Prensa Obrera N° 1460

El “Sistema Nacional de Reconocimiento Académico” (SNRA) de Educación Superior, anunciado por Mauricio Macri y creado por el ministro de Educación Esteban Bullrich, comenzaría su prueba piloto con su aplicación en las carreras de Ingeniería del país ( Diario Alfil , 18/4). Como se puso de manifiesto en los sucesivos encuentros de autoridades universitarias de Ingeniería, el sistema copia al aplicado en la Unión Europea a partir de 1999 mediante el “Proceso de Bolonia”, que allanó el camino a un mayor copamiento capitalista de las universidades y ha sido fuertemente resistido por el estudiantado del viejo continente. Este modelo europeo, impulsado por la European Round Table of Industralist (un lobby de monopolios europeos como Telefónica, Renault, Nestlé, Adidas, Siemens, etc.), tiene su versión latinoamericana -con su unidad de crédito CLAR-, a la cual el macrismo también pretende homologar con la versión local. Más de 90 universidades ya han manifestado su adhesión, incluyendo a numerosos rectores kirchneristas. En qué consiste El Reconocimiento de Trayecto Formativo (RTF), equivalente a la ECTS europea, consiste en una unidad de medida equivalente e “intercambiable” entre todas las universidades suscriptas al SNRA, lo que lleva a una degradación de la universidad pública, al nivelarla para abajo con la privada. Cada unidad de crédito RTF se mide por las horas de “trabajo total” necesario que le toma al estudiante aprobar una materia, siendo una RTF igual a 27/30 horas y un año lectivo igual a 60 unidades. En la medida en que no se distinguen en esas horas el contenido curricular especializado del contenido general, se habilita el vaciamiento de las carreras de grado, convirtiéndolas en ciclos generales rellenados de “conocimiento básico”, mientras se desplazan contenidos a posgrados y maestrías pagos. Una fase avanzada de esto es la implementación del llamado “3+2” repudiado por estudiantes en España, que transforma la carrera en tres años de contenido básico y dos años de maestría especializada con aranceles descomunales. Estas horas tampoco corresponden a horas cátedra de un plan de estudio (presenciales), sino que abarcarían también las “no presenciales” (estudio independiente, trabajos prácticos, taller, etc.). Mientras se arguye que esto contempla una visión realista del recorrido educativo, se oculta que estas unidades crédito son la medida-precio para establecer los aranceles educativos y por eso pretenden cuantificarlas lo máximo posible (las tasas de arancel en España se miden por unidad de crédito, costando 25 euros por ECTS de valor inicial en la universidad de Madrid, por ejemplo). Al mismo tiempo, estos créditos son la medición al momento de pedir préstamos bancarios para el pago de estudios. En Europa, la aplicación de este plan Bolonia trajo un brutal recorte de becas, siendo sustituidas por concursos y un ranking de “descuentos” en los aranceles universitarios (como ya ocurre en la Uade y otras privadas). Todo esto explica los actuales convenios entre universidades y fundaciones bancarias en la entrega de becas (como Fundación Carolina del Santander): los bancos ya comienzan a reservar sus futuros mercados. Movimiento universitario El “proceso de Bolonia” desató verdaderas rebeliones educativas en todo el viejo continente, con movilizaciones, huelgas y tomas de facultades. La profundización del copamiento capitalista en la universidad, como pudo verse en Europa y Estados Unidos (aquí, la deuda de estudiantes impagable alcanzó los 1,3 billones de dólares) trajo consigo exclusión y deserciones masivas y quiebras de miles de familias -y a su turno, quiebras universitarias por impagos. La implementación del SNRA se enmarca en el anunciado “Plan Maestro”, mediante el cual el ma-crismo pretende completar las reformas regresivas en la educación de los distintos niveles para 2021. Pero la experiencia europea demuestra que antes deberá enfrentar a los docentes y estudiantes, que vienen de protagonizar grandes movilizaciones contra el ajuste educativo. El movimiento estudiantil debe debatir a fondo el retroceso histórico de la educación superior argentina que implica este sistema de reconocimiento académico, al establecer una unidad mercancía del conocimiento humano. La UJS estará en esta nueva etapa, como siempre, a la cabeza de la lucha contra su aplicación, por otra orientación social del sistema universitario al servicio de los trabajadores y en defensa de la universidad pública.

La posición internista del PTS es una forma de escisión. Las Paso han pasado de ser un último (y defectuoso) recurso para salvar al FIT, a ser un fin en sí mismo. El objetivo es evitar el desarrollo del FIT en base a un programa común, para transformarlo en un exclusivo campo de disputas donde moverse con una estrategia política cada vez más ajena a sus principios fundacionales. Nos enfocaremos en dos cuestiones: nuestra caracterización de las Paso y su actual función para la propia burguesía que las creó y el frente único de clase como herramienta en la lucha de los explotados. El FIT se opuso fundacionalmente a las Paso por constituir una injerencia del Estado, del poder económico, de los medios de comunicación, es decir del conjunto del régimen, en la designación de los candidatos y, en forma subordinada, por los pisos de carácter proscriptivo. Del Caño defendiendo las Paso ha declarado que no debemos designar los candidatos “con métodos de cúpula como los partidos tradicionales, lo ideal es que decida la gente”. El desbarranque antimarxista de la posición es total, porque el Estado tendría un carácter neutro y la República de los Odebrecht sería el altar de la democracia política, a través de sus internas abiertas. Si se quisiera democracia al interior del FIT habría que apelar al voto de afiliados o asambleas de la militancia, que podrían preceder a un Congreso del Movimiento Obrero y la Izquierda como el que hemos propuesto desde febrero. Notablemente, las principales formaciones de la clase capitalista (no su “casta” que podría cambiar de contenido de clase, según el PTS), Cambiemos y el FR evitan el desgaste de las Paso. Y CFK, las ha caracterizado de nocivas para evitar una cuña expresa contra el kirchnerismo dentro del PJ. Prefiere ser el mascarón de proa de la unidad de los punteros del PJ garantes del ajuste. Tampoco va a internas el frente oportunista entre el MST y el MAS. Si las internas abiertas son contrarias a la naturaleza del FIT, el escenario de que la única interna sería la nuestra, es liquidacionista. La segunda cuestión es tanto o más importante que la anterior. El PTS ha deslizado que el frente único sería una herramienta en la lucha sindical, obrera o popular, pero no electoral. Es decir que divorcia las elecciones de la lucha de clases. Como si el campo electoral estuviera fuera de ella y como si la próxima elección no se tratara de un formidable desvío de las luchas sociales, para el reparto de poder de las fuerzas que buscan cobrar autoridad y redoblar la descarga de la crisis capitalista sobre las masas, con el voto de los propios trabajadores. Las listas comunes implican una campaña común, con un programa común, a partir del método del frente único. La consigna “la vida o las ganancias”, copiada de la izquierda europea de tipo populista radical, es una versión literaria de la “redistribución de la riqueza” del kirchnerismo, los Stolbizer y los Lozano. No nos expresa. El FIT tiene que contribuir a la organización de lucha y a la independencia política de clase de los trabajadores para transformarlos en alternativa de poder, a partir de las consignas para enfrentar la ofensiva capitalista en regla que estamos viviendo. En estas breves reflexiones queremos poner de relieve que la migración del Del Caño, abandonando su responsabilidad en Mendoza hacia una provincia en la que no tiene trayectoria alguna, donde su partido tiene menos de la mitad de distritos constituidos que el PO y donde perdió las internas 2015, para imponerlo como diputado, malversando principios fundacionales del FIT, pone en peligro al Frente de Izquierda. En oposición a esa política, el PO e IS que impulsamos listas comunes equitativas. Hasta el 14 de junio, fecha de inscripción de alianzas hay poco, pero suficiente tiempo para superar la grave crisis. (*) columna solicitada por el “El Socialista”, periódico de Izquierda Socialista Foto: Bernardo Cornejo

La marcha de este sábado 3 volverá a sacudir a las principales capitales del país. Desde hace dos años atrás, la lucha contra la violencia a la mujer ha quedado definitivamente inscripta en la conciencia popular. Pero, además, ha quedado retratada la responsabilidad del Estado y de la organización social a la que ese Estado sirve. La opresión a la mujer, en el trabajo y en el hogar, es un capítulo -pesado y brutal- de la opresión que se descarga sobre todos los explotados. El régimen que sustenta la discriminación laboral y social a la mujer; que le niega el derecho al aborto legal, que la condena al infierno de la trata y a la esclavitud sexual, ese mismo régimen le niega a la mujer los recursos elementales para asistirla, cuando resulta violentada o agredida. Esa asistencia sufre recortes presupuestarios o termina siendo privatizada en favor de los agentes del clero. En oposición al Estado cómplice, luchamos por un Consejo Autónomo de Mujeres, con representantes electas y revocables, independiente de los gobiernos de turno y de la Iglesia, para que asuma integralmente la defensa y protección de la mujer y las organice en la lucha por sus derechos. El sábado 3 marchemos masivamente por derechos laborales para las mujeres, socialización de las tareas domésticas, aborto legal seguro y gratuito, acceso a la vivienda, independencia económica, salario mínimo igual al costo de una canasta familiar; por asistencia gratuita, con personal profesional de planta bajo control de las organizaciones de mujeres, a la mujer agredida. Volvamos a las calles, para que “Ni una menos” se convierta, definitivamente, en un derecho irrenunciable.

En el auditorio de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Córdoba, sesionó el sábado 27 de mayo pasado un Congreso Provincial por el Trabajo y la Vivienda, convocado por el Partido Obrero y el Polo Obrero, en el marco de la campaña electoral del Frente de Izquierda, con más de 600 compañeros de más de 20 barrios de la capital y cinco ciudades del interior provincial. El Congreso abordó el programa y las medidas de acción para enfrentar la grave situación que viven los trabajadores ante la falta de trabajo y vivienda. Al plenario se llegó en medio de un proceso de luchas por trabajo genuino y por un plan de obras públicas de construcción de viviendas, con la agitación con miles de plataformas y miles de afiches pegados en los diferentes barrios de la ciudad. En el desarrollo del debate se planteó una salida para terminar con la pobreza, la desocupación y, a la vez, responder al problema de la vivienda. No puede ser que en Córdoba exista un déficit ha-bitacional de más de 300.000 casas, mientras que el gobierno y los grupos capitalistas inmobiliarios acaparan grandes extensiones de tierras para negociados millonarios, algo que terminan pagando los trabajadores con falta de vivienda o alquileres carísimos; lo que se traduce en un mayor hacinamiento. Planteamos la creación de un banco público de tierras y un plan de viviendas, con créditos cuya cuota no supere el 10% de los ingresos de una familia. Este plan de viviendas y un plan de industrialización provincial son las primeras medidas a tomar para terminar con la desocupación. La tierra debe ser para los trabajadores y no para los especuladores. El congreso también discutió la necesidad de que el Partido Obrero y el Frente de Izquierda vayan a las elecciones en defensa de los derechos de todos los trabajadores, como es el acceso a la vivienda y el trabajo. En la Argentina se desarrolla una crisis económica y política, y tiene dos campos delimitados: de un lado, los partidos patronales de Macri, el kirchnerismo y Schiaretti, que conforman una “coalición del ajuste”; y del otro, los trabajadores, que están luchando contra los tarifazos, por el salario, el trabajo y la vivienda. El gran desarrollo del Frente de Izquierda en Córdoba responde a esta situación; es necesario llevar a fondo esas luchas y esa perspectiva. Para ello proponemos la conformación de listas únicas del FIT y la realización de un congreso del movimiento obrero y de la izquierda, con la participación de todos los luchadores, que resuelva esas listas únicas, el programa y los candidatos del FIT. El plenario destacó la lucha que desarrolla el Polo Obrero en el movimiento piquetero, por desarrollar una alternativa clasista propia de los trabajadores, y denunció a las organizaciones que se dicen piqueteras y que han firmado una entrega de la lucha frente a Macri y los gobernadores. También se planteó la necesidad de movilizar el 3J y de desarrollar el Sitraic (sindicato combativo de la construcción) en Córdoba. Todos estos planteos fueron votados por aclamación y serán plasmados en un manifiesto dirigido al conjunto de los trabajadores cordobeses. Vamos por la construcción de 300.000 viviendas, con cuotas que no superen el 10% de los ingresos. Por la creación de un banco de tierras en cada municipio para viviendas populares. Por un directorio electo del Banco de Córdoba (Bancor) para garantizar el financiamiento. Anulación de los negocios fraudulentos de los especuladores inmobiliarios. Es-tatización del agua, bajo control de trabajadores y usuarios. Obras públicas que garanticen el acceso al agua, gas, cloacas y luz a todas las familias. Resoluciones 1) Movilizar el 31 en la jornada nacional de lucha del Polo Obrero y entregar en esa acción el proyecto de ley presentado por Eduardo Salas en el paquete contra la pobreza. 2) Movilizar en la jornada votada por el comité contra los despidos y las suspensiones. 3) Movilizar el 3J. 4) Llevar a la campaña electoral el planteo de trabajo y vivienda, trabajo genuino, prohibición de despidos y suspensiones, reparto de las horas de trabajo, salario igual a la canasta familiar. 5) Agregar al proyecto de ley por la construcción de 300.000 viviendas el problema de la titulariza-ción de la tierra y el problema de los alquileres. 6) Plantear la necesidad de un Congreso del Movimiento Obrero y la Izquierda y listas únicas del FIT. 7) Apoyar a todas las tomas de terrenos y rechazo a los intentos del gobierno de avanzar sobre los desalojos de las familias trabajadoras. 8) Impulsar proyectos y la organización de las familias para obtener la titularización de la tierra y la vivienda. 9) Organizar a las familias por el derecho al agua y a los servicios eléctricos. 10) Hacer una gran campaña para hacer públicas estas resoluciones. 11) Impulsar la conformación del Sitraic en Córdoba.

