Prensa Obrera N° 1577

En sintonía con el intento de Alberto Fernández de eliminar la movilidad jubilatoria y suspender las paritarias, Axel Kicillof largó su propia ley de emergencia económica con una andanada de ajustes, la cual busca que se apruebe el jueves 19 en la Legislatura. No hay en la emergencia de Kicillof ni una mención a aumentos salariales a los trabajadores estatales, aunque sí fija beneficios impositivos a los empresarios a través de Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (Arba). En cuanto a la emergencia educativa, el gobernador anunció el objetivo de financiar obras de infraestructura, que se van a trabajar en convenio con municipios y consejos escolares. Esto, tras reconocer que buena parte de las casi 12.000 escuelas bonaerenses se cae a pedazos. Sin embargo, la anunciada “puesta en valor” de los establecimientos no ataca laraíz del problema, que es el desfinanciamiento educativo, agravado en los ocho años de gestión de Scioli y el mandato de Vidal (con la complicidad del pejotismo que aprobó sus presupuestos de ajuste en la Legislatura). De hecho, Kicillof anunció que prorrogará el presupuesto vidalista, al servicio del pago de la deuda y de los requerimientos del FMI. Entonces, ¿cómo piensa llevar a cabo el arreglo de las escuelas? “Con inversiones y trabajo de la comunidad”. La idea del keynesiano Kicillof es “comprometer a toda la comunidad educativa en el proceso de reconstrucción de la educación” y llamar “a las organizaciones civiles libres del pueblo, cooperativas, padres y estudiantes” para que se pongan a pintar paredes (La Nación, 17/12). Un ejemplo es lo que dispuso la intendencia de Moreno, distrito en el que el estado de destrucción de los establecimientos escolares condujo al asesinato laboral de Sandra y Rubén. Allí, la intendenta Mariel Fernández -del Movimiento Evita- planteó que “la situación económica del municipio está muy mal, pero iniciamos un camino de organización popular y compromiso: invitamos a todos a que reconstruyamos las escuelas. En el verano los papás, las mamás, las organizaciones solidarias y las empresas, junto al municipio y el Consejo Escolar podemos reparar las escuelas” (Página/12, 17/12). Es decir que llama a la comunidad educativa a tapar los baches del ajuste del que son víctimas. Pablo López, el ministro de Hacienda bonaerense, desembuchó abiertamente que todo el presupuesto provincial estará condicionado a garantizar el pago de una deuda impagable. “Necesitamos hacer frente a la situación de emergencia que vive la provincia. El endeudamiento implica no sólo que la provincia tenga que hacerse de dólares, sino que se tengan que destinar más recursos al pago de la deuda ante cualquier movimiento del dólar” (Perfil, 17/12). Esto lo dice mientras el gobierno de Alberto Fernández viabiliza la devaluación mediante el establecimiento de distintas cotizaciones de la divisa estadounidense. El gobernador “amigo de los docentes”, según Roberto Baradel, no sólo busca evitar poner un mango en infraestructura escolar, sino menos aún para los salarios. En sintonía con esto, el titular de Educación, Nicolás Trotta, declaró que “no es tiempo todavía de hablar de porcentajes de aumento para los docentes” y esquivó mencionar como parte de la tarea de “reconstruir la educación” la convocatoria a paritarias -mucho menos sobre el respeto de la cláusula gatillo que Suteba se jacta de haber impuesto a la ex gobernadora Vidal. Sólo la genuflexa “amistad” de la dirección del Suteba con Kicillof puede llevar a Baradel a declarar en estas condiciones que, en marzo, los docentes comenzarán el dictado de las clases. Estará nuevamente en manos de la Multicolor organizar la lucha, porque la docencia no baja sus reclamos.

El conflicto de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) tomó alcance nacional con los destrozos que sufrió el edificio gremial y con el paro que alcanzó a 60 líneas y se extendió este lunes y martes. Detrás de esto se encuentran varios factores que hay que tener en cuenta, como es la guerra mafiosa entre dos sectores de la burocracia, la disputa entre grupos empresarios poderosos vinculados con bloques políticos patronales y, de fondo, por supuesto, los reclamos salariales y de condiciones de trabajo que se extienden ampliamente en la base del gremio. Como un aspecto fundamental es preciso señalar que se cuela en esta crisis la pretensión de Hugo Moyano -al que está vinculado el burócrata opositor de UTA, Miguel Bustinduy- por incidir en la cartera de Transporte, en momentos en que el gobierno de Alberto Fernández lleva adelante el loteo de ministerios, secretarías y otros cargos. Una burocracia descompuesta y propatronal Las dos fracciones mayoritarias que operan en la UTA, una encabezada por Roberto Fernández y otra por Bustinduy, no sólo defienden a punta de pistola y con métodos patoteriles sus intereses, sino que éstos no coinciden con los de los trabajadores colectiveros y sí con los dos grupos empresariales más importantes del país: Mercedez Benz y Dota, respectivamente. El grupo Dota creció fuertemente durante el kirchnerismo, aunque nunca frenó su desarrollo durante el macrismo, llegando a operar el 67% de las líneas en la zona metropolitana. Recientemente, adquirió las líneas de la ex Expreso Lomas, luego de diez meses de paro por parte de los trabajadores. El vínculo entre Bustinduy y Dota se expresa en la regimentación de las elecciones de delegados en cada línea de la empresa; al tiempo que los personeros de Bustinduy funcionan como fuerza de choque patronal contra acciones gremiales legítimas, como ocurrió hace unos meses en las líneas 542 y 551, donde intentaron evitar un paro a los tiros. Por su parte, para Roberto Fernández, la democracia sindical no tiene lugar en la UTA, manteniendo un estatuto completamente proscriptivo que le permitió renovar su mandato por cuatro años más, sumando así dieciséis consecutivos. Fue en la última elección de 2018 donde el oficialismo proscribió incluso la lista de Bustinduy, su ex aliado, siendo la suya lista única. Este año, Fernández -con patota y ayuda policial- atacó a un grupo de colectiveros despedidos en 2017 y que ocupaban la sede cordobesa. El prontuario los une; lo que los divide son los intereses patronales. Moyano, por un lote en Transporte Las declaraciones de Hugo Moyano para desligarse de la decisión de Bustinduy de destrozar y ocupar la UTA no ocultan su descontento con la designación de Mario Meoni a cargo del Ministerio de Transporte, y en particular de Walter Saieg en la Secretaría de Transporte, ya que para Moyano es en la secretaría donde se maneja todo. La disputa por un lugar allí está vinculada con los jugosos subsidios que manejan. Recuperar la UTA para los trabajadores Estos hechos ponen de manifiesto la necesidad por parte de los trabajadores de poner en pie un reagrupamiento independiente de ambas facciones de la burocracia, que organice cuerpos de delegados sobre la base de la democracia sindical y la asamblea para defender salarios y condiciones de trabajo. Los despidos antisindicales, como los ocurridos recientemente -según denuncia la fracción opositora- en las líneas 257 de Quilmes y 500 de Merlo, suelen contar con la complicidad de algunas de las facciones burocráticas y de las patronales, como forma de atacar al activismo. Hay que llevar estas conclusiones al conjunto de los choferes para abrir un rumbo independiente y antiburocrático, recuperar cuerpos de delegados y luchar por todas las reivindicaciones.

El puñado de decretos de necesidad y urgencia y el megaproyecto de ley enviado al Congreso, presuntuosamente llamado de “solidaridad social y reactivación productiva”, se ha revelado rápidamente como un “paquetazo”, usando el modismo acuñado por el pueblo colombiano contra el plan de ajuste fondomonetarista aplicado por Duque, que desató las grandes huelgas generales en Colombia. Al punto que distintos periodistas advirtieron, en la exposición del ministro Martín Guzmán, un “lenguaje amigable” con Wall Street y Washington. Lo que no le hicieron notar los periodistas acreditados al ministro es el asombroso parecido de las medidas con la reforma previsional de Macron que tiene al movimiento obrero francés en pie de guerra. Un nuevo robo a los jubilados Efectivamente, el corazón del “programa macroeconómico consistente” con “el equilibrio fiscal necesario” que haga “sustentable la deuda pública” es un formidable robo a los jubilados. Al mismo tiempo, es un menú de impuestazos, subsidios a los capitalistas, ataque al salario y un sendero devaluacionista, ejecutado mediante el otorgamiento de superpoderes al Presidente que dejan dibujado al Congreso. Diputados y Senadores votarán esa delegación de facultades autoamputando su propio cometido. A los jubilados les anulan por 180 días la movilidad por la inflación de los últimos seis meses de 2019, la friolera de un 25/27 por ciento. De tal suerte que se anulan todos los regímenes especiales, de docentes, investigadores, estatales o cualquier otro, desenganchando el haber del salario testigo, en una palabra, acabando de un plumazo con todo vestigio del 82% móvil. Este sablazo emparenta a la “megaley” con la de Macron que elimina 42 regímenes especiales. En este caso, por ahora, los beneficiarios de esos regímenes especiales se podrán seguir jubilando por ellos, pero su jubilación se irá en picada, devorada por la inflación. Ciertamente, entre los súperpoderes del Presidente, la ley faculta a Fernández para otorgar aumentos jubilatorios por decreto y decidir un nuevo régimen de movilidad. En este punto ha sido agudo Gabriel Sued en La Nación: “no proponen una nueva movilidad en la ley para evitar un escenario similar al de 2017”. El miedo no es zonzo. Pero la ley no se queda allí. Amplía la potestad del Fondo de Garantía y Sustentabilidad de invertir hasta el 70% de su dinero en bonos públicos. O sea que se preparan para “vivir con lo nuestro” pagando deuda con la plata de los jubilados. Esto es concurrente con el anuncio de “no emitir”. La cuestión de “favorecer a los más vulnerables” consiste en pagar dos bonos por única vez de 5.000 pesos en diciembre y enero para la mínima y después…veremos. Eso sí, con la plata del 51% de los jubilados que no cobran la mínima, para quienes no hay nada a la vista. El sendero del FMI El ministro ha sido claro. Recorreremos un sendero de equilibrio fiscal en 2020, para hacer sustentable el repago de la deuda en el futuro. Por otro lado, la megaley autoriza, hasta el momento en que se acuerde con el FMI, a pagar deuda con reservas emitiendo un bono del Tesoro de u$s 4.500 millones, o sea a terminar de vaciar el Banco Central. El espinoso camino de la negociación del default busca ser pavimentado con este programa de ajuste que no se priva, sin embargo, de subsidiar al capital. La megaley mantiene el mínimo no imponible de cargas sociales de Macri en 7.003 pesos (hasta ese importe los empresarios no pagan cargas sociales), perpetúa también la exención de hasta 17.500 pesos a la industria textil y otras consideradas en crisis por Macri y agrega otro subsidio formidable: eleva a 17.000 pesos el importe libre de cargas sociales en las empresas de hasta 25 empleados (art. N° 23). Un universo enorme que desfinanciará a la Anses. Por otro lado, se “faculta” al gobierno para negociar tarifas con las privatizadas, lo que abre el grifo de subsidios para morigerar nuevos tarifazos. El Tesoro, con sus recursos precarios, en un cuadro de recesión económica, tendrá que solventar los subsidios a los capitalistas, ya sea echando mano a la emisión monetaria o con ajustes de todo tipo. De abrirle los libros a las energéticas o de revisar las concesiones, ni hablar, convalidan el régimen de privatización del sector. Cuando fueron oposición votaron una ley de retrotraer tarifas al 2017. Ahora gobiernan con las de 2019. A estas alturas es claro que honrar las deudas usurarias e ilegítimas no será gratis para el pueblo argentino. Al contrario, se aprecia que la negociación secreta con el FMI y los bonistas ya está en marcha. No hay presupuesto, para mostrar en tres meses que se gobierna con la austeridad reclamada y que hay voluntad de elaborar un presupuesto al servicio de la reestructuración de la deuda en los plazos e intereses que se acuerden, con quita o sin ella. Pacto social y reforma laboral sui generis En simultáneo con la conferencia de Martín Guzmán, el Presidente y Pignanelli del Smata exhibían el “plan automotriz estratégico”, que consideran un camino extraído de los ejemplos internacionales elaborados en conjunto por las poderosas patronales automotrices, los burócratas sindicales de distintas latitudes y los Estados de diversos países. Efectivamente, un obrero automotriz brasileño o mexicano, gana menos comparativamente que un obrero mecánico argentino y sus condiciones de trabajo son de mayor superexplotación a pesar de los “avances” dados en ese sentido por los convenios por empresa de la industria mecánica argentina, con casos emblemáticos como Toyota, General Motors y otros. Este “sendero” también es fondomonetarista y fue empezado a recorrer por la burocracia petrolera en Vaca Muerta, lo que ha producido ya casi una decena de muertes por la precarización laboral, pero no ha evitado la ola de despidos del último período alrededor de la “crisis” que pretextan las empresas por el “retraso” de los precios en los combustibles que estiman en un 10 por ciento. En todo el paquete “nacional y popular” no hay una palabra de la cuestión petrolera, donde las empresas condicionan la continuidad de Vaca Muerta a las condiciones leoninas de giro de utilidades, dolarización y flexibilización laboral. La “doble indemnización” por seis meses, es un envoltorio de este camino, para hacer pasar el pacto social. Se ha desmentido la suspensión de paritarias, pero tenemos un indicio: en la “megaley” se faculta al Presidente a dar aumentos por decretos y, según el caso, que sean descontados de aportes patronales. Esto es contra las paritarias y contra la seguridad social. Impuestazos A todas estas polémicas medidas, hay que agregar la negociación con los “comprensivos” gobernadores que han aceptado revisar el pacto fiscal que firmaron con Macri en el cual se comprometían a rebajar progresivamente impuestos provinciales como ingresos brutos, sellos y otros. Pues bien, se vienen impuestazos en las provincias para solventar la caída brutal de la recaudación por la recesión económica y los zarpazos últimos de Macri a los ingresos de las provincias. Y se trata de impuestos que van a los precios, de manera que el consumidor los pagará con mayor inflación. El aumento en Bienes Personales es contra la clase media, porque los grandes capitalistas tienen sus bienes a nombre de empresas, que seguirán sujetas a una alícuota reducida y, por lo tanto, excluidas de la nueva carga impositiva. La clase media sufrirá otro cañazo con el 30% de impuesto al dólar turista y al dólar ahorro (o sea a los 200 dólares que permite el cepo cambiario) que de ese modo llevará el valor del blue a 82 pesos. Que ésta es la ruta de una devaluación no necesitamos explicárselo a los argentinos que ya lo vieron decenas de veces. Por otro lado, las consecuencias inflacionarias de estos impuestazos se agravarán en el bolsillo porque no hay actualización de los mínimos no imponibles del impuesto al salario. En este contexto hay que valorar la actualización de las retenciones al capital agrario que patalea, pero al cual sólo le aplican una actualización y un pequeño aumento (3%) de las retenciones que puso Macri, cuando el dólar cotizaba a 38 pesos. Se han embolsado toda esa devaluación, liquidaron decenas de millones de toneladas por adelantado para ganarle al aumento de las retenciones y ahora patalean para disimular. No hay tampoco una sola medida para terminar con el trabajo en negro. Al contrario, se busca institucionalizar el falso “cooperativismo de la economía popular” para eludir los convenios colectivos e incorporar el invento del sindicato del rubro a la estatización de las organizaciones obreras con el conjunto de la burocracia sindical. Bonapartismo en tiempos de default Empieza a descorrerse un velo. La realidad de clase del gobierno de los Fernández aparece de cuerpo entero, cuando todavía suenan los ecos de los festejos en la Plaza sin rejas. Argentina es América Latina en otros ritmos. Los trabajadores comienzan una dura experiencia con el gobierno que mayoritariamente acaban de votar. El presidente y su gabinete, loteado entre los componentes de la coalición pejotista, dejan ver la función política reaccionaria que el nacionalismo viene a cumplir en la Argentina quebrada: el rescate de los banqueros y acreedores afectados por el default. Como antes, las retenciones son para pagar deuda. Los rasgos bonapartistas, de poderes especiales y envoltorio redistribucionista hacia los “más vulnerables” no pueden ocultar esa función de fondo. Cuando la crisis capitalista toma la forma aguda de la situación argentina, quienes defienden un régimen quebrado, que quema fuerzas productivas a cada paso, que es rehén del capital financiero, que agrava la dependencia del atraso argentino en el marco internacional de recesión y guerras comerciales, dejan ver su naturaleza última. El papel de los socialistas del Partido Obrero será acompañar cada lucha a fondo. Desplegar un programa. Defender las jubilaciones y la Anses. Luchar por paritarias libres, por un salario equivalente a la canasta familiar y el 82% móvil. Por la ocupación de toda fábrica que cierre. Por la reincorporación de todos los despedidos. Por trabajo genuino y bajo convenio para los desocupados. Contra los tarifazos. Por la investigación y no pago de la deuda y la ruptura con el FMI. Por un Congreso con mandato de Bases de todo el movimiento obrero para debatir su intervención y la salida de los trabajadores a la crisis.

