Prensa Obrera N° 1247

Los últimos acontecimientos relacionados con la deuda (la sentencia de la Cámara norteamericana y el embargo de la Fragata, la pesificación de las deudas de algunas provincias) han encendido la luz de alarma del empresariado nacional. Es que estos episodios comprometen, aún más, su estructura de financiamiento, que proviene en forma significativa del exterior. Mientras se habla de "desendeudamiento", la deuda privada se ha ido transformando en una bola de nieve. A fines de 2011 ascendía a 67.000 millones de dólares. Sólo durante ese año, creció en un 15 por ciento. Se trata de créditos cuya duración promedio es de poco menos de dos años. A lo largo del corriente, los vencimientos ascienden a 29.200 millones de dólares (el 44% del total). Los nuevos emplazamientos del capital financiero a la Argentina han encarecido los créditos del exterior, al punto que varios grupos empresarios -como Molinos- tuvieron que suspender la colocación de deuda. Esta virtual paralización del crédito externo amenaza profundizar la retracción económica. Por lo pronto, una de sus consecuencias inmediata es el aumento del costo del dinero en la plaza local, al que las empresas no tendrán más remedio que recurrir. Esos mismos fondos bancarios, sin embargo, vienen siendo absorbidos por el Estado, para sostener el festival de títulos públicos en circulación. Pero la cancelación de los créditos del exterior era bancada con nuevos créditos. De cortarse esa rueda, el Banco Central debería proveer a los privados de las divisas que necesitan para hacer frente a sus compromisos. Podríamos asistir, por lo tanto, a una salida masiva de capitales, y a un vaciamiento de las arcas del Banco Central. Hasta el presente, el gobierno vino sosteniendo y alentando el endeudamiento privado. Los K especulaban en bancarlo con el ingreso de divisas. Hasta tal punto que el "Fondo de desendeudamiento", que ya tiene tres años de vida, fue utilizado para pagar deuda privada, contrariando la ley que le diera nacimiento. Buena parte de esta deuda privada son autopréstamos entre filiales y casas matrices del exterior, urdidos para sortear las restricciones en el giro de dividendos o divisas. Estamos frente a una bomba de tiempo que, ahora, empieza a estallar. Esto es lo que ha puesto en alerta a la Unión Industrial quien ha expresado su malestar frente a este cuadro de situación. Existe obviamente, la preocupación fundada de que la pesificación declarada por varias provincias se extienda a la deuda contraída por las empresas. Pasaríamos del defol público, que asoma, al defol privado, sin solución de continuidad. En este marco, se explican los reclamos crecientes en las filas de la burguesía a favor de una devaluación, que empalma con planteos similares de políticos y gobernadores opositores. Este reclamo de la burguesía se integra a la exigencia de una normalización económica capitalista, en momentos que el intervencionismo K viene revelando contradicciones insalvables. La "reinserción de los mercados", devaluación mediante, plantea un ataque en regla a los salarios.

El viernes 2 de noviembre la comisión interna de los trabajadores de prensa de Canal 13/TN se reunió con el presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Martín Sabbatella. El balance del encuentro mostró diferencias. Un comunicado de la interna del 13 señaló que “Sabbatella se comprometió a que sea un requisito para todas aquellas empresas que tengan que ‘adecuarse’ a la nueva ley de manera voluntaria o no, garantizar todos los puestos de trabajo”. Pero en un despacho de Télam publicado ese mismo día, el titular de la AFSCA realiza declaraciones donde la palabra “garantía” está ausente. En cambio, sostuvo que “nos comprometimos a trabajar juntos en la defensa de todos los puestos de trabajo”. “Trabajar juntos en la defensa...”, no es una formulación rigurosa sobre algo tan concreto como los puestos de trabajo. ¿Qué hará la AFSCA si hay despidos? ¿Cómo se le impondrá a la empresa a la que se obliga a desinvertir que garantice los puestos de trabajo de la unidad de negocios de la que se desprende? ¿Se le exigirá la garantía de los puestos en las empresas que le quedan? ¿O se le exigirá a la nueva patronal, en el caso de empresas que cambien de manos? ¿Qué ocurrirá en una eventual transición entre la desinversión y la llegada del nuevo dueño? Una “defensa” compartida de los puestos entre la AFSCA y la interna del 13 pone en pie de igualdad dos instituciones que no lo son ni pueden serlo: la comisión interna debe “trabajar” en la defensa de los puestos de trabajo con la orientación que le marcan los trabajadores que representa. La AFSCA que preside Sabbatella no tiene, en cambio, entre las 35 “funciones y misiones” que le marca la ley de Servicios de Comunicación Social ninguna mención a puestos de trabajo ni mucho menos la obligación de defenderlos. Por el contrario, en el punto 13 de sus funciones y misiones está la de “promover y estimular la competencia y la inversión en el sector”, lo que en un sistema capitalista significa regularmente “ahorro de costos” (despidos). Luego, los dos comunicados hacen referencia a “las convenciones colectivas” o al “convenio colectivo”, con la inclusión de la palabra “marco”. Se trata de un tema muy sentido para los compañeros de Canal13/TN y su comisión interna, que llevan años denunciando cómo la patronal lo pisotea. Luego de casi diez años de gobierno kirchnerista es lícito preguntarse qué novedad tiene para aportar el AFSCA que no haya hecho hasta ahora el impotente Ministerio de Trabajo, que vio pasar todas las violaciones al convenio en Canal 13/TN y las restantes empresas del grupo Clarín. Los despidos del delegado Marcelo Moreira y de la compañera de la Naranja de Prensa, Mariana Cuccarese, del cual no se ha informado si estuvieron presentes en la agenda de la reunión, están ahí para subrayarlo. Por lo que se sabe, Sabbatella no hizo mención a cómo se garantizará la libertad de expresión de los periodistas que se desempeñan en los medios que se reestructurarían a partir del 7D. Sin libertad de expresión, el puesto de trabajo del periodista no está garantizado de ninguna manera, porque la posibilidad de expresar sus opiniones e informar con libertad es algo indivisible de su condición de trabajador de prensa y, por lo tanto, de su puesto. El mismo día de la reunión de Sabbatella, Télam difundió un despacho que da cuenta de la presentación de un proyecto de ley de dos legisladores del Frente para la Victoria, donde se propone una modificación del Estatuto del Periodista para garantizar que los periodistas puedan, “sin perjuicio alguno negarse a participar en la elaboración y/o difusión de informaciones contrarias a sus principios éticos de la comunicación en el medio al cual están involucrados laboralmente”. Es el derecho al silencio, que no modifica ni un ápice el monopolio de la línea editorial del que gozan los capitalistas o el Estado que conduce un medio de comunicación. La alternativa del proyecto es que se declare despedido y tenga derecho a la indemnización. Volvemos a la vieja arenga K, cuando les pedían a los compañeros de Clarín que renunciaran al diario. La interna de Canal 13 concurrió a la cita con Sabbatella sin un pliego de reivindicaciones originado en un mandato de asamblea. Se limitó a la extraña fórmula de pedirle a los trabajadores que dirigieran por mail preguntas para el funcionario, que ellos se encargarían de retransmitir. Así, se perdió la oportunidad de llegar ante el presidente de la AFSCA precedidos de un cuadro de movilización, estimulado por exigencias concretas emanadas del rigor del voto de la asamblea. La movilización y la deliberación en torno a un programa de salida apto para enfrentar a cualquier patronal fortalecería a los compañeros frente a los inciertos acontecimientos por venir.

El "balance" de los seis meses de la estatización parcial de YPF es lapidario. Las importaciones de combustibles crecieron en ese lapso un 35%. La petrolera volvería a registrar una caída en la producción de petróleo y gas respecto del año anterior. Sólo se reactivó la perforación de pozos semanas atrás, gracias al préstamo otorgado por la Anses. Hasta ahora, los ‘acuerdos' con petroleras internacionales para la explotación del área de Vaca Muerta no pasan de protocolos de intención. Los pulpos no han puesto un peso. Para invertir, exigen la libre disponibilidad de los hidrocarburos extraídos y de remisión de utilidades del país. Pero ello no sólo involucra a Vaca Muerta. Las petroleras extienden esa condición al conjunto de los planes de perforación. Kicillof se reunió recientemente con ellas y les reclamó un aumento en la producción de gas. Las empresas "creen que el gobierno está dispuesto a convalidar mayores precios del gas- aunque no los internacionales- a cambio de una nueva producción" (2/1). La presunción de los grupos petroleros tiene fundamentos: las naftas ya acumulan un aumento del 24% en el último año. En su presentación del "plan inmediato" para YPF, su nuevo presidente sostuvo que piensa obtener el 70% de las inversiones previstas de fondos propios. O sea que, por ahora, los únicos "inversores" de la nueva YPF son los trabajadores y consumidores argentinos. Los préstamos por 3.000 millones de pesos que YPF obtuvo en estos meses tienen sus cláusulas de ajuste atadas al dólar. La devolución de estos fondos, por lo tanto, depende de la dolarización de las tarifas. Repsol En medio del empantamiento de la ‘nueva' YPF, es significativo que el estado español haya resuelto retomar las importaciones de biodiesel argentino, que se habían interrumpido como represalia a la expropiación de Repsol. La medida fue interpretada como un gesto hacia el gobierno argentino con vistas a la próxima cumbre iberoamericana, donde se espera a Cristina Kirchner y un ‘diálogo' de ésta con Rajoy, que aborde la cuestión de los resarcimientos a Repsol. A la espera de ello, Repsol ha dejado en suspenso el inicio de un juicio a la Argentina ante el tribunal arbitral del Banco Mundial. Según El Economista (México), “el gobierno argentino estaría dividido entre quienes están dispuestos a negociar un pacto y quienes no" (2/11). Pero el propio presidente de YPF, Galuccio, ya afirmó que la expropiación de Repsol "influye en ciertos inversores en la decisión de asociarse con nosotros" (Clarín, 31/8). Una ‘normalización’ con Repsol no resolvería, de todos modos, las demás exigencias de los monopolios petroleros. Pero cargaría sobre YPF una nueva hipoteca, que reforzará la tendencia a los tarifazos. Gasíferas y eléctricas reclaman rescate La crisis energética se completa con la cesación de pagos declarada en las distribuidoras de gas y energía eléctrica. Metrogas ha dejado de pagarle en tiempo a sus proveedores. Por su parte, Edenor sólo paga la mitad de su factura con la compañía del mercado eléctrico mayorista, la que a su vez ha dejado de pagarle a las generadoras. De Vido ha tenido que salir a aclarar que "el suministro eléctrico de este verano está asegurado", señal de que se esperan apagones masivos a partir de esta ruptura en la cadena de pagos. Los principales grupos del sector eléctrico han "distraído" los subsidios en comprar distribuidoras del interior y concentrar el negocio. A su turno, las deuda de las eléctricas están en manos de "fondos buitres", que esperan cobrar por ellas seis veces el valor por el cual las compraron. Sobre el mismo sistema eléctrico, sobrevuela también la sospecha de obras sobrefacturadas. Pero a despecho de todo lo anterior, Kicillof les ha prometido un régimen de tarifas que contemple "el costo más un beneficio razonable". Esos costos convalidarán los préstamos leoninos y demás negociados. Las distribuidoras de gas esperan una "convocatoria similar" a la que recibieron las eléctricas (La Nación, 12/10). A un año del anuncio de la ‘sintonía fina', las privatizadas y el capital financiero están emplazando al gobierno. El rescate de todos ellos plantea una conmoción política y económica, lo que explica las vacilaciones de los K. Pero los naftazos, los arreglos con las eléctricas y la tentativa de un acuerdo con Repsol indican cuál es la dirección oficial: un nuevo rescate de las privatizadas del menemismo, a costa de los trabajadores y del país.

"Clarín y La Nacíón apoyan el uso de glifosato en la Argentina..." "Magnetto oculta los casos de cáncer y llegó a manipular informes científicos contra el uso del químico". Este fue el título de una extensa nota del diario K Tiempo Argentino de marzo del año pasado. Ironía de la historia: poco más de un mes atrás, Cristina Fernández en persona anunció la aprobación del uso sin precedentes del químico que maldecía Tiempo Argentino. Fue cuando habilitó el uso, también irrestricto, de una semilla de soja transgénica resistente a la fumigación masiva con glifosato. El herbicida y la soja respectiva son comercializadas por Monsanto, uno de los mayores monopolios capitalistas del planeta. La reciente habilitación presidencial implica un negocio multimillonario, sólo comparable al de los monopolios mineros como la Barrick. La aprobación oficial de la soja transgénica habilita a Monsanto a cobrar regalías sobre el 75% de la producción de soja, la que, hasta ahora, se efectuaban con las semillas que los productores guardaban por su cuenta luego de la cosecha. Es una "privatización" que sólo puede compararse con los grandes latrocinios del menemismo. Con la bendición gubernamental, ahora Monsanto está instalando tres plantas en Córdoba para la producción de semillas transgénicas, lo cual ha provocado una enorme movilización en el barrio Malvinas Argentinas, aledaño a la capital mediterránea. Ya a mediados de junio, miles de manifestantes habían marchado por el centro de Córdoba con las consignas "Paren de Fumigar. Fuera Monsanto de Córdoba". Punta del iceberg Esta historia toma una nueva dimensión a la luz de un estudio anunciado días atrás con títulos catástrofe en la prensa europea. La información da cuenta de la investigación sobre una semilla producida por Monsanto y recoge los resultados producidos por su suministro a un grupo de ratas de laboratorio. Los animalitos desarrollaron tumores del tamaño de pelotitas de ping-pong y complicaciones hepáticas y renales. La investigación fue conducida por el biólogo francés Giles-Eric Séralini, de la Universidad de Caen, y fueron publicados por la revista Food and Chemical Toxicology. Séralini fue presentado años atrás por otro diario K (Página/12, 21/6/09) como un referente europeo en el estudio de agrotóxicos, quien "confirmó los efectos letales del herbicida en células humanas de embriones, placenta y cordón umbilical. Alertó sobre las consecuencias sanitarias y ambientales, y exigió la realización de estudios públicos sobre transgénicos y agrotóxicos". Las semillas transgénicas secretan una toxina que liquida a los insectos que atacan la planta. Su consumo a largo plazo por los seres humanos es, al menos, desconocido. Por eso mismo, al menor indicio de efectos dañinos, lo que corresponde es vetar el uso de los OGM estudiados hasta lograr un completo y riguroso seguimiento de la cuestión por un comité científico idóneo. El escándalo provocado por la investigación de marras se explica porque las autoridades europeas procedieron al revés: impugnaron ciertos defectos en el trabajo del biólogo Séralini para avalar la continuidad de la comercialización de la mentada semilla, en lugar de declarar una inmediata moratoria en la autorización de su uso. La larga mano de Monsanto, como se ve, no se anda con chiquitas. El asunto no termina aquí y no sólo porque el uso generalizado de las semillas transgénicas implica un círculo vicioso mediante el cual la planta respectiva se hace cada vez más resistente al herbicida, de modo que herbicidas más fuertes y de mayor ingeniería genética se implican mutuamente. Las semillas modificadas acaban, además, desplazando por la polinización a las semillas naturales originales y plantean su eventual desaparición. Se trata de un ataque en regla a la biodiversidad, que puede concluir en una catástrofe por la combinación del uso creciente de productos químicos cada vez más agresivos con la flora y la fauna, las toxinas fabricadas por las propias plantas y la contaminación genética. Por casa, cómo andamos Argentina es el país con el más irrestricto y difundido uso de transgénicos, desde su aprobación inicial durante la gestión del ahora filo K Felipe Solá en los noventa y mediante un proceso totalmente fraudulento, que en su momento denunció el propio Horacio Verbitsky. El lobby sojero tampoco se anda acá con chiquitas: el director del Conicet, Andrés Carrasco, fue desplazado de su cargo luego de conocerse sus investigaciones sobre el desastre sanitario y ambiental provocado por el glifosato. Otros estudios, como los del médico Alejandro Oliva y los del doctor Jorge Kaczewer -según informó Tiempo Argentino en la nota mencionada-, advierten sobre el crecimiento de los casos de cáncer, de las enfermedades neurológicas y de problemas reproductivos, posiblemente relacionados con el uso intensivo de agroquímicos. El Conicet, mientras tanto, privilegia como "innovación" la asociación con las empresas privadas de "biotecnología". La semilla de maíz genéticamente modificada que fabricará Monsanto en Córdoba fue denunciada como "una verdadera amenaza a la salud humana y al ambiente general de nuestro país", según indica el informe del doctor Medardo Avila Vázquez, coordinador de la Red Universitaria de Ambiente y Salud (1): "el maíz es el alimento que permitió a los humanos progresar a través de 15.000 años en América, su semilla es convertida ahora, a través de biotecnología, en un asesino serial capaz de resistir la lluvia combinada de venenos en fumigaciones aéreas o terrestres sistemáticas, que matarán todas las plantas cercanas al cultivo menos al nuevo mutante; y será también una usina permanente de toxinas insecticidas, cuyas consecuencias ambientales en nuestro delicado equilibrio ecológico-sanitario -recordar epidemia de dengue 2009- son por lo menos imprudentes y alarmantes". El veneno de la política "nacional y popular" parece algo más que una metáfora. (1). El informe completo puede encontrarse en la página web po.org.ar en la Prensa Obrera del 13/9/12. Se puede consultar también: " CFK, De la Sota y UCR, unidos por Monsanto " en PO del 27/9/12; " La culpa no es sólo de Monsanto ", en PO del 6/9/12; " Monsanto: los K tienen un nuevo aliado " en PO del 30/8/12.