El Partido Obrero anunció sus precandidatos para diputados y legisladores, con referentes de las luchas de los docentes, de la mujer, de la salud y contra la impunidad. “Vivimos un feroz ajuste contra los trabajadores, y ese ajuste no es resultado solamente del gobierno, sino de los que cogobiernan en las provincias y en los municipios, y de muchos que en estas elecciones se van a presentar como opositores. Por eso es necesaria una alternativa en defensa de los trabajadores”.Así sintetizó Marcelo Ramal la presentación de precandidatos a diputados nacionales y legisladores del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, realizada el lunes 29 en el Hotel Bauen. En el evento fueron anunciados Néstor Pitrola (provincia de Buenos Aires), Soledad Sosa (Mendoza) y Pablo López (Salta) -quienes aspiran a renovar las bancas que hoy ocupan en el Congreso Nacional-, así como Marcelo Ramal y Vanina Biasi (Ciudad de Buenos Aires), Jorgelina Signa (Santa Fe), Patricia Jure (Neuquén), Eduardo Salas (Córdoba) y Ariel Osatinsky (Tucumán). Gabriel Solano y Guillermo Kane son precandidatos a la Legislatura porteña y bonaerense, respectivamente. Un punto importante de la conferencia fue el anuncio de la precandidatura de Romina Del Pla a senadora por la provincia de Buenos Aires. Del Pla es docente y fue candidata a secretaria general por la Lista Multicolor en las recientes elecciones de Suteba. Además, es secretaria general del Suteba Matanza. Pitrola caracterizó el contexto actual como “una oportunidad histórica para el Frente de Izquierda, con una clase capitalista argentina envuelta en el escándalo de Odebrecht y un gobierno que vuelve a atravesar una crisis de gabinete con la renuncia de Malcorra, mientras la clase obrera es permanentemente atacada en sus convenios colectivos, en sus salarios, en sus jubilaciones y con despidos”. A su turno, sostuvo que para luchar “contra las candidaturas del poder, contra Cambiemos, el Frente Renovador, contra Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires”, se plantea la necesidad de listas únicas del Frente de Izquierda. Previamente, el diputado había afirmado que “cuando se prepara una ofensiva ajustadora y represiva, el FIT no puede disputar entre sí”. Eduardo Salas contrapuso la defensa de los trabajadores por parte del Frente de Izquierda al crecimiento de la pobreza y de la crisis industrial en todo el país, y denunció la integración explícita del gobernador cordobés Schiaretti al ajuste del macrismo. En sentido similar se expresaron Jorgelina Signa, Soledad Sosa, Ariel Osatinsky y Pablo López en relación con los gobernadores de Santa Fe (Lifschitz), Mendoza (Cornejo), Tucumán (Manzur) y Salta (Urtubey). Tanto Soledad Sosa como Vanina Biasi hicieron énfasis en la lucha de las mujeres trabajadoras. En este sentido, Biasi destacó que “es fundamental tener una fuerza política en la Legislatura, en el Congreso de la Nación, que defienda sus derechos y que haga real el Ni Una Menos, junto con la movilización de las mujeres en las calles”. El tucumano Osatinsky, docente universitario y secretario general de Adiunt, destacó que las candidaturas presentadas envuelven a referentes de las principales luchas de todo el país. Y enfatizó la pelea contra la represión y la impunidad: “somos parte del movimiento que tiró abajo el aberrante fallo de la Corte del 2x1 para los genocidas”. Numerosos medios de prensa se acercaron al Bauen para conversar con los precandidatos, entre ellos, los canales TV Pública, Telefé, C5N y Canal 9, así como diversos medios. Foto: Fede Imas

Una patota de la Uocra seccional La Matanza atacó salvajemente a obreros de la construcción disidentes que se habían afiliado al Sitraic, gremio alternativo al dirigido por Gerardo "Batallón 601" Martínez. Los hechos sucedieron por la tarde del martes 30 luego de que el secretario adjunto de la Uocra local, Diego Oviedo, se hiciera presente junto a otro individuo del sindicato ya que el día anterior había advertido a los obreros que debían anular sus afiliaciones al Sitraic para incorporarse a la Uocra. Cuando se hizo presente el delegado coordinador de Sitraic, Mario Aguilar, arribaron a toda velocidad dos autos con ocho sujetos dentro que salieron de los vehículos y la emprendieron a golpes contra los presentes. El brutal ataque incluyó golpes en la cabeza a un trabajador con el cruce de un andamio, que le provocaron hundimiento de cráneo y heridas. Luego de la partida a la comisaría y a los hospitales de la zona de los trabajadores atacados, llegó a la obra un micro con cuarenta personas de la Uocra, lo cual demuestra la organización del ataque por parte del sindicato local en su conjunto. "Hacemos responsables a la patota de la Uocra y en particular a Hernaldo Cachuqueo, secretario general de ese sindicato en La Matanza, y Diego Oviedo, secretario adjunto, partícipe él mismo de la patota y el ataque -dijo Víctor Grosi, secretario general del Sitraic, mientras realizaba la denuncia policial correspondiente. "También hacemos responsable al Estado, que convalida estos ataques parapoliciales. Las mafias y la patota de la Uocra no van a quedar impunes", añadió Grosi. Heraldo Cayuqueo, el cacique de la Uocra local, tiene aceitados vínculos con el poder político: basta recordar que en 2015 fue el precandidato a intendente respaldado por el referente hiperkirch-nerista Aníbal Fernández. Fernández fue el vocero gubernamental de Eduardo Duhalde que trató de enmarañar los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en el Puente Pueyrredón en 2003 y, en su calidad de ministro del Interior, responsable de la liberación policial de la zona que concluyó con el ataque patoteril que acabó con la vida de Mariano Ferreyra.

La marcha del caso Odebrecht en la Argentina confirma lo que señalamos en estas páginas siete días atrás (“El Lava jato en Argentina”). A saber, un encubrimiento a manos de dos bandas -una, la de las camarillas judiciales del kirchnerismo; la otra, la del gobierno macrista. El objetivo de estas operaciones cruzadas es la protección de los funcionarios y grupos capitalistas ligados a quienes gobiernan o gobernaron el país. Del lado de los fiscales -cuya jefa es la kirchnerista Gils Carbó- está en marcha un acuerdo con la Justicia brasileña, dirigido a establecer “la forma (sic) en que Brasil va a liberar la información sobre los sobornos pagados en Buenos Aires… y cómo (sic) va a llegar esa información, (la cual) continuará secreta para la ciudadanía” (La Nación, 31/5). Estamos ante una tentativa de controlar y manipular revelaciones que no sólo serán explosivas para los De Vido y otros miembros del clan kirchnerista, sino también para el macrismo. En este último caso, se anotan Angelo Calcaterra -primo de Macri y ex socio de Odebrecht en el soterramiento del Sarmiento- y el actual jefe de la ex Side Gustavo Arribas, acusado de haber realizado transferencias ilegales desde Brasil por parte de los ‘cambistas’ del pulpo brasileño. ¿Qué ha hecho mientras tanto el gobierno macrista? Acelera un acuerdo con los funcionarios locales de Odebrecht “para no depender de nadie y tener información de primera mano” (ídem), o sea, manipular la información antes de que lo hagan los fiscales de Gils Carbó, y proteger de ese modo a los posibles implicados del macrismo. En esta negociación, el gobierno se encuentra con la traba de que no le pueden ofrecer a los funcionarios de Odebrecht la impunidad penal que éstos reclaman. Pero, a cambio de ello, el gobierno está dispuesto a asegurar la continuidad de las obras de este grupo capitalista en Argentina, previo pago de una multa. Se trata de una segunda coima para seguir operando en el país, en este caso, bendecida por un acuerdo institucional. No se ha escuchado decir una palabra de esta negociación turbia a Elisa Carrió. La razón es sencilla: ella misma la promovió, para que las revelaciones de Odebrecht sólo apunten a De Vido y dejen indemne a la camarilla de “Mauricio”. Tampoco ha abierto la boca Sergio Massa, cuyo socio De la Sota es quien le abrió la puerta a Odebrecht a la obra de los gasoductos cordobeses. Contra este encubrimiento a dos (o tres) bandas -la de Macri, los K y también Massa- reclamamos que se haga pública toda la información sobre el Lava jato en Argentina; la anulación de todas las licitaciones adjudicadas al pulpo y una investigación integral a manos de una auditoría independiente de los gobiernos y camarillas judiciales que protegen a los Odebrecht.

El próximo 3 de junio nos daremos cita nuevamente para reclamar por los derechos de las mujeres. En lo que va del año, una mujer fue asesinada cada 26 horas. El presupuesto en asistencia a la mujer fue recortado al ritmo del ajuste y de la orientación privatista del gobierno. El centro de la actividad parlamentaria de los partidos patronales está colocado en el clásico incremento de punitivismo, deporte que practican tanto el Pro como el FpV y el Frente Renovador y sus aliados, y en una falsa paridad de género cuyo único objetivo es favorecer el carrerismo de las representantes políticas de la burguesía,y edulcorar sus planes de ajuste, precarización y represión. Pero el ataque está lejos de limitarse al movimiento de mujeres. La coalición de ajustadores que conforman el gobierno y los bloques “opositores” que le votan las leyes a Macri, han arremetido contra el conjunto de la clase obrera con sus ajustes, tarifazos, paritarias a la baja, refuerzo de las Fuerzas Armadas y represión a los que luchan. En la mira del gobierno han sido colocados también las y los pibes secundarios, a quienes intimidan enviando la policía a los colegios. Contra el 2x1 de la Corte para amnistiar a genocidas al servicio de esta orientación ajustadora opusimos una movilización popular histórica en la Plaza de Mayo y en todo el país. Luego de las detenciones arbitrarias y lesbofóbicas contra un grupo de mujeres con posterioridad al 8 de marzo, tendientes a disciplinar a todas las mujeres en lucha, se sucedieron otros actos intimidatorios, contra expresiones anticlericales en Tucumán, con la negativa a excarcelar a Higui, con la detención de un delegado de ATE en Río Negro, con la represión a los estatales de Santa Cruz, quienes cobran sus salarios incompletos y a destiempo y a quienes no les ofrecen aumentos mientras la gobernadora se aseguró para ella y los suyos incrementos del 30%. Contra todos los ataques nos movilizamos y respondimos. Desde el 3 de junio de 2015, hasta ahora los gobiernos no han hecho más que darle la espalda a las demandas del movimiento de mujeres. El movimiento debe dar un paso adelante, sin depositar confianza en gobiernos cuya orientación política y social es el ajuste a los trabajadores. En definitiva, la violencia social e institucional contra la mujer es funcional a esa orientación política. El incremento del punitivismo, con la reforma de la Ley de Ejecución de Penas y la nueva ley de registro de ADN, se activó a partir de los escandalosos casos de Micaela y Araceli. Falsas respuestas del gobierno y parte de la oposición a cuestiones como los ataques sexuales y los vínculos de delincuentes con diferentes eslabones del Estado. Ya en 2013, el kirchnerismo había recurrido al mismo método, aprobando la ley vigente de Registro de ADN, en aquella oportunidad fingiendo dar una salida al crimen de Angeles Rawson. Antes había hecho lo propio Néstor Kirchner con los reclamos punitivistas de Blumberg, y que el ex presidente hizo aprobar en el Congreso. El incremento de penas, en definitiva, significa un reforzamiento del mismo Estado responsable de cada uno de los crímenes contra las mujeres. El masivo movimiento de mujeres resulta peligroso para los planes de ajuste. Una muestra de que está en el centro de las preocupaciones, es la injerencia incrementada que la Iglesia y el gobierno de Capitanich están teniendo en la organización del Encuentro Nacional de Mujeres que, bajo una maniobra burocrática del PCR y del PJ, fue llevado al Chaco para alejarlo del centro político del país. Las reivindicaciones por las que luchamos, después de dos años de intensa movilización desde aquel 3J, serán el fruto de una redoblada movilización del movimiento de mujeres para arrancar la asistencia integral, la elección de jueces y fiscales dedicados a la cuestión de violencia de género, el aborto legal, las licencias por violencia de género, la ampliación de las licencias por maternidad y paternidad, las viviendas para las jefas de hogar, el salario igual a la canasta familiar. Para conseguir esto necesitamos la movilización callejera y la organización independiente de las mujeres. El Consejo Nacional de las Mujeres que depende del gobierno nacional y sus réplicas locales, son apéndices de las políticas de ajuste. Debemos reemplazarlos por Consejos Autónomos electos por las mujeres desde los 13 años y revocables, con presupuesto para implementar el programa por el que venimos luchando y con el que venimos creciendo en organización. El Estado es responsable de los femicidios y de la violencia contra las mujeres, debemos dar un salto para combatirlo. Este enorme movimiento podrá obtener sus conquistas y aspiraciones sobre la base de una lucha sin cuartel, independiente de los gobiernos de turno, y de la Iglesia y de la mano del conjunto de los trabajadores. El machismo y la misoginia no son una acumulación de acciones individuales contra la mujer, sino expresiones brutales de un régimen social de explotación y barbarie. Con esta orientación el Plenario de Trabajadoras ha intervenido en todo el país y en las reuniones para poner en pie las movilizaciones del próximo 3 de junio, haciendo campañas en los lugares de trabajo, de estudio y en las barriadas.

