Prensa Obrera N° 1241

EXCLUSIVO DE INTERNET Informamos que, en la noche del jueves 20, se llevó a cabo el escrutinio de las elecciones de la Mesa Ejecutiva y Comisión Revisora de Cuentas de la Conadu Histórica en la Universidad de Buenos Aires. Con la participación de 965 afiliados -una cifra muy alta para una elección de la Federación y la más alta de las asociaciones de base de todo el país-, la elección arrojó los siguientes resultados: Lista 1, Unidad Docente, encabezada por Luis Tiscornia e Ileana Celotto: 778 votos (82,24%) Lista 2, Celeste y Blanca, encabezada por Armando Lehmann y Alberto Vignau: 15 votos (1,59%) Lista 3, Frente Trabajadores Docentes Universitarios, encabezada por Rita Villegas y Claudia Baigorria. 153 votos (16,17%) En blanco: 15 votos. Impugnado: 1 voto. Nulo: 3 votos. Saludamos muy fraternalmente a todas y todos los compañeros que participaron en esta nueva elección para fortalecer nuestros reclamos (contra las cesantías, por el salario y el fin del trabajo gratuito, por la estabilidad laboral y un Convenio Colectivo de Trabajo) y la organización nacional de los docentes universitarios a través de un gran congreso de delegados de asociaciones de base de todo el país.

Concejo Deliberante de Tigre El martes 27 de agosto se reunió, en sesión ordinaria, el Concejo Deliberante de Tigre. Se aprobó una resolución de dos puntos, el primero dice: "el Honorable Concejo Deliberante de Tigre exige justicia para Mariano Ferreyra y que se condene a todos los responsables de este crimen", en el segundo punto remiten "copia del presente Decreto al Juzgado interviniente". En los considerandos se sostiene -luego de señalar que Mariano fue asesinado por una patota cuando estaba luchando por el pase a planta permanente en el ex Ferrocarril Roca- "que la lucha a favor del pase a planta permanente de todos los trabajadores tercerizados es un derecho de vital importancia para el conjunto de la sociedad y una forma de garantizar el trabajo genuino y la dignidad humana" y "que la única forma de reparar algo de semejante atrocidad, que se lleva la vida de este joven de 23 años, dedicado a pelear por un mundo más justo, es garantizar el juicio, castigo y condena a los autores materiales e intelectuales". El decreto señala que en ocasión del crimen de Mariano, "miles colmaron la Plaza de Mayo y varias ciudades del país reclamando unánimemente justicia y repudio al accionar de la patota". La aprobación de este pronunciamiento está enmarcada por la apropiación que ha hecho el pueblo argentino de la causa por Justicia por Mariano Ferreyra. Luis Antón Comuna 12, Capital Federal En la asamblea del Consejo Consultivo de la Comuna 12 se votó en forma unánime y por aclamación la propuesta del consejero por el Partido Obrero de apoyar la consigna de Justicia por Mariano Ferreyra. Los 139 presentes de la asamblea aprobaron también el planteo de aparición con vida de Julio López. La masividad de esta reunión fue una respuesta contundente a las patoteadas de "barras bravas" del PRO, que hicieron fracasar las dos asambleas anteriores y que impidieron entonces que se aprobaran el reglamento de funcionamiento del consejo consultivo y la constitución de comisiones. En esta oportunidad, se pudo aprobar un democrático reglamento y la conformación de las comisiones: Derechos Humanos y Seguridad, Hábitat y Vivienda, las que se suman a las ya existentes de Organización y la de Reglamento. También se formó otra sobre informes de las licitaciones de la recolección de residuos. Por último, se votó también en forma unánime que el Ejecutivo de la ciudad libere las partidas presupuestarias establecidas en la Ley de Comunas 1.777, que -como denunció un vecino-consejero- hoy están desviadas por el Ejecutivo para la UAC, organismo centralizado no contemplado en la ley. Mario Diamonte

Los ataques al salario, las jubilaciones y las condiciones laborales son tan claros como conocidos. El gobierno no ha cedido un peso del impuesto al salario. La jubilación mínima representa la tercera parte de una canasta familiar. La poda de las asignaciones familiares afecta a más trabajadores. Los ajustes en las provincias son brutales. Pero la convocatoria de Micheli y Moyano para el próximo 10 de octubre no se propone iniciar un plan de lucha por esas reivindicaciones. Moyano y la CGT ni siquiera prevén parar ese día. El desinterés por empujar los reclamos es manifiesto. Pero el afán está puesto en otro lado: en armar frentes con políticos antiobreros. Moyano, con De Narváez, De la Sota y hasta Macri. Micheli, con otro ajustador -Binner- y con una pata de la Mesa de Enlace, la Federación Agraria. Ninguno de ellos nos va a ayudar a derrotar los tarifazos, la confiscación impositiva a los trabajadores o el régimen antiobrero de riesgos del trabajo. La razón es sencilla: comparten con los K el objetivo de pasarle la factura de la crisis a la clase obrera. Los trabajadores no tenemos nada que ganar ni con el gobierno de las ART y el impuesto al salario, ni con los opositores capitalistas que quieren liquidar nuestro salario con una devaluación. Luchemos por nuestra propia salida, por una alternativa política de los trabajadores. El 10 de octubre marchemos con un programa y una plataforma clara: por el salario igual a la canasta familiar, por el 82% móvil a los jubilados, contra el impuesto al salario y el régimen antiobrero de las ART. Por un plan de lucha. Por nuestra independencia política.

El 20 de septiembre declaró Omar Merino, trabajador del ferrocarril Roca y constructor de la agrupación “Causa Ferroviaria Mariano Ferreyra". Testificó durante ocho horas, en las que aportó nuevos datos a la reconstrucción de los hechos y describió la organización y el régimen interno de la Unión Ferroviaria. El 20 de octubre de 2010, Merino se sumó a la movilización ferroviaria una vez que finalizó su turno laboral en la estación Avellaneda, alrededor de las 13 horas. Según relató, desde temprano los andenes se encontraban repletos de "ferroviarios y no ferroviarios". Pablo Díaz, jefe de la Comisión de Reclamos del Roca, merodeaba los alrededores "haciendo tareas de inteligencia: quiénes iban a cortar las vías, cuántos eran; medía fuerzas". Describió a un hombre corpulento, vestido de chaleco, que iba y venía hablando por handy, al que le escuchó decir "peguen debajo de la cintura". Otros testigos identificaron a esa persona como custodio de Díaz. Merino se unió a la manifestación cuando ésta estaba desconcentrando. Del lado de Capital vio un grupo de policías y dos patrulleros cortando la calle. Dijo que esos patrulleros cambiaron de posición antes y después de la agresión. En los videos se aprecia que, cuando la patota se lanza a la carrera contra los manifestantes, ambos móviles estaban estacionados a un costado, dejando el paso abierto. Merino formó parte del cordón humano que trató de proteger la retirada de la columna. Describió a un tirador -una persona alta, robusta, de cabello no muy corto, vestida con ropa de ferroviario- ubicado en el centro de la calle, quien disparó "tres o cuatro veces". Junto a algunos otros compañeros, corrió a los agresores hasta la posición de los patrulleros de la Comisaria 30ª. Dijo que Ariel Pintos les exhibió a los policías la herida de bala que acababa de recibir en la pierna, pero que éstos hicieron caso omiso a sus denuncias. Merino tomó fotografías con su celular y las aportó al momento de declarar en la fiscalía. Inexplicablemente, esas imágenes no están en la causa. Merino vio un cartucho de escopeta tirado a mitad de cuadra, cerca del cordón de la vereda, que podría corresponder a una de las armas que hirieron a Nelson Aguirre. En segundo término, Merino se refirió a la organización gremial del ferrocarril. Los abogados de Pedraza y Fernández se opusieron. Las querellas explicaron que el interés económico y político de la cúpula de la Unión Ferroviaria fue su motivación fundamental a la hora de ordenar el ataque. El tribunal dio lugar al interrogatorio planteado por la parte acusadora. Merino afirmó que el sindicato monopolizaba el ingreso de personal y que "habían ingresado muchos familiares de los delegados y punteros" para apuntalar a la lista Verde que dirige Pedraza. También señaló que en el ferrocarril rige la lista sábana en vez de la elección de delegados por sector y que, por ese motivo, a pesar de que su agrupación ganó dos veces las elecciones en los talleres ferroviarios de Remedios de Escalada, no tenían representación gremial. Dijo que "la única elección que perdimos fue porque llevaron a votar gente de otros lados, ya que la Verde manipula los padrones". Sobre las empresas tercerizadas, afirmó que la Cooperativa "Unión del Mercosur" pertenecía a Pedraza. "La contradicción es enorme, porque se supone que el sindicato está para defender los intereses de los trabajadores y la verdad es que los negreaba haciéndolos trabajar bajo otro convenio, con un sueldo menor". En el Roca, trabajaban 4500 obreros en planta permanente y otros 1.500 como tercerizados. Merino fue él mismo un tercerizado, entre 2002 y 2004, en la firma Poliservicios. Hubo duros cruces entre los abogados defensores y querellantes durante el interrogatorio. Nuevamente la utilización del término "patota" para referirse al grupo agresor despertó airadas protestas de las defensas. "¿Cómo quiere que les diga? ¿Asesinos? Porque para mí son eso, asesinos", se plantó el militante ferroviario. El abogado Freeland fue amonestado verbalmente por el tribunal por hostigar al testigo. Mientras Merino declaraba, su agrupación vencía la proscripción de la junta electoral monopolizada por el pedracismo y quedaba oficializada la Lista Gris para las próximas elecciones sindicales.

EXCLUSIVO DE INTERNET El 13 de septiembre, a los 82 años, falleció el compañero Héctor Dátola en Williams Morris, Hurlingham. Héctor militó hasta que pudo, hasta que su cuerpo se deterioró rápidamente. De antigua militancia en el PC, pasó al PO en la década del ‘80 junto a otros compañeros con críticas muy duras al stalinismo y a ese partido. De una admirable voluntad por el desarrollo del partido, se destaca su exigencia, muy enfermo, por aportar a la Campaña Financiera y recibir la prensa aunque casi no podía leerla. Los militantes de Hurlingham saludan a sus familiares y lamentan su pérdida. Compañero Dátola: hasta la victoria... siempre.

¿Micheli y Moyano se han juntado para reforzar la capacidad de los trabajadores para luchar contra el impuesto al salario, contra la desvalorización del salario familiar, por el rechazo a la nueva ley antiobrera de las ART, para que el sindicato del subte tenga su derecho a negociar su convenio de trabajo? ¿O acaso para subir el salario mínimo al costo de la canasta familiar y la jubilación al 82% móvil? De ninguna manera. Moyano abandonó esa lucha el mismo día de la manifestación del 27 de junio pasado. La convocatoria para el próximo 10 de octubre no tiene prevista ninguna continuidad ni el inicio de un plan de lucha. Moyano ha metido a la CGT Azopardo en formol, para lucirla en los discursos -o en la pelea por los fondos de las obras sociales-, pero no para participar en esta lucha. Ni siquiera su sindicato de rama, Camioneros, participa con un paro en esta jornada. De Micheli se puede decir lo mismo. Moyano y Micheli buscan encuadrar la indignación de los trabajadores, pero de ninguna manera llevarlos a la victoria por sus reclamos. La jornada del 10 de octubre próximo no puede ser desligada del aspecto más importante. Mientras Moyano trenza por un frente opositor (con figuras tan ‘pro-obreras’ como De Narváez, De la Sota, Lavagna e incluso Macri), Micheli le arrima el bochín a la Mesa de Enlace del capital sojero por medio de una de sus patas -la Federación Agraria que encabeza Buzzi. Estamos ante una operación política para usar a una parte del movimiento obrero como una masa de maniobra al servicio de las operaciones políticas de los partidos capitalistas que juegan en la oposición. No llaman a los caceroleros del jueves 13 a unirse a la clase obrera por reivindicaciones sociales y políticas comunes (incluido el rechazo a la re-re-re), sino que se alinean con las cúpulas políticas patronales, las que ven en los cacerolazos una oportunidad para sacar del olvido a una oposición capitalista y anti-obrera. El frente Moyano-Micheli debe ser caracterizado a partir del contexto político en el que busca su lugar. El movimiento obrero no gana nada con oponerle una Unión Democrática al gobierno K. ¿O acaso alguno de los integrantes de esta Unión Democrática tiene la intención de ayudar a los trabajadores a derrotar la nueva ley ART, que nos cierra el camino del reclamo judicial por los accidentes de trabajo? En la clase capitalista hay una pelea por el plan económico, es cierto, que se da entre quienes quieren devaluar el peso y meter el ajuste, y los que temen la conmoción de la devaluación y compensan a los capitalistas con subsidios ultra millonarios. Los trabajadores no podemos estar con ninguno de estos dos, pero sí pelear por una alternativa política propia. Moyano le dijo una vez a CFK que quería ver algún día un presidente de los trabajadores. ¿Con quién? ¿Con la dupla Sociedad Rural-De Narváez? ¿Con patronal automotriz De la Sota, quien acaba de autorizar a una empresa contaminante de Monsanto en Córdoba, pero no impide la flexibilidad laboral y la suspensión reiterada de obreros? ¿Con el mismo De la Sota que acaba de hacer apalear a los empleados públicos y a los jubilados de su provincia? Nosotros sí queremos un gobierno de trabajadores, pero para eso hay que impulsar una movilización política independiente del Estado y de los partidos patronales. Convocamos a marchar el 10 en nuestra columna, la del Partido Obrero, que participa y promueve al Frente de Izquierda con una plataforma clara. Ni Micheli ni Moyano han convocado a deliberaciones en la CGT y la CTA para que las bases puedan discutir la posición del movimiento obrero frente a la crisis política y la ruptura creciente del frente patronal que integran el gobierno y los llamados opositores. Esta ruptura se calienta con la decisión de intervenir a Clarín para beneficiar a Telefónica, a Manzano, al casinero Cristóbal López o a Electroingeniería. Micheli y Moyano nos quieren llevar por las narices atrás de uno de los bloques patronales, agitando reivindicaciones nuestras por las cuales no están dispuestos a pelear. Somos conscientes de que los trabajadores no aprecian todavía la situación política de la misma manera que la estamos expresando nosotros, el Partido Obrero. Una mayoría que siente la necesidad de dar pelea por las reivindicaciones planteadas no establece todavía conclusiones sobre la relación política entre Moyano-Micheli y la patronal opositora -e incluso derechista. Creen que sus intenciones son consecuentemente reivindicativas. Nosotros, el PO, no nos apartaremos de los trabajadores que quieren luchar contra la política anti-obrera de los K, pero lo hacemos con una delimitación política tajante y nítida de las direcciones convocantes, las que quieren que el movimiento obrero sea siempre el furgón de cola de los partidos capitalistas y, en este caso, de la derecha y del centroizquierdismo, el cual de izquierda no tiene ni un lóbulo del cerebro. Nuestra línea es sumar por el lado de la clase obrera. Mediante plenarios de delegados de base de gremios y localidades que atraviesen las fronteras de alineamiento de las centrales. Abajo el régimen de las ART, anulación del impuesto al salario, salario familiar para todos de 700 pesos por hijo, salario equivalente a la canasta familiar, reapertura de paritarias, 82% móvil; no a los ajustes de Macri, De la Sota, Peralta, Bonfatti, Macri y todos los gobernadores. Cárcel y perpetua a los asesinos de Mariano, desmantelamiento de las patotas sindicales. Por un plan de lucha y por un Congreso de Delegados electos en asamblea en todos los sindicatos, que discuta un programa obrero de salida a la crisis. Ni el gobierno capitalista y anti-obrero de los K, ni una Unión Democrática de infame memoria. Independencia obrera, Frente de Izquierda.

“Es un festival clasista”. Así lo definió, desde el escenario, Gastón de Airbag, una de las bandas más importantes de la noche. “No es un festival solidario, estamos acá porque el de Mariano fue un asesinato contra la clase trabajadora”, continuó, antes de estallar con 'Burn' de Deep Purple, mientras la plaza, literalmente, se prendía fuego con mas de 30 mil jóvenes reclamando justicia por Mariano Ferreyra. El festival condensó, sobre el escenario, la corriente de cientos de artistas que se jugaron a fondo por esta lucha. Los artistas asumieron la tarea de la difusión, sumándose de lleno a la campaña política por el reclamo de justicia. El festival se realizó sin ningún apoyo del Estado. Fue un momento culminante la presentación de Las Manos de Filippi, con Cadena Perpetua y el Tete de La Renga, que se hizo presente en apoyo al reclamo de justicia. El anuncio desde el escenario de la amenaza de represión a la ocupación del Ministerio de Educación de La Plata provocó un clamor de rechazo. El reclamo de justicia por Mariano empalmó con la defensa de una gran movilización obrera. El festival del 26 formó parte de un vasto movimiento cultural que se ha desplegado por esta causa: el día anterior, se estrenaron los “videominutos por Mariano”, una compilación extraordinaria de casi treinta realizaciones en video sobre el crimen de Barracas. Este sábado, el Obelisco será ocupado con el “Tango por Mariano”, con la presencia de Patricia Barone, Javier González, Carlos Varela y otros referentes destacados. También están los muralistas, los comix, los músicos de jazz, entre tantas otras expresiones. En la Plaza de Mayo, los oradores Claudia Ferrero, Alejandro Lipcovich, Jorge Hospital y Marcelo Mache, compañero de militancia de Mariano, llamaron a desarrollar a fondo la lucha por la condena y la prisión perpetua a Pedraza y la patota. El primo y las hermanas de Mariano saludaron al festival desde el escenario. La plaza fue colmada por la generación de Mariano, que volvió a colocar en la calle la pelea por justicia.

