Prensa Obrera N° 1327

La semana pasada, el gobierno envió un proyecto de ley que garantiza la inmunidad de los depósitos de bancos centrales de países extranjeros en el Banco Central de Argentina. El proyecto está relacionado con el canje pesos-yuan firmado entre Argentina y China, por 10.000 millones de dólares. Este ‘swap’ tiene por objeto reforzar las reservas internacionales de Argentina, las cuales funcionan como garantía del pago de la deuda externa. El PTS se abstuvo -o sea que le dio medio guiño a la defensa de estas garantías al capital internacional. Los diputados del Partido Obrero votaron en contra. ¿Cómo se explica semejante desatino? El PTS ‘compró’ la versión del gobierno de que se trata de proteger las reservas de una acción de los ‘fondos buitre’. Con la abstención, el PTS coquetea con la consigna ‘patria o buitres’; dicho de otro modo, con el reclamo de "unión nacional" reiterado por el gobierno. Las reservas de todos los países gozan, sin embargo, de lo que se llama "inmunidad soberana", de modo que no requieren leyes especiales, y aún menos si son propiedad de un banco central extranjero. Argentina tiene créditos de reserva del Banco Central de Francia, pero a nadie se le ocurrió votar una ley que los proteja. De cualquier manera, si cabe alguna defensa de los recursos financieros frente a una posibilidad de confiscación, ella debe hacerse por medio de la lucha de clases, no de una facultad legal al Poder Judicial o a los tribunales internacionales. El PTS tampoco cree en la eficacia de la protección requerida, como lo demuestra la abstención. Sin embargo, avaló parcialmente el proyecto, en lugar de denunciar la impostura. Más allá de todo esto, las reservas internacionales del Banco Central operan como garantía del pago de la deuda externa o dolarizada usurera, que repudia el conjunto de la izquierda. Protección... al saqueo El voto a favor de este proyecto o, en su defecto, la abstención es un apoyo a la llamada "política de desendeudamiento", que significó la confiscación de 175.000 millones de dólares de las reservas del Banco Central y a la Anses, para pagar a los acreedores internacionales y locales. De modo que la ‘protección' de las reservas en divisas ha significado, en realidad, el saqueo sistemático de ellas, para pagar la deuda usuraria. El gobierno ‘protector' de las reservas ha desvalijado las arcas del Banco Central. El apoyo, incluso parcial, a este proyecto es, además de pro-patronal o capitalista, un despropósito. La ‘intangibilidad’ de las reservas que se acaba de votar recuerda la ‘intangibilidad’ de los depósitos en los bancos que hizo votar Cavallo en 2001: concluyó en la expropiación de los depositantes en poco más de algunas semanas. La ley aprobada está al servicio de todo el mecanismo de deuda con capital financiero. Ese mecanismo incluye el pacto con Chevron, que le otorga libertad para vender al exterior y dejar allí las utilidades respectivas. Incluye también la indemnización a Repsol, los litigios en el Ciadi, el Club de París y el repago a partir del fallo colonial a favor de los buitres. Al mismo tiempo, la ley es parte de la agenda con China, que ha firmado convenios similares con 20 países, para ‘atar’ el uso del yuan a las compras a China. Se trata de un “crédito atado” en beneficio de los pulpos estatales y privados de China. Es incomprensible que un diputado trotskista otorgue un apoyo parcial a este negociado. El convenio favorecerá la importación industrial china -o sea la "primarización" económica argentina que le exporta soja y aceites. El balance comercial favorece a China -unos 4.800 millones de dólares-, China los gasta luego comprando a las multinacionales extranjeras o títulos públicos de Estados Unidos. La mano de los buitres China impone también condiciones de equipamiento para las represas de Santa Cruz, para el Belgrano Cargas y para el Sarmiento, en este caso en perjuicio de Emfer, que se ampara en esto para vaciar la empresa. ¡China ha subordinado los acuerdos a que Argentina no declare un defol ni proceda, por lo tanto, a una nueva reestructuración de deuda con jurisdicción local! El proyecto votado, con el pretexto de evitar un embargo de los fondos buitre, favorece por el contrario a los fondos buitre y al conjunto de los acreedores internacionales. La abstención del PTS, junto a Lozano y De Gennaro, es un voto que apunta a no obstaculizar el convenio -o sea una política de colaboración de clases para defender las garantías de pago de la deuda externa. Se manifiesta aquí el contenido reaccionario que tiene la usurpación de la banca del Frente de Izquierda por parte del PTS en el Congreso de la Nación. Es un guiño a la política de "unidad nacional" por "patria o buitres" del kirchnerismo. Semanas antes de esto, el PTS pidió una reunión al embajador norteamericano por Donnelley y Lear, para quejarse por el incumplimiento de "las leyes argentinas", como si las suspensiones y despidos no fueran medidas universales del capital sino de un grupo de evasores legales. Nuestro voto negativo se fundamentó en el repudio de la deuda externa en su conjunto y en el planteo de convocar a un referendo para que el pueblo argentino decida, y no los agentes de la burguesía local, que tiene en su poder el 60% de la deuda externa de Argentina. Néstor Pitrola

Los gendarmes imputados por participar en el Proyecto X no se presentaron a prestar declaración indagatoria. Habían sido citados por el juez federal Sebastián Casanello, a cargo de la investigación y su convocatoria será reprogramada. El Proyecto X fue un programa ilegal de espionaje desarrollado desde el Ministerio de Defensa, cuando se encontraba a cargo de Nilda Garré. Fue denunciado en 2011 por los organismos de derechos humanos independientes y partidos de izquierda, y su existencia fue admitida por el ex jefe de Gendarmería, Héctor Schenone. Su centro de reunión estaba instalado en las dependencias militares de Campo de Mayo. Allí se compilaban información sobre organizaciones y dirigentes sociales y políticos. Los gendarmes involucrados continúan perteneciendo a la fuerza.

Los trabajadores gráficos de Donnelley fueron sorprendidos por un "cierre por quiebra" del cual se enteraron por un cartelito de una carilla colgado en el portón de la empresa. Bonito método para dejar 400 familias en la calle. Al otro día, los trabajadores entraron en la planta, virtualmente abandonada. Previamente, el gobierno de la provincia decretó una conciliación obligatoria mediante audiencia donde no fueron directivos de la empresa, sino un abogado con "mandato por 24 horas". El grupo empresarial gráfico más grande del mundo hizo las valijas sin dar la cara. El cuerpo de delegados declaró que "ingresaron en la fábrica para cumplir con la conciliación y poner a andar las máquinas y cumplir con los clientes". Esta ocupación sui generis abre una nueva etapa del conflicto. Los trabajadores realizaron un acto donde explicaron su decisión de lucha y sus planes de poner la planta a producir. En él, Néstor Pitrola habló indicando que, esa mañana misma, el cuerpo de delegados de Ipesa paró la impresión de la revista Gente, lo que desató el aplauso de los obreros, cansados pero con alta moral. Luego hablamos los delegados de Morvillo y AGR-Clarín, quienes explicaron a la masa de compañeros que hace semanas están rechazando los trabajos que provienen de Donnelley. Una actitud clasista que ya queda incorporada a la mejor tradición de los años '70. En cambio, en estas semanas previas, una cooperativa que orienta la Lista Verde hizo un trabajo de esa procedencia, situación que debe revertirse dialogando con los compañeros. Este "cierre por quiebra" fue largamente preparado. El pulpo internacional presentó un recurso de crisis promoviendo 123 despidos, que fue archivado pero alertó sobre los planes empresarios, sin que el Ministerio de Trabajo proceda a abrir los libros de una empresa que ganó muy buena plata en los 22 años que opera en el país. En los últimos días y semanas, Donnelley agravó las medidas represivas contra los trabajadores -cacheos, etc.-, y rodeó la planta de alambres de púa y rejas. En oportunidad del modesto aumento de paritarias, la patronal aplicó la primera cuota sobre el básico y no sobre el conformado, profundizando una diferencia salarial importante por debajo de los salarios de la competencia. No se trata, por lo tanto, de una empresa que se va por la "comisión interna radicalizada" como sugirieron algunos medios. El pecado de los compañeros sería haber rechazado el recurso de crisis defendiendo sus familias. Por otro lado, la Faiga, la cámara empresaria gráfica, declara "no hay crisis en el sector" que trabaja al 75% de capacidad ociosa y que se trata de una "decisión de Donnelley". Por lo tanto, se trata de un vaciamiento. Demasiado para que el gremio en su conjunto no tome cartas. El sindicato ongarista convocó un plenario, excepcional si se quiere, porque no lo hizo nunca ante grandes conflictos como Atlántida, AGR, Crónica y tantos otros. Pero, a pesar de saludar la conducta "orgánica" de la comisión interna, se opuso a una movilización y a un paro general al primer despido, y llamó a "no hacer las publicaciones en lo posible". Fórmula ambigua para cubrir que las cooperativas gráficas no siguen esa regla de oro de clase en el gremio, algo que jamás garantizó la burocracia ongarista ante los conflictos, especialmente a fines de los '80 donde hubo grandes luchas, o ante la histórica ocupación de Atlántida en los durísimos '90. Los cuerpos de delegados opositores junto a Donnelley votaron paro general al primer despido y movilización del gremio. Algo que conserva vigencia, porque hay que respaldar a los valientes cuerpos de delegados que vienen aguantando la tensión con las patronales que pretenden hacer trabajos de Donnelley. A rodear de solidaridad a los compañeros. A unir su lucha con Emfer y Lear en una gran movilización obrera contra los despidos y demás reivindicaciones, y por el inmediato paro general activo de 36 horas. Sebastián Rodríguez - Pablo Melta, delegados de Morvillo y AGR Clarín

La presentación del proyecto de jornada laboral de seis horas para los enfermeros de la Ciudad contó con la presencia de más de un centenar de trabajadores pertenecientes a quince hospitales porteños. A pesar de esta representación extraordinaria, muchos otros adhirieron desde cada lugar de trabajo, a causa -precisamente- del régimen de doce o catorce horas de jornada que soporta el enfermero. La presentación coronó la primera fase de esta campaña por las seis horas, concentrada en recorridas en los hospitales de la Ciudad. En el panel contamos con los compañeros Luis Trombetta y Jorge Pachamé, asesores de salud de la banca del Frente de Izquierda, junto a Mercedes Santucho, Denis Parada y Eduardo Ibazeta, delegados de los hospitales Gutiérrez, Tornú y María Ferrer, respectivamente. En el relato de los compañeros, quedó claro que la degradación de las condiciones laborales del enfermero está asociada al desquicio general del hospital público en lo que refiere a la situación edilicia, de equipamiento o de insumos. El proyecto apunta a quebrar un régimen de explotación laboral, donde los salarios bajos obligan a jornadas extendidas. El salario básico del enfermero orilla los dos mil pesos y alcanza los seis mil con adicionales y cifras ‘no remunerativas’. Para llegar a los ocho o nueve mil, debe someterse al régimen de "módulos" (horas extras). Los "módulos" cumplen otra función nefasta: son un mecanismo de sometimiento laboral del enfermero, en la medida que las conducciones hospitalarias -y las burocracias sindicales- hacen de su asignación un factor de disciplinamiento. La jornada laboral de seis horas, con un salario igual a la canasta familiar y la capacitación en el turno de trabajo -como plantea nuestro proyecto- constituiría un formidable incentivo para la capacitación y la permanencia del enfermero en los hospitales. Por este motivo, el proyecto recibió también un fuerte apoyo en la escuela de Enfermería Cecilia Grierson cuando la visitamos. Plan de acción La asamblea resolvió la constitución de una Mesa por las seis horas, integrada por un compañero de cada uno de los hospitales presentes, un petitorio dirigido a la Comisión de Salud de la Legislatura en apoyo al proyecto, recorridas y reuniones en todos los centros de salud. En septiembre, realizaremos una Jornada sobre "Salud y Régimen Laboral en Enfermería", con la participación de profesores de enfermería y especialistas. M. R.

Un documental imprescindible En 2009, el realizador israelí Ronen Berelovich filmó La historia del sionismo, un imprescindible documental para entender gran parte de lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. De forma cronológica y con un impresionante material de archivo con imágenes que se remontan a comienzos del siglo XX, Berelovich muestra el proceso de limpieza étnica, colonialismo y apartheid contra el pueblo palestino que ejecutó el sionismo. Vemos, por ejemplo, noticieros ingleses que denuncian atentados planificados en la década del '40 por los futuros primeros ministros Menajem Beguin y Isaac Shamir contra objetivos civiles. "El caso de terroristas o, en otras palabras, de líderes militares crueles tornándose líderes políticos es muy común en la política israelí", explica Berelovich. También se detalla cuáles fueron los planes de los gobiernos israelíes para Gaza y Cisjordania, territorios ocupados luego de la Guerra de los Seis Días. "El Estado israelí, con su ideología sionista, no va a detenerse hasta que el último palestino que vive en Palestina sea expulsado, preso o controlado o muerto", es una de las conclusiones del realizador. El documental señala también la superficialidad de la mayor parte de la izquierda y el pacifismo israelíes. Para Berelovich, sin embargo, cuando llega al apoyo de la ONU a la creación de Israel, dice que obedeció a un complejo de culpa occidental por el Holocausto, desconociendo que este reconocimiento existe desde la declaración del ministro inglés Balfour, en 1918. Berelovich -un ex reservista dispuesto a afrontar la cárcel si es llamado nuevamente a integrar filas- confiesa en la película sentir culpa por haber crecido en territorios arrancados a sus verdaderos propietarios y relaciona la historia del sionismo con la personal: "El hecho triste es que aquellos 6 millones de judíos que murieron por causa de una ideología racista y fascista están siendo cínicamente usados para justificar y apoyar otra ideología racista y fascista. Como la mayor parte mi familia, de ambos lados, estuvo entre las víctimas del Holocausto, yo le niego mi permiso al gobierno de Israel y a los sionistas por todo el mundo de seguir usando sus muertes de manera tan repugnante". La película puede verse de forma completa en http://bit.ly/1rapjQ8 Nicolás Rijman

TUCUMAN Cambios cosméticos en la Justicia tucumana para asegurar la continuación del régimen de impunidad. Disgregación y derrumbe de la camarilla del gobernador. Se renuevan los intentos de fraude mediante el control de la Junta Electoral. El gobernador tucumano, José Alperovich, acaba de designar a Edmundo Jiménez jefe de los fiscales penales de la Justicia provincial. Este cargo había quedado vacante luego de la renuncia por jubilación de Luis De Mitri, cuestionado y denunciado por encubridor, junto al fiscal Carlos Albaca, en la causa Lebbos. Por ese motivo se había impulsado el pedido de juicio político. Los cuestionamientos a De Mitri y Albaca, obligándolos a retirarse de la Justicia, significaron un duro golpe a todo el régimen político de impunidad que el gobierno montó en la provincia en estos años, y que tenía en el sistema judicial una pieza clave. La designación de Jiménez tiene en este sentido la pretensión de recauchutar todo ese engranaje de impunidad. Del mismo palo Jiménez es un hombre de máxima confianza de Alperovich. Desde 2003 ocupaba el cargo de ministro de Gobierno y Justicia; era, además, secretario del PJ tucumano, presidido por la senadora nacional Beatriz Rojkés (la esposa de Alperovich). En todos estos años Jiménez fue una suerte de gobernador en la sombra. Era el que manejaba la relación con los burócratas de los sindicatos provinciales y fue el arquitecto de la política que permitió el copamiento del sistema judicial de la provincia. Susana Trimarco lo denunció en su oportunidad como el verdadero "monje negro" que manejaba la Justicia provincial. La designación de Jiménez fue aprobada por la Legislatura en un trámite que se sabía formal, pero que deparó algunas sorpresas, como el voto a favor de los legisladores alineados con el intendente de la capital, Domingo Amaya, quien se ha autopostulado como candidato a gobernador para 2015, en una toma de distancia respecto del oficialismo. De la misma manera votaron los legisladores alineados con el massismo y que provienen del alperovichismo. Que hayan procedido así quienes se están promocionando como opositores al oficialismo, pero que en todos estos años han integrado, en distintas esferas, el poder político provincial, indica que Jiménez es una carta de garantía de que las causas y denuncias contra el gobierno y sus funcionarios no van a avanzar. Esto tiene una importancia mayúscula en un momento en el que el internismo y la disgregación en las filas de Alperovich son manifiestas y cuando el ex titular de la Dirección de Arquitectura (DAU), Miguel Brito, está procesado por diversos delitos de corrupción. La causa DAU tiene una gran importancia no sólo porque es la primera vez que se procesa a un funcionario del oficialismo; también porque, en el marco de las denuncias por corrupción y negociados, figura la utilización de personal y fondos de la DAU para la construcción de la casa de Sara, la hija de Alperovich. Colonización de la Junta Electoral Por otro lado, Jiménez, como ministro fiscal, pasará a integrar la Junta Electoral provincial, junto al vicegobernador, Juan Manzur, y el titular de la Corte provincial. De esta manera, el gobierno coloniza a la Junta Electoral, donde pasará a tener mayoría en momentos en que, desde el propio oficialismo, se ha anunciado la idea de reflotar el régimen electoral de lemas para sumarlo al sistema de acoples ya en vigencia, que de concretarse reforzaría al régimen electoral fraudulento vigente en la provincia con el propósito de asegurar la perpetuación del alperovichismo en el poder. Todos estos manotazos y maniobras políticas no van a impedir que se profundice la disgregación y derrumbe político del oficialismo, que es el resultado de la crisis general y del agotamiento del gobierno K. La salida para terminar con el régimen político de impunidad que durante estos años montó Alperovich, no pasa por un cambio cosmético en la Justicia o en los otros poderes del Estado, sino por una reorganización de fondo, sobre nuevas bases políticas, sociales y económicas. Daniel Blanco