En el reportaje que brindó a C5N, Cristina Kirchner dejó planteada su posible postulación en la provincia, encabezando un acuerdo entre el kirchnerismo y la mayoría del PJ. Los intendentes y punteros del pejota bonaerense no han encontrado, fuera de Cristina, otro candidato con mayor caudal de votos. La variante de un ‘muleto’ apoyado por CFK no ha cobrado fuerza, entre las brutales revelaciones sobre Scioli y otras figuras sin trascendencia electoral. Cristina, por su parte, trabajó durante meses para filtrar al kirchnerismo en las listas del pejota. Pero los jefes peronistas le han impuesto fuertes límites a esa inclusión. El último episodio de esa crisis se produjo cuando los barones del conurbano desertaron de un acto organizado por Máximo K, al advertir la presencia de D’Elía, Boudou y otros. En estas condiciones, la postulación de Cristina, incluso en grado de tentativa, es un recurso extremo para asegurarle a los suyos un lugar en las listas -y por lo tanto, una continuidad política. Un renunciamiento de CFK a postularse -o a apoyar explícitamente un acuerdo de unidad- podría significarle, no un “compás de espera hasta 2019”, sino su jubilación definitiva en Calafate, junto a otros que no están en edad de jubilarse (La Cámpora). En la reaparición de CFK no asoma una pujanza o reconstitución política del pejota y el kirchnerismo, sino la unión de dos necesitados. Traidores, no Al referirse a la conducta ante el macrismo de sus compañeros de “unidad”, los Pichetto, Gioja y otros, CFK simplemente señaló que “no estuvieron a la altura”, y rechazó de plano la categoría de “traidores” sugerida por uno de los periodistas. CFK, en definitiva, va a encabezar o bendecir la lista de los que “no estuvieron a la altura”, o sea, de quienes votaron el acuerdo con los fondos buitre, las exenciones impositivas a las patronales o el nombramiento de los jueces de la Corte que aprobaron el 2x1. La ex presidenta no hizo más que ratificar la convivencia que en este año y medio sostuvo con todos ellos. En ese tiempo, nunca existió una delimitación política sino, más bien, una división de roles. El kirchnerismo reservaba los rechazos a las leyes macristas para Diputados, donde no incidían en el desenlace de las votaciones. En cambio, esas mismas leyes eran votadas por los senadores K, sin que ello condujera a una escisión o siquiera a una crítica. En la votación de la antiobrera ley de riesgos del trabajo, los diputados ‘cristinistas’ encontraron un pretexto para ausentarse del recinto, y no levantar la mano contra una ley estratégica de la Unión Industrial, la misma que apoyó al gobierno K durante al menos una década. Al anunciar su posible postulación, la ex presidenta le lavó la cara a sus aliados pejotistas, y también a sí misma. Pero ese gesto de unidad no sólo tiene implicancias políticas sino también judiciales: en la próxima composición del Consejo de la Magistratura, donde elegirán a los jueces que decidirán el destino penal de CFK, se prueban el traje los senadores Pichetto y Urtubey. O sea que, en medio de las causas por coimas y lavado de dinero, la ex presidenta también es rehén judicial de quienes “no estuvieron a la altura”. Cristina no caracterizó a la postulación de Randazzo, pero se va a servir de ese “peligro” para justificar la unidad más extendida con el viejo elenco de punteros e intendentes prohijados entre Duhalde y Scioli. Haz lo que yo digo A la hora de pararse frente al actual escenario político, la ex presidenta transitó entre la ambigüedad, el autoencubrimiento y el conservadurismo. Advirtió que el gobierno podría servirse de “los fondos de la Anses para pagar la deuda”, o sea, lo que el kirchnerismo practicó durante el (mal) llamado “desendeudamiento”. Al referirse a la crisis jubilatoria en C5N, CFK recordó la baja de aportes previsionales por parte de Cavallo, la cual, en doce años de gobierno, el kirchnerismo nunca revirtió. De cara a los tarifazos y la carestía, la ex presidenta propuso como salida las ‘declaraciones de emergencia’; o sea, un régimen de medidas excepcionales que -como ella misma destacó- “no creen precedentes legales permanentes”. Es una reivindicación del régimen de emergencia que ella misma presidió y que, al agotarse, dio los primeros pasos del ajuste y la recolonización económica que hoy ejecuta “Cambiemos”. Frente a la inflación, reivindicó a los ‘precios cuidados’ y los aprietes de Moreno, un sistema de pactos con los monopolios alimentarios que nunca impidió una carestía anual inferior al 20%. En la “emergencia tarifaria”, que también sugirió, no pidió que se revierta el régimen de internacionalización de precios de la energía en favor de los pulpos petroleros, que está en la base de los actuales tarifazos… y que ella misma puso en marcha, a partir de los pactos secretos con Chevron. CFK pidió “revisar la deuda” y denunció la espiral explosiva de la deuda del Banco Central (Lebacs). Esa escalada, sin embargo, es también una versión agravada de una política que debutó con Kicillof, después de la devaluación de 2014. Cristina no pudo presentar un plan antagónico al del macrismo, por la sencilla razón de que el rescate con el capital internacional que hoy tramita Cambiemos se inició con su propio gobierno. El único objetivo del nacionalismo capitalista pasado a la oposición es contener y desviar la fuerte reacción popular desatada por el ajuste, y que se ha expresado en huelgas y movilizaciones obreras masivas; en la jornada del paro internacional de mujeres y en la verdadera pueblada que desató la tentativa del 2x1. El kirchnerismo y la izquierda Una postulación de CFK redobla el desafío de la izquierda de cara a las elecciones que se vienen. No se trata solamente de levantar una expresión y un canal para quienes vienen luchando contra los agravios de Macri y los gobernadores, sino de confrontar con el bloque que pretende explotar esa insatisfacción popular en pos de una operación de recauchutaje político. La conformación del Frente de Izquierda, en 2011, representó un acto de delimitación con el peronismo, y se abrió paso en medio de una lucha política tenaz que el Partido Obrero libró durante más de una década, que tuvo lugar en los sindicatos, en la juventud y -a partir de 2013- en el terreno parlamentario. En el plano reciente, esa batalla tuvo dos hitos enormes en la conquista del Sutna y en la maciza elección del clasismo en Suteba, que defendió sus seccionales y superó al 40% de la votación real. Esta delimitación es parte de una transición más general de la clase obrera, para superar al peronismo y desarrollar su independencia política. Hoy, esa lucha comporta un nuevo desafío, porque debe abrirse paso ante la demagogia de un nacionalismo pasado a la oposición. Para la izquierda revolucionaria, la campaña electoral debe ser un peldaño en esta batalla política estratégica -ni qué decir que esto plantea con más fuerza aún la necesidad de listas comunes y una campaña electoral común del Frente de Izquierda, para desarrollar un programa obrero y socialista de salida al ajuste capitalista. Esa campaña debería servir para que los grandes choques que se vienen con el “Temer” argentino le abran paso a un desarrollo político propio de la clase obrera argentina, y no al plato recalentado del nacionalismo.

Un enorme piquete en la avenida 9 de Julio y una movilización hacia el Ministerio de Trabajo se colocaron en el centro de la escena reclamando trabajo genuino, apertura universal de los programas sociales, seguro al desocupado, obra pública y plan de vivienda. En otras provincias del país se replicó la acción, configurando un gran piquetazo nacional. Una delegación con representantes de las organizaciones se reunió en el Ministerio de Trabajo con Ponte, el secretario de Empleo, quien respondió que la única respuesta a la gravísima situación era la 'emergencia social'. Sin embargo, ésta es una gota en el océano y sólo ofrece más asistencialismo y más precari-zación. La masiva cantidad de jóvenes que fueron a pedir empleo a La Rural (Expo-Empleo) estos últimos días dan cuenta de una realidad acuciante. A más de un año y medio de asumido el gobierno de Cambiemos, la pobreza y la miseria no paran de crecer en nuestro país. Los despidos, los tarifazos y la inflación golpean fuertemente el bolsillo de los trabajadores. Hoy en día, en la Argentina hay 13 millones de pobres. La economía está en recesión y la obra pública continúa parada. Esta política es llevada adelante también por la 'oposición' del PJ (incluyendo a los K) y del FR allí donde gobiernan -además de ser quienes aprobaron las leyes de ajuste de Macri en el Parlamento. El Polo Obrero, junto al Sindicato de Trabajadores de la Construcción (Sitraic), se encuentra desarrollando una campaña por trabajo genuino y obras públicas en los barrios populares y paralelamente un empadronamiento de trabajadores desocupados. Este pliego de reclamos será presentado el 13 de junio. En este cuadro se conformó un frente único de organizaciones piqueteras que sale a la calle a luchar por las reivindicaciones de los desocupados y los preca-rizados. Este embrionario frente de lucha tiene la gran virtud de colocarse en el vértice opuesto de las organizaciones sociales que han firmado la paz social con el macrismo. El 'triunvirato piquetero' se encuentra en una tregua con el gobierno, en sintonía con la CGT. El plan "empalme" anunciado por Macri el 1° de mayo no empalma nada por la simple razón de que no hay trabajo. El Estado, desde la creación del programa Argentina Trabaja, viene utilizando a los cooperativistas como mano de obra barata de los municipios o para la realización de tareas que son propias de trabajadores estatales -es decir que precariza a sus propios empleados negándoles los derechos de convenio colectivo, aguinaldo y vacaciones. Cualquier empalme debería empezar por el propio Estado y pasar a planta permanente y bajo convenio a los cientos de miles de cooperativistas. Al no haber respuestas por parte del gobierno, el Polo Obrero resuelve continuar y profundizar el plan de lucha.

Michel Temer está ensayando diferentes maniobras para permanecer en el poder. Nuevas estrategias fueron pensadas por el núcleo fuerte del gobierno para frenar las posibles vías de alejamiento presidencial. Si Temer fuera desplazado del poder por el Tribunal Superior Electoral, a partir de anular la fórmula que triunfó en las elecciones de 2014 (la alternativa que se baraja como más rápida para su destitución), habrá “apelación tras apelación” de la defensa del actual presidente. “Estiman que en ese proceso podrían demorar una sentencia definitiva al menos hasta octubre próximo. Juegan también con otra posibilidad: que algún juez electoral de esa Corte pida ‘revisar’ el proceso, con lo cual el juicio no comenzaría como se supone el 6 de junio próximo” ( Clarín , 28/5). A la par de esto, el Presidente dio una señal de fuerza y ordenó por decreto la intervención del ejército para reprimir en las calles. Estas iniciativas no fueron suficientes, sin embargo, para remontar la crisis, que sigue abriendo nuevas grietas en todos los frentes. En el plano judicial, al inminente pronunciamiento de la Junta electoral el próximo 6 de junio se le suma la indagación de Temer por pedido del procurador general sobre las denuncias de corrupción que acaba de ser aprobado por la Corte, que podría ser el disparador de un proceso penal, que constituye otra de las vías para proceder al juicio político del actual presidente. En el terreno económico, se produjo la renuncia de la presidenta del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). Se trata de un golpe importante si se considera que Temer había puesto un empeño especial por preservar la integridad de su gabinete y elenco de colaboradores. En este esfuerzo, el PSDB, el otro gran partido que integra la coalición de gobierno, ha mantenido sus ministros en el gabinete, pese al amago de algunos de ellos por renunciar. Crisis de fondo La renuncia de la presidenta del BNDES no es un dato menor pues éste constituyó la gran fuente de financiamiento de la burguesía nacional durante estas décadas y es una de las bases de su ascenso meteórico. La institución está bajo sospecha de “favores” a muchas de las empresas que están en la causa del Lava Jato y, también, al frigorífico JBS, cuyo dueño, Joesley Bastista, delató al presidente Temer como involucrado en casos de soborno. La presidente renunciante “estaba bajo presión de aquellos empresarios que vivieron, durante largo tiempo, de jugosos créditos subsidiados del BNDES. La acusaban de ‘frenar’ los proyectos financiados por esta entidad” (ídem). Lo ocurrido en la entidad forma parte de un gran campo de disputa que está abierto entre la burguesía local y el imperialismo por el manejo y explotación de los grandes recursos y actividad industrial del país y, por lo tanto, sobre el destino de las grandes corporaciones brasileras. La operación Lava Jato y, ahora, las revelaciones de los hermanos Batista, fogoneadas desde Estados Unidos, han apuntado a quebrar la articulación industrial y financiera armada en torno de Petrobras y el sistema de contratos y concesiones otorgadas desde el Estado. Obedrecht está haciendo un esfuerzo por salvar sus posiciones en Brasil, procurando negociar -a cambio de las revelaciones- la continuidad de sus negocios. Pero una destitución de Temer desbarataría todos los arreglos hechos en el último año con las constructoras y empresas coimeras, y Brasil asistiría a una enorme transferencia patrimonial entre capitales extranjeros y nacionales. Estamos en presencia de una crisis de fondo que atraviesa a todas las clases sociales y pone en tela de juicio el conjunto de las relaciones sociales vigentes. Temer no pudo detener tampoco un desgranamiento de su propia tropa en el Parlamento, empezando por el presidente del Senado, quien acaba de reclamar la renuncia del jefe de Estado. Esta fisura en el Parlamento ha frenado la salida de la reforma laboral y jubilatoria. Esto es clave porque priva a Temer, quizá, de su principal arma de gobierno que era presentarse como el garante del ajuste, que vino llevando adelante desde que asumió el gobierno. Un empantanamiento de la ofensiva antipopular en curso puede acelerar la determinación del capital de soltarle la mano al gobierno. Por lo pronto, la calificadora Moody’s le bajó la nota de Brasil mientras se acentúa la fuga de capitales. Entretanto, el gobierno tuvo que dar marcha atrás con el decreto de las fuerzas armadas, cuya intervención no sirvió para detener la protesta. Las movilizaciones, magras en los días posteriores al estallido del escándalo de los hermanos Batista, volvieron a cobrar masividad, especialmente en Brasilia, donde tuvieron un carácter multitudinario. Unión nacional Si Temer sobrevive es porque la oposición aún no logra articular una transición. Lo que parecería estar más claro es que la posibilidad de convocar a elecciones generales está cada vez más lejos. Después de haber batido el parche sobre las “elecciones directas”, el PT estaría dispuesto a replegar esa bandera y aceptado negociar un sucesor a través de una elección indirecta por el Congreso. De acuerdo con lo que informa la prensa, los principales partidos (el PMDB gobernante, el PSDB y el propio PT) estarían negociando un sucesor, aunque todavía no habría un acuerdo con el nombre. Gleisi Hoffmann, candidata a presidir el Partido de los Trabajadores de Brasil, desmintió estas tratativas, lo cual delata la división reinante en sus filas y, por sobre todo, el callejón sin salida de su política. Las ‘diretas’ le plantean al PT un problema insoluble, con o sin legislativas, pues para ello no tienen más remedio que pactar con los partidos tradicionales, con el pretexto de la necesidad de contar con una mayoría parlamentaria, reiterando la nefasta experiencia ya recorrida cuando fueron gobierno. Ya sea de un candidato de consenso o de la directa pactada, cualquiera de esas variantes tendrá como fundamento una continuidad de la política de austeridad y de reformas antiobreras. El PT confrma, una vez más, que es un partido integrado al régimen social vigente y que no está en sus planes poner en juego la gobernabilidad. “Una transición desorganizada plantea el riesgo de un vacío de poder que podría perjudicar a una economía que se espera que salga de la recesión este año” ( El País , 28/5), con más razón cuando el país viene de estar sacudido por la masiva huelga general de semanas atrás y por concentraciones populares de repudio al Presidente y su ajuste. De acuerdo con lo que informa la prensa, los principales partidos (el PMDB gobernante, el PSDB y el propio PT) estarían negociando un sucesor, aunque todavía no habría un acuerdo con el nombre. El ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, y un ex presidente, Fernando Henrique Cardoso, aseguran entre los posibles sucesores. También se ha mencionado al senador Tasso Jereissati, líder provisional del Partido Socialdemócrata Brasileño de centro-derecha (PSDB), y Rodrigo Maia, presidente de la Cámara de Diputados de Brasil. El problema de la fórmula Cardoso-Jereissati (que se baraja como uno de los posibles binomios) es que, por ahora, cuenta sólo con los votos de su propio partido. “Si Cardoso puede tener el beneplácito de Lula, Jereissati es mal visto entre las filas parlamentarias petistas. Para el PT, la mejor alternativa es el llamado ‘candidato neutro’. Se trata de Nelson Jobim, que fue ministro de Justicia con Fernando Henrique y ministro de Defensa con Lula da Silva” (ídem). Un indicador claro de cómo el PT está ya enfrascado en este contubernio, lo que ha dejado pedaleando en el aire al PSOL, que venía enarbolando las directas, haciendo seguidismo y alentando una confluencia con aquella formación política. Esta búsqueda de un contubernio con los partidos tradicionales, deja pedaleando en el aire al PSOL, que venía enarbolando las directas, haciendo seguidismo y alentando una confluencia con aquella formación política. Perspectivas Cualquiera sea el arreglo que se llegue, dicho desenlace no cierra la crisis que tiene un alcance profundo y de fondo. Las convulsiones políticas seguirán. La cuestión del momento, en Brasil, es darle continuidad a la movilización popular e impulsar una nueva huelga general. En estas condiciones, cobra enorme relevancia y actualidad la convocatoria a un congreso de trabajadores para discutir un programa y una salida política frente a la crisis en desarrollo. En oposición a las salidas antidemocráticas y antipopulares en curso, es la hora de luchar por una Asamblea Constituyente libre y soberana, donde se discuta una reorganización integral del país sobre nuevas bases sociales. La cuestión clave en Brasil y, de un modo general, en América Latina, es que la clase obrera emerja como un factor político independiente y se transforme en alternativa de poder.

