Prensa Obrera N° 1465

La enorme movilización del 18 de junio(*) constituyó una sorpresa aún para los bolcheviques. Miles y miles de manifestantes marcharon enarbolando mayoritariamente las consignas “Todo el poder a los soviets, Abajo los conciliadores, Paz en las chozas, guerra a los palacios, Abajo la guerra, Abajo los ministros capitalistas, Toda la tierra para los campesinos, Nacionalización del capital”, es decir el planteo de quienes, hasta ese momento, eran minoría en los soviets en relación con mencheviques y socialistas revolucionarios. Marcaba un viraje en la situación política aunque, por el momento, confinado a San Petersburgo. Dos días antes, el 16, el Gobierno Provisional había ordenado la ofensiva general en todos los frentes, reiniciando la guerra de conquista sobre la base de los tratados del zar con los capitalistas ingleses y franceses, frente a un pueblo que deseaba rabiosamente la paz. Cada día de guerra costaba 50 millones de rublos y la especulación de los capitalistas por los suministros al ejército agravó la carestía y aproximó el hambre. Al mismo tiempo, el Gobierno Provisional comenzó a entregar a los tribunales a los campesinos que se adueñaban de las tierras. La voz de orden de la burguesía era “esperar a la Constituyente”, de la boca para afuera, mientras los capitalistas continuaban postergando su convocatoria. “La Asamblea Constituyente -dirá Lenin- en la Rusia actual, daría la mayoría a los campesinos ubicados a la izquierda de los socialistas revolucionarios. La burguesía lo sabe. Y sabiéndolo, no puede dejar de ponerse resueltamente en contra de una pronta convocatoria... Conducir la guerra imperialista..., defender la propiedad de los terratenientes o la tesis de su indemnización sería imposible o tremendamente difícil en caso de reunirse la Asamblea Constituyente”. Los mencheviques y socialistas revolucionarios, miembros del Gobierno Provisional, confiaban ciegamente en la mentirosa convocatoria a la Constituyente planteada por los ministros capitalistas. Para los bolcheviques, la convocatoria de la Constituyente y su éxito, en cambio, sólo estarían asegurados por la fuerza y el poder de los soviets. Aquellos desenvolvían hasta el paroxismo las ilusiones democráticas, los bolcheviques colocaban el centro en la lucha de clases. Sólo si triunfaban los soviets, la Asamblea Constituyente estaría asegurada. Viraje A fines de junio, una conmoción atravesó Rusia. La ofensiva militar resuelta por el gobierno había sido destrozada por las tropas alemanas, con un saldo de más de 70.000 muertos. El odio en San Petersburgo, acicateado por la agitación bolchevique, rompió todos los equilibrios existentes. “La fábrica Putilov se ha puesto decisivamente de nuestro lado”, planteaba un informe al comité bolchevique, señalando que las demandas salariales no habían sido satisfechas. “Ustedes nos han decepcionado”, rezaban sus pancartas. La ola de militancia entre los trabajadores alcanzó su climax al comienzo de julio. El día 2 renunciaron al gobierno los cuatro ministros del partido kadete, con el propósito avieso de que sus aliados socialistas cargaran con la responsabilidad del fracaso que se olía en las calles, pero socialistas revolucionarios y mencheviques reafirmaron la necesidad de un gobierno de coalición con los “partidos burgueses”. El día 3, cerca de cinco mil personas acudieron a despedir al “último” regimiento que partiría hacia el frente, en un clima de oposición al gobierno y radicalización total. Ese mismo día, un regimiento salió a la calle y envió sus emisarios a la Conferencia bolchevique que se realizaba en la ciudad, planteando que el partido organizara la manifestación. La Conferencia se negó. En tanto, columnas obreras comenzaron a bajar de Viborg, ciudadela bolchevique. La decisión se revirtió rápidamente: los bolcheviques decidieron tomar la dirección de da movilización, que se dirigía hacia el Palacio de Táurida, sede del poder. La enorme movilización armada exigió la entrega de todo el poder a los soviets. Para el 4 de julio fue anunciada una nueva manifestación, a la que los bolcheviques plantearon sumarse. Pero al comenzar el nuevo día, un enorme recuadro en blanco sustituyó al editorial de “ Pravda ”. La convocatoria a la movilización fue suprimida y no hubo texto ni llamado que la sustituyera. Los bolcheviques asumieron la responsabilidad por ella, pero no quisieron llamar públicamente a una acción que consideraban prematura. La línea pasó a ser “levantamiento armado, no; demostración armada, sí”, una posición que homogeneizó al partido y fue decisiva para la victoria de la revolución, tres meses más tarde. Mientras los soldados y distintos comités obreros desenvolvían los aprestos para una insurrección armada, el Comité Central bolchevique llamó a contener la movilización, poniéndose al frente y orientándola hacia la retirada. Corrían el riesgo de ser superados por las masas, pecando de conservadurismo -una visión que sostenían distintos sectores del partido. “Agitadores bolcheviques acuden a las fábricas y a los cuarteles a convencer a los obreros y a los soldados que no se muevan. En muchos casos son abucheados y algunos militantes, aquí o allá, rompen el carné del partido y se vuelven hacia los anarquistas”. El mismo 4, miles de marineros armados de Cronstadt -la ciudad portuaria revolucionaria- habían desembarcado en San Petersburgo y se detuvieron a escuchar a Lenin, que planteó que la consigna “Todo el poder a los soviets” terminaría por imponerse, al tiempo de exigir contención y vigilancia. Recalaron finalmente en el Palacio de Táurida. “El socialista revolucionario Chernov sale a su encuentro -relata Marie-, un marino le apostrofa: ‘¡Toma pues el poder, hijo de perra, que te lo damos!’”. Los bolcheviques habían dejado de ser una minoría, pero todavía no contaban con el apoyo necesario. En palabras de Lenin: “Cualquier movimiento errado de nuestra parte puede arruinar todo. Si fuésemos capaces de tomar el poder ahora es ingenuo pensar que pudiéramos retenerlo. Dijimos muchas veces que la única forma posible de gobierno revolucionario es la del soviet de los diputados soldados, obreros y campesinos. ¿Cuál es el peso exacto de nuestra fracción dentro del soviet? (...) La mayoría de las masas está protestando, pero todavía cree en los mencheviques y los social revolucionarios”. Las ilusiones constitucionalistas ¿Cuáles eran los propósitos de los miles y miles de trabajadores y soldados que salieron a manifestarse? Forzar la renuncia de los “diez ministros capitalistas” y obligar al Comité Ejecutivo Central de los Soviets a formar un gobierno. Los acontecimientos, más allá del esfuerzo de los bolcheviques por orientar un repliegue en orden, derivaron en choques entre los manifestantes y las tropas del gobierno, en los que murieron o fueron heridas al menos 400 personas. Del 4 al 5 de julio, el Gobierno Provisional retomó la iniciativa, convocó a tropas contrarrevolucionarias, arrestó a importantes dirigentes bolcheviques, como Trotsky y Lunacharsky, obligó a ocultarse a Lenin y Zinoviev, allanó y saqueó la sede central del partido bolchevique, cerró “Pravda”, hizo requisar las armas en poder de los trabajadores, reinstauró la pena de muerte en el frente y se propuso reimplantar la disciplina en las fuerzas armadas. Las Jornadas de Julio no terminaron en un gobierno soviético sino en un profundo giro a la derecha del Gobierno Provisional. Trazando un balance sobre lo ocurrido, Lenin planteará que al carecer Rusia de un orden jurídico, legal, constitucional, podría pensarse que no había lugar para las ilusiones democráticas de las masas. Sin embargo, “la clave de toda la actual situación política de Rusia reside en que muy amplias masas de la población están impregnadas de ilusiones constitucionalistas”. Por lo tanto, era imposible dar el menor paso en relación con las tareas planteadas, “sin colocar, como piedra angular, el desenmascaramiento implacable y sistemático de las ilusiones constitucionalistas, la revelación de todas sus raíces y el restablecimiento de una perspectiva política justa”. En este punto, Lenin puntualizará que se había abierto una nueva etapa, desde el momento que el 4 de julio se produjo un cambio en calidad. Mencheviques y social revolucionarios no aparecían ante las masas, antes del 4 de julio, abiertamente comprometidos con el retome de la guerra imperialista, con el sabotaje del gobierno de coalición a los reclamos de tierra, paz y pan, con su colaboración con la represión. Unos y otros “cayeron definitivamente en la cloaca de la contrarrevolución”, porque en un proceso que se inicia en mayo y culmina en las Jornadas, se hacen cargo del conjunto de la política burguesa del Gobierno Provisional, incluyendo el delegar el poder hacia el ejército ruso. La represión y la ofensiva reaccionaria no emanaban a esta altura del gobierno o el soviet, sino de la camarilla militar contrarrevolucionaria concentrada en el Estado Mayor. Mencheviques y socialistas revolucionarios aceptan el llamado a las tropas que van a reprimir a las masas, participan en la manifestación de homenaje a los cosacos muertos en los enfrentamientos, tendiendo la mano a los contrarrevolucionarios. El poder estatal ha pasado al ejército. El Gobierno Provisional le sirve de biombo, para legalizar sus acciones luego de consumadas. Definitivamente, comienza una nueva etapa. La victoria momentánea de la contrarrevolución significó la decepción de las masas con respecto a mencheviques y socialistas revolucionarios, y despejó el camino hacia el apoyo al partido bolchevique. Fuentes (*) Ver Rath: "Las elecciones municipales...", Prensa Obrera N° 1.462. Lenin: Obras Completas , Tomo XXV, Cartago, Buenos Aires, 1958. Steve Smith: "Petrogrado en 1917: el panorama desde abajo", EDM N° 10 /1995. J.J. Marie: Lenin , POSI, Madrid, 2008.

El suicidio de un jubilado, Rodolfo Estivill, en la sede de un UDAI de Mar del Plata, trajo una polémica nacional, una campaña política contra los trabajadores de Anses que fueron al paro, y contra quienes denunciamos la masacre social de las jubilaciones. Veamos. El señor Estivill no cobraba la mínima, pero sus 18.315 pesos de jubilación fueron resultado de una sentencia obtenida en 2006, a los 80 años, tras largo juicio. El importe estaba muy lejos de lo que se informó fue su ingreso como cirujano activo, 44.000 pesos según distintos medios. El señor cobraba, además, una pensión por su mujer fallecida de 6.394 pesos, que tuvo reparación recién en octubre de 2016. Si bien Estivill no estaba en la situación de línea de indigencia de millones de jubilados que cobran la mínima de 6.394 pesos, la confiscación sufrida respecto de sus aportes y la caída en su nivel de ingresos era enorme, porque su jubilación alcanzaba el 41% del salario en actividad, según la información trascendida, la mitad del viejo y reclamado 82% móvil. Seguramente, el hombre que se quitó la vida estaba deprimido porque nadie llega al suicidio si no es así, pero el simbolismo de haberse quitado la vida en las escaleras de Anses es objetivo y fue motivo de la enorme repercusión del suceso, cualquiera sea la respetable opinión de sus sobrinas. Como él, millones de trabajadores se han jubilado en las últimas décadas con menos del 50% del último haber, por la eliminación del 82% y por los tramposos métodos de actualización del ingreso de los últimos diez años del jubilado. A muchos se les terminó la vida haciendo juicios apelados sistemáticamente por la Anses “cristinista” y ahora por la “macrista”. No hablemos de monotributistas y autónomos, que van a parar a la mínima como por un tobogán. En el caso de colectivos de trabajadores que tenían el 82% (que han ido perdiendo con la llamada “armonización” de las provincias), como docentes y estatales provinciales, sufrieron iguales confiscaciones por las sumas “no remunerativas” que son excluidas del aporte jubilatorio y del cálculo del haber pasivo. La falta de actualización anterior a la ley de movilidad estampó contra el mínimo a millones de personas, por falta de actualización. Ahora también pierden a menudo frente a la inflación, como ha ocurrido en los últimos años, pero a mucho menor ritmo. Esta situación forma parte de una política consciente de los distintos gobiernos capitalistas que hemos tenido. Menem y Cavallo amputaron los aportes patronales en 1993 y ni De la Rúa ni Duhalde, ni el kirchnerismo, tampoco Macri, obvio, los han repuesto. Se trata de un debate que sólo plantea el Frente de Izquierda. El PO, en particular, llevó una lucha política enorme desde el momento mismo de la privatización del sistema a favor de las AFJP. La burocracia sindical fue activa entregadora puesto que trabajó a comisión afiliando a las AFJP o montó sus propios fondos de pensión, al igual que la centroizquierda, hoy kirchnerista, del banquero Carlos Heller con la AFJP del Credicoop. Nuestra consigna fue “La Bolsa o la Vida”, y fueron muchas vidas confiscadas por el ingreso de los fondos de pensión al mercado de capitales. El producido del reciente e inmoral blanqueo de capitales, votado por todos los bloques del ajuste, unos 110 mil millones de pesos en impuestos por única vez, ha ido sólo en un 10% a la falsa “reparación histórica”, razón por la cual sólo el 5% de los jubilados con juicios los han depuesto. El resto del impuesto ha ido a la suscripción de bonos de la deuda pública, una continuidad de la política de Cristina, Kicillof, Massa y Bossio, entre otros. He integrado tres años la Comisión Previsional de la Cámara de Diputados y he visto en vivo a toda la ‘coalición del ajuste’ aniquilar o cajonear todo proyecto que favorezca a los jubilados: aumento de emergencia, rentas vitalicias para que cobren el mínimo, jubilación adelantada para desocupados de 60 años con 30 de aportes, jubilaciones adelantadas para obreros de la construcción, del hielo, del tanino y otros, entre muchos más. Incluso varios de ellos con el impulso de Mirtha Tundis, hoy presidenta de la Comisión, pero que su jefe, Sergio Massa, jamás obligó a tratar siendo parte clave de los temarios de una cámara sin mayoría oficial. A todo esto hay que sumar los ajustes en el Pami contra la salud de los jubilados (con justicia se ha denunciado que el suicida no tuvo contención), y los trabajadores de la Anses denuncian un “plan de exterminio”, que incluyó la caída de 70 mil pensiones por discapacidad y los trámites humillantes para demostrar que el o la viuda, son realmente tales para seguir cobrando la pensión. Y no son cuentos que Balsavibasso, jefe de la Anses macrista, dijo que hay que elevar la edad a 70 años “al menos en forma voluntaria al principio”, porque lo escuché con mis oídos. Tanto la Anses como el Pami deben ser devueltos a la gestión de un directorio electo por trabajadores y jubilados. Quienes deben pedir disculpas no somos quienes denunciamos esta situación, sino los dueños del poder, porque la disyuntiva sigue siendo “la bolsa o la vida”.

El nuevo aumento de más del 7% en el valor de las naftas reforzará la carestía que soportamos los trabajadores, lo que llevará a la inflación de este año por encima del 25%. El naftazo ha venido al galope de una nueva devaluación de la moneda, que el gobierno ha dejado correr en estos días. De ese modo, también aumentarán los alimentos. Mientras tanto, sólo los salarios serán 'devaluados', con paritarias por debajo de la inflación creciente. Los monopolios petroleros ajustan sus precios “automáticamente” con el dólar. ¡Pero el precio internacional del petróleo ha caído en estos días! Por lo tanto, el naftazo implica superbeneficios. El mismo gobierno que tolera y promueve este saqueo, hace la vista gorda frente a los despidos masivos, como en Pepsico, Atucha y tantas otras. En respuesta a ello, las luchas y ocupaciones fabriles empujadas por abajo buscan abrirse camino. El Partido Obrero y el Frente de Izquierda están con ellas.