EXCLUSIVO DE INTERNET El ídolo de los monopolios El ciclista yanqui Lance Armstrong ha sido el protagonista del mayor escándalo mundial del dopaje deportivo. Lance era el dios del ciclismo mundial. Ganó en forma consecutiva desde 1999 a 2005 el Tour de Francia, la principal prueba ciclista del mundo. La UCI (Unión Ciclista Internacional) aceptó las pruebas de dopaje presentadas por la agencia anti-doping norteamericana, despojándolo de sus siete títulos más valiosos y de las ganancias "oficiales" de esos títulos. Ellas ascienden a 11 millones de euros, aunque sólo constituyen una ínfima parte del inmenso negocio capitalista montado alrededor de su figura. Hoy se descubre que detrás de estos éxitos había droga y una enorme cadena de complicidades. Un año antes de que Armstrong ganara su primer Tour, saltó en Francia el escándalo Festina (1998) sobre el uso de Epo, una droga intravenosa que duplica el rendimiento deportivo. En aquel momento, los equipos médicos de Lance, encabezados paradójicamente por uno apellidado "Del Moral", que habían establecido contratos millonarios con Nike y diez empresas de marcas deportivas, decidieron trasladar todo el armado del dopaje a España, con menos controles que Francia. Todo este armado permitió durante siete años un fabuloso negocio capitalista con su figura. En la cúspide de su éxito, Lance tuvo un cáncer testicular Su •"equipo" le aconsejo la creación de la fundación Liverstrong contra el cáncer al calor de su fama. La fundación tuvo millonarios aportes privados y el apoyo de George W Bush de quien llego a ser asesor deportivo. También fue sponsoreada por importantes patronales yanquis del rubro medicamentos. Las empresas y el presidente lo presentaban "como ejemplo de tesón y lucha contra la adversidad" (El País, 12 /10). Ahora, está en duda si la fundación Liverstrong, de la que también ha sido separado, no era también una pantalla del armado del doping. Lance fue hasta el final en el armado de este fraude. Para mantenerlo, el "equipo" debió vincularse con mafias del tráfico de drogas, el soborno de influencias y por supuesto, a médicos que están articulados a estos negocios. Hoy las grandes marcas que lo patrocinaban, en particular Nike, han salido a crucificar al atleta dopado, que les aportó promoción durante años. Son las mismas marcas que viene zafando internacionalmente de las denuncias mundiales sobre la explotación que ejercen sobre miles de trabajadores y niños en China, Taiwán, Malasia y Filipinas en la fabricación de indumentarias deportivas. Ha caído un dios del deporte. Pero el negocio sigue y las empresas que se beneficiaron con él quedan libres de pecado. La práctica provechosa del deporte, y la propia integridad física y moral del deportista, son incompatibles con el capitalismo. Juan Ferro

El paro general es tema destacado en la mayor parte de los periódicos de la izquierda. Para el PCR, "la preparación del paro nacional es tarea central de las fuerzas obreras y populares" (Hoy, 30/10). Izquierda Socialista reclama a Moyano y Micheli "que le pongan fecha al paro" (El Socialista, 24/10), mientras para el MST "va creciendo la importancia de garantizar un nuevo Paro Nacional CTA-CGT" (¿cuál fue el "viejo"?). La carencia de una delimitación respecto de las burocracias convocantes es especialmente notoria en el MST, PCR e IS. En Alternativa Socialista se ensalza la limitada convocatoria contra la ley de ART ("miles"), y se destaca "la unidad conseguida" entre Moyano y Micheli, sin palabra sobre su defección a dar una lucha en serio y, peor todavía, respecto de que el líder de la CGT se abrazó con Macri un día antes de que el PRO tuviera papel decisivo en la aprobación de la ley patronal. IS se limita a "exigirle" a Moyano y a Micheli, mientras el PCR omite toda referencia a las alternativas políticas patronales que ambos cocinan. El MST y el PCR no excluyen un armado electoral con el FAP -y hasta lo impulsan. La renuncia a integrar las acciones de lucha contra el ajuste a una perspectiva política propia de la clase obrera, liderada por la izquierda, deja a las iniciativas de las centrales opositoras como campo de maniobras de la oposición capitalista al gobierno. Por eso, integran al cacerolazo del 8N como parte de la lucha, sin trazar una delimitación respecto de su contenido político. Libres del Sur, por su lado, no tiene periódico semanal. En su página web, el centro lo ocupa la defensa de Binner y el gobierno de Santa Fe frente al kirchnerismo. Libres del Sur no refuta en ninguno de los seis comunicados que sacó sobre el tema las acusaciones contra la narco-policía. La defensa de Santa Fe como "una de las (provincias) mejor administradas a pesar de las constantes presiones a que es sometida por la Casa Rosada" oculta el desquicio en que las bandas narcos han transformado el sur de Rosario, y el carácter social del gobierno provincial, que está al servicio de los monopolios sojeros. Pero tampoco denuncian al kirchnerismo por convalidar nacionalmente el entrelazamiento entre el aparato policial y el delito organizado. Cuando la izquierda renuncia a ser tal y se coloca como furgón de cola del centroizquierda capitalista, termina en la lamentable situación de defender a los gobiernos y a su aparato policial descompuesto. El PTS, por su parte, propone "a la vanguardia antiburocrática y a los compañeros del Frente de Izquierda definir un posicionamiento común que parta de la exigencia de ponerle fecha concreta al paro" (La Verdad Obrera, 1/11). Pero continúa omitiendo cualquier referencia al Frente de Izquierda en relación con la crisis política nacional y la necesidad de establecer una referencia propia de los trabajadores. Es esto lo que reclamábamos al señalar que "la izquierda, por su condición revolucionaria, debe tomar la iniciativa política y delimitar en sus propios términos (no en los que presentan los campos patronales), los verdaderos (históricos) campos en disputa" (La izquierda frente al desbarajuste nacional, 18/10).

La excarcelación del ex jefe policial Tognoli no ha despejado una sola de las acusaciones que se yerguen sobre la policía de Santa Fe. La Justicia ha determinado que las ‘averiguaciones’ en favor de ciertos narcos -que estaban siendo seguidos por otras fuerzas de seguridad- fue realizada desde las más altas oficinas de la jefatura policial de la provincia. Lo que no pudo determinarse aún es quién pidió los datos de los vehículos que perseguían a los narcos: si fue Tognoli o un subordinado. Lo único que está por verse, entonces, es si la connivencia con los narcos le correspondió a Tognoli o resultaba patrimonio del conjunto de la cúpula policial. A pesar de ello, la Justicia le dictó la ‘falta de mérito’ a Tognoli. Pero más bochornosa aún ha sido la defensa de la policía provincial que Hermes Binner realizó horas después, en una conferencia de prensa en la que fue acompañado por los radicales, el FAP y Solanas. La connivencia del gobierno socialista-radical de Santa Fe con la descomposición policial ha vuelto a quedar en claro. Opositores rescatan al aparato policial En ese contexto, en la Cámara de Diputados santafesina, el peronismo cristinista, los demás sectores peronistas y el PRO han sancionado la ley de “Emergencia en Seguridad”, la cual plantea una depuración de oficiales y jefes policiales sospechados e investigados en sede administrativa o judicial -un punto que el gobernador Bonfatti ya anticipó que vetará. Pero, al mismo tiempo, facilita la incorporación de efectivos “capacitados y supervisados por las fuerzas especiales” -o sea, un régimen de fuerzas de élite. Luego, plantea un reforzamiento presupuestario integral de la policía -el que incluye compra de vehículos, construcción de cárceles y mayor libertad en el manejo de compras directas para las jefaturas. Detrás del pase al costado de algunos jefes, el kirchnerismo y el PRO apuntan a reforzar al sospechado aparato policial. En el medio, la Legislatura no consideró la reapertura integral de una investigación sobre los casos de los pibes de Newells, de los jóvenes ligados a la Darío Santillán o de las múltiples denuncias sobre prostíbulos y trata de personas en Rosario y sus alrededores. Nada se responde a los familiares de las decenas y decenas de víctimas de las bandas, ni tampoco a las organizaciones populares y de derechos humanos, las que reclaman la investigación hasta las últimas consecuencias de este entramado alojado en el seno del Estado. Bonfatti tiene que rendir cuentas y ser sometido a juicio político por su responsabilidad. Cárcel a Tognolli y a todos los implicados hasta el momento. Exigimos el juicio y castigo a todos los responsables materiales e intelectuales de todos los asesinatos contra el pueblo en estos años. Por el inmediato esclarecimiento de los crímenes de Patón, Mono y Jere (de la Darío Santillán). Destitución inmediata de todos los jefes policiales, por un cuerpo de seguridad ciudadana responsable ante la población, así como ante organizaciones populares y de derechos humanos.

EXCLUSIVO DE INTERNET Este año, el co-gobierno K-radical de la Facultad de Arquitectura (Fadu) hizo explícita su voluntad de acreditar la carrera de Arquitectura a la Coneau -el órgano creado por la LES menemista en 1995. La "acreditación" es objetivamente un ajuste de la carrera, ya que implica equiparar los contenidos del plan de estudios de la Fadu al de universidades privadas como la Kennedy: es una devaluación del título de grado de la UBA. La contracara de este ajuste seríaun avance privatista: los "contenidos excedentes" pasan a dictarse en postgrados pagos. La experiencia de otras facultades no deja lugar a dudas: la acreditación en Odontología "logró" que un postgrado de "Implantes" se cotice por encima de los 65 mil pesos. En Ciudad Universitaria todavía está "caliente" el antecedente de Exactas 2010, cuando los estudiantes y docentes impusieron el rechazo a la Coneau y la defensa de las carreras.Por ese motivo, en esta oportunidad,las autoridades encabezadas por el decano K Cajidese vieron obligadas a revestir la acreditación con una máscara "democrática". Votaron la realización de tres "plebiscitos"... organizados de forma tal que el resultado pro-Coneau estuviera asegurado de antemano. La primera decisión fue excluir de la consulta a los docentes y estudiantes de las cinco carreras restantes de la Fadu y al CBC de Arquitectura, cuando estaba clarísimo que las consecuencias serían para todos. El paso siguiente fue lanzar un plebiscito para profesores titulares y adjuntos que, con un 93% favorable a la Coneau, fue presentado por los funcionarios oficiales como "la voz de los docentes"... cuando los profesores regulares representan menos del 2% de la masa docente de la facultad (apenas 65 personas votaron por la acreditación). Luego se realizó un plebiscito para los graduados, cuyo resultado pro-Coneau estaba descontadopor elpeso determinante que tiene en el claustro el aparato clientelar de la facultad. Así y todo, la concurrencia a las urnas fue baja. Cuando llegó finalmente el turno del plebiscito estudiantil, las maniobras se multiplicaron: los funcionarios "militaron" cada minuto de la elección, bajando a los cursos para lanzar extorsiones de todo tipo: "si no se acredita, el título no va a tener validez", "si no se acredita, no va a haber presupuesto", etc, etc. A pesar de todo, en un plebiscito donde nadie conoció nunca el padrón y ningún estudiante pudo siquiera fiscalizar la votación, la gestión se vio obligada a reconocer que el 49% se pronunció contra la Coneau. Esta gigantesca resistencia fue el fruto de una intensa lucha política encabezada por el centro de estudiantes y la AGD. En paralelo y en oposición a estos plebiscitos amañados y excluyentes, el Ceadig y la gremial docente organizaron sus propias consultas. En el plebiscito del Ceadig votaron más de 5.000 estudiantes de todas las carreras con un resultado contundente: 85% en contra de la Coneau. Algo similar ocurrió con el plebiscito de la AGD: 355 votos en contra (74%), 112 votos a favor. Lo que terminó de poner en crisis el plan de las autoridades fueron las elecciones de centro de estudiantes: "Estudiantes por el cambio", la lista que integramos junto al PCR y Sur, fue reelecta por el 42% de los votos. La lista de la gestión, que evitó a lo largo de toda la campaña mencionar la palabra "Coneau", no pudo superar el 23%. La votación, esta sí "plebiscitaria" a favor de la conducción de izquierda del Ceadig,fue un mensaje claro para las autoridades y a la vez un mandato de lucha para derrotar los plantes privatistas. Vamos por una asamblea general de estudiantes y docentes y un plan de lucha común para defender nuestras carreras y por todas las reivindicaciones pendientes.

El acuerdo del PRO y el kirchnerismo en la última sesión de la Legislatura nada tiene que envidiar a los Menem, Grosso y Domínguez, en materia de negociados a costa de las tierras y del erario público de la Ciudad. Se aprobó la rezonificación de los terrenos ferroviarios de la Nación, el crédito de 250 millones de dólares para entubar el arroyo Vega, la entrega por 30 años de gran parte del Parque Roca a la Cámara de Transporte de Cargas para una playa de estacionamiento de camiones, la venta del edificio del Plata para financiar el Centro Cívico en el Borda, y la creación del "distrito de las artes" en La Boca, una zona con exenciones impositivas para las empresas de diseño y emprendimientos capitalistas de las "índustrias culturales". Se trata de otra medida de rescate al capital, con la particularidad de ser una entrega "en especias" -las tierras públicas de la Ciudad. Esta orientación la comparten el kirchnerismo y Macri, delatando la base social común de ambos: la patria inmobiliaria de los Elsztain, dueño de Irsa y del Banco Hipotecario, y principal beneficiario del pacto. Con este acuerdo, los "desarrolladores" están siendo más que compensados por el "cepo cambiario". El acuerdo fue tejido desde las más altas cúpulas de los dos gobiernos. Kicillof y Bossio concurrieron a la Legislatura a negociar, durante las horas previas a la sesión, todo el armado. Rezonificación Con el acuerdo, el gobierno nacional ha logrado la rezonificación de los terrenos ferroviarios de la vieja Onabe. De los cinco terrenos sólo dos se utilizarán para el plan Pro Crear -Patricios y Pompeya. Los otros tres -Liniers, Palermo y Caballito, mucho más valiosos- serán asignados a "desarrolladores inmobiliarios" y a la propia Ciudad. El caso de los terrenos de Palermo es especialmente instructivo. Allí ya se está construyendo hace un año un shopping de Irsa, sin autorización legislativa; o sea, la ocupación efectiva por parte de los especuladores inmobiliarios fue un hecho de fuerza y precedió a la regulación estatal. La vara contra los "ocupas" de la burguesía no es la que rigió en el Indoamericano. Solares y Polo Audiovisual Irsa, de Elsztain, está de los dos lados del acuerdo, con los Macri y los K. Macri espera obtener el aval de los K para la construcción, a cargo de Irsa, del proyecto "Solares del Plata" en la ex Ciudad Deportiva de Boca, un proyecto que ya fue rechazado por la Legislatura. Ahora, todo el bloque kirchnerista votaría a favor. El emprendimiento obligará a llevar adelante el desalojo de los habitantes del barrio Rodrigo Bueno, que se encuentra lindero al predio. A cambio de votar a favor de este proyecto, los K lograrán del macrismo el voto a favor de la rezonificación de la Isla De Marchi para el polo audiovisual, a costa de la liquidación de las instalaciones portuarias y de 1.000 puestos de trabajo. Parque Roca y el Borda Pero esto no es todo. En la misma sesión se aprobó la entrega de casi 40 hectáreas del Parque Roca para armar un "centro de logística" con un permiso de uso "precario y gratuito" a la federación de empresarios de transporte de cargas. Finalmente, se votó la venta del edificio del Plata por 70 millones de dólares, para financiar la construcción del Centro Cívico en el Borda, consumando, de ese modo, el remate del hospital. El kirchnerismo votó a favor luego de hacer demagogia contra la entrega del Borda durante meses. Desquicio Urbano Con este paquete de leyes, el desarrollo urbano de la Ciudad pasa a manos del capital inmobiliario. El dinero del Estado se utiliza para una nueva sede del gobierno porteño -que estará alejada del centro del poder político-, en lugar de ir a satisfacer los problemas más urgentes del pueblo de la Ciudad. El acuerdo Macri-K cuenta con el antecedente de la ley de ART, votada por ambos en el Congreso. Queda por ver si esto incluye también un acuerdo en torno del subte, para el cual ambos gobiernos prevén un impuestazo y un tarifazo masivo del transporte. Vamos el 22 a la Legislatura El acuerdo pone de relieve fundamentalmente la importancia de la independencia política de las organizaciones obreras y populares de la Ciudad. ¿Qué posición fijarán ATE y UTE, que se vienen movilizando contra la entrega del Borda, frente al acuerdo? Llamamos a los trabajadores de la Ciudad a deliberar y a sacar las conclusiones de la nueva situación, y a las organizaciones obreras y populares a romper con el kirchnerismo y con los bloques patronales, que son una piedra en el zapato para enfrentar este acuerdo. Pongamos en pie un plan de lucha para defender el derecho a la vivienda y por todos los reclamos populares de la Ciudad. El Partido Obrero convoca a movilizarse el 22 de noviembre a la Legislatura de la Ciudad, y a rodearla en todas las ocasiones que se trate el paquetazo, para plantear abajo el acuerdo de entrega de tierras, por el derecho a la vivienda, por la defensa del Borda y de todos los puestos de trabajo, por la urbanización de las villas de la Ciudad, por una Ciudad para los que viven y trabajan y no para el capital inmobiliario y para la patria contratista.

El propósito que reunió a la burocracia de los Gordos, Gerardo Martínez y Caló en la CGT Balcarce fue reconstruir un puente con el gobierno de Cristina. Pero se desató una crisis de alto voltaje alrededor de un tema muy sensible para toda la burocracia sindical: las obras sociales. Por la resolución 1200 de la Superintendencia de Salud (SS), se transforman en “no obligatorios” los reintegros por tratamientos complejos, los que pasan a ser “responsabilidad integral” de las obras sociales ante cada beneficiario. El manejo de los reintegros pasaría a depender de las “posibilidades del presupuesto público”, cuando sus fondos provienen del Fondo Solidario de Redistribución (FRS), basado en un aporte por trabajador y, por lo tanto, propiedad de las obras sociales, no del Estado, el que es apenas su administrador de acuerdo con la ley menemista. Al igual que con las ART, el gobierno agrava el régimen noventista. No se trata apenas de un equívoco. La resolución 1200 va muy lejos en un avance hacia la estatización del control de fondos y manejo de las obras sociales. Por ella, la superintendencia indicaría también qué laboratorio, droguería o proveedor de prótesis contratar (La Nación, 24/10). Es más, la resolución resucita las “mandatarias” o “gerenciadoras” que fueron excluidas al emerger el caso de la mafia de los medicamentos: son las intermediarias que tercerizaban los reintegros. Hay también un ataque contra todas las coberturas por discapacidad, lo cual aceleró una movilización de las organizaciones del sector. El decreto suspendido establece un techo de 2.800 pesos para el total de gastos de educación especial, rehabilitación, transporte y otros ítems para hijos o beneficiarios con capacidades diferentes, lo cual no alcanza para nada y se traduciría de inmediato en recortes. Varios institutos declararon que, en esas condiciones, irían al cierre. El decreto no se anuló, pero se suspendió hasta fin de mes. El gobierno abrió un “diálogo” con su flamante burocracia adicta para “consensuarlo”, lo cual recuerda el caso de la “consensuada” reforma laboral argentina o la más reciente dispuesta en España, donde los sindicatos son colocadas discutir el tamaño y la modalidad de la usurpación de conquistas laborales. Negociarán sobre un despojo -o mejor: sobre un nuevo despojo-, porque en lo que va del año fueron liquidados 2.000 de los 5.000 millones ingresados al FRS. El resto fue usado para adelantos al Tesoro. La Auditoría General de la Nación determinó en 14.300 millones el dinero total de deuda acumulada en la década kirchnerista. Ismael Bermúdez estira esa cifra a 15.000 millones (Clarín, 3/11). Sentarlos a negociar sobre una resolución que cuestiona los reintegros mismos significa, a buen entendedor, el default definitivo de la deuda acumulada. Conviene aclarar aquí que el FRS tiene dos funciones: financiar los tratamientos de Alta Complejidad (que antes administraba el disuelto APE) y la compensación hacia las obras sociales más débiles, cuyos aportes no lleguen a la cápita del Plan Médico Obligatorio. La usurpación de semejante suma de dinero en esta década ha empujado quebrantos, convocatorias de acreedores de gran cantidad de obras sociales y, fundamentalmente, recortes en la calidad de la salud y el aumento de los aranceles o coseguros, en particular en las más débiles. Hubo concentración en las más poderosas y una migración hacia las prepagas por parte los salarios más altos, al punto que el 40% de los asociados a prepagas provienen del sistema de obras sociales. Caló y compañía pretendían que le fueran transferidas las prebendas que disfrutó Moyano desde 2003, pero no fue así. Esta crisis con la CGT Balcarce, nacida para apoyar al gobierno, abarca a todos los sindicatos. La línea dominante del gobierno es la captura de cajas para solventar el presupuesto público, así como sus prioridades de deuda y de subsidios (ajuste). Por otro lado, un replanteo político general respecto de los sindicatos, que tuvo su primer capítulo con la ruptura de Moyano. El desembarco de elementos de La Cámpora en el entorno de Tomada no es ajeno a esta situación. Las informaciones indican que los “camporitas” están también entrando al Pami y han copado gerencias clave de la Superintendencia de Salud, que la burocracia de Caló pretendía para ellos. Barrionuevo, un viejo lobo en el negocio de las obras sociales, movilizó miles de trabajadores (Moyano aportó una parte) a la Superintendencia de Salud para reclamar por toda esta situación, ante lo cual recibió 4 millones de pesos para gastronómicos de los 176 que el gobierno prometió liberar. Se trata de cifras menores en el paquete de la confiscación monumental que han sufrido los trabajadores. El tema por sí mismo amerita la huelga nacional y debe ser sumado en las asambleas y plenarios obreros a las reivindicaciones de los trabajadores, puesto que el gobierno de Cristina ha robado nuestros aportes. Pero no podemos reclamar simplemente que sean devueltos a la misma burocracia que los malversa, la cual avaló la desregulación-privatización del menemismo, acompañó el despojo en estos años y es la responsable de la mafia de los medicamentos. Inmediata devolución de los fondos, investigación de las cuentas por comisiones obreras electas; por un sistema único de la salud integrado, universal y gratuito. Incorporamos este programa al debate de asambleas y plenarios con vistas el paro general.