EXCLUSIVO DE INTERNET Un día antes de que tuvieran que realizarse las elecciones en el sindicato de la carne, el Ministerio de Trabajo dio el visto bueno a las 50 impugnaciones que presentaron los apoderados de la lista roja antiburocrática. La fractura de la burocracia en dos listas no solo abonó al ascenso de la lista vinculada a las comisiones internas combativas y el activismo de 11 de los principales frigoríficos. También sirvió para que se “prendiera el ventilador” de las matufias que chorrean de los padrones y el manejo discrecional de la elección que históricamente desarrollaba la burocracia del sindicato, hoy, vinculada a la CGT Balcarce. El mes de campaña, que de manera entusiasta el PO apoyó con volantes propios y con los materiales de la lista, demostraron el ascenso obrero que se produce en un gremio devastado por la precariedad y la superexplotación además de los miles de despidos (se calculan en 20 mil en la última década) y la potencialidad de una lista que, de a poco pero firmemente, va sumando apoyos de la base obrera, incluso en los bastiones de la burocracia. La suspensión de la elección es un golpe a la actual conducción del sindicato y apuntala a la oposición clasista. Al cierre de esta edición, el ministerio debía fijar una nueva fecha para los comicios una vez purgados los padrones. Para el PO la lista roja se inscribe en el proceso más general de transición que atraviesa el movimiento obrero y apuntala la lucha por una nueva dirección en los sindicatos. Independiente del gobierno, la oposición derechista, la patronal y la burocracia sindical. Redoblaremos nuestros esfuerzos por un triunfo clasista en un gremio insignia del movimiento obrero argentino.

Las dudas de si el cacerolazo postergaba la ofensiva sobre el grupo Clarín quedaron disipadas. La publicidad del gobierno realizó en Fútbol para Todos advierte que el próximo 7 de diciembre el gobierno intervendrá Clarín-Cablevisión y procederá a desmantelarlo. De acuerdo con una nota de Página/12 se buscará presentar al grupo Clarín como el único infractor de la ley de medios. El grupo Vila-Manzano colaboraría con ese objetivo mediante el armado de un esquema de testaferros al cual transferirá sus activos ‘excedentes', mientras el oficialismo procurará convencer a Telefónica para que venda su participación en Telefé a algún empresario amigo del poder (la ley de medios prohíbe que las empresas que prestan servicios públicos puedan a la vez ser propietarias de medios de comunicación). El listado de infractores es amplio y el tiempo escaso. Los K han denunciado que el propio Magnetto tendría armado un esquema similar para ‘desinvertirse' con empresas armadas por el grupo Clarín. El gobierno niega que quiera estatizar o expropiar medios de comunicación y esgrime que la "ley de medios" solamente pretende un nuevo reparto del negocio, sin mencionar que es para beneficiar a capitales amigos. Pero como el re-reparto no sigue un guión ‘pacífico' ni ‘voluntario', el gobierno deberá proceder a estatizaciones parciales o transitorias. Durante ese lapso deberá asegurar que los bienes del grupo no se desvaloricen y que los empresarios amigos finjan cumplir con la ley. La transición-estatización podría extenderse en el tiempo e influir descaradamente en las elecciones que decidirán el futuro de la re-re-reelección. El grupo Clarín se presenta como una víctima del ataque a la "libertad de prensa". "Sin TN -dice- sólo quedarán en pie ‘6,7,8’" y las cadenas nacionales de la Presidenta, todo a disposición de una perpetuación del poder por la vía releccionista". La censura de los medios oficialistas al cacerolazo es presentada como una evidencia fulminante. Los twitteros de la Corpo ya están organizando una nuevo cacerolazo para el 8N (8 de noviembre), un mes antes del 7D y días después de las demostraciones que el oficialismo realizará en el aniversario de la muerte de Néstor Kirchner. Sería una reproducción del escenario de Venezuela, cuando Chávez retiró la licencia a la emisora RCT Caracas Televisión. Clarín ha logrado alinear en su defensa desde Macri hasta Pino Solanas, pasando por Moyano, Binner y De la Sota. A Solanas no lo afecta el hecho de que hubiera votado la ley de medios, por contribuir, según él, a la democratización de la comunicación. Todos estos estarán detrás del cacerolazo del 8N. Oficialistas y centro derechistas parecen sumamente interesados en una polarización que asegure su protagonismo. Pero la polarización no puede fabricarse como un utensilio, debe ser la expresión de un proceso histórico. Los K, como sus adversarios, están profundamente divididos, y lo que es peor deben actuar en el marco de una crisis económica y una bancarrota capitalista. La pelea por el monopolio de los medios se entrecruza con luchas obreras por sus reivindicaciones, desde el repudio al impuesto al salario y la manipulación del salario familiar, o a las jubilaciones de miseria mientras la Anses financia el subsidio a los liquidadores del transporte y a los responsables del vaciamiento energético. Los K y la Corpo saben que están jugando con fuego, por eso están preparando al mismo tiempo un compromiso. Repudiamos a ambos campos capitalistas y defendemos contra ellos otra delimitación política: la lucha de clases de los trabajadores contra el gran capital y de la izquierda contra el gobierno, el Estado y los partidos capitalistas. La ley ‘emancipadora' de medios ha fracasado. Ninguna organización popular ha tenido acceso a ellos. Ninguna de las ‘corpos' está dispuesta a renunciar a sus tajadas de mercado. El control que ejerce el oficialismo no ha elevado la calidad de la comunicación sino el tamaño de la desinformación y la censura. Planteamos la propiedad pública de los medios, bajo control y gestión de los trabajadores, sectores de la cultura y la participación de todas las tendencias políticas. Para eso luchamos por un gobierno de trabajadores.

Tal como están las cosas vamos de cabeza a una nueva crisis del servicio de subterráneo antes de fin de año. Es lo que dicen a gritos todos los involucrados, luego de que se confirmara lo que ya se sabía desde enero de este año: para 2013 no se previeron subsidios ni del gobierno nacional ni del de la Ciudad. El tarifazo para compensar la pérdida de los subsidios es de dimensiones absurdas. En 2012, los subsidios para Metrovías ascenderían a 720 millones de pesos. Por el acuerdo firmado en enero entre los dos gobiernos, se estableció que la mitad (360 millones) lo pondría la Nación y que la parte correspondiente a la Ciudad sería cubierto con una suba del 127% de la tarifa. Pero, según Metrovías, eso no se logró, pues la suba de tarifas produjo una caída en la cantidad de pasajeros. El agujero producido sería de unos 150 millones, que ahora la empresa se los demanda a la Ciudad. Mientras tanto, el servicio se deteriora a pasos agigantados. Aún la empresa no repuso las veinte formaciones que había sacado de circulación, dado que, según su versión, no tiene los recursos para realizar un mantenimiento. Por otro lado, los trabajadores siguen sin poder suscribir su paritaria, que se encuentra vencida desde los primeros meses del año. Ni la empresa ni los gobiernos se comprometen en una actualización de los salarios que permita recuperar lo perdido por la inflación. Metrovías está amenazando con no pagar el salario y el aguinaldo de fin de año si la Ciudad no pone los 150 millones que le reclama. Metrovías dice que necesita 120 millones mensuales para funcionar, sin contar futuros aumentos de salarios ni de costos de mantenimiento. Por fuera de estos números queda por determinar quién se hace cargo de las inversiones, que deberían alcanzar los 10.000 millones de pesos (casi un tercio del total del presupuesto de la Ciudad). El kirchnerismo no quiere poner un peso. La Ciudad, por su lado, quiere afrontarlas con una emisión de deuda que, por el momento, está trabada en la Legislatura. Este cuadro de crisis explica por qué la Mesa de Transporte Metropolitano nunca llegó a constituirse. Circula con más fuerza la versión de que el kirchnerismo rescindiría el contrato con Metrovías para que el servicio pase de manera automática a la empresa Sbase, de la Ciudad. La “estatización” del subte quedaría en manos de la derecha. Son los milagros que produce la bancarrota del “modelo”. La dirección de la AGTyS está sometida por completo, en esta crisis, al gobierno nacional, cuyo objetivo es que el macrismo ejecute el ajuste. En esta línea ha relevado a los K de la responsabilidad por el hundimiento del transporte, de la iniciativa del ajuste y de la negativa a reconocer la personería gremial del sindicato y de su derecho a negociar el convenio colectivo. Se trata de una línea de derrota, como se demostró en el último conflicto, cuando una huelga de diez días fue levantada sin lograr ninguno de sus objetivos. Apoya que Macri haga el ajuste, sin que pueda obtener de éste el reconocimiento de la personería gremial, que solamente otorga el Ministerio de Trabajo. En oposición a esta política, planteamos: 1) reconocimiento de la personería del sindicato del subte y convocatoria a la paritaria por parte del Ministerio de Trabajo; 2) no al ajuste de tarifas, anulación de la concesión a Metrovías y abrir sus libros para establecer cuáles son los costos operativos de la red de subterráneos y el carácter de las inversiones necesarias; 3) deben pasar a manos públicas también las empresas ‘laterales’ del grupo Roggio vinculadas con el subte, como la que presta el servicio de publicidad, el tendido de redes de fibra óptica por los túneles del subterráneo o los talleres externos; 4) control de los trabajadores sobre el servicio de subterráneo; 5) plan de inversiones financiado por ambos gobiernos mediante impuestos crecientes al gran capital. Con este programa llamamos a los trabajadores del subte a tomar la iniciativa antes de que una nueva crisis lleve a la paralización del servicio.

EXCLUSIVO DE INTERNET El domingo 16 de septiembre, diversas organizaciones de derechos humanos de la zona desarrollaron una actividad de señalamiento de la vieja Comisaría de Libertad que fuera centro clandestino de detención durante la última dictadura militar. Una patota del intendente Raúl Othacehé, irrumpió en el lugar con el objetivo de evitar, a fuerza de agresiones y amedrentamiento, que se desarrollara la actividad. La patota como método de gobierno, que en Merlo se ha casi naturalizado, no es, sin embargo, excluyente de Othacehé. Al día siguiente de esta agresión los militantes del Partido Obrero desarrollamos una radio abierta en el marco del juicio por el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra en la plaza central de Merlo. Allí denunciamos que es justamente una patota (y quien mandara a esa patota a reprimir a los tercerizados) la que está en el banquillo de los acusados. La lucha por Justicia por Mariano llevó a acuñar el concepto de "tercerización de la represión" para hacer referencia a la utilización de patotas (vinculadas al poder político, a las burocracias sindicales y a las barras bravas) como fuerzas represivas paraestatales. Estas patotas en el distrito del fascista Othacehé las sufrimos los opositores, los trabajadores del Hospital Héroes de Malvinas, los choferes de Ecotrans, los estudiantes del CBC y del terciario 29, o los vecinos que se organizan contra el temporal, entre otros. La lucha contra Othacehé se inscribe en una lucha más general de todos los trabajadores. Llamamos a rechazar el régimen de patotas y a movilizarnos en su repudio. Por la defensa de las Libertades Democráticas en Merlo y por Perpetua a Pedraza y la patota criminal.

El "diálogo" entre los cancilleres argentino e iraní, anunciado por Cristina Kirchner en la ONU, fue saludado sin excepción por las cúpulas de la comunidad judía en la Argentina. Ya había ocurrido lo mismo hace un año, cuando el periodista Eliaschev reveló que esos encuentros, relacionados con las acusaciones a funcionarios iraníes por el atentado a la Amia, se estaban produciendo en forma oficiosa. En la investigación del atentado, la llamada “pista iraní” nunca aportó una evidencia sólida a su esclarecimiento (es recordado el episodio de la detención en Londres de Solemainpur, un ex embajador iraní en Argentina que integra la lista de imputados. Las autoridades terminaron liberándolo, ya que las pruebas aportadas por la fiscalía argentina no ameritaban su extradición). En cambio, las acusaciones sirvieron para colocar a la Argentina en el campo de las maniobras belicistas de Estados Unidos y de Israel contra Irán. Con ese propósito, la pista iraní recibió siempre la bendición del Consejo Judío Mundial (el estado mayor internacional del sionismo) y es altamente probable que ocurra lo mismo con este pedido de "diálogo". Un juicio a los iraníes imputados en un tercer país -este es el planteo del gobierno argentino- está "copiado" de otro episodio internacional, el pacto entre Estados Unidos y Libia para avanzar en el juicio por un atentado a un avión de la ex Panam. En esa oportunidad, el juicio concluyó con la absolución de uno de los acusados y una condena atenuada para el otro. Por encima de ello, sirvió para un apaciguamiento entre Gaddaffi y el imperialismo, y una colaboración financiera y militar entre ambos que finalizó cuando la Otan bombardeó Libia y asesinó a Gaddafi. ¿Qué destino le cabe, en este cuadro, a la causa Amia, a partir de la propuesta de Argentina? En el mejor de los casos, la entrega de un "chivo expiatorio" que sirva para cerrar la causa. La vocinglería en la ONU sirve para seguir ocultando los archivos de la Side, y las evidencias de la participación de los servicios locales en el encubrimiento (por lo menos) del atentado. En tiempos más recientes, se reveló que uno de estos encubridores, el comisario Jorge “Fino” Palacios, sostenía vínculos fluidos con la Mossad, los servicios israelíes. La complacencia del Estado sionista con este "punto final" que pergueñan los K (y el Departamento de Estado) no debe sorprender. Tarjeta roja El discurso de la Presidenta en la ONU rescató la trama jurídica y política que coloca a la diplomacia kirchnerista en un campo definido: el del imperialismo norteamericano. CFK no mencionó la "ley antiterrorista", que sancionó el año pasado como parte de la "guerra global contra el terrorismo", iniciada por el gobierno Bush. Tampoco mencionó los nuevos acuerdos de seguridad con Estados Unidos y con la DEA, que serán supervisados, a partir de ahora, por el super-policía Berni. CFK volvió a plantear la cuestión del "diálogo" en Malvinas, o sea la negociación de la soberanía de Argentina en un trueque de derechos a la explotación económica del mar continental por los monopolios internacionales. Toda esta orientación fue disimulada por el choque político-futbolístico de la Presidenta con la titular del FMI, por las manipulaciones del Indec. Argentina viene acumulando tarjetas amarillas por este asunto, algo prohibido por el reglamento del fútbol, porque el imperialismo no tiene ningún interés en sacar la roja. El cierre de la gira tendrá a Cristina, precisamente, reunida con Exxon Mobil para discutir los términos de una asociación con la nueva YPF en la explotación del gas no convencional. Mientras los K le sigan sacando tarjeta verde a las corporaciones capitalistas, la roja seguirá siendo eternamente amarilla.

En marzo de este año un fallo de la Corte Suprema admitió que cualquier mujer violada tiene derecho a acceder a un aborto no punible, sin más obstáculos que la propia voluntad de la mujer. Si bien el fallo refería a un caso de una niña violada por su padrastro en Chubut, el tema pretendió avanzar en una cuestión jurídica de fondo, en respuesta a innumerables interpretaciones clericales que, en los hechos, han denegado a lo largo de todo el país este derecho. Según fija el Código Penal desde 1921, la práctica deberá ser hecha por “un médico diplomado con consentimiento de la mujer encinta”. Este artículo y la guía nacional para el aborto no punible del Ministerio de Salud de la Nación, eran hasta ahora las únicas reglamentaciones. Desde que la Corte Suprema trasladó la potestad de regular los abortos no punibles a las provincias, la caída en picada hacia la generación de normas contrarias al espíritu del fallo y al Código Penal, no han parado de producirse. Los denominadores comunes son el silencio del Ministerio de Salud de la Nación para fijar un criterio único en todo el país, ya que su guía no es de aplicación obligatoria en ninguna provincia; y la negativa del Congreso, empezando por su mayoría kirchnerista, de aprobar el aborto legal. Desde marzo de este año, la mujer tiene más obstáculos legales para acceder a un derecho: la Ciudad de Buenos Aires macrista, la provincias kirchneristas como Entre Ríos, La Pampa, Salta, La Rioja. En Corrientes no hay reglamentación propia sobre la cuestión, pero en diciembre del año pasado el gobernador kirchnerista declaró a la provincia “Pro Vida”, en línea con lo más reaccionario de la pedófila Iglesia católica. Otros gobernadores kirchneristas, como los de Catamarca y Misiones, ni siquiera se adhirieron a la guía nacional para el aborto no punible ni establecieron reglamentaciones o leyes provinciales; sin embargo, en la práctica, en la provincia de Misiones se intervino para frenar un aborto no punible a una menor de edad, y los médicos de la provincia se inscriben masivamente como “objetores de conciencia”. En el Hospital Centeno de la segunda ciudad más importante de La Pampa, General Pico, todos los médicos se declararon objetores de conciencia. Esta figura se utiliza en todos los casos y es admitida por el Estado aunque esto signifique vulnerar el derecho de las mujeres al acceso a la atención sanitaria. Otras provincias kirchneristas, como Jujuy, que adhirieron a la Guía Nacional para el aborto no punible, en la práctica siguen violando dicho acceso y las niñas y mujeres de esas provincias deben trasladarse a otros distritos para practicarse un aborto legal. Obviamente, la mayoría muere en el intento o termina con un embarazo no deseado, sin que luego el Estado se haga cargo de sus responsabilidades, como ocurrió en el caso de Romina Tejerina. En la provincia, hasta ahora kirchnerista, de Santa Cruz, todos los equipos de ginecología son objetores de conciencia y por lo tanto la adhesión de la provincia a la Guía Nacional es un saludo a la bandera. La defensora oficial de Calafate, sin dudas kirchnerista (como todos los funcionarios de dicha localidad) presentó un recurso de amparo para que la provincia no adhiera a la Guía Nacional. La directora del hospital de Caleta Olivia es una enemiga declarada del derecho de la mujer a acceder a un aborto no punible. Córdoba tiene suspendida su Guía para el aborto no punible, dictada en marzo de este año, por resolución del juez Federico Ossola, quien hizo lugar a un pedido de la organización ultracatólica Portal de Belén, poniendo en evidencia el gran poder que tiene esta organización en la provincia. Otras provincias kirchneristas aún no han dicho nada al respecto, como son Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Catamarca, Tucumán. En San Luis, donde gobiernan los Rodríguez Saá, se está produciendo un debate parlamentario sobre dos proyectos, uno a favor del acceso al derecho al aborto no punible y otro contrario. El Ejecutivo provincial se declaró, a través de comentarios de varios funcionarios, contrario al fallo de la Corte Suprema. El denominador común de todas las provincias, kirchneristas la mayoría, es la total adaptación a los reclamos de la Iglesia al respecto de la vulneración de los derechos de las mujeres. Tanto el fallo de la Corte como la modificación del Código Civil le conceden al clero, la naturalización completa del principio de defensa de la vida desde la concepción, principio que sólo sirve para interferir en las decisiones de las mujeres y no; sin embargo, para que el Estado se haga cargo de garantizar la vida de las mujeres pobres que quieren tener hijos. Kirchneristas, representantes del FAP, macristas y radicales coinciden en la Reforma del Código Penal sin tocar la penalización del aborto y sin siquiera discutir la cuestión. Todo el llamado “progresismo” argentino ha cedido a dos principios reaccionarios: la defensa de la vida desde la concepción y el permiso para que los médicos se declaren objetores de conciencia, no sólo para no practicar abortos legales, sino también para denegar el acceso a anticonceptivos, y a dar las recomendaciones médicas científicas necesarias para evitar los embarazos no deseados. Argentina, en relación con las mujeres, es ahora aún menos justa que antes. El 28 de septiembre concentramos en el Congreso de la Nación desde las 16 horas y en las principales plazas del país para denunciar este cuadro y exigir el aborto legal, seguro y gratuito.

