Prensa Obrera N° 1253

Una vez allí, llevamos adelante una radio abierta sobre la situación de encarcelamiento de las hermanas y de denuncia sobre la grave situación por la que atraviesan muchas mujeres en relación con la violencia que se ejerce contra ellas. Las hermanas Jara -Ailén y Marina- continúan presas por defenderse, el acosador se pasea por el barrio libremente; la defensora no ha dado cuenta aún de cómo viene el proceso judicial. ¡Nadie da garantías a la mujer trabajadora! Esto lo ha demostrado una vez más la Justicia argentina cuando, el pasado martes, falló a favor de la liberación de los 13 imputados en la causa Marita Verón. Es un Estado conducido por quienes se rasgan los harapos hablando de los derechos de las mujeres, pero cuando una mujer intenta defender su integridad y su propia vida se la encarcela. El miércoles 12 hemos interrumpido la siesta del sistema judicial; se finalizó la campaña de junta de firmas -se han presentado más de 3.000- por la liberación de Ailén y Marina en Tribunales; en simultáneo, la madre de las chicas, Elena, con representantes de la comisión de pedido por la liberación y representantes de Apel se reunieron con la defensora de las hermanas. Esta última solicitó audiencia ante los jueces del Tribunal 2 para instar a la excarcelación extraordinaria de Ailén y Marina. ¡Esto es una gran conquista! La semana entrante concurriremos para que la Justicia dé cuenta de la fecha concreta de liberación de Ailén y Marina. ¡Acompañamos tu lucha Elena! Desde la semana entrante queremos que las hermanas Jara empiecen a emprender la vuelta a casa.

Realizamos una actividad recreativa, cultural y social: un festival de cumbia santafesina a la cual asistieron adultos, jóvenes, niños y familias, caminando de barrio a barrio, llevando a sus hijos e hijas en sus cochecitos. Con esfuerzo y empeño hicieron que este evento al que asistieron grupos y bandas en vivo como "Los del Nara" (grupo organizado por un compañero (Jorge), "Alejandro Jara y los Majos" (músicos muy conocidos en el ambiente de la cumbia), un grupo de cumbia conformado por niños de no más de 13 ó 14 años, vecinos allegados a nuestra gran compañera "Elsa Rodríguez" y la gran intervención política del compañero "Sergio Salgado" sea todo un gran éxito. Así también hay que agradecer a todos los que colaboraron ya sea comprando una entrada o colgando un banderín para decorar nuestro salón y que nuestra "actividad financiera" haya sido un éxito. Sin más que decir "Berazategui" se pone de pie, lucha y organiza.

El martes 11 se realizó una nueva manifestación de vecinos en rechazo a la instalación del proyecto nueva costa del Plata. Este megaemprendimiento inmobiliario, cuyo beneficiario será la multinacional Techint, eliminará la selva marginal y los humedales costeros. El municipio de Quilmes, desde la asunción del intendente Gutiérrez, está decidido a realizar esta operación. Los directivos de Techint deberían estar presos por los desastres ecológicos, así como las enfermedades y muertes de niños en las torres de Wilde, a causa del relleno sanitario de la Ceamse, operado por una empresa del Techint. En cambio, fueron premiados con las tierras vírgenes de la costa del río de la Plata, desde Sarandí hasta Bernal. Desde el Partido Obrero de Quilmes venimos acompañando la lucha de la asamblea ambiental contra la privatización de la costa. El intendente Gutiérrez desenvuelve su rol de burócrata sindical de la UOM, que defiende los intereses de la patronal metalúrgica, contra los intereses de los vecinos. No a la privatización de la costa. Defensa del río para la recreación y descanso de la población. El viernes 21 se tratará el proyecto en el Concejo Deliberante. Llamamos a la población a movilizarnos nuevamente para que no pase su tratamiento.

20 y 21 de diciembre, elecciones de representantes El 20 y 21 de diciembre se van a realizar las elecciones de representantes graduados en el Consejo de Escuela Resolutivo (CER). Están habilitados a votar únicamente los graduados que se hayan empadronado. LISTA: "GRADUADOS DE IZQUIERDA" TITULARES 1. Juan WINOGRAD 2. Mariano JAIMOVICH SUPLENTES 1. Pablo RIEZNIK 2. Guadalupe ATIENZA http://www.facebook.com/graduados.deizquierda

El intendente Moccero, referente del Kolina en la sección sexta, firmó una declaración con intendentes de la UCR en la cual reclaman que no se apliquen en la zona los aumentos que votó la Legislatura provincial sobre el inmobiliario rural que, en realidad, fueron insignificantes. Además, direccionó buena parte del presupuesto municipal a la compra de maquinaria para reparar los caminos rurales, mientras el hospital se cae a pedazos y mientras construye viviendas populares... ¡de madera! El "sojero" de Kolina Moccero está en una cruzada contra los trabajadores: no recibe al sindicato hace ocho meses, no paga extras en el hospital y ha tomado varias medidas antisindicales, como desconocer permisos gremiales a los delegados y despedir contratados por ser parientes de huelguistas. Además, mantiene tres causas contra dirigentes del Sindicato Municipal (STM). Una de ellas contra Rubén Allende -por "incitación a la huelga"- había sido cerrada por el fiscal y Moccero viajó a los tribunales de Bahía Blanca para reabrirla. El intendente desconoce los acuerdos por los que los contratados pasaban a planta interina y los interinos a planta permanente automáticamente al cabo de un año. Para "disuadir" conflictos futuros, ha metido un presentismo que representa el 25% del miserable básico de 2.000 pesos. ¿Quién le marca la cancha al intendente? Moccero fue noticia en los medios nacionales porque él y su comisario comunal tuvieron una intervención sospechosa en el conmocionante caso de secuestro protagonizado por la periodista Heit y por su marido (ver PO Nº 1.250). La oposición -PRO, Udeso-, que amenazaba con investigarlo, no pasó de las palabras. Sin embargo, el repudio al intendente K crece en la ciudad. El cacerolazo del 8N fue masivo y expresó rechazo al gobierno nacional y al local. Moccero recorrió los medios durante todo el día tratando de desmontar la protesta. El STM ha presentado varios petitorios en la delegación del Ministerio de Trabajo, pero esta no mueve un dedo para obligar al intendente a responder los justos reclamos. Moccero ni siquiera se presenta en las audiencias. Por ese motivo se prepara una asamblea general que va a considerar un plan de lucha que incluye entre sus reclamos un premio de fin de año y un aumento salarial del 40% para 2013; además, la resolución de todos los agravios pendientes. Los trabajadores y su lucha han mostrado ser el único límite real que tiene la política antiobrera y antipopular de Moccero. Todo el pueblo de Coronel Suárez tiene que apoyar sus reclamos y su lucha. Hay que preparar la asamblea general con un debate en el cuerpo de delegados, que haga consciente esta situación; llevarlo a cada sector y salir a la lucha con una fuerte agitación sobre el conjunto de los trabajadores y del pueblo suarence.

Al cierre de esta edición, una sesión extraordinaria de la Legislatura se disponía a aprobar el traspaso del subte. Ha trascendido que el macrismo cerró finalmente un acuerdo con los legisladores K. En el borrador presentado, el ejecutivo PRO tiene máximos poderes durante un lapso de dos años, prorrogables a otro más. Está facultado a aumentar la tarifa "según costos" y concesionar el servicio o, en su defecto, constituir una sociedad estatal con participación de capitales privados, sin descartar la prórroga del contrato de Metrovías. Para el financiamiento del servicio, además de un seguro aumento del pasaje, el macrismo reemplazaría el impuesto a las naftas -un punto de conflicto con los k- por otros aumentos de impuestos. También se autoriza al Ejecutivo a emitir deuda por 300 millones de dólares. Ataque a los trabajadores En lo esencial, el traspaso es un golpe a los derechos de los trabajadores. En el consenso Macri-K, la caracterización del subte como "servicio esencial", que obligaba a garantizar servicios en caso de conflictos, se reemplazaría por "servicio público", con intimación a que la prestadora garantice un tráfico de un 60% del normal. Es un aval para que la patronal rompa las huelgas y se oficialice el accionar de la patota de la UTA contra los huelguistas. También se penaliza con multas y se habilita la denuncia penal contra los que obstaculicen la recaudación (liberación de molinetes), ejerzan "compulsión" a la huelga, o causen "alarma en el servicio", además de la obligación de los gremios de avisar medidas de acción con 48 horas de antelación. La revisión de la condición de insalubridad del subte y, por ende, de la jornada de seis horas, se seguía discutiendo. El sector kirchnerista de la Directiva de la AGTSyP -el sindicato del subte- fue un gestor esencial en estas negociaciones, y ya está presentando como un triunfo a lo que llama la "atenuación" de los artículos más antisindicales, cuando, en lo esencial, sólo se ha disimulado el contenido antiobrero de los mismos. Las bases del subte jamás fueron convocadas a informarse u opinar sobre el traspaso. Las concentraciones que se realizaron frente a la Legislatura fueron desalentadas por la directiva kirchnerista, que se opuso también a que la medida fuera acompañada por un paro, como lo propusieron algunos delegados y asambleas de varios talleres. El macrismo ya ha expresado la decisión política de reducir personal, flexibilizar las tareas y domesticar a los históricos luchadores del subte. Ha anticipado retiros voluntarios, jubilaciones de oficio, conducción de trenes por un solo trabajador y máquinas expendedoras de pasajes. Ello, con independencia del 'articulado' de la ley. Una vez con los superpoderes en la mano, le bastarán resoluciones administrativas para llevarlas a cabo. Por ejemplo revertir la jornada de seis horas de trabajo. Los bloques no K de la oposición, Proyecto Sur, FAP-Lozano, CC, coincidieron con el traspaso, la tercerización del gerenciamiento a privados y el financiamiento con aumento de tarifas y de impuestos. A ninguno se le ocurrió tocar los intereses de Roggio y anular la concesión. Mucho menos reconocer la legitimidad de la AGTSyP. Las condiciones de Macri Macri finge que recibe el subte contra su voluntad, pero desea el traspaso con desesperación, porque tiene un amplio plan de negocios: deuda externa, inversiones 'amigas', negocios inmobiliarios. Por eso, coquetea con una estatización, que le permitiría manejar el servicio y sus colaterales a voluntad. Ha querido agregar, al monopolio de la representación sindical por parte de la burocracia de UTA, una limitación del derecho de huelga. El gobierno de CFK, que la conducción de la AGTSyP considera propio, fue el gran creador de esta "tercerización" del ajuste mediante el traspaso del subte a Macri, cuando decidió terminar con los subsidios. Con este pacto con Macri, ha traicionado a sus aliados en la AGTSyP. Como parte de ello, su ministro Tomada ha negado la personería gremial al sindicato del subte y mantienen a los patoteros de la UTA como sindicato "oficial". El Partido Obrero y la Agrupación Trabajadores de Metrovías desarrollaron una intensa campaña contra el traspaso, y a favor de que el gobierno nacional convoque a los trabajadores a proponer su salida a esta crisis, sin tarifazo, sin impuestazo, con apertura e investigación de la cuentas de Metrovías, financiamiento por medio de impuestos al gran capital y gestión obrera mayoritaria. Este programa, que se completa con la exigencia de la personería gremial para la AGTSyP, es la base para enfrentar la política antiobrera que Macri intentará aplicar de aquí en más.

Después de varios meses de caída en picada, desde su reestatización parcial, las acciones de YPF mostraron un repunte. La razón de fondo para que esto ocurra es la triplicación del precio del gas natural, que el gobierno dispuso para la producción que supere los niveles históricos de cada yacimiento. El tarifazo es el único recurso del gobierno para sacar a la petrolera -y a la política energética- del pantano. A partir de estos aumentos, la administración kirchnerista quiere acelerar el endeudamiento interno y externo de la petrolera, así como las asociaciones con grupos petroleros privados -tanto locales como internacionales. A caballo del tarifazo Antes de que se anunciara el tarifazo en el gas, el presidente de YPF, Galuccio, le tiró otro ultimátum a la Presidenta: "las naftas deben subir un 35% por encima de la inflación" (Clarín, 16/11). Los tarifazos son la garantía de un endeudamiento. El primer prestamista es la Anses, aunque en condiciones favorables para la petrolera. Por otro lado, el gobierno impulsa asociar a YPF con grupos locales -como Bulgheroni o Eurnekian- y, fundamentalmente, petroleras internacionales. También anunció una preferencia en beneficio de proveedores locales de equipos o servicios petroleros. Los límites de esta política son claros: los préstamos obtenidos hasta ahora no llegan a financiar el 5% del "plan de inversiones". El camino del financiamiento internacional -y las "alianzas estratégicas" afuera- plantean exigencias de otro alcance. Fondos buitres y Repsol En sus reuniones con inversores, Galuccio explicó que va a salir a tomar préstamos al exterior "cuando la situación de Argentina se normalice (...) después de todo el asunto de los holdouts" (Clarín, 8/12). Otro escollo -mayor- es la expropiación ‘inconclusa' de Repsol. "No hay un solo día en que no haya conversaciones sobre ese asunto entre el gobierno argentino y el español" (La Nación, 20/11). A las presiones de los grupos petroleros, se ha sumado recientemente el propio Departamento de Estado norteamericano, el cual acaba de reclamar al gobierno argentino un "justo resarcimiento" en este caso. Repsol exige una indemnización de 10.000 millones de dólares, que representan la mitad de los recursos propios que YPF tendría que invertir en el próximo lustro. También demandó a Chevron por el acuerdo firmado con YPF, en relación con Vaca Muerta, por "apropiarse de los hallazgos de Repsol" en el yacimiento. Los nuevos contratos La triplicación del precio del gas ‘nuevo' parece haber acelerado los acuerdos con Chevron y Bridas. El "modelo de asociación" con estos grupos les permite "tomar una participación en un bloque del yacimiento a cambio de que financien los costos de exploración y producción por unos años" (Clarín, 8/12). Los pulpos no serían contratistas sino socios plenos de YPF, con derechos sobre el petróleo o el gas extraído. Pero la libertad para disponer de los hidrocarburos deberá completarse, primero, con la habilitación para exportarlos y, después, con la remisión sin restricciones de utilidades al exterior. El kirchnerismo se apresta a explotar Vaca Muerta con el modelo de asociación más leonino en favor del capital extranjero. El tarifazo del gas es sólo del comienzo. La ruta de los acuerdos con los monopolios petroleros exige un cambio total del ‘modelo' intervencionista. Es lo que concluyen los ex ministros de Energía, quienes actúan como ariete de la oposición.

El jueves 13, una masiva marcha de los "Guardapolvos" -convocada por la CTA Bahía, por Suteba y por los gremios que agrupan a médicos provinciales y municipales- recorrió el centro de la ciudad. Se destacó la combatividad de jóvenes médicos que manifestaron con gran entusiasmo. Los docentes marcharon con sus reclamos contra el ajuste provincial y contra los descuentos de los días de huelga. La población trabajadora de Bahía Blanca se caracteriza por su elevada dependencia del sistema de salud estatal. Primero, a raíz de la amplia difusión del trabajo en negro y la existencia de una tasa de desocupación que suele estar dos puntos por encima del promedio nacional (con un incremento en lo que va del año de un 6% a un 10%). Segundo, debido a las pésimas condiciones de salubridad y de infraestructura de los barrios, que predispone a la familia trabajadora a numerosas enfermedades. Tercero, a causa de la contaminación del aire generada por el polo petroquímico, instalado a escasas cuadras del centro de la ciudad. Por otra parte, el hospital Penna debe atender una importante demanda regional, ya que es el único provincial de la región sanitaria I -650.000 habitantes-. Además, la crisis de las obras sociales orienta a muchos trabajadores con cobertura privada hacia los hospitales públicos. El sistema de salud público disponible para atender esta enorme demanda se encuentra en un estado de colapso. La estructura física del hospital Penna se derrumba, su reparación requiere 25 millones de pesos que el gobierno provincial no está dispuesto a poner. El hospital dispone de espacio para 800 camas en sus cuatro pisos, pero en la actualidad sólo están activas unas 300. ATE ha denunciado la clausura de 20 habitaciones y de numerosos baños, por problemas edilicios; también señaló la existencia de cargos vacantes que no se concursan y deudas salariales con el personal. Desde setiembre se racionan las viandas de alimentos para el personal y se restringe el servicio -contratado- de limpieza. Como el presupuesto de 2012 se agotó a finales de octubre, las autoridades del hospital cancelaron todas las cirugías programadas. Los vecinos atribuyen los feos aromas que inundan las calles aledañas a la acumulación de agua estancada, perdida por equipos pertenecientes al hospital y a la descomposición de cadáveres en la morgue, que sólo dispone de espacio refrigerado para dos cuerpos. El gobierno provincial planea un brutal recorte real de la partida de salud para 2013, con un incremento nominal muy inferior a la inflación. El estado del hospital municipal no es mejor. También allí se repiten las denuncias de los trabajadores sobre deficiencias edilicias y, sobre todo, de personal. Sciolistas y kirchneristas -el intendente de Bahía Blanca está alineado con el gobierno nacional- compiten por disimular las tremendas consecuencias de una política centrada en el sometimiento de la salud al pago de la deuda externa y de los subsidios a las grandes empresas. El Partido Obrero llama a toda la población laboriosa, a los gremios y a todas las organizaciones populares a sostener un plan de lucha por la salud del pueblo. Aumento de presupuesto ya, financiado con un gravamen aplicado a las grandes empresas industriales, comerciales y agropecuarias. Por una reorganización del sistema de salud pública basado en una comisión de trabajadores de la salud, independiente de las empresas del sector.