EXCLUSIVO DE INTERNET El gobierno otorgó una prórroga de la concesión de la tercera área petrolera de la provincia por volumen de producción, cinco años antes del vencimiento y hasta el año 2027. Se trata del yacimiento Aguaragüe que es operado desde el '92 por Tecpetrol (techint) asociado con Petrobras y Ledesma. La participación de YPF es del 30% (recordamos que el estado solo es dueño de la mitad de ese porcentaje). En los últimos años se ha ido cayendo la producción pero ha sido mas grave aún la caída de las reservas, reducidas a la mínima expresión por la ausencia de inversiones. Con la prórroga, las empresas obtienen de inmediato un beneficio financiero al asegurarse la producción a futuro. La experiencia de todas las provincias demuestra que la extensión de los contratos no trae siquiera una reactivación efectiva de la producción y la exploración. Se completa así la entrega de los yacimientos más importantes ya iniciada en 2008-09.Lo que hay que ver es que con la "nueva" YPF se están celebrando los mismos viejos contratos que significaron el saqueo del recurso y que además no pudieron revertir la caída irremediable de las inversiones. Es esto lo que impulsó el déficit y la obligación del país de importar un volumen record de de combustibles este año. El gobierno afirma que esta extensión de la concesión se justifica porque es el reclamo que venia realizando el sindicato mediantes paros. Lo cierto es que Urtubey es un vocero directo de las privadas igual que la dirección del gremio de los petroleros privados. Ambos asumen como propio su reclamo de que se les reconozca el precio internacional por el petróleo y el gas aunque el costo de producción en lo Argentina sea al menos cuatro veces menor (depende del área productiva de que se trate). Las "novedades" del nuevo contrato Un mes y medio de la producción ya alcanza para pagar los miserables 6 millones de dólares que la provincia recibió como canon por la prórroga.-Un plus del 3% en regalías que se acordó, sigue siendo muy bajo si se lo compara con Bolivia o Perú en donde las petroleras pagan mas del triple y el doble, respectivamente por este concepto. Los compromisos de la operadora no van más allá de la perforación de tres nuevos pozos pero sobre el área ya explorada, lo que en el mejor de los casos aumentaría producción pero no reservas y crearía escasos puestos de trabajo. De allí que este anuncio no impidió que casi al mismo tiempo la empresa de servicios Peterser (una de las ultimas que quedaba de los ex obreros de YPF) despidiera a sus 50 trabajadores. Como dijimos en el número anterior la situación en el Norte no da para más. Con la expropiación de Repsol sólo ha procedido a una reprivatización de la petrolera, ahora a favor de capitales norteamericanos o de los mismos socios que parasitaron durante años las inversiones realizadas por la vieja YPF. Nuestra política es la nacionalización integral bajo control obrero, de todos los recursos hidrocarburíferos, para que la renta que estos generan permita dar una salida a los problemas del pueblo de Salta. Mientras tanto, las petroleras deben ser obligadas a aumentar las regalías, pagar tasas municipales y hacer una contribución obligatoria, para constituir un verdadero fondo de reparación histórica, como el que plantearon en su momento las asambleas de trabajadores desocupados en el departamento San Martín.

Cada año se conmemora mundialmente el día del Orgullo LGBTI, recordando los sucesos de Stonewall de 1969. Allí, por primera vez, compañeros de la comunidad gay se negaron a ser discriminados por las fuerzas policiales, originando una represión que se llevó un muerto y 300 detenidos. En Argentina esta marcha se realiza el segundo sábado de noviembre. Históricamente se trató de una jornada no sólo de conmemoración sino de lucha por los derechos de la comunidad LGBTI. Estas jornadas tienen un carácter festivo, son una intervención original y transgresora con la que el movimiento busca expresar sus reclamos. Pero la comisión organizadora, año tras año, ha abusado de este carácter, vaciando de contenido a la jornada. Todo reclamo queda diluido frente a una parafernalia sin sentido que opaca cualquier consigna de lucha, convirtiendo la histórica movilización en una gran disco al aire libre. La falta de objetivos políticos claros se refleja en la marginalidad asignada a las organizaciones políticas en la columna, ubicadas atrás de todo, en favor de las empresas de eventos y discotecas gay, que han hecho de la marcha su espacio de promoción y negocio gracias a la indiferencia de los organizadores. Esta pasividad no es casual, ya que la comisión organizadora se encuentra dirigida actualmente por el kirchnerismo y sus agrupaciones (La Cámpora Diversia, Movimiento Evita x la Igualdad, Putos Peronistas, entre otros). Hace años que el movimiento LGBTI viene luchando por conseguir sus mínimos derechos, como han sido la ley de matrimonio igualitario o la ley de identidad de género sancionadas en los últimos dos años. El gobierno nacional ha intentado apropiarse de estas reivindicaciones históricas de la comunidad LGBTI, ocultando que esos derechos se han conseguido a través de la lucha de miles de compañeros/as a lo largo de todo el país durante años. Sería ridículo afirmar, como hacen muchos, que un gobierno que hace oídos sordos al reclamo de separación de la Iglesia y el Estado, que es cómplice de quienes regentean las redes de trata y niega el derecho al aborto legal, entre tantas otras cosas, pueda estar a la cabeza de los derechos del movimiento LGBTI. Mientras el Estado continúa imponiendo la heterosexualidad obligatoria desde las bases de la crianza, como en jardines y escuelas, sigue habiendo asesinatos a causa de la homo/lesbo /trans-fobia en nuestro país, como es el caso de Natalia Gaitán. Esto, sin contar que en las estadísticas no entra la numerosa cantidad de suicidios a causa de la discriminación sufrida. La exclusión de las compañeras travestis está más vigente que nunca, sobre todo cuando en la práctica, y más allá de lo que diga la ley de identidad de género, éstas siguen sin poder acceder a derechos básicos como la salud pública y un trabajo digno. Este último punto no está contemplado en la nueva ley, con lo cual las personas trans siguen sometidas a la prostitución y sus penosas consecuencias. Con respecto al acceso a los tratamientos hormonales y a las cirugías de cambio se sexo, aunque aparecen contempladas en la nueva ley, y por el ahogo presupuestario a la salud pública, no existe el financiamiento necesario para que realmente se cumplan. La consigna principal con la que la comisión organizadora llama a la marcha este año, “Educación en la diversidad para crecer en igualdad”, es una frase vacía. Plantear medidas educativas en un contexto de crisis y ajuste en la educación pública sin mencionar al gobierno nacional, que no ha hecho nada por aplicar, por ejemplo, la Ley de Educación Sexual en las escuelas, redunda en una lavada de cara al mismo. Es necesario que debatamos un plan de lucha que lleve a la conquista de nuestras reivindicaciones como movimiento LGBTI, lo que exige una orientación independiente del gobierno nacional y de sus opositores patronales, igualmente capitalistas y proclericales. No podremos conseguir la realización plena de nuestros derechos sin luchar contra el estado capitalista, patriarcal y heteronormativo que nos oprime, de la mano de los trabajadores, del movimiento de mujeres y de la izquierda independiente que lucha y se organiza.

El antiburocrático Fura -Frente Unico para Recuperar Aten- se impuso por 3.263 a los 2.085 votos del FUS, la lista Celeste de Yasky. Con apenas 465 votos, la lista Lila -un armado testimonial que tuvo el apoyo de la Celeste- confirmó nuestro pronóstico: según el estatuto de Aten, la sola existencia de una tercera lista permite a la segunda minoría integrar las últimas tres vocalías -en este caso, el FUS. El Fura tenía el desafío de superar el 50% de los votos, condición para ingresar con la lista completa. Ello no se pudo lograr por los 1.149 votos de listas divisionistas -Fucsia (IS), Naranja, Roja, Bordó, Granate (Libres del Sur)- que se presentaron sólo a nivel de seccionales. De modo que quedamos a muy poco para lograr el desplazamiento completo de la burocracia. El porcentaje de votación fue importante: 65%, en varias seccionales llegó a picos del 70 y del 80% del padrón. Con este resultado, también se conquistaron cuatro congresales a Ctera para el Fura -tres para el FUS y uno para la Fucsia. El Fura conquistó una nueva seccional opositora, San Patricio del Chañar. En Picún Leufú, la Roja local -aliada a la Lila- se impuso apenas por un voto al Fura. En Cutral Co, Neuquén, Zapala, Rincón de los Sauces, Andacollo, Plottier, Junín de los Andes y Centenario, el Fura se impuso al FUS. Las seccionales yaskistas en donde se presentó el Fura -Alumine, Chos Malal y San Martín de los Andes, entre otras- aportaron cientos de votos para reforzar la victoria. En las urnas del pueblo de Chos Malal ganó el Fura 110 a 94 del FUS; la diferencia en la seccional, en favor del FUS, provino de las urnas rurales. Tenemos una sólida base para completar el objetivo de recuperación de Aten en esas seccionales y las luchas en adelante. En Plottier, la votación fue suspendida por una impugnación, ganamos la provincial por más del 60% y, por lo tanto, está planteada la victoria del clasismo también allí. Tribuna Docente y el triunfo del Fura El Fura transformó una batalla política antiburocrática de casi dos años en una victoria para todos los trabajadores de la educación. Tribuna Docente -como minoría de Aten capital y de la seccional Plottier- fue un factor protagónico para el reagrupamiento del clasismo en las seccionales opositoras. Entendimos que era posible transformar la asamblea de memoria y balance en una derrota política al yaskismo y lo logramos. Nuestro compañero Norberto Calducci fue uno de los síndicos que tuvo la tarea de demostrar el desmanejo de los fondos gremiales. Impulsamos una campaña por las asambleas y plenarios. Defendimos los paros y las movilizaciones, atacados abiertamente por la dirección del FUS. Un hito fue el paro y la marcha a cinco años del asesinato de Carlos Fuentealba, cuando sostuvimos la consigna: “si pudimos con Pedraza, podemos con Sobisch”. Fuimos parte activa de la derrota al intento de reforma educativa mediante el fracasado foro educativo que impulsaban bloques patronales en la Legislatura. Realizamos varias charlas abiertas en toda la provincia, para explicar los alcances privatistas y de precarización laboral que se traían entre manos. Nos transformamos en organizadores del encuentro nacional opositor en Ctera, a principios de año, que reforzó la lucha política de este año. Tribuna Docente impulsó tempranamente una campaña, que recogió un apoyo masivo, por la unidad de las seccionales opositoras y de las agrupaciones clasistas en un frente antiburocrático para recuperar Aten. Propusimos un método para resolver la conformación de las listas: el de la representatividad y proporcionalidad de acuerdo a los votos de 2010. El criterio fue acordado mayoritariamente e incluso Tribuna Docente y otras agrupaciones cedimos lugares a corrientes que no contaban con el piso de votos para ser incorporadas por sistema D’Hont -como la Ambar y la Negra (PTS). Quince agrupaciones -y compañeros independientes- integraron este frente, con alrededor de 200 candidatos, para recuperar Aten de manos de la burocracia. La consolidación del Fura y la magnitud de la batalla política empujaron a todas las agrupaciones a superar las dificultades para conformar un frente de esta magnitud. A pocos días de las elecciones, el gobierno suspendió la jornada institucional mensual que varias seccionales opositoras habían resuelto hacer de manera unificada, ante un fallo demoledor e injusto contra toda la docencia por la muerte de un alumno. Sin embargo, más de 2.000 compañeros sólo en la seccional Capital, en “desobediencia” -tal como lo registró la tapa del diario Río Negro-, realizamos la jornada. Fue masivo el repudio al ataque contra los trabajadores de la educación mediante la aplicación del Código Civil por la “responsabilidad por guarda”, por la que fueron condenadas las compañeras de la Escuela 115 y exigimos a la Ctera una campaña nacional. Tribuna Docente aportó 100 fiscales en toda la provincia y 44 en la seccional Capital. Integramos las direcciones de la seccional Plottier, Capital, Centenario, la provincial y un congresal a Ctera. Lo que se viene Sapag fracasó en su intento de amarrar la dirección a su medida por un nuevo período. El gobernador tomó nota de la nueva situación y, 48 horas después, impuso un acuerdo salarial con ATE y con UPCN -con la colaboración de la dirección michelista-, el que pretende extender a todos los estatales. Consiste en un combo de sumas fijas únicas para pasar las fiestas, otras remunerativas para el primer semestre 2013 y la promesa de una mesa salarial ¡en junio del año próximo! Ya se anuncian dificultades para el pago de los aguinaldos y Sapag intentará que la última escena del FUS sea otro ajuste. Conclusión El triunfo del Fura expuso con contundencia la crisis de las burocracias sindicales y el fracaso del operativo de cooptación, de último momento, que los gobiernos nacional, provincial y varios municipales desplegaron sin éxito. El Fura se propuso un objetivo que su nombre precisó sin demagogia. Tiene por delante el desafío de organizar Aten para derrotar el ajuste. Las contradicciones y diferencias que existan en el interior del Fura -incluso la posibilidad de un faccionalismo interno-, deberán ser dirimidas con un método: la deliberación y la resolución en asambleas. La recuperación de Aten refuerza al clasismo y a la izquierda en cada provincia en la línea de la recuperación de Ctera. Llamamos a los compañeros a sumarse a Tribuna Docente para garantizar colectivamente la tarea histórica que expresa esta victoria del Fura: una victoria de alcance nacional para los trabajadores de la educación. Vamos por Ctera.

EXCLUSIVO DE INTERNET La esquina de Cobo y Curapaligue, entrada del Barrio Rivadavia y de la Villa 1-11-14, fue el escenario de un recital histórico para el barrio y para el PO de la zona. Más de trescientos vecinos se acercaron a escuchar a las bandas de rock y los planteamientos del Partido y del Polo. Las bandas, sin duda, fueron un capítulo aparte. El recital empezó a la tarde con Zona Roja. Su rap patagónico puso ritmo a la tarde del Bajo, más tarde vinieron Resina Rock, la Hormiga Roja y Sindicato Sub Comediante. El cierre de oro fue con Ollantay Andino con música de folclore boliviano que hizo vibrar al auditorio, y Mis Bolivia, con su jipjop. En la esquina del recital, se puede observar por la mañana, en los días de semana, a muchos trabajadores indocumentados que se suben a camiones para trabajar, por día y en negro, en la construcción o los talleres textiles. Es una esquina donde se ve circular a los pibes consumidos por el paco, que, con la gendarmería presente, se sigue vendiendo en todas las esquinas de la 1-11-14. Toda esta barbarie cotidiana dejó su lugar a la organización obrera que copó la esquina para exigir justicia por Mariano y perpetua para Pedraza. El festival fue un gran canal expresión para la juventud del barrio. Seguiremos en esta perspectiva para realizar uno a fin de año mucho más amplio.

Alguna vez, Leonardo Favio dijo que él era militante peronista antes que director de cine. Al pensar en una nota sobre su muerte, la primera tentación fue la de rebatirle esos dichos y decir que no, que ante todo fue un artista enorme y que en su condición de militante sólo acompañó, desde una cuarta o quinta fila de violines, sin una sola critica importante, cualquier cosa que el peronismo hiciera, desde el otorgamiento de conquistas al movimiento obrero hasta la Triple A, López Rega, Menem o el veto de CFK al 82 por ciento para los jubilados. Sin embargo, una joven compañera, de inteligencia más afilada, nos dio una pista mejor: “Como artista fue lo que fue, y cómo fue, porque antes era peronista”. Es un punto de vista que le ofrece al análisis una veta interesante. En el año 2000, el 75 por ciento de los críticos, historiadores e investigadores de cine consultados en una encuesta del Museo Nacional de Cine Argentino, dijo que Crónica de un niño solo (1965) es la mejor película de la historia cinematográfica argentina. La historia de “Polín” (Diego Puente), es la de un chico de la villa que transcurre su vida entre los pequeños robos, el reformatorio y la intuición de que una libertad infinita puede conquistarse de algún modo que le es desconocido, simbolizado en esa escena, seguramente una de las más bellas de la historia del cine, de los chicos que se bañan en el río. Esa película es parte de una trilogía integrada, además, por “Este es el romance del Aniceto y la Francisca, de cómo quedó trunco, comenzó la tristeza y unas pocas cosas más...” (Elsa Daniel, María Vaner, Federico Luppi) y El dependiente (Graciela Borges, Walter Vidarte). “Este es el romance...” es de 1967, y El dependiente de 1969. Son importantes los años en que fueron producidas esas películas, las tres primeras de Favio (salvo por una inconclusa de 1957 y un corto en 1960). Los años 60 fueron prolíficos en materia de crítica social expresada por medio del arte. Década de rebeliones, revoluciones, convulsión política en todas partes y muy especialmente en América latina. No había arte posible fuera de esa realidad. En la Argentina, las defecciones sistemáticas de la conducción peronista frente a los gobiernos de la “libertadora”, que se sucedieron desde 1955 hasta 1973, había facilitado el surgimiento de una fuerte izquierda dentro del peronismo y de una también poderosa izquierda no peronista. El Cordobazo (1969) señaló la irrupción de un proletariado joven, no peronista, que no gritaba “la vida por Perón” sino “obreros al poder”. El gran esfuerzo de la izquierda peronista, desde Montoneros hasta sus mejores artistas, se orientaría a bloquear esa evolución clasista de los trabajadores, a conseguir que el movimiento obrero volviera a gritar “la vida por Perón” y no “obreros al poder”. Podían lograrlo porque el peronismo era una experiencia aún inconclusa, una tragedia y no una farsa. Y el artista de talento, se sabe, puede hacer con la tragedia maravillas como aquella Crónica de un niño solo. Cuando el peronismo regresa al poder, Favio ya no repite obras como aquéllas. Con una filmación impecable y aun con escenas antológicas como aquel truco por el alma que Juan Moreira (Rodolfo Bebán) juega con La Muerte (Alba Mujica), su filmografía posterior a aquella trilogía es un concierto menor. Por otra parte, Favio nunca tomó partido en la lucha interna que el peronismo resolvió con balas y sangre abundante en los años ’60 y ’70. Le dedica “Perón, sinfonía del sentimiento” (1999, patrocinada por Eduardo Duhalde) a la memoria de Héctor Cámpora, pero él se llevó bien con quienes derrocaron a Cámpora en julio de 1973. Es más, la derecha peronista lo había invitado a ser el presentador del acto que recibiría a Perón en Ezeiza, el 20 de junio de 1973, y que terminó en una masacre provocada por esa misma derecha. Favio fue amigo de Carlos Mugica, pero tenía vínculos aceitados con lo peor de la burocracia sindical. La dedicatoria de “Perón...” incluye también a Rodolfo Walsh, pero él aplaudió en su momento a Isabel Perón y López Rega, que intentaban asesinar a Walsh. Contradicciones demasiado aplastantes para que la creatividad quede intacta. A menos que también él dijera, como el José María Gatica de su película (Gatica, el Mono, 1993, con Edgardo Nieva): “Yo nunca me metí en política, yo siempre fui peronista”.

