Prensa Obrera N° 1351

Las reservas líquidas, es decir las que no están sometidas a compromisos de pago (esto es, excluyendo el swap, bono dollar linked, derechos de giros, préstamos de otros bancos, los depósitos de ahorristas individuales y, obviamente, las importaciones ingresadas pero no pagadas) superan apenas los 10.000 millones de dólares -es decir que el Banco Central posee como reservas activas menos que los vencimientos de deuda de 2015 (más de 13.000 millones de dólares). El gobierno, para saltar esta crisis de financiamiento, ha dejado atrás hace rato el relato del desendeudamiento y toma deuda de forma no convencional (a través de YPF, swaps, bono dollar-linked, etc.) que luego contabiliza como un activo del Banco Central, de ahí el número de 31.000 millones de dólares que supuestamente poseería. Una completa falacia: estas 'reservas' no constituyen de ninguna manera parte del activo sino de un futuro pasivo que pagará la clase obrera vía futuras devaluaciones, tarifazos, despidos, suspensiones o cualquier otro tipo de ajuste contra la clase obrera. Si llevamos el razonamiento del gobierno hasta el final, salta a la luz que frente a una agudización del derrumbe económico -producto de no poder activar el resto del swap, una aceleración de algún bono u otro motivo- no le cierra la puerta a usar los depósitos de los ahorristas individuales como reservas para evitar una profundización de la crisis económica aun mayor; es decir, el gobierno no le cierra la puerta a un corralito frente a un agravamiento de la crisis.

Impulsada por el Comité de Solidaridad con Kurdistán, el 14 de febrero se desarrolló una radio abierta en el Obelisco en reclamo de la liberación de Abdullah Öcalan y los más de 10 mil presos políticos kurdos. Öcalan es el fundador del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), y cumple una condena de cadena perpetua en Turquía luego de ser secuestrado en febrero de 1999 por la CIA y el Mossad (servicios israelíes), mientras buscaba asilo político en Africa. La lucha de liberación del pueblo kurdo, desperdigado en cuatro estados diferentes (Turquía, Siria, Irak e Irán), cobró repercusión en las últimas semanas, luego de que la población kurda de la ciudad de Kobane (ubicada en la frontera sirio-turca) expulsara al Estado Islámico tras cuatro meses de combate. Desde el PO, hicimos hincapié en la responsabilidad del imperialismo y las burguesías regionales en el desarrollo y financiamiento del Estado Islámico (como un ariete contra la Primavera Arabe), y en el carácter reaccionario del gobierno turco (que además de oprimir al pueblo kurdo, ataca el derecho de huelga de metalúrgicos y mineros). Nos unimos al reclamo de libertad de Öcalan y todos los presos kurdos, así como por la eliminación del PKK del listado de organizaciones terroristas de la Unión Europea y los Estados Unidos. En este punto, denunciamos la ley antiterrorista vigente en Argentina, y el accionar en nuestro país de los mismos servicios secretos que secuestraron a Öcalan. Convocados por la Federación Nacional Campesina (FNC) y otras organizaciones, más de 2.500 campesinos provenientes de distintos puntos del país marcharon en Asunción en reclamo de una reforma agraria (el 2% de los productores concentra el 85% de la tierra), en repudio a la persecución estatal y paraestatal, a la depredación del suelo y el desplazamiento poblacional provocado por los desmontes y el uso de agrotóxicos que afectan la salud de la población, y a las privatizaciones de empresas públicas que promueve la ley de alianza público-privada impulsada por el presidente Cartes. Aunque en la movilización se reclamó la renuncia del presidente, lo cierto es que las direcciones gremiales, tanto campesinas como obreras, no han dado continuidad al extraordinario paro general de marzo de 2014, que se había coronado con un acto de 20 mil obreros y campesinos en la capital.

Voy a escribir un poema que no te nombre. Voy a escribir un poema que no exista. Voy a escribir con tus manos para verte. Voy a creer que te escribo. Voy a escribir un silencio que no te olvide. El arma de mi poesía será tu ausencia. Voy a escribir un lugar que no escape. Voy a pedirte que me escribas. Las manos de los árboles se tienden como héroes en su albedrío inmóvil. Abrir la llave del mar y arrastrar el incendio. O matar. Obedecer al fuego. La mañana se secó. Las hojas que alfombran el suelo se mueven como autómatas. No hay viento. Las ilusiones se rompen contra los vidrios. Una luz se enciende lejos de la idea. Quiero mover los pies. Los pies no. Los movimientos. En las campanas de la iglesia se adivina una conciencia metafórica. Brilla el bronce brutal contradictorio. El sonido lo lustra. No es religiosa su vocación de servicio. El altruismo escapa de los metales. Con seguridad aferrando la palanca con mano de hierro se abre la noche a los sentidos. El silencio es un país densamente poblado. La máquina que maneja en la escena las esferas pitagóricas descorre el velo del corazón. A cada latido la titilancia de una estrella. La sangre es negra como el cielo. Voy a ser una bestia de la mitología. Voy a inhalar mi veneno porque herido de muerte seré veraz. Y no habrá nadie que pueda contradecirme. Nadie que me rebaje a lo quede de mí. Voy a escribir un poema que no te nombre. Un poema sin vos. Sin tu bandera. Voy a escribir sin señales. Ni pérdidas de aliento. Voy a escribir sin palabras. Voy a escribir un poema que no te nombre porque tu nombre es el cielo que hay que ganar. Partiste hacia un lugar donde el cuerpo no hace falta. Un lugar sin forma ni distancia. Las fronteras del lugar son la ausencia de su tierra. No es la nada. Ni el vacío. Es un lugar donde abundan los sonidos que no han logrado vivir. Voy a escribir un poema con la vergüenza de bandera y en el puño la tumba de las palabras. Voy a escribir un poema en tu nombre. En el silencio anterior a Dios voy a nombrarte en el vacío. Voy a escribir un poema anterior a la escritura. Voy a escribirle a la muerte para que vuelvas. Eduardo Mileo A los 43 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa. A Luciano Arruga. A Walter Bulacio. Contra el genocidio homeopático de la democracia burguesa. A Mariano Ferreyra y, en su nombre, a todos los que han muerto en la lucha por el socialismo.

El decano de Económicas José Luis Giusti, vinculado con el PRO, acaba de cesantear a Guillermo Gigliani, docente desde hace 14 años y secretario general de la AGD de esa facultad. El despido cuenta con la complicidad de los funcionarios de Unen y su agrupación Nuevo Espacio, promotora de la candidatura de Martín Lousteau, que codirige Económicas con los macristas. El despido de Gigliani tiene un carácter abiertamente antisindical, violatorio de los fueros gremiales, e implica una nueva ofensiva contra los docentes mayores de 65 (Gigliani tiene 66). El despido de Gigliani y de otros docentes de Económicas se produce en paralelo al despido de seis docentes de la carrera de Enfermería en Medicina, en este caso víctimas de contratos interinos. Los ministerios de Trabajo y de Educación K miran para otro lado, al igual que sus funcionarios en el cogobierno de la UBA. Una asamblea multitudinaria convocada por la AGD y la Fuba, en las escalinatas de Económicas, de la cual participó el legislador Marcelo Ramal -quien también es docente de la facultad- resolvió convocar a una gran movilización a la próxima sesión del consejo directivo, y juntar miles de firmas para apoyar el proyecto que presentaremos por la reincorporación de Gigliani, el respeto a sus fueros gremiales, a su derecho a optar por trabajar hasta los 70 años, y por el fin de las cesantías docentes en la UBA.

Carlos Galián, alias "Pedro Bolita", es juzgado en la megacausa Esma por su participación dentro del centro clandestino donde su puesto era la de jefe de guardias. En tal función participó de modo directo en los vuelos de la muerte llevando a los compañeros detenidos-desaparecidos a los que les tocaba ser arrojados desde aviones al mar. También, junto al prefecto Héctor Febres, arrebataba de los brazos de sus madres a los niños nacidos en cautiverio. Galián adujo problemas de salud y la Justicia lo benefició con el instituto de la prisión domiciliaria. Sin embargo, como lo reveló un video de la agrupación H.I.J.O.S., Pedro Bolita viola sistemáticamente su "detención": atiende un kiosco en Ciudadela, provincia de Buenos Aires. En dicho video se lo ve abriendo y cerrando el comercio, limpiando la vereda e interactuando con transeúntes como cualquier vecino del barrio. Esta situación de incumplimiento de las prisiones domiciliarias es generalizada. En este mismo juicio, Jorge Luis Magnacco, el ginecólogo de la Esma, había salido de shopping luego de una audiencia. Aproximadamente el 30% de los genocidas tiene prisión domiciliaria. Hace ya más de dos años, al inicio del juicio oral, nuestra querella solicitó se revocaran todas las prisiones domiciliarias. Nuestro planteo no fue acompañado ni por la querella del CELS ni por la Secretaría de Derechos Humanos. Al día de la fecha, el Tribunal Oral Federal N° 5 no resolvió la solicitud. Hoy insistimos con el planteo al constar la impunidad ambulatoria del genocida Bolita. Así como la consecución de las pruebas para condenar a los militares dependieron exclusivamente de víctimas y organismos de derechos humanos, lo mismo ocurre con el cumplimiento de estas "prisiones domiciliarias". El Estado, el mismo que no abre los archivos de la dictadura, al tiempo que negocia con los servicios de inteligencia vigilar a los luchadores, es incapaz de vigilar a los genocidas. Con la nueva ley de inteligencia donde se dará aun más fuerza al coronel César Milani, jefe del Ejército acusado de delitos de lesa humanidad, se hace palpable que el interés nacional y popular tiene prioridades contrarias a la protección de las libertades democráticas. Exigimos cárcel común. Perpetua y efectiva para todos los responsables. Fuera Milani.

Luego del primer año de nuestra organización, de la media sanción de la ley de consenso en Diputados por el resarcimiento económico, logramos encarar un rotundo triunfo y contrarrestar la negativa del tratamiento de la ley en el Senado por parte del oficialismo. Allí, Aníbal Fernández argumentó que debían hacer las cuentas. Pero no hubo dudas a la hora de indemnizar a Repsol, con más de 11.000 dólares, luego de que el país perdiera el autoabastecimiento petrolero, y en pagar los sobreprecios actuales, en el petróleo, a las compañías: 27 dólares el barril, por encima del precio internacional, que significa una erogación -sobre una producción anual de petróleo de 200 millones de barriles-, de 5.400 millones de dólares. Una suma mucho mayor que la que establece el proyecto de consenso para reparar el daño que las privatizaciones causaron a los trabajadores. A esto, se le debe agregar el subsidio de 3 dólares el barril para las petroleras que aumenten la ya bajísima producción de crudo actual. Y los ypefianos debimos aceptar la propuesta de Feletti: que la cifra establecida en el proyecto de consenso esté atada al valor de las acciones de YPF, que han sufrido una baja en los últimos meses. Las cuentas del Estado no se deterioran por atender el reclamo histórico de los trabajadores, sino por dilapidarlas en favor de grupos económicos minoritarios. La Coordinadora ya arrancó el año con asambleas en Mendoza y sus resoluciones: exigir a los tres senadores nacionales mendocinos la votación de la ley, sostener la concentración de los miércoles en la Legislatura y marchar en la tradicional "contramarcha contra la megaminería" que se hace todos los años en el carrusel de la vendimia. También en Salta capital y en las localidades del Norte se están realizando asambleas. En Buenos Aires será el viernes 20 de febrero: a las 17 horas, en el Club Centro Cultural, ex Honor y Patria, en 159 entre 11 y 12, Berisso; y sábado 21 de febrero, a las 14, en Bartolomé Mitre 2162, Ciudad de Buenos Aires. Allí, la actividad sobre la destilería La Plata, de fin de 2014, impulsó el crecimiento y entusiasmo del movimiento, sumando nuevos activistas. Conscientes de que el avance logrado ha sido en base a una posición independiente de los partidos que han gobernado y en el impulso de nuestra propia ley, presentada por el bloque del PO-Frente de Izquierda (Pitrola-López), vamos a una escala mayor de desarrollo de nuestro movimiento y a acciones progresivas, por la reparación económica y jubilatoria.

Está en curso un profundo ascenso de los trabajadores de la educación en Santiago del Estero. El 13 se realizó una marcha por salario y paritarias, convocada en paralelo por una asamblea general de Cisadems (docentes de media y superior) y por los Autoconvocados, que juntó a más de 800 personas. La columna de autoconvocados reunió a más de 500 docentes, con un gran aporte de jóvenes y muchos maestros y profesores del interior, que mostraron gran combatividad. Las columnas marcharon unidas durante un trayecto y luego se dividieron. Cisadems, de acuerdo con lo votado en su asamblea, concluyó la marcha frente al Ministerio de Educación, mientras que Autoconvocados continuó su movilización con la idea de llegar a Casa de Gobierno. El fortísimo vallado policial impidió el ingreso de los docentes a la zona de Casa de Gobierno, por lo que se realizó una asamblea cortando la avenida principal de la ciudad. Tras un escrache al canal de televisión (que es prácticamente un boletín oficial del gobierno), la asamblea autoconvocada decidió impulsar el no inicio de clases -esto va en consonancia con el paro para el 2 de marzo resuelto por Cisadems. Previamente habrá una gran marcha de antorchas a la que se convoca a participar a todos los gremios, organizaciones políticas y sectores sociales. Se trata, en términos generales, del movimiento más importante en la docencia en los últimos años. De desarrollarse, será indudablemente un revulsivo general para el régimen político zamorista. Los reclamos docentes son los mismos que los del conjunto de los trabajadores santiagueños, que tenemos los salarios más bajos del país. Además, constituyen un acto de rebeldía obrera contra uno de los regímenes más autoritarios y antidemocráticos de Argentina. El gobierno es consciente de la situación y emitió un comunicado, a través del Ministerio de Educación, en el que ataca a los Autoconvocados y al Partido Obrero particularmente, reiterando que el gobierno "garantiza" un salario mínimo de 4.500 pesos por mes a los docentes (ocultando que el básico es de 1.690 pesos). Dentro del movimiento docente hay posiciones heterogéneas. La principal tarea ahora es consolidar un plan de lucha unitario y evitar las maniobras divisionistas. Tribuna Docente participa activamente en todos los escenarios de esta lucha y plantea, en consonancia con la docencia combativa de todo el país, un mínimo inicial de 11.000 pesos, un básico no menor a 7.000, asambleas unitarias a nivel general y por escuela. Convirtamos a la lucha docente en una causa popular.

Convocado por la Junta Interna de ATE-Indec, el 13 de febrero se realizó un acto por los ocho años del inicio de la lucha contra la intervención en el organismo. Participaron decenas de juntas internas de ATE-Capital, la AGD-UBA, Ademys, organizaciones de izquierda y de derechos humanos, el diputado por el Frente de Izquierda Néstor Pitrola y el legislador porteño Marcelo Ramal, entre otros. El nuevo índice de precios (IPCNu) que arrancó en 2014, a partir de la salida de Moreno y la llegada del Kicillof al Ministerio de Economía, demostró ser un completo fraude. Los datos de inflación publicados por el Indec dieron un 23,9 por ciento para todo el año 2014, mientras que la medición de la Ciudad de Buenos Aires dio un 38 y las mediciones de las consultoras privadas orillaron el 40 por ciento. Lo novedoso del nuevo índice es que el gobierno "nacional y popular" comienza a contar con el aval político del FMI para esa manipulación. Para reiniciar el ciclo de endeudamiento internacional, Cristina entregó al FMI el "monitoreo" del sistema estadístico nacional, a cambio de un futuro retiro de la "moción de censura" que pesa sobre la Argentina por la manipulación de las estadísticas oficiales. En junio y diciembre, los informes del FMI alagaron al gobierno por los avances y el cumplimiento de las metas establecidas. La directora del FMI, Christine Lagard, expresó a fin de año que "se han hecho muchos progresos, pero queda mucho por hacer". Hasta ahora, el FMI viene corriendo el arco y la sanción nunca fue levantada, lo que le permite contar con una herramienta más de extorsión sobre el gobierno argentino, que por el fallo de Griesa tuvo que posponer hasta nuevo aviso su vuelta a los mercados. El silencio de los "presidenciables" Macri, Massa y Scioli sobre el aval del FMI a la nueva manipulación del índice de precios muestra que nada puede esperarse de ellos para reestablecer el sistema estadístico nacional. Los trabajadores debemos combatir toda ilusión de que por la simple retirada de los K se termine la intervención en el Indec. Para volver a tener estadísticas reales es necesario terminar con la intervención, la expulsión de las patotas, la reincorporación de Facundo Lahitte y todos los trabajadores desplazados y terminar con la precarización laboral. Llamamos a reforzar la lucha de los trabajadores y el desarrollo político del Frente de Izquierda como alternativa de poder.

La gran huelga de 3000 obreros químicos contra el vaciamiento de TFL puso en jaque a toda la patronal, incluso mas allá de la química: la medida había logrado parar la producción de la acería de Siderca, del poderoso grupo Tenaris, en la mañana del 22 de diciembre. Tras 12 días de una compactísima huelga, el gobierno actuó ese día como agente del interés patronal; la invulnerable huelga se levantó en una audiencia sin la presencia de la patronal, a cambio de una supuesta garantía del gobierno de resolución del problema, dictando una conciliación hasta el 31 de enero. La conciliación sirvió sólo para levantar la huelga: en el curso de la misma dos empresas despidieron, arreciaron los ataques contra el sindicato de jerárquicos, Carboclor y otras empresas presionaron a los obreros a no retomar la huelga el 31 so pena de represalias, etc. El 31, finalmente, TFL envió telegramas de despido a 75 compañeros. Tras cartón, la planta fue clausurada por razones de riesgo ecológico. Todo muy conveniente. Una semana antes del fin de la conciliación, el Partido Obrero volanteó en las plantas una declaración reclamando que todo el movimiento obrero de la zona, con los químicos a la cabeza, hicieran un corte de advertencia en la rotonda a favor de una solución a los problemas planteados, en el entendimiento de que el problema de los despidos y cierres, y el ataque a las conquistas de los trabajadores era una cuestión general, que por lo tanto los químicos se habían ganado el reconocimiento de todo el pueblo y que su victoria era la de todos. Inexplicablemente, los sindicatos químicos se delimitaron de esta propuesta que fue bien recibida por el activismo, porque preparaba las condiciones para el desenlace. Ahora, con centenares de despidos planificados por la patronal de Tenaris, y con este resultado en químicos, una respuesta de todos los gremios es crucial. Peleamos por la convocatoria de un congreso de delegados de todos los gremios y todas las CGTs locales que resuelva una acción conjunta contra los despidos y suspensiones, y en defensa de nuestras conquistas. Es necesario alterar el clima político de hipocresía de los intendentes y los políticos patronales, que -mientras les palmean la espalda a los dirigentes químicos- por lo bajo trenzan con Rocca y la patronal, y reclaman "calma" a los trabajadores. El caso mas emblemático es el concejal por el FpV de Zárate y secretario general de la UOM, que frente a los despidos en Siderca grita en conferencia de prensa que no va a tomar ninguna medida porque afecta al gobierno. La victoria de los químicos es crucial para todo el movimiento obrero.

