Prensa Obrera N° 1300

EXCLUSIVO DE INTERNET Abajo las amenazas del intendente Weretilneck Río Negro terminó el año con miles de trabajadores en la calle demostrando voluntad para enfrentar el ajuste y la carestía anunciada desde el gobierno, que aprueba un presupuesto sin incrementos para resolver problemas sociales, superar la precariedad de miles de estatales o poner en condiciones hospitales y escuelas. El sector de salud inició un camino que promete continuidad en 2014. El aumento a la policía del crimen organizado y la impunidad hizo reaccionar a los trabajadores del abandonado hospital público. Asambleas autoconvocadas, movilizaciones y volanteadas se sucedieron en los principales centros de la provincia y llevaron a la dirigencia de ATE y UPCN a impulsar paros de 24 y 48 horas en las ultimas semanas de 2013. Hubo un masivo acatamiento de todos los sectores estatales, marchas a la capital provincial, manifestaciones en los centros turísticos durante enero, asambleas, quite de colaboración y la exigencia de 10.000 pesos para el ingresante junto a insumos y condiciones laborales postergadas son las consignas que los trabajadores no están dispuestos a resignar. La pérdida del poder adquisitivo de los salarios estatales es insostenible, y contrasta duramente con los sueldos de funcionarios que superan los 70.000 pesos y con la compra de un auto de un millón de pesos para el gobernador, mientras pide sacrificio a los sindicatos y posterga las paritarias para febrero. El ajuste ya tiene sus expresiones en los aumentos del trasporte público, cierres de cargos docentes, precarización de las políticas sociales y la amenaza concreta de aplicar descuentos. El gobernador K instruyó que se descuenten los días de paro. Es necesario exigir a las conducciones sindicales que actúen a la altura de las circunstancias. Debemos exigirle a la CTA provincial, aliada K, que convoque a un plan de lucha ¡y a la nueva conducción docente provincial, que ha debutado mandando a la docencia al freezer hasta febrero, en vez de movilizar junto a los estatales para arrancar un salario inicial de 10.000 pesos. La necesidad de una huelga general se ha puesto a la orden del día, se preparan las condiciones para ella y los trabajadores demostramos que estamos dispuestos a recoger el guante. Es el camino para quebrar el ajuste del gobierno y alcanzar nuestros reclamos. Exijamos paritaria única y ningún acuerdo de espalda a los trabajadores. Vayamos por los 10 mil de piso, el 82% móvil y terminar con la precarización laboral. ¡Que la crisis la paguen los capitalistas! Mali Quintillán

EXCLUSIVO DE INTERNET El 6 de noviembre se firmó en el Ministerio de Trabajo (a instancias de Tomada) un convenio colectivo de trabajo de Foetra Buenos Aires con Movistar (Telefónica) y Personal (Telecom) para la actividad de telefonía celular y/o móviles. El convenio recientemente firmado y homologado tendrá implicancia nacional habilitando el pase del encuadramiento de miles de trabajadores, que durante años estuvieron encuadrados en el Sindicato de Empleados de Comercio a un nuevo convenio con los sindicatos de trabajadores telefónicos. La empresa Claro, hasta el momento, ha rechazado la firma del convenio (defendiendo el encuadramiento de Comercio), derivando en un conflicto que se está desarrollando (ver nota aparte). ¿Qué firmaron? El convenio de las celulares y móviles que reconoce a Foetra como el sindicato correspondiente a esta actividad y a las empresas que durante años evadieron esta responsabilidad, no viene acompañado, sin embargo, de un reconocimiento o avance concreto en materia de condiciones de trabajo o salarios de estos miles de trabajadores ahora encuadrados en Foetra. El convenio en cuestión es una adaptación completa del convenio telefónico al convenio de comercio, obviamente justificado por la directiva de Foetra, que evitó como la peste desarrollar ninguna lucha en relación a la defensa del convenio. La jornada laboral habilita las 45 horas semanales o nueve horas diarias "pudiendo ser desarrolladas las mismas de acuerdo con las necesidades del servicio" para obtener un "estándar superior de productividad" (art. 12). Esta jornada laboral de 9 horas por encima de la legal de 8 horas viene con rotación de turnos y francos, dejando a un lado la conquista más grande del gremio telefónico: la recuperación de la jornada laboral de 7 horas, recuperado luego de la privatización que la había quitado a base de una extraordinaria movilización de la masa del gremio telefónico en forma independiente de las empresas y el gobierno. Pero la cooptación al gobierno K trajo aparejada la aceptación y firma por la directiva actual de las 9 horas diarias en varios sectores del convenio histórico de Foetra con Telefónica y Telecom, y ahora se reproduce esa misma tendencia con las móviles. En materia salarial, los trabajadores de las empresas de telefonía celular que continúan trabajando 9 horas no reciben ninguna mejora salarial. Sus salarios continuarán a pesar del marco inflacionario por debajo de los 8.000 pesos a pesar de trabajar para las empresas que mayores ganancias obtiene en el país (y se fugan al exterior) a costa de los trabajadores y usuarios. En materia salarial, el nuevo convenio propone un esquema salarial "de compensaciones variables e incentivos individuales y/o grupales" (art. 25) y una "cláusula transitoria" (art. 24) que habilita a las patronales a absorber "en ulteriores negociaciones colectivas" cualquier diferencia salarial que pudiera existir en algún sector con la escala salarial ahora pactada. Avance en toda la línea Pero el análisis del convenio debe ser desarrollado por su alcance en materia de flexibilización de las condiciones de trabajo en beneficio de las empresas. Por ejemplo, se elimina el "lugar de asiento" o edificio asignado al trabajador. "Los trabajadores deberán desarrollar su actividad laboral en los distintos edificios o instalaciones que determine su empleador" (art. 20). Las empresas podrán realizar los traslados con la única limitación de mantener un radio de 15 kilómetros del domicilio laboral habitual o "cabecera" con sólo comunicarlo con 24 horas de antelación. El nuevo convenio desconoce la mayoría de los adicionales salariales del actual convenio telefónico: como el adicional por "viáticos", la "compensación por tarifa telefónica", la "escolaridad" y "becas" para los hijos en edad escolar, el "adicional por manejo", el "pago de la disponibilidad en caso de guardias" y una larga lista de adicionales que sin lucha, deliberación ni votación alguna desaparecen en el "nuevo convenio". El convenio de las móviles desconoce otros derechos como ser las licencias con goce de sueldo por familiar enfermo, o en caso de fallecimientos de familiares de segundo y tercer grado (nietos, cuñados, suegros, tíos, sobrinos o primos). También se rebajan a la mitad las licencias pagas por enfermedad prolongada del trabajador en actividad (enfermedad inculpable) y también desconoce el artículo que plantea la "readecuación" de tareas a las trabajadoras embarazadas hasta el comienzo de la licencia por maternidad (art. 90 del convenio Foetra). El nuevo convenio va en sintonía de la polifunción que la directiva de Foetra viene firmando con Telefónica y Telecom. Se crean dos grandes grupos laborales para los trabajadores de las celulares: Grupo laboral Técnico y Grupo laboral Atención Presencial (comercial) que tienen en ambos casos "un carácter abierto a los efectos de atribución de tareas y responsabilidades" (art. 69). Estos dos grandes grupos laborales podrán realizar "todas las funciones principales, accesorias, complementarias, técnicas y/o administrativas que le fueran encomendadas". La multifunción y polifunción a la orden del día. El convenio habilita también el "Teletrabajo" (desde la casa del trabajador) sin ningún límite o regulación del mismo. La lista de conquistas que se avasalla y herramientas convencionales en manos de las empresas es interminable. La ausencia de una lucha por el convenio ha llevado a este verdadero convenio a la baja para cientos y miles de trabajadores de las celulares que trabajan para las mismas empresas monopólicas de telecomunicaciones que se embolsan ganancias multimillonarias (extraordinarias) que se fugan al exterior dejando un tendal de falta de inversiones y trabajadores precarizados. Organización sindical o reforzamiento del aparato El aspecto progresivo del encuadramiento en Foetra que sería la elección de delegados, se ve limitado al reducir a menos de la mitad el número de delegados. Mientras el convenio Foetra plantea un (1) delegado a partir de 10 trabajadores, dos delegados con más de 20; 3 delegados de 40 a 60 y 4 delegados de 61 a 80; con el nuevo convenio se rige por la ley 23.551 de asociaciones sindicales que establece (1) delegado de 10 a 50 trabajadores, dos (2) delegados de 50 a 100 trabajadores y luego un delegado cada 100 trabajadores más. El nuevo convenio no sólo limita la cantidad de delegados sino también la posibilidad de asambleas y reuniones en pos de "garantizar el dialogo y la paz social" (art. 57). El nuevo convenio establece el cobro compulsivo de la cuota sindical a Foetra (al igual que en el Sindicato de Comercio) e incorpora otro descuento compulsivo al "Fondo Compensador Telefónico" que es una gigantesca caja para aportes a jubilaciones y pensiones administrada por el Sindicato con aportes de las patronales y ahora también de los trabajadores de las celulares. Las patronales han firmado un convenio a su medida. Y este se da cuando avanza la "convergencia tecnológica" de las telecomunicaciones que fusionan las distintas áreas de telefonía fija, móvil y de trasmisión de datos (digital) para "reducir costos operativos" y flexibilizar a los trabajadores. La directiva de Foetra ha optado hace tiempo por adaptarse a estas políticas. El convenio que acaban de firmar viene a formalizar en la actividad la existencia de trabajadores de primera y de segunda. Para contrarrestar esta tendencia llamamos a discutir e impulsar el rechazó de cada una de las clausulas de flexibilización laboral o que rebajen el convenio. Defendemos el mejor convenio para la actividad y sus trabajadores. La unidad e igualdad de las filas obreras es una tarea fundamental de toda organización obrera y sindical. Desde la Naranja Telefónica llamamos a Impulsar y desarrollar la organización de los trabajadores de las móviles y del conjunto de los tercerizados del gremio. Por paritarios y paritarias elegidas y resueltas en asamblea general del gremio. Pablo Eibuszyc

EXCLUSIVO DE INTERNET La empresa Claro, propiedad del magnate mexicano de las telecomunicaciones, Carlos Slim, se ha negado a aceptar el encuadramiento en Foetra firmado por Movistar y Personal. Esto motivó el inicio de un plan de lucha impulsado por la diretiva de Foetra con bloqueos y actos en la puerta de las oficinas comerciales de Claro. Esta lucha contra una patronal reconocida a nivel internacional por su política absolutamente negrera y antisindical, tiene el techo de antemano al ir por un convenio telefónico a la baja. Como toda lucha sindical despierta la simpatía de los trabajadores de Claro y abre la posibilidad, no explotada a fondo por la directiva con la excusa de cuidar una represalia, de abrir el camino a una sindicalización de miles de trabajadores precarizados. Para la directiva de Foetra, que durante años sólo se movilizó para apoyar los actos del gobierno, este plan de lucha que aparece como una novedad, cuenta con el guiño del Ministerio de Trabajo y de las patronales que ya firmaron el convenio de las móviles y que ven con simpatía un conflicto sobre la competencia. Llamamos a apoyar el encuadramiento de los trabajadores de Claro en Foetra para desarrollar la lucha contra la tercerización y precarización laboral y por derecho a la organización. P. E.

EXCLUSIVO DE INTERNET Después de dos años de lucha que dimos junto a la Junta Interna de ATE de Arba-Economía, denunciando el régimen negrero de pasantías educativas, forma que el gobierno provincial y la Universidad Nacional de La Plata utilizaron para precarizar estudiantes, bajo la excusa de desarrollar una experiencia laboral y así obtener formación profesional donde los pasantes realizábamos la misma tarea que personal de planta y recibíamos una asignación estímulo que era la mitad del salario de un operador de planta, sin los aportes, adicionales, logramos conquistar nuestros pases a planta. Martín Di Bella, quien en aquel momento estaba a cargo de la dirección de Arba, nos había mandado a decir que "el que nacía pasante, moría pasante" ya que las pasantías resultaban un negocio redondo para Arba, quien se ahorraba el salario de trabajadores de planta y para la universidad que se quedaba con un 10% del dinero que destinaba Arba para nuestros salarios. Con la asamblea permanente, el paro por tiempo indeterminado, los cortes de calle, las movilizaciones al Ministerio de Economía y a Arba, incluso viajando a Mar del Plata a manifestarnos en los operativos de verano de Arba, donde Scioli iba a realizar un acto, fueron los métodos que nos llevaron a la victoria. Nuestra experiencia de lucha, que denominamos la rebelión de las vinchas, es un ejemplo más de que sólo la organización de los trabajadores va a garantizar la conquistar nuestros reclamos, la lucha del call center tiene que ser la punta de lanza de toda la juventud precarizada, llevando adelante la bandera de Mariano Ferreyra, para enfrentar la tercerización laboral. Ahora tenemos grandes desafíos por delante, la lucha por el salario igual a la canasta familiar en las próximas paritarias, las mejoras que necesitamos para que nuestro trabajo no sea insalubre, seremos partícipes de las luchas por las reivindicaciones de la clase obrera. Vamos por todo. Pía Garralda (Tribuna Estatal)

Petroleros de LAS HERAS El fallo que condenó a la rigurosa pena de prisión perpetua a cuatro trabajadores por el homicidio del policía Jorge Sayago y a cinco años de prisión a otros compañeros por los delitos de "coacción agravada contra el Estado provincial" (sic) y "lesiones graves" apunta a convalidar política y jurídicamente la confiscación del salario a través del impuesto a las ganancias y el fraude de la tercerización laboral y respaldar el accionar ilegal del aparato represivo de la provincia, incluidos el espionaje y la tortura. Los hechos La muerte de Sayago ocurrió como resultado de las múltiples heridas recibidas durante una pueblada ocurrida en Las Heras, provincia de santa Cruz, en el año 2006. Los petroleros encabezaban entonces una durísima lucha contra la aplicación del impuesto a las ganancias sobre sus salarios y por el reconocimiento de centenares de trabajadores encuadrados en el convenio de la Uocra -con menores salarios y conquistas- como trabajadores del petróleo. Uno de sus líderes fue detenido y el pueblo entero se dirigió a la comisaría para reclamar su liberación. La policía respondió con gases y balas de goma y, en el marco de esa represión, Sayago cae. Inmediatamente, el gobierno lanza una caza de brujas, militarizando la localidad y dando luz verde a una campaña de terror, que incluyó "testimonios" arrancados bajo tortura y violentos allanamientos. Los voceros del oficialismo, por su parte, atribuian la huelga y el crimen del policía al Partido Obrero. El poder político -con el apoyo de la oposición radical- se propuso escarmentar a los levantiscos petroleros del norte santacruceño mediante un "castigo ejemplar", que es el que acaba de producir el tribunal de Caleta Olivia. El juicio fue un fraude escandaloso, donde lo único que quedó probado fueron los apremios policíacos sufridos por testigos e imputados. Los acusadores no pudieron presentar una sola prueba contra los compañeros que resultaron condenados. Los compañeros permanecerán libres hasta que la sentencia quede firme, luego de las apelaciones. Un fallo político En los fundamentos de su voto, el juez Monelos -que no es especialista en derecho penal sino en civil y comercial, e integró el tribunal en calidad de subrogante- sostiene que los trabajadores de Las Heras que se movilizaban contra el impuesto al salario defendían un interés egoísta. "Se trata una pretensión que implica en realidad un privilegio sobre el resto de los trabajadores". Para este magistrado, "lo que es malo es no aumentar la escala acorde a la inflación", avalando de un plumazo la confiscación salarial. El mismo juez se ocupa, además, de respaldar la tercerización laboral, que en la industria petrolera es la norma. Afirma que el reclamo de reencuadramiento era ilegal. "El tema de los afiliados a la Uocra y su reclamo de ser incluidos en el convenio petrolero no se ajusta a la ley". Pero Indus -la empresa a la que pertenecían los petroleros tercerizados que encabezaron el reclamo- está lejos de ser una empresa contratada para obras "eventuales". Se especializa en la soldadura de los tubos que trasladan el petróleo de los pozos a las bocas de almacenamiento, un trabajo regular y fundamental para la industria del petróleo, contemplado en el convenio de los trabajadores petroleros, pero que se ha tercerizado con el objetivo de reducir costos empresarios. Si bien las condenas no fueron adoptadas por unanimidad -la presidenta del tribunal, Cristina de los Angeles Lembeye, se pronunció por la absolución de los acusados- los tres jueces avalaron la realización de tareas de inteligencia prohibidas por la ley 25.520, invocando que "el hecho de haber existido en la comisaría fotos de ciudadanos que participaban en los cortes de ruta no es violatorio de dicha ley. Está enmarcado en las tareas de investigaciones policiales". Una verdadera tomadura de pelo. Este esfuerzo jurídico por salvar la actividad ilegal de la policía -realizada tanto antes como durante la investigación-, su reivindicación del "impuesto a las ganancias" -como prefieren llamar al escandaloso impuesto al salario- y de la tercerización laboral en el gremio petrolero en perjuicio de los obreros encuadrados en el convenio Uocra, dejan al desnudo su objetivo de conformar a la corporación policial con la vista puesta en la represión contra los trabajadores de Santa Cruz, al servicio de los monopolios petroleros. Claudia Ferrero (Apel)

En Fukushima, Japón, reclutan indigentes para la limpieza de residuos radioactivos en un área mayor que Hong Kong. Los reclutamientos, por ejemplo, se hacen sobre personas que duermen en las estaciones de tren, con el propósito de que limpien el suelo y escombros radioactivos por un salario de 100 dólares. Este perverso sistema de reclutamiento está inmerso en el mismo régimen de contrato que los trabajadores de la industria nuclear de Japón: son absorbidos por empresas subcontratistas que, a su vez, responden a otras contratistas de mayor dimensión (que, a su vez, cobran del Estado) construyendo una cadena infinita de tercerizaciones que van determinando la desaparición de los responsables. Según la agencia Reuters (31/12/13), gángsters japoneses fueron detenidos y acusados de infiltrarse en la red de firmas subcontratadas de descontaminación de la empresa Obayashi Corp y de enviar ilegalmente a trabajadores al proyecto financiado por el gobierno. Estas personas sin techo terminan trabajando, a través de una cadena de tres intermediarias, para Obayashi, que es la segunda firma más grande de Japón y una de los 20 mayores constructores involucrados en los proyectos oficiales para eliminar la radiación. Obayashi, desde ya, no fue acusada de ningún delito. Además de las principales contratistas que se encargan de la descontaminación, hay pequeñas subcontratistas. Para dimensionar este régimen de tercerizaciones: en las diez ciudades más contaminadas, 733 empresas trabajan para el Ministerio de Medio Ambiente. De aproximadamente 83.000 trabajadores en las 18 plantas de energía nuclear comercial en Japón, el 88 por ciento estaba sujeto a contratos temporales anuales, según un informe de 2010. En Fukushima, el 89 por ciento de los más de 10.000 empleados eran subcontratados (ídem). La explotación de los "miles de jornaleros temporales no capacitados" en las plantas nucleares no sólo puso en peligro la salud de estos trabajadores, sino que ha socavado la seguridad en los 55 reactores nucleares de Japón (New York Times, 9/4/11). Recordemos que, a fines de marzo de 2011, se denunció que los operarios que intentan enfriar los reactores nucleares de Fukushima no eran empleados calificados, sino obreros subcontratados por Tepco, pertenecientes a empresas fantasmas. Muchos de ellos fueron heridos considerablemente y uno perdió la vida. Una barbarie laboral Sendai, la mayor ciudad en la zona del desastre nuclear, se convirtió en uno de esos centros de contratación de indigentes. La barbarie laboral en esta economía "del primer mundo" no tiene límites: del dinero que les dan a los que reclutan sólo un tercio llega a los trabajadores. El resto es recortado por intermediarios tras deducirles comida y alojamiento, por lo que les queda un sueldo de unos 6 dólares la hora, debajo del mínimo de unos 6,5 dólares la hora en Fukushima (Reuters). Hubo casos en que los propios indigentes terminaban endeudados, ya que no se le pagaba por los días que no podían trabajar, pero sí se le cobraba el alojamiento y la comida. Por eso decidían volver a las calles. Tras el tsunami que arrasó en 2011 la costa noroeste de Japón, en Fukushima ocurrió la mayor catástrofe nuclear mundial. No se trató de un "accidente", sino de una negligencia capitalista criminal, como la falta de mantenimiento para ahorrar costos y el envejecimiento de las construcciones. El tipo de reactor usado en la planta de Fukushima es largamente conocido por su débil sistema de contención (New York Times, 2011). Aún más, la planta de Fukushima, fabricada y operada por la privada Tepco, comenzó a operar en marzo de 1971 con tecnología del ’50 y debía salir de funcionamiento en febrero de 2011, semanas antes del desastre nuclear (Prensa Obrera, 31/3/11). En definitiva, como ya se ha dicho desde estas páginas, el "modelo" japonés se ha transformado en el paradigma de la catástrofe capitalista mundial. Daniel Mecca

