Prensa Obrera N° 168

En este largo primer mes de verano se ha dado vueltas y revueltas a todos los pliegues de la cuestión del punto final. La política del gobierno y de la oposición justicialista ha sido escrutada en su significado ético, futurista y hasta sicológico (o de conciencia). Nadie dijo, sin embargo, que el punto final es una conclusión más o menos natural del proceso democratizante, el cual tiene como preocupación central, en tanto proceso de contenido burgués y proimperialista, la salvaguardia del cuerpo de oficiales. Si se hubiera dicho esto, el interdisciplinario debate hubiera tenido al menos una conclusión positiva, estratégica, capaz de delimitar los campos entre la burguesía y el proletariado. Pero lo que ha quedado más oculto aún en este mes de cavilaciones es el señalamiento del fracaso de la movilización popular. Nadie parece haberse interesado por este punto, lo cual bien pensado es lógico, ya que en el ambiente político actual domina la seguridad de que las movilizaciones populares deben tener un carácter "cristiano”, es decir, deben servir para “dar testimonio” de la voluntad popular, pero de ningún modo quebrantar la decisión política del Estado burgués. Como en la escala de la imaginación poética el medio político argentino es inferior al francés, a nadie se le ocurrió plantear lo que a los estudiantes de ese país: “el parlamento hace las leyes, la calle las deshace”. La sanción del “punto final” no puede ser explicada exclusivamente por la voluntad del imperialismo y de Alfonsín, a esto hay que agregarle la total falta de voluntad para bloquearla por parte de la oposición, incluida la izquierdista. El 19 de diciembre tuvo lugar una manifestación que se calcula en 70.000 personas, y que algunos llevan a 100.000 para afirmar que es la mayor de todas las protagonizadas hasta el momento. Pero esa manifestación no fue concebida para quebrarle el espinazo al Poder Ejecutivo o al Congreso; incluso en el plano meramente físico fue una amansadora de tres horas hasta que se puso en marcha, para no demorarse luego más de dos horas en cubrir el trayecto previsto y permitir que los oradores se luzcan en el cierre. No se permitió que la totalidad de la manifestación se concentrará frente al Congreso, se apuró su disolución, no se procuró que se convirtiese en un asedio al parlamento y claro está no hubo la menor intención de reconvocarla para el lunes y martes siguientes, cuando iría a tratarse la ley. La concepción de la movilización estuvo enteramente limitada por las condiciones impuestas por el peronismo "renovador”, el cual ha pactado el "punto final” con el gobierno y los "ortodoxos” a todos los fines prácticos. Es que en el preciso momento en que se dividían para el voto de la ley, patoteros y democráticos culminaban su unión política en el PJ. El “avanzado” De la Sota declaraba en el programa "Interpelación” que los renovadores no tienen pensado derogar el punto final en el caso de obtener mayoría parlamentaria en noviembre. En términos de manifestantes los cafieristas no pusieron nada, pero toda la concepción de la manifestación fue dictada por ellos; es así como cierta izquierda concibe la “unidad del campo popular”. Este fracaso es la cuestión central. Porque el problema que se plantea de ahora en más no es si la justicia va a ponerle o no el broche a lo resuelto. Son muchas las contradicciones como para que no salga alguien malherido; las especulaciones sobre esto, desde el Buenos Aires Herald, que afirma que el comportamiento de las cámaras federales está anulando el “punto final”, hasta Clarín, cuyo periodista especializado muestra los trucos que se han puesto en marcha para hacer cumplir la ley. Si se produce algún conflicto que obligue a la intervención de la Corte, la clave será la naturaleza de la movilización popular que explote en beneficio propio los choques entre los aparatos del Estado. El problema de la camarilla militar, de los 30.000 desaparecidos y del "punto final” estará en vigencia todo el tiempo en que se mantenga en la conciencia de las masas, no es una ley la que decidirá. Pero esto no quiere decir que aquí todo sigue igual. Hay un reflujo popular que es producto de una serie de fracasos que tienen idéntico carácter, y que ha culminado el fracaso de la manifestación contra el "punto final”. La estrategia de sometimiento a la burguesía y la táctica de no chocar con el Estado es una tumba para el movimiento popular. Por eso debe abrirse un debate sobre la cuestión. Se está intentando reeditar, de parte del Frepu, la experiencia fracasada, y que el PO no avaló en ninguna instancia y criticó en todas. Se pretende otra vez que los organismos de derechos humanos tomen la iniciativa de una movilización, bajo cuyas banderas vuelvan a negociarse con el “campo popular” otra caminada callejera. Los organismos se vuelven a usar como pantalla para una maniobra de conciliación y para no asumir como partidos responsabilidades políticas directas. Se vuelve a la táctica de la manifestación aislada. Entendemos que es una obligación señalar que la movilización democrática, y que ésta debe estar bajo la iniciativa de organizaciones independientes de aquélla. Lejos de buscar ampliar la base de masas a través de esos partidos, hay que construir organizaciones de base para que esas masas puedan expresarse por sí mismas. La lucha debe tener la finalidad estratégica de socavar al régimen burgués y a todas sus instituciones, pues sin esto habrá inevitablemente impunidad. Los organismos de derechos humanos deben politizarse con un programa, la ambigüedad no ha impedido que se reduzcan y aíslen. La izquierda democratizante quiere hacer del punto final, de la democracia y de las libertades públicas un terreno de confraternización con la burguesía “liberal”, “renovadora”, “honesta” u otras yerbas, en tanto está separada de ella en otros terrenos, como el salario, la deuda externa, las privatizaciones, etc. Esta "dualidad” es absurda y políticamente criminal, porque se cae en las mallas de la estrategia de la clase antagónica. Esta tendencia capituladora explica la política desmoralizadora de las estériles manifestaciones de "testimonio”. En este terreno, más que en ningún otro, el porvenir de la lucha depende de la independencia política y de un programa revolucionario. ¡Adelante compañeros de San Nicolás! La charla-debate que brindó Hebe de Bonafini en San Nicolás el 21 de diciembre, fue mucho más que una instancia de debate y esclarecimiento: fue un enfervorizado acto de los casi 200 asistentes contra el "punto final” y por la cárcel a los genocidas. Lo prueba de ello es que muchos de los concurrentes se sumaron, luego de la charla, al Grupo de apoyo a las Madres (que organizó la actividad) a fin de encarar desde ahora la campaña para —como alguien dijo, parafraseando a Hebe— desatar el moño que el Papa viene a ponerle a esta amnistía”. Estuvieron presentes también, compañeros de Villa Constitución y ya se acordó organizar la visita de la presidente de Madres para febrero, en esta castigada ciudad. ¡Adelante compañeros de San Nicolás! Corresponsal Troccoli asciende a dos encubridores Mario Fernández y Enrique Grecco son dos policías que acaban de ser ascendidos por un decreto presidencial. El problema es que ambos están implicados en el secuestro del empresario Jorge Sivak. Por tal motivo estarían siendo investigados por la misma policía y por la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas. Mario Fernández, ahora nuevo comisario inspector, fue puesto al frente de la división Defraudaciones y Estafas en la investigación del caso Sivak por el mismo Alfonsín. Cuando uno de sus colegas, el subcomisario Moreschi, descubrió que entre los secuestradores del empresario figuraban miembros del batallón de Inteligencia 601, Fernández, “hombre de confianza" de Alfonsín dijo tener órdenes superiores de “blanquear” a los secuestradores. No lo logró, sin embargo, pues al poco tiempo la misma familia Sivak denunció la complicidad del batallón 601 y la policía con el secuestro. Estos encubrimientos explican lo que el diario La Razón (20 y 30/12/86) ha calificado como “morosidad”, "falta de energía" o "complicidad deliberada” por parte del gobierno en el caso Sivak. El ascenso de Fernández y Grecco ha obligado al diputado Jesús Rodríguez a decir “o Fernández o los diputados radicales". Lógicamente si Rodríguez fuera consecuente, debería haber renunciado; pero difícilmente los diputados que votaron el “punto final” vayan a hacer algo. El ascenso de Fernández y Grecco (y todo el caso Sivak) vuelven a demostrar la complicidad del alfonsinismo con los “servicios”, reclutados naturalmente de los viejos "grupos de tareas”.