EXCLUSIVO DE INTERNET A pesar de la libertad de Callejeros, la excarcelación de los funcionarios muestra el intento de desligar las responsabilidades políticas, que se suma a los cargos que sigue ocupando Aníbal Ibarra en la Legislatura. Ahora, Casación deberá resolver la situación procesal de la banda y los funcionarios. Rechazamos el intento de criminalizar a los músicos. Un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia determinó la libertad de los músicos integrantes de la banda Callejeros en la causa que investiga las responsabilidades en la masacre de Cromañón. El fallo también establece la libertad de Raúl Villareal, mano derecha de Omar Chabán, de la ex subsecretaria de Control Comunal Fabiana Fiszbin, del ex director adjunto de ese organismo Gustavo Torres y de la ex titular de la Unidad Polivalente de Inspecciones, Ana María Fernández. En cambio, seguirán detenidos Omar Chabán (el máximo responsable del boliche), el subcomisario de la Policía Federal Carlos Díaz y Diego Argañaraz, manager de la banda. La excarcelación de Villareal, Fiszbin, Torres y Fernández es una nueva muestra de la impunidad que reina en la causa Cromañón. Casi diez años después de la masacre, Aníbal Ibarra -el máximo responsable político- sigue ocupando cargos en la Legislatura de la Ciudad en un bloque aliado del kirchnerismo y hasta se prepara para una nueva candidatura en 2015. Mientras, Buenos Aires sigue siendo la "Ciudad Cromañón" como lo demostró el derrumbe del boliche Beara en el año 2010. Los boliches en la Ciudad siguen sin cumplir con las más elementales condiciones de seguridad con la complicidad del gobierno y sus funcionarios. Las imputaciones contra los integrantes de la banda Callejeros por la masacre de Cromañón buscan ocultar las responsabilidades del Estado en la desregulación de los espectáculos -que impulsó Ibarra y el macrismo continuó- que permitía sobrepoblar los boliches para beneficiar el negocio. En este cuadro, la libertad de Callejeros es producto de la enorme cantidad de movilizaciones que se realizan de manera incesante en todo el país y que agrupan a miles de jóvenes. Es un triunfo de las marchas que reclaman justicia por las 194 víctimas de la masacre de Cromañón que no es otra cosa que el castigo a los funcionarios y empresarios responsables. Rechazamos el intento de criminalizar a los músicos de Callejeros mientras reina la impunidad en la causa Cromañón. Reclamamos la inmediata condena para todos los responsables políticos, los funcionarios del Estado y los empresarios vinculados con la masacre. Reclamamos la inmediata destitución de Ibarra y la condena por la responsabilidad que le cabe en la causa Cromañón. Rama

La reciente decisión de la Corte sobre el caso Cromañón ganó difusión pública como "el fallo que liberó a Callejeros". En cambio, pasó a segundo plano la anulación de las condenas a un manager del grupo y de dos funcionarios del gobierno de Ibarra: la ex subsecretaria de Control Comunal, Fabiana Fiszbin, y el ex director adjunto de ese organismo, Gustavo Torres. Además, la ex titular de la Unidad de Inspecciones, Ana María Fernández, que estaba con arresto domiciliario, gozará de libertad definitiva. Este abordaje de la cuestión Cromañón no es circunstancial. La responsabilidad de los músicos en el desastre ocurrido hace diez años es objeto de polémica, incluso entre los familiares de las víctimas. Se les imputa a los músicos responsabilidades en el manejo de aquel recital. Ese punto de vista, sin embargo, soslaya el lugar en el cual son colocados los músicos en el negocio de los recitales. Los capitalistas del espectáculo tercerizan las responsabilidades y costos relacionados con la seguridad y otros aspectos de las funciones, y se los trasladan a los artistas. Por eso, las consignas de las movilizaciones que terminaron con el gobierno de Ibarra destacaban que los responsables de la masacre no fueron "ni las bengalas ni el rock". En el vértice de este régimen de beneficios garantizados, se encuentra el Estado y su sistema fraudulento de habilitaciones. En Cromañón se demostró la existencia de una red permanente de impunidad entre esos "habilitadores" y los capitalistas del espectáculo. Los Callejeros siguen en la controversia, pero Aníbal Ibarra ha sido definitivamente corrido de la mira de la Justicia. Once, Boudou y Pedraza A partir de lo anterior, la gravedad del fallo de la Corte reside en que el régimen de "doble conforme", que obliga a dos fallos simultáneos e idénticos para asegurar sentencia firme, ha beneficiado por primera vez a funcionarios públicos. Con toda razón, los familiares de Cromañón han advertido que el régimen que liberó a Fiszbin y Torres podría servir de antecedente para futuras anulaciones de condena en favor de los responsables de la masacre de Once, entre otros casos ligados con la corrupción y la impunidad asociados al poder político. Podríamos agregar a la lista a los abogados de Pedraza, quienes deben estar estudiando en estos días las posibilidades que ofrece el "doble conforme". Hace un mes, el Senado sancionó una ley que pone límites decisivos a las demandas contra funcionarios públicos. La libertad de Fiszbin y Torres se inscribe en esa tendencia. Los seudoprogresistas asociados con los beneficios de este fallo -comenzando por Aníbal Ibarra- han celebrado la decisión de la Corte en nombre del garantismo. El progresismo, que no pudo poner a salvo a las garantías individuales frente a las arbitrariedades y atropellos represivos del Estado, llama "garantismo" a las argucias legales del propio poder político para asegurar su impunidad. Los socios actuales de Cromañón La liberación de los funcionarios ibarristas ha sido recibida con silencio e indiferencia por los principales bloques políticos que actúan en la Ciudad. Por un lado, entre los K y el Unen revistan muchos de los antiguos socios o partícipes del gobierno de Ibarra. El matrimonio Kirchner protegió, hasta donde le fue posible, al gobierno Cromañón. En el caso del PRO, es claro que no ha hecho sino reforzar la "zona liberada" en favor de los capitalistas del espectáculo o de la construcción. Ello quedó de manifiesto en el derrumbe del boliche Beara (2010), que terminó con dos jóvenes muertos. El director de habilitaciones de entonces fue procesado, pero la Justicia lo absolvió. En las últimas dos semanas, se produjeron tres derrumbes en obras de la construcción, con el saldo de un obrero muerto y varios heridos. La "Ciudad Cromañón" sigue vigente, bajo los mismos intereses sociales que condujeron a la masacre de diciembre de 2004. Marcelo Ramal

En la primera semana de septiembre tendrán lugar las elecciones de centros de estudiantes en cinco facultades: Económicas, Medicina, Veterinaria, Odontología y Derecho. En cuatro de estas facultades buscarán revalidar la conducción las agrupaciones que responden al rectorado. Nuevo Espacio, el seudónimo de Franja Morada, es el principal aliado del rector Barbieri y se apoderó de la Secretaría de Hacienda de la UBA. La alianza con la que desplazaron a la izquierda del Centro de Medicina incluye a funcionarios comprometidos con el vaciamiento del Pami y el Clínicas. Por otro lado, en la "escuela" de los abogados bancan a la Nuevo Derecho (PS de Roy Cortina y Binner); esta facultad colocó "institucionalmente" al ex número dos de la Side, Darío Richarte como vicerrector. Odontología, por último, ostenta el triste privilegio de tener los posgrados más caros de la UBA y los más elevados costos de materiales de estudio. Se ha desarrollado un entrelazamiento creciente entre los centros dominados por los privatistas y los capitales privados; el Banco Santander tiene presencia en varias de estas casas de estudio. La UJS participará en todos estos comicios, en algunos casos en frentes. La pelea más dura estará en Veterinaria, donde la agrupación eVet (UJS e independientes) defiende la conducción frente a La Tropilla, un armado total y completo de las autoridades. En efecto, con eVet a la cabeza hace más de una década, el centro organiza un cuerpo de delegados y comisiones de todo tipo. Así, fue protagonista de luchas sistemáticas contra ajustes y restricciones. Las autoridades kirchneristas de la facultad -el decano Míguez fue presidente del Senasa- armaron La Tropilla desde sus secretarías, repartija de contratos incluida. No ahorraron recursos (charlas compulsivas, actividades con empresas, viajes) ni infamias contra eVet. Ahora mismo, las autoridades y La Tropilla buscan implementar las PPS (Prácticas Profesionales Supervisadas), una imposición de la LES y la Coneau que implicará menos formación y más trabajo gratuito. El centro y eVet se encuentran en una intensa campaña de clarificación. El apoyo de Nuevo Espacio y el Rectorado a La Tropilla pone en evidencia el pacto entre radicales, kirchneristas, massistas y otras yerbas contra la izquierda. Consideradas en su conjunto, las elecciones contraponen dos orientaciones. De un lado, las agrupaciones que responden a los partidos capitalistas y las camarillas. Del otro, la izquierda, con la UJS y el PO a la cabeza, que dirige la mayoría de los centros. Se desprende, por tanto, que también está en juego la orientación de la Fuba. La UJS se mete a fondo en esta lucha política, para reforzar el camino de la unidad entre la juventud estudiantil y la clase obrera. Alejandro Lip

ESTADOS UNIDOS Y CENTROAMERICA Niños migrantes: catástrofe humanitaria y crisis política Demócratas y republicanos manipulan la crisis de los inmigrantes centroamericanos como parte de su ofensiva más general contra las masas. Más de 57.000 niños solos, desde octubre pasado hasta hoy, fueron detenidos por las patrullas de la frontera sur de Estados Unidos. A este número se suman 39.000 niños más que fueron detenidos junto a sus padres en la frontera. La mayor parte de este contingente de niños proviene de Centroamérica. Buscan el amparo de la legislación contra el tráfico de personas que prohíbe la deportación inmediata de menores detenidos. Los procesos de deportación, por su lentitud, mantienen a los niños en un limbo legal que les permite reunirse con sus familiares en suelo norteamericano. Este privilegio no lo tienen todos: los niños inmigrantes mexicanos son deportados en forma directa. El debate sobre la resolución de este explosivo problema puso nuevamente en la agenda la reforma migratoria y la rebelión de los inmigrantes en el propio suelo norteamericano. Impasse político y reforma migratoria Una reforma de las leyes migratorias fue votada por el Senado en junio pasado. Los republicanos la tienen cajoneada en la Cámara baja en donde tienen mayoría. Esta reforma apunta a militarizar la frontera a una escala inusitada, cerrar los pasos fronterizos y completar los muros del apartheid votados por el congreso en 2006. La reforma pone como objetivo que el 90 por ciento de los inmigrantes que intentan cruzar la frontera sean detenidos y deportados. La contraparte de esta política de criminalización de los inmigrantes es una legalización parcial que llevaría a los indocumentados a acceder a la "green card" recién trece años después de acreditarse en el Departamento de Seguridad Nacional; con los riesgos de deportación inmediata que eso implica. El impasse político actual consiste en que los republicanos votaron a favor de esta reforma, pero ahora la rechazan. Tienen dos motivos: primero no quieren que Obama obtenga el crédito en un año electoral. Segundo, debido a que en las primarias republicanas los candidatos de la cúpula del partido republicano fueron derrotados por los derechistas antiinmigrantes del Tea Party. Frente al cajoneo, Obama amenazó con aplicar la reforma por decreto. Sin embargo, abandonó esta idea y envió un pedido al Congreso de una partida extraordinaria de 3.700 millones de dólares para fortalecer la militarización de la frontera y acelerar los juicios de deportación. Obama ostenta el récord de ser la gestión que más inmigrantes ha deportado: más de dos millones de personas, lo cual le valió a Obama el apodo por parte de las organizaciones de inmigrantes de "el deportador en jefe". Los republicanos aprobaron en la Cámara de representantes, luego de una crisis en sus propias filas, una partida presupuestaria de 694 millones y la eliminación del Daca, un programa que prorroga la deportación por dos años a 600.000 de los llamados "dreamers", jóvenes que buscan trabajar y estudiar. Las idas y vueltas del tratamiento legislativo llevó a que las organizaciones de inmigrantes den por muerta a la reforma, por lo menos hasta que se clarifique el escenario político postelectoral. Crisis capitalista y reforma migratoria Un sector de la burguesía norteamericana apoya la reforma. CEOs de empresas tecnológicas y de servicios, la Cámara de Comercio, el obispado católico e incluso el FMI en su informe anual llamaron a la clase política a establecer un acuerdo para aprobarla. La reforma migratoria es para un sector de la burguesía una respuesta a la crisis. La llegada de inmigrantes presiona para un abaratamiento de la mano de obra, en particular la calificada: "debido a que los inmigrantes en general ganan menos que los locales con similares capacidades, hacen crecer las ganancias de las corporaciones e impulsa a las compañías a crecer y a contratar más locales" (The Economist, 12/7). Los trabajadores hispanos migrantes son los de más bajos ingresos. Su capacidad de ahorro es acotada y el nivel de endeudamiento de sus familias es altísimo. La crisis es descargada sobre los hombros de los inmigrantes en primera instancia. Muchos de ellos tienen que acudir a programas alimentarios estatales como los stamp foods para sobrevivir. Estos programas son víctimas de los recortes presupuestarios. La burguesía yanqui intenta subsumir el problema migratorio dentro de su ofensiva más general sobre las masas: de los 9,4 millones de puestos generados en el sector privado, "la mayoría de los puestos se crearon en los rubros de servicio con niveles salariales bajos" (La Nación, 7/6) o son a tiempo parcial. Centroamérica El estallido inmigratorio se nutre en los desplazamientos masivos de familias fruto de la catástrofe social y económica que viven los países de Centroamérica. En estos países, las oligarquías gobernantes encontraron en la expulsión de población un negocio redondo. A partir de la llegada de remesas desde Estados Unidos ingresaron en los últimos veinte años 124 mil millones de dólares. El Salvador paga la mitad de sus importaciones anuales con estos fondos. "Guatemala, El Salvador y Honduras están cayendo en un círculo vicioso que conecta las remesas con la violencia. (....) Las pandillas resultan de la multiplicación exponencial de las familias disfuncionales y de la destrucción del tejido social familiar y comunitario que deja la emigración (...). La emigración es una violenta catástrofe social para los pobres y un gran negocio para los ricos" (El País, 11/7). Martín Corbatta

EXCLUSIVO DE INTERNET En los últimos días, el gobierno de Macri anunció un aumento del 37,5% en la "tarifa técnica" del subte -o sea, el valor hipotético del pasaje que surge de dividir los costos del servicio por la cantidad de pasajeros, sin considerar subsidios. Aplicando ese incremento sobre la tarifa actual, el valor del pasaje se iría a a 6,15 pesos. El aumento acumulado desde que el kirchnerismo le trasladó el servicio a la Ciudad rondará el 350%. En las últimas horas, voceros del gobierno PRO desmintieron un nuevo aumento durante 2014, pero aclarando que la Ciudad "absorberá los mayores costos". Ello significa que se ha convalidado la nueva ‘tarifa técnica', aunque los mayores costos serán bancados con los recursos generales de la Ciudad. Pero el 90% de los ingresos del Estado porteño se sustentan en impuestos que pagan trabajadores, consumidores o propietarios de vivienda única. Por lo tanto, el concesionario Metrovías recibirá con plenitud la nueva tarifa, sólo que será resarcido con otros impuestazos. En su informe, la empresa de subterráneos relaciona al tarifazo con los aumentos salariales. Pero éstos resultaron de un 23% anualizado, mucho menos que el incremento que hoy se convalida. Es evidente que la suba de la tarifa financia a una caja sin control. Delegados del subte han denunciado que Metrovías malversa el mantenimiento de las formaciones, al tercerizar esta tarea en empresas privadas que devuelven los vagones en estado ruinoso. Entre esas empresas, se encuentra una ‘vinculada' al propio Roggio. Lo mismo puede decirse de los vagones comprados a España para la Línea B, cuya adecuación a los túneles está exigiendo gastos colosales e interrupciones del servicio. En la Legislatura, hemos presentado estas denuncias, reclamando la interpelación del presidente de Subterráneos de Buenos Aires. El kirchnerismo de la Ciudad ha recibido estos anuncios de aumentos con ‘bajo perfil'. Siempre es necesario recordar que, en el acta de transferencia del subte a la administración macrista, el kirchnerismo le cedió a Macri "poderes ilimitados" (sic) para el manejo de la tarifa, a sabiendas de lo que se venía. Para los K, los aumentos del subte son la coartada para la ‘corrección' posterior de la tarifa de colectivos y trenes. Rechazamos este nuevo tarifazo, por ahora encubierto detrás del presupuesto general. Reclamamos una auditoría integral de los costos del subte a manos de trabajadores y usuarios. Esa investigación debe sacar a la luz el destino de los fondos que el macrismo supuestamente destina al subte y que se reunieron a fuerza de tarifazos, impuestazos y endeudamiento. Marcelo Ramal

Los Suteba combativos continúan con paro de 48 horas El No inicio de clases del 4 y 5 de agosto, convocado el 26 de junio por los Suteba multicolores, al que luego debieron sumarse FEB, Suteba y Udocba, fue total. La huelga general docente fue, así, una rebelión contra la política de unidad nacional de todos los sectores de la burocracia sindical con el gobierno K. El Frente Gremial Docente Bonaerense salió de la reunión con el gobierno, luego del parazo de 48 horas que dejó sin aire a Scioli, otra vez con las manos vacías: el gobierno no se comprometió a nada. Apenas promesas de formar una "comisión para el análisis de los índices" de precios. Una impostura que deja el salario tan doblegado por la inflación como antes del parazo. Baradel y Petrocini volvieron a salvar a Scioli con un nuevo levantamiento del paro sin consultar a nadie, pero, como dicen los diarios, "la tregua no cierra en realidad las dificultades en todo el sistema educativo estatal" (Clarín, 7/8). La entregada de Suteba y FEB profundizó la bronca de la docencia, que en forma dispar continuó parando toda la semana, amparada en una convocatoria por mensaje de texto del moyanista Udocba. La burocracia de Udocba pretendió capitalizar así el descontento docente, en su lucha interburocrática con Suteba y fortalecer su papel al interior del bloque patronal de Massa y Macri, al que está vinculado su jefe, el camionero Moyano. Plenario de delegados de escuela en La Matanza La contracara de la burocracia sindical docente fue el cuarto plenario de delegados de toda la provincia convocado por los Suteba combativos en La Matanza, el viernes 8. Otra vez, con más de 700 delegados, fue multitudinario. La mayoría de los mandatos planteaban la continuidad de las medidas, con la burocracia sindical o sin ella, con paros de no menos de 48 horas, que quedaron establecidos para el martes 12 y miércoles 13, y marcha a la Gobernación el jueves 14, porque ninguno de los reclamos había sido satisfecho. Como resultado de las intensas deliberaciones (hubo más de 40 intervenciones), se votó por unanimidad la continuidad de las medidas: semana completa de plan de lucha, con asambleas en las escuelas, paro de 48 horas y marcha y un nuevo plenario de delegados con mandato para resolver cómo seguimos. La huelga docente se coloca así, junto con el paro masivo de los bancarios contra el impuesto al salario del 7 de agosto, como el voto masivo de la clase obrera por un paro nacional de 36 horas, para quebrar el ajuste. ¿O es que los reclamos de los docentes y bancarios son diferentes al resto de los trabajadores, que además suman la necesidad de luchar para frenar los despidos y las suspensiones? Un planteo de lucha ejemplar Al día siguiente, la burocracia oficialista de Caló y Yasky declaró que "en esta coyuntura de amenazas de más despidos no da para una medida global" (Clarín, 9/8) y Moyano , desde Bulgaria, donde participa de un congreso internacional de los trabajadores del transporte, declaró que a 12.000 kilómetros de distancia conversaría con la burocracia de la Fraternidad cuándo hacer el paro, probablemente para algún día de septiembre. Fue en este contexto, y ajena a una compresión de qué papel juega la burocracia sindical, que Izquierda Socialista insistió en el plenario de los Suteba que si el paro no comenzaba el lunes 11 nos estábamos colocando a la derecha de Udocba, ilusionados en que Miguel Díaz convocara a la continuidad de las medidas. Minutos después de terminado el plenario multicolor, Udocba anunció que levantaba los paros y que recién el martes 19 de julio sus secretarios generales definirían acciones en caso de no mediar respuesta a nuestras demandas. Romina Del Plá - Daniel Sierra