Los trabajadores gráficos de Poligráfica del Plata realizaron una fuerte protesta frente a las oficinas del Grupo 23, en Puerto Madero. Reclaman contra el vaciamiento del taller y por salarios, aguinaldo y vacaciones adeudados. Poligráfica se encuentra en concurso de acreedores y con una amenaza judicial de quiebra. La patronal que comandan los empresarios de medios oficialistas Szpolski-Garfunkel desde hace más de un año ha dejado la gráfica en el más absoluto abandono y decidió en los últimos meses derivar varios trabajos de impresión a otros talleres, en particular a los talleres del grupo Olmos, otro empresario K ligado a la UOM y conocido por su rabiosa política antisindical sostenida sobre la base de patotas y barrabravas. En este contexto, Poligráfica dejó de pagar los sueldos desde enero. Incluso se negó a tomar nuevos trabajos. Recordemos que el empresario K Szpolski es un vaciador serial, experto en hacer negocio de las quiebras, con antecedentes tan serios como el vaciamiento del Banco Patricios, el desfalco por el que fue expulsado de su lugar como tesorero de la Amia y varios antecedentes más. Las decisiones patronales en Poligráfica combinan esta "especialidad" defraudadora de Szpolski con una crisis al interior del Grupo 23. Tras años de expansión en medios de comunicación, imprentas y otros activos, el conglomerado se encuentra en retroceso. La crisis política del kirchnerismo y los problemas de su sucesión lo han golpeado, toda vez que se trata de un conglomerado empresario cuya existencia sólo se explica por los cuantiosos fondos estatales que ha recibido. Son permanentes los rumores de más ventas de diarios, radios y canales de TV propiedad del grupo que pasarían a manos de su competencia. El vaciador serial se prepara para un cambio de gobierno. Los trabajadores de Poligráfica resolvieron enfrentar el vaciamiento patronal y como primer paso lograron cobrar una parte de la deuda salarial. En los próximos días mantendrán una nueva reunión con la empresa para determinar los plazos de pago del resto de la deuda y poner en marcha el taller, según el compromiso patronal en una audiencia en el Ministerio de Trabajo. La viabilidad de Poligráfica depende de que la empresa devuelva al taller el trabajo estructural, aquél que le da estabilidad en el tiempo. El sindicato gráfico, en cambio, fomenta la formación de una cooperativa, lo cual cerraría el "circulo" para el vaciador colocando las deudas y el sostenimiento de la empresa en la espalda de los trabajadores, para quienes las perspectivas serían las de una mayor precarización laboral y autoexplotación para levantar las deudas de la patronal. Que Szpolski y el Estado se hagan cargo. ¡Viva la lucha de los trabajadores de Poligráfica del Plata!

-¿Qué repercusión hubo de elecciones de junta? -Las elecciones de junta fueron un gran impulso. Hicimos una gran elección triunfando en la capital. Empezó a haber más expectativas por una alternativa gremial, frente a una burocracia que no resuelve las necesidades de los docentes, recibimos consultas sobre la situación docente, y estamos en un plan de reuniones previas al comienzo de clases con compañeros para discutir cómo formar una alternativa. La burocracia sindical de Ctera está totalmente integrada al apoyo al gobierno. -¿Cómo ven las paritarias? -En principio, planteamos que haya paritarias, porque en Formosa no hay paritarias. Hasta hoy no hubo convocatoria. En años anteriores convocaban a los gremios y hacían un simulacro de diálogo, aunque después los aumentos los define el ejecutivo, hoy ni eso. Nosotros exigimos paritarias y también hemos planteado que el gobierno reciba a tribuna por el reconocimiento y el aval que nos han dado miles de docentes, que pusieron en nuestras manos la confianza para defender sus reclamos. -¿Y qué planteos piensan llevar a esa discusión? -Centralmente planteamos cuatro puntos. Por supuesto, el principal es el salarial, porque un docente que recién se inicia cobra en la provincia 4.500 pesos de salario inicial, y el básico está en 2.500 pesos. Nosotros hemos planteado en la campaña una lucha por el salario igual a la canasta familiar y un aumento que realmente recomponga el salario que perdió terreno frente a la inflación. Otros puntos son: en primer lugar, el rechazo a lo que el gobierno llama transición asistida, que es una bajada a los docentes sobre métodos pedagógicos que prácticamente liquidan la libertad de cátedra. En el mismo planteamos el problema del IPT, que es el instituto donde se brindan las capacitaciones docentes y que tiene toda una bajada de "política regional" que es un aval completo a la política del gobierno. Queremos que se abra el juego y libertad para formarnos. En cuarto lugar, planteamos el tema del pase al estatuto de todos los docentes que están precarizados, porque ha avanzado mucho la precarización laboral docente en la provincia. -¿Cómo se preparan para el Congreso de Tribuna Docente? -Estamos en campaña, sumando a la participación en el congreso a todos los compañeros que colaboraron con la lista, para fortalecer la agrupación y nuestra perspectiva de nueva dirección en el gremio contra la burocracia sindical que apoya a Insfrán. -¿Piensan tomar medidas de fuerza en el comienzo del año? -Sí, estamos promoviendo una gran movilización por paritarias, que además queremos que sea en conjunto con todos los sindicatos y agrupaciones opositoras a la política de entrega del gobierno, y que sea masiva, discutida en asambleas de escuelas. Estamos preparando nuestro boletín para comenzar el año con una fuerte campaña, explicando todo el contexto político y nuestras propuestas.

La paritaria docente en la Ciudad pone de relieve la profundidad y el contenido del acuerdo entre el macrismo y el kirchnerismo. El "adelantamiento" de la paritaria fue celebrado por la dirección kirchnerista de UTE, pero entrando en la segunda mitad de febrero no ha habido ninguna oferta de aumento salarial por parte del Ministerio de Educación. Lo único que "adelantaron" fue un aumento a cuenta de la paritaria del 10 por ciento de bolsillo que para el cargo testigo de maestro de grado (6.050 pesos) son 600 peos de aumento -o sea, 20 pesos por día. El sueldo básico sigue en 2.500 pesos y el achatamiento de la escala salarial ha llegado a anular prácticamente los aumentos salariales por antigüedad (un docente con diez años de trabajo cobra el mismo salario de bolsillo que uno que recién se inicia). El macrismo ha introducido una serie de distorsiones en la composición del salario que dejó a miles de docentes por debajo de la garantía mínima salarial y provocó una desvalorización de la hora cátedra, sobre la promesa de una "recategorización" para el maestro de grado que no es tal. Esta política salarial fue acordada entre el gobierno PRO y la dirección K de la UTE, convirtiendo al principal sindicato docente de la Ciudad en un apéndice de la "derecha", aliándose incluso con el macrismo para atacar a la delegación de Ademys en el seno de la discusión paritaria. Un plan de lucha que rompa la tregua PRO-UTE La delegación de Ademys -de la que Tribuna Docente forma parte- fue la única que presentó un pliego de reivindicaciones en la Mesa Salarial y de Condiciones Laborales, que expresan los principales reclamos de la docencia y la educación, contra el ajuste y las reformas antieducativas del gobierno nacional y de la Ciudad, que parte del planteo de un salario inicial de 11.000 pesos y 7.000 de básico, el pase al básico de todas las sumas, la suspensión de la aplicación de la reforma en Media (NES), un plan de construcción de escuelas que garantice el acceso a los diferentes niveles educativos y la declaración de la emergencia edilicia ante la crisis de infraestructura escolar, entre otros puntos. La directiva de Ademys ha resuelto impulsar una campaña que prepare las condiciones para que la docencia porteña irrumpa en la paritaria de forma organizada. Ya está planteada una convocatoria a reuniones, recorridas de escuelas, asambleas, elaboración de mandatos y consultas, para poner en pie una asamblea abierta para toda la docencia de Capital el miércoles 25 de febrero.

Como viene ocurriendo en educación y salud en la provincia de Buenos Aires, el ajuste se siente fuerte en las políticas de niñez y adolescencia. A pesar de la pomposa presentación que Karina Rabolini hiciera ante el Papa en el Vaticano sobre el programa "Envión", éste está siendo vaciado sistemáticamente. Por ejemplo, en Tapalqué, en lugar de la cocina presupuestada hace años, los trabajadores sólo cuentan con una pava eléctrica para preparar la merienda de los chicos. Tampoco aparecieron jamás, a pesar de haberse liquidado el presupuesto destinado a tal fin, el freezer, el equipo de audio y la mesa de ping pong. Los trabajadores del lugar (muchos cobran 1.200 pesos por mes) deben llevar bolsas de residuos de sus casas, ya que ni con eso cuentan. Los trabajadores son expulsados del programa ante el mínimo planteo por mejoras. En Pergamino, el programa no es más que una demostración de precarización laboral: los tutores cobran 1.000 pesos por el acompañamiento que brindan a jóvenes en situación de vulnerabilidad social. Además, son presionados para participar de los actos políticos municipales, bajo amenaza de "ser dados de baja" y, cuando esto ocurre, el municipio se queda con el dinero que gira la provincia destinado al sueldo de los cesanteados. Los equipos técnicos de las sedes no cobran sueldo por meses y son obligados a tener el monotributo al día para poder facturar. Los compañeros de Baradero denuncian también situaciones similares de precariedad, abundan sueldos de miseria y desfinanciamiento. En el municipio de Tres de Febrero, los trabajadores de Envión son obligados a acudir a los actos del oficialismo y las condiciones laborales son, a su vez, paupérrimas. A semejante estado de abandono, se le suman sedes en ruinas, lo cual expone a jóvenes, niños y trabajadores a múltiples situaciones de riesgo. En Florencio Varela, hay ocho sedes que reciben cerca de 1.200 jóvenes. Los sueldos son de 2.500 pesos en negro y el maltrato laboral es insostenible. A fines de 2014 echaron a diez trabajadores por reclamar mejores condiciones laborales. En La Matanza, la situación de las sedes es apremiante, al tiempo que los jóvenes de las barriadas son cada vez más vulnerados ante el avance de la crisis y el atropello policial. En barrios como San Petersburgo, Puerta de Hierro, Villegas, La Loma y San Alberto, como consecuencia de liberación de zonas para que prosperen la venta de droga, armas y el atropello policial, la muerte de jóvenes y adolescentes es moneda corriente. Los servicios locales de Protección de Derechos de los Niños, creados por la ley 13298, también reúnen condiciones de absoluta precariedad laboral y en sus condiciones edilicias y generales. Para enfrentar el ajuste, que se realicen asambleas en cada lugar de trabajo a fin de discutir un plan de lucha por: • Pase a planta para todos los trabajadores de niñez con sueldo igual a la canasta familiar. • Mayor presupuesto para los programas y los organismos de niñez con control de los trabajadores y usuarios. Abajo la injerencia de los punteros sobre los programas. • Fuera la policía y gendarmería de los barrios. Abajo la militarización.

El 11 de febrero convocamos a un nuevo abrazo al hospital, una semana después de habernos movilizado los trabajadores, junto a organizaciones populares, a la audiencia de conciliación al Polo Judicial de Avellaneda. Desde el principio teníamos claro que no había conciliación posible, pues el intendente insiste en pasar al hospital al ámbito provincial y los trabajadores estamos firmes en nuestro plateo de "no a la provincialización". Los abogados que representan a los trabajadores informaron que sigue firme la medida cautelar que impide continuar con las medidas del traspaso y que la causa pasa a la cámara provincial, al fuero contencioso administrativo. En la asamblea del 11 de febrero informamos estas novedades a los vecinos y quedó clara la decisión de todos de seguir con las medidas judiciales, acompañadas de la movilización popular. Los vecinos, que hace más de medio siglo pusieron en pie el Hospital de Wilde, se sumaron activamente en su defensa. La lucha contra el vaciamiento del Hospital de Wilde y en defensa de la salud pública está más saludable que nunca.

En agosto pasado ingresó en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires el proyecto de ley presentado por el diputado electo Guillermo Kane, del PO-Frente de Izquierda, que se propone poner fin a una endemia que afecta -desde hace más de cien años- a por lo menos 31 localidades de esta provincia. Para eso, el proyecto propone: 1. Que el Poder Ejecutivo, junto a las Comisiones de Vecinos, confeccionen un mapa de riesgo de las aéreas afectadas. 2. Que el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Salud habiliten estudios epidemiológicos y un protocolo de atención médica sobre la enfermedad Hacre (Hidroarsenisismo Crónico Regional Endémico), junto a una campaña de concientización ciudadana. 3. La reparación económica para los afectados por Hacre. Obra social permanente. Asistencia gratuita, medicamentos y viáticos para la atención médica. 4. Obras públicas bajo control obrero y vecinal. Mientras se inician las obras, las Comisiones de Vecinos garantizarán que se distribuya agua segura envasada de primera marca y se instalen sin costo filtros purificadores en los hogares de cada localidad. 5. Las obras se iniciarán en 60 días a partir de la aprobación y su costo se garantizará con un impuesto a los grandes consumidores del 91% del agua de la provincia, que la utilizan para la producción industrial y agropecuaria en forma gratuita. 6. Mientras no se finalicen las obras, no se cobrará la tarifa del agua. 7. Las Comisiones de Vecinos abrirán los libros contables de ABSA, Ocaba y de los municipios responsables de obras que han resultado un fraude para la comunidad y quedaron abandonadas por inútiles. Con la agitación del proyecto, en Pehuajó se constituyó la Asamblea del Agua, que reúne a vecinos de barrios afectados donde ya se han juntado 820 firmas. En diciembre de 2014, en el Sindicato de Municipales de Pehuajó se fundó con los reclamos del proyecto un frente con otras fuerzas, denominado Unidos por el Agua. El PO ha votado e iniciado una enérgica campaña por 5.000 firmas, a recoger en las localidades afectadas para ser presentadas en audiencia pública en el Parlamento de la provincia en la última semana de mayo, con la presencia de las Comisiones de Vecinos, para reforzar la presentación ante los parlamentarios y que se vote positivamente el proyecto. Llamamos a los compañeros a trabajar por este objetivo.

Los episodios de agresiones contra los trabajadores en los hospitales de la provincia han adquirido una frecuencia inusitada e involucran al conjunto de los establecimientos, teniendo como causa principal el ahogamiento del presupuesto de salud. No se trata de una sumatoria de casos aislados de inseguridad, sino del ejercicio sistemático de la violencia contra los trabajadores que tiene como responsable, en todos los casos, al Estado. Una de sus manifestaciones es el enfrentamiento entre bandas, siempre vinculadas a las barras bravas, al tráfico de narcóticos y aparatos punteriles, que afecta al personal de salud. Estas bandas no pueden desarrollarse sino bajo la sombra del Estado. Si bien dentro de los episodios de violencia no son los más frecuentes, son, sin dudas los más resonantes. Otros episodios, por lejos muchos más frecuentes pero más sordos, son los que se producen por los déficits de la atención de la salud: por un lado, un paciente que viene de postergación tras postergación en la atención de su padecimiento se encuentra en la sala de espera del hospital con un abismo entre la enunciación de su derecho a atención promulgado por la propaganda oficial y la realidad hospitalaria; por el otro lado, un trabajador, que está solo donde debiera haber dos, tres o cuatro compañeros más, sin insumos, sin infraestructura, sin salario y probablemente en negro. La mecha es muchas veces prendida por algún elemento punteril que arenga "andá a la guardia que te tienen que atender sí o sí". Las consecuencias violentas del vaciamiento de la salud -por responsabilidad del Estado- quedan totalmente a la vista. Muchísimo más frecuentes aún son las agresiones de los superiores a los subalternos. Es la consecuencia del ajuste que pretende poner en funcionamiento los servicios del hospital, sin presupuesto, a fuerza de garrote. En estos casos, también, los jóvenes trabajadores, residentes y particularmente las mujeres, son las víctimas principales. Por último, están los episodios de violencia surgidos de la falta de seguridad ciudadana, como robos y ultrajes de todo tipo, que ocurren con la misma intensidad que los que se observan fuera del hospital. La liberación de las zonas hospitalarias por parte de las fuerzas policiales es una actividad deliberada. El Estado ha encontrado la forma más barata de someter a los trabajadores a insoportables ritmos de trabajo, sin recurrir a supervisores ni alcahuetes rentados: abrir las puertas de las áreas que son exclusivas para el personal de salud, diseñar hospitales -como los que se vienen construyendo hace veinte años- que no permiten a los trabajadores quedar fuera de la vista del público general (como ocurre en los restaurantes de comida rápida) y arengar al ejercicio de la violencia. Esta es la forma que la gestión de Scioli ha encontrado para someter a los trabajadores a jornadas de trabajo extenuantes, con condiciones deplorables y salarios de miseria. En definitiva, subejecutar presupuesto, para que la crisis la paguen los trabajadores. El sciolismo, el massismo y las viudas del FAP, que votaron un "gasto" en salud cada vez más ajustado, son los responsables políticos de este desastre. ¡Abajo la ley 14226! Comités de seguridad e higiene en el trabajo elegido por trabajadores, con mandatos revocables, sin injerencia del Estado. Aumento del presupuesto de salud para recuperar planteles, salarios, insumos e infraestructura.

La renuncia al patrocinio legal del vicepresidente Amado Boudou por parte del estudio jurídico de Darío Richarte sacó nuevamente a la luz el entramado mafioso que vincula a los servicios de inteligencia con el Poder Judicial y altos funcionarios del gobierno nacional. Los medios de comunicación han atribuido esta ruptura a los vínculos que unen a Darío Richarte con Stiusso, que se remontan a la época en que el actual vicerrector de la UBA -en ese entonces miembro del "grupo Sushi"- ingresó como número dos de la Side bajo el gobierno de Fernando De la Rúa. Desde el momento de su asunción, la Fuba y la AGD denunciamos la incompatibilidad absoluta entre estos personajes de los servicios, como Richarte, y la función de la universidad pública. Richarte o el "señor 8", como lo llamaban en la Side, no es reconocido por sus labores académicas sino por haber defendido durante esta década a los funcionarios kirchneristas acusados por corrupción, desde Boudou-Ciccone, al caso de Antonini Wilson o los desvíos de fondos en el programa Fútbol para Todos. ¿Qué vienen a hacer estos servicios a la UBA? Su función es, por un lado, proteger los negociados y cajas negras que involucran a los principales funcionarios del rector Barbieri y, por el otro, realizar tareas de espionaje para enfrentar al movimiento estudiantil y docente que se opone a ellos en defensa de la educación. Es necesario recordar, en este sentido, que a fines del año pasado, el diario La Nación publicó una extensa denuncia -jamás desmentida- contra Barbieri, el secretario de Hacienda Emiliano Yacobitti y el decano de Económicas, José Luis Giusti, por el desvío de subsidios millonarios que provenían del Ministerio de Industria de Débora Giorgi. La UBA es utilizada por sus propias autoridades como una pantalla para el desvío de fondos públicos (ver nota en este link http://www.lanacion.com.ar/1733819-funcionarios-de-industria-reparten-subsidios-a-sus-propias-empresas). Nuevo Espacio (ex Franja Morada), la agrupación creada por Richarte y Yacobitti para enfrentar a la izquierda en los centros de estudiantes, maneja cajas paralelas al presupuesto de la UBA. En 2001, cuando la izquierda desplazó a Nuevo Espacio-Franja Morada de la dirección de la Fuba, se conoció que esta agrupación lucraba con dinero destinado a planes sociales para trabajadores desocupados. Es momento de volver a reclamar la destitución de Richarte y la apertura de todas las cuentas de la UBA, para terminar con las cajas negras y volver a poner los recursos de la universidad al servicio de la investigación científica y la educación pública.

