Prensa Obrera N° 1269

En jueves 9 de mayo se llevó a cabo una concentración frente al teatro San Martín, convocada por la Asociación Argentina de Actores. Se congregaron cerca de 800 personas; actores y directores, integrantes de la resistencia por la Sala Alberti, estudiantes del Iuna Dramáticas, la Junta Interna de ATE del Teatro Colón y estudiantes de la Emad, lo que llevó al corte total de calle Corrientes. Los reclamos cuestionan la drástica reducción en la programación propia, los contratos basura, la tercerización de los talleres, el alquiler del espacio para fiestas y eventos, y la coproducción de obras con empresas privadas. La convocatoria tuvo grandes límites. Se trató de un acto que buscó captar el descontento general respecto de Mauricio Macri en beneficio de los K. El sindicato no impulsó un plan de lucha contra la privatización de la cultura y por mejores condiciones laborales. La única medida anunciada es el recurso de la vía parlamentaria. Pero en la Legislatura los bloques del FpV y PRO votan sistemáticamente en conjunto resoluciones como la del Distrito de las Artes en la Boca, cuyo único objetivo es el desarrollo inmobiliario y generar mejores condiciones para boliches turísticos. Llamamos a los actores a discutir esta situación para sacar un balance y elaborar un verdadero plan de lucha. Por el acceso a la cultura para toda la familia trabajadora. Por condiciones dignas de trabajo para quienes llevamos adelante la producción artística en la ciudad. Por un aumento del presupuesto de cultura Por remuneración del trabajo de los actores por convenio. No a la precarización laboral. Por un circuito de exhibición de obras gratuito para los espectadores, pago para los artistas y técnicos.

El pasado jueves se realizó la asamblea de memoria y balance de ATE Capital. Fue una asamblea de fractura, donde los kirchneristas fueron a votar en contra con el objetivo de dar vía libre a la intervención de la seccional. El resultado fue un empate técnico, aunque el secretario general michelista, sin contar los votos, dijo que ganaron ellos. Los K, luego de pedir un recuento, se retiraron en forma ordenada. De los supuestos 20 mil afiliados de la seccional, no llegó a concurrir ni el 10%, cuando de uno y otro lado se jugaron a fondo a mover todo lo que tenían. Es una muestra de la cáscara vacía que es hoy nuestro gremio. La lista Verde le ganó a la Azul yaskista en las últimas elecciones. Pero resulta que cargaba con media directiva kirchnerista en su interior. Las peleas más profundas se dieron con ocasión de las movilizaciones de la CGT-Moyano y la CTA-Micheli, que el kirchnerismo llamó a boicotear. Los michelistas optaron por realizar las convocatorias “por arriba”, sin asambleas ni plenarios, lo que entregó a los K las banderas de la democracia sindical. De todos modos, cuando se convocó a un plenario para debatir el 20-N, los K no concurrieron. El último episodio de ruptura se dio en un plenario de delegados realizado hace un mes atrás, del que los K se retiraron con la excusa de la adhesión inconsulta de ATE al Conagres. El Conagres es un sello de ATE, Apops y el Sutecba macrista, que busca ser la pata sindical del frente patronal opositor y de ninguna manera un frente de lucha por nuestras reivindicaciones. Desde la agrupación Estatales en Lucha concurrimos a la asamblea con compañeros del Inti, del Ministerio de Economía, de Educación, de Cultura, de la CNC, del Colón, de la Legislatura, del Quemado, de Estadística, Acumar, Anses y de la Dirección General de Música. Una semana antes de la asamblea, realizamos una agitación planteando la necesidad de una nueva dirección en el gremio, ya que ATE estaba implosionando por una política de larga data de apoyo a los partidos patronales por parte de la Verde. Llamamos a poner manos a la obra para construir una nueva dirección con independencia política de los gobiernos, las patronales y con una amplia democracia. Nos diferenciamos en esto con ATE Desde Abajo -15 de Marzo (FPDS, MIR, OTR, Rompiendo Cadenas, Cauce e independientes) que reclamaron a la directiva una “unidad” formal, que nunca ha servido para desarrollar la lucha ni la organización de los laburantes. A pesar de las diferencias, hicimos un bloque con ellos y el resto de la oposición de izquierda en base a exigir que se realice una asamblea extraordinaria para votar un plan de lucha y acordamos abstenernos en la votación de memoria y balance. José Piazza intervino en nombre de nuestra agrupación, planteando la necesidad de un plan de lucha para enfrentar las impugnaciones de las juntas internas por parte del macrismo, y para que nuestro gremio no quede al borde la disolución. A futuro queda la impugnación que los K harán sobre la asamblea. Si el sector de Micheli decide no convocar a una nueva, queda planteada la fractura formal de la seccional, replicando lo acontecido en la última elección de la CTA. Hoy más que nunca necesitamos encarar una campaña por un congreso de bases, que fije un plan de lucha y una dirección política que trabaje con independencia de clase.

Al cierre de esta edición, se siguen contando los votos en Suteba. Pero ya está claro que, en este gremio de 50.000 afiliados, el derrumbe electoral de Baradel y el avance del clasismo no tienen precedentes. La Lista Multicolor ha retenido por amplio margen las seccionales ya anteriormente recuperadas de Bahía Blanca, Quilmes, Escobar y Marcos Paz. Pero agrega seis victorias colosales en La Matanza, La Plata, Berazategui, Ensenada, Tigre, San Martín-Tres de Febrero y Esteban Echeverría. El progreso electoral, no obstante, ha sido enorme en las 32 seccionales donde la oposición presentó lista. No se recuperó otro bastión, General Sarmiento, sólo porque el MST hizo una lista para dividir la oposición. La elección del 45% en Mar del Plata es impresionante, así como las del 30% en San Fernando, el 40% en Vicente López o el 45% en Mercedes, al igual que en Varela. Son señales muy poderosas de un enorme giro de la docencia contra la burocracia de Baradel. Aún no contamos con los resultados provinciales. Pero, de todos modos, no son ellos los que marcan la tendencia de fondo de la elección. Tal como ha ocurrido históricamente en la CTA, allí donde no hay fiscales se inflan las votaciones y se distorsionan los datos necesarios para analizar las tendencias de conjunto. Claro que esta vez hubo una enorme fiscalización, lo que acotará el fraude. Sólo Tribuna Docente acreditó 850 fiscales en toda la provincia, donde 100 de ellos lo fueron en localidades del interior provincial, en las que no se llegó a formar lista, pero quedó la base de futuras agrupaciones. Por ejemplo, Puán, donde se acreditaron 15 fiscales, y así en muchas otras. La legión de fiscales de Tribuna la coloca como la principal agrupación clasista de la docencia, lo que la convierte en un gran canal de lucha y reconstrucción del Suteba contra la burocracia sindical. Tribuna Docente está consagrando, en estas horas, a la secretaria general de La Matanza, Romina del Plá; la secretaria general de La Plata, Amelia García; el secretario general de Ensenada, Daniel Rapanelli; la secretaria general de San Martín-Tres de Febrero, Adriana Sirna; la secretaria adjunta de Escobar, Claudia Consiglio, y miembros de las directivas en Bahía Blanca y en Quilmes. Berazategui, Esteban Echeverría y Quilmes son lideradas por compañeros de la Azul-Blanca (PCR); Bahía, que encabezó la lista provincial, está liderada por Rompiendo Cadenas, y Tigre por Opinión Socialista. La unidad antiburocrática, siguiendo los pasos de Aten, ha sido una palanca fundamental de la victoria. Se inscribe en la tendencia marcada por la victoria de la lista de izquierda en Conadu Histórica y será un gran aliciente para la próxima lucha en Amsafe, el sindicato docente santafesino. Un proceso profundo Los resultados, holgados en ciertas seccionales como Ensenada y La Plata, lo mismo que en Escobar –dejamos aparte Bahía, de gran tradición opositora y de gran organización de la docencia alrededor de la seccional-, no alcanzan para medir todo el giro contra la dirección burocrática. En los últimos cuatro años, se ha producido una intensa desafiliación. Al lado del Suteba, han crecido gremios alternativos como Udocba o la vieja FEB -esta última, en el interior bonaerense. Además, las victorias tuvieron que superar las manipulaciones de padrón, con la incorporación de docentes precarizados conchabados por La Cámpora, el desplazamiento de urnas de escuelas opositoras, ocultamiento de padrones, la eliminación de opositores de los mismos y, desde luego, el vuelco a votar de toda la jerarquía de directores, inspectores y funcionarios condicionados por el gobierno. Pero el fenómeno de desintegración de la Celeste y del gobierno K llegó también a esos niveles, e incluso a algunas juntas electorales celeste, las que se quebraron. Hubo verdaderas avalanchas de votos. En Ensenada se ganaron todas las escuelas del distrito menos una, donde se perdió por cuatro votos. En otros casos, como La Matanza o San Martín, las nuevas direcciones tendrán la enorme responsabilidad de reconstruir esas seccionales. Sin duda, en este resultado ha pesado, primero, el levantamiento inconsulto del plan de lucha, con la excusa de las inundaciones; y, después, la aceptación de la conciliación trucha de la propia patronal, un gobierno débil -acosado por las luchas de los médicos, judiciales y de ATE Educación-, al que Baradel y el Frente Gremial le regalaron una tregua injustificable. Este gremio superexplotado -con la mitad de los compañeros asumiendo dos cargos o más horas cátedra de las indicadas para la salud humana- es también víctima del impuesto al salario, que afecta a un tercio de los docentes. Pronunciamiento político En el conflicto de este año, los paros fueron masivos. Pero las asambleas de Suteba no lo fueron. Se expresó un hartazgo pasivo, que tomó carácter activo ante el planteo electoral del clasismo. La izquierda dio una gran batalla por la conciencia de la docencia en torno de la independencia política del sindicato. Se ha producido un sólido pronunciamiento contra una dirección sindical que, de Yasky para abajo, ha colocado al Suteba y a su CTA como una prolongación del gobierno kirchnerista, cubriéndole las espaldas al derrumbe de la educación pública y a los topes salariales que se dictan en la Casa Rosada. Con todo, las victorias antiburocráticas no pueden sino preanunciar una ruptura de carácter político de grandes franjas de la docencia con el gobierno kirchnerista. Por otro lado, estas victorias se inscriben en una tendencia del movimiento obrero a recuperar sus internas y delegados. Al cierre de estas líneas, la burocracia intenta impugnar urnas para birlar las victorias de La Matanza, Echeverría y San Martín. Recordemos que hace cuatro años, con la CTA unificada, bajo el ala de Tomada y una justicia cómplice, nos robaron el Suteba La Plata. Hoy, Amelia García vuelve a ser electa secretaria general con un aluvión de votos. La historia se cobra las cuentas y suele ser implacable.

Como Macri, De la Sota sacó un decreto que defiende el monopolio capitalista de los medios de prensa y comunicación en la provincia. El decreto no protege al periodista frente al monopolio de los contenidos escritos o audiovisuales de las patronales. No protege a los periodistas del despido, el medio de coacción de las patronales. El proyecto tampoco asegura el derecho de los trabajadores de prensa a contar con una comisión interna de reclamos, espacio para funcionar, horarios para asambleas y la posibilidad de una columna de opinión. El conjunto de la oposición patronal y las cámaras empresarias apoya la iniciativa de De la Sota. Juez también, que le reconoce "oportunismo". De la Sota se abstuvo de reproducir el articulo macrista que establece el delito de opinión, una denuncia por omisión.

Luego de diez días de lucha, con cortes de calle, bloqueos de edificios, movilización al edificio de Telefónica en Puerto Madero y un acampe frente al emblemático Edificio República de Telefónica, los tercerizados directos de Elecnor lograron la reincorporación de todos los trabajadores. En una asamblea, fue aprobada el acta firmada por los representantes de Uetel (sindicato que agrupa a los tercerizados) con Telefónica y Elecnor. El acta plantea mantener todos los puestos de trabajo sin rebajar las condiciones laborales ni salariales conquistadas por los compañeros. Al no renovar el contrato con Elecnor, Telefónica pretendía que los trabajadores “directos” se dividieran en varias subcontratistas (tercerizar a los tercerizados) para que abandonen el sueldo fijo a cambio de otro por producción (determinado por la cantidad de altas de líneas, averías reparadas, etc.). Las subcontratistas son un negociado montado por las propias empresas, que obligan a los trabajadores a pagar la nafta de los vehículos y cobrar una parte en negro, sin cargas sociales, donde ni siquiera se respeta el convenio de la Uocra en el que están encuadrados los compañeros. Esta lucha por las condiciones de trabajo logró mantener la unidad y reforzar la organización de los trabajadores de Elecnor, que han elegido delegados y puesto en pie un sindicato. Los compañeros, empujados a la calle y a la lucha, reclamaron el pase a planta permanente y al convenio telefónico. Pusieron el tema en discusión, instalando el conflicto en los medios, pero faltó un actor fundamental: el sindicato telefónico (Foetra). A pesar de la enorme solidaridad obrera expresada en las asambleas en el Edificio Republica y en la presencia de decenas de delegados y activistas, el sindicato no se hizo presente en ningún momento. Ello, cuando las tareas que realizan los tercerizados figuran claramente descriptas y encuadradas en el convenio de Foetra. Otra oportunidad perdida para avanzar sobre el tercerismo del gremio. La reincorporación de todos los compañeros de Elecnor es un triunfo de la tenaz lucha de los trabajadores. Se abren nuevas perspectivas para los tercerizados. Esta lucha sigue.

El kirchnerismo se apresta a celebrar sus diez años en el poder. Pretenderá un festejo que sume por igual a patrones y banqueros, a jóvenes y trabajadores. Pero el balance es muy diferente para unos y otros. Los especuladores mantienen sobre el país la carga de la deuda usuraria, tan grande hoy como en los noventa. Los privatizadores sostienen sus concesiones parasitarias, como en los años menemistas. Dejaron al país sin petróleo ni trenes. Pero no han soltado sus colmillos del presupuesto público. Del otro lado, ¿cuáles son las cuentas de la clase obrera? La pobreza abarca al 27% de las familias. Casi tres millones están desocupados o subocupados. Uno de cada tres está precarizado, tercerizado o en negro. La penuria por la falta de vivienda no ha cesado de aumentar. Mientras tanto, avanza el acaparamiento capitalista del suelo. En la semana de festejos, la Presidenta levantó la bandera de los derechos humanos. Pero es la década de Jorge Julio López y de los 4.000 procesados; del Proyecto X y Luciano Arruga; de las patotas y del asesinato de Mariano Ferreyra. La Presidenta también celebró la década con un aumento de la asistencia social a trabajadores y desocupados. Lo pagan confiscando a otros trabajadores, con el recorte de las asignaciones y el impuesto al salario. "Dime de qué te jactas y te diré de qué adoleces". Con festejos quieren disimular el agotamiento de una organización social y de su andamiaje político. Pero la "década" ha sido también el escenario de una lucha tenaz por la independencia política de los explotados, contra la cooptación estatal. Esa lucha sentó pilares sólidos en los sindicatos, federaciones estudiantiles y barrios. Apoyémonos en esta lucha para imprimirle a esta nueva crisis nacional una salida obrera y socialista.

El paro de residentes del 15 de mayo tuvo un importante acatamiento en toda la provincia -incluidos Mar del Plata, Junín, Tres Arroyos y Pergamino. La repercusión de la medida tiene que ver con una crisis sanitaria sin precedentes. Entre otras cuestiones, la falta de todos los insumos básicos; la reducción de las camas de internación la debacle edilicia y el déficit de personal, junto a la limitación y privatización de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Esa situación se agravó con el presupuesto de ajuste que Scioli, los K y la "oposición" del FAP-UCR votaron en la Legislatura. La precarización laboral de los residentes es total. El salario del ingresante es de 4.800 pesos, sin aportes jubilatorios ni asignación familiar, cumpliendo jornadas laborales extensas, y sin respetar el franco postguardia. No es extraño, entonces, que más de mil residentes médicos, trabajadores sociales, psicólogos, bioquímicos, farmacéuticos con delegaciones de más de 20 hospitales y centros de salud nos hayamos concentrado en la ciudad de La Plata. Votamos en asamblea movilizarnos hacia la fiscalía para acercar nuestra solidaridad con los trabajadores de ATE-Educación detenidos. Luego marchamos hacia el Ministerio de Salud, donde delegados por unidad de residencia fuimos recibidos por el ministro Alejandro Collia y su gabinete. En esa reunión obtuvimos algunos compromisos que son parte del pliego de reclamos. Debemos mantener el estado de movilización para asegurar el cumplimiento de los compromisos e ir por todas nuestras reivindicaciones pendientes. El movimiento de residentes se puso de pie contra el ajuste en la provincia. Tribuna de Salud colaboró con la difusión y preparación de la medida, la agrupación se pone al servicio de esta lucha. Le reclamamos a la Cicop que nos incluya en la mesa paritaria donde se discuten nuestras condiciones laborales. Hay que unir los reclamos de los residentes con los profesionales de planta y el conjunto de los trabajadores de la salud. Vamos por: salario igual a la canasta familiar, aportes jubilatorios y asignación familiar, estructuras de formación, insumos, obras de infraestructura, inserción laboral post residencia, pase a planta permanente, título de especialista universitario, partida presupuestaria de emergencia, triplicación del presupuesto para salud.

El centroizquierda parece haber encontrado un recurso para disimular su apoyo entusiasta al decreto que Macri suscribió en defensa de Clarín. Dicho recurso sería pedir la eliminación del artículo 11, que muchos, entre ellos el PO, señalamos como un ataque al derecho a huelga. No sólo Pino Solanas se declararía satisfecho sino también el bloque que responde a Claudio Lozano, que se presenta ahora como la alternativa de izquierda del centroizquierda. A ninguno de estos ex aliados se les ocurrió, siquiera, cuestionar otros artículos, como el 4 y 6, que habilitan una censura estatal, pues establecen que los contenidos de las publicaciones no pueden contradecir la letra constitucional ni tampoco promover el "odio ideológico". Así, mientras proclama la defensa de la libertad de prensa, termina regimentando el ejercicio de la actividad periodística. El decreto de Macri no pasa de ser un compendio de todas las aspiraciones de las patronales de prensa. Su objetivo no es proteger la libertad de expresión sino a las empresas capitalistas de comunicación. La enumeración detallada de la protección de las patronales frente al Estado contrasta con la ausencia completa de los derechos de los periodistas, que no reciben ninguna protección frente a sus propias patronales. Cualquier norma que defienda la "libertad de prensa" debería establecer la formación de comisiones internas de los trabajadores periodistas, horarios de funcionamiento para la vida gremial y columnas especiales para que los trabajadores expongan sus puntos de vista. Ocurre, sin embargo, todo lo contrario, como lo prueban las persecuciones gremiales y profesionales en medios oficialistas y opositores, ya sea en Télam, Página/12 o en Clarín, Canal 13 y la TV Pública. El decreto de Macri tiene las mismas características de la "ley de medios" kirchnerista, cuyo eje también pasa por una redistribución capitalista del negocio mediático pero obvia la protección de los trabajadores de prensa. El centroizquierda que ahora apoya a Macri en el pasado votó favorablemente la ley de medios del kirchnerismo. Los kirchneristas han decidido enfrentar al pacto macrista-centroizquierdista con un argumento reaccionario. La Ciudad de Buenos Aires "es menos que una provincia" y por ello no tiene jurisdicción para dictar normas sobre la prensa. No menciona el delito de opinión ni el desconocimiento del derecho de huelga.