TURQUIA Las primeras elecciones presidenciales de la historia del país (el presidente, antes, era elegido directamente por el primer ministro) fueron ganadas cómodamente (más del 50% de los votos) por el actual mandatario Recep Tayyip Erdogan. Sin embargo, los resultados deben ser matizados. La abstención fue la mayor de las últimas tres décadas. Casi el 30% del electorado se mantuvo fuera de las urnas, comparado con el 11% de las anteriores elecciones locales. En esto habría influido el desencanto con la oposición, ya que los socialdemócratas del CHP y los fascistas del MHP -los principales partidos- presentaron un candidato común que habría alienado a los primeros buena parte de su electorado. La debilidad de la oposición le permitió a Erdogan, entonces, la victoria en primera ronda, aun habiendo recibido 600 mil votos menos que en las elecciones de 2011. El candidato kurdo Demitras, del Partido Democrático del Pueblo (PDP), obtuvo un 10% de los votos, una gran cantidad en comparación con los anteriores resultados de su partido. El DIP (Partido Revolucionario de los Trabajadores) le planteó al PDP (el cual, siendo partícipe del parlamento, era la única fuerza de la izquierda habilitada para participar de las elecciones presidenciales bajo el antidemocrático régimen electoral) nominar un activista político o sindical como candidato, como una manera de disputar el voto de las masas trabajadoras movilizadas en 2013 y más recientemente por la masacre en la mina de Soma. Pero la propuesta fue desoída. Erdogan asume su nuevo mandato con un gran caudal electoral a cuestas y la ausencia de una oposición sólida en su haber. Pero la crisis capitalista no ofrece garantías: en dos años, Cristina Kirchner dilapidó las mismas condiciones. Cristian Licht (en base a una declaración del DIP, integrante de la CRCI, del 11/8)

La primera ronda de negociaciones en El Cairo fracasó por la negativa israelí a conceder cualquiera de las demandas de la delegación palestina, inclusive las más elementales. Esto redundó en un reinicio de los bombardeos y ataques contra el pueblo de Gaza, en tanto que Hamas demostró que conserva poder de fuego al lanzar más de 60 cohetes en pocas horas. El radio de resistencia a la agresión sionista, mientras tanto, se ha ampliado. El 7 de agosto hubo nuevas protestas en Cisjordania, cuya represión dejó un muerto y más de 50 heridos. En Amman, capital de Jordania (país de población mayoritariamente palestina), 15.000 personas se movilizaron en apoyo a Hamas y al pueblo gazatí, convocadas por los Hermanos Musulmanes. La simpatía se extiende a los jordanos no palestinos y, al igual que en Egipto, se registran en el país colectas populares de alimentos y dinero para los gazatíes. Cerco y sometimiento Israel exigió en las reuniones de El Cairo el desarme de Hamas. Estos, por su parte (que integran la delegación palestina junto a Al Fatah y la Jihad Islámica), reclamaron el levantamiento del bloqueo israelí (y egipcio), la liberación de presos y la construcción de un puerto marítimo para Gaza. Para algunos círculos, incluso sionistas, este plan debería quedar bajo el control de la Autoridad Palestina (AP). Según un observador, "la AP en la frontera podría ser esgrimida como una ganancia para todos: Hamas rompe el bloqueo; la AP vuelve a estar en funciones en la Franja; Israel no cede demasiado; los habitantes de Gaza tienen un respiro, y Egipto es el héroe" (La Nación, 31/7). El columnista sionista, Thomas Friedman, propone que se reconozca un gobierno de unidad en la Franja bajo la dirección de la Autoridad Palestina. El diario israelí Haaretz plantea lo mismo, incluyendo a Cisjordania en el paquete. El régimen sionista, por el contrario, lanzó la invasión para quebrar la unidad de Hamas y Fatah. Lo mueve la expulsión de la población árabe y la colonización entera de Palestina. Asimismo, la Autoridad Palestina se encuentra desacreditada por su colaboracionismo. Obama ha reconocido que el conflicto la ha "debilitado" y que podría haber perdido la confianza de su población. "Tenemos que reconstruir eso", enfatizó (El País, 7/8). Gustavo Montenegro

EXCLUSIVO DE INTERNET Martes 19, 16 horas, en el Congreso Más de 30 trabajadores cesanteados por la privatización menemista de YPF se reunieron el sábado último y ratificaron para el martes 19 de agosto, a las 16 horas, la convocatoria a la marcha nacional de los ex trabajadores de YPF que se dirigirá al Congreso Nacional para apoyar la presentación de dos proyectos de ley de resarcimiento económico, laboral y jubilatorio que presentará el Bloque del Frente de Izquierda, integrado por Pitrola y López, por los derechos vulnerados durante 22 años a más de 30 mil ex ypefianos que siguen sin cobrar por la propiedad del 10% de las acciones (PPP). Durante esta semana, divididos en grupos, los ex ypefianos estarán pasando por los despachos de diputados para recoger firmas en apoyo a los proyectos. En el interior del país, también se están reuniendo plenarios de trabajadores ex ypefianos para sumarse a la movilización nacional por el resarcimiento. En Mendoza, Caleta Olivia, Salta, Neuquén, entre otros. Este jueves, se realizará un plenario de los ex ypefianos de La Plata y Ensenada para sumarse al movimiento. El plenario de la Coordinadora de ex Trabajadores de YPF ha hecho un llamado público a las organizaciones sindicales, obreras, estudiantiles, políticas y sociales apoyar esta jornada de lucha contra la entrega y en defensa de los derechos de los trabajadores. Los ex ypefianos reclaman: -resarcimiento económico a todos los ex trabajadores de YPF y sus familias; -reincorporación de los ex trabajadores o jubilación acorde a su categoría laboral en YPF; -ingreso a YPF de los hijos de los ex agentes que lo soliciten. Corresponsal

La lucha nacional de los docentes universitarios no sólo ha enfrentado el relato oficial de las mejoras en la universidad, sino que ha desnudado al ajuste como una política de Estado, defendida por el conjunto de los gobiernos provinciales. En este sentido, se han desarrollado ataques de los gobiernos provinciales y judiciales a los docentes en lucha para quebrar el rechazo a la firma del acta de una paritaria a la baja hasta julio de 2015 por la burocracia sindical. En este contexto, y bajo el paraguas del proyecto de ley antipiquetes impulsada por el gobierno nacional, el gobierno de Macri ha abierto dos causas contravencionales. Una contra Santiago Gándara, secretario general de la AGD, en el momento en que se desarrolló un corte de calle frente al Ministerio de Educación en el marco de un acampe por el salario. La otra, al secretario general de la AGD de Filosofía, Eduardo Glavich, por un corte en la avenida Montes de Oca, en el cuadro de una lucha por la reincorporación de dos docentes de esa sede del CBC en el marco de una reducción de planta en sintonía con el ajuste general. Las causas se inscriben, además, en el ataque general a los trabajadores en lucha. Seguimos desplegando una campaña de firmas de dirigentes universitarios de todo el país en repudio a este intento de judicialización de la protesta. Vamos por el cierre de las causas. Cristian Henkel

La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) reprimió con saña el lunes 11 a los trabajadores de Siderúrgica del Orinoco (Sidor), quienes reclaman la renovación de un contrato colectivo de trabajo, el cual se encuentra vencido, y por deudas salariales. Hay obreros heridos de bala y la GNB montó una cacería que se extendió a las inmediaciones de la clínica donde fueron hospitalizados varios heridos. Hay 14 detenidos, entre ellos dirigentes del sindicato siderúrgico Sutiss. Al igual que el gobierno kirchnerista, Maduro presume de progresista, pero criminaliza y difama las luchas obreras, con métodos que no tienen nada que envidiarle a la derecha. El propio Diosdado Cabello se presentó en la planta hace un tiempo, pero no para presentar soluciones ante la crisis que enfrenta de la empresa nacionalizada, sino para amedrentar a los obreros y hacer macartismo. Estos, en cambio, reclaman desde hace tiempo no sólo por sus derechos laborales, sino también por insumos y repuestos. Los trabajadores de Sidor son la expresión más avanzada de la resistencia contra el ajuste económico en curso. G. M.

IMPUESTO AL SALARIO Capitanich acaba de declarar que no habrá modificaciones en el impuesto al salario. Esto, luego del enorme paro de los bancarios contra los descuentos brutales que sufren. A fines de julio, los portuarios pararon por idéntico reclamo. En la actualidad, la cantidad de trabajadores que tienen que pagar es menor respecto del año pasado, pero quienes siguen afectados deben gatillar cifras siderales. Una porción creciente y muy importante de trabajadores abona la tasa máxima del 35 por ciento. Bajo estas condiciones, un trabajador soltero que gane 25.000 pesos por mes termina pagando 60.000 pesos, dos meses y medio de sueldo. Un casado, con dos hijos, debe pagar 40.000, un sueldo y medio. Diez años atrás, para abonar la tasa máxima, había que ganar lo que hoy sería equivalente, en términos de poder adquisitivo, a 60.000 pesos. A pesar de que el salario viene cayendo a valores constantes, se abona una alícuota superior. La legislación vigente establece que no se puede embargar más del 20% del salario. Esa disposición tiene la finalidad de resguardar la subsistencia de un trabajador. ¿Qué se puede decir, respecto de un impuesto que se come el 35 por ciento del salario? Salta a la vista su carácter confiscatorio. Habría que agregar que ya el trabajador sufre una exacción a través de IVA, ingresos brutos y otros impuestos al consumo. Un trabajador pierde entre el 42 y el 58 por ciento de sus sueldos en impuestos. Dos varas diferentes La Corte Suprema ha admitido la existencia de distorsiones en el impuesto a las ganancias frente a demandas empresarias. Candy, del grupo Arcor, obtuvo una sentencia favorable sobre "los efectos confiscatorios como consecuencia de la inaplicabilidad de las normas de ajuste por inflación contenidas en la ley del impuesto a las ganancias". El reclamo de la compañía consistía en que, al no poder ajustar sus ganancias por inflación -norma que está suspendida desde el año 2003- estaba pagando por "ganancias ficticias". A partir de este fallo, muchas empresas se han lanzado a hacer presentaciones similares. Bodegas Esmeralda acaba de iniciar una causa, que se une a otras demandas, como Swaco, Banco Francés y Bradesco. En el caso específico de Candy, la Corte aceptó el cálculo hecho por la compañía de que "el impuesto a las ganancias, con la inflación, le consumió entre el 55 y el 62% de su ganancia" (La Nación, ídem). Si se aplica la misma vara para los trabajadores, está claro que no sólo se debería abonar el impuesto a tasas más bajas, sino que la abrumadora mayoría de los asalariados quedaría enteramente excluido del impuesto. Por otra parte, el impacto de la inflación es infinitamente superior en los ingresos del trabajador que en el del capitalista. Las empresas han tenido la libertad y el margen de maniobra para remarcar los precios al compás de la carestía, no así los asalariados. Además, los capitalistas realizan ellas mismos la liquidación del impuesto y, por lo tanto, determinan su monto, por lo cual tienen la posibilidad de inflar los gastos y dibujar las utilidades, apelando a artilugios contables e impositivos. Cuando eso no alcanza, siempre está a mano la chance de una moratoria, con lo cual pueden bicicletear el impuesto y licuarlo. No ocurre lo mismo con el trabajador, ya que es la patronal la que debe determina cuánto debe pagar y lo deduce mensualmente de su recibo de sueldos. Por otro lado, es moneda corriente que las empresas usen el sueldo que retienen de ganancias para otros fines. Es decir, que se financian con los recursos que le extraen al trabajador, de la misma manera que lo hacen con los aportes de seguridad social. Cobra mayor actualidad que nunca el proyecto presentado por el Frente de Izquierda de abolición del impuesto al salario, que plantea además que la patronal deje de actuar como agente de retención y que el trabajador establezca por su cuenta, en forma independiente, sus impuestos y el depósito que corresponda. Pablo Heller

EXCLUSIVO DE INTERNET La Cámara Federal sobreseyó al ministro de Planificación Julio De Vido, a pesar de pruebas en contra, en una causa iniciada en 2004 por sobreprecios en la compra de locomotoras viejas-algunas "canibalizadas" y para el desguace. El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, quien continúa imputado, zafaría por el sobreseimiento de su superior inmediato; otro responsable, el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, firmante del acuerdo que significó la malversación millonaria de fondos públicos, nunca fue citado por la Justicia. Al inicio de la privatización del ferrocarril, el Estado entregó 30 locomotoras al concesionario Transporte Metropolitano, sin que nunca se haya registrado que pasó con ese material rodante. En 1996, la Empresa Ormas, dueña de Transporte Metropolitano, adquirió mediante leasing (alquiler/compra) 15 locomotoras General Motors al grupo Mitsui. El derrumbe de 2001 puso en cesación de pagos a TM (desde 1998 en manos de Taselli/Montotto) y quebró en 2002. La pesificación creó un conflicto porque el leasing estaba pactado en dólares y TM pagaba en pesos. Esto dio lugar a una orden judicial para que TM le devolviera las locomotoras a RailWay Leasing Argentina. En septiembre de 2002, el gobierno dictó el decreto 1834/02 qué determinó que "la solicitud de quiebra de los concesionarios no rescinde el contrato con el Estado", garantizando así la continuidad del negocio de las privatizadas. Mientras tanto, la deuda no terminaba de pagarse nunca: "hasta fines del año pasado TM había pagado más de 30 millones de dólares, pero Mitsui reclama 15 millones más. Con el total se podrían comprar ocho locomotoras nuevas" (El Día, 30/12/02). En junio de 2004 se reformuló el acta acuerdo. El Estado aceptó abonar a la concesionaria, Transporte Metropolitano,21 millones pesos más IVA, para adquirir 15 locomotoras pertencientes a Nippon Export and investment Insurance y Railway Leasing Argentina. El Estado, como haría luego con Repsol y el Club de París, decidió pagar 40% más de lo reclamado por el leasing. Todo esto fue aprobado por Alberto Fernández y Julio de Vido. Sergio Taselli -a quien se señala como testaferro presidencial- nunca depositó, en ese período, 49 millones de pesos de las tarifas que pagaron los usuarios que estaban destinadas al plan de inversiones. Mientras tanto, de marzo a diciembre de 2003, recibió subsidios por 2 millones de pesos. La desinversión, el manejo fraudulento de los recursos y el presupuesto paralelo a través de los fondos fiduciarios en los ferrocarriles, distinguen al régimen político instalado desde las privatizaciones a la fecha. Lisandro Martínez

La asamblea del 12 de agosto reunió -nuevamente- a más de 600 docentes y decidió continuar con la huelga general. En la misma se rechazó la propuesta que 24 horas antes habían hecho las autoridades de la UNT en promesas, las que no resolvían ninguno de los puntos de los reclamos de la lucha que se les efectúa a las autoridades de la UNT, quienes pretendieron crear la ficción de que se estaba "negociando". La asamblea precisó el reclamo del adicional de emergencia en 2.000 pesos por docente y planteó el adelantamiento de la asamblea universitaria para mediados de octubre frente al intento de la rectora de realizarla a fines de noviembre y los decanos a fines de octubre. Las mociones más combativas obtuvieron el 75% de los votos, lo que marca también un crecimiento en la adhesión de los huelguistas. La asamblea fue, en sí misma, una gran batalla del activismo que viene impulsando esta huelga contra las maniobras del Rectorado y los sectores conciliadores del gremio. Las críticas a la Conadu Histórica fueron reiteradas, así como también la valoración positiva del apoyo permanente de los compañeros de AGD-UBA y Comahue. Se exigió la convocatoria a un congreso de delegados de la Conadu Histórica en Tucumán. Se aprobaron también un conjunto de resoluciones en contra de la persecución que se quiere imponer desde el alperovihcismo-bardonismo a los huelguistas y un conjunto de acciones en defensa de la propia huelga. Por último, frente al argumento reiterado de las autoridades para negar cualquier aumento de que "las cuentas están en rojo", se aprobó la moción de apertura y auditoria de las cuentas de la UNT. Diego T.

Un grupo de activistas pro-palestinos ocupó durante 48 horas una fábrica en la localidad de Lichfield, a 40 kilómetros de Birmingham, que pertenece a la israelí Elbit, y que fabrica motores para drones (aviones no tripulados) que se exportan a Israel. En 2009, estos motores fueron a parar a los aviones empleados en la operación "Plomo Fundido". La medida forma parte de un movimiento más general por un embargo militar. En Gran Bretaña han habido movilizaciones de hasta 50.000 almas contra la ocupación de Gaza, lo que ha atizado los conflictos al interior del gobierno conservador de Cameron.