EXCLUSIVO DE INTERNET Al cumplirse seis años de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, una masiva movilización desafió la lluvia y marchó por las calles de La Plata reclamando su Aparición con Vida y el castigo a los responsables. Alrededor de 4 mil personas convocadas por la Multisectorial La Plata-Berisso y Ensenada, Justicia ya, los centros secundarios y de la UNLP, organizaciones sociales y los partidos de izquierda partieron del palacio municipal, donde López dio su testimonio para encarcelar al genocida Etchecolatz y se dirigió a la gobernación para señalar el manto de impunidad y encubrimiento a lo largo de estos años. Allí, se denunció la parálisis de la causa y se responsabilizó al gobierno nacional y provincial por no hacer nada por su búsqueda y haber desestimado todas las pruebas aportadas por los compañeros y organismos de derechos humanos que señalaron tempranamente los vínculos del aparato represivo con el secuestro. "La responsabilidad criminal es de los autores materiales del secuestro de Julio, pero la responsabilidad política es de los gobiernos, no sólo de los anteriores, sino también de los de Néstor Kirchner y Cristina Fernández" se remarcó en el documento. También se denunció las represiones y el espionaje que el gobierno "nac&pop" viene realizando a lo largo del país, por vía directa o por medio de las policías provinciales o los aparatos paraestatales, como el proyecto X, las sufridas por los obreros de El Tabacal, el asesinato de Condorí en Jujuy a manos de las bandas de Milagro Sala y el desalojo en Panamericana, como muestra de tantos otros hechos que demuestran que el gobierno está ensayando medidas para una represión a mayor escala contra los que luchan. El reclamo de desprocesamiento de los luchadores y la libertad de los presos políticos estuvo presente. La denuncia contra el gatillo fácil, contra la criminalización de la pobreza y contra las redes de trata ocupó su espacio y desde la movilización se convocó al inicio del juicio por Sandra Ayala Gamboa, la joven peruana asesinada en el edificio de Rentas de la provincia. Un lugar destacado lo ocupó la lucha por Justicia por Mariano Ferreyra y por la Perpetua a Pedraza. La denuncia al Concejo Deliberante platense por nombrar a López "ciudadano ilustre" por iniciativa de la bancada de FAP provocó una silbatina prolongada, "López no es un ciudadano ilustre, es un desaparecido en democracia y los responsables están en el aparato represivo" tronó desde el escenario y fue respondido con una ovación. La lucha por Jorge Julio López es parte de un movimiento más general que viene reclamando contra la impunidad del aparato represivo y contra el encubrimiento oficial en cientos de casos de crímenes contra el pueblo en la era kirchnerista.

La Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) y la revista Nueva Sociedad organizaron un seminario sobre los “Desafíos de la política energética en América Latina”. La actividad reunió a una treintena de especialistas nacionales e internacionales en petróleo y energía, periodistas y dirigentes políticos. Entre ellos estaban Daniel Montamat y Jorge Lapeña -ex secretarios de Energía del radicalismo, el economista e historiador Nicolás Gadano y la senadora María Estenssoro. De los asistentes internacionales, se destacó el nacionalista Cuhatémoc Cárdenas, fundador del PRD mexicano y ex candidato a presidente por ese partido. Al evento fue invitado Jorge Altamira, quien no pudo concurrir por encontrarse en Brasil, en las jornadas sobre “la izquierda en América Latina”. En su lugar asistió Marcelo Ramal. La jornada, coordinada por el doctor Juan Gabriel Tokatlian, director del instituto de relaciones internacionales de la UTDT, tuvo dos ejes principales: la crisis ambiental global, a partir de la emisión de gases de efecto invernadero, y ciertas experiencias de política petrolera en América Latina. En la primera cuestión, expositores de la Unión Europea y de Brasil trazaron un panorama escalofriante respecto de las emisiones: en el siglo XX, su nivel ha duplicado la media histórica -relativamente estable- que se sostuvo durante varios centenares de miles de años. La cuestión fue retomada a lo largo de la jornada por varios especialistas, con fuertes denuncias sobre el papel de los países industriales y su desconocimiento sistemático de los tratados internacionales en materia de reducción de emisiones. En esas exposiciones, prevaleció la tesis de un límite irrevocable al crecimiento o -como llaman otros -una ‘crisis civilizatoria’. Para ellos, la contaminación sería resultado irrevocable del desarrollo de las fuerzas productivas, con independencia de la organización social que rige tal desarrollo. En su intervención, Marcelo Ramal destacó que los mismos panelistas habían expuesto las premisas técnicas de salida a esta crisis, en el impulso a fuentes alternativas y no contaminantes de energía, como la eólica, solar o de biomasa. Pero una planificación energética a partir del interés general es incompatible con la competencia entre los monopolios petroleros y sus Estados, para defender sus tasas de beneficio. Como fue admitido por un panelista ante una pregunta nuestra, la crisis mundial agravó la incompatibilidad entre el medio ambiente y la organización social vigente, ya que la lucha por la reducción de costos ha impuesto una mayor laxitud en los controles ambientales. La respuesta a ello -señalamos- no es la detención del progreso humano, sino una transformación social. El debate sobre las políticas petroleras fue intenso. Cárdenas denunció la política sistemática de vaciamiento de Pemex por parte de los gobiernos y el Estado mexicano. Reveló que las reservas de la petrolera estatal cayeron un 40% desde 2000 hasta hoy. El dirigente del PRD destacó el carácter negativo de las ‘privatizaciones periféricas’ (tercerizaciones) y la succión de recursos por parte del Estado mexicano. No señaló, sin embargo, otro aspecto de la privatización de Pemex: su participación como accionista de Repsol, entrelazando a la petrolera con el capital financiero que está hundido en el marasmo de la bancarrota europea. A renglón siguiente, Gadano expuso sobre la historia y la actual situación de YPF, sin duda el momento más polémico de la jornada. En su conclusión, el economista destacó la impasse de la petrolera, que “ha expropiado a un socio al que no resarció” y que sólo podría obtener recursos propios en un cuadro tarifario sustancialmente diferente al actual. El debate recorrió diversas aristas y pareció separar a los “partidarios de la intervención del Estado”, por un lado, y a los privatistas del otro. Entre éstos, un reconocido vocero de las privatizaciones menemistas -Francisco Mezzadri- dio a YPF por “perdida”. Llamó a desarrollar las ‘oportunidades’ del 70% de la producción de hidrocarburos que está en manos de ‘otros operadores’ privados, y que sencillamente desconoce los esfuerzos oficiales por relanzar a YPF de la mano de una asociación con monopolios privados. El gran capital petrolero espera el agotamiento de la política oficial. En nuestra intervención, destacamos que el estatismo K ha sido y fue un rescate integral de la privatización menemista del petróleo. La política de subsidios al consumo de energía abarató los costos del capital industrial que la emplea, y el valor de la fuerza laboral contratada por aquél. El presupuesto público, por lo tanto, fue colocado al servicio de una política de rescate del capital. Esa orientación -dijimos- terminó estrellada contra el derrumbe fiscal, por un lado, y con la crisis mundial por el otro. Esta última dejó tambaleando a Repsol, uno de los grandes beneficiarios de la política oficial. La semiestatización llega con una YPF semiquebrada, después de haber sido el vehículo de una gigantesca fuga de capitales (repatriación de dividendos). Pero la salida oficial a esta crisis es una re-privatización: como otros modelos de petroleras mixtas, la orientación de YPF queda subordinada a los dictados del mercado financiero internacional, en cuyas bolsas continuará cotizando. Esa reprivatización se verifica, por otra parte, en la voluntad de asociación con grupos petroleros internacionales. Repsol ha salido sólo para ser reemplazada por Chevron, Exxon Mobil u otras. Estos aspirantes a socios, sin embargo, exigen la libre repatriación de utilidades, las mismas condiciones que tenía Repsol. Pero el plan Galuccio -con un 70% de inversiones proveniente de recursos propios- delata que la política oficial no tiene por ahora otros ‘aportantes’ inmediatos que los trabajadores y consumidores argentinos, a costa de fuertes tarifazos. En oposición a este nuevo rescate sin futuro de la privatización menemista, impulsamos una nacionalización que implique la reapropiación de la renta petrolera como patrimonio social, bajo la gestión directa de sus trabajadores y técnicos. Gadano y otros especialistas admitieron y comentaron varias de nuestros señalamientos, aunque -naturalmente- no nuestras conclusiones políticas. Un pequeño comentario de ¡Eco Clarín (domingo 23/9) refleja el debate desarrollado y también la participación del PO, que es un resultado del interés que despiertan nuestros planteamientos políticos en un amplio abanico de la intelectualidad y de las clases sociales.

Un acto en el salón “Néstor Kirchner” de la Universidad Nacional de La Plata fue el medio que usaron las agrupaciones K para anunciar la creación de una FUA “paralela”. En realidad, la federación parida en la oficina de Abal Medina cuenta con un número escuálido de centros estudiantiles. Los camporistas informaron haberse reunido con “2.000 estudiantes en todo el país” (La Nación, 22/9), pero no mencionan centros ni federaciones. Cuando repica el desempeño pobre del kirchnerismo en las elecciones universitarias de la UBA, el anuncio suena a un autocastigo. El nacionalismo pequeño burgués siempre reivindicó su derecho a una posición hegemónica en el estudiantado, pero en los ’70 la suplantación de la FUA por la Fulna se consiguió, si no a puro voto -porque contaba con el apoyo de las autoridades-, al menos con una mayoría muy fuerte. Ahora no existen ni las cenizas de aquello. Han renunciado a lo que la JUP no había renunciado: a ganar políticamente su lugar. Distinguimos a nuestros adversarios que luchan de los que son puro arribismo. En el caso de la FUA, los kirchneristas agitan el argumento de que la conducción de Franja Morada es “burócratica”, pero esto es solamente un pretexto para hacer lo mismo en la Fuba, cuyos congresos boicotea en una frente ¡con Franja Morada! Después de todo, cogobiernan con los radicales la mayor parte de las universidades del país. Por eso es puro oportunismo que Franja Morada denuncie el “paralelismo” de La Cámpora. Indudablemente, el anuncio de la FUA de La Cámpora va de la mano de otras iniciativas vinculadas al afán de regimentación de la juventud. La pelea política está abierta y la UJS se juega a fondo para que más y más jóvenes tomen conciencia de que la salida es por izquierda.

EXCLUSIVO DE INTERNET El 21 de septiembre se realizó en la Universidad de Florencio Varela (Unaj) un festival estudiantil donde se incluían actividades deportivas y culturales. La convocatoria fue masiva. El despliegue oficialista no dejó nada librado al azar: stands con banderas, murales, super-megaescenario con equipos de sonido, presentadores, artistas, etc. Lo esperado y más anunciado era el cierre a cargo de la banda de folk-rock Arbolito (una de las bandas nacionales más convocantes del momento). Aun en el marco de este escenario festivo, el pedido de justicia por Mariano Ferreyra se hizo escuchar. Desde muy temprano, militantes de la Agrupación de Izquierda Mariano Ferreyra en la Unaj (UJS) organizaron el armado de un stand con libros, prensas, volantes y ante la sorpresa de un público y militantes K no acostumbrados a ese tipo de actividades, los compañeros recorrieron todo el predio amplificando nuestro reclamo por justicia. No obstante, el pronunciamiento a ser anunciado fue censurado por las autoridades de la Universidad, que no permitieron que los periodistas de medios locales lo dieran a conocer. Los músicos de Arbolito se sumaron a la campaña por el castigo a los culpables del asesinato de nuestro compañero y accedieron a tocar todo el recital con los pin de Mariano. Asimismo el escenario vestía un gran afiche que extendía nuestro reclamo. Ante el pedido de justicia por Mariano, hecho por el cantante, la ovación de los jóvenes presentes, fue otra muestra de que el reclamo popular no puede ser acallado por funcionarios del gobierno que defiende las patotas.

El jueves 27, en la conmemoración de su aniversario, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas pondrá el nombre de Cata Guagnini a su salón. A a las 17 horas, en la ex Esma, Av. Libertador 8151.

Desde la semana anterior al inicio del juicio a Pedraza y la patota, la Juventud del PTS ha colocado la figura de Mariano Ferreyra en el centro de sus materiales de agitación. Esto, que podría ser uno más de los tantos aportes populares a la causa por justicia, se transforma en podrido cuando es utilizado para atacar la política del partido de Mariano. En las principales facultades de la UBA -como Medicina y Económicas, por ejemplo-, el PTS se centra en atacar al PO, mientras usaban camisetas con la imagen de Mariano. Se arropan en el sectarismo autoproclamatorio contra el frente de izquierda que impulsa la UJS con el emblema de Mariano, como si Mariano (militante de la UJS y la Fuba) no hubiera luchado por el frente único con toda la izquierda en la universidad. La desvergüenza alcanza lo inconmensurable cuando se recuerda la crítica faccional brutal del PTS contra los métodos de lucha de los tercerizados ferroviarios que eran compañeros de Mariano. La semana en que fue asesinado, conquistamos el Centro de Medicina; Mariano estaba anotado para militar en el frente único para esa elección. El carácter general que tiene la usurpación de la figura de Mariano para disputar políticamente con el Partido Obrero demuestra que se trata de una orden bajada por su dirección. Estamos ante un caso de delincuencia política. ¿Por qué el PTS no ha podido presentar un solo testigo en el juicio a la patota pedracista y a la policía? Porque no estuvo en la lucha en la que participó Mariano y porque denunció esa lucha -incluso después del asesinato de Mariano. Esta es la gente que hoy se empeña en usurpar su nombre contra el partido de Mariano Ferreyra. El Partido Obrero no se cree “dueño” de la causa por Justicia para Mariano; todo lo contrario. De entrada, caracterizamos al asesinato de nuestro compañero como un crimen político contra la clase obrera. Si la causa judicial avanzó, fue por la extraordinaria movilización popular -que el PO compartió junto a centenares de organizaciones populares, involucrando a miles y miles de trabajadores a lo largo y ancho del país. Travestir este combate en uso faccioso del nombre de nuestro compañero -y nada menos por parte de quienes lo atacaron en vida y en muerte- para arrancar algún voto más para un política de secta es un caso ignominioso de inmoralidad política.