En la audiencia pública convocada en el Senado por los principales bloques de la oposición, resonaron por un lado las críticas de miembros de la Justicia, intelectuales y diputados, a la política oficial en relación con la muerte de Nisman. Pero la audiencia expresó también la impotencia de la propia oposición frente a esta crisis. En el pronunciamiento que suscribieron al final de la audiencia, los opositores reclamaron la derogación del memorándum con Irán y la de la nueva ley de inteligencia. En el primer caso, a sabiendas de que el memorándum está fenecido por la propia Corte argentina. En relación con la "nueva" agencia de inteligencia, su futura anulación sólo implicaría, en el mejor de los casos, retrotraer las cosas a la situación actual. La oposición no reclamó la apertura de los archivos de la ex Side, ni mucho menos la interpelación de los miembros del gabinete en el Congreso. La impasse del bloque político y judicial que convocó a la audiencia tuvo otra fuerte expresión en la jueza Arroyo Salgado, querellante en la causa Nisman. La jueza pidió "que se deje a la Justicia actuar sin interferencias", aludiendo a los pronunciamientos del gobierno y a las revelaciones de la prensa. Pero, a renglón siguiente, pidió que la Corte de Derechos Humanos de la OEA envíe observadores para el seguimiento de la causa. O sea que no confía en el aparato de justicia que ella misma integra, y al que pidió que "dejen actuar". Nuestra denuncia Nosotros concurrimos a la audiencia para dar conocer nuestra posición ante la crisis, expresada en un documento firmado por Néstor Pitrola, Pablo López y Marcelo Ramal. Fuimos los únicos en denunciar a la inteligencia militar y a su jefe, el represor Milani, como los verdaderos beneficiarios de la nueva ley de inteligencia. "Es la ley Milani", dijimos. Varios oradores aludieron a un "crimen de Estado", aquello que el PO señaló desde el primer momento de esta crisis. Pero nosotros nos detuvimos en el significado preciso de esa caracterización, que enlaza a los servicios con todos los poderes del Estado en la trama de las conspiraciones contra el pueblo de -al menos- los últimos 25 años. Al destacar el carácter distraccionista de las propuestas de la oposición, denunciamos su falta de autoridad para intervenir en esta crisis. Ello se manifiesta, por ejemplo, en un Macri que montó una red de espionaje en la Ciudad apelando a uno de los "servicios" imputados en el encubrimiento de la causa Amia, el "Fino" Palacios. O en un Massa que convocó a otro "servicio" -Juanjo Alvarez- para dirigir su equipo de campaña. Finalmente, reclamamos la comparecencia del gabinete al Congreso, en una sesión pública y televisada. Rematamos nuestra intervención llamando al movimiento popular a que "intervenga con una voz propia en esta crisis, para impedir que su desenlace termine en manos de quienes gobiernan o han gobernado para el encubrimiento y la impunidad".

Las vísperas de la jornada anual de lucha contra la impunidad, cuando se cumplan nueve años del crimen de Paulina Lebbos, está teñida por la crisis política nacional y el acelerado proceso de descomposición política del gobierno y Estado provincial. Una expresión de ello es lo ocurrido en la ciudad de Concepción, donde la denuncia del secuestro de una joven menor de edad terminó con la imputación y detención de 16 policías, acusados de haber encubierto a un conocido personaje involucrado con la trata de personas y otros delitos. En todos los casos que se ventilan hechos vinculados con la trata o al comercio de droga aparece la connivencia de la policía, la Justicia y funcionarios con todas las mafias. Ahora el escenario político provincial fue sacudido por la imputación a Manzur, junto a Capitanich y a Alicia Kirchner por la muerte por desnutrición de un niño de la comunidad qom del Chaco. Esta acción judicial golpea directamente al gobierno provincial. Manzur es el actual vicegobernador y, a la vez, ministro de Salud de la Nación, y ha sido promovido por Alperovich como el principal candidato para sucederlo en la gobernación. Manzur carga con otra causa en la Justicia federal por enriquecimiento ilícito. Alperovich ha salido a hacer una defensa incondicional de todos sus funcionarios Todos a la plaza La jornada del 26, que tiene como emblema el reclamo de justicia por Paulina y todos los casos impunes, debe servir para darle más impulso al reclamo para que se imponga la emergencia de los derechos humanos en la provincia, para profundizar la lucha por el desmantelamiento de los aparatos represivos y de espionaje, y para que el gobernador y su gabinete sean interpelados en una audiencia pública televisada sobre la responsabilidad del gobierno en todo este proceso de corrupción generalizada, de descomposición y crecimiento del crimen organizado, y de atropellos contra el pueblo.

El juez federal Daniel Bejas dio por válida una copia del informe confeccionado por César Milani, en 1976, que da por desertor al soldado Alberto Ledo, secuestrado y desaparecido por los militares. Ahora, la familia de Ledo denuncia que es objeto de seguimientos y espionaje. Pues bien: la nueva ley de inteligencia, que cambia la razón social de la Secretaría de Inteligencia, deja en manos de ese hombre, de un represor de la dictadura, ese aparato mafioso, esa cueva clandestina e ilegal que es la Side, cualquiera sea el nombre que le pongan. Lo hace mediante un artilugio: al disolverse la Dirección de Inteligencia Criminal, las cuestiones relativas al narcotráfico pasarán, tal como pretende el Pentágono, a la órbita del Ejército; es decir, de Milani. Otro logro notable del gobierno K en materia de derechos humanos: el haber devuelto a las fuerzas armadas un lugar relevante en la política nacional. Las partidas presupuestarias de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), dice la ley, "pasarán de ser reservadas a públicas". No es cierto, porque un párrafo más adelante añade que "sólo serán reservados aquellos fondos que se utilizarán en tareas de inteligencia cuya publicidad pueda entorpecer su desarrollo". Es decir, en todas. Por definición, las tareas de espionaje son secretas, reservadas, y cualquier publicidad las arruina. Cuando aquel al que mandan a espiar toca el timbre, la operación se estropea. De esa plata salen lindezas como, por ejemplo, las coimas en el Senado, los pagos secretos (corrupción) a jueces, camaristas y fiscales (muchos de ellos convocantes al 18F), y por supuesto a periodistas. Y salen, claro está, los fondos que alimentan el Proyecto X y tantos otros, conocidos o aún secretos, para espiar a militantes de izquierda o de movimientos sociales, sindicalistas, políticos opositores y periodistas molestos (o que cobran en otra ventanilla). Y, en el caso que ocupa en estos días las primeras planas, de ahí se pagó buena parte de todo el armado que Alberto Nisman y Antonio "Jaime" Stiusso hicieron del caso Amia por cuenta de Néstor Kirchner (recuérdese aquel "pibe, Stiuso va a trabajar con vos", de NK a Nisman en 2004). Esa "investigación" fue dictada, según admitió el propio Nisman, por la CIA, el FBI, el Mossad y el espionaje alemán para orientar la causa hacia Irán, como pretendían Washington y el sionismo. Toda esa canallada encubridora es pagada con dineros públicos, con plata del pueblo. Barril sin fondo La Secretaría de Inteligencia (SI) tiene en el presupuesto 2015 una asignación de 800.800.000 pesos, y otros 568.500.000 pesos se lleva el espionaje del Ejército (había tenido en 2010 un presupuesto de 168.200.000 pesos, un aumento del 250 por ciento). En un país supuestamente sin hipótesis de conflicto externo, corroído internamente por el narcotráfico, el contrabando y la criminalidad de todo tipo, el espionaje interior se lleva más de 1.300 millones de pesos sólo entre la Side y el Ejército (faltan la Policía Federal y las provinciales, los organismos de seguridad y las otras dos fuerzas armadas). El descontrol ¿Control político a los servicios? Es un absurdo. Desde diciembre de 2001, cuando se aprobó la ley de inteligencia que ahora se modifica en beneficio de Milani, se instaló una llamada Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, encargada precisamente de ese control. Ahí están todos, desde macristas y radicales hasta los "socialistas" del narco y la soja en Santa Fe. Desde 2004 esa comisión no presenta los informes anuales que está obligada a elaborar, y casi ni siquiera se ha reunido. Todos son cómplices y encubridores de Stiuso y de toda la porquería de los servicios. Por eso nadie quiere hacer demasiadas olas con la Secretaría. Por eso, hagamos que el 24 de Marzo sea multitudinario, para que se vaya Milani, para que se abran los archivos de la Side, para que se desmantele el aparato de conspiraciones permanentes contra el pueblo.

Los acuerdos con China han desatado fuertes reaccciones y choques en las filas de la burguesía. A pesar de la tentativa de disimularlo en el comunicado final, la reunión de la UIA con los funcionarios del gobierno no arrojó ningún avance. Asistimos a una rebelión de un sector importante del empresariado, que teme quedar afuera en el reparto de las obras y contratos públicos. Los acuerdos establecidos con el gigante oriental contemplan la adjudicación directa, sin pasar por una licitación e incluso cláusulas desventajosas como la posibilidad de importar insumos sin aranceles o de contratar personal de China en igualdad de condiciones que la mano de obra local. Pero, además, hasta el día de hoy se desconoce la letra chica de los acuerdos, por lo cual pueden existir cláusulas aún más leoninas. Se repite el mismo régimen secreto y conspirativo que tuvo lugar a la hora de suscribir los convenios con Chevron por Vaca Muerta. Uno de los cuestionamientos más agudos proviene de Techint, quien viene siendo acosado por la competencia creciente de China. Según la Asociación Latinoamericana de Acero (Alacero), las ventas de acero ‘made in China' en la región pasaron de 0,3 millones de toneladas por año en 2005 hasta 8 millones de toneladas el año pasado. Ya hoy, el 50% del acero mundial se hace en China y Latinoamérica es su segundo mayor mercado. La corporación viene sufriendo ese asedio en sitios estratégicos como México, donde está alojada una de sus principales plantas de producción. Choques Pero la reacción dista de ser homogénea. Las alimenticias (en primer lugar, Arcor), que vienen haciendo pie y exportando al mercado chino, respaldan el convenio. "En la Coordinadora de Industrias Alimenticias (Copal), están tranquilos (...), más allá de las quejas por el oscurantismo de los convenios firmados por el gobierno" (Perfil, 15/2). Una mirada similar tienen los hermanos Bulgheroni, cuya empresa Bridas Energy es socia la petrolera china Cnooc, y logró establecer, por esta vía, un contrapeso a la British Petroleum en el control de su petrolera insignia PAE. Además, consiguió, en sociedad con los chinos, quedarse con los activos de Exxon Mobil en el país, relanzar las estaciones de servicio Esso con el nombre Axion, y ampliar la refinería de Campana. Los acuerdos potenciaron diferencias no sólo entre las diferentes cámaras, sino que las han partido por dentro. En la cámara que reúne a los metalúrgicos se ha generado una disputa intestina de alto voltaje entre los empresarios amigos del gobierno y quienes han quedado relegados en el reparto. Entre los primeros, figura Juan Carlos Lascurain, titular de Admira, cuya empresa, Fainser, lleva adelante la construcción llave en mano de una central de generación eléctrica en Santa Fe junto a General Electric y la española Duro Felguera. El gobierno está acelerando los trámites para el tratamiento de los acuerdos con China en Diputados, que ya tienen media sanción en el Senado.El debate en la Cámara baja va a reflejar también las grietas existentes en la propia oposición. Mientras el massimo se alinea con la Unión Industrial (De Mendiguren, quien reviste en las filas del intendente de Tigre, es uno de los principales promotores del rechazo del acuerdo), el macrismo siempre ha revelado sus simpatías a favor de una aproximación a China. El jefe de Gobierno porteño ha sido un adelantado en la materia, con la importación de vagones provenientes de dicho país al ámbito de la Ciudad. De todos modos, el PRO no se privará de denunciar el carácter improvisado de las medidas asumidas por el gobierno y reclamar un viraje integral de la política económica. Pacto semicolonial Asistimos a una disputa por el botín. Oficialistas y opositores actúan como furgón de cola de los diferentes bandos patronales. Los acuerdos con China no modifican el carácter de la política llevada adelante durante la década K. Es necesario poner fin a un régimen parasitario y corrupto, que ha tenido como grandes beneficiarios a la patria contratista y al gran capital, saqueando al país y a los trabajadores. No a los pactos semicoloniales con China y el imperialismo. No a la entrega y sometimiento del país a las corporaciones chinas ni extranjeras. Que la crisis la paguen los capitalistas. Por un plan de industrialización y reactivación integral del país discutido por los trabajadores que apunte a dar satisfacción a las grandes y apremiantes necesidades sociales.

Desde que la defensa de uno de los represores solicitó a fines octubre se sancione a Liliana Alaniz, militante de Apel y letrada de la querella colectiva constituida por Justicia Ya! en la "megacausa" Esma, junto a la contestación formal de la misma ante el TOF N° 5, hemos desarrollado una intensa campaña de difusión y pronunciamientos. No es la primera vez que los defensores de los genocidas solicitan sanciones infundadas contra los abogados de los organismos de derechos humanos, en un claro intento de victimización de los represores y sus letrados. Este tipo de persecución, aún mediante la posible aplicación de un apercibimiento, es inadmisible, por ello gran cantidad de luchadores y organizaciones han manifestado su total apoyo contra el hostigamiento intentado contra nuestra compañera. Dicha campaña ha tenido gran repercusión. En el blog de Apel hemos recibido centenares de entradas y continuamos reuniendo pronunciamientos contra este infundado e ilegítimo pedido de sanción. Entre las nuevas firmas de dirigentes y luchadores contra el intento de sanción contra Liliana Alaniz (abogada de Apel en la megacausa ESMA), que se suman a las más de 250 de quienes ya habían manifestado su apoyo, contamos con las de María del Rosario Carballeda de Cerrutti (Madre de Plaza de Mayo), los periodistas Herman Schiller, José Medem, Liliana Giambelluca, Pablo Adrián Sainz Rodríguez, Diana Cordero, docentes de la Uned, Florencia Delnegro y Norma Ríos (presidenta y vice de APDH - Rosario), José Pascual Rubio Cano (Secretaría General de Confederación General del Trabajo en la Región Murciana, Estado español), Nuria Vidal de Llobatera Pomar (Ecologistas en Acción), Raúl Pascual Prieto y Fernando Rocha Sánchez (Casapueblos), Alejandro Cabrera Britos (delegado ATE-CTA Buenos Aires), Carlos Slepoy (Querella argentina contra los crímenes del franquismo), Diana Kordon (EATIP y Liberpueblo), Marta Speroni (militante internacionalista por los Derechos Humanos), Carlos Loza (AGP, junta interna Asociación General de Puertos), Edgardo Giura (UADH Rosario), Eduardo Espinosa (ATE), y Carina Maloberti (Consejo Directivo Nacional - ATE-CTA). Asimismo, hemos recibido gran cantidad de adhesiones entre las que se encuentran las del Sindicato Unico de Trabajadores Solidaridad Obrera; Plataforma de Solidaridad con Chiapas y Guatemala de Madrid; Sindicato de Banca, Bolsa, Ahorro, Entidades del Crédito de Madrid (CGT, España); Casapueblos; EATIP; Convocatoria por la liberación Nacional y Social; Frente Sindical; Agrupación Martín Fierro (Varela, Mar del Plata y Neuquén); Agrupación político sindical Tolo Arce; Centro Cultural "Alejandro Olmos"; Convocatoria Almirante Brown-Matanza-Capital Federal; Convocatoria Comunidad campesina Tartagal-Salta; Biblioteca Popular Fernando Jara - Cipoletti; Asamblea Antimilitarista de Madrid; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y Sindicato Unico de Burgos de la Confederación General del Trabajo - CGT (Estado español), entre otros. Para dejarnos tu adhesión y/o pronunciamiento, envíalos a: apelabogados@gmail.com ¡No a la sanción y hostigamiento! ¡Castigo a todos los genocidas!

El Banco Central mantiene una deuda flotante que asciende a los $297.000 millones y que devenga intereses por $83.000 millones al año. Es un concepto, sin embargo, que no figura en el cálculo del déficit fiscal. Para evitar que la emisión creciente que se vienen haciendo para hacer frente a el formidable déficit fiscal y evitar que ese dinero impulse los precios o vaya al dólar blue, el BCRA “esteriliza” esos pesos a través de la colocación entre los bancos de títulos de deuda, (Lebac, Nobac y pases) Esto ha terminado por provocar una bola de nieve que se hace insostenible. Al tipo de cambio oficial, la deuda asciende a unos US$34.300 millones, bastante más que las reservas; y los intereses superan los US$9.700 millones. Es decir, un promedio, el 28% anual. Bastante más de lo que un banco le paga a un depositante. Ni que hablar que esto echa leña al fuego a la inflación y es un factor de encarecimiento del crédito y por lo tanto, una traba insalvable a cualquier reactivación económica. Bastaría este dato, para ver que el BCRA esta técnicamente fundido. Si , además, a las reservas que declara el gobierno le restamos los yuanes y otros préstamos otorgados por bancos centrales , entre ellos, el de Francia, los depósitos en dólares de los bancos comerciales que están depositados en las arcas del Banco Central y los depósitos que están inmovilizados por el juez Griesa destinados al pago de los bonistas hechas todas estas deducciones , las reservas apenas ascienden a lo sumo a 18 mil millones de dólares. Si a esto agregamos los 5000 millones de dolares que el estado adeuda a los importadores. , está claro que la Argentina carece de los fondos para hacer frente a los vencimiento de 2015. Esto es lo que explica la decisión de colocar un freno a las importaciones, aunque esto acentúe el parate productivo. Los recursos de apuro están también haciendo agua .Las expectativas puestas en el fallo de la justicia inglesa para encauzar el conflicto con los buitres se han visto defraudadas. El tribunal londinense ha dejado en manos del juez Griesa la instrumentación de cualquier medida que permita el levantamiento del embargo y al pago de los fondos bloqueados. Sigue abierto el frente con los buitres y el terreno para el chantaje de los acreedores de la deuda. Por otro lado, el entusiasmo oficial con el Swap en China se ha ido apagando al constatar las trabas que impone dicho país. Esto es lo que explica la desesperación por buscar algún tipo de financiamiento, con la banca extranjera, incluida la china con la cual se tanteó esa posibilidad en el reciente viaje presidencial. Pero, no hay nada que indique que esta tentativa no fracase como ya ocurrió con el fallido canje de fin de año. En tanto, el único recurso a su alcance es el armado de una nueva bicicleta financiera. Con el dólar planchado y tasas cercanas al 30 por ciento, estamos asistiendo a un festival especulativo, con rendimientos siderales en dólares, en el cual empalidece lo ocurrido en los 90. La economía K, en su agonía, ha potenciado todos los desequilbrios económicos.

Un grupo de intelectuales y luchadores sociales que se identifican como una "izquierda independiente" y otras tradiciones políticas dieron a conocer un texto en el que destacan que el Frente de Izquierda "supo alzarse como la principal voz nacional de la oposición al nuevo consenso antipopular de los de arriba" y que "en este escenario, la izquierda tiene renovadas posibilidades de interpelar a las mayorías desde una perspectiva de transformación social radical". El planteo sigue al llamado de Carlos "Perro" Santillán, a fines del año pasado, a apoyar el Frente de Izquierda. Aunque muchos de quienes firman el texto ya habían formado parte en el pasado de la Asamblea de Intelectuales de apoyo al Frente de Izquierda, en el caso de otros se trata de una delimitación política novedosa, en especial en referencia al alineamiento que forman Patria Grande y la Unidad Popular de De Gennaro y Lozano. Para los firmantes, la "articulación de tres partidos trotskistas" en el Frente de Izquierda no "agota la amplia cultura y militancia de la izquierda en nuestro país". El Frente de Izquierda, sin embargo, con independencia de la filiación de sus integrantes no es un "frente trotskista" ni es una alianza "ideológica", que pueda ser caracterizada fuera del contexto histórico actual. Se ha desarrollado como un frente único en el plano electoral para catalizar el voto de los trabajadores en oposición a los partidos de la burguesía. Desde la Circular de 1850, de la Liga de los Comunistas, éste es el punto de partida de cualquier acción política de la izquierda con perspectivas consecuentes. La singularidad, si se pudiera decir así, de la acción de nuestro partido, en la última década, ha sido la de desarrollar una oposición clasista y socialista "al consenso ‘popular’ de los de arriba" -que pretendió encarnar, precisamente, el kirchnerismo, como una suerte de peronismo de segunda vuelta o de montonerismo constitucional. El momento político actual se caracteriza por una manifiesta descomposición del Estado y de ningún modo por el "consenso" de "los de arriba", sino por un marcado 'disenso', que ha sido llevado a las calles -otra vez. Nuestra opinión es que si el Frente de Izquierda ha alcanzado el nivel de "una voz nacional", ello ha sido por la diferenciación del nacionalismo de carácter burgués (marcadamente caduco), y del rol protagónico de parte de él en el movimiento obrero piquetero que cerró la década 'neoliberal' del menemismo y la alianza frepasista, y dio un nuevo empuje al sindicalismo clasista, con la lucha de los delegados de Metrovías, desde finales de los '90. La recuperación de la cultura y militancia histórica, a la que alude el texto que comentamos, no podría ser un proceso de agregación formal sino de síntesis teórico-práctica. El planteo socialista y el clasista se distingue fundamentalmente del planteo populista para el cual, por un lado, el pueblo sería un sujeto histórico homogéneo y, por el otro, la burguesía se limitaría al estamento superior, por el contrario, de la abigarrada composición de la clase capitalista. Este tema ha sido agitado últimamente con motivo de los libros de la Laclau, pero es una discusión históricamente zanjada en el movimiento obrero internacional desde hace ciento cincuenta años. Los llamados frentes democráticos, como los que rechazan los firmantes del texto que estamos analizando, son una de las varias aplicaciones del populismo. Desarrollamos esta delimitación programática, precisamente porque damos una respuesta positiva a la colaboración frentista activa entre los compañeros y organizaciones que firman el llamado, por un lado, y el Frente de Izquierda, por el otro. Se trataría de una ampliación del campo de acción para desarrollar en términos prácticos una independencia de clase de los trabajadores, de parte de un grupo de organizaciones que el pasado muy reciente presentó una opción rival a la del Frente de Izquierda. El pronunciamiento del "Perro", al cual hemos hecho referencia, ha sido positivo, exactamente, para ampliar el interés popular por la experiencia abierta por el Frente de Izquierda. El paso a seguir -según lo vemos nosotros- es pasar a la discusión de una plataforma reivindicativa común. Ella debería, por un lado, delimitarse en forma neta de los varios frentes capitalistas en disenso, especialmente de los que son impulsados por los demagogos nacionales y populares y de quienes se revisten de izquierda, pero abrevan simultáneamente de los campos capitalistas en disputa. Por el otro lado, debe tener un carácter anticapitalista, en referencia al Estado y al conjunto de las relaciones que caracterizan a Argentina. El siguiente paso sería determinar todas formas prácticas de un trabajo común. El Frente de Izquierda ha despertado un interés en la clase obrera y en la juventud, pero incluso entre los 'itinerantes', que oscilan entre varios campos políticos, en especial en las clases medias. O sea que es receptado como un principio de salida a un impasse descomunal de la sociedad capitalista.