Se ha presentado la lista Granate-Blanca, que disputará la conducción de Foetra a la actual dirección kirchnerista el próximo 4 de julio. Se trata de un frente integrado por diez agrupaciones. Encabeza el frente un ala de la CTA Micheli, seguida en el orden de la lista por la Violeta (PTS) y la Naranja (PO). Nuestra ubicación testimonia el crecimiento de la Naranja en los últimos cuatro años. La lista continúa con otras agrupaciones que integra la CTA (como el PCR, el MST, “Unidad Popular” de Víctor De Gennaro y una agrupación llamada El Juglar). Por el lado de la izquierda, además de la Naranja y la Violeta, está la lista Roja de Izquierda Socialista. Por último, la Verde y Negra de Sergio Sosto, que rompió con la directiva de Foetra un año después de las últimas elecciones de Foetra, en 2010. El frente reunió más de 200 candidatos, en su mayoría delegados y activistas de casi 60 edificios de Telefónica y Telecom de Capital y Gran Buenos Aires, todos los cuales formaron una coordinadora que viene actuando con una estrategia de lucha común. Disputamos contra una dirección sindical que es socia de Tomada, está alineada en un cien por ciento con un gobierno que tiene a las compañías telefónicas como aliadas estratégicas. Vamos a pelear por el voto de una base telefónica con una historia de lucha contra la privatización, contra la burocracia menemista que la avaló y que ha enfrentado en numerosas oportunidades a las empresas. Pero también disputamos a una nueva camada de trabajadores, sin experiencia sindical previa, que votará por primera vez, tanto en Telefónica y en Telecom como entre los trabajadores de Telecom Personal (celulares). Allí, explicaremos qué conquistas fundamentales, como las siete horas de trabajo, fueron conseguidas cuando Foetra luchaba en forma independiente del gobierno y las patronales. En la actualidad, se vienen imponiendo poco a poco las “categorías especiales” que habilitan la violación de esa jornada, hasta llegar a las nueve horas en varios sectores. Una reciente gran lucha de tercerizados volvió a encontrar a Foetra ausente; el abandono de los tercerizados y el levantamiento de la gran huelga de efectivos y tercerizados de 2006 por el pase a planta fue la señal inequívoca del pase de la directiva de la Azul y Blanca al campo del gobierno y las empresas. Las elecciones, que se realizarán en un mes y medio, deberán pasar por la prueba de las paritarias, donde la Azul y Blanca plantea un aumento del 30% en dos cuotas y un “plan de carreras” para extender las actuales categorías con techos congelados hace muchos años, a pesar de los avances tecnológicos y la incorporación de nuevas tareas. De cara a las elecciones, el sindicato espera conseguir algunas “migajas” para no perderlas. Pero hace tiempo que Foetra dejó de tener un papel dinámico en el gremio y en el movimiento obrero, a pesar de ser un sector con una gran expansión de la actividad. Hoy reinan las tercerizaciones de miles de trabajadores, y las empresas telefónicas tienen las espaldas cubiertas sin que el sindicato denuncie su responsabilidad en el saqueo económico del país. El alineamiento con el gobierno K ha borrado a Foetra de toda lucha contra el impuesto al salario (que afecta a la mayoría del gremio), lo mismo que la eliminación de las asignaciones familiares y el 82% móvil para los jubilados. Estas reivindicaciones propuestas al frente Granate-Blanca por la Naranja, han sido tomadas como ejes comunes de la campaña que vamos a desarrollar. El Frente Granate-Blanca es la única lista de oposición. Otras agrupaciones, incluso de la CTA Micheli como la 18 de Marzo, han optado por el abstencionismo. La Lista Gris de Mario López, morenista ex oficialista, decidió volver a la Azul y Blanca, donde le han ofrecido un cargo en la comisión directiva. Los candidatos de nuestra lista integran todas las especialidades. La lista de oposición también presenta candidatos en Telecom Personal, que aún se encuentran encuadrados en el Sindicato de Comercio, pero que votarán por primera vez. Proponemos el pase al convenio telefónico contra la pretensión de firmar un convenio devaluado y por la organización de los trabajadores de las empresas de celulares, marginados del gremio durante años. El eje de la campaña de la Naranja en la Granate-Blanca será la independencia política del sindicato respecto del gobierno, aliado de las telefónicas. Por el fin del tercerismo y la precarización laboral. Por el salario y la defensa y mejora del convenio. La democracia sindical, por la que venimos luchando en común, será el instrumento de una política de clase

El congreso de delegados de la UOM-Córdoba aprobó, a fines de marzo, para el congreso nacional, un programa de lucha. El desenlace de la paritaria metalúrgica no tiene nada que ver con lo planteado por los delegados cordobeses. Rubén Urbano -secretario general de la UOM seccional- convocó luego a una marcha por el 26% de aumento y la eliminación del impuesto a las ganancias. Urbano está alineado con De la Sota y Moyano. Le ganó el gremio a Varas (juecista y filo K,) de quien era adjunto, mediante una alianza con un sector combativo de la propia agrupación, que lideraban Varas y él mismo. Esos mismos delegados condujeron luego luchas contra los despidos y las suspensiones, entre ellos la ocupación de Materfer. Urbano busca controlar y desviar. La mayoría de las empresas está resolviendo despidos y suspensiones. Aumento no inferior al 26%. No aceptándose aumentos escalonados. Plus del 2 ó 3% para el interior por diferencias en el costo de vida. "Cláusula gatillo" cada 3 ó 6 meses, de acuerdo al índice del Stia (sindicato de la alimentación). Que nuestra organización, y por medio de la CGT, se recupere inmediatamente el 82% para los jubilados. Que se elimine el impuesto a las ganancias sobre el salario de los trabajadores y que dicho impuesto lo paguen las bancas financieras, que son las que realmente han obtenido ganancias. Que a los fines del control de los extremos precedentemente expuestos se cree un organismo de control con participación activa de los trabajadores. Que se eliminen los topes para percibir las asignaciones familiares para que las mismas sean realmente universalizadas. Que se mantenga el pedido ya realizado para adelantar la edad de los compañeros que se jubilan.

Tras la condena a Pedraza y a la patota que asesinó a Mariano Ferreyra, el pedracismo sigue controlando a la Unión Ferroviaria (UF). El listado del "renovado" secretariado nacional, sobre 19 miembros -incluido el gerente general que certifica el acta de nombramiento- se repiten, aunque en diferentes cargos, 13 nombres. El nuevo secretario general de la UF, Sergio Sasia, ocupaba en la época de Pedraza el cargo de secretario de Formación Sindical, cuya tarea es "hacerles la cabeza" a los trabajadores. A la asunción de Sasia concurrieron el secretario de Transporte, Alejandro Ramos, y funcionarios del Ministerio de Trabajo. También estuvieron presentes los presidentes de las empresas Sofse y Adifse -las compañías estatales encargadas de manejar el intervenido ferrocarril Belgrano Cargas-, Omar Viviani -representando a la CGT oficial- y Omar Maturano, de La Fraternidad. Ramos festejó la asunción de Sasia con un llamado a "trabajar juntos". El Ministerio de Trabajo ha jugado a fondo por la reorganización del pedracismo sin Pedraza. Cuatro días después de asumir, el nuevo secretariado nacional de la UF emitió su primer comunicado, referido al fallo que condenó a Pedraza, que repite lo dicho por este mismo en su alegato final: "Repudiamos —dicen— todo tipo de violencia para dirimir conflictos gremiales y/o políticos, los cuales deben ser solucionados pacíficamente, tal como ha sido la tradicional y centenaria conducta de la Unión Ferroviaria". Esta fue la línea oficial del gobierno -un "enfrentamiento" que derivó en una "desgraciada muerte". El juicio probó un ataque artero de la patota. Trece de los 19 miembros del "renovado" secretariado ya habían suscripto la solicitada publicada el día del inicio del juicio a Pedraza, en la que reclamaban su libertad "incondicional" (con independencia de su culpabilidad o inocencia). Sindicalista y empresario Sasia sigue la huella Pedraza: es dueño de una empresa contratista dedicada a la "limpieza y mantenimiento" de medios de transporte. Se trata de la All Right Clean SRL. La empresa de Sasia proveyó trabajo tercerizado a Ferrovías en el ex Belgrano Norte, entre otros. Por otra parte, Sasia ocupó la gerencia de Recursos Humanos en el Belgrano Cargas cuando la esposa de Pedraza, Graciela Coria, presidía el directorio. Cuanto más se ‘renuevan', más son lo mismo. Los conocidos de siempre En el "renovado" secretariado nacional revisten dos dirigentes de la UF que mintieron en el juicio para favorecer a Pedraza y a la patota. La ‘eterna' secretaria de Relaciones Internacionales, Karina Benemérito, mano derecha del "Gallego" Fernández, se inculpó para salvar la ropa a su jefe. El gerente general de la UF, Daniel Falzoi, negó que sus "compañeros" hubieran convocado a otros ferroviarios para atacar a los tercerizados. Mario "Oso" Rodríguez desarrolló como tema de campaña el planteo de que "ningún trapo rojo flameará en nuestra casa", a lo que sus secuaces respondían con "un minuto de silencio, para el zurdo que está muerto". Rodríguez dejó el cargo de secretario de Relaciones Institucionales -que ocupa ahora el ex secretario de Estadística, Roberto Núñez- y, seguramente por la claridad de sus mensajes, pasó a ocupar la secretaría de Medios de Comunicación. Otros nombres que se repiten son los del adjunto del gremio, Eduardo Fuertes (antes, secretario de Cultura), Néstor Pais (secretario de Administración y hombre fiel a Fernández); el secretario de Organización, Walter Fernández; el de Asuntos Laborales y Jorge Pasucci, quien firmaba los acuerdos de contratación de tercerizadas y condiciones de trabajo en la cartera laboral. Además, siguen en sus cargos el secretario de Finanzas, Domingo Galeano -que integraba el directorio de la empresa tercerizada de Pedraza, la ´cooperativa´ Unión del Mercosur-; el secretario de Acción Social, Silvio Altabas; el de Previsión Social, José Munafó; y el secretario para la Tercera Edad, Guillermo D'Angella. La nueva empresa que gestionará el Belgrano Cargas -intervenido por Florencio Randazzo- es una sociedad entre dos empresas del Estado, Sofse y Adifse, que mantienen en puestos preeminentes de sus directorios a Juan Araya -abogado de la UF y de José Pedraza-, Agustín Special -hombre de La Fraternidad- y a José Nicanor Villafañe, también ligado a Omar Maturano y accionista mayoritario de Reparfer SA, una "tercerizada" que proveía servicios al Belgrano Norte. Los funcionarios que designó Pedraza siguen firmes en el gabinete de la Secretaría de Transporte.

El régimen de Irán no pudo aprobar en forma el acuerdo con Argentina sobre la Amia, a pesar de su denunciado monolitismo. Lo tuvo que hacer un presidente que está saliendo, mediante el recurso criollo del decreto de necesidad y urgencia. La precariedad del método empleado permitirá poner marcha atrás al vencedor de las elecciones, que tendrán lugar en dos semanas, o confinarlo en el tiempo. El recurso forzado de Ahmadineyad no solamente es testimonio de la oposición que tiene el tratado con Argentina en Irán. Es un intento último de salvar una alianza internacional con los países del Alba, e incluso con Brasil, que habría quedado en suspenso en caso de una ruptura con Argentina. Como es conocido, el chavismo enfrenta una situación política desesperante en Venezuela. El mismo razonamiento se aplica a la situación en Medio Oriente, donde la intervención de Hizbollah en la guerra civil en Siria, por un lado, y los bombardeos de Israel, por el otro, ponen a Irán en un frente de guerra directo. Turquía se encuentra armando un corredor propio a partir del acuerdo de paz con la guerrilla kurda, que se explica por los convenios de explotación de petróleo con el Kurdistán iraquí y con las poblaciones kurdas en Siria. El desmembramiento de Irak, a partir de esta movida de Turquía y de la guerra abierta entre sunníes y chiítas iraquíes, es una posibilidad en caso de que la crisis en Siria desborde las fronteras. Irán quedará envuelto en esta crisis de modo inmediato. El decreto del presidente en retirada está dictado por la necesidad de proteger una retaguardia, pero no cuenta con apoyo político. El acuerdo argentino-iraní por la Amia, no va para ningún lado. Lo que hay que hacer es abrir los archivos sobre el atentado en los países involucrados, y por sobre todo de la CIA y el Mossad.

La Universidad Nacional de La Plata, a través de su presidente radical, Fernando Tauber, se adjudica el logro de llevar adelante los cursos de "capacitación laboral" de las cooperativas del Plan Argentina Trabaja, donde participan 850 compañeros nucleados en 37 cooperativas a cargo de la universidad. La capacitación consiste en la enseñanza de diferentes oficios, como albañilería y pintura. A esto le llaman "inclusión social" y "puestos genuinos de trabajo" desde el ministerio de Alicia Kirchner. Luego de realizar los talleres, los compañeros son utilizados en tareas de construcción de veredas del corredor universitario y otras obras. Pero los cooperativistas cobran 1.750 pesos de sueldo, cuando no tienen que pagarle "peaje" a algún puntero de barrio para mantenerse dentro de la cooperativa (la mayoría son manejadas por el kirchnerismo). La "inclusión" y el "trabajo genuino" implica que los compañeros paguen el monotributo social, a cambio de una obra social devaluada y llena de restricciones, una jubilación miserable y ninguna estabilidad laboral. Desde el Polo Obrero impulsamos el pase a planta permanente de todos los trabajadores que realicen tareas dentro de la universidad, bajo convenio de la Uocra o de Atulp. En este sentido, la asamblea realizada en Lomas de Zamora por el Sitraic marca el puntapié inicial de la lucha de los trabajadores cooperativistas, para que las obras municipales sean realizadas con mano de obra bajo un convenio, en el cual ningún trabajador gane menos de 4.500 pesos y se permita que los trabajadores se organicen dentro de un sindicato clasista.

Se realizó el primer turno de las elecciones de delegados en las líneas A, B y C, las que junto con la D, son las principales en caudal de tráfico y peso político. Sobre 40 delegados electos en tráfico, estaciones y talleres, 11 pertenecen a la oposición clasista a la conducción, hegemonizada por el kichnerismo sabbatellista de Roberto Pianelli. Aparte, unos ocho delegados más corresponden a sectores con relativa independencia de la conducción, que han protagonizado luchas. Es el caso de los boleteros de la Línea B, contra el trabajo insalubre con la tarjeta Sube, o los paros contra la manipulación de ascensos por la patronal en tráfico de la Línea A. En cuanto al resto de los delegados, si bien se ubican en el campo de la conducción del sindicato, su composición no es homogénea: responden a fracciones lideradas por distintos miembros de la Directiva, que chocaron entre sí, sea con listas enfrentadas o disputando ciertas preselecciones para conformar listas únicas. Es el caso de tráfico de la Línea C o estaciones de la misma línea. Incluso en el armado de estas listas tuvieron que incorporar a algunos jóvenes activistas independientes. La lucha en la Línea B Con todo, la lucha política más fuerte se dio en la Línea B. La representación gremial de tráfico y del taller Rancagua de la misma línea -en manos del clasismo y mayoritariamente de la Agrupación Trabajadores de Metrovías (ATM), orientada por el Partido Obrero- era el botín más acariciado por la conducción. Desde allí, han surgido la mayor parte de las iniciativas de lucha del subte. No sólo de ahora, sino desde la propia recuperación del cuerpo de delegados de manos de la burocracia de la UTA en los ’90. También las iniciativas más fuertes contra las políticas de integración al Estado de la directiva del sindicato. Así fue con las actas de paz social con el ministro Tomada o los intentos de forzar el ingreso del sindicato a la CTA, o la subordinación a las paritarias que firma la UTA bajo el ala del gobierno. Y, en el último año, contra la entrega del subte a Macri, que fue la viga maestra de la política del kirchnerismo. Envalentonado por el ascenso a tráfico de varios activistas propios, la directiva armó toda una campaña de intrigas contra los delegados clasistas y apeló, incluso, al macartismo, con volantes que llamaban a rechazar "resoluciones surgidas de locales de partidos políticos". Pero en la experiencia de la base de la B, los delegados clasistas están ligados a las mayores conquistas conseguidas en el subte y a la lucha por la independencia de la AGTSyP. En la más reciente experiencia, el paro del 20 N, sólo la Línea B acató en asamblea parar contra el impuesto al salario, rompiendo el boicot de la directiva yaskista. Los candidatos de izquierda y todo un grupo del activismo ganaron el voto hombre a hombre, sin eludir uno sólo de los argumentos políticos que los delimitan del kirchnerismo. En cuanto al taller Rancagua, bastión del clasismo en el subte, el pianellismo fracasó en presentar una lista propia, con lo que jugó la carta de promover el voto en blanco contra la lista "del Partido Obrero", apoyándose en algunos elementos resentidos y desmoralizados. Pero los tres candidatos de ATM se impusieron por una mayor diferencia de votos que en la elección anterior. También revalidaron su título los delegados de ATM del taller San José y dos de los tres de Polvorín, donde nos acompaña un independiente. Ese activismo consolidado de los talleres es la avanzada en la lucha contra la política macrista de tercerización del mantenimiento, flexibilización laboral y destrucción de la jornada de 6 horas. De manera general, entonces, el clasismo afirmó sus filas. La conducción aparece con fisuras interiores y se expande una franja de delegados díscolos frente a la brutal adaptación de la directiva al gobierno nacional y al macrismo. De las próxima fechas de elección en líneas D, E y H, pueden surgir media docena más de delegados independientes, con lo que la representación de la oposición puede llegar a un 20% del cuerpo de delegados. La Agrupación Trabajadores de Metrovías creció a nueve delegados electos y logró avances en las líneas C y E. Es toda una afirmación del clasismo al interior de un sector estratégico de la clase obrera.

En el más absoluto hermetismo, el burócrata Gerardo Martínez nuevamente consagró para los trabajadores de la construcción un nuevo sueldo de hambre. La Uocra acordó con la cámara empresarial del sector un aumento salarial del 25,08% en dos tramos acumulativos: 18% ahora y el resto en setiembre. Lo que no debe llamar a engaño, pues partimos de un salario básico promedio de menos de 4 mil pesos. Martínez rubricó el acuerdo en la propia Casa Rosada, donde le dio una entrevista Cristina Kirchner con la presencia del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss. El gobierno, de este modo, continuó el "show" de formalización de acuerdos con la CGT-Balcarce. "Estamos muy conformes, porque se mantiene el salario real y también la actividad y la cantidad de compañeros afiliados", señaló con toda desvergüenza el agente del Batallón 601. El burócrata no dijo que un peón de la construcción cobra 18,61 pesos por hora y llega a las 200 horas con toda la suerte de no tener inclemencias del tiempo, que la inmensa mayoría de los trabajadores está en negro, que la precarización laboral es infinita, y que las muertes por accidentes por estos motivos son las más altas de la industria. El salario pactado por la burocracia es un salario de hambre repudiado por todos los trabajadores de la construcción. La burocracia de la Uocra hace ya mucho tiempo dejó de ser un sindicato. Se ha transformado en una comisionista de las patronales a través de coimas y negocios a medias con los patrones, tienen micros de traslados, comedores, empresas de ropa de trabajo, en un armado sinistro donde las peleas por estas coimas ya llevan varias muertes. En los últimos cuatro meses se han perdido 18 mil puestos de trabajo sin que el burócrata Martínez levante la voz. A la inmensa disconformidad de los trabajadores, la burocracia la para a punta de pistola contra los mismos trabajadores. La Uocra tiene intervenida la mitad de sus seccionales y dejó de existir en ella el menor vestigio de democracia sindical. A raíz de esta brutal descomposición ha surgido el Sitraic, un nuevo sindicato clasista de los trabajadores de la construcción, independiente del Estado, que gana adhesiones día a día en todo el país contra las patotas sindicales, el trabajo en negro y la precarización, y donde existe la más plena democracia sindical. Está objetivamente planteada una enorme movilización sobre las cámaras patronales para establecer convenios por zona, acordes con las necesidades de los obreros y no de la patota de la Uocra. El Sitraic ya lo ha logrado en la zona sur del gran Buenos Aires, y ahora extenderá sus reclamos en un encuentro sindical nacional en julio que dará lugar a una nueva federación de sindicatos de la construcción. Esa es la tarea para terminar con el salario del miedo y con el miedo mismo.

