Prensa Obrera N° 1298

En las últimas semanas, el Frente Progresista consumó un nuevo ataque a la mayoría de los trabajadores de Santa Fe. Llevaron el precio del transporte público de las dos ciudades más importantes de la provincia (la capital y Rosario) a 3,60 pesos. En el caso de Rosario, este ataque a los trabajadores contó con la complicidad del PJ en el Concejo Deliberante. Este tarifazo es la punta de lanza de otros ajustes en marcha. En primer lugar de la TGI (Tasa General de Inmueble), que se producirá la semana próxima, golpeando el bolsillo de otros cientos de miles de trabajadores. Un gobierno de rodillas frente a los capitalistas El aumento del transporte en Rosario puso de manifiesto hasta qué punto llega la subordinación del Frente Progresista a los grandes grupos económicos. La mitad del transporte urbano de pasajeros está en manos de una empresa, Rosario Bus. Este grupo económico llevó adelante un verdadero chantaje para lograr la suba del boleto. Aludió un supuesto "déficit" y procedió a suspender 50 trabajadores. Amenazó con despidos y anunció el no pago del aguinaldo a los trabajadores. La UTA respondió con un paro general por tiempo indeterminado. Luego de esta crisis, la empresa Rosario Bus desistió de las suspensiones. Pero su lobby político ya estaba realizado: al día siguiente, el Frente Progresista anunciaba la inminencia del aumento de la tarifa. Un notorio contraste con los miserables 1.000 pesos de fin de año que anunció Bonfatti para los docentes y estatales (y que ni siquiera abarca a los jubilados). Junto a otras organizaciones, nos movilizamos en reiteradas ocasiones al Concejo Deliberante repudiando este tarifazo. La Coordinadora Rosarina de Estudiantes Secundarios (Cres) jugó un rol protagónico en estas acciones. Lo hicimos con un programa claro que seguimos levantando. Ningún tarifazo. Apertura de los libros de la empresa Rosario Bus, revisión de la concesión y en caso de inminente crisis y déficit del servicio, su total municipalización. Por un boleto de acuerdo con las necesidades populares y no a los intereses empresariales. A esta altura del partido, para el Frente Progresista portar el mote de "socialistas" es un verdadero regalo del cielo.

De la Sota decidió echar a toda la cúpula de la policía, la misma que los amotinados defendieron expresamente en su pliego de reclamos. El nuevo jefe policial empezó condenando el motín. También crecen los rumores de que el gobernador revisaría el acuerdo firmado, al que ahora considera como el producto de una extorsión. Pero si se echa atrás, la crisis que ya domina al aparato de represión del Estado provincial podría terminar con el propio gobierno. La crisis policial responde a mucho más que los bajos salarios. El escándalo que asoció a la división drogas peligrosas de la policía con el narcotráfico estalló luego de las Paso. Esas denuncias eran parte de una lucha entre el mismísimo Milani y el jefe del PJ provincial por el control del aparato partidario en el Valle de Punilla, una ruta privilegiada de la droga. La jefatura de drogas peligrosas, hoy en la cárcel, era parte del riñón del gobernador. El narcoescándalo desestabilizó toda una organización que entrelaza a funcionarios del Ejecutivo, de la Justicia y de la policía. En este cuadro, De la Sota cedió ante el amotinamiento con la idea de preservar a ese descompuesto aparato represivo, unido por mil complicidades con el propio gobierno, y al que volverá a recurrir para aplicar el ajuste contra los trabajadores. Después de anunciar a la nueva conducción policial, De la Sota dio de baja a medio gabinete y modificó la estructura ministerial: el nuevo gabinete cuenta con cinco intendentes, todos del aparato del PJ. La crisis ha dado lugar a un verdadero gobierno de punteros. 8.000 pesos de básico para todos los trabajadores La acusación de extorsión es sólo un tiro por elevación al resto de los trabajadores, y sobre todo a los estatales, que hicieron paros, y que ocupan hospitales y dependencias. El gobierno decidió adelantar una semana el fin del ciclo lectivo, cuando había comenzado la toma de escuelas apoyadas por padres y alumnos. El reclamo de diez mil pesos de básico domina todos los conflictos. El acuerdo con la policía ha terminado legitimando los reclamos salariales de todos los trabajadores. De la Sota y la burocracia de los gremios le temen como a la peste a que la calle sea ocupada por la lucha salarial. De la Sota y los voceros capitalistas aprovecharon la crisis policial para reclamar una vez más la "regulación" del derecho de huelga en los servicios: se referían a choferes, trabajadores de la salud, docentes y otros. Con los reclamos salariales, denunciando al aparato represivo de De la Sota, a Milani y a la gendarmería del proyecto X, el próximo 19 ganaremos las calles de Córdoba.

Durante la sesión del jueves 12 de diciembre, tuvo lugar el primer debate político de la nueva Legislatura, a partir de la crisis policial. El PRO, los K y el Unen presentaron una declaración contra el accionar policial , en línea con el texto aprobado en el Congreso -que contó con el apoyo, además, de Claudio Lozano. Una vez más, el PRO, el Unen y los K votaron unidos en una cuestión de fondo. El diputado del Frente de Izquierda, Marcelo Ramal, denunció por "encubridora" y “autoexculpatoria" a la declaración que suscribieron en común los tres bloques. "Ustedes critican el accionar de la misma policía y el mismo aparato represivo al que protegieron y contribuyeron a reforzar en todos estos años. ¿Quién nombró a Granados en Buenos Aires? -preguntó Ramal-. ¿Quién colocó a Fino Palacios en la Metropolitana? Ustedes han prohijado a la policía del gatillo fácil y la asociación con el delito. Pero principalmente, la declaración de ustedes omite señalar que estamos ante una crisis económica y social de fondo, que sólo se ha asomado a través del conflicto policial. La carestía galopante, que devora los salarios, está siendo alentada por el gobierno y sus opositores, cuando fogonean la devaluación de la moneda o los tarifazos en los combustibles". "En ese cuadro, los mismos partidos y gobiernos que juzgaban 'demagógico' o 'utópico' un salario que cubra la canasta familiar, hoy en 8.500 pesos, se lo otorgaron a la policía en cuestión de horas. Pero en nuestra Ciudad, un municipal ingresa con 5.000 pesos de bolsillo, y un maestro, con 4.100 pesos para el cargo testigo -o sea, menos de la mitad de la canasta familiar", señaló el diputado del Frente. Ramal propuso una declaración alternativa frente a la crisis, que reclama "el establecimiento inmediato de un salario mínimo, vital y móvil de 8.000 pesos para todos los trabajadores sin distinción, y el 82% móvil". La declaración advierte también contra "cualquier variante de militarización del Estado”, reclama el fin de la criminalización de la protesta social y se pronuncia "por una salida de los trabajadores a la crisis nacional". El diputado del Frente de Izquierda advirtió que "los que hoy invocan la democracia están reforzando la militarización del Estado y el protagonismo del Ejército en la vida política, como se manifiesta en el ascenso del represor Milani". En el curso del debate, los representantes del PRO, K y Unen se autoproclamaron "las fuerzas de la democracia", en oposición a quienes no suscribimos la declaración encubridora. En este sentido, Ramal terminó su intervención señalando: "quiero recordarle a ustedes que cuando los partidos que han gobernado o gobiernan este país le prestaban intendentes a la dictadura militar, el Partido Obrero luchaba todos los días contra esa misma dictadura". El representante de Alternativa Popular, que venía a profundizar "por izquierda" al kirchnerismo, no intervino en el debate. Se limitó a apoyar el texto mayoritario, sin denunciar el reforzamiento del aparato represivo en curso ni la relación entre los gobernados y las mafias policiales. Alejandro Bodart tampoco suscribió la declaración de "consenso". Reclamó el derecho a la sindicalización de la policía, sin establecer cuál es el contenido de ese planteo en la crisis actual. Una parte del gobierno y de la oposición apoyan una sindicalización sin derecho de huelga, y que no cuestione ni a los mandos policiales ni a la función represiva de la policía. Bodart no se delimitó de estas posiciones. La primera sesión de la nueva Legislatura, convocada inicialmente para debatir cuestiones administrativas o formales, terminó marcando una fuerte delimitación política a su interior.

El gobierno acordó con las cerealeras la liquidación de unos 2.000 millones de dólares de cosecha retenida. Con la entrega de bonos "atados al dólar" -es decir actualizados por la devaluación oficial, a un plazo de pago de entre 90 y 180 días, y con un interés adicional del 3,6%-, pretenden frenar la caída de reservas, que supera los 12.500 millones de dólares en el año. El ritmo de devaluación actualmente supera el 5% mensual y llevaría el dólar de los 6,30 pesos actuales a 8,50 al vencimiento de los bonos.Más devaluación y aumento de las tasas de interés ...existe un acuerdo inicial de ingresar entre 1.500 y 1.700 millones de dólares en unas cinco semanas" (El Cronista). Pero "se calcula que por la escapada del dólar paralelo y la aceleración de la suba del oficial los productores retuvieron entre 5.700 millones de dólares y 6.300 millones de la última cosecha de soja dentro de silobolsas". El gobierno cede a este chantaje acelerando la devaluación y emitiendo los bonos, pero los montos a liquidar por las cerealeras son parciales y en cuotas, y dependerán del ritmo en que el gobierno siga devaluando. A los bonos de las cerealeras se le suma la autorización a varias provincias a emitir más bonos actualizados por la devaluación oficial, con lo cual se convalida un aumento de la tasa de interés del orden del 60% anual en pesos. Están echando nafta sobre el fuego de la inflación, que ataca en primer lugar a los trabajadores. El encarecimiento del crédito frenará la economía.

En el acto de Izquierda Socialista, en Atlanta, se anunció la formación de un bloque sindical entre el Perro Santillán y el Pollo Sobrero, que incluiría una gira nacional de ambos dirigentes y la posible realización de un Congreso de activistas para alguna fecha a determinar del año que viene. ¿En qué perspectiva política se inscribe esta iniciativa, cuando el Perro compitió contra el Frente de Izquierda, en Jujuy, con una plataforma ajena a la lucha de clases? Santillán apadrinó una lista integrada por su hija y por el grupo de Gabriela Arroyo. Si bien el Frente de Izquierda superó holgadamente a esta lista del Perro Santillán, también es cierto que ésta le restó los pocos votos que le faltaban al Frente de Izquierda para ingresar a la Legislatura local. La política del Perro Santillán fue claramente divisionista. La lista jujeña del Perro Santillán contó también con el auspicio de Marea Popular y la Darío Santillán. Estas fuerzas acaban de anunciar que formarán una "tendencia nacional de la izquierda independiente" que buscará su personería electoral nacional para el 2015. No sabemos -porque sus protagonistas no se han tomado el trabajo de aclararlo- si este anuncio de Marea Popular equivale a la ruptura de su alianza con Claudio Lozano. Los resultados electorales de Marea estuvieron lejos de ser satisfactorios. Mientras tanto, Marea Popular no abre la boca para denunciar las andadas de su ex compañera de lista María América González, que ha conseguido un puestito en la Defensoría del Pueblo votando junto a Macri. Como en la elección pasada, el Perro Santillán, Marea Popular y la Darío Santillán no cesaron de aclarar que ellos son distintos a la "izquierda tradicional", la cual no habría entendido el ‘fenómeno' kirchnerista. El triunfo político del Frente de Izquierda los ha afectado en la raíz. Han emprendido su distanciamiento de los K, para reacomodar su antagonismo con la izquierda clasista. Lo que faltaría a este bloque es la adhesión de Zamora, que para el caso dejará de lado el asambleísmo verborrágico. Zamora, que viene de una gran derrota, ha jugado en la Ciudad de Buenos Aires el mismo papel divisionista que el Perro Santillán en Jujuy. La unidad es útil, dependiendo de la política a la que sirve.