El Subte levanta presión. A pesar de las dilaciones de la conducción de AGTSyP para lanzar un plan de lucha en regla, los trabajadores muestran los dientes y se preparan para la pelea. Esta semana continúan las aperturas de molinetes en horas pico en las cabeceras de todas las líneas. El viernes 7, el sindicato anunciará en una conferencia de prensa un paro de 5 a 7, para el lunes 10, en todo el subte. “A cuatro meses de la paritaria vencida, no fuimos convocados hasta ahora por el Gobierno de la Ciudad y Metrovías para abrir las negociaciones”, explica Christian Paletti, delegado paritario y dirigente de la Agrupación Naranja. “Estamos pidiendo una recomposición salarial del 35% y mejoras en las condiciones laborales ante la muerte de trabajadores”. Hasta ahora, la conducción yaskista del sindicato del subte venía postergando una medida de fondo y promoviendo batucadas y aperturas de molinetes mensuales. En la última reunión del cuerpo de delegados, la predisposición al paro se tradujo en que la mitad de los votos fueron favorables a parar ya, contra la orientación de Pianelli y Segovia, pero éstos lograron una nueva postergación hasta el lunes 10, cuando se tomaría la primera medida de interrupción del servicio, transcurridos 130 días desde la caducidad del convenio. “Como paritario -relata Paletti- fuimos recorriendo el subte recogiendo el planteo de los sectores de la necesidad de ir a una medida de fuerza por las paritarias. Y se reflejó en los mandatos de los delegados”. La empresa retacea la convocatoria a los trabajadores y gana tiempo otorgando sumas fijas en negro. Mientras tanto, negocia con el gobierno la ampliación de los subsidios, el aumento del pasaje y la caducidad de la concesión. Lucha contra la tercerización Por otra parte, las asambleas del taller Rancagua resolvieron un paro el próximo jueves para rechazar la tercerización de tareas. Ocurre que la patronal retiró de la línea una formación para realizar su mantenimiento en una empresa privada. Los trabajadores exigen a la empresa el compromiso de realizar las obras, tomar el personal y proveer los insumos necesarios para que el taller realice la totalidad del mantenimiento de todo el material rodante que circule en la Línea B. Esto incluye el adiestramiento para la atención de nuevas formaciones adquiridas con diferentes tecnologías.

Los diarios de estos días han aportado dos informaciones cruciales para entender lo que está en juego en estas elecciones de medio término. En primer lugar, recogen los anuncios que ya realizara Mauricio Macri en su encuentro de la semana pasada con empresarios chilenos: en el país cuyas relaciones económicas y sociales continúan modeladas por la impronta del pinochetismo, el Presidente anunció una batería de ‘reformas de fondo’ para después de las elecciones, a las que calificó como trascendentes ‘para los próximos veinte años de la Argentina’ (La Nación). Aunque la información no es precisa, permite establecer a dónde se dirigen las reformas. Así, anuncian “una alteración en las condiciones laborales que pondrían en estado de guerra a los gremios”. Luego, una reforma tributaria “que elimine impuestos, aportes y contribuciones”, la cual serviría, según el diario, para “incentivar las contrataciones en blanco”. Lo que preparan, en realidad, es una acentuación del régimen menemista de liquidación de los aportes patronales a la seguridad social, lo que agravará el vaciamiento presente de las cajas jubilatorias y de las obras sociales. Como ya se demostró en el pasado, nada de esto aportó un solo puesto de trabajo ni redujo el empleo en negro, que superó al tercio de la fuerza laboral desde entonces y durante toda la década “nacional y popular”. A renglón siguiente de este vaciamiento de los aportes jubilatorios, se anuncia “una ambiciosa reforma previsional” (ídem). Según la fuente, no incluiría “por el momento” (sic) un aumento de la edad jubilatoria. En cambio, y a juzgar por un reciente intento, apuntarían a modificar negativamente el ya mezquino régimen de movilidad jubilatoria en vigencia. Por otra parte, el gobierno va por los regímenes previsionales de las provincias que todavía contemplan conquistas superiores a la de los jubilados nacionales. Precisamente, el matutino anticipa una nueva “ley de responsabilidad fiscal” con las provincias -o sea, un régimen de ajuste sobre los presupuestos distritales al cual quedarán condicionados los socorros del Tesoro nacional o las autorizaciones de deuda. En otro orden, el pacto en ciernes prevé una nueva ley de ‘financiamiento de la política’. Teniendo en cuenta que todos sus posibles firmantes recibieron dinero de Odebrecht en 2015, según lo reconocieron los propios ejecutivos del pulpo, la nueva ley apuntará a disimular y perfeccionar el flujo de aportes de los capitalistas a los partidos ‘de Estado’. Pacto urgente Al lado de este paquete de reformas reaccionarias se alude a un “gran acuerdo de necesidad y urgencia” para después de las elecciones de octubre. En el análisis postelectoral oficial, calculan que “aún en el mejor escenario (en el oficialismo) no contarán con las mayorías parlamentarias que desearían” (ídem). Esto conduce al planteo de un “gran acuerdo” o “convocatoria amplia”, que incluiría a los principales bloques políticos, a las centrales empresarias y a la burocracia sindical. Por esta vía, el gobierno intentaría avanzar en las medidas que hasta ahora, y ante su sola insinuación, despertaron conatos de rebelión popular, como ocurrió recientemente con los recortes a las pensiones por discapacidad. Otro periodista que confirma al acuerdo postelectoral señala que el gobierno considera que “se podrá negociar mejor con algunos de los legisladores actuales más otros que seguramente se sumarían al nuevo Congreso” (Ambito, 3/7), citando entre ellos a Martín Lousteau y Matías Tombolini, que en estas horas hacen campaña ‘opositora’ en la Ciudad de Buenos Aires. Al querer justificar la ‘necesidad y urgencia’ de este pacto, La Nación, haciéndose eco de las posiciones oficiales, realiza toda una confesión: las reformas urgen, dice, porque “el endeudamiento externo puede volver a transformarse en una patología crónica”. Con una hipoteca que ya se acerca a las tres cuartas partes del PBI, el macrismo sabe que el futuro Congreso deberá debatir un refinanciamiento de deuda que quedará condicionado a brutales ajustes. Como se ve, la escalada antipopular nada tiene que ver con “un plan serio a veinte años”, sino con la urgencia de una nueva bancarrota nacional, resultado del saqueo del presupuesto a favor del capital financiero y de otras facciones capitalistas. Coalición duradera A la luz de lo anterior, queda claro que toda la presión del gran capital apunta, para después de octubre, al reforzamiento de una “coalición del ajuste”, ya no sobre la base de votaciones puntuales en el Congreso, sino de un plan estratégico de agresión a las masas. Su composición interior dependerá del resultado electoral, pero su orientación estratégica no admite dudas. Es significativo que los bloques opositores, de Massa a Cristina, coloquen el acento de su futura política parlamentaria en “ponerle un límite” al macrismo. Ello sólo significa ‘contornear’ la política de ajuste, en primer lugar, con medidas asistenciales. Pero no implica una oposición sistemática -ni mucho menos un llamado a derrotar- la escalada antiobrera y antijubilatoria. A los seguidores de Cristina, es bueno recordarles su veto al 82% móvil… ¡del salario mínimo!, bajo su presidencia. A la luz de este anunciado “pacto del ajuste”, se refuerza la ‘necesidad y urgencia’ de votar al Frente de Izquierda en agosto y en octubre, para que el reclamo por un salario igual a la canasta familiar; por la defensa de los convenios colectivos; por el 82% móvil y la restitución de los aportes patronales confiscados por Menem-Cavallo, junto a la investigación y el desconocimiento de la deuda usuraria, constituyan un programa de oposición real al ajuste, y el punto de apoyo para poner en pie una salida de los trabajadores al hipotecamiento nacional y a la degradación de la mayoría laboriosa.

La Lista Naranja de Músicos Organizados, que se presenta en las elecciones nacionales del Sindicato Argentino de Músicos (Sadem) el próximo 2 de agosto, ha denunciado sistemáticamente un proceso electoral plagado de ilícitos y fraudes que lleva adelante la actual conducción. Luego de sortear innumerables maniobras, logramos oficializar la Lista Naranja que lleva como candidata a presidente a la pianista Adriana de los Santos y a secretario general a Hernán “Cabra” de Vega (Las Manos de Filippi), entre otros reconocidos músicos. Sin embargo, el fraude nos golpea nuevamente cuando, al presentar en tiempo y forma (dentro del período de tachas) a casi 200 afiliados para incorporar al padrón electoral, la Junta Electoral, violando nuestro estatuto, se niega a incluirlos. Entre los excluidos en el padrón se encuentran músicos de destacada e ininterrumpida trayectoria musical y afiliados al sindicato. El caso más insólito es el de Luis Máuregui, el apoderado de la Lista Naranja, al que también se le niega su derecho al voto. La campaña desarrollada por nuestra lista contra la prohibición de votar a cientos de músicos por parte de la actual conducción ha tomado una dimensión impresionante y ha producido un repudio masivo a la proscripción electoral. La Naranja de MO, primera lista opositora surgida en el Sadem en décadas, se ha convertido en un vehículo para recuperar el sindicato y democratizarlo. A poco de difundir esta proscripción, la denuncia y repudio a la conducción del Sadem tomó la forma de fotos y videos de los músicos censurados reclamando su derecho al voto, y el apoyo a la Naranja. La viralización en las redes iniciada desde el Facebook de MO ha sido posible por la difusión en cadena que cientos y cientos de músicos llevan adelante llegando a miles de músicos a lo largo de todo el país. La expresión más acabada al arbitrario veto de afiliados es el pronunciamiento de destacados músicos excluidos del padrón (como Facundo Guevara, Matías González, Daniel Volpini, Lucrecia Merico, Jorge Ciraolo, Alcides Larrosa, Willy González, Ernesto Zeppa y Jorge Romanelli, entre otros) que se viralizan rápidamente por las redes sociales apoyando a la Lista Naranja y exigiendo el fin del fraude. Desde todo el país llegan pedidos de músicos para saber si están en padrón y si pueden votar, o cómo deben hacer para afiliarse. Se ha comenzado a quebrar el escepticismo y se ha producido un salto en la conciencia para recuperar el sindicato. Después de haber escuchado muchas veces “para que me voy a afiliar, no los sacás más”, ahora oímos cada vez más “¿estoy en padrón para votar?”, “¿cómo me afilio?” Este camino iniciado es el que la Lista Naranja de Músicos Organizados prosigue para que los sindicatos sean dirigidos por aquellos que verdaderamente van a defender nuestros derechos laborales. Para que se vayan los que hace décadas están atornillados en sus cargos pactando con los empresarios. Para que se vayan los que han vaciado el sindicato y le niegan el derecho al voto de sus afiliados. Por un sindicato democrático, con asambleas periódicas y participación plena de sus afiliados. Independiente de gobiernos y empresarios.

El gobierno ha salido a minimizar la escalada del dólar, incluso por boca del propio Presidente. La atribuye a “razones electorales”, las mismas que esgrimió para explicar los crecientes conflictos sociales. Como en este caso, ‘echarle la culpa a octubre’ es una forma de ocultar las enormes contradicciones y desequilibrios del programa económico oficial. El gobierno ha dejado correr una devaluación del orden del 10% en un par de semanas. Por un lado, para conjugar el creciente déficit de la balanza comercial, especialmente con Brasil. Por el otro, para licuar un déficit fiscal que se contabiliza en pesos, pero que el gobierno paga con deuda contraída en dólares. A poco de andar, sin embargo, la devaluación envuelve al gobierno en contradicciones aún más graves. Por ejemplo, la que surge de la dolarización de las tarifas de combustibles, que ha conducido a otro naftazo y podría llevar a un reajuste en el precio del gas. (El gobierno “dolariza” a los grupos petroleros, pero desconoce, en cambio, la caída internacional de los precios del crudo.) Como consecuencia de lo anterior, la corrida del dólar ya ha desbancado todas las previsiones inflacionarias, que no bajarán del 25-28% en 2017. Por otra parte, la devaluación aumenta el peso de la deuda en dólares sobre el conjunto de la economía nacional. Pero la devaluación de estos días debe ser vista en el cuadro más amplio de un impasse del programa económico. La venta de dólares para atesoramiento, remisión de utilidades o regalías llegó a unos 25.000 millones de dólares bajo la gestión macrista. En condiciones de una balanza comercial crecientemente deficitaria, estos dólares han sido aportados por deuda externa, que creció en unos 80.000 millones en el último año y medio. En consecuencia, el endeudamiento ha financiado la fuga de capitales -un escenario conocido en las vísperas de las grandes crisis financieras del país. La desconfianza en el rumbo oficial está presente entre uno de sus grandes favorecidos, los exportadores agropecuarios, que retienen la cosecha y liquidan un 33% menos de lo que lo hacían en este mismo período de 2016. En estas condiciones, el gobierno no puede asegurar en qué terminaría una “libre” flotación del dólar. Por eso, saldrá a frenarla con la receta conocida: vender dólares y absorber los pesos emitidos elevando el interés que pagan las letras del Banco Central (Lebac). Pero este planteo “antiinflacionario” no sólo agravará las tendencias recesivas: comportará una nueva vuelta tuerca sobre la deuda remunerada que carga el BCRA, y que ya supera al 30% de la base monetaria. En las últimas semanas ha sido notoria la fuga de plazos fijos a los bancos en busca de las Lebacs, y de éstas al dólar. Una saturación del empapelamiento en Lebacs podría concluir en una dolarización lisa y llana, combinando una corrida cambiaria con otra bancaria. El escenario, como se ve, es más complicado y explosivo que el de la mera “incertidumbre electoral”. Los economistas favorables al gobierno -y otros que revistan entre los supuestos ‘opositores’- colocan como salida a esta encrucijada un ajuste fiscal, que debería tener lugar para después de octubre. Lo que no señalan es que el déficit fiscal creciente se relaciona con la batería de incentivos y exenciones a grandes grupos capitalistas -agroexportadoras, mineras, gasíferas- y al crecimiento de la deuda pública. El ajuste que propugnan, en cambio, apunta a los trabajadores, a los jubilados y al conjunto de los gastos sociales. La combinación de este déficit provocado por los incentivos al capital con una deuda explosiva traza un hilo conductor entre la economía K y la economía M. Las dos tributaron al mito del ‘desendeudamiento’, según el cual Argentina podía continuar contrayendo deuda sin mayores sobresaltos. Macristas y kirchneristas ocultaron, en verdad, que el gobierno anterior dejó unos 250.000 millones de dólares de deuda pública, computando no sólo la deuda en dólares con privados sino también la hipoteca acumulada con el BCRA, la Anses o el Banco Nación, esquilmados para convertir buena parte de la deuda externa en deuda “intraestado”. El peso de esta deuda -que representa más de dos tercios del producto bruto- está en la base de la crisis económica actual. Los cimbronazos de estos días delatan también a la oposición -en particular al kirchnerismo- que denunciaba al atraso cambiario y ahora alerta sobre “la devaluación y la carestía”. La encerrona de estas dos salidas reaccionarias demuestra que la crisis actual no tiene respuestas monetarias o cambiarias, sino que exige de una reorganización social integral, a cuenta de los intereses capitalistas que se han beneficiado con la quiebra nacional. Ello plantea la investigación y el desconocimiento de la deuda usuraria, y una recapitalización del Banco Central a costa de los especuladores. Solamente el Frente de Izquierda plantea salir de esta encrucijada a partir de los intereses de los trabajadores y del país.