El intendente de Neuquén capital, Horacio Quiroga, adelantó las elecciones municipales para el 30 de junio, cuando se renovarán nueve de las dieciocho bancas del Concejo Deliberante. La elección municipal se desarrollará en medio de importantes conflictos. Para pagar los juicios perdidos con los municipales por los fraudes laborales realizados en sus tres mandatos, Quiroga pretende emitir deuda con el fondo de jubilados. En la ciudad, el trabajo en negro entre la juventud supera el 50 por ciento. Quiroga reclamó al gobernador Sapag “mayor firmeza (contra los docentes) a la hora de liberar las rutas”. Como fiel representante del capital inmobiliario y las concesionarias, Quiroga da la espalda al reclamo de loteos sociales y viviendas populares, en una ciudad donde abundan las tomas de terrenos. Miles de familias viven en zonas de riesgo enfrentando aludes o derrumbes. Existe una crisis hídrica por el desfinanciamiento del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (Epas). La negligencia del Estado municipal quedó al descubierto en el derrumbe del supermercado Cooperativa Obrera, en octubre pasado. El transporte público sufre la desinversión empresarial, a pesar de los subsidios. No se implementa el boleto universitario universal, ya aprobado en el Concejo Deliberante. Tanto Sapag como Quiroga son partidarios de la represión y la criminalización de los movimientos de lucha. Quiroga y su partido contarán para las elecciones con el apoyo de la UCR y la Coalición Cívica-ARI. Los tres partidos llevarán los mismos candidatos en sendas boletas, en ‘listas espejo’. Además del MPN, el kirchnerismo irá en otras tres listas. La del FpV, de Ramón Rioseco -el intendente de Cutral Co- y la de UNE, que viene de dividirse entre un bando kirchnerista y otro ligado a la UP de De Gennaro. Este último le dio curso al presupuesto de ajuste impulsado por el MPN. La naciente UP neuquina es parte ahora del Frente Progresista del Sur (FPS), junto al PS, PCR y el MST. La UNE, que emergió de la CTA como “un instrumento político de los trabajadores”, se divide ahora en dos bandos igualmente caracterizados por su sometimiento a las políticas patronales. Libres del Sur quedó fuera del FPS por problemas de cargos, pero lleva en el segundo lugar de su lista a Sebastián Gamarra, ex presidente de la UCR y funcionario municipal durante la gestión de Martín Farizano. El Frente de Izquierda y de los Trabajadores será la única alternativa de independencia de clase y socialista en estas elecciones. Será encabezada por Manuel Sánchez, docente de Izquierda Socialista, seguido por Natalia Hormazábal, del PTS, y Gustavo Burne Simón, del Partido Obrero, luchador docente y dirigente de Aten Capital. Plantearemos como ejes la defensa del salario, el trabajo y las jubilaciones. Terminar con la tercerización y la precarización laboral (el Estado municipal es uno de los principales negreros). A la especulación inmobiliaria oponemos impuestos progresivos al suelo y a la vivienda ociosa y un plan de loteos y viviendas populares junto con la sanción de un nuevo código urbano en base a la deliberación de trabajadores y vecinos. Planteamos una reestructuración del sistema de transporte municipal bajo la gestión de sus trabajadores y garantizar la implementación del boleto educativo. La lucha contra la impunidad y la represión policial será una fuerte bandera de agitación entre la juventud y los trabajadores.

El 7 de mayo hubo elecciones para consejeros estudiantiles en todas las facultades de la UNT, y en algunas para centros de estudiantes. El escenario se vio dominado por la puja de aparatos impulsada por las dos vertientes de la Franja Morada, reflejando la división que recorre a la UCR en el plano provincial. La UJS planteó a todas las corrientes combativas y de izquierda conformar un frente independiente del gobierno y las autoridades, que diera una expresión de conjunto a diversos reclamos contra el ajuste en la UNT y opusiese una alternativa a los intentos re-reeleccionistas del rector, por un lado, y de recambio de camarillas por el otro. Varias corrientes tomaron el camino opuesto. Sur actúa con el radicalismo a nivel provincial, y en la UNT ello se manifiesta en una política de colaboracionismo con algunos decanos y hasta con el propio rectorado. La Cepa-PCR, por su lado, rompió el frente que existía en Filo con el PUL-PO, privilegiando una política de convergencia con Sur. El PTS no pudo presentarse en ninguna facultad. La Cámpora sólo se presentó en una, con malos resultados. La UJS se presentó en seis facultades. Logramos recuperar un consejero en Filosofía, encabezando un frente con la Darío Santillán y el MST y desplazando a la Franja (CDE) por un voto. El resultado de Filo provocó que desde el rectorado y la junta electoral intentaran una maniobra fraudulenta para darle el consejero a la Franja. Asambleas, movilizaciones, piquetes frente al rectorado, ocupación del decanato, fuertes denuncias públicas, terminaron abortando el intento. Esta victoria generó amplias simpatías entre el activismo. Además, obtuvimos una secretaría en Exactas y avances organizativos en distintas facultades. Vamos a aprovechar el envión para impulsar un vasto movimiento de lucha contra las crecientes medidas de ajuste (restricciones académicas, condiciones de cursado, etc.) y por las reivindicaciones más urgentes: por un plan de becas, por el boleto educativo gratuito.

Al salir este periódico se habrán cumplido casi 120 días de huelga de hambre de los presos de Guantánamo. Iniciada por un puñado de presos, suma ya, según reconocen fuentes oficiales de los Estados Unidos, a 102 de los 166 presos alojados en la base norteamericana de la isla cubana. La inmensa mayoría de los huelguistas, arrancados de sus países de origen bajo procedimientos clandestinos e irregulares por la CIA, nunca han sido acusados, procesados o condenados por nada. Ochenta y seis presos tienen autorización para salir en libertad, pero una mayoría de congresales ha frenado la ejecución de esa disposición de la Justicia. Presos casi una decena de años en su mayoría, son en la actualidad un despojo de huesos. Mediante tubos son obligados a alimentarse y a sobrevivir. Las promesas de Obama de cerrar Guantánamo no sólo no se han cumplido. Bajo su mandato murieron en esa prisión más presos que bajo el mandato de Bush, en total nueve, el último el año pasado. En el propio Congreso yanqui se ha denunciado que un preso de Guantánamo cuesta 800 mil dólares al año, mientras cualquiera de una prisión de máxima seguridad de los Estados Unidos cuesta 34.600. Los presos de Guantánamo reclaman ser tratados, como mínimo, como ciudadanos de los Estados Unidos y gozar de los mismos derechos a la defensa que ellos, pero se los mantiene fuera de cualquier orden legal. En los propios Estados Unidos ha comenzado una vasta movilización por el cierre inmediato de Guantánamo y la libertad de todos sus presos. Al cumplirse 100 días de la huelga de hambre organizaciones pacifistas se dieron cita frente a la Casa Blanca, y hasta Lawrence Wikerson, ex jefe de personal bajo el secretario de Estado Colin Powel, declaró: "Si Obama tuvo derecho de declarar la intervención a Libia, puede cerrar Guantánamo mañana si quiere". Días antes se había lanzado una campaña de firmas en los Estados Unidos con este objetivo. El día de la movilización había más de 370 mil. Se requiere una enérgica campaña internacional para liberar a los presos de Guantánamo y acabar con la usurpación -más que centenaria- de la bahía caribeña, el peor campo de concentración del presente a escala mundial.

El Tribunal Oral en lo Criminal 16 de la Capital Federal fijó para el 12 de junio la fecha de inicio del juicio oral contra el perito Roberto Locles, acusado por “inutilización de un objeto de prueba”. Locles llegó a la causa por el crimen de Mariano Ferreyra contratado por un defensor de Pedraza. Durante la instrucción, en una junta de peritos y delante de numerosos testigos, golpeó contra una mesa el proyectil que mató a Mariano hasta abollarlo. Su propósito fue destruir las marcas que probaban que la bala había sido disparada en línea recta hacia los manifestantes. El juicio tendrá lugar poco antes de que el Tribunal Oral 21 difunda los fundamentos de su veredicto contra Pedraza, hecho previsto para el 17 de junio. Locles fue propuesto en la causa del asesinato de Mariano Ferreyra por la defensa de Guillermo Uño, un miembro de la Unión Ferroviaria absuelto por el tribunal oral. Se trata del abogado Gustavo Igounet, quien -a pesar de que su cliente no estaba señalado por haber disparado- centró su discurso y defensa en la teoría de que Mariano Ferreyra podía haber sido asesinado por “fuego amigo”, punto que incluso ‘ilustró’ agregando a la causa una ofensiva caricatura al respecto. De las escuchas de la causa principal se pudo establecer que los honorarios de Igounet eran abonados por la Unión Ferroviaria, y que reportaba al número dos de Pedraza, Juan Carlos “Gallego” Fernández, todas las novedades de la causa, especialmente las actuaciones del ‘perito’ Locles. Pedraza Se espera que Locles base su defensa en presentarse como una víctima de la “confabulación” para condenar a Pedraza. El ‘perito’ acusado fue un agente provocador al servicio del ex secretario general de la UF. Si bien niega conocerlo, desde el principio de su participación en el expediente inició un recorrido por los medios de comunicación tratando de instalar la versión del homicidio ‘no intencional’ y, por lo tanto, de la imposibilidad de acusar a Pedraza por instigador. El accionar delictivo de Locles fue tenido en cuenta entre los fundamentos del juzgado y de la fiscalía de Fernando Fiszer al momento de negarles la excarcelación al líder sindical José Pedraza; a su segundo, Juan Carlos “Gallego” Fernández, y al delegado Claudio Alcórcel, durante la instrucción, por considerarlo una demostración de que, desde el gremio, se intentaba entorpecer el proceso judicial. En definitiva, Locles enfrenta un juicio penal en su carácter de mercenario de Pedraza y de Juan Carlos Fernández, y corresponde que acompañe el camino de aquellos con su propia condena.

Después de varios meses de inactividad, se reunió el 20 de mayo la junta directiva y ejecutiva de la Federación Universitaria Argentina. A fines del año pasado la FUA había adquirido una fuerte presencia mediática como parte integrante de la "unidad de acción" de la CGT y la CTA; sin embargo, y al igual que la burocracia sindical, rápidamente pasó a cuarteles de invierno sin darle continuidad a ningún plan de lucha. Como los dirigentes de la CTA y la CGT, Franja Morada está más preocupada por los armados electorales de la oposición que por el desarrollo de un movimiento de lucha que enfrente la política de ajuste y saqueo. Franja Morada convocó a esta reunión después de meses en los que se paseó con Alfonsín, Donda y Prat Gay por las playas marplatenses. La FUA "blue" Extrañamente, no existió en la convocatoria un planteo frente a la avanzada camporista por crear su propia FUA; sus críticas a la FUA "blue" son meramente formales. El movimiento estudiantil necesita desarrollar un plan de lucha en contra del ajuste a la educación y garantizar un funcionamiento transparente de la FUA y sus congresos. El frente "20 de Diciembre" En el último congreso de FUA se conformó el frente "20 de Diciembre", con mayoría de agrupaciones de izquierda y con un peso mayor de la Cepa (PCR), el Frente Popular Darío Santillán y la UJS. Después de alguna continuidad del debate, el Frente ha caído en la parálisis total. No tiene un planteo de plan de lucha nacional. En cambio, se ha desarrollado toda una política de alianzas con sectores del gobierno nacional e incluso de la oposición tradicional. La Santillán votó al rector ultrakirchnerista en Córdoba. El PCR consumó un frente con el kirchnerismo para ganar la Fune. También hacen gala de inmovilismo en Rosario y en La Plata, donde dirigen las federaciones en un frente con sectores del FAP. Es necesario desarrollar un plan de lucha a nivel nacional, en el campo educativo y político de conjunto -esto porque los K caminan con gran confianza a una declaración de quiebra. Nuestro planteo Reivindicamos los planteos que tomó la última reunión de junta ejecutiva de la Fuba sobre el plan de lucha contra el ajuste, la crisis económica y la orientación devaluacionista del gobierno y la "opo", y la denuncia política al "ministerio estudiantil" que pretende montar el gobierno con su FUA paralela. Planteamos, también, la necesidad de convocar un Consejo Nacional de Centros (CNC) para agosto en la Capital Federal, con el objetivo de poner el movimiento estudiantil en la calle. Los procesos de lucha abiertos en Rosario, La Plata y Córdoba en contra de la Coneau y los cupos, dan cuenta de que los estudiantes no quieren quedarse de brazos cruzados. Es necesario que las federaciones estudiantiles se pongan al frente de estos procesos.

Al cierre de esta edición, se estará conociendo la oferta que el gobierno provincial hará a los profesionales de la salud de Buenos Aires. Las bases vienen sosteniendo un plan de lucha desde fines de febrero y recién ahora el gobierno convoca a esta paritaria. El congreso de delegados votó por segunda semana consecutiva un paro de 96 horas, colocando el conflicto al borde del paro por tiempo indeterminado. Todo un hito en la historia del gremio. Más aún considerando las maniobras del oficialismo, que convocó a un plebiscito para dilatar el plan de lucha y la postergación de las medidas. Los delegados de Tribuna de Salud dimos una batalla para la profundización de las medidas, y planteamos la importancia de movilizar el 24 de mayo a la convocatoria del Sutna de San Fernando. Logramos que, junto a las 96 horas de paro, la amplia mayoría del congreso votara marchar ese día, ya que la cuestión de ganancias afecta a casi todo el sector profesional. Por el 40% de aumento salarial. Por la derogación del impuesto a las ganancias. ¡Viva la lucha de la salud!

El martes 14, al cerrar un congreso por la “democratización de la Justicia” en la Universidad de La Matanza, CFK lanzó oficialmente la campaña para apropiarse de la imagen de nuestro compañero Mariano Ferreya, con vistas a su uso en la las elecciones. Para eso alegó que Néstor Kirchner aportó el testigo que resolvió el juicio. Ni más ni menos. Se obtuvo así, según ella, una condena de la patota sin lucha, casi en forma indolora e imperceptible. Los K, que ejercen la profesión de farsantes, son inmunes al ridículo. La Presidenta se refirió al testimonio de Alejandro Benítez, introducido por el intendente de Quilmes como un ‘arrepentido’, que integraba la patota asesina. Benítez fue acogido en el máximo nivel del programa de protección de testigos. Kirchner rastreó a Benítez entre los punteros oficialistas. Al igual que Favale, que frecuentaba las peñas K, Benítez se movía en esos mismos círculos. El uso político de esos elementos siempre permite entregar a alguno para que se ‘arrepienta’. En el juicio se reveló que Benítez estaba apadrinado también por el ex subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna, aunque en la masacre de Once Luna no tendrá un ‘arrepentido’ para arroparse. Otro testigo lo señaló como uno de los cabecillas de los patoteros y aseguró que estaba armado. De ser así, el ‘testimonio’ esconde a un reo. El TOC 21, al final, ordenó que se investigue la participación del ‘salvador’ como posible coautor del asesinato de Mariano. Con el apresurado ‘aporte’ de Benítez, el oficialismo buscaba hacer un control de daños por la crisis política desatada por el crimen de Mariano. Objetivamente, operó como cómplice político del crimen -entregar perejiles para salvar a los instigadores y responsables. Por eso ordenó a la fiscal de ese momento, Cristina Camaño, iniciar una cacería de brujas contra el Partido Obrero. Nuestro compañero Jorge Altamira advirtió a la jueza Wilma López contra esa tropelía. La Presidenta rechazó tomar medidas políticas inmediatas, a su alcance como jefa de Estado, para desmantelar la trama de intereses empresarios y sindicales responsables del crimen (Tomada, Schiavi, Aníbal Fernández, Cirigliano, Roggio, la jefatura policial). Roggio acaba de manifestar su elogio a Videla. El oficialismo se empeñó en preservar a la burocracia de la lista Verde y a los concesionarios del ferrocarril. Antes de mencionar a Mariano, CFK se había referido al atentado a la Amia, la desaparición de Marita Verón, el asesinato de Sebastián Bordón y otros crímenes impunes. “Lo curioso de los casos que enumeré es que se produjeron durante los años ’90, 2001, 2000 (...) Solamente el crimen de Mariano fue una semana exacta antes de que él (Kirchner) partiera”. El discurso oficial acostumbra, por momentos, a caer en el pozo del misticismo. Es una forma de justificar la impunidad. El relato presidencial dejó en el camino a Julio López y a los más de veinte asesinados en protestas desde 2010, y a las víctimas del gatillo fácil. El operativo de apropiación de Mariano, por parte de enemigos jurados del partido y de las ideas de Mariano, está en marcha. En ese caso se convertiría su asesinato en “un crimen de la violencia” y no, como fue, un crimen político contra la clase obrera. Los K repudian el antagonismo de clase, no pueden entender qué quiso y a qué aspiró Mariano. No podrán alterar el apellido político de familia de nuestro compañero, que será siempre la IV Internacional. Es el nombre que Mariano tiene registrado, definitivamente, en el libro de la historia de la clase obrera.

