producción” el primero, y por la “necesidad de realizar un acuerdo con la oposición política y los sectores sociales para propiciar consensualmente el crecimiento” el segundo. Al pie del primer pronunciamiento firman Bunge Born, Sa- de y Pérez Companc, y al pie del segundo Alpargatas, Shell, Ingenio Ledesma y bodegas Etchart,

La función de un nombramiento no confirmado aún de Rodríguez sería la de permitir la salida del impasse salarial mediante el retorno a paritarias “rigurosamente vigiladas” por parte de un hombre de confianza de la burocracia sindical y de los "capitanes de la industria”. Emerge de este modo el significado de la formación del grupo de los 15 dentro de la burocracia sindical: transformarse en los garantes de un cambio en la política sindical que no signifique el “desborde” con relación a los intereses del gran capital. El giro en la burocracia fue debidamente anticipado por el plenario de delegados de Luz y Fuerza, realizado hace diez días, el cual llamó aún cambio de orientación de la CGT.

A partir de esta recomposición y de la momentánea ampliación de la base gubernamental, el gobierno se lanzaría con toda audacia a la privatización, a la “apertura comercial” y a propiciar las fusiones de capital. Esto tendría el objetivo de impulsar en primer lugar un proceso de gran especulación económica que sea capaz de arrastrar al conjunto del proceso productivo. Con José Rodríguez y los 15 los despidos masivos serían apoyados, y mucho más la intensificación de los regímenes de trabajo. Todo esto abriría lógicamente un periodo de convulsión y de grandes luchas de intereses, y ahí habrá que ver si las alianzas que se procuran ya están sólidas y si serán capaces de aguantar la crisis. Hay quienes no descartan, para dar todas las garantías necesarias a este proceso, el reemplazo de Sourrouille por Roberto Alemán, el hombre de Galtieri, de la banca Suiza y de la recordada Italo.

Cuando se miran un poco los ejes y características de este proceso político, se ve que enganchan con la posibilidad de una victoria de Cafiero en setiembre, quien realizaría así lo que, según él, es la máxima demostración de que vivimos en democracia —un co-gobierno con presidente radical y gobernador justicialista. Es decir, que, concebida para vaciar la campaña electoral de Cafiero, esta maniobra podría, si fructifica, ser también complementaria con aquélla. ¿Cómo no ligar este proceso de unión nacional bajo comando radical con los resultados de la convención del PI, que también tiene como consecuencia el vaciamiento del cafierismo, y las declaraciones de Oscar Alende apoyando el discurso de Alfonsín en Perdices?

Es indudable que, Papa mediante, Alfonsín confía en una recomposición de este tipo, no solamente para aislar a los milicos recalcitrantes, sino para, por sobre todo, sacar la amnistía. Desde que ésta fue dictada en Uruguay, la almohada de Alfonsín no hace más que recoger los sueltos de que en Argentina aparezca un opositor como Ferreyra Aldunate, para sancionar una amnistía o una variante judicial de ésta. La cuestión militar se resolvería así en el marco de una superación de la crisis política tomada como conjunto. No es casual que, al día siguiente del discurso de Perdices, y no antes, los renovadores del justicialismo, encabezados por Cafiero, sacaran una solicitada de apoyo a Alfonsín, ingresando con alas desplegadas a la discusión de la unión nacional.

Tomada como un todo, esta maniobra es expresión del agotamiento político del régimen, a quien no le alcanza la “unidad nacional” establecida constitucionalmente en el parlamento y en la competencia política entre los partidos. Toma, esa unidad, características extra parlamentarias, es decir, sigilosas, por lo tanto, con marcada tendencia a una evolución autoritaria. Quema más fusibles —el capital político de los demás pálidos de la oposición. Si en estas condiciones la lucha por la independencia obrera frente al régimen avanza, se podrá oponer al bloque político de los explotadores en su conjunto, el bloque de los explotados dirigido por la clase obrera.

En medio de una ofensiva de pronunciamientos y de bombas de la camarilla militar, Alfonsín pronunció un discurso de justificaciones y de excusas ante el imperialismo yanqui y los propios militares. En tanto los militares exaltan la represión genocida. Alfonsín los disculpó como víctimas “de un sistema de coerción” ¿Qué está buscando? ¿La colaboración del Papa para impulsar la amnistía? ¿Un golpe prematuro que le permita presentarse como salvador nacional y que fuerce a la opinión pública a aceptar la impunidad? ¿Más socorro de los yanquis? En cualquier variante esto revela una política de encubrimiento y la vigencia de un pacto con el alto mando militar y el gobierno Reagan (incluso con el cafierismo) para cerrar la crisis.