Entrevista con el doctor Alberto Luciani, abogado defensor de seis de los trece trabajadores petroleros que llegaron al juicio en la causa Sayago. -¿Qué consideraciones te merece la sentencia? -Creo que quedó demostrado que había muchas presiones políticas y económicas para que se diera una condena como finalmente aconteció, sin olvidar el contexto en que se dio la sentencia; en plena huelga policial en el resto del país, esta sentencia fue un claro mensaje a favor de las fuerzas represivas; para contenerlas. Por otra parte, pocas veces vi una sentencia tan arbitraria y tan mal fundamentada como ésta, pero claro está con todas las irregularidades que se cometieron en ese proceso, los magistrados intervinientes no tenían con qué justificar y validar la sentencia que ya tenían preconcebida previamente, tal como lo habíamos sostenido nosotros. -¿Cómo fue la relación de los abogados defensores con el tribunal? -Tuvimos muy fuertes cruces con los jueces, lo cual nos valió muchos llamados de atención y hasta amagues de sanciones disciplinarias (lo cual sucede porque en Santa Cruz no hay colegio de abogados, por lo cual son los mismos jueces los que sancionan a los letrados: con lo cual obviamente nuestros trabajo se ve muy limitado por la disparidad de poderes con que actuamos frente a tamaño aparato represivo judicial). De hecho, estoy asumiendo la defensa de una colega que también actuó en este juicio (doctora Rosa Razuri), ya que a pedido de un juez de Las Heras, el Tribunal Superior de Justicia le inició un sumario por las críticas que emitió esta colega amiga en su alegato final contra ese magistrado. Hasta los abogados han terminado sujetos a represión, lo cual demuestra lo descabellado y bestial de todo este sistema. -¿Qué sucedió con los imputados absueltos? -Asumí la defensa de seis compañeros en esta causa; dos de los cuales fueron absueltos, ya que nadie los nombró en el juicio y ni siquiera recibieron pedido de condena de las partes acusadoras (tres querellantes y un fiscal de Cámara), con lo cual quedó patente lo absurdo y arbitrario de haberlos imputado y mantenido presos durante tres años en esta causa, y sujetos a torturas y apremios por cada una de las comisarías en donde estuvieron detenidos con la fama de ser los terroristas más feroces de todo el mundo... Estas personas perdieron su trabajo (eran trabajadores petroleros), perdieron amigos, sufrieron tremendos daños corporales y psíquicos, y perdieron muchos años de su vida injustamente, lo cual nadie les devuelve. -¿Cómo sigue la lucha? -Nosotros ya hemos denunciado en muchas otras ocasiones lo arbitrario y poco respetuoso del debido proceso y de las garantías individuales que cometen, no sólo esa Cámara que intervino en este juicio, sino del juez de Garantías, que termina convalidando todo lo que hacen sus pares de Instrucción (que son verdaderas atrocidades jurídicas, muchas veces como quedó demostrado hace poco también con el famoso caso Cingolani, que era aquel imputado que se casó con la gemela de la mujer que supuestamente había asesinado, caso que tuvo cobertura hasta de medios internacionales y que, finalmente, fue absuelto por el tribunal Superior de Justicia al anularse todo el juicio, luego de permanecer en prisión por tres años y medio). Aquí no sólo están en juego los derechos y la suerte de estos imputados, sino los derechos de toda la clase trabajadora y de todos los ciudadanos en general, ya que sentar un precedente como el de este caso es retroceder varios años en cultura jurídica y en conquistas sociales. Tenemos la esperanza de revertir la sentencia de condena contra algunos de los imputados y en eso estamos trabajando firmemente, lo cual también va a depender en forma directamente proporcional al poder de movilización y de protesta que ocurran por la injusticia de esa lamentable y lastimosa sentencia. Omar Latini

Con una deuda pública del 64% de su PBI, Brasil, anfitrión de la próxima copa del mundo, ha ingresado en la lista roja de vulnerabilidad de pagos (The Economist, 7/9). La crisis avanza mientras las masas trabajadoras ya han puesto sobre la mesa la corrupción y el manejo espurio y desorbitado de los gastos para la construcción de las diferentes sedes. La última Copa Confederaciones debió ser llevada a cabo con un despliegue fenomenal del ejército para frenar movilizaciones en contra de su realización. Los jugadores de la selección brasileña se han manifestado a favor de los reclamos del pueblo por sus condiciones de vida, mientras en los últimos meses muchos de los equipos más importantes de Brasil se han negado a jugar, sentándose en el campo de juego y exigiendo el pago de salarios, así como una modificación en el calendario del campeonato, que para 2014 prevé que se jueguen alrededor de diez partidos cada treinta días. Mientras tanto, las obras por las construcciones de las sedes para el Mundial ya se llevaron tres muertes obreras por las condiciones de explotación en que se realizan. Esto sin contar que 70.000 personas han sido desalojadas de sus viviendas con el mismo fin. Pero como para el capitalismo, hoy, la vida transita por la especulación, la preparación del Mundial 2022, con sede en Catar, ya ha puesto de manifiesto lo peor de las contradicciones de la actual crisis mundial. La monarquía catarí tiene en mente la construcción de un estadio en forma de velero, así como el desarrollo de una nueva tecnología de refrigeración para calmar las temperaturas que para esas fechas rondarán los 45°. Para ello, han abierto la convocatoria a diferentes patrocinadores que pretendan invertir en la construcción, a cambio del derecho a explotar inmigrantes llegados desde diferentes puntos del mundo (The Guardian, 26/9). Contra ello, decenas de trabajadores ya han manifestado que son obligados a trabajar turnos de hasta 24 horas de corrido sin ingerir alimento. Sus sueldos son retenidos para evitar que no se vayan, y duermen en habitaciones de doce personas. Los muertos, según un periódico inglés, ya rondaban los 40 en septiembre, pero los suicidios son numerosos (The Guardian). Por su parte, el presidente de la Fifa, Joseph Blatter, ha dicho que es un error haber votado a Catar como sede. Se trata de un único intento de frenar las obras, no por las condiciones de explotación, sino para que se elija a Estados Unidos como anfitrión en 2022, ya que éste quedó segundo en el sorteo. El enfrentamiento entre las burguesías imperialistas vuelve a tener al fútbol como manifestación visible. De las manifestaciones de la bancarrota capitalista mundial en el fútbol debe surgir una alternativa propia de los oprimidos. El deporte debe ser un instrumento del desarrollo pleno de la humanidad y no un negociado para un puñado de parásitos capitalistas. Maxi Laplagne

EXCLUSIVO DE INTERNET GENERAL RODRIGUEZ En el marco de la campaña por la reincorporación de Fernando Díaz -despedido de La Serenísima- y en solidaridad con los compañeros agredidos por una patota de Atilra General Rodríguez (sindicato lechero), que hace unos días realizaban una actividad de recolección de firmas para un petitorio reclamando dicha reincorporación: se realizó una muy importante radio abierta en la plaza central Martín Rodríguez, con la presencia de casi doscientos compañeros. La misma, contó con la asistencia de trabajadores de las cooperativas del Argentina Trabaja de Moreno, Merlo y Luján en el Polo Obrero; Ferroviarios "Lista Bordó" del Sarmiento; ATE, trabajadores hospitalarios y docentes de General Rodríguez; choferes de Ecotrans; estudiantes secundarios, terciarios y de la Universidad de Luján; Izquierda Socialista; Juventud del Partido Socialista; del PO de la zona, etc. Hicieron uso de la palabra: Cristian Duarte (delegado ferroviario); Arnoldo Troncoso (IS Luján); Miguel Galarza (Ecotrans); Pablo Oviedo (delegado ATE Municipales); Juan Andrada (selegado ATE Hospital Sommer, uno de los compañeros agredidos); Norma Sena (ATE Hospital Vicente López y militante del MP "La Dignidad"); José María Escobar (Tribuna Docente Luján); Rafael Santos (PO) y, por supuesto, el propio Fernando Díaz, mostrando su disposición de luchar hasta obtener la victoria. También se leyeron importantes adhesiones solidarias, de organizaciones politicas, sindicales y sociales de la zona: Juventud Radical General Rodríguez, Marea Popular Luján, FPDS Luján, Bloque de concejales del Frente Progresista General Rodríguez, Agrupación "Nueva Opción" de la UNLu, Asamblea de Pontevedra (Merlo), Agrupaciones ferroviarias del Sarmiento (Obreros del Riel), de los terciarios 29 de Merlo y del Rojas de Moreno (La Mariano Ferreyra), etc. La actividad, conto con la cobertura de los más importantes medios de comunicación del distrito, incluida la TV que, ademas, le hizo un reportaje exclusivo a Fernando Díaz y a Gastón Fernandez (PO General Rodríguez). Por otro lado, se dispusieron de varias mesas de recolección de firmas por la reincorporación de Fernando: Se juntaron mas de trescientas cincuenta en la jornada, con una enorme recepción por parte de los transeúntes (Amas de casa, jovenes, comerciantes, operarios de fábrica, despedidos de La Serenísima y otros). Para finalizar, queda continuar con la lucha contra el despido de Fernando Díaz y multiplicar tenazmente los lazos de apoyo por parte del pueblo trabajador de General Rodríguez. La de Fernando Díaz se está transformando en una causa obrera y popular. Que es ante todo la lucha politica contra la patronal de Mastellone (una privilegiada de los subsidios del gobierno y que encima los trabajadores lo pagamos caro en las góndolas) y para sacarnos la mochila de la burocracia sindical, mediante una alternativa clasista en los sindicatos. Gastón Fernández

Luego de cuatro robos consecutivos, donde se han llevado distintos artefactos con los cuales desarrollamos actividades políticas y sociales. Todo esto fue denunciado en la comisaría N° 38. Realizamos esta denuncia pública porque estos hechos ocurren en un local que, a la vista, no tiene cosas de valor y, en definitiva, se producen contra una organización que viene participado enérgicamente de los reclamos por los cortes de luz, en los cuales junto a los vecinos exigimos al gobierno y las empresas el restablecimiento del suministro eléctrico y que se realicen las inversiones sin tarifazo. Todos los vecinos de Flores somos víctimas de los apagones prolongados y las zonas liberadas al narcotráfico y a las redes de trata. La falta de luz y la liberación de la zona a manos de la comisaría N° 38 son dos claves fundamentales para que estos hechos delictivos ocurran. Nuestro partido y nuestro local son los organizadores principales del barrio contra toda esta situación que nos hace vivir cada vez peor. -Denunciamos al Estado y a su policía, que dejen de liberar las zonas para que operen las mafias. -Reclamamos que devuelvan la luz y sea aprobado el proyecto de emergencia eléctrica presentado por el legislador Marcelo Ramal para garantizar el suministro de energía. Responsabilizamos al gobierno de Macri (Metropolitana) y al nacional (Federal) por el aval político que brindan a la policía aliada al delito. Llamamos a todos los vecinos a solidarizarse con este reclamo.

ESTADOS UNIDOS En SeaTac, una localidad próxima a Seattle (que fuera el centro industrial de la Boeing sobre el Pacífico), las autoridades locales aprobaron un salario mínimo de 15 dólares la hora luego de una ola de agitación social y política que hizo de este reclamo el gran tema de la campaña por la elección de alcalde y miembros del consejo municipal. Fruto de este proceso fue electa concejal una militante trotskista que formó parte de una coalición política organizada por la corriente Alternativa Socialista. En los Estados Unidos rige un salario mínimo federal que está clavado en 7,25 la hora desde 2009, pero estados y municipalidades pueden fijar el suyo. A inicios de 2014, serán 21 (sobre 50) los estados con salarios mínimos por encima del federal, luego de una escalada de reclamos que tuvo su punto más alto en las huelgas en agosto y septiembre del año pasado, en las que pararon a millones de trabajadores de locales de comida rápida y de Walmart exigiendo un mínimo de entre 12,50 y 15 dólares la hora, respectivamente, y el derecho a la sindicalización. Un movimiento que no ha cesado. Una de las grandes promesas de Obama, para su reelección, fue aumentar el salario mínimo federal primero a 9 dólares y, luego de las huelgas, a 10,10. La propuesta permitiría un ingreso de algo más de 2.000 dólares, cuando el alquiler de una vivienda para una familia tipo no baja de los 1.500. El rechazo de los republicanos dejó el punto en un impasse. Una crisis de conjunto Tradicionalmente, los puestos de trabajo en locales de comida rápida eran ocupados por adolescentes en su primera experiencia laboral. Luego del derrumbe económico y el salto en la desocupación, fueron ocupados por adultos jefes de familia y los jóvenes arrojados al paro o a las peores condiciones de precarización laboral. Mientras ese ingreso permitía vivir a uno o dos jóvenes de la familia, ahora debe sostener a una familia completa. Es una expresión del empobrecimiento general de las masas. Por primera vez en la historia, y no sólo en los Estados Unidos, la generación actual de trabajadores tiene un ingreso inferior al que tenían las generaciones precedentes. Si en 2007, antes de la recesión, 26 millones estaban recibiendo bonos de alimentos, en 2013 lo hizo casi el doble -es decir: una tercera parte de la población activa. Los que han salido a la huelga son el eslabón más débil de la cadena de explotación, pero podría estar anticipando un ingreso más impetuoso del proletariado norteamericano, que se está empobreciendo a niveles históricos. El costo de la hora de trabajo de GM, Chrysler y Ford está ahora al nivel de las terminales extranjeras ubicadas en el sur, luego de caer un 40% en relación a 2007. Este derrumbe del salario real va de la mano del crecimiento extraordinario de la productividad en el trabajo: las horas por unidad de producto han caído un 30% en los últimos diez años y el empleo industrial se ha reducido, lo que expone las vías de "salida" del régimen social. El debate Si el salario mínimo federal se atuviera a la evolución de la productividad del trabajo desde 1968, debería haber llegado a 21,72 dólares en 2013. A la vez, el 52% de los trabajadores en locales de "comida rápida" reciben bonos de alimentación y, eventualmente, un subsidio federal para salarios bajos. "Los activistas sostienen que (aumentando el salario mínimo) el gobierno no debería tener que completar la remuneración de los trabajadores... este ‘subsidio oculto’ asciende a 7.000 millones de dólares sólo en la industria de la comida rápida" (The Economist, 14/12/13). La propuesta de Obama de un salario mínimo federal de 10,10 dólares la hora llega tarde y divide a la burguesía (la Cámara de Comercio denuncia que conspiraría "contra el empleo"; un gigante de la distribución se ha pronunciado a favor, siempre que el mínimo no pase de ese nivel). Lo importante es que lentamente la clase obrera norteamericana irrumpe en la crisis mundial, un cambio que en perspectiva puede ser también político. Según encuestas, una mayoría -60%- busca una alternativa a la crisis en el desarrollo de "un tercer partido". Christian Rath

EXCLUSIVO DE INTERNET Una auditoría realizada por Fabricaciones Militares sobre la estatizada Fadea (Fábrica de Aviones Argentina) dio a conocer un faltante de 300 millones de pesos que debían ir en forma de pago a proveedores de origen extranjero. Esto provocó la renuncia del director, Argañaraz. Caeríamos en un equívoco si atribuimos la renuncia a sólo un problema contable. La auditoría va de la mano de la crisis política en la cúpula de la empresa, que es la expresión de la ruptura del conglomerado de agrupaciones kirchneristas nucleadas en "Unidos y Organizados". Argañaraz estaba emparentado con el Movimiento Evita y su destino será ahora colaborar con los diputados K por Córdoba. Su sucesor, Martín Savoca, y parte del directorio provienen de La Cámpora, que son quienes han pasado a dirigir Fabricaciones Militares. Por otro lado, el derrumbe del gobierno nacional ha destapado el verdadero carácter de la estatización fraudulenta de la Lockheed Martin ocurrida en 2007. Durante la gestión de Argañaraz (y toda la década K), Fadea profundizó su atraso a tal punto que la fábrica "se dedica hacer maquetas y no aviones". La maquinaria está completamente obsoleta y más de la mitad del personal es mano de obra indirecta. Durante la gestión K se produjeron todo tipo de provocaciones para dividir y atacar la organización de la fábrica: desde la persecución al activismo a la creación de un sindicato propio de la fábrica (STA) sin inscripción y completamente trucho. La dispersión de los trabajadores se da en un marco donde el impuesto al salario y la inflación están ralentizando sus ingresos y su división busca atacar el convenio colectivo. Fadea forma parte de todo un entramado, se utiliza su imagen para tercerizar la mayoría de sus actividades a contratistas privados como Redimec o División Turbo que cuentan con la maquinaria y se benefician de la falta de controles. Para que este negociado capitalista se lleve a cabo no solo es necesaria la participación del Estado, sino de las propias direcciones gremiales que forman parte del entramado. En este contexto no es casual la causa judicial que se le inicio a Ricardo Cirielli del Sindicato de Técnicos Aeronáuticos (Apta) "por supuestas ‘gentilezas' por parte de las empresas aéreas que él debía controlar" (Ambito, 2/2). El constante vaciamiento y falta de inversión en la ex Area Material Córdoba puede llevar a dos caminos: convertirse en una ensambladora de piezas o mantenimiento de aviones, o su desguace y cierre. Para cualquiera de las opciones -inclusive la posibilidad que pase a manos privadas- deben avanzar sobre las condiciones y puestos de trabajo. Es decir, provocar un ajuste en regla. Bajo este contexto planteamos: un inmediato informe para saber el paradero de los 300 millones de pesos, la apertura de los libros contables, el inicio de las acciones legales y penales contra aquellos funcionarios involucrados en el desvío y mal manejo de los fondos; la elaboración de un proyecto de Ley destinado a desarrollar un Plan de Inversiones para el conjunto del ex Area Material Córdoba y posibilitar la organización de comités electos por los propios trabajadores para controlar todo el proceso productivo y el funcionamiento de Fadea. El Partido Obrero impulsara una campaña de cara al 20 de enero, día que abre la fábrica con el fin de hacer llegar nuestra propuesta y generar la deliberación y movilización para enfrentar el vaciamiento y dar paso a una salida de la clase obrera. Jose Barraza (h)