El “nuevo” gobierno de Luis Andreotti se inaugura en 2011 con cientos de trabajadores municipales despedidos, con otros cientos de trabajadores que pierden su planta permanente recién obtenida y con la reducción de horas laborables para la reducción de salarios. Las comillas del comienzo tiene que ver con que Andreotti había sido intendente interino de Osvaldo Amiero, su antecesor, con el que supo divorciarse y ganarle su intendencia las últimas elecciones. Esto último no es irrelevante ya que uno de los últimos actos de gobierno de Amiero fue pasar a planta permanente a trabajadores contratados por décadas; sí, por décadas, aunque la ley provincial estipula un máximo de tres meses en esa condición. Con este acto de gobierno, Amiero pretendía ganarse a trabajadores díscolos que ya habían perdido toda confianza en él y que dependían de su antojadiza voluntad política para mejorar sus condiciones de trabajo. Se evidenciaba el descontento general de toda la comunidad de San Fernando con el proyecto de Amiero, el que se plasmó directamente en las elecciones del año 2009 donde el partido Propuesta Republicana, encabezada entonces por Andreotti, resultó segundo con el 30,57%, a sólo 516 votos por debajo del Partido Justicialista de Amiero. Las elecciones de 2011 fueron para Amiero lo que fueron las de 2003 para Menem. Cualquier propuesta alternativa que tuviera posibilidades de disputarle el poder iba a ser elegida y así fue. Esta “cualquier propuesta” fue la de Luis Andreotti. Amiero, que no es ningún tonto, ante su inminente caída llevó adelante el pase a planta permanente que durante 16 años les negó a los trabajadores municipales. Durante su gobierno no se obtenía conforme a los requisitos que indica la ley sino por una cuestión “meritocrática”, que tenía que ver con la buena amistad que se tenía con el jefe político y la buena predisposición que se tenía a la hora de obedecerle. Como Amiero sabía que quien lo reemplazara iba a tener que actuar sobre este pase masivo a planta permanente, Andreotti lo hizo de la manera que Amiero esperaba. Actuó como lo hizo Mauricio Macri en el año 2007, cuando asumió y despidió miles de trabajadores. La excusa fue la misma: son todos ñoquis. Sin investigación, sin sumarios administrativos, sin posibilidad de defensa, sin indemnización, sin reconocimiento de antigüedad, sin nada. La ley y la Constitución, para Andreotti no significaron ni significan nada. La regla reconocida en el estado de derecho como “somos todos inocentes hasta que se demuestre lo contrario” se dio vuelta y fue más bien “son todos ñoquis”. Ni siquiera se preocuparon por intentar demostrar lo contrario. En la actualidad las cosas siguen empeorando en el municipio. Se siguen despidiendo trabajadores y profesionales de la salud sin ningún tipo de pago indemnizatorio. Las horas laborables son seis por día y esto implica un sueldo paupérrimo, muy por debajo del salario mínimo vital y móvil que ya por sí mismo es insuficiente. No hay paritarias, los aumentos los decide el intendente de acuerdo con su propio índice inflacionario. Las condiciones precarias de contratación se agudizan a tal punto que para formar parte del municipio obligan al postulante a sacar un monotributo y trabajar en relación de dependencia facturando como monotributista. Esto es trabajo en negro. Además las últimas contrataciones que se están haciendo en el municipio llegan desde Tigre. Recordemos que el padrino político de Andreotti es el inaugurador masivo de countries Sergio Massa, gracias a su patrocinio ganó la intendencia, al parecer le debe un favor enorme y contrata trabajadores de Tigre. No hay ningún problema con que tigrenses vayan a trabajar a San Fernando pero evidentemente esto responde a una devolución de gentilezas antes que a un reconocimiento a los trabajadores de ese municipio. Las propuestas de derecha, Amiero y Andreotti, no ofrecen algo nuevo a los trabajadores. Sólo ofrecen amenazas, aprietes, hostigamiento, pauperización y precarización de las condiciones de trabajo. Cuando el clima no es favorable los funcionarios tampoco lo son. Se jactan del financiamiento con recursos propios de cinco túneles pero no tienen para pagar una bomba desmantelada desde 2011, que hubiera ayudado a morigerar las consecuencias de la tormenta. En una entrevista con Gaston D’Aquino, secretario de Infraestructura, el funcionario admitió no haber hecho lo suficiente para reemplazar la misma y encima de todo no tenía pensado financiarla hasta que los mismos vecinos le reclamaron sus prioridades. A nivel cultural, el municipio le pasó la topadora al centro cultural de Villa del Carmen, que cometió el pecado de ser totalmente independiente del municipio tanto financiera como políticamente. El por qué de su demolición tiene el sello de Posse, Macri y Massa; obstruía la visual de las cámaras de seguridad. Esto hubiera sido creíble si no fuera porque cuando se las necesitaba en un enfrentamiento de la barra brava de Tigre a tiros estuvieron apagadas. A la Biblioteca Madero, emblema de zona norte, le han recortado el 60% de los subsidios otorgados por el municipio que afecta directamente a los salarios de los trabajadores del lugar, mientras que en otros centros culturales han cerrado definitivamente sus talleres y seminarios, ya que la quita llegó también al resto de los establecimientos. No hay salida con estas propuestas para los trabajadores que procuren el bienestar de la ciudadanía o condiciones de trabajo dignas en el municipio.

En las instalaciones del que fuera el más conocido centro de detención de la última dictadura militar, decenas de trabajadores precarizados realizan tareas de albañilería, limpieza y demolición bajo la dirección de arquitectos de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (Fadu) de la Universidad de Buenos Aires. La Fadu controla y dirige el trabajo, el horario, y recientemente repartió un reglamento de faltas, ausencias y permisos. Actúa de hecho como la patronal o como un capataz. El "salario" de los compañeros que desarrollan estas tareas lo paga el Estado a través del Ministerio de Desarrollo Social de Alicia Kirchner, bajo el programa de cooperativas Argentina Trabaja (AT). Los trabajadores del programa no cobran ni aguinaldo ni vacaciones, y el aumento en el monto mensual del ingreso lo decide Alicia K por decreto (sólo dos veces desde 2009). El AT fue creado en 2009, junto a los Repro, un subsidio para las patronales. El gobierno fijó como condición para acceder a un puesto de trabajo la constitución de cooperativas conformadas por desocupados. Por su lado, los intendentes aprovecharon la precarización de miles de trabajadores para reemplazar tareas municipales con trabajadores del AT. Lo mismo hizo Macri con el programa de chalecos amarillos. La forma de cooperativas que tiene el programa fue una imposición del Estado y no la decisión de un grupo de trabajadores. Esta imposición revela que el objetivo era y es que el gobierno se desentienda de cualquier relación de dependencia y las obligaciones que implica: aguinaldo, vacaciones, régimen de licencias; es decir, un convenio. El Estado actúa aquí como violador serial de los derechos obreros y en este caso se lleva el primer premio de la precarización laboral. ¿La dirección de la Fadu no sabe esto? Los compañeros cooperativizados en la Esma cuentan que se está trabajando a todo trapo en el predio. Ya han demolido parte del ex Casino de Oficiales y otras dependencias donde se enseñoreaban los "ángeles de la muerte" durante la dictadura. Los organismos de derechos humanos independientes denunciaron que la demolición y construcción en terrenos del campo de concentración pueden estar destruyendo pruebas, en momentos en que todavía se está sustanciando el juicio por los crímenes cometidos en ese lugar. Los compañeros del AT que denuncian esta situación son habitantes de los barrios más pobres de San Fernando. Las carencias de todo tipo son moneda corriente en su barrio. Ellos podrían mejorar esas condiciones bajo convenio colectivo y no viajar más de una hora al ex centro de torturas de la Esma, para ser superexplotados con un AT. Por el pase a convenio de los trabajadores del AT, por la preservación de los espacios de la memoria para su investigación judicial hasta que se castigue a los culpables, por la urbanización de los barrios del conurbano.

La detención de la Junta Interna de los trabajadores del Ministerio de Educación de La Plata, es la expresión de la necesidad del gobierno de Scioli de aleccionar a los trabajadores y evitar las luchas contra su ajuste. Los compañeros Alejandro Sánchez Moreno, María Inés Uro, Miguel Ciappina, Silvia Valdez y Marcelo Ardetti, tras ser detenidos violentamente por un operativo de personas no uniformadas, fueron liberados en el marco de un gran repudio popular. La movilización, el piquete que impidió su traslado de la alcaldía del Palacio de Tribunales y el paro nacional de ATE, determinaron su liberación. A pesar de ello, la causa de coacción agravada sigue en pie, al igual que otros dos procesos que se encuentran en trámite y fueron iniciados por los mismos funcionarios: el director de la Dirección Provincial de Negociación Colectiva y la directora general de Cultura y Educación, Nora de Lucía. En plena detención de los compañeros, Nora de Lucia no se privó de llamarlos, en los medios, “verdaderos criminales”. La crisis que desencadenó la detención de los delegados y el rumor de un pedido de renuncia a De Lucía ha paralizado por ahora la instrucción de los sumarios administrativos contra los compañeros. La liberación no fue por una simple caución personal (juramento de presentarse a la Justicia), sino que implicó que el subsecretario de ATE nacional firmara como fiador de su futura presentación ante el tribunal, dejando al desnudo el carácter político y gremial de la detención. El lunes 20 presentamos una denuncia contra la policía por los apremios ilegales que sufrieron los compañeros al momento de ser detenidos. Quedó planteado, como parte de las reivindicaciones gremiales que impulsan la lucha de los trabajadores estatales, una campaña nacional por el inmediato cierre de todas las causas contra los delegados de ATE, ningún sumario administrativo y la renuncia inmediata de Nora de Lucía.

El pasado viernes, Jorge Altamira participó de una charla en la Biblioteca Popular Madero, de San Fernando. En 140 años de historia, es la primera vez que la izquierda pisa la biblioteca para llevar adelante una actividad de estas características. Los propios directivos fueron los encargados de convocarnos a la inauguración de un ciclo de conferencias. Tanto la presidenta de la biblioteca como las secretarias fueron a recibir a Altamira, todas de punta en rojo. La relación con los directivos y socios de la biblioteca se viene consolidando a partir de la lucha que llevan adelante contra el recorte del presupuesto que está ejecutando el intendente Luis Andreotti, un secuaz de Massa. Una vez finalizada la charla, Jorge Altamira se comprometió a presentar una carta al municipio para exigir el presupuesto necesario para la biblioteca. De la charla, sobre el Pensamiento Político en el Siglo XXI, participaron más de 150 personas, entre los que se destacaron compañeros de la directiva de Fate, de la comisión interna de Amodil, ferroviarios del Mitre y el Belgrano, docentes que pertenecen a la lista multicolor, gráficos, muchos jóvenes estudiantes. También participaron referentes culturales del distrito, que vienen dando una lucha contra el vaciamiento cultural, vecinos de la gran mayoría de los barrios y compañeros del Polo Obrero, entre otros. También se acercaron compañeros de algunos distritos vecinos. Los medios de zona norte cubrieron la actividad desde temprano. No quedó afuera de la disertación la caracterización del gobierno nacional y las próximas elecciones nacionales, donde la izquierda, según las últimas encuestas, arranca con el resultado de las elecciones de 2011 como piso. Otros temas que causaron interés del público fueron la reforma judicial y el decreto fascista de Macri, que establece el delito de opinión y desconoce el derecho a huelga. Los trabajadores de Fate se acercaron al final de la charla para impulsar la marcha del 24 de mayo contra el impuesto al salario y por las asignaciones familiares.

Al menos 30 trabajadores textiles han sido heridos en enfrentamientos con la policía a raíz de un paro y movilización de 7 mil empleados de confección exigiendo la triplicación del salario mínimo de 38 dólares a 102. Los trabajadores son de Ashulia, la concentración obrera más importante del país, en las cercanías de la capital -Daca- y la movilización se produjo luego de la reapertura de las 200 plantas que operan en la zona tras un cierre de tres días resuelto por las patronales a raíz de reclamos laborales -una decisión que afectó a miles de empleados que no recibieron su jornal por esos días. Las protestas se han mantenido y generalizado desde el derrumbe del edificio que provocó la muerte de 1.127 trabajadores, el pasado 24 de abril. Es el mayor siniestro conocido en la historia de la clase obrera mundial, absolutamente imputable al gobierno y a las grandes marcas de la indumentaria que han convertido a Bangladesh en el nicho más siniestro de la explotación obrera. El gobierno ha reconocido que la construcción del edificio había sido "ilegal" así como las autorizaciones para el funcionamiento de fábricas. Los únicos detenidos son el dueño del edificio, un dirigente de la juventud del partido oficial y otros siete a quienes se considera cómplices, lo que deja fuera de toda responsabilidad al propio gobierno. Los obreros de Ashulia fueron reprimidos al ocupar la autovía Daca-Tangail durante varias horas, repitiendo el método de lucha adoptado desde el momento que se produjo la reacción frente al derrumbe, con miles de manifestantes frente al edificio en el que se produjo el siniestro. En nuestro lenguaje, el método de la huelga con piquetes. ¿Sindicatos? ¿Aumento del salario? Las huelgas exigieron la horca para los responsables de la masacre y, rápidamente, el aumento de salarios. Ante esto, el gobierno anunció que los cuatro millones de trabajadores de la confección podían formar sindicatos sin el previo permiso de los dueños de las fábricas. Ello supone una concesión cuyos límites deberán verse enseguida: el gobierno está en manos de la Liga Awami, un agente de las grandes firmas de la indumentaria. Para que una acción de lucha sea legal debe ser informada, supervisada -una huelga debe ser aprobada por las tres cuartas partes de los trabajadores- y finalmente autorizada. El gobierno puede además ilegalizar cualquier huelga que considere que afecte "el interés nacional". Luego, el gobierno anunció la formación de una comisión con representantes de los dueños de las fábricas, la burocracia sindical y los funcionarios para resolver un aumento del salario mínimo... en un período de tres meses. Es probable que la rebelión de los obreros de Ashulia y su reclamo concreto de un aumento del salario mínimo de 38 dólares a 102, haya sido la respuesta a esta provocación.

La Copa Mundial de Fútbol en Argentina, en 1978, había sido acordada con los sectores internacionales que alentaron el golpe. El 26 de marzo aterrizó el alemán Hermann Neuberger, un ex SS, quien la ratificó en nombre de la Fifa. El entonces titular de la Federación Internacional, Joao Havelange, declaró (28/3): "Argentina está ahora más apta que nunca para organizar el Mundial". La dictadura ‘preparó’ el Mundial La dictadura se preparó para emular a Mussolini y a Hitler, quienes aprovecharon la Copa de 1934 y los Juegos Olímpicos de 1936 para una gran operación de propaganda. En un correo de lectores del entonces clandestino periódico Política Obrera (8/6/78), "un lector de Rosario" caracterizaba "que la selección argentina está en condiciones de hacer un buen papel (hasta quizás estar en las definiciones). Esto, entonces, reflejaría que acá también se ha tirado la casa por la ventana". Ese ‘lector’, el cual se iniciaba en sus análisis sobre fútbol y política, era Juan Ferro, un obrero metalúrgico que se transformó en dirigente del Partido Obrero. "Argentina es el único equipo del mundo -proseguía- que desde hace cuatro años se prepara para el Mundial, con el mismo técnico y con casi los mismos jugadores". Efectivamente, César Menotti, director técnico de la Selección desde 1974, fue ratificado por la dictadura (a pesar de su condición de afiliado semi-secreto del PC). La campaña por el Mundial significó un gran negociado: el presupuesto inicial valuó los costos en unos 70 millones de dólares, los que se convirtieron en más de 700 millones. Para que Argentina saliera campeón, hacían falta otras ‘ayuditas’. El mítico 6 a 0 frente a Perú fue un resultado 'imprescindible'. La dictadura había consentido que el gobierno peruano expulsara a la Argentina a una docena de militares, sindicalistas y dirigentes de izquierda. Entre ellos se encontraba Hugo Blanco, líder campesino trotskista, entonces candidato del Frente Obrero, Estudiantil, Campesino y Popular (Focep). En Política Obrera (8/7/78), en un reportaje exclusivo, Hugo Blanco manifestó que con los antecedentes existentes ("Torres, Prats y los exiliados paraguayos, uruguayos y chilenos asesinados en Argentina"), ellos serían probablemente asesinados o desaparecidos. Hugo Blanco se negó a salir a la calle, prefirió estar en prisión para no ser 'desaparecido'. Finalmente, habiendo sido expulsado a Francia, fue electo (en ausencia) en Perú para la Constituyente. El movimiento internacional por el boicot En Europa venía creciendo el movimiento de solidaridad con la lucha del pueblo argentino contra la dictadura. Desde Europa partió la campaña del boicot al Mundial. Hubo manifestaciones frente a las embajadas, se desarrollaron decenas y decenas de comités populares en numerosas ciudades. "No al fútbol entre campos de concentración", decían los afiches. Miles de intelectuales, personalidades, sindicalistas y políticos se pronunciaron contra el Mundial de los genocidas. La dictadura lo denunció como una "campaña antiargentina". La represión se profundizó para evitar las protestas. Esto no lo menciona ninguno de los charlatanes que nunca olvidan mencionar una complicidad popular con el festejo de la dictadura. Las masas argentinas no participaron de la campaña ‘en defensa de la Argentina’ y tuvieron que sufrir la presión inmensa de los ‘barras’ en el Mundial. Las Madres de Plaza de Mayo cuentan que "en el Mundial (...) la represión se hizo tan fuerte que decidimos ir a las iglesias a encontrarnos, para ver qué cosas íbamos a seguir haciendo... En el Mundial sufrimos mucho. Sufrimos la indiferencia del pueblo" (conferencia de Hebe de Bonafini, 6/7/1988). Los políticos de la oposición y Montoneros se habían sumado a la ‘euforia’ del Mundial. Montoneros propone una tregua "Estimamos que el boicot no es una política realista en las circunstancias presentes. A todos, nosotros les decimos: ¡vayan!" Esto lo declaró el dirigente montonero Rodolfo Galimberti a la revista francesa L'Express (10/4/78). Montoneros se sumaba, así, al coro de la 'unidad nacional'. Agregaban: "los Montoneros no desarrollarán ninguna operación que pueda poner en peligro a los jugadores y a los periodistas. No habrá, de nuestra parte, ningún recrudecimiento de la lucha armada durante ese período. Nosotros vamos más lejos: proponemos una tregua a la dictadura militar del general Jorge Rafael Videla. Que una respuesta sea dada a esta proposición y los contactos necesarios serán establecidos..." (ídem). La "tregua" propuesta no se refería a la acción operativa de Montoneros, la cual había sido fuertemente quebrada, sino a un acuerdo político con la dictadura para combatir el boicot. Montoneros se opuso con todo a las acciones que estaba organizando el Comité del Boicot a la Organización de la Copa Mundial de Fútbol por la Argentina (Coba), que se había constituido en París. Los Montos se empeñaron, como nunca, contra el boicot. Sus militantes exiliados -mayoría de los argentinos participantes en los comités de solidaridad organizados en Europa- votaron en contra y se aislaron del fuerte movimiento de masas que se puso en pie en torno al boicot. El Jornal do Brasil (11/5/78) informaba que los diarios brasileños habían recibido un folleto de Montoneros contra el boicot. Lo que no pudieron evitar fueron las declaraciones contra la dictadura por parte de Michael Platini, el ídolo de la selección de Francia, la que en su presentación le dio la espalda a la Junta Militar. El PC Una de las oposiciones más fuertes al movimiento del boicot contra la dictadura fue establecida por el PC francés. Coincidencias (5/4/78), vocero oficioso del PC argentino, señalaba que lo fundamental era "que la imagen del país sea convincente, demostrativa de la vigencia de la libertad, la paz y el trabajo fecundo que el gobierno se empeña en mostrar a los turistas, los ‘hinchas’, dirigentes y periodistas que vengan con motivo del certamen, así como para quienes no lo hacen y siguen empeñados en algunos países en desalentar la concurrencia, porque insisten en querer demostrar lo contrario" (extraído de Política Obrera, 10/5/78). El PST también se opuso al boicot. "La campaña en el exterior -decía- en oportunidad del Mundial de Fútbol se caracterizó por la táctica equivocada y utópica del boicot y por las exageraciones (¡!) e imprecisiones sobre la realidad represiva que padecemos" (Opción, 7/78). Esta corriente se ilusionaba con participar en una apertura política de la dictadura. Así, creyó conveniente destacar que "la esposa del presidente Videla también participó de este hecho positivo y gran avance de la mujer. Ella también fue a la cancha" (ídem). Las presiones por neutralizar cualquier forma de protesta popular partían de todos lados. La conducta anti-boicotista llamó la atención de las organizaciones de derechos humanos de Europa, que han escrito extensos balances sobre el Mundial. De allí surge que sólo Política Obrera batalló incansablemente en el exilio para desarrollar este movimiento boicotista, uniéndose a millares de militantes obreros, juveniles y de la izquierda europea. El extenso análisis desarrollado en "Derechos humanos, Política y Fútbol" (Marina Franco y otros) se extraña de los pocos exiliados argentinos que participaron de los comités por el boicot a la dictadura, particularmente de los Montoneros, el ERP y el PC, "mientras que algunos grupos más pequeños, como Política Obrera, se declararon en su favor". Un alud El boicot al Mundial fue un movimiento reivindicativo amplio. Los detenidos en la Escuela de Mecánica de la Armada, a pocas cuadras del Monumental de River, escuchaban el eco de los goles mientras seguían siendo torturados y sacrificados. Los jugadores franceses y sus familiares traían un 'equipo paralelo': el reclamo por la aparición con vida y la libertad de 22 desaparecidos de origen francés, incluyendo a las monjas francesas secuestradas por Astiz. El crack holandés Johan Cruyff se negó a asistir al Mundial. La delegación holandesa también se negó a estrechar la mano y saludar a Videla; en su lugar, fue a dar aliento a las rondas de las Madres de Plaza de Mayo. Durante junio del ’78, la represión clandestina no se detuvo. En los documentos de la Conadep figuran casi 70 nuevos desaparecidos en ese mes. Por el contrario, ese período "fue el momento utilizado para llevar a cabo la 'solución final': el asesinato de muchos desaparecidos que aún estaban con vida" (Clarín, 23/3/06). El internacionalismo proletario y democrático contra los crímenes de la dictadura dio un aliento fundamental a la resistencia obrera y popular en Argentina. Permitió sobrepasar la ‘borrachera’ futbolera. Filtró la existencia de campos, desaparecidos, presos y exiliados. Tres días antes de finalizar el Mundial era liberado Pérez Esquivel, quien dos años más tarde recibiría el premio Nobel de la Paz. A partir de este boicot, se incrementó notablemente el reclamo y la movilización internacional contra la dictadura, por la aparición con vida y la libertad de los detenidos-desaparecidos. Finalizado el Mundial, se organizó un boicot internacional contra el Congreso Mundial contra el Cáncer que se iba a realizar en octubre en Buenos Aires. Decenas de médicos y científicos renombrados se negaron a venir a la Argentina y/o reclamaron por los colegas médicos y científicos desaparecidos por la dictadura. En septiembre, Videla viajó a la coronación del nuevo Papa, Juan Pablo I (hijo de un socialista, que se presentó también como Papa "de los humildes", creó la expectativa de que se negaría a dar misa con Videla y otros dictadores presentes, lo cual obviamente no ocurrió). Videla fue recibido por fuertes manifestaciones de obreros y jóvenes: hubo 282 arrestados en una manifestación reprimida por los 'carabinieri'. La campaña por el boicot fue un jalón en la lucha de los trabajadores contra la dictadura. Política Obrera contra la dictadura "Mundial: cuando los milicos se engrupen", decía la tapa y el editorial de Política Obrera (8/7/78), finalizado el torneo. Denunciaba los intentos de Videla y Massera de usar el sentimiento deportivo para posar de adalides de la "unión nacional". Política Obrera caracterizó "superficial y transitoria la eufórica participación de una parte de la población en los éxitos del seleccionado", que había "que distinguir lo episódico de lo esencial", que "la crisis social y política se ha agravado". La Argentina había ganado también el Mundial de la inflación, con más de un 150% de aumento anual. Para volver a reeditar el clima de "unión nacional", la dictadura amagó una guerra contra Chile. El fin del Mundial inicia el declive: un año más tarde, las milicias sandinistas entraban en Managua y, en 1981, comenzaba la ola de huelgas que culminaría con la gran manifestación obrera de marzo del ’82. Videla estaba sentado en un inodoro desde entonces.