La burocracia de Suteba-Ctera, con la aceptación de la paritaria a la baja de un 24 por ciento en Buenos Aires y el aislamiento feroz de la lucha de los docentes de Santa Cruz contra el ajuste conjunto de Alicia Kirchner y Macri, le ha brindado un aporte estratégico a la política antiobrera del gobierno de Cambiemos. Todas las entidades de base de Ctera, conducidas por la oficialista Lista Celeste, han firmado paritarias de pobreza por un promedio del 23 por ciento en todo el país. La tregua interminable de Baradel en la provincia de Buenos Aires colaboró también para anular a una paritaria emblemática, mientras las principales discusiones salariales se llevaron a cabo en el resto del movimiento obrero. La paritaria a la baja de Suteba -que se firmará formalmente recién el martes- ha sido convalidada por la dirección de Baradel mediante una consulta trucha, entre gallos y medianoche, imposible de controlar, que abarcó a un porcentaje minúsculo de la docencia, que mayoritariamente repudió este acuerdo en las escuelas. El malestar de los maestros y profesores radica en que un preceptor con la máxima antigüedad de 24 años cobrará en setiembre un salario de 14.470 pesos -por debajo de la línea de la pobreza-, situación que también sufrirá un maestro con 17 años en la profesión. Vidal, por su lado, mantiene los descuentos de los días caídos, lo que lleva a que los docentes paguen con su propia plata las cifras en concepto de adelanto que estableció unilateralmente la gobernadora a lo largo del conflicto, y mantiene en pie la resolución 1131/17, que amenaza a los docentes con obligarlos a trabajar en el receso de invierno. Un sindicalismo amigo, funcional a Vidal y Bullrich La entrega de Baradel atenuó el desgaste que Vidal ha sufrido por la extensión del conflicto, permitiéndole salir del pantano en el momento crucial del inicio de las elecciones primarias. “Una salida armónica, con la mirada puesta en octubre”, tituló La Nación: “La resolución armónica del conflicto salarial -en la misma semana en que el ministro de Educación, Esteban Bullrich, se lanzó a competir como senador nacional para encarar la gran apuesta de Cambiemos contra Cristina Kirchner- constituye un gran punto para Vidal” (29/6). Ctera ya adelantó que será condescendiente también con el futuro ministro de Educación nacional, Alejandro Finocchiaro, verdugo de los docentes bonaerenses, ya que acepta avanzar en la discusión del presentismo y en la aplicación del “Plan Maestro” del macrismo. La resolución de las paritarias docentes anuncia la actitud del kirchnerismo ante la segunda etapa del ajustazo macrista, que prevé dos reformas antiobreras de fondo, previsional y laboral, que vuelquen todavía más el costo de la crisis capitalista sobre las masas, incluyendo a Hugo Yasky, ubicado en una candidatura expectante de las listas de Cristina Kirchner. El sindicalismo K es parte de una corriente patronal de Estado, que por ello ha sido premiado por el ministro Triaca, que avaló el fraude escandaloso en el Suteba La Plata. Los Suteba multicolores rechazan el acuerdo y anuncian continuidad en su plan de lucha El plenario provincial de delegados de escuela, realizado el 29 de junio en el Suteba La Plata, rechazó la oferta salarial del gobierno y la maniobra de los sindicatos docentes de presentarla con datos engañosos y embellecedores (el 27 por ciento que el gobierno claramente calificó de irreal), ratificó el reclamo de origen de 15.000 pesos de básico, sin cuotas, y el reclamo de las obras de infraestructura, del aumento de los cupos de comedores escolares y el nombramientos de los miles de cargos docentes imprescindibles que Vidal se niega a nombrar. Convocó, asimismo, a una marcha a la Gobernación la segunda semana de julio -posiblemente en el marco de un paro- y la preparación de nuevas medidas de fuerza para el segundo semestre del año. Momentos antes de que el ministerio de Triaca convalidara el fraude de Baradel en Suteba La Plata, el salón del Suteba multicolor, dirigido por Amelia García, votaba intervenir acorde a toda su historia en defensa de las necesidades de los trabajadores de la educación.

El cierre de Pepsico dejó a 690 familias en la calle, y una asamblea de trabajadores resolvió ocupar la planta como centro de la lucha por la continuidad de la empresa en Florida, Vicente López. Un recurso de crisis de la patronal fue rechazado, porque se trata de una relocalización hacia su planta de Mar del Plata, con nueva tecnología y planes de precarización, flexibilización laboral y desarticulación de la organización fabril antiburocrática. Varios meses pasaron desde el 16 de enero, cuando los obreros gráficos de AGR-Clarín ocuparon la planta cerrada por el poderoso monopolio con fines similares a los de la patronal de Pepsico. Aquella ocupación duró 80 días, hasta su desalojo por parte de un enorme operativo policial. Es claro que en la memoria de la clase obrera no cayó en saco roto la experiencia de los gráficos. Son dos luchas conectadas, porque no se trata de cierres por quiebra, lo que, por supuesto, también justifica la ocupación de fábrica, sino de cierres con indemnización para los trabajadores, los que deben decidir una lucha desde otro escalón de conciencia. Y así lo ha hecho todo un sector de trabajadores de Pepsico, como antes lo hicieron los gráficos de AGR. En ambos casos, la burocracia de los sindicatos, una kirchnerista, la otra pejotista clásica, se han opuesto a la ocupación con matices y aislaron a estas luchas de la acción del gremio en su conjunto. Escalada antiobrera AGR y Pepsico son apenas botones de muestra de un proceso muy vasto de liquidación de activos, cierre de líneas de producción, achicamiento de planteles y flexibilización laboral, con el objetivo de desconocer convenios, precarizar mano de obra y bajar salarios, incluso de manera nominal. Con la industria al 40% de capacidad ociosa y ante un panorama de extensión de la recesión económica, las patronales iniciaron el año con planes de despidos masivos, que han desatado luchas elementales de la clase obrera sistemáticamente frenadas y desarticuladas por la burocracia sindical. Fue el caso de los miles de despidos petroleros en la Patagonia, desde Neuquén hasta Tierra del Fuego, donde se produjeron bloqueos de pozos por parte de los despedidos, un movimiento de lucha que fue enfrentado incluso por patotas de la burocracia de Pereyra y otras. También en la UOM, recordemos que los despidos masivos en Tierra del Fuego y Banghó se conocieron en simultáneo a la ocupación de AGR, y hubo presión obrera para ocupar esa planta, lo que la UOM diluyó mediante movilizaciones que se fueron apagando. En Ingredion, los trabajadores organizados en el sindicato de empresa de Refinerías de Maíz, fueron a la huelga contra 200 despidos durante 35 días, al cabo de los cuales lograron reincorporar a un pequeño núcleo de trece compañeros en las plantas de Baradero y Chacabuco. Pero se trató de una huelga que conmovió al movimiento obrero y a la población de Baradero hasta hace pocos días. El viernes 30 pasado se produjo una movilización en esa localidad de la Mesa de Unidad Sindical por los despidos masivos en Atucha -en este caso, de obreros de la construcción. Antes, habían cerrado dos plantas de Atanor. En Zárate, el Concejo Deliberante ha decretado la “emergencia laboral” por el nivel de despidos, lo cual es meramente declarativo, porque el Estado no obliga a ninguna patronal a garantizar continuidad laboral. Al contrario, el Ministerio de Trabajo no existe en estos conflictos, es una oficina de aplicación del despotismo patronal. Hasta allí se había movilizado la CGT regional con ese reclamo, una política para evitar luchas decisivas, como son las ocupaciones de fábrica. De hecho, en estos días se anuncia el cierre de dos nuevas químicas en esa localidad: Dak Americas y Lanxes. Se ha cerrado la fábrica del caucho, Hutchinson, y en la localidad de Las Flores, provincia de Buenos Aires cerró la planta Gotelli, dejando a 300 compañeros sin salario y en la incertidumbre. Los trabajadores de Gotelli cortaron rutas, pero ahora la burocracia sindical los tiene paralizados a la espera de una reactivación mediante subsidios del Estado. En esa misma rama, calzado, el gigante de 2.000 obreros de Coronel Suárez, Dass, anunció suspensiones masivas hasta fin de año. En Salto, cerca de Pergamino, cerró sin anestesia Brandmix, fabricante de alfajores. Lucha encarnizada Como se aprecia, el escenario de cierres de plantas y despidos masivos es grave. A esto hay que sumarle los despidos masivos antisindicales en el transporte cordobés, como represalia por la gran huelga que motorizaron sus cuerpos de delegados contra la paritaria firmada por la patronal, el gobierno y la burocracia sindical de Fernández. Este tipo de despido busca disciplinar a los trabajadores para imponer la parálisis ante la ofensiva antisalarial y antilaboral. A pesar de ello, el movimiento obrero sigue y sigue intentando. El viernes 30, una asamblea general de Acindar rechazó la paritaria de la UOM y reclama su pago inmediato, y no en cuotas. Antes, la rechazó también Aluar y logró imponer una paritaria superior. En esa lucha también está empeñado el Sutna, a partir de una masiva asamblea general que votó el pliego paritario. Todos conocemos las enormes huelgas docentes y la lucha de los trabajadores de Santa Cruz. El proceso por abajo indica enormes reservas de la clase obrera. Los casos de AGR y Pepsico llegan a la ocupación de fábrica como resultado de cuerpos de delegados que abrieron esa posibilidad ante los compañeros. La importancia de estas luchas, como marcamos en una nota anterior de Prensa Obrera, va más allá del resultado inmediato que puedan producir, sin descartar victorias parciales o atenuaciones de las ofensivas antiobreras. De conjunto, la clase obrera, como en el período previo al Cordobazo, con grandes huelgas aún derrotadas, como ocurrió también en el período previo a la huelga general de junio/julio de 1975 y en los tiempos previos al Argentinazo, prepara grandes batallas futuras. El plan de guerra postelectoral que se ha conocido estos días, en función de un “pacto de La Moncloa” argentino entre el gobierno, las fracciones de la oposición y la burocracia sindical, para una nueva reforma (anti)laboral y (anti)jubilatoria, nos plantea la perspectiva de grandes enfrentamientos de clases. Rodear de acción de lucha y política de apoyo a Pepsico y a cada lucha obrera es función del Partido Obrero y debe ser un gran propósito de la campaña electoral del FIT. Hemos sido atacados por esto. “Ladran Sancho”, señal que cabalgamos en la dirección correcta.

La crisis de la burocracia sindical, sus divisiones internas e incapacidad para canalizar reivindicaciones elementales se explican en última instancia por el agotamiento del peronismo. El intento de superar la disgregación, reunificando la CGT detrás de una conducción compartida choca con ese límite histórico. La declinación de la dirigencia sindical como “columna vertebral del movimiento” se puso de relieve con la marginación de los principales jefes -en especial del triunvirato- de las listas electorales. Los piantavotos Daer abandonó las filas del massismo para protagonizar la “renovación del PJ” junto a Randazzo. Pero terminó renunciando a su postulación por la debilidad en que quedó el ex ministro. Sergio Sasia, de la Unión Ferroviaria, uno de los referentes del Movimiento de Acción Sindical Argentino que impulsó a Randazzo, también hizo su “renunciamiento” a favor de Oscar Romero del Smata, que irá cuarto en la lista de Cumplir. Pero Romero perdió todo apoyo del gremio por sus enfrentamientos con Pignanelli. En la misma lista, pero en el séptimo escalón quedó el metalúrgico “Barba” Gutiérrez. Juan Carlos Schmid también se bajó de las Paso del peronismo santafesino por falta de apoyos; en especial de los sindicatos rosarinos, que se alinearon contra el moyanismo. La derrota de Hugo Moyano no se reduce a Santa Fe; sin haber obtenido lugares expectables, es probable que tanto él como su hijo Facundo anuncien pronto su salida de 1País, siguiendo los pasos de Libres del Sur. Carlos Acuña, el tercer triunviro, que aspiraba a saltar de su sillón en el bloque massista de la Legislatura bonaerense al Congreso, quedó muy relegado y sin posibilidades. En total, cinco de los once diputados de extracción sindical dejarán su banca en diciembre próximo; uno de ellos, el canillita Omar Plaini, buscó infructuosamente un lugar en Unidad Ciudadana. Los “sindicales” en la lista de CFK, Vanesa Siley, del Sitraju (judiciales), Walter Correa, de los curtidores, ambos integrantes de la Corriente Federal, y Hugo Yasky, de la CTA, no pertenecen a la estructura de poder de la CGT. “Hay un desinterés de la política por la representación que ejercen los sindicatos”, se quejó amargamente Héctor Daer. Es exacto, y la razón de ese desinterés es que son piantavotos; amplias capas de la sociedad los repudian. Una CGT dibujada Es posible que la foto del Presidente y el ministro Dietrich, junto a Maturano, Schmid, Moyano y Cavalieri -tomada en la cena por los 130 años de La Fraternidad, pocas horas después del cierre de listas- haya ilusionado al triunvirato sobre las posibilidades de un reacomodamiento rápido. “Lo que importa ahora -declaró una alta fuente de la CGT- es el fortalecimiento institucional de la central”. Pero el papel que el gobierno le tiene asignado a la central, y en general a las organizaciones obreras, quedó demostrado en el Consejo del Salario, donde impuso a través de un laudo -es decir de forma unilateral, una suba del mínimo a su gusto, que llegará a miserables 10 mil pesos recién en julio del año que viene. El portazo de las delegaciones sindicales fue una escenificación. Varios interpretaron que el gobierno le ahorró a la CGT el costo político de firmar ese aumento a sabiendas de que no habrá ninguna reacción contra el decretazo; “el Ministerio de Trabajo tiene la facultad de resolverlo así”, se justificó Schmid. Las mafias y los votos Lo que no pudo conmover la miseria del salario mínimo o la ola de despidos y suspensiones, sí lo hizo la intervención al gremio de Canillitas dispuesta por la Justicia, que la CGT caracterizó a través de un comunicado como “un ataque a la institucionalidad sindical” dictada “por “objetivos políticos”. En rigor, el tema se veía venir, luego de un allanamiento a la sede gremial hace dos meses y el rechazo por parte de la Cámara Federal a los pedidos de Plaini de anular la causa por fraude. Se repite lo ocurrido con el sindicato de marineros (Somu) -cuyo otrora poderoso secretario general, “Caballo” Suárez, continúa preso-, con el de Vigiladores Privados (UPSRA) y con el de azucareros (FEIA). Las reiteradas menciones de Macri a “las mafias sindicales” no fueron exabruptos; es una línea que, por supuesto, tiene “objetivos políticos” e incluso electorales. Ante el descalabro económico, la engañosa batalla “contra la corrupción y las mafias” es lo que más le suma al gobierno. El modelo sindical se defiende La alarma precipitó una reunión que se pensaba dilatar para esquivar el reclamo de un Confederal, convocado por los que fueron marginados de la conducción: el Masa, la Corriente Federal y Las 62. Fue para iniciar una ronda de consultas con vistas a una movilización, promovida por el Consejo Directivo de la Confederación del Transporte (CATT) “en defensa del modelo sindical”. Se hizo en sigilo y sin convocar a los gremios kirchneristas, aunque significativamente sí asistieron los de Las 62, la pata sindical de Cambiemos que fuera conducida por el fallecido “Momo” Venegas. La consigna es frenar “la arremetida” del gobierno pero sin romper los puentes. Si algo es seguro es que, sin el cobijo parlamentario, la burocracia se arrimará al poder con menos disimulo aún del que exhibió hasta ahora. El mismo Daer, consultado sobre la posibilidad de un plan de lucha, respondió que “cualquier acción puede perjudicar las posibilidades de dar un debate serio de cara a las elecciones”. La burocracia es consciente de que sus acciones están en baja, pero también sabe que el gobierno necesita un amplio acuerdo para ejecutar la escalada antiobrera y antijubilatoria que tiene en carpeta para después de octubre. Y cuenta con ella.