Campomar, una textil vaciada por los capitalistas en los años 70, cambió varias veces de manos. Siempre con el Estado como garante, que se la entregó a distintas financieras y testaferros. Sin actividad fabril durante la dictadura, fue entonces centro de detención, de tortura y de fusilamientos. En julio, Cristina Kirchner avaló la construcción de dos docenas de torres de lujo en ese predio. La edificación, en manos del grupo K Electroingeniería, se haría mediante créditos aportados por bancos del Estado. Pero la investigación sobre los crímenes en el centro clandestino que ocupaba ese predio aún no ha concluido. A pesar de los testimonios de una decena de vecinos frente a la Justicia y de un sobreviviente, el tribunal acaba de darle a Electroingeniería luz verde para avanzar en la demolición y para que construya sobre el ex centro clandestino. La Cámara Federal de apelaciones había impuesto una medida de no innovar durante 60 días, pero no ordenó ninguna investigación científica sobre el suelo del ex centro. Luego, y sin mosquearse, ha revocado la medida cautelar. La Comisión de Vecinos por Memoria, Justicia y Verdad en Campomar se ha movilizado y denunciado estas anomalías. Insistimos que se practique una investigación con todos los adelantos científicos existentes, para que se verifiquen las denuncias sobre la existencia del campo de exterminio. Que el predio sea destinado, en una porción, a honrar la memoria de los compañeros desaparecidos y el resto a construir viviendas populares para las miles de familias víctimas del déficit habitacional en el distrito. Llamamos a las organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas a pronunciarse al mail vecinosdelanusporlamemoria@gmail.com, señalando que "en Campomar, sin investigación científica no hay justicia".

El martes 18 declararon el periodista Diego Rojas; el congresal de la Lista Verde Germán Aguirre, y Carlos Baistrocchi, médico forense que elaboró el informe neurológico de Elsa Rodríguez. El resultado fue abrumador contra Pedraza y su patota. El primero en declarar fue Diego Rojas, el autor de ¿Quién mató a Mariano Ferreyra? y de numerosos artículos de investigación referidos al caso. Su libro forma parte de la prueba del juicio. Con su testimonio, aportó detalles de su investigación y varios datos más, obtenidos con posterioridad a su publicación. Rojas explicó que escribió su libro "por iniciativa propia, por el impacto público que tuvo el crimen de Ferreyra y por la conmoción que me causó en particular". "Fue un crimen político", le dijo de entrada al tribunal. "Por un lado, traté de reconstruir qué sucedió el 20 de octubre de 2010 por medio de relatos de los hechos. Por otro, intenté hacer una semblanza de Ferreyra, entrevistando a quienes lo conocieron. Por último, indagué en el contexto económico y político, para establecer las causas que motivaron el ataque a los tercerizados". Rojas plasmó en su libro la única entrevista concedida por Pedraza luego del crimen de Mariano. En su declaración, se refirió largamente a ella. "Lo primero que me impresionó -dijo- fue su profundo conocimiento" de todo lo que sucedía en el sindicato y en la cooperativa Unión del Mercosur, que estaba dirigía por gente del propio sindicato". "Pedraza me dijo que sabían de la movilización de los tercerizados desde el día anterior. Me contó de un diálogo con Fernández, quien le dijo que su gente no se iba a meter y que ‘mucho menos' iban a convocar barrabravas porque ‘se podían descontrolar y provocar un muerto'. Lo que me sorprendió fue que convocar barrabravas formara parte de su imaginario. Además, fue Pedraza quien introdujo el tema". Rojas abundó en su declaración sobre la relación entre la burocracia ferroviaria y las barras bravas del fútbol. Rojas relató que cuando le dijo a Pedraza que sus hombres habían amenazado a los periodistas de C5N para que no filmaran lo que iba a suceder, éste le contestó: ‘¡Pero si la mayoría no sabía que iban a disparar!'. "Esa fue su frase textual", dijo ante el tribunal. Continuó Rojas: "Después del libro, entrevisté a José 'Dinamita' Pérez, un ex boxeador, ferroviario, que lo conocía a 'Harry' (Favale) del barrio, y lo tenía por 'chico malo'". Pérez participaba como peón de los enjuagues financieros de la burocracia y recibió una paliza por extraviar algunos miles de pesos. "Me contó que Favale quería entrar al ferrocarril y él le dio la tarjeta de Pablo Díaz. Más tarde, lo vio barriendo en una estación, trabajando para Herzo (una tercerizada). Al tiempo, se lo cruzó por la calle. Ya no trabajaba en Herzo, pero le dijo que Díaz lo iba a contratar para cagar a palos a los pibes de las contratistas". 'Dinamita' Pérez le contó a Rojas que, poco después del crimen de Mariano, gente del sector de encomiendas de Constitución le pidió que guardara unas armas, pero él no aceptó. "Constitución es un centro delictivo, un aguantadero de armas", dijo Diego. Rojas también habló del negocio de las tercerizadas. "Había más de una veintena en el Roca. Entre ellas, por supuesto, Unión del Mercosur. La Secretaría de Transporte les entregaba los fondos y las empresas los manejaban a su antojo. Pagaban salarios más bajos e imponían ritmos de explotación mayores. Los nombres de los directivos de las tercerizadas se repetían en varias empresas, y varias de ellas eran directamente propiedad de los grupos económicos que componen Ugofe". Diego leyó algunos de los nombres que incluyó en su libro. Los defensores preguntaron poco. "El Gallego" Fernández fruncía el ceño, con gesto preocupado. Su habitual media sonrisa había desaparecido. Fenzel, el defensor de Pablo Díaz, estaba ofuscado. Su cliente gesticulaba, y el presidente del tribunal lo invitó a que "si tiene algo para decir, se siente acá y preste declaración". Rojas dijo que, de acuerdo con los testimonios que recogió, Favale oficiaba de custodio de Díaz. Se refirió también a las fotos que muestran a Favale vistiendo chaleco de la Unión Ferroviaria, cerca de sus dirigentes, en el acto que Moyano hizo en River apenas unos días antes del crimen de Mariano, y en el que Cristina Fernández fue la oradora principal. Fue otro de los grandes testimonios que se escucharon en este juicio. No hay peor astilla que la del propio palo Aguirre es ferroviario desde 1995. Fue activista, delegado de base y congresal, desde 1997 hasta la fecha. Conoció bien a Fernández y a Pablo Díaz. "A Pedraza lo vi tres veces en 17 años". Explicó que, para 2010, atravesaba un período de desavenencias gremiales dentro de la Verde. Denunció que Karina Benemérito y "El Gallego" Fernández lo convocaron el 6 de septiembre, para impedir que los tercerizados bloquearan las boleterías de Constitución, y que él y sus compañeros se negaron a ir. "Les dije que no íbamos a ir porque nuestra función no era andar corriendo gente, que de eso se tenía que ocupar la policía, en todo caso". "Para el 20, no me llamaron, porque ya sabían mi posición. Me habían sacado unos volantes que decían: 'Te recordamos, Morsa, que los cadáveres los amontonamos uno a uno'". "Los que convocaban eran Karina Benemérito, Patricia Carabajal y el delegado Piola". "No lo hacían de motu proprio. En la Unión Ferroviaria hay una verticalidad". "Yo era delegado y Fernández me había prohibido hablar con otros directivos". Aguirre denunció que Humberto Martínez, secretario general de la seccional sur de la Unión Ferroviaria, cobraba una tajada del salario de los empleados, por hacerlos entrar al ferrocarril. "Un porcentaje se lo quedaba él y el resto, ‘lo tiraba para arriba' -era su expresión. Arriba de él, estaba Fernández". El 20 de octubre, Aguirre estaba en el congreso de la revista Latin Rieles, en la sede de la Unión Ferroviaria. "Cuando me enteré de que había gente apedreada, le dije a Karina Benemérito, que es de la directiva, '¿por qué no paran todo esto?', y ella se puso muy nerviosa". Fuerza, Elsa El último en declarar fue el médico Carlos Baistrocchi. Presentó un diagnóstico sobre las secuelas de Elsa. Explicó que, si la rehabilitación es permanente y continua, "puede evolucionar y mejorar, pero nunca será una restitución integral". Fue categórico al afirmar que, por las heridas que recibió, la vida de Elsa corrió peligro, y que su rápido traslado al hospital fue clave para reducir daños. El interrogatorio de Freeland fue escandaloso, dirigido a culpar a los compañeros de Elsa -también víctimas del ataque de la patota- por las graves secuelas que le produjo la herida de bala. Recordemos que Freeland es el defensor de "El Gallego" Fernández. Su hipocresía desborda todos los moldes. Ultimo En esta audiencia, también estaba citado a declarar Humberto Martínez, secretario general de la seccional sur de la Unión Ferroviaria. No se presentó y su teléfono estuvo desconectado todo el día. Es un testigo propuesto por Froment, el abogado de Pedraza. También iba a declarar el detenido Francisco Pipitó, uno de los que amenazó a los periodistas de C5N, pero finalmente desistió. Dijo que se sentía mal. Declararía en la próxima audiencia.

Apenas conocido el fallo absolutorio de los trece acusados en la causa por la desaparición de "Marita" Verón, una ola de repudio popular se alzó por todos los rincones de nuestra ciudad. Rápidamente, desde las organizaciones populares, sindicales y de izquierda se armó una convocatoria para movilizarse al día siguiente. Por otra parte, también los funcionarios municipales y provinciales salieron a convocar a un acto en la plaza Pringles, donde los principales oradores fueron la intendenta Mónica Fein (PS), la vicepresidenta del Concejo, Norma López (FPV) y María Eugenia Schmuck (UCR). Con la presencia del gobernador Bonfatti y de Hermes Binner. Este acto fue ampliamente difundido en los medios locales, al mismo tiempo que silenciaron la convocatoria a la movilización del resto de las organizaciones. En este "actito", que no pasó de las 200 personas, los funcionarios del FAP y del Frente para la Victoria se dedicaron en sus intervenciones a encubrir sus propias responsabilidades. Le echaron todo el fardo a la Justicia y resaltaron, hipócritamente, la figura de Susana Trimarco y su lucha por la aparición de su hija. En cambio, en la movilización y en el acto convocado por las organizaciones populares y de izquierda -que reunió más de 1.000 personas y que recorrió todo el centro-, se denunció la vinculación de la Justicia con el poder político tucumano, se exigió el desmantelamiento de las redes de trata, y la aparición con vida de "Marita" Verón y de todas las desaparecidas. Desde el Plenario de Trabajadoras denunciamos, además, que en nuestra provincia continúan desaparecidas 100 mujeres por las redes de trata, que el turismo sexual en el norte de la provincia -encubierto bajo los tours de caza, con los prostíbulos desplegados a lo largo de todos los puertos sobre el Paraná- se mantienen al amparo de los funcionarios policiales y judiciales, con un entrelazamiento profundo también con el poder político. Que el FAP no ha desmantelado una sola red en la provincia ni ha rescatado a las víctimas. Que su denuncia del fallo judicial tucumano abona la misma teoría del kirchnerismo para encubrir sus responsabilidades. Exigimos también la condena de los imputados y el juicio y castigo al gobernador de Tucumán, José Alperovich; a su antecesor, Julio Miranda, y al capomafia Rubén "La Chancha" Ale. Queda más claro que nunca que en nuestra provincia ni el Fap de Binner ni el Frente para la Victoria representan una salida para las mujeres que luchan contra la explotación sexual, contra la violencia de género o contra la esclavitud laboral. Que sólo con la organización independiente de estos partidos y sus representantes podremos vencer la impunidad y avanzar en el camino de la liberación de toda opresión contra la mujer.

Los incidentes del jueves 13, frente a la Casa de Tucumán, fueron una provocación en regla del "ministro de facto" Sergio Berni, que derivaron en otra crisis política que tuvo, entre sus consecuencias, la renuncia del jefe de la Policía Federal, Enrique Capdevila. Nada le sale barato al kirchnerismo en estos tiempos. Berni preparó o aprovechó la acción de un grupo de jóvenes "kirchneristas críticos", quienes tienen una visión extrañamente peculiar de la política: ellos creen que el "gobierno popular" debe ser presionado para forzarlo a avanzar y, para eso, nada mejor que las piedras. En esos adoquines que volaron contra las vidrieras de la Casa de Tucumán viajaban las expectativas de esos militantes en el gobierno "nac&pop". En ese momento, el todavía jefe Capdevila veía los incidentes desde los monitores del Departamento Central. Capdevila es un represor callejero experto: fue director de Orden Urbano y condujo personalmente varias operaciones de palo, gas y bala de goma contra manifestantes de diversas índoles. Cuando vio lo que sucedía en la Casa de Tucumán, llamó a sus antiguos subordinados de Orden Urbano para ordenarles que se reprimiera de inmediato a los tiradores de piedras: "señor, acá está Berni a cargo", le contestaron. Obviamente, se pudrió todo. Capdevila, hecho una furia, entró en el lugar donde estaba Berni y todo terminó como se conoce: a gritos, casi a piñas. Capdevila se fue para tirarle la renuncia por la cabeza a Nilda Garré (véase La Nación, 14/12). También se sabe lo que sucedió después: cuando los tirapiedras terminaron su función y se retiraron, Berni le ordenó a la infantería que atacara a la columna del Partido Obrero, que acababa de llegar y había sido del todo ajena a lo sucedido momentos antes. La represión servía también para frustrar una movilización multitudinaria, en momentos en que centenares de personas llegaban a la Casa de Tucumán. Mientras tanto, la otra infantería de los K -la mediática, con el patético Eduardo Feinmann a la cabeza- cumplía la otra parte de la operación: repetía la pedrea una y otra vez y le sobreponía en pantalla un cartel con la leyenda "Donda, Altamira y Castillo avalan los incidentes". Una maniobra demasiado burda, propia de una mentalidad cuartelera como la del carapintada Berni. Sin embargo, detrás de todo el asunto bullen las tendencias del gobierno a la desintegración. El sueño de la camarilla propia Capdevila ya había renunciado hace unos meses, pero entonces Garré había logrado retenerlo. El ex jefe era el último hombre de alguna confianza que la ministra tenía en la Federal, su última espada en la lucha interna que sostuvo con Berni desde el día en que este militar llegó al ministerio en reemplazo de la ex fiscal Cristina Caamaño. Berni, con el aval de la Presidenta, le fue impuesto a Garré por el secretario legal y técnico, Carlos Zannini, y por el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli. Si la "seguridad democrática" había terminado de morir con el Proyecto X, Berni la enterró sin honores. Se acabó. Garré hizo un intento postrero con su "policía de aproximación" a las villas. El comisario Adriel Paulino estuvo al frente del experimento, aunque ni siquiera a Capdevila le agradaba esa idea por considerarla inútil. Berni resolvió el problema cuando lo echó a Paulino con una excusa menor, sin consultar a Capdevila ni a Garré. En el fondo del asunto se cuece un estofado que hiede. Berni, sistemáticamente, rompe la cadena de mandos, no le da órdenes a los jefes sino directamente a los oficiales a cargo de determinado operativo o, mejor aún, a los oficiales de su confianza. En otras palabras: está organizando en la Federal, recorrida por camarillas e internas feroces, su propia camarilla. El jueves 13, con los hechos de la Casa de Tucumán, se vio más claro que nunca cuál es su idea acerca de la función policial cuando la crisis golpea y la movilización popular se multiplica. Se debe advertir la peligrosidad del asunto. Con los antecedentes de la Federal en materia de represión ilegal, con los del propio Berni en materia de espionaje, por su condición de provocador, por su gusto por la infiltración, resulta inevitable pensar en un germen de Triple A cuando se sabe que este hombre organiza una estructura semiclandestina dentro de una fuerza de seguridad corrompida hasta la médula. El bonapartismo tardío, cuando empieza a disgregarse, roza permanentemente el fascismo.