El mensaje del Presidente en la inauguración de un centro hospitalario maternal del Smata, planteando que recién luego de las elecciones habría una nueva negociación con la burocracia sindical, fue sólo un ardid. Los diarios informan de reuniones no dadas a conocer de funcionarios del gobierno con la plana mayor de la CGT. ¿O acaso la discusión sobre los convenios de productividad que siguen el ejemplo de Vaca Muerta en la fabricación de motos y en biotecnología -ambos “a la firma” al igual que los avances en el acero, el aluminio ( La Nación , 21/5) -o de la Uocra para las centrales nucleares se hacen al margen de un acuerdo con la burocracia? Existe una actividad febril del gobierno junto a la conducción de la CGT que está profundizando la reforma laboral cada minuto que pasa. Luego de la marcha de marzo y el paro de abril, la CGT volvió a sentarse con el ministro Jorge Triaca en secreto, para discutir la futura ley de prevención de accidentes ( Clarín , 28/5). Lo de la Uocra por las centrales nucleares ha sido bautizado por el subsecretario de Energía Nuclear como “el Vaca Muerta de la Uocra” y fue llevado como ofrenda por el presidente en su viaje a China, donde se pactó la concesión de dos nuevas centrales nucleares, una en Zárate y otra en Río Negro. Fue precedida por el acuerdo de productividad en la central Embalse, que permitió que “lleváramos ocho meses sin conflicto” según el presidente de la estatal Nucloeléctrica Argentina (Na-Sa), la operadora de las centrales. El acuerdo prácticamente deroga el derecho de huelga en las obras. “Previo a cualquier medida de acción directa por parte de la Uocra que pudiera afectar el desarrollo de la obra, las partes deben ir al diálogo de manera privada comprometiéndose a concurrir y a participar de todas y cada una de las reuniones que en dicho proceso se fijen”. Si no hubiese acuerdo, pasará a competencia de la autoridad laboral. Si finalmente hubiese conflicto sólo pueden adoptarse medidas de acción directa en el marco de la ley 23.551, lo que supone un plazo próximo a los 30 días entre la declaración de inicio del conflicto y una posible medida de fuerza. Eufóricos, los titulares de Na-Sa explican que el procedimiento “abre un amplio escenario de soluciones sin que se pare la obra”. La contracara es una bonificación que se abonará semestralmente mientras dure la obra y cuyo monto no se especifica. Privatización y obras sociales En esta agenda de pactos, también estará en debate el salario mínimo, que el gobierno pretende aumentar sólo un 20% (de 8.060 a 9.600 pesos) en línea con los arreglos salariales firmados por la burocracia en Comercio, Uocra, estatales (UPCN) y Estaciones de Servicios (Acuña, Frente Renovador). Sin embargo, “al menos para la CGT, más que el salario mínimo preocupa la creación por decreto de una Agencia de Evaluación de Tecnologías en Salud, un organismo planteado como instancia para contener los juicios iniciados por afiliados de prepagas y obras sociales para la obtención de tratamientos médicos no brindados” ( Ambito , 24/5). Una iniciativa en el mismo sentido fue planteada en el Senado a fines del año pasado, como parte de un acuerdo entre Cambiemos, la CGT y el peronismo para determinar qué medicamentos y procedimientos deberían ser parte de la oferta del sector público, las obras sociales y el Programa Médico Obligatorio. No es necesario hilar muy fino para darse cuenta que es una agencia orientada a recortar prestaciones y a profundizar la privatización de la salud, a través de la derivación de tratamientos complejos a centros privados y la participación de corporaciones de medicamentos en la definición de que ingresa o no al PMO, en connivencia con el gobierno y la burocracia sindical. El manejo de las obras sociales entre el gobierno y la burocracia, al margen de todo control de los afiliados, se ha convertido en pieza clave del “pacto social” no escrito que pretende inmovilizar los sindicatos. El gobierno, a través de la Superintendencia de Seguros y Riesgos de Trabajo autorizó a la burocracia petrolera de Pereyra, firmante del acuerdo de Vaca Muerta, a crear la primera ART petrolera de Latinoamérica. No por casualidad, el reparto de recursos del Fondo Solidario de las obras sociales benefició en particular a Comercio, Uocra y UPCN, firmantes de las paritarias al 20 por ciento. Si de la burocracia depende, las luchas en curso y las paritarias pendientes quedarán libradas a su suerte. Es necesaria una deliberación en los lugares de trabajo y los sindicatos. Para reclamar un 35% como piso salarial. Para organizar la ocupación de toda fábrica que cierre o despida. Para impulsar un plan de lucha y un paro activo de 36 horas de todo el movimiento obrero. Para construir una alternativa política de los trabajadores.

Con la presencia de Norma Dardik, de Villa Regina, Alejandro Britos, de Bariloche, y “Mali” Quintillán, de Viedma, se llevó adelante en Fiske Menuco (General Roca) la conferencia de prensa donde el Partido Obrero presentó sus precandidatos para la conformación de listas unitarias del FIT para las elecciones primarias del próximo 13 de agosto. También estuvo presente el flamante concejal electo de Godoy, Gabriel Musa. "La competencia entre el oficialismo del gobernador Alberto Weretilneck-Cambiemos y la pseudo-‘oposición’ del FpV y el Frente Progresista pretende convertir a las elecciones en una interna de la coalición del ajuste. Para los trabajadores, las elecciones deben tener otro sentido. Deben ser la oportunidad para desarrollar con su voto una alternativa en defensa de sus reivindicaciones", dijo Norma Dardik, licenciada en Obstetricia y precandidata a diputada nacional. "El magnate inglés Joe Lewis recibe precios diferenciados por la producción de energía eléctrica e hidrocarburífera, mientras las familias, en especial las más humildes, son víctimas de los tarifazos en la luz y el gas; la empresa Expofrut monopoliza cada vez más tierras y el puerto de San Antonio Este, mientras despide con total impunidad, por su connivencia con el poder político, a centenares de trabajadores de la fruta; más de 6.000 trabajadores de la industria frutícola se han quedado sin sustento en los últimos años y otros tantos de la industria petrolera y minera atraviesan la misma situación", declaró. Y afirmó que "el colosal endeudamiento que hablita el Plan Castello fue votado tanto por oficialistas como por ‘opositores’ y no tiene como destino dar salida al déficit habitacional y poner en pie a un sistema educativo y sanitario derrumbados (…) La mayoría popular que rechaza la rebaja salarial, la flexibilidad laboral, los despidos, la liquidación del régimen previsional y que repudia a un régimen que promueve la violencia contra la mujer, debe tener una expresión política propia", concluyó. A su turno, el joven dirigente barilochense Alejandro Britos, destacó que el gobernador Weretilneck pretende afianzar en la provincia un modelo de desarrollo depredador y contaminante que agrava la situación de los trabajadores rionegrinos. "El canal para expresar esta defensa de los trabajadores será la lista del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, la única fuerza política que, en el Congreso, en la Legislatura y en la calle, se opuso a esta coalición del ajuste. En función de este objetivo el Partido Obrero les ha planteado a los partidos del FIT que concurramos con listas únicas en las Paso y que convoquemos todos juntos un congreso del movimiento obrero y la izquierda para defender las luchas en curso y darles una perspectiva política", señaló. Finalmente, la docente "Mali" Quintillán, radicada en la localidad de Viedma, hizo hincapié en los mecanismos represivos del Estado, del cual se sirven quienes llevan adelante las políticas de ajuste, indicando que "a la par que se profundiza el ajuste contra el pueblo, se intensifica la política represiva de parte de un aparato estatal que ampara en su propio seno a violadores y abusadores. El Estado reprime a quienes luchan por sus salarios, por sus puestos de trabajo o por un pedazo de tierra. El derecho a huelga se ve sistemáticamente vulnerado con descuentos ilegales para llevar adelante un profundo ajuste con el cierre de paritarias a la baja y la aplicación de reformas flexibilizadoras y ajustadoras". Además, agregó que "las desapariciones de Daniel Solano o Carlos Painevil, entre otras, pusieron de manifiesto la complicidad policial y estatal con la desaparición forzada de personas". El día de la conferencia de prensa, los trabajadores de ATE desarrollaban protestas en toda la provincia en reclamo de la liberación de Aldo Capretti, secretario adjunto del gremio que fue detenido tras las movilizaciones contra el Plan Castello, al cual luego se sumó la detención del secretario general, Rodolfo Aguiar. Los dirigentes insistieron, por último, en la necesidad de presentar listas únicas del FIT dado que el acento tiene que estar puesto en ligar las movilizaciones y luchas obreras con el proceso electoral que se abre.

Cerca de cien delegados y activistas se han pronunciado en Neuquén por listas únicas del Frente de Izquierda, en base a los resultados de las Paso de 2015, por bloques comunes del FIT en los parlamentos, por la defensa de un programa de independencia de clase, y por un Congreso del Movimiento Obrero y la Izquierda. Se destacan numerosos dirigentes de las seccionales combativas de Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (Aten) y una gran cantidad de delegados de escuela. También delegados y activistas de ATE (estatales), de Sejun (judiciales), de telefónicos, del diario La Mañana de Neuquén, dirigentes de la CTA zona Norte, etc. Se pronunciaron también importantes referentes de la lucha democrática, como Alicia Pizarro, integrante de Zainuco, una reconocida organización neuquina en defensa de los derechos humanos. Una mayoría de los integrantes de la “Comisión de familiares de víctimas contra la impunidad”, que nuclea a reconocidos casos de la región, también firmaron el pronunciamiento. Entre un amplio sector del activismo neuquino, existe un acuerdo en que el Frente de Izquierda debe actuar como un frente único en todos los terrenos. No sólo en el proceso electoral, sino también, por ejemplo, al interior del parlamento. Es extendido el rechazo a la política divisionista del PTS, que rechaza las listas únicas e inscribió como propia la bancada que ocupa Raúl Godoy en la legislatura neuquina, cuando se trata de una conquista de todo el FIT. El planteo de realizar un congreso del movimiento obrero y la izquierda es muy bien acogido entre los luchadores. Es que se detecta la necesidad de trascender el marco electoral, con una política de frente único de clase, apoyándose en la referencia política conquistada por el FIT, llevar la lucha contra los ajustadores al terreno sindical, del movimiento de la mujer y de la juventud, proyectando a los trabajadores como alternativa política. La campaña por más pronunciamientos continúa.