El viernes 13 se realizó una audiencia pública en el Congreso Nacional en reclamo de derechos laborales para los becarios científicos del país organizada por Jóvenes Científicos Precarizados (JCP) junto a la diputada nacional Romina del Plá, del Partido Obrero-Frente de Izquierda. Durante la actividad se presentó el proyecto de ley del Estatuto del Investigador en Formación, que tiene como eje el reconocimiento de los becarios y becarias como trabajadores con plenos derechos laborales. La audiencia contó con la presencia de delegaciones sindicales del sector: ATE-Inti, la Red Federal de Afectados y la Codec, junto a representantes gremiales de la AGD-UBA, la Asamblea de Residentes y Concurrentes Médicxs en Lucha (que viene de voltear la ley precarizadora) y la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Fuba. Se hicieron presentes el diputado Carlos Selva (Frente de Todos) y asesores y asesoras de todos los bloques políticos. Lamentablemente, y a pesar de haber confirmado su presencia, ningún representante de ATE Conicet de la Ciudad participó de la audiencia. Esta actitud de boicot va en sintonía con el ataque a la iniciativa que viene protagonizando la dirección de la Junta Interna (ATE desde Abajo – Verde y Blanca), sosteniendo que se contrapondría con un potencial convenio colectivo de trabajo en Conicet. Un argumento que es formalmente incorrecto y que políticamente pretende tirar por la borda la única campaña hoy realmente existente por los derechos laborales de los becarios. Un sistema a la medida del capital El Estatuto presentado por JCP recoge la experiencia de más de una década en la lucha y organización contra el avasallamiento diario que padecemos la gran mayoría de trabajadores que hacemos ciencia en el país. Convertidos en mano de obra barata y con tareas entre 5 y 8 años de investigación con dedicación exclusiva, los becarios no tenemos aguinaldo, antigüedad, seguridad e higiene laboral ni aportes jubilatorios. Los distintos testimonios en primera persona que se volcaron durante la audiencia mostraron la cara más cruda de todo el régimen de precarización: violencia laboral, violencia de género, graves incumplimientos de las obras sociales ante enfermedades graves, consecuencias durante el embarazo de las jóvenes trabajadoras por estrés laboral y ausencia de verdaderas licencias de enfermedad, maternidad o por familiar a cargo. En el caso del Conicet, principal organismo de Ciencia y Técnica, los becarios doctorales tenemos un salario actual -mal llamado “estipendio”-de 29.816 pesos, que se encuentra por debajo de la línea de pobreza establecida por el Indec en noviembre de este año. De profundizarse este empobrecimiento, la actividad científica se convertirá inevitablemente en una labor reservada a quienes no dependen de su salario para poder vivir, generando a su vez un proceso de “elitización” del sistema científico. Bajo la lógica del capital, que inevitablemente regula toda actividad laboral bajo este sistema, los trabajadores del sistema científico, y en particular los becarios, son sometidos a intensas jornadas laborales en pésimas condiciones. Se ven obligados a trabajar fines de semana, a tomar menos vacaciones de las estipuladas, a relegar gran cantidad de aspectos de la vida personal en función de intentar cumplir con estándares absurdos de publicación, el famoso lema “Publish or Perish” (publicar o perecer). Estas condiciones generan severos problemas de salud mental y física. Vamos por un cambio de fondo Ninguna de las autoridades electas se hizo presente en la audiencia, a pesar de que todas habían sido invitadas con antelación. Frente al planteo de que los becarios necesitamos nuestro reconocimiento urgente como trabajadores con plenos derechos, la mayoría expresó que “se encuentran abiertos al diálogo” (con excepción de Alberto Kornblihtt, del directorio de Conicet, que planteó su apoyo al contenido del proyecto). Si ello es efectivamente así, llamamos a que apoyen sin mayor espera el proyecto de ley presentado, que busca transformar una realidad acuciante para más de la mitad de la planta científica del país. En esa sintonía, durante la audiencia la diputada Romina Del Plá exhortó al resto de las fuerzas políticas de las cámaras a darle un urgente tratamiento. El proyecto será presentado en el Congreso Nacional en la próxima semana y buscará lograr las firmas de todos los bloques políticos para avanzar en su tratamiento y aprobación. La lucha que han llevado adelante los becarios -donde desde hace casi 15 años ha tenido un lugar clave JCP y su orientación de independencia de los gobiernos de turno-, ha logrado conquistar algunos derechos básicos como licencia por maternidad (que la patronal se niega a cumplir en todos los casos) y obra social (pero sin posibilidad de extenderla al grupo familiar). La lucha en defensa de la ciencia y la tecnología es también la lucha en defensa de nuestras condiciones de trabajo. Necesitamos quebrar el pacto social que la burocracia sindical de UPCN y la conducción de ATE buscan imponer para todos los estatales. Reclamamos aguinaldo y una recomposición salarial urgente para alcanzar la canasta familiar.

Con la designación de Emilio Pérsico (Movimiento Evita) a cargo de la Secretaría de Economía Social y de Daniel Menéndez (Barrios de Pie-Somos) como subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo Local, dos pesos pesados del Triunvirato Cayetano acaban de consumar un salto de calidad en su cooptación al Estado, en línea con su apoyo incondicional al Frente de Todos y a la candidatura de Alberto Fernández. Por su parte, Juan Carlos Alderete (CCC) acaba de asumir en la Cámara de Diputados como parte del bloque de diputados del nuevo oficialismo, sin escatimar en elogios para el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, con quien se comprometió a trabajar en común. Y Rafael Klejzer (Movimiento Popular La Dignidad - CTEP) se incorporó a la cartera de Arroyo bajo el cargo menor de director. Para quienes vienen siguiendo la involución de los movimientos sociales vinculados a las variantes patronales esto no es una sorpresa. El Triunvirato ha sido una de las patas fundamentales en el operativo de contención que buscó evitar a toda costa la irrupción de los trabajadores y desocupados en estos años, en el cuadro de un agravamiento sin precedentes de las condiciones de vida. Ya desde el inicio del gobierno de Macri, selló su política de acompañamiento del ajuste gubernamental con asistencialismo, mediante un pacto de paz social firmado en 2016 con la ministra Carolina Stanley, que le garantizaba al gobierno “no realizar acciones de lucha por 3 años” (!!!). Con el slogan de “Hay 2019” y el planteo de que hay que “evitar las calles“, se buscó imponer un recambio electoral y una transición ordenada mientras se destruían cientos de miles de puestos de trabajo, se liquidaba el poder adquisitivo de los sectores populares y los índices de pobreza escalaban arriba del 40%. Los socios políticos del Triunvirato -el PJ en todas sus variantes dentro del Frente de Todos- actuaron en complicidad, acompañando los paquetes de leyes antiobreras y allanando el camino a las medidas de ajuste, al desalentar la lucha contra el hambre y la miseria. El carácter reaccionario de la contención del Triunvirato Cayetano y los sindicatos burocráticos, bloqueando la profundización de una lucha popular que había mostrado su potencial en las jornadas del 14 y 18 de diciembre del 2017 contra la reforma previsional, se hace aún más claro cuando se ve la rebelión en la vecina Chile contra el derechista Sebastián Piñera. La burocracia sindical y la de las organizaciones sociales se jactaron de su rol en pacificar a las masas populares frente al ajuste; de lo que no se pueden jactar es de haber combatido el crecimiento de la pobreza, la indigencia y la desocupación. Contrastando este camino de cooptación y de disolución política, el Polo Obrero conformó, junto a otras organizaciones, el Frente de Lucha Piquetero, que desarrolló las principales luchas contra el gobierno ajustador de Macri y sus socios políticos, protagonizando importantes movilizaciones, cortes, jornadas de lucha, plenarios e incluso contundentes acampes que llegaron a extenderse durante días. La lucha por organizar un movimiento de trabajadores desocupados independiente del gobierno, que establezca un programa de reivindicaciones y un método de acción, nunca estuvo tan en el orden del día como en la actualidad, cuando la pobreza y la desocupación se extienden por todo el país. ¿Economía popular o trabajo precario? No es un dato menor que los referentes de las organizaciones que nuclean a más compañeros inscriptos dentro de los programas sociales -Hacemos Futuro (HF) y Salario Social Complementario (SSC)- terminen amontonados en la Secretaría de Economía Social. El macrismo transformó las cooperativas del Argentina Trabaja, que realizaban diversas tareas de mantenimiento y acondicionamiento de espacios públicos, en los programas HF, cuya obligación es estudiar bajo un régimen de formación precario. Y mantuvo los SSC, donde los compañeros deben contraprestar tareas en proyectos comunitarios y cooperativas sin insumos por parte del Estado, ni derechos de ningún orden. Contra esta orientación, el gobierno de Fernández procura una vuelta al esquema kirchnerista, recargado, con la idea de transformar estos programas en “Cooperativas de trabajo y producción” en cinco áreas: construcción, textil, producción de alimentos, reciclado y cuidado; para lo cual Desarrollo Social destinará un refuerzo de 30 mil millones de pesos (Pagina/12, 16/12). La “recomposición” económica del gobierno de Fernández vendría de la mano de un aumento sin precedentes de la precarización laboral, rubro en el que el kirchnerismo ya cortó mucha tela en sus 12 años de gobierno. Lo que está esbozado no implicaría la creación de puestos de trabajo genuino, bajo relación de dependencia y encuadrados en la actividad de su correspondiente convenio colectivo de trabajo, sino la reedición, a gran escala, de la experiencia de las cooperativas, pero con un adicional para los lugartenientes de este proyecto: el reconocimiento de un sindicato y obra social propios. El sindicato El sábado próximo tendrá lugar un encuentro en Ferro donde se realizará el lanzamiento de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) conformado por la CTEP, la CCC, Barrios de Pie-Somos y una fracción del Frente Popular Darío Santillán (FPDS) ya integrada al kirchnerismo. También se encuentran avanzadas las tratativas para fundar una obra social propia que gestione los recursos destinados para estos sectores. Para las organizaciones del Triunvirato Cayetano esto no entra en contradicción con sus planteos de fondo. Este sector se ha dedicado durante años a hacer un elogio de los esquemas precarizados de trabajo bajo el eufemismo de la “economía popular”; una reivindicación del trabajo “independiente y emancipador” sin demandar al Estado el reconocimiento de la relación laboral inmanente detrás del formato de cooperativas de trabajo. La incorporación del “sindicato de los precarizados” divide reivindicativamente a los obreros de una misma actividad, con convenios a la baja para los de la “economía popular”. Por otro lado: ¿al sindicato de los desocupados o de la “economía popular” se pueden afiliar todos los desocupados con planes? ¿El voto para elegir a la directiva del sindicato es por voto directo? ¿Hay reconocimiento de minoría en la conducción? Todo indica que no, sino que sería solo un acuerdo de las cúpulas: “La CTEP, Barrios de Pie, CCC y el Frente Darío Santillán se preparan para conformar un Sindicato de Trabajadores de la Economía Popular. El paso significa, en lo formal, la unificación de sus personerías. En lo político, la mirada apunta a un cambio de etapa. Muchas condiciones para dar un salto de crecimiento están dadas: las cuatro organizaciones hicieron campaña por el Frente de Todos y serán parte del gobierno, con acceso a la gestión. Se disponen a entrar a este ciclo con un gremio que posiblemente se integrará a la CGT” (Página/12, 9/12). El viejo anhelo de los sucesivos gobiernos de achicar el plantel de programas sociales vendría de la mano de una depresión de las condiciones de trabajo del movimiento obrero por medio de la institucionalización del trabajo precarizado e informal. A cambio, el gobierno ofrece el reconocimiento de una estructura análoga a la sindical, que quedará en manos de sus colaboradores y que tendrá por propósito regimentar al movimiento de desocupados por medio de nuevos mecanismos. Por la organización independiente La integración al Estado es el intento de esterilizar la fuerza de lucha y potencialmente revolucionaria de los desocupados y precarizados como parte de la clase obrera, convirtiendo al poderoso movimiento piquetero en una dócil organización social -transformación que CFK se enorgulleció en reivindicar. Todo trabajador desocupado sabe que a la hora de organizarse y luchar tendrá que hacerle frente al responsable de sus penurias y su situación de miseria: el Estado. Cuando el gobierno de Fernández se apresta a negociar con el FMI, y ofrece un pacto social sin perspectivas de progreso para los desocupados y los trabajadores, es cuando los desocupados más debemos organizarnos, con nuestra independencia de clase y nuestros métodos de acción, con la consigna estratégica de la unidad de ocupados y desocupados -no con la burocracia entreguista de la CGT y las CTAs- sobre la base de un pliego de reivindicaciones común para enfrentar un régimen antiobrero e irrumpir con nuestras propias demandas. Este es el camino que ha convalidado el Polo Obrero en su reciente Congreso Nacional y que auspicia el desarrollo de un movimiento de lucha independiente del Estado y sus gobiernos.

