Prensa Obrera N° 1443

El Sindicato del Petróleo y del Gas Privado de Chubut firmó, el 21 de diciembre, un acuerdo laboral para los trabajadores de YPF y sus contratistas, que establece una rebaja del 40% del salario. El secretario general del sindicato que ha firmado este acuerdo se llama Jorge “Loma” Avila, revistó entre los sindicalistas afines al gobierno de CFK y hoy actúa en tándem con el hombre de Moyano en este gremio, Guillermo Pereyra, titular del sindicato de Río Negro y Neuquén, que poco tiempo antes firmó el convenio petrolero de Vaca Muerta, a semejanza de éste, pero sin proponer una baja del salario, un convenio que fuera rabiosamente elogiado por el conjunto del empresariado. El acuerdo suscripto por “Loma” Avila establece que, a partir de enero de este año y hasta julio de 2017 se cambiará el régimen de trabajo de los trabajadores que presten servicios en área operadas por YPF (incluye a las contratistas, como San Antonio Internacional). A los que hacen turnos de dos días de trabajo por uno franco (48x24), se les quitarán siete días del salario -tendrán 14 días de trabajo, siete de franco y siete de suspensión sin goce de sueldo. A los que trabajan 24x24, se les quitarán diez días de salario -tendrán 10 días de permanencia, 10 de franco y 10 estarán suspendidos sin salario. Esta reducción resulta, como mínimo de un 40%, porque las jornadas laborables serán de lunes a viernes. El acuerdo establece la paralización de todos los equipos de torre de YPF (perforación, workover y pulling) durante enero. En ese período, los trabajadores tendrán vacaciones forzosas y francos compensatorios. Cobrarán, como máximo, un salario de 22.000 pesos en lugar del ingreso que les correspondería por convenio. Un salario, además, de pobreza, porque la canasta familiar patagónica está por encima de los 30.000 pesos. Los trabajadores que se ocupan en estas tareas de perforación, reparación de pozos y aumento de producción (workover) de recuperación de piezas dentro del pozo (pulling), son la gran mayoría de los petroleros. Desde febrero y hasta julio 2017, YPF comprometió que retomarán la actividad los equipos que hoy están operando. Estos sólo serían 50, por lo que no habría vuelta atrás con los 33 equipos que fueron bajados por la compañía en el último tiempo (El Patagónico, 1°/12). El acuerdo fue firmado también por José Llugar, del sindicato de Jerárquicos. Para cubrirse las espaldas, a sabiendas de que el acuerdo sería unánimemente repudiado por el movimiento obrero, el secretario del Sindicato de Camioneros, Jorge Taboada, que tiene a miles de trabajadores ligados a esta actividad, cuestionó el acuerdo… ¡en twitter! El gobernador de Chubut, Mario Das Neves, bendijo el acuerdo, junto al conjunto de operadoras y contratistas petroleras. Sobresale, entre éstas, Pan American Energy (PAE) cuyo accionista principal es Bulgheroni, beneficiario del acuerdo delictivo que le entregó la concesión de Cerro Dragón durante cuarenta años bajo el gobierno de Néstor Kirchner. Una puesta en escena El acuerdo reveló que la marcha del 13 de diciembre -día feriado para los petroleros, por ser el Día del Petróleo- orquestada por las burocracias que acaban de firmar esta infamia, fue una puesta en escena. Sembraron miedo anunciando el probable despido de 1.600 compañeros, preparando el clima para la firma del acuerdo. En ese acto orquestado hizo uso de la palabra el vicegobernador de Chubut, que trajo a colación y exaltó el apoyo de Massa, al tiempo que desenvolvió el libreto de las patronales extractivas, exigiendo el barril criollo (precio interno del crudo superior al internacional). La burocracia esgrime la defensa del empleo como argumento, pero en el acuerdo firmado no existe una sola cláusula que plantee que no habrá despidos hasta el fin del acuerdo, dentro de seis meses. Ni una palabra, tampoco, de los que fueron cesanteados. Fuera los convenios de Chubut y Vaca Muerta Luego que la burocracia de Pereyra firmara un acta, válida para los petroleros de Río Negro y Neuquén, aceptando las jubilaciones forzosas, los traslados forzosos, la multifunción, la rebaja de la cantidad de operarios por equipo entre otras pérdidas de conquistas, las patronales le exigen ahora que siga “el camino de Chubut". “Si el gremio rebaja algunas exigencias… como el pago de horas extras, de la inactividad cuando el viento supera ciertos límites, Macri promete que la creación de empleo compensará la disminución del salario” (Clarín, 20/11). O que dejen de estar en el convenio petrolero los trabajadores que las patronales consideran “periféricos” como los enfermeros y vigiladores, así como aquellos que operan en montaje y desmontaje de mantas, que las patronales exigen que sean tercerizados (El Cronista, 26/12). Es decir, lo de Chubut es una advertencia de conjunto: la burocracia puede aceptar la rebaja del salario, como parte de su política de entrega. La anulación de los convenios firmados por la burocracia petrolera debe convertirse en consigna de todo el movimiento obrero en lucha, no sólo el petrolero. Defensa irrestricta de las conquistas obreras. Reparto de las horas de trabajo. Ningún despido. Ocupación de los lugares donde se despida o suspenda.

“Tiene el apuro de la política”, dice Página/12 (28/12) sobre el dictamen de procesamiento de Cristina Kirchner resuelto por el juez Julián Ercolini. Es posible: en la Argentina los fallos judiciales tienden a ser maniobras políticas, e incluso el momento de los dictámenes se negocia en distintos despachos fuera de Comodoro Py. Ercolini, por otra parte, es un todoterreno funcional siempre al gobierno de turno. Tiene, por ejemplo, un pedido de juicio político presentado contra él por Elisa Carrió cuando, en 2005, sobreseyó en tiempo récord a Néstor Kirchner en una causa por enriquecimiento ilícito. Después, cuando los vientos comenzaron a soplar en dirección contraria, detuvo a Ricardo Jaime, el ex secretario de Transportes kirchnerista que estafó al Estado con la compra de material ferroviario inservible en España y Portugal. Y, hace apenas 10 días, sobreseyó a Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Mitre en la causa Papel Prensa. Señalados esos antecedentes del juez, debe consignarse que las 800 páginas del dictamen son aplastantes y no por la cantidad de papel. Por ejemplo, Lázaro Báez (era empleado bancario cuando Néstor Kirchner asumió por primera vez la gobernación de Santa Cruz) recibió con Austral Construcciones —empresa que creó en 2003, cuando NK ganó la presidencia de la Nación— tanta obra pública como la provincia de Buenos Aires entera, o como otras once provincias, además con sobreprecios obscenos. Ercolini recuerda que CFK, a quien llama “la encartada” (así designa la jerga judicial a la persona que ha de ser juzgada en un proceso) era “al menos” socia comercial de Báez. Ese “al menos” sugiere que en verdad era un testaferro. El embargo por 10.000 millones de pesos involucra, además de la ex Presidenta, a Julio De Vido, Báez y el “bolsonero” José López. Paralelamente, la resolución de Ercolini aporta documentación a la causa por lavado de dinero mediante los hoteles Los Sauces y Hotesur, propiedad de los Kirchner, en cuyo uso supuesto se habría lavado dinero de Báez. El procesamiento de CFK saca a luz los negociados del anterior gobierno a expensas del Estado en una causa de las varias contra la ex presidente que anima el oficialismo. Pero se cuida muy bien de avanzar sobre la patria contratista encabezada por la Cámara de la Construcción, que ahora hace negocios con el macrismo. Por lo pronto, Odebretch sigue firme en la mega obra del soterramiento del Sarmiento, que será llevado a cabo en asociación con el primo de Macri Calcaterra.

En vísperas de Navidad, cuando estamos a pocas semanas del ascenso de Trump, los trabajadores de General Motors recibieron la noticia de la decisión de la empresa de cerrar un turno y despedir a 1.192 operarios en la planta de Detroit de la compañía. Los despidos se inscriben en un plan más general de cesantías temporales y efectivas anunciadas por GM en las últimas semanas, que afectan a 10.000 trabajadores en Ohio, Michigan, Kansas y Kentucky. Además de Detroit, el plan incluye la planta de montaje de Lordstown, en Ohio, y Lansing, en Michigan, con la pérdida de 2.000 puestos de trabajo. En las últimas semanas, tanto Fiat Chrysler como Ford también han anunciado recortes de empleo, incluyendo despidos de trabajadores temporarios en las plantas de construcción de la camioneta pickup Ford F-150 y en la planta de Fiat Chrysler de Sterling Heights. Fiat Chrysler acaba de anunciar que suspendería la producción para la semana de Año Nuevo en dos fábricas en Brampton y Windsor. Los trabajadores del automóvil en la planta de Detroit expresaron su rechazo a los recortes de empleos y su disgusto con el sindicato United Auto Workers (UAW), que ni siquiera hizo un simulacro de oposición. El sindicato tiene una participación accionaria en la empresa -lo que acentúa, aún más, su rol patronal. El mismo salió a justificar los despidos planteando que la compañía tiene derecho a defender “la rentabilidad”. En 2015, el contrato entre UAW-GM abrió el camino para los despidos actuales, al permitir que las compañías automotrices pudieran duplicar el número de trabajadores temporarios que están autorizados a contratar, creando así una franja nueva de trabajadores superexplotados que pueden ser despedidos sin tener que pagar una indemnización. Este contrato fue diseñado para permitir a las empresas de automóviles la reducción de los costos de los despidos, ante la menor señal de caída de las ventas. Los despidos tendrán un impacto devastador sobre los trabajadores, los cuales no sólo están perdiendo ingresos, sino también beneficios cruciales tales como el cuidado de la salud. Al tener menos de un año de antigüedad, los afectados carecen de beneficios de desempleo suplementarios y sólo reciben 20 semanas de beneficios estatales. Estas medidas se están llevando a cabo a pesar de las ganancias de los fabricantes de automóviles de Estados Unidos. Pero son un indicador, asimismo, del carácter absolutamente precario de la recuperación económica: los recortes de producción apuntan a una desaceleración en las ventas de automóviles, que están en declinación después de aumentar durante varios años. Presagian nuevos y feroces ataques por parte de los automotrices en el empleo y el nivel de vida. Los planes de Trump La reducción de los costos laborales no ha impedido evitar las tendencias a una nueva recaída en un sector estratégico como las automotrices. Importa destacarlo, pues esta estrategia es la que Trump apunta a llevar a escala de toda la economía norteamericana. El proteccionismo, la defensa de los puestos de trabajo “americanos” que agita el presidente electo, van de la mano con un recorte de salarios y una mayor flexibilidad y precariedad laboral en el mercado, con el cuento de mejorar la “competitividad” de Estados Unidos frente al resto del mundo. No es ocioso señalar que la reducción de los costos laborales del personal ocupado en las plantas dentro de sus fronteras, no ha evitado que las grandes automotrices norteamericanas sigan dependiendo para su producción de los insumos importados, en especial de México, aprovechando la mano de obra más barata. Los planes de Trump, de un modo general, chocaban con los intereses de las grandes corporaciones cuya actividad se apoya en un esquema global de producción y negocios. Trump acaba de anunciar con bombos y platillos un acuerdo con la empresa de aire acondicionado Carrier para que desista de sus planes de trasladarse a México y decida quedarse en suelo estadounidense. Esta empresa ubicada en el estado de Indiana ocupó un lugar especial en la campaña presidencial del magnate, que la tomó como un caso emblemático de su proyecto de defensa del empleo. La empresa recibirá 16 millones de dólares de incentivos y recortes fiscales que permitiría, según las promesas del magnate, salvar 1.100 puestos de trabajo. Se trata de un costo inmenso para rescatar a una cifra irrisoria de trabajadores -si tenemos presente la envergadura de los afectados. Los anuncios realizados este año por las empresas con proyectos de relocalización totalizan 250.000 puestos de trabajo, a lo que hay que sumar los despidos en curso, como consecuencia de la crisis industrial que está asomando. Aunque Trump se ha mostrado decidido a aumentar el déficit fiscal, no hay cuentas públicas que resistan a una sangría de esta naturaleza. En este escenario se inflarán las situaciones de crisis para obtener la ayuda oficial. Por otra parte, como si no fuera suficiente lo dicho, ya han aparecido denuncias, empezando por el propio sindicato, que señalan que el anuncio es engañoso, pues no serían 1.100, sino apenas 800 los beneficiarios y, lo que es más importante, Carrier no detendría el traslado de otra de sus plantas que reúne a 700 empleados. Los anuncios del magnate están plagados de contradicciones e imposturas. Habrá que ver si reúne los medios y se dota de los recursos económicos y políticos para pilotear la crisis mundial. Lo que está claro es que Trump apunta hacia una reforma laboral (recorte de salarios y de conquistas),sin que eso asegure revertir la desindustrialización norteamericana y promover una recuperación económica duradera. Esto anuncia un escenario convulsivo que va a tener seguramente a la clase obrera como uno de los animadores de la resistencia contra los ataques que se preparan.

Desde hace poco más de año y medio, los trabajadores de Espumas Pilar SRL, a partir de la conformación de su comisión interna, comenzaron a recuperar conquistas postergadas. La patronal, que desde hace más de 25 años se dedica a la fabricación de colchones bajo un régimen de precarización laboral extremo, no estaba dispuesta a ceder sin resistencia. El 14 de diciembre, después de varios meses sin respuesta, la comisión interna convocó a una asamblea donde el conjunto de los trabajadores decidieron comenzar un plan de lucha. La empresa no les permitió el ingreso a planta durante tres días. Durante la jornada en la que se desenvolvió una audiencia en el Ministerio de Trabajo, los compañeros permanecieron en asamblea permanente en apoyo a sus delegados. La empresa redobló la apuesta despidiendo a cuatro trabajadores, sin respetar la conciliación obligatoria que el ministerio había dictado. La respuesta Frente al ataque de la patronal se convocó a asamblea y se dispuso el paro total hasta la reincorporación de los compañeros y la respuesta a todos los reclamos. El jueves 22 de diciembre, en una nueva audiencia en el ministerio, los delegados, representantes del gremio y la patronal, después de largas horas de tensas discusiones llegaron a un acuerdo por medio del cual la empresa aceptó la reincorporación de los despedidos y se comprometió a dar respuesta a los reclamos de los trabajadores. Todo esto, mientras los trabajadores en planta permanecían en asamblea. En un período de profundización de los ataques al pueblo trabajador desde el gobierno de Macri y todos los gobernadores, los trabajadores de Espumas Pilar han puesto en práctica los métodos históricos de la clase obrera y durante siete días mantuvieron un paro total de la producción por medio de bloqueo de portón, piquetes y asambleas. La lucha y el gran triunfo de los trabajadores de Espumas Pilar debe tomarse como ejemplo para todos los trabajadores de zona norte, para el parque industrial Pilar y principalmente para todos los trabajadores del gremio plástico, que venimos sufriendo miles de despidos y suspensiones.