Por iniciativa del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, la Legislatura rionegrina aprobó el denominado Plan Castello. Una movilización de ATE que se concentró en las puertas de la Legislatura en rechazo al plan, fue duramente reprimida por la policía del gobierno provincial. Horas más tarde, era detenido por policías de civil el secretario adjunto de ATE Río Negro, Aldo Capretti, y más tarde quedó detenido también el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar. El Plan Castello habilita al Ejecutivo provincial a endeudar a la provincia por 580 millones de dólares, para el financiamiento de un plan de obras públicas en todo Río Negro. Las obras proyectadas no responden a las necesidades más apremiantes de los trabajadores y el pueblo de la provincia. Ni un sólo dólar será destinado a un plan de viviendas populares, en una provincia donde el déficit habitacional supera las 50.000 viviendas. En el Plan Castello tampoco figuran obras destinadas a revertir el colapso de la infraestructura educativa y sanitaria. En cambio, sí prevé destinar 100 millones de dólares a la infraestructura del Poder Judicial y otros 233 millones para la repavimentación de rutas. La mayoría de las rutas planificadas para repavimentar apuntan a optimizar el comercio de los monopolios frutícolas, que trasladan su producción desde el Valle alto y medio de Río Negro hacia el puerto de San Antonio Este, privatizado, en manos de la empresa Expofrut. La sideral suma destinada a la repavimentación de rutas rionegrinas inevitablemente genera cierto estupor, pues desde hace ¡dos décadas! se encuentran en refacciones la ruta 23 y la intensamente transitada ruta 22. La corruptela de los sobreprecios para la ‘patria contratista’ amiga del poder político tiene un costado trágico. A la ruta 22 se la podría bautizar como la ‘ruta de la muerte’ por los numerosísimos accidentes que en ella se producen fruto del estado calamitoso en el que se encuentra el camino. Por otro lado, no hay que descartar que parte del endeudamiento del Plan Castello se destine al gasto corriente y no sólo a la obra pública. En los últimos dos años, Weretilneck ha emitido sistemáticamente letras del Tesoro para garantizar el pago de salarios y aguinaldos. Los sobreprecios a las empresas contratistas, así como los subsidios y las exenciones impositivas a las patronales frutícolas, mineras y petroleras, han resentido notablemente la capacidad financiera del Estado rionegrino. Finalmente, con el Plan Castello, la provincia quedará sometida a los intereses del capital financiero internacional. Al gobierno de Weretilneck le exigirán que vaya aún más a fondo con en el ajuste fiscal, para poder cumplir con los vencimientos de una deuda en dólares y cara, ya que Rio Negro sólo tendrá acceso a tasas de interés usurarias. El partido del gobernador, Juntos Somos Río Negro, ha contado, para la aprobación del Plan en la Legislatura, con los votos de todo el arco político. Algunos fondos para los municipios rionegrinos dirigidos por la oposición, para la realización de unas cuantas obras cosméticas, bastaron para alinear a los ‘opositores’ del Frente para la Victoria y del Frente Progresista al “plan buitre” de Weretilneck. El carácter trucho de la oposición “nacional y popular” y “progresista” reafirma la necesidad que tenemos los trabajadores de desarrollar una alternativa política propia, obrera y socialista, en oposición a la coalición ajustadora.

El pasado miércoles 24 se desarrolló un acto y marcha de 500 jubilados frente al Congreso, llamado por distintas agrupaciones. Participaron compañeros de CTA de La Bancaria, Jubilados de Pie, la Corriente Federal de Jubilados, y Jubilados en Lucha, algunos ligados a los K. Las limitaciones de estos sectores es la falta de un programa de aumento de haberes que hoy debe ser ya de 9.000 pesos de emergencia a todas las categorías y por un mínimo igual a la canasta de la tercera edad hoy en 15.000. Algunos de estos agrupamientos, además, apoyaron la “reparación histórica”, que resultó una estafa para los jubilados. Jubilados Clasistas participó de la convocatoria con un planteo propio. Nuestra intervención, junto con las compañeras de rentas vitalicias, arrancó aplausos del conjunto de los manifestantes que reclamaban hacer una convocatoria todas las semanas. Al finalizar, hicimos un cierre invitando a todos los que quedaban a movilizar nuevamente la semana siguiente. En la actividad se vendieron muchísimos boletines de la agrupación y se consiguieron nuevas relaciones. El mismo día, nuestra joven agrupación participó de una asamblea, invitados por los compañeros delegados del Pami central. Hubo 60 asambleístas de diferentes sectores: ATE, Sutepa, Opinión Socialista, que plantearon el tema de la paritaria y todos los problemas de organización de la obra social, prestaciones, persecución gremial, flexibilización de tareas. Intervenimos explicando el brutal ajuste contra los trabajadores y jubilados por parte de Macri y de los gobernadores, denunciamos la tregua de la CGT y remarcamos la importancia de un programa y una coordinación de las luchas. Planteamos que el Pami debe ser dirigido por trabajadores y afiliados. Nuestra intervención fue muy bien recibida. Quedamos en volver a realizar una nueva asamblea. El miércoles 31 se llevó a cabo una nueva convocatoria en Congreso. Jubilados Clasistas levantó el planteo de un aumento de 9.000 pesos a todas las categorías, por un mínimo igual a la canasta de la tercera edad (hoy en 15.000), restitución de prestaciones en el Pami y entrega de medicamentos. Por la gestión del Pami y la Anses por sus trabajadores y afiliados.

Néstor Pitrola, diputado nacional del FIT por la provincia de Buenos Aires, participó en la sexta sección electoral de diversas actividades para impulsar la campaña por listas únicas del Frente de Izquierda y la convocatoria a un congreso del movimiento obrero y de la izquierda. Tras una recorrida por los principales medios radiales, televisivos y gráficos en los distritos de Bahía Blanca y Punta Alta, Pitrola se reunió con trabajadores de la construcción que están impulsando el desarrollo del Sitraic en nuestra ciudad y tuvo una charla-debate ante un centenar de compañeros, acompañado por los referentes locales y precandidatos a concejal Emiliano Fabris y Natalia Betti, y a legislador provincial, Néstor Conte. El diputado y precandidato expuso sobre el actual contexto convulsivo marcado por las masivas movilizaciones y choques sociales que genera el ajuste de Macri y los gobernadores. Llamó a “articular el protagonismo en la lucha popular con las elecciones, como uno de los ejes diferenciales del PO y del contenido que debe tener el FIT. Y, de esta forma, desarrollar la verdadera grieta de los ajustados en oposición a los ajustadores”. Pitrola explicó que esta articulación es opuesta a considerar el FIT como un “campo de disputas internas”, por el desgaste que generan las Paso en el FIT que es “una fuerza emergente en el escenario nacional”, y que dificultaría explotar al máximo un escenario caracterizado por una crisis del régimen político. Y fue más lejos: señaló que “el FIT es fundacionalmente opuesto a las Paso, porque en ella intervienen los enemigos de clase en la designación de candidatos condicionando el voto popular mediante el poder del Estado, los grupos económicos y los medios de comunicación, propiedad de distintas fracciones capitalistas”. Al abordar el fracaso de la política oficial indicó: “hablan de bajar el costo laboral pero el propio Indec señala que la mitad de los trabajadores ganan entre 8.500 y 11.000 pesos en promedio”. En Bahía Blanca uno de cada cuatro asalariados no llega al salario mínimo de 7.560. Y los trabajadores que cobran salarios mayores están rápidamente alcanzados por el confiscatorio impuesto a las ganancias, que -según se prevé- alcanzará este año a medio millón más de trabajadores y jubilados. En relación con la propuesta de Massa y Stolbizer sobre eliminar el IVA para once productos de la canasta básica, Pitrola lo definió como “un parche que no va a bajar los precios, porque para ello hay que eliminar todo el IVA, que es un impuesto regresivo y perverso, y abrir los libros de las empresas formadoras de precios”. Pitrola desmintió los falsos datos brindados por Baradel respecto de las elecciones en el Suteba, en donde la oposición antiburocrática, liderada por Romina Del Pla, hizo su mejor elección, pese al fraude de padrones (42%), y alcanzó un 80% en Bahía Blanca. Finalmente, en relación con las divergencias estratégicas que existen al interior del FIT, Pitrola destacó que los socialistas no venimos a desenvolver un simple marketing electoral, sino una campaña desde una posición de lucha, en defensa de los trabajadores, con consignas de luchas defensivas y ofensivas en una perspectiva de poder de los trabajadores. Bahía Blanca es una de las ciudades en donde el FIT viene recogiendo un alto porcentaje de votos, uno de los más altos en la provincia y por encima del 8% para la candidatura de diputado nacional. Nos preparamos para una batalla para fortalecer una perspectiva propia de los trabajadores frente a una miseria social que crece en todos los planos. Así, días después de la visita de Pitrola, trabajadores precarizados de cooperativas de trabajo reclamaron al gobierno de Héctor Gay el pago de salarios adeudados, y trabajadores de una importante heladería local se encuentran ocupando la empresa frente al cierre anunciado por la patronal. A su vez, el Partido Obrero se encuentra en plena campaña por un desarrollo territorial en la amplia sexta sección, para plasmarlo en listas del Frente de Izquierda en las importantes localidades de Tres Arroyos, Punta Alta, Coronel Suárez, y también en Puán, Coronel Pringles, Villarino, Tornquist y Saavedra.

Combatiendo el clima inclemente con un locrazo, en la localidad de Pilar y con la participación de más de 50 activistas de 15 fábricas de un conjunto de seccionales, el pasado 25 de mayo se realizó el segundo plenario nacional de la Agrupación Naranja de la Alimentación. La apertura del plenario estuvo a cargo del dirigente nacional de la agrupación, Pablo Busch, delegado de Unilever, que desenvolvió en su informe la historia de entregas de la actual conducción verde, que mantiene en el inmovilismo a un sindicato de 80 mil afiliados. Un punto fundamental que abordó Busch fue la pelea paritaria actual, donde la cámara empresaria ofrece un 17% y la directiva levanta un reclamo del 30%. En respuesta a la propuesta, la Verde convocó sólo a "un parito" de dos horas. El planteo de la Naranja parte de la necesidad de un plenario de delegados que impulse un verdadero plan de lucha: asambleas fábrica por fábrica y un paro general para arrancar el 30% de aumento salarial, partiendo de la organización y la movilización del conjunto de los trabajadores de la Alimentación. Otro delegado de Unilever, Cristian Hermoso, destacó el rol que debe jugar la Naranja a nivel nacional, reagrupando al activismo que en todas las provincias se desprende de la conducción verde. Dicho reagrupamiento debe darse alrededor de un programa de clase y con los métodos históricos del movimiento obrero: la asamblea, la organización clasista y el paro. Participó del plenario Juan Ferro, de la Coordinadora Sindical Clasista, quien destacó la necesidad de darle impulso a la comisión de mujeres de Knorr -que acaba de lograr la jornada reducida los sábados para las madres que amamantan a sus hijos- como un punto de reagrupamiento de nuevos lugares de trabajo, en un gremio donde hay decenas de miles de mujeres que ven sus reivindicaciones olvidadas (por ejemplo, las guarderías). A su vez, propuso un ciclo de charlas de formación para activistas obreros sobre el régimen de las ART y las obras sociales. También tomó la palabra el compañero Donald Schif, de la dirección nacional del Partido Obrero, quien abordó la campaña por un congreso del movimiento obrero y la izquierda, destacando que el clasismo va agrupando progresivamente a crecientes sectores de trabajadores que se han decidido a sacarse de encima a la burocracia. La experiencia del Sutna, de los Suteba combativos, de la oposición telefónica, dijo, son muestras de ese proceso. También dirigió un saludo el dirigente de la Agrupación Naranja Plástica, Lucas Sánchez. El plenario, que tuvo a su vez intervenciones de todas las delegaciones presentes, votó el plan de trabajo con el nuevo boletín Naranja, plenarios de la agrupación en dos provincias, un ciclo de cursos y charlas de formación política para los activistas, y la convocatoria a movilizarse el 3 de junio a dos años del Ni Una Menos. A su vez, el plenario planteó una campaña de pronunciamientos en todo el gremio por un congreso del movimiento obrero y la izquierda, así como la convocatoria para septiembre al tercer plenario nacional. Para llevar adelante estas tareas, se votó una nueva dirección integrada por delegados de seis fábricas. El plenario ha mostrado un firme reagrupamiento clasista en el gremio, pero también la potencialidad de su crecimiento. ¡A sumar más compañeros!