El juicio por el crimen de Mariano ingresa en la recta final. Al momento de publicarse este artículo, estarán declarando los últimos testigos. Luego, para finalizar la etapa de 'producción de prueba', se dedicarán algunas audiencias a las escuchas judiciales registradas durante la instrucción (en el veredicto, serán valoradas solamente aquellas que se reproduzcan en la sala de audiencias) y se realizarán inspecciones oculares en la sede de la Dirección General de Operaciones y en el lugar de los hechos, en Barracas. Por el momento, y a pesar de las versiones que trascendieron, solamente Francisco Pipitó anticipó que está dispuesto a prestar declaración indagatoria. El juicio entrará en receso del 28 de diciembre al 16 de enero. Es probable que en febrero comience la etapa de los alegatos, que insumirá varias audiencias. Luego de los alegatos de la fiscalía y las querellas, de la respuesta de las defensas y de las rondas de réplicas y dúplicas, el tribunal dispondrá de cinco días para dar a conocer su veredicto. Hasta quince días más tarde podrá exponer sus fundamentos. A lo largo de estos 26 meses, la movilización por el castigo a todos los responsables del crimen de Mariano no cesó ni un instante. A esta altura del juicio, está archiprobada la existencia de un plan criminal, pergeñado por la cúpula de la Unión Ferroviaria junto a empresarios y funcionarios, para ‘aleccionar' a los tercerizados, y también la participación fundamental de la policía. Entramos en la fase crítica de las definiciones. Llamamos a redoblar todos los esfuerzos para coronar esta gran lucha con una victoria. Perpetua a José Pedraza. Justicia por Mariano.

La Agrupación Ferroviaria 29 de Mayo repudia la persecución que lleva adelante Othacehé a los trabajadores que se organizan desde la izquierda para defenderse de los atropellos de estos políticos, que contratan matones a sueldo para mantener sus privilegios y que no dudan en aplicar métodos fascistas, como el escrache a personas trabajadoras. Como trabajadores ferroviarios, sabemos sufrir este tipo de persecuciones y enfrentamos las patotas pagas de dirigentes corruptos de nuestros sindicatos. Hoy son los compañeros de Merlo los que soportan las persecuciones ideológicas y violentas. Somos conscientes de que estas metodologías avanzan en la medida en que los trabajadores retrocedemos; pero si todos clavamos el taco y avanzamos organizados, son ellos los que retroceden y se convierten en corderos.

La semana pasada aparecieron por todo el distrito volantes y afiches difamatorios contra el Partido Obrero. En esta oportunidad, contra Analía Pascual, de Tribuna Docente y delegada del Suteba, y contra Romina Canu y David Rojas, de la UJS. El ataque busca desacreditar a compañeros que se han puesto a la cabeza de las luchas en el distrito. El Partido viene desenvolviendo una sistemática denuncia de los ataques de Othacehé contra los trabajadores y contra la juventud. Los compañeros de la UJS integran, con la agrupación "20 de Diciembre", el Frente Epa que dirige el centro de estudiantes del Terciario 29; y están dando una batalla contra el golpe que el othacehismo ha perpetrado contra el centro, montando elecciones truchas a espaldas de los estudiantes. El volante contra nuestra compañera Analía busca desacreditarla como trabajadora de la educación, haciendo eje en su militancia de izquierda. Pretende instalar la persecución ideológica en su ámbito laboral. Sin embargo, el ataque dio lugar a que los vecinos y compañeros de trabajo se pronunciaran en rechazo a las difamaciones contenidas en el volante. Asimismo, se pronunciaron en repudio al ataque trabajadores de la salud, ferroviarios, CTA Merlo-Moreno y muchos otros. Los afiches y volantes son anónimos; pero el "anonimato" es frecuentemente utilizado por el intendente para no dar la cara en sus ataques a los opositores a su régimen de persecución y de patotas. Los datos personales de nuestros compañeros, contenidos en los volantes -¡el domicilio!-, ponen de manifiesto la existencia de una red othacehísta de espionaje. El Partido Obrero ha denunciado estos ataques macartistas como parte de una ofensiva más general contra el activismo y contra la oposición: las amenazas de judicialización del cuerpo de delegados de Ecotrans en lucha contra el desguace -y al PO, por defenderlo-; la suspensión -por segunda vez- al concejal Lula Cepeda, el golpe al centro de estudiantes y la convocatoria a "elecciones" truchas en el ISFD 29; el fallido y macartista intento de impugnación del centro electo e independiente de la Media 16; la prohibición a "Rock en la escuela" y de un festival por Mariano Ferreyra; la prohibición con la fuerza pública de un festival contra los agrotóxicos en la plaza Rosmi, son otros tantos ejemplos del sistemático accionar represivo y mafioso del intendente. El 16 de setiembre, una patota paraestatal disolvió a golpes una marcha por los derechos humanos en la localidad de Libertad. Es una creciente ofensiva con la que Othacehé busca tapar el impasse de su propia gestión: parado en la vereda de los privatizadores, no puede dar soluciones a la población. El sábado 15 participamos de un acto convocado por distintas agrupaciones nucleadas en el Espacio por la Democracia, para conmemorar la defensa de los derechos democráticos, en la plaza central de Merlo. Esto fue utilizado por el intendente para intentar montar una nueva provocación y mandar sus patotas. El día anterior aparecieron por todo Merlo volantes con el sello del municipio (ver adjunto) alertando "a los comerciantes y a la población" que se podían manifestar disturbios por la sola razón de que participarían "agrupaciones de extrema izquierda lideradas por el Partido Obrero". Desde el Partido denunciamos masivamente esta provocación e interpusimos recursos de habeas corpus preventivo ante el Tribunal de Garantías N° 3 y la Fiscalía N° 4 de Morón para que se garantice el derecho a manifestar de todas las organizaciones participantes del acto. Reclamamos que se investigue de dónde salen los volantes anónimos y/o apócrifos con expresiones fascistoides y macartistas contra los opositores. Asimismo, hicimos las presentaciones pertinentes al Ministerio del Interior de la Nación y a la Secretaría de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, haciéndolos responsables de la seguridad del acto. Finalmente, de la jornada del 15 participaron unos 400 asistentes de diversas corrientes, con una importante presencia del PO, una decena de stands de diversas organizaciones y pasaron por allí miles de vecinos que leyeron las denuncias de la no vigencia de libertades democráticas en el distrito. Los comerciantes tampoco se dejaron intimidar por el accionar provocador y patoteril del intendente y mantuvieron sus puertas abiertas. El stand del Partido Obrero levantó la consigan "Abajo el régimen de persecución contra los trabajadores y la juventud". Estuvo presente Marcelo Ramal, de la dirección nacional del PO. Acercaron su solidaridad delegados docentes, de Ecotrans, de ATE Hospital Posadas, junta interna de Inta Castelar, centro de estudiantes del Instituto 29 y Media 16 y trabajadores del ferrocarril Sarmiento. Llamamos a todas las organizaciones políticas, sociales, culturales, estudiantiles, etcétera, a darle continuidad a esta lucha, en repudio a los ataques macartistas del intendente, por la defensa de las libertades democráticas en Merlo y para poner fin al régimen totalitario de Othacehé.

El 14 de diciembre asumió la nueva dirección clasista del Fura (Frente Unico para Recuperar Aten), que integra Tribuna Docente. El acto se realizó en la calle, frente al local sindical, junto a numerosas delegaciones presentes que reforzaron la importancia política de acto. Las Madres de Plaza de Mayo del Alto Valle, distintas agrupaciones y representantes gremiales de la zona y del país saludaron este triunfo de todos los trabajadores de la educación. Por Tribuna Docente llegaron Daniel Sierra (congresal de Suteba), María Elena Molina (secretaria gremial de Amsafe Rosario), Alberto Villoldo (secretario gremial de Suteba La Plata legítimo) y Gabriel Lubo (secretario de derechos humanos de Ademys). La importante delegación contó con la presencia de Jorge Altamira, quien realizó una intensa agenda por la región, que en el festejo de asunción de la nueva directiva señaló : "la victoria del Fura y la expulsión de la burocracia yaskista nos convoca a la memoria de Carlos Fuentealba. Con su triunfo, me imagino que ustedes lo deben vivir así. También se ha cumplido con un deber sindical y político que trasciende al sindicato. Porque Carlos Fuentealba no sólo era docente. No sólo trabajaba en Neuquén, sino que compartía la causa que defiende el Fura. Baradel me llamó para felicitarnos cuando se acababa de enterar de la detención de José Pedraza por el asesinato de Mariano Ferreyra: "Nosotros no conseguimos hacer eso con Carlos Fuentealba -dijo. Parecía un acto de contricción. En realidad, era la expresión de una completa impotencia política. Porque para meter preso a Pedraza había que movilizarse hasta las últimas consecuencias contra el poder político que protege a la burocracia sindical. "Y la respuesta a la impotencia de Baradel en febrero de 2010 es la victoria del Fura. Ustedes van a encontrar el camino con toda seguridad, porque esta victoria no nació de una probeta. Es la expresión de luchas anteriores. "Ustedes van a encontrar el camino que Baradel dijo que no podía encontrar. Van a lograr el juicio y castigo a los asesinos de Carlos Fuentealba. Y será una victoria política, social, moral de toda la clase obrera. "Esta victoria ocurre cuando la dirección de Aten, es la dirección del yaskismo, que se ha pasado al gobierno nacional. Son dos mundos opuestos: el mundo de la burocracia sindical y el mundo de los luchadores. "El voto en Aten es un voto político también, de los que no quieren a los agentes del gobierno que pagan la deuda externa con el dinero de los jubilados, con el impuesto al salario. No los queremos en el sindicato. Esto es una conclusión política. "Esta victoria se produce en un momento de transición. Numerosos trabajadores que han votado más de una vez por el justicialismo participaron de una huelga general, participaron de manifestaciones incluso contra la burocracia. "Hay un desplazamiento político de la clase obrera del que tenemos que tomar nota. Este triunfo en Aten forma parte de ese desplazamiento político. "El gobierno kirchnerista vino a sacarle las papas del fuego a los que se desintegraron en 2002 y ahora es él el que se desintegra. "Es un momento de transición histórica. Yo convoco, a raíz de esta victoria, a que juntemos fuerzas para dar una batalla política. El socialismo y el movimiento obrero se tienen que unir para terminar con cincuenta años de dominación de una burocracia sindical al servicio del Estado de los patrones. "Tenemos que retomar una línea histórica que es nuestra, que es de este país, de unión del movimiento obrero con el socialismo, con la izquierda revolucionaria. "Porque la tarea de nuestra generación es terminar con esta dominación capitalista y abrir el camino para un gobierno de trabajadores. "Los invito a esta reflexión, a que pensemos, a que discutamos, a que hagamos aportes. Lo que ha pretendido el Frente de Izquierda y de los Trabajadores es abrir ese camino, no se arroga el monopolio de nada. Es el primer ensanchamiento de una ruta para que transitemos todos los millones de trabajadores a partir de la experiencia política y conclusiones que cada uno desarrolló. "Pero estoy seguro que confluyen en una cosa: que gobiernen los trabajadores, que no gobiernen los Sapag ni los Sobisch, ni Petrobras ni Chevron. "¿Y podemos gobernar? ¡Claro que podemos gobernar! Hay una fábrica que está dirigida hace 11 años por los trabajadores. Podemos gobernar. "Porque hay un colectivo de lucha que se hace cargo de Aten para orientarla al servicio no sólo de los trabajadores de la educación, sino de la educación misma. Lo cual significa discutirle al gobierno las condiciones de dirección política de la provincia. Podemos. Quiero sacar las conclusiones más ricas posible de esta enorme victoria que es de ustedes, las conclusiones que más nos puedan servir para que unamos al movimiento obrero y al movimiento político de la izquierda y del socialismo que nos lleve a una gobierno de trabajadores y la unidad socialista en toda América Latina. Muchas gracias".

Los trabajadores del Ferrocarril Sarmiento -integrantes de la agrupación Obreros del Riel- exigimos el inmediato cese de la persecusión política a los compañeros del PO por parte de Othacehé, que quiere castigar a los que luchan. Con esto lo único que pretenden es regimentar y callar las voces que denuncian los negociados turbios, la mafia y toda la corrupción. Por eso, enérgicamente exigimos que se termine con la persecusión política ¡ya! Basta de perseguir a los que luchan.

La realización del acto del 15D es un triunfo político de los que luchan por la vigencia de las libertades democráticas en Merlo. Othacehé trató de impedir el acto mediante una campaña de amedrentamiento. Una vez que se difundió que el acto se haría en la plaza Fundador, Othacehé inventó un festival municipal en ese lugar... el mismo 15D. El acto se trasladó entonces a la plaza de la estación. Luego, aparecieron volantes municipales amenazando con el apocalipsis y el caos. A pesar de ello, la inmensa mayoría de los organizadores se hizo presente y refrendó su propósito de luchar por las libertades. Llamó la atención la ausencia del partido de Sabbatella. Sólo se vio la presencia de alguno de sus concejales al promediar el acto. ¿Ahora están "unidos y organizados" con Cristina y con el propio Othacehé? No olvidar que en Merlo, La Cámpora fue creada por el othacehismo. A pesar de su éxito, el documento leído mostró graves defectos. Detrás de invocaciones a la convivencia democrática, omitió expresamente las denuncias a Othacehé y a sus actos fascistoides. Por eso, el PO participó de la jornada del 15D, pero no firmó esa declaración.

El gobernador Sapag esperó que asumiera la nueva dirección de Aten recuperada y 24 horas después la convocó a una mesa de negociación para ofrecer la misma propuesta refritada que las asambleas habían reiteradamente rechazado. En ese encuentro el gobierno reconoció que los 480 pesos que ofrece (remunerativos y no bonificables) será el único horizonte salarial de junio de 2012 a diciembre de 2013. Y que la mesa de negociación a junio que quería imponerle a los trabajadores de la educación era inviable de acuerdo con el proyecto de presupuesto presentado en la Legislatura. Confirmó que no se abrirían horas, ni cargos, cuando miles de alumnos se han transformado en clientes cautivos de la educación privada (en el mejor de los casos) o directamente sin educación. Su objetivo era iniciar una campaña de ataque a la dirección clasista que no desplegó contra sus aliados yaskistas del FUS, cuando en su agonía final ya se había rechazado en las asambleas la oferta de miseria y paz social de Sapag. Las asambleas mandataron defender el salario básico, el ISSN (obra social y caja de jubilaciones) y las condiciones para la educación pública (presupuesto, refacción de escuelas, creación de cargos y horas para abrir vacantes faltantes para los alumnos que quedaron fuera del sistema educativo, eliminación de los subsidios a la educación privada, suplentes, reconocimiento de la antigüedad y pago de bonificación por zona para los auxiliares, etc.). Aten recuperada tiene en sus manos la gran tarea de organizar el no inicio de clases de 2013 y el plan de lucha, disponiendo todas las fuerzas militantes del sindicato. Esta victoria no nos otorga otro derecho ni privilegio que defender los derechos de todos los trabajadores de la educación. Por su parte, Sapag se ha mostrado impotente para resolver los aspectos más acuciantes de la educación pública de la provincia que gobierna.