El brindis en Olivos con la CGT, como postal de Navidad, refleja algo más que un presidente agradecido por la enorme entregada del impuesto al salario. La CGT fue más allá que los gobernadores en alterar las escalas y alícuotas, de manera que el costo fiscal de elevar 8 puntos el mínimo no imponible (MNI) se compensa con un mayor gravámen para los que pagan. Desapareció el 2% para los que pagan por primera vez y las franjas de 20.000 pesos por año -unos 1.700 pesos por cada uno de los trece meses- para saltar de categoría, son muy pequeñas. La famosa tablita de Machinea, traída a valores de hoy, aumentaría 19 veces -o sea por franjas de 190.000 pesos para cambiar de porcentaje en la alícuota. Por este mecanismo es que en las primeras escalas se pagará más en la versión que ahora es ley, que lo que estaba previsto en el proyecto inicial del macrismo. Además, pagarán Ganancias el aguinaldo y las horas extras. Por lo bajo, distintos diputados sindicales masticaban su incomodidad cuando hicimos sonar esta denuncia en el debate de Diputados, en la aprobación final, cuando sólo nos dieron cinco minutos con el objetivo de archivar todo rápido. Por su parte, el kirchnerismo se ausentó para no tener que explicar lo inexplicable: su desacuerdo con la política que llevaron adelante ellos mismos durante años la confiscación del salario. La CGT no sólo pactó legitimar por ley la continuidad del impuesto al salario. También le ha puesto un techo implícito a las paritarias del orden del 23% que aumentaron los mínimos no imponibles. Una miseria si consideramos el potencial inflacionario de 2017 y la pérdida de 10 puntos promedio de 2016. Pero la foto de Olivos implica más. La CGT quedó en el centro de la escena de la entrega de Ganancias y en el centro de la escena política como salvavidas de Macri. El rol que cumplieron Massa, Bossio y el FpV del Senado todo el año, se alteró con Ganancias. Saltaron al ruedo los gobernadores peronistas, pero divididos, todo el peronismo no alcanzaba para consagrar el golpe a tres millones de contribuyentes, entre trabajadores, monotributistas y jubilados. Macri lo ha puesto en palabras: “La CGT tiene que ser el interlocutor central del peronismo”. Las fracciones del PJ que avalaron el pacto con los fondos buitre, el blanqueo de capitales, las rebajas de impuestos a las automotrices, el Presupuesto 2017 y toda la política de ajuste contra las masas, no le alcanzan a Macri, cuando se acercan tiempos electorales. Por otro lado, no hay resultado en las próximas elecciones que altere la condición de minoría parlamentaria de Cambiemos. La gobernabilidad del ajuste requiere más. Eso se vio con la convocatoria a la Mesa de Concertación fogoneada por el Papa, como factor de contención social. Pero la CGT ahora es convocada como interlocutora política para las tareas próximas de la descarga de la crisis sobre los trabajadores: reforma de las ART, revisión de convenios colectivos, reforma jubilatoria (que ya requiere el FMI). Y, por sobre todas las cosas, la CGT es convocada ante la potencial crisis social que plantean la tendencia devaluatoria y el agravamiento del déficit fiscal por el reforzamiento global del dólar y el aumento de las tasas de interés internacionales. Este papel de la burocracia sindical coloca un clavo más en la crisis del peronismo y del kirchnerismo. El moyanismo, su último movimiento de cierto alcance popular en las filas del movimiento obrero, siguió pulverizándose en esta crisis. El “parito” del transporte por Ganancias fue un estertor de aquella realidad. El campo político y sindical del Frente de Izquierda es enorme si intervenimos en cada batalla marcando una perspectiva política: la irrupción del movimiento obrero en la escena nacional como fuerza social y como alternativa política ante el ajuste, desenvolviendo un programa para que la crisis la paguen los capitalistas. El triunfo de los investigadores del Conicet, de la mano de los Jóvenes Científicos Precarizados, con los métodos de la unidad de todo el Conicet, de la asamblea general, de la ocupación y el piquete, marcan el camino cuando faltan sólo horas para el fin del año. Vamos por un 2017 de los trabajadores y la izquierda.

Se inició un capítulo decisivo en torno de la ley del descanso dominical en Santa Fe. La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario avaló el planteo presentado por Coto y Carrefour y declaró inconstitucional la ley aprobada en la Legislatura provincial en noviembre de 2014. Si bien el fallo no es firme, de todas formas, las cámaras empresariales anunciaron que abrirán los comercios de la ciudad el próximo 8 de enero. Se va configurando una disyuntiva para la etapa inmediata: si Empleados de Comercio no emprende la deliberación, plan de lucha, paro y movilización de los mercantiles, la ley quedará en la nada. La ley de descanso dominical se ha convertido en un tema de principios para las patronales. Ni bien sancionada, hace dos años, los grandes comercios emprendieron un curso de ataque a los trabajadores con despidos, aprietes, movilización de barrabravas y un fuerte lobby sobre el poder político del Frente Progresista y la Justicia para quebrar la aplicación de la ley. Preparemos la defensa de esta conquista La Asociación de Empleados de Comercio de Rosario (gremio al frente del Movimiento Sindical Rosarino) fue la impulsora original de la ley. La Legislatura provincial, los partidos patronales y el gobierno impusieron sus condiciones para aprobarlo. La aplicación de la ley quedó sujeta a la adhesión del Concejo Deliberante de cada ciudad, con la posibilidad, a su vez, de establecer modificaciones a la misma. El resultado de esto se ve con claridad en Rosario, donde la adhesión a la ley provincial implicó que solamente abarcara a grandes superficies comerciales, concretamente a 41 comercios. Entre ellos, Coto, Carrefour, Libertad y otros grandes hipermercados. Ellos fueron los que comenzaron la ofensiva. Otra cuña patronal fue la reducción salarial que implicó para los trabajadores mercantiles que el domingo no sea laborable, lo que es utilizado por las patronales como ariete contra los compañeros. Frente al fallo, el abogado del gremio dijo que “presentarán un recurso ante la propia Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Rosario, y no descartan recurrir a la Corte Suprema”. La secretaria adjunta del gremio declaró que “no nos sorprende demasiado (el fallo) y respetaremos las instituciones, que es a lo que estamos acostumbrados y no como los empresarios de Coto que lo que hicieron cuando la ley no les salió favorable fue amedrentar y avasallar a las instituciones” (El Litoral, 26/12). Ni una sola palabra sobre movilizar al conjunto de los trabajadores mercantiles y prepararlos para la lucha decisiva que se aproxima, cuando los súper abran sus puertas y la Justicia tome decisiones definitivas. En momentos en que el conjunto de la clase capitalista del país debate cómo avanzar en una mayor flexibilización laboral, destruyendo hasta convenios colectivos de trabajo, los trabajadores debemos tomar en nuestras manos la defensa de esta reivindicación histórica. Planteamos un curso de movilización, deliberación y plan de lucha del conjunto de los trabajadores mercantiles para defender el descanso dominical.

Como en pocos escritores, algunos datos biográficos de Andrés Rivera son indispensables para entenderlo: nació de madre ucraniana, y su padre era un obrero polaco, judío y comunista, perseguido por ambas cosas. Marcos Ribak (tal su nombre de nacimiento) respiró su primer aire en 1928, en la porteña Villa Crespo. Como su padre, ingresó prontamente en el Partido Comunista y fue, también él, obrero textil durante seis años en una fábrica en Villa Lynch. En 1993, en una entrevista con Guillermo Saavedra, diría que del trabajo fabril aprendió dos recursos estilísticos presentes en toda su literatura: la economía de palabras y de movimientos. Su primera novela es de 1956, El precio , seguida de otra, Los que no mueren . En los años siguientes publicó tres libros de cuentos: Sol de sábado , Cita y El yugo y la marcha . Hasta El yugo y la marcha (1968) siguió la línea que el estalinismo le imponía a toda producción artística: el “realismo socialista”. Ambientadas en el mundo fabril, aquellas obras describen las huelgas y las luchas de los trabajadores con un optimismo sin fisuras, en medio de un avance lineal hacia la revolución. La representatividad de los personajes está dada sólo por la realidad social, por su lugar en las relaciones de producción. Sin embargo, en 1964 se produjo un hecho clave para toda su evolución posterior: fue expulsado del Partido Comunista por sus observaciones críticas a las posiciones del PC en materia de política y de arte. En 1972 publicó Ajuste de cuentas , y sobrevino luego un silencio de una década. Se trataba, en verdad, de un ajuste de cuentas con su propia literatura, de un punto de inflexión que depararía un giro radical en su escritura. Cuando en 1982 vio la luz Nada que perder había transcurrido la dictadura militar, la casi clandestinidad, la oscuridad silenciosa. Su novela El verdugo en el umbral , escrita en 1975, no se publicó hasta 1994, reescrita casi por completo. Es sintomática en la producción del Rivera pos-dictadura la reescritura, la reelaboración y el entrecruzamiento de personajes de distintas obras. Esos personajes, ahora, adquieren dimensión existencial propia, individual, aunque persiste lo colectivo, el contexto social en el que se desenvuelven. Una obra si se quiere maestra en ese punto es El farmer , llevada al teatro por Pompeyo Audivert y Andrés Mangone, con las actuaciones de Audivert y Rodrigo de la Serna. En ese “nuevo” Rivera, el poder ya no es un monstruo compacto, sin fisuras, un simple andamiaje económico. Siniestro, umbrío, ahora el poder es también azaroso, cambiante, muchas veces imprevisible. El determinismo económico da paso a la política y la política es, ante todo, relaciones de fuerza entre individuos y grupos. La lucha de clases queda, en buena parte, diluida en esas relaciones. Por la obra de Rivera desfila la historia y tiene en ese punto dos obras monumentales: El amigo de Badeudelaire (1991) y La sierva (1992). También En esta dulce tierra , que empieza a transcurrir en 1835, durante el segundo gobierno de Rosas; y La revolución es un sueño eterno , con la lucha entre jacobinos y conservadores en Mayo, según la visión del escritor sobre aquel episodio histórico. No se trata de novelas históricas sino de personajes que viven en una determinada época, pero el lector ve pasar por las páginas de Rivera las invasiones inglesas, Artigas, la guerra española, el gobierno del general Justo, el surgimiento del fascismo italiano, el movimiento sindical argentino de comienzos del siglo XX y Rosa Luxemburgo, el alza revolucionaria en la América Latina de los ’60, Perón y el peronismo. En todos esos procesos, Rivera sugiere su propio desánimo, su decepción, las luchas enormes y hasta la inevitabilidad de la derrota, como si el estalinismo hubiera roto las ilusiones del artista hasta que le fue imposible reconstruirlas. Así, incluso desde el punto de vista estilístico Rivera se replegó en la brevedad del cuento y la nouvelle. Fue la tragedia, política y artística, de un enorme e imprescindible escritor argentino.

El Tribunal Oral Federal de Jujuy finalmente condenó a Milagro Sala a una pena de 3 años de prisión en suspenso por haber instigado a un escrache contra el gobernador Gerardo Morales, ocurrido en 2009. Los fundamentos finales serán dados los primeros días de febrero, pero la defensa ya anunció que apelará el fallo. Otros dos integrantes de la Tupac Amaru, Graciela López y Ramón Salvatierra, fueron condenados a tres y dos años, respectivamente, por “daño agravado”. El gobierno persiguió afanosamente este fallo porque necesitaba una condena que justifique un año de detención de Sala sin sentencia. Su querella había solicitado la pena máxima de 8 años de prisión. Por el contrario, una absolución hubiera significado una desautorización, especialmente después de los reclamos internacionales de la ONU y la OEA. Morales reunió a la mesa nacional del comité de la UCR para que respalde su posición, organizó un multimillonario acto-festival el 9 de diciembre “por la paz y las libertades civiles” y montó una campaña mediática utilizando otros casos de agresiones por parte de la Tupac Amaru a trabajadores, cuando no era esto lo que se estaba discutiendo en la sala. El juicio estuvo atravesado por todo tipo de irregularidades y testimonios inconsistentes. Su resultado arroja un grave antecedente contra la protesta y las luchas sociales. Apenas un puñado de ex funcionarios kirchneristas y algunos militantes de la Tupac se movilizaron al juzgado a aguardar la sentencia. Al momento de pronunciar sus últimas palabras, Sala ensayó una suerte de breve descargo político que redundó en los lugares comunes sobre “devolver la cultura del trabajo” y una defensa lateral al kirchnerismo. Un proceso de larga data El procesamiento de Sala por el escrache a Morales fue la espada de Damocles que pendía sobre la cabeza de Milagro desde el 2009 y fue utilizado por el kirchnerismo como un elemento para “contener” a la Tupac. Recordemos que ésta fue una de las pocas causas contra Sala que siguió su curso, mientras las demás se cajoneaban. En 2015, Sala solicitó una probation en esta causa y la Justicia -cuando todavía gobernaba el kirchnersimo- se la denegó. En abril de 2015, después de una movilización de más de 5.000 mil personas, solicitó la suspensión del juicio a prueba y ofreció a cambio realizar tareas comunitarias en la Secretaría de Prevención de la Drogadicción provincial y pagar una multa de 10.000 pesos. Tampoco tuvo resultado. Cómo sigue El gobierno ha armado una seguidilla de procesos que busca mantener a Sala detenida indefinidamente. Desde ya, Milagro va a continuar presa por las otras causas que tiene pendientes. El juicio contravencional por el acampe es la próxima instancia que le espera. Queda claro que el gobierno de Morales sólo ha podido avanzar en causas vinculadas a la protesta social, mientras encuentra terribles límites para avanzar en las que tienen que ver con desvío de fondos, corrupción y asociación ilícita, porque involucran a todo el entramado político y empresarial de la provincia, inclusive dirigentes nacionales. Desde el Partido Obrero repudiamos este fallo y denunciamos la puesta en escena ordenada por Morales. Todos los abusos cometidos en este proceso, mañana podrán ser utilizados contra los luchadores. Reclamamos la absolución de Sala en las causas que afectan el derecho a la protesta y el cese de su detención arbitraria, mientras se consustancian las demás causas judiciales en las que se la investiga.