El conflicto con las policías de casi todo el país ha devuelto al debate público el asunto de la sindicalización policial, con la cual ahora están de acuerdo hasta los macristas de PRO y los "renovadores" de Sergio Massa, junto con un amplio arco político que va desde Víctor De Gennaro, Hugo Moyano y Héctor Recalde hasta dirigentes de la Unión Cívica Radical y del FAP. Todos ellos se preguntan si el sindicato "podría servir para ponerles fin a los autoacuartelamientos (y) terminar con el autogobierno policial" (Página/12, 15/12). Es decir, si podría ser un instrumento eficaz de regimentación y control de crisis. En estos planteos resulta evidente la ausencia de caracterización de la policía en el Estado capitalista, por un lado, y de las rebeliones policiales contra su propio Estado, por el otro. En febrero de 1974, una asonada policial en Córdoba (el “navarrazo”), impulsada desde la jefatura de la fuerza y desde el propio gobierno de Perón, dio el punto de partida a un proceso contrarrevolucionario que culminó con el golpe militar del '76. No estaba en juego en aquella ocasión ninguna cuestión relativa a la sindicalización, sino el rescate del Estado por parte de las fuerzas represivas y de las paraestatales. Los acuartelamientos recientes responden a otro conjunto de factores: uno, la crisis inflacionaria, o sea la crisis fiscal, que siempre tiene un efecto disolvente en los aparatos estatales; dos, una manifiesta crisis del aparato policial, como consecuencia de depuraciones debidas a su entrelazamiento con el delito organizado y en especial con el narcotráfico; tres, una pérdida de autoridad del gobierno como resultado de la crisis general y de su derrota electoral. Que Gendarmería reprima a la policía tucumana, responsable de delitos y desapariciones de personas, y que inmediatamente esa policía reprimida reprima, a su vez, a los vecinos que le reclaman seguridad, o que se enfrente al gobierno de Alperovich, que ha protegido sus delitos y negocios; o que Daniel Scioli y su ministro del área, el matón Alejandro Granados, admitan la disgregación y la podredumbre policial cuando proponen privatizar la "seguridad", son síntomas extremos de esa descomposición y de esas crisis. Enarbolar los reclamos salariales para justificar una "salida sindical", mientras se deja a un costado la caracterización concreta de la policía, por un lado en cuanto fuerza de choque contra los trabajadores y contra la juventud y, por el otro, en su situación actual de descomposición, equivale a dar status legal a la mafia del aparato estatal e incluso al narcotráfico, que tienen amplias posibilidades de infiltración y control de esos "sindicatos". El derecho de huelga Carlos Tomada y Jorge Capitanich, a diferencia de los anteriores, se oponen a los sindicatos policiales porque, según dicen, la sindicalización implica derecho de huelga y eso no puede reconocerse en el caso de la policía. Capitanich añade que no puede haber sindicatos "de gente armada". Uno y otro agitan espantapájaros, porque nadie propone un derecho de huelga policial y menos que nadie la CTA, principal abogada de la sindicalización de "los azules". Los defensores K de la sindicalización, como Raúl Zaffaroni y Marcelo Sain, intentan tranquilizarlos. Vinculan el sindicato de policías con una "reforma policial" que consideran indispensable y, al igual que De Gennaro, Recalde y, por supuesto, PRO y el Frente Renovador, hacen hincapié en que un sindicato policial no debe tener derecho de huelga. Es más: coinciden en esa negación del derecho de huelga algunos agrupamientos policiales que pugnan por la sindicalización, como Apropol y otros. Por tanto, no proponen un sindicato sino un instrumento de mediación para contener la crisis y, en el caso de Apropol, para hacer incluso una defensa corporativa de la policía con toda su carga de corrupción y criminalidad. Esas propuestas no hablan, por ejemplo, del personal de la Guardia de Infantería, que se encarga del asalto a las movilizaciones populares, ni del personal de los servicios de inteligencia. Zaffaroni, como León Arslanián, propone, además de sindicatos policiales, descentralizar la policía, dividirla en pequeñas fuerzas a cargo de los intendentes. Policías comunales, en definitiva. Es una propuesta vieja que pondría a la policía, más aún, bajo control de las intendencias y de los punteros barriales; es decir, del delito organizado. En ese contexto, el sindicato policial sería, simplemente, una nueva organización mafiosa. Los socialistas y la policía Como es sabido, lo que distingue a los socialistas de los anarquistas es, principalmente, la reivindicación, por parte de los primeros, del trabajo en las instituciones del Estado. Este trabajo no se limita al parlamento o los municipios. Se trata de una diferencia de método que tiene que ver con dos factores fundamentales. En primer lugar, esas instituciones son un producto histórico, o sea, creado por grandes transiciones históricas que los pueblos solamente pueden superar a través de la experiencia -o sea, de otra transición histórica. En segundo lugar, no pueden evitar, incluso en su condición de instrumentos despóticos contra las masas, que se refracten en su seno las contradicciones de la sociedad capitalista y sus crisis. Muchos izquierdistas admiten este postulado solamente para el parlamento, al cual transforman, para estos fines, en una representación de la voluntad popular. Por su contenido, sin embargo, el parlamento es el padre material y espiritual de la coacción contra el pueblo, simplemente porque es el que dicta las leyes que organizan al conjunto del Estado, incluidos la policía y los servicios de inteligencia. Esos mismos izquierdistas, de todos modos, violan cotidianamente la acción reservada al parlamento cuando se presentan ante otro poder del Estado, la Justicia, con denuncias y apelaciones. ¿Por qué dejar al margen, entonces, a la policía, que hace cumplir las leyes del parlamento y las órdenes de la Justicia? En 2011, el Frente de Izquierda estuvo a punto de presentar una lista para la elección del Consejo de la Magistratura (una elección que, finalmente, no tuvo lugar). No hay ninguna necesidad de darles a los policías la categoría de "trabajadores" o "proletarios" para orientar un trabajo político hacia ellos. Encerrar la actividad socialista entre esos términos (trabajador, no trabajador) es, simplemente, una cretinada. En numerosas empresas, destacadamente en el subte y en aeronáuticos, el activismo ha organizado sindicalmente al personal de seguridad, que se encarga, como es obvio, de proteger la propiedad de los patrones. La institución policial (represora) incorpora una contradicción entre su jerarquía y la base, entre las camarillas superiores -entrelazadas con el aparato estatal y las grandes corporaciones- y un personal de agentes, que estalla, si no periódicamente, sí cada vez que la crisis social y política alcanza niveles excepcionales. Ignorar la importancia de estas crisis en la disolución del Estado burgués sería imperdonable; la cuestión de los salarios aparece, en forma recurrente, en estas crisis. Sin un trabajo socialista profundo en la policía, la lucha contra la represión y, a término, por el desmantelamiento del aparato represivo, sufriría serias limitaciones. Rechazar este trabajo es puro anarquismo, no es socialismo. Ahora bien: para este trabajo en la policía es necesario un programa. La cuestión de los salarios es muy importante, claro, pero lo es mucho más la relativa a los códigos de faltas, o sea la persecución sistemática de la juventud, que lleva al gatillo fácil y a la tortura en las comisarías. Asimismo, la oposición a reprimir las movilizaciones populares. La lucha popular contra los códigos de faltas y por la inspección de las comisarías por comités populares, debe ser llevada a los parlamentos y al interior de la policía -¡incluido el boicot a la aplicación de los códigos de faltas! Los partidarios de la sindicalización no hablan de este trabajo, o sea que sindicalizarían al gatillo fácil. Solamente sobre la base de un trabajo socialista sistemático y solamente sobre la base de la formación de una fracción socialista importante en la policía, tendrá actualidad la reivindicación de un sindicato de la categoría inferior de la policía. Una posibilidad de este tipo, como lo prueban numerosos ejemplos históricos, depende en gran medida de un ascenso excepcional de la lucha de los trabajadores. Lo que está claro, de cualquier manera, es que en caso de que se legisle la formación de (pseudo)"sindicatos" policiales, los socialistas deberíamos desarrollar un trabajo político adentro de ellos. "Semana Santa" Las asonadas policiales últimas, que han tenido diferencias marcadas en cada provincia, no tienen nada que ver con aquel "navarrazo" cordobés de 1974 ni responden a una tendencia golpista de la burguesía, cuyos partidos políticos se unieron al gobierno para denunciar la llamada "extorsión" de la policía. Los levantamientos ocurrieron en medio de una verdadera disparada inflacionaria, que hizo estallar la crisis salarial en la policía; por eso los aumentos salariales han tenido un impacto muy grande entre los trabajadores y un impacto político en general. El estallido sacó a flote (por si faltaba) la pugna entre camarillas vinculadas con los punteros políticos, al delito organizado y al narcotráfico. Puso en evidencia, en este plano, la tendencia disolvente en los aparatos del Estado, que se hará más intensa con el agravamiento de la crisis fiscal. Las asonadas pusieron de relieve, precisamente, el "trabajo político" de todas las fracciones, legales o ilegales, de la burguesía adentro del aparato policial. El conjunto de la burguesía se colocó del lado del gobierno, pero además ha puesto sordina a la designación de César Milani al frente del Ejército (una medida que tiene mayor alcance estratégico que las asonadas policiales). Dado el control que Milani tiene de la inteligencia estatal, no hay que excluir que hubiera dejado andar estas asonadas para reforzar su pretensión a encabezar el Ejército. Todavía no ha sido dicha la última palabra acerca de la negativa del gobierno de enviar la Gendarmería a Córdoba antes de los saqueos, ni del papel de Milani, que cuenta con una red de punteros en esa provincia, en esa negativa. Ningún socialista necesita "defender" la asonada policial (incluso debe denunciar todas las combinaciones mafiosas que han intervenido en ella) para señalar a los trabajadores la oportunidad que esas asonadas han creado para reclamar un básico de 8.500 pesos, equivalente a una canasta familiar. La posición, sin embargo, de numerosos izquierdistas, que cuestionan esos aumentos como una "extorsión" de la policía, sirve directamente al ajuste que reclaman el FMI y el capital financiero internacional. Estamos ante un caso único de cretinismo izquierdista. Coinciden con el "acta democrática" firmada en el Congreso, que precisamente denuncia la "extorsión" con la mirada puesta en la necesidad de ocultar su propio papel en la descomposición policial y, sobre todo, en la de impedir que esos aumentos se conviertan en un reclamo generalizado de los trabajadores. Hay que hacer notar, además, que el argumento de la “extorsión” ha sido utilizado sistemáticamente por los K o los Macri contra los trabajadores del subte y de otros servicios públicos, con el objetivo puesto en una regimentación del derecho de huelga bajo la excusa de asegurar “servicios esenciales”. Estos izquierdistas coinciden, especialmente, con la posición oficial del gobierno y del kirchnerismo, que consideran a esas asonadas o sediciones como una reacción política contra un gobierno "nacional y popular". La consigna: "Para los trabadores, sí; para la yuta, no", significa plantear el desmantelamiento de los aparatos represivos por la vía de la disminución los salarios de su personal, un absurdo. Conclusión En el contexto de la crisis fiscal, inflacionaria y de pagos internacionales, y de la disgregación del gobierno -ahora coparticipado con un jefe de Gabinete y distintos funcionarios ajenos a la camarilla oficialista-, Argentina ingresa en una etapa excepcional de desarrollo de los antagonismos acumulados desde 2002. Hay, al mismo tiempo, un frente único (mayoritario) en favor de que el gobierno pueda mantener el control de las cosas, en el marco de la renegociación de deuda externa y la entrega petrolífera. La devaluación de la moneda, y la hiperinflación que podría desatar, amenaza esta coalición frágil. Se plantea, como nunca, la reivindicación de que la crisis la paguen los capitalistas, o sea salario básico de 8.500 pesos, jubilación de 82% móvil, control obrero, nacionalización de la banca, del comercio exterior y de los recursos estratégicos, cese del pago de la deuda externa. Sobre la base de esta orientación se abre la oportunidad de extender el campo de acción conquistado por el Frente de Izquierda y desarrollar una alternativa de poder de la clase obrera.

Los trabajadores de TMT, agencia de repositores externos, protagonizaron una extraordinaria jornada de lucha en defensa de su organización gremial. El mismo día que debían realizarse las elecciones de renovación de delegados (la empresa cuenta con unos 100 trabajadores en la zona), la patronal presentó un padrón trucho de ¡350!; y reclutó, por intermedio de un delegado de Cavalieri, micros y personal en la Capital para llevar a votar por sus candidatos, que se postularon pocas horas antes. Además, desplegó una patota que se paseaba impunemente entre la plaza principal de Morón y la sede del gremio. Todo esto, con la obvia complicidad del Seoca (sindicato de comercio de la zona oeste) que pretendió dejar correr el padrón inflado (con el burdo argumento de que "si la patronal presenta una declaración jurada no se puede hacer nada") y rechazó incluso la postulación de otro compañero, hecha en tiempo y con el aval de la base. Desde muy temprano, decenas de trabajadores se plantaron en la puerta del edificio sindical para impedir el fraude. La disposición de los compañeros fue tan enérgica que la dirección del sindicato propuso la suspensión de las elecciones, y la patota se retiró. El acta labrada confirma la suspensión de los comicios, debido a las enormes irregularidades constatadas, y estipula una reconvocatoria electoral en un plazo no mayor a los 30 días, a la vez que reconoce al actual delegado, Carlos Andrada, como legítimo representante de sus compañeros. Una asamblea posterior votó por aclamación la realización de medidas de fuerza ante cualquier tipo de represalia patronal. Los repositores externos son el sector más explotado del gremio. Además de estar casi todos tercerizados, desarrollan su jornada laboral en varios mercados, soportan a varias patronales (agencia, mercados, marca), y son víctimas de graves enfermedades laborales como hernias de disco. La dispersión de los compañeros acentúa las dificultades para organizarse. El objetivo de la empresa es impedir que se extienda la organización a otras regionales y allanar el terreno a suspensiones, despidos y ataques a las condiciones de trabajo. La respuesta obrera evitó que se consumara un fraude escandaloso. Ahora viene la lucha por lograr elecciones democráticas y por la organización de todos los repositores externos.

El ex ministro Hernán Lorenzino, ahora embajador en Europa, está negociando el pago de la deuda con el llamado Club de París. Son 6.500 millones de dólares en "defol" desde 2001, que se pagarían con bonos a vencer entre 2017 y 2023, "más un interés del 7% anual" (Ambito Financiero). "La emisión de deuda podría ser aceptada, pero se reclamará la totalidad" que, con los intereses vencidos a diciembre, "superará los 10.400 millones de dólares" (ídem). Sumados los intereses futuros de los bonos a emitir, el pago superaría los 16.000 millones de dólares: o sea, el 250% del monto reclamado. Pero, para que la negociación prospere, el gobierno deberá obtener antes la aprobación del nuevo índice del Indec por el FMI y aceptar una auditoría del organismo. Es que el "club" es un comité de países imperialistas que negocia créditos sólo si son avalados por el Fondo Monetario. Tango de buitres No sólo es una "actualización" hiperusurera; la deuda reclamada es una estafa. El propio vicepresidente Boudou declaró en 2010 que "el 49% de la deuda es anterior al gobierno democrático", y recientemente, Cephas Lumina (especialista de deuda de la ONU, invitado al país por el gobierno) señaló que "surgen preguntas sobre la legitimidad de la deuda". "Entre los puntos más cuestionados se encuentran los préstamos a la última dictadura militar" (Perfil). La deuda ya fue pagada varias veces; el saldo se compone de intereses sobre intereses usureros impagos. Sólo entre 1991 y 2001, "Argentina pagó unos 9.000 millones de dólares, de los cuales 3.200 millones fueron intereses con plata de otros acreedores". "En 2001, el país le debía unos 1.879 millones de dólares a ese grupo acreedor" (La Gaceta). A ese monto, se agregaron luego revalúos de monedas, nuevos intereses y otras deudas, especialmente la contraída con España por el gobierno de De la Rúa en el "mecacanje", que financió la fenomenal fuga de capitales previa al defol de 2001. Reendeudamiento impagable "El gobierno de Obama le aclaró a la Argentina hace pocas semanas que sólo una oferta concreta de pago en el Club de París puede cambiar su voto negativo contra la Argentina en los organismos multilaterales de crédito" (La Nación). Además, en febrero, el gobierno apelará ante la Corte Suprema de Estados Unidos el fallo a favor de los fondos buitres, donde necesita el aval de Obama para que el organismo tome el caso. A junio de este año, se reconocían pasivos del Estado nacional por 262.000 millones de dólares entre capital e intereses a vencer, sin considerar deudas provinciales, ni el cupón atado al PBI, ni deudas paraestatales que se encubren con fideicomisos. Pero ahora, se agregarán cerca de 20.000 millones de capital e intereses ofertados por la reapertura del canje de deuda con los holdouts, y 9.000 millones de dólares entre los bonos entregados a los fondos buitres con los que se negoció el acuerdo del Ciadi (Banco Mundial) y a entregar a Repsol por el acuerdo por YPF. Además, otros 10.000 millones de dólares se adicionarán a la deuda con el Banco Central por dólares para pagos de deuda según el presupuesto 2014, así como los 16.000 millones de dólares ofertados al comité de naciones buitres llamado "Club de París." De esta manera, el arreglo con el capital financiero agregará en poco tiempo otros 55.000 millones de dólares adicionales a una impagable y fraudulenta deuda.

El 16 de diciembre de 1993, en una rebelión de características inéditas, los trabajadores y el pueblo santiagueño ocuparon e incendiaron las sedes de los tres poderes públicos y las mansiones de los principales políticos oficialistas y de la oposición. Como caracterizó el Partido Obrero, en el fragor de los hechos, fue "el Cordobazo de los '90". El Cordobazo inició la debacle del gobierno de Onganía y abrió un período revolucionario; el Santiagueñazo inauguró una nueva etapa de puebladas y rebeliones populares en Argentina, que después de pasar por Cutral Co, Tartagal y otras localidades del interior, culminaría el 19 y 20 de diciembre de 2001 en la Casa Rosada. El Santiagueñazo mostraba el temprano agotamiento del régimen democratizante surgido tras la dictadura militar. La UCR había sido la lista más votada en las elecciones a gobernador de 1991, pero el peronismo le birló la gobernación con fraude electoral y una ilegítima ley de lemas. Esta ley de lemas había sido gestada por un pacto entre la propia UCR y el peronismo (Gerardo Zamora fue uno de los principales operadores políticos de su elaboración; ver El Santiagueñazo, de Raúl Dargoltz). Como reacción ante el fraude, se gestó un proceso de movilizaciones de hasta 20 mil personas, acaudilladas por el candidato de la UCR, José Zavalía, que desplegaba una fuerte demagogia. En 1993, los negociados con la obra pública, los desfalcos con los fondos estatales y un endeudamiento público inaudito, hicieron estallar el déficit fiscal -en diciembre se adeudaban salarios por tres meses. La "salida" fue una ley ómnibus que declaró en "disponibilidad" a todos los empleados estatales, despedía a quienes tuvieran menos de un año de antigüedad, y bajaba los salarios a los niveles de dos años atrás. La UCR simuló oponerse en la Legislatura, pero prestó un par de diputados para el quórum y apoyó todo el proceso de elaboración por parte del equipo económico de Cavallo. Esto significó la demolición política de José Zavalía y la UCR en brevísimo tiempo. El 16 de diciembre, después de que los trabajadores de la salud cobraran el primer salario con los descuentos de la ley ómnibus, hubo una confluencia masiva de distintos sectores en lucha sobre la explanada de Casa de Gobierno. Se propuso la toma del edificio; en un principio hubo violentos enfrentamientos con la policía, que finalmente se negó a reprimir. Entonces, fue incendiada la sede del Poder Ejecutivo. Luego seguirían los Tribunales, la Cámara de Diputados y las mansiones de distintos políticos. El otrora popular Zavalía sólo pudo salvar su casa repeliendo a tiros a los manifestantes. Los hechos se extendieron hasta el día siguiente y se replicaron en La Banda y otras localidades del interior. El gobierno de Menem acusó a "infiltrados foráneos", envió la gendarmería a reprimir la protesta e intervino la provincia con el apoyo de la oposición nacional. El Frente Grande (luego Frepaso), que acababa de ingresar al Congreso, votó a favor de la intervención menemista -entre ellos, Pino Solanas y Graciela Fernández Meijide. El interventor fue el cordobés Juan Schiaretti, mano derecha de Cavallo. Como era de esperar, impuso a fondo el plan de ajuste. Schiaretti fue sucedido por Carlos Juárez. En este período inició su ascenso el actual "empresario" Néstor Ick, quien, a partir del privatizado Banco de Santiago, pasó a dominar prácticamente todos los resortes económicos santiagueños, nutriéndose del presupuesto público. Junto a Juárez, se recicló gran parte del personal político del régimen (Chabay Ruiz, Zavalía y el propio Zamora, entre otros). En estas elecciones surgió "Memoria y Participación", un grupo de centroizquierda conformado por la Pastoral Social y el PC, que buscaba ser la representación política del Santiagueñazo. Consagraron un diputado, Scrimini, a quien el juarismo no le permitió asumir por haber participado del Santiagueñazo. En 2004 surgió un gran movimiento popular surgido a partir del repudio a un crimen de "hijos del poder", que liquidó el gobierno de Juárez y provocó otra intervención federal. Tras la intervención, asumió la gobernación Gerardo Zamora, radical K apoyado por el entramado de punteros juaristas. Al morir Juárez, Zamora le rindió homenaje oficial. El centroizquierda, incluyendo a Memoria y Participación, se unió a una "Multisectorial" que apoyaba a la Intervención y terminó marginada del proceso político. En ese proceso se fundó el PO de Santiago que, en julio de ese año, consagró a Nicolás Basualdo como constituyente. Hoy se ven profundizadas las contradicciones que llevaron al Santiagueñazo: al igual que en la previa de la rebelión del '93, se hace gala de "cuentas ordenadas" que esconden el desfalco de los fondos públicos con contratistas amigos del poder; los indicadores sociales siguen siendo los peores de todo el país, y las libertades democráticas son cotidianamente avasalladas. Casi como una caricatura de Juárez, el ahora ‘hombre fuerte' de la provincia, Zamora, colocó a su mujer como sucesora. Han pasado veinte años. Como en la chacarera, se va la segunda...