En la agenda de la Iglesia no figura siquiera la preocupación por la trata de personas. En Tucumán, sus autoridades expresaron que no siguieron el juicio por el caso "Marita" Verón. No resulta algo casual ni estamos frente a un acto de impericia. Se produce cuando se encuentra en curso una investigación que dejaría al cura Grassi como un "carmelito descalzo". Se trata del cura José Ilarraz, investigado por la Justicia entrerriana por la comisión de entre 50 y 80 abusos sexuales, contra preadolescentes en el seminario de Paraná, entre 1985 y 1994. Este cura fue un estrecho colaborador del ex arzobispo de Paraná Estanislao Karlic, que hoy integra el Colegio Cardenalicio del Vaticano. En 1995, Karlic dispuso una investigación del hecho, puertas adentro de la Iglesia. Aunque algunas víctimas dieron su testimonio, el caso nunca fue denunciado ante la Justicia ordinaria por las autoridades eclesiásticas: el extinto papa Juan Pablo II "condenó" a Ilarraz con su traslado a Tucumán; más precisamente, a la ciudad de Monteros. En Tucumán, Ilarraz fue un protegido del actual obispo de la ciudad de Concepción, José María Rossi. El fiscal que investiga a Ilarraz en Entre Ríos se dirigió hasta Monteros y hasta Concepción, a fines de noviembre. Según relató a la prensa, halló indicios que podrían comprometer al cura. En Concepción, el fiscal recogió testimonios graves. La iglesia también se encuentra movilizada para hacerle hinchada al "Padre Pepe" -como se conoce a José Eloy Mijalchyk-, que está siendo juzgado por la comisión de delitos de lesa humanidad, en la Megacausa Arsenales II-Jefatura II. Dicho sea de paso, este cura -acusado de entregar víctimas y de, luego, instarlas a "quebrarse" para que delaten a sus compañeros- esperó el proceso oral en libertad, gracias a que el Arzobispado tucumano pagó unos 115.000 pesos de fianza. Con estos hechos, la Iglesia ha decidido no hacer olas y acercarse al poder, destacando los puntos de contacto con el gobierno y llamando a una navidad de reconciliación. Esto revela, una vez más, su carácter reaccionario en defensa del poder político mafioso, así como los privilegios que usan contra los derechos democráticos del pueblo.

En la movilización a la Plaza de Mayo organizada por Moyano, Micheli y Barrionuevo no hubo una columna del Frente de Izquierda; en la movilización anterior, el PTS había decidido no participar. Tanto el PTS como Izquierda Socialista rechazaron hacerlo bajo las banderas del Frente de Izquierda. Argumentaron que se trataba de una "marcha sindical" y que por ello había que organizar una columna de los sectores "combativos" del movimiento obrero, al cual la izquierda debía "acompañar desde atrás". Agregaron que estos sectores tendrían prejuicios con la izquierda e incluso "serían en muchos casos peronistas". Si este criterio se aplicara consecuentemente, el Frente debería desaparecer y sus integrantes acompañar a los sectores con prejuicios. Setecientos mil votos, en octubre pasado, no pesan en este enfoque, ni menos la continuidad de una política. Bien visto, esta vez, más que nunca, el Frente de Izquierda debía desplegar toda su fisonomía. A nadie escapa que las reivindicaciones contra el impuesto al salario y otras ocultan la política de la dirección de la marcha de procesar un acuerdo opositor de carácter patronal. Para las reivindicaciones, no hay plan de lucha. Se ha sustituido la política revolucionaria por el sindicalismo. En las actuales circunstancias políticas sólo una columna del Frente de Izquierda puede cumplir el objetivo de establecer una clara delimitación política, solamente así podemos elevar la comprensión de las relaciones con obreros con ‘prejuicios', que son un puñado. La batalla es de orden político y requiere separar aguas políticamente. El PTS boicoteó la marcha anterior por su carácter patronal, ahora da una voltereta redonda y no quiere siquiera plantar una diferenciación política plena. Gira hacia el sindicalerismo, que objetivamente sirve de furgón de cola de la maniobra política. El trabajo ‘estructural' en la clase obrera debe ser político; de lo contrario, como ocurrió en varios lugares de trabajo donde influye alguno de los partidos del Frente, la mayoría votó a la burguesía en octubre pasado. Es una característica que afecta la política de la izquierda desde la aparición del peronismo. En las reuniones que hemos tenido para discutir el punto, rechazamos escudarnos en los eventuales o supuestos prejuicios de un sector de los trabajadores que, se nos decía, estaría dispuesto acompañarnos en la marcha, que a todas luces es una minoría insignificante, sin que importara el sacrificio político, de una magnitud colosal, que es borrar al Frente de Izquierda como protagonista político. En el Frente no hay un acuerdo sindical: hay un acuerdo político. No se puede introducir por la ventana lo que no se acordó por la puerta, con la única finalidad de posar de obrerismo. Era necesario aprovechar el carácter patronal de la dirección de la marcha, para que estos compañeros comprendieran la importancia de una delimitación política de la burocracia y de los partidos a los que se subordina. Como se puede apreciar, el rechazo a iniciar la campaña electoral, como propuso nuestro partido, no tiene un fundamento anti-electoralista, sino un carácter liquidacionista de la construcción frentista. Es una advertencia que llamamos a tener en cuenta. Desde un punto de vista objetivo, la ausencia de una delimitación política concluye en una adaptación a la burocracia sindical y su política. En un proyecto de convocatoria presentado por los compañeros del PTS para hacer la "columna sindical", la crítica y la delimitación ante la convocatoria de Moyano, Micheli y Barrionuevo era, por lo menos, anodina. Hay que concluir que se ha planteado una autoproscripción del Frente: ya no es el 1,5% que se nos exigía para las primarias, sino que viene desde adentro.

Ciertos crímenes dan cuenta de un panorama social más amplio y exceden así al mero acto delictivo, al hecho judiciable. El último domingo, Ricardo Coyipé, su mujer Celestina Jara y su nieta Lila, de once meses -todos integrantes de la Comunidad Qom La Primavera-, viajaban por la ruta en una moto de regreso a su hogar luego de asistir a un oficio religioso evangelista. Una camioneta, conducida por el gendarme Walter Cardozo, los embistió, provocando la muerte instantánea de Celestina y graves heridas a la bebé, que fallecería al día siguiente. El gendarme bajó de su vehículo pero no para auxiliar a los heridos, sino para comenzar una catarata de insultos, golpes y patadas contra Ricardo, que había sufrido heridas leves -todo esto mientras el cuerpo inanimado de su mujer yacía en la ruta y su nieta agonizaba sobre el capot de la camioneta-. La madre de la bebé, que viajaba en otra moto, cuenta que al tomar en brazos a su hija para socorrerla, una mujer que acompañaba al gendarme bajó de la camioneta y se acercó para insultarla y decirle: "Ojalá tu hija muera".El salvajismo de la escena es abrumador. Se pudo saber que los Cardozo tenían cierta inquina con los miembros de La Primavera, debido a que se les había rescindido un contrato de arrendamiento de tierras cuando la comunidad había comenzado un proceso de reapropiación de sus tierras. Sin embargo, ¿el resentimiento económico podría ser la única explicación para semejante acto de barbarie? Los qom constituyen el grupo social más pobre y olvidado de Formosa, la provincia más pobre y olvidada del país. Según el último censo del Indec, el 25,1% de la población de esa provincia tiene las necesidades básicas insatisfechas. Los aborígenes son el grupo más vulnerable de esa franja. Hace dos años, una protesta de la Comunidad La Primavera fue reprimida y provocó la muerte de uno de los manifestantes, hecho en el que también perdió la vida un policía. Los qom reclamaban desde la provisión de agua hasta la entrega de documentos. Todavía siguen reclamándolos. Varios de sus dirigentes sufrieron atentados que repiten un modus operandi: camionetas los embisten cuando viajan en sus motocicletas, el medio de transporte más difundido entre los sectores populares. Mario López, dirigente qom, falleció luego de una situación de esa naturaleza. Mártires López, referente qom del Chaco, murió en circunstancias dudosas similares. El cacique Félix Díaz sufrió un intento de atropello hace unos meses. "Nos matan así para que parezcan accidentes", declaró Díaz. La tremenda acción del gendarme Cardozo y sus acompañantes, ¿no replica en otra esfera la hostilidad del Estado contra la comunidad qom de Formosa y no reproduce la indefensión a la que se ven sometidos sus miembros cotidianamente? Esta semana, el kirchnerista Gildo Insfrán cumplió diecisiete años al frente de la gobernación de la provincia.

El fallo absolutorio a todos los imputados por el caso Marita Verón ha desatado una reacción popular que sacude al gobierno de Alperovich. El jueves pasado hubo una movilización con más de 5.000 personas para repudiar a Alperovich, a pesar del esfuerzo de La Cámpora para restringir el repudio a los jueces del Tribunal. En la concentración, la intervención de Daniel Blanco y Alberto Lebbos demolieron los planteos de quienes pretenden absolver al gobierno. Alberto Lebbos es el padre de Paulina Lebbos, secuestrada por la trata, que luego apareció muerta, sin que la investigación condujera a nada. Este asesinato motivó innumerables movilizaciones en Tucumán, las que, sin embargo, no contaron con el apoyo de un sector de la izquierda que hoy se suma al repudio de la absolución. La madre de Marita ha reclamado el juicio político al Tribunal e incluso la intervención del Poder Judicial, a la par de pedirle al gobernador que "saque a toda la basura que lo rodea". Acusó de "inútil" al ministro de Seguridad, López Herrera, quien tuvo que presentar la renuncia. Alperovich lo reemplazó con quien venía oficiando de jefe de Gabinete, Jorge Gassenbauer. En forma inversa, Susana Trimarco no ahorró elogios para la gestión de gobierno de Alperovich. El oficialismo ha cercado en todo sentido a Trimarco para desviar la indignación popular hacia los escalones inferiores del poder. Alperovich descubrió tardíamente que "el fallo es una vergüenza" y se declaró partidario de hacerles un "jury de enjuiciamiento" a los miembros del tribunal. Es un intento de ganar tiempo y desviar la responsabilidad política de las relaciones de su gobierno con la mafia tucumana. Un alperovichista de la Corte, Antonio Estofan, advirtió contra una intervención federal al Poder Judicial, como ocurrió en Santiago del Estero o Catamarca, por los casos de María Soledad y los delitos de la policía santiagueña. En Tucumán se apilan numerosas causas, entre ellas el caso Lebbos, y otras que involucran personajes del poder -además de numerosas denuncias de corrupción contra el gobernador, el vice y gran parte del gabinete provincial. La esposa del gobernador, la senadora Betty Rojkés, podría perder la presidencia provisional del Senado, por haber declarado que la "prostitución existe y siempre va a existir". Este dicho refleja que, para Rojkés, los traficantes de personas se limitan a desarrollar un mercado establecido. Tucumán es gobernada por una camarilla familiar, donde la Legislatura y el Poder Judicial son una suerte de escribanía del Ejecutivo, en la que las mafias del juego, la prostitución, la trata y las drogas están completamente entrelazadas con las fuerzas de seguridad y judiciales que responden al gobierno. La destitución del ministro de Seguridad es una tercerización desvalorizada del reclamo de que se vaya Alperovich. De lo contrario, los K seguirán operando para cooptar a las víctimas y neutralizar la indignación del pueblo.

La entrada de Sabbatella a las oficinas del grupo Clarín estuvo lejos de la épica que le había otorgado el kirchnerismo. La escena se redujo a abogados de uno y otro lado que debatían si la cautelar que le permite al grupo de Magnetto no aplicar la desinversión establecida por la ley de medios está vigente o no. La llamada "democratización de la palabra" se transformó en una pelea de caranchos (muy bien pagos por sus mandantes), disputándose derechos de propiedad y porciones del mercado. No se agrega nada nuevo si afirmamos que la estrategia de Clarín es ganar tiempo, pero la novedad es que, por lo visto, el gobierno está dispuesto a dásrselo. Es lo que surge del protocolo armado por el AFSCA, el cual descarta la intervención oficial al multimedios que no presentó el plan de desinversión. De este modo, Magnetto seguirá operando la totalidad de licencias que tiene Clarín en la actualidad y, además, tendrá varios meses para aplicar la "desinversión". En ese lapso, es más que probable que la Cámara que debe resolver la apelación presentada por la empresa saque un fallo -el que sea cual fuere, será apelado por quien resulte derrotado. El gobierno descuenta que ese fallo será favorable a Clarín, aunque aún puede haber sorpresas. De cualquier forma, al final del camino, será la Corte Suprema la que tendrá la última palabra. Llegado a este punto, los tiempos políticos y los del calendario se empiezan a mezclar. Es que la Cámara se tomará un tiempo para emitir el fallo y sólo luego irá a la Corte. El gobierno podría abreviarlo, utilizando el per saltum que votó en el Congreso. De este modo, la pelea entre Clarín y el gobierno se meterá de lleno en la campaña electoral de 2013. Para el kirchnerismo, sería una oportunidad de valerse de esa pelea para transformar las elecciones en un referéndum que le permita polarizar y colocar a la oposición como rehén de Magnetto. Semejante recurso no es para nada desdeñable, sobre todo cuando el kirchnerismo vive una pérdida creciente de iniciativa política como consecuencia del agotamiento acelerado del llamado "modelo productivo". Dentro del arco oficialista, la transformación de la elección de 2013 en un referéndum genera resistencia. Los gobernadores del peronismo temen quedar como víctimas de una derrota kirchnerista. Por eso, ya hay planes para dividir las elecciones provinciales de las nacionales, buscando asegurar cada uno su propio feudo. De prosperar esta línea, el kirchnerismo se vería en un serio problema, pues perdería el sustento electoral de la enorme legión de punteros que aportan los gobernadores. Más que nunca se pondrá en evidencia que la camarilla kirchnerista tiene como sustento el viejo y podrido aparato del peronismo tradicional. El grupo Clarín también ve con simpatía estirar la desinversión para después de las elecciones. La apuesta es lógica: de ser derrotado el oficialismo, la "ley de medios" pasará a mejor vida. Incluso se planteará la posibilidad de que una nueva composición del Congreso revise los artículos que afectan al grupo. La excusa puede ser que la ley está "mal hecha" porque no tiene en cuenta las nuevas tecnologías -internet y telefonía- y confunde el espacio radioléctrico, que es limitado, con el cable, que no lo es. De ese modo, Clarín aspira a que una ley de medios reformada no afecte las licencias de Cablevisión y su entrelazamiento con Fibertel (internet). Pero si de todas formas estos planes no caminaran, ya se comenta que Clarín tiene listo un plan de "desinversión", el cual consistiría en vender Cablevisión a capitales yanquis protegidos con tratados de inversión ‘recíprocos'. La ley nacional y popular podría terminar beneficiando al capital yanqui. Para la Corte Suprema, que deberá resolver finalmente el tema, las elecciones le permitirán saber para dónde sopla el viento. Frente al agotamiento del gobierno y la crisis de la oposición, la función principal de la Corte es evitar que la cosa se vaya de madre y termine produciendo una crisis política. El choque más general entre el gobierno y la Justicia tiene este trasfondo. El kirchnerismo carece de la fuerza para alinear a todos los poderes del Estado, pero no puede dejar de intentar hacerlo si es que quiere recomponer su capacidad de arbitraje. La disputa en torno del 7D y a la ley de medios se ha transformado en una lucha política de alcance general. Los campos patronales en disputa son ambos adversarios de la libertad de prensa y de la "democratización de la palabra", como lo prueban las persecusiones de Clarín y el gobierno contra los trabajadores periodistas propios y ajenos. La salida de este laberinto requiere que los trabajadores de prensa, gráficos y de televisión intervengan con una posición propia, discutida democráticamente como clase, lo cual permitirá fortalecer un polo independiente de los bloques patronales en disputa.