SUTEBA En medio del derrumbe económico, energético y político, y del estallido de la crisis inflacionaria, el gobierno K ha lanzado un ajuste histórico, en una competencia entre devaluación e inflación, las que se realimentan devorando salarios y jubilaciones. Es en este contexto, de una paritaria que enfrenta un 30% de inflación pasada y un 40% de futura para 2014, el gobierno exige paritarias a la baja que planchen el salario con topes del 20 a 25%. La respuesta de la dirección K de Suteba fue encolumnarse disciplinadamente detrás del reclamo del gobierno, sin importar que ello lo llevara a Baradel a salir al rescate del gobernador "derechista" Scioli. Baradel amenazó con un comienzo de clases complicado si no se aumentaba el salario inicial de los docentes bonaerenses que, como si fuera un descubrimiento, denunció que era paupérrimo: de 3.600 pesos. Agreguemos, además, que el salario básico de los trabajadores de la educación es de 1.800 pesos. La belicosidad se terminó con el reclamo, un aumento del 25% (y aceptando cuotas), que lleva el salario inicial docente a la mitad de la canasta familiar, pero que aún así estaría 500 pesos abajo del inicial de 5.000 pesos que hoy cobran los docentes de Santa Fe. Baradel salió presuroso a sostener al gobierno de Scioli, el mismo que no le paga el salario por cargos trabajados a más de 10.000 docentes en lo que va del año, que ha vaciado la obra social Ioma y ha desvalijado al IPS y las jubilaciones docentes. ¿Quién ha dado mandato para semejante entrega? La burocracia celeste de Ctera ya arregló un misérrimo aumento del 25% en dos cuotas en Salta, a fines de diciembre pasado. Pero no sólo la burocracia K está de acuerdo en congelar el reclamo salarial. La FEB, con varios dirigentes ahora enrolados en el campo de Massa, denuncia que la docencia tiene un salario inicial 5.000 pesos debajo de la canasta familiar básica, pero no plantea revertir esa situación. Sin definir un monto de reclamo, se sentarán en enero a discutir sin la presencia de los docentes. Lo mismo ha declarado la secretaria gremial de Suteba a los medios. Así, Baradel y Petroccini coinciden con el planteo de Massa, que quiere una nueva ley de paritarias docentes que fije el salario en enero, con las aulas vacías, para pactar a la baja. Claramente, el proyecto de Massa señala que es un mecanismo para obligar a la docencia a comenzar puntualmente las clases. También declaró que el salario deberá estar muy por debajo de lo que Scioli le pagará a la bonaerense. No corresponde un incremento salarial como el de la policía, dice el intendente de Tigre que tiene entre sus diputados al ex presidente de la UIA, porque los maestros discuten salarios todos los años. Es la misma política de Macri en la Ciudad de Buenos Aires. Congreso anual de Tribuna Docente A fines de diciembre, los Suteba opositores realizaron un encuentro de delegados de escuela, congresales y directivos que congregó a más de 400 representantes, el que acordó salir a un plan de lucha para imponer un salario igual a la canasta familiar. Resolvió exigir un plan de lucha a la dirección de Suteba, reclamar asambleas y plenarios de delegados con mandato, y convocar a un plenario de delegados de escuela con mandato para impulsar este plan de acción. Para organizar la intervención en esta paritaria por 8.000 pesos de inicial y 6.000 pesos de básico, en unidad con estatales, judiciales, trabajadores de la salud y municipales, Tribuna Docente convoca a su Congreso anual para los próximos 15 y 16 de febrero. Romina del Plá - Daniel Sierra

Los trabajadores alemanes del gigante del comercio por Internet, Amazon, llevaron adelante durante la campaña navideña -la época de mayores ventas- jornadas de huelga para exigir mejores condiciones salariales y de trabajo. El jueves 16 de diciembre, unos 1.400 trabajadores participaron en la huelga en los centros logísticos de Amazon en Bad Hersfeld y Leipzig. También lo hicieron en la ciudad de Graben, donde hubo 600 empleados en paro y fue la última zona en sumarse al plan de lucha que comenzó en mayo de 2013 (Le Monde, 18/12/13). Los trabajadores están enmarcados dentro del sector logístico y exigen a través de estas protestas que se apliquen las condiciones de trabajo del convenio laboral del sector de minoristas. En ese contexto, reclaman por un mayor sueldo básico. En Leipzig, por ejemplo, el sindicato Verdi exige un salario inicial de 10,66 euros por hora, frente a los 9,30 euros actuales. En Bad Hersfeld reclaman 12,18 euros ante a los 9,83 euros actuales (El Mundo.es, 19/9/13). A mediados de septiembre pasado, los trabajadores de Amazon ya habían ido a la huelga en esas dos ciudades. Esa medida se sumó a los paros que habían hecho el 27 de mayo de 2013 en Leipzig y el 29 de mayo en Bad Hersfeld. Por primera vez, los sindicatos estadounidenses apoyaron en solidaridad la huelga de fin de año de los trabajadores alemanes de Amazon. Hubo una manifestación frente a la sede del grupo en Seattle, Estados Unidos. Esos días, en el país del Norte, millones empleados de Fast Food (McDonald’s, Wendy’s, Subway, Pizza Hut, entre otros) armaban en diciembre un paro masivo en más de 130 ciudades de Estados Unidos por el aumento del salario mínimo y la sindicalización del sector. "El sistema de Amazon se basa en los bajos salarios y la presión permanente sobre el trabajo y los contratos precarios. Es importante que los empleados se defiendan contra estos métodos", aseguró Stefanie Nutzenberger, de Verdi. Amazon emplea a 9.000 trabajadores en Alemania y es el segundo mercado para la empresa después de Estados Unidos, donde se ha registrado un aumento en las ventas de más de un 20% en 2012 (www.bbc.co.uk, 17/12/13). Desde Amazon Alemania aseguran que no prevén ceder ante los reclamos: "9.000 empleados trabajan para el grupo en Alemania, ayudados por 14.000 temporales. Las huelgas son limitadas y no afectarán las entregas (navideñas)" (Le Monde, 18/12/13). Sin embargo, a fines de diciembre, desde el sindicato Verdi adelantaron que tienen previsto continuar con las huelgas en 2014. El régimen de precarización que sufren los trabajadores de Amazon Alemania se suma a un dato alarmante que se denunció en Amazon Reino Unido: según una investigación de la BBC, allí los trabajadores deben seleccionar una orden de compra cada 33 segundos. Además, un turno en una bodega de esta empresa puede durar diez horas y media, con una descanso de una hora. Expertos en salud señalan este escenario como posible causa de "enfermedades físicas y mentales". Frente a la precarización laboral, sigue la lucha de los trabajadores de Amazon. D. M.

EXCLUSIVO DE INTERNET NO DOCENTES DE LA UBA El 11 de marzo, 7.800 trabajadores en actividad, de los 13.000 que trabajan, y 750 jubilados empadronados estarán en condiciones de votar en las elecciones generales del gremio de los trabajadores no docentes de la UBA, Apuba. El Frente de Recuperación Gremial, encabezado por la Agrupación Bordó (PO), junto a la agrupación No Docentes de Base y la René Salamanca, se presentará para dar pelea a la burocracia sindical del gremio, famosa por su patoteada a estudiantes, cómplice y ejecutora del derrumbe de la universidad y de las conquistas de los trabajadores. La lista de oposición será encabezada por la delegada general de la comisión interna de la Facultad de Ciencias Sociales, Vanina Biasi, y el enfermero del Hospital de Clínicas, Gabriel Beati, ambos de la Bordó. Desde hace 20 años, Apuba tiene la misma conducción al mando de Jorge Anró, un dirigente de extracción peronista, que logró ganar el gremio en el año 1994 bajo un ropaje moderadamente combativo y que luego arrasó con cualquier expresión de democratización sindical e intercambio y consulta a los trabajadores. La base de su poder reside en su sometimiento a los rectores y gobiernos de turno: fue menemista, al tiempo que mantenía una íntima sociedad con el radical Shuberoff, y tuvo sus privilegios con De La Rúa. Un miembro de su directiva, el radical Marcelo Distéfano, se tomó licencia para ocupar un cargo en el Ministerio de Trabajo de Flamarique o sea que formó parte de la gestión de la "Ley Banelco". Luego de asumido Kirchner y como era de esperar, Jorge Anró se pasó al kirchnerismo y por supuesto fue un espadachín fundamental de los rectores que sucedieron al radical. La directiva hoy está pintada ante las negociaciones de paritarias y responde verticalmente a los acuerdos que hace UPCN (que dirige la paritaria del Frente de Gremios Estatales), ha sido la protagonista necesaria del desguace edilicio de toda la UBA y del vaciamiento en el área de Salud. Gracias a la acción de esta conducción dentro del Hospital de Clínicas, el hospital escuela más grande de América Latina ha pasado a ser una cáscara vacía que se derrumba cada día más, sin insumos, con una pérdida creciente de aparatología y una burocracia que protege el accionar delictivo con sus patotas. La burocracia fue protagonista de la firma de un convenio a la baja, que produjo la pérdida de conquistas como el porcentaje de antigüedad que se cobra por año, que sufrió una reducción, o el desmantelamiento del tipificador de funciones, que habilitó la polifuncionalidad, un principio que mantuvieron las reformas de los convenios que provenía del menemismo en la "década ganada". El gremio ha sido un aliado sistemático del Rectorado (el kirchnerismo, el radicalismo y el PRO, que son quienes dirigen la UBA) en la pelea por mantener el sistema de gobierno antidemocrático en el que ni siquiera participa de forma orgánica el sector no docente. El desafío del Frente de Recuperación Gremial está a la vista. Participamos de este proceso electoral librando una batalla por la reapertura de las paritarias, el 82% móvil y las condiciones de trabajo. Por frenar la privatización que, sobre todo en el ámbito de la salud, ha provocado el derrumbe total de nuestras fuentes de trabajo. Esta lucha es un aporte desde el sector no docente, a la lucha de AGD y la Fuba y al crecimiento en nuestro país de listas para acabar con la burocracia sindical. Vanina Biasi, delegada general CI Facultad de Ciencias Sociales (Apuba)

A nadie se le escapa que las paritarias están en el ojo de una tormenta. Se pretende una reorganización económica donde el "ancla" antiinflacionaria sean precisamente los salarios y las jubilaciones, y con ellos un enfriamiento de la economía que evite una híper. Lavagna, referente económico de Massa, ha dicho "el Rodrigazo en cuotas no funciona". González Fraga, el ex presidente del Banco Central, radical, ha planteado que hay que partir de una devaluación importante para después hacer "flotar" el tipo de cambio. Remes Lenicov, el ex ministro de Duhalde, puso hace un mes el tipo de cambio oficial "lógico" en ocho pesos. Es decir, se está discutiendo y preparando un Rodrigazo, lo que significa un golpe de tipo de cambio, precios y tarifas contra el salario. Cuando los precios aumentaron un 100%, Isabel Perón fijó un tope en las paritarias del 45%. Por eso, estalló la huelga general de junio-julio de 1975. Para la clase obrera es un momento decisivo. Así lo ha interpretado la burocracia sindical, cuyas alas debaten cómo evitar la reacción obrera que puede hacer saltar por el aire el giro que capitanea Kicillof: pacto Chevron, resarcimiento a Repsol, pagos al Ciadi, negociación con el Club de París y el FMI, pase de facturas a los trabajadores ante el fracaso de la montaña de subsidios a las privatizadas. Todas las alas de la burocracia aportan a la discusión de la "gobernabilidad" (que se haría contra los trabajadores). Hasta sueñan con la "unidad". Moyano y Barrionuevo, los anti K, acordaron un plenario cuyos ejes son la "paz social" y la "unidad del movimiento obrero", la "inflación y la seguridad" y, al final de todo eso, "paritarias libres" -algo imposible si empezamos por la paz social. Massa y su referente Héctor Daer, que no rompe con la CGT oficial, han ido más lejos, buscando liderar una alternativa política en el país. Primero, paritarias en enero para los docentes, para no llegar a marzo discutiendo con los docentes en las aulas. Algo que Scioli hizo suyo convocando a la mesa salarial. Daer dio una pauta estratégica. Propuso que, al contrario de lo que siempre se hace, se convoque al Consejo del Salario antes de las paritarias, para que sea el elemento "ordenador" de las mismas. El porcentaje resuelto entre las patronales con las centrales amigas, con presidencia de Tomada y Cristina, sería la pauta salarial para todas las paritarias. "Nadie quiere ser la Uocra de 1975", que junto a un puñado de gremios firmó la pauta de Isabel y quedaron colgados del pincel. Toda una línea para que el conjunto de la burocracia arregle el salario y deje las manos libres al gobierno para ajustar luego los convenios. Para ello, están anudando acuerdos "puente" hasta marzo, mientras se arma el paquete final. Pereyra acordó el 13% hasta marzo. Incluso, los porcentajes finales podrían no ser tan bajos, porque luego la burguesía y el gobierno los absorberán mediante la devaluación. Lo importante no son tanto los importes o porcentajes como la relación que exista entre la inflación real y los salarios. Lógicamente, el armado es precario, con una burocracia atomizada, un gobierno sin autoridad política y sin un referente claro de la oposición para 2015. El movimiento obrero tiene por delante un enorme desafío. Los 8.500 pesos de mínimo deben ser acompañados con la indexación trimestral bajo control obrero, porque en un escenario como el actual, importa tanto el importe de arranque como el mecanismo para evitar la confiscación inflacionaria posterior. La asamblea y los reclamos paritarios votados en ellas son la vía para disputar a las burocracias el control del proceso. El movimiento obrero tiene planteado elaborar una respuesta de conjunto. Por ello consideramos apropiado para la etapa que se abre el planteo de un Congreso de Delegados de Base, electos por asambleas de todo el movimiento obrero, de los sindicatos, las CGT y CTA, para discutir el salario y las paritarias, las jubilaciones y un plan económico de los trabajadores para salir de la crisis. Un planteo que debe abrirse paso a través de convocatorias y autoconvocatorias de delegados y activistas en gremios y zonas. Que no pase el Rodrigazo que preparan la patronal y sus partidos políticos.

Murió el poeta. Murió Gelman. Murió aquel hombre que dijo alguna vez que la poesía es un oficio ardiente. Su vida fue un oficio ardiente. Bajo la época implacable en la que vivimos, en la que morimos, la poesía se abre como un nacer, como un grito. Es la materialización de la lucha por un mundo nuevo. Gelman luchó por ese mundo. Se jugó la muerte. Tenía 83 años. Pero, a su vez, en su figura de ímpetu revolucionario convivieron al mismo tiempo los límites políticos de su militancia en el peronismo, que se proyectaron desde aquellos años hasta el presente. Nació el 3 de mayo de 1930 en Villa Crespo. Tenía raíces revolucionarias: su padre había participado de la revolución rusa de 1905. En palabras del poeta, participó porque “era un social revolucionario, era un obrero”. Su padre escapó de la Rusia zarista en el año 12 ó 13. Logró regresar entre 1922 y 1923. Se instaló en Moscú y trabajó en los ferrocarriles. En un viaje a Ucrania conoció a quien fue la madre de Gelman. Antes de que finalice la década, su padre decidió emigrar de Rusia a causa del avance del stalinismo. “Lo que motivó esa decisión fue el destierro de Trotsky; ya había muerto Lenin, estaba Stalin en el poder; todavía se podía emigrar y lo hicieron”, dijo el poeta en una entrevista. Cuando tenía 5 ó 6 años, su hermano mayor le leía poesía en ruso. El escuchaba como si mirara un cristal. A esa edad tocaba el piano. Una vez por año, su madre lo llevaba al Colón. La música y la poesía empezaban a hacer simbiosis en sus manos, en su cuerpo, en todo él. A los quince, comenzó a militar en la Federación Juvenil Comunista. El fervor por la revolución cubana, sumado a la férrea adhesión al stalinismo que se vivía en el PC generó que en 1963 Gelman y un grupo de intelectuales rompiera con el partido y fundara la editorial La Rosa Blindada (Prensa Obrera, 13/12/07). La experiencia de su padre y la suya constituirían una radiografía del stalinismo en el siglo XX. Como muchos escritores y poetas de su generación (Walsh, Urondo, Miguel Angel Bustos), Gelman también fue periodista. Pasó por la redacción del semanario Orientación y del diario La Hora del PC Argentino. Estuvo también en Panorama y La Opinión, la revista Crisis y, finalmente, en la jefatura de redacción del diario Noticias (1974). Fue columnista de Página/12 hasta que perdió la vida el 14 de enero. Llegaron los años de su acercamiento al peronismo armado. En 1967 se integró a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). En 1975, siendo las FAR y Montoneros una sola organización, fue enviado al extranjero para denunciar la violación de los derechos humanos por parte de la Triple A. En 1976 fueron secuestrados sus hijos Nora Eva y Marcelo Ariel, junto a su nuera María Claudia Iruretagoyena, quien se encontraba embarazada de siete meses. Su hijo y su nuera desaparecieron, junto a su nieta nacida en cautiverio. La pesadilla. La soledad. Sus cuervos, sus perros, sus pedazos. La presencia ausente de lo amado. En 1978, ante lo que se llamó la “contraofensiva” montonera, Gelman y otros compañeros rompieron con la organización al señalar que era “una idea descabellada volver a la lucha armada”. Fueron condenados a muerte por la organización. Estuvo 14 años en el exilio. Se convirtió en un referente de los derechos humanos. En pleno alfonismo tampoco podía regresar. Cuando en 1989 fue indultado por Menem, Gelman lo rechazó: "Me están canjeando por los secuestradores de mis hijos y de otros miles de muchachos que ahora son mis hijos". “Que ya no puedo así, con esta sed quemándome”, escribía Gelman en un poema. Esa sed como la ausencia de su nieta secuestrada, a quien recién pudo recuperar en el año 2000 y quien desde ese día decidió llamarse María Macarena Gelman García. No claudicó nunca la esperanza. Parafraseando sus palabras -esa voz de cigarrillo-, Gelman quemó el miedo, miró frente a frente al dolor y abrió las ventanas para darle mil rostros. Creyó que su compromiso revolucionario tenía asidero en el peronismo. Los años se encargaron de anular esa caracterización. Gelman rechazó firmar una solicitada por el juicio y castigo a los asesinos de Mariano Ferreyra, en el marco del comienzo del juicio oral y público en 2012, que pedía la condena a los culpables. Basó su negativa en que el actual gobierno era "el mejor que había hace décadas" y que no podía juzgar las acusaciones en su contra. También manifestó su apoyo explícito durante años a la burocracia sindical de la UTPBA, que hasta hoy usurpa el sindicato. Gelman era un hombre preso de las contradicciones de cierto sector de la generación de los setenta que, en pos de la revolución, apoyó al peronismo y a la lucha armada. Por eso se pueden señalar los contrastes con gestos valiosos como su adhesión, en 2006, a una solicitada contra los bombardeos en el Líbano por Israel. Esas oscilaciones se explican por su adhesión al peronismo y su confianza en la burguesía nacional. Gelman llegó a publicar más de 30 libros. Fue un notable poeta. Ganó, entre otros, el Premio Nacional de Poesía, el premio Juan Rulfo, el Reina Sofía, y, en 2007, el Premio Cervantes. Decía que nunca fue el dueño de sus cenizas, de sus versos. Esto recuerda al presurrealista Lautremont, quien eternizó alguna vez que la poesía debería ser hecha por todos. Los poemas, así, asumen un carácter colectivo, interpelando la individualidad de su historia presente. Sus cenizas, hoy, entonces, se expanden y suenan más fuertes aquellos versos suyos: “La poesía es hostil al capitalismo”. Nos queda su poesía, su memoria y sus límites. Daniel Mecca

EXCLUSIVO DE INTERNET El nuevo aumento anunciado de un 28% en el subte (de 3,50 a 4,50 pesos) revela que Macri es un adelantado del tarifazo nacional que impulsa el gobierno kirchnerista. El aumento acumulado desde que el gobierno de la ciudad tomó el control del servicio supera el 300%. El planteo de que se harían descuentos a los que consuman más de 50 viajes mensuales, confirma que la gran mayoría de los usuarios caerán bajo el aumento. Las declaraciones de Piccardo (Sbase) acerca de que se trata de cubrir aumentos por la inflación y futuros aumentos salariales es una barbaridad. Primero porque nadie conoce los costos reales del servicio; es más, la Auditoría de la Ciudad impugnó recientemente los costos planteados por el macrismo, revelando que se cargaban al usuario costos operativos que corresponden a Metrovías. De paso, están fijando un techo a las próximas paritarias al hacerlas depender de la tarifa. Además los aumentos no se corresponden con el servicio de cuarta que se brinda y que revela que no se realizan las inversiones necesarias para mejorarlo. Se trata de un fuerte empujón al tarifazo emprendido por los Capitanich, Kicillof y los gobernadores, con los aumentos de combustibles, peajes, impuestos y de la canasta de primera necesidad. Debe destacarse que la conducción k del sindicato del subte, volvió a entrar por el aro. En lugar de rechazar el aumento, ha entrado en una discusión sobre si corresponde un descuento por cantidad de viajes o un abono mensual. El Partido Obrero rechaza el aumento arbitrario; reclama que se abran los libros de Metrovías y Sbase a una auditoría independiente de trabajadores y usuarios, que se anule el contrato con Metrovías, que actúa como una carga parasitaria y brinda un servicio desastroso; que se investigue el destino de 18 años de subsidios y se incaute su patrimonio. Que se constituya un fondo de recuperación y mantenimiento del subte sobre la base de un impuesto a los grandes capitales. S. V.