La realización del congreso del movimiento obrero y la izquierda tiene fecha y lugar: será el 8 de noviembre próximo en el Luna Park. Llamamos a todas las tendencias que reivindican una perspectiva clasista a juntarnos para desarrollar la perspectiva de la unión política del movimiento obrero y la izquierda. En un marco de luchas crecientes, desde la Panamericana hasta Orán-Salta, Córdoba y Tucumán, la convocatoria ofrece un escenario excepcional para defender políticamente esas luchas frente al gobierno, el Estado y todas las fuerzas de la patronal, y para aprovechar las asambleas que jalonarán este congreso para reforzar el apoyo a las luchas y para organizar otras nuevas, que amplíen el campo de acción directa de los trabajadores. La confrontación abierta que despliega Capitanich todas las mañana contra la izquierda, en el marco de estas luchas, es una prueba irrefutable de que la unión del movimiento obrero y la izquierda es un proceso objetivo e histórico que nuestro partido caracterizó con anticipación y que es necesario llevar a su término. El Manifiesto que dimos a conocer para contribuir políticamente a la campaña en curso se ha transformado en un instrumento concreto de la lucha política del momento. Los planteos de nuestro Manifiesto refutan con anticipación las afirmaciones del jefe de Gabinete en estos últimos días, cada vez que se lo consulta sobre las luchas obreras en curso y la bancarrota económica e industrial. Mientras el Manifiesto destaca el agotamiento del peronismo y el fracaso del kirchnerismo para reconstruir el nacionalismo burgués, Capitanich, un hijo adoptivo de la oligarquía de Chaco, atrasa con la afirmación absurda de que "el peronismo es la verdadera izquierda revolucionaria" y el delirio de que el "PO es un partido de los capitalistas". No se puede evitar la evidencia de que izquierda ha pasado a ocupar el centro del debate político. Incluso la oposición patronal se ha sumado a los ataques del gobierno contra la izquierda. Está planteada la lucha política por el movimiento obrero y, por lo tanto, por el poder. Las asambleas que están en marcha encaran una gran agenda política. En primer lugar, hay que extender el movimiento que está en curso, conquistando el respaldo de más y más compañeros. A propuesta de muchos compañeros, quienes entendían la necesidad de contar con un instrumento central que amplíe la conquista de nuevas adhesiones, hemos editado un pronunciamiento político que resume los términos del Manifiesto para ser firmado por trabajadores y jóvenes en los lugares de trabajo y de estudio. Impulsamos nuestro propio plebiscito para impulsar el desarrollo de grandes asambleas preparatorias del congreso. Hay una crisis de conjunto, que conjuga la crisis industrial y la tendencia a la bancarrota financiera -o sea que puede llevarse puesto al gobierno antes de término. El congreso es el marco de deliberación política de los trabajadores que luchan para disputar el desenlace de la crisis política. Junto con esto, las asambleas que ya se han realizado adoptaron importantes resoluciones para apoyar o impulsar luchas. Esto vale para los trabajadores de Metrovías, los aeronáuticos, los telefónicos o los docentes, que más allá de sus peculiaridades han votado iniciativas para reforzar una campaña por la huelga general o el impulso a los fondos de huelga para las luchas en curso, como la de Lear o los docentes de Salta. La campaña por el congreso del movimiento obrero y la izquierda será también un impulso para favorecer la movilización nacional de mujeres al Encuentro Nacional de Mujeres que se realizará en la provincia de Salta los días 11, 12 y 13 de octubre. Nuestra lucha por un Encuentro laico y anticlerical, que asuma la responsabilidad de impulsar medidas prácticas de acción de las reivindicaciones más sentidas por las mujeres trabajadoras y explotadas, es un capítulo fundamental en la tarea de unir al movimiento obrero con la izquierda revolucionaria. En el movimiento estudiantil, la campaña por el congreso del movimiento obrero y la izquierda será un factor de agrupamiento y lucha política en las elecciones universitarias que se avecinan. Con la determinación del lugar y la fecha del congreso, el trabajo preparatorio entra en una nueva fase. Uno de los aspectos más importantes de esta etapa es la agitación a favor de una huelga nacional en apoyo a las luchas, por la reapertura de las paritarias, el reparto de las horas de trabajo (a igual salario), la eliminación del impuesto al salario, el repudio a la deuda usuraria, por la derogación de todas las leyes y normas represivas contra el movimiento obrero. Reunamos, mediante la deliberación y las definiciones del conjunto de las tendencias del movimiento obrero de clase, las condiciones para una gran movilización política. Gabriel Solano

EXCLUSIVO DE INTERNET La diputada kirchnerista por Córdoba, Carolina Scotto, decidió renunciar a la banca de diputada nacional que había obtenido en las elecciones de 2013. Aunque aduce razones personales, todos los trascendidos indican que se sentía "ninguneada". Scotto hizo campaña pretendiendo ser una alternativa a la derecha del gobernador José Manuel De la Sota, pero lo suyo no pasó nunca de un slogan. En sus ocho meses como diputada, los grandes problemas de la provincia no fueron traducidos en proyectos, propuestas, declaraciones, proclamas o luchas. Scotto (como Gill y el resto de los diputados nacionales de Córdoba, de todos los partidos, incluido el que se quedó con la banca del Frente de Izquierda) estuvo ausente en la crisis policial de diciembre, jamás se conectó con las luchas que los trabajadores realizaron para defender puestos de trabajo (Estancias del Sur, Valeo, autopartistas, etcétera). No se sabe qué plantea frente a la crisis industrial y su tendal de suspendidos y despedidos, tampoco abrió la boca con relación a la lucha contra la instalación de Monsanto. ¿Alguien le conoce un proyecto, un planteo, una convocatoria, sobre los frecuentes casos de "gatillo fácil" o el femicidio? No se conoce absolutamente nada de la acción política y parlamentaria de la ex rectora de la Universidad Nacional de Córdoba. Scotto fue una gran ausente en las iniciativas que tomó el bloque del Frente de Izquierda dentro del Congreso Nacional frente a conflictos obreros como Gestamp o Lear, las audiencias contra Milani, el reclamo de la absolución de los trabajadores petroleros de Las Heras o la denuncia de la impunidad en el caso de Paulina Lebbos. La diputada no suscribió una sola causa popular o democrática. Scotto no habló de Córdoba, no habló del país, no habló de nada. Scotto, la proclamada "cuadro intelectual del progresismo", pasó por el Congreso Nacional sin pena ni gloria. Scotto y su (in)acción son la expresión acabada del derrumbe definitivo del kirchnerismo, de su incapacidad de dar una salida a la crisis capitalista, del fin de un régimen que hizo demagogia con reclamos populares (para llevarlos al fracaso) y terminó convertido en el gobierno de una camarilla acorralada por su fracaso y los expedientes de tribunales. La lucha contra el delasotismo y la derecha no puede ser dejada en manos del kirchnerismo o del centroizquierda, hay que construir una alternativa propia de los trabajadores. Esa es la tarea de la izquierda. Eduardo Salas

19 de mayo: toma de Agronomía. 21 de mayo: se vota la huelga por tiempo indefinido (comienza el 23, pues 21 y 22 era paro de Conadu Histórica). 23 de mayo: centenario de la UNT. Un piquete docente denuncia que existen dos universidades. Primeras semanas: toma rotativa de cada una de las facultades y escuelas, incluso del canal de la universidad. 13 de junio: se nacionaliza la huelga docente, de la que participan 90.000 docentes universitarios. Comienzan las marchas de antorchas. 4 de julio: rechazo del acuerdo arribado en la paritaria nacional con la burocracia sindical por parte de la Conadu Histórica a instancias del bloque combativo de UUNN. 7 de julio: receso invernal. Comienzan las provocaciones de parte de los agentes de Alperovich (Cabral). Un grupo de la Franja toma Bioquímica en contra de la huelga. 8 de julio: participación en la movilización contra la impunidad convocada por la Comisión de Familiares Víctimas de la Impunidad. 9 de julio: escrache a Boudou. 21 y 22 de julio: asambleas masivas ratifican la huelga. El juez federal Bejas decreta la conciliación obligatoria, que luego el Ministerio de Trabajo de la Nación se niega a imponer. Sileoni no concurre a la audiencia conciliatoria a la que Adiunt va a defender sus reclamos. 28 de julio: estudiantes de diversas facultades toman el Rectorado a favor de la lucha. El 3 de agosto fracasa una provocación facistoide de Bardón con el gremio no docente. Un piquete docente defiende la toma del Rectorado. 5 de agosto: Alperovich dicta la conciliación obligatoria provincial, que Adiunt rechaza con una intensa movilización. Desde agosto se vienen sucediendo piquetes y marchas casi diarios de cientos de docentes.

Los norteamericanos saben cómo llegan a los países que ocupan, pero nunca cómo se van. La muerte del general norteamericano Harol J. Green en Afganistán constituye una baja de alto rango. Fue muerto durante el ataque de un soldado afgano, presuntamente infiltrado por el grupo Al Qaeda en el ejército. En el mismo ataque fue herido de gravedad un general alemán y hubo 14 heridos. El último de los generales norteamericanos muertos en combate fue en 1970, en la guerra de Vietnam. El hecho ocurre en medio de la crisis desatada por las elecciones, donde los dos candidatos principales se proclamaron triunfadores. Sin embargo, ambos están de acuerdo con mantener tropas de ocupación más allá de 2014. El secretario de Estado yanqui, John Kerry, logró que ambos conformen un gobierno de unidad y quiere que suscriban el acuerdo bilateral de seguridad, que incluye inmunidad para sus tropas, y que no es otra cosa que la preservación de los intereses yanquis en la región. Claudio Vallori

El jueves 7, Lear decretó un lock-out por 15 días. Cerró sus puertas y suspendió a todo el personal, aduciendo que no podía "garantizar las condiciones de seguridad" de sus trabajadores. La medida busca disipar una lucha de los despedidos que logró parar varias veces por semana la planta. Al mismo tiempo, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, atacó la huelga acusando al Partido Obrero de haber impulsado el cierre de la fábrica, obstruyendo "el funcionamiento de la economía y la actividad de las empresas". Un ataque destinado a ocultar la completa complicidad del gobierno con el pulpo norteamericano. Aun rigiendo un "cepo" a las importaciones, Lear ha importado cables fluidamente para proveer a Ford; ahora mismo, los obreros denuncian que 17 contenedores de la empresa están en el puerto. El ministerio de Tomada no garantizó el ingreso de los delegados a los que se impide entrar en planta, a pesar de que doce fallos de la Justicia lo ordenaban. El Poder Ejecutivo de Capitanich sólo garantiza, con la gendarmería de Berni y la infantería de Scioli, el "despeje" de la zona y la Panamericana, ordenado por la Justicia penal. Los obreros, tras meses de lucha, han reaccionado combativamente afrontando el lock-out como una nueva etapa. La empresa despilfarra recursos durante todo el conflicto para imponer una reestructuración antiobrera y ahora paga el 100% del salario -como precisó, conocedor, Capitanich- a los obreros suspendidos, para separarlos de la influencia diaria de la comisión interna y los despedidos en lucha. La intimidación Este detalle habla del nuevo campo en que se desenvolverá la pelea, donde el contacto con los trabajadores suspendidos será todo un objetivo para sumarlos a la perspectiva de lucha contra el vaciamiento y eventual cierre de su fuente de trabajo. De hecho, en muchas ocasiones, el sector que ingresó a planta no superó las 100 personas, sobre un total de 450. El ataque de Capitanich muestra que se pretende intimidar con el cierre, para reabrir sobre la base de una derrota. Llegado el caso, según sean los planes patronales, también se pretende intimidar al resto del movimiento obrero, culpando del cierre a los que luchan. Pero hay que aclarar a la opinión pública y al movimiento obrero, sistemáticamente, que el vaciamiento de Lear Corporation viene, al menos, desde hace un año. Hubo, antes de las suspensiones y despidos, 180 "retiros voluntarios" en diciembre del año pasado, y los delegados denunciaron la presunción de importación de mazos de cable en ese período desde Filipinas, Honduras y otros orígenes donde la multinacional tiene algunas de sus veinte plantas. Capitanich dice que el justicialismo es el partido de los trabajadores y el PO el de los capitalistas. Pero sus "obreros" son los José Pedraza, los Gerardo Martínez y, en este caso, Ricardo Pignanelli. La burocracia sindical del Smata actuó con métodos lopezrreguistas durante todo el conflicto y ha declarado que prefiere el cierre de la fábrica antes que la continuidad de un cuerpo de delegados que no le responde y se mueve según resoluciones de asamblea de fábrica. En estos puntos consiste, precisamente, el derrumbe progresivo del peronismo entre las filas obreras y el ascenso, luchado pero evidente, del PO y el Frente de Izquierda. El PJ de los Cristóbal López, la Barrick Gold, la banca acreedora, los Lear y los Milani, cada día corresponde menos a las tendencias avanzadas de los trabajadores, y en particular de su juventud. El 8 de agosto, día de comienzo del lock-out, el Ministerio de Trabajo mandó, por primera vez, un inspector que "constató" que al delegado Gustavo Troccaioli no se le permite entrar a la planta. Esperaron el cierre patronal. Toda una tramoya, pero que habla de las dificultades que la tenacidad de la lucha obrera está provocando a las "instituciones" involucradas, explotando sus contradicciones. De hecho, la patronal no dejó entrar a "Trocca", pero prometió hacerlo no bien "se normalice la producción". Otra echada de lastre. La producción Durante la jornada de lucha en la puerta de Lear, una caravana en la Panamericana se disponía a marchar a la fábrica Johnson Control -bloqueada contra un despido y que obligó a parar por unas horas a Ford- ante lo cual la Gendarmería montó una provocación, reprimiendo a compañeros adentro de sus autos y deteniendo a cuatro de ellos en forma brutal. Nuevas iniciativas se realizan ya, y otras se discuten. Un festival por el día del niño para los huelguistas, un nuevo festival solidario más adelante, se refuerzan y amplían las actividades por el fondo de huelga -la Coordinadora Sindical Clasista ha entregado colectas de distintos frentes-, se preparan nuevas acciones. En este plano, es de gran importancia la iniciativa del Sutna San Fernando proponiendo marchar el 26 de agosto por los despidos y suspensiones, ganancias y demás reivindicaciones, en conjunto con todos los sectores en lucha, ante la defección de las burocracias que levantaron sin fecha el paro nacional. Una muy buena iniciativa que ayudará no sólo en Lear, también en Emfer, a los docentes en lucha, a Fate -que acaba de parar por un accidente-, a los gráficos de Donnelley y a todo el movimiento obrero. Manos a la obra. Apoyemos con todo esta gran lucha movilizándonos masivamente. Néstor Pitrola

EXCLUSIVO DE INTERNET Casi un centenar de estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de Córdoba participaron de una charla-debate organizada por la UJS. La actividad tuvo lugar luego de dos marchas masivas en apoyo al pueblo palestino. Daniel Gaido, historiador e investigador de Conicet, planteó la inviabilidad histórica de un proceso de paz que parta de la creación y coexistencia de un Estado palestino y otro israelí; es decir, la rendición definitiva del pueblo palestino. La única salida realista es una república democrática, laica y socialista en el conjunto de los territorios históricos de Palestina. El sionismo, desde sus orígenes, defiende una política expansionista que tiene como objetivo final la limpieza étnica del pueblo palestino. Un plan estratégico que apunta a consumar la expulsión de la población palestina de Cisjordania y Gaza. El carácter reaccionario de este movimiento quedó expuesto con sus lazos carnales con el imperialismo -primero el inglés, hoy el estadounidense-; vínculos que colocaron al Estado de Israel, desde su fundación, como el gendarme del capital internacional en Medio Oriente. Cintia Frencia, legisladora del Frente de Izquierda, caracterizó que la actual ofensiva sobre la Franja de Gaza forma parte de una intervención más general que busca apaciguar los levantamientos populares de la llamada "primavera árabe", que derrocaron, en varios casos, a regímenes dictatoriales sostenidos desde la Casa Blanca. El sionismo encabeza esta ofensiva contrarrevolucionaria, pero tiene de aliados a los gobiernos de Egipto y Jordania, entre otros. También denunció la complicidad y el silencio del gobierno kirchnerista con el terrorismo sionista y detalló los negociados que los "nacionales y populares" mantienen aún con el Estado asesino de Israel. "Una propuesta de paz que deje de lado el derecho de los palestinos a la lucha armada, contra un régimen opresor que sólo trae muerte y destrucción, es una ‘paz' hipócrita. Los apoyos al pueblo de Gaza son vacíos si no determinan de manera clara un apoyo incondicional a la resistencia armada y a la guerrilla palestina". Para finalizar, ante reiteradas preguntas sobre cuál es el escenario que cambiaria el destino del pueblo de la Franja de Gaza, tanto Gaido como Frencia coincidieron en que la única manera de terminar con la opresión del pueblo palestino es a través de la movilización masiva de la clase obrera árabe bajo un programa socialista. E. A.