El 31 de octubre se realizó una reunión ampliada de la Coordinadora Nacional Clasista, la que abordó la estrategia y la organización de nuestras agrupaciones sindicales y del Partido Obrero frente al paro convocado para fines de noviembre -aún si fecha precisa- por la CGT y la CTA opositoras y, ahora también, por Barrionuevo. Caracterizamos como negativa la vacilación en cuanto a la fecha y la definitiva convocatoria al paro y el llamado de algunos gremios al 8N, lo que diluye las banderas propias de los trabajadores. Nos reunimos 56 delegados y dirigentes de más de 40 gremios: camioneros, gráficos, docentes -de Capital y de Buenos Aires-, AGD-UBA, Caucho, Foetra, Sitraic, Comercio, no docentes de la UBA, bancarios, Subte, Sanidad, UOM, plásticos, ATE -de Capital y de Buenos Aires-, papeleros, perfumistas, Smata, Cicop, Municipales de Capital, Sindicato Argentino de la Televisión (SAT), ferroviarios, Prensa, aeronáuticos, Polo Obrero -delegado del Argentina Trabaja-, Neumáticos, entre otros. La principal resolución fue la de impulsar masivamente el paro -el cual sería, de concretarse, el primer paro general en once años- y empeñarnos en cada sindicato y empresa para que la clase obrera pare masivamente e irrumpa, con sus propias aspiraciones y reclamos en la crisis nacional. Que los trabajadores decidan en asambleas la huelga y que organicen la intervención detrás de su propio programa. Ante el debate abierto en las filas de la CGT Moyano a favor de un paro dominguero de 24 horas, decididamente estamos a favor de que el paro sea activo, con una movilización a Plaza de Mayo, donde pugnaremos por imponer un orador del clasismo. Explotaremos a fondo la importancia que la medida vaya tomando en el cuadro político, luchando por una verdadera huelga general y no por una “jornada” de movilización con algún tipo de paro -como ha sido hasta ahora. En los sindicatos no adheridos, las asambleas deben considerar que hay tres de las cinco centrales que estarían convocando a la huelga. Nos apoyamos en el conjunto de huelgas y de movilizaciones que precede el paro, en la recesión y en los despidos que lo enmarcan, en la desvalorización de los convenios, en el golpe de la ley de ART, en el agravamiento de los descuentos por Ganancias, en el salario familiar y en los paros que ya se están sucediendo en provincia de Buenos Aires por la reapertura de paritarias. Ninguna reivindicación ha sido resuelta. Al contrario, la CGT oficial entra en crisis por el decreto -momentáneamente suspendido- que agrava la usurpación de fondos de obras sociales. Se discutió incorporar en la agitación el robo del 3% a la actualización de jubilados, el cual suma 6.000 millones de pesos anuales. La huelga se da en un marco de una fractura de la burguesía (7D, cepo cambiario, restricciones a la importación) y de una crisis al interior del PJ en relación con el kirchnerismo. Nos proponemos explotar esa fractura hacia el paro, disputando desde la clase obrera y desde la izquierda la polarización política entre el gobierno y el bloque objetivo de la burguesía opositora en torno de la “re-re”, de la devaluación y del ajuste. En camioneros, ya ha causado un extendido repudio la foto Moyano-Macri sacada 48 horas antes de que el macrismo votara junto al kirchnerismo la ley de ART -cuestión que pondremos de manifiesto en el trabajo en ese gremio. Discutimos cómo parar en todos los gremios: en los adheridos y en los no adheridos. En los primeros, promocionaremos asambleas y plenarios que le den contenido y masividad, para que se sortee el carácter administrativo y regimentado que, a menudo, le imprime la burocracia y para que se coloquen las propias banderas. Por ejemplo, las reivindicaciones del conflicto de educación en La Plata, el cual sigue abierto. En los segundos, mediremos el máximo de adhesión que podemos conseguir. Programa y perspectivas Reivindicaciones como la anulación del impuesto al salario serán vitales para trabajar, los 20 días que vienen, entre los tres millones de trabajadores afectados. Los 7.000 pesos de básico, la universalización del salario familiar y el fin del régimen de las ART, así como comisiones obreras de salubridad por fábrica, son planteos que tenemos que llevar a las asambleas y a los plenarios de delegados, convocados o autoconvocados. En nuestra agitación política no podemos ceñirnos a las reivindicaciones solamente. El paro nacional, como tal, cuestiona al poder político y coloca a la clase obrera como protagonista, para arrancar a los demás sectores sociales agraviados del campo de la burguesía opositora y llevarlos al campo propio de los trabajadores. En todo el transporte se plantea la nacionalización de las privatizadas, igual que frente a la crisis energética y, desde luego, se plantea el problema del repudio a una deuda externa en cuyo altar se sacrifica el ajuste de las provincias o el saqueo de los fondos de la Anses. La Coordinadora Sindical Clasista planteará esta perspectiva en cada rincón del movimiento obrero, para que el paro oxigene una salida de los trabajadores por la izquierda a la crisis del kichnerismo, reforzando su posición en todos los planos de la lucha política. En caso de existir una movilización y un acto, promoveremos la conformación de una gran columna clasista y de la izquierda, así como oradores del clasismo. El Polo Obrero también se sumará a la huelga y a la movilización detrás de sus propias reivindicaciones y será un factor esencial en la decisión de acompañar ese día con grandes y concentrados cortes, junto a otros sectores del movimiento obrero.

El juicio por la desaparición de María de los Angeles "Marita" Verón está llegando a su fin: se prevé que hacia el 12 de noviembre los jueces dicten sentencia. ¿Qué deja este proceso, que se inició el miércoles 8 de febrero? Más allá de las eventuales condenas a los trece imputados -se los acusa de privación ilegítima de la libertad y de promoción de la prostitución-, lo que quedó claro durante todo el juicio oral es que si bien los imputados han sido parte integrante de una banda dedicada a los secuestros y trata de mujeres, los peces más gordos de esta historia no estuvieron sentados en el banquillo de los acusados. Esto quedó en evidencia desde los primeros testimonios, cuando comenzaron a aflorar las necesarias conexiones entre los poderes político, judicial y policial con todo este negocio criminal de las redes de trata de personas. Las vinculaciones entre dirigentes políticos, funcionarios judiciales, magistrados y las cúpulas policiales quedaron tan escandalosamente manifiestas que en su alegato, el querellante José D'Antona pidió a los jueces que reabran la investigación y que incluyan, como imputados, al ex gobernador Julio Miranda -(mentor del actual mandatario, José Alperovich), al ex secretario judicial Ernesto Baaclini -acusado por Susana Trimarco, madre de "Marita", de desviar la pesquisa mediante la atención a trece pistas falsas- y al capomafia tucumano Rubén "La Chancha" Ale -barón del juego y de todos los negociados que lo rodean-, entre otros. D'Antona indicó que la "Chancha" Ale ponía el dinero, y que Miranda era empleado de aquel (La Gaceta, 31/10). D'Antona consideró una vergüenza que "La Chancha", nombrado varias veces como el jefe de la mafia que secuestró a "Marita" para prostituirla, no esté enjuiciado (ídem). La estrecha relación entre Ale y Miranda ya fue expuesta con detalles en estas páginas ("Tucumán: ponen a las hienas a ‘cuidar' a las ovejas", PO Nº 1.231, exclusivo de Internet). En su exposición final, el querellante describió las principales hipótesis de investigación que en su momento había desechado la Fiscalía de Instrucción -Baaclini-. En cada una detalló lo que consideró la conexión política y policial. "Hace diez años y medio que el Estado no le puede devolver su hija a Trimarco" (ídem). Además de Miranda, de Baaclini y de Ale, D'Antona pidió a los jueces que incluyan en la ampliación de la investigación como posibles autores, coautores o instigadores del secuestro de Marita a otras once personas. Entre estas, al ex secretario de Seguridad de Tucumán Julio Díaz, al ex juez de La Rioja Daniel Moreno y a los policías Víctor Lisandro, Mario Corpus, Víctor Juárez, Julio Lisandro y Héctor Brito. Durante todo el juicio, la mayoría de los testigos mencionó a todas estas personas en sus declaraciones. D'Antona pidió penas de entre doce años y 25 años para los imputados. Se rumorea en los pasillos que los jueces podrían ser benevolentes con algunos, y que sólo condenarían a otros para evitar una escandalosa revuelta. Pero en el mejor de los casos, terminarán en la cárcel solo algunos eslabones de un enorme aparato delictivo montado para la trata de personas. Debido a ello, es preciso intensificar el reclamo en estos últimos días del juicio, para que en el fallo los jueces atiendan el pedido del querellante e inicien una investigación para que todos los peso pesados de las redes de trata, que siguieron este juicio por TV, sean enjuiciados y condenados.

El mes pasado, el Frente Amplio Progresista (FAP) de Morón sufrió un quiebre interno. Se dividieron el bloque de concejales de GEN con los del Partido Socialista. Todo ocurrió a partir de las denuncias realizadas por la concejala del GEN, Analía Zapulla, acerca del proyecto de una terminal de ómnibus de larga distancia en el predio perteneciente a la ex Transporte del Oeste (TDO). Se trata de un negociado que pondrá en marcha una empresa. Ocurre que la municipalidad no convocó a licitación. Los terrenos fueron vendidos directamente al Grupo Mauro a través de una subasta y sin competencia. Esta corporación, asociada al grupo Macri desde 2002, compró el predio a precio de base, con el interés de construir además dos edificios torre y un local comercial en el mismo. Desde el GEN manifestaron que la dimensión del predio viola la normativa del Código de Ordenamiento Urbano, además de que una de las tres parcelas se encuentra separada por una calle, y es imposible su unificación. El grupo Mauro estuvo relacionado con la recolección de residuos industriales y patológicos. Debido a ello, recibió varias denuncias, como las de los vecinos de Marcos Paz, que concluyó con la clausura de los incineradores por contaminación. Frente a estas sospechas de corrupción, curiosamente el Partido Socialista tomó una actitud contraria a la del GEN, indicando que no hubo ningún acto de ilegalidad, y remarcando que las interpretaciones de la concejala Zapulla eran erróneas. Resulta muy contradictorio que un municipio liderado por Lucas Ghi, de Nuevo Encuentro, sucesor de Sabbatella, facilite hoy un negociado con un grupo empresarial asociado a Macri, cuyos directivos son los mismos, y que además guarda unos antecedentes lamentables.

El mural pidiendo Justicia por Mariano pintado en la Estación de Moreno apareció dañado con inscripciones ("Kirchner vive") y borroneado. Días después, todo el mural fue tapado con afiches de La Cámpora y Kolina, alineadas con el intendente West. En los recordatorios del ex presidente Néstor Kirchner, las corrientes K ¿no encuentran mejor homenaje que tapar los reclamos contra los asesinos de Mariano Ferreyra? El Partido Obrero de Moreno realizará un acto en la Estación Moreno (lado sur) de desagravio, restituyendo a pleno el mural de Mariano. Se invita a todas las corrientes políticas, sindicales, estudiantiles y sociales de Moreno a hacerse presentes y enviar su adhesión.

Luego de finalizadas las elecciones de Centro de Estudiantes en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional De Catamarca, en horas de la madrugada del 2 de noviembre, el militante y candidato de la UJS (Unión de Juventudes por el Socialismo) del Partido Obrero, Pedro Saracho recibió llamadas donde se lo amenaza de muerte, precedidas por la marcha peronista con un claro mensaje: "Pedro, vas a terminar como Mariano Ferreyra". Esto se da en el contexto de represión a las luchas locales en los pueblos del interior, por parte de patotas oficialistas y en el marco del juicio por llevar a los asesinos de Mariano a la cárcel. Esta amenaza adquiere un carácter gravísimo que atenta contra las libertades políticas y democráticas, que nos lleva a presentar la denuncia formal ante la fiscalía correspondiente y convocando a diferentes organizaciones a repudiar este ataque, en defensa de la juventud militante que lucha en las universidades por la Educación Publica y en los lugares de trabajo en contra de la precarización laboral, el ajuste y la represión. El lunes 12 de noviembre, a las 10 horas, convocamos a una rueda con los medios frente a la casa de gobierno, luego de realizada la presentación para hacer público este hecho. Invitamos a los medios locales a hacerse presente.

El parate en la construcción, el cepo cambiario, la caída en la actividad industrial, que ya se cobró 70 mil puestos de trabajo, y la “desaceleración” en la creación de empleo han empezado a reflejarse fuertemente en los barrios obreros, sobre todo entre los jóvenes, en un crecimiento del desempleo formal e informal. A la disminución de las “changas” y la poca o nula creación de nuevos empleos, se suma el ajuste social, que ha convertido al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires en una cáscara vacía: el único programa social dirigido a la juventud desocupada (“Envión”), que atiende a menos del 1% de los jóvenes pobres, no paga ni las becas, ni a los profesores hace seis meses. Los alimentos para los comedores escolares se han reducido a la mitad. El plan Barrios Bonaerenses está congelado en 150 pesos ¡desde hace 11 años! Entre la juventud de los barrios la desocupación tiende a acentuarse. Por otro lado, para muchas familias los gastos de enviar un hijo a la escuela se convierte en algo inalcanzable. En ese sentido, ni Cristina K ni Macri, ni Scioli, se diferencian. Tanto las becas por estudio de la provincia y de la Ciudad, como la asignación por hijo no superan los diez pesos por día. Al mismo tiempo se descarga una inflación de casi el 40% en los alimentos básicos. El ajuste recorre los barrios de la mano de esta inflación y golpea los planes sociales, congelados desde hace años, y a los programas de empleo precario del Estado (Argentina Trabaja, Pris, etc). Por otro lado, el kircherismo, que siente este clima, ha acentuado su política de cooptación por intermedio de las cooperativas y de los proyectos “productivos”, que tercerizan el trabajo del Estado municipal y provincial. Desde el Ministerio de Desarrollo Nacional de Alicia Kirchner, se ha relanzado el programa de emprendimientos productivos que impulsa el trabajo en negro, y que consisten en subsidios para las organizaciones sociales. En esta última variante han entrado muchas de las organizaciones piqueteras, desde el FPDS hasta la CCC, pasando por Barrios de Pie y el MST, claro que en la primera línea privilegiada están el Evita, Miles y los demás grupos oficialistas. De esta manera, la presión por trabajo es desviada por el gobierno a la contención y el control social por intermedio de las organizaciones sociales y barriales. La contención por esta vía puede neutralizar a las organizaciones, pero no detener la crisis. El programa que más recursos vuelca el gobierno a estos efectos (Argentina Trabaja), sólo alcanza a 150 mil personas. La caldera sigue sumando presión. A partir de este cuadro, la mesa nacional del Polo convocó a un plenario de delegados a fines de septiembre, que aprobó una serie de iniciativas para impulsar la organización y la lucha por trabajo. Nuestro objetivo es organizar la lucha por trabajo de miles de jóvenes que no encuentran una salida y reclamar, con los métodos obreros de asamblea, elección de delegados y la acción directa sobre el Estado, una respuesta a esta situación. En poco más de un mes, 8.500 compañeros se empadronaron por trabajo en los barrios más postergados de la Capital y el Gran Buenos Aires. Se conformaron asambleas por barrio sobre la base del reclamo por trabajo y empezó a asomar la bronca por la situación social que se agrava. En la campaña por justicia para Mariano se reflejó la participación de muchos de estos nuevos compañeros. La primera etapa de este proceso de organización, todavía incipiente, se manifestó el martes 6 con un piquete por trabajo en Buenos Aires. El jueves 24, más de 200 compañeros de las villas de la capital mantuvieron cortada la Richieri, con un cartel que le reclamaba a Macri por el trabajo y denunciaba el acoso contra la juventud desde las mafias narcopoliciales en las villas, bajo la mirada cómplice de la gendarmería de Garré-Berni. Un proceso político y social se está produciendo en las barriadas obreras. La crisis, con sus ritmos y vaivenes se manifiesta crudamente, sobre todo entre la juventud, que bajo este régimen no puede desarrollarse ni social, ni personal, ni humanamente. El Polo Obrero ha aceptado el desafío. Retomando los históricos métodos de la clase obrera y el movimiento piquetero, se empeña a fondo para desarrollar un movimiento de lucha, levantando un programa y planteando una salida política de conjunto.

El sábado 3 de octubre realizamos un festival de rock y folclore en Hurlingham. Hubo una intensa propaganda previa, comunicados de prensa, afiches y mariposas que se distribuyeron en las escuelas y las fábricas del distrito. Brindaron un excelente espectáculo Noocracia, jóvenes de las escuelas del distrito; El Cierzo, entre cuyos integrantes estaban ex trabajadores de Mecca; Cazadores de Almas, del barrio San Damián, y Echale la Culpa al Diablo. Todas las bandas se dirigieron a los asistentes llamando a apoyar la lucha por justicia para Mariano y perpetua a Pedraza. Hubo más de 100 asistentes, con una importante presencia de jóvenes, docentes, ex trabajadores de Mecca Castelar, Tres Cruces y de distintos barrios. Se vendieron 25 periódicos. Desde la tribuna, se explicó la complicidad del Estado, la burocracia sindical y la policía en el armado criminal, tendiente a dejar en pie el régimen de tercerización laboral, se llamó a organizarse y convertirse en difusores del reclamo. Recibimos numerosas adhesiones. Muchos de los asistentes dejaron mails y teléfonos para ser contactados en una futura convocatoria. Un excelente trabajo de la comisión de organización del festival, gran trabajo de la regional Hurlingham.

Aunque el gobierno provincial no ha presentado aún el proyecto de presupuesto para el año entrante, De la Sota ya ha declarado que se trata de un "presupuesto austero". La austeridad viene para las obras públicas, salud, educación y seguramente salarios (habría una poda del 20% en los gastos). Lo que no es nada austero es el aumento de impuestos. Después del recorte a los jubilados y el sacudón a los combustibles ("tasa vial") el gobierno prepara un aumento de ingresos brutos y del inmobiliario. En el caso del urbano no bajaría del 25%. Respecto al rural el gobierno anunció que, si bien se aumentará, no habrá un revalúo (el último fue en 1995). De darse los aumentos que están circulando en los medios, el campo pagaría la sexta parte de lo que correspondería con un revalúo a valores de mercado. Sin embargo, las corporaciones agrarias ya pusieron el grito en el cielo y De la Sota en persona se sentó a negociar con ellas. Algunos voceros del gobierno señalaron que no quieren hacer un revalúo para no darle "más recursos" a la Nación, ya que eso llevaría a un aumento de lo que deben tributar por ganancias. O sea, una operación de evasión fiscal en alta escala que solo beneficia a los pools sojeros y la oligarquía. Lo de la provincia se repite en todos los municipios y comunas, que además están pergeñando las mil variantes para sacar nuevas tasas y aumentar las existentes. El argumento de semejante confiscación es el remanido de que "necesitamos la plata para acompañar los aumentos salariales" es decir nuevamente la pretensión de enfrentar la bronca de los vecinos con los trabajadores municipales. El ajustazo en la municipalidad, en realidad, tiene como objetivo bancar el nuevo esquema de recolección de residuos que pretende licitar el próximo año, que insumirá mas 700 millones. A través de la agitación política y desde el bloque legislativo del Frente de Izquierda rechazamos esta brutal confiscación al bolsillo. La carga tributaria debe recaer sobre los pools sojeros, los terratenientes, los grandes capitalistas de la industria, los especuladores inmobiliarios. Las direcciones gremiales le "acomodan el cuerpo" al ajuste, a cuenta de las discusiones salariales. Los acuerdos en cuotas y a la baja respecto a la inflación terminan depreciando el valor real del salario. En Córdoba todavía ni se habla del paro del 20 ó 22, cuando aquí hay motivos de sobra. Abajo el impuestazo. Salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, actualizado. Plan de lucha.

En la madrugada del viernes 18 de agosto, el delegado de la Línea 60, Héctor Cáceres, y su compañera docente, sufrieron un atentado en su domicilio al ser incendiado su auto. Hasta el momento no hay detenidos o acusados por el hecho, siguiendo la línea de impunidad que tuvieron anteriores atentados a delegados de la 60 (al delegado Néstor Marcolín también le incendiaron su auto, y al delegado Daniel Farella le entró una patota en su casa y amenazaron a su nieta). Al igual que en el crimen de Mariano Ferreyra, detrás de estos ataques se encuentra un entramado entre las patronales, la burocracia sindical, funcionarios y policías. Son conocidos los aprietes y persecuciones que realizan las patronales del transporte en común con la burocracia de la UTA, a los activistas o delegados que “no se alinean” con la conducción de Fernández. Pero el ajuste que se intenta desarrollar contra los trabajadores del transporte y el tarifazo en marcha hacia los usuarios, implica profundizar los ataques a los cuerpos de delegados combativos y activistas, para tratar de eliminar toda resistencia y lucha de los trabajadores. La reciente reincorporación de los despedidos en Ecotrans, gracias a la movilización de sus choferes, demuestra que el ajuste se encuentra con el límite del rechazo y oposición de los trabajadores. En la 60, se vienen desarrollando ataques y aprietes no sólo a los delegados, sino que las patotas en más de una ocasión amedrentaron a los choferes en las cabeceras, actuando con libertad de acción y complicidad de parte de la patronal de la Dota, la policía y la burocracia de UTA. El paro de cinco días que protagonizaron los choferes de la 60 en abril, se levantó tras el mega-operativo de la Policía y Gendarmería para desalojar a la cabecera de Maschwitz, actuando nuevamente las fuerzas policiales y de seguridad para reprimir a los trabajadores, pero no para perseguir y encarcelar a las patotas. La mediación que había prometido el ministro Tomada tras el levantamiento del último paro, terminó dando vía libre a la Dota para que avance con los despidos, siga atacando las condiciones laborales, empeore el servicio sacando coches de circulación y acortando los recorridos (con el aval de la CNRT), e incluso descontara los días de paro. Este nuevo ataque al delegado Cáceres, se provoca cuando está en preparación un nuevo plan de lucha para frenar los ataques y despidos de la Dota. Tenemos que rodear de solidaridad a los choferes de la 60. Para expulsar a las patotas, para que se investigue y vayan presos todos los responsables de los ataques y atentados y para frenar el ajuste y tarifazo que la Dota y las patronales del transporte preparan con el aval del gobierno.