Algunos comentarios periodísticos señalan que Prat Gay se va justo en el momento en el que se produce un éxito del blanqueo, que se identifica como uno de los principales logros de su gestión. Esta aparente paradoja, sin embargo, tiene su explicación. La recaudación récord del blanqueo, superior a los pronósticos más optimistas del macrismo, pone más al rojo vivo las contradicciones insalvables de la política oficial. Hay una coincidencia entre los analistas de que los fondos blanqueados no van a entrar al país. Una señal es que el bono especial emitido por el gobierno (permite blanquear a costo cero, pero, como contrapartida, obliga a ingresar el dinero en el país e inmovilizarlo durante cuatro años), no logró generar una corriente de adhesión entre los capitalistas. Lo mismo ocurrió con la inversión en fideicomisos inmobiliarios, por medio del cual el gobierno abrigaba la expectativa de reactivar el alicaído mercado de la construcción. Quienes blanquearon optaron por pagar el impuesto en forma directa, pero dejan el dinero en el exterior. El blanqueo coincidió con un cambio de las normativas internacionales que obliga a quienes tengan depósitos y activos en el exterior a justificar el origen de los fondos. La decisión de blanquear estuvo dictada por la necesidad readecuarse a esas nuevas reglas de juego; de ningún modo a las expectativas empresariales sobre el derrotero del país. La prometida -y frustrada- “lluvia” de dólares que se esperaba a partir del arreglo con los buitres, el levantamiento del cepo y la devaluación, tampoco llegará con el blanqueo. Estamos frente a una huelga de inversiones productivas, que tiene un alcance internacional como consecuencia de la bancarrota capitalista, de cuyos efectos no se sustrae la Argentina. Consecuentemente, las divisas que ingresaron al país hasta el momento han ido a engrosar la bicicleta financiera. Pero lo más grave es que, incluso, el ingreso por ese concepto ha comenzado a frenarse. El nuevo escenario creado a partir del triunfo de Trump y el anuncio de la Reserva Federal de un aumento de la tasa de interés norteamericana aceleró la salida de capitales, disimulado apenas por las divisas que han entrado por el blanqueo. Tan sólo en los últimos dos meses se han ido del país 2.000 millones dólares, lo cual ha ido de la mano con una trepada del dólar que superó los 16 pesos. Ni qué hablar que esto ha forzado a poner un freno a la baja de la tasa de interés que el gobierno venía implementando, lo cual, se da de patadas con cualquier perspectiva de reactivación económica. En este escenario, que es un caldo de cultivo para reforzar las presiones devaluatorias, los dólares recaudados por el blanqueo terminarán seguramente financiando la fuga de capitales. En otras palabras, los dólares que entraron, saldrán nuevamente del país. Desequilibrio fiscal y endeudamiento Por otro lado, el impuesto que se recaude está lejos de ser una panacea para resolver el agujero fiscal. Prat Gay acaba de señalar que gracias al blanqueo se lograría cumplir con la meta del déficit fiscal previsto que equivale al 4,8 por ciento del PBI o sea, ni más ni menos que 30.000 millones de dólares. A eso habría que agregar el déficit generado por los intereses de la deuda de los pagarés (Lebac) emitidos por el Banco Central, que crecen como bola de nieve y ya ascienden a más de 10.000 millones de dólares. A todo esto, hay que tener presente que el blanqueo es un ingreso por única vez. Por eso ya se anticipa que, por más “exitoso” que sea el blanqueo, el gobierno no podrá prescindir de más endeudamiento, que por otra parte será más oneroso. Bajo este contexto, el blanqueo -lejos de amortiguar el déficit fiscal- es un factor que lo agrava. Los deudores pasarán a convertirse en acreedores mediante los dólares declarados que volverían al país -y todavía habrá que ver en qué proporción-, pero bajo la forma de préstamos al Estado. Hay que agregar -cuestión de la que se habla poco- que la moratoria implica una licuación de la deuda privada por medio de una generosa condonación de multas y reducción de intereses.

La provincia de Buenos Aires tiene una deuda pública que superaba, en agosto pasado, los 180.000 millones de pesos. El Presupuesto 2017 profundiza este rumbo: permite un endeudamiento de 60 mil millones y habilita gestionar 670 millones de dólares ante organismos internacionales de crédito para obras de infraestructura. Los beneficiarios de la fiesta serán los especuladores internacionales, la patria contratista, los grupos capitalistas subsidiados por la gobernadora María Eugenia Vidal y el punterismo pejotista de los municipios de la provincia. El jolgorio, en cambio, lo pagaremos nosotros, los docentes y trabajadores estatales y el pueblo. El Presupuesto pauta 17% de aumento salarial y un tarifazo impositivo de un 36% para el conjunto de la población. Además, ajusta los recursos destinados a Educación en 20 puntos por debajo de la inflación real. La viga maestra de esta política es el acuerdo paritario de 18% por quince meses firmado por la burocracia de UPCN. Al porcentaje a la baja le agregan, además, “el presentismo en la mesa de discusión”, según el ministro de Trabajo provincial, Marcelo Villegas. Baradel ha sido partícipe necesario de esta política de ajuste en la docencia a lo largo de todo 2016. Comenzó el año en tregua con Vidal y así lo terminó también, dejando pasar los descuentos ilegales del impuesto a las Ganancias sobre los aguinaldos docentes dispuestos por la gobernadora. El salario docente perdió 15 puntos debido a la paritaria a la baja que firmó Suteba, que tampoco organizó ninguna lucha contra el Operativo “Aprender 2016”, apuntado a meter el “salario por mérito” contra la docencia. La burocracia “que resiste”, intermediaria ante el gobierno provincial, se dedicó a administrar la conflictividad docente, antes que a impulsar los reclamos de los maestros y profesores. Nada permite tener ninguna ilusión en un cambio de política frente a la patronal para el año próximo. Los planes de Vidal y su ministro de Trabajo, Villegas, no pasan sin la tregua de la burocracia kirchnerista de Suteba. Los funcionarios lo saben. Quizá por eso Villegas declaró que no cree “que los gremios docentes rechacen el esquema” previsto para 2017. El Suteba es el gran sindicato de la provincia de Buenos Aires. Su tradición de lucha también es la más importante, aunque su dirección kirchnerista sea antagónica a esa tradición. La docencia bonaerense ha parado masivamente junto a los Suteba multicolores cada vez que fuimos a la lucha durante 2016. La preparación de la gran batalla contra el tope paritario es la tarea de Tribuna Docente: no al 18%, por un salario básico de 15.000 pesos y el respeto a las escalas salariales del Estatuto del Docente, indexación por inflación, contra el presentismo y la “productividad”, defensa de la jubilación y de la escuela pública. El no inicio y la perspectiva huelguística tiene que estar asentada en este programa y un vasto trabajo preparatorio para superar el freno de la burocracia de Baradel. El año 2017 será también el año de la lucha por una nueva dirección en el Suteba, de la cual el enfrentamiento al ajuste será el primer round. La ruta del Sutna está abierta.

La actividad científica, como aspecto del desarrollo de las fuerzas productivas de un país, está condicionada por la naturaleza de las relaciones sociales en cuyo contexto tiene lugar. Dicho de otro modo, la ciencia es producto del trabajo de hombres y mujeres en una sociedad determinada y con instituciones determinadas. Sin embargo, en esta sociedad -Argentina incluida, existe una notoria contradicción. De un lado, el desarrollo de la ciencia y la tecnología en la actualidad muestra que existen los fundamentos materiales para un “desarrollo económico y social” que permita no solo la alimentación adecuada y abundante para los millones de personas que habitan este planeta, sino la emancipación del trabajo compulsivo, embrutecedor y alienante. Este trabajo es susceptible de ser reemplazado por la máquina, por un proceso automático, por el traslado instantáneo de la información; en definitiva, por una productividad del esfuerzo humano que no tiene antecedentes. A ningún científico se le puede escapar que se han creado condiciones únicas para superar en la historia del ser humano la más antigua de las divisiones del trabajo, la que se da entre el trabajo intelectual y manual. Sin embargo, este nivel de productividad -que es una conquista inédita del género humano- coexiste con la hambruna, la desigualdad social, las catástrofes económicas y aún la barbarie del belicismo a un nivel que no tiene equiparación con el pasado. Es decir, la ciencia y la técnica se convierten, en este estadio superior del capitalismo, de características seniles, no en un instrumento de desarrollo de las fuerzas productivas, sino en una herramienta de destrucción. El punto no está en elevar al hombre por medio de esa tríada que es la educación, la ciencia y la tecnología, algo que se repite machaconamente, sino en liberar a esta triada de un “desarrollo económico y social” que los encadena a la perspectiva de un retroceso civilizatorio en el próximo período. Es decir, educación, ciencia y capitalismo se han transformado en términos incompatibles. ¿Aquí en Argentina, es distinto? La Argentina produce alimentos para más de 300 millones de personas, mientras un tercio de su población no come como corresponde y subsiste por debajo de lo que se llama la línea de pobreza. Este solo dato revela que no existe ningún problema de orden “científico o tecnológico” a resolver, sino un monstruoso dilema de orden político y social. Cualquier científico que eluda considerar este dilema actuará de modo irracional. Se trata de una realidad inseparable de la política de pauperización y demolición del sector de Ciencia y Técnica en el país, lo que incluye al Conicet, la CNEA, el Inti e Inta, para citar sólo los casos más emblemáticos. La política de privatización en este terreno ha tenido una continuidad bajo gobiernos “nacionales y populares” como “neoliberales” y sirvió para convertir a los distintos centros e instituciones en apéndices de empresas y capitales externos. Vale para servicios de consultoría o proyectos asociados del más diverso tipo, barriendo o apropiándose incluso de la actividad realizada por investigadores argentinos. Según fuentes oficiosas, una parte sustancial del tiempo que dedicó el presidente Obama a su conversación con Macri en la reciente visita al país fue destinado a dos temas: el pago de regalías por el uso de semillas transgénicas (“caso” Monsanto) y un reclamo similar sobre reconocimiento de patentes medicinales. La exigencia sistemática para que la Argentina se someta a las leyes de patentes de los Estados Unidos inviabiliza ramas enteras de la investigación sobre nuevos procesos tecnológicos y actividades de innovación en función de necesidades nacionales y sociales. Va de suyo que esto revela la completa postración de la clase dominante nativa ante el capital extranjero y su incapacidad para promover un desarrollo autónomo de las fuerzas productivas nacionales, requisito sine qua non para promover un sector de Ciencia y Técnica. En términos simples no hay “desarrollo económico y social” -ni cultural ni científico en el país- sin ajustar cuentas con los que han conducido a un país a la bancarrota actual (medida por el índice de pobreza, por el trabajo en negro, por la desigualdad social). Esto supone desconocer la deuda usuraria, expropiar al gran capital monopólico y financiero y promover un plan de desarrollo bajo el control de los trabajadores. Una agenda inmediata La función de un conglomerado de Ciencia y Técnica debe ser atender una utilidad social, lo que es solo posible en condiciones de un proceso público, bajo el control de las organizaciones de los productores y trabajadores de Ciencia y Técnica. El asesoramiento a las “empresas” supone, en principio una política de privatización de la actividad del sector mediante los cuales los recursos presupuestarios estatales se convierten en subsidio de la actividad monopólica capitalista. La lucha del Conicet ha dejado planteado un programa: • La lucha por la ampliación del presupuesto y su control por las organizaciones de trabajadores e investigadores del sector de Ciencia y Técnica, lo que incluye la satisfacción de sus reivindicaciones históricamente postergadas. • La democratización de los organismos del sector bajo el criterio de elecciones directas de cargos ejecutivos y representación plena de los investigadores y trabajadores del sector. • La defensa de la carrera de investigador científico, del personal de apoyo y del sistema de becas. • Un plan único de la educación superior y del sector de Ciencia y Técnica en función de la emancipación social y nacional de los trabajadores.