Las perspectivas de la movilización del 19 de diciembre -que ya habrá ocurrido cuando esta edición de Prensa Obrera esté en la calle- ocuparon buena parte de las publicaciones de izquierda de la última semana. "Todos a Plaza de Mayo" convoca el PCR en la tapa de Hoy. El editorial enfatiza un eje nuevo, porque adjudica a la movilización convocada por Moyano, Micheli y Barrionuevo: "la verdadera democratización de los medios de comunicación". Reclamar "barrer con el AFSCA actual y reemplazarlo por ‘órganos federales y populares', para acabar con los monopolios multimedios, tanto el de Clarín como el de los K, y democratizar la distribución de la pauta oficial de publicidad (...)". Destaca que el gobierno efectúa un ajuste, junto a Scioli y De la Sota, pero excluye al gobierno santafesino de Binner, que se reunió con la "unión democrática" en la sede de la UCR. Izquierda Socialista, por su lado, propone que "la marcha del 19 [sea] parte de una plan de lucha nacional en camino hacia un nuevo paro de 36 horas", "más allá de las diferencias que tenemos con sus proyectos sindicales y políticos" -es decir que las coloca en un lugar secundario. La Verdad Obrera (PTS) destaca que la movilización del 19 "está llamada por las mismas reivindicaciones progresivas que el paro del 20N", aunque "limitada" porque no hay paro. Critica a Moyano por juntarse con Lavagna y Scioli, y a Micheli por hacer lo propio con Binner. Propone "una gran columna independiente del sindicalismo combativo y las organizaciones del Frente de Izquierda", desplazando al Frente a una posición subordinada. De modo que el antielectoralismo del PTS encubre un desplazamiento de la centralidad política del Frente de Izquierda, cuando la burocracia pone en primer plano la construcción de alianzas políticas con los partidos patronales. El Socialista (IS) afirma que "si el desencanto con el gobierno y los políticos de la oposición patronal crecen, el FIT puede convertirse en una alternativa electoral para miles y miles que buscan una referencia". Otro periódico, Socialismo o Barbarie (Nuevo MAS) llama a marchar "críticamente" el 19 y a organizar un acto "común de la izquierda" el 20. Plantea que "un enfoque puramente sindicalista, que ha expresado la mayoría de las corrientes de la izquierda, es peligroso y oportunista". Organizaciones como el Frente Popular Darío Santillán o Marea Popular no fijaron posición escrita sobre el 19; sin embargo, desisten de ir a Plaza de Mayo tanto el 19 como el 20, cuando realizarán un acto en Obelisco. Libres del Sur convoca a movilizarse el 19, con hincapié en sumar a las consignas obreras (impuesto al salario, asignaciones familiares, aumento de emergencia), aquellas propias al frente que impulsan de la oposición tradicional: "el respeto a una Justicia independiente, al federalismo y a las libertades individuales". También surgieron nuevos balances sobre la huelga del 20 de noviembre. Hoy publicó un reportaje a Ramón Bogado, el dirigente de la interna anterior de Kraft. Según este militante del PCR, "termina haciéndose una asamblea del turno mañana en el comedor un día antes [del 20], planteando el paro" y que "la asamblea que se hace en el comedor es de cinco minutos; ahí se dividió la interna, públicamente una parte planteó que no estaba de acuerdo con el paro. Nosotros empujamos el paro, pero la gente en el comedor votó en contra". Luego agrega que "ya es el tercer paro que no se hace: dos fueron por paritarias y éste con la CGT".

El 16 de diciembre se realizó el Picnic anual del PO de Tucumán. Con una concurrencia de más de 500 personas, fue una jornada repleta de actividades políticas, deportivas y culturales. Se realizaron tres mesas-debate: una sobre Marita Verón, la megacausa y derechos humanos, otra sobre la situación sindical después del 20-N y una tercera sobre el movimiento estudiantil. La primera mesa contó con presencias destacadas: el fiscal federal Gustavo Gómez (con décadas de experiencia en delitos de lesa humanidad), Alberto Lebbos (padre de Paulina Lebbos, asesinada tras abordar un remis de los Ale); Ana Giribaldi (miembro de Hijos Santiago del Estero, hija y sobrina de desaparecidos) y un dirigente del PO. La mesa sindical contó con la presencia de un obrero azucarero, importante dirigente de la oposición antiburocrática de la Fotia; Diego Toscano, referente de la oposición en el gremio docente Atep; y los abogados Sierra y González, patrocinadores legales en distintas luchas obreras. Finalmente, la mesa de la juventud contó con miembros del movimiento estudiantil secundario local (que termina el año en ascenso), representantes de la "izquierda independiente" (Lilloy, agrupación de Ciencias Naturales) y de la UJS. Se presentaron dos videos: el cortometraje "Desaparecidos en el mar", recientemente premiado en el Festival de Cine de Mar del Plata y exhibido en el picnic por sus realizadores, y el video conmemorativo del compañero Raúl Sotelo, militante del PO y músico de folklore, a diez años de su muerte. Tanto las temáticas abordadas como los panelistas y concurrentes son un reflejo de la sostenida actividad de nuestro partido en los distintos frentes y movimientos de lucha, pero también, y fundamentalmente, sobre la crisis política que estalló con el fallo en el juicio de Marita. Justamente, en el discurso central, Daniel Blanco desarrolló el planteo de "Fuera Alperovich" para terminar con el régimen de impunidad, así como los desafíos presentes para nuestro partido de cara a un año electoral. La jornada se cerró con la actuación de una banda local de cumbia, que le puso el último toque de color a la jornada.

A medida que se acercaba el miércoles 19, el acto convocado por Moyano, Micheli y Barrionuevo en la Plaza de Mayo fue reforzando las características reaccionarias que hemos señalado desde estas páginas. Los "preparativos" para el 19 no se concentraron en las fábricas o en las asambleas sindicales. En cambio, los organizadores redoblaron sus contactos con los dirigentes de la oposición patronal. En lugar de anunciar un plan de lucha para defender las paritarias del tope que pretende imponer el gobierno, Moyano ‘lo corrió' con el pseudo desafío de que "gobierne por decreto". Las centrales opositoras se han convertido en los fogoneros más activos de un frente opositor al kirchnerismo, que abarca desde el PRO hasta Proyecto Sur. La militancia moyanista por el acto incluyó los encuentros con Alfonsín y Lavagna, quien oficia como vocero de la burguesía -desde Techint a Clarín y las automotrices y sojeros. El ‘pliego de reivindicaciones' del ex candidato radical y ex ministro kirchnerista plantea, por partida doble, una devaluación y la definitiva libertad de tarifas. Facundo Moyano se reunió con Scioli, De Narváez y varios diputados pejotistas, a dos días de la marcha del 19. Pactaron un ‘interbloque' bonaerense para protegerse de las embestidas de Mariotto y de La Cámpora. Pero, al mismo tiempo, Scioli aceptaría consensuar una lista de diputados nacionales con Cristina, con la pretensión de obtener, a cambio, una mayoría en la lista de legisladores provinciales. O sea que se mueve en todas las direcciones, incluida la disputa por la herencia de los K. El tironeo por las ‘pilchas que vas a dejar' (como decía Discépolo) se ha instalado con mucha antelación al año 2015. Moyano llamó en estos días a "cerrar el ciclo del kirchnerismo", pero para darle la llave de la puerta a los enemigos de los trabajadores. Este rumbo derechista estaba anunciado en los acuerdos con la CGT de Barrionuevo. Los organizadores llamaron a los caceroleros a la marcha del 19, pero no para sumarlos a las reivindicaciones obreras, sino como enviados de los mismos opositores derechistas que se pusieron, políticamente, al frente de los cacerolazos del 13S y el 8N. Subte A pocas horas -y metros- de la marcha del 19, los obreros y delegados del subterráneo estarán librando una lucha tenaz contra la ley con la que el macrismo quiere establecer el traspaso del servicio a la Ciudad. El ‘traspaso' es, por un lado, la envoltura de un tarifazo en el transporte y de enormes negociados vinculados con su financiamiento y, por otro lado, una agresión a las conquistas de sus trabajadores. Los organizadores de la marcha del 19 le han dado la espalda a la lucha de los metrodelegados -algo que vale, en particular, para la CTA de Micheli. En cambio, sí se han preocupado por atraer a la marcha a las huestes del puntero Ritondo, el vicepresidente macrista de la Legislatura porteña. Esto es algo que no puede sorprender, si se tiene en cuenta que el arco que apoyó este traspaso reaccionario -impulsado por el kirchnerismo- va desde Macri hasta Proyecto Sur. Los de Solanas, a su turno, acaban de votar junto al PRO el tarifazo del ABL en la Ciudad, avalando así los verdaderos presupuestos del Estado porteño (Banco Ciudad, tierras públicas) y su manejo sin control por parte del gobierno PRO. En la Ciudad de Buenos Aires, escenario de la marcha del 19, se ha puesto de manifiesto el contenido nefasto de las ‘salidas' que, de centroizquierda a centroderecha, fogonean los dirigentes de las tres centrales opositoras. Confiscación política La marcha del 19 transcurrirá después de un año signado por la primera huelga general contra el gobierno K, manifestaciones y enormes expresiones de insatisfacción popular. El gobierno ha buscado gambetear el ‘rodrigazo', pero con el impuesto al salario (que se aplicaría también ¡a las indemnizaciones por despido!), con la restricción sistemática de las asignaciones familiares, la inflación galopante y con el aumento de la desocupación y de la subocupación. En medio de los anuncios oficiales de "viviendas para todos", la construcción acumuló 30.000 puestos de trabajo perdidos a lo largo del año. Ahora, el gobierno condiciona una reducción del mínimo imponible a ganancias a la aceptación de un tope a las paritarias. La burocracia sindical -que acompañó al kirchnerismo durante una década- se ha fracturado al calor de esta crisis. El clasismo y la izquierda han reforzado su intervención. La burocracia sindical interviene con el propósito de contener la reacción obrera contra el ‘modelo' y bloquear una unión entre el movimiento obrero que lucha con la izquierda auténtica. La ‘reconstrucción del peronismo' -la consigna levantada por Moyano- es una salida con los De la Sota, Macri, Barrionuevo y Scioli. Los organizadores de la marcha han puesto sobre la mesa la tentativa de copar políticamente el movimiento popular, sin disimulos. Quieren pasar a jugar directamente en los armados electorales de 2013. A pocas horas de la marcha, trascendieron disidencias entre la CGT y la CTA: los partidarios de Lozano y De Gennaro en la CTA reclaman dar por finalizados los acuerdos con Moyano, para pasar a disputar un lugar en las listas del FAP de Binner (el mismo que dijo que "no reconocía fronteras programáticas ni con Macri"). A su turno, Moyano ha obtenido una personería electoral, que colocará al servicio de ‘colar' dirigentes en las listas opositoras. Nuestra política El Partido Obrero lucha contra esta tentativa de copamiento político de la clase obrera y del movimiento popular, así como por la fusión de este movimiento con la izquierda revolucionaria. Es una batalla política, que la propia burocracia sindical se ha encargado de marcar. La responsabilidad por esta batalla política es del Frente de Izquierda. Unimos la exigencia combativa de un plan de lucha y de un paro de 36 horas a la batalla por una alternativa política de los trabajadores. Con el mismo propósito estratégico, estaremos en las calles este jueves 20, junto a una parte de la izquierda, para reivindicar al Argentinazo. Su tarea inconclusa -unir a la rebelión popular con el programa y la organización de la izquierda revolucionaria- es la gran cuestión que debe crecer a pasos de gigante en 2013.

El gobierno nacional dispuso reformular las tarifas que perciben los colectivos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano para los viajes de más de 12 kilómetros. A través del Boletín Oficial, el Ministerio de Interior y Transporte dispuso que los traslados de entre 12 y 27 kilómetros que, con tarjeta Sube, se pagaban 1,75 pasen a costar 2,20 pesos. En tanto, los viajes que sean de más de 27 kilómetros pasarán de 2 a 3,35 pesos. Esto significa un incremento de 25,71 y 67,5%, respectivamente. Además, los servicios expresos que se encuentran atados a esas tarifas serán elevados un 25%, mientras que los recorridos expresos por autopista subirán un 50%. En la resolución 962/2012, que fue publicada este miércoles, el gobierno nacional explicó que esta decisión se tomó porque las empresas poseían, hasta ahora, "una relación tarifa/kilómetro recorrido" que era "significativamente inferior al promedio del resto del sistema".

Se aprobó finalmente, en comisión, el proyecto que tenía media sanción del Senado, desde agosto de 2011, que modifica la ley de trata. El cuerpo lo convertirá en ley en la sesión extraordinaria llamada para tal fin. El proyecto había perdido estado parlamentario debido a la negativa del bloque mayoritario del FpV a tratarlo. El presidente de la Comisión Penal de Diputados, Oscar Albrieu, explicó que había divergencias en el bloque del Frente para la Victoria, que nunca explicó. La crisis que suscitó la absolución en Tucumán y el dedo del Ejecutivo unificaron las posiciones en menos de lo que canta un gallo. Las modificaciones introducidas en la ley eliminan la figura del consentimiento: la ley actual obligaba a la víctima mayor de edad a demostrar que no había consentido en someterse a la explotación sexual. Aníbal Fernández, la entonces senadora Vilma Ibarra y el kirchnerismo en su conjunto habían defendido este pretexto de proxenetas. La senadora Rojkés, esposa de Alperovich, siguió por esta ruta cuando aseguró que la prostitución es inevitable. Es decir que el ‘consentimiento' de la mujer está en su propia naturaleza. En 2008, Vilma Ibarra había defendido el "consentimiento de la víctima", para proteger a las mujeres que "eligen" (sic) la prostitución. El proyecto contra la trata se convertía en el de la prostitución ‘consentida'. La ley nueva no admite la excarcelación de los imputados, para lo cual eleva la pena mínima. El kirchnerismo, sin embargo, había defendido hasta ahora la excarcelación, para mantener la coherencia de las penalidades que figuran en el código. El kirchnerismo aprobó una reforma del Código Penal que establece penas al robo de humanos menores que al de cabezas de ganado. El "abigeato", en el artículo 167 quater del Código Penal, tiene penas de cuatro a diez años. El artículo 145 bis introducido por el kirchnerismo con la ley 26364, impone penas de tres a seis años por el robo de humanos. A partir de la modificación en trámite, las penas siguen siendo mínimas, pero como parten de los cuatro años no serán excarcelables. Esto no le impedirá a un proxeneta quedar libre a los dos años ni seguir manejando sus bienes. Por último, se introdujo un artículo relativo a la atención de las víctimas y la creación de un Consejo Federal, integrado por diferentes poderes del Estado, "tres organizaciones de la sociedad civil" y un Consejo Ejecutivo, que será el encargado de aplicar de forma cotidiana la atención. Este será un órgano integrado por representantes de los ministerios de Seguridad, Justicia, Desarrollo Social y Trabajo. En el caso de las obligaciones asistenciales del Estado para con la víctima, figura "recibir capacitación laboral y ayuda en la búsqueda de empleo", pero no conseguir el empleo para víctimas que han sido violadas, drogadas y doblegadas, ni garantiza su sostenimiento material. También está la posibilidad de "retornar a su lugar de origen si la víctima así lo solicitare", pero no aquélla por la cual el Estado debiera garantizar un lugar alternativo de vivienda definitiva, ya que la mayoría de los "captadores" originales de chicas están en los barrios de donde provienen las víctimas y donde seguramente quedó parte de su familia. Tanto los kirchneristas como los radicales se negaron a introducir un régimen especial de incautación de bienes para el caso y, por supuesto, no han establecido ninguna medida de control de movimientos bancarios ni de procedencia de capitales para inversiones. La pesquisa de los bienes de inversiones de procedencia indefinida es, sin embargo, indispensable para perseguir este delito y a las redes. Sin embargo, para toda la clase política gobernante, la protección de las mujeres atormentadas por este delito está subordinada a la preservación de la "seguridad jurídica" de los patrimonios privados. Desde el año 2008 no se desmanteló una sola red, porque el gobierno sencillamente se niega a tocar los intereses capitalistas. En el caso de la trata con fines de explotación laboral se incurre en un procedimiento similar: no sólo no persigue a quienes violan las leyes de contrato de trabajo y todas las normas de regulación laboral, sino que los promueve, como es el caso de los dueños de La Salada, a quienes les está permitiendo instalar talleres clandestinos en todo el país, a uno de los cuales llevó a los viajes internacionales de Moreno y, por si faltaran señales de apoyo, los sentó al lado de la Presidenta en los actos. No olvidemos que los mismos funcionarios cercanos a la presidencia trasladan en sus delegaciones de "comercio exterior" a proxenetas, como ha quedado demostrado en el caso del viaje de Moreno a Angola. Los seguidores kirchneristas que colocan a la Presidenta en las antípodas del proxenetismo, evidentemente se interesan por ciertas mujeres, no por las niñas y mujeres sometidas a prostitución. El jefe o la jefa de cualquier Estado es el primer responsable del tráfico de personas, incluso internacional, en su propio territorio. Los que gobernaron la patria chica K son los responsables de la protección a Las Casitas de Río Gallegos, desde el año 1989, y también del ingreso sin controles en su provincia de mujeres para ser explotadas, incluso desde otros países. Por último, ninguna ley eliminará la trata; solamente lo conseguirá la destrucción del aparato capitalista del Estado. No es casual que la trata de personas se haya convertido en el cuarto rubro en importancia en el comercio internacional. La Unión Europea es un paraíso de la trata de niños y mujeres del este del continente; lo mismo ocurre con los países del sudeste asiático. La herramienta legal es insuficiente, para decir lo menos, aunque la aprobación de las modificaciones ha sido un duro golpe a una línea cambalache del kirchnerismo, de derechistas y progres. El gobierno cedió contra su voluntad con la vana intención de descomprimir la indignación producida por el fallo -hasta el próximo escándalo. Insistimos en que se vaya Alperovich, para golpear al aparato del Estado que protege las redes. Página/12 titula: "La ley Marita". Es falso. Luego de la absolución, esta ley impotente es el tercer secuestro de Marita Verón, o sea que no detiene los secuestros.