Durante las últimas audiencias del juicio, comenzaron a desfilar los testigos convocados por los abogados defensores de Pedraza y su patota. De la nómina original que presentaron, mantuvieron solamente un puñado, y desistieron de buena parte de los testimonios que ofrecieron al momento de la elevación a juicio. Se trata, en su abrumadora mayoría, de personas que no declararon durante la etapa de investigación y que recién lo harían en el juicio oral. Las defensas ‘prescindieron’ especialmente de aquellos mencionados por otros testigos como reclutadores de la patota y protagonistas de la agresión criminal -por ejemplo, entre otros, desistieron de Roberto "Tano" Carnovale, directivo de la seccional sur de la Unión Ferroviaria, y de Marcelo Garro, supuesto ‘herido de bala’ del bando de los patoteros. Los que sí vinieron a declarar, cumplieron un papel penoso en el estrado. Varios de ellos deberían acabar penalmente comprometidos al final del juicio. En todos los casos se reprodujo la misma mecánica: cuando interrogaban los defensores, los patoteros intentaban ajustarse a un guión pre-armado, reiterando latiguillos y excusas (‘íbamos a hacer acto de presencia’, ‘yo estuve en la parte de atrás del grupo, así que no vi casi nada’, ‘escuché detonaciones, pero no sabía de dónde venían ni vi armas’, etc.); luego, bajo el interrogatorio de los acusadores, las contradicciones e inconsistencias se hacían evidentes, hasta terminar en el ridículo. Ninguno aportó una sola pista sobre los autores de los disparos que acabaron con la vida de Mariano y produjeron graves heridas a Elsa, Nelson Aguirre y Ariel Pintos. Los dichos de los testigos de la patota fueron sistemáticamente contrastados con otras pruebas reunidas durante la investigación. En primer lugar, ninguno de ellos pudo sostener el carácter ‘voluntario y espontáneo’ de su presencia en las vías. Está sobradamente acreditado que los delegados de ‘la Verde’ de Pedraza recorrían los sectores de los talleres de Escalada -de donde salió el grueso de la patota- reclutando, lista en mano, hombre a hombre. Esa lista fue entregada por Aldo Amuchástegui -que lo negó, pero fue escrachado por la secretaria administrativa del taller- para ser girado a las autoridades de Ugofe, bajo el elocuente título: "Personal que se retira por corte de vías en Avellaneda". Entre los participantes, se demostró que varios de ellos debían favores a la burocracia; como en el caso de Ricardo Almada, cuyo nombre y número de legajo figuraban en una nómina de ascensos recomendados por "El Gallego" Fernández, hallada en uno de los allanamientos. Las versiones que brindaron sobre la agresión final fueron tan endebles y contradictorias que resultan imposibles de estructurar en un relato mínimamente coherente: ninguno de ellos se atrevió a afirmar con todas las letras que los manifestantes intentaran regresar a las vías, con excepción de Mariano Maroco, cuya declaración alcanzó, en este punto, ribetes delirantes ("de repente, empezaron a correr hacia nosotros una multitud de mujeres y niños que, cuando estaban a diez metros de distancia, se abrieron hacia los costados y aparecieron tres hileras de hombres con palos que salieron a matarnos"). La versión del 'enfrentamiento' se diluyó en la nada. Los que negaban haber estado al frente del ataque, fueron puestos en evidencia a través de la exhibición de videos y fotografías en los que fueron claramente identificados. Entre sus contradicciones, y apremiados por las preguntas la fiscalía y las querellas, varios de los patoteros dejaron entrever algunas verdades, que dejan mal parados a Pedraza y los suyos. Entre otros, aportaron algunas 'perlas' sobre las condiciones de trabajo de los tercerizados de Unión del Mercosur, la 'cooperativa' que explotaba la burocracia ("no teníamos baños ni duchas", "estábamos como animales", "éramos monotributistas", "cuando firmé para entrar, me dijeron que no me hiciera ilusiones con el pase a planta", declaró Jorge Aguirre). También dejaron en claro que para la UF, los tercerizados no eran ferroviarios (como se desprende de las declaraciones de Arias y Krazcowski), demoliendo los intentos de los defensores por presentar a la burocracia como ‘gestora’ de su pase a planta permanente. Los cruces de llamados telefónicos y las escuchas judiciales desbarataron las coartadas de Fernández y Pedraza sobre sus comunicaciones permanentes con la patota y el encubrimiento que ensayaron una vez abierta la investigación (Amuchástegui, Cavazza). El ex delegado Krazcowski incluso se refirió a la 'verticalidad' del sindicato, mandando al frente a Pablo Díaz como ‘referente’ en el lugar de los hechos, pero también a Pedraza y Fernández. Por último, Cristian Favale se convirtió en el lastre que amenaza con hundirlos a todos. Los intentos de los delegados por desconocerlo fracasaron. Terminaron reconociendo que participó con la UF del acto de Moyano en River -en el que Cristina Fernández fue oradora central-, de la apretada contra los tercerizados en el hall de Constitución del 6 de septiembre de 2010, y de la agresión en Barracas. Favale mismo hacía ostentación de su cercanía a la burocracia y aspiraba a integrarse plenamente a ella. Dejó demasiados registros de ese vínculo, como para ahora presentarse como un agente extraño a la patota y que eso resulte creíble. Las pruebas que se acumulan en el juicio contra los acusados son abrumadoras. Las declaraciones de ‘sus’ testigos terminaron agravando su situación. Lo único que podría interferir en una condena contundente contra ellos es la injerencia del poder político. No bajemos la guardia ni por un instante: garanticemos, con la movilización popular y la agitación, que Pedraza y su banda terminen sus días en la cárcel.

EXCLUSIVO DE INTERNET Por resolución de la Justicia, la Junta Directiva del Centro gallego fue desplazada de la dirección del sanatorio luego de un período de codirección con una intervención dependiente del Inaes que ha pasado a tomar el control total del hospital. La intervención, a cargo del contador La Blunda, funcionario del Inaes, lleva más de dos meses trabajando en el sanatorio y ha declarado que tiene como principal tarea promover la viabilidad del centro de salud. Esto es, explicó en una entrevista, generar los ingresos suficientes para cubrir los gastos corrientes del hospital y la deuda acumulada por sucesivas gestiones que llevaron a un virtual vaciamiento de este Centro. Incluso adelantando que de no ser así, abandonarían el emprendimiento. Los que metieron la mano en la lata los últimos años, bajo la forma de diferentes proyectos aventureros, van desde gestores de pre -pagas, hasta funcionarios del gobierno, pasando por diversas facciones políticas de la Junta directiva del Centro Gallego y del gobierno de Galicia, que tiene responsabilidades sobre las mutuales de la migración gallega. La política de la nueva intervención "estatal", que se reclama "camporista", consiste en conseguir contratos de prestación a obras sociales y eventualmente al Pami. De hecho, luego de un período de casi vaciamiento total del hospital, hay actualmente 200 camas ocupadas -más de la mitad- y funcionan los servicios de Terapia, Coronaria, quirófanos y guardia. Por otra parte, algunos servicios quirúrgicos, como el de oftalmología y traumatología, o el servicio de diagnóstico por imágenes, atienden con un sistema de autonomía financiera en lo que se ha ganado el apodo de "kioscos", manejados por sus jefes. Sucede que durante el largo conflicto ha abandonado el hospital un 40% del personal y se ha acumulado una deuda de salarios y aportes a los trabajadores que oscila entre los 8.000 y 15.000 pesos cada uno. Con lo cual, el plan de "viabilidad" de la intervención, se apoya en gran medida en el dinero de los trabajadores y el esfuerzo físico inhumano de los que quedaron. El sector de los delegados opositores, han planteado a la intervención que la prioridad es el pago de la deuda a los trabajadores, que están ahogados por sus acreedores o a punto de perder sus viviendas. Y la contratación del personal necesario para trabajar en condiciones normales. Además, han planteado que el futuro de un centro de salud de esta importancia no debe atarse a la rentabilidad, sino a la necesidad social de la salud pública y la defensa de los 1.083 puestos de trabajo. Que el estado debe hacerse cargo de sacarlo adelante y para ello deben abrirse las cuentas, investigar a los vaciadores y su patrimonio y terminar con los kioscos. Por el contrario, los delegados que responden a la burocracia de ATSA y un núcleo minúsculo que se autodenomina sindicato de salud de la CTA, se han asimilado a la Intervención y juegan el papel de bomberos, tratando de "moderar" los reclamos de los trabajadores.

La situación en Fadea (ex Area Material Córdoba) ingresó en una nueva etapa. El conflicto comenzó con el aislamiento de 26 trabajadores por alrededor de dos meses con la excusa de una “capacitación” en la cual se debía llenar un cuestionario. La semana del 23 de octubre, los trabajadores fueron nuevamente sancionados por negarse a contestar el cuestionario y porque rechazaron que se terminara de editar un video provocador sobre Mariano Ferreyra y la masacre de Trelew. La emisión del video se frenó cuando un trabajador lisa y llanamente los intimó a hacerlo, de lo contrario destrozaba todo porque “con un trabajador que le puso el pecho a las balas no se jode”. ¿Con qué intención pretendían pasarlo? El mensaje es: la lucha de los trabajadores lleva a la represión y por ende a la masacre. Pero la patronal de Fadea no es cualquier patronal, es el Estado nacional, o sea quienes tienen el control de la represión. La acción que están llevando adelante implica una intromisión del Estado en la vida gremial y política de los trabajadores, un amedrentamiento consciente. El sesgo fascista salta a la vista. La dirección de la empresa está a cargo de Daniel Argañaraz, quien fue director estatal de Aerolíneas (en la época de Marsans) y muy cercano a La Cámpora. Argañaraz se pasó toda la semana en los puestos de trabajo amezando a los trabajadores con amenazas de sanciones y despidos, siendo rechazado en varias áreas. En la actualidad, la Fábrica de Aviones (Fadea) se encuentra prácticamente paralizada. Los pocos contratos de trabajo están cajoneados o incompletos debido a que la mayoría de las piezas son importadas y están juntando telarañas en Aduana. El famoso contrato con Embraer, saludado en su momento por la ministra Garré y la Presidenta no se encuentra “a la altura de la demanda” por la deteriorada infraestructura y maquinaria. En palabras de un obrero “pretenden dejar un solo hangar con 400 trabajadores”. Actualmente son mil operarios. La re-estatización de la empresa fue la farsa para indemnizar al grupo Lockheed Martin y proseguir con el desmantelamiento del Area Material Córdoba. La presión de los trabajadores fue tal, que llego a oídos de la dirección de Apta a nivel nacional, que se encontraba brillando por su inactividad y dedicada a realizar todo por la vía legal, permitiendo la presión de la empresa sobre los trabajadores. El viernes 26, una asamblea en puerta de fábrica, de alrededor de 250 trabajadores, resolvió el apoyo incondicional a los trabajadores cesanteados, la actualización de las recategorizaciones y un plan de inversiones para poder trabajar. Además, plantean la reincorporación de la bolsa de trabajo y un plan de formación de los nuevos ingresantes. Esto se debe a que la dirección de la fábrica contrató “a dedo” alrededor de 300 trabajadores, entre ellos dirigentes de La Bisagra (organización estudiantil K ligada a las organizaciones de derechos humanos oficialistas) que prácticamente desconocen la actividad dentro de la fábrica. Para la semana del comienzo de noviembre, han resuelto un plan de lucha de paros sorpresivos y asambleas en puerta de fábrica. El 30 de octubre, una asamblea dentro de la fábrica llamó al cese de actividades y a movilizarse hacia el Ministerio de Trabajo de la provincia. Ante alrededor de 350 trabajadores, Cirielli dijo que iba a llamar a un paro nacional de Apta en solidaridad con Fadea. Pero no dejó explícito si se trataba de un paro de 24 horas o tiempo indeterminado y mucho menos fijó una fecha. Se plantea ahora luchar en Fadea y en todo Apta para que el paro se cumpla. Repudiamos la utilización del crimen de nuestro compañero Mariano Ferreyra para intimidar a trabajadores, exigimos el cese de su exhibición. Exigimos al gobierno nacional la inmediata remoción de los funcionarios implicados en este ataque a los trabajadores, y que una comisión de control elegida por los trabajadores en asamblea investigue todos los hechos.

En horas de la madrugada del miércoles 7, manos desconocidas rompieron los vidrios del local del PO, justo el que tenía la foto de Mariano y el afiche de la UJS que reclama el pago de las becas a los estudiantes. Podría tratarse de un hecho vandálico, pero llama poderosamente la atención el hecho de que justo se produzca el día en que denunciamos un nuevo negociado con la nueva concesión del petróleo a YPF. Haremos las denuncias públicas y judiciales que correspondan y agradecemos desde ya, la solidaridad recibida.

EXCLUSIVO DE INTERNET Henry de Jesús López Londoño, alias "Mi Sangre", caminaba por estas calles de Buenos Aires tan tranquilo como Mauro Martín entra en la cancha de River, a ver el superclásico pese al "derecho de admisión". El hombre venía al país desde 2008, evidentemente protegido, y vivía ahora en un lujoso country de Pilar (¿no habría que reformular el mapa del delito?) y hasta tenía un hijo argentino. El asunto presenta sus particularidades, porque si desde siempre las fronteras argentinas son un gruyere -y no por simple inoperancia sino porque conviene que lo sean- todo se complica aun más después de la crisis (no cerrada) con Gendarmería Nacional y Prefectura Naval, las dos fuerzas convocadas para sacarle al gobierno las papas del fuego ante el derrumbe de las policías de todo el país (¡Santa Fe!). Hace unos pocos años, cuando dos narcotraficantes colombianos fueron asesinados en un shopping de Martínez, quedó al descubierto la presencia de carteles de ese país y de México -especialmente el de Sinaloa- en territorio argentino. En ese momento, oficiales de inteligencia de la Policía Federal mexicana, que llegaron a la Argentina para "colaborar" con sus pares locales, les dijeron a los federales argentinos: "A estos (por los carteles de la droga) los sacan ahora o no los sacan más". Más allá de la discutible autoridad de la PF mexicana cuando de narcotráfico se trata, el hecho es que acá no sólo no los sacaron; además, como se ve, les dan refugio. Ahora, según La Nación (5/11) la detención de López Londoño "fue el resultado de ocho meses de cooperación con la DEA". Esto es: los servicios nac&pop mantienen el vínculo anudado con la DEA hace ya muchos años y reforzado hasta extremos de casi subordinación durante el gobierno de Carlos Menem. Si eso es así, la DEA no "colaboró", simplemente ordenó que "Mi Sangre" fuera detenido. O sea: que el gobierno argentino le retirara la protección. La DEA, como se sabe, está envuelta en un escándalo reciente (entre tantos que ha tenido) al conocerse la operación "Rápido y furioso", que permitió la entrega en territorio norteamericano de un enorme cargamento de cocaína procedente de México, y la protección que ese organismo le dio a Joaquín Guzmán, "el Chapo", jefe del cartel de Sinaloa. La farsa "Mi Sangre" era uno de los jefes de Los Urabeños, o Los de Urabá, organización narcotraficante y paramilitar dedicada a la exportación de cocaína hacia toda América central por medio de submarinos de fabricación propia. Tienen bajo su control porciones importantes de territorio colombiano, donde imponen un régimen de terror. Son una de las cuatro bandas paramilitares más fuertes, junto con Los Rastrojos, el Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (Erpac) y los Aguilas Negras. Sergio Berni, secretario de Seguridad, anunció la detención de López Londoño con pitos y matracas: "Es el producto de una investigación profunda, larga y, sobre todo, responsable. Es una muestra de la lucha contra el narcotráfico que ha llevado adelante el gobierno", dijo. Es una farsa, eso es. En principio, necesita tener cara para hablar de "lucha contra el narcotráfico" un funcionario del gobierno que financió parte de su campaña con aportes de los traficantes de efedrina, algunos de los cuales aparecieron más tarde acribillados en un descampado. Pero aún si se deja a un lado ese antecedente, el hallazgo de "Mi Sangre" en territorio argentino no necesitó de ninguna "investigación profunda, larga y responsable". Es una mentira destinada a bobos, porque el gobierno argentino le dio refugio a la familia de López Londoño en 2008, y "Mi Sangre" está acá, libremente y con conocimiento de las autoridades argentinas, desde diciembre del año pasado. En 2007 y 2008 había estado aquí con su familia con su verdadera identidad, como recuerda ahora su abogado, Carlos Olita: "Mi cliente y su familia vinieron a vivir a la Argentina a principios de año (...) pero ya habían estado en 2007 y 2008, con sus verdaderas identidades. Por entonces él y su esposa pidieron refugio político para ellos y para su hijo. El gobierno se la concedió a ella y al nene" (Clarín, 2/11). Si ahora está preso es porque la DEA lo dejó caer, lo cual, casi seguramente, es parte de algún acuerdo con otras organizaciones de narcos. López Londoño dice, y puede que tenga razón, que vuelven a perseguirlo porque está retirado, porque se desvinculó del grupo al que pertenecía, quiere empezar "una nueva vida" y no se lo permiten "porque sé muchas cosas". Mientras tanto, su detención le sirve al gobierno para batir el parche de su propio autobombo, cuando la crisis de la inseguridad llega al extremo de poner a las fuerzas represivas en estado de disgregación. Al mismo tiempo, las organizaciones narcotraficantes, cada día más, se instalan en la Argentina y rápidamente empiezan a traer aquí sus guerras por mercados más extendidos cada vez. Todo eso quiere ser tapado con el apresamiento de un narco y paramilitar jubilado.

Los días 7, 8 y 9 de noviembre se realizarán las elecciones de centro y claustro estudiantil en las 17 facultades de la Universidad Nacional de La Plata. Estas elecciones condensan problemas políticos de fondo para el movimiento estudiantil platense. Por un lado, porque se realizan en un marco donde el gobierno profundiza su política ajustadora, como lo expresa el recorte de 23.000 becas universitarias que el gobierno proyectó en el presupuesto 2013. Por el otro, porque en este cuadro de ajuste, los K pretenden avanzar en la regimentación del movimiento estudiantil. En La Plata, el kirchnerismo quedó a solo tres votos de quedar como la dirección de la Fulp, ostentando la conducción de seis Centros de estudiantes. A la luz de la situación planteada, durante el último mes y medio la UJS montó una campaña convocando a toda la izquierda a la constitución de frentes de recuperación de los centros de estudiantes, para arrebatarlos de manos de los K y de la Franja Morada. Nuestro planteo tuvo un desarrollo positivo en las facultades de Arquitectura, de Trabajo Social y de Derecho. En la primera, se ha puesto en pie un movimiento por la recuperación del centro, integrado por En Perspectiva (UJS-PO), Agite (Juventud Guevarista) y decenas de compañeros no agrupados. Aquí existen posibilidades ciertas de recuperar el centro de manos de Franja Morada. En Trabajo Social, se constituyó un frente entre Insurrectos (JG), Cepa-PCR y la UJS-PO, el cual se plantea fortalecer el actual centro, dirigido hoy por Insurrectos, ante la tentativa de las autoridades de avanzar en una reforma de corte “nacional y popular” del plan de estudio. En Derecho, finalmente, se cerró un frente con el MIU-Cauce y el FPDS. Libres del Sur, decidió ir junto al MNR-PS, en un frente de corte derechista, priorizando su compromiso con el FAP en el plano nacional. En el resto de las facultades, la ausencia de frentes que vayan por la recuperación de los Centros de estudiantes se debe principalmente a la negativa del FPDS, para quien el “mal menor” son los K, frente al “mal mayor” que sería la izquierda. En Bellas Artes y Veterinarias, la UJS presentará sus propias listas, convocando a poner en acción los centros de estudiantes, que bajo la conducción del FPDS han llegado a una suerte de “equilibrio” con las autoridades, lo que le abre el paso al avance de la política de ajuste del gobierno a través de la asfixia presupuestaria, o como sucedió en veterinarias, de la implementación de una reforma del Plan de estudios que profundiza las restricciones en la carrera. En Exactas, Psicología y Periodismo, la listas de la UJS defenderán el planteo de centros independientes del gobierno nacional y las autoridades, como condición fundamental para abrirlos a la democracia estudiantil y ponerlos al servicio de la lucha por las reivindicaciones pendientes. En Humanidades, donde también dirige el kirchnerismo, la elección tenderá a polarizarse con el frente armado por el FPDS con una fuerza ligada a la gestión de la facultad. La UJS irá en la Lista de Izquierda junto al PSTU como una alternativa independiente, no solo del gobierno sino también del decanato. En total la UJS se presentará en nueve facultades, manteniendo grandes expectativas en varias de ellas, lo que ya de por sí representa un salto político organizativo de gran importancia.