Los acuartelamientos de las fuerzas de seguridad exigiendo aumentos salariales (y en algunos casos impunidad para personal con medidas disciplinarias y exonerados), los saqueos y su secuela de muertos son un emergente del fin de ciclo kirchnerista, signado por una crisis social y política. Los gobernadores, con el aval del gobierno nacional, han salido presurosos a cerrar el levantamiento policial otorgando aumentos salariales que en muchos casos equivalen al 100%. Esto contrasta con el techo del 18 al 20% que el gobierno y las patronales quieren imponer para las paritarias de los trabajadores, utilizando al salario como "un ancla a la inflación". Más allá de sus discursos, los gobernadores y el gobierno nacional rápidamente cedieron al pliego de demandas policial, porque necesitan tener una fuerza de choque presta para enfrentar a los trabajadores que salen y saldrán a luchar a luchar contra la licuación de sus salarios por la vía inflacionaria. El Frente de Izquierda ratifica su planteo de desmantelamiento de las fuerzas represivas. El Frente de Izquierda denuncia también los "acuerdos democráticos" que se han apurado a firmar los partidos del gobierno, la oposición tradicional y el centroizquierda, pretendidamente contra la "extorsión" policial, porque esos acuerdos encubren la responsabilidad del gobierno y de esos partidos en la política de represión a la juventud y al gatillo fácil, y por la complicidad con el delito organizado. Afirmamos, asimismo, que esos "acuerdos democráticos" apuntan a advertir a los trabajadores contra cualquier tentativa obrera de reclamar un salario mínimo de 8.500 pesos. Denunciamos el intento de superar la crisis policial mediante el mayor despliegue de la Gendarmería del "Proyecto X". En función de la experiencia de crisis anteriores, advertimos contra la intención de aprovechar estos hechos para reforzar a las Fuerzas Armadas e imponer el nombramiento de Milani, e incluso declarar un Estado de Sitio. Una de las expresiones más agudas de esta crisis de fin de ciclo, es el crecimiento de la inflación, que pulveriza el salario de los trabajadores, la mitad de los cuales está en negro y con salarios que no llegan al 50% de la canasta familiar. Ante esta situación, el Frente de Izquierda apoya todas las luchas de los trabajadores en curso y reclama el establecimiento inmediato de un salario mínimo y móvil de 8.000 pesos para todos los trabajadores sin distinción, y del 82% móvil del último salario para todos los jubilados. Plata hay, que no se destine a indemnizar a Repsol ni a pagar la fraudulenta deuda externa. Que vaya para las urgentes necesidades de los trabajadores y el pueblo. Advertimos contra la ilusión de que esta crisis policial ha transformado a las fuerzas de seguridad en aliada de los trabajadores, o que se ha quebrado su función represiva. Quienes así piensan, serán desmentidos en tiempo récord por los propios acontecimientos. En esta línea se inscribe la increíble e injusta condena a los trabajadores petroleros de Las Heras con varias penas de perpetua, un golpe para aterrorizar a los que luchan. El acuerdo sellado en el Congreso ante esta crisis por todos los partidos de representación parlamentaria, con la única excepción del Frente de Izquierda, muestra una "santa alianza" de la clase capitalista y sus representantes políticos contra los aumentos salariales. Su temor es la propagación de la lucha en toda la clase trabajadora por un salario mínimo igual al costo de una canasta familiar y contra el trabajo precario y en negro. Las burocracias sindicales se han sumado a ese pacto llamándose al mayor de los inmovilismos, y apoyando las divisiones existentes entre las filas obreras y de los explotados. El Frente de Izquierda llama al movimiento obrero a exigirle a los sindicatos y centrales obreras un inmediato paro nacional, con movilización a Plaza de Mayo, en el marco de un plan de lucha por todas sus reivindicaciones y las del resto de la nación explotada y oprimida, contra el fortalecimiento del aparato represivo del Estado y por la inmediata absolución a los trabajadores petroleros de Las Heras. 13 de diciembre de 2013

Casi de manera desesperada, el oficialismo kichnerista ha mandado un proyecto para ser tratado en las sesiones extraordinarias del Congreso, planteando "penas específicas" en el Código Civil contra los miembros de las fuerzas de seguridad que participen de motines o huelgas. Las penas serían para todos aquellos que "a sabiendas abandonen injustificadamente actos de servicio o maliciosamente omitieren la prestación regular de la función a la que reglamentariamente están obligados" y sería extensivo para los miembros de las fuerzas de seguridad de todas las jurisdicciones. El planteo es reaccionario por donde se lo mire. Desde el punto de vista del andamiaje jurídico del Estado busca reforzar la disciplina y la verticalidad de las fuerzas de seguridad a los gobiernos, tanto de la Nación como de las provincias, para que cumplan integralmente su función represiva contra los trabajadores. Sale al cruce, así, a cualquier planteo de organización de la tropa policial que tenga como perspectiva un choque con el poder político e incluso con las propias cúpulas de las fuerzas represivas. Digamos, además, que las "penas específicas" no se piden para los casos de gatillo fácil o participación en corruptelas tales como el narcotráfico o la trata de mujeres. Pero, más allá de esta intención reaccionaria, no se le escapa a nadie que el objetivo inmediato que persigue este proyecto enviado de emergencia al Congreso es evitar que se generalice la lucha de los trabajadores para conquistar, ellos también, un salario mínimo de 8.500 pesos. Se deduce lógicamente que quienes luchen por este objetivo podrían también ser acusados de "conspiradores" y "saboteadores", como de hecho ya ha ocurrido en innumerables ocasiones con los trabajadores del Subte o con los docentes. El proyecto oficialista deja muy mal parada a la izquierda que se sumó a la denuncia de la "desestabilización" y que hasta fabuló con el surgimiento de un "partido policial". Esta izquierda se delimitó del gobierno porque "cedió" a la Policía, y no por ser él responsable de un caos económico que destruye el salario y las condiciones de vida de los trabajadores y por haber prohijado a fuerzas de seguridad descompuestas. Si esta izquierda fuese consecuente debiera votar a dos manos el proyecto kirchnerista. El Partido Obrero rechaza este proyecto reaccionario y denuncia que su verdadero objetivo es reforzar a las fuerzas represivas y salirle al choque a los reclamos salariales que se extienden por todo el país.

Desde el martes 11, los trabajadores del Hospital San Martín de La Plata cortamos con un piquete las calles 1 y 70. En asambleas masivas, decidimos el cierre de consultorios y derivaciones externas, con suspensión de cirugías programadas. Se atienden sólo las urgencias. Las condiciones de precarización laboral son insostenibles, la falta de personal compromete la atención. En Neonatología hay un enfermero por guardia para 19 incubadoras. La falta de insumos básicos y aparatología para monitoreos y diagnóstico es grave. Los salarios están muy por debajo de la canasta básica familiar. Los trabajadores de limpieza, por ejemplo, son contratados temporarios por menos de 4 mil pesos sin vacaciones, aguinaldo ni antigüedad. En este marco, los trabajadores del San Martín decidimos profundizar la lucha por nuestros reclamos, en conjunto con los trabajadores estatales. En el hospital votamos en asamblea general un pliego de reclamos: 10 mil de básico, doble aguinaldo, nombramiento de todo el personal necesario, pase a planta permanente, rechazo al presupuesto 2014 y partida presupuestaria de emergencia. La asociación de profesionales-Cicop convocó a una asamblea con la participación de más de 250 profesionales de planta y residentes, apoyando el mandato de la asamblea general y poniendo la seccional al servicio de la victoria de esta lucha. En el marco del paro del 12 convocado por Cicop, nos movilizamos al Ministerio de Salud donde fuimos recibidos por las autoridades, que aún siguen sin atender a nuestros reclamos. Por el contrario, la conducción de ATE apuntó a aislar la lucha. La comisión interna del San Martín estuvo ausente en la movilización. En el Hospital de Niños, la lista Verde propuso no marchar con el San Martín, dividiendo y debilitando la lucha. UPCN brilla por su ausencia y el oficialista Sindicato de Salud Pública sólo intentó disolver la enorme lucha autoconvocada, sembrando el miedo y siendo cómplice de los hechos de persecución por parte de la dirección. Desde nuestra agrupación clasista Tribuna de Salud nos pusimos desde el comienzo al servicio de la victoria de esta lucha. Se prepara una huelga nacional de profesionales de la salud con Fesprosa, y apostamos a construir la huelga de los estatales de toda la provincia de Buenos Aires para quebrar el ajuste.

Un día antes de asumir Claudia Zamora como gobernadora, Juan Pablo Suárez -un periodista opositor que cubría una protesta policial- fue detenido y acusado de 'sedición'. Las oficinas de su diario, Última Hora, fueron allanadas, y se le secuestraron computadoras y material periodístico. Se realizó una movilización, en la que participó el PO, con nuestra diputada Andrea Ruiz y las banderas del Frente de Izquierda. Ante el repudio generalizado, la fiscalía solicitó la libertad del periodista. La jueza se declaró incompetente y trasladó la causa a los fueros federales, simplemente para mantener detenido a Suárez unos días más. La acusación de sedición es, en términos legales, un disparate extremo. Los defensores de la ley de medios y de la democratización de la palabra brillaron por su ausencia. En Santiago existe una férrea censura política: la totalidad de los medios impresos, al igual que los canales de televisión por aire y la amplia mayoría de las radios, funcionan como cadenas repetidoras de la propaganda oficial. Durante las campañas electorales, la policía provincial destruye afiches opositores y hasta ha sido fotografiada colocando pasacalles del oficialismo. El presupuesto estatal es utilizado como una caja de prebendas para amigos y regimentación de enemigos. Ultima Hora es un diario digital pequeñísimo, que ha sido usado como canal de expresión por opositores a Zamora. La violenta represión ilegal ejercida por el gobierno da cuenta de que, a pesar de la reciente victoria electoral con 50 puntos de ventaja sobre el segundo, el zamorismo está sentado sobre una bomba de tiempo -y lo sabe. La pobreza es generalizada y alarmante, el promedio salarial es el más bajo del país (menos de 4.000 pesos), la mitad de la población que vive en el campo subsiste con planes sociales, la precarización laboral en el propio Estado (principal empleador, por lejos) es abrumadora. En la provincia no existen paritarias; recién en febrero está prevista la convocatoria a la "mesa del diálogo", donde el gobierno usualmente ofrece un monto miserable, que es aceptado por la burocracia sindical. Basta de censura y persecución, ¡libertad a Juan Pablo Suárez!

Apenas pasados los amotinamientos, el gobierno nacional y sus opositores salieron a despotricar contra el aparato policial. En algunos casos, como De la Sota, hicieron correr la versión de que podrían impugnar judicialmente esos acuerdos salariales. Un diputado oficialista, Depetri, ha reclamado que se rechacen los aumentos. Es que en pleno ajuste, crisis inflacionaria y devaluación del peso, aumentos del ciento por ciento en los salarios son difíciles de asimilar. Los trabajadores han venido reclamando aumentos desde antes de la asonada policial. El régimen de funcionarios, punteros y camarillas oficiales está demasiado ligado al de las policías bravas, que prohijaron durante décadas. El único propósito de los pronunciamientos pretendidamente antipoliciales es apuntar contra las reivindicaciones del movimiento obrero por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar. Las movilizaciones de docentes, estatales y trabajadores de la salud ganan el centro de la situación política en un número cada vez mayor de provincias. Los medios aluden a estas movilizaciones como una ‘derivación de la crisis policial’, como si no fueran el resultado de una crisis inflacionaria y social mayor. El año 2013 termina con una inflación real del 30%, frente a aumentos salariales que -para quienes los tuvieron- no superaron el 20%. Esta realidad no toma en cuenta al 40% de trabajadores precarizados, ni a quienes perciben el Plan Argentina Trabaja. Una estadística privada acaba de revelar que, si se hubieran indexado desde su creación, esos planes deberían estar hoy en 2.900 pesos, casi un 50% más que sus montos actuales. Lo mismo vale para las asignaciones universales. La política oficial de devaluación de la moneda está pulverizando su propio andamiaje asistencial. Los cortes de luz y de agua, que expresan el derrumbe más completo del sistema de privatizaciones menemo-kirchneristas, añaden su cuota a la bronca popular. Para el gobierno y los opositores, es sólo la justificación del paso que se viene: la liberación de las tarifas. Militarización En este cuadro, el gobierno ha salido a reforzar la militarización del Estado. La Nación informa que se encuentra redactado un decreto que declara el estado de sitio. Las fuerzas nacionales de seguridad se encuentran desplegadas, con el pretexto de los saqueos. En realidad, serán utilizadas contra la lucha que comienza a abrirse paso en fábricas, reparticiones, hospitales y escuelas. Mientras juntaba firmas contra la ‘extorsión policial’, el gobierno kirchnerista empujaba la aprobación del pliego del represor Milani en el Senado, sin la menor investigación acerca del papel que jugó el departamento de Inteligencia del ejército en los amotinamientos y desmanes de las últimas semanas. Muy pocos días después, Capitanich recitaba, en su conferencia de prensa diaria, las condiciones de "excepción" que justificarían una intervención del Ejército en la seguridad interior. 19 y 20 de diciembre La proximidad de un nuevo aniversario del 19 y 20 de diciembre ha servido también para que el gobierno fantasee otro complot. No se le ocurre pensar, en cambio, que la insatisfacción generalizada es la consecuencia de su política. La historia tampoco se repite. Las últimas elecciones han producido una derrota del gobierno (que alardeó durante dos años de un apoyo del 54%) y el desarrollo del Partido Obrero y del Frente de Izquierda. El movimiento popular cuenta con una conciencia política superior para dar una respuesta de conjunto. El desconcierto de la burguesía frente a la escala de la crisis es un fenómeno mundial. En este cuadro, la marcha de las organizaciones obreras combativas para el próximo 19 de diciembre, para colocar en la calle la agenda de los trabajadores, es un paso en la mejor dirección. Sus reivindicaciones nacen de la propia crisis: 8.500 pesos de salario mínimo y vital para todos los trabajadores, doble aguinaldo o bono especial de fin de año, 82% móvil, ningún tarifazo, reapertura inmediata de las paritarias e indexación mensual del salario. Este programa vertebrará la agenda parlamentaria de los diputados y legisladores del Frente de Izquierda en todo el país, como instrumento de agitación y de organización de miles de trabajadores y de la juventud.

La CTA opositora que conduce Pablo Micheli se contactó con la Coordinadora Sindical Clasista del PO, con la propuesta de intercambiar una caracterización del cuadro político y la eventualidad de una acción común ante la crisis que emergió a partir de los amotinamientos policiales. De nuestra parte, veníamos de realizar la importante movilización del 29 de noviembre con el planteo de doble aguinaldo para todos los trabajadores, reapertura de paritarias y abolición de ganancias, a partir del plenario clasista convocado por los compañeros del Sutna San Fernando. Al otro día del llamado, todavía en plena crisis política de los motines policiales, nos reunimos un grupo de dirigentes de cada organización, en el marco de un comunicado de CTA que planteaba un paro nacional a todas las centrales sindicales con un programa que partía de los 8.000 pesos de salario mínimo vital y móvil. De nuestra parte, reafirmamos que los motines policiales vinieron a poner de manifiesto por el lado menos pensado, el de los aparatos de represión, una crisis inflacionaria, expresión de un derrumbe económico y político de alcance general. Explicamos que la revuelta de los organismos policiales, cruzados por la conexión con el delito, por el gatillo fácil y por una historia de represión al movimiento popular, estaba expresando no un plan de “desestabilización” de la democracia, sino una crisis de régimen y de pérdida de autoridad política ante los organismos que ellos mismos reforzaron durante toda la década y especialmente durante la campaña electoral. A partir de coincidir en la necesidad de una intervención vigorosa del movimiento obrero en la crisis, propusimos precisiones en el pliego de consignas y la elaboración de un texto común para una gran movilización que propusimos fuera el 20 de diciembre, como lo habíamos adelantado en el periódico. Caracterizamos que la borrada del sindicalismo peronista opositor no tenía vueltas, porque se dio en el marco de acuerdos políticos de fondo tejidos por las distintas fracciones de la burocracia sindical con la oposición y/o el gobierno, especialmente con Massa y con Scioli. Evitamos la convocatoria a un paro nacional que no estamos en condiciones de garantizar, pero sí el paro y movilización de todos los que pudieran hacerlo en el marco de una jornada nacional con centro en la Plaza de Mayo. Nos apoyamos desde el primer momento en el paro nacional de los médicos que nació de un congreso de Cicop, con gran participación de residentes y Tribuna de Salud, el gran paro docente y estatal en Neuquén, el plenario de delegados de los Suteba combativos que haríamos el lunes 16 expresando importantes movilizaciones previas y el paro de ATE Provincia, junto a los movimientos estatales en numerosas provincias. La CTA contrapropuso movilizar el 19, teniendo en cuenta ciertos paros ya previstos. Ello no cambió en absoluto el contenido de la marcha, que conmemora en su convocatoria a la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre (ver recuadro). De común acuerdo incorporamos el planteo de absolución de los petroleros de Las Heras y la invitación a ser oradores del acto final. El programa y la caracterización común que aprobamos entre CTA y CSC (PO), es un avance del movimiento obrero, y marca un rumbo para que la crisis la paguen los capitalistas. Es una iniciativa que promueve una intervención propia del movimiento obrero en la crisis, a partir de un reclamo de 8.000 pesos de salario mínimo vital y móvil que equivale a quebrar toda la política devaluatoria e inflacionaria del gobierno y de la oposición patronal.

El recientemente creado bloque kirchnerista en la Legislatura cordobesa votó a favor del presupuesto que De la Sota insistió en sostener, a pesar de que ha quedado totalmente superado por los acontecimientos. El presidente del bloque K, Salvi, justificó el voto por una "cuestión de principios", y aclaró que recibió órdenes del gobierno nacional de votar a favor para garantizar la gobernabilidad de la provincia. Considerando que el presupuesto tiene como base un fuerte ajuste al bolsillo popular vía el aumento de impuestos, servicios y la rebaja salarial (en términos reales), la gobernabilidad K es justamente eso: ajuste. El voto a favor del presupuesto termina con el discurso K de que son la alternativa al "facho" De la Sota, con el cual los candidatos del Frente para la Victoria buscaron votos por izquierda. Este es el sector con el cual el centroizquierda, Juez, quiere hacer un "fuerte" frente contra De la Sota en 2015. El kichnerismo, que se presentó como el nuevo movimiento nacional, popular y progresista terminó entregando el gobierno al PJ, vía Capitanich, y garantizándole la gobernabilidad a De la Sota. El derrumbe es total.