Los obreros de Pepsico desarrollaron el martes pasado un corte frente al Obelisco y se movilizaron al Ministerio de Trabajo por la reapertura de la planta. Acompañaron a los trabajadores comisiones internas de otras fábricas de la Alimentación, los Suteba combativos, la AGD-UBA y el Sutna, entre otros. Estuvieron presentes, además, referentes políticos del Frente de Izquierda como Gabriel Solano, Marcelo Ramal, Nicolás del Caño y Myriam Bregman. Como parte de esta jornada de lucha hubo actividades solidarias en Neuquén, Rosario, Córdoba y Mar del Plata. “Macri ajusta. Pepsico despide”, era la leyenda estampada en muchos de los carteles que podían verse en la manifestación. El 4 de julio, precisamente, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, dio un apoyo tácito a la multinacional yanqui al afirmar, en conferencia de prensa, que “el Ministerio de Trabajo no puede impedir una decisión empresarial”. Por su parte, las autoridades de la cartera laboral no plantearon solución alguna a los reclamos obreros en la reunión sostenida ese día. Más aún: se afirmó que Pepsico “actuaba dentro de la ley” y se hizo la provocadora oferta de una “capacitación” por seis meses para buscar otro trabajo. Durante la jornada, a su vez, se desarrolló una audiencia contra los despidos en el Congreso Nacional, en la que participaron diputados de diversos bloques, entre ellos los diputados nacionales del Frente de Izquierda (Pablo López, Soledad Sosa, Juan Carlos Giordano, Nathalia González Seligra). El conflicto El cierre de la empresa, denuncian los obreros, forma parte de un plan para atacar la organización gremial y retomar la producción con personal flexibilizado en Mar del Plata. La conducción burocrática del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) dio la espalda a los obreros. Pero éstos tomaron la planta en defensa de los puestos de trabajo, como parte de una respuesta de lucha de la clase obrera frente a los despidos masivos, que ha tenido otras expresiones resonantes a lo largo del año en AGR-Clarín, Textil Neuquén y Walmart Sarandí. ¡Viva la lucha de los obreros de Pepsico!

En las dos plantas de Córdoba, Neumáticos de Avanzada y Neumáticos Ruiz, se han conquistado cifras del 31 y 28% de aumento salarial. Con el método de la asamblea y la acción directa se impuso una paritaria que, sin duda, va a ser una referencia para el resto de sectores que están en lucha. Los trabajadores del Neumático quebraron las pretensiones de ajustar el salario de Macri y Schiaretti junto con las patronales. Dos políticas diferentes El factor determinante fue la organización y la lucha propia de los trabajadores, apoyada fuertemente por el sindicato nacional, donde destacados miembros de la comisión directiva se pusieron al frente de la reorganización obrera. Cabe señalar que en el medio de la discusión salarial se dio lugar a una cautelar exigida por el sindicato para que se revirtiese la persecución gremial de que pretendió impedir que se realizaran asambleas en la fábrica. El paro y el bloqueo en la puerta de la fábrica Ruiz fueron un factor fundamental para condicionar el acuerdo salarial. A pesar de la extorsión de la patronal para que ingresaran a trabajar, las sucesivas maniobras del Ministerio de Trabajo y los reiterados amedrentamientos de la fuerza policial no pudieron doblegar la fuerza de los operarios que se mantuvieron firmes en la medida de fuerza. En Neumáticos Ruiz se conquistó una paritaria del 28% en dos tramos, quedando aún algunos puntos de convenio por discutir. En Neumáticos de Avanzada, el acuerdo salarial se dio luego del bloqueo en Ruiz, donde los delegados estuvieron presentes acompañando activamente. La patronal de Neumáticos de Avanzada tomó nota de los sucesos de las otras plantas. Los trabajadores se hicieron con un 28% en tres cuotas, además de un aumento en el premio al presentismo del 50% pasando de 1.000 a 1.500 pesos por quincena. Lo más significativo es un reconocimiento del adicional por antigüedad que había quedado congelado desde la paritaria 2014 en 0,33 centavos por hora trabajada pasando a 0,67 centavos. Sumando un porcentaje final de 31%. Los años de atrasos salariales y el hundimiento de las condiciones laborales que sufren los trabajadores se debe particularmente a la complicidad de burocracia sindical de Wasiejko con las patronales. Esto llevó a que en Ruiz y en Neumáticos de Avanzada existiese un creciente sentimiento antiburocrático en rechazo de las prácticas propatronales, que venía sosteniendo la conducción sindical kirchnerista de la Lista Violeta. Vamos por delegados de la Lista Negra Sin duda, la organización y lucha de los trabajadores del Sutna Córdoba ha dado sus frutos, obteniendo una gran conquista. Las próximas elecciones de delegados se presentan como una excelente oportunidad de fortalecer la organización en las fábricas, para así avanzar en las demás conquistas. Apoyamos y llamamos al conjunto de los trabajadores del neumático a votar masivamente a los delegados de la Lista Negra para luchar por el salario y las condiciones de trabajo y continuar avanzando en la organización clasista del movimiento obrero.

Las primarias en Chile no son obligatorias. La coalición gobernante -Nueva Mayoría, versión ampliada de la Concertación PS-DC, junto al PC y otros partidos de centroizquierda-, no se presentó, exponiendo en forma descarnada su fractura política interna. Hasta el momento, todo indica que iría dividida en dos candidaturas a la primera vuelta, hecho que nunca había ocurrido desde el fin de la dictadura militar en 1990. La elevada votación que cosechó la derecha no puede disimular el hecho más relevante de la elección: votaron apenas 1.800.000 personas (un 13% del padrón electoral) -o sea, que las primarias no entusiasmaron a nadie. En términos generales sigue siendo palpable un cuestionamiento al régimen político de conjunto, que se ha visto surcado por impresionantes movilizaciones callejeras en los últimos tiempos y el desarrollo creciente de conflictos y huelgas en los lugares de trabajo. Nueva Mayoría, en disgregación Hace menos de un año, todos los medios apuntaban a que la presidencia se definiría entre Ricardo Lagos (Concertación) y el derechista Sebastián Piñera. Dentro del concertacionismo, la candidatura de Lagos era un intento bonapartista de superar la lucha faccional de los partidos que la integran. Por el contrario, su candidatura reforzó el rechazo popular contra la Nueva Mayoría, fundamentalmente en los sectores juveniles, por la ligazón de su anterior gobierno con la profundización de diversas privatizaciones, especialmente la educativa; la creación de los créditos CAE para la educación privada con su consecuencia de más de un millón de endeudados. Finalmente, se vio forzado a bajar su candidatura, luego de que el Partido Socialista le diera la espalda y eligiera como su candidato presidencial al senador independiente y periodista Alejandro Guillier. Esta postulación apuntaba a desarrollar un operativo de cooptación del llamado “mundo independiente”, todo en miras de alta tasa de abstención que marcó la pasada elección presidencial. La bajada de Lagos constató la descomposición del concertacionismo y dinamizó las fuerzas centrífugas, como los amagues de ruptura de la Democracia Cristiana. Posteriormente a la primaria, Carolina Goic (de la DC) planteó que le abre las puertas al “que crea en una derecha distinta a la de Piñera”. Esa posición, de mantenerse, echaría por tierra los esfuerzos que están haciendo el PS y el PC de seguir negociando una candidatura única para la elección presidencial de noviembre. La Democracia Cristiana prepara las valijas para un cambio de gobierno. Estamos en la última etapa de la Concertación. Asistimos a un nuevo fracaso de la política de frente popular del PC, que ha perdido su capacidad de cooptar a los diferentes movimientos de lucha que recorren el país. La Nueva Mayoría se convirtió en el gran perdedor de la primaria, sin presentarse a la cancha. El Frente Amplio (un armado “pluralista” que va desde agrupaciones ex Concertación, nuevos partidos que se autodefinen de “izquierda” que emergieron después de las movilizaciones de 2011, con un fuerte contingente de estudiantes, docentes universitarios y hasta organizaciones de derecha como el Partido Liberal se presentó como la principal “novedad”. Venía ganando terreno en las encuestas y capitalizando la caída de la Nueva Mayoría. Beatriz Sánchez ganó la interna, pero obtuvo una votación muy baja, según lo proyectado por ellos mismos (algo más de 300 mil votos). Se presentó con un planteo de antipolítica (ni derecha ni izquierda), anticorrupción de “manos limpias” y “renovación” del personal político, pero sin cuestionar las bases sociales del régimen heredado de la dictadura. Una réplica de Podemos español, pero en clave trasandina. Sus candidatos renunciaron a oficiar de voceros de las grandes reivindicaciones sociales que impulsan la movilización popular (jubilación privada, gratuidad de la educación, el salario y los puestos de trabajo). Piñera, otra vez Piñera Los medios capitalistas, en los días posteriores a las primarias, caracterizaron esta elección como una “inesperada movilización que da cuenta de un estado de ánimo y convicción sobre la necesidad de un cambio de gobierno” ( El Mercurio , 3/7). Sin embargo, la derecha llegó a las primarias en una interna caliente, con acusaciones cruzadas de corrupción y financiamiento ilegal de la campaña. Piñera carga con la hipoteca de su propia gestión de gobierno, que terminó desacreditada y en medio de un creciente descontento popular. La derecha viene cogobernando el país con la Concertación en los últimos 15 años. Votaron juntos la gran mayoría de las iniciativas de rescate a los capitales en crisis a costa de las arcas fiscales y leyes antiobreras, como lo fue la miserable ley de salario mínimo. Existe un verdadero abismo entre el piñerismo y los trabajadores, y con más razón entre la juventud de las universidades que en la lucha estudiantil por la gratuidad de la educación terminó precipitando la derrota de Piñera en su pasado gobierno. La receta de recambio de Piñera no dista mucho de lo que ya viene haciendo Bachelet, donde los subsidios y la asistencia social a cuentagotas se colocaron como la fórmula para mantener en pie el régimen de privatizaciones, usando los recursos públicos para mantener o incrementar la ganancia privada en medio de una profunda crisis de sobreproducción. El agotamiento del régimen está generando un hartazgo popular y la crisis política en los partidos tradicionales se sigue desarrollando como tendencia. La izquierda y sus desafíos El derrumbe de la Nueva Mayoría significa una apertura de una nueva transición histórica en el país. Es necesaria una alternativa política de los trabajadores. La izquierda tiene hoy el desafío de sacar adelante el “programa de la calle”, el conjunto de las demandas y reivindicaciones que están planteadas por las luchas en las fábricas, en la juventud, en el movimiento de mujeres y en las movilizaciones de masas por el fin de las administradoras de fondos de pensiones (AFP), y abriendo un rumbo político. Estas demandas están por fuera de la agenda de todos los partidos que se presentan a la elección. El planteo de una Asamblea Constituyente libre y soberana debe jugar un rol central dirigido a agrupar a los trabajadores y los sectores populares en la perspectiva de poner fin a la herencia pinochetista, tanto en el plano político como en el económico, para así, reorganizar al país sobre nuevas bases sociales, bajo la dirección de la clase obrera. Debemos hacer consciente la necesidad de una nueva dirección en los sindicatos que se ven golpeados por la reforma laboral, para luchar por un salario igual a la canasta básica familiar y el fin del trabajo precario y contra los despidos. Por la restitución inmediata de los aportes patronales, el 83% móvil y por la transferencia de todos los cotizantes y sus ahorros a un nuevo organismo estatal de fondo de pensiones bajo control y administración de los trabajadores para terminar con las AFP. Por una genuina gratuidad de la educación pública y la condonación de la deuda educativa de todas las familias afectadas; estatización bajo control de estudiantes, docentes y funcionarios de todas las instituciones privadas que cierren o se encuentren en situación de quiebra. Por un gobierno de trabajadores, único capaz de convocar una Asamblea Constituyente soberana.

La lista opositora Unidad “Laura Rimedio” -llamada así en homenaje a nuestra compañera, fallecida el 4 de junio en un accidente, quien iba a ser candidata a delegada adjunta- se impuso con el 69% de los votos contra la lista oficialista Verde-Anusate. Asimismo, la Lista Unidad ganó todos los delegados de sector, incluso del que encabezaba el referente de la Lista Verde. La Lista Unidad está integrada por compañeros y compañeras de la Lista Bermellón de ATE, del Partido Obrero e independientes. Hace años venimos construyendo nuestra Junta Interna al servicio de los trabajadores, independiente del gobierno, de las burocracias y cúpulas sindicales, de la patronal y sus partidos. Venimos siendo parte de la lucha contra los sectores burocráticos, enfrentando la precarización laboral, la degradación de nuestro salario y de las condiciones de trabajo y peleando para que exista transparencia, carrera administrativa y equidad salarial en Arba. Luchamos por el reconocimiento de la antigüedad, el fin de la violencia de género y justicia por el femicidio de Sandra Ayala Gamboa. Planteamos la apertura de una casa de asistencia a víctimas de violencia donde la asesinaron. Tenemos grandes desafíos por delante en Arba: anular la Resolución Interna 148 que habilita descuentos en nuestro incentivo y la lucha contra el presentismo que intentan imponer controlando con el ingreso a través de datos biométricos al ministerio. Seguiremos luchando junto al resto de los trabajadores estatales para enfrentar el ajuste del gobierno. ¡Compañera Laura Rimedio, presente!

El movimiento de mujeres ha sido el gran factor de acción y lucha que expresó en los últimos años el afán por terminar con todas las violencias hacia las mujeres e identificó la responsabilidad del Estado y sus gobiernos en esta cuestión. Como tendencia revolucionaria al interior de este gran movimiento, hemos luchado por su independencia de los partidos patronales, la Iglesia y los gobiernos de turno. Desde el primer momento, tomamos la denuncia al régimen de explotación como base de la violencia que viven las mujeres. Ello, no sólo por el beneficio económico que reporta la doble explotación, sino también como instrumento de disciplinamiento social sobre las mayorías populares. Bajo el ropaje nacional y popular o el de cuño liberal, la orientación de fondo con relación a las mujeres no ha cambiado, aunque si el discurso. Motivos sobran Una de cada cinco mujeres es abusada en su infancia. El 80% de las veces el atacante proviene del entorno familiar. Como se suele decir, el agresor tiene la llave de la casa de la víctima. En el marco de la educación religiosa que abarca alrededor del 15% de los niños del país y de las actividades anexas que el Estado terceriza en el clero católico, se focaliza otro ámbito donde se suceden abusos sexuales. Es el caso de la judicialización de los niños más vulnerables o de las instituciones de asistencia a niños con discapacidades, como el Instituto Próvolo con sede en La Plata y Mendoza o en ámbitos de estudios religiosos, como los seminarios. En algunas provincias la tasa de nacimientos entre niñas y adolescentes asciende al 25% de los nacimientos totales. Estamos hablando de un fenómeno que excede la ausencia del uso de anticonceptivos, sino que incluye el abuso de poder de hombres sobre mujeres, el abuso sexual contra niñas y adolescentes y otro tipo de violencias estructurales. Estas cifras se incrementaron bajo el kirchnerismo y ese incremento sigue vigente bajo el gobierno macrista. No hubo “grieta” a la hora de seleccionar ministros de Salud, de Educación y de Desarrollo Social con fuertes lazos con la Iglesia católica. Durante los últimos diez años alrededor de un millón de mujeres fueron externadas del sistema de salud por complicaciones de prácticas abortivas, cifra que se mantuvo aún cuando se popularizó el uso de métodos abortivos químicos como el misoprostol. La legalización del aborto reduciría a cero esta realidad que tiene un enorme impacto no sólo sobre el cuerpo de esas niñas y mujeres, muchas de las cuales terminan mutiladas, sino sobre el tan mentado presupuesto estatal en salud, ya que dichas internaciones resultan altamente costosas. Las cifras oficiales de externaciones y de muertes por abortos clandestinos están altamente manipuladas por la negativa de provincias enteras a proveerlas o por los artilugios utilizados para no dejar registradas las muertes por abortos, por diversos motivos, todos relacionados con la punibilidad del Estado sobre pacientes y médicos. Sólo en el año 2014 supimos de 6 mujeres encarceladas por causas derivadas de prácticas abortivas. En ese mismo año, Melisa fue liberada en Bariloche por la acción del movimiento de mujeres de esa ciudad, a los meses de haber sido encarcelada luego de pedir asistencia médica ante un aborto espontáneo. Belén debió soportar dos años de encarcelamiento en Tucumán hasta que una abogada de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto supo de su caso y se nacionalizó así una lucha que terminó con su liberación. De hace dos años a esta parte los femicidios se han incrementado. Mientras que las mujeres salimos de manera creciente a luchar, el gobierno macrista y los gobiernos locales no hicieron más que recortar los presupuestos de asistencia a la mujer. Diez millones de recorte del presupuesto de la Dirección de la Mujer en la Ciudad, subejecución en Nación. La agenda del ajuste y del pago a los usureros internacionales está en el centro del interés político de masistas, pejotistas, kirchneristas y macristas. La trata de personas con fines de explotación sexual y venta de drogas no ha dejado de expandirse. Las pibas son captadas para alimentar un negocio millonario que tiene a policías, jueces y funcionarios como pilares de su sostenimiento. Salarios y precarización La brecha salarial entre hombres y mujeres se mantiene en un 27% desde hace años. La precarización laboral impactó de forma mayoritaria a las mujeres y lo mismo ocurre con la desocupación ascendente como muestran las últimas cifras oficiales. El ajuste y el incremento de la desocupación profundizan las condiciones de vulnerabilidad que agudizan la violencia de género. Mientras tanto, la acción de los gobiernos en complicidad con las burocracias sindicales han hecho retroceder los derechos laborales. A la negativa de incrementar las licencias por maternidad y paternidad, o por violencia de género, y a respetar la creación de jardines para los niños en lugares de trabajo y en barrios, se suma la creciente imposibilidad de las trabajadoras para acceder a la vivienda y el deterioro del poder adquisitivo. En una sociedad cuyas bases materiales resultan tan perversas, la ideología machista y misógina es la consecuencia del régimen de explotación y no el fruto de la elección individual expresada en relaciones interpersonales nocivas y de sometimiento. Del lado de los partidos patronales, sus candidatos y candidatas representan esta orientación social. El movimiento de mujeres ha establecido un programa, que sólo desde el Frente de Izquierda se defiende de manera integral y prioritaria. En sus listas, se encuentran las mujeres que han puesto el cuerpo para hacer crecer y organizar esta lucha, las protagonistas del NI Una Menos en todo el país. Aún con las claras diferencias que se manifiestan en su interior, entre corrientes que separan a la cuestión de género de la lucha de clases en su conjunto, y nuestra corriente que defiende un abordaje clasista y de lucha, este Frente constituye en su integración y en su programa, la expresión acabada de las aspiraciones de las víctimas cotidianas del régimen de explotación capitalista. Para multiplicar la lucha por el aborto legal, por los derechos laborales, tarea incompatible con la subsistencia de las burocracias al frente de los sindicatos y contra la represión y contra el oscurantismo en la educación. Por la educación sexual científica y laica, por la vivienda, el trabajo en blanco y contra la violencia cotidiana que termina en el asesinato de una mujer cada 26 horas, para hacer retroceder la barbarie y la violencia debemos reforzar una alternativa política propia de las mujeres trabajadoras. Esa alternativa está presente en las listas del FIT en todo el país.