La Carta Abierta Nº 18 dice que la crisis política desatada por la muerte del fiscal Nisman ha revelado “el modo en que los ‘servicios’ se ligan con las agencias de inteligencia de los Estados Unidos y países asociados”, sin siquiera mencionar que esa ligazón fue reforzada a lo largo de la década kirchnerista. La designación del fiscal Nisman al frente de la causa Amia se hizo en estrecha conexión con las exigencias del Departamento de Estado y del sionismo. La relación entre Nisman, la Side de Stiusso, la CIA y el Mossad fue articulada por el gobierno kirchnerista. En cambio, Carta Abierta presenta a los K como víctimas, sin referencia a su propia responsabilidad en el entramado que ellos mismos prohijaron. “Un Estado dentro del otro” Al explicar el lugar de los servicios en la vida política del país, Carta Abierta alude a un “cripto Estado que viene de lejos”, a un “Estado dentro de otro”. Esto es falso. En ningún momento los servicios operaron por fuera de las directivas oficiales ni esas relaciones entraron en crisis cuando desapareció Jorge Julio López, o con motivo del encubrimiento de la trata de personas. La crisis irrumpió cuando los servicios no lograron parar las investigaciones sobre los fraudes patrimoniales del gobierno, y luego con la deserción política de Massa y la firma del entendimiento con Irán. Se agravó cuando quedó claro que la designación de Milani apuntaba a una purga en la Side. Carta Abierta indulta a su gobierno y, en el camino, a todos los gobiernos que juraron la indemnidad de estos servicios en el tránsito de la dictadura a la ‘democracia’. Carta Abierta, para evitar salpicaduras, elude denunciar a los que se sirvieron de los fondos de la ex Side para las coimas del Senado en los ’90, o a Mauricio Macri, que armó una red de espías con un ex Side acusado de encubrimiento en la causa Amia. La tesis de un Estado “víctima de los servicios” les sirve también para ocultar al Proyecto X, a la represión oficial y a todos los crímenes de Estado de la última década y media -incluido el gatillo fácil y las torturas en las comisarías, o los territorios liberados que sirvieron para terminar con la vida de nuestro compañero Mariano Ferreyra. El documento reprocha a quienes “sólo ven en la disolución de la ex Side” al “cambio de un servicio de inteligencia por otro” o a “una astucia que le entregará al Ejército la vigilancia de los ciudadanos”. El espionaje ‘nacional y popular’ estaría por encima de los otros. El Ejército ha adherido muchas veces al nacionalismo para pasarse al campo contrario cuando el fracaso de ese nacionalismo ponía en crisis los intereses generales del Estado capitalista. La nueva ley trasladará el espionaje estatal a la inteligencia militar del videliano Milani. La capitulación de Carta Abierta es completa. Evoca el “Braden o Perón” para esconder a la ley antiterrorista, sancionada precisamente en función de acuerdos de seguridad con el Estado yanqui -esto en plena campaña antiiraní, que también fue una maniobra de impunidad para la conexión local. Memorando Para Carta Abierta, el memorando con Irán “no trataba de pactar con gobernantes sino de buscar pruebas”, aunque en consonancia “con decisiones que Estados Unidos tomó después al conjuro de sus cambiantes posiciones sobre el marco mundial”. Los ‘intelos’ llaman “conjuro” a una posición combinada con los yanquis. Ahora Timmerman busca otro ‘conjuro’ más -que los yanquis aboguen a favor del memorando ante Irán, incluso condicionando un acuerdo nuclear entre los yanquis y los ayatollas, como exige el sionismo. En ocasión de los bombardeos sionistas a Gaza, Carta Abierta se mantuvo equidistante entre el terrorismo artesanal del palestino oprimido y la masacre del refinado terrorismo de masas del sionismo. El antiimperialismo de los cartistas argentinos no supera los límites del Patio de las Palmeras de la Rosada. Los intelectuales oficialistas denuncian una “conspiración sin pruebas” contra el kirchnerismo -o sea que solamente la intuyen pero no pueden procesarla intelectualmente. Es obvio, nadie le da un golpe a Telefónica, Soros, Chevron, Petronas o los compradores de títulos de deuda de Argentina. Por eso no reclaman la apertura de los archivos de la Side, de los otros servicios de inteligencia y de la Cancillería, siquiera en defensa del gobierno contra el golpe que solamente suponen.

Siete muertos y un desaparecido; más de 1.500 viviendas afectadas; más de 1.000 evacuados; 12 puentes destruidos, rutas y calles destrozadas; viviendas, negocios y hasta escuelas con la pérdida total de sus muebles; ruptura de torres de alta tensión y de acueductos. Este es el balance preliminar de la catástrofe de las Sierras Chicas en Córdoba. De la Sota ha salido a decir que era una catástrofe difícil de preveer, ya que la magnitud de la lluvia caída superaba cualquier predicción. Pero desde 2006 a la fecha, todas y cada una de las localidades de la zona sufrieron alguna catástrofe, como resultado de crecidas y desbordes de los ríos. Si a esto sumamos las del resto de la provincia, los desastres no son la excepción sino la regla, y tienen responsables directos. Por un lado, la política del gobierno y la oposición, de fuerte impulso a la deforestación, el desmonte y a la especulación inmobiliaria, terminaron avanzando sobre lotes y terrenos que debían permanecer forestados, y sobre cursos de agua. En paralelo a esta especulación, y como resultado de ésta, creció el déficit de la vivienda. La mayor parte de los afectados se habían asentado en zonas inundables e inhabitables, ante la imposibilidad de acceder al alto costo de los terrenos. En las orillas de los que parecen mansos ríos, construyeron sus casas quienes fueron expulsados de la capital provincial por el alto costo de alquileres y propiedades. Mientras tanto, los countries crecen como hongos y se avanza en el desmonte, afectando el curso de los ríos y arroyos. La contrapartida de esta catástrofe es la sequía que afectó a la zona hace tres años atrás y abrió la "batalla por el agua". A su vez, el fuerte desmonte por la extensión de la "frontera verde" (soja) afectó las cuencas de los ríos, sobre todo en sus nacientes. El bosque juega el papel de regulador natural de los ríos, además del régimen de lluvias. En Córdoba se lleva perdido el 97% del bosque nativo. En el caso particular de esta catástrofe, se debe agregar la denuncia de la apertura a destiempo de las válvulas del dique La Quebrada, en Río Ceballos. El río se convirtió en un "tsunami" que arrasó con casas, autos, bienes y personas. La apertura de las válvulas explicaría la magnitud de los daños en Río Ceballos, Unquillo, Mendiolaza y Villa Allende. La información oficial sobre daños y cantidad de afectados (sobre todo en relación a viviendas) no coincide con la realidad, por lo tanto la provisión de ayuda no es la adecuada. Por otro lado los vecinos denuncian que los funcionarios no aparecen por las zonas más castigadas y que ellos mismos organizan la ayuda. El Partido Obrero de Río Ceballos está a la cabeza de esa organización en el barrio más afectado (Loza), lo mismo hacen nuestros compañeros en Villa Allende, Unquillo, Salsipuedes. Por otra parte la UJS ha lanzado una campaña de recolección de ayuda. El ocultamiento sobre daños y damnificados plantea a futuro que un sector importante de los afectados quedará sin ningún tipo de reparación económica. El Estado debe hacerse cargo de la reparación de los daños y de las pérdidas materiales: por un impuesto de emergencia a los grupos inmobiliarios con emprendimientos de envergadura en la zona para costear los costos materiales de este desastre. La catástrofe ha puesto también de manifiesto la precariedad de los servicios, los cuales han colapsado totalmente. La destrucción de rutas y calles se explican también por las irregularidades durante su construcción. La catástrofe de las Sierras Chicas ha demostrado que la ley de ambiente aprobada por todos los bloques, a excepción del Frente de Izquierda, no tiene como propósito solucionar los graves problemas de nuestra provincia. Una semana antes, Cintia Frencia, legisladora del Frente de Izquierda en ese momento, había presentado una ley para declarar la emergencia ambiental, elaborada junto a organizaciones de vecinos, varias de ellas de las zonas hoy afectadas. La catástrofe ratifica la necesidad de una emergencia ambiental, que entre sus puntos plantea la suspensión de los emprendimientos inmobiliarios de envergadura y la prohibición absoluta de la deforestación.

Durante cuatro años, el policía bonaerense Carlos Marcelo Cuello abusó de su hijastra, Iara Carmona. El Tribunal de San Martín, donde la familia policial de Cuello tiene contactos, lo absolvió en 2014, con el voto de los jueces Aníbal Bellagio y Julián Descalzo, a pesar de las múltiples pruebas presentadas y de la valiente declaración de Iara. El abusador estuvo preso por prepotear a un vecino. Por violar nunca. La apelación de la absolución deberá ser atendida por el tribunal de Casación de provincia de Buenos Aires. La Justicia, y particularmente los jueces que podrían intervenir en esta instancia, están plagados de fallos misóginos y defensores de los abusadores. Cuando se trata de un miembro de una institución represiva, esta vocación absolutoria se redobla. Para el caso de un pastor abusador, los miembros de este tribunal argumentaron que las menores abusadas, de 14 y 16 años, "son de un nivel social que acepta relaciones a edades muy bajas". En 2011, Casación le bajó la pena a este pastor condenado por violar. Este régimen judicial, defendido por todos los bloques políticos gobernantes es la base de una extensa red de impunidad y de violencia institucional contra las mujeres. Como ocurrió con la designación del violador Carlos García Muñoz en la Secretaría de Derechos Humanos, en todos los ámbitos del Estado el abuso contra las mujeres está subestimado, devaluado, defendido o naturalizado. En definitiva, una sociedad atravesada por esta conducta es una sociedad controlada. El fomento del ataque contra las mujeres es una herramienta de control social muy preciada. Este preciado instrumento es el que construyen la Iglesia, el Estado y sus defensores políticos cuando se antepone la defensa de la familia aunque en ella se cometan los peores atropellos. En doce años de gobierno el kirchnerismo no ha tomado ni una sola medida efectiva para reducir la violencia dentro de las familias, y la Justicia actúa como un escudo de contención en favor de la violencia contra la mujer. El Consejo Nacional de las Mujeres es una agencia de propaganda gubernamental y personal de la Presidenta, con políticas que evaden la responsabilidad del Estado y depositan la responsabilidad sobre las víctimas. "Sacá tarjeta roja", “hacé esto o aquello" es todo lo que tienen para ofrecer las kirchneristas que están a cargo del organismo. Lo mismo ocurre en las secretarías creadas en los ámbitos provinciales. Estos organismos usan el nombre y la necesidad de atención especial de políticas de Estado hacia las mujeres en provecho de una política contraria a las mismas. La pelea de Iara tiene que ser abrazada por el conjunto del movimiento de mujeres dándole a esta lucha el profundo sentido que tiene. Este 8 de Marzo tendremos una instancia importante para denunciar a los encubridores y garantes de la impunidad políticos y jueces. Cárcel a Cuello. ¡Justicia por Iara!

Cuando esta prensa esté en la calle estaremos a horas de las Paso en la ciudad de Mendoza. Llegamos con un final de campaña a toda marcha y se palpita un nuevo ascenso de la izquierda. Arrancamos la campaña en pleno enero, derrotando la maniobra del radicalismo, de querer hacer una elección sin debate ni movilización política. Recorrimos todas las barriadas con nuestros candidatos y nuestras plataformas. El impacto de la acción legislativa en la provincia desde hace pocos meses, ha sido muy importante sino decisivo, en la formación de un nuevo marco político para la izquierda, donde se incluye la actividad destacada de nuestro concejal Federico Telera, en el municipio más numeroso del espacio metropolitano de Mendoza, Guaymallén. La acción de Federico Telera ha traspasado los límites de su municipio, para convertirse en un programa de toda la acción municipal del Frente de Izquierda, que se ha plasmado en la plataforma reivindicativa de la campaña. En oposición a los negociados con la patria contratista y los monopolios de la construcción, planteamos convertir a los municipios en una institución productiva, bajo el control de los trabajadores y vecinos, a partir de una auditoría de los contratos de obras y servicios y la elaboración de un plan económico municipal discutido con quienes trabajan en el distrito, además de los vecinos. Nuestro programa plantea, asimismo, el derecho de revocatoria de los mandatos, la conversión del municipio en una asamblea única y que los salarios de los concejales sean iguales a los de un trabajador. Andrés Elías, que encabeza la lista de concejales, explicó detalladamente cómo la obra pública es la forma legal para favorecer ilegítimamente a las constructoras, a la vez que eleva el precio del terreno urbano, con el mejoramiento público de zonas pretendidas por los especuladores. La sobrefacturación y las coimas son las migajas que caen de la mesa. Mientras tanto, el encarecimiento del valor de los alquileres expulsa a los trabajadores de la ciudad. Desarrollamos un planteo referido a la urbanización de las zonas del oeste, un reclamo de los sectores más populares de la ciudad, que también tuvo eco en las barridas de San Martín y la Favorita. El Frente de Izquierda desarrolló una campaña publicitaria común, sin desmedro de las numerosas iniciativas que tomamos los partidos que lo integramos. La visita del diputado nacional Pablo López fue largamente registrada por los medios mendocinos. Interesó el lugar conquistado por el PO en Salta, y en particular nuestro triunfo reciente en la ciudad capital. Pablo desarrolló a fondo el programa del PO para el municipio, reforzando nuestra perspectiva. En contraste con nuestra campaña militante, el radicalismo, que es oficialismo, se dedicó a amontonar "adhesiones" desde la derecha del PRO hasta el centroizquierda del PS y Libres del Sur. En el desarrollo de la campaña bajaron a dos candidatos de sus listas, preocupados por una competencia intestina. Cornejo, presidente de la UCR y candidato a gobernador, necesita un triunfo categórico en la ciudad de Mendoza para pelear la gobernación. El FpV marca el retroceso de la camarilla gobernante de la provincia y la afluencia de candidatos peronistas no kirchneristas. Es muy posible que la lista camporista, que tomó un cariz izquierdista en la campaña electoral para robarle votos al Frente de Izquierda, sea derrotada en las Paso del FpV. Una parte importante de esos votos pueden venir en las generales hacia nosotros. Los votos del Frente de Izquierda en las Paso serán su piso, mientras en las otras listas serán el techo. Finalmente, la campaña ha dejado en claro el rol del MST, que concentró sus ataques en el Frente de Izquierda y no en los partidos patronales. La ‘nueva izquierda' está viciada tiene prácticas muy viejas, porque carece de horizonte. En la previa a la elección, los fiscales que aportamos para el domingo superan los dos por escuela. El cierre de campaña será una gran caravana y una caminata de los candidatos por la peatonal. Vamos por un nuevo ascenso de la izquierda revolucionaria.

Neuquén tendrá comicios provinciales el 26 de abril próximo. Antes, se realizarán elecciones municipales en Chos Malal y Zapala. El adelantamiento electoral, por parte del MPN, apunta a desprender la elección provincial de la elección presidencial. De ese modo, procura atender a sus propias divisiones. Mientras su candidato a gobernador Gutiérrez se encuentra alineado con el kirchnerismo, el senador Pereyra, que adhiere a esa candidatura, se pronunció en apoyo a Massa. Por su lado, el intendente cutralquense Rioseco, ‘opositor’ a la "ley Chevron" de los K y el MPN, ahora encabeza la lista del Frente para la Victoria como candidato a gobernador. Cuenta con el apoyo del centroizquierdismo de Libres del Sur y el UNE. Por último, el intendente capitalino “Pechi” Quiroga, luego de la tentativa frustrada de aliarse con Rioseco, ha lanzado su propia candidatura a gobernador, con el apoyo de Macri, Massa y Sanz. El proceso electoral transitará por una crisis social manifiesta. Las empresas petroleras ya reclaman bajar el costo laboral con despidos y suspensiones. Consciente de la inquietud que emerge entre los trabajadores, el petrolero Pereyra decidió prorrogar los mandatos de los delegados hasta 2016. En el sector estatal, el gobierno se ha valido de la burocracia sindical para cerrar un acuerdo salarial, que no cubre la perspectiva inflacionaria y que no cuenta con una mesa de actualización salarial para mediados de año. Por otro lado, el gobierno no ha logrado contener la emergencia social, fruto de los efectos de la ‘chevronización’ de la provincia. En la última semana, se ha desatado una oleada de ocupaciones de terrenos como consecuencia del enorme déficit habitacional. La campaña de la izquierda, deberá recoger todas las aristas de la agenda obrera y popular que se desprende de este escenario social y político. Desarrollo político El Partido Obrero de Neuquén inició el año 2015 con la apertura de tres locales en distritos claves de la provincia: Cutral-Có, Zapala y Chos Malal. El 7 de marzo se realizará la inauguración pública del local de Plottier, en funcionamiento desde el año pasado. Es la coronación de un importante crecimiento provincial del PO en los últimos años. La presentación de la izquierda para las elecciones municipales de Chos Malal para el 29 de marzo y en Zapala el 12 de abril, son inéditas. En Chos Malal, la lista del Frente de Izquierda, conformada íntegramente por el PO, cuenta con destacados luchadores docentes, de la salud y la juventud precarizada. Se constituye como una alternativa al MPN, después del fracaso del centroizquierda gobernando la ciudad por años. En Zapala hemos conformado una lista con más de 20 compañeros, con destacados dirigentes docentes y de la lucha de la mujer. Enfrentaremos a una coalición que concentra a todas las tendencias K de la provincia. La inauguración del local de Cutral Co contó con la participación de luchadores docentes, ceramistas, petroleros y jóvenes estudiantes secundarios y universitarios. Un importante y militante núcleo de jóvenes trabajadores ha tomado en sus manos el desarrollo del PO y la izquierda en la comarca petrolera. Congreso provincial El Partido Obrero defiende al Frente de Izquierda como canal de desarrollo político de la izquierda y de los trabajadores -es decir, como alternativa política a los partidos del régimen. La defensa de la bancada del Frente de Izquierda en la Legislatura, e incluso su ampliación, y el ingreso a varios concejos deliberantes, son grandes desafíos a afrontar. El PO de Neuquén discutirá estas perspectivas en su Congreso provincial del próximo 21 de febrero, a días del cierre de la presentación de listas en Zapala y en la provincia.