El presidente Alberto Fernández incluyó en su discurso de asunción algunas menciones a la cuestión de los medios de comunicación. Fueron pocas pero suficientes como para que las patronales de medios se llevaran de entrada ciertas definiciones interesantes. Por ejemplo, con la mención que el Presidente hizo sobre el proceso de cambio tecnológico que afecta a la industria de medios, señalando que que en este tema estaba dispuesto a “acompañar” a las empresas. Alberto no abundó ni dio detalles sobre cómo sería el acompañamiento desde el gobierno. Pero es sabido que las empresas reclaman desde hace tiempo que esa contención se haga con modificaciones a la baja del convenio, que ya imponen en los hechos -es decir, con flexibilidad laboral. La pauta Los dueños de los medios también se llevaron la garantía de Alberto de que no reducirá los montos destinados a la pauta oficial. Esto pese a que dijo que los “9.000 millones de pesos” gastados por el macrismo eran un despilfarro para un país donde reinan tantas necesidades básicas insatisfechas. En el plan anunciado por Alberto, las empresas periodísticas contarán con la ventaja adicional de que no deberán compartir la pauta con los programas que regentean “periodistas individuales”; el nuevo presidente anunció que esa clase de producciones no recibirá pauta. Es una diferenciación inentendible y de una progresividad carente de todo fundamento: no se comprende por qué sería mejor financiar con pauta a Magnetto, Mitre o al burócrata Santamaría (director del Grupo Octubre, que integran Página/12 y otros medios) que a Majul, Navarro o cualquier otro de estos personajes. Estamos ante la misma discrecionalidad en la administración de la pauta de todos los gobiernos, pero repartida entre menos. La pauta cumple dos funciones básicas en la gestión capitalista de la comunicación de masas. Es, por un lado, un medio de sujeción económica de los medios privados por parte del Estado y, por el otro, un mecanismo de propaganda gubernamental, lo que no quedará anulado por los “contenidos educativos” -según informó Fernández- tendrían los avisos a partir de ahora. Cuando se la distribuye en base a “parámetros objetivos” de tirada y audiencias, la pauta cumple una tercera función: reforzar el predominio de los grandes medios sobre los pequeños, es decir que también es una herramienta de preservación del statu quo del mercado comunicacional. Los olvidados medios alternativos y la reivindicada “corpo” Mientras luchamos por la completa autonomía de los medios respecto del Estado, reclamamos que los fondos destinados a la publicidad oficial sean destinados a los medios alternativos, populares y barriales, que aportan una mirada y servicios insustituibles a la infraestructura comunicacional de la sociedad y que ni fueron mencionados en el discurso de Alberto. Malversadas sus reivindicaciones bajo los objetivos regimentadores de la desaparecida ley de medios, ahora ni siquiera figuraron. La poca predisposición del Presidente hacia la comunicación “contrahegemónica” no debería sorprender, si se tienen en cuenta algunos antecedentes. Alberto Fernández fue, como jefe de Gabinete, el enlace entre Néstor Kirchner y el CEO del grupo Clarín, Héctor Magnetto. Dejó el gobierno de Cristina cuando esa función quedó sepultada bajo los escombros que dejó el fin del idilio entre los K y Clarín, al explotar el conflicto interpatronal con el campo. Coherente con estos antecedentes, durante la campaña Fernández se empeñó en dar por terminada la “guerra con Clarín”. Si se sigue a pie juntillas la declaración, debe interpretarse que el monopolio no tendrá que enfrentar ninguna medida gubernamental que coarte su expansión, sus negocios espurios a costilla del Estado y su persistente prédica editorial contra los reclamos obreros y populares. Ahora mismo, es Alberto quien declara la tregua, no Clarín. Cuando una tregua es unilateral, se llama rendición. Pero la orientación de Alberto Fernández en este terreno no deviene exclusivamente de su currículum. Los márgenes iniciales del nuevo gobierno para ir a una política de conciliación con la patronal clarinista se ensanchan, entre otros factores, con el antecedente de la supresión sin lucha, y tampoco pena ni gloria, de la mentadísima ley de Medios, que Macri liquidó mediante un par de decretos. Es decir que Alberto negociará con Clarín con el campo allanado por la derrota que los K sufrieron ante la “corpo” cuando pasaron a la oposición. Una advertencia contra los trabajadores Alberto Fernández dio más pistas recientes sobre su mirada para los medios. En una entrevista con el diario cooperativo “Tiempo Argentino” advirtió que “la comunicación era un negocio”; un perogrullo bajo las relaciones sociales capitalistas, pero también una advertencia contra cualquier ilusión restitutiva de derechos para los trabajadores de prensa y de medios alternativos a partir de su gestión. Habrá que ver hasta cuándo dura la “solidaridad en la emergencia”, ya que, aún sumidos en la pobreza, los periodistas reúnen mínimamente las calorías necesarias para reproducirse como tales, por lo que sus demandas corren el riesgo de quedar postergadas, junto a las de otros sectores “privilegiados”, en el altar de la lucha exclusiva y prioritaria contra el “hambre”, la coartada para imponer el pacto social y dar señales claras a los acreedores de la deuda externa. Así, si se mezcla el pasado con el presente, se impone la necesidad de que los trabajadores de prensa debatamos y luchemos por imponer nuestra propia agenda frente al nuevo gobierno, con una posición claramente independiente. *Aumento de salarios ya. *Salario igual a la canasta familiar. *Ni un despido más. *Trabajo para los periodistas y trabajadores de prensa. *Que se reabran las empresas periodísticas cerradas, financiadas mediante un impuesto extraordinario a los grandes conglomerados mediáticos, bajo control de los trabajadores. *Que los recursos de la pauta oficial vayan a los medios cooperativos, populares y alternativos para capital de trabajo y sueldos de convenio. *Por paritarias libres, sin techos ni congelamiento. *Fuera la burocracia de nuestro gremio y de las paritarias. *Pleno reconocimiento al Sipreba.

El viernes 13, el Boletín Oficial difundió la resolución del Ministerio de Salud nacional a cargo de Ginés González García, que aprueba el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. El protocolo es una guía para el cumplimiento del artículo 86 del Código Penal, que establece los casos en los que el aborto no es punible. El Protocolo 2019 actualiza el anterior, del año 2015, que, a su vez, tiene como antecedentes las Guías Técnicas para el Aborto no Punible de los años 2007 y 2010. Cada uno de ellos ha sido una conquista en la pelea por el aborto legal y en el camino que ha transitado en nuestro país desde la salida de la dictadura militar. Luego de la ola verde, es la primera vez que una Guía para la atención del aborto legal es publicada en el Boletín Oficial y adquiere el carácter de resolución ministerial. Una larga historia El reclamo por el aborto legal tiene una larga historia en nuestro país desde la década del ’80, luego de la dictadura militar, hasta el presente. En 2005 se conformó la Campaña Nacional por el derecho el aborto legal, seguro y gratuito y en 2007 se presentó por primera vez el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. En ese contexto, los primeros días de diciembre, sobre el final de su mandato, González García, en ese entonces ministro de Salud de Néstor Kirchner, difunde la primera Guía Técnica para la atención de los abortos no punibles, retirándose del ministerio sin darle estatus de resolución ministerial. La misma planteaba la previa constatación por parte de un solo médico de la existencia de algunas de las causales de no punibilidad previstas en el artículo 86 del Código Penal, la obligación de una interconsulta con otro médico o profesional de la psicología, la constancia de la denuncia policial o judicial de la violación y rechazaba la necesidad de autorización judicial y el dictamen de un Comité de Bioética. Por entonces, algunas corrientes criticamos los aspectos que habilitaban a la intromisión judicial o institucional de cualquier tipo e hicimos notar que la misma Guía no había alcanzado el carácter necesario para influir en el conjunto del sistema de salud descentralizado del país. El proyecto de ley se siguió presentando todos los años, sin lograr tratamiento, mientras el apoyo a su legalización seguía siendo ampliamente mayoritario en la sociedad. En paralelo se instalaba el debate sobre la necesidad de la actualización de la Guía, que aparecía como sustitución de que el aborto legal se tratara en el Congreso. Crisis política En julio de 2010, una resolución que daba estatus ministerial a una actualización de la Guía de 2007 se publica por unas horas en la página web del Ministerio de Salud, produciendo una crisis política. El ministro de Salud, Juan Manzur, la desconoce, declara -desde la provincia de San Juan- estar en contra del aborto y que la publicación había sido un error. La presidenta Cristina Fernández, desde Pekín, declara “ustedes ya saben lo que pienso”, reforzando la posición de Manzur, y la declaración y su carácter ministerial desaparecen. La ampliación de 2010 de la Guía recogía muchas de las observaciones que el movimiento de mujeres hacía a la de 2007: quitaba la necesidad de la presentación de una denuncia policial por parte de quien solicitara la ILE y sostenía que bastaba con una “declaración jurada” de la mujer y establecía que las adolescentes mayores de 14 años no necesitaban de la autorización de sus padres. Ni la ley vigente ni las Guías para su aplicación reclamaban la autorización judicial. Sin embargo, los bloqueos al aborto no punible seguían completamente vigentes. Fue en 2012 el caso de AG, que comenzó en 2010 y llegó a la Corte Suprema dos años después, que logró un fallo fundamental. AG, de 15 años, hijastra de un policía que abusaba sexualmente de ella desde que tenía 11, recurrió a la Justicia cuando en Comodoro Rivadavia impidieron que accediera a un aborto no punible producto de una de esas violaciones. Tras apelar fallos contrarios a su derecho en primera y segunda instancia y obtener un fallo favorable, pero que fue apelado por el asesor general subrogante de Chubut y con una gran movilización de organizaciones de mujeres en su defensa, la Corte Suprema resolvió, en el fallo “FAL”, en respaldo de la petición de AG (cuya interrupción del embarazo ya se había realizado). El fallo FAL estableció una interpretación amplia del artículo 86 del Código Penal, la no judicialización y la agilización de los abortos no punibles. El fallo exhortó también a las autoridades de todos los niveles de gobierno a emitir protocolos de actuación. Bloqueo en las provincias La descentralización del sistema de salud permitió que cada provincia hiciera lo que quisiera. De esa manera, no se emitieron protocolos o lo hicieron en el sentido contrario al fallo FAL. Por ejemplo, en diversos protocolos plantearon la intervención de equipos interdisciplinarios, la necesidad del aval de los jefes de los hospitales, bloquearon los consentimientos de las adolescentes, pusieron el límite en las 12 semanas, no se contempló la voluntad en caso de mujeres discapacitadas, se planteó la necesidad de que el riesgo de salud sea grave, entre otras. Estos son los casos de la Ciudad de Buenos Aires -donde el en ese entonces jefe de Gobierno, Mauricio Macri, vetó el protocolo armado por su ministro de Salud, Lemus, y aún se encuentra en instancia de resolución judicial-, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén, provincia de Buenos Aires, Río Negro y Salta. Las ocho jurisdicciones tienen protocolos fuertemente restrictivos. Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán no cuentan con ningún tipo de protocolo. En el resto de las provincias, donde hay protocolos o fueron adhiriendo al nacional, de ninguna manera se garantiza el acceso a la práctica. Lo que tampoco sucede donde los hay ni incluso que aún en los casos en que se encuadren dentro de los más restrictivos, se logre el acceso a la práctica en los términos del fallo FAL y el Código Penal. En los hechos, la persecución a las mujeres no cesó. Se hizo pública una andanada de judicializaciones y violaciones aberrantes al derecho al acceso al aborto no punible contra mujeres que sufrieron abortos o solicitaron un aborto no punible. Es el caso de Belén, en la provincia de Tucumán, presa luego de llegar al hospital, producto de un aborto espontáneo. También los casos de mujeres torturadas por solicitar abortos no punibles, perseguidas, acosadas. Mónica, de Entre Ríos, quien murió tras una derivación a Buenos Aires por habérsele negado un aborto frente a una gestación que ponía en riesgo su salud. Melisa, presa en Río Negro. Soledad, en Jujuy; Belén, en Tucumán, etc. Un millón de mujeres en la calle En 2015, y en paralelo al primer #NiUnaMenos, que el 3 de junio puso más de un millón de mujeres en las calles contra la violencia de género, el Ministerio de Salud publicó el primer “Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo”, que ampliaba y actualizaba las Guías anteriores. El mismo planteaba la aplicación obligatoria en todo el país, pero también carecía de carácter ministerial. Solamente ocho provincias adhirieron a ese protocolo: Chaco, Chubut, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego. Con el nuevo ascenso de las mujeres, que partió del reclamo contra los femicidios y recogió la demanda del aborto legal como una forma de violencia contra la mujer y dio nacimiento a la Ola Verde, la lucha por este derecho se instaló en la agenda política nacional y como uno de los principales asuntos de definición política junto a la separación de la Iglesia del Estado. Tras el rechazo a la aprobación del proyecto de legalización del aborto en el Congreso nacional, producto de la votación negativa de senadores de todos los bloques políticos (Cambiemos, PJ, UCR), el debate sobre el aborto legal fue un tema fundamental que, a pesar de la voluntad del oficialismo y la oposición, atravesó de lleno la campaña electoral 2019 y permaneció como una de las principales reivindicaciones populares frente al nuevo gobierno. Días antes de retirarse del gobierno, el ministro de Salud de Mauricio Macri, Luis Rubinstein, publicó una resolución ministerial de un protocolo que, tras idas y vueltas públicas, horas después terminó bajando y entregando su renuncia a la Secretaría de Salud, a pocos días de terminar el mandato de su gobierno. Dos semanas después, la publicación del Protocolo 2019, por parte del gobierno de Alberto Fernández, acompañada por referentes de la lucha por los derechos de la mujer, es inseparable del ascenso del movimiento de mujeres y de la Ola Verde, que marcó un nuevo hito en la historia de la lucha por los derechos de la mujer en el país y en todo el mundo. Sin intervención de las mujeres en las calles, no habría ni guía ni nada. Su aplicación efectiva necesitará ahora de un salto en la organización y la lucha, ciudad por ciudad, del mismo movimiento de mujeres que lo ha conquistado.