Antón Chéjov (1860-1904) llamó “Los sin padres” u “Orfandad” a su primer texto teatral, escrito entre 1878 y 1880, cuando tenía 18 años de edad. Más tarde, un sello editorial le cambió el título por “Platónov”. Rechazado por el teatro Maly, de Moscú, el original se perdió hasta que fue hallado en la caja fuerte de un banco moscovita en 1921, casi dos décadas después de la muerte del autor. Se trata, seguramente, de la obra menos representada del gran dramaturgo ruso (aunque nació en Badenweiller, en el entonces imperio alemán). Recién en 2009 se conoció una versión castellana, cuando el español Gerardo Vera, escenógrafo, director y actor de cine y teatro, la puso en escena en la sala María Guerrero, de Madrid. Ahora, con el nombre “Parias”, una puesta acotada (dos horas) sube al escenario de la sala Casacuberta del Teatro General San Martín, dirigida por Guillermo Cacace con guión del propio Cacace y de Juan Ignacio Fernández. “En esta pieza, Chéjov mata a Shakespeare -dice el director-, pero muestra la sangre en el cuchillo”. De algún modo, indispensablemente, Cacace mata también, de un modo extraño, al mismo Chéjov, quizás en cumplimiento de aquella consigna de Antonin Artaud: “Matar a los clásicos” (“La voz de Sófocles suena potente en ‘Edipo rey’, pero demasiado suavemente en nuestra época”, explicaba el dramaturgo francés, y por eso la obra necesitaba ser recreada). Así, los personajes tenebrosos que desfilan en “Parias”, los de la decadencia de la Rusia prerrevolucionaria, visten ropa Adidas y de algún modo se “argentinizan” en una puesta tan extraña como casi toda la obra de Chéjov. Así, la decadencia de aquella Rusia imperial es de alguna manera la de la Argentina de hoy. Cacace lo dice: “'Los parias’ intenta una territorialización ruso-argentina para esa orfandad más grande que habita nuestros días. Orfandad preciosa pues mata las certezas. Orfandad temible porque nos aferra a una contingencia algunas veces inescrupulosa ya que no sabemos cómo andar sin padre ni madre. Orfandad en tensión...” El personaje central, Mijaíl Platónov (lo interpreta un impecable y potentísimo Marcelo Subiotto), es un maestro rural de provincias, un hombre descreído de la vida, roto en pedazos como la sociedad en la cual deambula con su propia crueldad, una crueldad insegura que, como esa pequeña locomotora errante que marcha sin rumbo por el escenario, va al desastre, hacia el no-lugar, hacia la nada porque nada tiene salida. Platónov es una tragedia que arrastra a quienes lo rodean. Todos se van, la mujer de Platónov al suicidio y los demás a ninguna parte. El inescrupuloso Platónov no puede entenderse a sí mismo ni a los demás. El amor es un absurdo, una bobería trágica, y sólo el vodka ofrece algún refugio. Podrá aducirse que la obra de Chéjov -ni “Platónov”, o “Parias” en la versión de Cacace- no ofrece salida alguna. En efecto así es, y tampoco se lo propone: “El papel de artista es hacer preguntas, no responderlas”, decía el dramaturgo. Y las preguntas sobre un régimen político y social en decadencia definitiva quedan formuladas en este caso de manera brutal. Cacace pone en escena trece actores (un elenco de primerísima línea) y tres músicos de excelencia (Francisco Casares, Elena Liuni y Patricia Casares, autora, además, del diseño sonoro y de la música original). Las plateas son parte del escenario y, como en toda la obra posterior de Chéjov, la palabra no dicha, la acción que se sugiere o se imagina, suele tener mayor importancia que lo efectivamente sucedido. Cacace elige, además, una forma riesgosa de narrar, con un espacio escénico despojado en el que sólo hay unos pocos objetos y las bambalinas están al descubierto, de modo que el público puede ver a los actores aún cuando se encuentran fuera de la escena. Resulta lógico: Chéjov es él mismo un enorme riesgo. Y por cierto lo asumió: después de todo, por ejemplo, conoció el gran fracaso por el rechazo del público a su obra “La gaviota” en 1896, en San Petersburgo, y un enorme éxito con esa misma pieza dos años después, cuando la puso en escena, en Moscú, Konstatin Stanislavski, quien más tarde dirigiría otros tres clásicos chejovianos: “Tío Vania”, “Las tres hermanas” y “El jardín de los cerezos”. Chéjov era médico (“la medicina es mi esposa legal, la literatura sólo mi amante”, solía decir) y murió a los 44 años por la tuberculosis que tempranamente le contagiaron sus pacientes. Y si Artaud es considerado el padre del teatro moderno, Chéjov es, si se quiere, su fundador; él es el primero en acudir a la “acción indirecta”, que insiste en los detalles, en la interacción entre los personajes antes que en la acción directa y la línea argumental. Y Cacace hace uso eficaz del lenguaje corporal de sus actores y de lo que él llama, irónicamente, “realismo ebrio” para desarrollar una puesta en la que adquieren mayor relevancia acontecimientos que ocurren fuera de la escena que dentro de ella. La clave suele estar en lo que no se dice, en lo implícito. Y, si según Chéjov la función del artista es presentar preguntas, Cacace se hace la siguiente: “¿Dios, el gran padre, ha muerto? Tal vez no. Tal vez sea una expresión de deseo. Una intermitencia. Tal vez lo demoramos en estado vegetativo en algún hospital sin presupuesto. Y mientras él agoniza alguien toma su máscara y la usa para organizar el carnaval perverso que manipula miles de destinos”. La respuesta o las respuestas, claro está, quedan a cargo del espectador. Teatro San Martín, Sala Casacuberta. Miércoles a sábados, 20 horas. Domingos, 19:30 horas. Entrada: 190 pesos.

El Plenario de Trabajadoras, el Partido Obrero y otras organizaciones se movilizaron este miércoles a la Casa de la Provincia de Misiones, en la Ciudad de Buenos Aires, para reclamar por la libertad de Victoria Aguirre. Vanina Biasi, dirigente nacional del Plenario de Trabajadoras, declaró: “Victoria Aguirre es una sobreviviente de violencia de género por parte de Rolando Lovera, responsable de matar a golpes a su hija, la pequeña Selene. Sin embargo, en el banquillo de los acusados están sentados tanto el victimario, Lovera, como Victoria, una de las víctimas de su violencia”. “Victoria lleva más de dos años presa, se le negó la excarcelación en reiteradas ocasiones y sobrepasó largamente el tiempo legal de la prisión preventiva, una situación de extrema irregularidad teniendo en cuenta que Victoria es una mujer pobre y sin recursos que le permitan 'darse a la fuga y obstruir la causa'. El Estado, con todo su peso -policías, jueces y fiscales- es responsable de una gigantesca violencia institucional sobre Victoria, vulnerada en todos sus derechos.” A partir de un pedido de recusación por parte de la defensa de Victoria Aguirre, se suspendió momentáneamente el juicio que se lleva a cabo en el Tribunal Penal N° 1 de Oberá. La defensa denuncia la "manifiesta parcialidad" que se evidenció tras dos jornadas de juicio, en donde la fiscalía y el tribunal atacaron con saña a Victoria en su declaración y obstruyeron testimonios claves, como el del psicólogo que hizo la pericia de Victoria o un suboficial que trabaja en el mismo que Lovera, donde sucedió la muerte de Selene. Biasi concluyó: “La prisión y el enjuiciamiento de Victoria Aguirre forman parte de una política de criminalización de las mujeres pobres, que busca enviar un mensaje de disciplinamiento sobre el conjunto de las mujeres trabajadoras. Mientras el Estado siga garantizando las condiciones sociales y materiales que encierren a la mujer en la esfera doméstica y privada, que no le permitan escapar de la violencia, seguirán sucediendo casos como el de Victoria. Como fue en el caso de Belén y de Higui, es necesario redoblar la movilización en todo el país para quebrar esta ofensiva misógina y clasista sobre las mujeres, y para que haya verdaderamente justicia por Selene”.

El Comité contra los Despidos y las Suspensiones de Córdoba realizó su primera acción pública con una gran marcha que recorrió el centro de la capital cordobesa el 29 de junio. Pasadas las 18 horas, la movilización emprendió rumbo al Ministerio de Trabajo de la provincia. La cabecera estuvo integrada por delegadas y delegados de UTA, trabajadores de la agrupación La Tuerca del Smata, el Sutna (Neumático), delegados de Aoita (transporte), de docentes, Polo Obrero, el legislador Eduardo Salas y Jorge Navarro, candidato a diputado nacional por el FIT, entre otros. Un vallado policial impidió el acto en las puertas del ministerio. El acto se llevó a cabo allí cerca e hicieron uso de la palabra cada uno de los colectivos obreros integrantes del Comité. La iniciativa tuvo una fuerte repercusión en los medios. La marcha reclamó contra el despido de 161 choferes (quienes pararon este mes en la capital cordobesa por nueve días contra la paritaria a la baja de UTA), exigiendo el cumplimiento del acta-acuerdo firmada el 9 de junio por todas las partes, por la cual se reincorporaba a las compañeras y compañeros. Se exigió el cese de las suspensiones discriminatorias contra los compañeros agrupados en torno de la Agrupación La tuerca, opositora a la podrida burocracia del Smata. También se planteó en el acto la situación de despidos y persecución de delegados en la empresa Intercórdoba del transporte interurbano. El programa con el que se convocó a la marcha establece, entre otras medidas elementales, la “prohibición de los despidos y suspensiones, el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. Abajo la ley 10.461 de servicios esenciales, por la plena vigencia del derecho a huelga. Por un paro provincial y un plan de lucha”. En definitiva, toda una hoja de ruta para el conjunto de la clase obrera para hacer frente al ajuste de Schiaretti y Mestre. La medida de acción fue la expresión de las principales luchas del presente del movimiento obrero cordobés. Su desarrollo abre toda una vía para la conquista de las reivindicaciones obreras. Impulsados en este avance organizativo vamos a continuar las iniciativas en defensa de los trabajadores.

El paro general del 30 de junio en Brasil ha sido un paso atrás respecto del gran paro general del 28 de abril pasado. La responsabilidad corre por cuenta de la burocracia sindical y la dirección del PT. Al principio, las diferentes burocracias no querían convocar nuevas medidas de lucha, pero el entusiasmo que despertó en las masas la masividad y combatividad del paro general de fines de abril las obligó a convocar a ‘jornadas de movilización’, tratando de evitar un nuevo paro general. Cuando, finalmente, un frente de centrales sindicales convocó al paro -con un mes de anticipación para el 30 de junio, lo hizo con dos objetivos: poner bajo control la agitación desencadenada y presionar al gobierno de Temer para negociar. Pero, inmediatamente, las diversas centrales se pusieron a desmoralizar y desmovilizar para impedir una irrupción tumultuosa del movimiento obrero. El gobierno Temer tomó nota de esta situación y siguió adelante con sus planes antiobreros de ajuste, particularmente en esta fase, con la ley de reforma laboral. Para entroncar con la burocracia, Temer prometió que iba a crear luego de sancionada la ley, que ya no podía reformar, “medidas provisionales” para restituir parte de los derechos (de flexibilización laboral, tercerización, etc.) que la ley iba a quitar. Y, fundamental, para comprar a las burocracias, que no pondría en marcha la derogación del impuesto sindical que se descuenta a cada trabajador y va a parar al bolsillo de los burócratas. Días antes del paro, el líder de la burocracia de la central Força Sindical, Paulinho, llevó a un congreso al ministro de Trabajo, Nogueira. Recibido con abucheos por los delegados presentes, Paulinho salió en su defensa, presentándolo ¡como un “amigo de los trabajadores”, que estaría ayudando a morigerar la reforma sindical antiobrera! La otra gran central, la CUT, adherida al PT de Lula, no convocó a asambleas ni plenarios para organizar la medida, trató por todos los medios de discontinuarla y allí donde convocó se hizo eco de amenazas de sanciones por el aislamiento de la huelga, orientando a la realización de protestas pasivas. El retroceso se notó especialmente en el transporte (subte de San Pablo, etc.) y en las grandes industrias. Hubo sectores del movimiento obrero que sí pararon. Y, lo fundamental, se destacó un importante activismo que formó piquetes y barricadas para garantizar el paro. En San Pablo, centenares de trabajadores bloquearon durante largas horas los grandes aeropuertos. Hubo choques con la policía en San Pablo y Río de Janeiro, con represión y detenidos, y también bloqueos de rutas y piquetes. La crisis política Temer está más aislado que nunca desde el punto de vista de su popularidad, que cayó al 4-5%. Está metido en una gran crisis política, con feroces luchas intermonopólicas para ver quién se queda con los contratos de obras públicas y las empresas reforzadas en el proceso anterior (Petrobas, etc.). Es atacado fuertemente por la cadena Globo y por el ex presidente Cardoso, líder del PSDB. Lula los acompaña en sus reclamos de “elecciones directas ya!”, pero al mismo tiempo sostiene a Temer (parlamentariamente y desorganizando las posibilidades e irrupción de las masas), mientras se prepara para las elecciones de 2018. Lógicamente, buscará repetir las ‘alianzas’ que hizo con diversas expresiones burguesas, con la excusa de darle estabilidad parlamentaria a su gobierno. Pero la historia no se repite, en caso de que efectivamente se pueda presentar y ganar las elecciones será un instrumento del capital para aplicar mayores ajustes contra el pueblo y será barrido por la gran lucha intermonopólica que se está desarrollando. Urgente Para las masas trabajadoras la táctica de Lula es fatal. El problema central es dotar a las masas trabajadoras de una alternativa política independiente. Unir a los miles que se movilizaron por el éxito del paro general del 30 tras un programa de consignas defensivas de los derechos obreros y de las masas, y para enfrentar la crisis capitalista que lleva más de dos años de recesión: nacionalización de los bancos y las grandes empresas corruptas (Odebrecht, etc.) que están echando a miles de trabajadores y fugando sus capitales obtenidos mediante el saqueo de los fondos estatales; no al pago de la deuda. En sectores combativos y de la izquierda se ha abierto el debate sobre la necesidad de convocar a un congreso nacional de trabajadores para unificar al activismo que se jugó por el paro del 30, dotarse de un programa, así como de un curso de movilización y resistencia que abra el camino político para efectivizar el Fora Temer y la lucha por una Asamblea Constituyente soberana.