El miércoles 28 de diciembre se cumplieron quince años de la principal conquista del movimiento estudiantil argentino en este período: la recuperación de la Federación Universitaria de Buenos Aires. Con un emotivo brindis en la Facultad de Ciencias Veterinarias, la UJS fue la única corriente estudiantil que celebró estos quince años de Fuba independiente y de lucha. ¿Por qué solo la juventud del Partido Obrero reivindica esta historia? Fueron muchas las agrupaciones y partidos de izquierda que participaron de las conducciones de la Fuba. Pero todas lo hicieron circunstancialmente, durante algunos años, para luego retirarse. El corazón de la experiencia de la Fuba -su independencia política respecto de autoridades y gobiernos de turno- fue una línea cuya defensa y continuidad corrió bajo responsabilidad de la UJS. Desde 2001 hasta hoy, defendimos la independencia de la Fuba a través de grandes luchas y crisis políticas que cruzaron a las distintas direcciones de la Federación. En este proceso, la UJS forjó a varias generaciones de cuadros y militantes revolucionarios, muchos de los cuales se hicieron presentes en el brindis de Veterinarias. ¿Independiente o piquetera? Dominada por Franja Morada -la juventud universitaria de la UCR- desde el retorno de la democracia, la Fuba era un aparato aliado a los rectores y gobiernos, soporte fundamental de las políticas privatistas contra la educación. En las movilizaciones educativas de masas contra el menemismo una vanguardia importante de estudiantes sacó la conclusión de que Franja terminaría entregando la lucha y favoreciendo la aprobación de la Ley de Educación Superior dictada por el Banco Mundial. Para zafar de este retroceso, la Franja Morada apeló al salvataje de la centroizquierda y comenzó a presentarse como Alianza, en sintonía con la orientación nacional de la UCR. Este recurso provisional se vino abajo ante la bancarrota de 2001, que se llevó puesto a De la Rúa y al gobierno aliancista. Los dirigentes de Franja Morada quedaron implicados en el apoyo al gobierno ajustador de López Murphy-Cavallo-De la Rúa y fueron deschavados incluso en su faceta delictiva, a partir del desvío de fondos asignados a los planes “Trabajar”. Anticipando lo que sería el 19 y 20 de diciembre, en las elecciones de los centros de estudiantes realizadas entre septiembre y noviembre de 2001, las agrupaciones de izquierda pegaron saltos significativos en detrimento de la Franja Morada-Alianza, que estaba en caída libre. Los delegados electos por estas agrupaciones de izquierda conformaban una mayoría, por primera vez desde 1983, superando por mucho los delegados del radicalismo. Para el Congreso previsto para el 28 de diciembre se puso en pie el Frente “20 de diciembre”, que logró hacerse de la dirección de la Fuba. La constelación de agrupaciones que integraba el Frente “20 de diciembre” estaba encabezada por las agrupaciones autodenominadas “independientes” (TNT, NBI, etc.), que, por su cantidad de delegados, representaban la primera minoría del Frente. Estos reivindicaban el autonomismo, una ideología que hace gala de la ausencia de un programa y principios claro, y denosta a todos los partidos políticos por igual, sin importar que éstos sean revolucionarios o defensores de los intereses capitalistas. La UJS, que había ganado la conducción del centro de Psicología con el EPA!, ocupó en esa primera conducción un lugar en la vicepresidencia, en parte porque otros partidos de izquierda con más delegados, como el PCR, rechazaron ser parte de la lista que desplazó a Franja Morada. La misma actitud asumió el PTS, que batiría todos los récords al automarginarse de la experiencia de la Fuba desde 2001 hasta el presente. Decidimos integrarnos como minoría a partir de la caracterización de que se trataba de un paso adelante del movimiento estudiantil, que planteaba nuevas delimitaciones en un terreno más avanzado. Nuestra caracterización inicial de la conducción de la Fuba mostraba esta característica contradictoria. A sólo días del triunfo señalamos: “El frente, si bien es una expresión de la nueva situación política, lo es en su forma más limitada y distorsionada, ya que los frenapistas (en referencia al Frente Nacional contra la Pobreza, impulsado por la CTA), que son la mayoría, le han dado la espalda al proceso revolucionario abierto en la Argentina. El frente ganador carece, como tal, de un planteamiento estratégico. La conformación de la lista siguió un método oportunista, pues se realizó sin debate político a pesar del alcance histórico de los acontecimientos de las últimas semanas. A todas luces se puede ver que el futuro de esta nueva dirección está más que condicionado” (Gabriel Solano, PO N° 726). El primer choque al interior del Frente “20 de diciembre” se produjo a la hora de anunciar en conferencia de prensa el triunfo sobre Franja Morada. Las agrupaciones autonomistas querían bautizar a la Fuba como “independiente”, mientras que la UJS proponía el nombre de “piquetera”. La diferencia no era menor: en oposición a una pretendida “independencia” de las fuerzas en pugna, la UJS apuntaba a unir al movimiento estudiantil con el movimiento piquetero, que peleaba en las calles por una salida obrera y popular a la crisis del país. Finalmente, se llegó a un acuerdo precario para no poner ningún adjetivo a la nueva Fuba, lo que no sería respetado por los “independientes”. Con la llegada al gobierno de Duhalde, las divergencias se agigantaron. Iván Heyn, presidente de la Fuba por ese entonces (falleció en 2011, en Montevideo, en un congreso al que había concurrido como funcionario del gobierno de Cristina Kirchner), concurrió junto a Axel Kicillof -otro joven “autonomista”- a las “mesas de concertación” que Duhalde había formado junto al cardenal Bergoglio, la FTV de D’Elía y la CCC. Esta temprana cooptación de los “independientes” precedió al kirchnerismo y fue rechazada por el resto de las fuerzas de la Fuba. Meses más tarde, los “independientes” se retirarían de la conducción de la Federación. Su “autonomismo” sin programa ni principios no estaba a gusto en una organización de lucha; sí, en cambio, encontraron comodidad en la dirección de La Cámpora muchos años después, que los catapultó a posiciones de peso en el Estado capitalista, donde terminaron pactando con el Club de París y firmando acuerdos secretos con Chevron. La lucha por la democratización y el conflicto agrario Sin lugar a dudas, la Fuba tuvo uno de sus capítulos más notables en la lucha realizada en 2006 que se popularizó con el planteo de la “democratización” de la UBA. Desde la Reforma de 1918 no se había realizado en el país una lucha cuyo eje fuera la transformación de la universidad y de su propio gobierno. La UJS encabezó esa pelea como una lucha contra el “régimen reaccionario” que dirigía la UBA, compuesto por camarillas profesorales minoritarias aliadas a los monopolios capitalistas y los gobiernos de turno. Hicimos un cuestionamiento de fondo a la estructura de la universidad y los intereses que prohijaba. Las otras corrientes, que para ese entonces conducían la Fuba -el MST y el PCR-, por el contrario, limitaron, desde el principio, la crítica a la candidatura a rector de un ex funcionario de la dictadura -el fallecido profesor de Derecho, Atilio Alterini-, dejando abierta la posibilidad de acuerdos con el sector de decanos autodenominado “progresista”. Durante la primera fase de la lucha, la divergencia estratégica planteada al interior de la Fuba quedaba relativamente soterrada, porque en su fase práctica significaba tirar abajo la candidatura de Alterini. Pero, ni bien éste debió renunciar a sus aspiraciones por el tenor alcanzado por la movilización, estas divergencias pasaron a ocupar el centro de la escena. Esto ocurrió cuando la dirección de la Fuba fue convocada para apoyar a otro aspirante -el también fallecido ex decano de Medicina, Alfredo Buzzi. Dos de las tres presidencias de la Fuba (el MST y el PCR) aceptaron el convite y comprometieron su apoyo a cambio de algunas becas estudiantiles. Pero la campaña por abajo que realizó la UJS, en cada asamblea de base, bloqueó esa posibilidad y obligó a llevar a la crisis hasta el final. La lucha por la democratización chocaría, entonces, con la represión directa del gobierno de Néstor Kirchner, que cedió las instalaciones del Congreso y llamó a la Policía Federal contra los estudiantes -con el apoyo, sí, de los decanos “progresistas” que se acoplaron al rectorado de Rubén Hallú. Las contradicciones al interior de la dirección de la Fuba terminarían de hacer eclosión tiempo después, cuando las mismas agrupaciones pro-decanos apoyaron a la burguesía agraria en el conflicto entre el llamado “campo” y el gobierno de CFK. La UJS convocó, entonces, a un Congreso Extraordinario de la Fuba, donde más de 1.000 estudiantes votaron una posición “independiente” de la Federación. Lejos de implicar la prescindencia de 2001/2002, esta “independencia” apuntaba una lucha a fondo contra ambos bandos capitalistas. El período 2006-2008 implicó un salto en el desarrollo de la UJS, que ganó autoridad y militancia al convertirse en el gran dique de defensa de la integridad de la principal organización estudiantil del país. Las elecciones de los centros realizadas a final de 2008 arrojarían un crecimiento de la UJS y un retroceso de la izquierda colaboracionista. Kirchnerismo(s) El resultado de este proceso llevó a que, en 2009, la Fuba fuera dirigida por una única presidencia de la UJS. No era nuestra voluntad: La Mella, que ya había ganado el Centro de Sociales y defendido, a su modo, una posición independiente en el conflicto agrario, nos votó pero no quiso integrar la conducción. Era una forma de evitar pagar el costo de un eventual retorno de Franja Morada y, al mismo tiempo, dejar establecida su hostilidad a la UJS, apostando al fracaso de la construcción revolucionaria del Partido Obrero en la Fuba. La jugada no les salió bien y al año siguiente debieron aceptar acoplarse a la conducción de una Federación que se había convertido en una referencia insoslayable, tanto adentro como afuera de la universidad. Para nosotros, el frente único con los chavistas de la UBA era la forma de abordar la clarificación de las divergencias estratégicas existentes en el marco de una acción común, que potenciara la lucha contra los agentes de los partidos capitalistas en el movimiento estudiantil. La copresidencia con La Mella, que se sostiene desde 2010, implicó una lucha política abierta y sistemática para superar la tendencia a la capitulación frente al kirchnerismo, al carrerismo y a la asimilación al régimen de camarillas imperante. La UJS evitó en la Fuba lo que La Mella logró en la FULP: entregar una federación recuperada a manos de La Cámpora y el PJ. La reciente convocatoria de la Junta Representativa a la marcha del 20 de diciembre junto al clasismo, combatiendo la tregua de la CGT y de las organizaciones sociales alineadas con el Papa Francisco, es un ejemplo más de esta pelea. En los últimos congresos de la Federación hicimos una propuesta para llevar esta delimitación hasta el final: reclamamos un acuerdo técnico a La Cámpora y el kirchnerismo, para derrotar en común al radical-macrismo de Franja Morada y que cada fuerza ocupe en la Fuba el lugar que le corresponde de acuerdo a su proporción de delegados. La Mella y los K rechazaron este acuerdo, a sabiendas que aseguraba la continuidad de una conducción de izquierda. Luego serían derrotados por nosotros en los centros de estudiantes de Filosofía y Farmacia. Perspectivas La experiencia de estos quince años de Fuba ha sido el escenario de luchas políticas enormes por defender la independencia política del movimiento estudiantil y rechazar la cooptación de los ‘nacionales y populares’. Esta tarea requirió de una dirección revolucionaria, claramente identificada con las banderas del socialismo y el gobierno de los trabajadores. En cambio, el resto de los grupos políticos que ocasionalmente participaron de la dirección de la Fuba sucumbieron ante la cooptación tanto del kirchnerismo como de las camarillas universitarias. Bajo la dirección de la UJS, la Fuba traspasó los muros de la universidad para participar activamente en la lucha de juventud trabajadora y de toda la clase obrera. La adaptación al régimen y el seguidismo al nacionalismo burgués, tanto ayer como hoy, es garantía de fracaso y entrega de las conquistas estudiantiles. Frente al escenario de la bancarrota capitalista que golpea a América Latina y a nuestro país, la perspectiva que tiene la Fuba no es otra que expandirse, recuperando los centros y federaciones estudiantiles para una lucha sin tregua contra el Estado y los representantes del capital. Quince años de la Fuba enseñan que la juventud tiene futuro en la lucha, junto a la clase obrera. Tambien te puede interesar: Vamos a los campamentos de verano de la UJS

La detención de Cristian Aldana, cantante de El Otro Yo, es un quiebre ante la impunidad reinante para los abusadores y violentos en nuestra sociedad. Ello fue posible gracias a una intensa campaña y movilización por parte de sus víctimas y quienes acompañamos su reclamo. Aldana está detenido a pedido de la Fiscalía N° 38, a cargo de la doctora Betina Vota, y la investigación quedó radicada en el Juzgado de Instrucción N° 17. En mayo de este año, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres había presentado una denuncia penal contra el cantante por distintos hechos que podrían abarcar los delitos de abuso sexual agravado y corrupción de menores. En abril de este año cobraron amplia difusión las denuncias hacia el cantante por casos de abuso sexual. Los testimonios de Mailén y Rocío contra el cantante de La Ola que Quería ser Chau, viralizados por las redes sociales, fueron seguidos por una catarata de denuncias similares en el grupo de Facebook “Víctimas de Cristian Aldana”, que incluye a menores de edad, como su ex novia Carolina Luján, que comenzó su relación con él cuando apenas tenía 13 años. A la movilización en las redes le siguió la organización y movilización callejera. Junto con las víctimas, sus amigos y familiares, distintas organizaciones nos concentramos en Plaza de Mayo en un acto de rechazo y de denuncia, instalando ante la opinión pública el flagelo de los abusos en el mundo del rock. Luego se sucedieron nuevas movilizaciones. Meses después se conoce la noticia de la prisión preventiva por las denuncias penales. Desde el momento en que se hicieron públicas las denuncias, la respuesta de Aldana fue la provocación. Primero, salió al cruce desde su Facebook, victimizándose y denunciando “mendacidades y falacias” en su contra, para luego salir directamente a la calle a confrontar con las mujeres que nos movilizábamos para denunciarlo. Ante una marcha en su contra con la consigna “Ya no nos callamos más", Aldana se presentó vestido de monja en la Avenida 9 de Julio, cantando que "el amor vence al odio”. Aldana presidía la organización kirchnerista Unión de Músicos Independientes, cargo del que debió tomarse licencia ante la conmoción que generó el conocimiento de que era un abusador. Aldana era un modelo de joven K dentro del rock, en 2013 fue candidato a legislador porteño en las listas del FpV. En nuestra sociedad, los abusos son una aberración mucho más extendida de lo que se conoce y la regla general es la impunidad de los abusadores. Con la denuncia a Aldana se busca visibilizar la extensión de este flagelo en el mundo del rock, aunque, por supuesto, no es patrimonio exclusivo de este ámbito. El abuso de poder y el sentimiento de superioridad del hombre, junto con la satisfacción perversa en humillar a la mujer, son la lógica que prima en estas situaciones de violencia. Vivimos en una sociedad que educa en estos valores en distintos ámbitos de la vida en mayor o menor grado. Hay un Estado responsable, que impulsa el desprecio y el sometimiento de la mujer, así como de un régimen social que es una fábrica de abusadores y violentos. Contra este estado de cosas, irrumpieron las masivas movilizaciones por #NiUnaMenos y el paro nacional de mujeres. El reclamo por justicia para las víctimas de Aldana es un grito de lucha contra los abusos y la violencia. Debemos seguir movilizadas para evitar la impunidad y que este caso sirva para alentar a más mujeres a denunciar y superar la situación de violencia en la que están inmersas. Contra todo tipo de violencia hacia las mujeres, vamos por un nuevo paro nacional el próximo 8 de marzo.