Perfil El Ministerio de Trabajo acaba de declarar la conciliación obligatoria con los despedidos de Perfil adentro. El viernes pasado, en plenas vacaciones y con un calor intenso, se realizó un acto en las puertas de la Editorial Perfil, del cual participaron casi 300 compañeros de prensa, en reclamo por la reincorporación de veinte trabajadores despedidos, como parte de un ataque más general de la patronal a las condiciones de trabajo y a la organización sindical en la empresa. El conflicto comenzó a fines de diciembre, cuando el "antikirchnerista" Jorge Fontevecchia despidió a siete trabajadores el mismo día en que se estaban realizando las elecciones de comisión interna. Entre los despedidos, está un compañero que integró la junta electoral en esa elección. La respuesta de los trabajadores fue un paro de actividades y, junto a los compañeros gráficos, quienes reclamaban un plus para las fiestas, realizaron un acto en la puerta de la planta impresora. La respuesta patronal llegó varios días después: dejó en la calle "con causa" a otros 13 compañeros -entre ellos cuatro que habían integrado la junta electoral- por "haber impedido la salida de las publicaciones de la planta impresora". Fontevecchia quiere reducir drásticamente la cantidad de personal e incrementar el ritmo de trabajo de los que queden, pero también pretende golpear a la organización gremial. La comisión interna de la editorial ha sido la gran organizadora de la resistencia a todos los planes patronales de ataque a las condiciones de trabajo y de pelea por las conquistas alcanzadas en todos estos últimos años. El ataque, como destacó el Cuerpo de Delegados Autoconvocado -virtual dirección del gremio ante la burocracia del sindicato (UTPBA) que convirtió a la organización sindical en una cáscara vacía-, es parte de la ofensiva flexibilizadora de las patronales del sector, tanto oficialistas como opositoras. Clarín despidió hace pocos días a siete compañeros y adelantó una confluencia entre el diario papel y la edición en internet, que supone un incremento de tareas, degradación del trabajo periodístico y flexibilización horaria, entre otras cosas. El grupo del K Cristóbal López despidió a 25 trabajadores y flexibiliza. El también K grupo Olmos (Crónica, BAE) adelantó una "confluencia" como la de Clarín y los trabajadores la frenaron. Por eso, en la lucha de Perfil se juega no sólo la fuente de trabajo de los compañeros despedidos, sino también darle un parate al ataque a la organización sindical y a la ofensiva en desarrollo de todas las patronales del sector. Esto se produce, además, en vísperas de la apertura de paritarias, donde se jugará el proceso de organización independiente de los trabajadores de Prensa y el método de paritarios elegidos en asambleas y responsables antes estas, que se ha impuesto en el gremio en el curso de los tres últimos años. Nelson Marinelli

Los balances del año cinematográfico que todos los fines de año aparecen en diarios y medios especializados destacan, en esta oportunidad, tres datos: el récord de películas nacionales estrenadas (153); el crecimiento del porcentaje de espectadores de cine argentino, que pasó de 9% en 2012 a 15% en 2013; y que dos films nacionales se metieron en el top ten general dominado habitualmente por los tanques de Hollywood. En una reciente entrevista, la ex presidenta del Instituto de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y actual diputada Liliana Mazure manifestó que "entre diez y quince películas nacionales tuvieran más de cien mil espectadores durante un año" le produjo "(...) una felicidad enorme, porque era lo que queríamos hace tiempo". Sin embargo, resulta difícil escribir la palabra éxito sin comillas para describir el estado del cine nacional. Cine argentino, cada vez menos argentino Las cuatro películas nacionales más taquilleras ("Metegol", "Corazón de León", "Tesis para un homicidio", "Séptimo"), que se llevaron el 85% del total de entradas vendidas por el cine argentino, son todas coproducciones (tres de ellas con España y una con Brasil) con participación de Telefé y Telefónica de España en su producción y difusión. Todas ellas, además, fueron distribuidas por las grandes Majors norteamericanas (Fox, Disney, Universal, Paramount). Todas, también, recibieron cuantiosos apoyos por parte del INCAA, mientras la mayoría de las producciones se realizan con menores presupuestos, los que se achican al ritmo de la inflación. Este proceso de extranjerización no es sólo simple "darwinismo de mercado", como dice Horacio Bernades en Página/12, sino que es producto de una política deliberada. El desarrollo en los medios audiovisuales de Telefónica de España, ese "sol que no puede taparse con la mano" en palabras de Cristina cuando se aprobó la ley de medios, ha sido incentivado por el gobierno en su lucha contra el monopolio de Magnetto. Por otro lado, fue el mismísimo Moreno quien, en un intento más por "equilibrar la balanza comercial", se reunió en 2012 con las grandes empresas norteamericanas para "exigirles" que hicieran pie en la producción y exhibición del cine nacional, "a cambio" de garantizarles la continuidad del control casi absoluto del mercado cinematográfico. Como consecuencia, se ha producido incremento muy importante de la recaudación de estos monopolios extranjeros, que ahora recaudan Hollywood y "nacional". El resto de la torta Los restantes 149 estrenos nacionales (mitad y mitad entre ficciones y documentales) sólo convocaron al 15% de espectadores de cine nacional (cerca del 2% del total de entradas vendidas). La falsedad de la idea de que si se produce mucho, tarde o temprano, el público "cambiará sus preferencias" se demuestra también con lo que sucede en el propio mercado yanqui, dónde los porcentajes son similares y poquísimas películas concentran la inmensa mayoría de la recaudación. El darwinismo de mercado es infalible: el que tiene los mayores recursos para producir, difundir y vender sus mercancías no sólo aplasta al resto, sino que tiene un dominio superlativo sobre los gustos y tendencias del público: nadie irá a ver, ni querrá ver, algo que ni siquiera sabe que existe. La diversidad y gran cantidad de películas nacionales, en la medida que no se acompañen con una política que ataque el monopolio de la distribución, difusión y exhibición en dominio total de las Majors y multimedios, que abra salas de cine en cada barrio y a precios populares, que deje de financiar a las productoras "nacionales" monopólicas y aumente los montos de producción para los cineastas que no producen asociados a las grandes empresas (los más de 70 documentales de 2013 se realizaron con menos del 5% del presupuesto total del INCAA), no podrá encontrarse con el público. Este encuentro sería la garantía de un salto en la producción cinematográfica nacional en cantidad y calidad que permita realmente pelearle a los tanques de Hollywood. Hernán Vasco y Ale Rath

El año 2014 ha debutado con un aumento del boleto del 66 por ciento y una nueva alza de los combustibles. Se anunciaron aumentos de los peajes y del subte. Está en carpeta un tarifazo de la luz y el gas. La carestía se aproxima al 50 por ciento anual. La crisis se descarga sobre los hombros del pueblo. El gobierno busca una salida con el capital extranjero: pacto con Chevron, resarcimiento a Repsol, pagos a los buitres del Ciadi y al Club de París, y la devaluación. Lavagna ha resumido la posición de la ‘contra' con una frase terminante: "un Rodrigazo en cuotas no funciona" -lo quiere de una vez. La burocracia sindical, de todos sus colores, descarta un plan de lucha. En los próximos días, va a un megaencuentro en Mar del Plata, no con las bases de los sindicatos, sino con Massa, De la Sota y hasta Scioli. Los trabajadores necesitamos otra cosa: una respuesta de conjunto. Que se convoque un Congreso de Delegados de Base, electos en asambleas de todo el movimiento obrero, de los sindicatos, las CGT y las CTA, para discutir el salario y las paritarias, las jubilaciones y un plan económico de los trabajadores de salida a la crisis. Impulsemos convocatorias y autoconvocatorias de delegados y activistas en gremios y zonas, para impulsar este planteo.

El 3 de enero, los trabajadores de Fate llevaron adelante un macizo paro de 24 horas. La medida, dispuesta por el Sutna San Fernando, fue llevada adelante por los tres turnos y con un apoyo total. Una asamblea anterior había mandatado a la dirección seccional y el paro se dispuso por el empantanamiento de una negociación de larga data. Los que se reclama es un piso del 26,5% para el premio celular (un adicional atado a la producción, asociado a un sistema de células multifuncionales), el cual es manejado por la patronal y se viene pagado a la baja sistemáticamente. La empresa argumenta, cínicamente, que esto es a causa del alto nivel de ausentismo, cuando en realidad los trabajadores se enferman y accidentan justamente por el régimen de trabajo. Paga sólo la base (6%) en muchas secciones, afectando hasta un 40% del salario. Este premio, además de ser una herramienta de castigo económico, es el centro de un sistema refinado de explotación, implementado por la empresa hace más de una década con la complicidad de la burocracia sindical que dirigía la fábrica en esos años. Los trabajadores piden elevar la base fija, lo que daría previsibilidad al salario y atenuaría la condicionalidad de su cobro. Otros reclamos pendientes son el pago de 200 horas por el fraccionamiento de vacaciones, cuya fecha de inicio será en los primeros días de febrero. Y el bono de fin de año por la pérdida adquisitiva del salario, debida a la inflación. Las malas condiciones de trabajo, el levantamiento de pesos excesivos, los elevados ritmos de trabajo, las máquinas antiguas y en mal estado, más las altas temperaturas a las que se encuentran afectados y los niveles de toxicidad, producen un deterioro en la salud de los trabajadores, quienes ahora declaran sus enfermedades y accidentes, y hacen cumplir sus licencias, lo que resulta en un aumento del nivel de ausentismo. A causa de estas irregularidades, luego de las denuncias realizadas por la seccional y varias movilizaciones, el Ministerio de Trabajo declaró en infracción a la empresa por varios hechos. Un par de semanas atrás, un trabajador que pertenece a Vulcanizado, sector con elevada carga térmica, se desvaneció y sufrió un fuerte golpe en la cabeza, hoy sigue internado con pronóstico reservado. Por todo esto, reclaman mejores condiciones de trabajo ya. Los sectores jerárquicos y el personal de seguridad actúan como patota patronal, intimidando y amenazando sistemáticamente a los trabajadores y delegados, lo que genera un clima hostil dentro de la fábrica. Por la masividad del paro, la empresa vio venir una profundización del plan de lucha y solicitó al Ministerio de Trabajo la conciliación obligatoria y la presencia de la gendarmería en la puerta de la fábrica. Pateó el conflicto hasta el 27 de enero para intentar enfriarlo. Los trabajadores convocan el día 15 de enero a una movilización al ministerio, entre otras medidas. Todo indica que el arranque de las paritarias será tan caliente como las temperaturas que venimos soportando. El reclamo de los trabajadores de Fate es sólo la punta del iceberg de lo que vendrá, un año conflictivo donde los trabajadores serán protagonistas. Por lo pronto, no le aceptan a Watsejko su vieja idea de una paritaria por dos años. Ahora menos que nunca. Donald

EXCLUSIVO DE INTERNET La crisis política y económica que sufre el gobierno kirchnerista y sus opositores no escapa a Mar del Plata, menos en verano. El Ejecutivo K de Pulti, los bloques de la oposición de la UCR y massistas, la burocracia de UTA y representantes de los empresarios acordaron en un trámite "express" y sin debate público alguno, el nuevo aumento en el transporte. Según un "estudio de costos (que no fue conocido por la población, pues es un "secreto de Estado"), el boleto de colectivo en Mar Del Plata debería valer 3,97 pesos, casi un 22% más que lo que cuesta hoy. Los empresarios pedían 4,30 (un 33%) inicialmente y el "escalonamiento" de aumentos durante el año a diferencia de un único aumento anual. Además de los subsidios que seguirán obteniendo, sin ningún control que modifique la paupérrima situación de los coches, las frecuencias ni los recorridos, el aumento escalonado del boleto, les permitirá pilotear las paritarias próximas, para luego barajar nuevos tarifazos. El Partido Obrero realizó los días previos una intensa campaña contra el boletazo con mesas, juntada de miles de firmas, dos declaraciones y megafoneadas y llamó a la población a movilizarse contra este ataque al bolsillo y por los 8.000 pesos para todos los trabajadores. Mar del Plata, aún poblada de turistas, es la capital de la miseria salarial, el trabajo en negro y de la subdesocupación. En un principio, la oposición de los Baragiola, que tiene la presidencia del Concejo Deliberante y acordò plenamente con el aumento y manifestó en delegarle la decisión al Poder Ejecutivo, para no quemarse las manos y pilotear la crisis interna. Baragiola fue la defensora tenaz del aumento en todos los medios y defiende la mano dura con los manifestantes. Finalmente, fue quien votó el aumento del boleto junto con el intendente K Pulti, los massistas y el PRO, con el compromiso implícito de votar otros boletazos, durante el año, sobre todo luego de las paritarias. Los otros cinco concejales K del FpV (de Cheppi) y los tres de la Agrupación Atlántica (derecha), hicieron una tibia oposición para la tribuna y se dieron el lujo de no votarlo. En este marco, el viernes 10, frente al Palacio Municipal, se encontraban las organizaciones que luchamos en contra del aumento, que se discutiría en el recinto del Concejo Deliberante. En medio de la sesión extraordinaria, que no permitía el acceso a la población, pero que instaló previamente una nutrida barra de la UTA, pudo ingresar media docena de manifestantes. La rotura de algunos vidrios fue la escusa para desalojar la sala y, reiniciada la sesión, y sin debate se aprobó por mayoría, el boletazo. La policía tenía la orden de desalojar la esquina del municipio donde se concentraban todas las agrupaciones, pero cabe destacar que se pudo escuchar al jefe de operativo dar la orden de "cazarlos". Como resultado de la brutal cacería llevada a cabo por la policía de Scioli, fueron detenidos y procesados 22 militantes, cuatro de ellos menores de edad. El operativo represivo se extendió por todo el centro. Posterior a la represión y cuando pudimos reagruparnos, se convocó entre las organizaciones a la Comisaría 1ª para pedir por la liberación de los detenidos y demorados. A las 5 de la tarde liberaron a los cuatro menores demorados en esa comisaría, con la presencia de sus padres. El resto de los mayores fue liberado recién a la medianoche del mismo viernes. Se reitera así la tentativa oficial de centrar el debate público en los "incidentes" y no en la situación gravísima del transporte público de pasajeros. Una evidencia clara de que la nueva situación de defensa de la "gobernabilidad" (acuerdo intendente K y sciolista Pulti junto a UCR, ganadores de las últimas elecciones en Mar del Plata), demanda "limpiar las calles", la mano dura como vía para aplicar los ataques a los bolsillos de los trabajadores. Tanto el oficialismo como la oposición patronal buscan descargar un brutal ajuste sobre la población trabajadora, los beneficiados como en todas estas situaciones son los empresarios, las burocracias sindicales y los políticos de la burguesía. La salida es por izquierda: anulación del boletazo de Pulti y la UCR ¡votado en medio de la represión! Que se abran los libros de las empresas para conocer los costos reales. Investigación de los desfalcos económicos de los privatizadores y municipalización del servicio bajo control de los trabajadores y usuarios. Ningún despido: fin del trabajo precarizado y tercerizado; reapertura de paritarias; por 8.000 pesos de básico y el 82% móvil para todos los jubilados. Basta de persecución política. ¡Desprocesamiento ya de los 22 compañeros! Joaco, Pablo, Marian (UJS MDP)