El jueves 12 se realizó la movilización resuelta por el cuerpo de delegados y la comisión directiva de Amsafe Rosario, para entregar el petitorio con el reclamo del pago del "doble aguinaldo" antes de fin de año. También incluyó un llamamiento al resto de la docencia santafesina y a otros gremios estatales, así como la devolución del día descontado a los docentes de Rosario, efectivizada con el pago de noviembre. Se sumaron los estatales de ATE Rosario, los profesionales de la salud provincial del Siprus, los docentes universitarios, y a nutrida presencia de los trabajadores de la vaciada fábrica Alloco. Esta iniciativa fue resuelta, luego del "ninguneo" de la directiva provincial de Amsafe (celeste, CTA yaskista), que se negó a reabrir la discusión salarial en el segundo semestre del año. También se opuso al "doble aguinaldo", ello, en medio de un festival de tarifazos e impuestazos, que, junto a la disparada en los precios de los artículos de la canasta alimentaria, hacen estragos en el bolsillo de los trabajadores. El petitorio fue firmado por 5.000 docentes, encabezados por las comisiones directivas de Amsafe Rosario, Caseros, Belgrano y de Tribuna Docente de San Lorenzo, que aportó 700 firmas (más del 50% de los afiliados de la delegación), a pesar de la negativa de la directiva "celeste" local. La movilización se dio en el marco de la crisis por los reclamos policiales, que abarcó a casi todas las provincias y que en Santa Fe obligó a Bonfatti a "echar lastre" y tener que otorgar, también a estatales y docentes (no a los jubilados) un bono de fin de año de 1.000 pesos. Luego de la movilización, Amsafe Rosario ha resuelto una concentración para el miércoles 18 frente a la sede de gobierno, en Rosario, para repudiar la discriminación a los compañeros jubilados y exigir su pago junto a los activos, así como, el "doble aguinaldo" y la apertura inmediata de las paritarias por el salario igual a la canasta familiar.

El final de 2013 muestra dos realidades brutalmente contrapuestas. De un lado, un gobierno y un régimen agotados, que pretende hacer de su derrumbe el de nuestras condiciones de vida. Para probarlo, están la inflación galopante, los despidos y suspensiones en curso. Y la condena a pagar, con la falta de luz y de agua, el vaciamiento energético que dejaron los privatizadores. El gobierno y sus opositores han descubierto ahora a la "maldita policía", la misma que protegieron y reforzaron desde siempre. Naturalmente, no piensan tocar a los represores. Es sólo una excusa para atacar un reclamo que se extiende: el de un salario mínimo y vital que cubra el costo de la canasta familiar. Pero del otro lado del país devastado por los capitalistas y sus gobiernos, emerge la fuerza de los trabajadores y de la juventud que lucha. En las fábricas, hospitales, reparticiones y escuelas. Para poner en pie a sus organizaciones, en defensa del salario y de todos los derechos amenazados. Pero, principalmente, para levantar una alternativa política propia. Todas las grandes crisis nacionales han sido parteras de virajes políticos de fondo. En este 2013, un millón trescientos mil voluntades votaron al Frente de Izquierda. A partir de allí, la ruta de 2014 tiene un rumbo claro: apoyémonos en esa conquista para avanzar en la organización de miles de trabajadores y jóvenes, con las banderas y el programa del socialismo revolucionario.

A doce años de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001, que marcó una etapa en la lucha de los trabajadores por la emancipación, recordamos a los compañeros asesinados en dicha gesta marchando del Congreso a Plaza de Mayo por las siguientes reivindicaciones: ocho mil pesos de salario mínimo, vital y móvil para todos los trabajadores; por el 82% móvil para los jubilados; doble aguinaldo para activos y jubilados, y para el plan “Argentina Trabaja”; reapertura inmediata de paritarias y bono de fin de año; vigencia del convenio principal y pase a planta de tercerizados y precarios; el salario no es ganancia, abolición del impuesto al salario; ningún despido ni suspensión, estabilidad laboral; universalización de las asignaciones familiares, no a los topes, duplicación del monto de las asignaciones familiares y de la Asignación Universal por Hijo; absolución de los presos de Las Heras; desprocesamiento de todos los luchadores. La inflación, que supera el 30%, está pulverizando los ingresos de millones de trabajadores y jubilados. Los acuerdos de los gobiernos provinciales que elevan los básicos de la policía entre los 8 y hasta 10 mil pesos a las fuerzas represivas, causan conmoción entre todos los trabajadores, con las mismas necesidades, a menudo, reprimidos por esas fuerzas policiales. Esto, cuando el gobierno niega bonificación alguna de fin de año y pretende topes del 20% en paritarias que significarán una desvalorización histórica del ingreso popular, en medio de un curso devaluatorio de la moneda, de aumentos de tarifas e impuestos, enormes aumentos de combustible y fracaso total de toda contención de precios. Se prioriza un nuevo ciclo de endeudamiento y entrega de recursos estratégicos a cambio de ajuste. Una vez más, se descarga de manera brutal la crisis sobre las espaldas de los trabajadores. Repudiamos el uso de la gendarmería para el control social, como toda represión a las luchas obreras y populares, repudiamos cualquier curso represivo por parte del poder político. Por todo ello, convocamos a todo el movimiento obrero a partir de asambleas en los lugares de trabajo para defender nuestro salario y puestos de trabajo, y en ese camino a ganar las calles el 19 de diciembre por las reivindicaciones planteadas.

Después de soportar largos años de precariedad laboral y arbitrariedades, los trabajadores del Sistema de Protección de Derechos de Niños de La Matanza (SPPD), se están poniendo de pie. A principios de diciembre, se llevó a cabo una asamblea donde estalló la bronca por las precarias condiciones de trabajo: contratos como monotributistas con sueldos de hambre (¡algunos de 1.200 pesos!), permanente inestabilidad laboral; despidos arbitrarios, aprietes por reclamar mejores condiciones de trabajo, sedes que se caen a pedazos y falta de recursos. Esta situación se agravará con el ajuste que se está aplicando. El Concejo de La Matanza aprobó, para 2014, un presupuesto que asigna sólo un aumento del 5 por ciento para Desarrollo Social. Semejante poda significa el certificado de defunción del programa "Podés", que forma parte del SPPD y que está Necesitamos un plan de lucha contra el cierre del "Podés" por el pase a planta permanente de todos los trabajadores del sistema y mayor presupuesto para niñez y adolescencia.

El lunes 2 por la noche, tras más de dos años de lucha, Esteban Salcedo, congresal de la Lista Naranja Gráfica, reingresó a trabajar en Crónica Diario, amparado en una orden judicial que fue ratificada en segunda instancia. Esteban había sido despedido, junto a otros compañeros, por la sencilla razón de querer organizar las elecciones de delegados del taller. La tenacidad de Esteban, en reclamar su puesto de trabajo y la vigencia de los derechos gremiales, ha permitido un triunfo para el conjunto de los trabajadores de Crónica. Se trata de una bocanada de oxígeno para un colectivo obrero que ha sufrido duras experiencias y derrotas de la mano de una dirección sindical que ha desarticulado toda posibilidad de resistencia contra los golpes dados por la empresa. En 2005, Crónica comenzó a ser manejada por el grupo Olmos, que al calor de la pauta oficial se hizo de numerosos medios nacionales. Entonces, la burocracia ongarista -que dirigía la interna gráfica- tejió una alianza con la patronal. Esto duró hasta ésta decidió avanzar en un drástico ajuste sobre el conjunto de los trabajadores, que implicó el despido de más de la mitad del personal. Para ello, procedió también a deshacerse de sus antiguos aliados sindicales. Por supuesto, y en contraste con Esteban, lejos de reclamar ser reincorporados, arreglaron su retirada. La directiva sindical gráfica, atada al mismo gobierno al que responde Crónica, nunca movió un pelo por la reincorporación de los trabajadores, entre los que estaba Esteban. Tampoco hizo nada cuando la empresa, con patovicas, impidió ingresar la urna en la última elección sindical, en la que Esteban fue electo congresal por la oposición. La Lista Naranja, en cambio, no cesó en el reclamo. Lo mismo hizo La Naranja en Clarín. A diferencia del sindicalismo que se subordina a una u otra variante patronal, defendemos una política obrera, independiente de las patronales y el gobierno.

La inscripción "online" a las escuelas de la ciudad de nivel inicial, primario y medio que estableció el gobierno PRO para el ingreso 2014 ha demostrado ser un paso más en el ajuste y la privatización educativa en la ciudad. Rompiendo todos los criterios históricos establecidos para la asignación de vacantes, la inscripción por Internet dejó a miles de niños y jóvenes fuera de las escuelas. También se ha llegado al extremo de otorgar vacantes en dos colegios distintos a dos hijos de una misma familia. Mediante estas arbitrariedades, el gobierno porteño pretende avanzar en nuevos cierres de cursos y grados. A su vez, el macrismo fuerza a miles de familias a mandar a sus chicos a escuelas privadas, donde la inscripción aparece simplificada y garantizada. El Partido Obrero rechaza este ajuste "de facto" de la matrícula escolar, y reclama la incorporación inmediata de los miles de chicos que se han quedado afuera de las escuelas. Durante la última sesión legislativa, el legislador del Frente de Izquierda Marcelo Ramal reclamó, junto a otros legisladores, el tratamiento de este tema sobre tablas. Ello fue bloqueado por el PRO, con el apoyo del 'debutante' bloque de Ocaña. En los locales del PO de la Ciudad, estamos empadronando a quienes se quedaron afuera, para reclamar en cada Comuna y ante el Ministerio de Educación la inscripción inmediata de todos los chicos. ¡Que nadie se quede sin estudiar!

La Justicia anunció el sobreseimiento de los dirigentes barriales Diosnel Pérez y el "Tano" Nardulli como supuestos "instigadores" de la toma del Parque Indoamericano. La lucha por el desprocesamiento estuvo íntimamente vinculada con la crisis de la vivienda que atraviesa el conjunto de la población de la Ciudad y, en particular, las barriadas del suroeste porteño. Tanto el gobierno nacional como el de la Ciudad, que se habían comprometido a llevar adelante un plan paritario de construcción de viviendas para los centenares de vecinos que participaron de la toma, no construyeron una sola casa. Por el contrario, los legisladores y diputados del PRO y el FpV votaron que las tierras públicas de la ciudad estén destinadas a proyectos empresariales. Peor aún, ambos gobiernos desplegaron hace tres años un operativo conjunto de represión entre la Federal, las patotas armadas por los punteros y la Metropolitana, con el saldo de una brutal represión que dejó como resultado tres vecinos muertos. Mientras la Justicia procesó a estos dos luchadores para reforzar la política de criminalización de la protesta social y responsabilizarlos de lo acontecido, los responsables de la represión siguen libres y sin ningún proceso judicial abierto. Con el triunfo de la lucha por el desprocesamiento de estos compañeros, tenemos que reforzar la pelea por el derecho a la vivienda y por la derrota del Plan Maestro del macrismo, que busca privatizar masivamente las tierras de nuestra comuna. La bancada del Frente de Izquierda en la Legislatura será un puntal fundamental en esta nueva etapa de la lucha.

El incremento del costo de vida acumulado en 2013 orilla el 35 por ciento, muy lejos del 27 en dos cuotas que se firmó en marzo (anualizado da 23) para la rama Obra y mucho más del 19 en tres de la rama Diarios. Y la proyección para el año entrante es todavía más elevada. ¿Cómo hará esta vez el sindicato para defender la "pauta oficial" -que han querido fijar en torno a un ridículo 20 por ciento- cuando todo ha saltado por los aires? Un intento del gobierno de empezar a marcar la cancha de la próxima negociación fue el rechazo a los adicionales de fin de año. Aun así algunos gremios reclamaron y obtuvieron sumas considerables (como los 10 mil pesos de los cerveceros). Por su cuenta, varios talleres dirigidos por la oposición han arrancado también compensaciones o están desarrollando planes de lucha: Interpack rechazó una propuesta de 1.200 pesos y empezó con paros por turnos por 3.000 pesos y un aumento de emergencia del 50 por ciento de los adicionales; Morvillo reclama 3.000 (la empresa ofreció 2.000); la misma situación se da con Ipesa; AGR-Clarín acordó 1.400 que, como en el caso de Morvillo, se suman al doble aguinaldo que ya reciben; World Color también está parando por 3.000 pesos y la duplicación de la antigüedad; Donnelley, que se encuentra bajo la amenaza de un recurso de crisis, habría acordado una suma similar. El sindicato gráfico -junto con la federación del interior- elevó a la Faiga un mísero pedido de 1.300 pesos; un pésimo antecedente para lo que viene. El propio Tomada declaró que será muy difícil cerrar por menos de lo que le dieron a policías y gendarmes. El gremio aceitero, en la primera paritaria del año, anunció que exigirá 9.500 pesos de básico. Y han estallado huelgas y movilizaciones en numerosas provincias por 8.000 pesos de salario mínimo para todos. Del otro lado, algunos empresarios sostienen que el único modo de imponer el "cepo salarial" es enfriando abruptamente la economía (lo que se traduce en despidos y suspensiones. Algo de esto está ocurriendo en la industria gráfica: anuncio de cierre de Cedinsa, despidos masivos en Cortiñas, etc.). Con una escala que en su categoría promedio no llega a la mitad de la canasta familiar, la consigna "8.000 de mínimo" (categoría 1) tiene un alcance estratégico. Para eso necesitamos romper la parálisis de la directiva ongarista. La Naranja lanza una campaña por la reapertura inmediata de la paritaria y una asamblea general de afiliados y no afiliados que vote el reclamo y un plan de lucha. ¡Vamos por 8.000 pesos de mínimo!

Convocados por Julián Domínguez, presidente de Diputados, todas las fuerzas políticas estamparon su firma en un acta "en defensa de la democracia", supuestamente contra los motines policiales. El texto, elaborado por el gobierno, fue firmado por Federico Pinedo (PRO), Juliana Di Tullio (FpV), Elisa Carrió (Unen), Mario Negri (UCR), Carlos Brown (FE), Jorge Valinotto (Frente Cívico de Córdoba), Gerardo Milman (GEN), Carlos Heller (Nuevo Encuentro), Darío Giustozzi (Frente Renovador), Mario Das Neves (Trabajo y Dignidad), Claudio Lozano (Unidad Popular) y Juan Carlos Zabalza (Partido Socialista). El Frente de Izquierda no fue convocado, en una temprana acción de proscripción política. El acta dice que "la forma de expresarse de los efectivos es una injustificada modalidad, que no se corresponde con la situación de personas que se encuentran armadas en defensa de la ley". El gobierno, con este trámite, desmintió de un plumazo que hubiera habido una "mano negra" de la oposición -o sea de la burguesía en su conjunto- detrás de la presunta "desestabilización". Para mayor claridad, el acta declara también "el apoyo de los partidos políticos aquí representados a la gestión de los gobernadores". Es decir, que avala la gestión de los motines policiales por parte de los gobernadores, territorios liberados incluidos. El acta plantea, asimismo, que los aumentos salariales a la policía son "excepcionales", e imposibles de otorgar, en un frente único contra los reclamos que empiezan a desarrollar trabajadores y sindicatos. El acta propone una defensa de la democracia, que nunca estuvo en cuestión por parte de los amotinados, para escamotear el derrumbe del régimen político vigente. El acta no dice que la policía ‘extorsiona’ con la necesidad de mantener en pie a las fuerzas destinadas, precisamente, a reprimir a la clase obrera y a las protestas populares. En esa línea, el gobierno acaba de otorgarle aumentos, también, a las fuerzas federales. El "pacto democrático" avala, entonces, el reforzamiento de las fuerzas de seguridad que, con Milani a la cabeza del Ejército, forman parte de una política asentada en la ley antiterrorista, el Proyecto X, la intervención de la gendarmería en el control y represión social, y la novedosa intervención del ejército en cuestiones internas, que debutó en Santa Cruz contra ocupantes de tierras. En estos días, el Ejército ha sido puesto en "orden de apresto" ante posibles desbordes el 19 y 20 de diciembre. La declaración de oficialistas y opositores oculta, por otra parte, que los motines policiales fueron el emergente de una crisis inflacionaria que afecta a todos los trabajadores. Por lo tanto, para el movimiento obrero se plantea la cuestión de intervenir en la crisis con sus propias reivindicaciones. En cambio, la firma de Lozano expresa una completa adaptación de su grupo político -integrante de la CTA Micheli- a las instituciones de la clase capitalista. Más adelante, el acta le reclama, a las mismas fuerzas policiales que se amotinaron, que "asuman el sentido y la responsabilidad institucional que el Estado y la sociedad les delegó como garantes de “la seguridad pública y la paz social". Pero la única "seguridad pública y paz social" que se pretende resguardar, tras los aumentos a las fuerzas de seguridad, es contra la intervención del movimiento obrero. La disyuntiva no es saqueos u orden público, sino ajuste o defensa del salario, junto a las demás reivindicaciones obreras. Ese será el gran sentido de la movilización de la CTA y la Coordinadora Sindical Clasista del Partido Obrero, entre otros agrupamientos, que estará ganando la calle el 19, por 8.000 de salario mínimo vital y móvil, por el 82% móvil, por la reapertura de paritarias, contra todo despido y suspensión, denunciando el fallo antiobrero contra los petroleros de Las Heras, y contra la designación de Milani. Es decir, por un programa obrero ante la crisis.