EXCLUSIVO DE INTERNET Las últimas declaraciones testimoniales en el juicio por las coimas en el Senado -con las que el gobierno de De la Rúa garantizó la aprobación de la reforma laboral flexibilizadora, inspirada por Techint y reclamada por el FMI- han terminado de revelar la acelerada descomposición moral y política del progresismo argentino. Pase lo que pase en el juicio, de todos modos, De la Rúa ya fue absuelto bajo este gobierno por los crímenes del 19 y del 20 de diciembre de 2001, y los referentes del Frepaso (Alvarez, Garré, Abal Medina, Sabbatella, Ibarra) son hoy -o han sido- figuras políticas preeminentes del riñón kirchnerista. Festival de sobornos En su declaración, Rodolfo Terragno, ex jefe de Gabinete del gobierno de la Alianza, denunció un decreto secreto firmado por ministros radicales y frepasistas, en 2000, que asignó a la Side de Santibañes un presupuesto adicional de 50 millones de pesos, según lo requerido por este a De la Rúa en enero de ese año. Como Terragno se oponía a que el decreto fuera secreto -aunque no sabemos si al aumento presupuestario para la Side-, lo enviaron de viaje a España y a Portugal, y reemplazaron su firma por la del entonces ministro del interior, Federico Storani -aquel que ordenó la represión en el puente de Corrientes que dejó varios piqueteros muertos, y que denunció en los medios el "cónclave piquetero", por referencia al acto de fundación del Polo Obrero Clasista, en 2000-. Otro testimonio importante fue el de la ex senadora Silvia Sapag, quien ratificó que el senador Cantarero, uno de los imputados en la causa, le ofreció dinero para aprobar una ley de hidrocarburos que reclamaban los pulpos petroleros. Cantarero habría actuado como receptor de las coimas de las petroleras, para "aceitar" la aprobación del proyecto en el Senado. "Mi renuncia lo liberaba a usted..." Sin embargo, el momento de mayor voltaje político fue el careo entre el ex presidente De la Rúa, que asumió su propia defensa, y "Chacho" Alvarez. Cuando el ex presidente indagó al jefe del Frepaso, Alvarez declaró: "Mi renuncia lo liberaba a usted de cargar con el tema de los sobornos, tenía que sacarlo de la opinión pública" (Clarín, 14/9), "si me hubiera quedado en el gobierno se hubiera radicalizado el problema" (La Nación, 14/9). O sea que Alvarez reconoce que el escándalo amenazaba con llevarse puesto al gobierno, y decidió dar un paso al costado para salvarlo -como caracterizó Prensa Obrera en aquel momento-. Más aun, para mayor respaldo decidió "dejar a mi fuerza política en un gobierno que fue un fracaso" (Clarín, ídem). El otro elemento que contribuyó a la renuncia de Alvarez fue la ratificación presidencial en el Gabinete de Flamarique, y de Santibáñez en la Side, con los que Alvarez había quedado enfrentado. Progresismo y cristinismo En momentos en que Brasil aparece conmovido por las revelaciones en el juicio por los sobornos en el Parlamento, que atraviesan a todos los partidos -"Mensalao"-, incluyendo al "progresista" PT, las revelaciones del flujo de dinero burgués en el parlamento argentino para la aprobación de leyes importantes para la clase capitalista demuestran la naturaleza clasista y corruptora de esta democracia y el carácter reaccionario del "progresismo". El Frepaso, que hizo de la honestidad una de sus banderas, estuvo metido hasta los tuétanos en esto, y salvó a De la Rúa. Hoy se ha reciclado como parte del núcleo duro del cristinismo. Nada es gratis: ni el Frepaso ni Techint aparecen imputados en la causa de sobornos en el Senado.

El gobierno kirchnerista acaba de anunciar una gigantesca enajenación de tierras públicas en la Ciudad. Por su alcance, sólo se compara con los negociados menemistas de Puerto Madero y del predio de la Rural. La parte principal de esos terrenos y los de mayor valor -Liniers, Caballito y Palermo- serán objeto de “un concurso de desarrolladores inmobiliarios”. La evaluación estará a cargo de la Sociedad Central de Arquitectos, copada por los mayores lobbistas de la privatización del suelo en la Ciudad. La enajenación será realizada por una “sociedad anónima” que formarían la Anses y grupos privados. Los predios de Barracas y Pompeya serán destinados a un megaplan de viviendas manejado por el Banco Hipotecario (Elsztain). Es la excusa para un remate a gran escala de tierras fiscales, cuya renta será acaparada por el banco privatizado. El cuerpo de delegados del ferrocarril Sarmiento ha denunciado que tanto en los predios de Liniers como de Caballito funcionan instalaciones de reparación de vagones. La enajenación, por lo tanto, es otro paso en el vaciamiento ferroviario. No es cierto que los fondos de esas ventas serán destinados al soterramiento del Sarmiento. El decreto oficial sólo plantea que “deberá evaluarse la posibilidad de su reinversión en el financiamiento de las obras de soterramiento”. O sea que lo producido muy bien podría desviarse al sostenimiento de la deuda pública, como ocurre con la mayor parte del fondo de la Anses. La venta de las tierras del Sarmiento viene precedida por la creación de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, a imagen y semejanza de las porteñas Corporaciones Puerto Madero o del Sur. Es el preámbulo de una privatización por medio de decretos. A esta “agencia” han pasado también las tierras de la Isla Demarchi, receptáculo del Polo Audiovisual -en cuya erección también se ha anotado Elsztain, junto al grupo Constantini. La política de Macri Como los proyectos deberán pasar por la Legislatura para avalar el cambio de zonificación, el presidente del Banco Ciudad condicionó el voto del PRO a que se congele el traspaso de los depósitos judiciales de ese banco al Nación. Elsztain viene reclamando otro cambio de zonificación para el proyecto Santa María del Plata, una docena de megatorres a construirse frente a la Reserva Ecológica -en este caso con el aval del PRO y la oposición (hasta ahora) del kirchnerismo. ¿Estamos ante el escenario de un canje de favores? Por de pronto, con estos proyectos inmobiliarios, el kirchnerismo está compensando a los ‘desarrolladores’, en forma muy generosa, del cepo cambiario.

A partir del lunes 17 de setiembre se desató en la Ciudad de Buenos Aires una nueva ola de tomas de colegios secundarios. En esta oportunidad, los estudiantes reclamamos contra la reforma de las currículas (planes de estudio) de los colegios secundarios que el gobierno quiere implementar a partir de 2013. La reforma en cuestión plantea dividir la educación secundaria en dos etapas: un ciclo básico de dos años y un ciclo superior de tres, en el que se desarrollarían las orientaciones. Quieren rearmar el fracasado polimodal del menemismo. En el caso de la educación técnica, la reforma eliminaría la titulación específica, remplazándola por una orientada. De esta manera, pretenden avanzar en el vaciamiento y la desvalorización de la escuela media. Esta reforma no es nada nuevo. Es la aplicación en la Ciudad de Buenos Aires de la Ley de Educación Nacional de Filmus de 2006. Es decir que el macrismo está aplicando la política menemista, bajo el paraguas de la Ley de Educación del kirchnerismo. Por eso los K porteños no dijeron una palabra sobre las ocupaciones de colegios y los reclamos estudiantiles. Esta reforma ya se empezó a aplicar en la Ciudad. En 2009, las especialidades artísticas fueron modificadas y dejaron de otorgar titulación docente a sus graduados para pasar a otorgar títulos orientados. Es decir, que la reforma sirvió como medio para el vaciamiento. Pero los secundarios no son los únicos afectados por esta reforma: los terciarios de formación docente también están sufriendo una reforma curricular, la cual tiene por objetivo dar validez a todos los terciarios privados (léase religiosos) que se adapten a la normativa, permitiéndoles seguir con materias de teología en un 20 por ciento de la cursada y desarrollar postgrados pagos en el terreno de la formación docente. Tanto macristas como kirchneristas apuran la aplicación de la reforma como una forma de llevar adelante un nuevo ajuste en la educación, a partir de la devaluación de la formación y la precarización. Vale recordar que el macrismo viene de haber cerrado cursos en las escuelas porteñas en la primera parte del año. Las tomas muestran un camino para el movimiento estudiantil y docente para enfrentar la reforma. Desde la UJS y el Partido Obrero llamamos a todo el movimiento estudiantil y docente a defender las tomas, extender las ocupaciones a nuevas escuelas y preparar una gran marcha educativa contra la reforma menemista del macrismo y el kirchnerismo.

EXCLUSIVO DE INTERNET 3 de octubre: Mesa redonda presentación del libro "¿Quién mató a Mariano Ferreyra?”. Panel: Pablo Wehbe, vicedecano de la Facultad de Humanidades, Eduardo Salas, y Diego Rojas, el autor del libro. 4 de octubre: Presentación del libro de diego Rojas, en la facultad de Filosofía de la UNC. Colocación de la placa "Viva tu lucha obrera y socialista", y el nombre de Mariano Ferreyra a uno de los pabellones principales. 5 de octubre: Festival Federal de Rock de Justicia por Mariano, organizado por bandas cordobesas, con grupos de Santa Fe, La Plata, entre otras ciudades y provincias. En la plaza seca de la Facultad de Artes. 11 de octubre: Festival en la plaza San Martín, central de Córdoba. Con los Caligaris, la Cartelera Ska, Chipote, entre otras bandas. 18 de octubre: jornada de Arte, música y cultura en la Ciudad de las Artes. Osvaldo M. Osvaldo M.

Gabriel Solano, en representación del Partido Obrero, expuso en la audiencia pública del miércoles 26 de septiembre (convocada por la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación), para debatir el proyecto que establece el voto de los mayores de 16 años. Estos son los conceptos fundamentales de la intervención de Gabriel Solano: “...El proyecto de ley debe establecer el voto OBLIGATORIO a partir de los 16 años, como ocurre con el resto de los ciudadanos y como marca la propia Constitución. El voto optativo -que promueve el proyecto oficial- no sólo no asegura la participación de la juventud en la elección (que en teoría es lo que se dice buscar), sino que corre el riesgo cierto de que al contradecir la norma constitucional termine quedando en la nada, por eventuales presentaciones judiciales. El voto optativo, además, posibilita la creación de un “mercado de DNI” de los que no vayan a votar e incrementa aún más el piso de votos necesarios para conseguir un diputado, ya que la ley requiere la obtención de un piso mínimo del 3 por ciento del padrón...”. “...Para que la ampliación del padrón electoral derive en una mayor conquista democrática es necesario que la ley incorpore el derecho de todos los partidos políticos a ingresar a los lugares de trabajo y estudio en paridad de condiciones electorales y políticas, a la libre organización de centros de estudiantes en todas las instituciones -incluso en las confesionales-, y la posibilidad de ser electo delegado gremial a partir de los 16 años...”. “...La importancia de incorporar estos planteos a la ley salta a la vista cuando se tiene en cuenta que el contexto político se caracteriza por una intensa actividad de las organizaciones paraestatales, en especial de La Cámpora, en los establecimientos educativos. El objetivo último es reproducir en la juventud el “modelo” de regimentación que impera en los sindicatos y en las organizaciones sociales ligadas al poder. El régimen político actual, basado en el poder personal y el gobierno por decreto, supone esta regimentación. Por eso no es casual que exista la tentativa de crear entidades estudiantiles, secundarias y universitarias, paraestatales (como la FUA-K)...”. “...Para evitar que el “voto juvenil” sea la bandera democrática que sirva para encubrir esta tarea regimentadora es que planteamos la libertad de organización de la juventud en los lugares de estudio y trabajo. De este modo, la juventud podrá combatir las tentativas de estatización ideológica mediante la libre confrontación de posiciones entre las distintas corrientes políticas...”. “...No debe sorprender la oposición de la derecha al voto de los jóvenes, pues ésta fue siempre renuente a ampliar el padrón electoral. En relación a la juventud su oposición se debe a que es el sector social más afectado por la crisis capitalista, como lo prueba que los índices de desocupación y tercerización adquieren en la juventud niveles mucho más altos que en el resto de los trabajadores, así como también la crisis educativa. El Partido Obrero defiende el voto a partir de los 16 años para darle a esta juventud un instrumento adicional de lucha para hacer valer sus reclamos...”. “...El Partido Obrero, que ha adquirido como consecuencia de su acción política una fuerte presencia en la juventud, acepta el desafío del gobierno que cree poder mejorar su registro electoral con el voto juvenil. Sólo reclamamos condiciones realmente democráticas, acelerando la implementación del voto obligatorio a partir de los 16 años, abriendo los lugares de estudio y de trabajo al debate político sin ninguna regimentación estatal...”.

Recientemente, mediante un proceso asambleario convocado por la anterior directiva, se votó la restructuración de la Asociación de Dibujantes de Argentina (ADA), donde los dibujantes del Frente de Artistas participamos activamente. Hace varias décadas en la Argentina, llegaron a venderse millones de revistas de historietas e ilustración por año. Esto se traducía en miles de puestos de trabajo vinculados con el medio. Esos millones de ejemplares eran leídos en colectivos y tranvías por la clase trabajadora. Años más tarde, la producción argentina quedó reducida prácticamente a cero (no sin la resistencia de una movida “under” de auto publicación y fanzines). En la década pasada, el nuevo “boom” de las historietas vino de la mano de una mano de obra barata y calificada. En ese cuadro, nuestro país se ha transformado en una gran usina de trabajo profesional de calidad pero, más importante aún, en trabajo barato que convierte a los dibujantes en una gran tercerizada para otros países; un fenómeno bien visible en la producción de comerciales y películas para el extranjero. Esta nueva etapa trajo aparejada una vieja condición de la actividad: la desregulación del trabajo y el correspondiente abuso por parte de las nuevas patronales, agencias, productoras; o sea, la falta un convenio que defienda las condiciones de trabajo de los dibujantes. Ahora, este boom parece haberse desinflado abruptamente, bajo el peso de la crisis mundial. Esto produjo que las patronales adviertan “una inédita conflictividad gremial en el sector” (La Nación, 14/7). Y no se equivocan. La recesión mundial que impacta en el país está despertando a la organización de muchos sectores, jóvenes sobre todo, que trabajan en condiciones de total irregularidad. En consonancia con esto, damos cuenta del surgimiento de asambleas de artistas y trabajadores del ámbito cultural, donde las reivindicaciones puntuales que las convocan son superadas por planteos más profundos. Su denominador común es la necesidad de una organización y una herramienta que defienda nuestro trabajo contra los atropellos de las empresas y el abandono del Estado. ADA, una gran oportunidad La primera asamblea general de ADA sirvió para establecer los fines de una nueva asociación, que defienda el trabajo de los dibujantes, haga legislar la actividad frente al Estado y ponga un coto a la explotación de las patronales. Se tomaron ejemplos de asociaciones profesionales extranjeras, como la Associació Professional d’Illustradors de Catalunya, que operan también como organizaciones gremiales. En la segunda asamblea se avanzó sobre la reformulación de los estatutos, acorde con los nuevos fines de la Asociación. Es un proceso abierto, así como lo son sus asambleas que buscan sumar a más dibujantes. De este modo, la reestructuración de ADA se inscribe en los mejores métodos de la democracia de los trabajadores para dar nacimiento a una poderosa herramienta de defensa de su interés. La organización que surja contará con la personería jurídica que tiene la Asociación a nivel nacional. Es una oportunidad histórica para sentar las bases de una organización que defienda nuestros intereses y pelee por elevar las condiciones de vida de los dibujantes. Invitamos a todos los compañeros a sumarse a esta tarea. La próxima asamblea será el martes 9 de octubre, a las 18 horas, en la sede central de ADA, Perón 1225 1º “5”.

EXCLUSIVO DE INTERNET El 6 de agosto, día en que comenzara el juicio por el asesinato de nuestro compañero, comenzó a circular el primer número de "COMIX POR MARIANO", resultado de una convocatoria dirigida a los ilustradores e historietistas que quisieran con su producción artística sumarse al pedido de justicia por Mariano. Esta iniciativa superó ampliamente nuestras expectativas dando lugar a un segundo número que fue presentado el pasado 20 de septiembre en el Centro Cultural del Frente de Artistas, contando con la participación de más de 18 artistas, entre ellos Carlos Nine, Langer y algunos historietistas latinoamericanos. En dicha presentación, más de 40 dibujantes votaron la propuesta de conformar un movimiento de historietistas que elabore de manera colectiva una revista, que sirva de canal de expresión y debate de los artistas del dibujo y recupere la historieta como herramienta cultural y política. Invitamos a todos los dibujantes y artistas que quieran formar parte de esta propuesta a asistir a la asamblea que realizaremos el día 19 de octubre a las 18 hs en Yatay 334.

Pocas veces las grandes patronales y los grupos financieros apoyaron con tanto entusiasmo el envío al Congreso de un proyecto de ley como el que acaba de remitir Cristina Kirchner en relación a las ART. A tal punto llega la “alegría” patronal que el presidente de la Unión Industrial, Ignacio de Mendiguren, no tuvo ningún empacho en admitir a la agencia oficial Télam que “se avanzó en (la) dirección (...) que tuve la oportunidad de expresarle a la Presidenta” (BAE, 24/9). El proyecto habría sido escrito directamente por el super-antiobrero Daniel Funes de Rioja, asesor de la UIA y de la Cámara de la Alimentación. En los pasillos del Congreso ya se conoce la propuesta de ley de CFK como el ‘proyecto De Mendiguren’. El adjetivo le queda grande al ex funcionario de Duhalde, toda vez que los dueños de las ART son los grandes bancos. El objetivo central del proyecto es obligar a los trabajadores o a las familias damnificadas por accidentes del trabajo a cobrar las bajísimas indemnizaciones de las ART, porque si eligen la acción judicial por responsabilidad civil y reparación integral del daño producido -como tiene derecho cualquier ciudadano que sufre un accidente- no cobran nada hasta la demorada fecha de la sentencia. Por eso, el proyecto plantea lo que se conoce como opción con renuncia u opción excluyente. Si el trabajador acepta cobrar lo que le ofrece la ART, debe renunciar a ir a la Justicia. Y si quiere ir a la Justicia, tiene que renunciar a cobrar la indemnización de la ART. Como dijo la Presidenta: “Quien opta por el pago no puede ir a los tribunales. En ese caso, los empleadores quedan eximidos de toda responsabilidad civil, en virtud de la elección ‘con renuncia’ por parte de los damnificados”. Actualmente, por un fallo de la Corte Suprema, los damnificados pueden “cobrar la indemnización tarifada de la ART y, si el trabajador o los familiares la consideran insuficiente, pueden reclamar un resarcimiento mayor en la Justicia laboral” (Clarín, 20/9). Aquel fallo de la Corte obedeció a que la ley de ART, sancionada durante el menenismo, prohibía a los trabajadores demandar ante la Justicia, lo que a todas luces era inconstitucional. El kirchnerismo ha retomado la ley menemista de la manera más pérfida. A partir de la reforma nacional y popular, el trabajador accidentado va a tener ante sí una disyuntiva de hierro. Con un elevado nivel de discapacidad, por ejemplo con el brazo o la pierna accidentada, va a tener que decidir “libremente” si acepta recibir en forma más o menos inmediata algún dinero por el daño sufrido, o por el contrario contratar a algún abogado -que podría hasta cobrarle por la consulta y el inicio del juicio- y esperar varios años a que se pronuncie la Justicia. Con total inmoralidad, el proyecto K se aprovecha de la minusvalìa del trabajador por el accidente producido -en la mayoría de los casos por falta de prevención y seguridad laboral a cargo de las patronales- para que renuncie al derecho que tiene todo ciudadano a demandar en la Justicia. Que este es el objetivo queda reforzado por otros cambios. Primero: “se transfiere el reclamo judicial de un conflicto del trabajo desde el fuero laboral al fuero civil, que tiene resarcimientos inferiores y tiempos más largos de resolución”. Segundo: a fin de inducir a los damnificados a cobrar la indemnización de la ART, el proyecto eleva las tarifas del sistema en un 20%” (ídem). En otras palabras: aumentan la “limosna” de la ART y extendieron en varios años los plazos para que se pronuncien los jueces, con indemnizaciones menores, para inducir a que el trabajador “renuncie” a ir a la Justicia. ¿Puede haber más perfidia? Sí, la perfidia es aun mayor porque, según De Mendiguren, “la nueva ley de ART le pone un punto final a la industria del juicio” (BAE, ídem); aludió al incremento del número de juicios y a que los principales beneficiados de ese aumento habrían sido los abogados. La realidad es la contraria: la Justicia le daba la razón a los trabajadores debido a la enorme diferencia entre el monto de la tarifa de la ART y la indemnización que fijaban los jueces. Si no existiera esa diferencia, ni el obrero recurriría a la Justicia ni las patronales se sentirían afectadas cuando lo hiciera. Como ya ocurrió con la ley menemista de ART, el actual proyecto tiene la bendición de la burocracia sindical, a la que de inmediato el gobierno le habilitó otro negocio: la posibilidad de constituir las llamadas ART-Mutuas entre las cámaras empresarias y los sindicatos. Para que el negocio sea más lucrativo, esas Mutuas deberán atender a los accidentados en las obras sociales y en los hospitales públicos, según reza el decreto que de inmediato firmó CFK. La presidenta del pueblo admitió que actividades como las del sector metalúrgico y de la construcción “tienen muy adelantada la constitución de estas ART mutuas”. El gobierno que “recuperó la soberanía energética”, para reprivatizar YPF y para mantener en pie la privatización del gas y del petróleo, no se jacta ahora de “recuperar la seguridad laboral”, y con razón. El kirchnerismo consolida el negocio de los accidentes de trabajo por parte de los bancos que manejan las ART. No se trata solamente de una enorme renta financiera, que va de la industria a los bancos, sino de un fabuloso incremento de la tasa de explotación de la fuerza de trabajo, que no es resarcida por el daño que produce el accidente laboral, sino que engrosa la ganancia de la industria. Que venga “unidos y organizados” a explicarnos por qué los K no serían un gobierno de la explotación capitalista.