El Frente de Izquierda inscribió sus listas para las elecciones provinciales. Una lista completa, con representación en 15 municipios y cerca de 250 candidatos de los 19 departamentos de la provincia. Las leyes electorales de Santa Fe colocan como exigencia para la presentación de lista a gobernador, la presentación a senadores en al menos 14 departamentos sobre los 19 existentes, con sus respectivos adherentes afiliados. El Frente de Izquierda terminó superando holgadamente este primer desafío. El Partido Obrero contribuyó decisivamente a conquistar la extensión provincial en los municipios, aportando listas locales completas en 14 de los 15 municipios, donde finalmente habrá boletas del Frente de Izquierda, además de listas a senadores en 17 departamentos. Para el Frente de Izquierda, una de las batallas centrales será la pelea por el ingreso a la Legislatura provincial. María Elena Molina, secretaria adjunta de Amsafe Rosario y dirigente del PO, encabezará la lista de diputados provinciales. Las candidaturas provinciales estarán encabezadas por Octavio Crivaro (PTS) y Alicia Escudero (PO) para gobernador y vicegobernadora. En Rosario, por el PO, Muni Finkelstein será el candidato a intendente, y Julia Tessio, por el PTS, será la candidata a primera concejal. A senadora del departamento Rosario, encabezará la dirigente docente Daniela Vergara (IS). En Santa Fe, Germán Lavini será el candidato a intendente de la capital, y Pablo Vallejo a primer concejal, ambos por el PO. La reforma electoral proscriptiva obliga a obtener el 1,5% del padrón electoral para superar las Paso en cada una de las categorías. Por ello, el Frente de Izquierda tomará como uno de sus ejes centrales la obtención de 40 mil votos en las categorías provinciales para pasar a las elecciones generales. Para que estén presentes los reclamos de los trabajadores, el voto debe dirigirse al Frente de Izquierda. Listas obreras El Frente de Izquierda tendrá listas en municipios fundamentales para el movimiento obrero de la provincia. Es el caso del cordón industrial sur, como Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán, San Lorenzo y Villa Constitución. Estas listas municipales las integran compañeros delegados y comisiones internas de distintas industrias, trabajadores estatales, docentes, artistas y jóvenes luchadores. En Villa Constitución, la lista al Concejo municipal es encabezada por Christian Míguez, del PO y comisión interna de Acindar, y por Luciano Molina, del PTS y delegado de Acindar, para la intendencia. Las Paso coincidirán con las elecciones de delegados y comisión interna en esta fábrica de miles de trabajadores. Vamos a un doble desafío. En el cordón industrial norte de la provincia que une a Santa Fe con el Chaco, el Frente de Izquierda tendrá listas en Reconquista y Avellaneda, con compañeros docentes y jóvenes del PO. Por primera vez, el Frente de Izquierda presentará lista en Rafaela, un polo industrial y también sojero del centro de la provincia. La lista la encabezará Pablo Rodríguez, del PO, referente metalúrgico de la ciudad. En la lista de diputados provinciales, participa Germán Tornero, del PSTU, delegado de General Motors, perseguido brutalmente por la burocracia del Smata, cuando su secretario general integra la lista de diputados provinciales por el PJ. La burocracia va en la lista de los partidos del ajuste, los luchadores de la fábrica en la lista de la izquierda. En las grandes ciudades de Rosario y Santa Fe Capital, vamos a una batalla política muy dura, ya que allí se concentran decenas de listas de las más diversas fracciones de los partidos de Estado. Pero también tendremos un desafío extra, con las listas armadas a partir de los despojos del Frente Progresista y el kirchnerismo. Es el caso del Frente Social y Popular, fundado en la figura de Del Frade, y que carece de cualquier base programática. Es un armado electoral ocasional, ajeno fundamentalmente al movimiento obrero. El desafío de Capitán Bermúdez En Capitán Bermúdez, la concejal Jorgelina Signa del Partido Obrero va por la renovación de su banca, en momentos en que el municipio se encuentra políticamente quebrado y en crisis tras la renuncia de la mitad del gabinete local y su posterior pasaje al PRO. El Frente Progresista del municipio está devastado y la elección tendrá lugar bajo un cuadro de disgregación del régimen político en la ciudad. La campaña electoral para que Jorgelina sea reelecta colocará de relieve el trabajo llevado adelante en el municipio en estos cuatro años, donde hemos desenvuelto decenas de campañas y proyectos de defensa de los trabajadores, contra la impunidad y los asesinatos, la contaminación, por condiciones de trabajo, contra los despidos y en defensa de la salud pública. En medio de la crisis política que cruza al municipio, los trabajadores y vecinos que visitamos en las recorridas barriales manifiestan lo necesario de que Jorgelina siga estando en el Concejo municipal. El "progresismo" y su camino hacia el abismo Ingresamos a la campaña electoral con un Frente Progresista golpeado y en crisis. La ruptura definitiva de Binner con los radicales, para ir estos últimos a una alianza con Macri o Massa, ha dejado en ruinas la candidatura de Binner. En Santa Fe, esto se reproduce con intendentes radicales, o hasta agrupamientos que pertenecían al PJ e integran el Frente Progresista, los cuales se pasan al PRO. Pero el derrumbe del progresismo en la provincia está íntimamente vinculado con la experiencia que los trabajadores han recorrido. El retroceso productivo de Santa Fe, con despidos, y cierres de fábricas, muertes obreras, agravamiento de la crisis de vivienda y asesinatos diarios por narcotráfico, son una postal que en su reverso tiene la lujuria de los miles de millones de dólares que ingresan por los puertos privados del Paraná, controlados por la patria sojera y agroexportadora. En los últimos diez días, hubo cuatro accidentes laborales, un incendio en la química Synthon, otro en General Motors, una explosión en Vicentín y la terrible muerte de un joven en una metalúrgica de Rosario. Para enfrentar esta barbarie laboral en el terreno político es que llamamos a sumarse a la campaña electoral del Frente de Izquierda.

El 7 de febrero se presentó la lista Partido Obrero en el Frente de Izquierda en las elecciones a Intendente y concejales por La Falda, el próximo 29 de mayo. Son las primeras en la provincia de Córdoba y se van a desenvolver en el marco de la crisis política que sacude al país. Crisis nacional, disgregación local La crisis nacional ha empujado a realineamientos locales que deben ser observados con la mayor atención. La lista oficialista (UCR) ha realizado un rejunte que incluye al PRO, el juecismo y sectores kirchneristas. El PJ se encuentra envuelto en una crisis interna entre sectores afines a De la Sota y a Massa. El kirchnerismo ha conformado su lista, donde su candidato a viceintendente se declaró "un confeso sciolista". Del Luna Park a la lucha electoral Los integrantes de la lista y el programa presentado para las elecciones plantean la necesidad de la construcción de una alternativa política que levante los reclamos contra la precarización laboral, la situación del agua y el transporte, la recuperación del hospital, el problema de la tierra y la vivienda, así como la criminalización de la juventud. La lista está conformada principalmente por trabajadores gastronómicos, de comercio, mineros y de la salud; así como también luchadores referenciados en los derechos humanos, la mujer y el transporte. La lista estará encabezada por Betina Chiodi, estudiante de medicina y dirigente del Plenario de Trabajadoras. La salida es por izquierda A sólo dos semanas de recorrida por los medios y algunos barrios de la ciudad, fuimos combinando la plataforma electoral con la situación nacional, logrando una fuerte repercusión entre los vecinos y trabajadores. La novedad hasta el momento es la ruptura de un sector ligado al kirchnerismo que se ha sumado a pleno a nuestra campaña. Lo mismo ocurre con sectores relacionados al radicalismo, que nos han solicitado reuniones para sumarse a colaborar. Dos encuestas, realizadas por la UCR y el PJ, nos estarían ubicando en tercer lugar con posibilidades de alcanzar una concejalía, quebrando el monopolio de los partidos tradicionales y logrando un hecho histórico para la ciudad. A dos meses de las elecciones, vamos a redoblar la campaña, inauguraremos un local, impulsaremos reuniones en los barrios y reclutar cientos de fiscales para asegurar el voto. La crisis del Estado capitalista tiene una salida: también en La Falda, ¡vamos con la izquierda!

La inquietud salarial, a fin de año, recorrió al movimiento obrero ante el contraste de las paritarias que promediaron un 29,7 por ciento en cuotas, contra una inflación diez puntos superior. Las patronales echaron lastre mediante los bonos, en varios casos en cuotas, como metalúrgicos o construcción, los cuales tuvieron la función estratégica de no reabrir las paritarias. Más aún, el bono de la UOM fue a cuenta de las futuras paritarias (a pesar del reclamo del sindicato), lo mismo que el 8 por ciento que adelantó Scioli en enero y febrero a la combativa docencia de la provincia. Así las cosas, en estas paritarias se concentran tres problemas. Primero, recuperar la pérdida del poder adquisitivo de 2014. Segundo, afrontar una inflación que arrancó en enero según el índice Congreso en 2,08 por ciento, anualizada del 30 al 35 por ciento. Y en tercer lugar, no menor, las características confiscatorias que adquiere el impuesto a las ganancias. La burocracia sindical, en sus primeros pasos, apunta a evitar una intervención de conjunto del movimiento obrero ante semejante situación. El golpe más fuerte lo acaban de asestar todos los sindicatos ferroviarios: Unión Ferroviaria, Fraternidad, Señaleros y Personal de Dirección, quienes firmaron un acuerdo de cuotas fijas, no remunerativas ¡hasta junio! que oscila entre 2.000 y 3.750 pesos (del 11 al 20 por ciento). La paritaria como tal, que fija nuevos básicos, escalas y en la que hay temas puntuales pendientes -que debía regir a partir del 1º de marzo- pasó a julio, cuando podrán firmarse retroactivos pero con medio año adentro. Maturano que anunció en diciembre (revista Mundo Gremial) que reclamaría el 50 por ciento, pasó, sin estaciones intermedias, a este acuerdo. La noticia cayó como un balde de agua fría en el Subte, el gremio más combativo del transporte. Se trata de un regalo en bandeja de plata a la "gobernabilidad" del ajuste en marcha. Si atrás de este acuerdo viene otro similar de UTA, como se prevé, el gobierno lograría sacar a los estratégicos gremios del transporte de cualquier crisis en torno de las paritarias. Sabido es que Moyano y Barrionuevo se apoyan en la deserción de estos gremios para eludir cualquier paro nacional. Pero hay que observar que entre los gremios ferroviarios revistan varias centrales: UF con los kirchneristas de Caló, Señaleros con Moyano, Personal de Dirección con Yasky y Maturano, que coquetea con todos. De manera que este acuerdo contra las paritarias forma parte del objetivo de toda la burguesía, oficial y opositora, de sacar al movimiento obrero de toda intervención por sus reivindicaciones en el cuadro de la crisis política y económica. La burocracia explota la recesión, la cual se tornó fuerte en varias ramas, para frenar los reclamos. Por otro lado, Moyano y Barrionuevo se agarran de la ‘crisis Nisman’ para subordinar al movimiento obrero atrás de las salidas antiobreras de la oposición convocando a la marcha de los fiscales, una convocatoria que lleva agua al molino de la salida del gobierno de coalición de los Macri, Massa y la UCR. O, desde el oficialismo, para contener en nombre de no sumarse a la "desestabilización". Ni unos ni otros tienen mandato alguno para actuar de este modo y, ante todo, cancelan toda deliberación política en el movimiento obrero. Las primeras grietas de este operativo se han abierto en la docencia. El Frente Gremial de la provincia de Buenos Aires se ha visto obligado a rechazar de plano la oferta ridícula de Scioli, lo cual va trasladando el debate a las escuelas. En Santiago del Estero y Córdoba se han producido importantes autoconvocatorias que aprietan a sus direcciones. En pleno fin de año y verano, Interpack I libró una lucha salarial heroica, aunque completamente aislada, que demostró la disposición de lucha en un gremio industrial cuando hay direcciones combativas. La cuestión ganancias con la ‘tablita de Machinea’ intocada y los pisos 2013 clavados en el mismo lugar se tornará explosiva en ciertos sectores. Ya se armó revuelo, en plenas vacaciones, entre la docencia de las facultades de Medicina e Ingeniería de la UBA por los descuentos. La crisis por este punto en el gremio bancario se reabrirá. Hay que luchar para quebrar la tregua de la burocracia. Impulsemos el debate en asambleas y plenarios de delegados por el 40 por ciento al básico, que se discuta con mandato de los trabajadores, que se elijan los paritarios en asamblea, por la abolición del impuesto al salario y su tablita confiscatoria.

Cuando Prensa Obrera esté en la calle, estaremos a siete días hábiles del inicio de clases previsto para el 2 de marzo en casi todo el país. La paritaria nacional recién volverá a reunirse esta semana, luego de la primera reunión donde sólo se escuchó el reclamo gremial: 38,6 por ciento para llevar el salario mínimo de bolsillo de Maestro de Grado, de 4.400 a 6.098 pesos. El abultado porcentaje no puede ocultar la miseria de los salarios que está discutiendo la burocracia. El ministro de educación de Cristina, Alberto Sileoni, ya anticipó que su voluntad es una suba del 25 por ciento en cuotas -es decir una miseria peor. El retraso en esta discusión ya genera problemas con los gobernadores, que quieren que el gobierno nacional haga el trabajo de imponer el techo salarial. Como esto no ocurre, y ante la inminencia de la fecha de inicio, los gobiernos provinciales se ven obligados a encarar sus propias paritarias docentes en situación de cuenta regresiva y sin pauta de referencia. Las ofertas realizadas, que rondan el 25 por ciento, han sido rechazadas en todas las provincias. Este vacío, abre el camino a las movilizaciones y reclamos de carácter autoconvocado. Es el caso de Córdoba, donde desde la última semana de enero alrededor de 300 docentes se movilizan en forma semanal exigiendo 50% de aumento y 9.000 pesos de inicial. La dirección de la UEPC quiere cerrar un 38% en cuotas, pero no obtiene aún la firma del gobierno. Mientras, la autoconvocatoria crece. En Santiago del Estero se movilizaron 800 docentes la semana anterior, junto a Cisadems, luego de anteriores acciones autoconvocados. Una nueva movilización está prevista para el 20 de febrero y Cisadems ya resolvió el no inicio el 2 de marzo. En Tucumán, cientos de docentes se movilizaron y está prevista una gran movilización para el 19 de febrero. La misma es resultado de la intervención de Tribuna Docente, junto a la UDT y una fracción de la directiva de Atep. En Catamarca hubo movilizaciones autoconvocados en el interior. En Salta, la burocracia del Frente Gremial -que integra ADP- y de Sitepsa están discutiendo un engañoso 20% enganchado con una modificación de la estructura salarial. Son los temas puestos en agenda por la asamblea y la lucha de los Docentes Unidos de Salta, que gobierno y burocracia toman en forma deformada para usarlos contra la docencia. Cualquier acuerdo está condicionado por el proceso electoral salteño, y la propia ADP se ha diferenciado del gobierno de Urtubey con una denuncia de las irregularidades en la designación de cargos (que Tribuna Docente lleva 30 años denunciando), en una crisis que aún no tiene resolución. Todos estos temas serán abordados en la asamblea de los Docentes Unidos de Salta que sesionará el próximo 21 de febrero. Buenos Aires, Capital, Neuquén y Plenario Nacional Opositor En provincia de Buenos Aires, la oferta de dos cuotas de 80 pesos al básico de la última reunión, alteró hasta al oficialista Baradel. La oferta del 18 de febrero fue rechazada incluso por la FEB. Suteba aún no se pronunció. Ya hay convocadas reuniones de delegados en las seccionales de los Suteba combativos, y el próximo 24 se reunirá el Plenario provincial de delegados, que resolverá medidas en relación con el no inicio en caso de repetirse estas miserables propuestas, reclamando al Suteba provincial que también las adopte. En la Ciudad, el contubernio Macri-UTE no alcanza para cerrar aún un acuerdo. Hasta ahora sólo cerró la paritaria de Neuquén, donde Sapag y la nueva dirección celeste de Aten pactaron un sostenimiento mutuo: 30% retroactivo a enero y nueva mesa salarial en julio. La burocracia del TEP logró hacer pasar el acuerdo en la decisiva asamblea de Neuquén capital en asambleas realizadas el 9 de febrero, con los docentes aún de vacaciones. Sin embargo, cientos de docentes votaron en contra en esa asamblea. Numerosas seccionales del interior rechazaron el acuerdo, lo que demuestra las reservas combativas de la docencia neuquina. El 23 de febrero se reunirá el plenario de sindicatos, seccionales y agrupaciones docentes combativas del país en Ademys. Dirigentes docentes de todo el país, debatiremos y coordinaremos medidas de lucha frente a la situación salarial y laboral de la docencia, impulsando el no inicio del 2 de marzo, exigiendo, en primer lugar, a la Ctera y a sus sindicatos de base que lo convoquen.

El Congreso de Tribuna Docente se reunirá en momentos de definición de la situación salarial docente. Una vez más, será un gran laboratorio para analizar colectivamente la situación de la docencia y aprobar iniciativas de intervención. Al mismo tiempo tomaremos resoluciones para extender y fortalecer a la agrupación en todo el país. Ya se han realizado numerosas actividades previas al congreso en el interior del país, tales como un plenario provincial en Santa Fe, otro en Tucumán, un precongreso en Salta con presencia de Romina del Plá, que reunió 30 compañeros de Orán, el Departamento San Martín y Capital, y un curso sobre el Estatuto del Docente en Pehuajó con la presencia de Alberto Villoldo, por mencionar algunas. En todo el país se prepara la presencia de delegaciones masivas como en Córdoba y Santa Fe, o muy destacadas como las de Formosa, Chaco, Tucumán, Santiago del Estero y La Rioja. El objetivo de reunir 800 docentes está muy cerca de concretarse, con los compromisos ya alcanzados y las tareas de invitación previstas. Será un enorme salto en la intervención de una agrupación clasista, que lucha por la independencia política de la docencia junto al resto de los trabajadores y por recuperar sus organizaciones sindicales. La consigna central del congreso resume esos objetivos "Construimos una salida ante el derrumbe educativo". -10:30 a 12 informes de Néstor Pitrola y Romina Del Plá Sec. Gral del Suteba Matanza -Informe de cierre a cargo de Jorge Altamira

Luego de echar mano a todos los recursos de lucha posibles en esta etapa, para un conflicto de estas características, la asamblea general resolvió levantar las medidas hasta el comienzo de la paritaria gráfica a mediados de marzo. Quince días de paralización total de la planta, dos cortes de ruta, una movilización a la intendencia, veinte días de conciliación obligatoria y una gran agitación con afiches y volantes; nada de esto alcanzó para sentar a la patronal a negociar: salvo por un aumento del bono -ínfimo para el promedio salarial de Interpack-, la posición patronal se mantiene rígida. Semejante dureza obedece a dos factores. Por un lado, los reclamos -por salarios y más personal- chocan con un plan de reordenamiento productivo de la planta, un ajuste, que el conflicto contribuyó a poner de relieve con mayor claridad. El problema "estructural" es que hay en marcha un achique del plantel por vía indirecta (no hay despidos, pero desde hace años se congeló el ingreso de nuevos trabajadores) y una fuerte diferenciación salarial (el rango de ingresos va de los 12 a los 35 mil pesos) que objetivamente coloca una cuña en la organización del taller. Haber librado hasta aquí una lucha tan radicalizada y tan homogénea es una demostración extraordinaria de la fortaleza sindical que la patronal justamente busca debilitar. El ajuste es general en la industria y en particular en la industria gráfica. Desde hace un año y medio al menos se suceden despidos y cierres: Cedinsa, Cortiñas, Impresores, Donnelley, Lanci, Poligráfica, son algunos ejemplos; este proceso se hace visible donde los trabajadores resisten. El segundo factor que explica la postura del directorio del grupo Zupan, está vinculado precisamente con esa resistencia y el rol de la izquierda en ella. Recordemos que en medio de los despidos de Gestamp, Scioli se reunió con las cámaras empresarias de los gremios donde tiene peso la izquierda, y eso incluye a la cámara gráfica, para definir una política de conjunto. Sin caer en el "maquiavelismo" es claro que hay una "línea dura" común en muchos conflictos, dictada por la necesidad patronal de imponer el ajuste, pero avalada por la complicidad del gobierno y sobre todo de las burocracias sindicales, que actúan contra las direcciones clasistas en algunos casos o aislando las luchas en otros. En el caso de gráficos, la pasividad del sindicato frente a los despidos o frente al derrumbe salarial, es vergonzosa. Enrolado en el ala “ultracristinista" -igual que la directiva de la Faiga- no sacan los pies del plato; la crisis política abierta con la muerte de Nisman ha reforzado esa conducta. Con uno de los salarios más bajos, la suma acordada con los empresarios para "tirar" hasta la paritaria fue miserable: apenas 1.800 pesos en tres meses. Sin haber logrado aún los objetivos del plan de lucha pero con la combatividad intacta, la decisión de postergar las medidas de fuerza hasta marzo apunta a "tomar un poco de aire" mientras se clarifica el panorama de la paritaria (o de las paritarias). La Naranja se plantea desarrollar una amplia agitación para que la base del gremio se defina por un programa y un plan de lucha de cara a la próxima paritaria, y por el apoyo efectivo a los conflictos en curso, entre ellos Interpack, MadyGraf y Poligráfica.