El Partido Obrero repudia la gravísima provocación montada por las autoridades de la UNT, quienes instigaron y supervisaron una manifestación de las organizaciones estudiantiles que les son adictas. Estas organizaciones fueron al Rectorado a provocar a los estudiantes, quienes de manera pacífica, desde hace 15 días, ocupan las instalaciones del Rectorado en apoyo a la lucha docente, que ya lleva 85 días. Esta embestida es particularmente grave, porque fue el preámbulo de una acción de violencia llevada adelante por la patota de barrabravas y elementos policiales que ingresaron golpeando indiscriminadamente a estudiantes y docentes, hombres y mujeres. Varios de los estudiantes resultaron heridos. El último recurso de los gobiernos impotentes y ajustadores es la violencia indiscriminada. Es indudable que el gobierno universitario es un gobierno acabado: sin importarle el daño académico que está provocando, lleva 85 días sin dar la más mínima respuesta en materia salarial y laboral. El Partido Obrero señala la necesidad de una exhaustiva investigación de responsabilidades para que se retiren de la universidad los que sólo pretenden mantener tapados años de corrupción, que han llevado a que hoy se declare a la UNT en rojo y que mantienen a la comunidad de docentes y estudiantes sometida a una política de degradación y ajuste permanente. El Partido Obrero, como lo hizo desde el primer día, respalda incondicionalmente las luchas y los reclamos docentes, y llama al conjunto de las fuerzas combativas de la provincia a organizar una jornada provincial de lucha en apoyo a la lucha docente y de repudio a la represión. Daniel Blanco, dirigente provincial del Partido Obrero

Los 200.000 trabajadores metalúrgicos nucleados en Numsa (sindicato escindido de la Cosatu) rechazaron la oferta miserable de las patronales y conquistaron un aumento salarial promedio de 10 por ciento anual para los próximos tres años, luego de una huelga de un mes que impactó en la producción de hierro y acero, y en la fabricación de piezas de automotores (Toyota y Ford tuvieron que cerrar sus plantas). La medida sucede a la también victoriosa huelga de ¡cinco meses! de los mineros del platino de Amcu, la más prolongada de la historia del país. Los trabajadores de la eléctrica estatal Eskom se movilizaron y podrían ir también a la huelga contra la propuesta de aumento del 5%, que no compensa la inflación. El Sadtu, que nuclea al 70% de la docencia, también amenaza con huelgas por condiciones de trabajo y aumento salarial. El notable ascenso huelguístico en el país ha llevado al gobierno y la burguesía, según Financial Times (25/7), a discutir una reforma de las leyes laborales que recorte el poder de las organizaciones obreras. G. M.

EXCLUSIVO DE INTERNET Por la derogación del Código de Faltas Otro joven más ha muerto a manos de la Policía. El sábado 26 de julio, cerca de las 3 de la madrugada, un joven de 18 años murió de un balazo en la cabeza, y su primo, de 21, resultó herido, luego de ser perseguidos por la Policía a los tiros cuando regresaban a su casa, en la zona de los cortaderos de barrio Los Boulevares. Fernando Alberto Pellico era el chico asesinado. Su primo, Maximiliano Peralta, resultó herido de bala en la pierna, por lo que fue derivado al Hospital de Urgencias y posteriormente alojado en la Jefatura de Policía, detenido e incomunicado. Ya van siete casos de gatillo fácil en lo que va del año. ¡Y éstos sólo son los que tomaron estado público! Y no hablamos de las numerosas denuncias por abuso policial. La militarización de los barrios se traduce en operativos que sistemáticamente persiguen y detienen de manera arbitrara a los jóvenes. Amparada en diferentes figuras del Código de Faltas (merodeo, resistencia a la autoridad, negación a identificarse), la Policía asume que la portación de rostro -especialmente el uso de capuchas y gorras- constituye un elemento suficiente para hostigar a la juventud, detenerla en las comisarías e incluso encarcelarla en cárceles de máxima seguridad. Semejante despliegue policial en los barrios, al cual se suma el "operativo saturación" para el control de las motos, está lejos de brindar una mayor seguridad a los trabajadores y vecinos cordobeses; por el contrario, los hechos de inseguridad aumentan, a la par que se fortalecen las bandas del crimen organizado, el narcotráfico y la trata de personas. Estas redes cuentan con la complicidad de la cúpula de las fuerzas de seguridad, como quedó en evidencia con estallido del narco-escándalo de jefes policiales involucrados con los narcos, a fines del año pasado. Existen numerosas denuncias por parte de las familias de los barrios periféricos sobre el hostigamiento policial permanente que sufren sus hijos; e incluso de extorsiones de oficiales a los chicos para obligarlos a delinquir en su propio beneficio -hay más casos como el de Luciano Arruga, no sólo en Buenos Aires. El incremento en los casos de gatillo fácil y abuso policial evidencia la descomposición de las fuerzas de seguridad, así como la orientación de la policía de De la Sota en criminalizar y regimentar a la juventud en los barrios. Para hacerlo, la Policía se ampara en el Código de Faltas para aplicar discrecionalmente su autoridad. Desde la banca del Frente de Izquierda reforzaremos la lucha contra el Código de Faltas, presentando un nuevo proyecto de derogación; ya hemos exigido la presencia del ministro de Seguridad para responder por la situación. Corresponsal

Ya son varias las semanas de lucha y el apoyo a la lucha de Lear se acrecienta. El sábado, durante el festival organizado por el día del Niño, numerosas delegaciones obreras se acercaron a participar del encuentro y llevar su aporte para sostener esta tenaz y vital lucha que mantienen los compañeros. Los delegados de la comisión interna del Teatro Colón brindaron un pequeño show al comenzar la jornada en el escenario central. Estuvieron acompañados de delegados y trabajadores de Tribuna Estatal de varios edificios, con la comisión interna de ATE y de Apumer (médicos) del Hospital Mercante, que saludaron a los trabajadores de Lear y les brindaron su apoyo. Lo mismo, una delegación de trabajadores aeronáuticos de la agrupación La Pista. Los compañeros docentes de Tribuna Docente concurrieron con la secretaria general del Suteba Matanza a la cabeza, Romina del Plá. Igual, los compañeros de Prensa que estuvieron presentes con delegados de varios medios y la secretaria general del nuevo sindicato de Radio Nacional, Cecilia Bari -el día anterior la interna de Perfil acerco un nuevo aporte al fondo de lucha.Los trabajadores del subte de la agrupación ATM y de la Asociación Gremial Docente de la UBA se hicieron presentes y dejaron su aporte en la carpa. El viernes 8, la comisión interna de Interpack, como parte de la Agrupación Naranja Gráfica, se acercó siguiendo lo votado en asamblea de fábrica, donde acordaron acompañar esta lucha y todas sus acciones. Festival del día del Niño Más de 600 compañeros fueron parte de un gran festival el sábado anterior al día del Niño en la carpa de Lear. Con murga, números musicales, bandas para chicos y grandes se garantizó que todos los chicos de los compañeros de Lear tengan un festejo del día del Niño como se merecen a pesar de la situación de incertidumbre que atraviesan sus familias. Desde el mediodía se fue haciendo la parrilla y llegaron las donaciones para el buffet, se fueron armando los inflables y se le fue pintando la carita a cada nene para que tenga una jornada lo más alegre posible. Muchas donaciones de juguetes y golosinas cerraron la jornada. Emiliano Fara

El nuevo escenario de lock-out en Lear y Donnelley, la intervención de Capitanich contra las huelgas y ocupaciones y su ataque contra el PO, la nueva represión, el gran paro docente por la reapertura de las paritarias, luchas como la del Ingenio El Tabacal, el paro de Fate, el del subte, la huelga colosal de los docentes universitarios en Tucumán, todo esto configura una tendencia del movimiento obrero hacia la huelga general. A ella se suman todos los días nuevos anuncios de despidos y suspensiones. Al calor de despidos masivos, la resistencia obrera se extiende, como ocurre en Honda o con el cierre definitivo y previsible del frigorífico Estancias del Sur, en Córdoba, o Nueva Escocia, en Luis Guillón. En oposición a esta tendencia, el gobierno se empeña en reforzar su presión por la ‘unidad nacional’, con la ‘disyuntiva’ de la “patria o buitres”. La consigna de la ‘unidad nacional' está dirigida esencialmente contra el reclamo de un paro nacional. La burocracia de todas las centrales sindicales ha venido coqueteando con el paro, con el único fin de ganar tiempo y echar lastre. La presión desde abajo, sin embargo, sigue subiendo. La crisis cambiaria que anuncia la salida de dólares a través de la Bolsa, se encargará de aumentar aún más esta presión social. Ocurre que el litigio con los fondos buitre es apenas una arista de la crisis en curso y, de lejos, la menos relevante. Para salir de este pantano, la burguesía ha cerrado un acuerdo en la necesidad de proceder a una fuerte devaluación del peso, es decir a reconocer abiertamente la bancarrota financiera, para enseguida levantar el cepo cambiario. Se trata de un cambio de toda la ecuación de la crisis de deuda externa, porque la desvalorización del patrimonio y del producto interno sería la carnada para atraer una onda de capitales especulativos, que refinanciaría los vencimientos de deuda que son imposibles de pagar con el actual nivel de reservas. La durísima etapa de lucha reivindicativa que se ha iniciado, se combina entonces con un ataque de conjunto y con una declaración abierta de crisis del régimen económico vigente y del régimen político. La dureza de la lucha la pueden testimoniar los docentes universitarios tucumanos que libran una batalla de casi noventa días sin que se produzca otra oferta que las intimaciones, descuentos e intentos de aislamiento, y que incluye el auxilio de la oposición de la UCR y Unen al gobierno de Alperovich. Lo constatan los bancarios, cuyos soberbios paros contra el impuesto al salario son ignorados por las patronales y el gobierno. Es claro que la burguesía ha renunciado a dar respuestas parciales a conflictos que forzosamente se volverán a plantear por la ausencia de una salida de conjunto. La salida de la clase capitalista es la devaluación. La crisis con los buitres se zanjará en el marco de la devaluación. La recesión en marcha, que se acentuará tras la devaluación, es un arma de las patronales para recortar conquistas, ingresos y puestos de trabajo, y enfrentar al movimiento obrero combativo. Medidas como los subsidios a las empresas (Repro) no resuelven una sola de las demandas, desfinancian a la Anses e incentivan la sustitución del personal en actividad por el que viene con el subsidio bajo el brazo. En este cuadro, el Sutna San Fernando está muy movilizado por un accidente de trabajo y por el impacto impresionante del impuesto a las ganancias en su salario, ha disparado una gran iniciativa de movilización conjunta en los próximos días. La asamblea de Lear ha votado una reunión de todo el sector combativo para resolver una acción generalizada. La CTA de Micheli ha propuesto a la Coordinadora Sindical Clasista-PO realizar una jornada nacional. Se han creado todas las condiciones para una gran movilización en 15 días con fecha tentativa el 26 de agosto, algo que hemos venido planteando en forma sistemática desde estas páginas. Es una iniciativa importante porque apuntala el reclamo a las centrales sindicales de un paro activo nacional de 36 horas. Entonces, a ganar la calle con una gran demostración de fuerza del movimiento obrero combativo. Néstor Pitrola

EXCLUSIVO DE INTERNET Se realizó la primera asamblea convocada por la Comisión por la Tierra y la Vivienda del Partido Obrero de Río Ceballos. En la asamblea se llegaron a importantes conclusiones: que la crisis habitacional que atraviesa la ciudad es producto directo de la especulación inmobiliaria, que elevó el precio de la tierra y de los alquileres; que ni la actual gestión municipal peronista, ni la anterior radical, han hecho nada por revertir esta situación, sino que han beneficiado permanentemente el desarrollo de los emprendimientos inmobiliarios especulativos; que la ausencia de una política habitacional se manifiesta en el hecho de que, en los últimos veinte años, se construyeron sólo veinte viviendas por parte del Estado; que la inflación, los despidos y las suspensiones agravan esta situación y llevan a numerosas familias a no poder afrontar los alquileres, la adquisición de un terreno o la construcción de una vivienda.La asamblea resolvió constituirse como Asamblea Permanente por la Tierra y la Vivienda y lanzar una campaña por un banco de tierras municipal y un plan de viviendas. Se juntaron firmas en apoyo a un proyecto de ordenanza por el banco de tierras, reuniones en distintos barrios de la ciudad y se empadronaron a más de 100 familias en situación de emergencia habitacional. En este camino, la comisión se reunió con el Ejecutivo municipal. En la reunión, el intendente reconoció la justeza de nuestros planteos. Nos informó que existe un banco de tierras que es mantenido prácticamente en secreto, lo que lleva a que los terrenos sean utilizados de manera clientelar por parte de los funcionarios. Esto confirmó las denuncias de la comisión de que los terrenos son usados para pagar favores políticos, y que muchos quedan en manos de los funcionarios municipales y de los grupos inmobiliarios. El intendente se comprometió a dar solución a los casos presentados por la comisión. Pero, como a las palabras se las lleva el viento, la Comisión redoblará los esfuerzos para organizarnos en cada barrio de la ciudad y lograr un verdadero banco de tierras -público y bajo control de los vecinos- y un plan de viviendas. Para septiembre se está organizando un festival con la participación de músicos y artistas de la zona. También se lanzó un concurso de dibujos y afiches sobre el derecho a la vivienda al que se invitará a participar a las escuelas de la ciudad. Finalmente, están programadas reuniones para presentar el proyecto de ordenanza a los centros vecinales. Es un pequeño, pero importantísimo paso. Gaby Cuevas, sobre informe de Pablo Demo

CORDOBA Que se apruebe el proyecto del Frente de Izquierda Después de once meses, la empresa brasilera Marfrig ha decidido el cierre definitivo del frigorífico Estancias del Sur, despidiendo a 540 trabajadores. Es la conclusión de un largo proceso, ya que el establecimiento mantenía sus puertas cerradas desde comienzos de año, pagando sólo una garantía horaria a los trabajadores, que no superaba el 60% del salario. Los argumentos esgrimidos por la empresa apuntan a las restricciones comerciales sobre las exportaciones, la falta de previsibilidad y la ausencia de alternativas viables; sin embargo, Marfrig es la tercera compañía de alimentos más grande de Brasil, y uno de los grupos empresarios más importantes de América Latina, y cuenta con dos establecimientos más en nuestro país que trabajan plenamente, uno en San Luis y el otro en Santa Fe. La industria de la carne es una de las más rentables en Argentina, con tasas de beneficios muy altas. A esto hay que sumar el hecho de que este frigorífico exportaba cuota Hilton y cortes Kosher (la cuota Hilton obtiene, en nuestro país, 40 mil dólares por tonelada exportada a Europa). El cierre de la empresa no tiene que ver con un proceso de quiebra económica del grupo, que, de hecho, ni siquiera habría presentado el recurso preventivo de crisis, sino que corresponde a un vaciamiento llevado adelante por la patronal, quien se apropió de la cuota Hilton que se producía en el establecimiento, para concentrarla en los otros dos frigoríficos. El proceso de cierre duró siete meses y debió sortear una fuerte resistencia de los trabajadores; para ello, la empresa contó con la complicidad de la burocracia del sindicato de la carne y el gobierno provincial. Desde nuestra bancada en la Legislatura presentamos en febrero, junto a los delegados y trabajadores de Estancias del Sur, un proyecto de ley para que el Estado garantice la continuidad de estos puestos de trabajo. El proyecto exige la prohibición de despidos y suspensiones en el establecimiento, y contempla -ante la baja en la producción- el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. También exige la apertura de todos los libros, para ponerlos bajo control de la comisión interna y, finalmente, ante el cierre, plantea la expropiación sin indemnización y bajo control de los trabajadores. En la Legislatura, el oficialismo, con el silencio cómplice de la oposición, bloqueó su tratamiento de manera sistemática, revelando su total compromiso con los intereses de la empresa brasilera contra los trabajadores. Cintia Frencia, legisladora del Frente de Izquierda

Numerosos trabajadores estamos librando una lucha tenaz y sacrificada por el derecho al trabajo y por el salario. En Emfer, Donnelley, Suteba, Lear, Honda o los frígorificos de Buenos Aires y Córdoba, y los 90 días de huelga universitaria en Tucumán. Se suman los paros bancarios y aeronáuticos contra el impuesto al salario y los reclamos en Fate, en el puerto, en los cines y muchos otros gremios. El ánimo de lucha por la reapertura de las paritarias es enorme en los docentes. El gobierno nos extorsiona para que tiremos la toalla con una mentirosa “unidad nacional”. Pretende que paguemos la crisis capitalista y el fracaso K. Las direcciones de las centrales sindicales han aceptado hasta ahora la extorsión oficial. Y postergan la concreción de una huelga nacional. En oposición a esa parálisis, vamos por la prohibición de las suspensiones y despidos, por el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario; por la expropiación y puesta en marcha de toda empresa que cierre o despida masivamente, por la reapertura de las paritarias y un aumento de emergencia para trabajadores y jubilados. Por el paro activo nacional de 36 horas. Ganemos las calles, todos juntos, por ese objetivo.

EXCLUSIVO DE INTERNET De la Sota, con los especuladores Un día de clarificación política. Eso ocurrió el miércoles 6 en Córdoba, cuando, mientras presentábamos en la Legislatura el proyecto de ley por la vivienda del Frente de Izquierda, por otro lado, el gobernador José Manuel de la Sota, en el cierre del VII Coloquio Industrial, organizado por la Unión Industrial de Córdoba (UIC) anunciaba un plan de créditos para la compra de departamentos nuevos. Los especuladores inmobiliarios han construido miles de metros cuadrados de departamentos a precios inflados, a los que los trabajadores y los sectores populares no pueden acceder. Así, en la ciudad existen cientos de departamentos vacíos. El plan anunciado por el gobernador es un salvavidas para estos especuladores, porque los créditos otorgados permitirán que los departamentos se vendan a esos precios inflados por la especulación inmobiliaria. Pretenden que el Estado y los trabajadores paguen el salvataje a los grupos inmobiliarios. A la presentación del proyecto del Frente de Izquierda, asistieron delegaciones de las asambleas del Polo Obrero y compañeros de Río Ceballos que se organizan por la vivienda. Este proyecto despertó la expectativa de los vecinos que viven en tierras recientemente ocupadas y asentamientos que llevan años luchando por la expropiación y la urbanización. El proyecto del Frente de Izquierda plantea el empadronamiento de todos los que necesitan vivienda, declara de utilidad pública y sujeto a expropiación a todo el suelo urbano en el territorio de la provincia que se encuentre desocupado y sea superior a una hectárea, y suspende inmediatamente los permisos de construcción en dichos terrenos, quedando los mismos afectados a un plan de viviendas; e implementa un censo de terrenos públicos y privados baldíos disponibles u ofrecidos a la venta. Además, establece que el Estado provincial debe iniciar un plan para cubrir el déficit en un plazo no mayor a cinco años, con una cuota no mayor al 10% del total del ingreso familiar. Para realizarlo, destina el 50% de los activos del Banco de Córdoba al financiamiento de planes de vivienda a tasa de interés cero, entre otras disposiciones. La ley no sólo da una salida a las 300.000 familias que carecen de vivienda en nuestra provincia, sino también a los miles de trabajadores de la construcción que, como fruto del ajuste y la paralización de la obra pública, han perdido su empleo. Es la única salida real para el problema habitacional de la población trabajadora. Ema Po

Delegados y activistas de Atlántida presentes A horas de la ocupación, se hicieron presentes en el acto-asamblea de los compañeros de Donnelley, varios delegados y activistas de la histórica huelga y ocupación de Atlántida. Una planta predestinada, decían los compañeros. La ocupación de Atlántida, atacada por la burocracia ongarista en el plenario de delegados de hace unos días, fue una de las grandes luchas de los ‘90 junto al Santiagueñazo y otras gestas que fueron socavando la dura década menemista. Aislada por los medios, hizo los primeros cortes de Panamericana, se movilizó a todas las gráficas para que no se hicieran las revistas, se movilizó incluso a los medios de prensa y al poder político. En la planta se hizo un gran plenario obrero, donde participaron incluso delegaciones de la CTA y el MTA (moyanismo). Sólo dos embates de la infantería pudieron con los obreros que al momento eran acompañados por Fatida (Federación del Interior) y por representantes de los gremios gráficos de Chile, Brasil y Uruguay. La lucha repercutió en el mundo como gesta contra la flexibilidad laboral de los '90 en distintos países. Se incorporó a la historia de las grandes huelgas de Fabril en el '69, de las luchas de Abril en los '70 y las ocupaciones de diarios La Razón, Tiempo Argentino y otras grandes huelgas de los '80. Recibió el respaldo de los obreros de Ford, que habían recibido la solidaridad de la gran organización clasista de Atlántida en su ocupación de 1985. Los obreros que empezaron la lucha a pesar de la indemnización, lograron igualmente su cobro al final del conflicto. Recién con el Argentinazo del año 2001 se abrió la etapa de las "gestiones obreras". La conducción de Ongaro sólo atacó la lucha. Como dijo el profundo obrero de rotativas que apoyó la moción de la ocupación, "reaccionamos de acuerdo con nuestra historia", haciendo referencia a trece años de conquistas y organización clasista. N. P.