Como ya fueron informados los lectores de Prensa Obrera, a mediados de setiembre fue realizado un importante simposio académico-político en Brasil sobre “La Izquierda en América Latina” (historia, presente, perspectivas), en la Universidad de San Pablo (USP). La Verdad Obrera, periódico del PTS argentino, juzgó oportuno referirse al mismo a través de un medio inusitado; a saber, reproduciendo in extenso las consideraciones al respecto de un ignoto grupúsculo brasileño que sería su “organización hermana”. Las consideraciones del grupejo incurren en notorias deformaciones, que el PTS platino reproduce como propias. Califica pedantemente al simposio como un evento de “intelectuales académicos”, no sólo ignorando la participación de numerosos militantes, sino también que muchos de esos “intelectuales” son también militantes políticos y sociales, que padecieron persecuciones, prisiones y torturas, que son autores de obras referenciales en sus áreas de trabajo, que se sentaron a discutir en mesas redondas, en igualdad de condiciones, con jóvenes estudiantes de posgrado casi sin trayectoria, sin exigir privilegios ni tratamiento diferenciado. El simposio fue realizado con escaso apoyo institucional (y el que se obtuvo fue producto de una lucha política en el interior de esa institución) debido a que la USP está comandada por una rectoría y un elenco académico notoriamente derechista, hecho que el PTS probablemente ignora (o peor, lo que no sería extraño, desprecia). El Jornal da USP, periódico oficial de la universidad, notificado del evento, ni dio noticia del mismo. Sin entrar en detalles, el libelo asumido por el PTS desprecia visiblemente tanto el esfuerzo por realizar el evento en esas condiciones, como también a sus más de dos centenas de participantes (que, claro, entendían de sobra esas condiciones y por eso estaban allí) los que habrían sido agrupados en una “infinidad de mesas de discusión” (sic), de las que sólo se habrían destacado dos (con la participación de dirigentes del PO). Pedantería y caradurismo. Los calumniadores decidieron ignorar, por ejemplo, que el simposio fue oficialmente abierto, no por las autoridades universitarias (como es habitual), sino por la anciana profesora emérita de la USP, notoriamente marxista, Emilia Viotti da Costa, sin lugar a dudas la principal historiadora viva del Brasil (y, en mi opinión, y no sólo la mía, la más importante historiadora del país, a secas) perseguida y demitida de la USP por la dictadura militar de 1964, después importante profesora de Historia latinoamericana en la Universidad de Yale (Estados Unidos), donde encontró acogida y refugio, autora de una vasta obra sobre Historia brasileña y latinoamericana (que es referencia mundial), readmitida y declarada docente emérita de la USP por una fuerte lucha política realizada en la universidad. Con gran esfuerzo y escasez de medios, el simposio reunió intelectuales y militantes de una decena de países, además de parte sustancial de la intelectualidad y la dirigencia de izquierda de Brasil. Por si hace falta aclararlo (con cretinos nunca se sabe), nadie recibió un centavo por su presencia. Estuvo presente el principal dirigente de la oposición anti-golpista paraguaya, Ricardo Canese, ex candidato presidencial, y rindió cuenta de su lucha. Para el PTS and Bros., todo eso es verdurita. El PTS (a través de sus corresponsales brasileños) se queja también de la presencia de dirigentes de la izquierda del PT, como si éste no fuera, hasta hoy, la principal experiencia de la izquierda brasileña y aún tiene un rol dominante en el movimiento sindical. Se queja hasta de la presencia de intelectuales vinculados, actualmente o en el pasado, con el PCB, despreciándolos (pero no identificándolos o nombrándolos explícitamente, como cabe a perfectos cagones) e ignorando (dentro de su océano de ignorancias) el papel de ese partido en la historia del Brasil, desde su origen con la III Internacional hasta su conversión en stalinista: desde luego, esa cuestión clave fue tema de una de las mesas del simposio, como no podía dejar de serlo. Participaron también dirigentes sindicales de Brasil, de corrientes políticas o sindicales diversas. Algunos dirigentes de la huelga nacional de los estatales federales no pudieron participar, exactamente por encontrarse en actividades dirigentes en esa huelga. El papel higiénico del PTS, made in Brazil, se queja de la ausencia de un sindicato local (con el que el autor de estas líneas, además de otros organizadores del simposio, milita hace casi tres décadas, y por cuyos militantes salió -salimos- en defensa pública en numerosas ocasiones, como lo sabe toda la USP), sindicato que divulgó, por otro lado, ampliamente el simposio. Los dirigentes políticos y/o sindicales presentes, por otro lado, fueron todos invitados a título personal, como es práctica habitual en actividades académicas. Los autores de la nota de marras (poco importa quién la firma o le dio redacción final), sin embargo, llegan al colmo de calificar como la principal “debilidad” del simposio la ausencia... del PTS. Como ya quedó claro, el PTS como tal (como organización), no sería invitado, como no lo fue ninguna organización. Su ausencia, por otro lado, no fue notada por nadie. Mencionan, de pasada y elogiosamente, la presencia como expositor en el simposio del profesor y militante brasiliense (de Brasilia) Gilson Dantas (mi amigo personal, y de algunos dirigentes del PO, por otro lado), miembro de la sucursal brasileña del PTS, lo que demuestra que no hubo ninguna exclusión política. El veterano Gilson Dantas, notorio autor de libros, que también publica su propia revista (de cuyo Consejo de Redacción soy miembro, junto a más de una veintena de “intelectuales académicos”), si no es representativo de la secta supuestamente “excluida”, sería mejor que se lo dijesen. Lo que se dijo en la mesa redonda final del evento, en un Anfiteatro de Historia en el que no cabía un alfiler, con la participación de Jorge Altamira (PO), Plinio de Arruda Sampaio (PSOL), Valter Pomar (PT) y Ricardo Canese (Frente Guazú), será dado a conocer a los lectores argentinos en En Defensa del Marxismo, anuncio que nos ahorra comentar la pseudo-transcripción, más que mentirosa, grotesca, de los corresponsales-papagayos, al igual que el video de la misma. Para concluir, el PTS remata su retahíla de sandeces con una calumnia. En efecto, afirma que el simposio de la USP no sería otra cosa que una “reunión internacionalista” previamente anunciada por el PO, que, fracasada, se habría transformado en un coloquio académico. El “coloquio” de la USP fue anunciado públicamente desde hace casi un año (desde luego, desvinculado de cualquier “reunión internacionalista” del PO o la CRCI). Lo que el PO hizo fue anunciar que aprovecharía la presencia de algunos de sus dirigentes en el mismo para realizar una reunión internacionalista en Brasil. Para dicha reunión preparó y divulgó un texto programático. La reunión fue realizada (obviamente fuera, espacial y temporalmente, del simposio), con militantes de cuatro países, que discutieron y enriquecieron dicho texto, como será dado a conocer. Ya dimos cuenta de esto en un artículo publicado en edición precedente de Prensa Obrera, o sea que el PTS lo sabía. El PO, que no es una secta auto-satisfecha, analizó el impasse político de su organización internacional, la CRCI, a la cual exige acciones de envergadura, a la altura de la bancarrota capitalista y la movilización de las masas del mundo. EL PTS, una secta auto-satisfecha, no admite ni analiza nada, porque su impasse es de otro orden. Osvaldo Coggiola

EXCLUSIVO DE INTERNET Trabajadores precarizados, postergados, rehenes de la interna entre kirchneristas-sciolista con 1.200 pesos no se puede comer. Para dirimir sus "diferencias" tanto el gobierno nacional como municipal, decidieron no pagar el aumento, a los trabajadores de las cooperativas de Argentina Trabaja, que desde marzo (anunciado por Cristina K el 28/2) no se cobra el incentivo de 550 pesos. El gobierno nacional se había fijado el plazo de 180 días para completar el pago, estamos finalizando setiembre y la plata no aparece. A nuestros reclamos y plan de lucha desde julio, Nación responde "por diferencias con el gobierno municipal "no se puede pagarles y 1.500 trabajadores estamos quedando fuera del cobro realizado a otros municipios. Desde el gobierno municipal se traslada la responsabilidad al Estado nacional, mientras fueron los garantes del cumplimiento de las tareas de limpieza, mantenimiento, desmalezamiento y obra pública realizada en el distrito se quieren lavar las manos. Los dos gobiernos se sirvieron de mano de obra semiesclava, precarizada que por 1.200 pesos cubren tareas de trabajadores municipales, sin derecho a ropa de trabajo, obra social, aportes patronales para jubilación, sin convenio, sin derechos laborales, sin paritarias. Los dos gobiernos acaban de ponerse de acuerdo en cómo continuaran la nueva etapa de módulos (usando nuestra fuerza de trabajo). So pretexto de internas políticas nos niegan el paupérrimo aumento. Los K (nación) que se pavonean de inclusión social con su doble discurso a ocho meses someten como cualquier patronal explotadora y mantiene por más de tres años congelados los sueldos. El gobierno municipal con el superávit en el presupuesto colabora con el rescate a Scioli adquiriendo bonos y no pone la plata para aumentar los salarios de sus trabajadores ni el incentivo de A.T. están de acuerdo en que la crisis la paguemos los trabajadores. Los trabajadores no podemos quedar rehenes de esta interna, ni paralizados hasta que resuelvan "sus diferencias políticas". Reclamemos el pago inmediato del aumento. Basta de verso ¡que aparezca la guita ya! Llamamos a movilizarnos a todos los compañeros del argentina trabaja del municipio, de la 26, del Movimiento Evita, Barrios de Pie, la Falcón y todas las organizaciones hasta que se nos pague. Mientras el salario mínimo fue fijado por Cristina en acuerdo con las patronales y la burocracia de los gordos (menemistas) en 2.800 pesos a los trabajadores precarizados se nos mantienen en 1.200 pesos.

"Ganaron las patronales", definió un activista de Tenaris en reunión de balance. La UOM Villa Constitución volvió al dominio kirchnerista: 54% (1.665) para la Azul (Ibarra-Paulón-CTA Yasky), el 33% (1.014) para la actual conducción de la lista Marrón (Actis-Piccinini-CTA Micheli) y el 13% (395 votos) para la Verde-Negra del activismo independiente. La derrota aplastante de Piccinini es la consecuencia del fracaso de su política para enfrentar la ofensiva patronal-gubernamental en la seccional. El hecho más emblemático de estos ataques fue el cierre de Paraná Metal, con el despido de más de 1.000 obreros en una seccional de 5.000 metalúrgicos. En esa lucha, la directiva piccininista jugó el papel de bombero. Mientras el activismo y los sectores combativos cortaban la autopista Buenos Aires-Rosario, con lo que instalaban nacionalmente el conflicto, la directiva seccional encarrilaba la lucha a las interminables y desgastantes negociaciones con los funcionarios nacionales y provinciales. El resultado de esa orientación fue la derrota de esta gran lucha, con el cierre de la planta y despidos masivos. La línea derrotista de quienes se autoproclamaban "la memoria del Villazo" dejó marcada a fuego a una dirección sindical incapaz de enfrentar el ataque patronal. La Marrón no sólo perdió las elecciones y el sindicato, sino que su candidato a secretario general, Del Greco, perdió en su propia fábrica, Paraná Metal, donde había dirigido el conflicto a la catástrofe. La Marrón cayó del 61,5 de 2008 al 33%. Es la prueba de que el michelismo está completamente agotado como posibilidad de organización del movimiento obrero. La Azul consiguió capitalizar mayoritariamente el descontento de los metalúrgicos. Logró eludir su propia responsabilidad en el retroceso de la seccional. Dirige históricamente la interna de Acindar, mantiene con esta patronal un acuerdo estratégico donde admite una precarización laboral que mantiene a la mitad de la fábrica tercerizada. Es más, por una cláusula de paz social evitó toda medida de solidaridad con Paraná Metal. La Azul, desde la dirección del sindicato, va a profundizar la política de integración al Estado y a los partidos patronales. No por casualidad saludaron su victoria dirigentes de La Cámpora, del yaskismo y funcionarios del gobierno provincial. Cuando la UOM se apresta a liderar la "CGT-Balcarce", la otrora seccional combativa entra en el campo político de la cooptación oficial. Llamativamente, dirigentes del PS, como la diputada Ciciliani, reivindicaron el triunfo azul y saludaron al nuevo secretario general, Ibarra, como militante "socialista". Ciciliani fue la que piloteó personalmente, en esos momentos como funcionaria del Ministerio de Trabajo de la provincia, el conflicto de Mahle (que dejó a 500 trabajadores en la calle). Esta alianza política de yaskistas, camporistas y "socialistas" que está detrás de la Azul anticipa una política de regimentación sindical y de cooptación, donde las reivindicaciones obreras serán subordinadas a los intereses de las patronales y de los gobiernos capitalistas. El cuadro descripto destaca lo que implica la votación (13%) de la Verde-Negra. El activismo dio un enorme paso adelante constituyendo esta tercera lista que mejora las posibilidades de disputar los cuerpos de delegados e internas, para transformarlos en organismos de defensa de las reivindicaciones obreras, con una política independiente de los bloques de la burocracia de la seccional. El proceso electoral puso en evidencia que el programa reivindicativo debe ir unido a la lucha por la independencia política de los trabajadores, a la delimitación de posiciones con los partidos y frentes políticos patronales y al desarrollo de una alternativa política de la clase obrera.