La liberación de uno de los más conocidos “disidentes” soviéticos, el físico Sajarov, evidencia todo el sistema de falsificaciones en que se basa la represión política en la URSS. Sajarov había sido confinado hace siete años por ser un elemento “antisoviético" y por desarrollar "propaganda disolvente". De un día para otro, el "contrarrevolucionario" es trasladado a funciones en la Academia de Ciencias, un puesto ligado a las cuestiones de la máxima seguridad del Estado después de una conversación telefónica directa con el máximo líder soviético, Mijail Gorbachov. Sajarov está ligado a los sectores “liberales” del aparato, (Sajarov ejerció durante años cargos de alta responsabilidad en cuestiones de seguridad) y su condena fue impuesta en su momento por el ala “inmovilista" representada por Brejnev. Al ser liberado Sajarov se presentó con un “hombre de Estado" abogó en favor de los tratados de limitaciones nucleares; elogió la “apertura” de Gorbachov; pidió el retiro de las tropas soviéticas de Afganistán sin dar precisiones y reclamó una amnistía para los presos políticos en la URSS. Entretanto han recrudecido las medidas represivas contra los llamados: “contestatarios de base" (Le Monde, 16-12) como quedó en evidencia con la muerte de Anatoli Marchenko tras una huelga de hambre de meses y signos de malos tratos. Estancamiento y reforma económica La sociedad soviética atraviesa por una tremenda impasse. Las últimas décadas fueron de total estancamiento, disminuyó el ritmo de aumento del producto global y en especial la calidad de la producción. La industria tuvo una muy escasa renovación y descendió la productividad. Sólo en algunos complejos, de alta concentración tecnológica, hubo durante ese periodo un crecimiento destacado y hoy esos “pulmones” son parte de la base social del ala gorbachiana. La salida que se ha concebido para salir de este marasmo tiene varios componentes. A partir de enero de este año comenzará a regir un nuevo sistema de mayor diferenciación salarial. El incremento global será de 20 a 25 % para los obreros, del 30 al 35 % para los ingenieros y entre 40 y 45 para aquellos ingenieros, que se dediquen a la Investigación. Se ampliarán las diferenciaciones dentro de cada categoría de obreros, entre distintas empresas y dentro de las empresas (premios, destajo, etc.). Con los aumentos de precios previstos, el nuevo régimen producirá una rebaja general de salarios y una diferenciación en favor de los sectores más acomodados y de las empresas más rentables. Se ha comenzado a Implementar la llamada autonomía de las empresas, que les permite negociar directamente con el mercado mundial y utilizar las divisas obtenidas, así como decidir el destino de los fondos excedentes. Se propugnan empresas mixtas con el capital extranjero, las que gozarán de exención Impositiva, independencia de la planificación central y derecho a "experimentar con las técnicas de relaciones laborales de Occidente” (The New York Times, 6/1/87). Es decir que estamos ante un plan de dislocamiento de la economía estatizada y de ataque a los trabajadores. Estas reformas echan luz sobre el nuevo régimen que autoriza el trabajo privado individual, que busca preventivamente dar salida a las cesantías masivas que provocarán las "reformas". Las empresas con pérdidas tendrán que "racionalizar” personal y eventualmente ir a la “quiebra" como ya se ha establecido en China y se discute en Hungría. Esto, unido a la rebaja de salarios, provocará una masiva desocupación, de ahí el derecho a recurrir al cuentapropismo. Perspectivas políticas Estas reformas van a acentuar las contradicciones sociales en la URSS. El maniobreo político de Gorbachov con los disidentes más reconocidos y con los medios culturales va de la mano con un mayor endurecimiento contra los reales militantes anti-burocráticos y con una negativa total a encarar la única medida de democratización real que puede acompañar una “reforma económica" como la propuesta: la libertad de acción para sindicatos verdaderamente independientes. Los trabajadores necesitarán más que nunca de sus organismos de defensa frente a la ofensiva "racionalizadora". Un anticipo de esto fueron las huelgas mineras en el bajo Don (Clarín, 3/1/87). Las “reformas" gorbachianas ya han comenzado a agravar la disgregación en el seno de la burocracia. Sus propuestas de "tiro al blanco contra el burócrata ineficiente" abren profundas brechas en todo el aparato. Por su parte, cuenta un disidente liberado, Yuri Orlov, que, en los campos de concentración, entre los prisioneros políticos, en especial entre los obreros, hay un profundo rechazo a las alternativas burguesas y que lo que los trabajadores quieren es un partido comunista de otro tipo.

El Parlamento uruguayo también acaba de aprobar “su” ley de “punto final”. El "independiente” Poder Judicial fue sencillamente puesto de lado. Bastó para todo esto que la camarilla militar desacatara cualquier convocatoria de la justicia a alguno de sus oficiales. La trama efectiva de la "democracia” quedó así, al desnudo, pues las instituciones "representativas” se sometieron a los "elegidos por nadie”, es decir, al aparato burocrático-militar. El partido Blanco, de la oposición, fue “persuadido” de votar a favor de la amnistía cuando se le dio a entender que era una condición insuperable si quería acceder al gobierno en las próximas elecciones. El “punto final” es una coronación natural del proceso democratizante, lo que confirma el carácter totalmente antidemocrático de la burguesía nacional. La responsabilidad del Frente Amplio El FA es la dirección reconocida de las masas y domina el PIT-CNT y los sindicatos estudiantiles. Su conducta es la clave para entender por qué pasó la ley de punto final. Ante los primeros signos de la insubordinación militar (septiembre), los blancos levantaron un proyecto de amnistía encubierta: juzgar “sólo los crímenes gravísimos". El FA condicionó su apoyo a la ampliación del concepto de “gravedad”. El proyecto blanco no prosperó porque lo único que los militares estaban dispuestos a aceptar era la amnistía, pero la conducta del FA desnudó cuál era su programa. Seregni, líder del FA, coincidió en todo momento con los blancos y colorados en "la necesidad de encontrar una salida política que reinserte a las FF.AA. en la sociedad". Con este declarado propósito impulsó "la suspensión por un año del inicio de los juicios", provocando una ola de indignación en la izquierda. Pero Seregni no fue el único. "No podemos incendiar el país porque las mayorías parlamentarias encuentren una solución que les parece adecuada.” (Yamandú Fau.PGP). "No se puede tomar una posición de radicalismo extremo, ni decir que la posible alianza entre blancos y colorados ha sido una especie de pacto entre traidores” (H. Lescano, PDC). "Vamos a explicar con altura por que no estamos de acuerdo con este acuerdo, pero no queremos incendiar el país” (E. Valenti, Partido Comunista, Búsqueda. 27/11). Bajo la forma de “objeciones” y "discrepancias”, el FA se prestó a dar vía libre a la impunidad. Esto se puso crudamente de manifiesto en su negativa a movilizar a las masas para quebrar los proyectos de amnistía en curso. La burocracia del PIT-CNT se sumó a esta política. En Uruguay es una tradición que los trabajadores respondan con la huelga general a cualquier intento golpista. ¿Qué fue la insubordinación sino un golpe de estado encubierto? La burocracia bombeó muchas veces la lucha reivindicativa con la muletilla de la “defensa de la democracia”. El Punto Final es la más descarada violación a la democracia política, ¿Por qué no se paró entonces? El 80% de la ciudadanía era contraria a la impunidad. La movilización a fondo, particularmente de los trabajadores, hubiera hecho estallar el proyecto reaccionario en mil pedazos. Sin embargo, las direcciones del FA y el PIT-CNT no se empeñaron consecuentemente en ella. El ejemplo del estudiantado francés no les sugirió ninguna política similar. Es que un nuevo fracaso de los proyectos de impunidad hubiera profundizado la crisis política. Aun votando en contra de la ley, todos los desvelos del FA apuntaban a cerrar la crisis abierta con el desacato. Para ello no dudó en boicotear la movilización popular, única forma de parar la amnistía. La conducta frenteamplista pone de relieve su intención al Estado burgués. El FA ha demostrado, a la luz de la crisis, su incapacidad para convertirse en un canal de lucha de los explotados. Entre los anhelos de las masas y la política de la coalición hay un abismo que se profundiza. ¿Cómo luchar contra la amnistía? El paquete antidemocrático aprobado exige una férrea lucha unitaria de masas para anular la ley. Esto sólo puede conseguirse con los métodos de la acción directa de los trabajadores (paros, marchas, etc.). En este marco, el Partido de los Trabajadores apoya la propuesta de Madres y Familiares de convocar a una CAMPAÑA POR EL REFERENDUM contra la amnistía. El camino de lucha no está cerrado. Se ha abierto un abismo entre el régimen democratizante y las masas. Esto socava la política de integración del Estado y el FA y la burocracia sindical, que se manifiesta en la “concertación” y en la integración de los directorios de las empresas estatales. La derecha del FA propugna profundizar esta política, “para no aislamos”: Esto tiende a acentuar la tendencia, ya presente, a la dislocación del frente popular uruguayo. Frente a esta profunda crisis política, el Partido de los Trabajadores llama a los partidos obreros y de izquierdas a romper con la burguesía y, en el marco de un Encuentro de los Trabajadoras y la Izquierda. Con este planteo el PT está seguro de que aglutinará a la vanguardia obrera uruguaya definiendo la estrategia y metodología de un Frente Revolucionario Antiimperialista. Uruguay: Voto secreto en los sindicatos Radiografía de un frente popular El PGP y PDC, partidos integrantes del FA, han propugnado, en el marco de la discusión parlamentaria del fuero sindical, el voto secreto controlado por las autoridades competentes para las decisiones sindicales. Esta gente, que se considera democrática, reivindica la regimentación de los sindicatos por el Estado. Pero, precisamente, esta reglamentación es la base de los regímenes corporatistas. El PGP y el PDC dicen defender la Constitución, pero violan el derecho de asociación, por cuanto ya no serían los afiliados los que definirían y aprobarían los estatutos sino el Estado. Si se tiene en cuenta la brutal miseria de las masas uruguayas, la regimentación sindical tiene como único objeto impedir que los trabajadores utilicen los sindicatos, aún los burocratizados, como herramientas de lucha contra la explotación patronal. La decisión de estos partidos patronales plantea una seria crisis política en el FA. El FA “cerró” la divergencia dejando a cada partido "en libertad de acción para votar según su filosofía”. Esta “solución” ilustra el grado alcanzado por la tendencia a la dislocación del FA. Se pone así de manifiesto el carácter contrarrevolucionario de los frentes populares, en cuyo seno actúan partidos contrarios a la independencia obrera. En nombre de la unidad con la clase media, subordinan a los trabajadores, a través de los partidos obreros, a las posiciones de la gran patronal y el imperialismo, representado por los PDC y PGP.