En una ciudad sacudida por una aguda crisis social, con un puerto semiparalizado, con movilizaciones reclamamdo justicia ante diferentes crímenes y, fundamentalmente, por una rebelión de los estudiantes secundarios contra el ajuste educativo, se realizó una nueva asamblea abierta del Partido Obrero. Esta vez, con el candidato a diputado nacional Néstor Pitrola. Con este cuadro de tensiones y conflictos, buena parte de la atención pública está centrada en el debate generado por la iniciativa del intendente, Gustavo Pulti, de crear una policía municipal, a financiarse con un nuevo “impuestazo” del 16%. La iniciativa incluye un plebiscito no vinculante para su aprobación. Así, deliberaron militantes, activistas y simpatizantes del movimiento estudiantil, estatales, del pescado, docentes, judiciales, trabajadores precarizados, del movimiento cultural y de los derechos humanos. Un punto importante fue la campaña por la recuperación del Suteba -se pelea la seccional. Néstor Pitrola, también en la amplia gira de medios, se explayó sobre la situación provincial y nacional y, por la explosiva situación social, no dudó en asociar la iniciativa de Pulti con el papel de la Metropolitana de Macri. En la asamblea se hizo hincapié en la característica “nacional” del ajuste que sufren los presupuestos públicos, y que Scioli traslada a la provincia y municipios. Se destacó la creciente lucha judicial, en cuya comisión directiva participa el PO. Se acordó reforzar la intervención en la lucha hospitalaria y en el ámbito de la cultura. Se resolvió una fuerte campaña contra la iniciativa policial de Pulti. Nuestro punto de vista es la lucha por el desmantelamiento del aparato represivo, la defensa de las libertades democráticas y la denuncia de las mafias del delito en el Estado. Por último se destacó la importancia de defender y reforzar al Frente de Izquierda, de garantizar la presentación del PO en los distritos de la zona, para conquistar una presencia en las tribunas legislativas y darle un fuerte impulso a una alternativa de poder de los trabajadores.

La senadora Elena Corregido, del oficialismo, ha presentado un proyecto que establece la jubilación anticipada de los tanineros, a los 55 años. El proyecto se basa en las condiciones de trabajo insalubres de la rama. La manipulación de químicos y las posturas de trabajo en jornadas prolongadas generan numerosas enfermedades. También son comunes los accidentes laborales en las fábricas. Todo lo anterior debería llevar a plantear un régimen laboral de insalubridad, con una jornada de 6 horas sin afectar el salario. El proyecto, sin embargo, no lo plantea. El proyecto ha sido apoyado por Hugo Sager, intendente de Tirol y cómplice incondicional de las patronales industriales en la zona. Entre sus considerandos, establece la posibilidad para las empresas de reemplazar trabajadores de edad avanzada, que tienen un salario mayor por la antigüedad, por trabajadores más jóvenes. Este reemplazo compensaría la cifra del 1 por ciento inicial (que gradualmente llegaría al 3 por ciento) que deberían depositar las patronales para financiar la jubilación anticipada. Entre los trabajadores se ha abierto un debate, porque existe un recelo previsible: la jubilación que cobran es del 50 por ciento del salario de planta. Así, el compañero jubilado a los 55 años cobraría un haber de miseria, de 2.500 pesos. Los salarios en la rama son bajos, arrancan en los 4.200 pesos para quienes recién se inician. Se aproximan las paritarias y entre los trabajadores hay disposición de ir al paro, como se hizo en otras oportunidades, para defender el salario. Reclamamos, junto a la jubilación anticipada, el 82 por ciento móvil para las jubilaciones y un aumento que permita recomponer la pérdida del poder adquisitivo del salario -no inferior al 35 por ciento. Reclamamos, además, comisiones electas de seguridad e higiene en todas las empresas para mejorar las condiciones de trabajo, y las seis horas de jornada laboral.

Jorge Rafael Videla pasó a mejor vida sin que el Estado argentino haya abierto aún los archivos de la dictadura militar. Ninguno de los juicios por genocidio que se desarrollan en la actualidad puede suplir esa omisión para el esclarecimiento de esa etapa nefasta de la historia de Argentina. ¿A qué obedece esa resistencia obstinada? El juicio histórico a la dictadura militar debe ser, antes que nada, un juicio histórico a la democracia. Desde 1930 el zarpazo militar es la contrapartida de la capitulación de la democracia. Cuando ésta fracasa como soporte de la organización capitalista existente y como escudo protector de la clase dominante, los políticos carreristas dejan el paso a los militares de carrera. Fue, precisamente, lo que ocurrió en 1976, pero con yapa: los partidos tradicionales y el ciento por ciento de las entidades empresarias clamaron por la instauración de una dictadura. A principios de febrero de ese año, las clases patronales convocaron a un lock-out gigantesco para denunciar las vacilaciones que percibían entre los militares para consumar el golpe. El emblemático Ricardo Balbín, el hombre del abrazo de la reconciliación con Juan Domingo Perón, exigía acabar con "la guerrilla fabril" -una convocatoria al asesinato masivo de lo mejor del activismo del movimiento obrero. La UCR aportó alrededor de 300 intendentes al régimen político de las Fuerzas Armadas; el peronismo, cerca de 200. El Poder Judicial, que hoy clama por la República, juró en masa por el Estatuto del Proceso. El Partido Comunista, obediente a la burocracia moscovita, celebró el ascenso del personaje que acaba de morir. Una parte de la Junta Militar (Massera) estaba ligada a la Logia P2, que había organizado el retorno de Perón en 1972. La mayor parte de la burocracia sindical aportó sus "asesores" a los interventores en los sindicatos. Estados Unidos no manifestó reticencia para reconocer a los genocidas, como la que hoy exhibe con el gobierno de Venezuela. Después de todo, el golpe había contado con el concurso de la CIA. Abrir los archivos de la dictadura sería exponer con crudeza esta realidad histórica. ¿A qué temía la democracia que buscó, otra vez más, el amparo de las bayonetas? La represión al asalto al cuartel de Monte Chingolo había marcado el retroceso definitivo de las organizaciones guerrilleras, copiosamente infiltradas por los servicios de las Fuerzas Armadas. Desde el Cordobazo de 1969, el poder político de este país, bajo cualquiera de sus configuraciones, designó como su principal rival político a la emergencia de una generación combativa y lúcida de la clase obrera. Al desafío de enfrentar esta emergencia obedeció el levantamiento de la proscripción militar a Perón. Perón fracasó en ese cometido: la militarización del país y el golpe comenzaron bajo el gobierno constitucional, no solamente con la creación de la Triple A y el decreto de aniquilación de la subversión. Esa militarización comenzó con el golpe policial (Navarrazo), precisamente en Córdoba, en febrero del ’74 y con la intervención de la provincia por parte del Congreso. Luego, con la militarización de la cuenca del Paraná con motivo de la huelga de los metalúrgicos de Villa Constitución. Finalmente, la inmensa huelga general contra el Rodrigazo, que se desarrolló por más de un mes, determinó la designación de Videla como jefe del Ejército. Todo en democracia. La burguesía entendió que era necesario licenciar por un tiempo a los políticos de oficio y entregar la protección de su dominación clasista a los uniformados que venían con un programa genocida. El blanco preferido fue la generación obrera y luchadora de los ’60. De esto hablan los archivos que no se quieren abrir.

Con un centenar de personas, entre las que se encontraban ferroviarios, docentes, petroleros, trabajadores del Sitraic, estudiantes, médicos y pacientes del Hospital Oncológico, que se han organizado frente a la falta de medicamentos, se inauguró en Lanús el Centro Cultural Mariano Ferreyra, con la presencia de Néstor Pitrola. También concurrieron miembros de la Comisión de Vecinos que vienen reclamando la investigación del ex centro clandestino de detención (ex Campomar) y el freno a un proyecto de especulación inmobiliaria que se realiza en el lugar. Entre la comida y la música en vivo, se desarrollaron las intervenciones. Sobre las principales problemáticas del distrito, Emiliano Bonfiglio denunció la ausencia de un plan de vivienda e infraestructura, la falta de cloacas, las calles destrozadas, los continuos cortes de luz, y lo contrastó con los intereses sociales que defiende el gobierno K municipal, al impulsar la proliferación de edificios que complican aún más la situación. El otro punto que conmueve a los vecinos es la inseguridad: mostramos la vinculación entre la fuerza policial y la delincuencia organizada, oponiéndonos al gobierno y la oposición que pide la militarización de los barrios. Para finalizar, se señaló que en este nuevo centro cultural habrá charlas y cursos de formación política, y talleres artísticos, buscando darle una importante vida social que se transforme en una potenciación de nuestra campaña política. Néstor Pitrola, en su intervención, señaló, a propósito de la muerte de Videla, que aquella burguesía que pidió el golpe de estado para frenar el proceso abierto con el Cordobazo y descargar una brutal represión sobre el movimiento obrero, es la misma que el kirchnerismo vino a reconstruir. A ella pertenecía y pertenece Roggio, empresario integrante de Ugofe, responsable del crimen de Mariano Ferreyra. La pelea por terminar con los Videla y los Pedraza se completa con la pelea para terminar con la clase social cuyos intereses defienden los asesinos de obreros. En el cierre de su intervención, Pitrola concluyó que está planteada una lucha de poder por parte de los trabajadores frente a una crisis de régimen, señalando las tendencias de lucha que se expresan, por ejemplo, en las asambleas vecinales de La Plata -que han levantado un programa anticapitalista frente al negocio inmobiliario- y la movilización obrera que el viernes 24 de mayo reclamará contra el impuesto al salario. Estos son puntos clave del programa del Partido Obrero y del Frente de Izquierda en la campaña política de este año. Ante la crisis de régimen, concluyó, oponemos una salida obrera y socialista, por la que luchaba Mariano Ferreyra.

Después de alardear que pedirían el 35%, sin techo alguno, los paritarios a dedo de la Federación Papelera firmaron calladitos los topes oficiales, sólo que no fueron a la Rosada. Un mentiroso 26% se compone de una cuota inicial del 14%, luego un importe puente de carácter no remunerativo de agosto a diciembre, que se incorpora al básico recién en enero como un 12%. Punta a punta, se trata de un promedio anualizado de 20,7%, pero hay cinco meses de un importe no remunerativo que no reporta en extras. En un sindicato vaciado de vida, sin plenarios de delegados, se ha dado paso a la política de productividad de pulpos como Celulosa, Cartocor, Smurfit-Kappa, Alto Paraná, Kimberly-Clark, Papel Prensa, Zucamor, Ledesma. El gremio tiene los índices más altos de productividad por trabajador y debido a esto las empresas lograron bajar los costos salariales. Un regalo del que no habla el kirchnerismo, cuando versea sobre la nacionalización de Papel Prensa. Blas Alaris, el octogenario mandamás de papeleros, se pasó al moyanismo hace un año. La entrega de la paritaria indica que la burocracia opositora de Moyano no tiene nada para ofrecer al movimiento obrero, más que una trenza con el patronalísimo PJ disidente. Denunciamos esta paritaria y apoyamos la huelga de CeluPapel en San Pedro, contra una baja salarial que refleja la ofensiva de las patronales para desvalorizar los salarios de los trabajadores. La lucha por el salario va a asociada a la lucha por una nueva dirección del gremio, en eso está nuestra agrupación Combativos Papeleros.

Agosto de 1975. Un mes antes, la burocracia de la CGT había bloqueado la victoria de la imponente huelga general de junio y julio de ese año. Las coordinadoras interfabriles, que se habían desarrollado en oposición a las burocracias de sus sindicatos, encontraban un obstáculo en sus propias direcciones -especialmente en la Juventud Trabajadora Peronista (JTP), vinculada con Montoneros, y en las que respondían al PRT-ERP. En septiembre, Montoneros parecía operar un giro político con la formación del Partido Auténtico, que se presentaría poco después a elecciones en Misiones. La crisis del gobierno de Isabel Perón y el derrumbe de su gabinete arrastraron en esos días al jefe del Ejército, general Alberto Numa Laplane. Política Obrera (N° 240; 22/8/75) escribía: "Tanto para el imperialismo como para el proletariado, el gobierno peronista es un gobierno imposible". A todo esto, en la pugna militar se imponía el sector del llamado "profesionalismo prescindente". Esa facción militar obtendría la orden de "aniquilamiento" -firmada por Italo Luder cuando ejerció la presidencia provisional por licencia de la señora de Perón- y organizaría el monopolio de la violencia, purgando por un lado y cooptando por el otro, a las bandas de la Triple A. El terrorismo paraestatal no hubiera podido funcionar, desde que comenzó a operar durante el gobierno de Perón, sin autorización de la cúpula militar. El gobierno peronista hizo suya esa postura, por medio de Luder y con el respaldo del jefe radical, Ricardo Balbín, el representante civil de la nueva conducción del Ejército. Fue así que se nombró, de acuerdo con ella, al nuevo jefe del Ejército: Jorge Rafael Videla. La ilusión que desplegó el establishment político del momento era que la renuncia definitiva de la Presidenta y la asunción provisional de Luder servirían de transición política para una masiva represión militar que, de ese modo, no necesitaría salirse del calendario constitucional. Hoy se sabe que, cuando asumió, Videla ya le había pedido a José Alfredo Martínez de Hoz que preparara un plan económico de gobierno. Estanciero y miembro de número de la Sociedad Rural, Martínez de Hoz era director de Pan American Airways y de la International Telegraph & Telephone (ITT), asesor del Chase Manhattan Bank y ejecutivo de Acindar -subsidiaria de la USS Steel-, de Bracht, del grupo Soldati, de Braun Boveri y de la banca Roberts. Esa pertenencia del jefe económico de la dictadura da idea de los intereses sociales que sostuvieron el golpe, de los mandantes de Videla. Junto con ellos, la dictadura sería la fiesta de los llamados "capitanes de la industria": Techint, Blaquier, Pérez Companc, el grupo Roggio, Eskenazi y otros que, durante la última década, fueron parte del "capitalismo de amigos" del gobierno K. La función de este equipo era restablecer la vigencia del plan económico que no había podido imponerse con el Rodrigazo, debido a la huelga general que desató. Los respaldos de Videla Poco antes de su muerte, en una de las escasas declaraciones que aceptó hacer en uno de los juicios contra él, Videla confesó que, apenas asumió la jefatura del Ejército, Balbín fue a verlo y le dijo: "¿Y, general? ¿Para cuándo?". En ese momento, la resistencia de la camarilla que rodeaba a Estela Martínez y también la de la burocracia de los sindicatos habían hecho fracasar la viabilidad del interinato de Luder. Como lo recordara más tarde el chaqueño Deolindo Bittel, jefe del peronismo en marzo de 1976, era mejor ser expulsado por un golpe que servir de pantalla a las Fuerzas Armadas, porque eso ofrecía la posibilidad de volver luego del descontado fracaso de una dictadura militar. Balbín empezó a hablar entonces, obsesivamente, de la "guerrilla fabril", de la "subversión en las fábricas". Cuando Balbín falleció, en 1981, todavía era la alternativa de recambio de la UCR al gobierno militar. Los radicales le dieron a la dictadura centenares de intendentes de facto en todo el país, unos cuantos más que los peronistas. Parte de aquella alianza golpista fue también el estalinismo, que había pedido un gobierno "cívico militar" luego de la derrota de la dictadura de Juan Carlos Onganía por el Cordobazo y retomaba la fórmula en 1975, para después respaldar a Videla. Videla era miembro, según ellos, del "sector democrático" de las Fuerzas Armadas contra los "pinochetistas" de Eduardo Emilio Massera (designado, digamos al pasar, por Juan Perón en persona). El Partido Comunista local era un enemigo acérrimo del gobierno de Cuba, por lo que veía en la dictadura una posibilidad de limitar la fuerte influencia del castrismo en las organizaciones foquistas. Dicho sea al pasar: se acostumbra a adjudicar la política de lucha armada a una ideología predeterminada (foquismo o guerrilla urbana) cuando, en lo fundamental, fue un emergente de la presión en esa dirección por parte del castrismo. Párrafo aparte merece el Partido Socialista, que hoy dice ser "progresista" mientras gobierna para los sojeros en Santa Fe. Su periódico, La Vanguardia, colaboró con la dictadura y le dedicó un editorial edulcorado a Videla en 1980, cuando aquel criminal le dejó su puesto al general Roberto Viola. También el PS le dio a la dictadura intendentes y embajadores. En definitiva, todas las fuerzas políticas de la burguesía que hoy compiten para ver quién le dedica peores epítetos a Videla fueron, en su momento, los indispensables sostenes de la dictadura militar. Esto es: cuando a la burguesía y al imperialismo les resulta indispensable (y posible) actuar a sangre y terror contra el movimiento obrero, todos sus servidores chapotean gustosos en esa sangre y ese terror. De ayer a hoy Videla y compañía fueron, en última instancia, sicarios, asesinos a sueldo de intereses ubicados muy por encima de ellos. Néstor Kirchner, enriquecido gracias a la dictadura, amasador de una fortuna que fue producto de un saqueo social operado bajo el terror, bajó el cuadro de Videla en el Colegio Militar cuando hacerlo ya no costaba nada en términos de crisis política o posibilidad de sublevación social. Ahora se puede condenar casi gratuitamente a un grupo de gerontes que ya no le sirve a nadie. En su momento, Raúl Alfonsín promovió el juicio a las juntas, porque no hacerlo resultaba imposible. Era necesario mostrar una fachada de limpieza de las Fuerzas Armadas, hecha además bajo la presión de una enorme movilización democrática. Se condenó a los comandantes para salvar la responsabilidad de las fuerzas en cuanto tales. Si se quiere, a diferencia de los K, Alfonsín tuvo el mérito de hacerlo cuando los tanques estaban calientes, aunque con la pólvora mojada (derrota en Malvinas, bancarrota financiera, movilizaciones populares). Por otra parte, Kirchner necesitaba hacer ciertos trámites de adopción para convertirse en "hijo de las Madres", necesitaba inventarse un pasado para cooptar organismos de derechos humanos. Era indispensable, porque el suyo fue un gobierno de crisis, necesitado de recomponer la autoridad del Estado después del Argentinazo de 2001. Sin embargo, desde Alfonsín hasta los K, desde los juicios acotados a los comandantes en 1985 hasta las condenas de un grupo también acotado de criminales en la actualidad, se mantiene el empecinamiento de ocultar los archivos de la dictadura. Tiene su lógica, porque de esos archivos se desprendería la responsabilidad política y empresarial que promovió el golpe y lo sostuvo luego. Unos y otros aseguraron y aseguran la impunidad del aparato represivo del Estado, que sigue ahí. Por lo tanto, continúan vigentes las consignas de juicio y castigo a todos los genocidas, de apertura de los archivos de las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia, del desmantelamiento de un aparato represivo presente en la represión de ayer y de hoy. En cuanto a Videla, dejó en su momento final todo un símbolo: murió en el inodoro de su celda, sentado sobre su propia mierda.