A Simón Rodríguez Porras, candidato a diputado del Consejo Legislativo de Mérida por el Partido Socialismo y Libertad (PSL) no le gustó el artículo “Vamos con Chirino”, que Jorge Altamira firma en Prensa Obrera Nº 1.238 (6/9). No expresa su desencanto, sin embargo, por medio de una controversia política, sino mediante el recurso de denunciar al contrincante por mentiroso. Este método se ha vuelto habitual en la corriente internacional a la que pertenece Rodríguez Porras, quien asegura que “el PO o Altamira mienten”. Esperamos que lo que sigue demuestre quién tiene la razón y que no tengamos que sufrir un 7-D. Veamos punto por punto las cuestiones tratadas. 1) Rodríguez Porras rechaza que “en Venezuela, la izquierda ha ido a la rastra del chavismo durante casi una década”, porque, asegura, “(Orlando) Chirino nunca reivindicó a Chávez como revolucionario ni se subordinó políticamente a su gobierno o a sus partidos”. Esa aseveración de Rodríguez Porras es rebatida por el propio Chirino: “Nos ufanamos -escribió en 2007 el actual candidato a presidente del PSL- de haber sido la primera agrupación política, como el PST-La Chispa (Partido Socialista de los Trabajadores) de haber propuesto el nombre de Hugo Rafael Chávez Frías como candidato presidencial. El Presidente recuerda las reuniones y actos que impulsábamos desde la urbanización La Quizanda, en Valencia, o desde el sector de los textileros en Aragua. Nosotros tenemos una historia impecable” (Aporrea.org, 10/4/07). 2) En otra parte de su escrito, Rodríguez Porras dice: “El nacimiento de la Unión Nacional de Trabajadores (Unete) no ocurrió por obra del ‘aliento del gobierno’ (...), sino como la concreción de una enorme rebelión de las bases obreras contra la dirección golpista de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. Las mismas bases que en setiembre de 2002 rechazaron la tentativa gubernamental de crear una nueva central”. Sin embargo, en el año 2000, cuando el oficialismo intentaba renovar la conducción de las centrales y federaciones sindicales mediante la figura “democrática” del referendo, Chirino no sólo respaldó esa convocatoria chavista; además, él mismo integró las listas del oficialismo y fue candidato a la Federación de Trabajadores de Carabobo (Fetracarabobo), mientras Aristóbulo Isturiz lo era a la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV). Ese intento fracasó y la CTV y las federaciones continuaron en manos de la burocracia afín a Acción Democrática, del ex presidente Carlos Andrés Pérez. La CTV perdió todo respaldo de los trabajadores y quedó destruida a partir de su papel golpista durante el lock-out petrolero de 2002-2003. Fue entonces, y efectivamente con el “aliento del gobierno”, que se creó la central Unete. A tal punto fue así que Chirino en persona asistió a la asamblea de la OIT, en 2003, y fue presentado allí por el representante del gobierno de Chávez: “El director general del Trabajo, Ricardo Dorado, informó ayer, vía telefónica desde Ginebra, que la CTV quedó sin vocería en la 91ª Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se está celebrando en Ginebra, Suiza. Señaló que el representante de Venezuela ante el encuentro de este año es el integrante de la Unión Nacional de Trabajadores, Orlando Chirino” (Aporrea.org, 11/6/03). 3) En su artículo en Prensa Obrera, Altamira recuerda que “en las parlamentarias pasadas, sus candidatos (los del PSL) se presentaron en la lista de un partido, el PPT, que abandonó el chavismo orgánico por un acercamiento a la oposición gorila”. Rodríguez Porras considera “insólito” ese párrafo y dice: “En el marco de un acuerdo electoral con el PPT, la USI, que no tenía legalidad electoral nacional, participó en las elecciones parlamentarias con su propio programa, el mismo que el PO valora hoy como ‘de independencia de clase’. Después de dichas elecciones, en las que el PPT participó sin alinearse con la derecha ni con el chavismo, ese partido se dividió: un sector regresó al chavismo y otro se alineó con la derecha”. El PPT sólo abandonó el chavismo en febrero de 2010, cuando el gobernador de Lara, Henry Falcón, renunció al PSUV y se afilió al PPT. Los coqueteos del PPT con la derecha gorila son un dato de la realidad: en las elecciones regionales de ese mismo año, el partido aceptó el respaldo de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) para su candidato a gobernador de Amazonas. En 2012, como dice Rodríguez Porras, el PPT volvió a las filas de Chávez y un sector “se alineó con la derecha”; es decir, se consolidó en la línea de las elecciones amazónicas de 2010. 4) En cuanto a los medios de información, Rodríguez Porras admite que apoyaron la decisión gubernamental de no renovarle la concesión a Radio Caracas Televisión (RCTV) en 2007: “En aquel momento nuestra corriente socialista reclamó al gobierno de Chávez que castigara a todos los golpistas civiles y militares, y en el caso de los medios de comunicación que expropiara a RCTV, Venevisión, Globovisión y Televen, y fueran entregados a los periodistas, empleados y comunidades para que estos los controlaran y administraran”. El control de los medios por parte de organizaciones populares no puede surgir de un “reclamo al gobierno”. Así formulado, tal reclamo no tiene posibilidad alguna de prosperar y sólo queda la estatización de los medios; esto es, el control de la prensa por parte del bonapartismo, la estatización del flujo informativo, de las frecuencias de aire que constituyen el capital principal de una empresa periodística. 5) Rodríguez Porras considera también que constituye un “exabrupto histórico” de Altamira sostener que hubo controles obreros independientes en las empresas nacionalizadas. En verdad, el artículo de Prensa Obrera dice: “Lo que distingue al enfrentamiento electoral en Venezuela que se desarrolla en este momento no es la ‘naturaleza’ burguesa de los contendientes, sino que el chavismo ha agotado sus tendencias movilizadoras y es, por sobre todo, un chaleco de fuerza para el movimiento obrero independiente, como lo demuestra la proclamación de la central sindical estatizada, por un lado, y el descabezamiento de los ‘controles obreros’ independientes que se habían establecido en las empresas nacionalizadas, por el otro”. Como se ve, “controles obreros” está puesto entre comillas y, por cierto, esos organismos fueron descabezados por decisión presidencial. El último caso fue el de Sidor, cuando el “trabajador-presidente” De Oliveira fue destituido porque no pudo impedir que los tercerizados de esa empresa paralizaran Ciudad Guayana el día en que Chávez se proponía hacer ahí un acto de campaña electoral. El “control obrero”, tal como lo entiende el chavismo, es una pared para contener la lucha obrera. 6) Del Fadess (Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato), Altamira dice que “llama al derrocamiento del chavismo por los gorilas”. Rodríguez Porras lo desmiente con el argumento de que el Fadess “no ha llamado a votar por ninguno de los candidatos presidenciales, ni mucho menos a un ‘derrocamiento’”. Extrañamente, el candidato a diputado de Mérida no se refiere a una cita incluida en el texto de Prensa Obrera, en la que Rodrigo Penzo, dirigente del Fadess, dice: “Estamos cerca de una gran oportunidad de poner al gobierno en una situación de confrontación con el electorado y la decisión popular del pueblo venezolano, que sabrá escoger su propio destino” (Primicias 24, 26/7/12). Es cierto que, con esas declaraciones, Rodrigo Penzo intentaba poner distancias respecto de Chirino, también dirigente del Fadess, cuando él y Froilán Barrios -otro directivo del Fadess- respaldaron al candidato gorila, Henrique Capriles. Barrios fue aun más lejos, y en un acto público dijo: “Luego de 14 años de atropellos laborales, es un deber de los trabajadores derrotar a este gobierno” (Primicias 24, 14/8/12). Hace apenas unas cuantas semanas, el 22 de agosto, José Bodas, militante del PSL y dirigente de C-Cura, acompañó a Rodrigo Penzo y a Barrios en un juicio laboral al gobierno (Entornointeligente.com, 23/8/12). De ahí que Prensa Obrera se pregunta si el PSL tiene un balance político de su actuación durante los últimos años, de modo de avanzar en la perspectiva de construir un partido obrero y socialista en Venezuela.

EXCLUSIVO DE INTERNET El que tal vez fue el último gran monstruo estalinista ha muerto en Madrid. El genocida Santiago Carrillo, asesino de militantes obreros, masacrador de anarquistas, trotskistas y de cualquier antifascista que fuera al mismo tiempo antiestalinista, murió homenajeado, como correspondía, por el rey Juan Carlos y el derechista Mariano Rajoy. Carrillo se había incorporado en su adolescencia a las Juventudes Socialistas y fue ladero de Francisco Largo Caballero, luego presidente de la II República española entre 1936 y 1937. Estallada la Guerra Civil en 1936, Carrillo impulsó la fusión de las Juventudes Socialistas con la Juventud Comunista. Fracasado ese propósito se pasó, con una parte de las JJSS, al estalinismo. Esto es, del centrismo socialista a la contrarrevolución activa. Estrenó su condición de asesino en 1936, cuando con apenas 21 años se hizo cargo de la dirección de Orden Público de la Madrid asediada por las tropas franquistas. Pasó a la historia, por ejemplo, la masacre de Paracuellos, por la cual ordenó asesinar a entre 2.500 y 5 mil presos encarcelados en Madrid, fusilados en sucesivos traslados -o "sacas", como le dicen los españoles- entre agosto y diciembre de 1936. A partir de entonces, Carrillo fue uno de los ejecutores de la política de Stalin ("el gran Stalin", lo llamaba él) en la España republicana agredida por el fascismo franquista. Contra lo que sostiene la leyenda, Carrillo nunca combatió: fue un simple agente de la policía política estalinista, la NKVD (luego KGB). Esto es: el ejecutor de la política de chantajes del Kremlin, que imponía a la República la política que conduciría a la derrota, a cambio de un suministro, a cuentagotas, de armas y provisiones siempre insuficientes. En 1937, Carrillo fue el principal responsable del asesinato en la tortura de Andreu Nin, uno de los líderes del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM). Carrillo intentó reproducir en Cataluña lo que su jefe Stalin había hecho en los juicios de Moscú, e intentó, bajo tortura, que Nin "confesara" ser un agente de Franco. Nin murió en la tortura, heroicamente, pero jamás le dio ese gusto al esbirro. Sólo ocho años antes de su muerte, Carrillo confesó aquel crimen en una entrevista con el historiador Pelai Pagès, a quien le dijo: "En los años '30, ningún militante comunista a quien se hubiese pedido que asesinara a Trotsky se hubiera negado a hacerlo". Antes de terminar la guerra, en 1939, Carrillo, que nunca había peleado, se exilió en Moscú, al amparo de la policía soviética a la que había servido. Con él estaban Dolores Ibárruri y una joven argentina: Fanny Edelman. Jorge Semprún, miembro entonces del comité central del PCE, dice que había entre ellos una suerte de "pacto de sangre", referido a los asesinatos de anarquistas y trotskistas cometidos durante la guerra. Los crímenes de Carrillo no cesaron, y muchas veces tuvieron por víctimas a sus propios camaradas. Por ejemplo, cuando entregó a la represión franquista al militante comunista Julián Grimau. Carrillo, en cambio, no regresaría a España hasta 1976, después de la muerte de Franco, cuando lo necesitaron para que la burocracia sindical estalinista de Comisiones Obreras (CCOO) aceptara los acuerdos antiobreros del Pacto de la Moncloa (1977) y detuviera el reguero de huelgas. Entre otras cosas, ese pacto habilitó los despidos, devaluó la peseta y aceptó aumentos salariales que no cubrían ni la mitad de la inflación de aquel año. Seguramente por eso, en la Argentina, una derechista devaluacionista como Elisa Carrió dice que la izquierda debe "tomar el ejemplo" del genocida Carrillo.

Finalmente, vencidos todos los plazos, luego de que la Junta Electoral "desestimara" a la Lista Gris junto a otras listas opositoras, tras la denuncia al Ministerio de Trabajo y la posterior movilización reclamando a Tomada contra el fraude, la lista clasista del Roca fue oficializada. Presentamos centenares de avales y candidatos de todas las especialidades, cupo femenino y jubilados, de acuerdo a las difíciles condiciones que impone el estatuto "cárcel" que nos impidió presentar lista nacional. “Prensa Obrera” entrevistó a los dos compañeros que encabezan la Lista Gris en la seccional Gran Buenos Aires Sud, Jorge Hospital y Germán Sandri. Hospital fue detenido, procesado y absuelto por la lucha de los tercerizados, y es miembro de la Coordinadora Sindical Clasista votada en la Conferencia Sindical del PO. -¿Cómo influye el juicio a Pedraza y la patota en las elecciones ferroviarias? Jorge Hospital: El juicio a Pedraza tiñe todo el proceso electoral y, en particular en nuestra seccional, donde la Verde tiene al frente de su lista a los miembros de la patota que siguen en libertad. -¿Qué significa que Pedraza y Fernández no sean candidatos? -El Congreso de julio de la UF se alineó completamente con los burócratas presos. Pedraza y Fernández renunciaron a sus candidaturas en una negociación evidente con el Ministerio de Trabajo, que no hubiera podido habilitar una elección con los criminales a la cabeza. Se montó un simulacro de renovación, desplazando a los pedracistas de la vieja guardia, para tratar de evitar el avance del activismo antiburocrático y hacer que la UF resultante de esta elección de lista única sea funcional a la CGT "Balcarce" del sindicalismo empresario oficialista. -¿Qué representa la oficialización de la lista Gris en la Seccional? Germán Sandri: Es un primer triunfo, ya que pudimos vencer las condiciones proscriptivas de una burocracia que quiere seguir atornillada a los sillones para defender sus negociados, amparada en una junta electoral oficialista y su estatuto "cárcel". Obviamente, tiene un significado especial que la encabecemos los compañeros de Mariano Ferreyra. -¿Cómo está constituida la lista? -La lista está constituida por candidatos representativos y respetados en cada especialidad de Ugofe, de Ferrosur y de Ferrobaires. Es un frente único, ya que la Violeta nos aporta al compañero de Ferrobaires que denunció a los "ferrochorros" del oficialismo ante la Justicia. Además, contamos con viejos luchadores, entre los compañeros jubilados, que enaltecen nuestra lista. -¿Quiénes representan a Pedraza en la Seccional? -En la seccional Escalada, la Verde está digitada por Pedraza y Fernández desde la cárcel y sus integrantes formaron parte de la patota. Los que reclutaron el 20 de octubre de 2010 en el asesinato de Mariano. Por más que ahora digan que hay una limpieza en sus listas, en los talleres los reclutadores encabezan la lista Verde. -¿Qué puntos importantes tiene el programa de tu lista? -Principalmente, es la democracia sindical, es la plena participación de los trabajadores en las decisiones de una organización que tiene que defender los intereses de los ferroviarios activos y de los jubilados. Los ferroviarios tenemos que tener acceso a los libros contables de nuestra obra social y recuperar todas las conquistas entregadas por una dirigencia que en sus espaldas carga con la venta del Hospital Ferroviario Central, la inutilización del policlínico de Remedios de Escalada y la entrega de un montón de ramales despidiendo a miles de ferroviarios. J.H.: También impulsaremos una bolsa de trabajo gremial votada en asamblea, el rechazo a toda nueva tercerización pasando a planta a los aún precarizados, la reapertura de la paritaria para defender el 30% que la conducción ha abandonado, la equiparación salarial hacia arriba y el convenio único para todos los ferroviarios, así como la reducción de jornada en todas las especialidades. -¿Qué balance hacen del papel de la izquierda en estas elecciones? -Indudablemente, la presentación de listas antiburocráticas en siete seccionales, como la vuelta de una lista opositora en el Roca, son enormes progresos que se han hecho al calor de la lucha de los tercerizados y el movimiento por la cárcel de Pedraza y sus cómplices. Todo esto ha sacado a la luz pública la red empresarial, la enorme inserción de la burocracia en el gobierno kirchnerista (Luna, Araya, etc.), la continuidad de los privatizadores que hundieron los ferrocarriles por parte de este gobierno que se reclama "nacional y popular". Pero la izquierda en su política no ha estado a la altura de la batalla planteada. La Naranja (PTS) divide el frente que presentamos en el Roca en la pasada elección de cuerpo de delegados. Sobrero (IS) se negó a unir a todos en el Sarmiento obligando al resto de las agrupaciones a hacer lista y, por sobre todo, se negó a encabezar un frente nacional que hubiera luchado con chances de imponer una lista nacional para recuperar la Unión Ferrroviaria de las manos de la burocracia. G.S.: Nuestra política fue unitaria, unir el campo antiburocrático, por ello integramos a compañeros de la Violeta en el Roca e integramos a la Lista Violeta en el Sarmiento, la Violeta Bordó en el Tren de la Costa Mitre, y la Bordó en el Belgrano Norte. Nos dimos una línea unitaria y la llevamos adelante, se oficializaron todas esas listas y estamos batallando por la Gris del Chaco que es un gran reagrupamiento.