Los días 1° y 2 de agosto se realizó la segunda asamblea nacional de parlamentarios del PO en el Frente de Izquierda, con la presencia de legisladores y concejales de Salta, Mendoza, Córdoba, Santiago del Estero, Neuquén, provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Capitán Bermúdez (Santa Fe) y los diputados nacionales del PO. Hicimos un balance de nuestro método de acción legislativa, fijamos posición sobre la crisis nacional y resolvimos promover desde las bancas la campaña por el Congreso de la izquierda y el movimiento obrero. Los seis primeros meses de nuestra actuación legislativa han estado estrechamente ligados a la lucha de clases, en la resistencia contra el ajuste, la defensa del trabajo, del salario y las condiciones de vida, amenazadas por el ‘rodrigazo’ oficial. Entre los ejemplos más destacados, estuvo la acción de los legisladores y concejales de Salta, quienes se constituyeron en voceros de la gran huelga docente y hasta una masiva asamblea mandató a Claudio del Plá a llevar los reclamos a la Cámara. O el caso de Córdoba, donde la banca que ocupamos apuntala la lucha contra los despidos y suspensiones en la industria automotriz, y a las asambleas ambientales de la provincia que batallan contra la instalación de Monsanto. En Mendoza, ya hemos dado este carácter en la misma asunción, el pasado 1° de Mayo, en medio de las luchas salariales paritarias en la provincia: mientras los estales de ATE se movilizaban, dentro del recinto expresamos la defensa del salario. En la Ciudad de Buenos Aires, en la lucha por la crisis de vacantes y con los vecinos de la Villa 20 peleando por la vivienda, y la intensa campaña por la jornada de seis horas en enfermería. En el Congreso Nacional, ligándonos a los trabajadores de YPF que reclaman el resarcimiento, a los de Lear, Gestamp, Paty, Perfil, entre otros, que se organizan contra los despidos y suspensiones, a los trabajadores del Inti contra el vaciamiento y los docentes de AGD por las jubilaciones. En todos los casos se han promovido acciones que han reforzado sus reclamos. La sanción contra Claudio del Plá, la actual intentona en el mismo sentido contra Cintia Frencia o los ataques de Pignanelli y el propio Berni contra Pitrola -promovidos desde el PJ o del radicalismo, según el caso- expresan la hostilidad de todos los partidos capitalistas contra esta acción parlamentaria ligada a la clase obrera. La segunda asamblea de parlamentarios ratificó este método de acción legislativa y resolvió redoblar la campaña contra los intentos de sanción a nuestros diputados. En el balance de nuestra acción y método de trabajo, vimos la necesidad de una actividad parlamentaria asociada con los frentes y comités partidarios, en las fábricas, escuelas y hospitales. Desde allí, por medio de campañas y la difusión de proyectos, promovemos la movilización de los trabajadores hacia los parlamentos y, a su vez, la presencia de los parlamentarios en los lugares de trabajo. Este método nos ha permitido desarrollar un amplio programa de reivindicaciones obreras, en contraposición a la agenda derechista levantada tanto por el oficialismo y la oposición. La asamblea abordó además la situación política actual. Resolvimos sacar una declaración nacional donde planteamos "...la necesidad y urgencia de que cese la sangría a favor de los usureros, para poner a salvo el salario y el derecho al trabajo", en la que calificó de extorsión la campaña del gobierno de convocar a una falsa "unidad nacional" cuando los únicos beneficiarios (del pago de la deuda) van a ser “los buitres y los banqueros". Planteamos el repudio de la deuda usuraria, su investigación integral y que la decisión de pagarla o no esté en manos del pueblo a través de un plebiscito. La crisis replantea nuestras iniciativas en favor de la prohibición de despidos y suspensiones, y el reparto de horas de trabajo sin afectar el salario, un salario mínimo igual a la canasta familiar y el 82% móvil. La acción parlamentaria que hemos desarrollado ha reforzado la unión entre los trabajadores y la izquierda. Con el objetivo de profundizar esta perspectiva es que resolvimos una intensa participación de nuestros parlamentarios en el congreso de la izquierda y el movimiento obrero, llamando a todos los sectores del movimiento popular con los cuales hemos tomado contacto a que organicen sus asambleas, deliberen y voten la participación activa. Mariela Solesio

EXCLUSIVO DE INTERNET Se cumplieron siete meses del crimen social de Metalúrgica Tandil, cuando explotó el Horno 6 de la metalúrgica más grande de la zona, matando a tres jóvenes obreros: Luciano Vargas, Lucas Seren y Juan Cruz Andrade. Siete meses, la causa paralizada y ni un solo procesado. No se trató de un accidente ni de una "tragedia". Metalúrgica Tandil-Renault Argentina no respetó las condiciones de seguridad de la fábrica y el Ministerio de Trabajo no inspeccionó -o dejó pasar las irregularidades. Los compañeros murieron por el afán de ganancias de la empresa, con la complicidad del Estado. Junto a sus esposas hemos desarrollado una intensa campaña en reclamo de juicio y castigo a todos los responsables. Hubo movilizaciones al municipio, concentraciones en la puerta de la fábrica, a la UOM (que no detuvo la producción preventivamente, como podría haberlo hecho, y no convocó a un ningún paro luego de la tragedia) y una campaña en las redes sociales para que las personas suban su foto con un cartel pidiendo justicia. Al cumplirse seis meses se realizó un acto en la puerta de la fábrica, al que concurrieron 200 personas, donde se colocó una placa recordatoria en la puerta y hablaron Soledad Bastarrica, la esposa de Luciano Vargas, y Luisina Gaiada, dirigente del Partido Obrero de Tandil, llamando a redoblar la lucha por justicia. ¡Juicio y castigo a todos los responsables! Luisina G. Hemos confeccionado un video que ya circula en las redes: http://youtu.be/5t2WldncNf4. Envía tu foto a la página de Facebook: Justicia y Memoria por y para Luciano, Lucas y Juan Cruz.

Luego de cerrar su planta de autopartes y despedir a sus casi 300 trabajadores, la multinacional norteamericana Visteon ha anunciado que pagaría el total de las indemnizaciones y que "cederán el predio a una cooperativa que conformarían los trabajadores, con el aval del intendente, el secretario general de UOM, Francisco Gutiérrez" (La Nación, 1º/8). Gutiérrez acepta que la patronal abandone la planta quilmeña, pero que mantenga las otras dos que tiene en el país, y se apresta a iniciar una nueva cooperativa. A lo largo de sus casi treinta años al frente de la UOM, Gutiérrez tiene una constelación de cooperativas, que en su momento fueron grandes fábricas y ahora son apenas pequeños talleres, en los cuales sobreviven algunos pocos trabajadores. En la memoria más reciente del gremio está el vaciamiento de Mecca Castelar, radicada en la zona oeste del conurbano y transformada en cooperativa. La fábrica nunca logró reactivarse. Inicialmente, tuvo algunas órdenes de trabajo aisladas, pero nunca superó el 5 por ciento de su capacidad de producción. Esto fue provocando una deserción progresiva. Abandonada a su suerte, los pocos trabajadores que quedan se mantienen porque, por la edad que tienen o por algún problema de salud, no han conseguido otro trabajo y subsisten con ingresos de indigencia provenientes de los Repro que otorga el Estado. Ni hablar de la experiencia de la papelera Massuh, que el gobierno, luego de anunciar con bombos y platillos su continuidad, le soltó la mano y concluyó con todos sus trabajadores en la calle. La política de la UOM Caló y compañía presentaron la caída industrial actual como un fenómeno pasajero y plantearon que lo central era defender los puestos de trabajo, para lo cual había que aceptar suspensiones, rebajas salariales, mayor flexibilidad laboral y empeoramiento de las condiciones de trabajo. Ese "canje", sin embargo, no sirvió para frenar los despidos ni los vaciamientos y cierres. Ahora, como ya ocurrió en la crisis de 2009 y con anterioridad, en 2001, recurre a las cooperativas para desactivar los conflictos y tirarles el muerto a los trabajadores. Siguiendo esta orientación, Gutiérrez acaba de entregar los puestos de trabajo de Visteon, sin lucha. Según informan los diarios, la nueva cooperativa tendría trabajo por tres meses que ya está comprometido por sus clientes, pero después tendrá que enfrentarse al mercado de las autopartes. Si Visteon tiene las otras dos plantas, es que tiene recursos, pero quiere transferir la crisis producida por la baja de la venta de autopartes a sus trabajadores. Que la crisis la paguen los capitalistas Rechazamos absolutamente que la indemnización que tiene que cobrar los trabajadores sea usada para el funcionamiento de la cooperativa. Que se cree un fondo de capital de trabajo, financiado por la empresa, que acumuló beneficios en todos estos años, con el patrimonio de las otras plantas, o en su defecto se apele a su casa matriz. Que ese fondo de capital de trabajo garantice el sueldo que los compañeros venían cobrando, por un año, y el funcionamiento de la planta. Que se cree un comité de crisis compuesto por representantes de los trabajadores y el Estado nacional para discutir un plan de reactivación de la planta. Está claro que la reactivación de un establecimiento industrial de esta naturaleza, con más razón en medio de la actual crisis capitalista en desarrollo, necesita del auxilio económico y el involucramiento del Estado, en el marco de una reorganización más general de la industria automotriz. Al margen del compromiso del Estado, cualquier salida que se proponga es un callejón sin salida, en la que se le termina tirando el muerto a los trabajadores. Una salida tramposa que se orienta a sacarse de encima a los compañeros, a cerrar la lucha y sacarlos de la calle, para que no se organicen con otros trabajadores del distrito. Pablo Heller

CORDOBA Con la presencia de Jorge Altamira, el miércoles 30 de julio realizamos una movilización hacia la Legislatura para exigir la anulación de la "cuestión de privilegio" iniciada contra la banca del Frente de Izquierda. La movilización contó con importantes representaciones obreras y populares, que entregaron a la unicameral cientos de firmas y pronunciamientos políticos contra la sanción. La campaña política desplegada por el Partido ha logrado sumar a la defensa del Frente de Izquierda y su programa a un importante arco político, incluso sectores filokirchneristas, a agrupamientos abiertamente alineados con el gobierno nacional -como la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos- y también de la izquierda y el centroizquierda (UP, MST). El trabajo realizado en el Congreso Nacional con el proyecto que presentaremos impugnando la "cuestión de privilegio" ha reunido firmas de varios diputados, entre ellos el kirchnerista Leonardo Grosso e inclusive del radical Fabián Rogel. En Salta, nuestro proyecto ha obtenido media sanción, mientras que entre los parlamentarios de Mendoza y Neuquén también se conquistaron firmas de diferentes bloques políticos. Toda nuestra campaña de movilización se encuentra íntimamente ligada con nuestra acción política. Así, nos ha permitido consolidar relaciones con movimientos y sectores de los trabajadores -como delegados de la salud o de VW, quienes participaron activamente de la movilización del 30-, hasta miembros de la comunidad musulmana que vienen impulsando la Comisión de lucha contra la masacre en Palestina. La embestida inicial del gobierno contra nuestra fuerza política ha tenido una respuesta contundente por parte de los sectores populares. A medida que se desarrolla la campaña, cada vez más se disipan las acusaciones injuriosas de radicales y peronistas y más se acentúa el carácter político de la sanción contra el Frente de Izquierda; se va masificando la idea de que la sanción está claramente vinculada con nuestra lucha contra Monsanto y por la defensa del programa popular dentro de la Legislatura. Maniobra oficialista Este escenario dificulta el avance del oficialismo, que, sin embargo, no puede dar marcha atrás, ya que significaría una derrota escandalosa; es así que intentarán dilatar el procedimiento y sacarlo de la agenda política para poder sancionarnos con la menor trascendencia posible. Es nuestra tarea mantener esta lucha política sistemática y vincularla con una nutrida agenda de iniciativas políticas en la Legislatura. Vamos a transformar las numerosas adhesiones que recibimos en una mayor movilización política. En ese camino estamos preparando una audiencia pública en el Congreso Nacional contra la sanción. Hay que parar la pretensión de los partidos de la burguesía y la burocracia sindical de continuar su cruzada en todo el país contra los parlamentarios del Frente de Izquierda. Cintia Frencia

JUBILADOS Y PENSIONADOS "Quien cobra 3.000 pesos de jubilación no puede pagar 1.200/1.500 de gas". El reclamo se multiplica en colas y colas con presencia dominante de jubilados que se acercan a las oficinas de información al consumidor, factura en mano, para indagar "si hay algún tipo de error". Las excepciones al aumento se anuncian para quienes cobran jubilaciones mínimas, pero la decisión final corresponde al Ministerio de Planificación en función de "parámetros" que no han sido dados a conocer. El aumento de tarifas en los servicios ha pulverizado en horas el pomposo anuncio oficial sobre el aumento de las jubilaciones y la declaración provocadora del titular de la Anses, según la cual "en términos reales los jubilados ganan mejor que nunca" (Página/12, 3/8), ignorando el colosal achatamiento de la pirámide de jubilaciones -hoy el 52,8% cobra la mínima, en 2001 sólo el 15 y sin contar la franja que se acogió a la moratoria, que cobra un ingreso aún menor a este mínimo. Pero incluso esta descripción es parcial, porque otro 17% está en un rango intermedio entre dos jubilaciones mínimas (hoy 6.464 pesos). Los jubilados y pensionados recibirán el mes próximo un aumento del 17,21%. Como en marzo pasado hubo una suba del 11,3, terminarán el año con un aumento del 30,5 % contra una inflación promedio del 40 y aún mayor en el caso de los alimentos, que constituyen la erogación mayor de este sector. Con estos haberes se pretende que hagan frente a la inflación y devaluación del peso hasta marzo de 2015. Por estas razones, el jubilado tiende a ser un proscripto social. Dos datos lo ilustran. El pase gratuito -previo trámite- en el subte, permite viajar de 10 a 16, no más. La lista de consumos de lo que se considera gasto básico del jubilado omite Internet, diversiones y gasto vacacional. Un aumento de emergencia está planteado por este cuadro y por la depredación constante de los haberes por la inflación. ¿Cuál debe ser el monto del reclamo? La canasta básica de los mayores ,confeccionada por la Defensoría de la Tercera Edad, a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, costaba a mayo de este año 5.667,96. Si se suma Internet (300 pesos), salidas de fin de semana, cuota para vacaciones y se la actualiza a agosto, el costo está en el orden de los 6.500 pesos, lo que plantea la lucha por un aumento de emergencia de 3.000 pesos. La CGT y la CTA plantearon un aumento de emergencia a jubilados y pensionados como parte del programa del paro del 10 de abril, sin continuidad, ahora invocando la "unidad nacional" contra los fondos buitre. Un proyecto de ley y una consigna nacional El Frente de Izquierda presentó en febrero de este año un proyecto de ley por un aumento de emergencia de 3.000 pesos, un salario mínimo igual a la canasta familiar, en ese momento en 9.000 pesos, y una mínima jubilatoria que debía ser el 82% de ese salario mínimo. La lucha por un aumento de emergencia de 3.000 pesos para los jubilados es la continuidad de aquel reclamo y es un proyecto de ley elaborado por las bancas del PO en el Frente de Izquierda en el Congreso Nacional. Llamamos a organizar en torno de este reclamo un movimiento de lucha que integre a las organizaciones que pelean por los reclamos de la tercera edad, incluyendo a todos aquellos -abogados, defensorías, jueces de la seguridad social- que están haciendo escuchar los reclamos de los "viejos". Convirtamos el aumento de emergencia para los jubilados en consigna nacional. Christian Rath