El esquema de gobierno orquestado alrededor del ascenso de Capitanich a la jefatura de Gabinete parece tener los días contados. La tentativa de delegar el manejo diario del gobierno en un representante del PJ para recobrar oxígeno luego de la derrota electoral de octubre ha fracasado, como lo prueban las sucesivas desautorizaciones que sufrió por parte de la camarilla cristinista. El gobierno está obligado a barajar otra salida, en un cuadro de extrema debilidad. El retorno de Cristina a la Rosada no revirtió lo que los medios caracterizan como un "vacío" de poder. Por el contrario, "el gobierno exhibe como nunca antes un agravamiento de las disputas internas y una fuerte sensación de desconcierto" (La Nación, 12/1). Relevo en puerta Una variante consistiría en el relevo de Capitanich por parte de Kicillof, quien viene actuando como vehículo del capital extranjero. El keynesiano fue uno de los artífices de los acuerdos en el marco del Ciadi y fue el principal arquitecto del acuerdo con Repsol. Es el hombre que lleva adelante las tratativas para que el FMI vuelva a auditar las cuentas públicas, lo cual se inscribe en una negociación más general dirigida a regularizar la deuda con el Club de París, al cual ofreció constituir un fideicomiso especial (con cuentas y fondos administrados en el exterior) para asegurarles a los acreedores el cobro de sus acreencias. La propuesta fue vista con beneplácito por los representantes de la banca europea. Los "nacionales y populares", por lo tanto, pretenden salvarse recostándose en el capital extranjero y en un mayor acercamiento a los círculos financieros internacionales. Esto ocurre cuando el "neoliberalismo" empieza a levantar cabeza en América Latina nuevamente. El semanario The Economist acaba de ensalzar el núcleo de países conformado por Chile, Perú, Colombia y México (el llamado "eje del Pacífico"), el cual -según su óptica- es un candidato a ocupar el centro del escenario económico y político latinoamericano. Contradicciones insalvables El gobierno apunta a descargar el peso de la crisis sobre los trabajadores en forma gradual. Por eso, para evitar una devaluación en regla, Kicillof reflotó el "dólar bolsa", suprimido por Moreno pocos meses atrás. Este mecanismo permite comprar dólares legalmente en el mercado local mediante la transacción de títulos nominados en la divisa norteamericana. La expectativa era atraer al mercado oficial las operaciones que hoy se realizan en el mercado marginal y, por esa vía, bajar la cotización del dólar paralelo. El Estado -principalmente la Anses- viene malvendiendo los bonos en su poder para lubricar esta operatoria. Pero esto no funcionó. Hoy asistimos a un aumento tanto del "dólar bolsa" como del "dólar blue", el cual superó la barrera de los 11 pesos. La brecha entre el oficial y el paralelo volvió a agrandarse. La demanda de dólares no proviene del turismo, sino de los grandes operadores. La fuga de capitales se combina con la retención de divisas por parte de las cerealeras, las que incumplen su promesa de liquidar 1.500 millones de dólares como adelanto de la cosecha. La disparada del dólar y la carestía se retroalimentan. La política oficial alienta este proceso. El gobierno dispuso el aumento del transporte y convalidó aumentos siderales en los precios de los alimentos. Además, tiene en carpeta un tarifazo en la luz y el gas, cuando la inflación orilla el 50 por ciento anual. Esto inviabiliza cualquier expectativa oficial de levantamiento del cepo cambiario, que hubiese sido el punto de partida para restablecer el giro de utilidades y retornar al mercado de capitales. Oposición y Rodrigazo Un "Rodrigazo en cuotas" es una contradicción de términos. Por eso, Massa y sus compinches apuran a Scioli con un adelantamiento de las paritarias docentes. El planteo del massismo es clausurar rápidamente las discusiones salariales y proceder entonces a una devaluación o un desdoblamiento cambiario. Una repuesta de conjunto El ascenso de Kicilloff sería el canto del cisne de la tardía tentativa bonapartista del kirchnerismo y daría paso a una nueva transición. El resultado sería un gobierno de coalición. De allí que el tema de la reforma de la Constitución para instaurar un régimen parlamentario haya sido reflotado. Terragno, en una reciente columna publicada en Clarín, aboga por esta perspectiva, recogiendo planteos sostenidos por el juez Eugenio Zaffaroni. Las paritarias deben ser abordadas en conexión con esta crisis de conjunto. La burocracia lleva la línea de alcanzar "acuerdos puente" por apenas tres o cuatro meses, pactando sumas fijas o porcentajes en cuotas que implican un salario a la baja. Estos compromisos de carácter precario revelan la voluntad de la dirigencia sindical de preservar la gobernabilidad. La creciente carestía, la devaluación y los tarifazos, sin embargo, colocan límites a este operativo de contención. En este escenario, es necesaria una respuesta de conjunto de la clase obrera. En oposición al Rodrigazo en marcha, impulsemos un congreso de bases de los sindicatos y de la CGT en defensa del salario y de las condiciones de trabajo. Por un salario mínimo de 8.500 pesos, actualizado mensualmente según la inflación. En oposición a los ajustazos y tarifazos, discutamos un plan económico de la clase obrera para que la crisis la paguen los capitalistas: rechazar el pago de la deuda externa y la devaluación de la moneda; nacionalización de los bancos, de las empresas privatizadas, del petróleo y del gas e imponer la gestión de los trabajadores de la economía para colocar los recursos al servicio del interés popular. Pablo Heller

LA LUCHA DE LA SALUD EN NEUQUEN Con un acta firmada por ATE y UPCN, al mediodía del 10 de enero, se cerró la huelga de un mes de los trabajadores de la salud pública. La propuesta que se aceptó es la misma que se hizo unas semanas atrás. La reiteró el gobierno en una mesa convocada de urgencia, mientras se sitiaba la Casa de Gobierno el 8 de enero, luego de una marcha masiva de los huelguistas acompañados por la comunidad el día anterior. La mesa del 8 fue el montaje de un escenario mediático para descargar toda una batería de presiones contra los huelguistas y abrir paso al operativo montado por el gobierno provincial, con el apoyo "K" y del UNE que dirige ATE-CTA, para que las asambleas del 9 de enero aceptaran la propuesta oficial. A pesar de esa operación, importantes hospitales como Plottier, Centenario, Zapala, Bouquet Roldán, Aluminé y otros votaron el rechazo y continuar. La votación clave estaba en la asamblea del Hospital Castro Rendón, el de mayor complejidad de la provincia, dirigido por la recientemente asumida lista del PTS. Esta impulsó (junto a la ex Junta Interna y los activistas de la Verde de Quintriqueo) aceptar "con el condicionamiento" de que no haya sanciones ni descuentos. Ni bien se conoció esta votación, los diarios adelantaron que el plenario del viernes votaría la aceptación. Con el operativo levantamiento en la mano, la conducción de ATE-CTA concurrió a firmar el acuerdo. La firma del acuerdo es presentada como "una victoria salarial" por ATE-CTA. En la misma línea, la Junta Interna del Castro Rendón (PTS) la califica de "victoria política". Ambos centran su caracterización en un incremento del 35% al básico, lo cual implica 1.400 pesos de bolsillo. Lo que no dicen es que ese incremento "absorbe" un adicional de 480 pesos que ya se cobra y dos cuotas por 600 pesos (del acuerdo de julio de 2013), que debían cobrarse en enero y abril de este año, por lo cual el incremento en el bolsillo es menor y se firmó por todo el año 2014. Tampoco dicen que no hubo "condicionamientos" al gobierno, sino al revés: primero se aceptó la propuesta y se levantó la huelga, y sólo después el gobierno propuso un genérico que "instará" a no realizar sumarios y no descontar los días. La amenaza del gobierno de descontar los días, al momento de firmarse el acta, era sólo eso. Con el antecedente de que el gobierno no se había atrevido a descontar los días de paro del salario de diciembre. Es que el gobierno tenía, al momento de la firma del acuerdo, un problema político mayor: el 20 de diciembre, con el objetivo de aislar la huelga de salud en pleno desarrollo, había convocado para el 10 de enero a una mesa de negociación salarial para el escalafón general (no para el sector en huelga). Debía cerrar la huelga de salud antes de abrir la mesa del escalafón general, para evitar así una unificación de los reclamos y la lucha. La firma de este acta-acuerdo, cuando la huelga tenía aún reservas y posibilidades concretas de unificar un reclamo con el escalafón general y con los enfermeros que nucleados en su sindicato (SEN) seguían de huelga, demuestra que si no hay independencia política respecto de las conducciones sindicales afines a las variantes patronales (todas partidarias del cepo salarial en relación con la inflación), la recuperación de los sindicatos y juntas internas abre la puerta a nuevas frustraciones. Nos comprometemos a que la base de salud saque estas enriquecedoras conclusiones para poner en pie una gran agrupación clasista en ATE y por la recuperación del sindicato y la CTA en las próximas elecciones. Gabriela Suppicich, delegada ATE Hospital Plottier

EXCLUSIVO DE INTERNET En El Bolsón, luego de tres semanas de conflicto en noviembre pasado, los trabajadores municipales lograron arrancar varios de sus reclamos al municipio y sentaron las bases para el crecimiento en la organización y el debate sobre condiciones laborales a los trabajadores que participaron de la medida. La precarización, la inestabilidad laboral y los salarios por debajo de convenios caracterizan al municipio gobernado por el otrora burócrata de UPCN, Ricardo García. Con el crecimiento de la huelga, se destacaron a compañeros y compañeras que se erigieron rápidamente como voceros y referentes de los reclamos. Ese fue el caso de la compañera Sandra, quien ocupó ese destacado lugar y fue electa como delegada de ATE en su sector. El intendente, que comenzó amenazando con descuentos y despidos, terminó cediendo a los reclamos a raíz de la tenacidad de los precarizados municipales, pero pasado un mes del conflicto, pretende cobrarse revancha, intimidando a los dirigentes de aquella lucha. Así fue que García le envió una carta documento intimidatoria a la compañera Sandra por comentarios que realizó en su cuenta personal de Facebook, cuestionando la tercerización implementada por el municipio para tareas que realizaban los huelguistas y repudiando descalificaciones del jefe comunal para con contratados y becados. El ataque iniciado por el intendente de El Bolsón está en consonancia con las que el gobierno provincial implementa en toda la provincia. Desde el Partido Obrero repudiamos el intento de judicialización a luchadores y la criminalización de la protesta que el gobierno municipal y provincial pretende llevar adelante, acompañamos a los trabajadores perseguidos por luchar y defendemos el derecho ciudadano de manifestarse en contra de toda política de ajuste. Corresponsal

El gobierno ha vuelto a legalizar el llamado "dólar bolsa" o "dólar MEP", que se obtiene al comprar con pesos títulos que cotizan en dólares. Esta operatoria permitía conseguir dólares hasta 9,50 pesos en la bolsa, legalizando una devaluación financiera del peso de más del 50 por ciento. Como el llamado “dólar blue” se cotiza a cerca de once pesos, el negocio sería comprarlo en la Bolsa y venderlo luego en las “cuevas”. El desdoblamiento del mercado de cambios ya es una realidad, aunque la meta del gobierno sea lograr su unificación mediante la devaluación acelerada del dólar comercial. Al mismo tiempo, el gobierno ha incrementado la venta de bonos en dólares en poder de la Anses, con el propósito de bajar su cotización. Se pasa, de este modo, del “desendeudamiento” (pagar a los acreedores externos a cambio de aumentar la deuda interna) por el “reendeudamiento” (aumentar la deuda externa y reducir la interna). En la medida en que "esa inyección de títulos es absorbida rápidamente por el mercado deseoso de dólares (...) el dólar Bolsa no baja" (Clarín, 10/1), lo que implica que la Anses está malvendiendo sus activos en dólares y sufriendo una pérdida patrimonial. El gradualismo en crisis Al mismo tiempo, como la compradel "dólar bolsa" se hace con dinero de los depósitos bancarios y quien los recibe los vende en el mercado negro, la operatoria fomenta las transacciones fuera del sistema bancario. Parte de los dólares se terminan fugando hacia cuentas en el exterior a través de otro dólar bursátil -el "contado con liqui" (que consiste en comprar títulos con pesos en la Bolsa para revenderlos en el exterior en dólares). El mecanismo también "permite a aquellas empresas que busquen ingresar dólares (como Chevron) tener otra alternativa para poder inyectar liquidez" (ídem), ya que en lugar de vender esos dólares en el mercado oficial (a seis y pico), lo hace -legalmente- mediante la compra de títulos en el mercado MEP, que luego transforma en pesos a 9,50. Como han advertido en forma reiterada los voceros del Partido Obrero, el contrato con Chevron habilita un dólar financiero más alto para los llamados inversores. Otra vez a costa de la Anses El intento de una "administración" gradual de la devaluación -interviniendo de manera indirecta en el tipo de cambio paralelo- está en crisis. La brecha entre el dólar oficial y el paralelo ha vuelto a ampliarse. "La Anses liberó al mercado un nuevo bono para mantener controlado al dólar Bolsa. Se trata del Bonar 2018, un título público nominado en moneda estadounidense, que tiene un rendimiento anual del 9 por ciento" (ídem). Pero la Anses debe vender los títulos por debajo del valor nominal, porque el interés que paga es más bajo que el del mercado. El otro efecto ya lo señalamos: transforma esta deuda pública interna en externa. Bajo la batuta de Kicillof, asistimos a una transferencia gigantesca de ingresos al capital financiero. Sergio Szulman

Subte La directiva del sindicato de los Metrodelegados acaba de firmar con Metrovías y Subterráneos de Buenos Aires un acta previamente acordada entre estos últimos y la UTA. Allí se acepta el otorgamiento de una suma por única vez, no contributiva, a cuenta de los futuros haberes que se acuerden la próxima paritaria. Se trata de un monto que va de 2.100 a 3.300 pesos, según categorías, a pagar en dos cuotas en febrero y en marzo. Pasándolo en limpio, se trata de un "préstamo puente", a devolver con los primeros pagos de la paritaria, en la línea planteada por la mayoría de las burocracias de distintos pelajes. Hay dos aspectos particularmente negativos en este acuerdo. Primero, viola los mandatos de la base. El reclamo de por lo menos cinco sectores, fue una suma de fin de año 2013, compensatoria del atraso salarial, no deducible de próximos haberes. Los talleres San José, Rancagua, Constitución y los sectores de estaciones de las líneas C y D se habían pronunciado en similar sentido. Luego, la conducción del sindicato va a la rastra de la UTA y, una vez más, de manera inconsulta. Finalmente, este acuerdo es una muy mala señal con vistas a la negociación paritaria, que formalmente debe arrancar en marzo, porque responde al mandato de Capitanich de no otorgar los plus salariales, que reclamaron la mayoría de los gremios. Y el de Kicillof, de colocar un techo a las paritarias de 20 a 25%. De hecho, directivos kirchneristas del subte y elementos de su periferia, vienen planteando que en la paritaria es más importante discutir condiciones de trabajo que salario; o que un 26% de aumento sería razonable. Y una última, la directiva kirchnerista se adapta al macrismo. Piccardo (presidente PRO de Sbase) declaró que el próximo aumento del boleto a 4,50 pesos responde a la inflación y al futuro aumento de salarios, condicionando el sueldo obrero al aumento del pasaje. Está en manos del activismo y los delegados independientes (no oficialistas) rechazar esta política. Exigir que la suma extra no se descuente de sueldos. Reclamar la inmediata apertura de la paritaria, por un aumento de 40% (estimación de la inflación proyectada), indexación por costo de vida y 2% por año de antigüedad. En este marco, por supuesto deben discutirse las condiciones de trabajo, para enfrentar el ajuste y la flexibilización laboral macrista, que golpea todos los días. Corresponsal

Salta Hace unas semanas atrás, el caso de una niña de 14 que había sido violada y golpeada por su padrastro por años conmocionó a la provincia. La niña ingresó al Hospital Materno Infantil producto de los golpes que le propino el padrastro cuando la madre se enteró que éste la violaba. Al realizarse los estudios correspondientes, se conoció que estaba embarazada. De manera inmediata, madre e hija, tal como lo establece el fallo de la Corte Suprema de Justicia del año 2012, solicitaron la interrupción del embarazo. No tardó en llegar una medida cautelar por parte del juez de Familia N° 2, Víctor Soria, el cual daba lugar a un recurso de amparo presentado por la asesora de Menores e Incapaces N° 2 (en nombre de "los derechos del niño por nacer") para impedir el Aborto No Punible (ANP). Luego de esto, nuestra senadora por la Capital y defensora de los derechos de la mujer, Gabriela Cerrano, se hizo presente junto a las abogadas de la niña para solicitar que el proceso se lleve adelante inmediatamente puesto que la niña había sido retenida en el hospital por el transcurso de un mes, aún con el informe de dos médicos que determinaban la imposibilidad de que siga adelante con el embarazo. Esto quedó plenamente demostrado cuando la madre denunció que la niña estuvo a punto de dejarse morir, perdiendo entre 5 y 7 kilos, y que sufrió el acoso de sectores eclesiásticos, dentro y fuera del nosocomio, que presionaron a la víctima con fotos de fetos y asegurando que, de seguir adelante con el embarazo, tendría una familia dispuesta a la adopción. Al tomar nota de esto, nuestra senadora solicitó en el Senado provincial que el ministro de Salud informe cuál fue la actuación del hospital en este caso, quiénes conformaban los gabinetes ginecológicos y psicológicos, además de sus funciones y cuántos casos de ANP fueron realizados, cuántos no y por qué. Dicho pedido fue rechazado en nombre de no querer presionar a la Justicia, un absurdo. Claro está, un intento de no evidenciar la responsabilidad del gobierno provincial en este caso, puesto que el protocolo que fija Urtubey a través del decreto 1170/12, contrario a lo que establece el fallo de la Corte Suprema, trata de evitar la práctica y abre la posibilidad para judicializar los casos de ANP. El enorme repudio que este caso generó no se hizo esperar. Larguísimas notas en medios nacionales e internacionales, marchas a la Casa de Salta en Buenos Aires y repudio de organizaciones de mujeres se hicieron escuchar. Frente a esto, el gobierno provincial, totalmente retrógrado, se vio obligado a tener que virar. A través de sus diputados se informó que iban a pedir el juri de enjuiciamiento al juez Soria -al igual de lo que exigían las organizaciones de mujeres- y, en la misma línea, la Corte de Justicia de Salta rechazó el amparo aceptado por Soria, aunque sin objetar, por supuesto, lo que de fondo es el problema: el decreto 1170 que contraría al fallo de la Corte. Indudablemente, esto ya es una enorme victoria de las luchadoras y de la población salteña que obligaron a este retroceso del gobierno provincial. Las mujeres salteñas aún tenemos enormes desafíos, la derogación del protocolo provincial de los ANP, además de todas las causas por las que, año a año, luchamos -la precarización laboral, la falta de viviendas, las redes trata, el narcotráfico, la violencia familiar, las muertes por abortos clandestinos, la educación religiosa en las escuelas públicas y la negativa a impartir educación sexual, entre otras. Este año se realizará el XXIX Encuentro Nacional de Mujeres en nuestra provincia, y su preparación tiene que ser la oportunidad para unificar e impulsar, para organizarnos por nuestros reclamos en toda la provincia para acabar con la violencia y la opresión a las que nos someten desde el Estado. Desde el Plenario de Trabajadoras, ya estamos interviniendo en los barrios y en los lugares de trabajo y estudio, y llamamos a todas las mujeres salteñas a emprender esta enorme tarea junto a nosotras. Gabriela Jorge diputada provincial del PO