La nueva Policía de la Ciudad entrará en funciones el 1° de enero y Rodríguez Larreta ya definió quién será su jefe. Se trata del comisario inspector José Potocar, quien hasta el día de hoy fue director de las 54 comisarías de la Ciudad. Entre los pergaminos que destacaron desde el gobierno, se encuentra su conocimiento del funcionamiento de las comisarías, su graduación en el FBI y su experiencia en materia de “lucha contra el narcotráfico” y control de la protesta social. El significado de la designación de Potocar es la continuidad de la estructura mafiosa de las comisarías porteñas. Rodríguez Larreta desistió de nombrar a un civil al frente de la fuerza y ha pactado con los comisarios su designación. La ley que crea la nueva policía establecía una dirección “civil” para la fuerza. El ministro de Seguridad, Martín Ocampo, ha encontrado una argucia técnica para designar a Potocar. De todos modos, una dirección civil de la nueva policía era un intento de presentar la corrupción y la descomposición policial como un fenómeno aislado. Pero la realidad es que responde a la descomposición más general de un régimen social y un Estado que ampara el delito, el lavado de dinero, el juego privado y el blanqueo de capitales. Un régimen social que necesita de lucrativos negocios como el narcotráfico y la trata de personas para sostener su economía y finanzas en crisis. La ley votada en la Legislatura ya contenía una prueba de este pacto en la legalización del sistema de adicionales que, como denunció Marcelo Ramal en el recinto, “es el punto de partida para la privatización de la seguridad, la formación de cajas paralelas y de un sistema de coacción de los comisarios sobre sus subordinados fundado en prebendas económicas”. La designación de Potocar ha dejado a la intemperie a los legisladores del kirchnerismo y de Lousteau, que detrás de la jefatura civil y de una ficticia participación ciudadana a través de foros vecinales, presentaron la nueva policía como un paso adelante y le dieron sus votos al PRO. El anuncio del nuevo jefe ocurre mientras salen a la luz resonantes casos de corrupción y connivencia con el delito de numerosos jefes de la Federal. En la Comisaría 51ª de Núñez, por proteger a cambio de coimas al cabaret “Pampita” en la 12ª de Caballito, por amparar a bandas de secuestradores. Dos jefes de la Federal están procesados por enriquecimiento ilícito: el comisario Claudio Lucione y el comisario inspector Osvaldo Tapia. Lucione, retirado, tiene actualmente un contrato como asesor en el Ministerio de Justicia de la Ciudad y fue jefe de Seguridad de Boca en el primer mandato de Angelici. En este cuadro, la rebelión popular en Flores provocada por el asesinato de Brian estuvo largamente anunciada. La pueblada contra la Comisaría 38ª demuestra que la población trabajadora de la Ciudad es consciente de la “participación necesaria” de las comisarías en la proliferación de la inseguridad que la afecta cotidianamente. Como vemos, la nueva policía ciudadana no tiene nada de nuevo, recicla a corruptos y refuerza a represores. Se trata de un lavado de cara necesario en tiempos de ajuste al que se han prestado todos los partidos patronales que actúan en la Ciudad. Hay que investigar y destituir a todas las cúpulas comprometidas con hechos delictivos y abrir las comisarías al control popular a través de asambleas de vecinos, trabajadores y organismos de derechos humanos, como parte de una transformación social que termine con las lacras delictivas generadas por la descomposición social imperante.

La polémica sobre el balance del primer año de gobierno de Macri acaba de ser saldada por el propio presidente bajo la forma de una crisis. Luego de haberse autocalificado con un 8 sin temor a caer en el ridículo, debió echar a Prat Gay del gabinete ante el completo impasse de la economía. Los números son elocuentes. El año 2016 concluye con una caída del PBI que supera las ya negativas previsiones originales el retroceso orillará el 3%. Lejos de los pronósticos optimistas sobre la segunda parte del año, la caída se acentuó en el tercer trimestre. La producción industrial se fue a pique. La construcción directamente se paralizó ante la decisión de frenar la obra pública para evitar un mayor déficit fiscal. El comercio va de mal en peor, reflejando la desvalorización del salario. El fracaso es tan rotundo que la devaluación del 60% no sirvió siquiera para relanzar las exportaciones, dejando una balanza comercial pobre, que no es deficitaria solo porque la recesión inhibe las importaciones industriales. Sí generó, en cambio, una inflación superior al 40% que, en poco tiempo, terminó apreciando nuevamente al peso, llevando a una parte de los capitalistas a reclamar una nueva devaluación. La quiebra del Estado, que se expresa en el déficit fiscal elevadísimo, se ha acentuado como resultado de que los capitalistas siguen requiriendo de los fondos públicos en su propio beneficio. La posibilidad de financiar la economía mediante el endeudamiento externo choca con la suba de la tasa de interés internacional que, en el caso de Argentina, ha sido especialmente intensa en las últimas semanas, como lo prueba la caída del valor de los bonos de deuda. Este completo impasse ya había producido una disputa al interior del gabinete. La implementación de la baja de la tasa de interés del Banco Central reclamada por Prat Gay para reactivar la economía fue respondida por los especuladores con una mini corrida cambiaria, que llevó en pocos días al dólar por encima de los 16 pesos. Ocurre que una rebaja de la tasa y una devaluación ponen en riesgo la bicicleta financiera armada por el gobierno, que ha servido para financiar una fuga de capitales que no se detuvo durante todo el año. En ausencia de ese premio extraordinario tendríamos un escenario de una mayor fuga y una corrida cambiaria de final incierto. De hecho, la gran entrada de dólares por única vez por efecto del blanqueo está financiando una fuerte fuga de capitales. Coalición del ajuste Para ocultar esta crisis de fondo el gobierno quiso presentar la salida de Prat Gay como un gesto de autoridad presidencial. Y lo mismo hizo con la salida de Isela Constantini de Aerolíneas Argentinas. Pero ello no hubiera sido posible sin los servicios invalorables prestados tanto por la burocracia sindical como por la oposición patronal. Luego de haberle votado las principales leyes durante el año y dejar pasar un ajuste al salario de al menos 10 puntos y miles de despidos, la burocracia sindical y la oposición patronal salieron al rescate del gobierno cuando éste atravesaba con el choque por Ganancias su peor momento. Para evitarle a Macri el costo político de un nuevo veto, cometieron el ridículo de mandar al tacho de basura el proyecto votado por ellos mismos en Diputados. Al final, parieron una ley que en muchos puntos es peor que la versión original del gobierno: más de 1,5 millón de trabajadores seguirán siendo confiscados con el impuesto al salario. La camarilla kirchnerista replicó la misma duplicidad que caracteriza al resto de la oposición. Mientras el camporismo hacía un mini-show en Diputados retirándose de la sesión, Alicia Kirchner firmaba el acta con el resto de los gobernadores reclamando el cobro de Ganancias a los trabajadores en nombre de la defensa de los “fondos provinciales”. El gobierno ha usado su propia debilidad como un factor de extorsión a la oposición. La defensa de la “gobernabilidad”, por la que se pronunció el capo máximo de Techint ante el debate de Ganancias, muestra que la clase capitalista reclama la continuidad de la coalición del ajuste. Lo que viene Los relevos anunciados suenan a una gran improvisación. La división en dos del ministerio de Prat Gay va en el sentido contrario a establecer un mando económico fuerte y centralizado, como reclamaba una parte considerable de los capitalistas. El hecho de que ese lugar los analistas se lo asignen al Macri habla de que asistimos a una crisis de envergadura. En los regímenes presidencialistas los ministros tienen la función de actuar como fusibles, que deben saltar para salvar la institución presidencial. La ausencia de un ministro de economía con peso propio coloca a Macri en la primera línea de fuego. Así y todo, en Finanzas Macri se cuidó de dejar a quien ya oficiaba como secretario de esa cartera, para dar una señal clara al capital financiero sobre la continuidad de la política de endeudamiento. Luis Caputo, ex JP Morgan y ex Deutsche Bank, ha sido el negociador directo del acuerdo con los fondos buitres. El negocio que se tiene entre manos es fabuloso: según el Presupuesto 2017 deberá tomar deuda -entre la nueva y el refinanciamiento- por unos 55.000 millones de dólares. La designación de Nicolás Dujovne en Hacienda tiene un sentido claro: profundizar el ajuste fiscal y alinear al gobierno para una ofensiva contra las masas. En sus columnas habituales de La Nación, Dujovne abogó por una reducción del déficit mediante una reducción drástica del gasto social del Estado. También defendió, bajo el rótulo de un “blanqueo laboral”, una rebaja de los impuestos patronales, sin importar que sea contradictorio con la reducción del déficit. Los capitalistas, claro, son más pragmáticos que los izquierdistas. En las últimas semanas se valió de las dificultades que trae aparejadas el triunfo de Trump en materia financiera para proponer una vuelta al FMI, con el argumento de que se trataría de un financiamiento más barato que el conseguido en el mercado. Pero omitió lo esencial: a cambio de un rescate, el FMI reclamará un ajuste en toda la línea. En un paper conocido en los últimos días, el Fondo propuso la elevación de la edad jubilatoria de las mujeres a 65 años y una modificación de los índices de cálculo y actualización previsional que lleve a una reducción de los haberes jubilatorios. Los planteos de Dujovne han despertado resistencias en la Unión Industrial, porque el designado ministro ha propuesto abrir las importaciones para reducir la inflación, algo que mandaría literalmente al tacho a buena parte de la burguesía nacional e incrementaría los despidos masivos que llegaron este año a unos 200 mil. La aplicación hasta el final de este programa llevará con seguridad a una quiebra al interior de la clase capitalista. Política Que el sentido general del cambio de gabinete es intentar una nueva ofensiva contra las masas lo prueba la campaña contra los piquetes que circuló, otra vez, por los medios de comunicación en las últimas semanas. La aplicación de un ajuste de las dimensiones que reclama la bancarrota capitalista sólo es posible mediante una derrota de los trabajadores. Pero Argentina sigue siendo un país soliviantado. La ocupación realizada por los jóvenes científicos precarizados del Ministerio de Ciencia y Técnica obligó al gobierno a un recule y a mantener en su puesto al muerto en vida Lino Barañao, ya que para el gobierno hubiese sido una muestra enorme de debilidad admitir que la movilización le volteaba una figura de su gabinete. Otra vez, es imposible no reconocer que, cuando el gobierno anuncia que no permitirá más piquetes en la Ciudad, una explosión popular en Flores termina ocupándole una comisaría en repudio a las zonas liberadas y la asociación de las fuerzas de seguridad con el crimen organizado. Horas después, en Mataderos, una bala presumiblemente policial, mata a un transeúnte en una persecución a un automóvil, mostrando el descontrol de las fuerzas de seguridad. Muchos analistas han señalado que el nuevo capítulo del ajuste no podrá ser aplicado en el año electoral, pues si lo hace el gobierno perdería irremediablemente las elecciones. El problema de este razonamiento es que desconoce que, si sigue así, la derrota podría alcanzarlo por igual. En cualquier caso, el valor del planteo es que pone de manifiesto la fuerte tendencia al inmovilismo que anida en el régimen político, y que no es la consecuencia del proceso electoral, sino del temor a una reacción generalizada de los trabajadores. En ese sentido, la designación de Dujovne no le aporta al gobierno ni un gramo de volumen político. Desafío La crisis de gabinete de fin de año confirma nuestro pronóstico sobre la experiencia de Macri. Cuando muchos creían que su gobierno abría una etapa de reforzamiento de la derecha continental, nosotros señalamos que se trataba de un capítulo más de la crisis, cuyo factor dinámico es la bancarrota capitalista que socava las bases de los gobiernos y regímenes. El año 2017 será un año decisivo. Ante el intento renovado del gobierno y la coalición del ajuste de descargar la crisis sobre las espaldas de las masas, para los trabajadores y la izquierda se plantea el desafío de valerse de la bancarrota capitalista para ofrecer una salida integral, política y de lucha, sobre la base de un programa de transformación social dirigido por la clase obrera. El panorama político que tiene por delante la izquierda revolucionaria es simplemente apasionante.

Durante febrero y marzo se realizarán los campamentos de la Unión de Juventudes por el Socialismo a lo largo y ancho del país. Anualmente, se conforman como ámbito de formación política, integración, intercambio de experiencias colectivas y de recreación, para cientos y cientos de jóvenes, obreros y estudiantes. Esta vez, los mismos se nutrirán de las conclusiones de la experiencia de lucha contra el ajuste macrista, que crearon una nueva situación en el movimiento de la juventud. En primer lugar, participarán los estudiantes que protagonizaron junto a los docentes universitarios la rebelión educativa de marzo contra el recorte presupuestario y por el salario. Las luchas por el boleto educativo agitaron las aguas de los estudiantes de todos los niveles. Esa misma juventud mostró que con la organización independiente podemos derrotar el ajuste del gobierno, esta vez con la gran victoria de los Jóvenes Científicos Precarizados en el Conicet. Durante estas luchas se procesó una diferenciación con el kirchnerismo que, por su rol en el ajuste actual y los compromisos con el régimen, funcionó como una traba objetiva para el movimiento. La carestía y la creciente desocupación también acercaron a la lucha política a toda una camada de jóvenes en los barrios que se organizan junto al Polo Obrero contra el hambre y la miseria. Los campamentos de la UJS aportarán a esta experiencia un norte estratégico: los cursos centrales abordarán la Revolución Rusa, en el año de su centenario. Contra quienes pretenden “clausurar el Siglo XX”, antes con la caída del muro de Berlín y ahora con la muerte de Fidel, vamos a estudiar la primera revolución obrera triunfante desde la perspectiva de la vigencia histórica del socialismo como salida a la crisis capitalista mundial. La organización del viaje, tanto en la previa como en el Campamento es una tarea colectiva. Hemos puesto en marcha la campaña, que consiste en anotar a miles de jóvenes y comenzar la recolección de los fondos. El primer campamento es el de Córdoba y La Pampa, tendrá lugar en Cabalango del 3 al 5 de febrero. En el fin de semana largo de carnaval, a fines de febrero, tendrá lugar el campamento central, donde participarán compañeros de Capital, Buenos Aires, Santa Fe y de todo el NEA. Al mismo tiempo, Mendoza organizará el propio. La tanda cierra del 3 al 6 de marzo con un campamento de todo el NOA. De esta manera, comenzamos el año con miles de jóvenes formándose y organizando una salida de los trabajadores frente al ajuste que el gobierno pretende descargar sobre nuestras espaldas. Para anotarte mandá un mail a: campamentoujs2017@gmail.com