Un plenario de 85 delegados y activistas Más de 200 mil trabajadores precarizados en los "programas sociales" no tienen aguinaldo, vacaciones ni derechos laborales. El plenario del Polo discutió un amplio plan de organización y lucha de estos compañeros. El Polo Obrero se propone concurrir al congreso del movimiento obrero y la izquierda con 500 delegados. Más de 80 activistas, con la presencia de Néstor Pitrola, se dieron cita el jueves 7 para discutir los problemas que atraviesan los trabajadores precarizados, anclados en las cooperativas Argentina Trabaja, Programa Ellas Hacen y las actuales asignaciones sociales. El ajuste fenomenal del gobierno, que recae sobre millones de trabajadores, en un contexto de suspensión y despidos, y con una creciente devaluación que al día de hoy llega al 40%, el pago a los fondos buitre y el defol, golpea con mucha intensidad a los sectores más precarizados y empobrecidos. La "redistribución de la pobreza" El cristinismo habla de "redistribución de la riqueza", pero la realidad es que mientras los empresarios se llenan de plata de subsidios y los bancos llevan en lo que va del año un 86% de ganancia en relación con 2013, se contrasta con los míseros y congelados 2.000 pesos de las cooperativas Argentina Trabaja y los 24 pesos por día que tiene cada chico a partir de la asignación familiar por hijo. El gobierno ataca a los trabajadores En la actualidad existen unos 200.000 trabajadores precarizados sólo en los programas estatales dependientes del Ministerio de Desarrollo Social (170.000 Argentina Trabaja; 30.000 programa Ellas Hacen), que no cuentan con ningún tipo de aporte, aguinaldo, vacaciones y derechos laborales. La gran cantidad de municipios, y hasta universidades públicas, que se benefician con la utilización de mano de obra barata con la complicidad de los gobiernos municipales, provinciales y nacional, y que reemplazan el trabajo legal, bajo convenio, y el creciente apriete por parte de los mismos para evitar que los trabajadores se organicen y salgan a luchar, da cuenta del actual proceso. El debate Luego de un rico debate con más de veinte intervenciones con denuncias sobre condiciones de trabajo, medidas regionales de impulso a acciones de lucha regionales y resultados favorables de la campaña por la firma del petitorio por el aumento en el AT, se aprobaron una serie de resoluciones. Hacia al Encuentro Nacional de Mujeres El plenario votó que una gran comisión de mujeres que integren las cooperativas Argentinas Trabaja y Ellas Hacen, concurran a Salta. Queremos formar una delegación de compañeras que ponga en discusión un plan de lucha en contra de la precarización laboral, por la separación de la Iglesia del Estado y por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. En noviembre, todos al congreso del movimiento obrero y la izquierda Se resolvió salir a los barrios, a discutir con los vecinos y en las asambleas. Nos proponemos llevar 2.500 compañeros al congreso, es decir unos 500 delegados. Redoblemos los esfuerzos, para construir un gran congreso del movimiento obrero y la izquierda, por: • pase a planta permanente de todos los precarizados de las cooperativas Argentina Trabaja, Ellas Hacen y cualquier otra modalidad de tercerización laboral; • aumento salarial de los planes de trabajo; • aumento en la asignación universal por hijo; • un subsidios al desocupado. Alejandra Greig por Mesa Nacional del Polo

Una encuesta, concluida el 4 de agosto pasado, por la consultora Sures, en la ciudad de Córdoba, le concede a Jorge Altamira el 8 por ciento de los votos para las presidenciales del año que viene. Para el conjunto de la izquierda registra una intención de voto del 15 por ciento. En una grilla destinada al electorado que votaría a la izquierda en general, la preferencia por Altamira es del 61% de estos votos (sube a un 9,1 del total), la de Alejandro Bodart el 31% (4,5) y Nicolás del Caño el 8% (1,4). En las últimas presidenciales, en 2011, Altamira -candidato del Frente de Izquierda- había obtenido en la ciudad de Córdoba el 3,9 por ciento. La lista de diputados, en 2013, subió al 12,5% de los votos. Si se mantienen estas proporciones entre el candidato a presidente y la lista legislativa, el Frente de Izquierda podría superar, en hipótesis, el 25% de los sufragios, siempre en la capital de la provincia . La encuesta ofrece una lectura todavía más sugestiva, porque atribuye el primer lugar al PRO, con el 18% de la intención de voto en la primaria y el segundo puesto al kirchnerismo, con el 16 por ciento. Es un escenario de ‘empate técnico’. La intención de voto a favor del Frente de Izquierda y de Altamira está por encima, por varios puntos, de la del Frente Renovador, del peronismo opositor y de Unen. Como la encuesta ha medido las primarias, no las generales de octubre de 2015, queda en el interrogante cómo se alineará el electorado de frente a la elección general, cuando se conozca, después de las Paso, cómo ha quedado alineada cada fuerza. Podría ocurrir, por ejemplo, que la lista final de Unen premie a la derecha, lo que desplazaría hacia la izquierda a una parte del electorado que se identifica con el progresismo. Luis Juez, que en varias oportunidades recibió el apoyo del MST, Patria Libre y el Partido Comunista, ha comunicado su apoyo a la coalición del PRO con la UCR en las elecciones de intendentes que se harán en septiembre. Juez ya ha perdido a parte de su electorado a favor del Frente de Izquierda, y esto se volverá a repetir. La tendencia ascendente que registra la encuesta para Altamira, fue registrada, por un lado, luego de los conflictos en las industrias metalmecánicas de Córdoba y de la movilización contra la instalación de la planta de Monsanto, y, por el otro lado, luego del ataque de la Legislatura contra nuestra diputada Cintia Frencia. Se impone la conclusión que estas experiencias han reforzado a la izquierda clasista ante los trabajadores. Luego de la encuesta de Sures, se conoció otra, a escala nacional, de la consultora Agresco, que todo indica habría sido pedida por Scioli, a quien da ganador frente a Massa. Esta encuesta, que da a Altamira un 5,1% de intención de voto, ratifica otras de los últimos meses, lo que implica que se trataría de un piso relativamente sólido. Proyectando los indecisos, el propio estudio, el portecentaje se eleva al 6%. Vuelve a ser significativo, en este caso, que el sondeo haya tenido lugar en medio de las luchas contra los despidos y las huelgas docentes, y de los ataques de CFK contra las huelgas y de Capitanich contra el Partido Obrero. Unas semanas atrás, la consultora Celia Kleiman, registraba para Altamira 4 puntos. Se trata de un piso de un millón de votos para la categoría más difícil. Estamos ante una tendencia en crecimiento. Otra encuesta anterior, de carácter provincial, de la misma consultora Agresco, había otorgado una intención del 4,6% para Néstor Pitrola, en la categoría a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Estos resultados deben ser valorados a la luz de que la atención de los medios está concentrada en la disputa electoral al interior de los partidos tradicionales, donde compiten numerosos candidatos. Como resulta claro para cualquiera, Argentina se enfrenta a una crisis de régimen -tanto económico como político. La disputa electoral enmascara una disputa por determinar el desenlace de esta crisis. Esto ya ocurrió en 2001, cuando una elección de medio término, definió, más que una lista de diputados y senadores, la dirección que tendría el derrocamiento de De la Rúa. Estamos ante algo más que una intención de votos: se trata del carácter de la salida a la crisis. El crecimiento de las intenciones de voto por Altamira indica, con toda nitidez, que una porción creciente de trabajadores entiende que la izquierda, todavía minoritaria, observa esta disputa y puede convertirse, como consecuencia del desarrollo de esta crisis, en una orientadora política para grandes masas. Pablo Heller

AUMENTOS DE HASTA EL 300 POR CIENTO El Rodrigazo K llegó a las tarifas del gas con fuerza arrasadora, con aumentos de hasta el 300 por ciento (muy por encima del original de 1975). Hogares que hace un año pagaban 170 pesos recibieron ahora facturas de 520 (Clarín, 8/8). Ese golpe insoportable al bolsillo popular hace que unos 10 mil usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano se amontonen diariamente, en larguísimas colas, para pedir la restitución de los subsidios. Hay entre ellos jubilados que cobran la mínima y hasta "beneficiarios" de los míseros planes sociales del gobierno. Ese tarifazo explica en gran parte el incremento en la facturación de YPF, de un 62 por ciento en el primer semestre respecto de igual periodo del año pasado. Más aun crecieron las ganancias de la petrolera conducida por Miguel Galuccio: "La utilidad neta de la empresa subió de 2.349 millones de pesos en la primera mitad de 2013 a 4.407 millones en 2014, con un salto del 87 por ciento" (ídem). Esa es la vía por la cual YPF busca inversores: asegurar a los pulpos internacionales como Chevron que tendrán tarifas incluso superiores a la media internacional. He ahí el resultado de la "estatización" fraudulenta de la petrolera nacional. Los precios del gas suministrado por YPF aumentaron un 9,8 por ciento en dólares, y un 5,8 por ciento los del petróleo (primer semestre 2014/2013). YPF incrementó su producción un 15,5 por ciento en comparación con el año pasado gracias a esos aumentos, de modo que la empresa ya es un bocado apetitoso para los pulpos del petróleo. El pato de la boda, Rodrigazo mediante, lo pagan los usuarios argentinos con tarifas insoportables. Se viene la electricidad Edenor (sus acciones fueron las que más subieron en 2013) y Edesur, aunque sistemáticamente denuncian pérdidas, han visto repuntar fuertemente su cotización en Bolsa. Eso se debe a que los mercados esperan que ocurra con sus tarifas algo muy similar a lo que pasó con el gas. Es más: aún no termina el Rodrigazo gasífero. La eliminación de los subsidios al consumo (se suprime el 80 por ciento de ellos) se dispuso en tres bimestres sucesivos, de modo que aún no se ha visto reflejado plenamente en las facturas. Vendrán nuevos golpes en los próximos meses. Esta es la verdadera cara de la supuesta pelea del gobierno con los buitres. Hacen un acuerdo leonino con Chevron, le pagan una indemnización usuraria a Repsol y hasta el último centavo al Club de París, mientras negocian el pago a los pulpos que demandaron a la Argentina en el Ciadi. Entretanto, descargan sobre la población un tarifazo brutal para entregar más fácilmente los recursos de YPF. A. Guerrero

Entrevista a Alejandro Tolosa, secretario adjunto del sindicato Uettel (Unión de Empleados y Técnicos de las Telecomunicaciones). -¿Cómo es la situación actual de los telefónicos tercerizados y qué actividad vienen realizando desde el sindicato Uetell? -La situación de los tercerizados sigue siendo la misma, la precarización laboral, pagar para trabajar, es algo que ya se viene dando hace varios años, es justamente por la precarización que nace Uettel, que es el sindicato, que es una herramienta para defendernos, en este caso de Telefónica y Telecom, que son las empresas que permiten este sistema de explotación. Estamos, en este momento, creciendo gracias al esfuerzo de todos los que conformamos esta organización, ayudando a los trabajadores a conseguir mejores condiciones de trabajo, normalizando los aportes y recibos de sueldo. Estamos avanzando paso a paso, se nos hace muy difícil porque obviamente estas empresas están acostumbradas a este sistema de explotación que hace años que vienen llevando acabo. -Me contabas que están impulsando elecciones de delegados, ¿cómo viene y cómo es la relación con el Ministerio de Trabajo? -Con el ministerio, hace años que venimos haciendo las denuncias, llevando recibos de sueldo y sobre las condiciones de trabajo. Y hace años que no hacen nada. De hecho, hay tantos compañeros accidentados y algunos que han perdido la vida que nosotros le echamos la culpa al Ministerio de Trabajo porque siempre miró para un costado. También a las direcciones de los sindicatos telefónicos actuales, tanto Foetra como Foeesitra, porque ellos también permitieron que estemos en esta situación, por lo cual los compañeros se han accidentado y han perdido la vida. Esto también es parte de nuestra historia, no los vamos a olvidar y tampoco actuamos en función de lo que el ministerio nos diga, sino que somos un sindicato que está creciendo en varias empresas donde estamos eligiendo delegados. Y los compañeros creen también que ésa es la salida para empezar a cambiar la historia en las telecomunicaciones de la Argentina. -¿Qué opinas de convocar un congreso del movimiento obrero y la izquierda, para discutir un programa e intervenir con una salida de la clase obrera en esta nueva crisis? -Yo creo que en la actual crisis que está viviendo la Argentina, con los despidos y suspensiones en todos los sectores, los trabajadores que están organizados y los que no están organizados en sindicatos y no tienen representación sindical, yo creo que es una necesidad lograr hacer este congreso. Tanto con la izquierda como con todos los sectores que se quieran sumar, porque ésta es una problemática que nos involucra a todos los trabajadores y donde claramente el panorama que vemos no tiene una salida favorable a corto plazo, así que yo veo necesario un congreso y fijar políticas y coincidir en cómo avanzar y poner un freno a esta situación que pasamos los trabajadores. -¿Qué propuesta te parece que llevarían para debatir en este congreso del movimiento obrero y la izquierda? -Hay muchas cosas que se pueden hacer. Como por ejemplo ver y repudiar lo que hace el gobierno, y la prioridad que tiene este gobierno con respecto a las necesidades que tenemos los argentinos, y a que prioriza pagar una deuda, poner miles de millones de pesos o dólares en el exterior, cuando acá tenemos trabajadores que están pasando hambre, familias que están pasando hambre. Entonces, es claro que nosotros tenemos que repudiar esa visión y el interés que tiene este gobierno con los fondos buitre y con todos los especuladores, que también son algunos especuladores argentinos. Como primera medida, repudiar eso y también plantear la idea de trabajar por un paro, un gran paro nacional con todos los sectores y en todas las centrales y todo el movimiento obrero. Creo que ése sería uno de los puntos que como trabajadores tenemos que plantear.

Luego del receso invernal se realizó el plenario de secretarios generales de la Conadu Histórica. En este plenario y luego de un debate de siete horas el oficialismo levantó las medidas de fuerza. Esto constituye antes que nada un golpe por la espalda a la heroica huelga tucumana que lleva 80 días. Ante la gravedad de la imposición de una conciliación obligatoria ilegal por parte gobierno de Alperovich, el plenario votó en contra de realizar un paro nacional de 24 horas en rechazo de esta intromisión de un gobernador en las huelgas de los trabajadores de las universidades nacionales. Una puñalada de la dirección de la Conaduh a la huelga y un aval al sistema de conciliación obligatoria. Las ocho asociaciones de base combativas y/o dirigidas por la izquierda son las que mocionaron el paro y votaron por él. En consonancia con esta votación el oficialismo se negó a pronunciarse por un paro nacional de 36 horas de todo el movimiento obrero, o sea abdicar de la lucha contra los despidos, el impuesto a las ganancias y por un aumento salarial, justamente los puntos que reclamamos los docentes universitarios. En este cuadro de abandono de la huelga tucumana y de negativa siquiera a pronunciarse por un paro nacional, el oficialismo, que alcanzó 13 votos aliado con la Lista Celeste y Blanca pejotista, fue hasta el final y votó en contra de realizar medidas de acción directa de la docencia universitaria por la reapertura de las paritarias y contra el congelamiento salarial hasta junio de 2015. Objetivamente, el oficialismo de Conaduh se ha pasado con armas y bagajes a la unidad nacional convocada por CFK y en la que están las cinco centrales. Queda en manos de las asociaciones de base combativas y de la izquierda defender la huelga tucumana de los ataques del Estado nacional y provincial, y abrir en profundo debate acerca de cómo continuar la lucha por nuestras reivindicaciones. Antonio Roselló, secretario de Hacienda - AGD-UBA

No es cierto que la disputa por la renta petrolera entre la Nación e YPF y las provincias haya quedado en suspenso por la crisis de la deuda con los fondos buitre. Por el contrario, forma parte de ella y, por la misma razón, es más encarnizada. El gobierno dejó fuera de la refinanciación de las deudas de provincias con Nación a Mendoza, Neuquén, Chubut y Río Negro, planteando que serán "sumadas próximamente" pero, eso sí, si cumplen "una multiplicidad de requisitos" tal como planteó el jefe de Gabinete. Es un planteo de extorsión frente a la resistencia de las provincias petroleras a aceptar la nueva ley de hidrocarburos que, con un nuevo borrador de por medio, el gobierno amenaza enviar al Senado en la primera semana de septiembre. No es una extorsión menor, desde el momento que Mendoza, una de las provincias "rebeldes", tiene sus cuentas públicas en crisis (El Cronista, 8/8). El cuarto borrador del proyecto no altera lo esencial de los anteriores, que es ordenar la explotación petrolífera y gasífera en función de las exigencias de las grandes corporaciones, dejándole al gobierno y a YPF el terreno despejado para negociar con ellas, sin intermediarios locales. Las concesiones de YPF en Vaca Muerta caducan en 2027, lo que choca con un proyecto de explotación a largo plazo como exigen Chevron y otros pulpos. La "provincialización" de los recursos petroleros -impulsada por Menem y los gobiernos K- se ha convertido en un obstáculo a la luz de la nueva situación. Además, la sola explotación de Vaca Muerta, una formación rocosa de 30.000 kilómetros cuadrados, dividida entre Mendoza y Neuquén, plantea un acuerdo general de explotación con las provincias. El nuevo borrador mantiene la eliminación del sistema de acarreo ("carry") entre la empresa privada y las provincias para nuevas adjudicaciones de áreas -lo que plantea en perspectiva la desaparición de las empresas privadas de energía- y dispone una prórroga automática de todas las concesiones de YPF, por distintas vías, extendiéndolas hasta 2062. Mantiene la intención del gobierno nacional e YPF de quitarles a las provincias los nuevos yacimientos. Pero innova al habilitar la figura del canon, una suerte de peaje de ingreso a los yacimientos que podrían cobrar las provincias y a la que no se le fija un monto máximo, en función de la negociación en curso con los gobernadores -Neuquén cobra 12% por regalías y 3% de canon. Pelea de buitres El gobierno de Neuquén acaba de presentar un proyecto de declaración para rechazar la reforma de la ley de hidrocarburos que pretenden el gobierno nacional e YPF, en una réplica del votado la semana pasada por la Legislatura de Chubut. Amenaza incluso con dejar el directorio de YPF e iniciar acciones judiciales por supuesta deslealtad comercial al entrevistarse con "el presidente de Exxon para solicitarle apoyo en la propuesta de ley que propone YPF y ponerse en contra de los carry de Gas y Petróleo, la empresa de energía neuquina" (El Cronista, 11/8). De todos modos las provincias tienden a adaptarse a la presión oficial. Peralta, de Santa Cruz, acaba de anunciar su absoluto alineamiento con la política de Nación e YPF. El propio Sapag, más allá de las fintas, declaró que la diferencia de la provincia con el borrador anterior era de un 30% contra un 50 anterior. Había dicho, antes, que "el tema más importante es el canon", que es lo que acaba de viabilizar el nuevo borrador. Aunque los gobiernos de las provincias petroleras se presentan en nombre del "federalismo" y la "defensa de los recursos naturales" compiten en la política de entrega con el gobierno "unitario" de CFK. Un texto suscripto por José Brillo, ex diputado nacional del MPN y Fernando Rodríguez, funcionario del Departamento de Energía de los Estados Unidos plantea lo siguiente: "El autoabastecimiento energético es una cuestión estratégica para cualquier país. Para lograrlo... la Argentina debería abandonar el control de precios de venta en boca de pozo, o por lo menos incrementar sustancialmente el precio para estimular la búsqueda y producción". Además, "que las empresas productoras puedan exportar sin restricciones una parte significativa de su producción, girar utilidades y proveer mayores facilidades y excepciones aduaneras para que estos importen equipos y productos necesarios para el fracking" (I Eco, 27/7). Estos intereses no van a resolver la crisis de energía en Argentina. La nacionalización integral del petróleo y el gas bajo el control de los trabajadores sí puede hacerlo. Christian Rath