No solamente el gobierno, sino la situación política de conjunto se encuentran empantanados. La estantería resiste en forma precaria. Cualquier movimiento amenaza con derribarla. El anuncio de que se tomarían los precios de mercado como base del impuesto a la riqueza puso ‘groggy’ a la gestión de Capitanich, la cual había ingresado en un estado de hibernación como consecuencia de su reacción ante la crisis policial en Córdoba. Nada ilustra mejor, precisamente, el momento político que lo ocurrido con los amotinamientos policiales y los cortes masivos de energía: el gobierno no ha hecho nada en ninguno de los dos casos a pesar de su gravedad, de las advertencias y amenazas que fueron proferidas en ambos, y de que podrían repetirse en cualquier momento. Remarquemos que el lobo no está En el plano de la economía es donde mejor se manifiesta el impasse general. La carestía alimentaria no tiene precedentes desde la bancarrota de 2001. El llamado acuerdo de precios ha dado paso a una remarcación sin precedentes. El dólar supera alegremente los once pesos, sin que lo detenga la legalización del mercado paralelo que opera en la Bolsa ni la venta incesante de bonos en dólares de la Anses, o el otorgamiento -a los monopolios cerealeros- de un premio cambiario que consiste en un certificado en dólares, a una tasa de interés elevada, por los dólares que deberían ingresar por las exportaciones (las que, en cambio, retienen). Los macaneadores habituales del oficialismo han comenzado a descubrir que los puertos privados favorecen la subfacturación de las exportaciones y que la mayor parte del comercio exterior se realiza a través de mercados intermediarios (“triangulación”) para consumar, precisamente, este tipo de fraude. Del “desendeudamiento” (la Anses reemplazando a los acreedores internacionales) se ha pasado al reendeudamiento (los acreedores internacionales comprando barato los bonos en poder de la Anses). Esta operación implica una pérdida contable y real enorme para la Anses, que tiene anotados esos bonos a su valor nominal. Los K han instaurado un cuádruple mercado cambiario -el comercial, el bursátil, el del turismo y el negro- sin ningún beneficio pero con todas sus desventajas. Desde los malogrados Cedines y Baades, los ‘economistas’ K no dan pie con bola: a pesar de la devaluación acelerada en todos los mercados, no ingresa un ‘verde’ ni en pleno verano. El cisne negro El escenario de impasse ha sido (mal) interpretado por la inmensa mayoría de los analistas como un síntoma de que la situación aguanta hasta finales de 2015. Una caracterización de este tipo revela una ignorancia fenomenal de la historia: el estallido es siempre precedido por un inmovilismo que abraza al conjunto de los protagonistas políticos oficiales. La mediación entre el impasse y la ruptura la cumple el detonante. La sacudida podría ser provocada por un derrumbe (que se anuncia) de la lira turca o de la calificación de Brasil o algún fallo inconveniente sobre la deuda externa en litigio. Lo mismo podría ocurrir con un revés judicial para Boudou o para Báez -el cura designado en el Sedronar ya ha salido a denunciar que se ha encontrado una cueva de corrupción. La otra variable es la incertidumbre sobre la enfermedad de CFK. El inmovilismo oficial está representado en forma cabal por el ministro Kicillof, al cual todos juzgan, por el contrario, como muy movedizo. El ‘soviético’ le ha asegurado a su jefa que tiene el paquete bien atado a partir de su alianza con Chevron y con los fondos internacionales que participaron del canje. Kicillof representa al capital extranjero en el gabinete nacional. Pero la propuesta de esos fondos para solucionar la crisis con los fondos buitres y las inversiones extranjeras para explotar el petróleo y el gas no convencionales, solamente podrían fructificar si el gobierno las complementa con la megadevaluación del peso oficial y la liberación de cambio extranjero. O sea con un Rodrigazo. Chevron ya ha comenzado a ingresar los pocos dólares que ha comprometido por el mercado de la Bolsa en lugar de hacerlo por el oficial. Kicillof acaba de rechazar una propuesta de crédito internacional debido a la tasa usuraria que la acompañaba, arriba del 15%; aceptarla habría significado acabar, en un par de semanas, como De la Rúa-Cavallo. Pero no ocurrirá lo mismo con la segunda o tercera oferta. El capital internacional está diciendo que está dispuesto a apoyar financieramente una devaluación del peso y la liberación del mercado de cambios -de ningún modo a evitarlas. Retirada estratégica Las propuestas de salida abundan y son coincidentes, pero nadie mueve la pieza. González Fraga se decidió, por fin, a reclamar la devaluación integral -previo desdoblamiento del mercado cambiario. Melconian ya no mastica palabras: la salida -dijo- pasa por una recesión fuerte. Nadie, sin embargo, logra reunir una masa crítica para provocar la crisis política que daría paso a esa salida. Las principales cámaras de empresarios, incluidas las extranjeras, han comenzado a reunirse para discutir temas que calificaron de “institucionales”. El “círculo rojo” ya está dibujando alternativas. Rodolfo Terragno piensa que la crisis en curso termina con el presidencialismo y que habría que ir a un régimen parlamentario. La retirada estratégica del kirchnerismo pasa por el intento de copar el Poder Judicial, para cuidar sus huesos y sus cajas. La aplicación de la ley de medios se encuentra paralizada por las idas y vueltas de los propios empresarios K, incluidos eventuales acuerdos con Clarín. El otro aspecto de la retirada es Milani, del cual espera el apoyo en caso de crisis política. Carlos Pagni, el columnista de La Nación, advirtió que lo mismo esperaba Salvador Allende cuando nombró a Pinochet (y los laderos de Isabelita y los radicales cuando encumbraron a Videla como jefe del Ejército). En la burocracia sindical, la novedad más relevante es el giro de Gerardo ‘601’ Martínez hacia la oposición y las declaraciones cada vez más “destituyentes” del ‘tranviario’ Fernández y del ‘fraternal’ Maturano. La burocracia sindical opera en relación estrecha con el ‘vaticano’ Francisco, quien acaba de pedir -nada menos que a De Mendiguren- que “cuiden a Cristina”. Es una clara alusión de Bergolio a una incapacidad de CFK para seguir gobernando. La cumbre de Mar del Plata convocada por Moyano, Barrionuevo y Fernández -a la que prometen asistir Scioli, De la Sota y Massa- tiene por objetivo dejar armada la sucesión anticipada de Cristina. Este frente considera que de lo contrario todo se desmadra, sin alternativa. Pero todavía hay que sacudir el árbol. Inquietud popular En contraposición con este impasse que se disimula con ajetreos que apenas ocultan su línea conspirativa, las inquietudes se multiplican entre los trabajadores por los motivos más diversos: despidos, reclamos salariales, cortes de luz; crisis de salud, educación y vivienda; crisis provinciales y la continua operación de la mafia de la trata. Llamamos a apoyar todos estos reclamos y, particularmente, el salario mínimo de ocho mil pesos, con el planteo de que las organizaciones obreras convoquen a un congreso de trabajadores para impulsar un plan de lucha y un programa económico y político alternativo de la clase obrera.

SANTA CRUZ A mediados de diciembre, por iniciativa del cuerpo de delegados, se realizó una gran asamblea y una movilización en horario de trabajo hasta la sede de la administración de YCRT. El reclamo era por el pago de la bonificación anual (BAE) que se adeuda desde 2012 y otros temas relacionados con las condiciones de trabajo. Bajo la presión de esa gran marcha, el interventor Pérez Osuna prometió el pago de sueldo, aguinaldo y BAE para el 27 de diciembre. Ese compromiso no se cumplió y apenas se cobró parte del aguinaldo. Así las cosas, el 6 de enero comenzó un paro general de ATE (más de 1.500 compañeros afiliados), con asambleas diarias en el turno de la mañana. Finalmente, el jueves 9 se completó el pago y una inmensa caravana de autos y camionetas recorrió las calles del pueblo festejando el triunfo. Lo más importante, sin embargo, son los compromisos de abrir la paritaria el 17 de marzo, y tratar como temas prioritarios los que hacen a la reorganización del escalafón, a la aplicación de la Resolución 410 del Ministerio de Trabajo, que establece la incumbencia gremial de ATE sobre el 90% de la estructura de mandos de la empresa, así como el pago de la BAE 2013, junto a salarios y otros reclamos de seguridad laboral. Las resoluciones del Congreso del Carbón, que se hizo hace tres meses, han establecido mecanismos de virtual control obrero, al poner en debate la estructura organizacional de la empresa, el control sobre la seguridad a cargo de comisiones obreras, con poder para paralizar la actividad ante una situación de riesgo potencial, y por sobre todas las cosas se ha fijado la orientación de una figura legal que transforme en empresa estatal todo el emprendimiento carboeléctrico con control de los trabajadores sobre la gestión. El kirchnerismo, en diez años de gobierno, no ha resuelto el tema de la figura legal de la empresa, ni siquiera ha presentado un proyecto de ley al respecto. Los proyectos presentados por el radical Eduardo Costa y, sobre todo, el que presentó la esposa del gobernador Peralta abren las puertas para la privatización de las áreas rentables de la futura empresa. El Partido Obrero, que fue el único en manifestarse públicamente en la reciente huelga, se reunió con varios delegados (incluso estuvo presente el diputado de Salta Claudio Del Plá) y se comprometió a participar de la campaña de divulgación de las resoluciones del Congreso del Carbón, así como a organizar la visita de los diputados nacionales del Frente de Izquierda, para intercambiar ideas con todo el cuerpo de delgados, acerca del proyecto de Ley que debe ser presentado en marzo en el Congreso Nacional. Miguel Del Plá

Rastrojero se le llamó a la camioneta fabricada por el Estado, entre 1952 y 1979. Hasta acá parece sólo unas líneas sobre la historia del automóvil, sin embargo, es la camioneta que transporta a una cuadrilla de Edenor en Escobar, responsable de las reparaciones en el distrito. El pintoresco Rastrojero tiene un cartel pegado que dice "Al servicio de Edenor" y se lo ha visto desplazar con mayor asiduidad que nunca frente a los cortes de energía del distrito que provocaron, a la vez, una oleada de cortes de calles de los vecinos, en la Panamericana, como en la ruta 25. La empresa, que tiene tercerizado el servicio de reparación y entre ellos, a los trabajadores de la cuadrilla del Rastrojero, intenta aguantar, sin poner un mango, la crisis de energía de la cual es responsable junto al Estado. Bien vale para nuestro distrito el proyecto de emergencia presentado por el PO en el Frente de Izquierdo en la Ciudad de Buenos Aires, donde se plantea un comité de crisis, armar cuadrillas, bajo convenio de Luz y Fuerza que lleven adelante los trabajos para terminar con esta situación. Para que los cortes, junto con el Rastrojero sean cosas del pasado. Claudio Vallori (Escobar)

La nota del último periódico del PTS sobre la crisis eléctrica nada dice respecto de la política y la intervención de ese partido en el curso de la crisis. En cambio, y después de algunas generalidades sobre la desinversión de las eléctricas y la complicidad estatal, se dedica a criticar las iniciativas políticas y legislativas que impulsó el PO en la Ciudad de Buenos Aires y en el interior. El PTS nos critica por haber planteado la formación de un "comité de emergencia con representantes de todos los bloques legislativos", ello, porque esos bloques (son) "socios de los distintos capitales que manejan las empresas concesionarias... no pueden ser quienes controlen a las empresas y avancen en solucionar la crisis eléctrica". No hacía falta, sin embargo, que el PO "incluya" a estos bloques en el manejo de la crisis eléctrica: ellos ya ejercen por completo ese papel, en su carácter de partidos del régimen. Por el contrario, un comité de emergencia con todos los bloques legislativos y representantes electos de los trabajadores y usuarios -así lo planteaba nuestro proyecto- cuestiona el monopolio de los partidos capitalistas y de sus gobiernos en la gestión de la crisis; la referencia a los bloques parlamentarios apunta a imponer la presencia del Frente de Izquierda. En este caso, nuestro Frente pasaría del parlamento a una intervención ejecutiva -que siempre será en contraposición con los partidos patronales y en alianza con los que representen realmente al movimiento. La "contrapropuesta" del PTS -un "comité de emergencia" integrado por el diputado del Frente de Izquierda y los usuarios- es un desvarío, pues concede toda la representación a la 1/60 parte de la que fuera electa recientemente. Sería un comité académico para debatir las causas del colapso eléctrico, no para intervenir en las tareas y necesidades planteadas en la emergencia. El macrismo y el kirchnerismo se vieron obligados a polemizar con el proyecto. Capitanich fue interrogado en sus conferencias de prensa. La vicejefa de Gobierno, María Eugenia Vidal, también debió polemizar con nosotros y rechazar un debate legislativo sobre la emergencia. Nuestro planteo puso de manifiesto el compromiso de fondo de todos ellos con los privatizadores. Control obrero Al PTS le ha pasado por el costado la principal iniciativa de nuestro planteo: la formación de cuadrillas o brigadas de trabajadores para intervenir en la emergencia. Para el PTS, este planteo formaría parte de "un programa completamente mínimo en sus resoluciones (sic)", que ni se detiene en analizar. La constitución de cuadrillas de trabajadores, atendiendo a la emergencia en conexión directa con los comités de vecinos afectados, colocaría a la iniciativa obrera en contraste con la impotencia del Estado y sus gobiernos. El sólo hecho de haberlo formulado, bajo la forma de un proyecto de ley, nos ganó una adhesión popular. La repercusión fue enorme, y sólo eso refuta la línea abstencionista de los "críticos". Más profunda aún fue la experiencia de Capitán Bermúdez, donde, bajo una fuerte presión popular, se aprobó la "emergencia", se constituyó un comité con todos los bloques y se ha planteado ahora una lucha y una experiencia popular, a una escala todavía superior, pues ha profundizado la lucha contra los partidos capitalistas en el propio "comité de emergencia". Nacionalización Es claro que una intervención del servicio eléctrico a partir de un comité de emergencia y brigadas de trabajadores, limitando decisivamente la acción de los privatizadores, plantea, más que ninguna otra medida, la nacionalización de la industria eléctrica. Así está formulado el planteo de las nacionalizaciones en el Manifiesto Político Electoral del Frente de Izquierda, que redactamos precisamente en el Partido Obrero. La nacionalización devendría de una movilización excepcional de los explotados: la clase obrera habría derrotado a la burguesía en la gestión de una crisis. En esos términos se plantea en los fundamentos de nuestro proyecto. Presentarlo al revés sería entregar la gestión eléctrica a la burocracia aliada a las privatizadas. El PTS, en cambio, propone dejar de lado las "consignas mínimas" -así llama a la movilización de brigadas o cuadrillas- por la "estatización de las eléctricas" por parte del Estado vaciador. Olvida que la expropiación del capital (no la "estatización") solamente puede ser arrancada por una lucha de clases. El reclamo de que la burocracia estatal se encargue de la crisis equivale a una reprivatización, entre otras cosas porque la distribución eléctrica está completamente tercerizada. La "estatización" kirchnerista debía ser enérgicamente denunciada como otra tentativa de reprivatización, para viabilizar el tarifazo. En los días del colapso eléctrico, las organizaciones filokirchneristas de toda laya promovían movilizaciones contra Edesur, precisamente para excusar al gobierno. Las "inversiones" en electricidad ya las hace el Estado, el mismo Estado que protege a las privadas. El PTS insiste con que la crisis eléctrica es un asunto de "alcance nacional", o sea que sería tema del Congreso. ¡Qué estafa! De lo que se trata es de promover la intervención independiente de las masas; con ese criterio, planteamos la emergencia... ¡incluso en un Concejo Deliberante como el de Capitán Bermúdez! En cambio, no tenemos conocimiento de que el PTS haya promovido iniciativa alguna. Parasitismo No es cierto que el PTS haya tomado conocimiento de nuestros proyectos "por los medios". Apretados por la urgencia de la crisis, inscribimos el proyecto al mismo tiempo que se lo cursamos a los partidos del Frente; la crítica llegó ¡veinte días más tarde! Nuestro proyecto, entretanto, abrió una crisis en la oposición -lo acompañaron tres diputados del Unen y promovió la única movilización popular por los cortes de luz, el lunes 30 de diciembre en el Obelisco. La convocatoria fue apoyada por absolutamente toda la izquierda, por la CTA y otras organizaciones de la Ciudad. El PTS participó de ella, y también se hizo presente en la conferencia de prensa convocada en la Legislatura para reclamar una sesión especial -o sea que apoyó la orientación del proyecto. Desagradecidos, critican la política de la cual han parasitado en todos esos días. Parece que no solamente los K y Macri se fueron de vacaciones durante el colapso eléctrico.

SINDICATO DE LA CARNE DE CORDOBA Las elecciones en el Sindicato del Personal de Frigoríficos de la Industria de la Carne de Córdoba (SPFIC), convocadas para el próximo mes, se realizarán bajo una crítica situación. De los frigoríficos exportadores, sólo el Logros (Grimaldi) se mantiene produciendo; el Colcar (JBS, Brasil) cerró hace dos años y el Estancias del Sur (Marfrig, Brasil) se encuentra produciendo al mínimo, con despidos y una brutal reducción salarial. En el resto de los establecimientos, que trabajan para el mercado interno, los salarios no superan los 4 ó 5 mil pesos mensuales y los ritmos de producción son extenuantes, en varios se trabaja sin noria y se cobra a destajo. La mayoría de las patronales (opositoras a los K) responsabilizan al gobierno nacional por la situación y reclaman el fin de las trabas a la exportación -retenciones e impuestos- y la liberación de los precios internos. Una burocracia acabada La burocracia del sindicato, alineada al kirchnerismo, ha sido cómplice tanto de los cierres y despidos como de la flexibilización y la miseria salarial; su descrédito ante las bases es terminal, ya ni pisa los establecimientos y mucho menos reúne al cuerpo de delegados o la asamblea general. Contra ella se conformó la "Agrupación 1º de Mayo - Lista Marrón", un agrupamiento basado en delegados y activistas de los principales establecimientos como Estancias, Logros, Bustos y Beltrán, Novara, Cantonati y otros, que se propone disputar la conducción del gremio. Rompamos el fraude Consciente de su debilidad, la burocracia impuso una Junta Electoral, votada en una "asamblea" clandestina de no más de 30 personas, para armar el fraude (empezaron por suprimir las urnas en casi todos los establecimientos, lo que obligaría a los afiliados a recorrer distancias superiores a los 30 kilómetros para votar). En una primera instancia la Junta oficializó a la Lista Marrón pero ante las dudas de que el fraude le alcance, decidió impugnarla con argumentos amañados e ilegales. Las patronales por su parte largaron una fuerte campaña de presiones, amenazas y compra de voluntades para desbaratar la lista alternativa. Al mismo tiempo pusieron una guardia policial a custodiar la sede sindical. Es claro que los gobiernos nacional y provincial, y las patronales actúan en común para sostener a la vieja directiva. La Lista Marrón rechazó todas las maniobras ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, exige su oficialización y que repongan las mesas de votación en los lugares de trabajo. Hay que impulsar asambleas en cada establecimiento y movilizar a todo el gremio para romper el fraude. Jorge Navarro