El FIT lleva en sus listas a destacados luchadores. Encabezada por Noelia Barbeito y Soledad Sosa, la izquierda tiene el gran desafío de volver a conquistar una banca en el Congreso de la Nación y revalidar las posiciones conquistadas. En un cuadro de creciente malestar popular por las medidas de ajuste del gobernador Alfredo Cornejo, y en un cuadro de gran dispersión del peronismo, el FIT aparece como el único canal posible para que los reclamos populares postergados tengan una expresión. El trabajo, el salario, la vivienda, la salud y la educación, la lucha contra la violencia hacia las mujeres son los pilares de la campaña en curso. Por eso, no sorprende el destacado rol de dirigentes sindicales, de gran peso, en los principales sindicatos de la provincia. La compañera Soledad Sosa es secretaria general adjunta de la CTA autónoma y dirigente de la agrupación clasista Naranja del Sindicato de Trabajadores judiciales de Mendoza. Es referente sindical de los juzgados tributarios, donde antes de haber asumido se destacó organizando a los compañeros para conquistar nuevos cargos y mejores condiciones de trabajo. Martín Dalmau, Rosa Gazzo y Estela Saldaña son dirigentes de Tribuna Docente y de la nueva dirección del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, recientemente recuperado de manos de la burocracia kichnerista con el frente único FURS. Adriana Cortez y Elda Guerrero pertenecen a las comisiones directivas de ATE Mendoza y Seccional Este en su fracción combativa, militantes de la agrupación antiburocrática ATE en Acción lista Naranja. Del movimiento obrero industrial proviene el candidato Daniel Carrizo, de la comisión directiva del sindicato plástico NOSTIP, trabajador de la fábrica PetroPlas. Stella Mariani, también candidata, es trabajadora de Telefónica de Argentina S.A, delegada gremial y dirigente de la agrupación Azul-Celeste, que, en las últimas elecciones gremiales, ganó en todos los edificios de la empresa. Las empresas móviles y la burocracia sindical, mediante una maniobra, impidieron recuperar el gremio por apenas 30 votos. También se postula Fabricio Molina, que fue candidato a secretario general del gremio judicial de Mendoza y actual delegado gremial -dirigente de la agrupación clasista Naranja. Y Carlos Capurro, de la delegación regional del sindicato de actores, que es delegado gremial de los trabajadores de Vendimia. El compañero Andrés Elías, delegado municipal de la ciudad de Mendoza y dirigente de tribuna Municipal, es actualmente concejal, posición desde la cual impulsa la organización y la recuperación de conquistas de los trabajadores municipales. También son parte de las listas delegados y activistas de base de varias municipalidades, del comercio, de la docencia, legislatura, hospitales. Para evitar represalias patronales, los compañeros de bodegas, fincas y petroleros no fueron incorporados a la lista.

El anuncio hecho por Trump de que Estados Unidos se retirará del Acuerdo de París contra el cambio climático generó una larga onda de críticas. La cuestión ambiental había sido uno de los aspectos más polémicos en la campaña electoral de Trump, ya que prometía flexibilizar las regulaciones de la actividad contaminante de las empresas y salirse de los acuerdos internacionales. Según las palabras del magnate, el cambio climático es un “cuento chino” y las regulaciones ambientales un escollo para la competitividad de la industria norteamericana. Trump se hizo eco del reclamo de una parte importante de la burguesía yanqui, que no está dispuesta a hacer las inversiones necesarias para desarrollar una producción no contaminante. El empresario del carbón, Robert Murray (de Murray Energy) fue uno de los principales financistas de la campaña del presidente. En Kentucky o Virginia, fuertemente afectados por la decadencia de la industria del carbón, Trump llegó a conseguir el 80% de los votos. Un primer paso de esta agenda anti-ambiental de Trump fue la designación del negacionista del cambio climático Scott Pruitt como jefe de la Agencia de Protección Ambiental, quien se hizo famoso como fiscal de Oklahoma, por intentar bloquear leyes ambientales promovidas por dicha agencia (como la restricción a la emisión de mercurio o de preservación de parques nacionales). Empresas hidrocarburíferas y grupos de presión como Koch Industries, Continental Resources o Devon Energy han donado generosas sumas a la Asociación de Procuradores Generales Republicanos que Pruitt dirige. En la actualidad, Trump ya cuenta con una batería de decretos contaminantes: la construcción de los gasoductos de Dakota Access y Keystone (un proyecto que estaba frenado por su riesgo de impacto ambiental), la atenuación de las revisiones ambientales en los proyectos de infraestructura, revisión de las protecciones a arroyos y humedales, eliminación del plan “energía limpia” y, con ello, el desmantelamiento de los límites a las emisiones de carbono a las centrales eléctricas y la minería. El acuerdo que no fue La cumbre en la que se firmó el acuerdo contra el cambio climático fue financiada por grandes pulpos imperialistas, muchos de ellos de un penoso legajo contaminante, como Volkswagen o corporaciones de energía nuclear. El tratado fue firmado por casi todos los países del mundo, a los que no comprometía a nada en concreto. Estaba planeado para entrar en vigencia recién a partir de 2021 y su objetivo global era evitar que la temperatura del planeta se eleve por encima de los 2°, aunque sin fijar metas ni obligaciones por país. Por esta laxitud, muchos en el entorno del presidente recomendaban mantenerse en el acuerdo y simplemente revisar los compromisos, cambiando las metas productivas y financieras contraídas en la administración anterior. Sin embargo, Trump prefirió dar una clara señal de apoyo a las industrias como la automotriz, siderúrgica o hidrocarburífera, mostrando que ahora existe piedra libre para bajar costos a expensas de la depredación ambiental. División capitalista Este planteo echó leña al fuego de la crisis política norteamericana y a la división interna de la burguesía. Desde Silicon Valley surgieron las primeras quejas, ya que las grandes empresas tecnológicas han invertido fuertemente en el desarrollo de las energías renovables. Dieciséis compañías, entre ellas Apple, Facebook, Google, Microsoft, Hewlett Packard y Morgan Stanley enviaron una carta abierta pidiendo al presidente que se mantenga en el acuerdo. Además, las energías renovables se volvieron cada vez más atractivas para un arco muy amplio de inversores, ya que su costo fue disminuyendo drásticamente. En el plano político, asistimos a las quejas de Obama, responsable del autoabastecimiento de petróleo en Estados Unidos a partir del desarrollo ilimitado de la supercontaminante industria del fracking. Los mismos lamentos se escucharon por parte de los gobiernos de Europa, India y China, principales responsables de las emanaciones de carbono junto con Estados Unidos. El fracaso del Acuerdo de París, como en su momento del más ambicioso Protocolo de Kioto, muestra la incapacidad del imperialismo de frenar el cambio climático y el calentamiento global. El desarrollo de la ciencia y la técnica permiten posibilidades ilimitadas de progreso en la transformación de la naturaleza de forma sustentable. Pero una planificación racional de la economía en función de las necesidades sociales sólo será posible bajo un gobierno de trabajadores. Mientras persista la organización social capitalista y la producción se rija por el lucro y la competencia anárquica, marchamos hacia la barbarie y la autodestrucción.

El 29 de junio, Cristina Kirchner visitó la cooperativa CueroFlex de San Martín, fábrica recuperada por sus trabajadores desde hace cinco años que se dedica a la producción de cuero reciclado para productos de calzado y carteras. Los 80 trabajadores de la cooperativa enfrentan desde hace un año los brutales tarifazos en luz y gas. Ocurre que pasaron de pagar facturas de electricidad de 50.000 a 350.000 pesos, lo que los llevó a tener una deuda de 3 millones de pesos con la empresa Edenor. En mayo pasado ocuparon, junto a otras recuperadas, el Ministerio de Energía que dirige Juan José Aranguren. La ex presidenta, junto a Jorge Taiana y a Hernán Letcher, recorrió la fábrica y se refirió a ésta como “otra de las víctimas del tarifazo”. Desde el Partido Obrero en el FIT queremos explicar el carácter demagógico de sus declaraciones en apoyo a las fábricas recuperadas. Respecto de este punto, el candidato a primer concejal por el Frente de Izquierda de San Martín, Christian Mayer, expresó: “Los gobiernos de CFK y de Daniel Scioli llevaron adelante durante sus mandatos una política de Estado en contra de las fábricas recuperadas. Les negaron sistemáticamente la expropiación definitiva -un reclamo histórico que busca colocar a los trabajadores legalmente al frente de estas empresas- a la inmensa cantidad de recuperadas que surgieron luego del Argentinazo de 2001, colocándolas en una situación legal de absoluta precariedad. Podemos mencionar como ejemplo a las cooperativas Bauen, Brukman y Zanón, y en el partido de San Martín, a la metalúrgica 19 de Diciembre, de Chilavert o la ex Adidas, luego rebautizada por los trabajadores como Cooperativa Unidos por el Calzado, entre los cientos de experiencias que fueron asfixiadas. Muchas de ellas tuvieron que cerrar debido a la políticas implementadas por el gobierno kirchnerista. Cristina tuvo una política de defensa y rescate de los vaciadores de las fábricas, lo que se opone diametralmente a los intereses de los trabajadores, que las ocupaban y las ponían a producir. En la política hacia las recuperadas no hay una grieta entre kirchneristas y macristas, sino entre los vaciadores, rescatados por ambos gobiernos, y los trabajadores. La candidata a concejal Gisela La Spina también se pronunció: “Ni Cristina-Scioli, por un lado, ni Macri-Vidal, por el otro, tienen ni tuvieron una política oficial para otorgar créditos a tasas favorables para que las fábricas recuperadas puedan renovar sus maquinarias. Esto conlleva a que los trabajadores tengan que trabajar durante más tiempo para obtener la misma producción que otras fábricas que sí pueden actualizarse tecnológicamente, lo que deriva en una sobreexplotación y en el aumento de la tasa de accidentes. Hay que mencionar que esto afecta doblemente a las trabajadoras, que luego de jornadas extensísimas de trabajo deben hacerse cargo de los quehaceres domésticos". Para las recuperadas, desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda planteamos la expropiación definitiva de las fábricas sin resarcimiento para los ex dueños vaciadores. Un salario para los trabajadores y trabajadoras no inferior al convenio de la industria, garantizado por el Estado a través de un fondo compensador y el acceso a la jubilación y a la obra social en iguales condiciones que los trabajadores de su ramo. Planteamos también que el Estado tiene que poner a disposición subsidios para renovación de maquinarias y darles a las fábricas recuperadas prioridad como proveedoras del Estado.

Néstor Pitrola, candidato a senador nacional por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda, realizó el viernes 30 de junio pasado una recorrida por distritos de la segunda sección bonaerense. En San Pedro, tras las notas televisivas y radiales, se reunió con los representantes de la lista local, encabezada por Ademar Marabert y compuesta por trabajadores y jóvenes. Participaron dirigentes del sindicato municipal en lucha por su reconocimiento, con quienes se trazó un plan de acción común en la lucha por los derechos de los municipales. Estuvo presente también el primer candidato a concejal por el PO en el FIT en Ramallo, Javier "Tapia" Cantero, dirigente ambientalista, que dio cuenta de la lucha popular en Ramallo contra la instalación de una planta de fertilizantes y agrotóxicos, con la consecuente destrucción de los humedales y sus secuelas nefastas para la población, un negociado en el que está complicada la intendencia. Hubo numerosas intervenciones de vecinos y de los compañeros del PO que acordaron una fuerte campaña política con las propuestas del Frente de Izquierda en San Pedro. San Nicolás En San Nicolás, la actividad central fue una charla debate en el local cedido por Sitraic, con nutrida presencia de obreros de la construcción organizados en ese sindicato clasista. Asistieron también metalúrgicos, docentes, estudiantes de los profesorados, compañeras del Polo Obrero y del Plenario de Trabajadoras (PdT). El Norte, diario más grande de la localidad, reflejó la visita a página entera; hubo también cobertura de radios y sitios locales. La candidata a concejal Patricia González denunció la penosa situación de miles de mujeres del municipio, y destacó la participación del PdT en la Multisectorial de Mujeres, que libra una intensa lucha. Joaquín Deacon, candidato a primer consejero escolar, vinculó las dificultades de la juventud para estudiar con los horarios de trabajo, los sueldos paupérrimos y la enorme desocupación, y señaló que “las escuelas técnicas son proveedoras de pasantes modelados al gusto de empresas monopólicas y a bajo costo laboral”. Pitrola se centró en el logro de listas unitarias del FIT en 22 provincias y cien municipios bonaerenses, destacando que esto potencia la creciente simpatía y adhesión de los trabajadores, y caracterizó que “la grieta entre el oficialismo y la oposición kirchnerista es para la tribuna”, en la medida en que el oficialismo pudo aprobar una batería de leyes con el permanente voto de esta oposición. Pitrola respondió preguntas sobre su intervención en la cámara y en comisiones como la Previsional, en la que batalló en forma sistemática para evitar todos los intentos de saquear las Cajas y elevar la edad jubilatoria. Otro punto central fue el debate sobre la creciente desocupación, y los despidos masivos que vienen ocurriendo en los municipios visitados. El Partido Obrero impulsa la ocupación de toda empresa que despida o suspenda, como hicieron los gráficos de AGR y ahora Pepsico. Cristian Míguez, miembro de la Comisión Interna de Acindar, se acercó a la charla luego de una multitudinaria asamblea general de la fábrica, en la que se votó solicitar un aumento superior al pactado en la rama metal-siderúrgica. La difusión del libro de Pitrola La fuerza de la izquierda en el Congreso coronó la reunión del PO de San Nicolás. Baradero Pitrola se entrevistó con el Secretario General del Soerm (Sindicato de Obreros y Empleados de Refinerías de Maíz) para realizar un balance de los 35 días de huelga de los trabajadores de la fábrica Ingredión. “Este conflicto fue el punto más alto de la lucha que dieron los trabajadores de Baradero frente a los despidos masivos y cierres de fábricas. Si bien han recibido un golpe, la patronal no pudo destruir el sindicato ni cambiar por completo el convenio colectivo”, sostuvo el candidato a senador. Luego se dirigió a una confitería céntrica en la que dio una conferencia de prensa ante los medios locales, acompañado de candidatos y simpatizantes del FIT. Marcos Carrizo, candidato a primer concejal de Baradero, destacó que la lista demuestra el desarrollo del Partido Obrero en el interior de la provincia, con candidatos provenientes de la agrupación Naranja de docentes universitarios, de profesionales de Apel, de la Naranja de la alimentación, de la UJS y del PDT: “De las once listas que se presentan, somos la única que ha luchado consecuentemente contra los aumentos de tasas, los despidos y los cierres de fábrica, el arsénico en el agua y los agrotóxicos, el vaciamiento del hospital municipal, por las guarderías maternales y las casas refugio para las mujeres víctimas de violencia de género.” Incluso trabajadores provenientes del peronismo reconocieron: "Pitrola, usted estuvo siempre con los trabajadores y eso se lo agradecemos”.