El proyecto de emergencia general que envió el gobernador Jorge Capitanich a la Cámara de Diputados de Chaco implica un ataque gravísimo a los trabajadores de la provincia, cuyas disposiciones superan incluso a las medidas tomadas por los gobiernos ajustadores de Macri y Domingo Peppo. Con respecto a los trabajadores, el proyecto contempla: 1) congelar las vacantes para ingresar al Estado provincial por diez años. Por lo tanto, deja afuera del pase a planta a trabajadores precarizados que están hace años trabajando en el mismo por monedas. Este requisito agrava las restricciones ya vigentes en materia de ingreso a planta establecidas en el pacto fiscal firmado por Peppo y Macri; 2) dispone que para los actuales precarizados se “revisará su situación para evitar contraer obligaciones legales emergentes”. Esto implica, virtualmente, la posibilidad de despedirlos. Con respecto a los contratos, se le da al Estado la posibilidad de rescindirlos unilateralmente; 3) con respecto a los actuales trabajadores estatales, establece la posibilidad de trasladarlos y reasignarles funciones en forma unilateral, lo que abre la puerta a todo tipo de arbitrariedades y a la liquidación de cualquier tipo de derecho laboral en materia de tareas y categorías dentro del Estado; 4) habilita, a su vez, la posibilidad de que los empleados estatales sean enviados a trabajar al sector privado, dando herramientas para asignar trabajo que sea gratuito para las empresas. Está claro que, en sectores clave como la salud o la educación, este proyecto implica un agravamiento de las condiciones de crisis actual. Para paliar esta situación, se establece la posibilidad, en el sector de salud, de contratar profesionales, pero no en planta. Este corset, que se presenta como una política que permita resolver la falta de profesionales, está claro que es lo contrario, porque implica la precarización laboral masiva de los nuevos profesionales de la salud que ingresen al Estado. Endeudamiento, cajas negras y privatización Como si esto fuera poco, el proyecto establece la posibilidad de contraer préstamos masivos de hasta el “10 por ciento” del presupuesto provincial, sin pasar por la Cámara de Diputados de la provincia. Aclara que podría hacerse en moneda nacional o extranjera, y habilita al Poder Ejecutivo provincial a comprometer, para el pago, los recursos provenientes de la coparticipación. A su turno, habilita en diversas áreas del Estado la posibilidad de la contratación y compra directa de bienes, terminando con todo el sistema de control de licitaciones, algo que Capitanich ya defendió durante su mandato encargando las compras del Estado a fondos fiduciarios a través de la Fiduciaria del Norte. Con el proyecto, el Estado se transforma en una gran caja negra carente de todo control. El proyecto posibilita la venta directa, por fuera de las reglamentaciones actuales, de bienes muebles e inmuebles: una invitación a una privatización masiva de la tierra fiscal de la provincia. La renta mínima universal que se establece, sin aclarar su monto, es una zanahoria para instar a votar un proyecto ajustador, antiobrero y de superpoderes excepcionales para el Ejecutivo. Lo propio sucede con una emergencia habitacional, de dos artículos, que prevé una reasignación de partidas (no dice cuáles) para la construcción de viviendas. Obviamente, ni para establecer un programa de renta mínima universal ni para asignar recursos a la construcción de viviendas necesita el Ejecutivo provincial los superpoderes establecidos en la ley. Llamamos a enfrentar esta ley ómnibus de liquidación de derechos laborales y de transformación del Estado provincial en una caja negra sin ningún tipo de control.

Entrevistamos a Jaqueline, Héctor y Ronnie, militantes del Frente Anticapitalista de Concepción. Jaqueline es una joven dirigente que surge desde los movimientos sociales; Héctor es militante barrial, ex militante del MIR en la toma Lenin en el año 70”, donde hoy se asienta el Frente Anticapitalista, y Ronnie es un histórico dirigente trotskista de la zona de Concepción. Nos dieron un pantallazo sobre cómo conciben la situación chilena, las características de su organización y cuáles son, según su punto de vista, los desafíos planteados para la juventud, los trabajadores y el pueblo chileno. También opinaron sobre la propuesta del Partido Obrero de Argentina sobre la realización de una conferencia de la izquierda latinoamericana. -¿En dónde está parada hoy la rebelión chilena? Jaqueline: Es claro que la rebelión enfrenta intentos sistemáticos de ser desviada. El domingo pasado, más de treinta alcaldías han impulsado una consulta popular no vinculante para saber si la gente está de acuerdo con una reforma constitucional y cuáles son los reclamos prioritarios de la población. Parece un chiste, porque, desde hace dos meses, millones y millones de jóvenes, trabajadores y pobladores le han gritado en la cara al gobierno que no lo soportan más y que quieren una Asamblea Constituyente para terminar con las AFP (el régimen de jubilaciones privadas), que quieren verdaderos aumentos de salarios y pensiones, y que la salud y la educación dejen de ser un negociado y sean accesibles a toda la población. De todas formas, en la consulta participaron más de 2 millones de personas. Lo que está reflejando un alza de la participación política de las masas. Pero es claro que esta consulta apunta a ir encauzando la rebelión en línea con lo establecido en el “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución”, firmado por los partidos de Chile Vamos, la ex Nueva Concertación y el Frente Amplio, y contener el fuerte proceso de disgregación política. El “Acuerdo por la Paz” establece un plebiscito para abril de 2020, el inicio de una reforma constitucional recién para octubre y le garantiza a la derecha política el derecho a vetar cualquier cambio de fondo que se quiera imponer en el proceso. El PC, que no firmó el “Acuerdo por la Paz” pero que oficialmente declaró su apoyo desde fuera del pacto formal, impulsó a fondo la consulta popular no vinculante del domingo con el objetivo de “influir” en el plebiscito de abril, favoreciendo una salida institucional reaccionaria en desmedro de la movilización popular en las calles de todo Chile. -¿Qué orientación alternativa levantan desde el Frente Anticapitalista? Jaqueline: Para nosotros, la pelea central pasa porque se vaya Piñera. Es un reclamo completamente extendido en el pueblo chileno. La desaprobación hacia el gobierno sigue creciendo y ya llega a un 80%. Algunos nos dicen, “¿pero si se va Piñera, qué viene?”. Si echamos a Piñera, nosotros planteamos que todo el poder debe pasar a manos de una Asamblea Constituyente, convocada por las organizaciones de las masas en lucha, que sea la encargada de legislar y ejecutar las reivindicaciones más acuciantes del pueblo chileno, como también de dar una salida a problemas de fondo, como la necesidad de recuperar los recursos naturales y estratégicos del país y que queden bajo control de comisiones electas de trabajadores y pobladores. Como lo demostró el impacto que tuvo el paro nacional del 12 de noviembre, una huelga general indefinida sería el método más efectivo para profundizar la lucha en esa dirección. -¿De dónde viene el Frente Anticapitalista y dónde interviene? Héctor: Nosotros venimos de recorrer una experiencia con el Frente Amplio. En su momento y especialmente para sectores de la juventud, el Frente Amplio surgió como una alternativa a lo que en Chile llamamos el duopolio neoliberal, las dos fuerzas mayoritarias que se han alternado en el poder a lo largo de los últimos 30 años. Ronnie tuvo la oportunidad de polemizar fuertemente en el congreso del Frente Amplio sobre aspectos programáticos y metodológicos de la fuerza, logrando reagrupar a una veintena de congresales con un planteo alternativo. La justeza de nuestros cuestionamientos se confirmó con el estallido de la rebelión. El Frente Amplio ha terminado siendo cómplice y sostén del gobierno de Piñera. No sólo firmó el “Acuerdo por la Paz”, también apoyó las leyes represivas. Desde el Frente Anticapitalista, a la par que interveníamos con una posición crítica en el Frente Amplio, desarrollamos un extendido trabajo de organización en movimientos sociales, como el Club de adultos mayores contra las AFP; poniendo en pie un Frente Socioambiental contra la depredación capitalista del medio ambiente, que es un tema muy sentido en Concepción y sus alrededores; y ahora interviniendo en la asamblea popular provincial de Concepción, que es un gran frente único, que apostamos a que avance en mayores definiciones políticas y programáticas, y en iniciativas de lucha. -¿Qué perspectiva le ven al Frente Anticapitalista? Ronnie: El estallido social puso en evidencia la profunda crisis del régimen del duopolio, un salto en el proceso de ruptura de las masas con él y una extraordinaria combatividad de la juventud y los denominados movimientos sociales. La rebelión popular ha puesto en el orden del día la necesidad de una nueva fuerza política en el país. Es un enorme límite la ausencia de una fuerza que luche sistemáticamente, a nivel nacional, desenmascarando el “Acuerdo por la Paz” y agitando el Fuera Piñera, la Asamblea Constituyente libre, soberana y efectiva, y la huelga general indefinida, en pos de un programa de transformación de Chile bajo la dirección de los trabajadores. El Frente Amplio implosionó y la necesidad de una fuerza que levante una política para la juventud, de los trabajadores y revolucionaria a escala nacional es evidente. Por eso, nosotros hemos hecho pública nuestra ruptura con el Frente Amplio y estamos en contacto con muchos sectores del ala izquierda del Frente Amplio y de la juventud combativa en el norte, centro y sur del país, que están dispuestos a discutir y avanzar junto con nosotros en la misma dirección, para constituir un reagrupamiento superador. El acompañamiento y el apoyo brindado por el Partido Obrero de Argentina en este proceso, no sólo por la referencia conquistada con el Frente de Izquierda sino también por su papel en la lucha de clases argentina, son muy importantes. El PO nos ha puesto en contacto con un núcleo de compañeros en Santiago, que comparten con nosotros esta perspectiva y con quienes también pretendemos confluir en una organización de la juventud, los trabajadores, anticapitalista y revolucionaria. -Para finalizar. ¿Cómo ves el planteo del PO de que el Frente de Izquierda de Argentina impulse una Conferencia Latinoamericana? Ronnie: Me parece una muy interesante y audaz propuesta. El cuadro convulsionado en el que se encuentra América Latina lo reclama. Además de la rebelión chilena tenemos el golpe en Bolivia, el proceso huelguístico que se desató en Colombia, antes la rebelión en Ecuador, en Haití, Puerto Rico, Honduras y más atrás en Nicaragua. Además tenemos al ultraderechista Bolsonaro en Brasil, que ataca al pueblo brasilero y conspira contra los pueblos de los países vecinos, como hizo en Bolivia. Alberto Fernández le ha dado un guiño al asesino Piñera. Tenemos un escenario realmente favorable, que reclama una dirección política de los explotados y oprimidos. Creo que sería muy útil proyectar la experiencia del Frente de Izquierda de Argentina, que ha defendido siempre la independencia política de los trabajadores, a escala de toda Latinoamérica.

La regional Córdoba realizó, el pasado domingo 15, el Picnic anual de fin de año en el Parque Sarmiento de la ciudad capital. Mil doscientas personas se dieron cita a lo que fue el cierre de año más numeroso de los últimos tiempos. La concurrencia participó de los diferentes espacios de actividades, que se iniciaron minutos después del mediodía hasta pasadas las 20 horas, cuando terminó el acto de cierre de lo que fue una gran fiesta obrera. Se hicieron presentes trabajadores del Sutna, Minetti, de la alimentación, de la docencia de todos los niveles, trabajadores municipales, estatales, entre otros. El Polo Obrero concurrió masivamente desde las diferentes asambleas que lo componen. En definitiva, estuvieron presentes quienes en todo este año no le dieron tregua al ajuste de Macri y Schiaretti, y ahora se preparan para continuar la pelea por cada una de las reivindicaciones pendientes y por un gobierno de trabajadores. Durante toda la actividad, el escenario fue uno de los centros de atracción. Familias enteras disfrutaron de las diferentes actuaciones que durante horas dieron forma a lo que se denominó “Estallido Cultural por América Latina”. Bandas de diferentes géneros; exhibición de fotografías (entre ellas las fotos de la época del Cordobazo) y demás expresiones artísticas, construyeron un esparcimiento que promete tener próximos capítulos. Entre quienes participaron del estallido ya proyectan continuar poniendo el arte al servicio de la rebelión. También se desarrolló durante todo el día el espacio para la niñez, con pintura y diferentes formas de juegos. La tradicional “Copa Obrera” de fútbol tuvo una nueva edición. Charlas y conclusiones Otro centro de atención fueron las charlas-debate al servicio de sacar conclusiones para intervenir en la etapa en curso. En la de ESI se abordaron las perspectivas que surgen para el movimiento de mujeres y disidencias. El debate sobre América Latina también se desarrolló en formato charla, con la intervención de Eduardo Salas, Cintia Frencia (que viajó a Chile recientemente) y Pamela, de la comunidad boliviana, que se organiza en el Polo Obrero. En ese marco se explicó la importancia de la Conferencia Latinoamérica que impulsa el Partido Obrero. La charla sobre el movimiento obrero se realizó a través de una mesa que tuvo representantes de Minetti (Eduardo Rivarola), del Sutna (Leandro Rojas), de la CSC (Franco Boczkowski), del Polo Obrero (Gabriel “Gringo” Almirón) y el dirigente del PO Jorge Navarro. Se marcó la importancia de un sindicato clasista como el Sutna y se destacó que la paritaria obtenida a nivel local, del 47% a nueve meses, es el resultado de una conducción clasista bajo las banderas de la independencia política. También se abordó la situación de la lucha del Molinos Minetti, en el marco un aislamiento por parte de la burocracia sindical, y los desafíos del conjunto del movimiento obrero. Por un 2020 de trabajadores y la Izquierda Pasadas las 19 horas se dio inicio al acto de cierre de la jornada. Tomaron la palabra Emanuel Berardo, de la Mesa Nacional del Polo Obrero y la legisladora por el Frente de Izquierda, Soledad Díaz, ambos dirigentes del PO cordobés. Sus intervenciones tuvieron el denominador común de realizar un balance y marcaron una perspectiva de continuidad de la lucha para que la crisis la paguen los capitalistas, de la mano de construir un gran Partido Obrero. El Picnic 2019 fue un esfuerzo organizativo que, bien mirado, es un paso adelante muy grande en la construcción del Partido Obrero en Córdoba. Con ese impulso, vamos a continuar con una agenda de formación política de nuevas compañeras y compañeros, para continuar construyendo un partido de combate para enfrentar al régimen del FMI, y por un gobierno de trabajadores.

Detrás del discurso de la “redistribución solidaria”, la ley enviada por Fernández al Congreso anula la movilidad jubilatoria. El bono otorgado sólo cubre hasta 19 mil pesos. Menos de la mitad de la canasta básica de la tercera edad. En el camino se suspenden también los regímenes especiales jubilatorios. Esto implica robar los aportes que los trabajadores de diversos gremios han hecho a lo largo de su vida laboral. Por una reforma de este tipo estalló la huelga general que conmueve hace semanas a Francia. Muchos gobiernos argentinos han saqueado las jubilaciones para pagar la deuda. Fernández se vio obligado a hacerlo en la primera semana de su mandato. Tiene apuro por dar el golpe ahora. El paso del tiempo mostrará sus contradicciones y su verdadera naturaleza. Diversos sindicatos han salido a cuestionar el avance sobre las jubilaciones. Los mercados, mientras tanto, han festejado todo el paquete enviado por el gobierno con un aumento de los bonos de deuda argentina y una caída del riesgo país. Es que toda la orientación de la ley ómnibus es concentrar recursos para garantizar el pago de la deuda. Lloran por escasez de fondos, pero premian a sectores empresariales con beneficios de todo tipo. Lo que pondrá el capital agrario con las retenciones es la tercera parte de lo que pondrán los jubilados resignando su movilidad. La devaluación avanza, encubierta detrás de varios tipos de cambio distintos. Las petroleras mientras tanto, tienen la garantía de girar libremente sus dólares al exterior. Disimulan este nuevo saqueo a los jubilados con algunas medidas asistenciales menores. Pero el carácter regresivo del paquetazo es indisimulable. Luchamos por paritarias libres. Por un salario equivalente a la canasta familiar y el 82% móvil para los jubilados. Por un congreso con mandato de bases de todo el movimiento obrero para debatir su intervención y la salida de los trabajadores a la crisis.