La prórroga de las concesiones de YPF en Santa Cruz se ha firmado sorpresivamente. La iniciativa ha sido de YPF y del gobierno nacional. Peralta ya había descartado este acuerdo, al menos por un tiempo. La negociación empezó hace dos años y se había empantanado con Repsol. Ocurre que el marco regulatorio provincial de las concesiones establece un canon de prórroga, a cargo de la concesionaria, que se acrecienta en caso de daño ambiental, de caída de las reservas o de la producción. Todo ello le cabe a Repsol. Cuando comenzó esta puja con la petrolera, se mencionaba un canon de 450 millones de dólares. Ahora, la cifra llegaría a 180 millones y pagadero en cómodas cuotas. Por eso, el ministro de Economía, Ivovich, dijo que sólo se tuvo en cuenta el marco regulatorio, pero la operadora va a recibir "beneficios adicionales" con motivo de transferir las acciones a la provincia. O sea que estarían por aprobar sobre tablas y a libro cerrado un convenio que está por debajo de la propia ley vigente en Santa Cruz. El primero de los "beneficios" a que se refiere Ivovich es que la concesión es a 25 años y no a 10, como las que se firmaron con otras empresas. De la remediación ambiental, estimada para esas áreas en 3500 millones de dólares, nadie ha dicho una palabra. El 5% de acciones que recibirá Santa Cruz no son gratis, sino que la provincia deberá pagarlas. Las urgencias de este convenio están de los dos lados: YPF no consigue socios que inviertan y ni siquiera financiamiento a precio razonable. Con la prórroga por 25 años de la explotación de un 25% del total de sus yacimientos productivos (que son los ubicados en Santa Cruz) espera mejorar las condiciones para obtener esa financiación. Peralta, por su parte, está al borde del knock-out por falta de fondos. A costa de un acuerdo ruinoso para la provincia, tendría un alivio en lo inmediato. No está claro que el acuerdo cierre la crisis política. Peralta puede haber aceptado "condicionamientos adicionales" pero eso se va a ver en los próximos días. La "tregua" entre Cristina y Peralta puede durar muy poco. Si fuera duradera, el gobierno intentaría otra vez atacar los derechos jubilatorios. Más que nunca, el PO plantea la expropiación de todas las áreas petroleras y mineras y su puesta en marcha bajo control obrero. Denunciamos el ajuste en marcha contra los salarios -cero aumentos en 2013-, la educación y la salud, que exigen una respuesta de conjunto de los trabajadores.

EXCLUSIVO DE INTERNET El Senado acaba de prestar acuerdo para los nuevos fiscales penales propuestos por el gobierno de Urtubey. Lo han hecho, a pesar de las denuncias e impugnaciones que pesan sobre dos de ellos. El primero, Maximiliano Troyano, quien como ministro de Seguridad, dijo que los abusos sexuales contra turistas, obedecían al exceso de confianza de las mujeres que visitan la provincia. Tuvo que renunciar inmediatamente. El PO, la comisión de Familiares contra la impunidad y otras organizaciones impugnaron su designación como fiscal. Ahora es fiscal penal. Gabriela Buabse, hasta hace unos días responsable del Cuerpo de Investigadores Fiscales, firmó una pericia en un caso de abuso de una nena de 9 años que señalaba textualmente que la nena "no se muestra como una niña, sino que se ubica más bien en un lugar de mujer, mostrando un cuerpo desarrollado que puede ser objeto de deseo". Esto desató un escándalo nacional mayor al provocado por Troyano. Las justificaciones de Buabse fueron vergonzosas, pero peores la del propio Urtubey, que dijo que se sacan de contexto términos jurídicos. Estas designaciones son un atentado contra los derechos de la mujer. Si estos van a ser los fiscales que investigaran los crecientes casos de abusos, violaciones y feminicidios, ya sabemos que hay garantía de impunidad. En Salta hubo 10 mujeres asesinadas en 2010, 21 el año pasado, y 14 en lo que va de 2012. Al igual que Romero, que puso jueces y fiscales a su antojo, y hasta al represor Ferraris, en la Corte, Urtubey hace lo mismo con Troyano, Buabse, o la designación en la Corte, al comenzar su mandato, del responsable de las represiones que costaron cinco muertes en el Norte, Abel Cornejo. En esto Urtubey y Romero se parecen como dos gotas de agua. Romero ha tomado estos hechos para mostrarse como un hombre democrático. Llamamos al pueblo a sacar todas las conclusiones de este nuevo atropello de Urtubey, a pasar de largo de las maniobras de Romero, y acompañar las luchas de los familiares contra la impunidad y desarrollar al Partido Obrero, para que triunfe la lucha contra la impunidad en Salta.

Las elecciones del Centro de Estudiantes de la Facultad de Psicología de la UBA concluyeron con un triunfo del frente “El Impulso” (Libres del Sur, FER, La Mella, MST y PCR), que obtuvo el 40,9%, desplazando de la conducción a la Lista 4 encabezada por el EPA! (UJS e independientes), que junto a “En espiral” (Prisma y Bandera Negra) llegó al 32,07%. Muy lejos, el frente de La Cámpora retrocedió cinco puntos respecto del año pasado, para sacar el 7,52%. Unos pocos votos abajo, con el 7,02% quedó la lista de la gestión, el EDI (Franja Morada). El PS de Binner sacó 4,74%, superando al PTS, que perdió así su secretaría con el 4,32%. Completaron la grilla Izquierda Socialista y el MAS, con el 1,95 y el 1,38%, respectivamente. Una política contra la izquierda El Impulso obtuvo casi tres puntos más que la suma de su votación en 2011 (donde fueron Libres del Sur, MST y PCR por un lado, y La Mella por el otro). El EPA!, por su parte, sacó casi tres puntos menos. Entre uno y otro año, El Brote-FER (guevarista) abandonó al EPA! porque no encontraba espacio para manifestar su condescendencia con el gobierno, y se encontró con La Mella por sus posiciones filokirchneristas. Sin embargo, decidieron hacer un frente con los sojeros de Sur, MST y PCR ante la evidencia de que era la única forma de derrotar al EPA! Los resultados de El Impulso demuestran que el oportunismo vino de corrientes en retroceso, incapaces de mantener en las mismas condiciones la votación anterior, puesto que sólo crecieron tres puntos a pesar de incorporar una agrupación que era parte de la conducción y tiene más estudiantes de la facultad que las otras. El EPA!, por el contrario, apenas retrocedió, a pesar de la partida de El Brote -o sea que su dinámica es ascendente. En otras palabras, El Impulso cumplió su único objetivo: constituir una cooperativa electoral para desplazar a la UJS de la conducción del CEP. Su campaña tuvo como eje central autoproclamarse como expresión de la “unidad”, aunque esta no tuviera ningún programa. Las divergencias entre estas fuerzas contemplan temas de política nacional -algunos concurrirán al cacerolazo del 8N siguiendo al FAP, mientras otras esperan ansiosas el 7D-, y también puntos vinculados a la Facultad, como el apoyo de La Mella y El Brote a la política de salud mental K -posición no compartida por Sur. Se demostró, en definitiva, que el punto excluyente de acuerdo era el “espanto” porque la UJS esté al frente de este centro y de la Fuba. Las gigantescas diferencias entre ellos resaltan más lo que los une: el ataque a la izquierda revolucionaria. Son una bolsa de gatos, pero tienen un acuerdo estratégico. Ven en la izquierda el límite a sus respectivas maniobras, uno con los semi-K, que serían arrastrados incluso a ser K completos en caso de una reforma constitucional de tinte chavista, y otros con la derecha. La versión más descompuesta del acuerdo oportunista se manifestó en la rabiosa campaña macartista a la que apelaron: protagonizada por La Mella, llamaron a repudiar (sic) al “falso EPA!”, que en realidad era “el Partido Obrero camuflado” (sic), como si los militantes de la UJS-PO no fueran reconocidos como tales por toda la Facultad, y, peor todavía, los estudiantes fueran estúpidos. El deseo de obtener votos a partir de prejuicios derechistas los llevó a editar un volante que recuerda a los de las campañas contra el PO lanzadas por Othacehé en Merlo, renunciando a su condición izquierdista. Finalmente, todas son corrientes nacionalistas, tributarias de gobiernos y camarillas; Libres del Sur también fue parte del EPA!, y lo abandonó cuando se incorporó al gobierno kirchnerista. La campaña del EPA! Los militantes de la UJS y los compañeros independientes del EPA! protagonizaron un descomunal esfuerzo para que cada estudiante pudiera comprender qué estaba en juego en esta elección. Explicamos que la independencia del centro respecto de las autoridades y el poder de turno fue la marca registrada durante once años de conducción, que permitieron quebrar la política de ajuste y privatización. No se trataba de slogans, sino de un programa: pelear porque el edificio conquistado avance en su construcción contemplando necesidades de estudiantes y trabajadores de la facultad; reclamar la inclusión de prácticas formativas; profundizar la ligazón con los trabajadores de la salud mental, y la defensa de ella contra la política de Macri y los K. El EPA! demostró ser por lejos la principal agrupación de la Facultad, en condiciones adversas -disputa electoral contra cinco agrupaciones juntas-, debido a ser la expresión consecuente de dicho programa. El papel de la izquierda El EPA! realizó oportunamente un llamado a las agrupaciones de izquierda, para enfrentar unidos al rejunte oportunista de El Impulso, y defender la independencia del CEP. Prisma y Bandera Negra, con un incipiente trabajo político en Psico, respondieron positivamente a ese llamado, a pesar de tener un balance crítico de los años anteriores de conducción; entendieron que la pelea política los ubicaba en este campo. Las fuerzas que integran el Frente de Izquierda, por el contrario, jugaron concientemente por la derrota del EPA!, entendida como la derrota del PO, sin importar que fuera a manos de una coalición entre filokirchneristas y parte del FAP. El PTS repitió como loro los “argumentos” macartistas de Impulso (“¡el EPA es el PO!”); IS, por su parte, presentó por primera vez una lista testimonial, jugando nuevamente para La Mella tras un año entero de denunciar un “pacto desmovilizador” entre ella y la UJS. El MAS también presentó su lista. Finalmente, el faccionalismo es autoliquidacionista, pues los tres obtuvieron votaciones marginales, y el PTS perdió su histórica secretaría y el delegado a Fuba. Nueva etapa y desafíos Se abre una nueva etapa para la facultad y para la Fuba. El frente oportunista que obtuvo la conducción deberá pasar la prueba de su fragmentación política, que podría conducir al Centro a la parálisis -o la división. También el EPA! y la UJS deberán atravesar el desafío de ser la principal agrupación por lejos de Psico, pero sin ser la conducción del centro. En ese sentido, propondremos la rápida convocatoria de un plenario, para reagrupar a los estudiantes y agrupaciones que colaboraron con la campaña y establecer un balance y perspectivas. En relación con la Fuba, sólo resta una elección (Agronomía); inmediatamente debería reunirse la Junta Representativa para convocar un nuevo Congreso. No hay que olvidar que Psico fue el primer centro que ganamos a Franja Morada, pocos meses antes del Argentinazo, y como expresión viva en el movimiento de la juventud de ese proceso. Nuestros aliados chavistas en la Fuba pretenden concientemente ser la reversión de esa tendencia (“ustedes le ganan a la derecha, y nosotros a la izquierda”); sin embargo, para clausurar ese proceso, deberían anular a la izquierda como factor político. Muy por el contrario, y a pesar de la derrota en Psico, la UJS sigue siendo la principal fuerza de izquierda, presente en todas las facultades, y con mayor cantidad de delegados.

Fundación Olivia es una empresa creada en 2003 para dar respuesta al reclamo de puestos de trabajo a los desocupados. En 2009 Repsol-YPF y Panamerican Energy, dos de las operadoras que sustentaban la fundación lo dejan de hacer, lo que obligó al gobierno a sostener la empresa. A partir de aquí comienzan los problemas con los aumentos acordados en paritarias nacionales (Utedyc) y empeoran las condiciones de trabajo. El último interventor de Fundación Olivia, Daniel Slopper, ha instalado un régimen de amedrentamiento. Ante esta situación, una asamblea decidió cortar la ruta. María Laura es una de las detenidas en el desalojo de la ruta en Caleta Olivia. -¿Qué es lo que se reclamaba? -Varios puntos, los más importantes eran el aumento homologado el año pasado y el de este año. El año pasado se había firmado un acta, donde iban a pagar o una cuota por única vez de 2.000 pesos y después el resto en cuotas de 600 pesos. No pasó nada, no cumplieron el acta. El otro es el aumento del 25% que se firmó este año, y que no cobramos todavía. -¿Por qué fueron a la ruta? -Se tomó la medida porque se agotaron todas las instancias, hicimos todos los pasos legales y la gente en una asamblea decidió tomar esa medida porque ya no daba para más la situación. Los delegados y el gremio viajaron a Gallegos, presentaron actas, fueron a la Subsecretaría (de Trabajo), anduvieron por todos lados y nunca pasó nada. -¿Qué les dijeron desde el gobierno? -Nunca tuvimos una respuesta, nos dijeron que no había plata en la provincia. Es lo único que te dicen. -¿Por qué creés que los reprimieron? -Porque no tenían nada para ofrecer. Estábamos en plena negociación, cuando llega la gente del gremio a traer otra propuesta empiezan los balazos, empieza toda la represión, empiezan a golpear a nuestros compañeros, a correr todos, agarraron a mujeres y a varios compañeros más. El gobierno hizo oídos sordos a nuestro reclamo . -¿Cómo fue la situación dentro de la seccional en la que estuviste? -Fue re-feo, estuvieron todo el tiempo metiéndonos miedo, las policías a las mujeres nos gritaban, nos tiraban el pelo, nos pegaban patadas, nos hacían agachar la cabeza, no nos dejaban hablar con los otros compañeros, nos tenían tirados en el patio de la comisaría, no nos dejaban mirar al costado, ni siquiera preguntar si estaban bien. Yo escuché cuando le pegaban a un compañero adentro del calabozo, me agarró mucha impotencia porque no podía hacer nada (...) todo el tiempo le pegaban a los hombres, recibieron muchos golpes, en la ruta y en la comisaría. En total fueron 26 detenidos, cinco mujeres y el resto hombres. -Ustedes ahora están procesados... -Para mí es injusto porque uno, como trabajador, va a reclamar por sus derechos, y no hay una democracia que ellos siempre dicen, siempre hay palos para el trabajador (...) y a los políticos que roban a manos llenas nunca se les hace causa (judicial). -¿Cómo pensás que sigue el reclamo? -Nosotros estamos firmes con el reclamo del aumento que ya está homologado y es lo que nos corresponde. Vamos a estar unidos para conseguir el aumento. Al cierre de esta edición, se discutía un acuerdo que contemplaba la conquista de un aumento salarial y el retiro de cualquier sanción a los trabajadores.

EXCLUSIVO DE INTERNET Antonio Vargas es un obrero que fue detenido/desaparecido el 20/12/1978. Sobreviviente del centro clandestino montado en la ex fábrica Campomar, dio su testimonio en el Juicio por la Verdad en La Plata en 2011 y ahora, el 23 de octubre pasado, ratificó su declaración ante la Cámara Federal de Apelaciones. Treinta y cuatro años más tarde y ante la inercia del poder político municipal, provincial y nacional, un puñado de vecinos y organizaciones sociales y políticas formaron una "Comisión de Vecinos de Lanús por Verdad, Memoria y Justicia y reunieron testimonios de antiguos vecinos que habían escuchado y visto tremendas escenas del martirio al que fue sometido el pueblo luchador por la dictadura genocida. Una decena de valerosos vecinos concurrieron a la CFA de la Plata y contaron lo que vieron y escucharon. Los desgarradores testimonios volcados no alcanzaban como pruebas para la Justicia. Lo insólito es que en 2011 Antonio Vargas ya había declarado en el Juicio por la Verdad. Como si nada pasara, en julio del 2012 la Presidenta y Darío Díaz Pérez decidieron entregar a la explotación comercial las 24 hectáreas de Campomar. Los reclamos de la Comisión de Vecinos de Lanús para que se preservara el lugar y se investigara si había sido Centro de Detención, Tortura y Fusilamiento fueron menospreciados, señalando se intentaba detener "el progreso" que 2.500 viviendas de súper lujo traerían para Valentín Alsina. "¿Por qué ahora?", es la pregunta que resuena en el municipio de Lanús en relación a la investigación realizada por los vecinos. Porque desde la vuelta de la democracia, hace 29 años, nunca el poder político investigó sobre Campomar, lo que indica la complicidad y el secreto de Estado guardado bajo siete llaves para que los responsables materiales e intelectuales, aún vivitos y coleando en Lanús, no sean molestados. Hoy reclamamos que se abran los archivos del Municipio y los libros de las Comisarías. Es necesario conformar una Comisión Investigadora bajo el control de los vecinos que recoja todos los testimonios históricos de los sobrevivientes y testigos, para que el pueblo de Lanús conozca la historia de complicidad criminal que quiere ser ocultada y se esclarezcan las responsabilidades.