En la Cuarta Conferencia Euro-mediterránea en Atenas, realizada entre el 26 y 28 de este mes, participaron organizaciones, militantes y personalidades de países europeos y de Medio Oriente. Una reseña, así como las conclusiones de la conferencia, serán volcadas en un próximo número. Reproducimos, a continuación, la contribución sobre América Latina elaborada por Jorge Altamira y Rafael Santos. América Latina asiste, hasta cierto punto, a un fenómeno excepcional. De un lado, al derrumbe de los regímenes nacionalistas burgueses y frentepopulistas que fueron empujados al poder por diferentes episodios de la crisis mundial de los '90 y por el agotamiento de las tentativas ‘neo-liberales' precedentes; por otro, a una rápida crisis (cuando no a un derrumbe) de los gobiernos de ‘ajuste' que han venido a reemplazarlos por distintos medios políticos -electorales o golpistas. En resumen, asistimos a la conjunción de la crisis de dos formas de dominación política que se sucedieron y alternaron en el último cuarto de siglo. Desde la crisis asiática de 1997/8 hasta el comienzo de la crisis de China, en 2014, la emergencia de gobiernos de corte nacionalista fue un resultado indirecto de crisis económicas y grandes sublevaciones de masas (desde la guerra del agua hasta la insurrección de octubre de 2003 en Bolivia, varias insurrecciones en Ecuador, el ‘argentinazo' y el ‘caracazo,' luchas agrarias en Paraguay y en Honduras), o de crisis financieras y luchas populares -en particular en Brasil, como prevención política frente a potenciales situaciones prerrevo-lucionarias. Lo peculiar del momento ulterior, actual, en particular con el desplome del gobierno golpista de Michel Temer en Brasil es la evidencia de una inviabilidad de las salidas alternativas de nuevo corte ‘neoliberal'. Esto vale también para la incipiente crisis política del gobierno de Horacio Cartes en Paraguay, las luchas que ha desatado la política del gobierno de Mauricio Macri en Argentina, un probable juicio político en Honduras y, no menos importante, el defol económico y político de Puerto Rico. Américal latina atraviesa por una experiencia singular, como es la crisis sucesiva de formas de sucesión política. Bancarrota capitalista y América Latina Esta crisis conjunta se manifiesta en Venezuela, donde se combinan el agotamiento completo de la experiencia chavista y la invia- bilidad irreversible del gobierno de Nicolás Maduro, por un lado, y la impotencia de la oposición de derecha y del imperialismo para organizar una sucesión ‘indolora.' En Venezuela se ha formado un ‘gobierno de facto' que deja abierta la perspectiva de un golpe y un gobierno militar, por una parte, una cadena sucesiva de crisis que podrían derivar en el desarrollo de situaciones revolucionarias, por la otra. La bancarrota capitalista se ha magnificado en América latina como consecuencia de su dependencia extrema del mercado mundial. Golpeada por la quiebra hipotecaria y financiera de Estados Unidos y Europa, fue alcanzada enseguida por la reactivación del mercado mundial de materias primas, como consecuencia del rescate fiscal que impulsaron en especial Estados Unidos y China. Este ‘rebote' provocó un gigantesco endeudamiento público y privado, en especial por las operaciones de ‘carry trade,' y en consecuencia el desarrollo de un endeudamiento interno hipertrofiado y usurario. La ‘recaída' ulterior de la crisis mundial -Europa en 2012 y China en 2014-, que hundió el mercado de materias primas y desató una fuga intensa de capitales, volvió a llevar a los principales países del continente a un cuadro de bancarrota efectiva o potencial. Con una deuda pública de alrededor del ciento por ciento del PBI, la crisis política en Brasil podría desatar una situación de defol. En resumen, el nacionalismo burgués llegó a su apogeo político en el ascenso de este ciclo secundario de la crisis y se derrumbó en el retroceso de ese mismo ciclo. Nacionalismo burgués y su incapacidad histórica Ahora, América Latina asiste a un nuevo episodio, considerablemente más grave, del largo ciclo iniciado con la crisis mexicano-argentina de 1982. Las crisis políticas en las metrópolis (Trump, Brexit, Francia, Italia) y la acentuación de la tendencia a la desintegración de la economía mundial (guerra comercial, principio de disolución de la UE y de la zona euro), solamente pueden agravar la tendencia a la crisis conjunta latinoamericana. El nacionalismo burgués ha vuelto a demostrar su incapacidad histórica. Lo atestigua la debacle del chavismo. Ha pasado de un sistema plebiscitario a un régimen de facto y represivo. El desabastecimiento y una inflación galopante hacen las veces de medio del ‘ajuste,' cuya finalidad es el pago de la deuda externa. La apelación a la apertura económica y al socorro financiero internacional por parte de los nuevos gobiernos de filiación derechista, se encuentra en contradicción con la tendencia a la guerra comercial internacional, por un lado, y con la crisis de sobreproducción y financiera de China por el otro. Gobiernan, en Brasil y en Argentina, sobre la base de coaliciones políticas precarias, unidas por el temor a nuevas crisis políticas, bancarrotas y alzamientos populares. Obtienen del capital financiero un socorro que potencia la crisis con el pretexto de superarla, y que representa, por sobre todo, una salida efímera para los capitales ficticios que dominan el escenario financiero internacional. No existe una corriente de inversiones productivas, por la misma razón por la que escasean en las propias metrópolis y por el impasse de conjunto del proceso de globalización. Gobernabilidad del capital En Brasil se manifiesta un proceso aún más extraordinario: el desmantelamiento de una parte significativa de la estructura industrial, como consecuencia de las denuncias de corrupción en gran escala montadas desde el Departamento de Justicia y el gobierno de Estados Unidos y los monopolios petroleros internacionales. Las masas explotadas han comenzado a advertir, en América Latina, que detrás de las políticas de ‘ajuste', liquidación de derechos laborales y sociales y privatización generalizada, opera una crisis política de conjunto. Las crisis sucesivas van enseñando que no existe salida social para la mayoría popular bajo la dominación política burguesa. Es lo que emerge de la gran movilización -medio millón de personas en Buenos Aires-, contra la impunidad de los torturadores de la dictadura y de las huelgas y movilizaciones de la mujer. Es lo que emerge también de la reciente huelga general en Brasil y del comienzo de las movilizaciones para voltear a Temer y disolver el Congreso de ladrones. La ‘gobernabilidad' del capital, en estas condiciones, se asienta en el apoyo que le brinda el desplazado nacionalismo burgués -como el FpV y la burocracia sindical que apoya la gestión de Macri, o la acción de Lula y el PT, que apoyan una salida negociada en el Congreso brasileño hasta las elecciones de 2018. La izquierda revolucionaria y sus desafíos Esta crisis conjunta del nacionalismo burgués y de la derecha proimperialista coloca a la izquierda revolucionaria ante un desafío objetivo -en su calidad de fuerza política en presencia, en sindicatos, el movimiento femenino, la docencia y el estudiantado y la jueventud y en los lugares de trabajo y organizaciones de desocupados- y en el campo electoral y parlamentario. Para una parte de la izquierda, sin embargo, la conquista de las masas se identifica con la adaptación a la emigración defraudada del nacionalismo, en oposición a una franca política de construcción revolucionaria en base a una lucha de clases cada vez más política y más intensa. En Venezuela, la izquierda marcha con el cha-vismo disidente en torno de consignas comunes de la oposición de derecha. La experiencia del Partido Obrero (PO) y del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) se ha desarrollado través de una delimitacion sistemática del kirchnerismo en el gobierno, y en una participación activa en la lucha de las masas. Es lo que ha permitido una importante visualizacion politica y la conquista de importantes posiciones sindicales, como el fuerte sindicato industrial del Neumático (Pirelli, Firestone, etc.), de fábricas de la alimentación, en la gran reciente huelga de los docentes y en ocupaciones de empresas (AGR-Clarín). La experiencia del FIT no debe ser entendida como una reivindicación estratégica del frentismo, sino del frente único como método para impulsar la intervención de las masas. El proletariado coquistará el poder por medio de la homogei-nización política, o sea la construcción del partido obrero. El frentismo en sí mismo equivale al movimientismo, donde la acción es todo y la estrategia política nada. En el seno del FIT se expresan tendencias movimien-tistas y hasta populistas, e incluso las que apoyan movimientos contrarrevolucionarios con el pretexto de una teoría de la revolución democrática. Los partidos ‘amplios,' como el PSOL de Brasil, siembran el confusionismo en la vanguardia de los trabajadores y son un freno a la revolución. Al nacionalismo burgués decadente y en crisis oponemos la lucha por gobiernos obreros y campesinos y por la unidad socialista de América Latina, incluido Puerto Rico. La bancarrota de la menor de las Antillas debe servir para impulsar una gran lucha nacional en el Caribe, bajo la bandera de la unidad socialista de los pueblos caribeños. Es lo que dará. seguramente, un nuevo impulso a la Revolución Cubana.

En estas horas se está negociando un pacto entre Macri y Alicia: es una negociación a espaldas del pueblo de Santa Cruz que tiene como objeto acordar un plan de ajuste contra los trabajadores. El eje de esta transa es el equilibrio de las cuentas públicas que deben “cerrar” congelando salarios e ingresos de personal, y eventualmente con despidos encubiertos, mientras estudian cómo avanzar con una reforma jubilatoria antiobrera. Para llevar adelante este plan deberán pasar por encima a los trabajadores, movilizados desde hace meses para defender cada derecho. Defendamos los convenios y los puestos de trabajo La ofensiva patronal no se limita en Santa Cruz al gobierno provincial ni a este pacto del ajuste. También se desarrolla crudamente en Río Turbio y en YPF y las petroleras. Arrecian los despidos y la presión para anular derechos de los convenios de ATE (mineros de Turbio) y sobre todo de los petroleros. Ante esta situación, algunos sectores del kirchnerismo y diputados radicales de la zona norte, han propuesto una ley de emergencia hidrocarburífera por 180 días cuyo único contenido concreto es la creación de un “consejo” con participación estatal y gremial, para negociar con las petroleras la realización de inversiones y que no haya despidos. Es una maniobra planteada en el cuadro de un verdadero vaciamiento de YPF en el norte de la provincia donde posee los más importantes yacimientos, y ha retirado todos los equipos de perforación. De aprobarse la ley no va a garantizar de ninguna manera los puestos de trabajo ni el convenio laboral. Una verdadera “emergencia” aplicada a las corporaciones petroleras debería en primer lugar prohibir los despidos, abrir los libros de las empresas, reclamar las compensaciones por daño ambiental y caducar las concesiones allí donde no aseguren un plan de actividad y el respeto de los derechos laborales. Todo esto sólo es viable por medio del control de los trabajadores en los yacimientos. Las negociaciones para que el sindicato petrolero acepte la “adenda flexibilizadora” y reformas a las condiciones de trabajo en los yacimientos, no han cerrado todavía. La burocracia sindical de Claudio Vidal busca el acuerdo, pero enfrenta dificultades ya que tiene un juicio donde puede llegar al banquillo por el asesinato de Reynaldo Vargas en Caleta Olivia y además debe afrontar elecciones en pocos meses. Un Balance del Cabildo Abierto Convocado desde asambleas públicas y desde la CTA se realizó el 24 pasado con representantes de varias localidades un Cabildo Abierto en los jardines de la Casa de Gobierno. Más de 20 intervenciones denunciaron los atropellos que sufre cada sector y redoblaron el compromiso para enfrentar la ofensiva de las patronales y el ajuste de los gobiernos provincial, nacional y de los municipios. Como lo expresaron varios de los participantes del Cabildo Abierto, el camino es exigir a las direcciones sindicales la convocatoria de una gran huelga provincial, que incluya a estatales y privados. El Cabildo Abierto abrió el camino hacia un Plenario Provincial de Trabajadores. La orientación dominante en el movimiento que dio lugar al Cabildo Abierto denuncia por igual al gobierno provincial que es directo responsable del derrumbe de la provincia, así como al gobierno nacional que aprovecha la situación para redoblar la presión contra las conquistas de los trabajadores santacruceños. La defensa de cada derecho se combina con el reclamo de que se abran las cuentas públicas al control de las organizaciones obreras y populares, que se impongan impuestos de emergencia a las mineras y que el gobierno nacional realice aportes sin condicionamiento a políticas de ajuste. Unir las luchas Las movilizaciones y acampes continúan, y en Río Gallegos se ha sumado la lucha salarial de los municipales que están en una huelga por un 25% contra una oferta salarial del intendente radical del 18% en cuotas. Al cierre de esta edición continúa el paro total y el piquete en el corralón municipal que lleva varios días. Los judiciales siguen en el Tribunal de Justicia, con paro total y los docentes mantienen la ocupación del Ministerio de Economía y una huelga con altísimo acatamiento que lleva tres meses. Los jubilados están demostrando una energía inmensa y sostienen el acampe frente a la Caja de Previsión. Han logrado la renuncia de Ivovich, el presidente del organismo previsional que había golpeado hace días a varias mujeres jubiladas y que increíblemente el gobierno intentaba sostener en el cargo. Es un importante golpe al gabinete K. Caleta Olivia ha pasado varias jornadas sin agua, reclamo que se ha sumado a la lucha gremial. La Mesa Sindical está convocando una huelga y marcha provincial para el próximo 7 de junio, que abarca a todo el sector estatal y puede plantear un nuevo salto en el movimiento en medio de las maniobras y negociaciones entre el gobierno provincial y nacional. El Partido Obrero, que viene participando activamente en todos los frentes de esta vasta movilización popular, plantea la derogación de la ley de Lemas, del sistema de diputados por pueblo, la reorganización de la justicia y la elegibilidad de los jueces. Reclamamos que se entreguen a los trabajadores las Cajas de Previsión y Servicios Sociales con directorios electos de trabajadores y jubilados. La reestatización del Banco Provincia. Juicio y castigo a los funcionarios corruptos que vaciaron la provincia. Recuperar los bienes robados al pueblo. Desde esta lucha nos preparamos para dar batalla también en las próximas elecciones contra los partidos del ajuste.

Frente a la Legislatura mendocina, organizaciones sociales, políticas y sindicales realizamos un acto en defensa de las libertades democráticas y contra el intento de imputación y desafuero de los legisladores provinciales del FIT (diputados Héctor Fresina y Lautaro Jiménez y el senador Víctor da Vila) por su participación en los piquetes del paro del 6 de abril. Estuvieron, entre otros, los partidos del Frente de Izquierda, la Feria Popular de Guayma-llén, el Polo Obrero, la asamblea de vecinos autoconvocados de San Carlos contra la venta de La Remonta y la Comisión por la libertad de los militantes de la Tupac Amaru. Además se hicieron presentes las directivas de la CGT y la CTA Autónoma, junto a las de los gremios judicial, de docentes universitarios y estatales. También numerosos partidos políticos, legisladores provinciales y referentes de derechos humanos hicieron llegar sus adhesiones. En el acto hablaron los legisladores imputados Víctor da Vila, del Partido Obrero, y Lautaro Jiménez, del PTS; Raquel Blas, de la comisión directiva de ATE; Polo Martínez Agüero, de la CTA Autónoma; Oscar Arancibia, secretario adjunto de la CGT, y referentes de organismos de derechos humanos de la provincia. El senador Víctor da Vila destacó: "cuando Alfredo Cornejo nos trata de 'gente patética' a quienes nos expresamos contra las injusticias en las calles, expresa que la verdadera grieta está entre su gobierno de subsidios millonarios a los empresarios y endeudamiento, de un lado, y los que luchan por su trabajo, por salario, contra los femicidios y en defensa de los bienes comunes, del otro." "Este intento de imputación es una verdadera persecución política", afirmó también el parlamentario, "que muestra el despotismo del gobernador Cornejo, representante de un Estado que actúa contra los trabajadores que se expresaron en el paro nacional del 6 de abril contra los despidos y el ajuste. Los legisladores del FIT actuamos en función del mandato popular por el que nos eligieron, para acompañar las luchas de los explotados dentro y fuera del recinto, contra ese Estado explotador". Ante los medios presentes, el diputado Fresina aseguró: "seguiremos ejerciendo nuestra acción parlamentaria por la que fuimos votados, y llamamos a redoblar la respuesta al gobernador Cornejo, en cada barrio, lugar de trabajo y de estudio para frenar este atropello a las libertades democráticas y ponerle fin a la bravuconería de un gobernador que actúa con el Código Penal bajo el brazo contra la protesta social".