A principios de mes se llevaban recaudados más de 20 mil australes de la Campaña Financiera relámpago aguinaldo en curso. Los fondos de esta campaña están destinados a los comités regionales para que se puedan dotar de los recursos para abrir nuevos locales, mejorar los actuales, y adquirir los elementos necesarios para incrementar la agitación y la propaganda en sus zonas: mimeógrafos, bocinas, carteles, pintura, etc. En este sentido es importante que los comités regionales insistan en discutir colectivamente y en difundir los objetivos que pretenden alcanzar en sus zonas de modo de ganar a militantes y simpatizantes para la lucha por concretarlos. La Campaña forma parte de los objetivos aprobados en el reciente Congreso partidario, tendiente a organizar la actividad partidaria hacia la difusión del programa revolucionario y el reclutamiento. La campaña debe servir para establecer los padrones de relaciones de todos los círculos y organismos partidarios y llevar adelante una recorrida general sobre el mismo. La Campaña comenzó con lentitud y hubo retraso en la presentación de planes por parte de diversas zonas. Pero su ritmo comenzó a incrementarse en los últimos días, lo que se manifiesta en los fondos ingresados como por los nuevos compromisos de aportes. El ritmo de aportes ha superado los 100 aportes diarios. La Comisión de Organización y el Comité Ejecutivo resolvieron prorrogar la Campaña hasta el 29 de enero con el fin de cumplir con los objetivos fijados por las regionales. Se lleva recaudado algo más del 40% de los objetivos, pero hay regionales muy retrasadas, como la zona norte del Gran Buenos Aires y de algunas provincias, que no llegaron al 15% de sus planes y que tienen planteado redoblar sus esfuerzos para alcanzar las metas propuestas.

Sobre el artículo “Nuestra Intervención en el Congreso Pedagógico" del Boletín Interno N° 26/86 en el ítem “En este marco debemos Plantear”: El círculo docente, luego de debatir el boletín y acordando en general con todo el enfoque dado a nuestra participación en el terreno del Congreso Pedagógico, desea hacer algunas observaciones y aportes en lo que respecta a: 1 — Cuando plantea el BI: “50 australes de asignaciones por escolaridad", entendemos que la consigna correcta debe ser el aumento del monto por hijo, en una cifra que realmente permita al trabajador tanto alimentar como mandar a su hijo a la escuela, ¿por qué? Porque el monto por escolaridad se pierde en vacaciones y se otorga recién a partir de los 6 años (salvo casos como Neuquén, donde el preescolar es obligatorio desde los 5). Esto implica — dado que el salario familiar incluida la escolaridad no alcanza siquiera para ayudar a darle de comer al chico, mucho menos costear la escolarización— el arribo de niños a 1er. grado, ya mal alimentados con problemas de abandono y falta de estimulación, etc, etc. Por lo tanto, planteamos: ₳ 50 de salario por hijo; para que la madre trabajadora pueda poner en guardería a sus hijos además de alimentarlos y vestirlos. Esto es primordial. Si no, recibimos en preescolar niños ya marginados por la alimentación y la falta de estímulos. De nada sirve en ese momento el salario más abultado por el incremento de escolaridad. 2 —Entendemos que en las reivindicaciones falta agregar el PREESCOLAR OBLIGATORIO. Si bien en Neuquén es una realidad, en el resto del país no existe, y aquí los que hay son escasos. El fundamento es el siguiente: El Estado “se hace cargo" de la educación de los niños desde los 6 años. La educación de 3 a 5 años (fundamental y decisiva en la formación del niño) está totalmente desprotegida. Allí se observa la gran discriminación, dado que solo la pequeña burguesía y la burguesía pueden llevar a sus hijos a guarderías, jardines maternales y jardines de infantes, donde el niño goza de un clima de afecto y vivencias adecuada a sus etapas psicológicas, que desarrollan y estimulan sus operaciones mentales, psicomotrices, etc. Por otro lado, en las barriadas obreras no hay otro jardín de infantes que la calle o la zanja, - mientras la madre o el padre está trabajando; no hay otra nurse que los hermanitos mayores; no hay otro juego que el de la realidad cruda de estar gran parte del día solos. Por eso planteamos, además del preescolar obligatorio a los 5 años, jardines de infantes estatales de 3 y 4 años y guarderías estatales para madres que trabajan de 0 a 2 años. En el tema de guarderías, no es cuestión de instalarlas solamente (como ocurre en Neuquén) sino de nombrar maestras jardineras y especializarlas en puericultura y psicología infantil. En Neuquén, esta es una lucha que mantienen las compañeras que trabajan en las UAF (Unidades de Acción Familiar) agremiadas en ATE. Debemos impulsar cursos de especialización en horarios de clase y su integración al régimen de suplencias y vacaciones que tienen los docentes. 3 — Con respecto a los comedores escolares: entendemos que tal como está planteado, se transforman en una recarga para el personal docente, directivo y porteros ¿por qué? De los directores: porque el monto que se envía para gastos es insuficiente, y depende de los “malabarismos” de los directores completarlos con donaciones, salir a buscar “pichinchas”, correr detrás de cada distribuidor cada mes, dejando de lado la atención de la escuela que es su función específica. De los porteros: porque no se nombra personal para el comedor, recayendo en ellos /a tarea. De los docentes: porque recae en ellos la atención de los chicos, servir el almuerzo (fuera del horario) transformándose en un trabajo extra que, en muchos casos, Impide a los compañeros que trabajan en escuela con comedor, trabajar en doble turno por la carga extra en el almuerzo, después de la hora de la salida. Por eso al punto de comedor escolar debemos agregar: Presupuesto que alcance para cubrir los gastos de alimentación y personal específico para la atención del comedor. 1/12/86

Las recientes elecciones cordobesas dieron lugar a un gran salto en la votación del PO en la provincia y naturalmente a una importante extensión de la influencia partidaria (gran cantidad de fiscales y apertura de casas del partido durante la campaña electoral). Para fin de año, el Comité Regional convocó a una Asamblea Abierta del PO con el propósito de llevar las conclusiones políticas del proceso electoral a la amplia franja de simpatizantes que habían colaborado y se habían acercado en las últimas semanas. Efectivamente, la asamblea abierta congregó a alrededor de 120 compañeros, el doble de la realizada al comenzar la campaña electoral. Entre los asistentes había trabajadores de los barrios Villa Libertador, San Vicente y de “la 13”, así como activistas sindicales de UTA, que vienen de protagonizar una importante huelga. Pero la Asamblea abierta se convirtió también en un hecho de características políticas especiales, pues se hicieron presentes delegaciones dé Familiares y de Abuelas, así como militantes del PC y del PL. Gregorio Flores presidió la asamblea y brindó a través de su informe el cuadro político de la misma: el balance partidario de la experiencia electoral demostraba el retroceso radical, la naturaleza contradictoria del voto a De la Sota, la razón del retroceso de la izquierda democratizante, el carácter revolucionario de la campana del PO y la necesidad de un Frente de Trabajadores. Las preguntas y el debate generado indicaron que el balance partidario brindó efectivamente la base para la confluencia política de gran parte de los asistentes. La asamblea abierta del PO de Córdoba parecería señalar que la regional tiene una gran base para desenvolver los proyectos que tiene entre manos: apertura de nuevos locales en los barrios. aparición de una prensa partidaria provincial, organización de nuevos círculos y extensión de la agitación política.