El Partido Obrero viene realizando centenares de brindis de fin de año en todo el país con la presencia de miles de trabajadores. Alzamos copas por las grandes luchas y conquistas del clasismo durante 2016 y debatimos conclusiones políticas. El viernes 23 se realizó otro brindis. En la quinta de Olivos, Macri le rindió homenaje al triunvirato de la CGT. Es que, para el gobierno, fue vital la complicidad manifiesta de la CGT y sus maniobras para evitar un plan de lucha y un paro nacional, y para hacer pasar una ley que perpetúa el impuesto al salario. No era para menos. Allí donde existen conducciones independientes de la burocracia sindical y los partidos del sistema se han desenvuelto luchas intensas por el salario y contra los despidos y se han logrado triunfos. Así lo demostraron las luchas de los docentes universitarios por el salario y contra los despidos en el CBC, de los trabajadores de prensa, de los obreros del neumático y la construcción del Sitraic y, finalmente, la enorme rebelión de los científicos precarizados del Conicet. Las conquistas del clasismo como el Sutna actúan para impulsar un reagrupamiento general contra la tregua, como ocurrió en las movilizaciones del 9 de agosto y el 20 de diciembre. La Campaña Financiera del Partido Obrero es inseparable de la lucha por la recuperación de los sindicatos y su conexión con la construcción de una alternativa política de los trabajadores. Esta tarea demanda que sean los mismos trabajadores los que la financien. Conquistar miles de aportes obreros para la campaña financiera persigue un propósito económico y político. Los primeros informes indican que, a pesar de las dificultades económicas que atraviesan las familias obreras, allí donde nuestros dirigentes sindicales impulsan la campaña hay buenos resultados. Se destaca la marcha de la campaña en la planta gráfica de AGR Clarín, Morvillo e Interpack. Tenemos planes ambiciosos en el Neumático y entre los obreros de la construcción afiliados al Sitraic. Los docentes de la provincia de Buenos Aires, que son dirigentes de los Suteba combativos, van por un millar de aportes. Las inmensas luchas que encabezó la AGD de los docentes universitarios deberían plasmarse ahora en centenares de aportes para el PO, lo mismo entre los trabajadores de prensa para reforzar las posiciones independientes dentro del Sipreba. El vigoroso desarrollo de la Naranja Telefónica plantea el desafío de consumar centenares de aportes en ese gremio estratégico. Para reforzar al clasismo en los sindicatos, juntemos miles de aportes para el Partido Obrero. Tambien te puede interesar: Para cerrar un año de avances, vení a los brindis del PO de Tucumán

Jonathan Echimborde, de 28 años, murió tras recibir un balazo en el pecho al quedar atrapado en medio de una persecución policial mientras arreglaba su camioneta en el taller de su padre. Hay fuertes sospechas de que el disparo salió de un arma de la Policía Federal, por lo que dos efectivos fueron pasados a disponibilidad temporalmente. El joven trabajaba de fumigador y tenía tres hijos pequeños, que fueron testigos del asesinato. Oscar Echimborde, el padre de la víctima, aseguró que el tiro partió de la policía: “No hay dudas de que fue un policía de la Comisaría 42ª, ya lo identificaron. Supuestamente entregó su arma, chapa y todo. Vino un subcomisario de la 42ª y nos dijo que estaba todo a nuestra disposición” (Infobae, 28/12) La familia, sin embargo, no ha sido contactada por ningún representante del Ministerio de Seguridad. El hombre denunció que durante la investigación hubo una manipulación de la escena del crimen. “Hay filmaciones de todo. La policía estuvo pateando las vainas para limpiar la escena. Afortunadamente, un vecino que es abogado penalista recogió las vainas y me dijo: ‘quedate tranquilo que con esto la van a pagar’. Incluso, la misma policía intentó increparlo a él más tarde, fue una vergüenza”. Otros familiares testimonian haber recibido maltratos de la Policía Federal en el Hospital Santojanni, al que fue trasladado Jonathan luego del ataque y donde finalmente murió. Los vecinos denuncian que Mataderos es una zona liberada. El portal TN reproduce la carta de una vecina al respecto: “Entre General Paz, avenida Alberdi y avenida Emilio Castro (conocida también como barrio Naón) están sucediendo robos muy violentos. En el día de ayer le robaron a mi amiga, la manosearon, la amenazaron de muerte y le pegaron. Cuando llamó a la policía, me dicen que la zona está liberada, porque el nuevo gobierno no les está pagando los sueldos”. Este testimonio no es aislado y coincide con sucesivas reclamaciones realizadas por vecinos y agrupaciones del barrio. Según una ONG especializada “en lo que va de 2016 hemos recibido más de 800 reclamos por delitos perpetrados en el otrora tranquilo barrio de Mataderos”. La organización señala como responsables a mafias organizadas y a la barra brava de Nueva Chicago, cuyos delitos quedan impunes (Diario Popular, 1°/12). Exigimos la investigación a fondo de todas las responsabilidades policiales y políticas de estas zonas liberadas. Destitución inmediata de las cúpulas corruptas de la policía. Apertura de los libros de las comisarías al control popular a través de asambleas de vecinos y trabajadores y organizaciones de derechos humanos.

Este año hemos sido protagonistas de grandes luchas contra el ajuste, ganando las calles contra la carestía y por trabajo genuino con el Polo Obrero; organizando a las mujeres en la lucha por la libertad a Belén, su absolución y por el Ni Una Menos. En la universidad, contra las camarillas privatistas, en defensa de la universidad pública y gratuita desde las agrupaciones de las UJS y la Naranja de Docentes Universitarios. Apoyando y profundizando el reclamo de los miembros de la Comisión de Familiares Víctimas contra la Impunidad. Desarrollando al Partido Obrero en los barrios y las zonas del interior. Gran parte de estas luchas han sido representadas por una importante participación de delegaciones en el acto del FIT en Atlanta, y en la movilización del 20 de diciembre contra el ajuste de Macri y los gobernadores. Ahora, el Partido Obrero está desarrollando una gran Campaña Financiera que corone el gran esfuerzo militante de 2016 y nos prepare para los desafíos que vendrán el próximo año. En este marco hemos impulsado una agenda de brindis de fin año. El martes 27 se llevó adelante el brindis con los miembros de la Comisión de Familiares Víctimas de la Impunidad, con la presencia de Alberto Lebbos y Daniel Blanco. Aquí, el Partido Obrero expresó nuevamente el apoyo a la lucha que está llevando adelante la comisión y planteó redoblar los esfuerzos ante el juicio por Paulina que se abrirá en los primeros meses de 2017. De la misma manera se llevó adelante, el martes, un brindis sindical con importantes activistas que están integrando las agrupaciones del Partido Obrero. Está planificado un brindis de la juventud universitaria y la juventud barrial para el miércoles 28. El jueves 29, con una jornada artística y cultural el Plenario de Trabajadoras cerrará el año. De la misma manera, en el trascurso de la semana se llevarán adelante otros brindis en el interior de la provincia: Tafí Viejo, la Toma de Alderetes, Posse, La Florida, El Manantial, Leales, Orán, Los Ralos y Estación Araoz. ¡Vamos por un 2017 contra el ajuste de Macri y Manzur, por una alternativa de los trabajadores!

El triunfo conquistado por los investigadores del Conicet deja planteadas diversas conclusiones para el conjunto de los trabajadores. En una misma semana se vivieron hechos que se oponen por el vértice: mientras la CGT acordaba con Macri una ley que mantiene el impuesto al salario para aproximadamente 1,5 millón de trabajadores, en el Conicet un colectivo combativo de jóvenes científicos precarizados protagonizaban la ocupación del Ministerio de Ciencia y Tecnología para reclamar la reincorporación de la totalidad de los 508 despedidos. Este choque estratégico entre la burocracia sindical y los trabajadores se retrató en dos postales del viernes 23 de diciembre. En el mismo momento que la cúpula de la CGT brindaba en Olivos con Macri, escuchando los agradecimientos que les dispensaba el Presidente por su ‘responsabilidad en no reclamar de más’, los jóvenes científicos precarizados se reunían en asamblea y no levantaban su ocupación hasta confirmar que la totalidad de los despedidos tuviese asegurada su continuidad laboral, en las mismas condiciones profesionales y laborales que la venían desarrollando hasta el momento. La tenacidad de la lucha y la amenaza de pasar Navidad dentro del propio Ministerio de Ciencia y Técnica llevó al gobierno a morder el polvo y admitir su derrota. La conclusión que se deriva de este contraste debe ser debatida en el conjunto del movimiento obrero. El triunfo obtenido por los compañeros del Conicet muestra que enfrentamos un gobierno al que se lo puede derrotar si se lucha de verdad. Si lo pudieron lograr un grupo relativamente pequeño de trabajadores del Conicet, apoyados por algunos sindicatos como AGD-UBA y Conadu Histórica, ATE y la Fuba, qué decir de lo que pudiesen conquistar los grandes sindicatos que tienen la capacidad de paralizar la producción, el transporte, el comercio y las finanzas. Para que se entienda bien: un plan de lucha de la CGT y los sindicatos hubiera conquistado no sólo la eliminación del impuesto al salario, sino también infligido una derrota categórica al conjunto de la política de entrega, ajuste y endeudamiento del gobierno. La gran lucha de los jóvenes científicos del Conicet también permite sacar conclusiones sobre la política del kirchnerismo. El camporismo fue y vino, retaceando en un primer momento el apoyo a la ocupación y a la lucha, ya que enfrentaba una contradicción evidente. No sólo Barañao había sido su ministro estrella, sino que todo el directorio del Conicet está copado por sectores K. La pata sindical kirchnerista (La Corriente Federal que encabeza el secretario general de la Bancaria, Palazzo) brilló por su ausencia, repitiendo la conducta que asumió en las últimas semanas cuando la CGT entregó la lucha contra el impuesto al salario en un pacto con Macri. La ‘organicidad de la CGT’ -o sea, su pertenencia a la burocracia sindical- es un límite infranqueable del kirchnerismo sindical, que es parte de la burocracia peronista en su conjunto. La clave de la situación política de la Argentina se reduce a cómo hacer para descargar la bancarrota capitalista sobre las espaldas de los trabajadores. El lugar ganado en la mesa del poder por la burocracia sindical es una expresión distorsionada de esta situación. Luego de legitimar el impuesto al salario, el gobierno va por más. Con la excusa de la llegada de las inversiones, está en la agenda la eliminación de los convenios colectivos de trabajo, una nueva paritaria a la baja y una reforma previsional que suba la edad jubilatoria. La CGT, claro, dejará pasar esto y mucho más. Pero el triunfo de los jóvenes científicos precarizados marca que al gobierno se lo puede derrotar desarrollando la lucha de clases de los trabajadores, desmintiendo de paso a quienes partiendo de un derrotismo desmoralizante creen ver un ofensiva derechista continental que sólo puede ser enfrentada en una alianza con los CFK, Lula y compañía -o sea, con los responsables de que la derecha hoy sea gobierno. Brindemos por los compañeros del Conicet y, por sobre todo, sigamos su ejemplo. Tambien te puede interesar: Conicet: triunfo de una lucha "Transformar la ciencia exige una transformación social de fondo"

Macri vetó tres leyes y un artículo clave de otra. En todos los casos se trata de disposiciones de algún interés popular o para trabajadores. En primer lugar vetó la ley que sujeta a expropiación al Hotel Bauen, bajo gestión de sus trabajadores hace 14 años. Esto con el argumento de que “beneficia a un reducido número de personas”, que serían las decenas de trabajadores que forman la cooperativa. En cambio, favorecer a los dueños que quebraron y vaciaron la empresa sería un objetivo de tipo, digamos, “social”. Indudablemente, se trata de un golpe que da una señal a los “inversores”, que no invierten un peso pero para los cuales la especulación inmobiliaria con un edificio de esa magnitud y en esa ubicación puede ser un jugoso negocio. Desde un punto de vista más general, se trata de un golpe a todo el ahogado movimiento de empresas recuperadas, cuyos activos se deterioran y son víctimas privilegiadas de la recesión económica, la caída del consumo y las altísimas tasas de interés que hacen impracticable la renovación de maquinarias. Las empresas recuperadas no entraron siquiera en las ventajas de la ley de incentivos fiscales para las pymes. No habla de los subsidios a las automotrices y otros aún más sonados como la caída de las retenciones mineras o sojeras. También vetó una ley de amparo a las víctimas de trombofilia, porque obliga a las prepagas y al hospital público a costear integralmente los tratamientos y medicaciones por esa grave enfermedad. En este caso, es un beneficio directo a las corporaciones médicas y un ajuste de gasto fiscal hospitalario, contra el núcleo de familias afectadas por esta dolencia. TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR "HOTEL BAUEN: CONFERENCIA DE PRENSA CONTRA EL VETO A LA EXPROPIACIÓN" Los otros perdedores fueron los veteranos de Malvinas. En este caso, el Presidente vetó el artículo tercero que establece dos jubilaciones mínimas para la jubilación adelantada. El universo de afectados es muy pequeño. En este caso, el veto busca no lesionar una línea estratégica: la jubilación mínima de miseria, hoy en 5.700 pesos. La habilitación de una excepción por ley puede abrir una catarata de legítimos reclamos contra una jubilación que es menos de la mitad de la línea de pobreza y que cobra la abrumadora mayoría de los jubilados. Finalmente, vetó también una ley que reforma una disposición referida a los salarios mínimos profesionales cuando no hay convenio. Hasta ahora es potestad de la Justicia, que por la ley vetada se amplía al Ministerio de Trabajo, para fijarlo en función del servicio y la calificación de la tarea. Este es el veto más simbólico de todos, pero su línea es “contra la rigidez” en el mercado laboral, léase, contra los convenios colectivos y beneficios que los sustituyan. Aquella sesión en la que Pablo López dio quórum con su presencia, fue el primer paso de lo que sería la ley de expropiación del Bauen. Como se aprecia, el régimen constitucional es una maraña contra los intereses obreros, porque el derecho a veto presidencial -como los decretos, sean de necesidad y urgencia o de los otros- es un derecho despótico del representante máximo de los capitalistas contra los derechos de los trabajadores arrancados con la lucha. TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR "VETO CONTRA LOS TRABAJADORES DEL BAUEN" Los vetos de Macri refuerzan la línea de ataque a las masas. Ni la CGT convocó al paro general tras el veto a la ley antidespidos ni la oposición, FpV, FR, etc., que la motorizó insistió en el Congreso teniendo los dos tercios en el Senado, y estando muy cerca en Diputados. Los vetos forman parte de las garantías al capital y de la ofensiva contra las masas laboriosas, la pasividad de la oposición delata que forman parte de la coalición del ajuste. Con los trabajadores del Bauen, con los veteranos de Malvinas y con todos los afectados, nos empeñaremos en una campaña por la insistencia en ambas cámaras, para reforzar los movimientos de lucha que arrancaron los beneficios y a todos los que luchan por muchos otros. El destino del Bauen, como desde 2001 se jugará en la arena de la lucha y la acción directa de los trabajadores.