La asamblea general del Sindicato del Neumático ha sido una gran demostración de los trabajadores. Para concurrir a la asamblea -que contó con casi 1.500 compañeros-, los trabajadores abandonaron sus plantas, algo que constituye en sí mismo una importante medida de fuerza. En el caso de Bridgestone-Firestone, la masiva concurrencia a la asamblea fue un golpe por partida doble, ya que la patronal jugó todos sus recursos para vaciarla e impugnarla, con la estrecha colaboración del Ministerio de Trabajo y de la kirchnerista seccional violeta de Llavallol. El informe de apertura estuvo a cargo del secretario general, Alejandro Crespo, electo por unanimidad como presidente de la asamblea. Crespo recorrió la situación del movimiento obrero y las perspectivas de los trabajadores en las luchas que se avecinan frente a un gobierno que, asociado a las patronales, pretende descargar su crisis sobre las espaldas de los trabajadores. Partiendo de esta caracterización, la asamblea votó por unanimidad el pedido de un 35% de aumento y la preparación de un plan de lucha. El primer punto de la Asamblea fue el tratamiento de la primera memoria y balance presentada por el Sutna recuperado. Publicada con un mes de anticipación, e impresa y distribuida a todos los compañeros para que concurrieran a la asamblea con los datos y la información necesaria para discutir el punto, contrastó fuertemente con los viejos métodos de la burocracia. El informe puso de manifiesto que un año atrás, la Violeta había dejado una situación de bancarrota, con una prestadora de salud que no cumplía elementalmente con las necesidades de los trabajadores y que además, reclamaba una deuda millonaria. La deuda total dejada por la burocracia kirchnerista asciende a casi 30 millones de pesos. Hoy, bajó considerablemente y, lo que es de suma importancia, se logró una mejora sustancial en el servicio de salud con una mayor y mejor cobertura en clínicas y profesionales. La asamblea también modificó el punto del estatuto que permitía al sindicato realizar asambleas “fantasmas” para aprobar la memoria y el balance en el medio de las fiestas de fin de año. La nueva formulación establece, sin rodeos, que la comisión directiva debe convocar a asamblea antes del inicio de cada paritaria. En una línea del boicot a la asamblea, como la que promovieron las patronales y viejos burócratas kirchneristas, el MAS y el PTS realizaron una campaña "de pasillo" atacando a la dirección del Sutna recuperado, previa a la asamblea. Denunciando de conservadores a los dirigentes del sindicato, decían promover el 40% de aumento para la paritaria, planteo que luego no defendieron en la asamblea. La estéril campaña culminó con el MAS y el PTS votando el 35%. El faccionalismo encontró mil quinientos trabajadores discutiendo y resolviendo democráticamente y ni siquiera propusieron sus ideas como moción a la asamblea. La pelea por el salario La propuesta del 35% apunta a continuar superando las paritarias a la baja de la burocracia, que tuvieron un fuerte impacto en los salarios. Ya el año pasado, el Sutna tuvo que enfrentar una paritaria difícil, a días de haber recuperado el gremio. En esas condiciones, la paritaria alcanzó un 37% -varios puntos por encima de la inflación medida en ese período- quedando entre los sindicatos que consiguieron mayores aumentos. Hasta el momento, y cerrados el 40% de los acuerdos salariales nacionales, la burocracia de todos los pelajes ha promediado el 21% de aumento, en un cuadro inflacionario que ya supera el 25%. La lucha de los trabajadores del neumático debe ser tomada como una pelea central para todos los que se reivindican defensores de los intereses de la clase obrera. Cada paso en la construcción de un sindicato clasista, democrático y de lucha está estrechamente ligado a los objetivos que se proponen los trabajadores. Con el mandato de esta enorme asamblea general comienza un período de lucha. Todos con el Sutna recuperado.

El 10 de mayo de 1917, delegaciones del Partido Bolchevique y de la organización Inter-radios de San Petersburgo se reunieron con Lenin y Trotsky para debatir su fusión. Lenin propuso el ingreso inmediato de los inter-radios en el Partido, asegurándole puestos en la dirección y en la redacción del periódico -Pravda. El proceso sería formalmente consagrado en el llamado Congreso de Unificación, que se reunió el 27 de julio. Allí ingresaron al partido Trotsky, Joffe, Uritsky, Ryazanov, Lunacharsky, Pokrovsky, Manuilsky, Yurenev y Karajan, entre otros dirigentes, que serían parte de la historia de la Revolución Rusa y que habían sido protagonistas en la puesta en pie de una organización que contaba con unos cuatro mil trabajadores y habían desenvuelto una experiencia común de lucha junto al Comité Bolchevique de San Petersburgo -algo que el propio Lenin se ocupó de hacer constar. En 1919, Trotsky hizo reeditar sus artículos de la época de la Primera Guerra Mundial. Allí, en el prólogo, hizo una enumeración de sus desacuerdos con Lenin: en relación con el derrotismo, que fue la política de los bolcheviques durante la guerra, sintetizada en el concepto de que la derrota de la burguesía imperialista en guerra era el mal menor; en lo que hacía al combate por la paz, enarbolado por Trotsky y al que Lenin oponía la guerra civil y en lo referido al carácter de la revolución en Rusia, que Lenin concebía como sólo democrática y Trotsky como un episodio de la revolución dirigida por el proletariado, obligada a introducir medidas socialistas que serían, a la vez, impulso a la revolución socialista mundial. Las discrepancias en torno de la Primera Guerra tuvieron un carácter propagandístico, antes que de orientación. “Tanto Lenin como Trotsky instaban a los socialistas a transformar la guerra en una revolución y a difundir sus ideas y concepciones entre los trabajadores y en las fuerzas armadas, aunque ello debilitara militarmente al país. Ambos estaban de acuerdo en que el temor a una derrota nacional no debía desviar a los socialistas del cumplimiento de su deber” 1 . La discrepancia en torno del carácter de la Revolución Rusa fue zanjada a partir del viraje de abril del 17 impulsado por Lenin, que estableció que la victoria de la revolución democrática en Rusia sólo era posible bajo la forma de una dictadura del proletariado apoyada en el campesinado. “Recuerdo que poco después de llegar a Petrogrado le dije a Kamenev que no le objetaba nada a las famosas Tesis de Abril de Lenin, en las que se marcaba la nueva orientación del partido y Kamenev me contestó: ‘¡Naturalmente!'.” 2 ¿Y en cuanto a la construcción del partido obrero revolucionario en Rusia? Trotsky comentó, en su intento de autobiografía que si algo lo había separado de Lenin no era la teoría de la Revolución Permanente, sino su posición de aliarse con los mencheviques, partidarios de entregar el timón de la revolución a la burguesía rusa. León Trotsky se referirá impiadosamente a la política que preconizó en este punto. “Mi posición en el conflicto interno del partido vino a ser la siguiente: mientras los intelectuales revolucionarios dominasen entre los bolcheviques y también entre los mencheviques y, mientras ambos bandos no se aventurasen más allá de la revolución democrático-burguesa, no habría motivo para un cisma entre ellos; por la presión de las masas trabajadoras, ambas facciones se verían impelidas en todo caso a asumir una posición revolucionaria idéntica, como lo hicieron en 1905...” Sin embargo, la “falsedad profunda” de “mi antigua posición conciliadora”, “ha quedado demostrada hace mucho tiempo, tanto en la teoría como en la práctica” 3 . La corroboración de este acuerdo corrió a cargo del propio Lenin: “Trotsky comprendió (que era imposible la unidad con los mencheviques) y desde entonces no ha habido mejor bolchevique”, una frase pronunciada en la reunión del 1° de noviembre de 1917 del Comité de Petrogrado del Partido Bolchevique (Trotsky publicó más tarde una fotocopia del borrador de las actas de la reunión con estas palabras, pero el censor estalinista las había suprimido de la versión editada) 4 . Notas: 1 . Deutscher, Isaac: El Profeta Armado, Ediciones ERA, México, 1966. 2 . Trotsky, León: Mi vida, Editorial Ercilla, Santiago de Chile, 1936. 3 . Trotsky, León: Stalin, El Yunque Editora, Buenos Aires, 1975. 4 . Trotsky, León: The Stalin School of Falsification, Nueva York, 1973; y Trotsky: La situación real de Rusia, Aguilar, Madrid, 1928.

La Justicia laboral volvió a fallar a favor de los gráficos de Clarín, esta vez con una resolución de segunda instancia de la Sala II. La larga resistencia de los trabajadores gráficos de AGR, contra los atropellos ilegales del grupo Clarín y la complicidad del Ministerio de Trabajo comienza a rendir sus frutos. Los gráficos de AGR-Clarín fueron ilegalmente despedidos a principio de este año. No importó que Clarín haya facturado más de 41 mil millones de pesos en 2016, que se haya quintuplicado la pauta oficial, que Cablevisión (del cual AGR imprime todas sus revistas) siga siendo un negocio millonario para el grupo ni que la propia AGR hubiera ganado la licitación para imprimir la evaluación docente estudiantil nacional en 2016 y para los próximos tres años. Sin convocatoria de acreedores, quiebra ni procedimiento preventivo de crisis (como exige la ley), la empresa procedió a despedir a la inmensa mayoría del personal con la intención indisimulada de retomar luego la producción con personal precarizado. Para empujar a los trabajadores a tomar las indemnizaciones, Clarín no pagó los salarios correspondientes a la última quincena trabajada, que es adeudada junto con todos los salarios caídos hasta hoy. Mientras tanto, se dedicó a llamar a las familias de los trabajadores amenazándolos para que desistieran de su lucha y ha contado con la complicidad del gobierno, su policía y sus servicios de inteligencia que han hostigado permanentemente a los trabajadores sin lograr que éstos se dieran por vencidos. Tras 82 días de una ocupación histórica en la que los obreros dejaron demostrado su temple de lucha y la custodia impecable que realizaron sobre el costoso parque industrial de la gráfica más grande del país, los obreros salieron de la planta con la frente en alto, ante un tercer intento de desalojo, denunciando el operativo con armas de fuego con el que fueron a desalojarlos. Ese mismo día instalaron un acampe en la puerta con el que ya superaron los 130 días de lucha. La empresa, mientras tanto, ha continuado en actividad, con empleados que siguen registrados ante la Anses, trabajos para terceros que tributan ante la Afip y personal que ingresa a la planta todos los días, comenzando por el propio gerente de Recursos Humanos Daniel Merli, los encargados y numerosos operarios gráficos, todos los cuales ingresan custodiados por numerosos efectivos de la Policía Federal y la Gendarmería, a lo que se agrega personal armado, reclutado entre barrabravas, sin autorización alguna de portación de armas de fuego. Los trabajadores, enfrentando toda esta impunidad, han demostrado una gran unidad. Desde hace meses, los más de 80 gráficos que vienen dando pelea, que han obtenido una gran red de apoyo obrero y popular, se han mantenido firmes y acaban de presentar 84 juicios de reinstalación que -siguiendo la jurisprudencia del fallo Lear- reclaman la nulidad de despidos que se han realizado sin cumplir el procedimiento de crisis que indica como requisito la ley de Empleo. La presentación de demandas masivas de reinstalación ante la falta de todo procedimiento preventivo es un golpe a los despidos de Clarín, pero también a la política de despidos más general y al visto bueno que viene haciendo Triaca a esta sangría patronal. Tras numerosas resoluciones favorables respecto a los salarios que adeuda Clarín a los trabajadores y embargos que se han trabado contra el multimedio, esta resolución de cámara es una gran novedad, ya que es la primera definición que confirma estas decisiones en segunda instancia y abarca a un número muy importante de trabajadores. Mientras tanto, el sindicato gráfico se apresta a presentar una demanda por el accionar antisindical de Clarín ante la OIT, firmada por todas las centrales obreras del país, los gráficos de AGR siguen reclamando una mesa de negociación seria con la empresa, mantienen firme su acampe y se disponen a tomar nuevas medidas de lucha y movilización ante la intransigencia patronal y la complicidad del gobierno nacional. Abajo el ajuste y la represión.

A pocos días del comienzo de las nuevas elecciones de AGD-UBA, docentes y graduados del PO organizamos un debate acerca de la actual situación política, el esfuerzo de los trabajadores para enfrentar al ajuste de Macri y los gobernadores, y los desafíos de la izquierda en este contexto. La charla, a cargo de Néstor Pitrola, fue acompañada por un sabroso locro, ideal para un 25 de mayo lluvioso. Frente a 80 docentes, investigadores y graduados de distintas unidades académicas de la UBA, Pitrola explicó el cuadro político económico de nuestro país en el marco de una crisis general, que golpea fundamentalmente a Brasil y salpica a toda la burguesía argentina y a sus representantes políticos. Pitrola destacó que ése es el escenario sobre el que se está desarrollando la campaña electoral, donde todos los candidatos del régimen, desde Carrió hasta Massa, incluyendo por supuesto a todas las variantes PRO y a los intendentes del PJ -que comienzan a estructurarse detrás de CFK-, socios del ajuste y vinculados con Odebrecht. Pitrola señaló que la gran tarea del FIT es, en las futuras elecciones, convertirse en la expresión política de las grandes luchas y movilizaciones que hemos protagonizado los trabajadores desde febrero, señalando no obstante el cuadro complejo en que se encuentra el FIT frente al internismo del PTS que intenta monopolizar las listas, el programa y consignas. Distintos compañeros intervinieron fijando su posición contraria a que el FIT resuelva sus candidaturas en internas y además, como lo expresaron decenas de docentes e investigadores en el petitorio que estamos trabajando entre el activismo en defensa de listas comunes y del programa constitutivo del FIT. La actividad fue además un apoyo a la Lista Unidad Docente, encabezada por La Naranja y que disputará la dirección de AGD-UBA la próxima semana.