Debate en la UMP Capital: “Un sindicato clasista necesita otros estatutos” El actual estatuto de la UMP es una herencia de las corrientes burocráticas que codirigieron el sindicato hasta diciembre de 1986. La victoria clasista obtenida por la lista Marrón puede encontrar trabado el desarrollo de un sindicato combativo y de masas en el marco del viejo estatuto, cuyas características son marcadamente restrictivas. Pero a la hora de hablar de estatutos es imposible obviar el debate surgido en torno a la representación proporcional en la Comisión Directiva. La Marrón levantó la defensa de la proporcionalidad durante toda la campaña electoral ante las maniobras del oficialismo y la burocracia que impusieron mediante la junta electoral el sistema 70/30, con la clara intención de copar el sindicato e impedir la participación clasista en su dirección. El triunfo de la Marrón desmanteló esta maniobra y accedió a la conducción con el 70 % de los cargos. Los partidos patronales cayeron así presos de sus propias trampas. Sin embargo, el acceso de la Marrón a la conducción en estas condiciones, generó un gran debate en el seno del activismo nucleado en dicha lista. La aplicación de la proporcionalidad en estas elecciones nos enfrentaría a la realidad de ser minoritarios, en términos numéricos, frente a los partidos patronales. Alternativa Docente (corriente impulsada por el Mas) expresa en su periódico que está dispuesto a luchar por la aplicación de la proporcionalidad porque la considera un “principio” indiscutible. De seguirse la política propuesta por el Mas se llegaría al absurdo de entregar el sindicato en nombre de la proporcionalidad a aquellos que pretenden destruirla. Una consigna táctica para impedir el copamiento del sindicato por los partidos patronales es convertida en un principio para que efectivamente lo copen y destruyan la democracia sindical en el gremio. La propuesta del Mas apunta en estos términos, a la LIQUIDACIÓN de la victoria clasista obtenida en la UMP. En este sentido nos pronunciamos por la defensa del triunfo antiburocrático levantado por los maestros de base impidiendo el acceso de los radicales a la conducción cuyo caudal electoral se recauda entre funcionarios y miembros de comisiones digitadas y espurias que jamás han luchado por las reivindicaciones docentes. El estatuto que necesita la UMP Actualmente es necesario contar con 4 años de antigüedad en la docencia y 2 en la UMP para ser delegado. Estas condiciones han dejado de lado muchas veces a compañeros combativos y representativos de sus escuelas, tomando esos puestos docentes que solo se hallaban estatutariamente en regla. Nosotros proponemos la derogación de estos requisitos (¡Más restrictivos que la dictatorial 22.105!) exigiendo como únicas condiciones tener 1 año en la docencia y 6 meses en la UMP haciéndolo extensivo a los miembros de comisión de distrito y miembros de comisión directiva. Los maestros a la hora de elegir, no se fijarán en las condiciones estatutarias, sino en la tradición de lucha de cada compañero. Asimismo, este estatuto debe garantizar la defensa de todos los trabajadores de la Educación de Capital Federal, independientemente de sus jurisdicciones, incorporando a los docentes nacionales, los docentes privados, etc., tendiendo así en forma práctica hacia el Sindicato único de Capital Federal. Nuestro estatuto debe permitir la plena participación de los maestros, rechazando la influencia, cuando no el copamiento de las asambleas, por parte de los funcionarios digitados y enviados por la Secretaría de Educación. Proponemos la suspensión de todos los derechos sindicales a los miembros de comisiones de servicio no gremiales, garantizando de esta forma que las asambleas sean el fiel reflejo de los maestros de base. Nuestro estatuto debe defender a muerte la democracia obrera, manteniendo la soberanía de las asambleas como órgano máximo de deliberación y decisión, ante los intentos de los radicales y el Mas que bajo la excusa de la falta de representatividad de las asambleas, pretenden reemplazarla por plebiscitos y votos en urna (coincidiendo cien por cien con el proyecto de ley de reglamentación del derecho de huelga impulsado por el gobierno). La flamante Comisión Directiva de la UMP tiene como una de sus tareas prioritarias la convocatoria a una asamblea general de reforma de estatuto para garantizar el funcionamiento democrático de nuestro gremio. En dicha asamblea se votará la proporcionalidad, entendida ésta como un arma para expulsar a la burocracia y a la patronal de los sindicatos y para que los trabajadores dirijan sus organizaciones gremiales y no como un instrumento del cual se valen los partidos patronales persiguiendo fines extraños a los de los trabajadores. Nuestro desafío es transformar a la UMP en un sindicato de masas, expulsando a los funcionarios de su seno, abriendo todos los canales para que los docentes utilicen esta herramienta en sus luchas cotidianas. En esta UMP queremos y defendemos la proporcionalidad porque estamos convencidos de que la misma servirá para potenciar en la dirección a los compañeros combativos. Conadu: La movilización que no cesa Los docentes universitarios parecen no haber bajado la cortina en este receso veraniego. El próximo 6 y 7 de febrero se realizará el plenario nacional de la CONADU, pero la movilización ya está marcando las pautas de lo que será esa reunión. En Tucumán, las asociaciones de las facultades de Agronomía y Zootecnia, Bioquímica, Química y Farmacia, Filosofía y Letras y Ciencias Exactas han resuelto no tomar exámenes en febrero y marzo. En la Universidad del Nordeste (Chaco-Corrientes) la Federación de Asociaciones Docentes resolvió “ratificar el estado de asamblea permanente y su estado de alerta, y proseguir con el plan de lucha en 1987 adoptando diversas medidas a propuesta de las bases”. En Buenos Aires, las asambleas realizadas en Agronomía, Veterinaria Socio y Farmacia trataron la propuesta de no comenzar el año lectivo ‘87. En Filo y Exactas se planteó iniciarlo con paros escalonados. En el CBC se votó no dar el ciclo de verano de febrero. En Agronomía y Veterinaria se volvió a proponer no tomar los finales en el turno de marzo. Una posición similar surgió de parte de la Federación Docente de la Universidad Tecnológica Nacional, a la cual la regional Buenos Aires añadió la moción de no comenzar las clases sino 15 días después de la fecha prefijada. Con todas estas propuestas en debate, el próximo plenario de CONADU aprobará seguramente un consecuente plan de lucha, el cual servirá de motor a la lucha docente nivel nacional, y el cual deberá inscribirse en la unidad político-práctica con el movimiento estudiantil. Corresponsal Docentes primarios: Empiezan las vacaciones, la lucha sigue Los docentes de las colonias de vacaciones de Sanidad Escolar han sido víctimas de una estafa salarial. El Ministerio de Educación los contrató prometiéndoles ₳ 400 y 3 días antes de salir informa que sólo pagará ₳ 200. Como en años anteriores, las condiciones de infraestructura (agua, medicamentos, juegos, etc.) son desastrosas. Los docentes debían salvar la situación poniendo plata de su bolsillo. Pero hasta aquí es historia repetida: la bicicleta de Sanidad Escolar es tan vieja como el desprecio de la burguesía a la educación pública. Lo nuevo es que los docentes decidieron ponerle freno a esta burla y, la UMP, por primera vez. se puso a la cabeza del reclamo. Asambleas con más del 70% del personal, movilizaciones, petitorios y telegramas se sucedían día tras día. El Ministerio intentó reemplazar a los docentes en lucha, pero los maestros contratados a último momento, al enterarse del conflicto se sumaban a la lucha, negándose a carnerearla. EI FITE, integrante de la Lista Marrón (directiva de la UMP) sostuvo la necesidad de extender y organizar el conflicto, unificando los reclamos docentes por los salarios con los de los padres contra las condiciones desastrosas de las colonias. Para ello, proponía viajar con el primer contingente para debatir allí cómo garantizar el éxito de la lucha. Contrariamente, Alternativa Docente (Mas) sostuvo que había que “boicotear" la colonia. En una asamblea improvisada (aprovechando la ausencia del secretario general de la UMP y miembro del FITE) y en una votación muy dividida, el Mas Impuso su posición al contingente que debía partir a Córdoba. Al día siguiente, parten en su totalidad los contingentes de Tandil y Mar del Plata dispuestos a continuar la lucha allí y a su regreso. Con esta división se confirmó la posición del FITE: los que se quedaban aislados y dispersos, comenzaron a ver el callejón sin salida a que fueron conducidos. Una nueva asamblea con los docentes que quedaron en Capital rectificó el rumbo. Se votó continuar la lucha, además de por el salario por la reincorporación a las colonias. La lucha sigue: para el 15 de enero, la UMP convoca a una nueva asamblea, junto a docentes y padres, para debatir las próximas medidas para quebrar la bicicleta ministerial.

En el mes de diciembre se eligió una nueva conducción en la delegación de la Asociación Argentina de Actores, perteneciente a una lista combativa integrada por actores del PO, PC e independientes. La anterior conducción estaba encabezada por el Mas, junto a actores del PO, PC e Independientes. El Mas durante el ejercicio de su mandato llevó una política de querer transformar la estructura sindical en un apéndice partidario, para lo cual no vaciló en manijear numerosas resoluciones actuando a espaldas de la base del gremio y en muchos casos a espalda de la propia Comisión Directiva. De esta manera logró que la Asociación Argentina de Actores apareciera en oportunidad de la reorganización de la CGT provincial trenzando un puesto en la lista impulsada por la burocracia, o actuando en el seno del Frente, con una orientación proburocrática, lo cual le costó al gremio que fuera separado de ese ámbito. Esta conducta se repitió en cada oportunidad. La razón de su conducta manijera era lógica. Cuando llevaba su orientación al seno de la Directiva o a la asamblea del gremio no la podía imponer, como ocurrió cuando decidió apoyar los 26 puntos de la CGT, o cuando propuso, ante un paro de la CGT, que la asamblea del gremio no decidiera nada sino que se convocara a asambleas por sectores para que cada uno de ellos decidiera, independientemente de los otros, el curso a seguir. Esta política de seguidismo a la burocracia, los métodos faccionales, burocráticos y manijeros, fueron ganando el repudio de la base del gremio, de modo que las elecciones realizadas terminaron sancionando este repudio. El Mas había rechazado la propuesta del PO de formar una lista unitaria y cuyo cargo de secretario general fuera dirimido en una asamblea. Para el Mas el cargo de la secretaría no estaba en discusión, pues era su principal hombre público y uno de los principales candidatos de la lista del Frepu en las elecciones del 85. Por eso decidieron cortarse solos, y fueron derrotados en una asamblea general, de la cual se retiraron, sin presentar su lista de candidatos. De esta manera, el gremio terminó eligiendo una conducción encabezada por compañeros que han tenido una posición consecuente de lucha por las reivindicaciones del gremio, contra la burocracia sindical y por la democracia obrera dentro de los sindicatos.