La UJS planteó que el Congreso de la Federación debe realizarse una vez iniciadas las clases en 2013. Luego de un debate y una reflexión, revisamos nuestro voto en la Junta Representativa para realizarlo durante las fiestas. En primer lugar, hace a la tradición de la izquierda que los congresos de la Federación deben hacerse de cara a los estudiantes, no sólo para rendir cuentas de lo actuado sino también para impulsar el debate, la lucha y la movilización. Como señalamos en una declaración, no es un tema de calendario sino un objetivo preciso: impulsar la movilización del movimiento estudiantil contra el gobierno y su ajuste, y las camarillas universitarias y su intento de perpetuación en el poder. Además, debemos unir a los estudiantes junto a los trabajadores en lucha, y desarrollar una acción política y práctica demarcada de la oposición política tradicional, que representa intereses hostiles al pueblo. Dichos objetivos sólo son posibles mediante una deliberación masiva, algo que no puede hacerse en diciembre, con facultades vacías. Balance de la Fuba y de su dirección En este punto, y como principal corriente dentro de la izquierda que está a la cabeza de la Fuba, somos críticos: destacamos que durante el último período ha estado muy por debajo de los desafíos que tiene el movimiento estudiantil. No jugó un papel de referencia sistemático, político y gremial. Preferimos ser severos y no complacientes, porque hay que huir como de la peste del espíritu conservador que no permite criticar para avanzar. El actual frente de conducción debe proceder a un debate y a una delimitación de posiciones. Ha primado la disgregación de la Federación y sus organismos. Para nuestros co-presidentes de La Mella, la lucha puede ser suplantada por la entrega de diplomas o plaquetas. Su deriva inmediata -la apropiación indebida del nombre de la Federación- es un síntoma de burocratismo inadmisible. La crisis de la conducción se expresa en la deformación extrema del método de la copresidencia. Se trata de un compromiso que nosotros no comenzamos y luego debimos mantener, para evitar que la negativa de todo un sector de la izquierda a reconocer nuestra mayoría relativa de delegados produjera una escisión que beneficiaría a la derecha. Sin embargo, ahora La Mella quiere transformarlo en su peor variante: una "tupacamarización". La "copresidencia" sería para La Mella la posibilidad de que "cada presidente" haga y deshaga en nombre de la Fuba, no sólo de manera inconsulta sino contradictoria y hasta opuesta. El compromiso -legítimo- no tuvo una evolución positiva y ha llegado a un límite. Polémica La Mella rechazó cerradamente el planteo de asociar la elección de la dirección a una gran deliberación estudiantil. ¿Quieren acaso una Fuba que no enfrente la política del gobierno, en estrecha unidad con la clase obrera? Dice: "Ahora es el momento de derrotar a Franja Morada y los K", en un Congreso confinado a elección de autoridades y a la reiteración de una dirección confusionista. Queremos vencerlos, por supuesto, pero no solamente entre las cuatro paredes de un congreso sin contenido político. En un tercer texto, La Mella insiste en no fijar posición sobre nuestros planteos, y les da una interpretación "psicológica", al asociarlos a un supuesto "derrumbe político", a los triunfos de La Mella en las facultades humanísticas que, de todos modos, la deja debajo de la UJS. La capacidad para hacer números por parte de La Mella cesa en el momento de reconocer la mayoría numérica de la UJS: casi un 40% más de delegados. Mientras la UJS protagonizó frentes únicos con la izquierda para derrotar a la derecha, La Mella avanzó posiciones bajo el ala de los decanos "Carta Abierta". Para las facultades históricamente más activas, la conducción de La Mella fue un factor de desmovilización. Si la política únicamente va a ser "unitaria para enfrentar a Franja Morada y al rector", no estamos de acuerdo. ¿Y el gobierno? El Coneau, el presupuesto de educación, la ley de educación superior, son asuntos de lucha contra el gobierno -pagador serial de la deuda a los usureros y confiscador impositivo de salarios y jubilaciones. También son confusos respecto de la oposición tradicional. El antecedente inmediato es malo, pues en la Facultad de Psicología, por ejemplo, se aliaron a la derecha del FAP (Libres del Sur), que pregona a gritos un acuerdo con Prat Gay y la UCR de Franja Morada. Armaron un frente entre chavistas y ‘escuálidos', juntos contra la izquierda. Desde dónde La Fuba puede darse el "lujo" de tener un debate a fondo y revolucionario sobre sus desafíos, límites, crisis y propósitos, porque ha atravesado una experiencia colosal. Tras su recuperación por parte de la izquierda fue protagonista de las luchas del movimiento piquetero, de la organización de los pasantes de Telefónica o de la batalla de los explotados de Mc Donald's. Su lugar fue la primera fila cuando los jóvenes trabajadores del Casino se rebelaron contra el desquicio patronal; más cerca en el tiempo, la Fuba estuvo a la cabeza de las movilizaciones del "estudiantazo". Es, finalmente, la Federación de Mariano Ferreyra, que desde el CBC de Avellaneda apoyaba a los tercerizados ferroviarios. Estas luchas del movimiento estudiantil, muchas de las cuales compartimos con nuestros aliados actuales, trazan un rumbo. ¿Podríamos no discutir tales perspectivas a la hora de determinar el plan de acción de la Fuba y la dirección que se compromete a concretarla? El desafío La UJS, como principal corriente de la actual dirección, toma en sus manos la responsabilidad de impulsar un gran Congreso cuando se inicien las clases. En línea con lo señalado presentaremos nuestro balance y las propuestas de acción, de programa y de funcionamiento para hacer de la Fuba un instrumento de lucha política y gremial de los estudiantes, junto a la clase obrera, por una transformación social de la educación y del país. Una gran campaña de polémica, donde la lista resultante revolucione sus métodos -reuniones, declaraciones, plenarios- y sistematice los de la Fuba, nos coloca en mejores condiciones de derrotar políticamente al bloque saboteador. El deseo de "resolver" la elección en diciembre es un planteo conservador. No sólo debemos continuar una saludable tradición -la de los congresos abiertos, que mal que le pese al autobombo de La Mella la antecede por lejos-, sino dar un salto en calidad. Una lista que derrote a los enemigos del movimiento estudiantil sólo será positiva en este marco.

En las elecciones docentes en la Universidad de Luján, la Lista 2 Naranja-Unidad Docente obtuvo el 39% de los votos. Una elección excepcional, cuando hace sólo tres meses no existía un agrupamiento opositor. Votó el 58% del padrón, algo inédito en elecciones sindicales. Esto valoriza aún más los 108 votos obtenidos y las tres secretarias conquistadas -entre ellas la adjunta-, sobre siete que cuenta la Comisión Directiva. Asimismo, conquistamos congresales a Conaduh -un titular y un suplente- y revisores de cuentas (ídem). Por primera vez desde que se fundó la primera representación gremial de los docentes de Luján, hubo dos listas en Adunlu (asociación de base de la Conaduh). Hasta ayer, Adunlu era una cáscara vacía como sindicato y un pilar del régimen universitario, como producto de la política de la actual comisión directiva, hegemonizada por el Frente Gremial -antiguos militantes del PC. El triunfazo de nuestra lista en las elecciones de Conaduh de setiembre -donde conquistamos los tres mandatos en juego- rompió el status quo y mostró que había una salida a la parálisis y al vaciamiento sindical. Enfrentamos la parálisis del sindicato y su adaptación al ajuste impulsado por el gobierno y por los rectores. En Luján avanza la precarización laboral, el estatuto universitario consagra el trabajo gratuito -bajo el nombre de observadores- y la carrera docente es papel mojado, que no se aplica frente al ajuste presupuestario. La generación de ingresos "propios" frente a la asfixia presupuestaria se materializa en cientos de convenios, marcando el camino de la mercantilización de la educación superior. En el paro general del martes 20, el gremio no tomó posición cuando la Conaduh -a la que pertenece Adunlu- y la CTA eran convocantes. Es más: la dirección, usurpando el mail del sindicato manifestó "a título personal" que se oponía al paro y dejaba en libertad de acción a los docentes: o sea, desmovilizándolos. La reacción de muchos compañeros fue inmediata, solicitando el llamado a la asamblea general, que no fue convocada -como tampoco el cuerpo de delegados- en todo el año, ni por el paro general ni por los planes de lucha resueltos por la Conaduh. La campaña fue el resultado de un trabajo conjunto de la lista Naranja y de activistas independientes. Así se ha constituido la lista 2 Naranja-Unidad Docente. Una vez más -después de AGD, Conaduh, Tucumán, Misiones-, los docentes universitarios somos parte del movimiento obrero que lucha por una nueva dirección y nosotros somos parte activa y consciente de ese proceso. Vamos a la directiva con un mandato: luchar por una Adunlu independiente del gobierno y de las autoridades universitarias; una dirección que promueva la deliberación y la soberanía de la asamblea general y el cuerpo de delegados. ¡Vamos la Naranja!

Las acusaciones de corrupción al interior de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) del sistema universitario chileno, las que involucran a dos ex rectores y dueños de universidades privadas, no son un hecho aislado. Son la manifestación de la gran crisis de la educación superior en Chile y de los vínculos existentes entre grandes grupos económicos, grupos religiosos y personeros de los gobiernos -tanto de la Concertación como de la derecha. Han encontrado en este "mercado bullente" una forma rápida de llenar sus bolsillos a costa de los salarios de las familias de clase media y de los sectores proletarios, vaciando en pocos años millonarias sumas del Estado. Hoy se presenta una nueva oportunidad para el movimiento estudiantil, donde la demanda de educación pública y gratuita exige -más que nunca- la independencia política frente a las alternativas capitalistas. Luis Eugenio Díaz: de "militante" a mano derecha de los capitalistas La bancarrota de la CNA es hoy la máxima expresión de cómo el indiscriminado afán de lucro sobrepasó todos los limites del sistema de educación chileno. Hoy se encuentra en prisión Luis Eugenio Díaz, acusado de los delitos de cohecho y lavado de dinero mientras fue presidente de la CNA entre los años 2010 y 2012. Se lo acusa de haber recibido por lo menos 209 millones de pesos por "asesorías" a varias universidades con sus acreditaciones en trámite. Díaz es un ex -demócrata cristiano, uno de los fundadores de la Izquierda Cristiana (IC), defensor de los derechos humanos, incluso ha sido un torturado político en los años de dictadura militar. Este es el fiel reflejo de la descomposición política de los partidos tradicionales en el país. Junto con él, se encuentran en prisión los ex rectores y dueños de las universidades Del Mar y Pedro de Valdivia. El reventón de la CNA y el lucro que no para Desde su creación bajo el gobierno de Bachelet, la CNA sólo ha cumplido un rol en el sistema educativo chileno: garantizar que las nueva universidades privadas creadas en los años '80 y '90 puedan ser rentables, aumentando sus ganancias con los créditos con aval del Estado (los usureros CAE) y otros beneficios estatales. Sólo las universidades acreditadas gozaban de este beneficio. Ello, sumado a las irregularidades en torno a sus altas tasas de interés y cómo, mediante este mecanismo, se bajaron considerablemente los aportes fiscales directos (AFD) a las universidades públicas y se consolidó a grandes grupos económicos -tanto nacionales como extranjeros- en un gran negocio a costa del endeudamiento y las paupérrimas condiciones de vida de los hijos de trabajadoras y trabajadores. Muchos de ellos, estudiando y trabajando, lo hacen con deudas impuestas a más de treinta años. Entre los beneficiados por estos recursos, se encuentran -sólo por nombrar algunos- los grupos económicos yanquis "Apolo" (UNIACC) y "Laurete" (Udla, U. Andrés Bello, U. Viña del Mar), los españoles de grupo SEK (U.SEK), los dueños de Agrosuper (U. de Aconcagua), militantes ligados a la UDI (U. del Desarrollo) e incluso militantes ligados al PC (ARCIS). Todos, desde burgueses a progresistas, han guardado silencio por años frente a estas estafas promovidas por los últimos cinco gobiernos. La bancarrota de la CNA nos pone un desafío tremendo por delante. Frente a la crisis de la educación y la crisis política que enfrenta el país, es necesario levantar una alternativa que nos encamine hacia la educación pública y gratuita, la cual avance hacia una educación que asegure la generación del conocimiento y la técnica al servicio de la clase trabajadora y el país -y no como mina de oro para la ganancia capitalista. La educación en Chile "no tiene sentido" En momentos donde las demandas estudiantiles sólo han recibido represión y más privatización con las nuevas leyes en curso (ver "De la crisis política y el presupuesto 2013 - oct. 2012" en http://tendenciajuventudrevolucionaria.blogspot.com), vemos como el "sentido" de la educación superior en Chile se desmorona. La CNA, encargada de acreditar "la calidad" de las universidades y carreras, sólo demostró estar al servicio de la privatización de la educación y de los intereses capitalistas de la burguesía chilena y extranjera. Todos los proyectos de ley que venían asociados al presupuesto educativo 2013 son un complemento de este sistema de acreditación. Las tibias críticas de los dirigentes de la Confech no han estado a la altura de los hechos -incluso la CNA está compuesta por 15 miembros, donde dos son parte de la Confech, los cuales nadie conoce y aún guardan silencio. La crisis política ha calado tan hondo que incluso el ministro del Interior, Andrés Chadwick (UDI) afirmó que el sistema de acreditación de la educación superior "colapsó" y que es necesario recuperar la fe pública del mismo (Biobio Chile, 16/12). Se buscará una salida rápida y sin polémica, vía una "ley de superintendencia de educación" -un parche "fiscalizador" a un sistema educativo que necesita una transformación estructural. Se buscará ocultar la vinculación de personas ligadas a los gobiernos, como ya ha sucedido con el ministro de Justicia Teodoro Ribera (RN), otro renunciante, además de la búsqueda de un consenso con la "oposición". En la primera fila de estos acuerdos está el PC, con la perspectiva de sostener los pactos políticos para las elecciones de diputados del año próximo. Camilo Ballesteros (ex Federación de Estudiantes Usach y hoy precandidato a diputado por el PC) no esconde la vinculación de su partido con la Concertación, declarando que los proyectos de su partido "no son proyectos individuales, a nosotros lo que nos interesa es aportar al colectivo de la oposición" (radio ADN, 15/12). Una nueva oportunidad para el movimiento estudiantil: primer paso, la independencia política Es en estos momentos, en los que los estudiantes tanto de liceos como de universidades, deben reforzar sus organizaciones y direcciones, reconociendo y denunciando a sus enemigos con una sola posición: la independencia política de los centros de estudiantes, tanto de liceos como de universidades, frente a los rectores y los gobiernos de turno. Solo así podremos defendernos y organizarnos bajo nuestros métodos de acción directa y levantar la lucha por cogobiernos que permitan a los estudiantes tomar parte en las decisiones y organización de sus establecimientos, así como la coordinación nacional de las organizaciones estudiantes, la clase obrera y los trabajadores en lucha por una educación publica y gratuita, donde la educación se desarrolle según los intereses de la clase obrera y los trabajadores. Este es el momento donde la organización política de base de los estudiantes y el papel destacado que deben jugar las dirigencias clasistas tienen que multiplicarse para lograr una organización socialista de la juventud junto a los trabajadores, en la lucha por una sociedad que se reorganice bajo nuevas bases.