8 de marzo El 8 de Marzo es una fecha de enorme significado histórico, político y reivindicativo para las mujeres trabajadoras de todo el mundo. En medio de una profunda crisis del capitalismo, llamamos a desarrollar e impulsar la movilización de decenas de miles de mujeres por sus reivindicaciones cada vez más vitales y para que la crisis la paguen los capitalistas. La carestía de la vida; los vínculos familiares de sujeción y violencia; la precarización laboral; los planes de empleo degradantes; la negación del acceso a la salud; la clandestinidad del aborto con su secuela de muerte, mutilación y culpabilización personal; el avance de la esclavitud laboral y de la esclavitud sexual; las reformas del Código Civil, del Comercial y del Código Penal (contrarias a los derechos de las mujeres) constituyen la agenda extraordinaria que nos debe movilizar en esta jornada internacional. Las reformas de los códigos Civil y Penal, otro ataque Se encuentra en marcha una reformulación del Código Civil que consagra la precarización laboral y la impunidad del Estado. A partir del ‘principio’ de establecer el inicio de la vida humana “desde la concepción”, dentro y fuera del útero materno, atenta contra la fertilización asistida y contra la investigación científica con embriones y, de paso, coloca un cerco jurídico contra el aborto legal. Este código obtuvo la media sanción del Senado como consecuencia de un acuerdo del gobierno con el clero. La propuesta de reforma del Código Penal -que cuenta con el acuerdo del FAP, del PRO, de la UCR, el Unen y el FpV- mantiene la penalización del aborto. Los derechos de la mujer están sujetos a la decisión del Vaticano. Aborto legal versus aborto clandestino En la Argentina se producen 550 mil abortos por año. La tasa de mortalidad de mujeres gestantes es el doble de la de Chile o Uruguay -300 mujeres al año-, por causas mayoritariamente evitables, principalmente por aborto clandestino. Las hospitalizaciones por complicaciones de abortos mal practicados de 80 mil mujeres (según datos parciales del año 2000) no dejan de crecer. Argentina es uno de los pocos países que no logró bajar la mortalidad de mujeres gestantes. El crecimiento del embarazo entre niñas y adolescentes fue de un 15% en diez años. Los ataques sexuales contra las niñas han crecido en forma ininterrumpida, junto al embarazo no deseado. El registro es absolutamente parcial y deformado, ya que provienen de un gobierno que tomó la determinación política de desvirtuar las cifras para eludir su responsabilidad. Reivindicamos, frente a esta realidad, el aborto legal y gratuito, así como la educación sexual científica en todos los niveles educativos. La explotación capitalista es incompatible con el derecho al embarazo deseado de la mujer, del mismo modo que es un obstáculo insalvable al desarrollo de la individualidad humana. El trabajo precario, la flexibilización laboral, la desocupación y la pobreza creciente son responsables de los abortos forzados o ‘espontáneos’. Al lado del embarazo forzado, el clero ha desarrollado el negocio extraordinario de la adopción infantil. El régimen político vigente es responsable del aumento de los abortos clandestinos, también de la muerte y mutilación de mujeres por esta causa. El embarazo forzado y el aborto clandestino son, ante todo, herramientas de disciplina social. La Iglesia, el bastión reaccionario contra los derechos de la mujer, es -a la vista de todos- una gigantesca mafia de pedofilia, lavado de dinero, estafas y de todos los delitos aberrantes que se puedan imaginar. El ‘Papa argentino’ se ha convertido, de opositor político del kirchnerismo, en el tutor de su política y el recurso último de su supervivencia. El avance clerical, tanto en lo que respecta a las normas como entre los funcionarios que ocupan cargos clave a la cabeza de hospitales o servicios de ginecología, ha sido enorme, tanto en provincias oficialistas como opositoras. Las consecuencias de esta penetración se vieron, recientemente, en la provincia de Salta, para bloquear el aborto de una niña violada por su padrastro, en la misma línea de casos anteriores. La lucha del movimiento de mujeres, organizaciones de derechos humanos y partidos de izquierda ha sido esencial para derrotar estos atropellos. La lucha por el aborto legal y gratuito desafía al conjunto del orden existente sobre el lugar de la mujer en la sociedad y sus diversas cadenas de disciplina social. La consigna “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir” sintetiza la lucha del movimiento de mujeres contra el régimen precarizador, hambreador, violento y abortista. Esclavitud sexual y laboral Frente a este 8 de marzo, tenemos varias razones para ponernos de pie. La trata de personas vino para quedarse. El negocio de la prostitución es una de las principales cajas negras de la policía, que abarca una enorme red de capitales mafiosos y financieros internacionales. El gobierno ha respondido mediante la eliminación hipócrita del rubro 59 de los clasificados, mientras buscaba superar la crisis cambiaria autorizando un blanqueo de capitales -o sea: el lavado de dinero de las mafias. El Estado es responsable, por desidia o complicidad, de la desaparición de mujeres para la esclavitud sexual y laboral. Pocas cosas ilustran esta realidad como las “casas de tolerancia” en la patria chica del oficialismo. A la naturalización de la explotación sexual de las mujeres, cuando se las convierte en “trabajadoras sexuales”, o cuando se convoca a reprimir “la demanda”, oponemos la organización independiente de la mujer por el derecho al trabajo, a la maternidad asegurada por el Estado; por el derecho al aborto legal y gratuito, y a la educación sexual en todos los niveles; contra la violencia social hacia la mujer en todas sus manifestaciones y la fusión de esta organización con las organizaciones obreras y de la juventud por la abolición de la explotación capitalista y la enajenación de la personalidad humana. Organizarnos contra la precarización laboral Las mujeres ingresamos a esta fase de la crisis del régimen político en su conjunto, en condiciones severamente desventajosas: en el podio de la inserción laboral precaria, ya que el 54% de los trabajadores tercerizados, contratados, vendedores ambulantes, empleadas domésticas, trabajadores por agencia son mujeres. El 70% de las cuadrillas de trabajo de los planes Argentina Trabaja están compuestas por mujeres. Esta vinculación con punteros y jefes de planta de los municipios las colocan en un estado de vulnerabilidad social que excede la cuestión laboral. Los ‘planes’ son un elemento fundamental para deprimir los salarios del conjunto de los trabajadores del sector municipal. Las cláusulas de los convenios que tenían en cuenta el día femenino y otras reivindicaciones de las mujeres nunca se recuperaron, no se hizo nada para eliminar la diferencia salarial y de calificación laboral entre el hombre y la mujer, no se crean jardines maternales -sean públicos o en las empresas. En lo que respecta a las obras sociales, el acceso a la anticoncepción gratuita es desigual y muchas veces está sometido a trámites burocráticos. A las mujeres trabajadoras nos sobran los motivos para salir a marchar este 8 de marzo, acompañando a las trabajadoras y los trabajadores de la fábrica Bolo en su lucha contra los despidos y la falta de pagos, conformando comisiones de mujeres que acompañen las luchas de nuestras familias, impulsando una pelea por nuestros derechos laborales aplastados por las burocracias sindicales, poniendo en pie listas antiburocráticas. La lucha para terminar con la burocracia sindical es una tarea de principal interés para las mujeres, porque los vínculos que ella impulsa entre los trabajadores colocan a la mujer en un lugar subordinado, porque las patotas que reclutan son el claro exponente de la violencia hacia la mujer y porque los reclamos sindicales de las mujeres -como los jardines maternales, el día femenino, la extensión de las licencias por maternidad y paternidad y la colocación de lactarios adecuados- han sido las primeras conquistas entregadas por esta casta parasitaria y traidora de los trabajadores. Salir a las calles con nuestras demandas laborales y colocarlas en el centro de la escena política a fuerza de acción y movilización popular es una gran oportunidad que tenemos de cara al próximo día internacional de la Mujer Trabajadora. La violencia doméstica es social y política La violencia doméstica contra las mujeres y los niños tiene una naturaleza social. La familia concentra todas las contradicciones de una sociedad que acentúa la explotación, la exclusión y la humillación. Es, precisamente, el modelo familiar que el clero defiende con fanatismo ilimitado. En oposición a la familia, como un reducto privado, y a la sociedad, dominada por la explotación de la fuerza de trabajo, defendemos la socialización del individuo, donde la realización de cada uno sea la medida de la realización de todos y de la unidad familiar que se determine como producto de esta conquista social. Nuestra lucha es por unir a la familia obrera en torno a sus intereses de clase y en contraposición a la reproducción dentro de ella de escalas de poder de unos sobre otros. Contra todas las promesas del “estado de bienestar”, la mujer no ha conquistado la independencia económica a través de su incorporación al “mercado de trabajo”. Todo lo contrario, la familia trabajadora ha sufrido un retroceso social en su conjunto. La conversión del trabajo estable en trabajo precario, el crecimiento de la desocupación, el encarecimiento de la salud y de la educación, la falta de vivienda y el hacinamiento son el caldo de cultivo de la violencia doméstica. Desde el Estado prima la inacción y el discurso que responsabiliza a la mujer por el hallazgo de la salida a la situación de violencia: "vos tenés que romper el vínculo", "sacale tarjeta roja", pero no hay una sola medida de apoyo económico a la mujer divorciada y a sus hijos. Lo irónico es que la asistencia interdisciplinaria a la mujer, casi inexistente, está formada por trabajadoras que viven ellas mismas la violencia institucional del contrato ‘part time’, sin salarios adecuados y sin recursos para la atención. Las mujeres organizadas son la única herramienta para luchar contra la violencia social hacia la mujer y para arrancar al Estado las reivindicaciones que aseguren trabajo, asistencia económica y defensa social -¡bajo el control de las propias organizaciones de la mujer! La exposición de la “violencia de género” encubre la impunidad de la que goza la violencia contra las mujeres por parte de los hijos del poder, desde María Soledad hasta Paulina Lebbos en Tucumán, o el de Tati Piñeyro en Misiones. El 8 de marzo estaremos en la calle con nuestras pancartas y banderas por el juicio y castigo de todos los gobernadores, funcionarios y policías responsables por el secuestro y desaparición de mujeres en todo el país El día internacional de la Mujer Trabajadora -una jornada que se gestó al calor del reconocimiento por parte de las mujeres socialistas de principios del siglo XX de la necesidad de organizar a la clase trabajadora en pos del programa de lucha y defensa de las mujeres como única posibilidad avanzar en la emancipación social de todas las mujeres- mantiene una vigencia total y forma parte de una de las principales batallas que hoy debemos encarar. La fantasía de avanzar en la lucha por los derechos de las mujeres ignorando el contenido de clase que subyace en la explotación de las mismas y en la violencia contra ellas es simplemente un engaño. El feminismo que no asume una posición revolucionaria y socialista no tiene más salida que concluir en un pacto con los gobiernos de turno, que están empeñados en la defensa de la explotación vigente. El feminismo que fue cooptado por el kirchnerismo no tiene nada que exhibir, lo mismo para aquel de ropaje ‘comunista’, que colabora sistemáticamente con el clero. El feminismo que promueve un capitalismo con “enfoque de género”, que se ampara para ello en conquistas como el matrimonio igualitario, simplemente ignora que esas conquistas no llegan a la inmensa mayoría de los involucrados, ni supera la exclusión que promueve el capitalismo en todos los planos de la realidad. Al final, el feminismo K se ha convertido en una rueda de la propaganda del gobierno de la devaluación y de Chevron. La debacle no puede ser mayor. El próximo 8 de marzo, en todo el país y en el mundo, debemos encabezar una movilización masiva con las mujeres luchadoras de cada gremio, barrio y cada sector estudiantil a la cabeza, plantando con fuerza la independencia del movimiento de mujeres y de la lucha sin concesiones por la educación sexual, el aborto legal, la anticoncepción gratuita, el trabajo en blanco, la vivienda digna, contra los ataques sexuales, la trata de personas, la esclavitud laboral y sexual, organizando en todos lados reuniones, plenarios, charlas, video-debates, que conduzcan a las mujeres a marchar por sus propios intereses. Por la unidad combativa con el movimiento obrero y el conjunto de los explotados. ¡Adelante, compañeras! Organización de Mujeres Plenario de Trabajadoras - Partido Obrero

ASENTAMIENTO EN EL SUR DE LA CIUDAD DE SALTA Mientras el gobierno hacía alarde de la presencia del Dakar en la provincia, miles de familias ocuparon terrenos en la zona sur de la ciudad, unos terrenos que habían sido expropiados el año pasado con el objeto de entregarlos a familias sin techo. Las familias ocupantes denuncian que muchas de ellas tienen preadjudicaciones nunca concretadas; otros que tienen la promesa de un terreno durante la campaña del actual concejal Moya del FpV, vicepresidente primero del concejo capitalino; muchos llevan largos años de espera inscriptos en el Instituto Provincial de Vivienda o en Tierra y Hábitat. Hasta ahora, no se inició ninguna obra en el lugar, supuestamente por un problema judicial. Los vecinos de barrios aledaños a la ocupación reclaman que se urbanice con viviendas y no que se entreguen los terrenos vacíos. En otros casos, piden el desalojo basado en prejuicios contra los ocupantes. La ocupación de terrenos de Parque La Vega es la consecuencia obligada de la enorme crisis habitacional a las que nos han llevado la política de defensa de la especulación inmobiliaria por parte del gobierno de Urtubey. Es también la expresión más clara de su fracaso ante semejante problemática. El IPV se ha convertido un banco hipotecario que exige un determinado nivel de ingresos para la inscripción. Las viviendas han quedado reservadas a los amigos y funcionarios de Urtubey, y a los que tuvieron, además de la suerte en el sorteo, los 40.000 pesos para que le adjudiquen una vivienda -como ocurre en barrio El Huaico, por ejemplo. Tierra y Hábitat es un verdadero nido de punteros del oficialismo. Con un déficit habitacional de más de 35 mil viviendas sólo en capital y que ronda las 50 mil en toda la provincia, el carácter irrisorio de los planes de vivienda y loteos del gobierno, así como los altos costos del ingreso y las cuotas de las viviendas del IPV, es obvio que la población está obligada a buscar su propia salida al problema de la vivienda. Es que el gobierno estrecha la entrega de terrenos y viviendas para arrojar a miles de familias salteñas a manos de los especuladores inmobiliarios privados, los que se quedan, en promedio, con el 40% del salario mensual de un trabajador en conceptos de alquileres o cuotas. Esta política, sumada a los altos niveles de desocupación y trabajo en negro consagrados en la provincia, ha llevado al déficit habitacional a una situación explosiva. Los beneficiarios del plan Procrear no tienen terrenos para comprar, tanto por su escasez como por los precios altos, lo que obligó al gobierno a enviar al parlamento una ley para expropiar las 100 hectáreas de Pereyra Rozas, concretando una expropiación largamente reclamada por nuestro partido. Pero Urtubey ha fijado un precio por esos terrenos que es muy superior al crédito del plan nacional mencionado. La respuesta tardía del gobierno al asentamiento se escuchó recién este martes 14 de enero a través del ministro de Hacienda. Parodi ratificó la línea represiva del gobierno de que el asentamiento se resuelve por vía judicial y ratificó el decreto de comunidad organizada que dice que quien ocupa un terreno pierde el derecho a ser adjudicatario. Anunció, además, una miserable entrega de 1.000 terrenos para 2014, 500 en mayo y 500 en octubre. El ministro reconoce que los terrenos hasta ahora se entregaban a dedo, pero que ahora serán sorteados. Ninguna respuesta al problema concreto. Al momento del cierre de esta nota, la gente está cortando la ruta en cercanías a la ocupación ante el asedio policial y lo que parece un inminente desalojo. El gobierno no sólo apela a la policía, sino a generar un enfrentamiento entre vecinos. Sino recurre a las patotas: en Atocha, la policía liberó la zona para que una patota desaloje a una pequeña ocupación que hizo un centro de artesanos. El romerismo intenta montarse en esta crisis para fingir criticar a Urtubey, pero ambos son parte del problema. El diario El Tribuno nos acusa de impulsar el asentamiento. Lo mismo hizo el medio oficialista El Intransigente, agregándole la mentira de que los terrenos son de los beneficiarios de Procrear. Urtubey sólo ha profundizado la política de especulación inmobiliaria impuesta por Romero en su época de gobernador. El ministro de Hacienda acaba de anunciar que nombran como coordinador del plan nacional en Salta a quien fue presidente del IPV durante el gobierno de Romero. La comunión de intereses es tal que Urtubey no ha movido un pelo para que los principales referentes del romerismo sean juzgados y vayan presos por constituir una asociación ilícita para apropiarse de millones del dinero público con la compra y venta de terrenos para vivienda, tal como hemos denunciado a la Justicia desde el PO. Ya lo hemos planteado desde el PO en la Legislatura y el Concejo capitalino: lo que corresponde es quebrar la especulación inmobiliaria, garantizando que por lo menos el 40% del suelo urbano se destine para viviendas populares; avanzar en la urbanización de todos los asentamientos que pulularon gracias a la propia desidia de los Romero y Urtubey; que se investiguen todos los negocios inmobiliarios incluidos el de La Ciénaga (120 hectáreas apropiadas por Romero) y que estos terrenos vuelvan al Estado para garantizar el acceso universal a la vivienda y los servicios básicos. Que los funcionarios de Tierra y Hábitat y el IPV se presenten en el lugar y atiendan de inmediato la emergencia. Julio Quintana (diputado provincial) - Pablo López (diputado nacional)

La Sala II de la Cámara del Trabajo de Córdoba acaba de fallar contra la multinacional Monsanto prohibiéndole continuar con las obras civiles de la planta para la producción de semillas de maíz transgénicas que está levantando en la localidad de Malvinas Argentinas, en el conurbano de la ciudad de Córdoba. La resolución exige que se sigan los procedimientos establecidos en la ley general de ambiente que requiere una Evaluación de Impacto Ambiental previa y una audiencia pública, pasos que la empresa no ha cumplido amparada por el apoyo político del intendente radical y de los gobiernos nacional y provincial. La resolución da la razón a los reclamos de la Asamblea Malvinas por la Vida y resuelve la cuestión de fondo contra un fallo del Tribunal Superior de Justicia frente a un amparo interpuesto por las mismas organizaciones para impedir que continuaran las obras. Es un fruto de la movilización que, a través de piquetes y desde hace meses, mantiene paralizadas las obras. Prohibir la instalación es la salida El 5 de febrero se cumple un año de la presentación del proyecto de ley del bloque del Frente de Izquierda prohibiendo la instalación de Monsanto en la provincia de Córdoba. Desde entonces hubo varias movilizaciones multitudinarias en contra de su instalación en la localidad de Malvinas Argentinas y en Río Cuarto. Desde hace tres meses hay un bloqueo a la planta de Malvinas que se ha mantenido en pie a pesar de los intentos de desalojo del gobierno y de patotas armadas por la empresa y burócratas sindicales. A raíz de la lucha y el respaldo popular que suscita, el intendente de Río Cuarto se vio obligado a prohibir la instalación de una planta en esa ciudad. Ahora llega esta sentencia de la Cámara. Ha corrido mucha agua bajo el puente pero los legisladores no han querido tratar el proyecto del Frente de Izquierda, lo tienen congelado, no lo han incorporado al temario de las comisiones que deben tratarlo. Frente al revés judicial, De la Sota y sus funcionarios declararon por los medios ser ‘respetuosos de las decisiones judiciales’; De la Sota se ha revelado impotente para terminar con el bloqueo lo cual le valió la condena pública de las cámaras patronales de la provincia, agravando la crisis de su gobierno. Pero mientras "respeta" fallos sus legisladores (con el visto bueno de radicales, kirchneristas y algunos del partido de Luis Juez) se dedican a cajonear proyectos y pedidos de informes sobre el tema. Monsanto largó una profusa y muy cara campaña publicitaria para desmentir las denuncias de contaminación, la cual sería útil en caso de la necesidad de llamar a una consulta popular en la localidad, reclamada por los asambleístas, y que hasta ahora tanto el municipio como la provincia rechazaron. Hasta ahora, porque dos ministros del gobierno provincial han anunciado que "están evaluando" esta variante. Exigimos el inmediato tratamiento y aprobación del proyecto que presentó hace casi un año el Frente de Izquierda para prohibir la instalación de Monsanto en Córdoba, es el único proyecto que resume el reclamo popular, los fallos judiciales y resoluciones como la de Río Cuarto. En la calle y en nuestra banca en la Legislatura iremos a fondo para lograr este objetivo. Eduardo Salas

Villa Gesell La impredecible y trágica caída de un rayo en una playa de Villa Gesell, que dejó cuatro personas fallecidas y 22 heridos, puso de manifiesto las predecibles condiciones de precarización a la que se ven sometidos los guardavidas de la costa argentina. Los trabajadores denunciaron que no tenían los elementos necesarios y esenciales para afrontar una emergencia. "Tuve que hacerle respiración boca a boca, sin boquilla, a una chica que estaba sangrando", explicó Karina, una de las guardavidas, quien señaló que no tenía los elementos mínimos para estas situaciones y que no se hacen nunca ejercicios de salvataje (La Gaceta, 10/1). El mismo día de la caída del rayo (el jueves 9/1), otra guardavidas manifestó la misma denuncia: "Hay pocas cosas para asistir a la gente cuando pasa algo. Cuando socorremos a alguien del agua, llamamos a la ambulancia y pasan horas sin que vengan. Los guardavidas somos los encargados de hacer todo. En este caso, tuvimos que trasladar con reposeras a los heridos. Queríamos remarcar, además, que los guardavidas son los que primeros socorrieron a la gente y nunca se los reconoce. Tampoco tenemos las cosas para poder operar ante casos así: no hay boquillas para hacer RCP, no tenemos desfibriladores ni las cosas necesarias ante una catástrofe así" (Telefé Noticias, 9/1). Una compañera suya, de la Cruz Roja, completó que los guardavidas que se acercaron para ayudar fueron los de las zonas más cercanas, ya que manifestó que no tenían radio para comunicarse con el resto (ídem anterior). Agustín, el primer guardavidas que estuvo donde cayó el rayo, sostuvo que "en las playas no hay ambulancias; no hay camillas ni mascarillas; simplemente improvisamos, porque hace años que venimos trabajando en estas condiciones". Y agregó: "Después pasan estas cosas y trabajamos en las condiciones que podemos; no puede ser" (Crónica, 10/1). La precarización de los trabajadores guardavidas es extensiva a otros puntos de la costa, donde se proyectan los mismos reclamos. La Asociación de Guardavidas de Pinamar (AGP) convocó a una huelga con movilización desde este domingo en reclamo de mejores condiciones laborales (Tiempo Argentino, 9/1/13). Los trabajadores denuncian, precisamente, "el incumplimiento de ciertas normas que redundan en riesgos para terceros y para los propios guardavidas (...) Más del 80% de los puestos no tiene los elementos necesarios para el trabajo (como aparatos de comunicación o salvavidas). Además, faltan 20 guardavidas en distintos balnearios de la zona", detalló el delegado Fernando Espinach (ídem anterior). A las denuncias contra la precarización laboral, se suma el reclamo salarial: los guardavidas de Pinamar advierten que los empresarios del sector "niegan la paritaria desde octubre" y no se presentan a negociar. Asimismo, indican que el salario del sector privado es más bajo que el del trabajador municipal. En rigor, la mitad de los guardavidas, cerca de 115, son contratados por el Estado y la otra mitad son trabajadores del concesionario de turno. Daniel Mecca

Más de 160 personas colmaron la terraza del local central del PO, el viernes 10, en la primera charla política del año por iniciativa de docentes universitarios y Apel Psicólogos, además de la presencia de compañeros bancarios, estatales, de Tribuna Salud, músicos y telefónicos. Luego de un importante debate, Pitrola culminó con la propuesta a todos los invitados de seguir los debates de cara al XXII Congreso y sumarse a las filas del PO, para ampliar la influencia política del Frente de Izquierda y preparar a los trabajadores como alternativa política.