Bachelet se alzó con el 62 por ciento de los votos en el ballotage del domingo pasado en Chile, superando holgadamente a la candidata de la derecha, Evelyn Matthei, que obtuvo casi el 38%. El dato sobresaliente de la elección, sin embargo, fue nuevamente la abstención. Sobre un padrón electoral de 13,5 millones de personas, menos de 6 fueron a votar. El ex presidente Ricardo Lagos se mostró alarmado. La diputada electa por el PC, Camila Vallejo, adjudicó la abstención a "la falta de educación cívica" (Rtve.es, 15/12). Por eso mismo, Bachelet dedicó su último acto a convocar a derrotar al "esceptisismo". Los actos de cierre de Bachelet y Matthei contaron con un magro auditorio, que no superó en ninguno de los dos casos las cinco mil personas. La abstención expresa una decepción masiva con el régimen binominal derecha-Concertación, que ha mantenido en pie el régimen político y la miseria social que dejó establecido el pinochetismo. Gatopardismo "Los mercados están tranquilos. No están preocupados de si gana una u otra candidata. Una (Michelle Bachelet) ya probó que puede manejar el país; la otra (Evelyn Matthei) representa la continuidad del gobierno actual. Es decir, no existe la sensación de que haya cambios radicales", aseguró Alfredo Coutiño, director de Moody's Analytics (La Tercera, 15/12). Más aún, la recaudación de fondos de campaña por parte de la Concertación triplicó a lo conseguido por la derecha. Bachelet gobernará en un cuadro de desaceleración económica. En este sentido, plantea una reforma tributaria que aumente el impuesto de las empresas del 20 al 25%. Resistida por la derecha, recibió, sin embargo, el apoyo de la secretaria ejecutiva de la Cepal, la mexicana Alicia Bárcena, pues supliría la caída en los ingresos públicos "derivado de la caída del cobre, principal fuente de financiación pública" (América Económica, 12/12). Se supone que de esta reforma tributaria deberían salir los ingresos para una reforma del sistema educativo, que deje en pie la carísima educación privada. Tampoco pone en cuestión Bachelet el sistema de jubilaciones privadas, que ha llevado a los trabajadores chilenos a jubilarse con un 45% de sus ingresos. En lugar de eliminar las AFP y establecer un sistema de reparto, Bachelet plantea la creación de una administradora estatal que compita con los privados. Con razón, esto ha sido calificado como "gatopardismo previsional" (Clarín de Chile, 29/10). En cuanto al matrimonio homosexual y la legalización del aborto, no hay más que vagas promesas de colocarlos en debate, a la vez que cualquier ensayo de reforma constitucional quedará restringido a una modificación del sistema electoral binominal, que favorece un modelo de dos fuerzas electoralmente sobrerrepresentadas -Bachelet teme que en una Constituyente se cuelen planteos como la renacionalización del cobre. Pero incluso todo este gatopardismo debe ser puesto en duda. Bachelet abrió el paraguas en la noche de su victoria, al advertir que se trata de una batería de tareas "(que) excede un período presidencial" (La Nación de Chile, 15/12). Recurso limitado Contra la tesis de que su victoria "es el triunfo de los que han marchado en la calle" (ídem), la candidatura de Bachelet es un recurso del capital para contener esa movilización -motivo por el cual integra a su gobierno a los dirigentes juveniles del PC. Pero es un recurso que nace desvencijado, como lo indican la alta abstención electoral y el fracaso de la Nueva Mayoría en cooptar a todo un ala del movimiento estudiantil y popular, que es el que ha pulverizado políticamente a la derecha en estos años.

Luego de que la Justicia le impusiera una multa diaria a la burocracia por incumplir el fallo que ordenaba la entrega inmediata de los padrones al Ministerio de Trabajo o a la Multicolor de Prensa, la conducción de la UTPBA anunció la convocatoria a elecciones... ¡para fines de enero! El ridículo no podría ser mayor: una burocracia cuestionada por sus maniobras fraudulentas quiere realizar los comicios en pleno receso de verano. La garantía de "transparencia" sería la entrega del padrón trucho al Ministerio de Trabajo y a distintas figuras, entre las que se destaca Martín Sabbatella, infaltable en cada convocatoria antidemocrática de la Utpba. La decisión de la conducción de la UTPBA revela que el Ministerio ha decidido salir al rescate de una burocracia completamente agotada. Semanas atrás, el propio Tomada recibió a los dirigentes de la UTPBA que se encuentran deslegitimados por la abrumadora mayoría del Cuerpo de Delegados del gremio, y que intentó realizar elecciones cuando éstas estaban suspendidas por la Justicia. La maniobra gubernamental de rescate a una burocracia ajena a los trabajadores no podría ser mayor. Vamos por una nueva organización Es preciso cortar de raíz con tanto agravio. El Plenario autoconvocado de delegados de prensa escrita, radial y televisiva ya ha dado sobradas muestras de que está a la altura de las necesidades de los trabajadores de prensa. Si bien hay que seguir con la lucha judicial, hay que ser conscientes de sus limitaciones. No hay ni habrán las más mínimas condiciones que garanticen elecciones democráticas y transparentes. Para salir de esa trampa, proponemos iniciar ya los trámites para conformar un nuevo sindicato que continúe la tarea que inició el plenario de delegados. Planteamos la elección de una Junta Promotora de todo el Plenario de Delegados Autoconvocados, que contenga e incluya en la proporción correspondiente a todas las agrupaciones y sectores que lo integran. Al mismo tiempo, proponemos la realización de un plebiscito entre los trabajadores de prensa para que se pronuncien sobre este problema central. Llamamos a discutir en asambleas la situación de la conducción real de nuestro gremio, para dar una salida positiva a la truchada que proponen el gobierno y la burocracia.

El jueves 12, los trabajadores del Sanatorio Oeste, de Libertad, decidieron llevar adelante un paro por tiempo indeterminado. La patronal les adeuda cuatro meses de sueldo. La representante legal del sanatorio, que se hizo presente ante la contundencia del paro, explicó que se estaban haciendo gestiones para conseguir dinero e instó a los trabajadores a "ponerse la camiseta" y levantar la medida. Los trabajadores replicaron que trabajar sin cobrar durante cuatro meses es ponerse la camiseta, pero que habían llegado a un límite. Además, denunciaron que los dueños del sanatorio, doctores Casola y Cadenas, tienen otras prioridades, ya que se encuentran vacacionando en Brasil, mientras relegan el pago de los sueldos. Además de los salarios adeudados, exigieron el pago de los aportes previsionales y de obra social ¡que no se realiza en años! Asimismo, solicitaron la adecuación del salario al convenio de Sanidad y el derecho a la libre sindicalización, ya que ATSA (sanidad) se niega a afiliarlos. El Ministerio de Trabajo, por su parte, se negó a recibir una nota de los trabajadores. Finalmente, en horas de la tarde, la representante legal se comprometió a abonar un sueldo entero en las siguientes 48 horas y convocar a una reunión para establecer un cronograma de pagos. El balance que hicieron los trabajadores fue muy positivo: en veinte años, y pese a los cambios de dueño, nunca habían llevado adelante una medida de lucha. El primer paro arrancó un sueldo entero para las 60 familias que dependen del sanatorio. Quedó instalada la voluntad de seguir organizados hasta que la patronal responda por todos sus incumplimientos. Está planteado, a partir de esta primera experiencia de lucha, conquistar una organización permanente, arrancándole a ATSA la sindicalización, y eligiendo delegados que los representen. ¡Adelante!

Finalizada la conciliación obligatoria, Perfil ratificó el despido de siete periodistas. La conciliación había sido dictada luego de una semana de paro general y frente al acto masivo convocado por el plenario de delegados, que reunió a centenares de compañeros en la puerta de la editorial. La patronal decidió mantener la totalidad de los despidos a pesar que, durante la conciliación, cuatro de los siete periodistas habían decidido aceptar la indemnización. En los días previos, una asamblea general mandató a la comisión interna a retomar el paro si la empresa mantenía su posición. Al mismo tiempo, lanzó la iniciativa de exigir un bono de fin de año para paliar la inflación creciente. El paro se mantiene fuerte, logrando la adhesión de los principales columnistas del diario. Existe una clara convicción entre los trabajadores de que se viene un ajuste profundo. Ya está anunciado un nuevo plan de retiros voluntarios en el sector de Fotografía, un objetivo patronal recurrente que ya fue frenado el año pasado con diez días de paro. Para los próximos días se ha convocado a un nuevo acto en la puerta de la empresa, y a movilizaciones y asambleas en todos los medios periodísticos de la Capital. La negativa empresaria a negociar preanuncia las futuras medidas de ataque a las condiciones laborales de los trabajadores, con el objetivo de condicionar con salarios a la baja la paritaria entrante del gremio de prensa. Perfil es conciente del rol jugado por la asamblea de trabajadores de la empresa en el gigantesco proceso de lucha que se dio este año en la paritaria de Prensa Escrita, que quebró las paritarias regimentadas del kirchnerismo.

El sindicato del subte (AGTSyP) está cumpliendo los trámites de obtención de personería gremial, donde debe demostrar que tiene más afiliados que la adversaria UTA, en determinada proporción. Las audiencias en el ministerio y los procesos judiciales pueden extenderse durante muchos meses. Incluso cada gremio ha hecho saber, por su parte, que el triunfo de uno de ellos en esta compulsa no implicaría legalmente la desaparición del otro ni la exclusión de ninguno en la discusión de los convenios. La dirección kirchnerista de la AGTSyP viene planteando que este trámite, totalmente burocrático por el momento, es el centro de la preocupación y de la energía del sindicato, por encima de cualquier otra cuestión. Así, por ejemplo, ante el reclamo de asambleas de varios sectores por una bonificación extraordinaria para fin de año, se ha limitado a enviar una carta a la empresa, solicitando un reconocimiento por la colaboración brindada a las nuevas autoridades del gobierno de la Ciudad. Esto, sin ninguna expectativa de obtenerlo y sin la preparación de ninguna medida ante una negativa patronal. Tampoco aceptó adherir a la movilización por el doble aguinaldo que encabezó el Sutna San Fernando. Con similar estilo, no ha tomado ninguna iniciativa en relación con el estado gravísimo del material rodante y el déficit escandaloso de mantenimiento, ni contra la campaña macrista, culpando de ello a los "metrodelegados". Las denuncias, perfectamente documentadas, de delegados de talleres y de tráfico son más que preocupantes. Una de las formaciones españolas presentadas como "nuevas" en la Línea B -pero con 40 años reales de antigüedad- rompió una zapata colectora de energía, destruyendo una maquinaria de cambio de las vías y con peligro cierto de descarrilamiento. Otro tren, de los que fueron enviados hacia talleres de terceros privados, volvió luego de seis meses, en un estado deplorable. Es un fraude, en términos de la inversión declarada y del vaciamiento relativo que implica de los talleres propios, tema permanentemente denunciado por los delegados de los mecánicos. ¿Qué relación tiene esta conducta de parálisis del sindicato ante cuestiones cruciales y el trámite de la personería? Con un gremio inerte, por su subordinación a la política de la patronal y el gobierno de turno, el trámite se limita a una competencia con la UTA, por la mayor eficacia en regimentar los reclamos y administrar los conflictos. Pero la AGTSyP nació, en las aspiraciones de la base del subte, como una ruptura con la burocracia patoteril de la UTA, a los fines de fortalecer las luchas emprendidas, sacudiéndose la loza burocrática y con el propósito, a término, de expulsar del subte al gremio usurpador. "Chau UTA" fue el slogan popularizado entonces. Pero la subordinación de la actual conducción al gobierno kirchnerista la colocó en el terreno de una cohabitación con la UTA -también kirchnerista- para ver quién se gana el padrinazgo del gobierno y su ministerio. En estos términos burocráticos, la "compulsa" no pasa de ser una pugna de aparatos por los favores del Estado. En su inacción ante la ofensiva macrista, los kirchneristas del subte prolongan su subordinación al gobierno nacional. En este cuadro, de desmovilización, el desenlace del trámite pasa a depender exclusivamente de las disputas al interior de la burocracia sindical y de las fracciones patronales que hoy se disputan la sucesión política. Esta directiva se limita a cruzar los dedos para que el pulgar de Tomada se levante para este lado y en todos los casos, luego de un largo proceso administrativo que se prolongará en engorrosa judicialización. La propuesta de la Agrupación de Trabajadores de Metrovías es que el sindicato formule urgentemente una agenda de los problemas más urgentes -bonificación de fin de año, mantenimiento, seguridad, personal necesario con ingreso por bolsa de trabajo e inversiones en material rodante y repuestos, promoción de cargos suficientes de conductores y guardas. Con este reclamo exigir una paritaria urgente con la empresa y el gobierno, y poner al sindicato en pie de movilización. Sólo en un cuadro de esas características, el reclamo de la personería gana contenido, como parte de la lucha del sindicato del subte y la expulsión definitiva de la UTA.

Con 5 votos de 9 concejales, resultó victoriosa la terna del oficialista PRS y de la "opositora" UCR. La fórmula ganadora (Bernasar-UCR, Ledesma y De los Ríos -PRS) representa, por un lado un recurso de emergencia ante el gran retroceso electoral y la cooptación de los principales dirigentes renovadores por parte del gobierno de Urtubey. Por otro lado, es la expresión de la descomposición política de la "oposición" patronal, que cierra filas con el partido de la dictadura en defensa "de la gobernabilidad". Ello, ante un nuevo cuadro de ajuste e incipiente derrumbe del régimen político que gobernó los últimos 20 años a favor de los sojeros, la patria contratista y las grandes empresas exportadoras. El PJ y el Frente Plural también fueron "funcionales" a estas componendas, recibiendo prebendas y cargos por sus votos. Nuestra concejal, Silvia Colque, se abstuvo y denunció cada una de estas maniobras que desconocían el mandato popular y la voluntad de cambio expresada en las urnas, en relación a lo ocurrido en el Senado, la Legislatura provincial y en el Concejo Deliberante de Salta. También planteó que nuestra bancada impulsará una agenda política para dar una salida al problema de la vivienda, la precarización laboral y miseria social que sufren el pueblo de San José. Manos a la obra

"Se descarta la idea de crear una tienda política"- La frase, de un dirigente de la COB, fue dicha en las postrimerías del Ampliado de la central en Santa Cruz, a fines de noviembre. La "suspensión" resuelta por el Ampliado es un eufemismo: al mismo tiempo decidió respaldar la candidatura de Evo Morales. La fundación del PT había obedecido a la orientación opuesta; se trata, claro, de una ‘recuperación’ política. La prórroga por un año del mandato de la actual cúpula sindical oficialista, encabezada por Juan Carlos Trujillo, apunta a bloquear una alternativa a esta capitulación. La decisión fue festejada por los medios oficialistas y por el binomio presidencial. El vicepresidente García Linera la calificó de "histórica decisión" desde la cabecera de apertura en el VI Congreso del Partido de la Izquierda Europea, en Madrid. "Es un hecho histórico -dijo- que se hayan unido en un matrimonio indiscutible el guardatojo (casco protector del minero) y la montera, el casco (del obrero) y el llucho (el gorro tejido del indígena), el casco y la pollera...". El pacto entre la burocracia y el gobierno no se reduce a lo conocido. Existe una negociación por los cargos parlamentarios que el gobierno podría reservarle a la camarilla que dirige la central. "Una materialización del acuerdo se traducirá en la conformación de una vigorosa representación parlamentaria que seguramente no sólo expresará su carácter plurinacional, sino la naturaleza clasista del proyecto emancipador" (Cambio, 12/2). La burocracia está lanzada, a partir del Ampliado, a una guerra sorda contra las departamentales que no le responden. Es el caso, entre otras, de Beni, de Potosí y de Oruro, donde busca desplazar a la conducción encabezada por Vladimir Rodríguez. Luego de una campaña de ahogo económico y persecución -22 mineros de Huanuni están procesados, acusados de haber volado un puente-, el gobierno logró imponer a una conducción afín, que prepara un acto en Huanuni con Evo para proclamar la "alianza política" entre el sindicato y el gobierno. La destrucción de la COB Antes del Ampliado de la COB, el gobierno anunció un doble aguinaldo para empleados públicos, de educación y salud, una concesión nada generosa -lo percibirán sólo dos de cada diez bolivianos. El apoyo orgánico de la burocracia a la reelección de Evo convalida la política de flexibilización, de trabajo en negro -hoy en el 60%-, de impulso a las cooperativas y a un régimen de pensiones que está sostenido casi exclusivamente por el aporte de los trabajadores. Junto al epitafio del Partido de Trabajadores, debería figurar el del ampuloso Pliego Petitorio, que la burocracia aceptó votar en el congreso fundacional del PT -a condición de no comprometerse a plan de lucha alguno. Este fue luego demolido sistemáticamente a lo largo del año, en primer lugar con su traición a la huelga general por las pensiones. Defender las organizaciones y los activistas La cooptación de la COB y la ofensiva que se está desplegando a cuenta del gobierno plantea defender las departamentales del manotazo de la burocracia, exigir la nulidad de los procesamientos sobre los mineros de Huanuni, reconstruir un pliego de reclamos sobre la base de las reivindicaciones entregadas: salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, jubilación al 100%, derogación de los decretos que impiden la organización plena de los trabajadores. El secretario general del sindicato Huanuni, Ronald Colque (desplazado por la burocracia y el gobierno), plantea que "hay que hacer un balance". El PT nació bajo el control de la burocracia de la COB. Como denunciamos en su momento, el PT nació sin plan de lucha y reservó para la burocracia la elección de candidatos -quitando esa decisión a las asambleas de base. La izquierda, desde el vamos, saludó la creación del PT y abrió una expectativa en la burocracia de la COB, que acaba de "suspender" la creación que dejó correr. La fundación del PT, dijimos, no resolvía la creación de un partido de la clase obrera en Bolivia ni abría una vía para su desarrollo. Nuestro pronóstico se ha verificado por completo, contra lo que sostenía la izquierda centrista.