Según los principales diarios platenses, la directora general de Cultura y Educación, Nora De Lucía, ha puesto su renuncia a disposición de Scioli; es exactamente lo que han pedido los trabajadores de su ministerio, después de la fulminante huelga en defensa de los delegados detenidos por un proceso penal. Pararon otras dependencias estatales y los judiciales, y mil médicos residentes movilizados enfilaron a los tribunales a reclamar por la libertad de los compañeros. Ya liberados, una asamblea general dispuso un paro en repudio y otro más esta semana. El ataque de Scioli a estos luchadores se produce en medio de una crisis política y una quiebra económica. Marisa Alvarez, de El Día, informa que “otra mujer, Silvina Batakis, ministra de Economía, está con un pie afuera”. Ha fracasado la tentativa provincial de “arreglarnos con los nuestro”, mientras el gobierno nacional mezquina los fondos y ha vuelto a retrasar la autorización. Vuelven a ponerse en duda, no ya los aumentos requeridos por los trabajadores, sino la propia continuidad de los salarios, en tanto se paralizan obras y licitaciones de todo orden, y hasta la compra de las gasas para los hospitales. Scioli diseñó una “tregua” con Cristina, apoyado en que la oposición “le garantiza la gobernabilidad” (Clarín, 12/5). Pero esa tregua es, precisamente, lo que no funciona. En este contexto, la decisión de La Juan Domingo, la agrupación pejotista sciolista, de incluir a sus hombres en las listas de De Narváez, ha agravado las tensiones de Scioli con el kirchnerismo. Mientras tanto, Cristina aprieta a Jorge Ferraresi y Martín Insaurralde, los intendentes de Avellaneda y Lomas, para que dejen la gestión de sus municipios y vayan como candidatos a diputados ‘efectivos’. Mientras tanto se hunde la gestión del intendente de La Plata, Pablo Bruera, y su “modelo” de gestión inmobiliaria, que no es diferente a la del resto de los intendentes del suburbano -oficialistas, opositores e intermedios. Pero la verdadera novedad es el giro político en los movimientos populares. Entre ellos, las fenomenales medidas de fuerza y movilización de los médicos y no médicos de los 77 hospitales bonaerenses, por adentro y por afuera de las organizaciones sindicales del sector. Se han producido ocupaciones de escuelas y movilizaciones de masas de los estudiantes secundarios en Mar del Plata, contra los responsables del derrumbe educativo. Las asambleas populares de La Plata movilizaron 10 mil personas al mes de la inundación y fijaron demandas reivindicativas que superan el horizonte del gobierno y de la oposición. Hay una docencia que hierve de bronca y movilizaciones como la del Foro Hídrico de Lomas, que se emparentan con el sindicalismo clasista de la construcción que reclama puestos de trabajo. Apoyando y contribuyendo con un programa socialista en todas estas luchas, apoyando las huelgas obreras como las de Lear, de CeluPapel en San Pedro o la movilización de Fate en San Fernando, estamos poniendo en pie las listas del Partido Obrero en 80 distritos de la provincia y recorriendo los distritos hace cinco meses con los candidatos centrales, para que el Frente de Izquierda entre en el Congreso también por la provincia de Buenos Aires.

Los trabajadores de los talleres de mantenimiento del subte se preparan para resistir la tercerización de tareas que se proponen Macri y su contratista, Metrovías, de Benito Roggio. El programa macrista incluye tercerización de tareas hacia empresas vinculadas, racionalización de personal, flexibilización laboral y, especialmente, eliminación de conquistas gremiales, como la jornada de 6 horas. Como parte de ello, Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) convocó en marzo pasado, a licitación para mantenimiento de material rodante. Personal jerárquico de las empresas presentadas comenzaron inspecciones de los talleres. Entre ellas CAF, Alstom, Siemens, Emepa, BRF (Benito Roggio Ferroindustrial) y Emfer de los hermanos Cirigliano (los criminales del Sarmiento). La UTA se prestó a toda esta ofensiva, firmando con Metrovías y el gobierno porteño un acta de intención de flexibilidad laboral y congelamiento de personal. La AGTSyP rechazó en un comunicado la tercerización y anunció reuniones con Sbase, para tomar conocimiento de los planes de tareas propuestas. Los planes no aparecieron, en cambio, la patronal comenzó a alistar formaciones para su traslado a las tercerizadas. Varias de estas ya fueron en el pasado concesionarias de Metrovías, con un resultado nefasto en materia de mantenimiento y de negociados, con sobrefacturaciones y evasión impositiva. Son además un factor de división de la unidad gremial, motivo por el cual los trabajadores, a fuerza de lucha, terminaron expulsando a las tercerizadas e integrando a su personal, primero al convenio y luego a Metrovías. Ahora, el anuncio de "el regreso", evoca en los trabajadores épocas superadas. Mantenimiento en serio no negociados de mafias Las visitas empresarias a los talleres fueron repudiadas por los delegados, que amenazaron con paros. También se impidió la salida de un tren de la Línea C. El argumento macrista es que los trabajadores se oponen a su plan de realizar en tiempo record el mantenimiento pendiente, que para las revisiones más profundas tiene un atraso de años. Preparan un escenario similar al del Borda, incluyendo eventualmente la acción de la Metropolitana. El planteo obrero es que no se desconoce el atraso técnico y estructural, en particular para mantenimiento pesado, producto de décadas de desinversión. Pero reclamamos que el sindicato sea convocado a discutir un plan de mantenimiento real, a partir del reacondicionamiento de capacidad subutilizada, de mejoras técnicas en talleres existentes y nuevos talleres y el ingreso del personal necesario. Es evidente que un mantenimiento a fondo no debe ser "por única vez", y amerita una inversión que corresponda a una red en expansión. Pero además denuncian que la política patronal de tercerizaciones no aportará una solución y que sólo promoverá negocios con empresas implicadas en catástrofes por negligencia, fraudes y desvío de fondos. Rechazan, finalmente, los ataques en marcha a conquistas históricas, como la jornada de trabajo insalubre, las tareas por especialidad y categorías contra la polifuncionalidad, y el derecho a la organización gremial. Una asamblea de Taller Rancagua, uno de los grandes, votó que la AGTSyP convoque a una conferencia de prensa para denunciar la política macrista de vaciamiento, como inicio de una campaña pública sobre el tema. Lo que no descarta la toma de medidas de acción directa, si la patronal intenta avanzar por la fuerza.

Luego de 25 años, los gráficos volvimos a tener un plenario general de delegados. Lo arrancamos en la movilización organizada por la Naranja el 26 de abril. El propósito de aquella acción fue precisamente reclamar la reunión urgente del cuerpo de delegados (con nuestra inclusión) para discutir la paritaria. La presencia de unos 200 delegados es discreta, pero un buen comienzo para un gremio completamente desmovilizado. En los talleres, la bronca por la inflación y el retraso del convenio crece. El estado de la negociación confirma este escenario. Según informó la comisión directiva, la cámara empresaria no se mueve de la pauta oficial: 15% desde abril y otro 10% en octubre; lo que representa exactamente un 20% considerando los doce meses de vigencia del acuerdo. A ello, se sumaría una suma no remunerativa de 800 pesos para marzo. Fue esta intransigencia, luego de un mes de discusiones, la que precipitó la convocatoria, que la directiva "preparó" en encuentros previos con delegados afines para evitar sorpresas. Seguramente, el desarrollo del plenario actuará como un elemento de presión ante la Cámara. El debate giró en torno de dos posiciones: 1) la moción de la mesa, que se aprobó por mayoría, consistente en rechazar la oferta patronal y ratificar el pedido de 30%, sin especificar si entero o en cuotas, realizando asambleas por turnos en todos los talleres el lunes 13 y un nuevo plenario para esta misma semana; 2) la moción de la Naranja, respaldada por los delegados de la Bordó, que proponía elevar el reclamo al 35% en una sola cuota y un plan de lucha, partiendo de una movilización a la Cámara con abandono de tareas. Esta posición obtuvo un tercio de los votos, mientras otro pequeño grupo no se pronunció. Algunos talleres sin mandato se volcaron a nuestra posición y otros, con mandato por el 35% -como Cedinsa-, lo violentaron. Uno de los argumentos contrarios al plan de lucha fue su "inviabilidad" en los talleres chicos. Pero semejante idea se contradice con el concepto mismo de la paritaria, que consiste en la acción común del gremio en torno a un pliego de reclamos, y donde el esfuerzo principal corresponde a los sectores más organizados. En las intervenciones de la oposición se tocaron también otras cuestiones fundamentales que no estaban, sin embargo, en la agenda de la reunión. Es el caso del impuesto al salario y la restitución de las asignaciones, la actualización de las categorías y la solidaridad con los conflictos (Crónica, Latingráfica, ex Lanci). El adjunto Amichetti defendió al gobierno por la "recuperación del trabajo y de las paritarias" y desarrolló una larga apología de la estrategia seguida históricamente por la Federación Gráfica Bonaerense que, sin grandes luchas (sic), llevó al gremio gráfico a estar entre los mejor pagos de la industria (sic). Claro que si los 3.300 pesos de bolsillo -que es el mínimo del convenio gráfico actualmente- alcanzan para afirmar eso, no se entiende de qué recuperación se habla. Lo mismo puede decirse sobre los "500 compañeros gráficos que trabajan en cooperativas", mencionados como un ejemplo de preservación del empleo. Algunos de estos casos pueden ser reivindicados por su lucha. Pero en materia de salarios y condiciones de trabajo, son una muestra de la enorme degradación laboral que se consolidó bajo los gobiernos K. Las cooperativas gráficas integran el vasto universo de precarizados y subocupados de nuestro país. El restablecimiento del plenario de delegados es, sin dudas, un gran paso adelante que fortalece a todo el gremio. Las asambleas (cuya duración no se indica en el acta de las resoluciones, aunque se habló de una hora por turno) serán la oportunidad para medir la disposición de la base. Si el objetivo es llegar realmente al 30 por ciento que votó el plenario, hay que rechazar las cuotas y las sumas en negro. Nuestra política es que las asambleas discutan también la moción de la minoría, la cual incluye plan de lucha.

La dirección de la COB ha resuelto el levantamiento de la huelga general, al que presenta como un cuarto intermedio de treinta días. En el interín, se producirá el 'análisis' de un proyecto de reforma de la Ley de Pensiones por una comisión conjunta de la central y el gobierno. El levantamiento se produjo cuarenta y ocho horas antes de la anunciada marcha de los cocaleros sobre La Paz y otras ciudades en defensa del gobierno y contra el "golpe de Estado" que -según Evo- estaba por detrás de la huelga general indefinida lanzada por la COB. El gobierno había declarado la ilegalidad de la huelga y llamó a las "organizaciones sociales" encuadradas en el MAS a salir a las calles contra ella. Los dirigentes de la COB han expuesto como uno de los fundamentos, si no el principal, del levantamiento de la huelga, el evitar enfrentamientos entre "hermanos bolivianos", que es exactamente lo que buscaba el gobierno al lanzar su política de provocación. ¿Qué es lo que obtuvo la COB al dar por finalizada la huelga general? Que el cálculo para determinar la jubilación se considere sobre la base de los últimos 24 recibos de sueldo (dos años) -antes eran 72 (seis años)- y que el cálculo de jubilación de los mineros se haga sobre 30 y no 35 años, como hasta ahora. Pero el haber jubilatorio quedó en el 70% del promedio de esos dos años como lo planteaba el gobierno, contra el reclamo central del 100% de los últimos sueldos del trabajador activo, la consigna que motorizó la huelga general. Esto es todo. El reclamo de los mínimos jubilatorios quedó en las cifras planteadas por el gobierno: 4.000 bolivianos para los mineros (571 dólares) y 3.200 (457) para el resto contra los reclamos de la COB de 8.000 y 5.000 respectivamente. Además, se forma la comisión mencionada para consensuar las reformas a la Ley de Pensiones. El desenlace de la huelga se produjo sin garantizar el pago de los días caídos, luego de que el gobierno dictara su ilegalidad a partir del 6 de mayo. Ello afecta a los docentes y trabajadores de la salud en primer lugar, pero es una voz de orden para el conjunto del empresariado. Sobre el filo del levantamiento de la huelga, Evo declaró, una vez más, que "se paga por día trabajado, por eso hemos decidido (y) quiero que sepan, maestros y maestras, día no trabajado no se va a pagar". El desenlace de la huelga dejó intacta la ofensiva sobre la mina Huanuni, condenada a ser "autosuficiente" sin recibir un sólo peso fuera de una devolución de impuestos -que le es incluso retaceada- y una auditoría exigida por el propio Evo con esta definición: "es desmoralizante pensar en una nueva nacionalización de empresas mineras, si los trabajadores están llevando a la quiebra a la que hemos nacionalizado". El desarrollo de la huelga Al momento de su levantamiento, la huelga estaba en desarrollo y comenzaba a entroncar con signos de una crisis más general. La policía había comenzado a exigir una jubilación igual al 100 por ciento y las mujeres de los efectivos habían iniciado una huelga de hambre en La Paz con ese reclamo -tomando como antecedente su otorgamiento a las Fuerzas Armadas tiempo atrás. El gobierno adelantó, por otra parte, el aumento de la Renta Dignidad (una prestación para personas de más de 60 años que no reciben ningún tipo de ingreso) a 250 bolivianos (un 5% del costo de la canasta familiar). El gobierno creyó que iba a lograr un rápido desmoronamiento de la huelga mediante el boicot de las organizaciones sindicales que le responden -como petroleros, docentes y estatales- y la represión a los bloqueos en las rutas. Se encontró, sin embargo, con una sorpresa. Los piquetes fueron muy activos y crecieron, con el correr de las horas, con la participación de sectores que no se habían sumado a la huelga en el primer momento -docentes y mineros estatales (Huanuni, Colquiri), entre los más importantes. Ni la burocracia de la Central pudo desarticularlos cuando llamó a la "vigilia" -una manera encubierta de levantarlos- en función de la negociación en los primeros días de la huelga. Aunque la represión se ensañó con ellos, no pudo impedir que fueran reinstalándose sucesivamente -el propio informe oficial constató, al décimo día de huelga, la existencia de 22 bloqueos en todo el país. Por otra parte, el llamado a boicotear la huelga a partir de las organizaciones controladas por el gobierno fracasó. La organización de los maestros rurales, dominada por el MAS, se convirtió en un puntal en la huelga, así como varias de las departamentales del magisterio urbano que seguían al oficialismo. La COR de El Alto, que hasta hace muy poco respondía al gobierno, se sumó a la huelga. La militancia de los mineros estatales fue masiva y activa. La política de la COB La dirección de la COB quiso imponer la "vigilia" -o sea, el retiro de los piquetes- y una fracción de ella, los fabriles, estableció su propia agenda a través de paros parciales. La última brecha en esa dirección fue el planteo de la Federación de Trabajadores Mineros que "lejos de los 8.000 de pensión...que plantea la COB, pasó a pedir una renta de hasta Bs 4.900 para el sector y de hasta Bs 3.700 para los demás asalariados" y omitió el reclamo de la jubilación al 100% (La Razón, 18/5). El gobierno rechazó esta propuesta. Pero se mostró partidario de continuar la negociación sólo con los mineros, lo que produjo una crisis que obligó a la COB a denunciar toda negociación sectorial. La evolución de la huelga y el propio desenlace están indicando las enormes reservas del proletariado boliviano y los límites de la dirección de la COB. En el desarrollo de la huelga, se produjo una diferenciación que tendió a expresarse, en algunos casos, en los ampliados de la COB, en los distritos o en las conferencias de los sindicatos. Habrá que ver de qué modo se expresa en la deliberación de los trabajadores luego del enorme esfuerzo realizado y en el inminente segundo Congreso del IPT (ver PO Nº 1.259 y 1262), anunciado para junio.

El ex presidente guatemalteco Efraín Ríos Montt, que gobernó el país en el período 1982-83, fue condenado a ochenta años de prisión por el delito de genocidio. Pero días después de conocida la sentencia, la Corte de Constitucionalidad (en fallo dividido) anuló el fallo, bajo el argumento de que «en todo proceso debe respetarse el derecho de defensa y, en este caso, que sea tramitado por jueces imparciales» (ABC, 21/5). De este modo, la defensa del genocida gana un tiempo precioso, considerando la posibilidad de dilatar el reinicio del proceso y los 86 años de edad de Ríos Montt. La anulación del fallo se encuentra en total consonancia con el reclamo de sectores del partido gobernante y del empresariado guatemalteco, nucleado en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif). A pesar de los límites del proceso judicial, que circunscribía el juzgamiento a un elemento decrépito y residual que no cumple ya ningún papel relevante en el sostenimiento del régimen social, el desarrollo del juicio destapó una olla que golpeó en el corazón del poder político actual. Un testigo, Leonardo Reyes, declaró que "los militares y los soldados a las órdenes del mayor Tito Arias (nombre de guerra del actual presidente Otto Pérez Molina) coordinaban la quema y saqueo de la gente para luego ejecutarlos" (Ultimas Noticias de Venezuela, 19/5). Quedó de manifiesto el hilo conductor entre las masacres de Ríos Montt y el actual aparato estatal. Durante la dictadura de Ríos Montt, que se enmarca en un conflicto de cuarenta años que dejó 200 mil muertos, 40 mil desaparecidos y un millón y medio de desplazados (el 93% de las muertes fueron responsabilidad directa del Ejército), se implementó una política de tierra arrasada. Fueron aniquilados más de 600 pueblos indígenas en áreas donde operaba la guerrilla del Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP). A la vez, operaban escuadrones de la muerte en las ciudades. El imperialismo yanqui sostuvo al régimen de Ríos Montt, defensor de los intereses de la minería y del gran capital en general, y le proporcionó el apoyo logístico de la CIA. Con los mismos métodos de terror, el Departamento de Estado operaba entonces contra la revolución nicaragüense y las masas de El Salvador. Los acuerdos de 1996, que implicaron el fin de la guerra civil guatemalteca, supusieron también la amnistía de todos los criminales. La lucha de las masas obreras e indígenas y la lucha de las organizaciones de derechos humanos son determinantes para avanzar en el juicio y castigo de todos los responsables del genocidio, lo que requiere para su éxito de una lucha frontal contra el actual régimen político y social.