La última reunión "técnica" del gobierno de Scioli con los gremios estatales -rechazada por ATE y Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (Fegeppba)- trajo como "gran" oferta 800 pesos en dos cuotas, una burla que no impidió a UPCN "evaluar" la propuesta. Ninguno de los gremios lleva mandato alguno discutido entre los más de 100 mil trabajadores del Estado provincial; ATE por su lado "bravuconea" con un 40 por ciento, pero lo cierto es que levantó de manera inconsulta la toma de la Dirección General de Escuelas, iniciada por la directiva provincial por "chauchas y palitos". Tres días antes de la reunión paritaria, la conducción de ATE provincia resolvió tomar la sede central del Ministerio de Educación por la presión de su base. Muchos trabajadores de los consejos escolares habían ido a la huelga reclamando 1.000 pesos de plus salarial a fines del año pasado (monto que ya había conquistado la Junta Interna clasista de la DGCyE-sede, para los administrativos centralizados de La Plata). La respuesta de la patronal terminó con el descuento de los días parados de una manera brutal, hasta 4.000 pesos de reducción. La toma se levantó ante el acuerdo entre los funcionarios de Nora de Lucía y el Consejo Directivo Provincial de ATE, por la devolución de tan sólo 1.000 pesos de esos bestiales descuentos y la normalización del pago de haberes adeudados a miles de auxiliares de escuelas. Lo cierto es que la toma de la sede había abierto una hendija en las negociaciones con una patronal durísima, que por una ordenanza interministerial de Scioli tiene orden de descontar los días parados. La inconsecuencia de la dirección de ATE en ir hasta el final en la defensa del salario de los trabajadores, pone en jaque a las próximas medidas de fuerza ya convocadas por el propio sindicato, comenzando por el no inicio de clases para el próximo 2 de marzo. La delegación del CDP (Oscar Isassi-De Gennaro) en la sede de la DGCyE fue más que raquítica; sin embargo, el día dos de la toma, cientos de trabajadores de ATE de Quilmes y Avellaneda llegaron con sus respectivas remeras verdes, pero con el significativo logo de "Selva Guillén conducción". Se trata de una ruptura de la Verde Anusate que cuenta con el aval de Pablo Micheli. A meses de las elecciones de ATE, la demostración de fuerzas de uno y otro sector ha sido harto elocuente. Por un plan de lucha y una lista combativa En este cuadro se abre la lucha paritaria en la provincia. Con los trabajadores ya en sus lugares de trabajo es necesario un enorme plan de asambleas y agitación, por un 50 por ciento de aumento al básico contra la entrega anual del salario por parte de UPCN y del resto de las conducciones gremiales. El 2 de marzo está convocado un paro provincial: hay que parar la provincia en unidad con la docencia, los trabajadores de la salud y los judiciales, para impedir una vez más la atomización que pretende el gobierno de Scioli. El clasismo y el activismo combativo debe tomar esta tarea por excelencia y, a su vez, para defender a ATE de la ruptura a la que llevan todas sus facciones de índole puramente patronal, construir un frente único por una nueva conducción que retome los métodos históricos de la clase obrera, la asamblea, el plan de lucha escalonado hasta ganar, y la elección democrática de sus paritarios.

No hay razón que justifique un pedido de esta naturaleza. Los recursos no faltan, sobran. Ecotrans es una empresa viable. Si sumamos la recaudación y los subsidios del Estado, Ecotrans cuenta con los fondos necesarios para prestar un servicio a la altura de las necesidades, tanto en frecuencia como en calidad. No hay excusa, por lo tanto, para que Ecotrans no pueda brindar el servicio. Si esto no ocurre es sencillamente porque durante estos años hemos asistido a una política deliberada de vaciamiento, similar a lo ocurrido en el ferrocarril Sarmiento, cuya concesión estuvo en manos también de los Cirigliano. Esta política, lejos de atenuarse, se ha agravado en el último período, hasta desembocar en una situación terminal como la actual, en que el deterioro en todos los órdenes (obsolescencia de las unidades, falta de mantenimiento, ausencia de repuestos, etc.) ha puesto en jaque las bases mismas para la continuidad del servicio. Si Ecotrans siguió funcionando fue, no obstante ello, gracias al esfuerzo de sus trabajadores. El grupo Cirigliano, caído en desgracia, pretende sobrevivir apelando a algún salvavidas del Estado, que le cierre los grifos. La convocatoria de acreedores se inscribe en esos tironeos, mientras crece la amenaza de pérdida de los pisos. Por lo pronto, fue cursado el pedido de caducidad de la concesión de los recorridos nacionales por parte de la CNRT. Aunque la reforma de la ley de quiebras ha suprimido una referencia explícita, no hay que descartar que, con la excusa del concurso, se pretenda implementar un "procedimiento de crisis" en el marco del Ministerio de Trabajo, y atacar el salario y el convenio. Aves de rapiña al acecho En forma proporcional al derrumbe que se viene constatando en Ecotrans, empiezan a levantar cabeza las tentativas de desguace de la línea. Empresas nacionales y locales están tranzando, bajo cuerda, con las autoridades de transporte, para quedarse con el botín, repartiéndose entre ellos las concesiones. El anzuelo es que con estos cambios se estaría privilegiando "el interés del público usuario", lo cual es falso. Lejos de representar una solución, estas supuestas salidas terminan por agravar los problemas ya existentes. Quienes pagan las consecuencias de estas "reorganizaciones", como ya lo vivimos reiteradas veces en todos estos años, son los usuarios, con la supresión de recorridos menos rentables, y los propios trabajadores con despidos y un cercenamiento de sus derechos y condiciones de trabajo. Basta observar a las empresas "interesadas" y las condiciones negreras de trabajo que allí prevalecen, para imaginar lo que ello significa. Campaña Frente a esta situación, los trabajadores de Ecotrans preparan una campaña de denuncia y movilización, rechazando tanto el vaciamiento como el desguace y planteando la necesidad de defender un transporte para todos. La defensa del transporte público es una causa de todo el pueblo y los compañeros se proponen, como ya sucedió en el pasado, involucrar a la población trabajadora de la zona oeste en la lucha que está planteada. El cuerpo de delegados convocó a asambleas en todas las cabeceras y se marcha a una asamblea general con el conjunto de los trabajadores para votar un plan de acción. Los compañeros exigen que se haga una inspección integral a la empresa para verificar la situación que aquí denunciamos y que se abran sus libros y sus cuentas para saber adónde van a parar los recursos que la patronal recibe. Reclaman que se forme una comisión de control, integrada en forma conjunta por representantes del Estado y de los trabajadores, a los fines de fiscalizar el movimiento de la empresa. Estos planteos van a ser llevados a conocimiento del juez designado en el concurso. El corolario de todo esto debería ser un plan de inversiones, cuya ejecución debe estar sometida a la supervisión común de los trabajadores y el Estado.

Luego del enorme triunfo conseguido en la Justicia con el levantamiento de las causas por contravenciones, las recorridas por Tráfico, Boleterías, Talleres, Vías y Limpieza se han multiplicado. Esta tarea no sólo la están llevando adelante los referentes de la lista, Charly Pérez, Diego Gavella, Christian Paletti; también se han sumado la totalidad de los candidatos, transformando la campaña de la Naranja, a más de un mes de las elecciones, en una campaña masiva. La Naranja ha consolidado una gran simpatía entre los trabajadores del Subte. Un nuevo plenario votó toda una batería de iniciativas. A las cartas de Charly y Karina, se agregan esta semana la salida de un afiche de los candidatos centrales, otro afiche de nuestras compañeras de la lista, una carta del compañero Heredia, candidato a secretario de Cultura, que rompió con el pianellismo, otra carta/programa para Boleterías (que surgió como demanda de trabajadores del sector a nuestra lista), la salida de un pronunciamiento para ser firmado en las líneas y un bono contribución para solventar los gastos de la campaña. Nuestros compañeros han encontrado un camino allanado en las recorridas. Se constata una profunda crisis entre la directiva y las bases del Subte, producto de los acuerdos entre el pianellismo y el macrismo. Pianelli se ha trasformado en un peón de los acuerdos entre el kirchnerismo y el gobierno de la Ciudad, y esto se siente entre los trabajadores. En la recorrida por Tráfico de la D, nuestros compañeros enfrentaron posiciones macartistas de delegados de la directiva; justo ellos, que debilitaron a un sindicato combativo para transformarlo en un engranaje de la política kirchnerista. En Constitución, la Naranja encontró gran receptividad entre trabajadores históricos de la directiva. En Boleterías de la A, los trabajadores preguntaron si estábamos dispuestos a llevar adelante sus reclamos. Como resultado de este debate, surgió una nueva declaración para las estaciones que contiene un programa de defensa de los compañeros que la directiva abandonó. En todos los sectores, el debate del por qué del fracaso de una lista única de oposición ha permitido clarificar quién es quién en el Subte. Lo primero que surge es que el PTS ha decidido quebrar el Frente de Izquierda, en un acuerdo sin principios, con un sector desplazado de la burocracia. La negativa de ambos sectores a realizar una gran asamblea para la elección de los candidatos no sólo refleja su carácter antidemocrático, sino un problema más profundo. Hemos escuchado muchas críticas a Mastandrea, el "nuevo" socio del PTS, a quien se acusa de tener un manejo punteril. El punterismo es la antítesis acción colectiva de la clase obrera. La no superación de estos métodos plantea la posibilidad de una vuelta al redil de este sector una vez superada la contienda electoral. Si bien resulta lógico que el derrumbe del kirchnerismo desgaje a la directiva, la migración de algunos de estos sectores a la oposición obliga a una necesaria clarificación. El PTS ha preferido un acuerdo sin principios con estos "recién llegados" y, por sobre todo, a sus exigencias, que a una victoria de la izquierda contra el kirchnerismo en uno de los principales sindicatos del país. Una eventual victoria de la izquierda en el Subte colocaría al Frente de Izquierda como una oposición clara al macrismo en la Ciudad frente a las elecciones municipales. La directiva comenzó su campaña. En un taller, los trabajadores le reclamaron las reivindicaciones conseguidas por el taller Rancagua se universalicen. El delegado histórico de Rancagua es Charly Pérez. Sobran las palabras. La Naranja ha decidido convocar para el sábado 21 a un gran plenario en la Mutual Sentimiento, para balancear la campaña y votar nuevas iniciativas que consagren a nuestra lista como una referencia contra la cobardía de la directiva kirchnerista.

-¿Qué plantean para las elecciones? -Yo voy de candidato adjunto en la Lista Naranja. La elección se caracteriza por un gran desprestigio de la directiva. Nosotros somos la única alternativa que hay para los compañeros. La división de la oposición fue resultado de una maniobra antidemocrática de la otra lista de izquierda, que pretendía poner a dedo los puestos más importantes de la lista sin ir a una votación. Nosotros no aceptamos esa condición que reproduce los mecanismos de la actual directiva. Ambas listas comparten la política de no respetar el método asambleario, que es lo que nosotros no negociamos. Es lo que nos diferenció siempre de la UTA y se basa en que cada compañero pueda usar su sano juicio y discernimiento para votar y debatir qué es lo que quiere para el Subte. Nosotros vamos con la Naranja y, más allá de la división de la oposición, creemos que tenemos grandes chances de pelear la directiva porque tenemos una lista muy representativa. -Y el antecedente de las elecciones de la CTA, ¿cómo influye? -El ingreso a la CTA lo impuso la directiva hace cinco años con esos mismos métodos antidemocráticos, a espaldas de los trabajadores. Por eso, en 2010 llamamos a no votar. Pasaron cuatro años y en las nuevas elecciones pensamos que era importante participar. Había que darles la pelea política porque sino al día siguiente de la elección la directiva iba a decir que en el Subte ganaron Pianelli y Segovia. Nosotros queríamos dar esa pelea política. La otra parte de la oposición llamó muy activamente a no votar y no participar. Sacamos el 35% y podríamos haber ganado de no haber mediado esa campaña. Si la gente hubiera votado libremente habría sido otro el resultado. De todas maneras, tuvimos un crecimiento impresionante, la gente entendió ese proceso y se está viendo en la Lista Naranja. Compañeros que había votado a la directiva anterior y compañeros que vieron la política antidemocrática de la otra lista de oposición están reconociendo el proceso que se dio en la CTA y a la Naranja.

El proyecto de ley para el "Pago de Bonos de Participación en las Ganancias a Empleados de Telefónica y Telecom", presentado por los diputados Néstor Pitrola y Pablo López, con el apoyo de otros diputados, responde a una reivindicación histórica del gremio telefónico. Cuando se privatizó la empresa Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), las empresas licenciatarias asumieron el compromiso de emitir y pagar anualmente un bono de participación en las ganancias a los trabajadores en relación de dependencia desde el momento de la privatización hacia adelante. Pero, Telefónica y Telecom, cebadas por su poder y sus vínculos con el Estado, promovieron un decreto menemista a su medida (el 395/92) que, en vez de reglamentar el pago de los bonos, eximió a las empresas de "toda responsabilidad". Este decreto corrupto como las privatizaciones, luego de años de luchas y reclamos, fue declarado ilegal (inconstitucional) en 2008 por la Corte. Pero Telefónica y Telecom se negaron a pagar. Actuaron como "morosos incobrables". En lugar de allanarse al pago de una parte menor de sus ganancias, se dedicaron a entorpecer, apelar indefinidamente y cuestionar todos los puntos fundamentales de este reclamo. Abusando burdamente de las posibilidades de la "justicia argentina" y del paraguas de un gobierno "nacional y popular" con el que mantienen un acuerdo estratégico. El proyecto de ley presentado por los diputados del Partido Obrero y el Frente de Izquierda establece "la participación en las ganancias sobre el 10 por ciento de las utilidades netas" (art. 3), junto con el pago de un resarcimiento económico a cada trabajador "equivalente a cuatro sueldos por año de incumplimiento" (art. 8) para todos los trabajadores telefónicos en actividad (incluyendo a los trabajadores de la telefonía móvil: Movistar y Personal) y los telefónicos tercerizados (aunque estén encuadrados fraudulentamente en convenios a la baja). Incluyendo, para el pago del retroactivo, a los jubilados y retirados de la actividad que hayan prestado servicios en Telefónica y Telecom. Este proyecto ha sido girado para su tratamiento a la Comisión de Legislación del Trabajo y de Comunicaciones del Congreso Nacional. El proyecto, con buen recibimiento entre los trabajadores activos y los jubilados, debe ser conocido en todo el gremio. Por eso necesitamos impulsar una gran campaña de difusión y discusión del mismo. En una reunión con abogados comprometidos con la causa de los trabajadores hemos acordado impulsar una segunda audiencia pública en el Congreso Nacional para el 19 de marzo (la primera fue muy exitosa y contó con la presencia de numerosos trabajadores); esperamos que otros diputados sumen su apoyo y aportes, y participen delegaciones del resto del país. Vamos a una gran campaña política en apoyo al proyecto presentado por el pago de los bonos a todos los trabajadores telefónicos. Telefónica y Telecom deben dejar de actuar como "morosos incobrables".

La Cámara Federal de Casación Penal, Sala I, confirmó la condena a un año de prisión en suspenso del perito Roberto Locles por haber alterado la bala que se extrajo del cuerpo de nuestro compañero Mariano Ferreyra. El hecho ocurrió durante una junta de peritos, meses antes del inicio del juicio que condenó a Pedraza y a parte de la patota. En aquella ocasión, Locles golpeó el proyectil varias veces contra una mesa y lo aplastó, adulterando la prueba. Locles había sido contratado como perito de parte por uno de los imputados. Sus honorarios eran pagados por la Unión Ferroviaria a través del segundo de Pedraza, Juan Carlos Fernández. Toda la evidencia revela que su misión era entorpecer la investigación y sabotear la prueba. Locles rendía cuentas de su actividad al abogado defensor Gustavo Igounet. Éste, en sus conversaciones con Fernández, les garantizaba a Pedraza y al "Gallego" que el perito en cuestión no sólo diría que el proyectil que impactó en Mariano provenía de un rebote, sino que también abonaría la teoría de que el disparo había salido de las filas del Partido Obrero. En el juicio quedó claro que el imputado alteró la evidencia, extremo que confirmó la Cámara de Casación tras la apelación de la defensa, confirmando la sentencia. En cambio, los jueces que condenaron a este provocador profesional rechazaron el planteo de las querellas respecto de que se trató de una conducta dolosa y por encargo. De ese modo, el tribunal desvinculó su accionar de las directivas de Pedraza y su banda. La condena, ahora confirmada, incluye además la inhabilitación por tres años para desempeñar la labor de perito. Locles tuvo su última aparición mediática con el caso Lola, aportando dudosas teorías sobre el crimen. Habrá de verse si su inhabilitación profesional alcanza también a sus espectáculos televisivos.