Los 94 trabajadores de la maderera MAM, durante el transcurso del día lunes, fueron recibiendo telegramas, la mitad de despidos y la otra mitad de suspensiones por un mes sin goce de haberes. El lunes mismo, los trabajadores decidieron realizar una permanencia en el interior de la fábrica, protegiendo las instalaciones contra cualquier tentativa de vaciamiento de parte de la patronal. Existe plena conciencia de que las suspensiones son el prólogo de los despidos. La empresa MAM, que produce fundamentalmente cajones para la industria frutícola y palets bin, fue adquirida por el grupo BM (Bergese-Malatesta) hace un año y medio atrás. Este grupo capitalista, que se especializa en brindar servicios a empresas petroleras, ha realizado sistemáticos atropellos contra los trabajadores en el poco tiempo que lleva al frente de MAM. Durante abril y mayo se produjeron quites de colaboración y paros de los trabajadores contra el pago atrasado de las quincenas. Lo que más tarde fue respondido por la patronal con descuentos que rondaron, en promedio, en los $5.000, motivando nuevas acciones de los trabajadores. En la Subsecretaría de Trabajo, el grupo BM negoció que MAM sea beneficiada con un subsidio dirigido a la industria frutícola. Con fondos públicos, la patronal devolvió los ilegales descuentos que les hizo a los trabajadores por los días parados. La patronal pretendió no pagar las vacaciones, incluso hay compañeros que al día de hoy aún siguen sin habérselas tomado porque la patronal no se las quiere pagar. La empresa no hace los aportes a la obra social ni a la caja previsional, a pesar de que realiza los descuentos a los trabajadores por recibo de sueldo. En abril, la empresa presentó ante la Subsecretaría de Trabajo un “recurso preventivo de crisis”. Los trabajadores de MAM y el sindicato maderero rechazaron el “recurso”. La presentación del “preventivo de crisis”, de parte de la patronal, apunta a pagar el 50% de las indemnizaciones. Pero como lo han esclarecido los trabajadores, es completamente falso que la empresa atraviese una crisis. En las últimas dos temporadas han crecido considerablemente tanto la producción como las ventas. Durante las dos semanas previas a la llegada de los telegramas de despidos, la distribuidora eléctrica le cortó la luz a la empresa, fruto de la falta de pago. El patrón Bergese se queja de las altas tarifas, pero lo cierto es que a través de MAM se le brindó electricidad a la empresa de servicios petroleros del grupo BM, que linda con la maderera. El accionar del grupo parecería apuntar a cerrar definitivamente MAM y utilizar las instalaciones para una reconversión a la industria petrolera o, en su defecto, a reabrir MAM en un futuro incierto pero con menos personal, gozando de algún que otro subsidio o beneficio estatal y habiéndose sacado de encima a los compañeros de mayor antigüedad. Sucede que el 95% del total de trabajadores de MAM tiene entre 18 y 40 años trabajando en la empresa. La Subsecretaría de Trabajo de la provincia y el gobierno provincial no han fijado públicamente una posición. En los hechos es claro que se encuentran del lado de la patronal. No sólo porque “quien calla otorga”, sino también porque el subsecretario de Trabajo, Ernesto Seguel, fue hace un tiempo gerente de MAM. Seguel, que en el pasado reciente ha dictado varias conciliaciones obligatorias para contener los reclamos de los obreros de MAM, no actúa de la misma manera ahora, decretando una conciliación con todos los despedidos adentro. La compañera Patricia Jure, diputada del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, habilitó el ingreso de los obreros a la legislatura neuquina. De esa manera se logró que seis diputados de distintos bloques se acercaran a las puertas de la empresa un día después para realizar una conferencia de prensa junto a los obreros, en reclamo de la preservación de todos los puestos de trabajo y en rechazo del recurso preventivo de crisis. El valor de esta acción es que pone, momentáneamente, un coto a una posible avanzada represiva de parte del gobierno en favor de la patronal. Pero la fortaleza de la lucha que están librando los compañeros, reside por sobre todas las cosas en la determinación de permanecer en la fábrica preservando las instalaciones y las maquinarias. Fue, sin lugar a dudas, una decisión clave. En estos días, vence el plazo legal que tiene la empresa para liquidar el aguinaldo y la segunda quincena de junio. Cumplido el plazo, hay que reclamar la apertura de los libros y proceder a parar, con piquetes en los ingresos, todo BM, para doblegar a la patronal y que sean reincorporados todos los compañeros. ¡Viva la lucha de los obreros de MAM, todo el apoyo para que esta lucha triunfe!

La gira de Néstor Pitrola por Pilar puso de relieve a cada paso el lugar ganado por el Partido Obrero entre la población en su conjunto, en la peatonal, en las veredas, en los barrios, en las fábricas, en las escuelas, al tiempo que el enorme progreso militante en la localidad. Pitrola, al presentar los candidatos locales, dijo: “es una lista de la clase obrera, mientras los partidos oficiales han tenido que ocultar a la burocracia sindical por su enorme desprestigio”. Los concejales locales son encabezados por Francisco Prado, dirigente del PO pilarense, y delegados del parque industrial, docentes, de la Alimentación, jóvenes, dirigentes barriales y de la agrupación Jubilados Clasistas. De la actividad también participaron activistas del Smata, Atilra y Comercio, así como jóvenes universitarios. Un momento culminante de la actividad fue en la puerta de Unilever, un método de campaña que nos distingue, porque hace una semana Pitrola estuvo en la puerta de Siderca en Campana. En Unilever, con más de 700 trabajadores, en el corazón del parque industrial más grande del país, se vio un interés político fenomenal del activismo: los obreros interpelaron a Pitrola sobre el ajuste, las jubilaciones, la historia del movimiento obrero, el dietazo, la integración de la burocracia sindical a los partidos del ajuste, la ocupación de Pepsico (acababan de juntar 4.000 pesos para su fondo de huelga y Pitrola había ido a la ocupación el día anterior), la movida por el salario mínimo y el ataque de Clarín, los métodos del movimiento obrero, entre otros temas. Todo un tramo de la actividad en puerta de fábrica fue con la Comisión de mujeres de Knorr, quienes vienen de conquistar la reducción de jornada por lactancia para las mujeres en período de amamantamiento y de parar una hora el 8 de Marzo, en el paro internacional de la mujer. Los compañeros comprometieron al candidato a volver otra semana para poder deliberar con otros dos turnos de esta fábrica, la más grande del parque industrial. Pitrola planteó la conformación de comités fabriles en apoyo al FIT. Por la tarde, visitamos el centro de organización del Polo Obrero en el barrio Peruzzotti, donde más de 70 vecinos lo recibieron con un almuerzo. Luego de dirigir unas palabras, recorrió junto a los vecinos el barrio y visitó un terreno abandonado donde los vecinos reclaman que se construya un plan de viviendas. En Pilar, el 20% de la población vive en la más absoluta precariedad. Néstor desenvolvió una línea de acción: “los gobiernos no tocan los terrenos privados con el argumento de que tienen dueño, sin importarles que hace décadas se encuentran abandonados. Lo que defienden es la especulación inmobiliaria, que hay que enfrentar con un plan de acción. Organicemos –propuso- el barrio para arrancar la declaración de utilidad pública de los terrenos ociosos que permitan construir las viviendas que se necesitan”. Los vecinos ya pusieron fecha a la asamblea para comenzar la campaña. En la recorrida pasamos por la puerta de la Escuela Nº 6, donde docentes y preceptores, al ver al candidato, se acercaron a plantear la enorme falta de vacantes, el déficit edilicio y la falta de nombramientos de profesores que resulta en la pérdida del año escolar para decenas de chicos en el barrio. Esto se reproduce en todo el distrito: Mariana Hoffman, candidata docente indicó que faltan cien edificios educativos en Pilar. El Pilar trabajador, que supera por lejos al Pilar de los country, será el terreno de una campaña política que tuvo en la visita de Néstor un fuerte empujón.

El Frente de Izquierda presentó lista unificada con Noelia Barbeito y Soledad Sosa a la cabeza de diputados nacionales, en las cuatro secciones electorales y en 16 de los 18 municipios. El desafío es revalidar y ampliar la representación obtenida en 2013 de diputados nacionales, provinciales (tres, uno por sección), senador por la primera sección (uno) y concejales (doce). Cambia Mendoza, el oficialismo, cerró una lista acordada por Cornejo y Macri, en detrimento de los aliados “progresistas” (PS y Libres del Sur), y el peronismo formalizó su dispersión. Avanzada del ajuste La campaña electoral se desarrolla en un cuadro general de descontento y aparente apatía, mientras se desenvuelve una rebelión antiburocrática que ha significado nada menos que la recuperación del Sute (docentes). En Mendoza, la política de ajuste y techos salariales ha ido más lejos que en la Nación. Esto alienta a algunos radicales a fanfarronear con que “Macri lo dice y Cornejo lo hace”. La deuda de la provincia se triplicó desde diciembre de 2015 y uno de cada tres mendocinos es pobre: entre los niños ese porcentaje alcanza el 47% (Indec). Cornejo ganó la gobernación recogiendo el malestar por el deterioro creciente de las condiciones de vida de los trabajadores, la juventud y los sectores populares. Esas condiciones de vida han empeorado mediante los techos salariales del 17%, los despidos, los tarifazos, las modificaciones del Código Procesal Penal, agravando la mano dura, el “ítem aula”, el endeudamiento, la avanzada privatista en troles y el zoo, las exenciones impositivas a los capitalistas. Todo esto fue posible gracias a la complicidad de la oposición trucha del peronismo, que acompañó en el Parlamento -con su voto o dando quórum- las iniciativas legislativas del oficialismo. La fortaleza del oficialismo es su debilidad El gobernador cerró un acuerdo con Macri y armó la lista a su antojo. Su fortaleza política se basa en el apoyo del conjunto de las patronales, incluso las que no se han beneficiado con las medidas económicas. Estas ven en el Ejecutivo provincial la determinación de ir por los convenios colectivos de trabajo, facilitar los despidos y, a la vez, otorgar subsidios o mejoras impositivas a las empresas. Frente a las masas populares, el oficialismo agita el fantasma de la corrupción K y la vuelta al despilfarro económico del gobierno anterior como única herramienta para mantener ese voto, a la vez que condiciona al peronismo con carpetazos. La lista oficialista está dominada por Cornejo y Macri, tanto en diputados nacionales como en la provincia, donde el PRO ubicó cuatro candidatos a diputados obtenibles contra ninguno de las “fuerzas progresistas”, como el PS o Libres del Sur. Un fuerte baño de realidad, pero sobre todo una estocada mortal a quienes pretendían escalar posiciones en el Estado mendocino, planteando una alternativa “con Cornejo sin Macri”. El gobierno quiere reforzarse para ir a fondo con su política antipopular y aplastar a la oposición patronal (e incluso su oposición interna, desplazando o proscribiendo sus listas). Pero el ajuste tiene su respuesta. Las consecuencias ya se comienzan a evidenciar en la recuperación del sindicato docente. El mismo proceso se desarrolla en la base de los gremios más importantes. La dispersión del peronismo El peronismo pretende camuflarse, borrando al Frente para la Victoria. Van a elecciones con cuatro listas. “Somos Mendoza” es el frente que armó el PJ que lleva tres listas internas y una por fuera apoyada por un sector de la burocracia sindical. La demagogia caracteriza a las distintas vertientes, que intentan disimular su complicidad en el avance del ajuste en la provincia y la nación. Esta dispersión plantea un gran desafío para los socialistas, que consiste en explotar la desorientación del aparato de punteros en los barrios y la debilidad de la burocracia sindical, para recuperar los sindicatos y poner en pie una poderosa organización barrial para conquistar el conjunto de reclamos postergados. El PO y el FIT aceptan el desafío El escenario político electoral plantea la posibilidad concreta de un nuevo ascenso electoral para revalidar las posiciones e incluso ampliarlas, pero por sobre todo para transformar ese enorme respaldo electoral en un gran desarrollo de las fuerzas organizadas con la perspectiva de una salida obrera y socialista a la crisis. Apostamos a transformar el descontento y la apatía en una gran delimitación subjetiva de las masas respecto de las fuerzas políticas patronales. Para esto queremos colocar en el centro de la discusión electoral el salario, el rechazo a los despidos, la defensa de la educación y la salud públicas y gratuitas. Nos esforzaremos por demoler el programa de los partidos capitalistas, colocando la necesidad de que los trabajadores y sectores populares tomemos el control de la economía, la producción, los bienes comunes en función de una salida a favor del trabajo y no del capital, como pretenden los candidatos ajustadores.

Desde la fusión de Multicanal y Cablevisión (2005), bajo la presidencia de Néstor Kirchner, hasta esta reciente entre Telecom y Cablevisión, con Macri y Aguad, ha corrido -como se dice- mucha agua bajo el puente. Pero, más allá de las batallas culturales y sus melancólicas secuelas, lo que se sostuvo fue un sistema de medios y de telecomunicaciones cada vez más concentrado y en manos del capital financiero. En los últimos días de junio, la prensa escrita -con excepción de Clarín- dio cuenta de la megafusión de Telecom y Cablevisión, dos de las grandes empresas que monopolizan el mercado del sistema infocomunicacional. Según se informa, la compañía fusionada pasará a tener “un 38% del mercado de televisión paga, un 68% de la banda ancha fija, un 39,5% de la banda ancha móvil, un 40,9% de la telefonía fija y un 30% de la telefonía móvil” (Cronista, 30/6). Será la mayor compañía del sector “al concentrar el 36% del futuro mercado convergente… superando a Telefónica y Claro” (Página/12, 1°/7). Gracias a los DNU macristas, que se adecuaron punto a punto a los reclamos de las empresas telefónicas para acceder al mercado de medios, esta megacorporación podrá brindar los servicios de cuádruple play en todo el país desde el 1º de enero de 2018. Un año nuevo que celebrará junto con las otras dos corporaciones que se reparten el mercado: Telefónica y Claro. Con Clarín… Si bien el grupo Clarín no aparece formalmente en la operación -recordemos que el año pasado se dividió en dos firmas: Clarín, a cargo de medios y producción de contenidos; Cablevisión Holding, televisión por cable y telecomunicaciones-, a nadie se le escapa que los herederos de la reciente fallecida Ernestina Herrera de Noble forman parte de este gran negocio. De hecho, los principales accionistas de Cablevisión son Felipe y Marcela Herrera de Noble, Héctor Magnetto, José Aranda y Lucio Pagliaro, todos hombres de Clarín. Con esta fusión, quienes retenían el 60% de Cablevisión, pasarán ahora a contar con el 33% de las acciones, pero de una nueva corporación que jugará en todas las bandas. Clarín formará parte de la primera operadora de cuádruple play del país. Lo hace tras haber preparado el terreno durante todo 2016. Por un lado, también gracias a los DNU macristas que le habilitaron a la supercablera y principal proveedora de servicio de Internet (Fibertel) el acceso al mercado de telefonía celular. Por el otro, a través de la adquisición de pequeñas compañías telefónicas (Trixco SA, Skyonline Argentina SA, Netizen SA, Infotel SA y Callbi SA) y de Nextel. Las noticias advierten que falta el visto bueno de Miguel Godoy, titular del Enacom, y de Esteban Greco, de la Comisión de Defensa de la Competencia. Pero será un trámite. De cara a la campaña electoral del macrismo, los favores del grupo Clarín -cuyos medios profundizan su ataque contra las luchas en curso- tienen asegurada su recompensa. Con los fondos buitre El otro protagonista de esta megafusión es el mexicano David Martínez, la cabeza visible de un fondo que creció, como otros tantos buitres, a partir de la compra de empresas quebradas y títulos de deuda de países defolteados. Por caso, la deuda de Argentina. Es el actual dueño del 40% de las acciones de Cablevisión y también fue despejando el camino para llegar a esta megafusión. A principios del año pasado, Fintech, que retenía el 17% de las acciones de Telecom, compró el 51% de las acciones de Sofora y luego el 32% de la familia Werthein (en dos tandas, la última de las cuales se concretó hace una semana y ya tuvo el visto bueno, como no podía ser de otro modo, del defensor Greco) para finalmente quedarse con la totalidad de Telecom, una empresa que facturó 53 mil millones de pesos el año pasado. Ahora, el fondo buitre pasará a ser dueño del 41% de la megaempresa fusionada. El ya concentrado sistema de medios y telecomunicaciones lo será aún más, pero no por el inevitable proceso de “convergencia digital” -como reza el relato republicanista- sino por la naturaleza monopólica del capital. El cuadro de hiperconcentración preanuncia no sólo mayor precarización laboral de periodistas y telefónicos sino también mayores límites a la libertad de expresión de las organizaciones. La convergencia de los negocios de las telecomunicaciones supone el avance de la concentración monopólica, la fusión de empresas, su “racionalización” (despidos), la liquidación de las internas clasistas y combativas (AGR), un proceso que comenzó con CFK. Es decir, que necesitará doblegar una resistencia obrera. Esta tendrá que ser el punto de reagrupamiento desde el cual plantear la defensa de la libertad de expresión, el derecho a la comunicación contra su entrega al imperialismo, y la construcción de una alternativa política de la izquierda y los trabajadores.