Los políticos de las más diversas extracciones se han puesto de acuerdo en calificar a 1987 como un “año político”. La definición tiene el único interés de demostrar que conciben a la política como un fenómeno electoral, lo cual despojaría a la lucha de clases que se procesa cotidianamente de toda connotación política. La burguesía se esfuerza por presentar a la lucha política como privada de contenido clasista, pretende que ella consiste en diferentes formas de servir al “interés común". Se trata sin ninguna duda de un desvergonzado afán de ocultar los mezquinos intereses capitalistas a los que sirven estos políticos. Al mismo objetivo apunta la calificación de las luchas reivindicativas como “corporativas" o “sectoriales”, pues de ser así esas luchas se agotarían en sí mismas y no tendrían relación con una perspectiva de transformación de la sociedad. En realidad en toda lucha que protagonizan los explotados está presente como tendencia la reconstrucción de la sociedad sobre bases socialistas. Maniobra patronal Es indudable que la apresurada calificación de “año electoral” tiene una finalidad claramente reaccionaria, como es la de querer que los trabajadores posterguen sus luchas y depositen en los resultados electorales la expectativa de la solución de sus problemas. La expresión de la voluntad popular no estaría en el combate cotidiano sino en las urnas, cosa que no valdría para los capitalistas, los cuales pueden proseguir implacablemente con su explotación y sus planes de hambreamiento. Pero quien domina la vida cotidiana de las masas domina las urnas: si los trabajadores son derrotados y demolidos en su lucha contra el capital, no tienen ninguna posibilidad de servirse de las urnas como otro instrumento de combate contra los explotadores. El sufragio es una expresión de democracia política solamente cuando los trabajadores tienen las herramientas del poder en sus manos; allí donde esto no ocurre, el voto es un velo que oculta que la ciase que realmente tiene el poder es la burguesía. La caracterización dé 1987 como “año político” o “electoral” le sirve al gobierno para denunciar a las luchas sindicales como carentes de motivación genuina y atribuirles ocultas finalidades partidistas. Su propósito de dividir al movimiento de masas la delata. Pero el negocio mayor en todo esto lo hace el cafierismo, pues le permite presentarse como el instrumento que podría sustituir a la “desgastante” lucha diaria en la realización de las aspiraciones populares. El peronismo patronal se yergue como una alternativa en la medida que fracasa la lucha de clases de los trabajadores; allí donde ésta adquiere vigorosa altura son las organizaciones que crean las masas las que se constituyen en la alternativa política de éstas. La vanguardia de la clase obrera se encuentra atomizada políticamente; por este motivo es imposible reagruparla como fuerza independiente en el marco electoral, si para ello se coloca en un plano secundario la agitación y organización de las tremendas tendencias de lucha que provoca la descomposición capitalista y la política gubernamental. Acá hay que aplicar a rajatablas aquello de que la intervención electoral (en tanto que táctica) debe estar subordinada a la acción directa de las masas. “Izquierda” coincide La izquierda democratizante que está nucleada en el PI y en el Frepu se ha incorporado fervorosamente a la tesis de que 1987 es “año político”. Los “intransigentes” se están devorando por las candidaturas electorales la estructuración de la lucha de masas no ha sido rozada en las innumerables reuniones que ha protagonizado en las últimas semanas. Su política frentista tiene un horizonte exclusivamente electoral, y para colmo pasa por el cafierismo (de modo que los "estatizantes” se aliarán con los “privatistas"). El mismo electoralismo caracteriza al Frepu, cuya declarada preocupación es poner un diputado en el parlamento — algo que podría resolverle los problemas internos a la dirección del PC o del Mas, pero que de ningún modo puede constituir una finalidad prioritaria. Un frente que sirva para el reagrupamiento de la vanguardia de la clase obrera debe tener un carácter de combate, no electoralista, y para esto debe definir su estrategia y sus métodos de lucha. La izquierda debería partir de las tendencias reales de la situación política, la fundamental de las cuales es el agudizamiento de la lucha contra la creciente miseria salarial. 1987 debe ser un año clave de lucha. La izquierda que subordina la lucha a las elecciones no tiene ni remotas chances de hacer frente a las candidaturas patronales. Un frente importa cuando sirve para reagrupar a la vanguardia obrera, independizarla de los partidos patronales y convertirla en dirección de la mayoría nacional. Cuando en cambio sirve a los intereses de las burocracias de los partidos obreros, es reaccionario. El reciente retroceso electoral del PI y del Frepu en Córdoba; el desmoronamiento de la dirección “Izquierdista” del sindicato de Sanidad; la división que aparece a la hora de formar listas antiburocráticas; todo esto está indicando que el reagrupamiento de la vanguardia obrera no encuentra un canal en la izquierda democratizante y en su política frentista. Los partidos patronales marchan confiados en que lograrán, encuadrar a las masas a lo largo del año y polarizar entre ellos las elecciones de noviembre. Estas se convertirían en una puja interburguesa, en la cual el proletariado actuaría como furgón de cola de la fracción cafierista. Lo que puede hacer frente a esta situación no es un simple rejunte electoral de izquierda sino una alternativa que encame la tendencia a la independencia política de la vanguardia de la clase obrera. La tarea prioritaria práctica en este comienzo de año es preparar política y organizativamente al activismo obrero y sindical para impulsar la tendencia a la huelga general que está planteada en los sindicatos docentes, salud, ferroviarios y los estatales en general —lo que pondrá sobre el tapete la cuestión de la huelga general en el conjunto del movimiento obrero. Programa en acción Si 1987 es un año de lucha, es evidente que requiere un programa de acción. El NÚCLEO de este programa está en la reivindicación del salario mínimo, pues en él se concentra la superexplotación y miseria de las masas, y constituye el mecanismo fundamental del pago de la deuda externa y del sustento del sistema capitalista. Los ₳ 400 de salario mínimo y móvil (y su traslado a jubilados) deben guiar reivindicativamente a los trabajadores para que su lucha no quede diluida en el “combate contra la política económica”, pues esto solo conduce a un recambio cafierista o grinspuniano del plan austral. Los ₳ 400 de salario mínimo son la plataforma reivindicativa común de todo movimiento general de las masas, que es a lo que debe tender todo partido o militante consecuente. La otra reivindicación es la denuncia de todos los convenios de trabajo y laudos ministeriales y la exigencia de paritarias mediante la inmediata presentación de un pliego de reclamos. La consigna pertinente es asambleas generales en todos los gremios y lugares de trabajo para aprobar al pliego de reclamos y un plan de lucha. La victoria de estas dos reivindicaciones inviabilizan el pago de la deuda externa y de las privatizaciones, lo cual revela su carácter estratégico. Es a partir de esta lucha que las organizaciones obreras y populares pueden cobrar un carácter activo y plantear, gracias a ello, un programa de acción que contemple la reorganización socialista del país y la conquista del poder político por los trabajadores. El Partido Obrero declara, naturalmente, que 1987 es “año de lucha", y esto es lo que determinará la concentración de sus fuerzas y las prioridades de su política. El proletariado no podrá salir de la degradación profunda a la que lo condena el capital si no es mediante su reagrupamiento político profundo, en tomo al eje de la independencia de clase, la revolución proletaria y el gobierno de los trabajadores

La izquierda está asistiendo al desmoronamiento lógico de un partido creado con un inflador. Es perfectamente conocido que el PI no se estructuró como partido en torno a un programa, sino que se pretendió explotar electoralmente la figura de Oscar Alende, en tanto que éste procuraba explotar, por su lado, la militancia cotidiana de los que querían usufructuarlo. La política así entendida no puede ser nunca, lógicamente, revolucionaria, y lo más probable es que concluya creando pequeños monstruos. Esta conformación explica que el PI fuera desde el vamos un partido inclinado contra la izquierda. En sus convenciones y en sus documentos domina el planteo expreso de excluir y rechazar a los partidos que se oponen principistamente a la democracia burguesa y proimperialista. El doctor Alende y sus hijos putativos no tienen ningún reparo en plantear un frente con los socios del navarrazo, de la derecha peronista del 73 y hasta con los firmantes de acuerdos con el FMI y de decretos de “aniquilamiento de la subversión” pero se les eriza la piel cuando oyen la palabra clasismo ¿Qué indica esto sino una declarada filiación anti-obrera? La dirección del PI usa la palabra programa en abundancia, y acusa a los demás de una completa desactualización ideológica. Pero lo que el PI ha ofrecido hasta ahora es un limitado capitalismo de Estado y un planteo constitucional derechista por referencia a la Carta de 1853. Dios sabrá por qué se considera un partido "moderno”. A la hora de las alianzas, sin embargo, está dispuesto a pactar con el privatizador Manzano o con el entreguista Cafiero. Los alendistas creyeron que sus 800.000 votos de las últimas elecciones los habían transformado en un árbitro político, una condición muy preciada dentro de la pequeña burguesía por los negocios subterráneos que todo arbitraje permite. Pero ahora no tiene quien le arbitre sus contradicciones internas: hasta es probable que se quede afuera de todos los frentes y con un grave retroceso electoral. Lo que se construye con el inflador se destruye con un elemento con punta. La desintegración del PI forma parte del progresivo agotamiento de las ilusiones que inspirara el período abierto en 1983. La pobreza ideológica de la crisis retrata la consistencia del partido. Ningún sector del PI tiene envergadura de ideas y eso se prueba en la nula discusión política. La bancarrota del Pl es la de toda una formación ideológica, a saber, la Izquierda democratizante, que se agota en reclamar tres o cuatro nacionalizaciones y poner la palabra “justicia social” al lado de democracia. Todo este sector es tributarlo del nacionalismo burgués pre-peronista y del peronismo, que fue la expresión que abarcó a todas las propuestas nacionalistas. La sociedad argentina, parte de la economía mundial, no tiene otra salida que la revolución dirigida por el proletariado. Por eso se trata de estructurar a éste en clase dirigente, lo que equivale a decir en partido Independiente, que plantee el derrocamiento de la burguesía y la reorganización socialista de la sociedad sobre la base de la dictadura del proletariado.