Durante este año, las idas y vueltas electorales fueron el tema central de la situación política en Tucumán. Los realineamientos políticos, los cambios de bando y los acuerdos espurios fueron parte de la cotidianeidad. Las elecciones, tanto provinciales como nacionales, fueron ganadas con holgura por el PJ local. Incluso, el gobierno se dio el lujo de prescindir, en cierta forma, del endeble aparato kirchnerista de la provincia. Juan Manzur sólo recurrió a las faldas de CFK cuando José Alperovich se metió de lleno en la disputa por la gobernación. Pocos meses después de declarar la defunción del kirchnerismo, el gobernador comprendió que Macri tenía pocas posibilidades de ser reelecto y se olvidó de todas las leyes que los diputados macristas le votaron a libro cerrado. Manzur entendió rápidamente que debía subirse al caballo ganador, y se apuntó como armador de la fórmula Fernández-Fernández entre los gobernadores peronistas. Estos gobernadores, junto con sectores de la burocracia sindical y hasta de la UIA, corrieron presurosos al llamado y comenzaron a darle forma al pacto social. El primer desaire que sufrió Manzur por parte del nuevo gobierno nacional fue con el anuncio del gabinete presidencial. Su número puesto para ministro de Salud -el diputado, ex ministro de Salud de Tucumán, Pablo Yedlin- fue desplazado por un kirchnerista. El Ministerio de Salud reporta una caja interesante, por el manejo de las obras sociales. Manzur ya conoce esas mieles, de cuando fue ministro de CFK. Deuda para pagar sueldos En el frente interno, el gobierno pareciera tener todos los cabos atados. Conserva la mayoría en la Legislatura y ahora se apoderó del Concejo Deliberante de la capital. Todo esto gracias a la inestimable ayuda del bussismo. A todo esto se suma que la denuncia por abuso contra Alperovich puede terminar arrimando al gobierno a los pocos cargos que obtuvo la lista del exgobernador. En materia económica, en cambio, la situación es muy delicada. Entre gallos y medianoche, la Legislatura le aprobó a Manzur la posibilidad de endeudarse por hasta 28.500 millones de pesos, una cifra astronómica, de los cuales el gobierno ya tomó 3.000 millones del Banco Macro para cubrir agujeros salariales. El problema principal es que la tasa de interés puede superar el 80% anual; y sólo dos gobiernos se endeudan a esa tasa: uno quebrado o uno que quiere armar un negociado para sus socios y amigos. ¿Cuál oposición? La oposición política en la provincia se ha terminado de desdibujar a partir de la derrota de Cambiemos a nivel nacional. Los radicales y los partidarios de Macri se quedaron con poquísimas bancas en la provincia. A pesar de que obtuvieron dos diputados nacionales en la última elección, no queda claro qué rumbo tomarán estos. Beatriz Avila, que dos años atrás había sido electa por las listas de Cambiemos en representación del PJ disidente, ahora arma un bloque nuevo y dispara munición gruesa contra el expresidente. El busissmo ni siquiera pretende plantarse como oposición. Sólo le interesa cuidar su cuota de poder a la sombra de Manzur. Ni qué hablar de Alperovich, quien se ve envuelto en una denuncia por abuso sexual en forma reiterada; una acusación que no sorprende a nadie viniendo del principal encubridor del crimen de Paulina Lebbos. El lugar de la oposición política en Tucumán está vacante. Los trabajadores Durante este año se sucedieron distintos conflictos, sintomáticos del estado de la economía provincial. Quebró una gran cantidad de comercios -entre ellos, una importante cadena de supermercados-, la construcción está parada, la zafra del citrus fue nuevamente cortísima -y con salarios de pobreza-, y los trabajadores estatales perdieron entre 10 y 20 puntos del salario contra la inflación. La mitad de la industria azucarera se encuentra en estado de quebranto. Los ingenios San Juan y Santa Bárbara no molieron este año y dejaron más de 1.000 trabajadores sin sustento. Otras fábricas azucareras tuvieron zafras más cortas de lo esperado, y sus obreros -en su mayoría, temporarios- no llegaron a completar más de cinco meses de trabajo. Las patronales culpan al gobierno de Macri por este descalabro, debido a que no subió el precio de los biocombustibles o a que no aumentó el de la mezcla de estos con los derivados del petróleo. Ahora le demandan a Fernández una solución a sus problemas, pero se enfrentan al problema principal de que sus intereses son contrarios a los de las petroleras. El equilibrio es inestable y los trabajadores azucareros tienen una tradición de lucha muy importante, que en cualquier momento puede salir a la luz. El Partido Los resultados electorales del FIT-Unidad, tanto en las elecciones provinciales como en las nacionales, no mostraron números importantes. En el marco de una extrema polarización y de la parálisis de la clase obrera, abonada por la burocracia sindical y piquetera, el Partido Obrero realizó una vasta campaña denunciando el pacto social en carpeta y advirtiendo del necesario ajuste que va a poner en práctica el nuevo gobierno nacional, con la complicidad de Manzur y compañía. Nuestro partido en la provincia -y también el Polo Obrero- ha emprendido una reorganización tras la ruptura del grupo de Jorge Altamira. Lo hacemos tomando como base nuestra concepción histórica de lo que debe ser un partido obrero: una organización de combate de la clase obrera para luchar por un gobierno de trabajadores y no meramente un grupo de propaganda de ideas sueltas. Defendemos incondicionalmente la independencia política de los trabajadores y un programa de reivindicaciones que incluyen el salario mínimo igual a la canasta familiar, los derechos de la mujer, el apoyo a las rebeliones populares en Latinoamérica, la puesta bajo control de los trabajadores de toda fábrica que cierre o que despida, el 82% móvil para los jubilados, la duplicación y apertura de los programas sociales en vistas a la pelea por trabajo genuino, la oposición al pacto social y la ruptura con el FMI. Con este programa encaramos los desafíos del año que se viene.

Los papeleros de la planta de Bernal de Kimberly Clark continúan la lucha por sus puestos de trabajo, luego del desalojo violento e ilegal que dio por concluida una ocupación histórica de 70 días, demostrando que esta lucha sigue y que los trabajadores van por lo suyo. Con una buena presencia de papeleros, y la solidaridad de organizaciones sociales y políticas de la zona sur del conurbano, la columna movilizó desde la estación de Quilmes hasta el municipio, con el objetivo de pedir una audiencia a la recientemente asumida intendenta Mayra Mendoza. Una delegación de trabajadores y de la comisión de mujeres, fue recibida por el jefe de Gabinete, Alejandro Gandulfo, y por el secretario de Comunicación, Alberto De Fazio. No cabe duda que los funcionarios actuales están al tanto del conflicto, ya que hubo reuniones con asesores de Mendoza antes de que asumiera. De todas maneras, los trabajadores volvieron a poner sobre la mesa, como lo expresa la carta pública dirigida a la intendenta el 11 de diciembre, que la fábrica puede ponerse en marcha de inmediato, como ya lo hicieron los trabajadores durante la ocupación, demostrando su viabilidad, a la vez que abastecieron mediante donaciones de papel higiénico a hospitales, escuelas y comedores, desabastecidos por el propio Estado. Los trabajadores reclaman que se conforme una mesa de trabajo de inmediato con funcionarios del gobierno y representantes de los trabajadores para elaborar un plan productivo que tenga por eje defender los puestos de trabajo y poner en marcha una fábrica que está en perfectas condiciones. También aparece como un tema urgente la defensa de las maquinarias contra un posible vaciamiento por parte de la multinacional yanqui. Luego de haber logrado el favor de la Justicia y de la Policía Bonaerense, comandada por el ex ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, de que que desalojaran la planta, la empresa posiblemente intente vaciarla. Los funcionarios del municipio, del mismo signo político que el gobierno nacional y provincial, se comprometieron a trasladar el reclamo a dichos gobiernos. Uno de los delegados resumió muy claramente el planteo de los papeleros: “Que el gobierno reabra Kimberly Clark si pretende reactivar la industria”. El colectivo obrero de Kimberly Clark sigue esta lucha heroica con firmeza; son los compañeros que conforman la agrupación Gris Papelera y han sido una verdadera oposición clasista en un gremio burocrático que no ha movido un dedo en los últimos dos meses mientras cerraban seis papeleras. Esta organización obrera ha mostrado en el conflicto que tiene raíces profundas. ¡Viva la lucha de los papeleros!, que siguen y dan pelea.

Eduardo Lorenzo se suicidó ayer en la sede de Cáritas La Plata, hacia donde había sido trasladado luego de las movilizaciones de organizaciones de mujeres y familiares de víctimas del cura hacia la parroquia de Gonnet, donde aquel seguía cumpliendo funciones rodeado de menores de edad mientras se acumulaban denuncian por abuso en el expediente judicial. Lorenzo vivió, al menos, unos 30 años acosando y abusando sexualmente de adolescentes que tenía a su cargo por su función eclesiástica. Bastante antes de que las pericias psicológicas constaten su perversión, fue “León” –la primera víctima que se animó a denunciar- quien describió cómo el cura se valía del dinero de la iglesia, de la casa parroquial, de sus vínculos con el poder, para aprovecharse de los jóvenes (siempre hombres, porque despreciaba abiertamente a las mujeres). Durante la última década, el sacerdote gozó de la más descarada impunidad. Primero, la Justicia Canónica repelió las denuncias contra él, cuando los padrinos de León comenzaron la travesía de buscar justicia. Desde que se radicó la denuncia penal contra Lorenzo, éste desplegó sus influencias como Capellán Mayor del Servicio Penitenciario Bonaerense para amedrentar a denunciantes, sea con amenazas ostentando sus relaciones “con los peores asesinos de la cárcel”, sea con el hostigamiento policial a testigos. La Justicia, mientras tanto, archivó la causa en tiempo récord, a los seis meses de abierta y sin ningún avance en la investigación. Por esos tiempos, Lorenzo era confesor de Julio Grassi a pedido del entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio. En marzo de este año, cuando León y sus padrinos junto al abogado Juan Pablo Gallego, lograban el desarchivo de la causa, el arzobispo de La Plata y mano derecha del Papa, “Tucho” Fernández, brindó una misa junto a Lorenzo para respaldarlo. Pero por más empeño que pusieran desde la Catedral, ya no podrían sostener el encubrimiento. El acercamiento de víctimas y familiares a organizaciones de mujeres cambió radicalmente el escenario. Las denuncias cobraron ahora otra difusión. Así los padrinos de León acudieron a la banca del Frente de Izquierda en la Legislatura bonaerense, con quienes se convocó una conferencia de prensa para denunciar la complicidad canónica y estatal en la impunidad y reclamar el avance de la causa. Lorenzo presionó a las autoridades de la Cámara para tratar de evitar la actividad, pero ésta no solo se hizo sino que fue un gran impulso, tanto por su repercusión mediática como por el acercamiento de nuevas víctimas que se comprometieron a testificar y seguir la causa. La banca del FIT logró que se aprobasen dos proyectos de solicitud de informes para dar cuenta de la actividad de éste en el SPB y en las escuelas confesionales de la región. Junto a las organizaciones de mujeres, comenzaron a realizarse acciones callejeras de denuncia. El abusador debió dejar su cargo de Capellán, aunque siguió cobrando un sueldo de la provincia que rondaba los $100.000. Al momento en que la jueza Garmendia ordenara la detención, ya habían declarado cinco víctimas, y las pericias eran inapelables. A la par de este accionar estatal, la Iglesia Católica mantuvo siempre a Lorenzo en funciones. Tanto que fue el rechazo de los padres del colegio Nuestra Señora del Carmen de Tolosa lo que impidió que el sacerdote recalara allí. La protección eclesiástica del abusador llegó al punto, patético y aborrecible, de que tras conocer la noticia del suicidio “Tucho” Fernández llamó a orar por él para que “el Dios de la vida los reciba en el amor infinito”. Por la definitiva separación de la Iglesia del Estado. Juicio y castigo a los curas pedófilos y sus encubridores.

Luego de 24 horas de acampe frente al municipio de Mar del Plata, con la participación de centenares de piqueteros, se conquistó el compromiso de entrega de las canastas navideñas para los compañeros desocupados. El Frente de Lucha Piquetero ha logrado una primera victoria importante sobre la base de la movilización y la lucha. A pesar de que la nueva secretaria de Desarrollo Social del intendente Guillermo Montenegro, Verónica Hourquebie, no se ha hecho presente en el municipio para sentarse a ver el pliego de reivindicaciones presentado por el Frente de Lucha Piquetero, se logró destrabar una cantidad de canastas navideñas que, aunque resulta una primera conquista, aún son insuficientes frente al drama social que vive la ciudad, por ser la número uno en desocupación y pobreza. El argumento utilizado por los funcionarios que recibieron a la delegación de desocupados fue que esta nueva gestión recién se está “sentando a gobernar”, razón por la cual pretendían desentenderse de fijar una cantidad precisa de canastas y de la fecha de entrega de las mismas. Sin embargo, cuando una semana atrás se les solicitó una reunión, su respuesta fue por la negativa debido a que se encontraban en reuniones de gestión de la transición; entonces, ¿qué discutieron?, ¿no vieron el panorama social con el que se iban a encontrar? El gobierno de Montenegro es el mismo que venía gobernando la Nación y la provincia. Gracias al piquete frente al municipio y a la vigilia que se realizó, se logró una respuesta rápida frente a la urgencia de las canastas a menos de quince días de las fiestas. Para el Polo Obrero de Mar del Plata, este resultado constituye un enorme paso adelante, ya que obtiene sus objetivos sobre la base de las asambleas y la movilización. El Polo Obrero se fortalece como organización en los barrios, mientras se prepara para las luchas que se vienen por el resto de las reivindicaciones. ¡Que viva la lucha de los desocupados!