La convocatoria al Consejo del Salario Mínimo sacó a luz lo que el gobierno prepara para las organizaciones sociales, luego de las elecciones de octubre. Varios medios anunciaron que había un acuerdo para que la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), en representación de las organizaciones que sellaron un acuerdo con el gobierno (Libres del Sur, CCC, Movimiento Evita, CTEP) tuviese una silla en la reunión del Consejo del Salario. La iniciativa, incluso, tuvo el respaldo de dos de los tres triunviros que hoy dirigen la CGT. La finalidad era institucionalizar un vínculo entre los planes sociales y el salario mínimo. Nada de esto ocurrió. Juan Grabois (CTEP) se quejó de la exclusión, afirmando que “habían acordado con funcionarios que el ahora denominado Salario Social Complementario (SSC), destinado a los piqueteros, iba en paralelo con los aumentos del salario mínimo, por lo que teníamos derecho a estar allí” (Infobae, 3/7). ¿Qué ocurrió? Que el gobierno no sólo descarta elevar el monto percibido por los planes sociales al nivel del salario mínimo. Tampoco quiere quedar atado a algún tipo de actualización periódica. Es más, la información volcada por medios de prensa de que la ley de Emergencia Social habría determinado que los valores de los planes debían guardar una correlación con el salario mínimo y cubrir al menos la mitad, es falsa. Ni en la ley ni en la reglamentación aparece tal planteo. El cuarteto colaboracionista no estuvo representado en el Consejo del Salario porque el Poder Ejecutivo se reserva todas las palancas de decisión en cuanto al monto de los planes sociales, en función del ajuste que viene. Aunque funcionarios de Desarrollo Social planteen que el trabajador de los planes “debe ganar” un 50% del salario mínimo por el 50% de jornada laboral que presta, la realidad cruda es que todo puede ser peor. Es lo que advirtió el vicepresidente segundo de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja: "Las organizaciones sociales querían integrar el Consejo (pero) esto es de una complejidad que excede la natural constitución del Consejo del Salario, porque hay que pensar también en función de los recursos que tiene el Estado" (La Nación, 4/7). Es más: el Salario Social Complementario “de transición” para los trabajadores de la “economía popular”, fijado en abril en 4.000 pesos tiene un “carácter transitorio” -dice la ley. “Tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017 o hasta la efectiva implementación de este salario, lo que ocurra primero”, con lo que el gobierno se reserva un cheque en blanco. Por otra parte, en los borradores del Presupuesto 2018 que está elaborando el gobierno se dice que se mantendrá y extenderá la Asignación Universal por Hijo y las Asignaciones Familiares, y limita los planes que seguirán al Argentina Trabaja y Ellas Hacen (Ambito, 4/7). Llamamos a romper el pacto con el gobierno y el clero Lo ocurrido en el Consejo del Salario termina de develar el enorme fiasco de la Emergencia Social acordada entre el gobierno y las organizaciones sociales, y que tuvo el apoyo de La Cámpora (el Frente de Izquierda se abstuvo: Néstor Pitrola, denunció la “emergencia” como una nueva versión del asistencialismo, impuesta a través de “una estatización de las organizaciones piqueteras”). En la propuesta original de las organizaciones que armaron la “emergencia” figuraron dos anzuelos que sólo tuvieron el carácter de “cazabobos” y que ahora deben ser motivo de una reflexión: la propuesta de crear un millón de empleos en el lapso de un año y un ingreso para el trabajador de los planes equivalente al salario mínimo vital y móvil. Nada de esto figuró en la ley aprobada porque allí sólo quedo escrito lo que el gobierno quiso admitir. Incluso, los dirigentes de estas organizaciones sociales se han hecho eco de las presiones del gobierno, pidiendo tan sólo la “actualización” del monto de los planes sociales al ritmo del aumento del salario mínimo, cuando lo elemental sería pedir, por lo menos, su equiparación (los 8.860 pesos del nuevo salario mínimo son un tercio de la canasta familiar). A despecho de lo ocurrido, las organizaciones responsables de la “emergencia social” están agravando su rumbo, alineándose detrás de Randazzo, Massa, CFK o variantes del peronismo. Luego del laudo del gobierno, que mantiene el salario mínimo en los márgenes de la indigencia, estas organizaciones mantienen su “tregua” junto a la CGT, a pesar de que miles de desocupados y trabajadores de cooperativas mostraran su voluntad de lucha rodeando el Ministerio Trabajo el pasado 27 de junio. El Polo Obrero está haciendo un llamamiento al conjunto de las organizaciones sociales y piqueteras a impulsar un plan de lucha: • por un aumento de emergencia del salario de los trabajadores de los programas sociales, que duplique el ingreso actual; • pase a planta de todos los trabajadores precarizados y de planes; • contra la criminalización de la protesta social.

La inscripción de alianzas electorales en la Ciudad de Buenos Aires arrojó una novedad, las Paso del Partido Justicialista incluirán entre sus listas a la encabezada por Itaí Hagman, referente de Patria Grande. Por un lado, es cierto que asistimos a la crónica de una coalición anunciada; el coqueteo con el kirchnerismo es característica fundacional en esta corriente. Sin embargo, sería necio no apreciar el significativo salto en calidad que constituye la confirmación de una alianza con Guillermo Moreno, Alberto Fernández y, en general, el aparato pejotista porteño -encima, en nombre de “lo nuevo” (!), según cuenta Hagman en un video de campaña. La imagen es notable: del “socialismo del siglo XXI” y la “mística” chavista, Patria Grande pasó a la unión con el patoterismo del siglo XX -un frente con el PJ capital y la burocracia sindical. El motor para este salto es un avanzado carrerismo político, que subordina todo principio a la posible conquista de un cargo. La propia organización atraviesa un cisma, y es lógico: según hicieron público varios militantes y referentes de Patria Grande, la decisión cuenta con la oposición de la mayoría de las regionales del interior y de una minoría en la Ciudad. Naturalmente, para muchas compañeras y compañeros que se incorporaron a este grupo con un propósito de transformación social, en un marco de pretendida “izquierda popular”, este acuerdo representa un duro golpe. Para que esa militancia no se regale a nuevas frustraciones es preciso debatir conclusiones de fondo; sucede que incluso el carrerismo tiene vínculos con determinadas orientaciones. Es un camino al que rehúyen muchos dirigentes disconformes de Patria Grande que postean en las redes sociales, porque asignan a la crisis un carácter “táctico” y coyuntural -“algunos compañeros consideran que hay que organizar al campo popular desde los bordes del kirchnerismo/pejotismo y otros no”. En realidad, el frente con el PJ es consecuencia de una orientación estratégica en la construcción de PG. Si la pelea es por el socialismo, el principio ordenador debe ser la lucha de clases -o sea la independencia política de los explotados respecto del resto de las clases. Muy por el contrario, Patria Grande-La Mella estableció como norte la conciliación de clase, bajo la forma de apología del nacionalismo. Su reivindicación discursiva del marxismo en simultáneo con la afirmación de que la lucha de clases “no es el elemento principal” constituye una contradicción en los términos. Como se ve, no se trata de un asunto abstracto o dogmático, sino de un principio estratégico cuyas consecuencias prácticas son decisivas. En los primeros años de su existencia, Patria Grande solía “ofenderse” con nuestras críticas diciendo que el PO “veía kirchneristas por todos lados”. La historia demostró que la crítica era acertada, pero lo más importante es el método que la motivaba, ajeno a cualquier chicana: la franela con expresiones políticas de la burguesía, incluso bajo coberturas nacionalistas o radicalizadas, lleva inexorablemente a la disolución de cualquier pretensión transformadora, en pos de una integración al status quo, desde el Estado y sus estructuras tradicionales. Es preciso destacar, además, que este amontonamiento ultratardío con los K se da en simultáneo al derrumbe de las experiencias nacionalistas en América Latina, en particular la chavista, cuya identidad reivindicaba Patria Grande como genética. La avanzada “neoliberal” se montó sobre el fracaso de esos gobiernos, pero parió formaciones inestables de derecha -como los Macri o los Temer-; no es serio proclamar el enfrentamiento a la ofensiva brutal sobre las masas que impulsan en coaliciones con los que no sólo pavimentaron su ascenso, sino especialmente su “estabilidad”. Temer fue el vice de Dilma, y Macri “gestiónó” el Estado con el aporte invalorable de los legisladores del FPV/PJ y de la burocracia sindical -todos protagonistas del frente “nuevo” con el que Hagman propone… enfrentar al macrismo. Nuevamente, el problema no es “coyuntural”. ¿Qué explicación común existe para que Alberto Fernández, oportunamente cavallista, hoy esté en un frente con Hagman? ¿O para que el partido de Lozano, en las elecciones pasadas aliado a Patria Grande, haya pegado su boleta a la de Cambiemos en Corrientes? Todos, a su modo, ocupan un lugar en la política sin salir de los márgenes de la clase capitalista -que, en definitiva, escribe sus libretos de acuerdo a diversas circunstancias. Por ello, pueden protagonizar las mil volteretas. El camino de la independencia de clase, opuesto al oportunismo, apuesta 100% a la construcción de una alternativa política de los trabajadores, como impulsa el Partido Obrero en el Frente de Izquierda. Para superar esta crisis en términos positivos, la militancia de Patria Grande debería discutir su contenido estratégico y no limitarse a repetir la misma orientación con otra envoltura.

A una semana de haber comenzado la zafra 2017 y en medio de la negociación paritaria, el grupo multinacional Gloria, dueño del Ingenio San Isidro (ubicado en la provincia de Salta), despidió a 50 trabajadores temporarios y eventuales, y se niega a cubrir diez vacantes producidas por jubilaciones. Los despidos son la respuesta patronal a un paro obrero que había tenido lugar en reclamo por la demora en el ingreso de los trabajadores temporarios. Para quebrar aquel paro, el grupo Gloria impuso un lock-out el pasado 26 de junio. Ahora, los trabajadores del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar San Isidro (Soeasi) resolvieron en asamblea un plan de lucha, que incluye paros de 24 horas los días 6, 10, 13 y 17 de julio. Apriete patronal y complicidad estatal Estos despidos se suman al rechazo empresario a la demanda obrera de un aumento salarial del 39%, para igualar el costo de la canasta familiar. En una clara provocación patronal, el grupo Gloria ofreció un miserable 21% como aumento... ¡hasta 2019! Desde la bancada de diputados del Partido Obrero forzamos a que se trate en la Legislatura salteña un proyecto de declaración que repudiaba el lock-out y exigía la inmediata incorporación de los obreros que aún no habían sido tomados. El oficialismo no pudo negarse a discutir el tema, pero contrapuso un texto en el que no se critica el apriete patronal ni se exige la incorporación de los obreros; sólo plantea su “solidaridad” y solicita la “mediación” de la Secretaría de Trabajo de la provincia. Este fue el proyecto que se terminó aprobando y que ya, al día siguiente, cuando se produjo una conciliación simple en donde la patronal ratificó los despidos, mostró todas sus limitaciones. La Secretaría de Trabajo de Urtubey tampoco rechazó un lock-out patronal que tuvo el propósito de inviabilizar el derecho a huelga, ya que la patronal expulsó de sus lugares de trabajo a los obreros y no retomó actividad hasta que éstos desistieron del paro. Esta línea es la que lleva adelante sistemáticamente Seaboard Corporation, dueña del Ingenio Tabacal, y que ha obligado a sus obreros a realizar cortes de ruta y puebladas para quebrar la intransigencia patronal y la represión del Estado. El ajuste antiobrero de los que más ganan El grupo Gloria, de capitales peruanos, está en expansión en Argentina. Mientras en el Ingenio San Isidro realiza inversiones por 90 millones de pesos para multiplicar su capacidad de molienda, se postula como uno de los posibles compradores del quebrado Ingenio La Esperanza. Sólo espera que el gobierno del jujeño Gerardo Morales termine de hacer un ajuste y reducción del 50% de su personal. Al igual que todos los ingenios azucareros, se ve beneficiado por la suba del precio interno del azúcar -de más del 100% en el último año-, y ante todo por la quita de las retenciones a la exportación, ya que San Isidro exporta casi la totalidad del azúcar orgánico que produce. Como si esto fuera poco, también se ve beneficiado por la suba de un 20% del corte de las naftas con bioetanol. Aún con las ganancias extraordinarias que está obteniendo, el grupo Gloria toma las mañas antiobreras de El Tabacal porque tiene el mismo objetivo que la multinacional norteamericana. Además de intentar cerrar paritarias a la baja, ambas buscan quebrar la organización obrera que surgió en los últimos años en ambos ingenios y que se ha caracterizado por su combatividad y la intervención de las bases. Bajo este marco de ascenso obrero, los azucareros de Salta y Jujuy han pasado de estar muy por debajo de los salarios de la Fotia (gremial azucarera de Tucumán), a colocarse un 30% por arriba de los mismos, siendo los mejores sueldos de la actividad. Las patronales azucareras se montan en la política de ajuste del gobierno de Macri, Morales y Urtubey, para obtener más beneficios y para seguir acaparando el mercado alimenticio a través de la quiebra de sus competidores. El grupo Gloria estuvo señalado como un posible comprador de la quebrada Sancor. Abajo los despidos en San Isidro Junto a la convocatoria al paro, los obreros del Soeasi están llamando al pueblo de Campo Santo (localidad donde se ubica el ingenio) y a todo el departamento de Güemes a solidarizarse con su lucha -tal como pasó en 2014 cuando enfrentaron y derrotaron el intento de la patronal de imponer cien despidos. Las fuerzas desplegadas en la lucha contra los despidos son, a su vez, un baluarte para la conquista de su reclamo salarial en las paritarias en curso. Para la victoria de los obreros del Ingenio San Isidro es necesario un paro de todos los ingenios de Salta y Jujuy nucleados en la Federación Azucarera Regional y un nuevo congreso para votar un plan de lucha común. El Partido Obrero, sus militantes, sus candidatos y sus bancadas se jugarán el todo por el todo por la victoria de los obreros del Ingenio San Isidro.