En medio de un fuerte ataque patronal que incluye despidos, suspensiones y condiciones de trabajo de sobreexplotación, los trabajadores de la autopartista Stockl han obtenido una victoria. Tras cuatro días de paro, que incluyó el bloqueo de la puerta de la fábrica, lograron la reincorporación de cuatro despedidos. Veamos qué papel jugó cada uno ante el conflicto. La Comisión Interna, cómplice de la situación en la que se encuentran sus compañeros, actuó como vocera de la empresa llamando a aceptar las ridículas ofertas de indemnización. La patronal realizó todo tipo de maniobras para quebrar el conflicto: desde llamar a los trabajadores para que no se presenten a trabajar, otorgando asuetos compulsivos, pasando por la amenaza de cerrar la fábrica, hasta el abono de las quincenas adeudadas para quebrar la unidad con los despedidos. La UOM (que no ha impulsado ningún tipo de plan de lucha en el cuadro de la discusión paritaria) envió a representantes provinciales para calmar los ánimos y que el conflicto no siguiera tomando notoriedad en el parque industrial. Maniobras todas que fueron pulverizadas por la unidad de los trabajadores, de todos los turnos, que no se dejaron intimidar. Analizando el acta que se firmó este viernes, en la delegación local del Ministerio de Trabajo, no podemos perder de vista que la patronal, en complicidad con la burocracia de la UOM, va a continuar con su plan de suspensiones. El documento firmado dice textualmente: “el acuerdo por suspensiones que se viene tratando con la empresa, que se ha suscripto, tendrá vigencia en la medida que no se efectúen más despidos”. Este acuerdo perjudica el bolsillo de los trabajadores, consiste en suspensiones semanales al 70%, destruyendo aún más el pobre salario de los metalúrgicos. Otro de los puntos que más afecta a los trabajadores es no tener una obra social, porque la patronal no realiza los aportes, a pesar de que los descuentos se hacen todos los meses. Esto, sumado a la falta de ART, hace que los obreros -sin cobertura ni prepaga- deban poner plata de sus bolsillos cuando sufren accidentes (algo constante en la fábrica, porque las condiciones de seguridad e higiene son deplorables), sin contar que muchas veces son suspendidos o despedidos al no conseguir certificado médico. El conflicto en Stockl empalma con un cuadro convulsivo en todo el gremio metalúrgico que lleva más de 20 mil despidos y 14 mil suspensiones. En la industria automotriz, las suspensiones llegan a seis mil en lo que va del año. Mientras tanto, la burocracia entrega salarios y conquistas en los convenios colectivos, aduciendo que de esta manera no habrá despidos (lo que, por otra parte, es falso, ya que las patronales siguen despidiendo). Por todo esto, la victoria obtenida es una bocanada de aire fresco, que debe ser recogida por todos los trabajadores del parque industrial de Almirante Brown. Marca el camino a seguir, en un momento, donde las patronales pretenden descargar la crisis sobre los trabajadores. Necesitamos en Stockl y en todos los lugares de trabajo una política independiente de la patronal y el Estado. Por un agrupamiento combativo del gremio, independiente de la burocracia propatronal. Por asambleas de base que impulsen un plan de lucha para derrotar esta avanzada antiobrera. Por paritarias de 35% y por un paro nacional de 36 horas. Comisiones obreras electas por los trabajadores que controlen las condiciones de trabajo y la seguridad en la fábrica. Frente a los despidos y suspensiones, apertura de los libros de las empresas para que sean controladas por comisiones obreras. Ocupación de toda fábrica que cierre o despida. Vamos con estas reivindicaciones a un congreso del movimiento obrero y la izquierda para trazar el camino que llevará a los trabajadores a derrotar el plan antiobrero impulsado por Macri y los gobernadores.

En los últimos 15 años, la Fuba jugó un papel central en el movimiento estudiantil de nuestro país. En un cuadro de defección de la Federación Universitaria Argentina dirigida por Franja Morada, la Fuba recuperada por la izquierda estuvo a la cabeza de la lucha por la educación pública y la defensa de las grandes causas populares. Esta situación no cambió por la llegada de Macri al gobierno. Por un lado, la FUA de Franja que no impulsó ninguna lucha seria contra los gobiernos K de la Coneau, menos lo iba a hacer contra “su” gobierno. Por otro lado, las federaciones dirigidas por el PJ y el kirchnerismo siguieron el camino de la burocracia sindical peronista que pactó una tregua con Macri. Así, el papel de la Fuba fue determinante en la existencia de las dos marchas nacionales a Plaza de Mayo y el apoyo a las huelga docente. Boicot y duplicación En la última etapa, sin embargo, el funcionamiento regular de la Fuba se vio afectado. Primero, por el boicot de Franja Morada/Nuevo Espacio y La Cámpora a su Congreso Ordinario, lo que impide la renovación de autoridades desde hace tres años. Segundo, por el sabotaje de La Mella a la Junta Representativa de la Federación, que en la medida que no es posible realizar el Congreso constituye el órgano más democrático de la Fuba (la Junta Representativa está integrada por los presidentes de los centros de estudiantes de las trece facultades, que renovaron sus mandatos en las elecciones de 2016). El abandono por parte de la Franja y La Cámpora de la Fuba dejó la Federación en manos de siete centros, tres de ellos presididos por la UJS-PO, uno por La Mella, uno por La Corriente, uno por el MLI, y en el caso de Psicología por un frente Libres del Sur/K/Mella. La ausencia de cualquiera de estos quita el quórum a la Junta Representativa. El sabotaje de La Mella -hoy en proceso de acople al FpV- consiste en supeditar el quórum a que no se voten cuestiones opuestas a su política. Así, por ejemplo, boicotearon la Junta Representativa previa al 24 de Marzo porque una mayoría de centros había decidido participar de la marcha independiente. Previendo una votación en contra, La Mella impidió la reunión de la Representativa y mandó hacer una segunda bandera de la Fuba que marchó detrás de los K. Esta política de vaciamiento y división de la Fuba practicada por La Mella-kirchnerismo pudimos superarla parcialmente convocando al Congreso Extraordinario de la Fuba, que organizó el plan de lucha junto a los docentes. El Congreso Extraordinario, sin embargo, volvió a enfrentar a quienes, de un lado, queremos defender una Fuba independiente que actúe como organizadora de la lucha contra el ajuste del gobierno y el Rectorado; y a quienes, del otro lado, sólo apelan a extorsiones con el único objetivo de integrar a La Cámpora a la presidencia de la Federación y colocar a la Fuba a la rastra de los decanos K-Postolski, Morgade, Reboreda, etc. Nuestra propuesta La pretensión de naturalizar la "duplicación” de la Fuba (dos banderas, dos políticas) es negativa, ya que diluye la principal referencia de lucha que tenemos los estudiantes y reemplaza el debate democrático en el movimiento estudiantil por las maniobras de aparato. La campaña de La Mella y La Cámpora por un "Congreso Ordinario ya" es sólo la cobertura de esta política de boicot a los centros y "duplicación". En las actuales circunstancias, un Congreso Ordinario sólo confirmaría el impasse de la Fuba, ya que ninguno de los tres bloques que existen en el movimiento estudiantil (Franja Morada, Mella-K, izquierda) logra reunir hoy una mayoría de delegados. La idea de conformar un bloque común entre la izquierda y el kirchnerismo, no sólo es irreal, sino que en la medida en que no hay un compromiso de respetar los órganos democráticos de la Fuba, sólo serviría para profundizar la “duplicación”. Tendríamos una Fuba que se moviliza contra la represión en Santa Cruz y una Fuba que se moviliza en apoyo a Alicia K. Un despropósito absoluto. Nuestra propuesta, en este sentido, es insistir en la defensa de la Junta Representativa como órgano legítimo que debe garantizar el debate democrático y la unidad de acción de la Federación. Esto requiere un compromiso de La Mella y de los siete centros que conforman el quórum actual para respetar su funcionamiento regular y sus resoluciones, le gusten más o menos. A partir de este compromiso, proponemos que la Junta Representativa asuma el manejo integral de la Federación, votando autoridades provisorias que representen a los estudiantes hasta las próximas elecciones. De esta forma apostamos a defender la unidad de la Fuba como organización estudiantil de lucha y a que las divergencias se procesen y se salden democráticamente a partir de los mandatos de los centros. Para defender la continuidad de una Federación independiente, democrática y de lucha, son los estudiantes los que tendrán que intervenir en las próximas elecciones de septiembre. Los convocamos a apostar por las agrupaciones de izquierda y combativas, las únicas que pasaron la prueba de la defensa de la educación y la universidad pública bajo todos los gobiernos y autoridades de turno.

Nuestra campaña para que el Frente de Izquierda concurra a las Paso con las listas únicas, para enfocar todos los esfuerzos en enfrentar a los partidos y candidatos del ajuste, entronca ahora con una crisis política más general. Sucede que todos los bloques políticos están realizando esfuerzos para evitar el desgaste de una elección interna. El caso paradigmático es el del PJ bonaerense. Desde la propia Cristina Kirchner hasta los punteros que manejan una parte importante de las intendencias de la provincia de Buenos Aires, están realizando una presión sobre Randazzo para que renuncie a su pretensión de presentar su propia lista en una elección interna. Aunque el ministro del interior está muy lejos en las encuestas, nadie como Cristina Kirchner, que fue mentora de la reforma política vigente, sabe de la capacidad de manipulación que las Paso ofrecen para que la clase capitalista y los medios de comunicación terminen imponiendo un resultado. Llamativamente, cuando los propios políticos capitalistas reconocen el carácter formal y hasta farsesco de lo que comúnmente se denomina ‘régimen democrático’, desde la izquierda que se reclama marxista encontramos loas a la reforma política kirchnerista y más en general al sistema electoral burgués. Nos referimos a las declaraciones realizadas por Nicolás del Caño en su reciente visita a Córdoba, donde afirmó que quiere que el FIT vaya a las Paso para que “los candidatos los elija la gente”. Semejante embellecimiento no encuentra antecedentes en la izquierda, que se supone debe hacer suya la crítica histórica al régimen que, detrás de la pantalla democrática, esconde la dictadura de clase del capital. Es éste quien, a través del monopolio de los medios de producción y de los medios de comunicación, manipula y moldea a la llamada ‘opinión pública’. Esto se da de manera agravada en las Paso, porque permite la injerencia del Estado y el capital no ya sólo en el resultado final de la elección sino también en la designación de los candidatos de los partidos o coaliciones. Se trata de un salto cualitativo en la privatización de los partidos. La declaración de Del Caño, lejos de ser una frase desafortunada o descontextualizada por un periodista, responde a una estrategia política. En el acto reciente del 1° de Mayo, luego de que los oradores del PO e Izquierda Socialista planteasen la necesidad de una lista única que parta de los resultados electorales de 2015, Del Caño señaló que “más allá de la forma que se use para establecer el orden de las listas el FIT estará unido”, tratando de presentar una disputa interna de los partidos del Frente de Izquierda en las Paso como un hecho sin trascendencia política. De manera espontánea, la concurrencia contestó semejante dislate con silbidos. En la misma línea se fueron expresando sectores independientes del Frente de Izquierda o agrupaciones que lo apoyan; todos reclaman una lista común. Ante la presión de la militancia del FIT, el PTS se vio obligado a decir que también ellos quieren una lista común. Pero se trata de una maniobra y no de un cambio de política real. Esto queda en evidencia al analizar que su propuesta de ‘lista única’ parte de preservar la principal medida divisionista que hicieron hasta el momento, a saber, la decisión de mudar a Del Caño a la provincia de Buenos Aires para competir de manera directa y aviesa con Néstor Pitrola, quien debe renovar su banca ya que en los próximos días renunciará a la Cámara de Diputados para dejar su lugar a Natalia González del PTS. Esta medida divisionista tiene un impacto doble, porque a la vez que promueve las Paso, representa una renuncia a la lucha por renovar la banca de Mendoza, que en 2013 conquistaron Nicolás del Caño y Soledad Sosa. Esta mudanza de Del Caño a provincia fue rechazada tanto por el Partido Obrero como por Izquierda Socialista, es decir, por dos de los tres partidos que integran el Frente de Izquierda. Para que no existan dudas de su contenido divisionista, es necesario recordar que fue acompañada del lanzamiento prematuro de la campaña electoral por parte del PTS, cuyos ejes y consignas nunca fueron debatidos en la Mesa del FIT. El método hace a un contenido preciso. La campaña sustituye las consignas, el programa y el Manifiesto del FIT por planteos de cuño democratizantes, adaptados a la ‘opinión pública’ con la que buscan congraciarse de cara a las Paso que promueven. De este modo, se da un paso divisionista más, en el sentido de plantear campañas escindidas cuyo propósito último es prepararse para una disputa interna en las Paso. Así, llegamos a la negación de los acuerdos constitutivos del Frente de Izquierda, que tenían por fundamento ejes comunes que se plasmaban en los spots televisivos y radiales comunes durante la campaña. No exageramos un ápice cuando decimos que el Frente de Izquierda atraviesa una crisis vertebral, producto de esta orientación internista del PTS. Y que el tiro de gracia sería una nueva competencia en las Paso. El Partido Obrero no está dispuesto a ser cómplice de esta política liquidadora. La necesidad de una reconstitución, que permita convertir al Frente de Izquierda en un frente único de lucha contra los partidos y políticos del ajuste requiere la presentación de listas únicas, campañas comunes y la intervención en todos los terrenos de la lucha de clases -a eso apunta nuestra propuesta de convocar en conjunto un Congreso del Movimiento Obrero y la Izquierda. Foto: Malena Estente