Santiago Carrillo, histórico dirigente del PCE, murió tranquilamente, a los 97 años, en su cama. Su muerte fue recibida con grandes muestras de pesar por la totalidad del arco parlamentario, desde el derechista PP hasta la izquierda independentista vasca Amaiur. El parlamento se puso de pie y ovacionó unánimemente al fallecido, considerado uno de los padres de la actual Constitución. Hasta el mismo rey tuvo la deferencia de acercarse al domicilio del fallecido.La muerte de los revolucionarios, como Marx, Lenin, Trotsky, Rosa Luxemburgo, Durruti o el Che, fue recibida con grandes muestras de alegría por la burguesía de todo el mundo. Si en vida fueron tachados de criminales, muertos no se les trató mejor. La lucha de clases no perdona. Pero Carrillo murió con los laureles de "defensor incansable de la clase obrera", de "comunista que renunció a sus intereses partidistas en favor de la convivencia pacífica y democrática" e incluso de "hombre de Estado" (con todo lo que comporta bajo el capitalismo que a uno le tachen de hombre de Estado). El presidente Mariano Rajoy expresó sus condolencias en nombre del gobierno, destacando su papel en la transición. Pero quizá los más entregados fueron sus antiguos compañeros de partido, que se deshicieron en ditirambos del más rancio estilo estalinista. Sin ningún atisbo de vergüenza, Alberto Garzón, la estrella mediática de IU, destacó "su espíritu por superar el capitalismo" y José Luis Centellas, secretario del PCE, resaltó su entrega a la lucha y defensa del comunismo. ¿Pero quién fue este curioso personaje, que ha conseguido unir en sus exequias a los representantes de todas las clases sociales del Estado español? Santiago Carrillo nació en 1915 en Gijón. Hijo de un dirigente socialista, ingresó en las juventudes a finales de la década de los 20. Nombrado secretario de las mismas en 1934, se declaró partidario de la "bolchevización" del PSOE, invitó al BOC y a los trotskistas a ingresar en él para reforzar su ala izquierda, e incluso llegó a declararse partidario de una IV Internacional1. Detenido en octubre por su participación en la revolución de Asturias, fue liberado a principios de 1936, con el triunfo del Frente Popular. Viajó a la URSS, donde fue cooptado por el aparato estalinista. A su vuelta las juventudes socialistas y comunistas se unificaron, bajo su dirección. En octubre ingresó en el PCE y poco después acusaba en los mítines al POUM (fruto de la fusión del BOC y de la ICE trotskista) de formar parte de la V columna en el seno de la república. Nombrado consejero de orden público de la junta de defensa de Madrid durante la guerra, fue el responsable de las cárceles, en la que no sólo acabaron los simpatizantes de la sublevación, sino también militantes revolucionarios, anacosindicalistas, poumistas y trotskistas que se oponían a la liquidación del movimiento revolucionario y la restauración del orden burgués. Derrotada la república partió exiliado hacia la URSS. En las peleas fraccionales de la camarilla dirigente siempre supo estar al lado del sector más servil a Stalin, lo que le valió seguir ascendiendo en la jerarquía. Terminada la II Guerra Mundial se trasladó a París. En 1944 dirigió la invasión del valle de Arán por columnas guerrilleras. La descabellada operación se saldó con más de 200 partisanos muertos. En 1948 formó parte de una delegación que viajó a Moscú para entrevistarse con Stalin. Como consecuencia de la entrevista el PCE renunció a la táctica de la lucha armada. Capítulos como el abandono de las partidas de maquis que no pudieron abandonar la España franquista, o el juicio a Jesús Monzón (que había dirigido militarmente la aventura aranesa) han quedado en la oscuridad porque Carrillo nunca quiso hablar de ellos. Tras la muerte de Stalin, en el XX Congreso del PCUS, la dirección del PCE se opuso al "informe Jruschev", en el que se denunciaban los asesinatos del déspota. Pero pronto Carrillo y sus colegas se convirtieron a la nueva línea, como si nada hubiera pasado. El viejo partido estalinista lo seguía siendo hasta las raíces, no sólo en su subordinación a la línea ordenada por la burocracia de la URSS, sino también en sus métodos internos. La disidencia era traición. Julián Grimau, Comorera y otros, sendos estalinistas, fueron enviados a la muerte ordenándoles la vuelta a la España franquista. Sin oposición interna, Carrillo (ya convertido en secretario del PCE desde 1960) y su camarilla, prepararon el terreno para el futuro compromiso con el aparato franquista. Obedeciendo las nuevas directrices de la burocracia soviética, en 1967 se aprobó la nueva línea del partido en la que se declaraban partidarios de la "reconciliación nacional" y la "vía pacífica al socialismo", que marcará la política del PCE hasta después de la muerte del dictador Franco. Este deslizamiento hacia el compromiso y la decadencia de la URSS lo llevaron a la aventura eurocomunista, que no era otra cosa que el acercamiento y la subordinación a la burguesía española. Luego vino el abandono de la bandera republicana, la aceptación de la monarquía juancarlista (heredera de Franco), el disciplinamiento del movimiento obrero tras la burocracia de CC.OO., los Pactos de la Moncloa de 1977, y la Constitución monárquica de 1978 (fruto del pacto del PSOE y del PCE con el aparato franquista, por la que éste preservaba la esencia de su poder). Carrillo fue uno de los inspiradores de la amnistía por la que los verdugos quedaban inmunes y se abandonaba la causa de las víctimas de 40 años de tropelías. Gracias al acuerdo con los gerifaltes del franquismo, Suárez, Fraga, Martín Villa... el aparato del viejo régimen pudo transformarse en "democrático", oculto tras la maloliente cortina de amnesia y olvido. Tras la muerte de Franco en 1975, Carrillo volvió a España. Disfrazado con una peluca (parodiando a Lenin en la Rusia prerrevolucionaria de 1917), fue detenido y poco después puesto en libertad, en el momento en el que el PCE era legalizado. El pacto con el franquismo le dio respetabilidad ante los poderes fácticos y la burguesía, pero la perdió ante miles de luchadores. El único partido de masas que había sobrevivido al franquismo, empezó a descomponerse y escindirse en multitud de grupos y fracciones. Luego vino la debacle electoral en la que el recién aparecido PSOE se convirtió en el principal referente de la izquierda. En 1982, acosado por la crisis interna, abandonó la dirección y dos años después fue expulsado, fundando un efímero PT, que le sirvió de plataforma para negociar su reingreso en la socialdemocracia, donde se convirtió en un cadáver político. El resultado de la "modélica" transición fue la desorientación política del movimiento obrero, y un profundo retroceso de la conciencia de clase, que ha durado hasta nuestros días. En los últimos capítulos de su vida, el "comunista" Santiago Carrillo, siguió siendo un entusiasta defensor de la monarquía y del régimen capitalista democrático que había ayudado a crear. Nunca tuvo una sola palabra de autocrítica. Cuando le preguntaban sobre su responsabilidad en los asesinatos de Trotsky, o Andreu Nin, o la persecución del POUM y del anarcosindicalismo, siempre negó cualquier responsabilidad (aunque algunas investigaciones lo colocan en el centro); después, en determinados círculos, repetía las viejas patrañas estalinistas. La causa de su éxito fue siempre el haber sabido en cada momento dónde estaba el poder y doblegarse ante él, fuera Stalin o el gran capital. Su muerte coincide con los primeros síntomas de agotamiento del régimen que él ayudó a crear. La monarquía, las corruptas instituciones pseudodemocráticas y la reaccionaria Constitución de 1978 hacen aguas por todas partes. Su desaparición ha sido recibida con indiferencia por la juventud y los trabajadores, y no pesará un gramo en el actual ascenso de la lucha de clases. Barcelona, 25 de septiembre de 2012 1. Mucho se ha hablado del "trotskismo" de las Juventudes Socialistas, pero esto sólo fue una verdad a medias. Aplaudieron la propuesta de frente único socialista-comunista en Alemania para frenar el ascenso del nazismo. Consideraban a Trotsky colíder, junto a Lenin, de la revolución rusa, pero estaban convencidos de que en la URSS se seguía construyendo el socialismo bajo la batuta de Stalin.

EXCLUSIVO DE INTERNET El 20 de septiembre pasado, el kirchnerismo logró la mayoría de los votos para aprobar en la comisión del Senado el pliego de 34 postulantes a jueces, fiscales y defensores oficiales propuestos por el Poder Ejecutivo. Entre esos pliegos, se encuentra el de Luis Rodríguez, el juez que instruye la llamada "causa de las coimas", conexa a la que investiga el crimen de Mariano Ferreyra. Allí, José Pedraza y el vicepresidente del Belgrano Cargas y contador general de la Unión Ferroviaria, Angel Stafforini, se encuentran procesados junto a otras tres personas por intentar sobornar al tribunal de la sala III de la Cámara de Casación. Su objetivo era obtener la excarcelación de los primeros detenidos por el crimen de Mariano y asegurar así la libertad de Pedraza. El ascenso de Rodríguez para ocupar un juzgado federal fue impugnado por organismos oficialistas como el Cels y Abuelas de Plaza de Mayo, que apuntaron fundamentalmente a las irregularidades del concurso en el que fue seleccionado y a su actuación en el caso de Mariano. Sobre su intervención en la causa de las coimas, el texto de la impugnación señala "su pobre desempeño" y su "escaso interés" por realizar una investigación "diligente en uno de los casos más relevantes de los últimos años para la justicia argentina". "Las dilaciones provocaron la pérdida de una prueba sumamente valiosa, como la posibilidad de acceder al contenido de los mensajes de texto de los imputados. Resulta sugestivo que recién el pasado 10 de septiembre, a una semana del tratamiento en el Senado de su pliego para ocupar la vacante de juez federal, Rodríguez haya procesado a algunos de los imputados". Rodríguez demoró ocho meses en hacer lugar a las indagatorias solicitadas por el fiscal Abraldes en mayo de 2011. Finalmente, se realizaron pocas semanas atrás. Además, Rodríguez no reconoció como querellantes ni a la madre de Mariano y ni a las demás víctimas de la agresión de la patota ferroviaria, lo cual fue revertido en Cámara. Rodríguez fue uno de los protagonistas del largo y escandaloso concurso 140. Se sospecha que conocía el examen de antemano. Integró la terna pactada entre kirchneristas y macristas en el Consejo de la Magistratura en noviembre del año pasado, que le permitió a los macristas colar un candidato propio a la Justicia federal. También se lo vincula con agentes de los servicios de inteligencia y con el lobbista del Poder Judicial y auditor de la Nación, Javier Fernández. El candidato tuvo que atravesar una audiencia pública en el Senado. Los senadores radicales tomaron algunos de los cuestionamientos formulados por el Cels. Los kirchneristas, por su parte, lo cubrieron de elogios. Para Página/12, en cambio, fueron "poco incisivos". Una vergüenza. La votación en la cámara alta se realizará el próximo 3 de octubre. El Cels denuncia -con toda razón- al postulante, pero no dice una palabra sobre sus promotores del gobierno nacional. Y eso que considera la selección de magistrados como "uno de los actos de gobierno más trascendentales del sistema democrático". Apoyamos la impugnación a Rodríguez, denunciamos el copamiento K de los tribunales federales y sus pactos con la derecha macrista.

Una lucha de tres semanas, primero contra despidos de temporarios y ahora contra la rebaja del 16% (viáticos y extras), ha derivado en la huelga general y ocupación de la torre central, por parte de los seis mil trabajadores del ministerio. La rebaja de Scioli y su ministra De Lucía, supera a aquella famosa de Cavallo del 13%. La semana pasada se movilizaron dos mil compañeros a la Gobernación. Cortes de calles, asambleas permanentes y retención de tareas se suceden cotidianamente en los distintos edificios de Educación en la ciudad de La Plata. La combativa junta interna de ATE Educación, a la cabeza del conflicto, viene dando pelea al ajuste de la flamante ministra Nora De Lucía. La enorme movilización ha obligado al gobierno a retroceder con 126 despidos de la planta temporaria, pero luego arremetió dejando en la calle a 14 contratados. Tras cartón, De Lucía anunció una reducción de las partidas presupuestarias de viáticos y horas extras, lo que significa una merma sustancial del salario. Luego de una asamblea de mil compañeros, se decidió llevar el reclamo a Scioli -quien viene llevando un ajuste provincial silencioso, luego del recule del pago del aguinaldo en cuotas. Hay un vaciamiento casi completo de ministerios como el de Desarrollo Humano, el cual prácticamente se ha quedado sin ninguna operatividad. La misma característica se da en Asuntos Agrarios, Obras Públicas y Salud (lo que ha dejado sin insumos básicos a los hospitales), con la obra social Ioma que pone en peligro la prestación de sus servicios ante el no pago a sus proveedores. El ajuste de Scioli ahora viene de la mano de la tregua con Mariotto -es decir con el ala kirchnerista pura del gobierno, por más que su "relato" lo oculte. Este punto queda claro cuando no hay ni una sola línea de declaración de sus funcionarios, lo que así resulta contrario al supuesto portazo de la ex ministra "renunciante" Gvirtz contra el ajuste sciolista. Si callan, es porque otorgan. El viernes 21 de septiembre se congregaron dos mil compañeros para llevar el petitorio con los reclamos a la gobernación y pedir una urgente audiencia con el ejecutivo provincial. Luego, se realizó una asamblea en las escalinatas de la DGCE, pues no había espacio en el interior del edificio para semejante cantidad. Los gremios como UPCN y Soeme -uno de la CGT oficialista y la otra del moyanismo- acuden a la movilización arrastrados por el aluvión estatal, pero sólo se limitan a "avalar" las medidas, lo cual explica el éxodo masivo de sus afiliados hacia ATE. Ante la vasta reacción de los trabajadores, la ministra De Lucía, conocida por ser brutalmente anti-obrera, endureció el conflicto al retrucar con una rebaja salarial superior a toda previsión en su propio ministerio. Quiere ganar autoridad para el ajuste en toda la provincia. Con estos métodos, pretende juntar los 1.100 millones de pesos que le faltan para pagar los sueldos y aguinaldo de diciembre. Educación es la nave de proa del ajuste provincial. Por eso, la lucha de sus trabajadores debe ser la nuestra. Exigimos un inmediato plenario provincial de delegados de todos los gremios de la CTA, para llenar de concurrencia y solidaridad a los compañeros de la DCGE y trazar un plan de acción general contra los recortes en marcha. No es lo que ha hecho ATE hasta ahora, al contrario: en un plenario ni colocaron el punto. Pero la marea puede pasarlos a ellos también por arriba: acá no se trata de "acumular" para el FAP, sino de quebrarle el brazo a De Lucía y a Scioli, a Mariotto que mira para otro lado y a Cristina que descarga la crisis de su propia política en las provincias. Está planteada la huelga general de Educación, con piquetes y movilizaciones de tal suerte que se paralice la dependencia hasta lograr el objetivo. Todo ATE tiene que estar comprometido en esta patriada. Laura Kohn Tribuna Estatal

El gobierno del Partido Popular abrió un proceso penal contra miembros de las dos plataformas de luchadores, porque han convocado a una manifestación para rodear simbólicamente el Congreso de los Diputados el 25 de setiembre. Se les acusa "de acuerdo con los dispuesto en el artículo 486 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como responsables de un presunto delito contra altos organismos de la nación", el cual se castiga con la pena de prisión de seis meses a un año o una multa de doce a 24 meses a los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de una Comunidad Autónoma cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento". Semejante legislación integra lo que se llama "la transición española". La plataforma “¡En Pie! Ocupa el Congreso” y la “Coordinadora 25S” -ambas vinculadas al movimiento 15M- vienen organizando esta manifestación desde mediados de agosto. Una acción que consiste en rodear el Congreso el 25 de setiembre. Originariamente, la convocatoria era única, pero se han separado por un confuso episodio de supremacía, alentado por el periódico Público. La plataforma “¡En Pie!” plantea, entre otros, la dimisión del gobierno y la disolución de las Cortes y de la jefatura del Estado -ejercida por el rey Juan Carlos-; la apertura de un proceso constituyente democrático; la auditoría de la deuda pública de España con una moratoria; la reforma de la ley electoral para facilitar un proceso constituyente democrático; la derogación de los recortes sociales y de las reformas contra el Estado de bienestar, y la paralización inmediata de los desalojos de las viviendas. Por su parte, la Coordinadora 25S ha hecho un manifiesto genérico contra el capitalismo y llama a rescatar al Congreso de manos de los políticos. La separación en dos plataformas no ha roto la unidad de acción ni ha socavado de momento la coordinación de las manifestaciones previstas. El gobierno de Madrid acusa a la manifestación de "golpista" y de sediciosa. Intenta trazar una línea divisoria clara entre estas movilizaciones del 25S y las convocadas por la Unión General de Trabajadores (UGT) y por las Comisiones Obreras (CCOO) -que agrupan a un centenar de organizaciones sociales bajo la denominación de Plataforma Social-, con el argumento de que los sindicatos tienen servicios de orden propios, en tanto el 15M y los movimientos del 25S están infiltrados por extremistas "antisistema". Los dirigentes de UGT y CCOO se limitan a plantear un referéndum sobre las reformas y los recortes del gobierno, pero no su caída y una Constituyente. Los dirigentes sindicales habían presentado su planteo ante el rey a principios de agosto, para crear una cortina de humo con la cual velar el levantamiento de la huelga de los mineros del carbón, precisamente entre el primero y el seis de agosto. Tanto la UGT como las CCOO habían bloqueado la posibilidad de una convergencia de las luchas de los trabajadores del sector público y del carbón. El levantamiento de la huelga de los trabajadores del carbón fue apalancado por las direcciones sindicales, aún a sabiendas de que el gobierno no cedería ni un milímetro en sus posiciones. El sector crítico exigía la convocatoria a una huelga general inmediata, en oposición a la solicitud del referéndum. Durante la concentración del 15 de agosto convocada por la UGT, por las CCOO y por la Plataforma Social, la policía obligó a los portadores de una pancarta del 15M a identificarse. Al día siguiente de esta manifestación, el 16 de agosto, la policía obligó a identificarse a unos 40 activistas de la Coordinadora 25S reunidos en el Parque del Retiro en Madrid. El jueves 20 comenzaron a llegar las citaciones judiciales a tres activistas identificados el 15 y a otros cinco identificados el 16. Está claro que la delegada del gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha montado una provocación contra los organizadores del 25S, para extender los mecanismos del fuero antiterrorista contra la protesta social. Queda de manifiesto el temor del gobierno a la consigna de destitución del gobierno y a la convocatoria de una Constituyente. Ni el gobierno ni los sindicatos olvidan que el 15M fue un movimiento de masas, el cual sigue con una fuerte capacidad de movilización y que ha mantenido intacta su organización en asambleas de barrios en las principales ciudades del país. Mientras la afluencia a esas asambleas se ha reducido significativamente, ha crecido el nivel de resistencia de los trabajadores a la ofensiva del gobierno. En las asambleas de barrio y en los grupos de trabajo del 15M y de la Asamblea Popular de Madrid, hay un debate profundo sobre la necesidad de una estrategia de huelga general como método de lucha. También las organizaciones de izquierda y clasistas deben sacar sus conclusiones de la situación presente. Hay quienes afirman que están presentes en este movimiento para darle "contenido de clase". Olvidan, sin embargo, que el contenido de clase implica la intervención del proletariado, pero también de un programa. A todo esto, se suma la rebelión de las regiones autónomas y de los trabajadores. No es el 25S el que cuestiona la estructura constitucional española, son las autonomías históricas: Cataluña y País Vasco. El ex presidente socialista Felipe González ha salido a la palestra el 20 de septiembre, al declarar en los medios que es necesaria una reforma constitucional que establezca un Estado federal. No es la primera vez que los políticos burgueses intentan encorsetar los problemas nacionales en un régimen federal. Pero omiten que la condición para un federalismo consecuente es la República. De otro modo, ese "federalismo" no pasaría de una modificación de las responsabilidades fiscales, bajo la tutela de la monarquía. La IV Internacional ha reivindicado siempre la Federación socialista de las Repúblicas Ibéricas, lo cual podría incluir también a Portugal. El otro aspecto es que un Estado federal o la "independencia", sometidas a la UE, sería una farsa de federalismo, pues sería un protectorado de Berlín y de Bruselas. Además del derrocamiento de la monarquía, el federalismo y la independencia solamente serían tales si van acompañadas por la ruptura con la Unión Europea. El 21 de octubre próximo, las elecciones en el País Vasco se habrán de dirimir entre el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y la izquierda nacionalista agrupada en Bildu. El PP y el PSOE se van a desmoronar. El PP puede perder las elecciones autonómicas en Galicia, también el 21 octubre, y cabe la posibilidad de que Convergencia i Unio (CiU), el partido de la gran burguesía catalana, convoque a elecciones anticipadas en Cataluña para barrer a la oposición y para renovarse en el Parlament, con una mayoría más amplia y sólida. CiU agita la soberanía para negociar un pacto fiscal, pero no tiene la menor intención de romper con las multinacionales que operan en la comunidad ni con la Unión Europea. ¿Pero cómo hará Rajoy para aflojar la bolsa fiscal cuando el Estado que preside se encuentra en bancarrota y deberá someterse, en breve plazo, al control completo de la Troika -o sea, la Comisión Europea, el BCE y el FMI?