La más reciente conquista del Partido Obrero en la Legislatura salteña es la aprobación del proyecto de ley para la formación de centros de estudiantes en los niveles secundario y terciario, tanto para colegios públicos como privados. Digámoslo con todas las letras: es una conquista descomunal. Fue inspirado por la inquietud que desató el proyecto oficialista de voto a partir de los dieciséis años. El texto nacional no prevé ninguna medida que estimule la actividad política de los estudiantes secundarios, porque su objetivo político es la cooptación del voto adolescente por medio de la intervención incontrolada de los aparatos estatales diseñados para 'la juventud'. Nuestro partido fue al Congreso a reclamar la obligatoriedad, la reducción en la edad para ser delegado en las empresas y el derecho de los estudiantes a formar centros, en especial en los privados y en los de orientación confesional. El voto favorable a nuestro proyecto favorece la acción de la izquierda para incitar a los adolescentes a debatir política y a organizarse, así como para contrarrestar el monopolio ideológico en los ámbitos privatistas y clericales. Nuestro proyecto, aprobado por unanimidad, plantea la formación de los centros sin ningún tipo de injerencia estatal ni de las autoridades de los establecimientos, quienes en la actualidad ponen todo tipo de obstáculos a las iniciativas de organización estudiantil. No todas son mieles, sin embargo, porque el proyecto aún debe ser tratado por el Senado, donde no tenemos representación. Estamos seguros de que será bloqueado, lo que plantea el desafío de una movilización extraparlamentaria en los meses de vacaciones. Por otro lado, el voto adolescente no tiene vigencia para las elecciones locales, que el gobierno Urtubey separará de las nacionales. Sobre fin de año, nuestra denuncia de la reducción del presupuesto de obras públicas (particularmente en los departamentos del Norte) ha tenido una gran repercusión. Lo mismo ocurrió con la estafa del fondo de reparación histórica que armó Urtubey, con el que entregó las regalías hidrocarburíferas hasta el año 2023. El Senado tuvo que demorar el tratamiento del presupuesto como consecuencia de nuestra denuncia. Urtubey le ha renovado la concesión a las empresas responsables de la caída de la producción de petróleo y gas, con más de 600 despidos en los últimos tres años. También estamos impulsando la lucha de los trabajadores municipales precarizados de educación -ordenanzas, preceptores y administrativos. El gobierno procura la transferencia de la educación a los municipios. El papel de la bancada en la organización y apoyo a estos trabajadores ha sido clave. Hemos logrado que cuenten con el mismo régimen de licencias que los docentes, mientras continúa la lucha por el pase a planta. Estamos peleando por el tratamiento y aprobación del proyecto de modificación del estatuto del educador, para bajar el tope horario a 45 horas cátedra semanales o dos cargos, preservando los derechos adquiridos por los docentes que, a la fecha, tienen una carga horaria mayor; establecer un régimen permanente de titularización durante los febrero de cada año; el derecho a perfeccionamiento docente gratuito y en servicio. El proyecto también establece que el salario docente para el cargo testigo no podrá ser inferior al promedio del costo de la canasta familiar calculado por las universidades públicas de nuestro país. Este proyecto ha recorrido todas las escuelas. Fuimos la única corriente política que presentó un proyecto alternativo de estatuto para los trabajadores de la salud. El gobierno y la burocracia de ATSA han impuesto la autogestión hospitalaria, paso previo a la privatización, así como la tercerización de muchos servicios, los que están en manos de la burocracia sindical -‘à la Pedraza'. Por otra parte, la bancada del Partido Obrero ha estado presente en todas las luchas. En 2012 se destacó la de los trabajadores de Transnoa por el respeto al convenio de Luz y Fuerza y contra el vaciamiento de la empresa, que deja sin luz al pueblo de Salta. Conquistamos un pronunciamiento de la Cámara de Diputados en favor de la reincorporación de Pepe Barraza. En estos días, Claudio Del Plá estará en Tartagal respaldando la continuidad de esta lucha. Parlamento del NOA A partir de nuestra intervención en el Parlamento del NOA, la acción de la bancada salteña alcanzó una dimensión regional. Logramos poner en debate la cuestión de la minería a cielo abierto, en directa conexión con las manifestaciones de los movimientos ambientales. En Jujuy, el Parlamento del NOA aprobó un proyecto nuestro en favor de que las provincias reserven el 40% de las tierras urbanas para viviendas populares. El planteo tuvo repercusión, en primer lugar, en la propia Jujuy, donde existe un fuerte reclamo por la tierra. En el caso de Salta, la declaración aprobada es un impulso al proyecto de ley para expropiar cien hectáreas vacías y urbanizarlas con viviendas populares en un predio de la ciudad de Salta, donde se pretende llevar adelante grandes negocios inmobiliarios.

La consigna "sin clientes no hay trata" se ha popularizado en una porción del espectro político, en particular entre diversos agrupamientos feministas, pero también entre partidos y grupos políticos de centroizquierda. Se trata de una proclama que despierta una genuina simpatía en un sector no menor de la población, lo cual explica, por ejemplo, su enorme difusión en las redes sociales. Los socialistas debemos advertir, sin embargo, que se trata de una consigna errada, cuyo carácter distraccionista sólo dificulta la clarificación del verdadero problema y el desarrollo de un programa independiente de la clase obrera, capaz de proveer una salida al mismo. El consumo de servicios de prostitución ha existido en todas las sociedades históricas, capitalistas o no. Pero, para superarlo, los socialistas luchamos contra la opresión del hombre sobre el hombre en la sociedad capitalista. Esta opresión toma diversas formas y la prostitución es una de las más infames y aberrantes. Sin embargo, es un grave error concluir que es el (potencial) consumidor de prostitución el responsable de su existencia; las mujeres son forzadas a la prostitución en regímenes sociales donde, en forma parcial o total, rige el tráfico de mercancías y el trabajador cubre sus necesidades vendiendo su fuerza en el mercado. La clase capitalista explota a la inmensa mayoría de la humanidad y, en particular, regentea con inigualable crueldad el negocio de la explotación sexual y el lavado de dinero que genera. Es por eso que nuestra lucha tiene como únicos enemigos a los proxenetas y a la estructura política burguesa que los ampara. La estrategia del "Sin clientes no hay trata" no ofrece ninguna salida, porque el tráfico de personas es inherente a toda sociedad de clases y al capitalismo. El capitalismo no suprime la mercancía socialmente destructiva: la potencia, como lo muestra el lugar descomunal que ocupa la producción de armamentos. No se puede combatir la superexplotación de los obreros fabriles malayos instando al pueblo a no comprar ropa deportiva. Una intervención de este tipo no sólo no es socialista ni contrahegemónica e incompatible con el capitalismo. Reemplaza una campaña de lucha política en contra de una estructura empresarial, gubernamental y policial con una campaña de concientización que está en contradicción con la estructura social dominante. Nuestro enemigo no es un cliente abstracto sino un sujeto político definido: la burguesía. Fuera Alperovich, desmantelamiento de las redes de trata, cárcel a todos los responsables del secuestro y explotación de Marita Verón. Sin complicidad política y policial no hay trata.

-¿Cuáles son los motivos del conflicto de los trabajadores de la Isla Demarchi? -El 29 de agosto, la presidencia de la Nación anunció la realización de un polo audiovisual en una zona supuestamente "desierta", la Isla Demarchi. Eso nos provocó tristeza e indignación, porque allí existe una gran repartición de trabajadores del Estado desde hace 114 años. Hoy, trabajamos más de 400 compañeros. Allí se realizan tareas de dragado y señalización para el ingreso al puerto de Buenos Aires y a todas las vías navegables del país. Es el anuncio de una profundización en la política privatista, antiobrera y antinacional de todos los gobiernos que fueron reduciendo el número de trabajadores para esta tarea. Es ese trabajo de los compañeros el que permite abrir las rutas fluviales y marítimas para conectar nuestro comercio exterior. El ataque a la Isla Demarchi es la continuidad de la política del menemismo de entrega de los puertos, de las vías navegables, de la Flota Fluvial y de Elma. Hoy, no hay barcos argentinos que naveguen el comercio exterior de nuestro país. Ello le significa a la Nación el costo de más de 5.000 millones de dólares anuales en concepto de fletes, lo que beneficia a los pulpos internacionales del transporte, en un país donde el 80% de su comercio se realiza por medio de sus vías navegables. Se trata de una política rabiosamente a favor del capitalismo -en especial, del capitalismo extranjero. -¿Por qué hablás de un proyecto común con el macrismo? -El Polo Audiovisual ocuparía menos del 20% de la Isla Demarchi. El resto está en función de desenvolver un megaemprendimiento inmobiliario, estilo Puerto Madero, un negociado de 5.000 dólares el metro cuadrado. Esto está tanto en el ámbito del gobierno nacional como en los acuerdos que están llevando a cabo en la Legislatura de la Ciudad. No sólo somos nosotros los afectados, también todos los asentamientos que están alrededor de la Isla Demarchi lo que nos ha llevado a desenvolver nuestra lucha junto con otros sectores obreros, como el Movimiento de Estibadores de Pie, el Partido Obrero y las organizaciones sociales que nos acompañan, entre muchos otros. -En la mesa, varios oradores plantearon la necesidad de darle continuidad a la huelga del 20 de noviembre y criticaron la política, tanto de la CGT de Moyano como de la CTA, de quebrar la continuidad de esa lucha... -Indudablemente, es necesario darle una continuidad a la lucha. Es probable que los acuerdos establecidos desde la dirección de ambas centrales sean el motivo de que se haya decidido lo contrario. Pero para darle continuidad, están también las luchas y las vinculaciones que debemos establecer los trabajadores desde la base. A eso también apuntamos nosotros. -Por último, ¿qué te pareció el picnic? -Lo dije en la intervención en la mesa redonda. No soy de pasar la franela. Dije que debían estar muy orgullosos -y te lo reitero- por la enorme cantidad de jóvenes obreros y luchadores que están hoy en esta hermosa actividad.

El momento más destacado de la banca del Frente de Izquierda, este año, ha sido su actuación frente al recorte previsional de De la Sota. Cuando De la Sota agitó el atraso de la Anses en el envío de fondos para la Caja de Jubilaciones de la Provincia, elaboramos un pedido de informes para que el gobierno hiciera público el estado de las negociaciones con el gobierno nacional y sus propios planes frente al litigio, a sabiendas de que oficialismo lo utilizaría para atacar los derechos jubilatorios en Córdoba. En las reuniones de comisión y audiencias, exigimos que se definieran contra cualquier recorte a las conquistas del régimen jubilatorio. Fuimos el único bloque, representado en el recinto por la compañera Liliana Olivero, que denunció la maniobra del delasotismo y votamos en contra de la postura del gobierno provincial. No hubo que esperar nada para confirmarlo: en esa misma sesión, De la Sota se hizo presente en la Legislatura para traer el proyecto que recorta las jubilaciones. Nuestro bloque entroncó así, desde la acción legislativa, con las jornadas de lucha que desató la aprobación de la ley de recortes y reforzó la capacidad de movilización del Frente de Izquierda en los lugares de trabajo y en la calle. Luego, presentamos un proyecto para exigir la derogación de las leyes que modificaron el régimen previsional. Estas presentaciones sirvieron para que nuestra diputada desarrollara una fuerte denuncia política del Estado y los partidos patronales. Otra actuación destacada de la banca del Frente fue ante la llamada ley de Trata. La ley es un instrumento para combatir a las mujeres que ejercen la prostitución, en lugar de combatir a los capitalistas y proxenetas que la explotan. Nuestras denuncias acaban de ser ratificadas por Susana Trimarco, quien anteriormente había apoyado expresamente la ley. El Plenario de Trabajadoras aprovechó el debate para llevar a la Legislatura del caso de Yamila Cuello, desparecida desde hace tres años en un evidente caso de trata que la policía y la justicia pretendieron ocultar. A través de pedidos de informes, hemos llevado los reclamos de trabajadores y vecinos en diversos aspectos, como la situación laboral en las automotrices, el atraso del pago de sueldos de los nuevos docentes, la situación de los planes de vivienda, de numerosas escuelas y hospitales, así como de la crisis hídrica en varias localidades. El bloque ha presentado varios proyectos de ley (prohibición de despidos y suspensiones, reestatización de la empresa de agua, régimen labora en los calls centers, etc.). Nunca se nos escapó que el control absoluto del oficialismo (tiene los dos tercios y mayoría en todas las comisiones) impediría el tratamiento de los mismos y que su materialización no se haría efectiva por un procedimiento formal del Parlamento. Lo que importa, sin embargo, es la agitación política que puede suscitar, el esclarecimiento de los intereses de clase en conflicto y que sirva como instrumento de propaganda para impulsar la organización de la clase obrera. Hemos decidido presentar un proyecto que prohíba el trabajo precario (contratos, monotributistas) y tercerizaciones en el Estado provincial, municipios y empresas del Estado. Con el objetivo de generar las condiciones para imponer su discusión, estamos en un proceso de debate con delegados y organizaciones obreras. El Frente de Izquierda tiene solamente una diputada, pero hay todo un equipo militante que trabaja para que la Legislatura sirva al desarrollo de la conciencia de clase de los trabajadores y a su fortalecimiento material frente a la clase capitalista. Un bloque legislativo de izquierda, cuando desafía al Estado capitalista en todas sus instituciones, desarrolla 'de facto' un principio de doble poder.

Hace bastante que vienen merodeando rumores de que el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podría expropiar una parte importante de "La Quemita", el predio deportivo del club Huracán. Primero, se conoció un proyecto que buscaba trasladar la terminal de ómnibus de larga distancia de Retiro a un terreno lindero al campo de deportes del club. Luego, se conoció otro proyecto de ley, mediante el cual el PRO buscaría venderles los terrenos -en estado de concesión- a los clubes, con ayuda del gobierno nacional. Estamos claramente detrás de un inmenso negocio en el que una vez más, Macri y el gobierno nacional tienen intereses comunes. La terminal se ubicaría en un terreno lindero al predio, sobre la autopista Dellepiane. Según los planos que la empresa ya presentó en el Ministerio de Desarrollo Urbano, tendrá 32 dársenas, 57 boleterías y 400 cocheras para autos particulares. Además, contará con 22 estacionamientos para micros y varias decenas de locales gastronómicos y comerciales. "Tendrá más movimiento que cualquier shopping". El proyecto fue ideado por la empresa Terminales Terrestres Argentinas, el holding al que pertenece Teba SA, la concesionaria de Retiro, por lo que se descuenta que ganará el concurso. ¿Quién es Teba SA? Es una empresa de Néstor Otero, que tiene la concesión por diez años de la terminal de ómnibus de Retiro. La dirige desde los tiempos de Menem, el gobierno que le entregó la terminal. Otero es un "amigo del alma" de los Kirchner. Entre los 175 particulares que efectuaron aportes a la campaña presidencial de Cristina Fernández, figura primero en el ranking de los "generosos" con 150.000 pesos. Claro que 150.000 pesos es el apoyo "oficial" declarado (algo así como un vuelto). Detrás de este apoyo, el gobierno nacional también le otorgó la concesión de la nueva y moderna terminal de ómnibus de Mar del Plata. Un escándalo político impidió -hasta ahora- que se quedara con la de Bahía Blanca. Además, está comprobado que Otero se hizo cargo de los alquileres de los departamentos donde Ricardo Jaime -ex secretario de Transporte- vivió entre 2003 y 2009. Otero es también un empresario de carreras de caballos. La iniciativa de los hinchas de Huracán de defender los predios de "La Quemita" se encuentra ante enemigos poderosos, los que tienen la bendición del PRO y de CFK. Hay que reforzar la movilización para defenderla.

Finalmente, el PRO logró aprobar el Presupuesto de la Ciudad para el próximo año, con el voto de la UCR, de la Coalición Cívica y de algunos legisladores sueltos. Establece un nuevo aumento en el ABL, mientras reduce las partidas sociales, de educación y salud en el total del gasto del Estado. El macrismo también logró aprobar la Ley Tarifaria, con el voto de estos bloques más -sorpresivamente- el de Proyecto Sur. La fuerza de Solanas atribuye un carácter "progresivo" a los nuevos impuestos sobre la telefonía móvil, a la compra de automóviles cero kilómetro y al aumento del impuesto a los autos usados. Con los ingresos de estos impuestos, Macri podrá seguir usando, al margen del presupuesto, los ingresos de Ausa, de las corporaciones inmobiliarias de la Ciudad y del Banco Ciudad. También servirán para subsidiar a los Roggio en el distrito. El presupuesto no puede votarse por ítems aislados: es un planteo social de conjunto, que debe ser combatido y desbaratado. No es la primera vez que Proyecto Sur vota a favor del macrismo. Ya en el pasado votó exenciones impositivas para empresas que se instalen en el Distrito Tecnológico y en el Audiovisual. Alegaron que estos emprendimientos desarrollan el sur, escamoteando que se trata de un refuerzo a la explotación capitalista, a las ganancias con dinero de los contribuyentes, a la precariedad laboral y a la tercerización. Los habitantes del sur deberán pagar más impuestos al consumo, para financiar el "desarrollo" que les prometen. La "distribución de la riqueza" significaría, entonces, eximir de impuestos a los empresarios, pero incrementárselos a los consumidores. Los contratos de basura, que se llevan la parte del león del Presupuesto, también contaron con el visto bueno de los representantes de Solanas. El kirchnerismo votó en contra de ambos proyectos y acusó a la oposición de pactar con el oficialismo porteño -una réplica a la denuncia del pacto K-PRO en los negocios inmobiliarios. Balance Pero Proyecto Sur tiene una justificación, pues -al final- la gestión presupuestaria de Macri no se diferencia en lo esencial de la que desarrolló el "progre" Ibarra. Lo mismo ocurre con el apoyo al traspaso del subte a la Ciudad. Estos señalamientos nos deben servir para desarrollar una alternativa política de los que viven de su trabajo y una vigorosa campaña electoral.