Agenda de Jorge Altamira • Viernes 15 de agosto, a las 18 hs, con ferroviarios en Mitre 2162. • Sábado 30 de agosto, a las 19 hs, inauguración del nuevo local de Chacarita (Av. Forest 800. Agenda de Néstor Pitrola • Sábado 23 de agosto, charla y recorrida por Neuquén. • Jueves 4 de septiembre, reunión con trabajadores de Inta Castelar. • Sábado 13 de septiembre, a las 16 hs, reunión y debate con teleoperadores. Agenda de Marcelo Ramal • Sábado 23 de agosto, a las 12 hs, en Encuentro Educativo de CABA (Facultad de Ciencias Sociales). • Sábado 30 de agosto, a las 18 hs, en Devoto (Av. San Martín 6401) con Marcelo Ramal. • Sábado 6 de septiembre, a las 17 hs, en Parque Avellaneda (Moreto 8). Agenda de Gabriel Solano • Viernes 15 de agosto, a las 18 hs, en Caballito (Riglos 573). • Sábado 16 de agosto en Mitre 2162 con docentes de la Ciudad de Buenos Aires. • Sábado 30 de agosto, a las 16 hs, asamblea de la juventud en Arquitectura (UNLP). • Sábado 6 de septiembre, a las 17 hs, en Mataderos (Av. De los Corrales 6701). Asambleas y reuniones • Jueves 14 de agosto, 18 hs, plenario de trabajadores estatales en Mitre 2162. • Lunes 18 de agosto, a las 18 hs, asamblea de plásticos de la zona sur (GBA). • Sábado 23 de agosto, reunión de trabajadores de Ecotrans en Morón. Asambleas y reuniones en la Ciudad de Buenos Aires • Viernes 15 de agosto, a las 18 hs, en Saavedra (Balbín al 4200) con Alejandro Lipco. • A las 18 hs, en Paternal (Trilles y Av. San Martín), con Freddy Gima. • Sábado 16 de agosto, a las 16 hs, en Villa Pueyrredón (Av. Albarellos 2802) con Ezequiel Dolber. • A las 16 hs, en Boedo (Cochabamba y Prudan) con Rubén Schofrin. • Sábado 30 de agosto, a las 17 hs, en Floresta (Segurola 1810) con Vanina Biasi. • A las 17 hs, en Ortúzar (Charlone 1999) con Sergio Villamil. • A las 17 hs, en La Boca (Alt. Brown 700) con Freddy Gima. • A las 18 hs, en Barracas (Vieytes y California) con Ezequiel Dolber. • A las 18 hs, en Balvanera (Alsina 2261) con Alfonso Villalobos. • A las 18 hs, en Bajo Flores (Miraflores 2205) con Gabriel Ilescas. Asambleas en La Matanza • Sábado 16 de agosto, a las 11 hs, en el barrio Borrego (Cattaneo 6617). • Sábado 23 de agosto, a las 16 hs, en el barrio Scasso (Antequera 3120). • A las 16 hs, en Isidro Casanova (Islas Malvinas 2931). • Viernes 29 de agosto, a las 18 hs, asamblea en San Justo con docentes, trabajadores de comercio y del SAT. • Sábado 30 de agosto, a las 16 hs, en Centro Cultural Castillo • A las 14 hs, Foro Salud en San Justo (Perú y Zapiola). Asambleas y reuniones en La Plata • Miércoles 20 de agosto, a las 14:30, en 41 entre 5 y 6. • Sábado 30 de agosto, a las 16 hs, asamblea en Ensenada (La Merced al 100). • Asamblea de docentes de La Plata. Asambleas y reuniones en Gran Buenos Aires Zona Sur • Sábado 16 de agosto, a las 15 hs, asamblea de Domínico (San Vicente 51). Orador Mauro Mayor. • A las 17 hs, asamblea de Dock Sud (Huergo 1181). • A las 18 hs, asamblea de Avellaneda (Av. Belgrano 1356). • A las 17 hs, asamblea de Villa Jardín (Warnes 4100, Lanús Oeste). • A las 16 hs, asamblea de Lanús en Anatole France 2080. • Jueves 21 de agosto, a 18 hs, asamblea de municipales de Avellaneda con Guillermo Kane. • Sábado 23 de agosto, a las 15 hs, asamblea en Presidente Perón con Lorenzatto. ZONA OESTE • Viernes 22 de agosto, a las 17 hs, asamblea en Hurlingham (Tambo Nuevo 1220) con Juan Pablo Rodríguez. • Sábado 23 de agosto, a las 18 hs, asamblea en Merlo (Cámpora 2156) con Cristian Franco. • A las 17:30 hs, asamblea en Moreno (Bouchard 70) con Rafael Santos. • A las 16 hs, asamblea en General Rodríguez con Analía Pascual. ZONA NORTE • Sábado 30 de agosto, asamblea de docentes en General Sarmiento con Daniel “Dote” Sierra. • Asamblea de docentes de Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre. INTERIOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES • Sábados 30 de agosto y 13 de septiembre en Tandil. • Viernes 15 y sábado 22 de agosto en Junín. • Sábado 16 de agosto, en Bahía Blanca con Daniel Rapanelli. • Sábado 23 de agosto, en Mar del Plata con Daniel Rapanelli. • Sábado 29 de agosto en Salto con Guillermo Kane. Asambleas en la UJS En la UBA • Viernes 15 de agosto, a las 17 hs, en Facultad de Medicina • Miércoles 20 de agosto, a las 18:30 hs, en la Facultad de Ciencias Económicas • A las 18:30 hs, en la Facultad de Derecho. • A las 20 hs, en la Facultad de Veterinaria. • Viernes 22 de agosto, a las 18:30 hs, en la Facultad de Ciencias Sociales. • Sábado 23 de agosto, a las 13 hs, con secundarios en Mitre 2162. • Jueves 28 de agosto, a las 18:30 hs., en la Facultad de Filosofía y Letras. • Viernes 29 de agosto, a las 18:30 hs, en el Joaquín V. González EN PROVINCIA DE BUENOS AIRES • Jueves 21 de agosto, a las 18 hs, en el CBC Avellaneda. • Jueves 28 de agosto, a las 18 hs, en la Untref. • Viernes 15 de agosto, a las 19 hs, en la UNGS. • Sábado 30 de agosto, a las 16 hs, en la UNLP (Arquitectura). Agenda de charlas y actividades en Chaco • Sábado 16 de agosto, plenario de lanzamiento de la campaña en Chaco. • Miércoles 20 de agosto, plenario de estatales. • Jueves 21 de agosto, charla en la UNNE. • Sábado 23 de agosto, charla en el barrio Malvinas. • Lunes 25 de agosto, charla en el Gran Resistencia. Agenda de actividades en Santa Cruz • Lunes 18 de agosto, en el local de PO de Caleta Olivia (Independencia 1809) Asamblea Abierta con la participación petroleros, docentes, municipales, estatales, jóvenes y obreros de la construcción. • Lunes 18 de agosto, a las 14 hs, asamblea en Río Gallegos. • Sábado 23 de agosto, en Las Heras, con la presencia de Juan Ferro junto a trabajadores petroleros. • Sábado 30 de agosto, en Perito Moreno, junto a municipales, docentes y miembros de las Asambleas Ambientales del Lago Buenos Aires de P. Moreno y Los Antiguos. • Domingo 31 de agosto, en Puerto Deseado con docentes, estatales, obreros de la construcción y fileteros.

La huelga general de los docentes universitarios tucumanos ha entrado en el día 82 y se ha transformado en una de las huelgas más largas y tenaces del movimiento sindical de Argentina. Cuenta con el apoyo decidido del movimiento estudiantil, que ha tomado las instalaciones del Rectorado. Los reclamos principales del movimiento son un 40% de aumento salarial, un adicional de emergencia hasta que se reabran las paritarias, la carrera docente y la ciudadanía a los docentes preuniversitarios. Contra esta lucha excepcional se ha erigido un bloque que va desde los gobiernos nacional y provincial, los gobiernos y el Parlamento del NOA, hasta la burocracia sindical y la burocracia estudiantil de todos los colores y bandos, las autoridades de la UNT y sus patotas, la Justicia federal y el Arzobispado. En la conferencia de prensa en la cual atacó al Partido Obrero por nuestra participación en las luchas contra suspensiones y despidos, Capitanich atacó con virulencia a la huelga universitaria de Tucumán. Esta Santa Alianza ha lanzado una cruzada política y represiva para derrotar la huelga, pero ha fracasado una y otra vez. Incluso la oposición que representan el Unen y su candidato José Cano se ha unido en este caso al oficialismo contra el movimiento educativo más amplio y combativo que haya conocido Tucumán. El asesor legal de la rectora, Rodolfo Burgos, revista en el Acuerdo Cívico. La rebelión docente ha creado un nuevo cuadro de situación al interior del sindicato (Adiunt). La conducción de Pavetti, un dirigente pro K, ha sido arrastrado por el enorme empuje de las bases, en tanto que su agrupación ha quedado relativamente marginada. La lista del PCR (Unidad), que participa de la conducción de Adiunt, ha tenido una política pendular: en varias ocasiones ha planteado levantar la huelga, aunque no se haya obtenido satisfacción a las reivindicaciones. En una reunión secreta con la tectora, la Cepa (PCR) acordó el levantamiento de la toma si se fijaba fecha de convocatoria de la Asamblea Universitaria para establecer la carrera docente. La Cepa fue repudiada en una asamblea estudiantil, luego de lo cual se retiró de la toma y desató en las redes sociales una campaña de calumnias contra el PO. Posteriormente, la lista Unidad dio un viraje a favor del mantenimiento de la huelga; sin embargo, la Cepa no volvió a la toma estudiantil. La agrupación Naranja (orientada por el PO) en todo este tiempo ha afirmado su influencia en los sectores más combativos por su política de defensa consecuente de la huelga indefinida. Ariel Osantinsky se ha transformado en el referente más popular de la lucha en curso. En las ultimas dos semanas, los acontecimientos se han precipitado. La Justicia hizo lugar a una cautelar pedida por un grupo de padres y ordenó que el Ministerio de Trabajo de la Nación convoque a conciliación obligatoria. Luego de esto, Alperovich convocó a su propia conciliación obligatoria desde la Secretaría de Trabajo provincial, algo completamente ilegal y, a la vez, violatorio de la autonomía universitaria. Contra todos estos ataques concertados, la huelga ha seguido firme como una roca, con marchas de antorchas, piquetes, etc. Un grupo de decanos se ha negado a presentar las listas de ausentes para impedir los descuentos. Una asamblea docente enorme (ver nota aparte), el martes 12, rechazó una ‘oferta’ de mediación para levantar la huelga. La lucha se ha tornado más encarnizada -Franja Morada y varios decanos están convocando a 'recuperar' el Rectorado. En esta lucha extraordinaria se ha desarrollado un Comité de huelga y un régimen de asambleas, que deben ser fortalecidos cada vez más: en las asambleas participa, en promedio, nada menos que un 40% del plantel de docentes universitarios. También se refuerza la adhesión activa del movimiento estudiantil en todos los niveles a la toma. La huelga es activamente boicoteada por la Conadu, mientras que la CTA de la provincia no ha movido un dedo en 80 días de lucha. Por eso, es necesario impulsar una jornada nacional de lucha y empalmar de este modo con el conjunto de las que se desarrollan en todo el país contra los despidos y suspensiones, contra el impuesto al salario y por una huelga nacional. Daniel Blanco y Diego Toscano

La visita de Jorge Altamira a Santiago del Estero, el 11 y 12 de agosto pasados, tuvo una gran repercusión. Hubo una importantísima recepción en los principales medios radiales, escritos y televisivos locales, entre otros, y también obtuvo cobertura de las corresponsalías de los principales diarios nacionales. La campaña del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (Lista 61) tiene un nuevo desafío político: que la izquierda ingrese a los concejos deliberantes de las dos principales ciudades santiagueñas, Santiago y La Banda, donde van de candidatos a concejales Nicolás Basualdo y Maximiliano Jozami, respectivamente. También se destacan las candidaturas a intendentes de Anisa Favoretti (Izquierda Socialista) por Santiago del Estero) y Ely Ruiz (PO) por La Banda. Altamira recalcó que "el motivo de mi visita es apoyar, obviamente, a nuestros candidatos en las elecciones municipales, pero haciéndolo con un mensaje que trasciende el tema electoral estrictamente municipal, para convocar a la ciudadanía de La Banda y de capital a que también voten con un concepto estratégico". La charla realizada en el centro de la ciudad capital estuvo colmada de gran cantidad de concurrentes, que se anotaron como fiscales y aportaron para la Campaña Financiera. En estas últimas semanas de campaña, seguimos con plenarios, recorridas de barrios, pegatinas y volanteadas, y diversas actividades con el objetivo de que la izquierda ingrese al Concejo Deliberante y de dar un salto organizativo y de influencia en las filas del Partido. Andrea Ruiz

El Banco Nacional de Datos Genéticos jugó un papel central en la recuperación de la identidad de Guido Carlotto, nieto de Estela. El cotejo de las muestras genéticas se realizó en dicho organismo a instancias de una resolución judicial, y fue la directora del banco, Belén Rodríguez Cardoso, quien se encargó de informar el resultado a la jueza Servini de Cubría. Una vez más, debe reivindicarse el rol del BNDG, el que se ha erigido como una herramienta fundamental y todo un símbolo en la lucha por el derecho a la identidad. Desde su creación, ha permitido identificar la identidad de más de un centenar de niños apropiados o nacidos en cautiverio. En estas circunstancias, debe ponerse de relieve la lucha que innumerables organismos y referentes de la lucha por los derechos humanos vienen dando contra el desguace y el vaciamiento del banco. El kirchnerismo promovió en 2009 la sanción de la ley 26.548, con la que se pretende trasladar el BNDG a la órbita del Ejecutivo Nacional -Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Esta ley también limita las funciones del banco a los casos de delitos de lesa humanidad ocurridos hasta diciembre del '83, excluyendo de su competencia a casos de desaparición forzada de personas ocurridos en democracia y distintos conflictos de filiación e identidad originados fuera de ese período. El traslado del BNDG tiene como finalidad desvirtuar su objeto originario para transformarlo en la plataforma de un instituto privado de genómica humana, en sociedad con laboratorios y capitalistas de la salud. Esta situación fue formalmente denunciada en una medida cautelar con el fin de que se suspenda su traslado y preservar al BNDG y las muestras que allí se encuentran depositadas. Esta demanda se encuentra todavía en curso. A pesar de esto, el oficialismo continúa avanzando en el traslado y recientemente llamó a concurso público para la designación de las nuevas autoridades. El pasado 17 de julio de 2014 presentamos junto a otros organismos de derechos humanos la impugnación contra la postulación de la doctora Mariana Herrera Piñero, entre otros motivos, por su calidad de titular accionaria de una empresa privada encargada de resolver asuntos de filiación. En 2012, el kirchnerismo ya había designado como coordinador del traslado al doctor Hernán Javier Dopazo, un lobbista de los grandes laboratorios que oportunamente firmó convenios con empresas relacionadas a la medicina genómica. Ocupó dicho cargo durante un plazo de seis meses. Una amplia agenda de actividades se viene desarrollando para reforzar la lucha contra el desmembramiento y la privatización del banco impulsada por el oficialismo. Esta lucha cuenta con la participación y adhesión de importantes personalidades y organismos de derechos humanos, entre ellos Mirta Acuña de Baravalle, Mirta Baravalle, Nora Cortiñas y Elia Espen, Elsa Pavón, Adolfo Pérez Esquivel, la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, ¿Quiénes Somos?, Colectivo Memoria Militante, Hijos La Plata, entre otros. Diego Aysine (Apel)

SANTIAGO DEL ESTERO A veinte días de las elecciones municipales, se desarrolla una campaña electoral cuya principal característica, hasta el momento, es una marcada apatía hacia los candidatos tradicionales, y una fortísima movilización de aparato, tanto del zamorismo como del ahora massista intendente municipal de La Banda. En ese marco general, la campaña del Frente de Izquierda en Santiago y La Banda está generando una corriente de simpatía similar a la de octubre pasado, cuando logramos ingresar en la Legislatura provincial con nuestra compañera Andrea Ruiz. Estamos realizando agitaciones permanentes en el centro de las dos principales ciudades de la provincia (Santiago y La Banda), y hemos inaugurado un local en La Banda (San Carlos 266). Además, nuestros candidatos recorren los distintos barrios, donde recibimos distintas muestras de adhesión e incluso de respeto por de dirigentes medios de los aparatos oficiales. Tenemos amplias posibilidades de ingresar en los concejos deliberantes de Santiago y La Banda, lo que consolidaría a la izquierda como oposición política en la provincia. El desafío a vencer es, por un lado, la feroz y permanente censura que existe en todos los niveles, tanto en medios de comunicación, como en los espacios para realizar charlas públicas y todo tipo de actividades. En La Banda, particularmente, se suma el desafío de imponer a la izquierda como alternativa en el medio de una fuerte polarización entre un gobierno municipal en decadencia y una candidatura zamorista que intenta quedarse con una intendencia que jamás pudo ganar. Vamos por 300 fiscales en la ciudad capital y 200 en La Banda. Vamos por la izquierda al Concejo Deliberante. Maximiliano Jozami, candidato a concejal por La Banda