Dos asambleas generales realizadas los días 4 y 11 de diciembre en Carmen de Patagones y en el cordón industrial de San Lorenzo dieron nacimiento al desarrollo nacional del Sitraic. Para antes de fin de año están previstas nuevas asambleas en distintos lugares del país. Las asambleas generales de Patagones y San Lorenzo cierran una negra experiencia con la Uocra: intervenciones, desconocimiento de la democracia sindical y accionar de patotas. Se pondrá en marcha en el orden nacional un sindicato clasista y de lucha, donde tengan expresión todas las agrupaciones y donde exista la asamblea general como método fundamental de deliberación y resolución. Las dos asambleas generales aprobaron un programa que tiene como ejes la recuperación histórica del salario de los trabajadores de la construcción, terminar con el trabajo en negro y la precarización laboral, la lucha por una jubilación a los 50 años para la construcción y el ejercicio de la democracia sindical. Junto con la afiliación al Sitraic, se aprobó el pase de los trabajadores a la nueva obra social del Sitraic.

Una nueva movilización de 250 docentes, estudiantes y padres reclamó el presupuesto para completar las obras de la Escuela Secundaria N° 5, con un abrazo simbólico. Esta escuela funciona compartiendo el edificio con una escuela primaria, debido a que se derrumbó el techo de su edificio en enero de 2009. El acto fue filmado por el programa televisivo CQC. Estuvimos presentes compañeros de Tribuna Docente y el Partido Obrero con volantes y nuestra prensa. El miércoles 11, se movilizaron familias de la Escuela N° 16, de La Lucila, para que el edificio tenga sanitarios y ascensor para personas con discapacidad o movilidad reducida. Es notable que a esta altura del año la comunidad educativa se movilice por la educación pública, buscando una salida. Mientras tanto, el Suteba hace acto de presencia pero no organiza a los docentes para emprender acciones de conjunto y salvar a la educación y el salario. Elige sostener al gobierno. Desde el gobierno nacional, "baja" una política deliberada de abandonar la educación pública y favorecer la privada. Vicente López tiene la tasa más alta del país de alumnos en escuelas privadas: 65%, con 177 escuelas (casi todas confesionales) y sólo 64 públicas. Consecuentemente, en el Concejo Deliberante se votó el presupuesto 2014, con menor participación para salud y educación, y mayores montos para publicidad y propaganda. Ni siquiera se incluyó el Fondo Educativo, como en 2013, y los montos para obras hidráulicas, luego de haber sufrido las inundaciones, son escasísimos. En contraposición aumentaron las tasas de impuestos municipales en un 40%. El Partido Obrero, en el Frente de Izquierda, toma el mandato de los 13.000 votos que dejaron a nuestro candidato Federico Decoppet en las puertas del Concejo Deliberante, para organizar la defensa de las condiciones de vida del pueblo trabajador.

Las Manos de Filippi cumplimos veinte años y lo celebramos por todo el país y Latinoamérica. Nos autodenominamos como un emprendimiento de arte independiente, integrado por trabajadores de la música y del arte de distintas disciplinas y estilos. Por participar en las luchas de los trabajadores recorrimos, en estos veinte años, un camino que nos permitió reconocer nuestra pertenencia de clase y convertirnos en la banda militante que hoy somos. Formada en 1992 por Hernán "el Cabra" de Vega, rápidamente se comenzó a forjar el "estilo Filippi": una mezcla de música divertida y pesada (cumbia, ska, punk-rock y rap) con letras provocadoras. Nuestro primer disco se tituló "Arriba Las Manos, esto es el Estado", con un contenido político y de denuncia del gobierno, en pleno menemismo. Luego publicamos un EP llamado "Las Manos santas van a misa", dedicado al clero y con un arte de tapa muy polémico donde se encontraba crucificado el empresario top del rock business, Daniel Grinbank. A fines de los '90 comenzamos a participar de las luchas del movimiento piquetero (cortes, acampes, etc.). En 2001, con el Argentinazo, las canciones de Las Manos de Filippi estaban en sintonía con la coyuntura político-social; publicamos nuestro tercer disco "Hasta las Manos (insurrección popular huelga general)". En 2004, la masacre de Cromañón cambia por completo el cuadro de la realidad para los músicos y los trabajadores afines. Comienza la caza de brujas contra el rock y crece la privatización de la cultura. Producto de esto, nace el MUR (Músicos Unidos por el Rock), una asamblea de cientos de músicos, que responsabiliza al gobierno por Cromañón y caracteriza a la masacre como el abandono del Estado para con la juventud y sus expresiones. En 2007 sacamos el disco "Control obrero", con canciones como Cromañón, Sr. Esperanza o Gracias por ser amigo de Bush y, en 2008, editamos "Los Métodos Piqueteros" en España, que acompañamos con una extensa gira. En 2009, "El Cabra" se postula a legislador porteño por el Partido Obrero. En ese año también participamos, frente a cien mil personas y en medio de un estado de sitio, del festival "Voces contra el golpe", en Honduras. Con el asesinato de Mariano Ferreyra, en 2010, Las Manos de Filippi participamos en muchas de las actividades para reclamar juicio y castigo a los responsables políticos y materiales. Varios de nosotros somos, al igual que lo era Mariano, militantes del Partido Obrero. Luego del CD-DVD "La calesita de Mamanis" (2011) editamos el disco "Las Manos de Filippi 20 años", donde se encuentra el simple "Metete Conmigo" (junto a Calle 13), y participamos con nuestra canción "Kristina" (junto a Cadena Perpetua) en el disco "Canciones a partir de Mariano Ferreyra". Durante este año viajamos con el espectáculo de #LMF20Años a Chile, Colombia y Venezuela. En Caracas participamos de un encuentro llamado "Primera internacional de la canción militante" con 120 músicos de 17 países. Allí intercambiamos experiencias de lucha y dimos nuestra caracterización sobre la importancia del arte libre e independiente del Estado, gobiernos y empresarios. En las elecciones del 27 de octubre pasado, cuando el Frente de Izquierda dio un gran salto en los votos, fui elegido como candidato por el Partido Obrero (1). Y en diciembre, ¡cerramos los festejos de 20 años en el multitudinario picnic del Partido Obrero! ¡Feliz año nuevo! (1) En dichas elecciones, Germán "Pecho" Anzoátegui fue candidato a legislador porteño por el Frente de Izquierda. También integró la lista Naranja, impulsada por Músicos Organizados, que obtuvo el 40% de los votos -en Capital y GBA- en las elecciones del Sindicato Argentino de Músicos (Sadem) realizadas este año.

Luego de la derrota electoral, el gobierno retomó a fondo la operación para nombrar a César Milani al frente del Ejército, a pesar de las graves denuncias que pesan en su contra por su participación en crímenes de la dictadura. Su nombramiento se ha convertido en un asunto de supervivencia política para el kirchnerismo, que asiste al pasaje de los servicios de inteligencia del Estado al campo opositor. Milani -un militar formado en el Batallón 601 de Inteligencia- habría sido quien advirtió a la camarilla gobernante sobre el lanzamiento de la candidatura de Massa, mientras la ex Side informaba lo contrario. El kirchnerismo pretende rearmar un aparato de inteligencia propio, con base en el ejército, para sortear los dos años que restan hasta 2015. El ascenso de Milani refleja una aguda descomposición del aparato represivo y de inteligencia. Milani estuvo directamente involucrado en la crisis policial de Córdoba, donde tiene intereses políticos propios. Fue uno de sus hombres quien dio la cana a los jefes de la División Drogas de la policía provincial, que terminó con cinco detenidos y las renuncias del titular de la Policía y del ministro de Seguridad de la provincia. Milani tomó parte activa en el Operativo Independencia (Tucumán) como integrante del Batallón de Inteligencia 601. Está acusado, además, de haber participado en la desaparición del conscripto Alberto Ledo, y en el secuestro y torturas de Ramón Olivera y su padre. En las últimas semanas, se agregó el caso del periodista riojano Oscar Plutarco Schaller, en el que Milani está señalado como uno de los responsables de su secuestro. La primera denuncia contra el flamante teniente general data de 1984. Según el CELS (que primero apoyó la designación de Milani y luego, al conocerse las denuncias, la impugnó), la Secretaría de Derechos Humanos ocultó los antecedentes del genocida. Milani enfrenta, además, una investigación por enriquecimiento ilícito. El kirchnerismo se ha jugado a fondo por la designación, comprometiendo a Abuelas y Madres de Plaza de Mayo en su defensa a cualquier costo. A cambio, Milani juró fidelidad al "proyecto nacional y popular". El operativo en marcha apunta a la reinstalación política de las fuerzas armadas, reducidas a la marginalidad durante los últimos treinta años a causa del repudio popular contra el genocidio. Por lo pronto, el Ejército ya está comprometido en el apoyo logístico a Gendarmería frente a la posibilidad de revueltas sociales en vísperas de las fiestas de fin de año. Esta operación política está enmarcada por la ley antiterrorista, la mano dura de Berni y Granados, y la designación de la camporista María Cecilia Rodríguez en el Ministerio de Seguridad. El kirchnerismo pretende sobrevivir hasta 2015 a base de devaluación, reendeudamiento y palos. Los organismos de derechos humanos independientes -nucleados en el Encuentro Memoria Verdad y Justicia- denunciaron a Milani apenas se conoció su promoción. Los K argumentan que no está procesado y, por lo tanto, frenar su ascenso equivaldría a un "linchamiento" (Aníbal Fernández dixit). Durante los neoliberales años '90 del menemismo, sin embargo, los ascensos de los militares eran interrumpidos ante la sola impugnación de los organismos de derechos humanos. Fue el caso de los genocidas Rolón y Pernía, por citar un ejemplo, procesados muchos años después de que se rechazara su pliego. Fuera Milani. Juicio y castigo a todos los culpables. Apertura de los archivos de la dictadura.

Como ocurre cada fin año, se aprobó en el Concejo otro aumento en las tasas del 20% en promedio junto al presupuesto 2014, que cuenta con la posibilidad de reasignación de dinero por parte del intendente, los llamados superpoderes. El oficialismo fue acompañado por el massismo. En el marco de las roscas pegotistas, un intendente que apenas superó el 10% de los votos en las Paso de agosto ha conseguido la aprobación del presupuesto. Oficialistas y opositores se unen para sostener la "gobernabilidad", y aplicar ajustes e impuestazos. En contra del presupuesto y del aumento de tasas votaron el PRO y el FAP (GEN-UP-UCR), pero es sólo para la tribuna, ya que el macrismo acaba de lanzar un impuestazo que alcanza el 40% en la Ciudad de Buenos Aires, y el FAP votó a favor del presupuesto ajustador de Scioli. Desde el Partido Obrero en el Frente de izquierda, rechazamos el impuestazo y el presupuesto votado en el Concejo; llamamos a los vecinos y trabajadores a luchar por un plan de vivienda e infraestructura urbana ante la debacle de nuestro distrito, por la defensa de la salud y la educación, por un salario igual a la canasta familiar, y el pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados, empezando por los empleados municipales.

El libro El kirchnerismo feudal, del periodista Diego Rojas, funciona como una precisa radiografía de la miseria planificada -política y económica- que se desarrolló en las provincias bajo el feudo-kirchnerismo. Indices alarmantes de desigualdad social; represiones a trabajadores, a pueblos originarios y a estudiantes; usurpaciones de tierra por la soja, crímenes impunes, precarización laboral, criminalización de la protesta social e imposición del clericalismo -que se relevan en estas páginas- precipitan dos conclusiones: la disolución del teatral relato progresista del gobierno y la clarificación de que el beneficiario de la década ganada fue la reconstruida burguesía nacional. El libro describe casos como el de Tucumán. Del texto se desprende que no puede extrañar la bronca popular en una provincia -como se señala en el libro- donde existen alrededor de 22 mil niños desnutridos, o con crímenes impunes como el de Paulina Lebbos, donde se articulan el encubrimiento judicial, policial y político de Alperovich, un aliado fiel del kirchnerismo. Formosa -donde gobierna desde 1995 el feudo K Gildo Insfrán- es la más pobre de Argentina: el 41,1% de los habitantes no tiene instalaciones de agua dentro de sus casas y la tasa de mortalidad infantil es la más alta del país; un 81,3% de las madres de menores de seis años reveló que sus hijos ingieren sólo una comida diaria. A su vez, los pueblos originarios, como la comunidad qom -tanto en Formosa como en Chaco- viven una condena diaria, conviviendo bajo la muerte, la usurpación de tierras y un apartheid contemporáneo. Decía Lenin que, salvo el poder, todo es ilusión. En Jujuy -por citar otro caso de los que se desarrollan en el libro- ese poder lo tiene Carlos Pedro Blaquier, del Ingenio Ledesma -un Estado dentro del Estado- defendido por todos los intendentes y concejales del kirchnerismo provincial. El kirchnerismo feudal muestra, además, la acción de las fuerzas represivas contra los jujeños que luchaban por un pedazo de tierra, y donde en ese intento fueron asesinados un joven de 17 años, otro de 21 años y un trabajador de 32. En el libro también se señala el proyecto de ley que aprobó Urtubey en Salta, el cual implementó la educación religiosa en las escuelas públicas, imponiendo así el catolicismo. El último capítulo de El kirchnerismo feudal cobraba mayor fuerza al cierre de esta nota cuando la Justicia condenó a prisión perpetua y sin ninguna prueba a cuatro trabajadores petroleros de Las Heras, Santa Cruz, que en 2006 habían participado de una gran huelga de 21 días contra el impuesto al salario y la tercerización laboral, dos de las columnas precarizadoras de la década ganada. En las páginas se despliega el caso -donde murió un policía-, ocurrido en pleno corazón K, donde se militarizó el pueblo y hubo denuncias de torturas y hasta de centros clandestinos de detención. El cuento “El Aleph”, de Jorge Luis Borges, se construye a partir del axioma matemático donde un punto incluye a todos los puntos. Como en un aleph borgiano, en las páginas de El kirchnerismo feudal se sintetiza la verdadera cara del pretendido gobierno nacional y popular.

En Caleta Olivia, la Cámara del Crimen terminó condenando con severas penas a diez trabajadores de Las Heras. Los condenados habían sido llevados a juicio por el asesinato del oficial Sayago, en el marco de una pueblada provocada por la detención de un referente petrolero en 2006. La movilización petrolera reclamaba por la derogación del impuesto al salario y por la situación de trabajadores petroleros tercerizados, que revistaban bajo el convenio de Uocra. La Cámara condenó a los trabajadores Cortez Rosales y González a cadena perpetua por homicidio agravado, por el carácter de policía del muerto. También condenaron al joven Padilla, quien en el momento de los hechos era menor. Sólo por eso, difirió la fijación de la pena a una evaluación del tribunal de menores. También se condenó a cinco años a Darío Cuatrihuala por lesiones graves, y la misma pena a los cinco imputados por coacción agravada. Varias de las condenas no fueron por unanimidad: la presidente del tribunal voto por la absolución de Cortez y de Padilla, quienes fueron condenados por el voto de la mayoría, integrada entre otros por el juez Olivera -del grupo progubernamental "Justicia legítima". Apremios y espionaje Esta condena, arbitraria por donde se la mire, tuvo que recurrir para su fundamentación a testimonios vertidos en la instrucción, que no fueron ni incorporados por lectura ni ratificados en el juicio. Ello torna a la condena sin sustento jurídico alguno, y sólo es explicable por su sentido político. En primer lugar, pretende respaldar al aparato represivo de Santa Cruz. Todos los jueces desestimaron los apremios y las torturas efectuados en la investigación, al igual que las acusaciones de apremios presentadas contra los investigadores. Los jueces rechazaron explícitamente que la utilización de fotografías de los petroleros obtenidas en conflictos anteriores, para el reconocimiento de supuestos autores del asesinato, haya violado la prohibición de realizar inteligencia previa. En cambio, consideraron a esa actividad de espionaje como una atribución preventiva de las fuerzas policiales. En ese marco, la condena constituye un apoyo claro a cualquier acción de espionaje y represión del pasado y del futuro de la policía provincial. La condena, por otra parte, es un ataque directo a todo el movimiento petrolero que combate por sus reivindicaciones y por la recuperación de sus organizaciones de lucha, contra las corporaciones petroleras y la burocracia sindical. La condena es un tiro por elevación a la lucha de los petroleros por la eliminación del impuesto al salario y en contra de la tercerización laboral, los ejes de la huelga de febrero de 2006 que dio origen a los hechos juzgados, pero que están plenamente vigentes. La nutrida marcha que se concretó en Caleta, con la presencia de los diputados nacionales del Frente de Izquierda, los organismos de derechos humanos, delegaciones de comisiones internas y de trabajadores que viajaron de Buenos Aires, y los militantes del Partido Obrero de Santa Cruz, repudió la condena, y ayudó a establecer los pilares de una gran campaña nacional para su absolución.