En Italia, la crisis mundial no ha producido movilizaciones populares ni un viraje político de las masas semejantes a las de Grecia. No porque la crisis sea menor. El derrumbe capitalista se manifiesta en una acelerada bancarrota industrial. El PBI continúa cayendo, mientras la deuda pública subió al 126,3% del PBI. El 23% de los jóvenes entre 15 y 29 años, oficialmente, no estudia ni trabaja, un porcentaje que en Europa sólo es superado por Bulgaria y por Grecia. La desocupación bate todos los récords, mientras los rendimientos de los jubilados han caído un 35%, al mismo tiempo que se eleva la edad mínima de jubilación. En un país con cinco millones de trabajadores extranjeros -la gran mayoria bajo condiciones miserables-, el 40% de las familias sin techo -el número crece aceleradamente- son italianas. La Fiat atesora, en lugar de invertir: su caja pasó del 6,5% al 65,5% de su deuda, debido al ahorro de 17.000 millones de euros aportados por los despidos -y a 7.000 millones de euros inyectados por la Chrysler-, mientras caen las ventas y la productividad. El capitalismo italiano, orgullosamente "europeo", se está yendo al diablo. Pese a esta poco envidiable performance, el gobierno "técnico" del primer ministro Mario Monti, al que nadie eligió -salvo las cámaras patronales y el Vaticano- sigue recibiendo el apoyo de la derecha y de la "izquierda". En marzo, el gobierno propuso tasar las propiedades inmobiliarias del Vaticano -oficialmente, 8.800 instituciones escolares de todo tipo, más de 4.700 centros sanitarios y asistenciales, y casi 50.000 "estructuras eclesiásticas"-, usadas abiertamente para fines comerciales. Las propiedades del Vaticano son estimadas entre el 33% y el 50% de todas las propiedades inmobiliarias del país, imprecisión que revela uno de los "agujeros negros" de la economia peninsular. En octubre, el Consejo Constitucional -en el que nadie entra sin la bendición del Papa, otra hazaña de la "República fundada sobre el Trabajo"- bochó la medida. "Super Monti", "e gli suoi sostenitori", se la tragaron callados. El gobierno suprimió 35 provincias para bajar el gasto público y el déficit; y el Parlamento aprobó una nueva ley anticorrupción. La supresión de 35 de las 81 provincias con estatuto ordinario y de organismos intermedios entre los 8.300 municipios y las veinte "regiones" sería el primer paso para realizar una reorganización de la administración territorial, supuestamente para combatir el derroche de recursos públicos. A eso se agrega una corrupción que cuesta al menos 60.000 millones de euros anuales a los cofres públicos -con los "daños indirectos" se llegaria a 100.000 millones de euros. Desde luego, las posibilidades de Monti y sus "profesores" de enfrentar los reinos de la Mafia y de las cometas son iguales a cero. Las medidas de Monti sólo llevan a más despidos en el sector público y a la ruina de numerosos pequeños comerciantes y prestadores de servicios, y agregan más miseria a la miseria. Dictadura tecnocrática La dictadura tecnocrática de Monti recibe el apoyo de la derecha, del centro y de la "izquierda", en la página más vergonzosa de la historia de la República Italiana -páginas que llenarían una enciclopedia. La bronca sorda de los explotados no encuentra, sin embargo, canales reales de expresión. Hay un acuerdo implícito entre derecha, centro y seudoizquierda para dejar que Monti haga el "trabajo sucio" y disputarse después el gobierno del país, dando continuidad a esa política, incluso con la presencia de Monti en el gobierno. El "lavoro sporco" de éste no acabó: en su más reciente medida bajó en 1% el impuesto a los réditos -beneficiando, principalmente, al gran capital- y aumentó en 1% el IVA. Según los cálculos más moderados, el "paquete" completo cuesta 140 euros mensuales al 45% de las familias más pobres. La reacción obrera, a veces explosiva -vale también para los estudiantes- no configura todavía una oposición de clase. Las direcciones sindicales -la principal es la CGIL- se limitan a paros parciales -a veces de sólo cuatro horas-, sectoriales y divididos. Aislan las ocupaciones de fábrica, decididas por las bases. La manifestación nacional convocada por la CGIL el 20 de octubre reunió a más de 100.000 personas, pero se caracterizó por su despolitización. La Piazza del Popolo -Roma- se colmó de números artísticos. Susana Camuso, secretaria general de la CGIL, se limitó a plantear un alivio impositivo para las empresas que contratasen. Exactamente una semana después, la izquierda sindical, política y "movimientista", organizada en el "Comité No a la Deuda", convocó, en el mismo lugar al No Monti Day, obviamente mucho más politizado, pero con poco más de 15.000 personas. La ley presupuestaria -ahora llamada "de estabilidad"- de 2013, prevé cortes en los gastos públicos de 12.000 millones de euros, concentrados en los gastos sociales (sólo para la salud están previstos cortes de 1.500 millones de euros): el grueso del "ahorro" será destinado a "incrementos en la productividad" -subvenciones al gran capital- y al financiamiento de despidos. Un programa abierto de guerra social. "Cacciare Monti" es, por eso, la primera condición de una política de izquierda. Esta consigna es evitada como la peste por casi todos los llamados "de izquierda". El viraje político -sordo- de las masas se expresa, por ahora, sólo de forma negativa, en el hundimiento político-electoral de la derecha. La inestable coalición de los ladrones de Berlusconi -transformado en un cadáver político ambulante-, los fascistoides de Fini y los xenófobos de Bossi -la Legga Nord, despedazada en escándalos múltiples de corrupción- explotó en etapas sucesivas; cada uno de sus miembros posee intenciones de voto inferiores al 7% y no se juntan más. Lo mismo sucede con la Italia dei Valori, del ex juez de Mani Pulite, Di Pietro, otrora estrella de la política italiana. De “cómicos” y “demócratas” A la sombra de la descomposición política de todo el régimen capitalista ha crecido el M5S -"Movimiento Cinco Estrellas"-, que encabeza el cómico de TV Beppe Grillo. No es una reedición del "populismo" -qualunquismo. Grillo se parece a una caricatura anacrónica del Duce, incluyendo sus exhibiciones patéticas de salud y fuerza física. El éxito -parcial- de la antipolítica expresa la podredumbre del régimen y opera como una válvula de escape para éste. El Partido Democrático, con 29% de intención de voto, ha crecido electoralmente como simple efecto del derrumbe de la derecha. Venció en las recientes elecciones de Sicilia con el 10% del padrón electoral -abstenciones del... ¡53%! Su juego de escena consiste en una pelea de su líder, Pierlugi Bersani, con el intendente de Florencia, Matteo Renzi, su contrincante interno, para pulir una imagen de "progre". El gobierno "político" que se prepara, para después de las elecciones, sería la perfecta continuidad del gobierno "técnico" de Monti. El "izquierdoso" Nichi Vendola, de Socialismo y Libertad, gobernador de Puglia, prepara su ingreso al futuro gabinete. Los restos del PRC -Refundación Comunista-, con el 2% de intención de voto, encabezan la escuálida y moribunda "Federación de las Izquierdas" (FDS). Dentro del PRC juega el papel de "bombero crítico" el grupo trotsko-chavista de Alan Woods -Falce e Martello-, que denuncia el peligro de que "una horda de 'peligrosos bolcheviques' bajará entonces a las plazas, del brazo de Cremaschi -Fiom, sindicato metalúrgico-, Ferrando -dirigente del PCL, de la CRCI- y Turigliatto -del Secretariado de la IV-, desempolvando eslóganes revolucionarios contra Monti y contra el PD... todo residuo de credibilidad sería perdido, y las elecciones terminarían en un baño de sangre" (sic). El Militante, como es conocido en América Latina, se ha transformado en un sistema de delaciones. La izquierda revolucionaria -incluyendo al PCL- oscila entre un 0,1% y un 0,2% de intención de voto -el PCL obtuvo 0,3% en las elecciones sicilianas. El sector dirigente de la Fiom, que actúa como una suerte de oposición de izquierda en la central obrera, CGIL, se limita a pequeñas maniobras políticas semiclandestinas en el interior de la izquierda y de la centroizquierda, sin programa ni perspectivas claras. Para quebrar la marginalidad política no bastan los planteos revolucionarios generales -incluyendo el de "gobierno de los trabajadores"-, sino que se debe elaborar una precisa caracterización política de la descomposición del régimen y del Estado capitalista italiano, de sus diversas expresiones políticas, de su vínculo con la imparable bancarrota capitalista y la crisis irremediable de la Unión Europea, huyendo de la autoproclamación sectaria -moneda corriente en la "extrema izquierda". La crisis y la atomización actuales de la izquierda podrian transformarse así en la levadura de su renacimiento sobre bases revolucionarias.

En tiempo récord, en una sola jornada y en ambas cámaras, Scioli consiguió la aprobación del presupuesto provincial. La gobernabilidad fue el pretexto para que los legisladores de La Cámpora y Mariotto; y sus pares de De Narvaéz, PJ disidente, el macrismo, los radicales y el FAP, votaran todos juntos y sin ruborizarse el presupuesto 2013. Los K y los ultra K fueron más lejos porque votaron también la "ley fiscal". Esta "reforma" es simplemente un impuestazo sobre el inmobiliario urbano y un pasaporte a un nuevo mega endeudamiento por otros 20.000 millones de pesos para atender los pagos de la deuda. Por su carácter generalizado, el impuestazo va a encarecer las viviendas y los alquileres echando más nafta al fuego de la carestía y la especulación. Los diarios destacan el rechazo opositor a la "ley fiscal". Se trata de un saludo a la bandera, porque los "opositores" votaron el presupuesto que le entrega en bandeja la recaudación provincial a los especuladores capitalistas. Con un huevo en cada canasta, y con De Narváez empujándolo a Scioli hacia 2015, la oposición derechista y también el centroizquierda del FAP, se cuidan de no empiojarle el nido al gobernador. De la negociación que llevó a este voto casi unánime -con excepción de la Coalición Cívica- formó parte el rojo de las cuentas municipales. Las intendencias (todas) exigen "libertad" para acceder al mercado de deuda y un aumento de la coparticipación, que tiene pocas posibilidades de prosperar por el default provincial. En el paquete entra también la discusión de la "morigeración" de la ley de tierras: un reclamo de los intendentes que no quieren que el "diezmo" sobre los emprendimientos privados afecte sus negocios con la patria inmobiliaria. Con la votación rastrera por las leyes del ajuste, el kirchnerismo provincial quedó a la sombra de Scioli. La buena letra de los "camporistas" parecería estar dándole la razón a quienes sostienen la eventualidad de un giro de Cristina si ésta ve amenazada la performance del gobierno en las parlamentarias del año que viene. Este operativo podría terminar por mandarlo al descenso al "comisario político" Mariotto. Esta "funcionalidad" al sciolismo alcanza a la CTA de Yasky y Baradel, que desertó de la lucha contra el presupuesto ajustador y no asomó por la Legislatura. La borrada de la CTA oficialista es un golpe artero contra todos los trabajadores provinciales y en particular contra los docentes, que reclaman la reapertura de las paritarias. El moyanismo provincial- incorporado a la flamante agrupación sciolista, la DOS, votó ambas leyes, al igual que el kirchnerismo. ¿Habrá foto? ATE y la CTA Micheli convocaron a un acampe frente a la Legislatura, que terminó levantándose antes del mediodía para no entorpecer el voto de los legisladores, incluidos los del "palo" (FAP). Un fiasco que no llegó a ser siquiera una puesta en escena. Es evidente la presión que ejercieron sus socios del "progresismo", que quería la cancha libre para darle el sí al presupuesto reaccionario. Al papelón de ATE no lo salva la votación en solitario de una diputada "fapista" de origen sindical, que votó en contra y en disidencia con su propio bloque. La burocracia bloqueó a las delegaciones (muy numerosas) de los empleados de la Dirección de Escuelas y del Hospital de Niños para que no hablaran en el acampe y denunciaran la responsabilidad de todos los legisladores. La sumisión al binnerismo es incompatible con la lucha obrera. El vacío abierto en la oposición a diestra y siniestra, la mimetización de los K con el "neoliberal" Scioli y el derrumbe del Estado bonaerense con su secuela de huelgas, ocupaciones y manifestaciones contra el ajuste, y la tendencia a la huelga provincial, revalorizan la importancia de que la izquierda actúe y se presente como una expresión política de los trabajadores contra los capitalistas, con un programa y una fisonomía propia en la crisis provincial. La preparación política para las elecciones en el distrito clave del país es estratégica. Daniel Rapanelli

EXCLUSIVO DE INTERNET El jueves 25 de octubre durante una sesión del consejo superior del Iuna que trataba el inicio de una causa al decano del Departamento de Visuales, Julio Flores, irrumpió en el recinto una patota de No Docentes del gremio ATE. Enmascarados, con narices artificiales o gorritos y lentes oscuros, los patoteros descargaron matafuegos contra los consejeros. El contenido de los matafuegos no era el habitual, tenía agregado excremento (sí, eso, mierda). Al marrón rociado sobre los participantes, los patoteros agregaron gases lacrimógenos. La patota de Flores defendía la caja de la que muerde. El faccionalismo entre las camarillas K del Iuna no es nuevo, pero ahora ha entrado en una nueva etapa. Ya no hay convivencia posible. El Rectorado, con la venia del Ministerio y el apoyo de las agrupaciones estudiantiles ligadas al gobierno, ha iniciado una campaña destituyente de todas las camarillas departamentales que no le responden. El motivo: la implementación a fondo del Proart, la herramienta financiera de la implementación de la Coneau en la educación artística. Para ello, el rectorado está jugado a concentrar todos los instrumentos políticos de control y gestión de los recursos que vienen a desarrollar la privatización del Iuna. La izquierda "independiente" En la guerra de camarillas K por las cajas del Iuna, el Rectorado se ha sumado un nuevo aliado, La Mella-Rebelión, que dirige el Centro de Visuales y cuenta con los consejeros departamentales. Los mismos, lejos de defender una posición independiente del movimiento estudiantil dieron el quórum necesario para que sesione el consejo que le dio los votos a la candidata Radical de la Rectora del Iuna. Esta posición de la La Mella-Rebelión hizo viable la maniobra que no tiene otro objeto que la profundización de la política privatista. Presentes en las maniobras del Rectorado, La Mella-Rebelión, en las últimas movilizaciones que el movimiento estudiantil del Iuna realizó al Ministerio de Educación, no asomo ni la nariz. Este accionar los coloca, una vez más, como cómplices de las políticas educativas del gobierno Nacional y de las camarillas del Iuna. El movimiento estudiantil En el Iuna Audiovisuales y luego de sostener una toma de un mes los estudiantes le arrancamos a la gestión del Departamento el compromiso de iniciar un plan de obras, llamar a concursos docentes y retrotraer la medida que transformaba una materia del plan de estudios en un curso de extensión pago. Una clave fundamental del triunfo fue la independencia que sostuvo el movimiento estudiantil de audiovisuales respecto de la guerra de camarillas profesorales. A instancias de la lucha política desarrollada por la UJS, llevamos el reclamo al ministerio, señalamos la responsabilidad del gobierno Nacional y no nos apoyamos en ninguna gestión. Tenemos que impulsar en todo el Iuna un debate esclarecedor en relación a la política privatizadora que el gobierno nacional está poniendo en marcha y prepararnos para enfrentarlo. En la agenda de esa lucha, se inscribe la formación de una federación de todos los centros y por supuesto, la lucha por la democratización de los órganos de cogobierno, para defender así a la educación pública del avance de los privatistas.

Las elecciones municipales del 28 de octubre dejaron al desnudo el fracaso político del gobierno de Piñera en su intento por seguir engañando a la población con su demagogia para aplicar medidas reaccionarias contra trabajadores y estudiantes, y por cumplir los ajustes que la burguesía pretende imponer para hacer caer los costos de la crisis capitalista internacional sobre los hombros de la clase obrera. La concertación y el "progresismo", a pesar de los buenos resultados obtenidos, suman en desaprobación. La burocracia sindical (CUT) llamó a votar por sus candidatos, pero sin ninguna propuesta política. Por otro lado, los estudiantes con organizaciones de izquierda acordaron hacer un llamado a no votar por ningún candidato. La gran abstención fue el acontecimiento político que marcó la elección municipal 2012. En relación con la cantidad de inscritos por el nuevo sistema, sólo un 42% del electorado -alrededor de 5,6 millones de votantes-, participó de las elecciones, sobre un total de más de 13 millones. Esto es consecuencia de la inauguración de la ley de inscripción automática y voto voluntario, aprobada en el parlamento con acuerdo de la derecha y la Concertación. Debemos aclarar que el voto voluntario es, en esencia, una medida reaccionaria, porque su objetivo principal es despolitizar a las masas, ya que el voto es un acto político. Esta medida busca mantener la apatía y el desinterés por solucionar los problemas que tienen las comunas. Otro punto relevante que se traslució en el nuevo sistema es la vulnerabilidad a los fraudes. A pocas horas surgieron acusaciones de fraude en varias comunas: en Renca, un grupo de candidatos a concejales acusó una pérdida de 8.000 votos; además, denunciaron incongruencias entre las actas en las que se contabilizaban los escrutinios y la información entregada al Servel. Se acusa como responsable a la actual alcaldesa por la UDI, Vicky Barahona. En Valdivia, el candidato a alcalde por la Concertación, Carlos Amtmann, también denunció un eventual fraude electoral en las elecciones municipales. Otra denuncia de similares característica realizó la candidata a alcaldesa Susana Soto, por la comuna de Quilpué, situación que habría surgido por la pérdida de, también, 8.000 votos: los votos escrutados para alcalde serían 38.738 mientras que los votos escrutados para concejales serían 30.684 (¿?). Las celebraciones se empañan por los reclamos de fraudes electorales. Avance de la Concertación La elección municipal dio una ventaja significativa a la Concertación en cantidad de alcaldes en comunas importantes -como Santiago y Concepción, donde se derrotó a la derecha dura-: en los comicios de 2008 la Concertación había conseguido 147 alcaldías mientras que en esta logró 170. Pero este fenómeno político no es consecuencia de una alternativa política que la Concertación haya planteado ante las masas, para hacerle frente a las medidas del gobierno de Piñera. De ninguna manera, porque ambas corrientes políticas son variantes distintas de la burguesía y están empeñadas en sostener, de una o de otra forma, al sistema capitalista en crisis. La ventaja que recibió en bandeja la Concertación se debió al malestar de las masas explotadas ante la serie de medidas económicas en contra de los trabajadores y del estudiantado, y al endurecimiento de la represión policial contra las manifestaciones estudiantiles. La lucha del movimiento estudiantil por la educación gratuita y por el fin al lucro se transformó en un elemento que determinó ante el electorado a la hora de votar, ya que el voto de apoyo a la Concertación fue, más bien, un voto contra la derecha y contra el gobierno reaccionario de Piñera. Y un voto muy condicionado al "progresismo". Sin propuestas La elección evidenció la ausencia total de propuestas programáticas de los candidatos. Todos ellos centraron sus campañas con grandes afiches, banderas de distintos colores, papeles biográficos... sin ningún contenido político. Para los candidatos, el punto central de su cuestionamiento era resaltar la buena o mala gestión de las autoridades municipales. De esta forma evitaron referirse al explotador sistema de trabajo de las empresas contratistas; no hablaron de los empleados que llevan años trabajando a contrato y de la inseguridad laboral que esto les significa; no dijeron nada de la corrupción que existe en las municipalidades; de terminar con la educación municipalizada y con la salud municipalizada, etcétera. Todo indica que, después de la elección, la situación de explotación no va a cambiar y que, en un futuro próximo, se verán enfrentados a muchas manifestaciones reivindicativas. Las municipalidades han perdido todo su sentido social, se ha demostrado que ante los desastres naturales la población ha quedado totalmente indefensa, algo que a ningún candidato le pareció importar. Porque, evidentemente, las municipalidades, como el aparato del Estado, se han trasformado en una fuente de recursos económicos de la que las autoridades gustan beber diariamente. Más aun, las coimas que reciben con sus famosas licitaciones no son otra cosa que el enriquecimiento de empresas privadas con el dinero de todos los contribuyentes. Los resultados de las elecciones evidencian un viraje hacia la izquierda de las masas. Y dejan una sensación de insatisfacción política por la ausencia de programas y de reivindicaciones que representen a la población. Comprendemos que la enorme abstención de votantes a lo largo de nuestro país es un síntoma de la ausencia brutal de una orientación política clasista, que plantee sistemáticamente un programa que refleje las reivindicaciones de la clase obrera y las masas explotadas. En este período de profunda crisis capitalista resulta imperiosa la necesidad de que la izquierda y los trabajadores se unifiquen programáticamente; para desplazar a la burocracia sindical, para enfrentar y vencer la ofensiva capitalista de despidos, de bajos salarios, de trabajo subcontratado, de las AFP, y para ponerle fin al lucro de la educación y de la salud. Después de las elecciones municipales, es la oportunidad de levantar una alternativa programática obrera y socialista.