Alejandro López entregó su banca a Raúl Godoy, del PTS, el pasado jueves 10. La gestión del Frente de Izquierda, a través de López, se inició con el acompañamiento a los trabajadores de Acqualic en la lucha contra la represión de las patotas del Sindicato de Aguas Gaseosas y el despido de veinte trabajadores. Los trabajadores concurrieron a la Legislatura y, a instancias de la banca del Frente, se presentó un proyecto de declaración en apoyo a su reclamo, el cual fue votado por unanimidad. Por primera vez, los trabajadores hicieron sentir su voz en las comisiones y en el recinto. El conflicto finalizó con una victoria: la reincorporación de los trabajadores despedidos. Cuando el gobierno de Sapag presentó su reaccionaria reforma educativa, nuestra banca realizó cinco charlas en diferentes localidades, junto a integrantes de las secciones de la oposición docente. No se presentó un proyecto legislativo alternativo, que hubiera podido servir para profundizar el enfrentamiento ideológico con el oficialismo provincial. El tema de si una bancada socialista y revolucionaria debe presentar proyectos legislativos (o no hacerlo en ninguna circunstancia) lo hemos discutido durante el año en Prensa Obrera. La vicegobernadora ha declarado que el tratamiento del proyecto de reforma educativa ha sido postergado hasta 2014. Posteriormente, presentamos un proyecto de declaración por los trabajadores del Casino, en contra de los maltratos laborales y la lucha por el convenio colectivo. Asistieron a la Legislatura las trabajadoras involucradas, denunciando a la patronal de Cristóbal López. El convenio colectivo aún no se ha firmado. En relación con la precarización laboral en el Estado, se hicieron recorridas por las dependencias estatales con mayor cantidad de precarizados -entre ellas, hospitales y las áreas de desarrollo social. Se presentó a la Legislatura un pedido de informes sobre la cantidad de contratados. Un proyecto propuesto por el PO, en relación con el pase a planta de los precarizados, ha replanteado en el bloque la cuestión de los proyectos de leyes. La representación del Frente presentó, sin embargo, un proyecto de ley sobre el régimen legal de las trabajadoras domésticas. El proyecto tuvo el apoyo de la Asociación Neuquina de Trabajadoras domésticas. El mismo plantea la incorporación de los beneficios de la ley de Contrato de Trabajo a esta actividad. Fue presentado al público recientemente, en octubre pasado, a través de una conferencia de prensa. También se presentó un proyecto de ley para que se extinga la acción penal de casos de protesta y huelga, así como la amnistía para los más de mil procesados en la provincia. La banca ingresó un pedido de informe sobre los créditos oficiales a la patronal de Textil Neuquén. Las obreras de la fábrica, que se encuentran en lucha desde hace un mes, por el despido de la delegada Norma Brizuela, concurrieron a la Legislatura y realizaron una conferencia de prensa para denunciar la situación. Días atrás, en la delegación del Ministerio de Trabajo de la Nación fueron recibidos Jorge Altamira y Christian Castillo junto a Alejandro López, quienes exigieron la reincorporación de Norma y el cese de la discriminación laboral. A partir de esta intervención, las compañeras serán recibidas esta semana por la vicegobernadora. En cuanto a Zanón, se presentó un proyecto de declaración, donde los diputados firmantes manifestaban su preocupación por la demora en el trámite expropiatorio. El proyecto no fue tratado en comisiones. En el equipo legislativo del Frente, se ha desarrollado un debate sobre el carácter oneroso de la expropiación oficial, que impone a los trabajadores una gravosa deuda en favor del Estado. El carácter de la misma, así como la necesidad de una campaña y un programa frente a esta presión estatal, ha sido objeto de una iniciativa legislativa que el PO presentó en la bancada y que hemos debatido en Prensa Obrera. Finalmente, la banca planteó una declaración por la que se declara de interés legislativo las sesiones de alegatos en los juicios contra los genocidas de la región. Esta declaración fue votada por unanimidad.

A raíz de un accidente ocasionado por un colectivo de Ecotrans, el intendente Othacehé ha radicado una denuncia contra algunos delegados, acusándolos de cometer "un plan de sabotaje y daño contra las personas y las cosas". Todos conocen la conducta de los delegados y trabajadores en la defensa de las condiciones trabajo y del servicio para los tan maltratados usuarios de Ecotrans. Desde el primer momento en que se hace cargo Ecotrans de la ex Transporte del Oeste advertimos de la necesidad de un plan de inversión para salir de la precariedad existente. Radicamos infinidad de denuncias en todos los organismos de control, en los medios de prensa, realizamos marchas y actos, en los cuales señalábamos las pésimas condiciones de trabajo, la falta de un plan de reparación y mantenimiento de las unidades, y que esto ponía en grave riesgo a los trabajadores y usuarios. También hemos radicado una denuncia penal por el accidente que sufrió un compañero por la falta de inversión en los talleres. El doble discurso del intendente ¿Porque Othacehé sale a atacar y a responsabilizar a los delegados, y no a Cirigliano? Cuando llevamos una nota denunciando el estado de los colectivos al intendente Othacehé, la respuesta fue hacernos esperar un buen rato y luego nos hizo sacar con la patota. Mientras los trabajadores luchábamos para preservar el trabajo y para mejorar las condiciones, el intendente se sacaba fotos en los trenes de TBA con los funcionarios y con los Cirigliano. ¿Qué pasó intendente? ¿Se terminó su idilio con Cirigliano? ¿Acaso el hecho de que este cayera en desgracia, después de la tragedia de Once, lo hizo cambiar de parecer? ¿Será que nos quiere sacar del camino para concertar el desguace metiendo a otra línea y a otro grupo empresario? Los patos de la boda de esta pelea por Ecotrans no la queremos pagar ni los pasajeros ni los trabajadores. Los trabajadores de Ecotrans -que ya libramos una inmensa lucha ante la quiebra del viejo TDO- hoy libramos otra lucha por la defensa de la fuente de trabajo de 1.100 choferes y por mejorar las condiciones de viaje de los pasajeros. Ese es nuestro principal "delito". Reclamamos el cumplimiento de las promesas de inversiones hechas por los Cirigliano. Formamos una mesa de trabajo a tal efecto. Nos reunimos con Cirigliano y lo haremos con el ministro Florencio Randazzo para reclamarle que el Estado se involucre directamente. No puede pasar un día más sin que se sepa a dónde va a parar el dinero de los subsidios y de la recaudación en general. Plantearemos una mesa control y seguimiento, integrada conjuntamente por representantes del Estado y de los trabajadores, con el poder y las facultades para revisar las cuentas y el movimiento financiero de la empresa. Como verá, intendente, defendemos los derechos de trabajadores y de usuarios. Usted apela a lo de siempre: a las patotas, a criminalizar la protesta social. A hacer de Merlo un lugar en donde se persigue a las organizaciones populares. Su denuncia contra los trabajadores lo muestra de cuerpo entero.

En 2011, el Frente de Izquierda y sus partidos conquistaron o revalidaron posiciones legislativas en varios puntos del país, en las que se desarrollaron tareas durante 2012. Es el caso de la legislatura de Córdoba -donde la banca será ocupada por dos años por Liliana Olivero (IS)- o el de Salta, con Claudio del Plá (PO). La banca que conquistó el Frente de Izquierda en Neuquén fue ocupada en este primer año por Alejandro López, del sindicato Ceramista. La lista se completa con la elección de Jorgelina Signa (PO) en el Concejo de Capitán Bermúdez, en el cordón industrial de Santa Fe.

Una de las primeras iniciativas de nuestra banca se relacionó con el reclamo de los jubilados de Bermúdez para que retorne la atención de médicos especialistas en la Ciudad. En medio del crecimiento del reclamo, la banca del PO planteó que se realizara una sesión extraordinaria -algo que impulsamos en conjunto con los jubilados. Así comenzó un importante plan de lucha, que continuó con una numerosa marcha en la ciudad y una movilización, bajo la lluvia, a la delegación del Pami Rosario para reclamar por la atención médica integral. La lucha logró su objetivo: a partir de fines de noviembre, los jubilados de Capitán Bermúdez volvieron a recibir, en los efectores privados de la ciudad, las derivaciones a especialistas que realizan los médicos de cabecera, entre otros beneficios. La banca del PO dio un fuerte debate cuando se aprobó el presupuesto 2013, el cual contempla, por un lado, impuestazos y, por el otro, un enorme ajuste en las obras públicas, a las que se destinará un 73% menos que en 2012. Esta cuestión se puso al rojo vivo en ocasión del temporal que azotó tiempo atrás al cordón industrial de Santa Fe. En medio de una ciudad arrasada, se desató una movilización popular que fue intensamente acompañada por nuestra banca. En asambleas barriales, impulsamos la formación de un comité de crisis, con delegados de los barrios electos en asamblea, para hacer un relevamiento inmediato de los daños y necesidades más urgentes. Asimismo, planteamos que ese comité organice la ayuda a los damnificados y establezca un plan de obras públicas, en base a un impuesto a las grandes empresas y a un aporte extraordinario de la provincia. La movilización de los vecinos quebró la resistencia inicial del Concejo, el que terminó votando -en forma unánime- la "minuta de comunicación" presentada por el Partido Obrero. En ese momento, se desató una ovación entre los trabajadores y vecinos que rodeaban el recinto. Nuestra banca también desplegó una enérgica acción por el tema de los precarizados municipales, reclamando que el tema se trate en el Concejo. El conflicto tuvo repercusiones en diarios y medios de la región y de la provincia. Luego, presentamos un proyecto de pase a planta que fue acompañado por los trabajadores movilizados. Logramos poner fin a la precarización de treinta compañeros que trabajan en negro para la Municipalidad desde hace más de quince años. Esta victoria sienta un precedente histórico para el resto de los trabajadores en negro de la ciudad e incluso para los más de 12 mil de nuestra provincia. Estamos difundiendo este logro en todos los municipios cercanos, para que el proyecto del PO en Bermúdez sea un factor de organización y de lucha entre los precarizados del Cordón Industrial. Semanalmente, nos reunimos con los vecinos en nuestra Casa del Trabajador, y vamos elaborando las próximas propuestas y acciones legislativas. Necesitamos fortalecer este método y presentar toda nuestra actividad de cara al pueblo. El año que se inicia planteará para la banca del Partido Obrero un mayor desafío: hemos impulsado que el reclamo de cloacas y obras sea refrendado por miles de firmas. Ahora, junto a los vecinos, queremos reunirnos con el gobierno provincial para reclamar una salida a las enormes necesidades del pueblo de Bermúdez.

El intendente Passaglia (Frente Social, sciolista) junto con su bloque de concejales impusieron con su quórum propio el aumento del 46% en el precio del boleto de colectivo, a favor de la empresa monopólica Vercelli. En contrapartida, los choferes de colectivo venían haciendo paro indeterminado por falta de pago, ya que se les adeuda el 40% del sueldo de noviembre. La falta de pago ha sido una provocación por parte de la empresa, para lograr el aumento que lleva el boleto a 3,80 pesos desde enero y a 4,20 a partir de abril. Lograron el voto favorable, mientras la policía reprimía ferozmente a los choferes e impedía el ingreso de los ciudadanos disconformes con el aumento a la sesión. También aprobaron el aumento de las tasas en un 25%. Cada localidad de la provincia reproduce, en forma corregida y aumentada, la política de impuestazos y tarifazos en la provincia y en el país. El Partido Obrero plantea No al impuestazo y al boletazo. Repudio a la represión a los trabajadores de UTA y al pueblo que se manifiesta contra el aumento del boleto, contra la falta de pago y contra el impuestazo. Apertura de los libros de la municipalidad y de la empresa Vercelli, bajo control de los trabajadores. Estatización del transporte bajo control obrero. Boleto estudiantil gratuito y obrero mínimo. Marchar masivamente el 27 de diciembre, cuando se trate el aumento de tasas.

Del jueves al domingo pasados, nuestro compañero Jorge Altamira llegó a Neuquén en función de un programa de actividades, como la participación en un plenario de la UJS, una cena con amigos y simpatizantes que colaboran con la Campaña Financiera y un debate con trabajadores fabriles, principalmente del parque industrial. De entrada, como es habitual con Jorge, fue solicitado por los medios de comunicación, con los cuales discutió los temas del momento y cómo se plantan el partido y el Frente de Izquierda frente las elecciones legislativas de 2013. La participación en el programa de televisión "Cartago" -treinta minutos- fue orientado por el periodista, en el primer bloque, hacia la participación del partido en la guerra de Malvinas, para destacar la singularidad de la posición del PO en aquella situación, y en el segundo espacio hacia nuestra intervención en la crisis que acordó el mandato de Alfonsín. El interés del presentador en destacar la actuación histórica del PO permitió destacar una característica distintiva de nuestro partido: es el único con trayectoria histórica en la izquierda, coherente y consistente. Un partido revolucionario no se improvisa, debe estar ligado a la historia del país y del movimiento obrero internacional. Otra entrevista importante, en la edición del domingo del diario La Mañana, abordó una agenda amplia de temas, pero la redacción la confinó hacia la crisis energética. Jorge señaló que "si quieren convertir a la Argentina en un país de shale gas tendrán que hacer un tarifazo y devaluar la moneda". Fuera de la agenda prevista de actividades, Altamira acompañó a trabajadoras de Textil Neuquén, junto a Alejandro López y Christian Castillo, en el reclamo ante la delegación del Ministerio de Trabajo por la reincorporación de una compañera despedida. Esta reunión, al igual que otras en ese día, ha sido registrada en un video. La más sorprendida por la presencia de Jorge fue la funcionaria de la cartera laboral, quien sorprendió a la delegación con la declaración de que "usted, con su influencia política, debería hablar con el gobernador de la provincia"; otro síntoma del avance del Frente de Izquierda, que las trabajadoras no dejaron de registrar. Afuera, con las trabajadoras textiles, al concluir la actividad, Jorge expresó: "Para esto armamos el Frente de Izquierda, para defender las luchas cotidianas de la clase obrera y llevarlas hacia su victoria". Luego del mediodía fue a Zanón, donde participó en una asamblea junto a Castillo, el presidente de la Cooperativa Fasinpat, el ex diputado López y el flamante legislador Raúl Godoy. En su intervención, Jorge convocó a los presentes a desarrollar el Frente de Izquierda. Luego recorrió las instalaciones de la fábrica y se interesó, en detalle, por los problemas de financiamiento y de inversión. La recorrida le sirvió para conversar con varios trabajadores. Cuarenta y ocho horas más tarde, Jorge discutió esta actividad con compañeros de Zanón que asistieron al plenario fabril. Por la tarde del mismo viernes, Jorge estuvo en el acto de asunción de la nueva conducción de Aten, entre cuyos integrantes se encuentra Patricia Jure, nueva secretaria de prensa del sindicato docente. Por la noche hizo uso de la palabra en la fiesta del frente antiburocrático, donde destacó que la victoria del Fura y llamó a unir a la izquierda revolucionaria con el movimiento obrero. El sábado, el plenario de la juventud giró en torno del voto a los 16 años y la necesidad de la organización política de la juventud. El intercambio de ideas arribó a la conclusión de editar un boletín regular para los colegios secundarios, y en un caso particular Jorge sugirió un boletín especial. Por la noche del sábado desarrolló la propuesta del PO de cara a las elecciones de 2013 en el "lunch" organizado junto a docentes, estatales y profesionales. Allí expresó la necesidad de lanzar la campaña electoral, para poner a la izquierda revolucionaria como alternativa política ante los ojos de millones de trabajadores. Destacó la importancia de la propaganda político-electoral para llegar al movimiento obrero y potenciar el trabajo cotidiano en los lugares de trabajo. La actividad sirvió para reclutar compañeros vinculados con el lugar en que se desarrolló el evento, lo que impactó a la mayoría de los asistentes. Finalmente, el domingo, Altamira participó de una reunión con obreros ceramistas, alimentación, trabajadores del Chañar, empleadas domésticas; participaron algunos militantes de otras fuerzas políticas que desean discutir los planteos de nuestro partido. Luego del debate, se votó asegurar la participación en la movilización del miércoles 19. Fueron tres días laboriosos frente a los desafíos planteados, manos a la obra.