En 1984 Alfonsín y Grinspun, firmaron el decreto 3455, que disponía los aumentos salariales para el tercer trimestre de ese año. Su texto, intencionadamente confuso y ladino, permitió que una gran cantidad de patronales escamotearan una parte de los aumentos. La deuda que se creó de este modo con los trabajadores alcanzó, por ejemplo, en la UOM, al 23 % de los salarios actuales. Numerosos juicios por el cobro de esta diferencia fueron llenando los tribunales. En los últimos días de 1986, también con otro decreto, el 2175/86, Alfonsín dejó sin efecto los juicios ya iniciados y prohibió la iniciación de nuevas causas. Sé pretendía legalizar el robo patronal. La medida se basó, según el propio Poder Ejecutivo, “en la cuantía de los reclamos, susceptibles de provocar serias consecuencias, no sólo en lo económico sino también a la política de ingresos fijada por el Gobierno”. Esto produciría “un enorme perjuicio económico”. ¿Pero para quién? Para las patronales, de las cuales el gobierno es su abogado. Para pagar la deuda externa y para financiar la privatización de las empresas públicas siempre hay plata. Para los trabajadores no. El gobierno constitucional viola despóticamente una de las garantías constitucionales fundamentales de los ciudadanos: el derecho a recurrir a la justicia. Ni a los jubilados (a los que se les decreta el “estado de emergencia” para robarles sus jubilaciones) ni los trabajadores pueden recurrir a la justicia para defenderse de la rapiña de los patrones y su Estado. El régimen constitucional no duda un segundo en pisotear la constitución y la democracia política cuando se trata de atacar las conquistas de las masas y defender los privilegios de las camarillas patronales y sus aliados militares eclesiásticos e imperialistas. Como el Punto Final, el decreto 2175 desnuda a la dictadura patronal en acción. Hay que acabar con esta porquería.

La noche de Navidad fallecía en el Hospital Italiano el joven operario de Sevel, Alejandro Raúl Juárez, quien había ingresado en el Hospital como consecuencia de un accidente ocurrido en la planta de Fiat de Caseros. Prensa Obrera habló con su padre, Pedro Juárez, quien nos relató los pormenores de la muerte de Alejandro. —“Alejandro era el cuarto de mis nueve hijos. Trabajaba desde hacía 4 meses en Fiat Caseros como operario en la sección Estampado, aunque era oficial soldador múltiple. Alejandro había empezado a trabajar a los 7 años, por eso era oficial pese a ser tan joven..." P.O.: ¿Cómo fue el accidente? —Mi hijo “atendía” un balancín. El martes 23/12, antes del mediodía, por una falla mecánica, la máquina le seccionó 4 dedos de la mano izquierda. Yo conozco el tema (trabajé más de 30 años como metalúrgico) y le digo que un accidente así sólo puede ocurrir por una falla del balancín. La máquina se maneja con dos pulsadores (uno para cada mano) que deben apretarse al unísono. Al levantar cualquiera de las dos manos, el balancín debería pararse. Es más, Alejandro comentó en casa que el balancín no funcionaba bien. En el velorio, sus compañeros de sección me confirmaron que mi hijo le había avisado en 4 oportunidades de la falla al capataz, la última media hora antes del accidente. Pero ni el capataz ni los técnicos se acercaron a verificar su funcionamiento. P.O.: ¿Qué pasó entonces? —Al producirse el accidente, Alejandro fue llevado hasta la enfermería de la planta, donde le hacen los primeros auxilios. Alejandro estaba lúcido, aunque muy dolorido y deprimido al verse afectado de esa forma. Acompañado sólo por el delegado, fue llevado al Italiano. P.O.: En el Italiano fue operado de urgencia...? —Alejandro entró caminando al Hospital y enseguida fue llevado a la sala de operaciones para reinjertarle los dedos. Desconocemos quién dió la orden de operarlo, pues ningún familiar estaba presente para autorizarlo. Por otra parte, lo operaron sin ningún análisis prequirúrgico. A las dos horas y media de la operación nos comunican que había sufrido un paro cardíaco y había entrado en coma. P.O.: Fue entonces que lo trasladaron a terapia intensiva... —Sí, y lo que sucedió después, lo desconoce todo el mundo. Por orden médica, no nos permitieron verlo en los dos días que estuvo en terapia intensiva. Decían que podíamos “impresionarnos’ ’. Durante los dos días de su agonía no nos dieron ninguna explicación de su evolución. El jueves, a las 14 horas, la novia pudo entrar a verlo y lo notó “frió y duro”. Recién nos comunicaron su muerte a las 23 hs., nueve horas después. P.O.: Su hijo estaba afiliado a la UOM, ¿qué ha hecho el Sindicato? —Mirá, al velorio vino Curto y una delegación de la UOM Caseros. Uno de estos tipos me dijo que “seguramente su hijo le quiso ganar a la máquina". Para estos alcahuetes la culpa es de mi hijo, no de la empresa. Yo a esta gente la conozco desde hace más de treinta años: trabajé en G.M., en Slam, en Marshall (donde fui delegado) y sé que siempre estuvieron con la patronal, no con el obrero. . P.O.: ¿Qué piensan hacer ahora? —Los amigos, los vecinos y los familiares hemos decidido formar una Comisión Investigadora, para esclarecer los hechos y llevar a los responsables a la Justicia. Aquí hay hechos muy graves. En el velatorio me comentaron que después del accidente la empresa había arreglado el balancín. Esto es ocultamiento de pruebas. Mi hijo había entrado hacía cuatro meses a Sevel: allí el examen médico es muy riguroso y Alejandro lo pasó sin problemas. Nunca había tenido una enfermedad grave. Todos los que los conocimos estamos muy indignados: Alejandro entró caminando al Italiano, no podemos entender que por una operación de cuatro dedos haya muerto. Aquí hay una serie de responsabilidades que hay que deslindar. ¿Por qué ocurre el accidente? ¿Por qué se intenta ocultar las pruebas? ¿Quién decidió la operación? ¿Por qué no hubo análisis prequirúrgicos? Al formar esta Comisión Investigadora, lo que buscamos es esclarecer todo esto hasta las últimas consecuencias. Que los trabajadores de Fiat y el Italiano se acerquen con los datos e informaciones que puedan ayudar a que los responsables de esta muerte no queden impunes. Formamos esta Comisión para que toda la bronca de sus compañeros no quede impotente, sino que encuentre un canal para evitar que estos atropellos a los trabajadores vuelvan a repetirse. Alejandro Raúl Juárez: Una muerte anunciada La muerte de Alejandro Juárez no ha sido causada por un “lamentable accidente” como se apresuraron a informar los voceros de Sevel, del H. Italiano y los burócratas de la U.O.M. A Alejandro lo mató el desprecio por la vida del obrero que conlleva la explotación capitalista. Como en miles de “accidentes laborales", la causa es la voracidad patronal: los ritmos de producción que van hasta niveles insoportables; las condiciones de seguridad que son desastrosas; la atención sanitaria que es deplorable. Para los patrones la seguridad de los trabajadores es un gasto improductivo y que hace menos rentable a su empresa. - En un sistema cuyo único objetivo es el logro de los mayores beneficios a cualquier precio la vida del obrero es secundaria. En un sistema cuya única finalidad es amasar ganancias sin miramientos, el obrero se convierte en un accesorio, en un sirviente de la máquina. Lo importante para él patrón es que ésta no se dañe, porque a diferencia del trabajador reponerla cuesta plata. Finalmente, nuevos Alejandros la pondrán a funcionar, para seguir produciendo ganancias para el capital. A pesar de ser extremadamente joven, Alejandro llevaba sobre sus espaldas 14 años de explotación. Mienten los médicos, mienten los patrones, Alejandro no murió de una falla cardíaca. Alejandro fue víctima del engranaje de la explotación patronal. ¡Es hora ya de poner fin a toda esta porquería!