Obama ganó con menos votos y bastante menos entusiasmo que en la elección anterior. Aunque seis de cada diez votantes identificaron a la economía como el problema principal de la campaña, sólo la cuarta parte de ellos afirmaron estar mejor que hace cuatro años. La clase trabajadora norteamericana sufre un sostenido desempleo masivo, los salarios reales han caído significativamente y cuatro millones han sido desalojados de sus viviendas (ver "Adiós al American Dream", Prensa Obrera Nº 1.142). A lo largo de su mandato, el presidente rescató a Wall Street, sostuvo la guerra en Afganistán e Irak, mantuvo abierta la cárcel de Guantánamo y no impulsó una reforma en favor de los inmigrantes (los cuales sufrieron un número récord de deportaciones). En estas condiciones, no sorprendió que, en la legislativas de 2010, el Partido Demócrata fuera derrotado por un Partido Republicano renovado por el surgimiento de un ala derechista, el Tea Party. Ante la ausencia de una alternativa por parte de las organizaciones obreras y sociales -subordinadas a los demócratas-, los derechistas lograron canalizar la bronca de sectores de la pequeñoburguesía y la clase trabajadora blanca, motorizados por una fracción de grandes capitalistas. El crecimiento del ala derechista radical, sin embargo, quitó viabilidad al Partido Republicano, al espantar a los votantes centristas y preocupar a la burguesía. Mitt Romney, un moderado, logró su nominación derechizando su discurso; para poder movilizar a las bases postuló como vice a Paul Ryan (un congresista del espacio del Tea Party) y planteó un programa de reducciones de impuestos a los ricos, junto a un brutal ajuste, la privatización del plan de salud de los jubilados, la supresión de los derechos sindicales, el retroceso del derecho al aborto y el hostigamiento a los inmigrantes sin papeles. La aplicación del programa extremista planteaba el riesgo de una respuesta popular que, aunque todavía no se generaliza, empezó a insinuarse en los movimientos de Ocuppy Wall Street y las grandes luchas sindicales de Wisconsin y Chicago. No fue, entonces, la esperanza de un cambio lo que permitió el triunfo de Obama -así había sido en 2008-, sino el espanto que provoca un eventual gobierno republicano. Esto explica que Obama haya podido movilizar nuevamente a los trabajadores sindicalizados, los latinos, los negros, a los jóvenes y las mujeres. También que haya conseguido el apoyo de sectores importantes de la burguesía para financiar su campaña. Cuando se preveía una brutal caída en la participación electoral, votó -al igual que en 2008- la mitad del padrón electoral. Se trata de una coalición con intereses sociales contradictorios. De cara a esta evolución del electorado, Romney intentó un giro en su discurso, pero no le alcanzó. La inclinación hacia la extrema derecha le costó a los republicanos muchísimos votos. Los candidatos del Tea Party retrocedieron y posibilitaron que los demócratas ampliasen su mayoría en el Senado (los republicanos mantienen el control de la Cámara de Representantes). La radicalización que el Tea Party imprimió al Partido Republicano permitió su resurgimiento luego de la derrota de 2008, pero -a la vez- terminó agudizando sus tendencias centrífugas y alejándolo de las masas. Se esperan nuevas disputas y divisiones en el ‘Grand Old Party' luego de esta nueva derrota. No hubo cambio de frente En estos meses, se destacó mucho el hecho de que los grandes aportistas capitalistas habrían abandonado a Obama en rechazo a su -tibia- reforma financiera. Pero el apoyo económico que tuvo la campaña de Romney no puede ser leído como un cambio de frente del conjunto de la burguesía. Obama terminó recaudando casi lo mismo que Romney, en una campaña electoral que superó todos los límites (fueron gastados 6 mil millones de dólares). Paradójicamente, el crecimiento que tuvo en las últimas semanas la intención de voto del republicano provocó una caída de la Bolsa. Es que la propuesta republicana de cancelar los estímulos monetarios de la Reserva Federal y realizar un ajuste, frente la caída inminente en un abismo fiscal y el salto en la deuda pública (16 billones de dólares), acentuaría en lo inmediato la recesión interna y agravaría la bancarrota económica internacional. El Partido Republicano no tiene, tampoco, una política exterior clara, pues está dividido entre neoconservadores, aislacionistas y ultrarrealistas (Le Monde, 23/10). Frente a la perspectiva de una acentuación de la crisis económica y social, y del agravamiento de la situación internacional (Siria, Irán), la burguesía decidió no cambiar de caballo en el medio del río. Todavía tiene que profundizarse mucho más la quiebra del régimen para que la salida radical del Tea Party sea ineludible. Mientras tanto, los republicanos conservarán su mayoría en la Cámara de Representantes y los demócratas el control del Senado. El presidente se enfrenta a la perspectiva de otro mandato boicoteado por una oposición que bloquea todas sus iniciativas parlamentarias. La elección de Obama no resolverá el impasse del régimen político yanqui.

EXCLUSIVO DE INTERNET Los estudiantes terciarios de la Capital obtuvimos un triunfo en la lucha para frenar las reformas reaccionarias. Bajo la presión de la movilización, el Ministerio de Educación firmó un acta donde establece la validez nacional para las cohortes 2013 y 2014, con los planes actuales para los profesorados de media y superior de la Ciudad de Buenos Aires. Con este logro, frenamos la política de extorsión del gobierno, que pretendía imponernos las reformas de los planes de manera acelerada bajo la presión de la pérdida de la validez nacional para los ingresantes del año próximo. Los dos meses de lucha, con asambleas, marchas, cortes, tomas y la participación de los estudiantes hicieron que hoy se obtenga esta prórroga. ¡Ahora tenemos un año para ir por más! La tarea es presentar planes propios del cada profesorado que surjan de debates democráticos interclaustros, resolutivos, donde se pongan en cuestión las necesidades de formación de cada lugar y cada perfil, y se rechace la orientación de la reforma actual. Vamos por planes de estudio que sostengan un perfil científico, específico de las disciplinas que elegimos. Vamos por planes de estudio para profesores expertos en sus áreas. La UJS convoca a participar con esta perspectiva de la mesa de debate sobre las reformas que se llevará a cabo dentro del Encuentro nacional de Educación el próximo 17 y 18 de Noviembre en el Mariano Acosta.

Por un margen muy ajustado (tres votos), la lista Unión Docente, impulsada por el kirchnerismo, sectores del rectorado y de algunos decanatos, obtuvo el primer lugar en las elecciones de Adiunt, el gremio de docentes e investigadores de la UNT. En segundo lugar quedó Compromiso y Dignidad (PCR + sector referenciado en un ex militante del viejo MAS). Estos dos agrupamientos que ahora se presentaban divididos, desde hacía nueve años venían unidos conduciendo el gremio. Por último, el Frente de Docentes por el Cambio (Naranja + independientes), obtuvo el tercer lugar. La campaña de la lista kirchnerista fue sigilosa, y se tejió en los decanatos y despachos de las autoridades. Apenas conocidos los resultados, el secretario general electo declaró: “No me gustan tantos paros”. Este resultado no fue inesperado. Desde el inicio de la campaña, la Agrupación Naranja señaló que el kirchnerismo venía por el gremio para vaciarlo como órgano de lucha, en momentos en que se están implementando medidas de ajuste que comienzan por educación y salud. Dirigimos cuatro cartas públicas explicando esta situación y llamando al PCR y sus aliados a un frente único, como carta de victoria segura y por lo tanto de defensa de la democracia e independencia de Adiunt. El llamado tenía más sustento aún porque se producía en circunstancias en que ese frente estaba materializado a nivel nacional ante las elecciones de Conadu Histórica. El PCR y sus aliados rechazaron esta propuesta de plano. Defendieron una postura divisionista sin principios, que los llevó a entregar el gremio al kirchnerismo antes que compartir la directiva con la Naranja. La campaña del Frente Docente por el Cambio tuvo una intensidad sin precedentes: cubrió por primera vez todas las unidades académicas, incluyendo preuniversitarios, y generamos una fuerte agitación política. Aunque retrocedimos en la votación comparada con la del 2010, ganamos las seccionales de Artes, Naturales, Agronomía y Odontología, además de delegados en Filosofía y Psicología. Con el total de votos obtuvimos una secretaría que, sumada a la vocalía por cada seccional, nos deja con cinco votos en la Comisión Directiva (las otras dos listas tienen ocho cada una). La Lista Naranja ha salido fortalecida de todo este proceso con una ampliación de su radio de acción apoyado en nuevos activistas, que ahora habrá que consolidar en el trabajo agrupacional. El acceso del kirchnerismo a la secretaría general de Adiunt abre una nueva fase de lucha política en su seno. Llamamos a los integrantes de la lista Compromiso y Dignidad a impulsar en conjunto, tanto en la Comisión Directiva como en los distintos lugares de trabajo, la lucha por la agenda de los docentes universitarios, orientada fundamentalmente por la carrera docente (para poner fin a la precarización laboral) y por la reapertura de las paritarias.

Los ciento siete diputados opositores que firmaron contra la re-reelección se declararon autores de una iniciativa que no les pertenece. Antes de que ellos pusieran el gancho, la reunión de Idea -el principal foro de la burguesía argentina- había abundado en pulgares abajo contra la re-re. El planteo de la “alternancia” en el poder estuvo bendecido nada menos que por el visitante y ‘compañero’ del Mercosur, Lula da Silva. Los diputados opositores se limitaron a refrendar lo que el gran capital ya colocó en la agenda, en vistas del fracaso del intervencionismo oficial para impulsar una reactivación, del defol explícito de una parte de la deuda pública, de una bancarrota del Estado nacional y los de las provincias, además de estar también en las vísperas de otro defol, el de la energía. En medio de este cuadro, el capital financiero ha vuelto a emplazar a la Argentina en Ghana y en Nueva York. El rescate de los especuladores internacionales -“desendeudamiento”- y de los privatizadores ha terminado en una nueva quiebra nacional. Los beneficiarios del rescate, sin embargo, exigen un viraje de la política oficial y una normalización integral en favor de sus intereses, lo cual choca con el régimen político vigente. En este cuadro, la negativa a la re-reelección como factor de unidad opositora es sólo una pantalla. Después de todo, casi todos sus firmantes participaron de los compromisos parlamentarios reaccionarios de las últimas dos décadas, comenzando por el pacto de Olivos. En otros casos -como el centroizquierda-, votaron el rescate político del gobierno en seudoestatizaciones dirigidas a rescatar a vaciadores, como en Aerolíneas, YPF, o incluso Ciccone. Debajo de la camiseta que se opone a la re-re, la oposición disimula un compromiso con los reclamos de fondo de la gran burguesía: el fin del dirigismo oficial, una devaluación y el ajustazo. Lozano calificó el acuerdo de los 107 opositores como ‘redundante’. En cambio, para él no estuvo de más sumarse al foro de Idea, donde el gran capital presentó su pliego de reclamos de fondo. El 8N, el cepo y la deuda Las 107 firmas apuntaron a llegar en tiempo y forma de cara al cacerolazo, para asegurarse que los reclamos por la desorganización económica, inseguridad ciudadana o despotismo político apunten solamente a la Rosada. Pero, en este punto, la impostura no puede ser mayor. Dos “amigos” del 8N, el principal economista del PRO (Surtzenegger), por un lado, y Prat Gay, por el otro, acaban de señalar que el fallo de la justicia neoyorquina en favor de los fondos buitres es ‘una oportunidad para el país’, porque legitimaría -según ellos- el pago a estos fondos con la misma quita que aceptaron el resto de los acreedores. En definitiva, plantean una nueva apertura del canje de la mano de la justicia americana, lo que sumaría al país otra carga de 4.500 millones de dólares de deuda. Pero, entonces, Prat Gay y el PRO deberían explicarle a los caceroleros que ello sólo sería posible con un ‘recontracepo’. O, en su defecto, con una megadevaluación que junte los dólares para la ‘normalización financiera’ a costa de una licuación general de los salarios y gastos estatales. Para contrarrestar a los blogueros del 8N, el gobierno ha gastado fortunas en operadores mediáticos. Pero nada puede sustituir la ausencia completa de planteos de carácter nacional o antiimperialista frente a la presión del capital financiero. Como línea de ‘resistencia’ a los fondos buitres, Cristina Kirchner ha juramentado pagar “hasta el último centavo” de la deuda ‘canjeada’ en 2005 y, naturalmente, de las nuevas hipotecas contraídas desde entonces. Aplaudidores mediante, la Presidenta se las arregló para presentar como un gesto soberano el mismo compromiso antinacional que Nicolás Avellaneda les hizo, en 1877, a los tenedores de bonos argentinos. Para pagar con “el hambre y la sed de los argentinos”, continuará el empapelamiento del Central, la desvalorización de la moneda -o sea, de los salarios y jubilaciones- y el defol selectivo contra la Anses. Los límites del gobierno para colocarle una oposición popular a los planteos derechistas son infranqueables. Por eso, le ha entregado a estos últimos la presencia en las calles. Lo mismo ocurre con el 7D, donde la “tromba” oficial se diluye en chicanas judiciales. La polarización, que oficialistas y opositores se han empeñado en extremar de cara al 8N, intenta disimular los intereses sociales comunes que, en última instancia, defienden unos y otros ante la crisis capitalista. Apenas una semana antes del 8N, los legisladores porteños del kirchnerismo le daban su voto a Macri para aprobar un paquete gigantesco de entrega de tierras públicas de la Ciudad al capital financiero. El cacerolazo, sin embargo, no denunciará a Macri por este pacto reaccionario con el kirchnerismo. Tampoco lo escrachará por haber votado en el Congreso la nefasta ley de ART de los K. La demolición del centroizquierda El paraguas del no a la re-re también ampara una tentativa de compactación política, de cara a las elecciones de 2013. Es que el sometimiento del centroizquierda al programa del capital financiero exige un encuadramiento político. Por eso, la semana del 8N comenzó con un encuentro, que unió a Prat Gay, Estenssoro y la UCR con la mayoría del FAP, para cobijarse bajo la candidatura común de Solanas para senador en la Capital. Solanas no abrió la boca contra esta coalición en grado de tentativa entre el JP Morgan, los privatizadores de YPF, el punto final y la obediencia debida. En cambio, el jefe de Proyecto Sur firmó con ellos el pacto contra la re-re, estableciendo un campo de acción común. También decidió practicar esa misma unión en la conferencia de prensa donde Binner rescató a la policía de Santa Fe. En la caja de Pandora del no a la re-re, hay un embrión de frente derechista entre Macri y el PJ, por un lado, y un frente ‘progresista’ comandado por el gran capital, por el otro. La agudización de la crisis y la polarización de los partidos capitalistas obra como un factor fantástico de disolución sobre el centroizquierda y, en particular, sobre las izquierdas de este último. Lozano, en este cuadro, ha descubierto el “oportunismo” (sic) de Libres del Sur. De haber aspirado a gobernar la Ciudad en 2011, el centroizquierda porteño podría terminar partido en tres. Los que querían “navegar” ambiguamente entre los dos polos capitalistas de la crisis pueden terminar peor que la Fragata Libertad. La izquierda que continúe sometida a esa perspectiva pagará la mayor factura de todas. Levantar a la izquierda como alternativa La víspera del 8N ha transcurrido en medio del completo silencio de las centrales obreras opositoras. El inminente anuncio de un paro para la tercera semana de este mes, si se concreta, quedará para después del cacerolazo. Es evidente que Moyano y Micheli han dejado que el 8N -y los bloques políticos que lo fogonean- establezcan el marco político de un futuro paro general y no al revés. El cacerolazo del jueves ganará masividad a caballo de un conjunto de agravios populares, incluyendo a los que afectan a la clase obrera -como el impuesto al salario o el despojo de las asignaciones familiares. Pero no repudiará a los Macri, De la Sota o Binner que, en materia de ataques a la mayoría del pueblo, no le van en la zaga al kirchnerismo -o incluso pactan abiertamente con éste. Precisamente, la CGT y CTA opositoras están abiertamente entregadas al juego de alianzas de la oposición, la cual apuesta a entregar el desenlace de la actual crisis nacional a los Macri, De la Sota o Binner. Bajo la forma de un conjunto de choques y maniobras, los preparativos de las elecciones de 2013 son mucho más que el prólogo de un turno electoral intermedio. Lo que se va a poner a prueba es la consistencia de las fuerzas políticas y las clases sociales que disputarán el desenlace de una nueva crisis nacional, en el marco de una bancarrota histórica del capitalismo. Los que le exigen al gobierno el trabajo sucio de una devaluación y un ajustazo, fantasean con un nuevo valor del dólar que permita levantar el cepo y liberar el mercado de divisas, para que una posterior afluencia de capitales impulse una reactivación económica e incluso una revalorización parcial de la moneda. Aspiran, en definitiva, a una remake de 2002, después de la devaluación del 300% y la consiguiente confiscación general de los salarios (el punto de partida del ‘modelo’). Pero aquel ajustazo coincidió con un ascenso especulativo de la economía mundial capitalista, el cual se estrelló en 2008. En cambio, la devaluación que impulsan ahora sólo empalmaría con un agravamiento de la bancarrota capitalista internacional. Esta devaluación no le ahorraría al pueblo argentino una nueva confiscación. El desarrollo de la crisis tiene que mostrar el carácter artificial de la polarización entre bandos capitalistas y sus reaccionarios propósitos comunes contra la clase obrera. Pero ello tendrá que ser puesto de manifiesto a través de una agitación política de carácter socialista, que le oponga una salida anticapitalista a la crisis. El Frente de Izquierda tiene la responsabilidad de postularse como alternativa de conjunto, introducir una delimitación política en torno de los intereses históricos de los trabajadores -y no de los que exige la agenda de los capitalistas- y, a partir de allí, plantear un programa y sacar al ruedo a los candidatos que lo van a defender en el episodio estratégico de las elecciones de 2013.

EXCLUSIVO DE INTERNET El viernes 26 de octubre se cumplió la cuarta edición del evento cultural en el local de Palermo con la participación de más de 300 personas. Esta vez la actividad contó con una banda de artistas encabezada por el venezolano John Guarenas. Su participación no sólo fue rítmica, pues Jhon grabo el tema Luz junto con Aitor Graña, primo de Mariano Ferreyra, en el disco Cuerpo, y estuvo en el festival de Plaza de Mayo junto a Calican Groove. Se inscribe dentro de una larga lista de artistas que reclaman justicia por Mariano. La convocatoria esta vez sobrepasó los límites: jóvenes estudiantes, vecinos, trabajadores de comercio, de bancarios, del subte, municipales, periodistas y un largo etcétera se hicieron presentes para tomar parte de una actividad de recreación auto-organizada y opuesta a la privatización de la cultura. La difusión a pulmón esta vez estuvo impulsada por una nota en el suplemento cultural no de Página/12 a los que también se sumaron Andy Flores de radio La Tribu y los infaltables Insalubres de la Subteradio. La difusión por parte de estos medios revela el interés que presenta esta novedosa actividad entre un sector de los laburantes.Pensado inicialmente como una actividad para sortear la represión patronal y de la burocracia en los lugares de trabajo, la idea de un "bar de trabajadores" demuestra que existe un inmenso campo de desarrollo en el terreno cultural dentro de la clase obrera. Este pub se inscribe dentro de las actividades alternativas a las que pueden ofrecer los privatizadores de la cultura y los centros gastronómicos en el centro palermitano. Una tendencia de base por la apertura de centros culturales y recreación fuera del lucro capitalista.

En esta semana la gremial docente de la UBA lanza una masiva campaña de empadronamiento de docentes ad honorem, con mesas en distintos días y horarios en prácticamente todas las facultades. Como resultado de la enorme lucha de 2005, los docentes universitarios conquistamos más de 2.200 cargos con renta para los ad honorem (3.000 en todo el país). Se trató -así consta en el acta- de una primera etapa de un programa con fondos específicos del Ministerio de Educación. Esta campaña de empadronamiento es el paso previo para reclamar al Rectorado y al ministerio la segunda y definitiva etapa que destierre el trabajo gratuito en la universidad. En la Facultad de Ciencias Médicas se está dando batalla por la regularización de miles de cargos ad honorem y sin designación que existen en esta unidad académica. Estos cargos no están remunerados de forma alguna y su crecimiento es una muestra más del ajuste y la sintonía fina en los claustros. El reclamo se viene elevando con medidas de lucha, como clases públicas, desde hace ya varias semanas en cuatro jornadas. Fue llamativo un compañero que se apresuró a bajar con sus estudiantes a dar la clase en el hall de la facultad. Luego de terminar su clase le pasamos el periódico y nos contaba que había ganado un cargo rentado y lo había rechazado con tristeza. El está terminando la carrera de medicina gracias a la beca de una fundación y, si percibe un salario en blanco, la pierde. Esta beca es mayor al salario mínimo como ayudante de segunda. Se pone a pensar que no va a tener obra social hasta que pueda ganar un cargo como residente o termine sus estudios. Pero la plata en mano es más urgente. Más allá de esto no se desmoraliza y apoya la medida porque tiene plena conciencia de que está trabajando y sabe que no tiene que devolverle nada a nadie. De una clase pública se sacan conclusiones que desnudan todo el ajuste y la precarización laboral de este sistema perverso que no cierra por ningún lado. Pero a los trabajadores sí les cierra una salida de organización y de lucha por izquierda, independiente de las patronales y el gobierno.

El inmenso apagón de este miércoles complicó la vida de muchísimos trabajadores y vecinos. Pero no sorprendió a nadie. La luz se corta por la misma razón de fondo que lleva a las inundaciones. O que condujo a la masacre de la estación Once. El kirchnerismo rescató a los privatizadores con miles de millones en subsidios. Pero nos dejó sin servicio eléctrico ni reservas petroleras, ni ferrocarriles. El apagón es otro síntoma de una gran quiebra nacional. ¿Qué nos ofrecen a cambio los Macri, Binner o De la Sota, viejos defensores de las privatizaciones menemistas? Pues, simplemente, resarcir a esos mismos vaciadores con tarifazos. Y devaluar la moneda, golpeando aún más el poder de compra de salarios y jubilaciones. Más que nunca, debemos denunciar a TODOS los responsables del colapso nacional. Porque el peor de los desastres sería remplazar a los K por sus opositores capitalistas, quienes se sirven de la indignación popular para imponernos una salida contraria a nuestros intereses. La enorme crisis nacional tiene salida, si la mayoría -los trabajadores- hacemos oír nuestra voz, nuestro programa y nuestra propia expresión política.