Tras dos semanas, con dos días de prórroga incluidos, la cumbre sobre el cambio climático (COP 25), organizada por la ONU, fracasó en su objetivo de llegar a un acuerdo en pos de incrementar las metas de reducción de emisión de gases de efecto invernadero, fijadas en el Acuerdo de París en 2015. Tampoco logró avances en la reglamentación del artículo 6 de dicho acuerdo, sobre la creación de los mercados de carbono. Se trata de un fracaso anunciado por parte de una instancia cuya incapacidad para morigerar realmente los efectos climáticos de la producción era ya notoria. Resulta que el manifiesto objetivo de adoptar una meta “más ambiciosa” que la de París no pasaba de ser un saludo a la bandera, porque tanto el incremento en las emisiones como el aumento de las temperaturas se ha seguido acelerando, y 2019 termina como un año récord en ambos aspectos. En el contexto de guerra comercial que enfrenta a las principales potencias, la cumbre no podía ser otra cosa más que un fiasco. Las perspectivas de conciliar en gran escala pautas productivas para reducir emisiones o descarbonizar la economía chocan de frente con la situación internacional. Las ilusiones, repetidas hasta el hartazgo en los medios, en el desarrollo de las finanzas verdes (créditos especiales para emprendimientos sustentables) se estampan con las tendencias a la recesión mundial, en un mundo en el que los impotentes bancos centrales ya agotaron la posibilidad de bajar las tasas de interés -un tercio de la deuda global tiene tasas negativas. Estas recetas buscaban ser aplicadas para la puesta en marcha de los mercados de carbono, una suerte de comercio de derechos de contaminación, basado en una unidad de equivalencia entre las emisiones industriales, por un lado, y la absorción de carbono, por el otro. Así, los países o empresas deberían comprar sus cuotas para emitir gases a los países que cuentan con la ventaja natural de bosques u otros ecosistemas que absorben el carbono. Con este esquema, apuntarían a alcanzar la neutralidad (que no se produzcan más gases que los que el planeta puede absorber). Este novedoso emprendimiento financiero a escala global seguirá sin ver la luz, porque no hay acuerdo en cómo debería implementarse. El fracaso de la conferencia fue presentado como producto de la negativa de Estados Unidos, China, Rusia e India, potencias que generan el 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el planeta. En realidad, mientras la Unión Europea posa como la vanguardia de una transformación ecológica, sus propuestas están enmarcadas en un Green New Deal, que ya tiene en marcha enormes planes de estímulos financieros a distintos pulpos del viejo continente, los cuales buscaban ser impuestos como ventajas en el comercio internacional. Al capital y sus Estados no les preocupa el medio ambiente, sino la cuota de mercado que le toca a cada quien. Por eso, en la conferencia nunca se tocó el problema de la depredación ambiental y el saqueo de los recursos naturales a los países oprimidos por parte de multinacionales, aún cuando es uno de los grandes causantes de la aceleración del aumento de las temperaturas. Nada se dijo sobre el fracking, la megaminería o el avance de los monocultivos de los pooles de siembra. Para graficar, mientras los funcionarios del gobierno francés de Macron despotrican contra Bolsonaro por los incendios en el Amazonas, la francesa Total aspira a explotar el petróleo submarino brasileño devastando arrecifes que son grandes generadores de oxígeno. Por lo pronto, en los mismos días en que se realizaba esta COP 25, la petrolera saudí Aramco desembarcaba en el mercado bursátil como la empresa de mayor capitalización del mundo. Estos resultados no podían más que decepcionar a los jóvenes que seguían con expectativas la cumbre, tras un año de multitudinarias movilizaciones por la crisis climática, que tuvieron epicentro en Europa. La misma Greta Thunberg denunció, a través de su cuenta de Twitter, que los gobernantes ignoran los categóricos informes de los científicos, los cuales advierten sobre el acercamiento a un punto de no retorno en el calentamiento global. Los miles de jóvenes que se concentraron el viernes 6 para exigir acciones concretas contra el cambio climático han hecho una experiencia contundente con esta cumbre, que actúa como una tapadera demagógica de las potencias imperialistas. Tanto es así que la demócrata Nancy Pelosi, la titular de la Cámara de Representantes estadounidense, se hizo presente en Madrid para criticar la decisión de Trump de retirarse del acuerdo de París y prometer una política verde en caso de que su partido gane las elecciones el año entrante. Una impostura, cuando el anterior gobierno demócrata de Obama fue el que protagonizó la revolución del petróleo, que incrementó en un 75% la producción diaria de barriles de crudo. También en las puertas de la Institución Ferial de Madrid se concentraron jóvenes chilenos para denunciar la represión criminal del gobierno de Sebastián Piñera. El fracaso de la cumbre enterró también las intenciones del gobierno trasandino de presentarse ante la comunidad internacional como una fuerza activa y preocupada por el ambiente, tras haber tenido que ceder su lugar de anfitrión por el estallido de la rebelión chilena. El desarrollo del movimiento contra el cambio climático debe llevarlo a una confluencia con estos levantamientos populares, para darle una perspectiva concreta a la lucha contra el destructor del medio ambiente: el capitalismo.

El 17/12, en el estreno de El Lago de los Cisnes, el ballet del Teatro Colón y la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires sumaron a los reclamos salariales planteados por la Orquesta Estable del Colón –expuestos en su última presentación en la Usina del Arte, con el apoyo entusiasta del público- otras consignas como las de “dignidad laboral”, “basta de precarización laboral” y “basta de abuso de poder”. Estos reclamos se anclan profundamente en las formas despóticas que la dirección del ballet, encabezada por Paloma Herrera, tiene para con los trabajadores del sector; así como en la forma de contratación ultraprecarizada por las que muchos de los artistas cobran muy por debajo de un planta permanente o no poseen los derechos de los convenios colectivos como aguinaldo, días por enfermedad, vacaciones, licencias y productividad, entre otros. El 17 de diciembre el ballet del Teatro Colon en El Lago de los Cisnes https://t.co/mCEQ12IMe0 pic.twitter.com/vEbc03wuey — Prensa Obrera (@prensaobrera) December 19, 2019 La casa lírica más importante del país se encuentra en la fase más crítica de su historia. Los salarios nunca fueron tan bajos, a lo que se suman numerosos elementos que menosprecian y pauperizan las condiciones de trabajo de artistas y escenotécnicos. Los posibles cambios en las altas esferas que dirigen hoy el ente autárquico nada tienen que ver con una mejora para los trabajadores, sino que responderían a realineamientos de Rodríguez Larreta y de un debilitado PRO, que por lo demás seguirá en la senda del alquiler de todos los espacios y salas, y en el avance en la privatización de sectores históricos. Estos reclamos se inscriben en la caída brutal del salario general y la falta de respuesta gremial a cada reclamo. Por eso culminar el año con estas acciones puede significar un 2020 de reagrupamiento multisectorial más que urgente y necesario.

A principios de diciembre, la policía hizo irrupción en un baile popular en Paraisópolis, una de las favelas (villas) más grandes de San Pablo. Fue un operativo de terror policial que dejó como saldo nueve muertos y trece heridos. Despertó una ola de repudios por la creciente represión social racista contra la comunidad negra, incrementada desde el ascenso presidencial de Bolsonaro. En lugar de enjuiciar a los responsables de esta sangrienta provocación, 48 horas después, el gobierno puso a votación, en la Cámara de Diputados, un ‘paquetazo contra el crimen’. Una ley ómnibus, impulsada por el ex juez, actual ministro de Justicia, Sergio Moro, el mismo que dirigió el proceso para meter preso a Lula. Un conjunto de disposiciones que incrementan condenas, suman nuevas figuras jurídicas punitivas y da mayor impunidad a la represión estatal. Inicialmente, el proyecto pretendía ampliar la llamada 'Ley de Exclusión de Ilicitud', contemplada en el Código Penal, que exime a policías de eventuales condenas y sanciones por acciones letales durante operativos. "El proyecto nuestro se trata de la GLO (Garantía de la Ley y el Orden)" declaró Bolsonaro en una conferencia en la Escuela del Estado Mayor del Ejército, en Río de Janeiro. Realizadas exclusivamente por orden expresa de la Presidencia de la República, las misiones de la GLO ocurren por un tiempo limitado en los casos que se hayan agotado el uso de las fuerzas tradicionales de seguridad. Como sucede en Chile o como el decreto de ‘excesos’ que dictó el gobierno golpista boliviano hasta lograr la ‘pacificación’. Bolsonaro pone sus barbas en remojo cuando ve cómo se han incendiado los países vecinos con rebeliones populares y, en particular, el más admirado por él, el régimen chileno descendiente del pinochetismo. Finalmente, a través de una ‘negociación’ donde se eliminó ese punto extremo, quedando en pie el 75% de las reformas represivas, se logró que se votara por amplísima mayoría: 400 votos por la afirmativa, nueve en contra y dos abstenciones. La totalidad de los diputados del Partido Comunista do Brasil (PCdoB), la gran mayoría de los diputados del Partido de los Trabajadores (PT) y varios diputados del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) votaron SI. Para justificar esta capitulación de principios (reforzar el aparato represivo contra el pueblo), Freixo del PSOL de Rio, se jactó de haber derrotado el proyecto de Moro, votando por el mal menor, por el “proyecto deshidratado”. Pero la derecha festejó semejante votación de ‘unidad nacional’ integrando a la centroizquierda, a la política de ‘orden’ del bolsonarismo. Entre los tres diputados del PSOL que votaron afirmativamente se encuentra Fernanda Melchionna, de Rio Grande do Sul, integrante del MES, quien apoyó el proyecto unificado, buscando una "reducción de daños". El PSOL es un rejunte movimientista y electoralista que se ha caracterizado por su política de colaboración de clases. En el último período, conformó una coalición “Vamos”, con el PT y otro partidos, con un programa neokeynesiano de rescate del capital No pasa de un acuerdo superestructural de tendencias donde cada una conserva su zona de influencia. Hay partidos que se reclaman trotskistas y de izquierda que han justificado hacer ‘entrismo’ en el PSOL. Lo que se presentó como una cuestión “táctica” ha terminado demostrando que tiene un alcance más hondo, pues esa izquierda ha permanecido en su seno a pesar de su derrotero conservador y antirrevolucionario. Lo que ha primado es la expectativa de cosechar algún escaño parlamentario con independencia de si el PSOL era un factor de impulso o un obstáculo de la lucha de clases. La votación aquí reseñada es el punto culminante de esta orientación y es un indicador irrefutable de una bancarrota política.

La liquidación de la movilidad jubilatoria por un plazo mínimo de 180 días contemplada en la ley ómnibus del gobierno, cuando los haberes previsionales ya han perdido un 20% de su poder de compra en los últimos dos años, supone un brutal ataque a todos los beneficiarios. Incluidos, en un lugar destacado, los que reciben la miseria de la jubilación mínima que hoy llega a menos de 13.000 pesos de bolsillo, es decir que cubre menos de la tercera parte de la canasta de la tercera edad (38.000 pesos a septiembre último y unos 43.000 hoy, según los cálculos de la Defensoría de la Tercera Edad). El golpe de esta medida intenta ser ocultado con el anuncio de dos bonos de 5.000 pesos a cobrar en diciembre y enero por los jubilados que cobran la mínima. Esos montos, que sin duda serán bien recibidos, no sólo no permiten a esa franja de beneficiarios cubrir el costo de la canasta, sino que al ser recibidos por única vez no son más que alivios momentáneos. En febrero, el haber jubilatorio volverá a ser el mismo que en noviembre. Los que tienen jubilaciones que van desde los 14.068 pesos hasta los 19.068 recibirán un bono de monto decreciente, de tal manera que ninguno supere esta última cifra con el plus incluido. Los que cobran por encima de los 19.068 para el gobierno entrarían en la categoría de potentados y no recibirían ni un solo peso, por más que no lleguen a cubrir siquiera la mitad del costo actual de la canasta. Recorte para todos y todas La preparación del recorte drástico en las jubilaciones y de la liquidación de leyes y conquistas históricas viene de la mano de la suspensión de la movilidad -en principio por los próximos 180 días- y las demás medidas establecidas en el proyecto de ley de Emergencia que fue enviado al Parlamento. La suspensión se produce cuando, por el actual índice de movilidad, se debería aplicar a todas las jubilaciones -incluidas las mínimas- un 11,56% de aumento en marzo y aproximadamente un 15% en junio próximo (un 28% acumulativo), con lo que se compensaría en parte las brutales alzas en los precios que hubo en los últimos meses de este año -los que se toman para el cálculo. Es decir que el gobierno se orienta, al igual que el macrismo y su reforma de diciembre de 2017, a sustraerles del bolsillo a los jubilados la compensación por los golpes inflacionarios sufridos en los bolsillos. A esto se suma otro punto dispuesto por el proyecto de ley enviado al Congreso, donde se establece que los fondos para los aumentos a los jubilados que cobran la mínima saldrán de no incrementar -o de reducir- los haberes de los que cobran por encima de esos valores de miseria. El nuevo ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que de cara al 2020 “se dejaría al margen de las mejoras a un grupo de jubilados, porque solo se incluiría a los de menores ingresos” (La Nación, 17/12). El proyecto dice textualmente que se trata de “fortalecer el carácter redistributivo y solidario de los haberes previsionales, considerando los distintos regímenes que lo integran como un sistema único, con la finalidad de mejorar el poder adquisitivo de aquellos que perciben los menores ingresos”. En concreto, en el texto de la ley se toma a todo el sistema como único “para atender prioritariamente a los jubilados de menores ingresos”, liquidando todos los regímenes especiales logrados por años de lucha y que, además, están asentados en aportes extras por los trabajadores involucrados. La Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA alertó que la reforma del gobierno barrería la conquista histórica del 82% móvil de los docentes universitarios que se jubilan. Tratan de volver -de manera agravada- a la política aplicada entre 2002 y 2006 cuando sólo se disponían subas para el haber mínimo, o sea que bajo la ampulosa denominación de “Ley de Solidaridad” se achataría brutalmente la pirámide previsional. El proyecto dice que el Poder Ejecutivo “deberá fijar trimestralmente (por decreto) el incremento de los haberes previsionales de la totalidad de los regímenes bajo su administración”, y vuelve a insistir en que será “atendiendo prioritariamente a los sectores de más bajos ingresos”. Tanta insistencia esconde que pretenden dejar sin aumento a un porcentaje importante de jubilados, con el argumento de la “solidaridad”. El objetivo del gobierno es reducir drásticamente el monto destinado a jubilaciones, pensiones y la Asignación Universal por Hijo, ya que en el primer semestre de 2020 los aumentos de todas las jubilaciones quedarían por debajo del 28% que correspondería por la movilidad. Reforma fondomonetarista El gobierno de los Fernández profundiza así la reforma jubilatoria impulsada por el FMI, que el macrismo -con el apoyo de los gobernadores y los sindicalistas peronistas- impuso en diciembre de 2017, y que fue resistida por las enormes movilizaciones populares que hicieron temblar al Congreso Nacional. El proyecto de ley también toma otro de los planteos del Fondo, al establecer la mantención del mínimo no imponible fijado por el macrismo para las contribuciones patronales y un aumento de 10.000 pesos en toda empresa que cuente con una plantilla menor de 25 empleados. Una enormidad. Así se va a un desfinanciamiento completo de la Anses. En lugar de reponer los aportes jubilatorios patronales que fueron reducidos sistemáticamente, la carga recae sobre los trabajadores jubilados y activos. Pero, además, se establece que el 70% de las tenencias del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) -que es dinero de los jubilados- podrá invertirse en bonos de la deuda. Se seguirá pagando deuda con la plata de los jubilados. Con una fraseología nac&pop, el actual gobierno retoma el camino planteado por el capital financiero y el FMI de liquidar el sistema jubilatorio tal como existe actualmente, para convertirlo en un programa de aporte mínimo a la vejez para todos los beneficiarios. El programa del gobierno no tiene la mira “en los que menos tienen y que más han sufrido con el macrismo”, sino en aplicar las recetas del Fondo Monetario para pagar la deuda fraudulenta, como claramente lo dice el proyecto de ley en su segundo artículo, donde plantea que la Emergencia tendrá como objetivo “crear condiciones para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública”. Está planteada una lucha que involucre a todos los jubilados y a los trabajadores activos, futuros jubilados, a los que se pretende hundir en la miseria en sus años de actividad y más aún cuando pasen a depender de su haber previsional. Hay que defender las conquistas logradas con años de lucha y pelear por una jubilación mínima que cubra la canasta del jubilado y por la vigencia plena del 82% móvil para todos.