La gran lucha de los trabajadores de la empresa provincial de transporte ha entrado en una nueva etapa, luego de la sanción definitiva de la ley impulsada por el gobierno de Cambiemos. Por 20 votos a favor y 16 en contra la Empresa Provincial de Transporte de Mendoza (EPTM) se disolverá a partir del 31 de diciembre. Al igual que lo ocurrido cuando lo trató Diputados, los trabajadores del trole movilizaron junto con la CTA y la fracción clasista de ATE. Fue notable la fuerte participación de las mujeres del trole, muchas de ellas no afiliadas a ningún gremio, que le imprimieron un mayor dinamismo a una lucha que lleva meses. El proyecto Esta ley es el principio de una nueva embestida abiertamente propatronal del gobierno mendocino. La extinción de la EPTM y su remplazo por una sociedad anónima unipersonal tienen por base dos aspectos centrales: establecer el marco legal para la incorporación de capital privado a los servicios del Estado, por un lado, y atacar fuertemente las condiciones de trabajo, estabilidad laboral y organización gremial de los trabajadores, por el otro. La ley establece en el artículo 4, la posibilidad de que la empresa venda hasta el 49% de sus acciones. En su artículo 5 habilita que privados presten los servicios de transporte de la empresa. Esto sería una suerte de asignación directa, sin los controles que establece una concesión. La extinta EPTM tenía 478 trabajadores. La nueva empresa tendrá solamente 180, sin obligación siquiera de que éstos pertenezcan al grupo actual. Para drenar los puestos de trabajo, la ley establece la posibilidad de abrir “retiros voluntarios” y una doble indemnización. El Estado no está obligado a reasignar a los antiguos empleados sobrantes en otras dependencias. Quienes no tengan otro destino, pasarán a disponibilidad y cobrarán sus salarios durante seis meses, al cabo de los cuales cobrarán una indemnización, como lo establece la ley para todos los casos de extinción de organismos estatales. Los trabajadores de la nueva empresa de transporte pierden todas las conquistas obtenidas en el último período, entre ellas la estabilidad laboral, la participación obrera en el directorio, su mayoría en las comisiones de seguridad e higiene y, en el caso de las compañeras, pierden el día femenino, entre otros atropellos. La norma le otorga la representación sindical a la UTA -que apoyó el proyecto-, lo cual constituye claramente una regimentación estatal de la organización gremial interna de la futura empresa. El trole no se va Este proceso fue un factor de clarificación política sobre el rol del FpV, que en la sesión de Diputados aportó el quórum necesario, a sabiendas de que el oficialismo contaba con los votos necesarios para su aprobación. A su turno, el senador de Libres del Sur se abstuvo. En su discurso, atacó a los gremios, a los cuales achacó “ver al Estado como el principal colocador de empleo”, y les reclamó “jugar otro rol en la situación política de la provincia”. Es decir, convertirse en colaboradores del gobierno del ajuste, como Libres del Sur, que integra la coalición oficial. En esta batalla se plasmó la unidad gremial por la base en la EPTM, con excepción de la UTA, que jugó para Cornejo, lo cual explica la desafiliación de trabajadores en favor de ATE. Los trabajadores y los referentes de ATE no sólo enfrentaron al gobierno, sino también el boicot de Roberto Macho, que les retiró las licencias gremiales a los compañeros del trole que integran la directiva. Los directivos de la empresa aprovecharon esto para intentar desarticular la resistencia de los trabajadores. El Partido Obrero en el Frente de Izquierda impulsó una gran campaña pública contra la privatización, clarificando sobre las responsabilidades de los gobiernos peronistas y radicales que se alternaron en el poder y profundizaron el vaciamiento de la empresa provincial de transporte. Desarrollamos también el rol parasitario del empresariado del transporte mendocino subsidiado a nivel nacional y provincial, y sobre la necesidad de abrir los libros contables de la empresa. La lucha continúa ahora por garantizar que ningún trabajador quede sin su puesto de trabajo, que todos sean reubicados y que se mantengan sus conquistas laborales y salariales.

Alrededor de tres mil aeronáuticos se movilizaron a la audiencia pública que trató el ingreso de las líneas de bajo costo (low cost) al mercado local, a pesar de que las burocracias sindicales convocaron a una concentración sin paro. A la hora de las intervenciones, los representantes sindicales se repartieron entre la reivindicación de la gestión de Isela Costantini -que se oponía al ingreso de las low cost- y el reclamo de que las nuevas empresas negocien con ellos las condiciones de trabajo, sin denunciar la naturaleza de una audiencia que sirve para enmascarar una decisión política ya tomada. La excepción a la regla provino de los delegados de Falcon, empresa tercerizada, que denunciaron que la precarización y tercerización que traen las low cost llegó hace rato a los aeropuertos y reclamaron un plan de lucha de todos los gremios. Qué son las low cost Las low cost tuvieron un desarrollo vertiginoso en Europa. Ofrecen pasajes económicos en vuelos de cabotaje. El bajo precio se debe a que no tienen servicios a bordo ni traslado de equipaje y a que utilizan aeropuertos alternativos a los centrales. Sin embargo, su principal ahorro radica en la aplicación de una extrema precarización laboral. Según un estudio presentado en la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo, “siete de cada diez pilotos contratados como autónomos trabajan para una compañía low cost como trabajadores por cuenta propia o con contratos que no exigen ninguna remuneración y permiten tener a un piloto trabajando gratis, sobre todo si carece de experiencia”. Y sigue: “La precarización aumenta el riesgo de la inseguridad de esta industria. Hasta un 40% de los pilotos de entre 20 y 30 años están volando sin ser directamente empleados por su aerolínea, incluso se dan casos en los que el piloto, para poder volar, sabe que necesita ganar experiencia y entonces paga a la propia aerolínea, produciéndose un subsidio en toda la regla”. TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR "NEGOCIADOS MACRISTAS" La flexibilización es una tendencia en el ramo aerocomercial. Luego de la masiva quiebra de líneas que acarreó la bancarrota de 2008, las grandes compañías crearon sus propias low cost. Aerolíneas El ajuste de Isela Costantini sobre los trabajadores de Aerolíneas quedó a medio camino. El gobierno requiere un ataque a fondo. Su reemplazo, Mario Dellaqua, es un hombre de Techint y ex presidente de Intercargo, empresa estatal de rampas que en su cortísima gestión le dio a LAN un 13% de descuento en la tarifa y desmanteló el servicio de ómnibus ArBus que unía Ezeiza y Aeroparque con destinos en Capital para beneficiar a Tienda León, otra empresa del círculo macrista. En una insólita declaración, Dellaqua reconoció no conocer nada del mercado de una compañía aérea (Infobae, 22/12). Frente a la crisis, las burocracias salieron a apoyar a Costantini. En el caso de Ricardo Cirielli (técnicos), éste llegó a defender su política de despidos encubiertos (hubo 400 en un año) mediante retiros voluntarios. El desembarco de las low cost y el relevo de la dirección de Aerolíneas preanuncia una dura ofensiva. Está planteada una gran lucha por delante en defensa del convenio colectivo, el salario y los puestos de trabajo.

La gran lucha desatada por el despido de 489 jóvenes investigadores terminó con la reincorporación de 508 postulantes recomendados a organismos nacionales de Ciencia y Técnica, universidades nacionales, Conicet y empresas públicas o con participación estatal para desarrollar tareas de investigación y desarrollo con la remuneración equivalente a la correspondiente a la categoría de investigador a la que estaban recomendados y con condiciones laborales similares a la carrera de investigador. Además, y según el acta firmada por el conjunto de las organizaciones sindicales y políticas que participaron de las negociaciones, se prorrogan todas las becas Conicet que vencían hasta el 31 de diciembre de 2017. Quedó también conformada una comisión de seguimiento de los puntos pactados integrados por los firmantes y con la incorporación de representantes del interior del país de los Centros Científicos Tecnológicos del Conicet. En resumen, todos los puntos planteados en la contrapropuesta, elaborada por la comisión de afectados y votada por la asamblea en la toma de los trabajadores del Ministerio de Ciencia y Técnica, fueron aceptados por el gobierno. Así, con un método de lucha, un programa y la solidaridad inmensa que despertó este conflicto en el conjunto de la población se logró asestarle un golpe al mismo gobierno que ya lleva miles de despidos de estatales y arrancarle la reubicación de todos los compañeros que estaban en la calle. Una lucha histórica Desde hace diez años, Jóvenes Científicos Precarizados (JCP) viene dando batalla fundamentalmente contra la precarización laboral que vienen sufriendo. Su lema “investigar es trabajar” justamente responde a terminar con la falta total de derechos que vienen padeciendo hace años y que además facilita, de la misma manera que sucede con los estatales y como ocurrió ahora, que puedan ser dejados fuera del sistema. También JCP estuvo a la cabeza de las denuncias todos estos años de los negociados con capitales privados y de los recortes presupuestarios que ahogan la producción científica abriendo las puertas al capital privado. TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR: "Transformar la ciencia exige una transformación social de fondo" Sin embargo nunca habían llegado a medidas como éstas; ocupación, piquetes y movilizaciones. Por eso para el movimiento de becarios e investigadores organizado en JCP se trató de una movida histórica en cuanto a la masividad y fortaleza que lograron durante la toma y que los deja en las mejores condiciones para enfrentar los embates del gobierno contra la ciencia y la tecnología y sus trabajadores. Lo que comenzó con una toma del Conicet por un par de horas la semana anterior, se transformó en una ocupación permanente y masiva de cinco días del MinCyT. Se logró, por un lado, dar vuelta posiciones contrarias, divisionistas y dubitativas de otras organizaciones sindicales y políticas del sector -Conadu, Autoconvocados, Becarios Empoderados que se opusieron a movilizarse al Directorio del Conicet y luego a tomar el Ministerio, no apareciendo hasta el tercer día de ocupación; por otra parte, motorizar un movimiento, con disparidades, entre becarios y científicos del interior. Nunca JCP había tenido este nivel de apoyo, en parte por las dificultades propias del ámbito, pero fundamentalmente por diferencias políticas, al punto que su reclamo de terminar con la precarización laboral, llevada adelante por el ministro kirchnerista Lino Barañao, no contó ni antes ni ahora con el apoyo de las organizaciones K de científicos. El desarrollo en el interior o Unitarios y Federales La toma de la sede de un ministerio nacional por los compañeros de JCP tuvo un impacto nacional. La propagación del movimiento estuvo determinada por los distintos ritmos de desarrollo, pero por sobre todas las cosas por una cuestión política central. Mientras en Buenos Aires el peso del activismo de JCP fue determinante, en varios puntos del interior el mayor peso del kirchnerismo actuó como un freno al movimiento. A diferencia de Buenos Aires, las tomas en el interior no comenzaron el mismo lunes ni fueron permanentes. Por ejemplo, en Rosario y Córdoba, las acciones comenzaron con acciones aisladas a principios de semana y no acordaron la ocupación permanente sino sólo algunas horas; Mendoza y San Luis se sumaron hacia el final de la semana. JCP, organización de gran reconocimiento y convocatoria en Buenos Aires y La Plata, no cuenta aún con desarrollo en otros lugares del país y las direcciones de esos movimientos, en su mayor parte K, tampoco adoptaron desde un primer momento, el programa y el método de JCP. Incluso, en varias ciudades, esos sectores votaron en contra de las tomas. Se suma a esto que las organizaciones de autoconvocados K, que sí existen en muchos de esos lugares se encuentran distanciadas de su par de capital por disputas internas. Los que ahora plantean divergencias en términos de “unitarios y federales” y buscan convertir esta batalla ganada al macrismo en una “traición” esconden que la estrategia del Conicet y la política en ciencia muestran una línea de continuidad y profundización bajo el nuevo gobierno. Desde Barañao hasta el propio directorio se mantienen más allá del cambio de presidente, implementando una política que perpetúa el sometimiento a los requerimientos del capital y la precarización laboral de los investigadores. La defensa del Conicet debe formar parte de la defensa de una producción científica y tecnológica que termine con la subordinación a los dictados y necesidades de las corporaciones capitalistas. Debe estar basada en un presupuesto que atienda a las necesidades de todo el sistema, que termine con las empresas privadas o mixtas y la mercantilización del sistema científico. Que ponga fin a la inestabilidad, polivalencia y precariedad de sus trabajadores, y a la privatización y tercerización de servicios. Esta ha sido la política K que ahora profundiza Macri con un presupuesto 2017 de ajuste y con el intento de despido de 500 compañeros, frenado por la lucha. Por un plan de acción nacional Este movimiento comenzó contra los despidos. Pero ha dejado planteada la necesidad de seguir peleando por el conjunto de derechos de los trabajadores del sector como en defensa de un presupuesto que permita el funcionamiento de todo el sistema. En la asamblea de Buenos Aires se resolvió coordinar para el mes de febrero una gran marcha nacional junto al sector universitario como comienzo de un plan de lucha. Otro objetivo que ha quedado planteado es lograr la coordinación de todo el país y el crecimiento de JCP en el interior. El retroceso en los despidos que tuvo que dar el gobierno nos deja en la mejor posición para las batallas que vienen.

El objetivo del macrismo es ir a fondo en la entrega de rutas para beneficio de sus propios negocios. Basta analizar la composición de los nuevos jugadores que pidieron cancha en la audiencia. Avianca ingresó, apenas quebró SOL, mediante la compra de Mac Air, empresa de la familia Macri. Carlos Colunga, asesor de Franco Macri, es el CEO de la nueva empresa. Pablo Clusellas, actual secretario de Legal y Técnica de Presidencia, figura como apoderado de Mac Air. Fly Bondi estuvo representada por uno de sus dueños, el francés Guy Guzman, director ejecutivo de Pegasus, fondo de inversión propiedad de Mario Quintana, que es el vicejefe del gabinete macrista. Guzman y Quintana comparten otros varios negocios. Jerónimo Bosch, el otro dueño de Fly Bondi, es socio de Gustavo Lopetegui, ex CEO de Lan y también vicejefe de gabinete, en varias empresas, como la agrícola Pampa Cheese, de la que también forma parte Quintana.