El lunes 20 a la noche, luego de una asamblea general, los casi 2 mil obreros de la multinacional Danone (La Serenísima) han resuelto ir a la huelga. El reclamo está centrado en el vale de comida de 900 pesos, que la patronal está incumpliendo a pesar de haber sido homologado en 2011. En el año 1995, gracias a la entregada de la anterior dirección gremial, la patronal suprimió del salario esta histórica conquista. En 2011, con la irrupción de un nuevo cuerpo de delegados (alineado con Atilra Capital), se reclamó el cobro del vale. A pesar de varias negociaciones, e incluso la homologación de un acuerdo en el Ministerio de Trabajo, la patronal nunca restituyó el vale. Pero ésta no es la única reivindicación que ha motivado la huelga: el pliego también contempla el franco compensatorio y un mayor reconocimiento económico al sistema negrero de 7x2. La bronca entre los trabajadores de La Serenísima también está alimentada por el enorme saqueo que sufren todos los meses por el impuesto a las ganancias. Importantísimas conquistas salariales están siendo devoradas por este impuesto. Además, hace varios años que dejaron de percibir las asignaciones familiares. Este cuadro de conjunto está motorizando una huelga que rescata los métodos históricos de la clase obrera. Las dos plantas que posee Danone en Almirante Brown (Longchamps y Parque Industrial de Burzaco) están completamente paradas, con piquetes en los portones y asambleas. Hasta el momento, la patronal sólo ha contestado al reclamo obrero llevando un escribano, el que recorre la planta en busca de alguna causa que le permita embarrar la cancha y judicializar el conflicto. Este martes por la noche, una nueva asamblea general ratificaba la huelga, mientras el sector de logística mantiene, con piquetes, bloqueados los accesos. La huelga se da en vísperas de la movilización contra el impuesto al salario y por las asignaciones familiares que el Sutna San Fernando, junto a decenas de gremios y comisiones internas combativas, ha convocado para el próximo viernes 24. Un importante grupo de los trabajadores que mantienen la huelga en Danone se ha pronunciado a favor de esta movilización independiente y ha comprometido su presencia en la marcha. El Partido Obrero, que desde las primeras horas de la huelga se puso a disposición de esta lucha, está jugado a fondo por el triunfo y la conquista de todas las reivindicaciones planteadas.

Los invitamos a participar en la Conferencia Internacional sobre "Europa en crisis, por una alternativa internacionalista revolucionaria" a realizarse en Atenas, Grecia, en el salón de la Unión Nacional de Periodistas (Eshea), Akadamias y Voukourestion Str, el 9 de junio de 2013. ¡Abajo la dictadura de la troika (UE, el BCE y el FMI)! ¡Por la anulación de la deuda con los usureros internacionales! ¡Nacionalización de los bancos y empresas que cierren o despidan trabajadores, sin compensación a los grandes capitalistas y bajo control de los trabajadores! ¡Paremos la catástrofe social del desempleo, trabajo para todos! ¡Abajo el racismo y todas las formas de discriminación! ¡Aplastemos al fascismo! ¡Los inmigrantes no se tocan! ¡Iguales derechos para todos los trabajadores! ¡Abajo los gobiernos de Merkel, Letta, Samaras, Rajoy, Coelho y todos los gobiernos de opresión y explotación capitalista! ¡Por gobiernos de los trabajadores y el poder obrero! ¡Abajo la Unión Europea imperialista de desempleo masivo, "austeridad" y canibalismo social, la prisión de los pueblos! ¡Hacia los Estados Unidos Socialistas de Europa! Luego de seis años de una crisis capitalista sin precedentes, no está a la vista ninguna salida del impasse de un sistema social en bancarrota que amenaza con enterrar bajo sus ruinas a las masas populares. Europa se ha convertido en el epicentro de la crisis mundial. Grecia fue sólo el "eslabón" más débil de la cadena europea; ahora no es solamente el "eslabón" sino la propia "cadena" la que se ha roto. La bancarrota y la devastación social en Grecia muestran el presente o el futuro cercano de todos los otros países. Es una aguda expresión de la situación evolucionando, en diferentes tempos, sobre todo el sur europeo, desde Italia a la Península Ibérica, golpeando ahora más allá de la periferia, a los países "centrales" como Francia, amenazando incluso a la aparentemente "poderosa" Alemania. Aún en las estadísticas oficiales las cifras demuestran una catástrofe social en el viejo continente superior a las de la Gran Depresión en los Estados Unidos. La tasa de desempleo en Grecia ha alcanzado el 32% y entre los jóvenes de 18 a 24 años es más del 62%. En España ha llegado a un record nunca visto del 27% y para aquellos menores de 25 años un sorprendente 57,2%. En la actualidad la tasa de desempleo en Portugal es alrededor del 17%, mientras que hace dos años era del 12%. En Francia oscila alrededor del 10,6% y en la eurozona en general llega a un récord antes nunca alcanzado del 12%. Estas estadísticas infernales que cada día se tornan peores brindan una sombría imagen de la realidad si tomamos en cuenta el gigantesco ejército de trabajadores inmigrantes y precarios sin derechos. Europa es hoy en día un continente de masas desposeídas, sin un trabajo o bajo condiciones de trabajo precarias y semi-esclavas, sin hogar (40 mil desalojos en España por falta de pago a los bancos; en Atenas, Grecia, cerca de 25 mil personas sin hogar) con continuos recortes en los salarios, pensiones, derechos sociales, con el colapso en educación y servicios de salud, un continente de miseria. Los capitalistas, sus gobiernos y políticos han prometido una Unión Europea un paraíso de "prosperidad y libertad" y nos condenan a un infierno de "austeridad" eterna y de esclavitud social impuestas por la opresión estatal y asistidas cada vez más por bandas fascistas como Amanecer Dorado en Grecia o Jobbik en Hungría. Las continuas medidas de canibalismo social impuestas por Bruselas, Berlín y el FMI produjeron sufrimientos inimaginables a los pueblos pero no dieron ni la mínima solución a la crisis ni una salida de la impase sistémica. Por el contrario, han empeorado todos los aspectos de la crisis -económicos, fiscales, deuda soberana, bancaria y política- demostrando que no nos enfrentamos a una crisis limitada en tiempo, cíclica o coyuntural, sino a una bancarrota histórica tanto del "Proyecto de la UE" como de todo el sistema social basado en la explotación capitalista en sí mismo. La realidad demuele las afirmaciones de que la situación ha sido estabilizada y que la crisis de la eurozona ha retrocedido, luego de las declaraciones de Draghi y del BCE en el verano europeo de 2012 de que ellos harían "todo lo posible para salvar al euro"; por el contrario, la debacle de Chipre en marzo de 2013 y la "libertad bajo fianza” de los depositantes mostró claro como el agua que la crisis está aquí y está empeorando. Las elecciones en Italia han demostrado tanto la bancarrota de los sistemas políticos burgueses existentes como el hecho innegable de que los programas de "austeridad" han llegado a sus límites políticos, y que son insostenibles. Sin embargo, todos los gobiernos de Europa continúan por el mismo camino de catástrofe social. Al mismo tiempo, los imperialistas de la UE tratan no sólo de cargar su crisis sobre las espaldas de las masas populares europeas sino también de exportarla: a Europa Oriental, los Balcanes, Rusia, así como al Medio Oriente luego del despertar revolucionario popular de la Primavera Arabe. Las implicaciones de la crisis capitalista son mundiales y nuestra respuesta debería ser también mundial y decisiva. ¡Necesitamos en forma urgente una verdadera alternativa revolucionaria e internacionalista! En diciembre de 2012, en un encuentro en Atenas, el EEK (Partido Revolucionario de los Trabajadores) de Grecia, el Partido Comunista de los Trabajadores de Italia, el Devrimsci Isci Partisi-DIP (Partido Revolucionario de los Trabajadores) de Turquía, el Partido Obrero de Argentina y el Comité Coordinador por la Refundación de la Cuarta Internacional (CRCI) tomaron la iniciativa de lanzar una campaña por una Conferencia Internacional Especial dedicada a la crisis en Europa. La Conferencia está abierta a todas las fuerzas implicadas en la lucha de clases y de liberación, que viniendo de diferentes tradiciones hayan comprendido la necesidad urgente de coordinar y unificar nuestras acciones sobre Europa y a nivel internacional, para una alternativa radical, internacional, obrera y socialista. Organizaciones, movimientos sociales y luchadores independientes de Europa Occidental y Oriental, del Norte y el Sur, los Balcanes, Rusia, Ucrania, Medio Oriente, Africa y América Latina, ya han acordado participar en este importante evento. Llamamos a los trabajadores en lucha, organizaciones populares y colectivos en Europa y a nivel internacional, involucrados en las luchas sociales, particularmente sus vanguardias, así como a las fuerzas de la izquierda revolucionaria, a reunirnos en esta Conferencia Internacional sobre la crisis en Europa y sus implicancias mundiales: por una alternativa internacional y una salida socialista para discutir un programa de emergencia a fin de resistir y vencer la catástrofe social y un plan de acciones comunes imparable y libre de los "habituales" aparatos burocráticos de control y a la construcción de un nuevo liderazgo revolucionario, que necesitamos urgentemente. Es necesario discutir y decidir con urgencia un plan de acciones y campañas comunes. Proponemos considerar los siguientes ejes: • Defendernos de los usureros internacionales, la dictadura de los "mercados", de los bancos y el capital financiero mediante la cancelación de toda la deuda pública que roba y aplasta las vidas de millones y por la expropiación de los bancos bajo control de los trabajadores. • Todos los planes de "austeridad" de canibalismo social impuestos por la UE, el BCE, el FMI y los gobiernos capitalistas deben cesar inmediatamente. ¡El capitalista debe pagar por la crisis de su sistema de explotación y no el explotado! Debemos luchar para restituir los salarios, pensiones y derechos sociales de los trabajadores de acuerdo con las necesidades sociales, no para las ganancias de unos pocos. • Contra el desempleo masivo, llamamos a luchar para prohibir los despidos, por la distribución de las horas de trabajo entre todos los trabajadores. Para crear nuevos empleos, se deben desarrollar obras públicas de infraestructura que son vitales y una necesidad urgente. Los magnates de la gran industria extorsionan siempre a los trabajadores para que acepten más recortes de salarios y puestos de trabajo bajo la amenaza de cerrar o "relocalizar" sus fábricas en el exterior; nuestra respuesta debería ser la ocupación de todas las fábricas que cierren o despidan masivamente trabajadores, su expropiación sin compensación, haciéndolas funcionar nuevamente bajo control y gerenciamiento de los trabajadores. • ¡Por una lucha firme contra el fascismo, el racismo y la discriminación de la mujer, de la orientación sexual y de todas las minorías! ¡Defendamos a los inmigrantes y a todas las comunidades de oprimidos! ¡Igualdad de derechos para todos los trabajadores, independientemente del color, origen étnico o religión! Los trabajadores y los movimientos sociales deben organizar guardias de defensa de los trabajadores contra las bandas fascistas y la represión estatal. • Por el desmantelamiento del aparato represivo del Estado burgués, la Otan y las bases militares imperialistas y sus alianzas. ¡Total solidaridad con todas las luchas antiimperialistas de las naciones oprimidas de Africa, el Medio Oriente, Asia y América Latina! • Por todas las demandas vitales inmediatas de la clase obrera y las masas populares nuestro grito de batalla debe ser: ¡abajo con todos los gobiernos capitalistas! ¡Por gobiernos de los trabajadores y el poder obrero! ¡Abajo la Unión Europea de los imperialistas! ¡Por los Estados Unidos Socialistas de Europa! Mayo de 2013

Se realizaron las primeras elecciones en el Instituto Superior de Arte y Comunicación (Isac). Participó el 70 por ciento del estudiantado. Fue esta voluntad masiva la que impidió todos los intentos y maniobras de evitar que se ponga en pie una organización de lucha de los estudiantes. En la elección se presentaron dos listas: triunfó RevoluciónArte, encabezada por una compañera de la UJS, que reunió a los compañeros más comprometidos en la formación del centro estudiantil. Segunda salió la Lista Negra, apoyada por la decana, que hizo un despliegue enorme de aparato que no les alcanzó. RevoluciónArte puso su énfasis en los problemas centrales de los estudiantes: infraestructura, los planes de estudios de cada una de las carreras, becas insuficientes, las netbooks, material de estudio. Los estudiantes, con su voto, demostraron que querían un centro estudiantil y no un club colegial. Ahora se plantea organizarlos curso por curso para encarar el mandato que votaron.

La Comisión Gremial Interna de la agencia Télam rechaza y repudia las declaraciones de la diputada nacional Diana Conti (FpV) realizadas al diario La Nación, en las cuales se burla y descalifica a los trabajadores de la agencia nacional de noticias al señalar que cualquier exabrupto de cualquier legislador o funcionario se soluciona haciendo "un cable en Télam". Sin embargo, no podríamos decir de ningún modo que sentimos estupor o sorpresa ante este tipo de declaraciones de personajes cercanos o que se creen cercanos al poder: a estas aberraciones los invitaron una y otra vez las autoridades de Télam en los últimos años, a pesar de las insistentes denuncias sobre censura y manipulación de la información que realizamos los trabajadores. Presidentes de Télam, gerentes periodísticos, jefes y subjefes de redacción, integrantes de la mesa de edición, todos ellos han contribuido y contribuyen aún generosamente para llegar a esta situación humillante, instruyendo a prenseros y amanuenses variopintos para que "llamen, pidan y apuren" a las distintas secciones la salida de lo que ahora Diana Conti resume en "un cable de Télam". Esta misma línea con poder de decisión editorial es la que también, de manera cotidiana, instruye y ejecuta operaciones y censuras varias, desnaturalizando y denigrando el ejercicio del periodismo profesional. Quienes se opusieron y se rebelaron ante semejante práctica de la alcahuetería disfrazada de periodismo fueron, por supuesto, removidos de sus cargos, en una demostración contundente de ejercicio del poder omnímodo que daña y perjudica nuestro prestigio de laburantes de prensa. La CGI reitera, como ya lo ha hecho ante las autoridades actuales, que la persistencia de estos criterios sistemáticos y generalizados, además de una forma ruinosa de ejercicio de periodismo, supone un maltrato hacia los trabajadores de Télam. Por eso reclamamos a las autoridades de Télam el cese inmediato de estas graves prácticas.

El miércoles 15 de mayo, la oficina estadística de la Unión Europea anunció que en marzo pasado se completó un año y medio de caídas trimestrales consecutivas de la actividad económica en la región, "la recesión más larga de (su) historia". El dato global es, por supuesto, un promedio de los resultados desiguales en los 17 países que integran la UE. Grecia, en un extremo, se hunde casi un 30% en un lustro. España ya alcanzó un 27% de su población activa desocupada. En España y en Grecia, dos jóvenes de cada tres están sin empleo; en ambos casos se trata de las generaciones con mejor calificación laboral de la historia. La economía portuguesa se encuentra en retroceso desde hace 27 meses en forma ininterrumpida: en 2012 tuvo una caída sin precedentes del 4%. En Italia, otro récord: 21 meses de caída de su producto bruto. La novedad ahora no es sólo que Francia se sumó formalmente al pelotón de los países en recesión, sino que Alemania registró un aumento de apenas un 0,1% en el último trimestre. Este es un punto clave: "¿Qué pueden esperar los empresarios españoles e italianos -dice The New York Times- si el mercado del norte se derrumba?". El PBI es un cómputo de creación de riqueza sin rigor, pues excluye la amortización de los activos físicos que se han gastado en el proceso económico. Como la amortización tiene una tendencia acelerada, su exclusión infla las comparaciones entre diversos ejercicios. La economía mundial, con excepción de algunos bolsones, se encuentra claramente en depresión. Nada ilustra mejor este punto que la situación de la banca, cuyos activos se encuentran computados al valor de compra u original, y no al del mercado. Si se deflacionaran esos valores, los bancos irían a la quiebra y los PBI caerían al abismo. La prensa financiera califica al sistema bancario mundial con el término de 'zombies'. Los bancos siguen en pie por el dinero que les aportan los bancos centrales. Un reciente informe publicado por La Jornada, de México, revela que sin esa inyección hubieran cerrado nueve de cada diez bancos españoles. La Unión Europea se aproxima aceleradamente a un punto de explosión. Hace un año, cuando ocurrió la corrida a los bancos en Grecia, se planteó que la única alternativa sería poner en pie una Unión Bancaria Europea que combinara un método de liquidación de los bancos insolventes con un seguro continental a los depósitos inferiores a cierto monto. La propuesta está paralizada, porque los países más débiles no quieren entregar el control de sus bancos a Alemania. Esto quedó ilustrado en Chipre, cuando Berlín se negó a aportar el dinero para rescatar a los bancos, cargando todo el peso de la quiebra sobre los magnates rusos que tenían la mayor parte del dinero depositado en esos bancos. Un estudio de la Fundación Ebert, "el mayor ya realizado sobre el futuro de la eurozona", es lapidario. Describe una "fase de transición" que lleva a la agitación social y las protestas masivas, a la "ruptura" de la eurozona y a la "desintegración" (www.finanzas.com/xl-semanal/magazine/20130414/2020-europa-cuatro-escenarios-5148.html). El informe imagina tres clases de "rupturas": a la yugoslava, a la rusa y a la "mezzogiorno" -la que alude a los separatismos en España, Bélgica, Gran Bretaña, o al que propugna la Liga del Norte italiana. El informe no considera, sin embargo, las perspectivas de una intervención decidida del proletariado en la crisis, la que plantearía los Estados Unidos Socialistas de Europa.