La prensa imperialista se ha ocupado mundialmente de explicar a sus “selectos” lectores (banqueros, financistas, grandes industriales, gobiernos) las reales razones y objetivos de la publicitada fusión de las filiales argentinas y brasileñas de Ford y Volkswagen. El corresponsal carioca del New York Times (Alan Riding), transmite así el punto de vista patronal: “Hemos encontrado una forma de racionalizar las operaciones de los dos grupos. Los principales objetivos de la nueva empresa serán... lograr mayor eficiencia operacional y el mejor uso de la capacidad instalada” (30/12). Estos conceptos los aclara mejor la revista británica The Economist (29/11/86):. “VW y Ford han emprendido este camino pues ambas necesitan reducir su capacidad productiva. Con su colaboración las dos compañías esperan reducir abruptamente sus costos de producción ", Más claro imposible; “racionalización”, "eficiencia operativa”, “mejor uso de su capacidad de producción”, significan una sola cosa: mandar al tacho de basura a una parte de la capacidad productiva existente, lo que inevitablemente implica el. despido masivo de personal. La fusión es la respuesta de estas patronales imperialistas a un fenómeno de crisis capitalista: “las subsidiarias de Ford y VW en ambos países —dice The New York Times— tienen una cosa en común: están operando a pérdida”. Ninguna de las dos empresas obtiene ganancias como en Brasil desde 1981. Solamente la VW brasileña perderá este año 100 millones de dólares, después de perder 40 en 1985. La industria automovilística argentina opera al 50 % de su capacidad instalada. Es decir, hay un modo capitalista de producción en crisis; hay una “gestión” capitalista incapaz de desenvolver las fuerzas de producción, y esta incapacidad es resuelta a costa de la capacidad de producción existente y a costa del empleo de los trabajadores. Racionalización es despidos y reducción salarial “Racionalización de operaciones”; “mayor eficiencia operacional"; "mejor uso de la capacidad instalada"; “reducción de la capacidad productiva"; “disminución abrupta de los costos”. Los trabajadores conocemos de sobra el significado concreto de estas finas palabras: cesantías, despidos, reducción salarial. Aquí y en Brasil; en Ford y en Volkswagen. La VW brasileña acaba de anunciar el despido de 1200 operarios de sus plantas de Sao Bernardo do Campo y Taubaté. Eran “personal excedente" (Jornal do Brasil, 17/12/86). Ricardo Zinn, “gran patrón” de la industria automotriz, subsecretario del “inolvidable” Rodrigo y ahora asesor de Sourouille, lo dijo con toda claridad: “sin colaboración gremial no es posible la racionalización” (El Cronista Comercial, 3/12/86). Pero esa “colaboración”, como es bien sabido, se reclama precisamente, cuando se quiere golpear contra los trabajadores. La misma “cooperación” ha pedido Robert P. Spavero (presidente de Ford Argentina) en reciente "comunicado al personal”. Pero los trabajadores de Ford y VW no serán los únicos afectados. La fusión de ambas empresas y los acuerdos de integración con Brasil incluyen a las fábricas de autopartes y la siderurgia. “Entre (los acuerdos de Argentina y Brasil) existe uno sobre vehículos que permitirá el libre flujo de autopartes..." (The Economist, 29/11/86). En este “flujo” una parte de los autopartistas irá a la quiebra y sus trabajadores engrosarán la desocupación. Claro que los competidores de Ford—VW no se quedarán de brazos cruzados. Según La Razón (7/12/86), Sevel y Saab han comenzado sus contactos con terminales brasileñas con la misma finalidad de “integrarse" y “reducir la capacidad productiva”. Esta es la perspectiva abierta con la fusión Ford—VW. Desde el punto de vista nacional, la fusión significa la destrucción de fuerzas productivas en beneficio de las ganancias de los pulpos imperialistas. El gremio quiere saber de qué se trata A todo esto, el SMATA dice: "Ford y Volkswagen se comprometieron a no producir ninguna actitud que afecte a los trabajadores, como mínimo hasta el 30/4. En ese lapso, el SMATA mantendrá conversaciones con ambas empresas "(Clarín, 18/12/86). Mientras los yanquis y alemanes sacan sus cuentas y calculan donde más les conviene despedir, si aquí o en Brasil, si en Pacheco o San Justo, la burocracia llama a confiar en sus “negociaciones”. Negociaciones de las que tienen al margen a los trabajadores del SMATA. El gremio quiere saber de qué se trata. Es necesaria una Asamblea conjunta de Ford y VW Es necesaria la acción en común con los compañeros de autopartes. ¡Es necesaria la acción internacional con los trabajadores brasileños! Porque el asunto es muy claro: ¡ninguna “racionalización” a nuestras costas! Que la mayor “eficiencia” que se pregona sirva para reducir la jornada de trabajo sin tocar el salario — es decir que se lo debe valorizar. Que la mayor “eficiencia" redunde en menores precios. Para asegurar ambas cosas debería implantarse un control obrero democrático de la producción. ¡Que los capitalistas paguen las consecuencias de la crisis de su modo de producción y gestión, no los trabajadores! Esta es la cuestión.

Las intervenciones del Oeste, el Rural y el San Miguel han reabierto entre los empresarios y entre los economistas burgueses el debate sobre el nivel de las tasas de interés. Un sector plantea la necesidad de reducirlas, porque con tasas altas continuaría la recesión y la quiebra de las empresas. Como resultado de estas quiebras, el sistema financiero no podrá cobrar sus préstamos y también irá a la quiebra. Otro sector, por el contrario, reclama tasas elevadas. Una rebaja, argumenta, desataría una corrida al dólar, con el consiguiente “vaciamiento” de depósitos por los especuladores. Los bancos irían a la quiebra al no poder afrontar el retiro de los depósitos por “falta de liquidez”. Como puede verse, la tendencia a la quiebra bancaria es independiente del nivel de las tasas de interés (sean altas o bajas, los bancos van a la quiebra). Todo intento de mantenerlo en vida, sólo alargará su agonía y el desangre de la Nación que se ve obligada a sostenerlo, por la vía del BCRA. Hay que terminar con este cáncer: la estatización de la banca y el control obrero de la banca centralizada son la única salida progresiva. Bajo la protección radical La banca vive de subsidios Clarín (10-1) informa que "la cifra global de redescuentos (préstamos) por situaciones transitorias de iliquidez (falta de efectivo) por parte del BCRA a todos los bancos aumentó de 4 380 millones a 620 millones en los últimos cuarenta días”. De esta cifra, nada menos que un 9% fue destinado a "auxiliar” a las tres entidades recientemente intervenidas. Se pone claramente de manifiesto lo sostenido por el PO.; el sistema financiero sólo es parasitario, sino que además está fundido; sólo se mantiene con subsidios que hunden, a su vez, a la moneda nacional (inflación). La banca privada está "nacionalizada" en lo que se refiere a su financiamiento, pero totalmente privada en cuanto a sus beneficios. La banca privada está en quiebra. Para mantenerla el BCRA desangra la Nación. La estatización del sistema financiero, bajo control obrero es la salida más barata, nacional y democrática para terminar con esta sangría de la riqueza nacional en beneficio de un puñado de chupasangres.

La burguesía ha observado con alarma los retrocesos electorales del radicalismo en San Luis, y especialmente, en Córdoba. Para Ámbito Financiera (17/12) iniciaron “el ciclo decadente" de la UCR. La Nación los calificó de "preocupantes" (23/12). El Buenos Aires Herald fue más lejos, pues afirma que la UCR es el único partido con "credibilidad democrática”, de modo qué la perspectiva de su derrota pone "en riesgo al sistema”. Los voceros de la gran patronal no ven a las derrotas radicales como parte de un proceso de alternancia electoral con el justicialismo, sino directamente como un factor de abierta crisis política. En un editorial, La Nación (3/1) se juega más a fondo en este análisis. Dice que el alfonsinismo se caracteriza por estar "construyendo un poder económico”, refiriéndose obviamente a la gran banca, los “capitanes de la industria” y la gran oligarquía acaparadora de las tierras de los productores en crisis. Al cafierismo lo acusan de encabezar a los "sectores insatisfechos”. De ahí la "preocupación" de que el “poder económico" no sea aplastado electoralmente. Las elecciones provinciales están muy lejos, como se ve, de haber “enriquecido" al régimen patronal, y mucho menos de haber logrado una supuesta “derechización” del electorado. Sus consecuencias han sido una acentuación de la crisis política. Es precisamente por esto que la gran patronal y el imperialismo se interesan en la “correcta” evaluación del cafierismo. Estos "renovadores" ya han advertido, por ejemplo, que no derogarán la ley de punto final, y esto lo dijeron nada menos que por boca del "izquierdista " De la Sota (programa Interpelación). Cañero por su lado no ha repudiado sus anteriores afirmaciones de que propugnaría un gobierno de coalición justicialista-radical. El otro mecanismo que habrá de poner en marcha la gran patronal para hacer frente a la crisis política es la reforma constitucional. Esta tendrá por objetivo reducir la presencia electoral de los partidos, lo que supondría para realizarse un acuerdo radical-cafierista. Asimismo, apunta a que el Parlamento se convierta en un vínculo automático de las leyes del Ejecutivo, que así podría legalizar su tendencia a gobernar por decreto. Por último, serviría para polarizar las elecciones presidenciales en torno a Alfonsín, cuya reelección se autorizaría. Todo esto plantea a la vanguardia de la clase obrera la necesidad de empeñarse en el desenmascaramiento de la patraña “renovadora", que pretende posar de “liberación nacional".