El ahora teniente general César Milani desarrolla una infatigable campaña proselitista para alinear al Ejército detrás del proyecto oficial de devolver protagonismo político a los militares, esto bajo un disfraz "nacional y popular". Para apuntalar la tarea, el gobierno reasignó 1.325 millones de pesos para reequipar al Ejército. Milani recorrió todas sus armas y organizó decenas de comidas "de camaradería" con oficiales y suboficiales (Perfil, 21/12/13) en búsqueda de la lealtad de toda la estructura de mandos. Incrementó la cúpula militar de 38 a 55 generales para evitar el pase a retiro de los más veteranos. A Milani se le atribuyen también nombramientos -que lo exceden- en la Armada y en la Fuerza Aérea. Esta campaña forma parte de un operativo internacional. El Ejército argentino adoptó la agenda dictada por el Comando Sur de los Estados Unidos, que establece como "hipótesis de conflicto" para Latinoamérica "la lucha contra el narcotráfico y la pobreza". Por eso, el gobierno acaba de prorrogar la participación de soldados en el patrullaje de las fronteras con Bolivia y Paraguay (operativos "Escudo Norte" y "Fortín II") y la presencia de militares en las villas miseria ("Plan Nacional de Abordaje Integral"). Buena parte del "reequipamiento" de la fuerza se realizaría con proveedores norteamericanos, como la compra de 35 camionetas blindadas Hummer (La Nación, 7/1). El Ejército argentino desempeña en Haití una acción de orden interno desde hace años, a instancias del imperialismo. Lo mismo ocurre en el plano local. Hace pocos meses, los soldados participaron en el desalojo de decenas de familias sin techo que habían ocupado terrenos en la Patagonia. Durante la crisis policial de diciembre, el Ejército aportó logística para el traslado de Gendarmería a lo largo y ancho del país. El Proyecto X -el programa de espionaje dirigido contra los luchadores obreros y populares- tiene su cabecera en Campo de Mayo, una guarnición del Ejército. ¿Por qué Milani? El gobierno puso un gran empeño en imponer el ascenso de Milani, incluso al interior de sus filas. Pasó por encima de las contundentes denuncias que lo involucran en crímenes de la dictadura y las acusaciones por enriquecimiento ilícito. Milani llega a la cúpula del Ejército desde la jefatura del arma de Inteligencia, que ahora "cedió" a un hombre de su más íntima confianza. En el marco de la crisis que se desarrolla en el país en todos los planos, incluidos extremos como los amotinamientos policiales, Milani oficia como un reaseguro que incluye hacer respetar una eventual declaración del estado de sitio. La posibilidad de que el ejército recupere su capacidad de arbitraje era considerado hasta hace poco una fantasía, pero ahora lo hace posible el debilitamiento extraordinario del gobierno y la transición hacia un nuevo dispositivo político de gobierno hasta 2015. El Pentágono está sumamente interesado en sacar a las fuerzas armadas de Argentina de la hibernación en que quedó luego de Malvinas, de un lado como mercado para los armamentos y del otro para reforzar su dispositivo político-militar regional. Los ‘nac & pop' han mantenido durante toda la década una relación excelente con la seguridad norteamericana, como lo prueban los intercambios de informaciones y la sanción de la ley antiterrorista. Milani representa mucho más que una obcecación gubernamental. Es la expresión de una nueva etapa política. CFK pretende triunfar donde Alfonsín fracasó con el punto final y Menem con los indultos. Jacyn

La UJS de la provincia de Buenos Aires ha elaborado un ambicioso plan hacia el campamento de verano, con el objetivo de sumar compañeros de 45 distritos en toda la provincia, lo que constituye un salto muy importante con respecto a ediciones anteriores. La lucha política está centrada en comprometer al campamento al conjunto de activistas y relaciones que se han acercado al partido, dado el crecimiento e influencia del Frente de Izquierda. Numerosos jóvenes se sumaron a la campaña electoral en las agitaciones, mediante las redes sociales o anotándose para fiscalizar, en las pasadas por los cursos que realizaban nuestras agrupaciones en los frentes estudiantiles. Muchos compañeros de organizaciones de carácter estudiantil también han fiscalizado para defender el voto a la izquierda, nos esforzamos para que cada uno de ellos concurra al campamento en función de avanzar en la conclusión de la necesidad histórica de luchar por la construcción de un gran partido revolucionario de la clase obrera que luche por el socialismo. La batalla económica es, sin lugar a dudas, una tarea de primera importancia que daremos estos meses. Las rifas, ventas de comida, de ropa, sorteos, funciones de cine, festivales y fiestas se reproducen por toda la provincia en función de juntar cada peso necesario para que ningún compañero se quede afuera. La modalidad de pub obrero también se extiende con charlas políticas previas con temas de actualidad. Hay planificados dos campamentos previos: en el Oeste será el 19 de enero en Moreno y en Pergamino a mediados de febrero. Los cursos que se dictarán en las regionales durante enero y febrero van desde nacionalismo burgués y socialismo, o el reciente del ascenso de la izquierda. En los próximos días lanzaremos en toda la provincia el curso del "50 aniversario del Partido Obrero", impulsado por el comité de Buenos Aires. Formándonos y sumando compañeros vamos conquistando los recursos para un gran campamento en la provincia. Fran

De la Sota anunció, en lugar del actual Código de Faltas, un "código de convivencia que amigue a los cordobeses" (La Voz del Interior, 10/1). El reclamo de derogación del actual Código de Faltas provocó movilizaciones cada vez más masivas. Las dos últimas "Marchas de la Gorra" (que se realizan todos los años) fueron multitudinarias. El código es un verdadero infierno para la juventud. Establece una suerte de estado de sitio en la ciudad ya que convierte a la policía en juez y parte y le da poderes discrecionales para realizar detenciones. Una de las figuras más utilizadas para detener es la del "merodeo", lo cual convierte a cualquier joven de un barrio obrero que baje al centro (con su gorra) en sospechoso y susceptible de ser detenido por portación de rostro. Otra es la llamada "resistencia" a la autoridad, que se invoca siempre para justificar una detención. El 40% de los jóvenes han pasado por algún precinto o comisaría bajo la acusación de infringir alguna de las cláusulas del código. Cumple una función clave en la estructuración del delito organizado por el Estado, al reclutar jóvenes de los barrios a quienes obligan a delinquir. El "suicidio" (sospechado asesinato) de Jorge Reyna en la comisaría de Capilla del Monte sacó a luz el drama de un joven de 17 años que trataba de huir de su adicción a la droga, lo que era impedido por la policía que lo tenía "conchabado" como dealer. El código convierte lo que son delitos federales en contravenciones, como el de la explotación de trabajo sexual ajeno o la faena clandestina. Se trata de un amparo legal a proxenetas, tratantes y delincuentes. Está ligado, además, al llamado "gatillo fácil". Las detenciones establecen antecedentes aunque las víctimas nunca hayan sido condenadas por un juez o sus causas elevadas a juicio, lo que dificultan aun más su ingreso a un trabajo formal. Los permanentes conflictos y el repudio generalizado llevaron al PJ a presentar en la Legislatura una propuesta de modificación del código, buscando "legalizar" al régimen de persecución y represión sobre la juventud. Ya no serían los comisarios quienes juzguen, sino un fiscal, un secretario del fiscal o un juez de paz, argumentando una supuesta imparcialidad, pero es el mismo poder ejecutivo el que designa al comisario y al fiscal. Este maquillaje no prosperó porque estalló la crisis policial y el propio código apareció en la misma. Las mujeres de los policías denunciaron lo que era un secreto a voces: que, Código de Faltas mediante, la orden que se bajaba era detener a la mayor cantidad, sobre todo, de jóvenes; el objetivo declarado era "hacer número", mostrando una actividad ante los reclamos de la población contra la inseguridad, mientras la policía se entremezcla con el "delito mayor". De la nueva propuesta, De la Sota solo adelantó que incluirá la prohibición de hacer huelgas y paros en los servicios esenciales, De la Sota apunta a los trabajadores de la salud, a los docentes y a los trabajadores del transporte. Es decir, el Código de Convivencia tendría una nueva vuelta de tuerca contra los trabajadores justo en el marco de un ajuste que potencia las luchas y movilizaciones obreras. La oposición, sobre todo el centroizquierda, quiere modificaciones que eliminen las figuras más controvertidas pero mantienen la esencia del poder discrecional de la policía. Planteamos la aprobación del proyecto presentado por el Frente de Izquierda por la anulación del Código de Faltas y fortalecer la movilización por el desmantelamiento del aparato represivo. Eduardo Salas

El anteúltimo día del año nos trajo la triste noticia del fallecimiento del compañero Raúl Medrano, el viejo Raúl, el compañero que cuidaba nuestro depósito. Desde la crisis de 2001, fue un soldado del PO, ya que encontró en nosotros un lugar de pertenencia en el marco de la enorme crisis social que lo dejó en la calle. Y nosotros en él, a un compañero invalorable. Fue el hombre que aprendió a querer al Polo, así como el Polo aprendió a quererlo a él en la tarea cotidiana de atender el depósito; recibir a los compañeros de las pegatinas a cualquier hora de la madrugada; estar siempre en las campañas electorales al pie del cañón, recibiendo y entregando los materiales, siempre con un mate, una sonrisa y con la respuesta a flor de labios cuando alguien le preguntaba "¿cómo estás, viejo?". "20/20", respondía invariablemente. Fue parte del equipo de Sasetru que defendió el predio y su puesto de guardia con fervor, enfrentando a los que quisieron atacar la fábrica. En cada picnic, en cada acto, en cada movilización, marchó con el PO y fue comprendiendo, a su manera la necesidad de construir el Partido. Los compañeros del depósito, los militantes que lo conocimos, vamos a extrañar sus tangos a viva voz, sus mates a cualquier hora. Lo vamos a extrañar mucho. El Partido y el Polo Obrero te van a extrañar. Querido Raúl, ¡hasta la victoria!

Nuevamente, como hace un año la temporada turística en San Marcos Sierras, Córdoba se ve amenazada por operativos realizados por el departamento de Drogas Peligrosas de la Policía de la provincia de Córdoba en complicidad con el fiscal Bertone de Cruz de Eje, quien les proporciona una lista de vecinos a quienes allanarles los domicilios. Estos operativos combinados consisten en allanamientos a bares, requisas a quienes llegan al pueblo y allanamientos en domicilios de vecinos. Todos ellos en el marco de la Ley antidroga y el Código de Faltas provincial. Varios vecinos y turistas denunciaron que el 9 de enero a la madrugada en el bar Ke Parece les impidieron salir, los metieron en el baño, los desnudaron y les revisaron el ano "buscando droga", una práctica que raya el más brutal avasallamiento a los derechos y no pueden aducir esté contemplado en el inconstitucional Código de Faltas. El 10, ese mismo grupo de "elite" hizo una requisa al micro que llegaba de Buenos Aires, todos los pasajeros fueron identificados, cacheados y su equipaje olido por perros. Encontraron que dos jóvenes traían marihuana para consumo personal. Los llevaron a Cruz del Eje para fichar y después fueron puestos en libertad en San Marcos, ante la exigencia de los vecinos. Al mismo tiempo realizaron un operativo antidroga en la casa de un vecino. Es importante destacar que quien encabezó el año pasado estos operativos -que dieron magros resultados desde el punto de vista de su efectividad ya que solo se encontró marihuana para consumo- hoy está preso en Córdoba acusado de estar vinculado al negocio del narcotráfico en la provincia. Atacan a los consumidores, amedrentan y ponen en riesgo la temporada turística, mientras el gran negocio de la droga pasa alegremente por la ruta 38 y la policía cordobesa es una de las principales implicadas. Más de 200 vecinos de San Marcos participaron de una asamblea llamada desde la Comisión de Derechos Humanos de Todos x San Marcos y ante la falta de respuesta de las autoridades que se tiraban la pelota unos a otros, decidieron marchar a la comisaría. Los vecinos la ocuparon y se declararon en estado de asamblea permanente exigiendo la presencia del fiscal Bertone y se hicieron las denuncias por las vejaciones sufridas en presencia de la abogada Claudia Ferrero que está de vacaciones en el lugar. Después de varias horas de negociaciones con el responsable de la departamental de Cruz del Eje, se llegó al compromiso de que el fiscal tendrá una reunión en la comisaría con los vecinos que exigirán el cese inmediato de todos los operativos y la detención de los responsables de las vejaciones. La ocupación se levantó cuando la policía se comprometió a que en el fin de semana no habrá ningún tipo de control u operativo en San Marcos, caso contrario el pueblo ocupará nuevamente la comisaría. Viviana A. (San Marcos Sierras)

"Este es el mejor momento de la ciencia en la Argentina", según Alberto Kornblihtt, un notable investigador de nuestro país, considerado una eminencia en Biología molecular y celular, miembro de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos y acreedor de un reconocimiento mundial por su labor profesional. Es el título a doble página, además, de un largo reportaje que publicó Página/12 el 22 de diciembre pasado. La fecha importa particularmente en este caso. Corresponde a los días en que la población de la Capital Federal era castigada con privaciones inauditas debido al colapso del sistema energético. ¿Cómo es posible, entonces, que en el "mejor momento" de nuestra "ciencia", el gobierno supuestamente responsable de semejante mérito histórico nos someta a un desastre previsible e inevitable que degrada la vida a los límites de la falta de lo más elemental? Es algo que, por supuesto, está en las antípodas de cualquier ejercicio científico de la administración y bien más próximo al ejemplo de la barbarie irracional en el ejercicio del poder. El caso del manejo de la energía como fuente de la vida y la producción social es de por sí relevante, pero sólo un ejemplo de una larga lista en la cual los criterios propios de un diseño científico y los que orientan la política oficial se oponen por el vértice. Pero basta para mostrar que el rigor que aplica Kornblihtt en su trabajo como investigador en la disciplina que le es propia, se transforma en lo contrario cuando se trata de analizar la conducta del gobierno. Podría objetarse que la opinión del renombrado biólogo se limitaba al terreno más restringido de una observación sobre la línea oficial en materia de estímulo a la ciencia como actividad específica. Pero no sería esa una objeción legítima, porque Kornblihtt como intelectual progresista considera a la ciencia como actividad indisociable de su manifestación en la mejora de las condiciones de existencia de la sociedad y de las formas que deben regir la conducta de quienes dominan el gobierno de esa misma sociedad. Pero, aún admitiendo que el juicio sobre la opinión del científico debiera limitarse a su elogio de la política particular de los Kirchner en el área de la ciencia, las cosas no cambian. El gobierno anunció, en los mismos días del reportaje que nos ocupa, que dejaba afuera del Conicet, el mayor organismo de ciencia y técnica del país, a más de 500 investigadores. Desde 2010, en las últimas convocatorias han quedado fuera del Conicet casi 5.000 profesionales con títulos de postgrado, algo que representa un 50% de los postulantes totales en el Conicet con doctorado aprobado. La denuncia es del "Grupo de Gestión en Política Científica". De su página web copiamos lo siguiente: "las políticas aplicadas en Ciencia y Tecnología (CyT) en los últimos años han sido orientadas a apoyar al sector privado", es decir, al negocio y no a la promoción del conocimiento y el desarrollo de las fuerzas productivas nacionales. El "Grupo..." es enfático en criticar los beneficios millonarios a la industria farmacéutica y biotecnológica, mientras desde el Poder Ejecutivo se bloquea la emergencia de un plan nacional de producción de medicamentos, que reduciría drásticamente los costos, potenciaría recursos físicos y humanos ya existentes y beneficiaría enormemente a la población. Un ejemplo, además, que podría extenderse a diversas áreas de la labor propia en CyT. Resumen: en el "mejor momento de la ciencia", el gobierno promueve la desocupación masiva de los recursos humanos más calificados, se orienta a promover el lucro con la excusa de promover la ciencia y carece de todo plan en la materia que tome en consideración las necesidades populares. No es casual que en estas mismas páginas, además, aparezcan las denuncias recurrentes de los "Jóvenes Científicos Precarizados", una auténtica ‘creación’ de la política oficial en este terreno, dada la flexibilización laboral que se ha extendido al terreno de la CyT. Habrá que separar las condiciones de Kornblihtt como investigador de su evaluación política sobre la orientación gubernamental en la materia que, en absoluto, aparece confirmada por los hechos (en el reportaje Kornblihtt no aporta otros datos que desmientan los que aquí señalamos y se explaya, en cambio, en asuntos sobre su especialidad). Nada original por otra parte: es la posición de la cúpula de la facultad en la cual desempeña su labor (Ciencias Exactas) y de otras casas de estudio de su universidad (UBA), que han promovido una gestión común con los radicales y el macrismo, y abandonado algunos planteos "críticos" con los cuales coquetearon en el pasado. Eso es todo; no tiene que ver con la biología ni con los atributos propios de la investigación científica. Sergio Fedorosky (bioquímico)