Una faceta poco difundida de la 'política de derechos humanos' del kirchenerismo es su próxima entrega del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) a los grandes laboratorios. Organismos de derechos humanos, personas que buscan su identidad y familiares denuncian esta embestida K para desmantelar el BNDG. El BNDG es una institución creada hace veinte años con el fin de buscar la identidad de jóvenes apropiados y la identificación de restos de desaparecidos. Ahora se encuentra en peligro por una nueva normativa votada por el kirchnerismo, con Remo Carlotto a la cabeza, para trasladarlo del Hospital Durand -donde funciona desde su creación- al Ministerio de Ciencia y Tecnología. A cargo de esta transferencia, el ministro Barañao designó a Hernán Dopazo, un lobbista de los grandes laboratorios. Lo que pretenden es apropiarse del valioso equipamiento del BNDG y reconvertirlo en un "laboratorio de genómica humana", especializado en la producción de medicamentos a medida, atrayendo para esto la inversión de grupos capitalistas. Esta desnaturalización del BNDG responde a la misma política que lleva al Ministerio de Tecnología a promover al pulpo Monsanto. Como paso previo a su desguace, la nueva normativa establece que la información genética disponible en el BNDG podrá utilizarse exclusivamente para el esclarecimiento de delitos cometidos hasta el 10 de diciembre de 1983. En primer lugar, la fecha presupone que luego de la asunción de Alfonsín, el accionar de los genocidas cesó. Por caso, quita la posibilidad de identificar a Julio López, desaparecido en democracia. Pero, en segundo lugar, gran parte de las muestras biológicas no pertenecen a causas de lesa humanidad. Esto deja sin cobertura a personas que buscan su filiación y que, hasta ahora, podían realizarse los estudios en el BNDG pagando los reactivos. En nuestro país, donde la trata de personas es un delito endémico que se desarrolla con la complicidad del Estado, significa dejar nuevamente desamparadas a las víctimas. La transferencia del BNDG también significa el desguace del equipo profesional formado en el curso de dos décadas, reconocido internacionalmente. A los trabajadores del BNDG, actualmente bajo dependencia del Hospital Durán, se les ofrece la opción de pedir su traslado al Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero a costa de perder derechos adquiridos como antigüedad y carga horaria. Sin identidad tampoco hay justicia Los organismos de derechos humanos y familiares de desaparecidos exigen además garantías por la preservación las muestras que el BNDG tiene al día de hoy, que suman apenas 245. Su pérdida haría todavía más dificultoso restituir su identidad a los 400 niños, hoy adultos, que fueron apropiados durante la dictadura militar. Denunciamos este atropello cometido por el gobierno nacional. Exigimos la inmediata unificación de datos existentes en el Equipo de Argentino de Antropología Forense (EAAF) y del BNDG. Y realizar el entrecruzamiento de los 3.850 jóvenes que resultaron negativos en el BNDG con los datos genéticos que posee el EAAF. Apertura de todos los archivos de la dictadura. Proceder a un exhaustivo rastrillaje e investigación de todos los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio del país.

Seis sindicatos de importancia fueron a firmar sus paritarias en la Casa Rosada. Subrayaron, de ese modo, su acatamiento a los techos salariales indicados por la Presidenta. Se eligió un mentiroso 24%. El convenio más importante, el de comercio, consiste en un 14% durante seis meses y otros seis de 24%. En promedio, un 19%. La emblemática UOM, cabeza de la CGT oficialista, firmó por tres meses del 17% y el resto por un 24%, un promedio del 22,5% anualizado. Aquí la trampa es otra: el mínimo conformado es de 4.680 pesos ahora y de 5.000 en julio. Para entonces, la canasta familiar alcanzará los 9.000 pesos. Además, como las paritarias sufrieron un gran retraso, se liquidan retroactivos o sumas compensatorias que, al momento de su cobro, estarán desvalorizadas. En resumen, se han firmado porcentajes que no mejoran el salario real, que van detrás de los aumentos de precios y que colocan a la clase obrera más lejos de la canasta familiar. Estos aumentos no habrían pasado una asamblea de trabajadores. Fueron cocinados con los métodos propios de los Cavalieri, Caló o Pedraza. Por otra parte, todo un sector de la burocracia kirchnerista firmó por 18 meses. Lingieri, de Aguas; Santamaría, de encargados de edificios; Lescano, de Luz y Fuerza; y Conadu K y Ctera para docentes universitarios (por 16 meses). Así, dejaron a un sector de los trabajadores inermes frente a los ajustazos que se vienen. La burocracia oficial entregó los convenios sin obtener nada a cambio, ni en la cuestión de las obras sociales, ni en el impuesto al salario ni en las asignaciones familiares. La regimentación del sindicalismo kirchnerista llegó hasta el gremio del subte, cuya dirección -alineada con Yasky- replicó el 23% pactado por la UTA, dando la espalda a la disposición de lucha de los trabajadores. Antes, Yasky había hocicado en la peor de todas las paritarias, la cual terminó con un decretazo contra los docentes. Moyano y Barrionuevo Pero la contribución de la burocracia opositora de Moyano y Barrionuevo a estas paritarias con cepo es fundamental. Papeleros, gremio del moyanismo, firmó en abril por cuotas que suman un 26%, pero incluyendo importes en negro. Ahora, se sumó Palazzo, de La Bancaria, con un 24% sin cuotas, pero frente a una patronal cuyas ganancias aumentaron un 41% en 2012. Palazzo, además, fue a la Rosada y rompió con la CGT opositora, a la que considera "partidizada". Como si firmar la entrega del movimiento obrero en la Rosada no fuera una contribución a otra estrategia patronal, la del kirchnerismo. La línea de Moyano es que cada paritaria quede librada a su suerte: la renuncia abierta a cualquier acción de conjunto, después del gran paro del 20 de noviembre. Está realizando una contribución estratégica a la política patronal de la UIA y el resto de la burguesía, que batalla por aumentos de salarios inferiores a la inflación. Lo mismo para los sindicatos estatales o que dependen de los subsidios del Estado. El derrumbe de la CTA Micheli no pasa por su escasa incidencia en las paritarias, sino por haber colocado sus fichas en una alianza sindical con el moyanismo. La iniciativa del clasismo En este cuadro, las iniciativas para romper con los techos de las paritarias de la Rosada provienen de la izquierda, el clasismo y sectores combativos: gráficos, que arrancó el primer plenario de delegados en 25 años; prensa, con sus paritarios de base y movilizaciones por el 35%; Fate, que reclama el 35% y se movilizó al ministerio por la apertura de su paritaria a partir de una asamblea fabril; el pliego por convenio único, con 8.000 pesos de básico, de los sindicatos azucareros de Salta y Jujuy; las seccionales de izquierda de Conadu Histórica, que se movilizaron el 9 de mayo contra el acta paritaria de su gremio. Tenemos que seguir impulsando esas banderas en todos los gremios que no firmaron, pero también en los que ya lo hicieron. Las asambleas que rechacen esos acuerdos prepararán al movimiento obrero para próximas y seguras batallas. Este movimiento tendrá una expresión de reagrupamiento y lucha en la movilización del 24 de mayo contra el impuesto al salario y por asignaciones para todos, la que fue convocada en el plenario del Sutna San Fernando. Trabajemos con todo por ella.

"Hasta con el diablo estamos dispuestos a conversar por la paz en Venezuela", le dijo Nicolás Maduro a la red brasileña Rede TV. Esto sucede en medio de denuncias sobre conspiraciones golpistas dentro del oficialismo. La oposición derechista ha divulgado la grabación de una supuesta conversación entre Mario Silva, uno de los principales portavoces periodísticos del chavismo, con un jefe del G2 (el servicio de inteligencia cubano), Aramis Palacios, en la que hablan de una conspiración contra Maduro dirigida por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Las maniobras de Cabello incluirían una fuga de divisas y un desabastecimiento provocado ex profeso para deteriorar a Maduro. No es la primera vez que circulan rumores de este tipo, pero ahora tienen un efecto distinto, porque pegan sobre una crisis profunda del régimen político. Desde estas páginas hemos advertido, en más de una oportunidad, que la expectativa de una salida golpista apuntaba más al oficialismo que a la oposición de derecha, la que sin duda será la principal beneficiaria de que un golpe parta del chavismo. Entretanto, Maduro autorizó aumentos del 20 por ciento en el precio de la carne de vaca, la leche, el pollo y los quesos -cuando la inflación anualizada de marzo llegó al 29,4 por ciento. Esos aumentos no logran evitar la escasez extrema de alimentos, al punto que se temen saqueos en Caracas y otras ciudades. El gobierno tiene en sus manos decenas de plantas de alimentos, millones de hectáreas de siembra, distribuidoras de semillas y supermercados, pero la enorme desorganización de la producción y distribución alimentarias han llegado al punto del desastre. Así las cosas, comienzan a revertirse medidas centrales tomadas por Hugo Chávez en el pasado. Por ejemplo, Empresas Polar, acusada por el gobierno de conspirar para provocar desabastecimiento, se propone comprar harineras de maíz expropiadas por Chávez, lo que daría comienzo a un proceso de reprivatización de sectores clave de la economía. No se trata, por otra parte, de una simple oferta empresarial: ya hay conversaciones entre el gobierno y Polar para negociar el traspaso a manos privadas de una serie de alimentarias estatizadas. Maduro anunció, también, que las viviendas entregadas gratuitamente por el fallecido líder venezolano ahora deberán pagarse. Otro indicio importante del comienzo de la reprivatización: Globovisión, una suerte de "grupo Clarín" venezolano, otrora ariete de la oposición de derecha y estatizado por Chávez, vuelve a manos privadas y lo conducirá Leopoldo Castillo, uno de los emblemas de esa emisora durante su pugna con el chavismo, aunque ahora, según el mismo Castillo, sostendrá una línea "de centro"; es decir, de conciliación con el gobierno. En definitiva, ha llegado a un punto de inflexión la política gubernamental sustentada en los subsidios sostenidos por la renta petrolera. La política general del chavismo entra en crisis en el sentido más estricto del término: su gobierno no puede seguir desenvolviéndose como hasta la víspera. De ahí las indicaciones brasileñas para que Maduro llegue a un acuerdo con Capriles, con la derecha. Habrá que convencer ahora a Capriles y a la derecha, porque ellos ven su momento y -antes que negociar- prefieren presionar para que se hagan de una vez las elecciones municipales. Un triunfo fuerte de la los seguidores de Capriles los habilitaría, según especulan ellos, para impulsar un referendo revocatorio y voltear al gobierno. He ahí la encrucijada venezolana, que necesita encontrar su salida obrera y socialista.

El jueves 16, los estudiantes de la Empa (Escuela de Música Popular de Avellaneda) cortaron la avenida Belgrano para reclamar condiciones dignas de cursada. La Empa ha peleado durante más de diez años por la construcción del edificio único. A mediados de 2011 se consiguió que se licitara la edificación, pero al cabo de dos años la obra no ha avanzado ni la mitad de lo estipulado. Este año la situación se agravó, ya que los ingresantes 2013 cuentan con horas cátedras restringidas para cursar, y se acentuaron las condiciones de hacinamiento y falta de espacio. Es necesario ligar este problema a una depredación más general en la educación. En las asambleas que votaron el corte se concentró un debate de alta importancia: la conducción del centro de estudiantes, la Aníbal Troilo (La Cámpora), quiso limitar el reclamo a la provincia de Buenos Aires, responsabilizando a Scioli de la situación en la escuela. Sin embargo, en las asambleas triunfó la posición que responsabiliza tanto a Scioli como al gobierno nacional, entendiendo al ajuste en educación como una política de Estado (un ejemplo de esto es el 22% que impuso el gobierno nacional de tope a la paritaria docente). Desde la UJS, planteamos la necesidad de que el resto de los terciarios del distrito participen de la jornada, teniendo en cuenta que todos sufren los mismos problemas que la Empa (falta de edificios propios, aulas en peligro de derrumbe, falta de becas, ausencia de un boleto terciario). En Avellaneda hay siete terciarios municipales que cursan en pésimas condiciones. De la mano del intendente ultrakirchnerista Jorge Ferraresi nos encontramos con que el municipio no se hace cargo del financiamiento de los costosos materiales de cursada en los institutos artísticos. También peleamos contra la regimentación del municipio, que pone a dedo a los docentes. Es así que del corte participaron 300 compañeros de varios terciarios, y suscitó la atención y la solidaridad de los vecinos. Luego de la jornada se realizó una asamblea para sacar un balance y discutir cómo seguir. Quedó planteado realizar una nueva jornada de lucha el miércoles 29 de mayo, de conjunto con el resto de los terciarios, elaborando un pliego de reclamos por instituto. Organizarnos para enfrentar el ajuste y defender la educación pública es la perspectiva que debemos sostener estudiantes y docentes.

Un importante encuentro sindical convocado por la directiva del Sutna San Fernando, con la participación de decenas de cuerpos de delegados y comisiones internas combativas, convocó -para este viernes 24- una movilización desde el Obelisco al Ministerio de Trabajo. Estará presidida por dos planteos de gran importancia para el movimiento obrero: la eliminación del impuesto al salario y la restitución de las asignaciones familiares. La decisión del Sutna está tomando fuerza en varios sectores del movimiento obrero y, principalmente, entre direcciones y delegados del clasismo. El Congreso de Cicop (médicos) aprobó la concurrencia a la movilización. Los compañeros de Cables Lear, que vienen de un importante conflicto, también se sumaron luego de un debate en el cuerpo de delegados. Un plenario de delegados de obra del Sitraic votó la concurrencia a la marcha. También participa activamente la directiva de AGD-UBA. En las fábricas plásticas y perfumistas de la zona norte se ha realizado una importante agitación. Una convocatoria amplia de ferroviarios del Roca aprobó concurrir. Asimismo, en otra reunión de varias líneas de la UTA zona oeste, encabezadas por Ecotrans, se votó participar. El mismo camino tomaron la comisión interna de la papelera Kimberly Clark y varias internas gráficas, como Interpak, Morvillo, AGR Clarín e Impresores, de la zona norte. También adhieren decenas de delegados de prensa, agrupaciones estatales del Inti y el Inta, la Línea 60, del sindicato del peaje, de camioneros y textiles, entre otros. Las internas de Kraft y de Donelly, que no habían participado del plenario, también se sumaron, así como agrupaciones de bancarios y docentes, luego de la gran batalla que libraron este 22 por la dirección de Suteba. De este modo, el activismo combativo ha tomado en sus manos una gran reivindicación obrera que ha sido abandonada por la burocracia, tanto oficial como opositora. Significado En la actualidad, ya son dos millones de trabajadores los que pagan este impuesto, que en muchos casos le entrega al fisco un salario completo al cabo del año. El reciente aumento del mínimo no imponible -de un 16% anualizado- no sólo está muy por atrás de la inflación, sino incluso de los aumentos a la baja que han sido pactados en la mayoría de las paritarias. Ello sumará a decenas de miles de trabajadores a la carga del impuesto. Lo mismo ocurre con las asignaciones familiares. Si al impuesto al salario se suman el IVA y otros impuestos que se descargan sobre el consumo, queda claro que el presupuesto nacional K reposa cada vez más en la población trabajadora. Es el mismo régimen que premia a los capitalistas con blanqueos y subsidios de todo tipo. A través del impuesto al salario, el Estado es el instrumento de otra gigantesca transferencia de riqueza social de los trabajadores hacia los capitalistas. Para disimular el despojo, el gobierno presenta a los trabajadores en blanco y con convenio como "privilegiados" y financia la asistencia social con una parte de sus salarios. Ello destaca la decisión del Sutna, así como la de otros sectores obreros, de reclamar que las patronales que tomen a su cargo el impuesto e impulsar un plan de lucha por ello, mientras sigue la batalla por su anulación. La convocatoria del Sutna, por todo esto, tiene una enorme trascendencia política. Un sector combativo del movimiento obrero ha tomado esa decisión a partir del mandato de una asamblea general de fábrica. La iniciativa de lucha del Sutna San Fernando es independiente de su propio sindicato, enrolado en la CTA de Yasky, quien "admira" el impuesto al salario en nombre de la "redistribución de la riqueza". La movilización es también independiente de la CTA Micheli, con quien esta dirección inició una experiencia y advirtió los límites de la misma. Es necesario apoyar la movilización impulsada por el Sutna e impulsar en todas las empresas y los sindicatos la iniciativa, la cual abre un camino de independencia de las patronales, la burocracia sindical y el Estado.

El sábado 25 de mayo en la Plaza de Mayo, el kirchnerismo tiene la intención de "recuperar la calle" que nunca tuvo. El acto oficial parte así de una desventaja estratégica. En este contexto es lógico que recurra al ardid de un festival. A los músicos se les sumará el aparato del Estado a discreción. En soledad En la fiesta oficialista no serán de la partida buena parte de los que integraron o apoyaron al gobierno en sus diferentes fases. Estos diez años han sido de una desagregación política progresiva. La "construcción de poder del kirchnerismo" ha sido un rosario de improvisaciones. La pequeña burguesía camporista parece reinar en sectores claves del aparato estatal, pero que se encuentran todos en bancarrota. Dilapida el presupuesto con métodos de choque. La cercanía de las elecciones muestra su orfandad. El kirchnerismo necesita evitar la ruptura oficial de Massa. De lo contrario, con la segura derrota en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, este cumpleaños podría ser el último. Movimiento popular En la "década ganada" los K no han producido un movimiento popular. La ruptura con Moyano ha dejado al gobierno atado al ala derecha de la burocracia sindical; no bien llegue el momento estos burócratas dejarán que la camarilla K se hunda en soledad. El kirchnerismo dejó pasar la movilización política y social que desató el asesinato de Mariano Ferreyra para terminar con la burocracia sindical. Por el contrario, el gobierno acaba de enviar a su secretario de Transporte a la asunción del reemplazante de Pedraza en la Unión Ferroviaria, el burócrata Sergio Sasia, que también es dueño de una empresa tercerizada. Como se ve, están hundidos en excremento hasta la cabeza. En estos diez años, el oficialismo tampoco logró progresos significativos en lo que fue su mayor apuesta: La Cámpora y el movimiento de la juventud. Hablar de "década ganada" aquí sería directamente un fraude completo, pues alcanzan los dedos de la mano para contabilizar en todo el país los centros de estudiantes que han logrado conquistar. A diferencia de la vieja JP, La Cámpora no ha incursionado en los sindicatos, dejando a la juventud obrera en manos de la burocracia sindical. Después de todo, sus cursos de formación política los dictaba Pedraza en persona. La propia Presidenta concibió la formación de La Cámpora como una alianza con la Juventud Sindical, que sirviera para corregir los "errores" de los '70. La experiencia duró un suspiro, porque la ruptura con Moyano convirtió a la Juventud Sindical -que dirige su hijo- en un instrumento electoral de De la Sota y De Narváez. Quienes se resistían a admitir la función reaccionaria de La Cámpora tuvieron que cambiar de opinión luego de los sucesos del 24 de Marzo, cuando la Presidenta despotricó contra "banderas rojas". Crisis de fondo En el aniversario kirchnerista habrá ausentes que supieron ser aliados. Nos referimos a los Eskenazi, Repsol, Blaquier y otros grupos de la "burguesía nacional". Ni siquiera es claro, a esta altura, que Cristóbal López siga en el barco o esté anunciando un cambio de frente dolarizador por parte del gobierno. Es lo que que ya ha ocurrido con las brasileñas Vale y Petrobras. La Plaza de Mayo celebrará una crisis de fondo: crecimiento de la deuda externa a pesar de los pagos sistemáticos realizados; vaciamiento energético que obliga a utilizar 15 mil millones de dólares para importar energía; déficit fiscal creciente como consecuencia de una bola de nieve de subsidios que ya supera los 100 mil millones de pesos; inflación en aumento en pesos y en dólares que destruye el poder adquisitivo del salario, pero a la vez perjudica el comercio exterior; devaluación y un mercado paralelo cada vez más extendido; derrumbe de la infraestructura pública y del transporte; caída del consumo y, como se mostró en el último informa del Indec, también del empleo. Desarrollar una alternativa El kirchnerismo llega a sus diez años con signos inconfundibles de decrepitud. Las denuncias de corrupción en su contra son un síntoma de ocaso. La reconstrucción de la "burguesía nacional" ha sido un fracaso caro. La derecha busca explotar del agotamiento del kirchnerismo, pero con muchas limitaciones, porque no quiere hacerse cargo del muerto. En Venezuela, la implosión del chavismo va más rápido que la propia crisis. El Partido Obrero, que ha sido un opositor sistemático desde sus comienzos al kirchnerismo, ha sentado las bases con una lucha sistemática en estos diez años para un reagrupamiento de fuerzas de la clase obrera y la izquierda revolucionaria. Hay que construir, ahora, sobre esta ruta que ha sido trazada.