Para el 26 de enero la directiva de la UF ha convocado a asamblea general ordinaria de delegados en el complejo médico social del Instituto de Servicios Sociales (Escobar, Provincia de Buenos Aires). Estos delegados fueron electos en los comicios nacionales del 83, es decir forman parte —mayoritariamente— de las trenzas burocráticas de las 62 y los 25. Los trabajadores se han enterado por un comunicado que el congreso tratará la Memoria y Balance y, como es de rigor bajo la actual burocracia, no ha sido convocada una sola asamblea para discutir mandato. El momento ha sido elegido cuidadosamente —es el momento de vacaciones en gran parte de los talleres— y de cualquier modo el congreso tiene carácter “informativo”. Pedraza y Cía. se aprestan a convalidar allí el manejo fraudulento de los fondos, de sindicato y obra social. Debe tenerse en cuenta que la directiva de la UF aplicó desde el mes de julio un descuento compulsivo a los trabajadores ferroviarios elevándolos por todo concepto (cuota más obra social) al 9,5% del salario, el más alto de cualquier sindicato y sobre un salario que no supera los 200 ₳. Esta masa de fondos ha ido al sostenimiento de un fenomenal aparato burocrático. En la actualidad hay más de 200 dirigentes rentados en la UF a un sueldo promedio de 800 ₳ y es de 1.000 el sueldo de los directivos, a lo que se suma la renovada y ampliada flota de vehículos de la UF. Como se ve es letra muerta aquel punto del estatuto de 1960 por el que el sueldo de un directivo debía ser igual al de su especialidad más un viático de no más del 10% de la escala mínima. Sobre este punto, una reunión de delegados de la especialidad de cambios de distintas líneas, realizada el 27/12 ha tomado esta justa posición “¿a directiva llama a una asamblea fantasma que no sirve para organizar al gremio y prepararlo para la lucha, sino para dejar pasar las terribles condiciones que exige el gobierno: paritarias sin discusión de salarlos y que no afecten en nada el presupuesto que marca el FMI. Reclamamos: 1. Que se convoque a asambleas de seccional, para discutir el mandato a nuestros delegados. 2. Que no se realice el congreso hasta que no se discuta en todas las especialidades las condiciones mínimas de trabajo que necesitamos. 3. En caso que la CD haga oídos sordos a este reclamo, movilizamos hasta la sede del congreso, para hacer escuchar nuestros reclamos. Por los seccionales y talleres Temperley: Un ejemplo a seguir en todas las seccionales La asamblea general realizada en Temperley a principios de diciembre, y que contó con la presencia de 70 compañeros, en su mayoría delegados de base recientemente electos, aprobó por unanimidad la siguiente resolución: 1. Repudiar el proyecto de privatización de empresas estatales. 2. Exigir a la Comisión Directiva la urgente convocatoria a Junta Consultiva de Presidentes de seccionales con mandato de asamblea. 3. Un salario básico de emergencia de ₳ 250 para la escala uno. 4. Paritarias libres y sin condicionamientos. Plena vigencia del coeficiente de actualización salarial existente en el convenio. 5. Repudiar la ley de emergencia previsional. Plena vigencia del 82 y 75% móvil para jubilados y pensionados. 6. Treinta días de plazo para regularizar la publicación de vacantes. 7. Reclamar la movilización ante la privatización periférica del ferrocarril. 8. Proponer la formación de una comisión de enlace entre los distintos gremios de empresas del estado para la defensa de la fuente de trabajo y el salario. La importancia del planteo de Temperley es que da la base para un reagrupamiento de todas las comisiones de reclamos, seccionales. delegaciones y activistas que quieran concluir en un frente de lucha que retome la experiencia de la coordinadora de bases del gremio. 8° Congreso de la UF Temperley votó la impugnación En una combativa asamblea se votó, por noción de los compañeros de la agrupación El Ferroviario, rechazar la Memoria y Balance debido al desconocimiento que los ferroviarios tienen del manejo de los fondos. Ante la nueva ausencia del delegado (verde) al congreso (ver artículo en esta página), se resolvió elegir un nuevo delegado «para que defienda esta posición y reclame un plan de lucha contra la privatización, los ₳ 250 de básico, y paritarias sin condicionamientos. Llamó la atención la posición del Mas, oponiéndose a la elección de un delegado de lucha "ya que no estaba asegurado nuestro ingreso al congreso y allí además vamos a ser minoría”. La asamblea pasó por encima de estas miserias y se encolumnó detrás de la decisión de presentar batalla a la burocracia. Corresponsal Burzaco; El extraño caso de la seccional que volvió de la muerte La burocracia verde ha apelado más de una vez al cierre de seccionales (sea por levantamiento de ramales o por necesidades de aparato). Ahora ocurre un hecho novedoso. Entre gallos y medianoche la verde se lanzó a formar una Comisión Ejecutiva para volver a la vida a la seccional Burzaco, cerrada desde hace años. Burzaco linda con Temperley y la nueva ejecutiva de Temperley estaba avanzando en su organización. La “resurrección” de Burzaco tiene el propósito de detener este proceso e instalar un nuevo enclave burocrático en la zona Sur. Frente a esto la Naranja tiene planteada una intensa agitación por una asamblea general que elija democráticamente a los compañeros más honestos y representativos para poner en pie la seccional, y barra con los agentes de Pedraza. Cuestión que los "muertos" no se pasen de "vivos" La Plata (Belgrano) Que se elija la comisión de reclamos! En esta seccional de alrededor de 500 trabajadores se realizaron elecciones de Comisión Ejecutiva en las que se impuso la lista Verde (oficialismo) con 168 votos seguida de la Celeste y Blanca (peronista) con 140 y la Naranja (antiburocrática) con 122. Las dos listas burocráticas retrocedieron respecto a las elecciones de dos años atrás mientras que la Naranja, formada los días previos a la elección e integrada por el PO, PC, PI y un sector desprendido de la burocracia, realizó una excelente elección, en especial en los talleres Gambier (300 trabajadores, corazón de la seccional). El programa de la Naranja hacía hincapié en la plena vigencia del convenio ferroviario, anulado por la dictadura y no reconocido por la “democracia", el respeto de la jornada de 44 horas y la lucha contra la privatización. La Naranja hizo un excelente debut. Hoy está planteada su continuidad como movimiento de lucha por la inmediata convocatoria a elección de comisión de reclamos y la preparación de un pliego de reclamos de la seccional encabezado por el salario básico de emergencia de ₳ 250 para la escala uno y equiparación con los demás talleres generales. San Martín (Mitre). Compañeros del PC: ¿con los radicales o con las bases? Las cosas en la seccional San Martín del Mitre están claras. Para las elecciones de seccional —aún sin fecha— van tres listas: la Verde, la Blanca (62) y la Violeta, de tradición antiburocrática pero hoy copada por los radicales (a instancias del Más). A la cabeza de esta lista, para colmo, van radicales de la peor calaña, sindicados por su nefasta trayectoria en el gremio. Los ferroviarios del PO en la seccional han roto con esta lista, que a lo único que lleva es a la desmoralización de los activistas, y ha llamado en particular al PC (lista Granate) a poner en pie una corriente antiburocrática. La lista Granate, sin embargo, aún no se ha definido, a pesar de la clara tendencia en su base a romper con la Violeta que hoy es amarilla y poner en pie una alternativa gremial de lucha y electoral por nuestras reivindicaciones. Este es el desafío planteado. ¡Fuera la burocracia y los agentes del gobierno! Compañeros de la Granate: tienen la palabra. Corresponsal

Aunque la CGT declare, finalmente, un paro nacional para el próximo 26, esto no significa que la base de su política haya dejado de ser la concertación con el gobierno y los patrones. Un paro aislado no modifica la realidad política ni la situación del movimiento obrero. Esto los capitalistas lo saben muy bien, y contemplan a un posible paro como un “costo” menor frente a la ola de luchas que desataría un inmovilismo completo de la CGT. Con la política de reducción salarial que sigue el gobierno la CGT nunca podría llegar a un entendimiento completo. Si los precios suben un 20% en el trimestre, y el gobierno “autoriza” a discutir salarios entre un piso de aumento del 7% y un techo del 13%, u ordena que en el sector público el aumento sea del 9%, es evidente que no se puede llegar a ninguna clase de acuerdo firmado. Pero a falta de posibilidades de un pacto expreso funciona uno de hecho, que consiste en permitir que esta política anti-obrera siga su curso, matizada con alguna protesta. Un ejemplo claro de esto es lo ocurrido con los últimos acuerdos del a*o pasado, que contemplaban una reposición si el aumento del salario era superado por la inflación, pero esto no se dio nunca. O lo ocurrido con la lucha de salud pública, que fue completamente entregada, al igual que lo que ocurriera, con variantes diferentes en ferroviarios. Ahora la dictadura salarial del gobierno se pone de nuevo en marcha, y la CGT declara su primer paro una semana después de cobrar la primera quincena. Mientras tanto, sigue discutiendo en él parlamento una “compatibilización” de posiciones sobre las paritarias, renunciando a imponer la discusión libre (como lo garantiza la Constitución) mediante la lucha abierta. La ausencia de paritarias congeladas en el Congreso, da vía libre a los salarios por decreto. En este cuadro general la burocracia de la CGT declara aspirar a un pacto social con el gobierno. La burocracia sindical ha renunciado a luchar por las reivindicaciones obreras. En la discusión “oficiosa” con el gobierno aceptó un salario mínimo de 165 australes, cuando la canasta familiar supera los 550 australes. Se reclama un nivel de indigencia, que queda convertido en una base “natural” de la explotación de los obreros por los capitalistas. Dicho de otro modo, se toma las condiciones de explotación impuestas por los capitalistas bajo la dictadura, como límite “natural” de las reivindicaciones obreras. Igual destino han tenido las paritarias, a las cuales la burocracia ha renunciado en toda la línea, pues acepta su condicionamiento por el Estado y la postergación de su vigencia. Si estuviera preocupada por este inquebrantable derecho sindical, ya habría reunido las asambleas gremiales para elaborar el pliego de los reclamos y dar preaviso de huelga para el caso de que no empezaran las negociaciones. Actuando así estaría enfrentando genuinamente, y no pactando sigilosamente, con el gobierno antiobrero. No hay viraje de la burocracia, ni giro de lucha. El paro será una maniobra para ir tirando, y ver si se pueden ir salvando las condiciones del pacto CGT-gobierno-patronales. Las luchas verdaderas y reales comenzarán muy pronto, pero a partir de los lugares de. trabajo, porque se hace sentir cada vez más terriblemente el empobrecimiento general. A partir de estas luchas deberemos armar comités interfabricales o coordinadoras de reparticiones públicas, y tomar el control y la dirección de nuestras luchas en nuestras propias manos.