Días antes de las elecciones del 27, el Concejo Deliberante de Luján votó sigilosamente y por unanimidad un nuevo Código de Ordenamiento Urbano (COU) que favorece los intereses de los especuladores inmobiliarios. Días antes de ser aprobado el nuevo COU, varias inmobiliarias comenzaron a lotear espacios ‘liberados' para la construcción de countries y ‘barrios cerrados'. Se trataba de un negociado para los especuladores conseguido a través de la corrupción de concejales. Pero una movilización popular obligó al intendente Luciani a vetar la norma, que incluso había sido aprobada por los concejales de su propio partido, el frente ‘Progresista' Cívico y Social. La movilización fue convocada por el Frente de Izquierda (IS y PO), junto a diversas organizaciones sociales, políticas y barriales. Ahora, antes de que asuma el nuevo concejo, la mayoría de los concejales trató de hacer aprobar nuevamente el COU vetado. Ello volvió a ser impedido por la intervención popular. El lunes 9, una importante movilización llego prácticamente a ocupar el Concejo Deliberante. Los concejales corruptos llamaron a la justicia y a la policía para que -en nombre de la ‘democracia'- desalojara el Concejo de la presencia vecinal y pudiera hacer pasar el COU de los especuladores. No lo lograron. Posteriormente, los concejales electos del kirchnerismo y de Massa se comprometieron a "seguir debatiendo" la cuestión con las organizaciones vecinales. Que el COU de los ‘barrios cerrados' y los especuladores no se haya podido imponer hasta ahora se ha debido, fundamentalmente, a la movilización popular. Pero no se nos escapa que tanto el oficialismo nacional (FpV) como el renovador defienden el mismo tipo de ‘excepciones' en los distritos que dirigen. Tigre es el paraíso de los countries, mientras las barriadas populares se hunden en el barro y la inundación. Se impone, por lo tanto, un trabajo independiente de las organizaciones obreras y de vecinos, con un programa. En primer lugar, definir un punto central: necesitamos un banco de tierras para la vivienda obrera y popular. Un plan de viviendas populares a bajo costo y financiación que permita el acceso de la familia obrera a su techo. Esto no figura en ninguno de los proyectos, ni del oficialismo, ni de la oposición. Contra los desalojos: incorporar todos los reclamos de titularización y urbanización existentes. Asambleas populares en todas las barriadas para discutir el plan de desarrollo urbano de Luján y las medidas a adoptar. Por la constitución de una Coordinadora de los barrios, con representantes electos en cada una de estas asambleas, y el cese de todo tipo de persecución policial/judicial contra los vecinos. Que se investigue a los concejales que se dejaron sobornar para que pudiera salir un COU a medida de los especuladores. Preparemos un acto unitario frente al municipio para lanzar esta campaña en Luján.

El delasotismo, con el voto K, aprobó en la Legislatura un presupuesto ficticio y totalmente superado por los acontecimientos. El acuerdo salarial con la policía fijó un salario mínimo de 8.000 pesos y un conformado de casi 13.000, lo que sublevó a los trabajadores estatales que vienen reclamando por una recomposición salarial. Mientras se aprobaba el presupuesto en una Legislatura vallada, los trabajadores de la salud se movilizaban a Casa de Gobierno; los empleados públicos cumplían un paro de 48 horas; se mantenían hospitales tomados, y se producía un fuerte proceso de movilización en docentes y judiciales. El reclamo común levantado por las bases es un salario básico de 10.000 pesos. El presupuesto aprobado no prevé los 1.500 millones de pesos destinados al pago a la policía. Peor aún: insiste en una pauta salarial del 16%, que ha sido ampliamente superada por los reclamos de los estatales. En cambio, sí prevé tarifazos e impuestazos. Se trata de un cheque en blanco para que el Ejecutivo provincial siga sosteniendo un régimen de subsidios y eximiciones. Pero, fundamentalmente, el pago de una deuda usuraria que pesa sobre la provincia. Un día después de aprobado el presupuesto, corrió fuerte la versión de que De la Sota lanzaría una nueva emisión de deuda por 800 millones de dólares, muy superior a la prevista en el presupuesto 2014. La mitad de la deuda pública provincial es en dólares y con tasas de interés usurarias del 12%. Una devaluación tendría consecuencias explosivas para la provincia. Esa deuda, en buena parte, fue a cubrir gastos corrientes, y una serie de obras públicas caracterizadas por el sobreprecio, denuncias de corrupción y mala ejecución. Ninguna de ellas justificaba un endeudamiento en dólares, ya que no necesitan de material importado, y ninguna significó un desarrollo productivo para la provincia. Estamos ante una deuda parasitaria, que sostiene grandes negociados a costa de salarios que no llegan al 50% de la canasta familiar, un déficit habitacional de 350 mil viviendas, y una profunda crisis que recorre al sistema sanitario y a la educación pública. Tras denunciar el carácter del presupuesto, rechazamos en la Legislatura el proyecto presentado y plantemos la conformación de una comisión integrada por representantes del Ejecutivo, el legislativo y representantes de las organizaciones obreras, que establezcan un nuevo presupuesto partiendo de garantizar un salario mínimo igual a la canasta familiar, el 82% móvil a los jubilados y la anulación de las leyes previsionales. Asimismo, la suspensión del pago de la deuda, la apertura de las cuentas del Estado y las empresas, y la elaboración de un padrón de acreedores para separar a los intereses usureros. Finalmente, la eliminación de los impuestos sobre el salario, sobre la vivienda única, de la tasa vial, y la inmediata actualización del impuesto inmobiliario rural.

Una semana antes del fallo, el Partido Obrero, los imputados, sus abogados defensores, la comisión de familiares, los representantes de Adosac, ATE-CTA, Apap Las Heras, Maac y una delegación de ex detenidos por luchas sociales, realizamos una conferencia de prensa convocando a marchar el 12 de diciembre por la absolución de los petroleros de Las Heras. Entonces comenzó una fuerte campaña de intimidación y el clima social en Caleta se tensó. Durante varios días, los voceros del aparato policial convocaron por radio, diario y redes sociales a una "contramarcha", que finalmente no realizaron. Por su parte, la Cámara Penal mandó poner cámaras en el perímetro de los tribunales y ordenó a sus empleados que el día de la sentencia concurrieran sin auto a trabajar y se retiraran a las 12 del mediodía, horario previsto para la lectura de la sentencia. En este clima, los jueces leyeron las condenas contra los compañeros. Concentración La concentración de las organizaciones que llegaron en solidaridad, junto a trabajadores de Santa Cruz, conmovió la mañana del viernes. Una delegación de representantes de diversas organizaciones había viajado especialmente desde Buenos Aires. Rápidamente, todos los medios de prensa de la región se abalanzaron sobre el diputado Néstor Pitrola -el PO obtuvo el 22,5% en esta ciudad y salió segundo, superando al PJ y al FVS. La presencia de trabajadores de ATE Las Heras, de casi 60 delegados docentes llegados de distintas ciudades, y de media docena de trabajadores petroleros junto a familiares y vecinos de los imputados, entre otros, engrosaron la movilización. Se hizo presente una nutrida columna del PO de Caleta, a pesar de tratarse de un día laboral, en época de exámenes y con algunos militantes sesionando en el Congreso de Adosac. Las connotaciones del fallo No caben dudas de que éste es un fallo a la medida de las operadoras, el gobierno y la burocracia sindical. Ha sido lanzado como una advertencia al activismo petrolero que busca recuperar su lugar de lucha, que tiene un sindicato diezmado y cuya nueva comisión directiva asumió hace apenas diez días, luego de dos años de intervención. Es un fallo patrocinado por el peraltismo y La Cámpora para garantizarles "paz social" a las operadoras; es un fallo al servicio de YPF SA, que pretende atraer a Chevron a explotar con fracking los yacimientos de shale oil y shale gas que se extienden desde Caleta Olivia a Las Heras -y casi 70 kilómetros más hacia el oeste. Es un claro mensaje dirigido a todos los trabajadores de la región. Desde los seis presos por la toma de Termap en 2004 hasta la detención de Jairo Mansilla por pedir gas para su barrio a una semana de las Paso, son innumerables los presos por luchar en Santa Cruz: Cristian Ruiz, Darío Sánchez, Claudio Gialetti, Luis Guineo, Blanco, García, Hernández, Acosta y Víctor Oñate -por citar algunos de los más renombrados, hoy hay 60 docentes procesados, así como también médicos, enfermeros, desocupados, tercerizados de La Fundación, de Empasa, del Polo Obrero, municipales, el secretario general de Apap Las Heras, los Padres Autoconvocados por la Educación, hasta hubo un intento de procesar a la abogada defensora de varios de estos luchadores, la doctora Rosa Rasury. La oposición "Que los jueces trabajen en paz y a conciencia, debemos ser hoy más que nunca respetuosos de la Justicia y esperamos un fallo ejemplar que sirva de lección para aquellos que no quieren marchar por el camino de la paz y la no violencia", declaró días antes de comenzar el juicio la diputada nacional por Santa Cruz, Elsa Alvarez, de la UCR (www.periodicolasheras.com.ar) Toda la oposición política ha sostenido esta posición. Costa, el claro ganador de la elección y candidato a suceder a Peralta en 2015, al igual que sus aliados del Partido Socialista, el ARI o los progresistas de Encuentro Ciudadano, e inclusive su rival interno, Prades, han hecho causa común con Alvarez y han avalado con su silencio la reciente condena a perpetua. Sólo el Partido Obrero introdujo en la campaña electoral el reclamo por el cese de la criminalización de la protesta social, el desprocesamiento a los luchadores y la absolución de los trabajadores de Las Heras, ligándolo a los problemas y demandas cotidianas de la población. Incluso grabamos un spot especial para la TV con este planteo, denunciando al gobierno y a la oposición. Al pie del Gorosito Después de repudiar el fallo frente a la Cámara, la marcha se dirigió al centro de la ciudad y culminó a los pies del monumento al obrero petrolero, "El Gorosito". Allí, decenas de organizaciones comprometieron su esfuerzo en continuar la lucha por la absolución de los trabajadores de Las Heras. Néstor Pitrola y Miguel del Plá hablaron en nombre del PO junto a Marcela Costancio, ex detenida por la toma de Termap en 2004. En ese mismo lugar comenzó la deliberación para impulsar un paro provincial el día que se expida el Tribunal Superior en Río Gallegos. Los trabajadores comenzaron a discutir esa perspectiva. Esa fue la propuesta que nuestros congresales de Tribuna Docente llevaron al Congreso de Adosac, que sesionaba ese mismo día, y que fue aprobada mayoritariamente. Esa es la tarea de la hora, y el Gorosito gritó con nosotros: ¡absolución de los trabajadores de Las Heras!

La tormenta del domingo 8 dejó al descubierto una realidad que no nos es ajena a miles de riocuartenses: la gran cantidad de familias que construyen sus viviendas en asentamientos precarios, como resultado de las crecientes subas en el precio de los alquileres. Sin lugar a dudas, el nivel de familias afectadas por la tormenta de granizo hubiese sido mucho menor si las viviendas afectadas hubiesen sido sólidamente construidas. Hace cinco años, el déficit habitacional en la ciudad era de 6 mil viviendas. Hoy hay 4 mil más. A partir de las cosechas récord de soja, el boom de la construcción llenó de edificios la ciudad. En total, se hicieron más de 300 torres de departamentos. Sin embargo, la clase media y baja no tiene acceso a ellos porque están predestinados a la especulación. Por año, 800 familias riocuartenses engrosan el déficit de viviendas que existe en la ciudad. Denunciamos la falta de previsión del Estado municipal ante estos fenómenos y la lentitud con la que están siendo atendidos los reclamos de los vecinos por falta de luz y agua. Mientras que en los sectores céntricos y comerciales la luz y los subsidios no tardaron en llegar, los vecinos de los barrios Ciudad Nueva (400 viviendas), Bimaco, Ranqueles, Paraísos, las Delicias, Cola de Pato, La Cava y Malvinas se vieron empujados a cortar las principales arterias de la ciudad reclamando el restablecimiento de los servicios; pero aún continúan a la espera de una solución. Exigimos un plan de urbanización que contemple las necesidades de los vecinos en una situación económica más vulnerable; regulación inmediata del precio de los alquileres para ponerle un límite a la especulación inmobiliaria, sobre la base de impuestos progresivos a la vivienda ociosa, desocupada o con fines especulativos; la creación de un fondo especifico para hacer frente a las contingencias climáticas que afecten la ciudad, la puesta en marcha de planes de viviendas con cuotas accesibles al bolsillo del trabajador y la inmediata reconstrucción de las viviendas afectadas.

El fin de semana largo correspondiente a los feriados de Carnaval (1º al 4 de marzo) la UJS desarrollará su campamento nacional, en el que buscaremos la participación de jóvenes desde la Patagonia hasta el extremo norte misionero. Nuevamente, aprovecharemos el río de Ramallo (Ruta 9, km 223). Pero no será el único: también la UJS organizará su campamento en Salta ("la trotska"), del 7 al 9 de marzo, para reunir compañeros de todo el noroeste argentino. Los campamentos son una verdadera institución para la Unión de Juventudes por el Socialismo. Anualmente, se conforman como ámbito de formación política, integración, intercambio de experiencias colectivas y, por qué no, recreación, para cientos y cientos de jóvenes, obreros y estudiantes. Sin embargo, huimos por completo a la rutina: queremos que cada campamento sirva a los desafíos que tenemos por delante. Un asistente al campamento realizado este año afirmó que sentía que estábamos en la víspera de "un salto en calidad". En efecto, los progresos del PO y el Frente de Izquierda ampliaron el radio de acción de la izquierda revolucionaria en nuestro país. Por eso, los campamentos de 2014 se propondrán contribuir con el concepto del momento, "de la victoria electoral a la organización de miles de jóvenes y trabajadores". En esta dirección, el curso central de formación política estará asociado al debate del XXII Congreso del Partido Obrero, que tendrá lugar a fines de abril. Propondremos, también, la participación en los campamentos de los principales referentes del PO y el Frente de Izquierda. A la vez, promoveremos encuentros especiales dentro del campamento, que reagrupen a universitarios, secundarios y el Plenario de Trabajadoras respectivamente, para debatir colectivamente retos y resoluciones del año. Además, organizaremos cursos iniciales referidos a la teoría marxista del Estado y la revolución. El Frente de Artistas tendrá participación destacada, como lo viene haciendo año a año, nutriendo las jornadas con actividades culturales. Esto, sin dejar de mencionar los torneos deportivos. Hemos puesto en marcha la campaña, para anotar a miles de jóvenes y comenzar la recolección de los fondos, pues la propia organización del viaje es una empresa colectiva, jamás individual. Como parte de ella, prepararemos charlas y cursos "precampamento" en todo el país durante enero y febrero. Vamos por campamentos de miles, para que la juventud que lucha en el movimiento estudiantil y obrero se organice políticamente junto a la UJS y el PO. Por cualquier consulta, escribir a campamento2014@ujs.org.ar

Hace unos meses viajé hacia Las Heras y Caleta Olivia para investigar los sucesos de la huelga petrolera de 2006 para el libro El kirchnerismo feudal. Pude conocer, de mano de sus protagonistas, el terror que el gobierno kirchnerista había instalado en la ciudad para amedrentar a los petroleros que paraban contra el impuesto al salario y contra la tercerización laboral. Adrián Saucedo, uno de los líderes huelguistas, contaba sobre la magnitud de una huelga histórica, sobre los piquetes, sobre el rol del cura Juan Carlos Molina (actual funcionario jefe del Sedronar y caracterizado por los petroleros como "el cura de YPF"), el rol del cura Luis Bicego (que refugió en su parroquia a 150 personas perseguidas por el terror militar). Los Kirchner -que gobernaban la provincia desde la Casa Rosada- habían decidido ir a fondo contra una manifestación épica de la clase obrera del norte de Santa Cruz, que está inscripta en la memoria histórica de los trabajadores de la región y que debería estamparse en la memoria histórica de la clase obrera nacional. Los K fueron por todo. Instalaron centros clandestinos de detención, como denunció la entonces concejal del FPV Roxana Totino, que contó la represión durante el juicio que pude presenciar. También pude ver cómo el testigo Flavio Torres -que había señalado con nombre y apellido a supuestos victimarios de Sayago- se desdecía y aseguraba haber realizado su declaración bajo apremios ilegales. No hay modo de convalidar esta sentencia, que permite visualizar los límites de esta democracia puesta al servicio de los patrones. Hay trabajadores que, según la Justicia, deberán pasar su vida tras las rejas, por el sólo hecho de pelear por sus derechos. En el lugar en el mundo de la presidenta Cristina Fernández, acaban de erigirse tristemente nuestros propios Sacco y Vanzetti. Esto no debe pasar.

El martes 10, en el segundo Consejo Superior ordinario de este año, las autoridades radicales y peronistas de la UNLP aprobaron, en un nuevo pacto, el presupuesto 2014. Desde la UJS, denunciamos que el presupuesto aprobado no contempla la resolución de los principales problemas de la UNLP: entre otros, centenares de docentes y no docentes precarizados, administrativos con contratos de miseria mensuales y 800 trabajadores del Argentina Trabaja que son empleados como mano de obra por 1.200 pesos. Las autoridades encubren que el verdadero crecimiento de los recursos que maneja la universidad se ubica en los ingresos por partidas extrapresupuestarias. Las obras que se construyan serán a través de programas especiales, que reclaman a cambio la degradación de nuestras carreras. Es decir, condicionan "chapa y pintura" a cambio de nuestra educación. Todo indica que no garantizarán los reclamos históricos del movimiento estudiantil como la implementación de un boleto universitario, bajar el costo del ticket del comedor y extender su funcionamiento durante el turno noche. Desde el Centro de Estudiantes de Arquitectura desenmascaramos cuál es el motor de esta orientación: un pacto de las camarillas radicales, kirchneristas y peronistas, que se corresponde con la situación del país. Las fuerzas kirchneristas -Walsh, Utopía, Summa- posaron de críticas a la hora de explicar su posición frente a la aprobación del presupuesto, que, nunca estuvo en duda, aprobarían. Desde la UJS explicamos que es el gobierno nacional quien impone el ajuste en marcha, con una inflación que supera el 30% anual y una carestía galopante. También denunciamos la detención de Esteche, en el marco de las salidas represivas que impone el gobierno para descargar el ajuste, como acaba de revelarse en la condena a los trabajadores petroleros de Las Heras y, antes, en la complicidad estatal en el asesinato de Mariano Ferreyra. La "juventud maravillosa" de los K -que se habían limitado a pedir que Esteche continúe dictando clases- ni amagó a responder a nuestra denuncia. Luego de garantizar la votación del acuerdo de negocios, el presupuesto, el rector fue el primero en retirarse, dando la señal a los consejeros a acompañarlo con el objetivo de que la sesión se levantará por falta de quórum. Con esta burda maniobra, la camarilla se negó a discutir los planteos del movimiento estudiantil. Desde la UJS, propusimos a la Fulp que salga de su parálisis e impulse un plan de lucha contra este presupuesto, por los recursos necesarios. Pongamos en pie un movimiento que luche por la democratización, por la transformación social de la UNLP sobre nuevas bases.