La cautela con que la prensa internacional ha tomado el nuevo acuerdo entre Estados Unidos y China retrata la fragilidad del compromiso. Según los informes, Estados Unidos acordó recortar algunos de los aranceles sobre productos chinos por un valor de u$s 360.000 millones y no continuar con aranceles adicionales, a cambio de lo cual China aceptó aumentar sus importaciones de productos agrícolas y otros bienes estadounidenses. La Casa Blanca se ha reservado una carta. La reducción pactada irá acompañada de una cláusula de "snapback" en virtud de la cual los aranceles se restablecerían de inmediato si se determina que China no está cumpliendo con su parte del acuerdo. Por lo pronto, hay un punto conflictivo que podría echarlo por tierra. Washington exige que se precise por escrito el monto de bienes estadounidenses que China se compromete a importar y reclama que ascienda a entre 40.000 millones y 50.000 millones de dólares -casi el doble de lo que se comercializaba antes de que comenzara la guerra comercial. Esta pretensión es resistida por el gigante asiático, que señala que implicaría tener que discriminar a otros proveedores -en primer lugar, Brasil y, en menor medida, a la Argentina- cuyos precios son más bajos que los de Estados Unidos. Crisis a ambos lados Trump apuró el acuerdo porque necesita exhibir algún “éxito” y mejorar su imagen, que venía en caída entre los agricultores como consecuencia de las dificultades que ha provocado la guerra comercial para la comercialización de los granos estadounidenses. El sostén de los productores de los estados del sur es vital en vistas a las elecciones presidenciales que se avecinan. Al abordar la situación no se puede soslayar el hecho que la recuperación económica, de la que se jacta el magnate, se viene desinflando. En lugar de las ventajas prometidas por el gobierno, la guerra comercial ha provocado el resultado inverso: las represalias contra China no han derivado en una mejora del intercambio comercial ni de los empleos, y como contrapartida sí ha significado un aumento de los costos industriales y un encarecimiento del consumo de productos importados . Visto desde el otro lado del mostrador, China tampoco se sustrae a la crisis. La guerra comercial potencia la desaceleración económica que ya se viene operando en la economía asiática. Hay quienes señalan que las estadísticas oficiales encubren el verdadero estado de la economía. El Estado chino enfrenta una deuda colosal, de casi tres veces su PBI, de modo tal que la capacidad de reactivar la economía por ese medio -como lo hizo al comienzo de la crisis financiera de 2008- se ha vuelto inviable. Lo que está en juego La búsqueda de un compromiso ha sido alentada por ambas partes, pero está lejos de lograr una salida al conflicto. En el acuerdo no figura ninguna de las exigencias sobre las que Washington venía batiendo el parche y que tienen que ver un resguardo de la propiedad intelectual y el uso de tecnología estadounidense por parte de China. Tampoco se establece un freno a la expansión china en la industria de punta y una apertura de su economía a la penetración del capital foráneo. El imperialismo no ha abandonado su objetivo de fondo, que es completar la restauración capitalista inconclusa en el gigante asiático, en sus propios términos y bajo su tutela. Este propósito es una “cuestión de Estado” compartida por toda la clase capitalista y es lo que explica que las reservas y voces críticas respecto del acuerdo “fase uno” -como se lo conoce- hayan surgido no sólo de los republicanos más “halcones” sino también entre las filas demócratas. Fuera de los aranceles, la guerra monetaria, lejos de atenuarse, se viene potenciando y puede terminar teniendo efectos más nocivos que la propia imposición de tarifas aduaneras. Las autoridades chinas no se han privado de devaluar el yuan durante los últimos meses. Washington, mientras tanto, mantiene su negativa a aceptar el nombramiento de nuevos jueces para el órgano de solución de disputas de los países miembros de la Organización Mundial de Comercio, denunciando que dicha organización ha emitido fallos discriminatorios contra Estados Unidos. De esa forma, mantiene el terreno despejado para decretar sanciones unilateralmente. Importa señalar que el acuerdo sellado entre el gobierno yanqui y el chino tampoco aborda las crecientes tensiones políticas y militares en relación a temas ríspidos como la crisis de Venezuela o las protestas en Hong Kong. Nada resuelve, además, sobre la disputa en torno al control del mar de la China Meridional en el Pacífico, frente a las costas de ese país. Desenvuelto este panorama, está claro que el acuerdo es apenas un compromiso precario La guerra comercial hunde sus raíces en la bancarrota capitalista, que ha pegado un nuevo salto y es el caldo de cultivo en el cual se viene abriendo paso una creciente polarización social y política, en un escenario dominado por el derrumbe de regímenes políticos, golpes de Estado y guerras, pero también por rebeliones populares y tendencias revolucionarias.

Cristiano Rattazzi, de Fiat, el más macrista de los industriales, fue el primero en saludar el paquetazo de Alberto Fernández. Y se mostró eufórico de que “la primera reunión del Presidente con empresarios haya sido con la industria automotriz”. Efectivamente, Alberto Fernández, en el Smata, junto a Ricardo Pignanelli y un conjunto de burócratas sindicales, patronales y gobernadores, estuvo en la presentación del “Plan Estratégico 2030” de la industria automotriz. El mismo fue consensuado entre el gremio y la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), y contó con el aporte de otros sindicatos como la UOM, los industriales metalúrgicos (Adimra), la cámara de autopartistas (Afac), los concesionarios (Acara) y la Universidad Austral. Este plan, cuyo propósito es convertirlo en proyecto de ley para que sea tratado en marzo, es la primera manifestación concreta del pacto social en el movimiento obrero, ya que surge como resultado de una mesa de trabajo integrada por las patronales y la burocracia sindical, poniendo en marcha un plan redactado por las empresas, que iba a presentarse durante el gobierno macrista, pero resolvieron hacerlo con el gobierno entrante para darle más fuerza. En palabras de Pignanelli, “Este pacto social es un acuerdo realizado actividad por actividad, donde nos pusimos de acuerdo los trabajadores, a través de sus sindicatos, empresas y el Estado” (Página/12, 17/12). Un proyecto a la medida de las patronales El plan prevé una serie de medidas en la línea de satisfacer las distintas aspiraciones de las patronales ante un mercado en crisis. Entre la batería de medidas propuestas, las automotrices demandan una disminución de la carga tributaria interna -tasas municipales, impuestos provinciales, reducción de alícuotas y beneficios respecto de ingresos brutos, facilidades respecto del IVA, y un largo etcétera. Y también rebajas impositivas hacia la exportación: gravámenes sobre exportaciones, créditos blandos para inversión, adecuación de las normas y acuerdos bilaterales con países extranjeros, entre otras. Una de las principales medidas que afectan a la población es una mayor presión para sacar del mercado a los vehículos más antiguos por medio de un endurecimiento de las verificaciones vehiculares (VTV) y la exigencia de que se implementen impuestos más caros para las patentes más viejas, lo que encarecería el uso de vehículos de mayor antigüedad, que justamente tienen los sectores de menores recursos. El proyecto también propone la eximición de impuestos y facilidades para quienes adquieran un 0km, y políticas de renovación de la flota pública de vehículos. La efectividad de estas medidas para salir del parate de sector está cuestionada porque hay un mercado cada vez más restringido como resultado del derrumbe salarial y el alza constante de los precios al calor de la devaluación. Paradójicamente, aunque Pignanelli oficiara de anfitrión y se jactara de intervenir en todo el proceso de elaboración, el proyecto no prevé ningún beneficio directo a los trabajadores: no se asume ningún compromiso de garantías laborales por parte de las patronales, ni mucho menos prohibición de despidos y suspensiones. El gancho de las empresas apunta a una mayor producción de la industria, aunque bajo el pretexto de la reactivación buscarán implementar una mayor precarización laboral. Es lo que adelantan las automotrices al deslizar la idea de adaptar el mercado laboral a las necesidades de “bajar costos” de la industria. El propio Pignanelli señala que “los convenios siempre se fueron adaptando. En nuestra actividad, la evolución es continua. Por eso, no tenemos miedo con la discusión de los convenios” (La Prensa, 19/11). Un claro ejemplo de esta política son convenios emblemáticos como Toyota o GM. Un acuerdo sobre las ruinas Las tratativas entre la burocracia sindical y las cámaras patronales, que se extendieron durante más de diez meses, se realizaron mientras las automotrices descargaban un fuerte ataque al empleo y a las condiciones de trabajo de los obreros. En los últimos dos años reinaron los “retiros voluntarios”. Se han eliminado turnos completos, que afectaron a cientos de trabajadores. Las suspensiones y “paradas técnicas” se han convertido en un hábito de las patronales, siempre avaladas por la conducción de Pignanelli. El desplome de la industria automotriz en el país es patente. Según estimaciones del Smata, se estaría utilizando tan sólo un tercio de la capacidad productiva instalada en el sector. El gremio ha respondido adaptándose a las necesidades de las patronales: en Renault, por ejemplo, avalaron la reducción de horas de trabajo con un recorte salarial del 30% y adelanto de vacaciones. Cualquier abordaje del problema de la crisis automotriz debe colocar como primer punto la prohibición de despidos y suspensiones en toda la industria y la ocupación de toda fábrica que cierre, despida o suspenda masivamente. Este es el tenor del proyecto de ley presentado por la banca del PO-FIT en Córdoba, para impedir que los obreros automotrices sigan siendo la variable de ajuste de las patronales. Rattazzi explicó que este acuerdo estratégico busca insertar a las automotrices en el mercado de exportación ante la caída del mercado interno. Es una excusa para flexibilizar a los niveles de superexplotación y bajos salarios de México o Brasil, lo cual no garantiza nada en un mercado mundial recesivo. Para enfrentar los proyectos patronales que aspiran a incrementar sus ganancias y su rentabilidad en el cuadro de la bancarrota mundial, la clase obrera debe rechazar ser furgón de cola de sus verdugos y elaborar su propia salida a la crisis. A ello apunta el planteo de convocar un congreso de delegados de base de todos los sindicatos, para discutir un programa que incorpore sus reivindicaciones inmediatas y un plan para reactivar la industria nacional, afectando los intereses de los capitalistas, bajo control de los trabajadores.

El primer ministro Boris Johnson logró una holgada victoria en las elecciones del Reino Unido del 12 de diciembre, al alzarse con 365 escaños (66 más de los que tenía) en la Cámara de los Comunes, lo que le asegura una mayoría legislativa propia al Partido Conservador. En cambio, el Partido Laborista de Jeremy Corbyn sufrió un derrumbe histórico (203 bancas, 42 menos que antes), en lo que ha sido calificado como su peor resultado desde 1935. Johnson logró imponer al Brexit como el eje de la campaña electoral. Esgrimió el planteo de concretar de una vez por todas el tortuoso proceso de ruptura con la Unión Europea, aprobado en un referéndum en 2016. Por medio de un ataque a la burocracia ajustadora de Bruselas, le arrebató al laborismo circunscripciones históricas del centro y norte del país, zonas obreras que han padecido el proceso de desindustrialización de la ex primera ministra Margaret Thatcher y que han sufrido como nadie las políticas de ajuste que siguieron a la crisis de 2008. No se privó, durante la campaña, de prometer más fondos para salud y educación. Al mismo tiempo, atacó la “incontrolada inmigración”, que se ha transformado en un chivo expiatorio frente a la crisis en toda Europa. Corbyn, en cambio, intentó un equilibrio imposible entre los sectores de su partido más proclives al Brexit y aquellos más inclinados a la permanencia. Como concesión al ala derechista de su partido, europeísta, prometió una postura más suave que la de Johnson en las negociaciones y levantó el planteo de un nuevo referéndum, pero sin fijar una indicación concreta de voto en ese potencial escenario. Esto contribuyó a la pérdida de bastiones históricos del laborismo a manos de los conservadores (en cambio, mantuvo su caudal y triunfó en Londres). Las concesiones no bastaron, sin embargo, para conformar al ala derecha, una parte de la cual saboteó su campaña. Para disimular la falta de una respuesta para las masas al acuciante problema del Brexit, Corbyn adoptó un programa que contempla distintas demandas populares (suba del salario mínimo, algunas nacionalizaciones, reducción de la jornada laboral). Ese plan chocaba con las rígidas normas de la Unión Europea en materia fiscal y presupuestaria, con lo que desairaba a aquéllos que con su planteo ambiguo de un nuevo referéndum pretendía cortejar. Corbyn ha sido víctima de sus contradicciones. Perspectivas La victoria de Johnson no resuelve las tendencias a la desintegración del Reino Unido que expuso el Brexit ni le asegura un mandato plácido. Si bien se ha reforzado como líder partidario, la mayoría que obtuvo el Partido Conservador no es homogénea, ya que cuenta con partidarios tanto de la permanencia como de la salida de la Unión Europea. La burguesía y los grandes medios de comunicación han apoyado su campaña debido a su desconfianza hacia Corbyn, pero mayoritariamente recela del Brexit y más aún de una salida desordenada (sin acuerdo con la UE). En Escocia, el Partido Nacional dio un salto político y se quedó con casi la totalidad de los escaños en juego en la región (obtuvo 48). Su referente, Nicola Sturgeon, volvió a reclamar un nuevo referéndum para alinear a Escocia dentro de la UE. En el caso de Irlanda del Norte, la nueva propuesta en debate en la mesa de negociaciones con la Unión Europea, que consiste en situar la aduana en el mar como un modo de evitar el resurgimiento de una frontera dura en el territorio, no satisface del todo ni a los unionistas (partidarios de mantenerse dentro del Reino) ni a los partidarios de una Irlanda unificada. El conflicto irlandés, poco más de 20 años después de los acuerdos de “Viernes Santo”, amenaza con resurgir. Si el comienzo del siglo XX marcó la pérdida del Reino Unido del status de máxima potencia capitalista global (a manos de Estados Unidos), el comienzo del siglo XXI plantea la amenaza de una disgregación del Reino como tal. El telón de fondo en ambos casos es una profunda crisis capitalista. Pero no se trata de una crisis restringida al Reino Unido. El Brexit atiza las tendencias disgregadoras en todo el continente europeo, donde hay numerosas regiones que reclaman mayor autonomía o la separación de sus Estados nacionales. Dos variantes ajustadoras El Brexit supone para algunos de sus impulsores la esperanza de reconquistar la gloria perdida del Reino por medio de una política autárquica y proteccionista. Pero la única perspectiva que se abre es la de una subordinación mayor a los Estados Unidos. Los trabajadores que han votado a favor del Brexit en 2016 y por Johnson ahora tienen la expectativa de poder salir del chaleco de fuerza de las políticas de austeridad de la Unión Europea y mejorar sus condiciones de vida. Pero el Brexit es otra variante de ajuste, que intentará sacar a la burguesía de su crisis por medio de una desvalorización de la fuerza de trabajo y el ataque a las conquistas obreras. Johnson aprovechará su masiva votación para avanzar rápidamente en algunas de estas políticas. En todo este período, la izquierda británica no ha fijado una política independiente frente a estas dos variantes ajustadoras. Se dividió entre planteos proclives al Brexit y otros de la permanencia en la Unión Europea. Todo esto refuerza la necesidad de la unidad y la independencia política de los trabajadores. En función de ello, recobra valor el planteo el planteo estratégico de la unidad socialista del Reino Unido y de Europa.