El martes 21 de enero, la muerte de otro niño desnutrido en Salta expuso nuevamente la incapacidad de una política asistencialista para siquiera cubrir la necesidad más básica de un ser humano: la nutrición. ¿Qué necesidad puede cubrir entonces esta política? Brindar autoestima a los hombres y mujeres adultos no puede, porque no asegura el derecho al trabajo. ¿Y pueden los hijos de esos padres, cuya dignidad es socavada por el Estado y su clase dominante, desarrollar la motivación y el empuje que necesitarán para sostener en el futuro la vida esmerada de un obrero? Atrás de los que se mueren por desnutrición, están los que sobreviven desnutridos, los que no acceden a educación y salud, y los que no se nutren del orgullo de tener padres trabajadores. El asistencialismo es la versión progresista del abandono por parte del Estado. Porque en el futuro del asistencialismo no está la posibilidad del desarrollo de una persona trabajadora. Esta política que se vende como nacional y popular es en verdad importada del Banco Mundial, y no pretende generar bases para un futuro productivo, sino contener a una masa creciente de población desocupada. Es una política que se complementa con tergiversar la realidad frente a la sociedad y con la represión por parte de fuerzas públicas y para-estatales. Todo esto quedó expuesto frente a la muerte de niños desnutridos quom y wichis. Pueblos reprimidos y expulsados de la tierra en que habitaban y despojados de medios propios de sustento. En su reemplazo se siembran grandes campos de soja a beneficio del gran capital, tenedor local e internacional de la deuda argentina. Según los Kirchner las retenciones, al igual que el impuesto al salario, vuelven en políticas sociales. Pero en realidad vuelven, no al pueblo, sino al gran capital, como pago de la deuda usuraria. El esquema ha sido confiscar al pueblo para luego contenerlo con asistencia social, entre otras herramientas de dominación. Carlos Villareal, director del hospital de Morillo donde murió Marcos, el niño wichi de Salta, declaró que "el chico era desnutrido". Cualquier persona honesta no necesitaba su diagnóstico para reconocerlo. Pero fue nuevamente grosera la actitud de los gobiernos para esconder la condición miserable a la que quedaron sometidas tantas familias desplazadas. Por eso el reconocimiento del funcionario es presentado como revelador (Clarín, 28/1/). Unas semanas atrás, frente a la muerte de Nestor Femenía, el niño quom de 7 años en Chaco, Capitanich había manifestado que se trataba de un caso aislado. La diputada Diana Conti declaraba por entonces en el programa Intratables textualmente: "en principio el líder de un pueblo es también responsable de quienes lo conforman; pueden estar en situación de pobreza, pasar necesidades, ¿pero dejar que un chiquito muera?". El discurso oficial no exige mucho análisis. Según Conti, es razonable que sean pobres y pasen necesidades. Claro, de eso trata el asistencialismo. Pero el "chiquito" no debe morir, debe sobrevivir pobre y con necesidades según lo establece el plan social kirchnerista. ¿Dónde está la falla según Conti? Para ella el culpable es el líder quom que no supo distribuir bien las migas que el Estado les ofrece. Pero la brutalidad del pensamiento progresista no se termina allí. En la misma nota, Villarreal señala que "los padres no quieren traerlos al hospital para que los recuperemos. Ahora vamos a ir a buscar por la fuerza pública al que no traiga a sus hijos". Lo que no ven los progresistas es que esos padres no pueden confiar sus hijos al mismo Estado que les ha quitado todo. A un Estado que no pretende darles salud, sino prolongar la vida de esos niños sin ningún tipo de dignidad. La perversión de este pensamiento no parece tener límite, porque para curarlos se pretende usar la misma fuerza pública con la que los han reprimido al revelarse. Los pueblos originarios, las comunidades afroamericanas, todo agrupamiento que ha sido sometido, reducido, tiene derecho a reconstruir su pasado y su historia sobre una base social firme. Sobre el derecho al trabajo, a la salud, a la educación. Cuando a un pueblo se lo somete, se lo desplaza y al revelarse se lo aplasta como le sucedió en la década presente al pueblo quom, ¿se puede reivindicar al mismo tiempo la cultura de los pueblos originarios? La reconstrucción de su cultura, hecha ruinas por la explotación, debe estar en las propias manos de su pueblo. No en las manos de un Estado burgués que le impide la salud, la educación, la nutrición y el trabajo que a todo ser humano corresponde. Sin esa base material, debemos concluir que el kirchnerismo aspira a conservar la cultura originaria únicamente en un libro de texto o en un museo. Le deparan el mismo destino que la clase dominante del siglo XIX, que confinó en el Museo de La Plata a los caciques Inakayal y Margarita Foyel, a su familia y allegados. Fue el perito Moreno de la conservadora Generación del ’80, fundador del museo, quien como gesto caritativo dispuso el confinamiento de estos últimos luchadores contra la Campaña del Desierto, despojados ya de sus tierras, de su dominio de la Patagonia y de su sustento. Para sobrevivir debieron someterse a mediciones, sesiones fotográficas y estudios académicos de la época, muriendo prematuramente allí, donde sus restos pasaron a ser parte de las colecciones del museo. No es que este progresismo sea una repetición del conservadurismo. Se trata de una continuidad del Estado argentino, honrada en cada acto del kirchnerismo. La continuidad de la deuda, la continuidad de leyes y aparatos de la dictadura. La continuidad de la expulsión y la muerte de estos pueblos por represión y despojo. En 2006 se aprobó el retiro de exhibición de los miles de restos humanos originarios del Museo. Y luego de una campaña destacable del Grupo Guías de antropología social, en noviembre de 2014 se dispuso la restitución de los cuerpos de Inakayal y Foyel a comunidades mapuches y tehuelches. Este tipo de deudas estrictamente simbólicas con los pueblos originarios es de lo máximo que pretende saldar, en nombre del Estado, este gobierno progresista. Devolver la salud y el trabajo es una deuda de la que sólo un gobierno obrero se hará cargo.

Juanito Laguna "es un chico pobre, pero no un pobre chico. No es un vencido por las circunstancias, sino un ser lleno de vida y esperanza, que supera su miseria circunstancial porque intuye que vive en un mundo cargado de porvenir" (Antonio Berni). En cambio, como en el tango, para la costurerita que dio el mal paso no hay esperanza posible ni en la muerte, porque los monstruos del infierno lucharán entre ellos para devorarla. Ramona Montiel, la obrera que dejó el taller de costura, cambió por seda el percal y marchó al prostíbulo, está perdida. Definitivamente perdida. Ella es, como le cantara Evaristo Carriego: la costurerita que dio aquel mal paso Y luego de un valse te irás como una tristeza que cruza la calle desierta, y habrá quien se quede mirando la luna desde alguna puerta. Berni (1905-1981) muestra las villas miseria y los prostíbulos en sus pinturas y esculturas, y procura que su arte sea herramienta de denuncia y transformación, de que ataque, como diría Antonin Artaud, la conciencia social. Para lograrlo con eficacia, debió apartarse del "realismo socialista" propugnado por el estalinismo, que se vincula, antes que con el realismo (en verdad no tenía nada de realista y menos de socialista) con la estética ciclópea y racista del nazismo. Corresponde aclararlo, porque Berni fue afiliado del Partido Comunista. El autor de la serie de Juanito Laguna y Ramona Montiel, en cambio, recorrió el surrealismo y el que él mismo llamó "neorrealismo" desde mediados de la década de 1930. Utilizó para su obra materiales de la vida real, que incorporó a las telas en vez de pintarlos. Así, Juanito camina o duerme entre la mugre de la villa con latas de lubricantes de Shell o de pinturas Alba, mientras Ramona aparece vestida con trajes de lentejuela reales y pedazos de encaje que Berni consiguió en el París de la "belle époque". Son obras que producen un fortísimo impacto visual. Las pinturas y esculturas de los monstruos que pueblan las pesadillas de Juanito y Ramona son simplemente alucinantes y, además, indican una ruptura tajante con las concepciones estéticas del estalinismo. Esas monstruosidades oníricas combinan influencias freudianas con mitos católicos y, sobre todo, con cultos paganos del Altiplano y manifestaciones carnavalescas de la cultura popular de ancestros precolombinos. En esa parte de su obra, Berni se vincula fuertemente con el realismo mágico latinoamericano. La exposición en el Malba, en fin, permite ver, a quienes pueden pagar los 60 pesos de entrada (30 pesos los menores), la primera muestra de Berni que exhibe exhaustivamente las famosas series del artista dedicadas a sus dos grandes personajes. Por último, cuando de Berni se habla, resulta obligatorio referirse al aspecto estrictamente político de su trayectoria. Integró los equipos artísticos del muralista mexicano David Alfaro Siqueiros, organizador de uno de los atentados contra Trotsky en México y, décadas después, fue un colaboracionista de la dictadura militar argentina, vinculado personalmente con el genocida Emilio Massera. La dictadura le dio todos los honores, desde el ingreso en la Academia Nacional de Bellas Artes en 1979, premios en 1980 y homenajes fúnebres cuando murió, en 1981. Fue coherente: él perteneció a un partido, el Partido Comunista, que respaldó explícitamente a la dictadura, e incluso la sostuvo hasta bastante después de que casi todos los partidos de la burguesía la habían abandonado porque se avizoraba su caída. Pero no es la ruindad política del estalinismo lo que determina la obra sobre Juanito Laguna y Ramona Montiel.

La movilización convocada por los fiscales representa una dura derrota política del gobierno nacional. Quienes se jactaron de una construcción de poder basada en la movilización y el “control” de la calle, vuelven a ser superados en ese propósito, como ya ocurre todos los 24 de Marzo, pero ahora a manos de una camarilla de fiscales y jueces designados a dedo por una camarilla política. La situación es un “replay”, aunque agravado, de 2008. La ironía es que el gobierno acaba de imponer una ley que le otorga a esta camarilla la iniciativa en los procesos judiciales. El primer fiscal que utilizó esa prerrogativa, incluso antes de que entrara en vigencia la reforma del Código Procesal Penal, es el propio Nisman, con el final conocido por todos. La oposición patronal se infiltró en los pliegues de una movilización convocada por otros, sin mosquearse por el hecho de que Massa fue jefe de Gabinete del gobierno de Stiusso, y que Macri nombró en la jefatura de la Policía Metropolitana a "Fino" Palacios, quien en junio será juzgado por encubrir el atentado a la Amia. ¿Golpe blando? El oficialismo denuncia el #18F como parte de un "golpe blando" -en el cual incluye la imputación de Nisman contra CFK, que ahora recoge el fiscal Pollicita, aunque excluye el llamado a indagatoria a la Presidenta. Incluso Aníbal Fernández ha admitido, sin embargo, que Pollicita no tenía otra opción, luego de la muerte de Nisman, sin provocar una crisis política aún mayor a la que se asiste. Es decir que le ha hecho una “gauchada” al oficialismo, como ocurrió cuando Cobos emitió su "voto no positivo", que evitó un agravamiento de la crisis con los pulpos sojeros. También Verbitsky, en la edición dominical de Página/12, respaldó a Pollicita, con el argumento de que la causa abierta demostrará que no hay pruebas que afecten a Cristina Kirchner. El papel de “chivos emisarios” lo interpetrarán D'Elía y Esteche (difícilmente el “Cuervo” Larroque). La posibilidad de un golpe está bloqueada por dos específicas circunstancias y otras varias: los K tienen una mayoría blindada en el Congreso y, por otro lado, la cabeza del Ejército y de la inteligencia es César Milani. Incluso la Corte Suprema revista en este bloque, desde que dio el visto bueno a la ley de medios. Al mismo tiempo, los “círculos rojos” de las finanzas internacionales siguen comprando deuda pública, como lo prueba la suba de su cotización; la Justicia británica acaba de rechazar el “pari passu” de Griesa, que condiciona el pago de la deuda externa a un arreglo con los fondos buitre. Por último, la banca local compra con entusiasmo los Lebac del Banco Central, que le reportan tasas de interés superiores al 25%, con un dólar que se mueve por debajo de la inflación de precios. Para que el golpe ingrese en la agenda debería producirse una quiebra interna del oficialismo, que le sacara la mayoría parlamentaria. Esto podría ocurrir si los K embisten contra Scioli y pierden el afecto de los “barones del conurbano”. Otro elemento sería un fallo condenatorio contra Milani. En esta hipótesis, la situación financiera, ya precaria, se desmadraría. En estas condiciones límite, la burguesía opositora acabaría formando un “frente de unidad nacional”, como herramienta de recambio. Vereda de enfrente La masividad del #18F interviene, en este escenario, como un factor de presión por ese frente potencial, que por el momento está bloqueado por los intereses contradictorios del massismo, por un lado, y el macrismo, por el otro. Roberto Navarro, en C5N, sostiene que este frente equivaldría ya a una tentativa golpista, pero se trata de una caracterización abusiva, porque ignora el conjunto de factores disgregantes que requiere un golpe de Estado. Planteos como el de Navarro responden a la necesidad de ignorar la descomposición del Estado que ha producido la gestión kirchnerista, no por aplicar la asignación por hijo, sino por prohijar servicios de espionaje colonizados por los yanquis y proyectos de infiltración contra el movimiento obrero y la juventud. La asignación por hijo no afecta a ningún interés capitalista, porque la financian la Anses -o sea los trabajadores y los contribuyentes- y el Banco Mundial, que le ha asignado 400 millones de dólares, lo que aumenta la deuda externa. Los convocantes del #18F no han logrado sumar al aparato de gobernadores e intendentes del Partido Justicialista. Verbitsky, “Chino” Navarro y Brienza admitieron la posibilidad de ese apoyo -o sea que estuvieron negociando una participación oficial. El fracaso de estas tratativas ha acentuado el enfrentamiento. Si se llegaran a reunir los extremos para un gobierno de “unidad nacional”, el PJ y la mayor parte del FpV serán parte del emprendimiento. Incluso la griega Syriza acaba de designar presidente de la Nación a un miembro del partido conservador que acaba de ser derrotado electoralmente, esto en el marco de la formación, precisamente, de un gobierno de "unidad nacional" con una fracción de la derecha clerical. El #18F deja la pelota picando del lado de las camarillas enfrentadas de la “opo”. La “mediación” de la UCR entre Macri y Massa, con la participación de Cobos, convertido en ex Unen, está al borde de dividirse ella misma. La mitad del GEN de Margarita Stolbizer ya se fue con Macri, y ella misma no descarta seguir ese camino si el país "derrapa" -digamos que ya camina por la banquina. Binner está a un tris de perder Santa Fe. La crisis política en curso es una expresión del derrumbe del régimen político en su conjunto -con “opositores”, jueces, fiscales y servicios incluidos. Iniciativa Los manifestantes del #18F no constituyen "una masa reaccionaria única", como le conviene presentar a los K, que para eso ignoran sus atropellos de todo orden contra los trabajadores. Las posibilidades de los Macri, Massa y Carrió de canalizar ese movimiento deberán pasar la prueba de una lucha política de fondo. El atentado a la Amia, así como las corruptelas y otros crímenes, alcanzan a las cabezas de los opositores patronales, sea los que fueron parte del gobierno o los macristas. La muerte de Nisman es un crimen de Estado que alcanza a todo el régimen político. Está planteada una campaña general para que se abran todos los archivos (de la Side, del resto de los servicios y de la Cancillería), para que se vaya Milani y para que el gobierno comparezca a una interpelación pública en el Congreso, de forma tal que se ventilen sus responsabilidades políticas y también las de la oposición. Con estos planteos nos movilizaremos el 8 de marzo, día internacional de la Mujer trabajadora, y prepararemos desde ahora una gigantesca demostración el próximo 24 de Marzo, fecha a la que no podrán asistir los responsables del indulto, la obediencia debida y el punto final.

Más de 1.000 jóvenes, estudiantes y trabajadores, nos dimos cita en el campamento de la UJS, provenientes de la Capital, la provincia de Buenos Aires y Santa Fe. También participaron delegaciones de Chaco, Formosa, Misiones y un grupo de compañeros de la agrupación La Clase de Uruguay. Junto a los compañeros del movimiento estudiantil se destacaron importantes delegaciones sindicales, de telefónicos, gráficos, docentes, y la presencia de los principales dirigentes de la gran lucha de Lear. En paralelo, se realizaron otros campamentos regionales en el sur, el norte y el centro del país. El curso central sobre los "Programas del movimiento obrero y socialista" tuvo una concurrencia masiva. Las comisiones de debate, de alrededor de 30 compañeros, profundizaron en los textos de Marx, Engels y Trotsky, buscando relacionar sus conceptos con los desafíos políticos del presente. Los compañeros que dieron el curso de "Introducción a la teoría marxista" contaron más de 45 nuevos militantes, que en Ramallo decidieron incorporarse a la lucha de la UJS. Armados de esta experiencia, el lunes partieron dos delegaciones importantes del campamento a agitar las fábricas más importantes de la zona: Siderca, de San Nicolás, y Acindar, de Villa Constitución. En Acindar se vendieron 80 periódicos. Delegados del Partido Obrero de esta fábrica integrarán las listas del Frente de Izquierda en Santa Fe. La intervención de Jorge Altamira, para cerrar el campamento, recogió muchos de los conceptos del Manifiesto Comunista y la Crítica al Programa de Gotha -recién aprendidos- para aplicarlos a un análisis riguroso de la situación política actual. Jorge demolió la idea de una supuesta "autonomía" de los servicios de inteligencia frente al Estado y los intereses sociales dominantes, muy en boga en los políticos oficialistas y opositores que pretenden salvar sus responsabilidades por décadas de encubrimiento e impunidad. La gran conclusión del campamento fue la necesidad de reforzar nuestra iniciativa política, cuando los partidos tradicionales se hunden en su podredumbre y cuando capas cada vez más amplias de la población, y especialmente de la juventud, ven en el Frente de Izquierda un canal de lucha e intervención política propias. El primer objetivo que resolvimos fue organizar columnas masivas de la UJS en las marchas del 8 y el 24 de Marzo, cuando el movimiento popular y la izquierda salgamos a las calles a plantear nuestras propias consignas y una salida frente a la crisis actual.

La enésima tregua suscripta por Alemania, Francia, Rusia y Kiev ha sido unánimemente caracterizada como precaria. La hoja de ruta vuelve a establecer un cese del fuego y el establecimiento de una zona desmilitarizada, y repite compromisos acerca de una reforma constitucional que allanaría la autonomía para las regiones sublevadas del Este, y la recuperación del control de las fronteras por parte de Kiev. Los enfrentamientos, sin embargo, prosiguieron, y con causa -los rebeldes aspiran a controlar la ciudad de Debáltsevo, que ocupan en gran parte, para asegurar una continuidad con Donetsk y Luganks ,y dejar establecida una región autónoma integral. Esta última fase del conflicto dejó al desnudo la desmoralización de las tropas oficiales y un fondo político de corruptelas en el gobierno de Kiev, e incapacidad de organización en el mando militar. En una discusión acerca de una financiación occidental del esfuerzo bélico de Kiev, de inmediato saltó la preocupación de que el dinero iría a los bolsillos de los oligarcas ucranianos. La situación de conjunto de Ucrania-Kiev es infinitamente peor que la de Grecia y lo mismo ocurre con el plan de ajuste que ha impuesto el FMI. La Unión Europea y Estados Unidos pretenden imponer como sea este plan de ajuste y en especial la desestatización de las explotaciones rurales, como paso previo al financiamiento militar de Kiev y a la entrega masiva de material bélico. El año pasado, "Ucrania restableció el servicio militar obligatorio ante la escasez de voluntarios para combatir a los milicianos prorrusos" (La Tercera, 19/1). Encuestas recientes indican que la preocupación principal de los ucranianos es el fin de la guerra (casi 80%), "y -en cambio- el tratado de asociación con la Unión Europea sólo es mencionado por el 20,5% de los encuestados" (La Nación, 9/2). El FMI ha elogiado el aumento de los combustibles para calefacción y el gas, y destrabó 17.500 millones de dólares para los próximos cuatro años a cambio de una profundización del ajuste. Aun así, y con reservas de apenas 7.000 millones de dólares, "algún tipo de reestructuración de la deuda externa parece inevitable" (El País, 12/2). La rebelión en el oriente del país está muy vinculada a las consecuencias letales que tendría para la región una anexión económica de Ucrania a la Unión Europea -en primer lugar, la liquidación de su descapitalizada industria minera. Precisamente por esto, hay un debate sobre la nacionalización de las minas y la reorganización de la industria, pues sin clarificar antes este asunto la propia lucha militar carece de fundamento político. La confusión acerca del destino social del este ucraniano es el principal obstáculo para una efectiva movilización popular y para ganar a las masas del oeste a una lucha contra la colonización y el ajuste que plantea la anexión a la Unión Europea. El apoyo abierto de Putin a la rebelión de la región del Donbass tiene que ver, en primer lugar, con la certeza de que la anexión de Ucrania a la Unión Europea desataría la inmediata desintegración de su gobierno. El régimen putiniano representa el esfuerzo último de la oligarquía y el aparato estatal de Rusia de evitar una disolución nacional -como estuvo a punto de ocurrir bajo quienes lo precedieron. Para eso plantea la neutralización de Ucrania (que no podría incorporarse a la Otan) y un régimen autonómico para el este. ¿Pero cuál sería la base social de una salida de este tipo? El régimen de Putin no tiene un interés social ni recursos económicos para reconstruir a la industria del este sobre bases progresistas. O sea que es un ladero del plan de ajuste del FMI y de la Unión Europea. La integración de Ucrania a la Otan se llevaría puestos los compromisos que se firmen, una vez que el ajuste y la colonización económica capitalista cobre impulso. La situación de Rusia es, por otra parte, cada vez más precaria, esto a partir de baja fenomenal de los precios del petróleo y los minerales y de la fenomenal fuga de capitales. El rublo se ha desvalorizado un 40% frente al dólar en 2014, y el país afronta vencimientos de deuda en los próximos 18 meses por 140 mil millones de dólares (Sin Permiso, 17/12). El gobierno ha lanzado un ajuste y se muestra preocupado por "mantener la estabilidad económica y social" (Página/12, 30/12/14). En la fábrica Lada se anunciaron 1.100 despidos. La magnitud de la crisis económica rusa es un caldo de cultivo de protestas populares y desafía el bonapartismo putiniano. Un sector importante de la oligarquía rusa no ve otra salida que la aceptación de los planes del FMI. Planteamos: una Ucrania socialista e independiente, mediante un plan de lucha de las masas del este y del oeste.