Lo que hasta ahora fue "La Radio del Juicio", nacida para sumar un medio más al pedido de Justicia por Mariano Ferreyra, hoy se transforma en "Radio Interferencia". La nueva etapa de la Radio empieza en diciembre con dos programas de frecuencia diaria: “Salió el 73”, a cargo del famoso conductor de radio y televisión "Tuqui", y el “Informativo de Interferencia”, desde las 19 horas. También tendremos tres programas de frecuencia semanal: “Vamos y Vemos” -magazine de interés general-, “Hemisferio Izquierdo” -enfocado a la salud pública- y “Mula Plateada”, con bandas under en vivo. Además, el proyecto contempla la retransmisión de programas que realizan regionales del Partido Obrero del interior del país, como “Giro a la Izquierda” de La Plata. En 2014, junto al regreso de “Vuelta de Tuerca”, sumaremos nuevos programas. Como a otras cientos de radios alternativas y comunitarias del país, la ley de Medios de Comunicación nos prohíbe el acceso a una frecuencia por no contar con los ¡100 mil pesos! que cuesta una licencia, más lo que debemos gastar en equipamiento para su funcionamiento. Es por esto que sólo podemos transmitir por Internet. A tres años de ser sancionada la ley de medios no ha democratizado nada. Estamos ante el desafío de construir un medio que refleje la agenda de los trabajadores y el pueblo.

Crisis del régimen y el amotinamiento policial El amotinamiento policial en Neuquén es la expresión de la aguda crisis del régimen político del MPN. Los policías se atrincheraron pocos días después de haberse anunciado la cadena perpetua al oficial Claudio Salas, asesino de Braian Hernández. Este hecho fue un golpe al régimen represivo y de gatillo fácil, luego del alevoso asesinato de un chico que conmovió a la población. Pero además el fusilamiento de Willy Gutiérrez, testigo clave en la causa, ponía al desnudo el terror policial en los barrios. Entre las reivindicaciones policiales estaba la solidaridad con el oficial de "gatillo fácil" condenado. En pocos días el gobierno cedió a los reclamos de la desprestigiada policía, otorgando un aumento del 63% con un sueldo de 10.000 pesos para el policía inicial y el compromiso de no aplicar sanciones ni descuentos. Esta actitud de Sapag, contrastó con la negativa de aumentos salariales o adelantamientos de las cuotas que reclamaron docentes y estatales durante todo el año. La indignación se extendió en toda la provincia. El propio gobernador derribó su pretexto de que "no hay plata" y le puso otro piso al salario inicial. Aten nuevamente tomó la iniciativa de llamar al paro, la CTA hizo lo mismo ante las asambleas de los hospitales que ya lo estaban votando. Diez mil por diez mil La consigna que encabezó el parazo y marcha de diez mil personas fue "por 10 mil pesos para todos". Una asamblea interhospitalaria sesionó posteriormente en la plaza frente a Casa de Gobierno y resolvió parar por cinco días. Se trataba de definir cómo seguir una lucha unificada por el reclamo salarial, algo que dejó en el aire la dirección de la CTA. La intervención independiente de los trabajadores, a través de sus organizaciones sindicales, tenía la necesidad de desbloquear a una dirección de ATE y CTA atada a los compromisos (con el gobierno) de un convenio colectivo flexibilizador que acababa de firmarse. La burocracia sindical de la CTA intenta contener un reclamo que se organiza por fuera de sus alcances, especialmente en salud. El derrumbe del sistema público de salud se manifiesta en la renuncia masiva de jefes de sectores en todos los hospitales, la falta personal e insumos, la extensión de jornadas laborales a 16 horas en el caso de enfermería y los magros salarios. El gobierno, la oposición y la burocracia Sapag intentó recomponer las cosas llamando a una negociación dividida entre médicos y enfermeros, pero la intentona fracasó. Entonces, apeló al decretazo que fue rechazado por quedar por detrás de la inflación y pretender atar el incremento a una mayor explotación. Ahora, se vale de las acusaciones de “desestabilización” para que no se extienda en conflicto, que se ha transformado en la columna vertebral de la protesta (la evacuación de pacientes a sanatorios privados llega a su límite). Los luchadores se aferran a la necesidad del piso salarial de 10.000 pesos para hacer frente al cuadro de ajuste e inflación galopante. Es lo que corresponde en una provincia donde la canasta familiar alcanza los 13 mil pesos y cuando el gobierno destina subsidios a los empresarios y concede exenciones impositivas y garantías estatales a Chevron. Ante la negativa de la dirección de ATE-CTA de llamar al paro general, Aten resolvió unificar con los trabajadores de salud, Desarrollo Social y Estadística y Censos en un paro y movilización el lunes 16. La "oposición" tradicional del FPV y el NCN, por su lado, se rasgan las vestiduras y piden la renuncia del ministro de Salud Butigue. ¡Son unos impostores! Pues todos votaron el presupuesto de ajuste que ahora padecemos. Ahora los trabajadores El gobierno, que pretendió reforzar su aparato represivo para enfrentar las luchas contra el ajuste, se compró una crisis mayor. Quedó en evidencia una vez más la naturaleza reaccionaria del gobierno del MPN: para los Chevron y la policía que los cuida, todo; para la salud, la educación y los trabajadores, nada. Los trabajadores debemos ocupar la calle por el adelantamiento de las cuotas salariales, la reapertura de las paritarias por un salario igual al costo de la canasta familiar, el doble aguinaldo y el fin del régimen de la impunidad y el gatillo fácil. El 20 de diciembre se cumple un año del asesinato de Braian Hernández y del Argentinazo. Es la oportunidad para unificar un programa integral contra el régimen del ajuste y el gatillo fácil. Queda planteada la necesidad de un congreso de bases de toda la CTA, que discuta un plan de lucha para imponer estos reclamos. El Partido Obrero se juega entero por esta perspectiva, para sacarse de encima a una camarilla reaccionaria que gobierna la provincia hace sesenta años al servicio de las petroleras y los especuladores.

El sábado 14 se llevó a cabo en la estación de Marcos Paz un festival artístico-político, organizado por la Unión de Juventudes por el Socialismo, en conmemoración al 12° aniversario del Argentinazo. El acto, por un lado, celebró la gran elección del Frente de Izquierda. Por el otro, sirvió de convocatoria a la marcha que se realizara el próximo 19 de diciembre convocada en conjunto por la CTA y la Coordinadora Sindical Clasista. Durante el festival se restauró el mural en memoria a las víctimas del 19 y 20 de diciembre, donde también están representados compañeros caídos y desaparecidos en democracia como, por ejemplo, Julio López; Carlos Fuentealba, Luciano Arruga y Mariano Ferreyra. También contamos con la presencia de las bandas Chaski boom y Kopetín al Paso. En la proclama que se leyó en el Festival, se señala la "conmemoración del Argentinazo del 19 y 20 de diciembre de 2001, momento en que el pueblo argentino se levantó contra el gobierno de De la Rúa. La juventud y los trabajadores tomamos las banderas de esta lucha y pedimos: justicia para los 39 muertos a manos de las fuerzas represoras del Estado, cárcel para los autores materiales y para los responsables políticos. También sumamos nuevas causas que se fueron dando en estos doce años, pedimos justicia por Julio López, por Luciano Arruga y por Mariano Ferreyra". El texto concluye señalando que "a 13 años del Argentinazo, y a tres años y dos meses de la muerte física de nuestro compañero Mariano, el pueblo va a levantar nuevamente estas banderas".

El fallo en primera instancia obtenido por el Partido Obrero contra el periodista Eduardo Feinmann y su productora -Telepiu SA/C5N- fue cuestionado por el especialista en medios de comunicación Martín Becerra, uno de los promotores de la ley de medios K, y actualmente crítico de su implementación. Según Becerra, el dictamen del juez "está basado en una serie de malentendidos respecto de la libertad de expresión" y "sienta un precedente complicado en la materia". Para él, el caso debió resolverse con el derecho a réplica. "Es cierto que este derecho no está aún reglamentado (deuda del Poder Legislativo), pero está reconocido con estatuto constitucional en el país" (http://martinbecerra.wordpress.com/2013/12/04/sobre-la-condena-a-eduardo-feinmann-libertad-de-opinion/). Libertad de expresión La demanda que presentamos contra Feinmann no tiene nada que ver con la "libertad de expresión". El presunto periodista atacó al PO como parte de una acción coordinada con el poder político para encubrir a los socios del kirchnerismo (el grupo Cirigliano-TBA, responsables del vaciamiento ferroviario) e intentar destruir nuestra reputación ante la opinión pública como fuerza política opositora. Esta operación política tuvo alcances criminales, si tenemos en cuenta que el encubrimiento sobre TBA finalmente derivaría en la masacre de Once. El 4 de septiembre de 2008, a raíz de la enésima falla en el sistema, una formación del tren Sarmiento se detuvo en la estación Castelar y paralizó el servicio. Se produce, entonces, una rebelión de pasajeros, hay destrozos y varios vagones son incendiados. Según Feinmann, el ministro de Interior, Florencio Randazzo, acusó a "infiltrados de izquierda". A partir de allí, C5N dedicó horas de su programación para agraviar al PO y a sus militantes. El corolario de aquel operativo mediático fue la conferencia de prensa que Aníbal Fernández brindó por la tarde en la sede del Ministerio de Justicia y Seguridad, donde acusó oficialmente al PO por el incendio de los vagones y aseguró contar con "pruebas irrefutables" de que Escobar había "dirigido toda la operación". C5N prosiguió esta campaña infame hasta el día siguiente, agregando una enorme variedad de mentiras de su propia cosecha. En la causa penal que investigó el hecho, sin embargo, no hubo una sola prueba contra el PO o Escobar. Para el juez Rodríguez, nosotros probamos que Feinmann actuó con "real malicia"; es decir, con cabal conocimiento de que lo que estaba diciendo era falso. La contundencia del fallo debería plasmarse próximamente en una condena similar contra Aníbal Fernández. Nuestra demanda apuntó al complot político tejido entre la patronal de C5N y la cúpula del gobierno contra el PO para encubrir a los Cirigliano. En aquel momento, el canal estaba en manos del empresario Daniel Hadad, aliado del oficialismo, y era uno de los más beneficiados por la pauta oficial. Hace un año y medio, Hadad se lo vendió al empresario recontra K Cristóbal López. Monopolios Para Becerra, Feinmann no fue "el autor de una campaña de desprestigio sino que insertó su diatriba macartista en un contexto habilitado por altos funcionarios del gobierno". Compara el caso con el "abuso de opinión de muchos cronistas, columnistas y conductores en la masacre del Puente Pueyrredón del 26 de julio de 2002, cuando en el marco de una explícita acusación gubernamental contra organizaciones piqueteras, sindicaron que había sido un enfrentamiento entre éstas la causa de la muerte de los militantes Kosteki y Santillán". En primer lugar, Feinmann no incurrió en ningún "abuso de opinión": mintió a sabiendas, con toda la potencia que le otorga el monopolio de la pantalla, como parte de una campaña orquestada, dirigida contra el PO. Si vamos a la comparación de Becerra, ¿cómo catalogar aquel título de Clarín -"La crisis causó dos nuevas muertes"- que se transformó en ejemplo clásico del encubrimiento de los crímenes de Kosteki y Santillán? La realidad es que "la corpo" actuó entonces en defensa del gobierno de Duhalde, que la había beneficiado con la pesificación de sus deudas. La "libertad de expresión" es una abstracción. Los medios de comunicación son monopolio de la burguesía, que los utiliza para manipular a la opinión pública y perpetuar el régimen de explotación capitalista. Becerra critica a quienes "cuestionan la reglamentación del derecho a réplica porque implicaría una suerte de injerencia estatal en los contenidos de los medios, pero paradójicamente defienden esta otra injerencia estatal (a través del Poder Judicial en este caso) contra la opinión de un conductor televisivo". Efectivamente, el Partido Obrero está en contra del llamado "derecho a réplica" y de la injerencia estatal en los contenidos de los medios. Pero aquí no se trató nunca de la "opinión" de un conductor televisivo.

En Tucumán, el reclamo policial arrancó por un salario de 12.000 pesos y la reincorporación de varios policías exonerados en abril, cuando se produjo otro conflicto salarial. Ante la falta de respuestas, desde la propia policía se alentó lo que en horas se transformaría en un caos de saqueos y paralización completa de la provincia. Brigadas motorizadas de la policía recorrían zonas y obligaban a levantar guardias policiales en comercios, que quedaban así expuestos a los saqueos. Grupos motorizados de hasta 300 motos recorrieron diversas zonas, respaldadas con autos y camionetas, marcando un alto grado de organización. En varias localidades del interior, sin embargo, los saqueos fueron protagonizados por sectores empobrecidos de la población. El lunes se impuso el terror, y los vecinos se refugiaron en sus casas. A la noche hace su aparición Gendarmería, no para cuidar a los ciudadanos sino a la Casa de Gobierno. El acuerdo y las barricadas El lunes, se conoció un ofrecimiento del gobierno de un sueldo inicial de bolsillo de 8.500 pesos, que fue rechazado por una parte de los policías. Simultáneamente, otro ala aceptó levantar con 10.000 pesos iniciales. En esas circunstancias el gobierno denunció que la acción policial constituía un acto de extorsión. Mientras tanto, la población comenzó a levantar miles de barricadas. En diversos lugares, las bandas habían procedido a invadir y saquear viviendas y departamentos, además de los comercios. La auto-organización fue masiva. Con el sistema de barricadas y con todo el armamento casero imaginable, se creó un sistema de disuasión; la gente repudiaba por igual a los saqueadores y a la policía. Incluso en varios barrios hubo grandes enfrentamientos con la policía, de donde fue expulsada. El arzobispo organizó una mediación. Hacia las 19 horas, se estaba firmando el decreto que lleva el salario de bolsillo a 8.700 y la reincorporación de los tres policías. En esas mismas horas en todo el microcentro estallaba en un cacerolazo. Un sector marchó a la plaza Independencia, donde se asoció con la marcha de los martes de la Comisión de Familiares Víctimas de la Impunidad, que encabeza Alberto Lebbos. En defensa del gobierno, la policía, que acababa de firmar el acuerdo, reprimió brutalmente la manifestación. La crisis policial y la pueblada El acuerdo fue firmado por los voceros del ala dura de la revuelta. El jefe y subjefe de policía, en desacuerdo con las reincorporaciones arrancadas, renunciaron. Fueron reemplazados por dos oficiales comprometidos por encubrimiento en la causa del crimen de Paulina Lebbos. El nuevo jefe está denunciado también por encubrimiento en otro crimen resonante, el caso Marchese, en el que está involucrado el hijo del actual ministro de Gobierno. La población -inclusive sectores ultraK- repudió el festejo de CFK en Plaza de Mayo. Las noticias oficiales indicaban para esas horas cinco muertos, las extraoficiales indicaban varias decenas y más de un centenar de heridos de bala. El miércoles, ya disipado el conflicto policial, la provincia siguió paralizada por las barricadas. En esas circunstancias, una convocatoria impulsada por las redes sociales reunió a más de 15.000 manifestantes. A diferencia de otras manifestaciones caceroleras, esta vez el gran protagonista fue la juventud, muchos de ellos participantes de la "primavera estudiantil" que sostuvo una toma de favor de un aumento salarial para los trabajadores. La crisis no se ha cerrado La revuelta policial y la pueblada hicieron estallar al gobierno de Alperovich, a partir de los lazos entre el aparato represivo de la provincia y las mafias capitalistas ligadas al gobierno. La crisis policial ha enancado al sector más sospechado en el crimen de Paulina. La repulsa popular a la policía es generalizada: los colectiveros decidieron no permitir que viajen gratis y en numerosos comercios han decidido no atenderlos. En estas circunstancias se tendría que decidir si la gendarmería se va o se queda, en una suerte de intervención federal. Mientras tres legisladores actúan ya como bloque massista, Susana Trimarco realizó denuncias incendiarias contra la justicia y contra el actual ministro de Gobierno. En todo este escenario, la burocracia sindical se ha llamado a completo silencio. A pesar de ello, un conjunto de gremios estatales realizó diversos reclamos, relacionados con la equiparación del básico que arrancó la policía. En simultáneo, también en Tucumán se ha convocado a la jornada del 19, convocada por el sindicalismo clasista y la CTA. El Partido Obrero plantea: asamblea en todos los lugares de trabajo y en los barrios para reclamar un salario mínimo de 9.000 pesos; pase a planta a todo el personal contratado, monotributista o tercerizado; 82% para los jubilados; abolición del impuesto al salario; reapertura de las paritarias; desmantelamiento de todas las mafias policiales y de los aparatos de espionaje; fuera la gendarmería; apertura de todos los archivos de la policía y del Ministerio de Seguridad; juicio y castigo a los autores y encubridores del crimen de Paulina, el secuestro de Marita Verón y de todos los casos de impunidad. Impulsemos asambleas en todos los gremios, y asambleas en los barrios, para desarrollar este programa.