Como parte de la ley ómnibus que el gobierno de Alberto Fernández busca sancionar en el Congreso Nacional, se incluye la medida que había sido anticipada por funcionarios oficiales de gravar los gastos con tarjetas en el exterior, sea por viaje o por la compra de servicios o productos a través de Internet. Este impuesto del 30% consagrará la vuelta del denominado dólar turista, que hoy cotizaría alrededor de 82 pesos. El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, presentó la medida como parte de la “solidaridad” que el nuevo gobierno reclama a los distintos sectores para reactivar la economía del país. Así, es presentado como un gravamen a los más pudientes en pos del beneficio general. Pero, en los hechos, su implementación tiene un efecto que afecta al conjunto de los trabajadores, por más que ni siquiera tengan planes de subirse a un avión. Resulta que este impuesto redunda en una suerte de desdoblamiento cambiario, porque la divisa estadounidense se contabiliza a precios diferenciados. Por eso, el dólar turista a 82 pesos -amén de incrementar la recaudación- abre una senda devaluatoria, que sólo en el transcurso de una mañana ya empujó el dólar blue desde los 66 pesos que llegó a cotizar la semana pasada hasta cerca de los 75, y tenderá a seguir subiendo. Es un recurso al que había apelado Cristina Kirchner en su último mandato, cuando regía también un cepo al dólar similar al que existe hoy -y aún más laxo. Pero, a diferencia de aquella ocasión, en la que el impuesto podía ser deducido de otros gravámenes como Ganancias, su inclusión con fuerza de ley permite que se excluya esa posibilidad. El objetivo es reducir así la salida de billetes verdes de las reservas del BCRA, en un rubro que en 2019 finalizaría con una sangría de 5.000 millones de dólares. Este fin “solidario” abre un sendero devaluatorio, basado en la premisa de cuidar los dólares para mostrar capacidad de pago a los usureros con quienes el gobierno se encuentra renegociando la deuda externa. A esta presión devaluatoria se suman los alcances de este impuesto en algunas áreas de la economía doméstica y hasta de consumo masivo. Resulta que las tarifas de las plataformas de streaming como Netflix, Spotify o Amazon también entrarían en el paquete, al igual que las reservas efectuadas a través de Airbnb. El cuidado de los dólares para el pago de la deuda incluye, a su turno, nuevas devaluaciones del peso, que llevarán a nuevas confiscaciones de los ingresos de los trabajadores, además de echar leña al fuego de la inflación y de las disputas por los nuevos precios de las tarifas. El lastre de rescatar al capital financiero pesa sobre toda la economía nacional.

Muchos medios han considerado al Decreto de Necesidad de Urgencia 34/19, dictado este viernes por el nuevo gobierno, como una prohibición de despidos por seis meses. Incluso, algunos lo asimilaron a la norma que aprobó el Parlamento en 2016 y que fue vetada de inmediato por Macri. Pues no es así: su único parecido es la limitada vigencia por seis meses. Se trata de una doble indemnización para los despidos sin causa, que de ningún modo prohíbe la cesantía -como sí lo hacía, taxativamente, la ley vetada en 2016, que otorgaba al trabajador un fuero de estabilidad laboral equivalente al fuero gremial y establecía así una vía sumaria para la reincorporación automática. Así, el peronismo ha tenido una actitud en la oposición y otra como gobierno ya al instante de su asunción; ello cuando la situación de despidos es todavía más grave, porque ocurren en el marco de una recesión económica de casi dos años y se siguen sucediendo los cierres de empresas a diario (como en el caso de la papelera Kimberly Clark), los 600 despidos conciliados en el petróleo neuquino o las 300 cesantías que acaba de producir la Tabacalera salteña. Por otro lado, sigue vigente la nefasta ley de Procedimiento Preventivo de Crisis, los famosos recursos que habilitan suspensiones y despidos a la mitad de la indemnización. Sin la derogación de esa norma, hecha la ley-hecha la trampa: las empresas, con el concurso del entreguismo de la burocracia sindical y del Ministerio de Trabajo, tienen una puerta de escape del reciente DNU. Por su característica, la norma dictada por decreto es similar a la doble indemnización dispuesta por Duhalde en la crisis de 2002, que no tuvo prácticamente efecto porque la masacre mayor de cierres y despidos ya se había producido y comenzaba una lenta reactivación económica. En este caso puede encarecer algunos despidos o poner un peso más en el bolsillo del compañero indemnizado, pero tenemos que ser claros: así como hubo un colchón de precios aumentados por las patronales para cubrirse del posible pacto social, hubo también un “colchón de despidos” que alcanzaron a 9.252 trabajadores durante el pasado noviembre, acorde a un informe de Tendencias Económicas (Integración Nacional, 16/12). Por otro lado, junto a los trabajadores de empresas en lucha por su reincorporación (como Mendicrim, Minetti, Kimberly, Enger de Entre Ríos y tantas otras), tenemos centenares y tal vez miles de compañeros en el Estado reclamando la reincorporación, desde el Inti -donde hay un fuerte movimiento-, pasando por Radio Nacional hasta Fanazul y una infinidad de reparticiones estatales que fueron víctimas de la masacre macrista. Nuestra política es muy clara, la hemos explicitado en la campaña electoral. Se basa en el principio de la prohibición de despidos y el reparto de horas disponibles entre todos los trabajadores, como verdadera medida de emergencia para combatir la desocupación, que es una de las más altas de América Latina, superior a los dos dígitos y que -considerando a los subocupados- abarca a más de 3,5 millones de personas. Esto supone parar en seco los cierres de fábricas y garantizar su continuidad a partir de los recursos del Estado y la gestión de los propios trabajadores; incluso proceder a la reapertura de las empresas cerradas en el último período, cuyos trabajadores reclaman su reinstalación y reincorporación -como es el caso de la gráfica Interpack I, entre otras. Para acompañar esa política hemos presentado oportunamente, con carácter de proyecto de ley, el articulado del dictamen de minoría que defendiéramos cuando salió el proyecto de prohibición de despidos en 2016. Nuestro proyecto plantea la prohibición total, con estabilidad laboral por el término de un año. Se trata de un principio de reorganización económica a partir de los intereses de los trabajadores y no de un parche demagógico para dar un argumento al colaboracionismo de los Daer y compañía en el comienzo de un pacto social que paraliza al movimiento obrero, mientras la crisis capitalista y el default se siguen descargando sobre los espaldas de los trabajadores. Romina Del Plá y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores insistirán en esta línea, acompañando una campaña política del clasismo en todo el movimiento obrero para no dejar pasar un despido más, al tiempo que luchamos por un mínimo salarial y jubilatorio encima de la canasta básica y la reapertura general de paritarias para recomponer los salarios de acuerdo con la inflación. Más que nunca seremos impulsores de la ocupación de toda fábrica que cierre o despida masivamente, porque la doble indemnización es pan para hoy y hambre para mañana.

Mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial del pasado sábado, el gobierno de Alberto Fernández acaba de adecuar los porcentajes de las retenciones a las exportaciones de soja, cereales y otros productos al esquema instalado por Mauricio Macri en septiembre de 2018. En aquel entonces, la soja tributaba a razón de un 18% de retenciones fijas, más 4 pesos por cada dólar exportado, lo que con un tipo de cambio de 36 pesos por dólar redundaba en otro 12%. La devaluación del orden del 75%, entre aquel período y el actual, terminó licuando la parte de las retenciones calculadas en pesos, llevando a un consolidado de 24,7%. Algo similar ocurría con el maíz y el trigo, que en septiembre de 2018 tributaban un 10,8%, bajó a un 6,7% y ahora pasarán a hacerlo por un 12%. Otros productos agroindustriales pagarán retenciones por un 9%, la carne vacuna partió del 11%, bajó al 5% y ahora se afirma en 9%. Lejos de lo que algunos medios de la burguesía quisieron colocar como un “aumento” de las retenciones y una medida de confiscación contra los sectores del campo, desde el gobierno salieron a bajarle el perfil a las medidas, aclarando que se trataba de una actualización de los valores impuestos por el anterior gobierno y que lejos estaban de afectar los intereses del capital agrario y exportador. Esta actualización fue colocada en el orden de las necesidades del actual gobierno de elevar la recaudación fiscal para valerse de los recursos necesarios para hacer frente a las obligaciones de deuda. Se calcula que estas medidas estarían dejando entre 1.100 y 1.800 millones de dólares extra en concepto de retenciones, según señalan las cámaras patronales y diversas fuentes. Se estima que estas medidas afecten a 78,6 millones de toneladas de soja, maíz y trigo -de un total de 120 millones de toneladas de las que 41 millones fueron realizadas como ventas anticipadas-, que implican el 45% de la generación de divisas del país. Abriendo los paraguas Las entidades que nuclean a las patronales del campo salieron a cruzar la medida. Pero la devaluación del último año les ha significado ingresos millonarios, si se tienen en cuenta que, ante la previsión de modificaciones a las retenciones, la mayor parte de los empresarios se aprestaron a liquidar la cosecha en estos últimos meses. La exportación de soja llegó a escalar un 200% de aumento interanual, mientras el cereal alcanzó el 400% (BAE Negocios, 8/12). Los principales voceros de la Mesa de Enlace del campo han mantenido cautela a la hora de señalar su disconformidad. En general, han expresado su malestar por no ser consultados. En algunos lugares aislados se han realizado asambleas de productores, sin que esto se asemeje, por lo pronto, al conflicto suscitado en 2008 respecto de la resolución 125 y las retenciones móviles. El gobierno tampoco quiere saber nada de una confrontación con las patronales del campo, de allí que la medida sea encuadrada dentro de los marcos de las retenciones aplicadas por el gobierno de Macri, y Fernández y su gabinete se han abierto al diálogo con las patronales rurales. El propio Alberto abandonó el barco de los Kirchner cuando el conflicto con el campo asumió estado de cosa mayor y el mismo camino fue el que siguió Felipe Solá y varios de los que hoy integran su gobierno. Cristina, por su parte, no ha perdido oportunidad de manifestarse de forma conciliadora con sus viejos “adversarios”. El capítulo dedicado al tema en su libro no pasa de ser una serie de justificaciones y lamentos por no haber actuado de otra manera. La adecuación de las retenciones aparece como una medida necesaria de este gobierno, entre otras que deberá llevar a cabo, para respaldar las negociaciones con el FMI y los acreedores de la deuda. En definitiva, corren los plazos para el vencimiento de las obligaciones del Estado sin que el gobierno cuente con los recursos financieros para sortear los primeros vencimientos de deuda y sus intereses. Los trabajadores debemos ir madurando un programa propio de salida a la bancarrota de los capitalistas. La renta proveniente de la exportación no debería ser dilapidada en manos de los especuladores financieros, sino que debería estar al servicio del desarrollo de la industria y la creación de puestos de trabajo, por medio de la nacionalización del comercio exterior, la banca y los recursos estratégicos del país.

Uno de los capítulos de la ley ómnibus enviada por el gobierno al Congreso es la denominada “emergencia sanitaria”. El título engaña: a lo largo de 23 artículos no hay una sola medida que responda a las verdaderas urgencias del sistema de salud público y, por el contrario, se refuerza y premia a los agentes privados de la salud. La completa ausencia de medidas concretas para la pretendida mejora en “el acceso y la calidad” de la atención sanitaria contrasta con el reciente acuerdo con los laboratorios, que consagra un incremento de los precios de los medicamentos superior al 80% a lo largo del año y convierte en letra muerta toda pretensión de facilitar (ni hablemos de garantizar) el acceso a ellos. El punto central del proyecto es que refuerza las facultades del Ministerio de Salud (y por lo tanto de su titular, Ginés González García) para que “instrumente políticas”, “proponga alternativas”, “elabore propuestas” para “paliar necesidades básicas de atención en salud”, que no se sabe en qué consistirán. Lo que sí se explicita es, por ejemplo, la instrucción al Consejo Nacional Consultivo de Salud a “alcanzar los consensos sectoriales necesarios para la instrumentación de las políticas sanitarias”. Es decir, acordar una política con las prepagas, clínicas privadas, laboratorios, gerenciadoras... Lo que convierte todo lo demás en letra muerta, porque el lucro capitalista sobre la salud se opone por el vértice a la defensa del acceso universal a la salud como un derecho. Lo mismo vale para el promocionado Plan Federal de Salud, que debería servir para promover la “equidad, el acceso y la calidad” en la atención en salud, ¡pero -de nuevo- ni una sola disposición de qué medidas va a impulsar! En todo el articulado de la ley, ni por asomo se toma alguna medida que revierta la descentralización del sistema de salud nacional que, desde la dictadura hasta hoy, a ningún gobierno le interesó modificar. Por eso, esta ley “invita a las provincias” a que establezcan como prioridad la asignación de recursos al “sector salud” -lo que no puede ser más que una generalidad que deja la disposición a criterio de los gobernadores que han desfinanciado y destruido la salud pública en cada una de las provincias. Asimismo, la ley crea una comisión inter-ministerial (salud, economía, administración federal de ingresos públicos) para que analice el impacto de la carga impositiva y tributaria del sector. Huele a exenciones para clínicas privadas, prepagas, laboratorios. Un aspecto particularmente alarmante es que mientras no se aumenta el presupuesto público, sí se habilita expresamente el financiamiento por la vía de “organismos internacionales, organismos multilaterales, organizaciones no gubernamentales, u otros países”. Un avance privatista en sintonía con el ajuste fiscal que tiene como variable de ajuste a la población trabajadora y sus derechos, para concentrar los recursos del Estado en el pago de la usurera deuda externa. Pero lejos de un “desendeudamiento”, llevan a reforzarlo, porque quieren financiar la salud pública contrayendo nueva deuda con organismos de crédito internacionales ¡para comprar insumos! Detrás de esta emergencia se nota la pluma de los lobbies de la salud. Por ejemplo, se dispone una amplia moratoria de créditos adeudados, tanto al sector público como privado. Es el colmo mientras ajustan a los jubilados y los trabajadores. Para completar, suspenden por un año la incorporación de nuevas prestaciones, medicamentos, procedimientos terapéuticos, diagnósticos y tecnologías médicas, al Programa Médico Obligatorio (PMO): un recorte liso y llano que blinda a prepagas y a obras sociales que contratan con los sanatorios privados. Los avances de la medicina moderna van a estar prohibidos para los asalariados que dependan del PMO. En definitiva, ni cese de la precarización laboral a las que están sometidos miles de profesionales de la salud, los residentes y concurrentes; ni presupuesto para la infraestructura de hospitales y salitas, ni para el pleno funcionamiento de los laboratorios, ni para la compra de insumos y equipamiento; ni reincorporación de los despedidos como en el Hospital Posadas. Defender la salud pública es luchar por este piso mínimo de urgencias. La emergencia del gobierno no resuelve nada.