Estados Unidos: la huelga petrolera cosecha adhesiones La huelga petrolera norteamericana ingresó en su tercera semana. Más de 5.000 obreros de once plantas paran en reclamo de un aumento salarial y -sobre todo- de mejores condiciones de seguridad y trabajo. Los ritmos extenuantes de las jornadas y la negligencia patronal han provocado accidentes que en los últimos años le costaron la vida a decenas de obreros. Los piquetes en las puertas de las refinerías en huelga han atraído la solidaridad de otros sectores obreros, como ferroviarios y estibadores. Según el sindicato (USW), se han desarrollado más de 200 acciones de solidaridad con la huelga, que incluyeron protestas frente a las oficinas de las petroleras. La calificación del personal al que apelan las patronales para reemplazar a los huelguistas está fuertemente cuestionada, con lo que las plantas en huelga estarían operando irregularmente y en condiciones de inseguridad adicional. Con el propósito de atomizar a los trabajadores, Exxon busca firmar un contrato específico para su refinería de Beaumont (Texas). Las patronales se han mostrado mucho más intransigentes que la directiva del sindicato, que por ahora ha decidido no involucrar en la medida a sus 30 mil afiliados. Brasil: extraordinario paro del Polo Naval El Polo Naval de Río Grande do Sul permaneció totalmente paralizado durante 72 horas por una fulminante huelga que involucró a 7.000 obreros de tres astilleros. Los obreros reclaman mejores condiciones de trabajo (baños, ventiladores, bebederos) y la preservación del empleo. "Cuatro de las empresas citadas en el Lava-Jato están directamente ligadas a la construcción de plataformas en Río Grande" (O Globo, 12/2). La huelga fue ilegalizada por el Ministerio Público y ahora hay negociaciones en curso con el sindicato metalúrgico. Las jornadas en defensa del Polo Naval fueron acompañadas con cortes de ruta en diferentes puntos del estado, así como por un paro de choferes, e incluso de comerciantes que bajaron las persianas. En Río de Janeiro, a su vez, obreros del Complejo Petroquímico (Comperj) llevan tres meses sin cobrar y luchan para arrancar una negociación a la nueva directiva de Petrobras. La clase obrera reacciona ante los intentos de descargar sobre sus espaldas la crisis de la petrolera estatal, cuyo valor de mercado se derrumbó 40% en 2014, al calor del "Petrolão" y la caída de los precios del petróleo. La empresa anunció la reducción al mínimo de las exploraciones. Marcha campesina en Paraguay Convocados por la Federación Nacional Campesina (FNC) y otras organizaciones, más de 2.500 campesinos provenientes de distintos puntos del país marcharon en Asunción en reclamo de una reforma agraria (el 2% de los productores concentra el 85% de la tierra), en repudio a la persecución estatal y paraestatal, a la depredación del suelo y el desplazamiento poblacional provocado por los desmontes y el uso de agrotóxicos que afectan la salud de la población, y a las privatizaciones de empresas públicas que promueve la ley de alianza público-privada impulsada por el presidente Cartes. Aunque en la movilización se reclamó la renuncia del presidente, lo cierto es que las direcciones gremiales, tanto campesinas como obreras, no han dado continuidad al extraordinario paro general de marzo de 2014, que se había coronado con un acto de 20 mil obreros y campesinos en la capital.

De acuerdo con las informaciones del miércoles 18, el Eurogrupo y Grecia habrían llegado a un compromiso acerca del llamado ‘plan de rescate’, que ha condicionado la economía griega a un feroz plan de ajuste. La delegación de Grecia denunció un procedimiento mafioso de parte, en especial de Alemania, que modificó sin avisar el borrador que había sido acordado con Pierre Moscovici, el ministro de Francia que negoció por el Eurogrupo. El acuerdo mantendría, de parte del Eurogrupo, el financiamiento ya establecido para Grecia por un período de seis meses, en tanto que el gobierno griego postergaría la aplicación de su plan mínimo integral de socorro social por el mismo período. Mientras estaba vigente el impasse, el primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, anunció que presentaría al parlamento una parte de ese plan. Según informa el diario Ekathimerini (17/2), quedan suspendidos los desalojos, se introducen cambios en el plano laboral y se autoriza el pago de impuestos atrasados en cien cuotas. La modestia de estas medidas señala una claudicación ante la presión de los gobiernos del gran capital internacional. Ante la entrevistadora norteamericana, Christiane Amampour, de la CNN, el domingo 15, el ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, aclaró que la reincorporación de empleados públicos, prometida en el programa de Syriza, alcanzaba solamente al 1% del plantel despedido desde 2011. Lo que el gobierno de Grecia obtendría de un acuerdo es la posibilidad de aumentar el gasto público, limitado ahora por el compromiso de conseguir un superávit fiscal equivalente al 4,5% del PBI. La circunstancia de que la izquierda gubernamental haya propiciado la elección de un presidente de la República, por parte del parlamento, que pertenece a la derecha oficial que acaba de ser derrotada por Syriza, ha servido seguramente como una garantía adicional de que la suspensión del plan de ajuste por seis meses no sería un pretexto para una ruptura futura con el sistema monetario europeo y la Unión Europea. Syriza ya se ha comprometido a no revertir las privatizaciones realizadas, mientras ha suscitado una crisis importante el bloqueo a la continuidad de las privatizaciones de las operaciones en el puerto de Pireo, que afecta a la capital de China. El sentido general del compromiso es, antes que nada, evitar la quiebra de los bancos griegos. De un planteo inicial de nacionalización de los bancos o de una especie de control público de ellos, se ha pasado directamente a su rescate. La cotización de las acciones de los bancos ha caído enormemente a partir de una fuerte fuga de depósitos, que no fue mayor por la intervención oportunista de los fondos buitre, que compraron a precios de remate, en una apuesta de que habría acuerdo. La cartera de incobrables en los bancos es muy elevada, lo cual los coloca técnicamente en bancarrota. Si el acuerdo de compromiso se confirma, los bancos serán asistidos por el Banco Nacional de Grecia, gracias a fondos provistos por el Banco Central Europeo y los restantes bancos centrales nacionales de la eurozona. Se produciría un aumento enorme de la deuda financiera del BNG. El otro sentido del compromiso es, como no podía ser de otro modo, evitar perjuicios enormes e incluso quiebras a la banca europea en su conjunto. Aunque Grecia tiene un PBI equivalente al 2% del PBI de la eurozona, su deuda pública es tres veces mayor, a la cual debería agregarse la deuda privada y la de los bancos. Cerca de 150 mil millones de euros de la deuda pública están en manos de inversores privados que cuentan con garantía de los Estados europeos. Un defol griego o simplemente de sus bancos mandaría a muchos a la lona y podría afectar el sistema euro. El acuerdo-compromiso, si se confirma, no resolvería nada de esto, incluso podría agravarlo; en lugar de una salida dentro de los marcos europeos, podría servir para ‘organizar’ la salida de Grecia del sistema monetario. Entre las hipótesis alternativas, se baraja la salida de Alemania del euro, para dejar al sistema monetario con la posibilidad de devaluar esa moneda hasta encontrar el punto de salida a la crisis. Suecia y Suiza se han visto obligadas a admitir la revalorización de sus monedas frente al euro, que sería lo que ocurriría con un retorno de Alemania al marco. Los dirigentes de Syriza han mantenido la palabra de no admitir una continuidad del plan de rescate que habían impuesto al país la Comisión Europea, el FMI y el BCE. Pero esto es puramente formal, porque al mismo tiempo las medidas contra el ajuste han sido postergadas sin fecha, y porque nada ha cambiado en el sometimiento financiero de Grecia al gran capital internacional. En el compromiso alcanzado a último momento ha jugado un papel la presión del gobierno de Obama, para quien Grecia es un país insolvente, que no tiene salida exclusivamente financiera, o sea por medio de un ajuste. Los trabajadores de Grecia viven el compromiso como una victoria de Syriza contra la prepotencia de sus opresores y como expresión de fidelidad política de Syriza con su programa. Este sentimiento contribuye a crear y reforzar un espíritu de optimismo y movilización. Es necesario valerse de este espíritu para impulsar la movilización y la organización con reivindicaciones concretas que son vistas como salida a la crisis social.

El canciller Timerman acaba de reclamar (según dice, una vez más) que Estados Unidos incorpore la causa Amia en las negociaciones que lleva adelante con Irán sobre su plan nuclear. El pedido es realizado en el marco de una denuncia contra Estados Unidos e Israel por buscar convertir a Argentina en un campo de operaciones de intereses extranjeros, ajenos a cualquier interés nacional. La contradicción del planteo es inusitado: en nombre de la autonomía de Argentina, los K exigen que el imperialismo yanqui haga de abogado de Argentina ante las autoridades iraníes. Lejos de pretender limitar la injerencia norteamericana en el país, Timerman condiciona un acuerdo de Estados Unidos con Irán al esclarecimiento del atentado de la Amia. ¿No es ésta la misma posición de la derecha norteamericana y del gobierno sionista, que andan a la caza de cualquier pretexto para sabotear esas negociaciones? No es difícil percibir la intención chicanera y el carácter defensivo del planteo de los K. Ante la acusación de la ‘opo' y de sectores del imperialismo yanqui, que los acusan de una posición "pro-iraní", contratacan con un planteo que redobla el servilismo a los yanquis, pero a sabiendas que Obama va a rechazar el reclamo. La postura ‘antiimperialista' de Timerman consiste en esto: pro-iraní es el gobierno de Obama, que negocia un plan nuclear monitoreado por la ONU, y no el gobierno argentino que sigue insistiendo en que Irán rinda cuentas por el atentado a la Amia. Timerman reclama que el tema Amia sea instrumentado por Estados Unidos, esto en el marco de un planteo que exige que Estados Unidos e Israel no instrumenten a Argentina en función de los intereses de ellos en el Medio Oriente. Página/12 destaca la posición oficial sin insinuar la menor contradicción en ella. En el mismo momento que el gobierno acusa a Stiusso -y a Nisman- de trabajar para Estados Unidos e Israel, el gobierno le pide, otra vez, a éstos que intervengan en la causa Amia. Hablando de laberintos, el gobierno no tiene posibilidades de salir de él ni siquiera por arriba.

En el Plenario de Comisiones que trató el proyecto de la nueva Ley de Inteligencia, Zannini y el Secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, defendieron la posición del Gobierno. Zannini, en su informe inicial, dijo que el Gobierno actuó en respuesta a la impunidad de la Amia y a la “frustración de que la Justicia no haya podido aclarar en 21 años este atentado”. En suma, intentó endilgarle el fardo a la camarilla judicial. Nuestra banca del Frente de Izquierda desnudó las responsabilidades de todos estos sectores, del Gobierno, la oposición y la Justicia en la profunda trama de encubrimientos que hubo en estos más de 30 años de democracia, no sólo en los atentados de la Embajada y la Amia, ocultando pruebas y desviando la investigación, sino “en otros crímenes como los de Kosteki y Santillán, los crímenes del 20 de diciembre y las coimas del Senado por parte de la Alianza”. Pitrola le contestó a Zannini señalando que su discurso en defensa de esta Ley sólo intentaba “eludir la responsabilidad del gobierno en esta crisis”. El sector opositor, que hace unos días firmó el “Consenso Ciudadano”, se volvió a dividir y Lilita Carrió, esta vez sin sus aliados del PRO, participó del debate. También lo hizo Compromiso Federal y Unión Popular, con Lozano. Carrió y su bloque de diputados (Sánchez y Javkin) se movieron entre denuncias virulentas y pedidos de tiempos para proponer reformas a la ley. Pidieron, por caso, la separación entre la investigación judicial y la inteligencia, un planteo similar al que propugna el kirchnerista Verbitsky para la nueva ‘agencia federal’. La oposición derechista rechaza un reordenamiento de los “servicios” bajo la batuta de la camarilla kirchnerista (sólo por eso denuncia a Milani). Pero carece de cualquier planteo en relación a la crisis del “estado de servicios”, lo que exigiría reclamar la apertura de los archivos de la ex Side y una interpelación pública en el Congreso. Los opositores insistieron también en la tesis de que el Memorándum con Irán constituyó un giro en la política del kirchnerismo. Zannini retrucó diciendo que jamás se apartaron de la pista iraní. Pitrola señaló que, efectivamente, el gobierno no se había apartado nunca de la égida del Departamento de Estado norteamericano, incluso en oportunidad del Memorándum de la Amia, que fue aceptado por Obama aunque no por el gobierno israelí. Como ya expusimos en varias oportunidades, nuestro bloque volvió a remarcar la diferencia con el planteo de derogación del Memorándum que levanta la oposición, toda vez que constituye una vía muerta y un planteo distraccionista respecto de la actual crisis de Estado. Nuestro bloque desnudó el propósito de la nueva ley, que es el autoencubrimiento de las responsabilidades de gobierno. Polemizamos también con la teoría de una supuesta “autonomía de los servicios” y la pretensión de salvar la continuidad de la estructura de inteligencia, hoy en crisis, para colocarla bajo la batuta del represor Milani. Parrilli señaló que “no iba a permitir que el Jefe del Ejército viole la Ley”. La refutación de este planteo pueden darla los familiares del ex soldado desaparecido, Alberto Ledo, quienes están siendo perseguidos con pinchaduras de teléfonos y vigilancia sobre sus mails. “Milani -señaló Pitrola- es el nuevo Stiusso de Argentina”. Nuestra intervención cerró llamando a movilizarse masivamente el 24 de Marzo por la apertura integral de los archivos de inteligencia, por la destitución de Milani y la derogación de la ley antiterrorista.

La marcha masiva de este miércoles 18 no ha resuelto ninguno de los problemas de la crisis planteada por la muerte de Nisman. El objetivo de la convocatoria era incluso el opuesto, porque la defensa de la "independencia judicial" no reclama otra cosa que dejar el monopolio del esclarecimiento en manos de la corporación judicial que nunca ha esclarecido nada. El cuerpo de fiscales y jueces del 18F representa a un aparato de justicia responsable de innumerables agravios contra el pueblo, comenzando por la nunca esclarecida voladura de la Amia. Ha sido la corporación judicial la que ha ‘trabajado' estrechamente con los servicios de espionaje, los que ocupan un rol central en las conspiraciones que han detonado esta crisis política. La crisis provocada por este "crimen de Estado" no tiene salida judicial sino política. La salida política que procura el gobierno está a la vista: el monopolio del espionaje en manos de César Milani, el jefe del Ejército que se encuentra procesado por crímenes de lesa humanidad. Por su lado, los Macri, los Massa, los Cobos, quienes pretenden capitalizar la marcha en el plano electoral, representan a gobiernos y partidos que han sido responsables políticos de la impunidad ‘democrática’ que asola a la Argentina desde la partida de la dictadura genocida. No esconden el propósito de indultar, otra vez, a los militares que se encuentran procesados o condenados por genocidio. Tanto Scioli como los mencionados, apuntan a una salida general que parte de un acuerdo general con el capital financiero internacional. En oposición a todo esto planteamos que se vaya Milani; que se abran todos los archivos de la ex Side, de la inteligencia militar y de la Cancillería; que se derogue la ley antiterrorista y se procese a los responsables del Proyecto X. Estas serán nuestras banderas el 8 de Marzo, cuando se conmemora el día internacional de la Mujer trabajadora; y el 24 de Marzo, en otro aniversario de repudio al golpe militar.

Ha tomado estado público, ahora, con más detalle, el listado completo filtrado por el ex técnico informático del HSBC Hervé Falciani. Son 106.498 clientes -de los que 4.620 son argentinos-, según surge de las bases de datos que obtuvo el diario francés "Le Monde" y compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), el cual integra también el diario La Nación. En este listado figuran importantes empresas argentinas como grupo Fortabat, Cablevisión, Central Puerto, Multicanal, Telecom Argentina, Caja de Valores, Mastellone Hnos., LKM Laboratorio, grupo Angulo, Simón Zeitune e Hijo, Loma Negra, Edesur y Central Térmica Güemes. El dinero depositado por estas grandes empresas en el período 2006-2007, sin embargo, representa poco más del 10% de todos los fondos vinculados con la Argentina, que suma 3.505 millones de dólares. Es el séptimo país a nivel mundial con mayor cantidad de clientes. Junto a esas grandes empresas también aparecen clientes vinculados a cientos de sociedades más, con menos de 500.000 dólares cada una, pero cuyos dueños son, en su mayoría, desconocidos. No es un secreto que, uno de los procedimientos usuales a los que apela el capital, consiste en distribuir los recursos en diferentes sociedades y poner al frente testaferros. No es ocioso señalar que HSBC es una más de las tantas instituciones que operan en Suiza y, ni siquiera, entre las más voluminosas en materia de depósitos. De manera se puede concluir que lo trascendido, apenas constituye una fracción menor del dinero fugado del país, que algunos estiman en más de 200.000 millones de dólares. El gobierno K no puede ir a fondo en este punto pues él mismo y su círculo de capitalistas amigos y no tan amigos se valen de estos mismos canales. Las investigaciones de la ruta del dinero K han tenido un salto con el pedido de indagatoria a Lázaro Báez y a esto hay que agregar la agencia que hace lobby por los holdouts publicó un informe con el crecimiento patrimonial de 14 funcionarios, entre los que figuran Moreno, Berni y Abal Medina. A la par del blindaje judicial para asegurar su impunidad (que los K hacen lo imposible por orquestar, aunque hace agua por todos lados) se le agrega, como una red de seguridad adicional, el blanqueo, cuya vigencia, una vez más, se acaba de prorrogar. Es oportuno destacar que del blanqueo han echado mano algunos de los capitalistas escrachados en las denuncias, que reparten sus favores, ya sea en el campo oficialista u opositor. Esto es lo que explica que la recaudación del blanqueo, que estaba estancada, haya pegado un salto en estos últimos meses. Pero, lo que no se ha develado es en que está invertido ese dinero. Los bancos administran las carteras de sus clientes y eso incluye un menú variado. Si se abriera las cuentas, se podría verificar cuántos de esos fondos están invertidos en títulos argentinos. Distintos analistas han coincidido en señalar que 60 por ciento de los bonos argentinos, tanto los que entraron en el canje como los que han quedado fuera, está en manos de inversores locales. Por eso, la burguesía nacional y sus voceros vienen presionando por un arreglo con los buitres. El gobierno K reclama que el HSBC repare la situación y devuelva esos 3.000 millones. Esto no pasa de la verborragia. Entretanto, los K vienen pagando la deuda, cuando el episodio del HSBC es un evidencia del carácter fraudulento de la deuda y sería causal suficiente para suspender los pagos e iniciar una investigación. El propio dinero fugado es el que se reinvierte luego en bonos, alimentando un circuito especulativo y parasitario, que se transforma en una hipoteca ilevantable para el país. Viene al caso señalar que este mecanismo no se circunscribe a la deuda pública sino que se extiende a la privada. En la actualidad, este último concepto asciende a unos 70.000 millones dólares y una parte considerable de ellos son autopréstamos. En lugar de traer recursos propios, las empresas piden un crédito, que tiene como garantía los fondos que las empresas tienen despositado en el exterior. Obviamente, permanece oculto el origen real de los fondos, pero además sirve como vía para inflar el costo financiero y reducir el pago de impuestos.