Con represión policial a vecinos y organizaciones sociales, el Concejo Deliberante de El Bolsón aprobó el viernes por la mañana el proyecto Laderas, mediante el cual se adjudican 850 hectáreas de una reserva natural, al pie del cerro Perito Moreno, a una empresa vinculada con el magnate británico Josehp Lewis. El loteo persigue el desarrollo de un enorme negociado, un megaemprendimiento inmobiliario para construir una villa turística privada. Las tierras de Pampa Ludden, adquiridas por Lewis a un costo bajísimo, son áreas estratégicas de conservación de biodiversidad, declaradas Reserva de la Biósfera de la Humanidad por la Unesco. Laderas es presidida por Maximiliano Mazza, cuñado de Nicolás Van Ditmar, empresario inmobiliario y CEO de la empresa de Lewis. A lo largo de estos años, y con el visto bueno de todo el arco político capitalista, el magnate inglés se ha adueñado de Lago Escondido y de las 14 mil hectáreas que lo rodean. El apoyo de Macri, Weretilneck y el intendente de El Bolsón a esta nueva entrega es total. No podía ser de otra manera, porque hasta el mismo personal del poder político está detrás de este negocio. El intendente Pogliano (PRO), alineado con Weretilneck, es quien maneja la contabilidad de Laderas SA y Hidden Lake. Los concejales de JSRN (Juntos Somos Río Negro) y la UCR votaron a favor de esta entrega. Por su parte, el kirchnerismo (FpV) pretende colocarse en el terreno de la oposición y la lucha contra el loteo, pero no puede ocultar los vínculos que ha mantenido todos estos años con el empresario inglés, que desarrolló sus negocios por la zona en plena década kirchnerista, tanto con Laderas SA como con la firma de un contrato leonino entre YPF y la empresa Petrolera Pampa (que tiene como principal accionista externo a Hidden Lake), para extraer gas mediante fracking en un sector de Vaca Muerta a fines de 2013. Es necesario defender un planteo independiente frente a quienes depredan los recursos naturales a costa del pueblo de Bolsón y la comarca andina. La asamblea de vecinos tiene el gran desafío de profundizar la lucha. El antecedente de la inmensa pueblada del 2013 que logró frenar el loteo marca el rumbo. Vamos por la expulsión de Lewis de la Patagonia argentina y por la recuperación de las tierras y recursos naturales con control de los vecinos y las organizaciones sociales.

En la audiencia realizada el pasado jueves 22 en el Ministerio de Trabajo, la patronal de ESPN ratificó los doce despidos. En la reunión, la empresa negó estar violando la conciliación obligatoria al no reponer a los trabajadores en sus funciones, con el argumento de que no había eventos deportivos que cubrir. Sin embargo, los trabajadores despedidos, encuadrados bajo la modalidad de jornada discontinua y parcial, tienen la prioridad para cubrir el trabajo que diariamente realizan compañeros tercerizados y freelancers, también precarizados. Así lo indica el convenio que nos rige y que es ignorado tanto por la empresa como por el Sindicato Argentino de Televisión (Satsaid), que no denuncia la violación de la patronal al dictamen conciliatorio dando su aval a la maniobra de la empresa. La comisión interna de ESPN, junto a representantes del gremio, instaron a respetar los plazos de la conciliación con el argumento del peligro de perder la personería gremial. Sin embargo, como bien señaló un compañero de la agrupación La Naranja de Televisión, se trata de una extorsión del gremio. Sobre la persecución sindical, los delegados se contradijeron en torno de si se trataba o no de una persecución sindical sobre los candidatos de la Lista Gris, la cual integramos. Sin embargo, a los fines prácticos, esto no ha tenido ninguna consecuencia ya que en ningún momento acompañaron a los trabajadores en la puerta del canal. De este modo, la comisión interna le ha quitado el cuerpo al conflicto. En las carteleras gremiales ni siquiera publican el llamado a asamblea y en “Imagen de Trabajo” -el programa semanal del Satsaid, que se emite los domingos por el canal A24-, la interna, en lugar de denunciar los despidos, se encargó de aclarar que no estaban de acuerdo con “la forma” que tiene ESPN de terminar por cerrar su planta técnica para acabar de tercerizarla. La burocracia carnerea el paro Hace escasos días, la interna advertía que nuestro canal no participaría de la medida de fuerza convocada por el Consejo Directivo Nacional para este jueves 29, en el marco de la negociación con las patronales de las productoras y canales de aire por el bono acordado con la CGT. La razón: estar bajo la conciliación obligatoria y, además, haber cerrado un bono de 8.000 pesos con la empresa pagadero en cuatro cuotas de 2.000 hasta junio de 2017. En vez de apoyarse en la medida nacional para ir fortaleciendo el plan de lucha con vistas a lograr la reincorporación de los doce compañeros, la directiva del Satsaid avisó, a través de la interna en ESPN, que va a carnerear el eventual paro de dos horas por turno. La lucha continúa Los despedidos reclamamos por asambleas unificadas, el restablecimiento de nuestras funciones y la anulación de los doce despidos. En la sede de Maipú se votó también la realización de una movilización del gremio al Ministerio de Trabajo para el jueves 29, día que se realizará una nueva audiencia. Todo esto fue aprobado por unanimidad. Inversamente a la defección de la interna, la lucha contra los despidos en ESPN comienza a tomar estado público con los pronunciamientos de personalidades de la cultura, de comisiones internas combativas y de numerosas organizaciones que se solidarizan con los trabajadores despedidos. Mientras tanto, los despedidos seguimos luchando contra el ajuste, nuestras reincorporaciones y los reclamos más sentidos de los compañeros y compañeras de ESPN, por el cumplimiento del convenio y la absorción del impuesto al salario por la patronal. ¡No a los despidos! ¡Reincorporación ya! ¡Todos el 29 al Ministerio de Trabajo! ¡Basta de persecución sindical! ¡Por una planta operativa y técnica propia de ESPN que incluya a los trabajadores de PromTV! ¡Que ESPN absorba el impuesto al salario!

“La reincorporación de los 500 compañeros despedidos fue una victoria en sí misma, pero además permitió otra tan importante o más: el triunfo político, el triunfo en el plano subjetivo. Se pudo romper con la idea cientificista, positivista, del científico aislado en su laboratorio. Esta lucha permitió entender que el científico es un sujeto político, transformador, que es un trabajador. Se ha visto en la práctica lo que Jóvenes Científicos Precarizados (JCP) sostiene desde siempre: investigar es trabajar. Quienes negaban eso ahora se vieron arrastrados por la realidad”. Lucía Maffey tiene un doctorado en Biología, ha desarrollado una investigación sobre terapia de anticuerpos contra virus productores de la diarrea infantil y ahora se propone abordar otra: un análisis genético sobre poblaciones de mosquitos causantes del dengue. Es, además, dirigente de Jóvenes Científicos Precarizados, y tuvo un papel de primera línea en la toma del Conicet y del Ministerio de Ciencia y Técnica (MinCyT); en la lucha, en fin, que logró hacer que el gobierno se viera obligado a retroceder en su intención de despedir a 500 investigadores del Conicet. “Algunos sectores kirchneristas insistían en circunscribir el debate -prosigue en su entrevista con Prensa Obrera- a las cuestiones más generales de la política científica y sostenían el eslogan de que ‘los afectados somos todos’ y no sólo los despedidos, de modo que se perdía de vista a los 500 compañeros que quedaban en la calle para tratar las cosas de mediano y largo plazo. Era una opción falsa. Nosotros nos opusimos fuertemente a esa trampa, explicamos que no sólo una cosa no se contrapone con la otra; por el contrario, para pensar en los problemas científicos de largo plazo resultaba indispensable reincorporar a los trabajadores echados. Con ellos afuera era la derrota”. -¿Vinculás esa postura con el hecho de que el ministro, Lino Barañao, fue designado por consenso entre macristas y kirchneristas? -Antes de las elecciones de 2015, Barañao dijo que él podría continuar en un gobierno de Cambiemos porque la ciencia, según él, debía ser “política de Estado”. Hubo entonces un acuerdo para que siguiera, pero la política científica “de Estado” que él impulsa, la que impulsa el Estado argentino, es la de los sojeros, la de Monsanto, la de laboratorios y grandes empresas privadas en general, en su mayoría extranjeras. El desarrollo científico en el país, y no sólo en el Conicet, está orientado por esas empresas, lo que implica un obstáculo a ese mismo desarrollo y una transferencia de fondos estales al sector privado. -¿Por ejemplo? -Te digo el primero que se me ocurre: Fonarsec, que obliga al científico que presenta un proyecto de investigación a tener una contraparte privada. El MinCyT financia esos proyectos que convienen a intereses privados. Eso determina la orientación de los trabajos y también el destino de los productos derivados de la investigación, en las patentes. Se sustituye el papel del Estado en la producción de determinadas cosas. Eso es muy notable en el caso de las vacunas de sanidad animal o en una cantidad de medicamentos, cuyas patentes se transfieren a los privados. Otro ejemplo: la Universidad del Litoral desarrolló una semilla resistente a la sequía, y la patente se transfirió a Bioceres, un monopolio semillero que además controla pools de siembra. Barañao es un defensor decidido de esa mercantilización, de esa colonización de la ciencia. -¿Como en el caso del glifosato? -Del glifosato y de la soja transgénica. Barañao llegó a decir que el glifosato es como el agua con sal, que hubo quien se tomó un vaso de glifosato para suicidarse y no le pasó nada, que es un compuesto inocuo. Y ha hecho de esto una defensa activa y represiva. Por ejemplo, desató una persecución en regla contra el médico investigador Andrés Carrasco, fallecido en 2014, que denunció los efectos del glifosato. Barañao llegó a presionar, y con éxito, para que a Carrasco no le permitieran hablar en la Feria del Libro, hizo que lo censuraran. -¿Los centros de investigación se transforman en una suerte de vientres de empresas privadas? -Literalmente, y hasta lo llaman así. Barañao habla del “científico emprendedor”, que crea pymes de vinculación tecnológica. El impulsa que las universidades e instituciones como el Conicet tengan “incubadoras de empresas”, lo que hará que los científicos “emprendedores” trasladen los beneficios de la investigación pública a grandes empresas. Así, el Estado estimula y financia determinados niveles de investigación y entrega los resultados a las privadas. Todo eso en un contexto de empobrecimiento: el kirchnerismo no revirtió ni mucho menos el proceso de destrucción de institutos descentralizados de los tiempos de Menem: ni el Malbrán ni el laboratorio de Pergamino, por ejemplo, pudieron recuperar el nivel que tuvieron en otras épocas. Por ese deterioro presupuestario, vos podés desarrollar vacunas o alimentos, pero no vas a tener dónde producirlos y ni siquiera dónde hacer las pruebas clínicas: tendrás que caer en laboratorios privados. Y, por supuesto, los productos de la ciencia aplicada, la ciencia de aplicación inmediata, sólo llegan a las franjas de población que constituyen mercado. Al resto no. -¿Cómo se puede revertir esta situación? -En principio, se necesita pelear para asegurar un presupuesto adecuado a un desarrollo científico independiente, no sometido al financiamiento privado. La política científica la deciden, en gran parte, los monopolios, los grandes intereses económicos. Hay que terminar con eso. Y es necesario democratizar los organismos de investigación, establecer un sistema de cogobierno paritario, con representación de todos los trabajadores. Pero eso, aún no sería un cambio de fondo. Un cambio de fondo exige una transformación social también de fondo: terminar con el capitalismo.

La confesión del empresario preso en Brasil revela la trama que incluye al gobierno de Cristina Fernández. Los Calcaterra, primos de Macri, son socios de Odebrecht en sus negocios argentinos. El reconocimiento del pago de coimas en diversos países para acceder a contratos de la obra pública por parte de la empresa constructora Odebrecht amenaza con desatar un tembladeral político que incluye a nuestro país. En efecto, la constructora -que realizó la admisión en el marco de un acuerdo con la Justicia de Brasil, Estados Unidos y Suiza, que la obliga a pagar 3.500 millones de dólares como pena por sus delitos- señaló, entre otros, a la Argentina como el escenario del pago de coimas por 35 millones de dólares entre 2007 y 2014, que le valieron contratos por 278 millones de dólares en un período incluido dentro de la “década ganada” kirchnerista. En ese período, la empresa brasileña obtuvo licitaciones en el país por ampliación de gasoductos, la construcción de una planta de agua y de una refinería para YPF, además del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. También se filtró que existe documentación que prueba el giro de 80 mil pesos destinados a negocios inmobiliarios, la firma de la familia Kirchner, según indica Infobae. No es un dato menor que el soterramiento del Sarmiento fue un contrato conseguido por Odebrecht en conjunto con la empresa constructora de los Calcaterra, primos del presidente Mauricio Macri. Evidentemente, no se trata tan sólo del problema de una administración, sino de una clase social y los gobiernos que actúan para sostener sus intereses. El sismo político de las revelaciones de corrupción por parte de una de las partes -la empresa corruptora- excede a la Argentina, ya que las coimas se repartían por una amplia gama de países. Los Estados y gobiernos que negociaron las coimas con Odebrecht son Angola, Argentina, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela, y por esos negociados la empresa fue adjudicataria de contratos por 12.000 millones de dólares entre 2001 y 2016. Marcelo Odebrecht, presidente de la empresa, está preso desde hace un año -tiene una condena a 19 años de prisión- por la investigación conocida como lava jato. En la Venezuela del “socialismo del siglo XXI”, Odebrecht coimeó a funcionarios por 98 millones de dólares. En la República Dominicana pagaron 92 millones de dólares a los gobernantes; en Ecuador, 33 millones; en Guatemala, 18 millones; en México, 10,5 millones; en Mozambique, 900 mil dólares; en Panamá, 59 millones; en Perú, 29 millones; en Colombia, 11 millones; en Angola, 50 millones. La Justicia argentina investiga a cien empresas argentinas implicadas en las operatorias que Odebrecht manejó en la Argentina y que, por eso, podrían haber contribuido al esquema de corrupción. El caso Odebrecht es ilustrativo acerca de los alcances de la corrupción, que no reposa sobre personas o partidos ni es episódica: se trata de un fenómeno intrínseco al funcionamiento de la burguesía, sus fracciones y los gobiernos que les responden al mejor postor.