Exclusivo de internet El lunes 17, en varios países del mundo y frente a su propia casa matriz en Missouri, se realizaron movilizaciones contra la empresa yanqui Monsanto, quien tiene el dominio mundial de la producción de agroquímicos y de semillas transgénicas. En Córdoba la movilización fue masiva. Estuvo reforzada por la inminente instalación de tres plantas de Monsanto, una de ellas en la localidad de Malvinas Argentinas -Gran Córdoba- dedicada a la producción de semillas de maíz. Las otras están proyectadas en Río Cuarto. Los vecinos de Malvinas han sido el gran motor de esta marcha contra la instalación de la planta. A este reclamo se ha sumado el rechazo a la modificación de la ley de semillas, prometida por el gobierno K a las empresas internacionales. El gobierno de De la Sota aparece a la cabeza de la defensa de la instalación de la planta; rechaza las posibilidades de contaminación con el argumento de que la planta sólo se dedicaría a la producción de semillas. Unos días de después de la movilización, un estudio internacional asegura que los alimentos resultados de manipulaciones genéticas producen cáncer en el mediano y largo plazo. El kirchnerismo local salió a atacar a De la Sota por la instalación de Monsanto; se produjeron cruces entre los ministros de Industria y de Agricultura provinciales y la rectora de la UNC, Carolina Scotto, que por ahora encabezaría la lista de diputados nacionales por el kirchnerismo. La pelea quiere ocultar que Cristina, hace casi un año, anunció y saludó desde Nueva York la instalación de Monsanto en Córdoba. Además la reciente autorización para que Monsanto monitoree el uso de su último producto y las promesas de modificación de la ley de semillas completan el vínculo estrecho entre los K y la empresa. Para completar el combo político, el intendente de Malvinas Argentinas -de la UCR- desoye las protestas de la comisión de vecinos, que reclama una consulta vinculante. Fuera Monsanto. Por la nacionalización de la producción de semillas y de los agrotóxicos bajo control de trabajadores y organizaciones defensoras del ambiente.

El frente de la Naranja (PO e independientes) y Alternativa Gremial (PCR e independientes) obtuvo casi el 54% de los votos en la elección de Mesa Ejecutiva de la Conadu Histórica, en las 22 universidades que forman la federación. Superó en más de 600 votos a la actual dirección (39%), en una votación de 5.000 docentes. Sin embargo, debido a que el sistema electoral vigente distorsiona la representación al aumentar la de las universidades con escasos afiliados, nuestra lista -Unidad Docente- queda con dos congresales menos en un Congreso de 80 delegados de todo el país. La izquierda logró imponerse a pesar de las maniobras fraudulentas incesantes de la junta electoral (mayoría oficialista) y de la dirección actual de Conaduh. Cambiaron el criterio de fiscalización histórico, no entregaron los padrones ni las fechas de elección en algunos casos hasta 24 horas antes del comicio, intentaron votar en algunos lugares fuera del período electoral y cambiaron las reglas de escrutinio una vez empezada la elección -entre las acciones más escandalosas. Este desbarranque demuestra el acierto de nuestra caracterización del grupo que gobierna con Claudia Baigorria: un rejunte sin principios, que llevó como candidata a Secretaria General a una dirigente santacruceña radical, el cual aglutina a grupos que giraron al yaskismo, al FAP y otros grupos prokirchneristas como el PC y PL. En la UBA tuvieron el apoyo vergonzante de la agrupación La Mella. La dirección actual le ha quitado a Conaduh su carácter de reagrupamiento independiente y combativo frente a la política de cooptación y división del movimiento docente por parte del Ministerio de Educación y el sindicalismo kirchnerista de la otra Conadu, Ctera, UDA y Fedun. Nuestro planteo de Congreso de Bases, con mandato de asambleas, para unificar a las asociaciones que luchan de todas las federaciones, unificando sobre nuevas bases al sindicalismo docente, ha encarnado una necesidad. El activismo giró hacia nuestra lista en numerosas universidades y pudimos explotar las crisis internas de los otros bloques políticos -tanto de la lista de Claudia Baigorria como de la tercera lista, pejotista, la que apenas alcanzó un 7%. Esta realidad se aprecia en la victoria en la Universidad de Quilmes, donde obtuvimos por primera vez todos los congresales, al igual que en Luján -la primera dirigida por el bloque pejotista y la segunda por el bloque de centroizquierda. Tenemos que destacar la apertura del trabajo de la Agrupación Naranja en Salta -donde obtuvimos un congresal-, la consolidación en Tucumán, Bahía Blanca y Misiones, así como en las ya mencionadas Quilmes y Luján. En la UBA, donde la campaña de la lista de Baigorria quedó en mano de sectores ex PC cercanos a La Mella, superamos el 82%. Incluso en lugares donde nuestra lista no logró desarrollar la campaña, igual tuvimos una buena elección, lo que refleja el repudio de las bases a la política de parálisis y adaptación de la Conaduh. De inmediato se reunirán los congresales para elegir a la futura dirección sindical. Nuestro planteo es claro: que se respete la decisión de los docentes. La unidad docente para conquistar la estabilidad y rentas para los ad honorem, vencer el cepo salarial y defender a la organización sindical independiente en unidad con el movimiento estudiantil será lo que nos guíe. Estos resultados constituyen un mandato que desde la Naranja sostendremos, tanto en la Conaduh como en las próximas elecciones de Adiunt (la asociación de base tucumana que votará su dirección local próximamente). Indudablemente, en la votación a la izquierda de miles de docentes universitarios de casi todas las provincias, está presente el rechazo al ajuste en la universidad, o a las cesantías de la UBA. Nuestra lista fue también claramente crítica de los subsidios mineros en la educación pública universitaria. El kirchnerismo dirige las universidades mediante sus trenzas y camarillas universitarias, en alianza con los radicales, el PRO y, especialmente, mediante las camarillas pejotistas de todo el país. Pero los docentes sindicalizados, los más conscientes, se sumaron al pronunciamiento que vienen teniendo los estudiantes en su votaciones de centro en la UBA.

Los trabajadores de la mina de oro de Kopanang -5.000 obreros- acaban de iniciar una huelga para exigir un aumento de salarios a la empresa Anglo Gold Assanti, administradora del yacimiento. Exigen la duplicación de sus salarios. Están en huelga, además, los trabajadores de las minas de platino y de oro de Anglo American Platinum -Amplats- y Gold Fields, iniciadas hace poco más de una semana. Tienen lugar luego del acuerdo logrado con la británica Lonmin, tercera productora de platino en el mundo. El interrogante que se hace The Economist -”¿puede el acuerdo ser contagioso?”- ya tiene respuesta (19/9). “Lonmin fue puesta de rodillas porque la huelga logró el cierre de todas sus minas con eficacia”. AMCU, el sindicato que alentó la huelga, ha salido fortalecido y uno de sus organizadores ha planteado ahora una consigna para Impala Platinum, rival de Lonmin: “Queremos 9.000 rands (1.100 dólares) al mes como salario básico en lugar de los cerca de 5.000 (rands) que estamos recibiendo” (Reuter Johannesburgo, 19/9). El “Black Economy Empowerment” Esta expresión podría traducirse como “otorgamiento de poder económico a la comunidad negra”. Con el fin del Apartheid, en 1994, el CNA -nacionalismo burgués- planteó una política de mayores puestos de trabajo, mejora del nivel de vida e injerencia en la propiedad en beneficio de la mayoría negra. Para gran parte de las masas, la situación es igual o peor que bajo el Apartheid, sólo que en el 10% de la población que se apodera del 60% de los ingresos totales aparece una nueva y poderosa minoría negra. Cyrill Ramaphosa -protagonista de la transición, miembro del ejecutivo del CNA y fundador en su momento del sindicato minero (NUM)- es, al día de hoy, un multimillonario poseedor de una compañía de inversiones y socio de la misma empresa Lonmin. Integran esta nueva elite negra Tokyio Sexwale, político y multimillonario, empresario minero socio de la Gold Mines; Patrice Monsepe, considerado por la revista Forbes como el primer y único multimillonario negro de Sudáfrica, fundador y ejecutivo de African Rainbow Minerales -una de las más exitosas compañías del período postapartheid y con intereses en platino, carbón, acero y oro. “Creo que esto vuelve a golpear al CNA, ya que nunca se propuso realmente constituir una base amplia fundada en el empoderamiento económico negro, a través de los planes de acción de los trabajadores mineros o fideicomisos comunitarios. Fue utilizado por algunas empresas como una forma de comprar influencia y clientelismo político”, denunció un abogado de la industria minera (Financial Times, 8/9). El régimen político instaurado con posterioridad al Apartheid está en crisis y Sudáfrica va camino a una situación prerrevolucionaria.

EXCLUSIVO DE INTERNET Nación y Ciudad plantean nuevas reformas en los profesorados para media y superior, a menos de cuatro años de imponer unas reformas nefastas que vaciaron las carreras de contenido disciplinar específico para priorizar una formación general, superficial, centrada en la psicología y en los sujetos del aprendizaje. El objetivo era formar docentes que no fuesen profesionales en sus disciplinas, sino contenedores de los pibes, que puedan lidiar con los problemas ("los nuevos escenarios") sin cuestionarlos. Esta política desvalorizó nuestros títulos frente a los profesorados universitarios. A su vez, las reformas dificultaron las cursadas para los estudiantes, porque aumentaron la carga horaria total de las carreras y los años, incluyeron correlatividades y trabas para cursar. El resultado fue un incremento de la deserción y un alargamiento innecesario en el tiempo que toma recibirse, cuando existe, por otro lado, una emergencia por el faltante de docentes en varios distritos. Preparan el cierre de cursos de nivel superior. Denunciamos que la nueva reforma 2012, que es nacional pero que Capital está apuradísima en cumplir, profundiza el vaciamiento de las reformas anteriores. Aumenta aún más la carga horaria de los trayectos generales en detrimento de los específicos disciplinares. Pero el mayor peligro está en que la "Homologación" iguala todas las carreras de formación docente bajo un mismo título, unificando cargas horarias, denominaciones de materias y de contenidos, para que los estudiantes puedan cursar "horizontalmente", esto es, cursar materias en forma itinerante por toda la capital. Así, habilitan desde la normativa la tarea pendiente del macrismo, que es el cierre de cursos en nivel superior. También atacan a los institutos en su autonomía, al plantear que en los consejos Directivos no debe haber paridad docente estudiantil. Van en contra del cogobierno y de la participación estudiantil. Vaciamiento y privatización, el Infod toma las recetas de la Coneau Las reformas son un apoyo directo a la educación privada en dos aspectos. Por un lado, dan validez nacional a todos los terciarios privados (léase religiosos) que se adapten a la normativa, permitiéndoles seguir con materias de teología en un 20 por ciento de la cursada. En segundo lugar, la resolución plantea la necesidad de la "formación continua" de los egresados e introduce toda una línea de posgrados pagos. El ataque a las condiciones de estudio en los profesorados y a la orientación de nuestra formación, va de la mano con el ataque a la docencia que se lleva adelante por parte del Gobierno nacional y de la Ciudad en un momento crítico para ambos: están preocupados por aplicar un ajuste tanto en la educación como en todos los niveles. En dos semanas organizamos asambleas masivas, empezamos con cortes de calle, nos movilizaciones a los rectorados y Consejos Directivos para arrancar jornadas institucionales para difundir el conflicto. y queremos reformas de los planes de estudio debatidas democráticamente en cada institución.

Al cumplirse un año y once meses del asesinato de Mariano Ferreyra, desde la LD (Lista de Delegados) hemos realizado una jornada artística en la Facultad de Artes de la UNT para pintar un mural de Mariano Ferreyra. La actividad, que comenzó muy temprano, culminó con las proyecciones de los videos del Ojo Obrero sobre Mariano. Pese a la lluvia, el evento contó con una gran participación y compromiso de estudiantes de distintas carreras. Al calor de las pintadas de los murales se está preparando el acto festival en plaza Independencia para el 27 de septiembre. El mismo contará con la presencia del "Cabra", de Las Manos de Filippi, y otras bandas locales como Karma Sudaca, Skaraway, Mity-Mity y Mano e Mono, entre otras. Las adhesiones y las actividades artísticas por la causa de Mariano siguen creciendo y no van a parar hasta lograr la condena efectiva a Pedraza y todos los responsables.

Después de tres meses y medio de conflicto, el gobierno de Dilma Roussef consiguió quebrar la huelga de los empleados públicos federales (más de 1,8 millón de trabajadores) mediante represión, descuentos salariales, amenazas de despidos y división del movimiento sindical. El reajuste concedido (15,8% hasta 2015) -bien abajo del mínimo del 22% reclamado por los sindicatos- fue aun así superior a la propuesta inicial del gobierno, que terminó negociando con los sindicatos en huelga -lo que había jurado no hacer. El gobierno “ahorró” el 1% en salarios -300.000 millones de reales o 150.000 millones de dólares anuales-, que ya destinó al pago de la deuda pública con los grandes bancos. La “victoria” gubernamental tuvo el duro precio de “quemar” a sectores enteros de la burocracia sindical petista -en el caso de las universidades federales, prácticamente la destruyó-, además de abrir un foco (inédito en diez años) de choques entre esa burocracia y el gobierno. Toda la prensa, incluso la más derechista, apoyó al gobierno durante el conflicto, el cual paralizó al Estado -la Policía Federal llegó a desfilar en las calles con banderas que decían: “El tráfico (de drogas) está liberado”. La huelga de los estatales fue, por eso, apenas el prólogo de un episodio mayor de la lucha de clases. Con la economía en picada -la caída de la actividad industrial fue de un 5,3% en el último trimestre, la cuarta caída consecutiva-, el gobierno repite la fórmula de concesiones impositivas al gran capital para evitar el colapso económico, con una desgravación prevista para el año de 15,2 mil millones de reales, de los cuales casi la mitad -7,2 mil millones- corresponden a un nuevo 20% de rebaja en las cargas sociales de los salarios. Además de proyectar financiamientos al sector privado -“inversiones público-privadas”- del orden de 190.000 millones de reales para el año 2013. El gobierno proyecta un mazazo violento en el gasto público a ser decretado -“legislado”- antes de fin de año, con ataques violentos a la salud pública, la legislación laboral y, principalmente, la previsión social. De manera imprevista, las luchas sindicales -así como los conflictos con sectores agrarios y populares, incluso de la juventud de las barriadas pobres- tienen una proyección política directa en las elecciones municipales de octubre. En ocho capitales, los candidatos de la coalición de gobierno (PT/PMDB y un sinfín de siglas de chorros diversos) no llegan ni al segundo turno. La oposición “burguesa”, como el PSDB, no la lleva mejor. En algunos casos -Belém, al norte-, la izquierda capitaliza la descomposición política. En el caso más importante -San Pablo, bastión del PSDB-, el candidato “tucán”, el eterno presidenciable José Serra, realiza una campaña lamentable que anuncia su inminente jubilación política. El candidato petista, un ignoto académico, no consigue superar el 15% de las intenciones de voto. La descomposición política paulista es aprovechada por un ex animador de programas televisivos pornográficos/mondo cane, candidato (justa y apropiadamente) de una coalición de partiditos de las iglesias evangélicas -la “Universal del Reino de Dios”, en primer lugar. San Pablo es el tercer presupuesto del país. Lo que se insinúa en la “capital de la garúa” es la descomposición de todo el sistema político originado en la “redemocratización” de Brasil. En ese marco, ha cobrado relevancia una crisis originada en 2005, la cual parecía superada. El caso del mensalão -un sistema de compra de votos parlamentarios durante el gobierno de Lula mediante financiamientos mafiosos offshore, envolviendo, en principio, 350 millones de reales en coimas- está siendo (re) juzgado por un Supremo Tribunal Federal (STF) cuyos jueces fueron, casi en su totalidad, nombrados por Lula, quienes ahora se le están dando vuelta -el barbudo ex metalúrgico está, finalmente, realizando un curso acelerado acerca del Estado capitalista. Entre los reos están once ex diputados: tres del PT -incluyendo al entonces presidente de la Cámara, José Paulo Cunha, ya condenado- y ocho de otros partidos de la “base parlamentaria aliada”. Los votos comprados financiaron, entre otras cosas, la aprobación de las reformas previsional e impositiva antiobreras y antipopulares del gobierno “de los trabajadores”. La defensa jurídico/político/ideológica de los intermediarios de la corrupción -que engloban a la plana mayor de la dirección del PT hasta aquella fecha, como José Dirceu y José Genoíno, ex “héroes de la izquierda” (inclusive de la “lucha armada”)- está siendo realizada, cada vez con menos convicción, por buena parte de la “izquierda” -¡inclusive, algunas “extremas izquierdas”!- que insiste en que los morlacos “por izquierda” son la consecuencia lamentable, pero inevitable, de un inadecuado sistema de financiamiento público de los partidos políticos, los que deben, por eso, recurrir a servicios mafiosos -incluyendo los asesinatos de “quema de archivo”, como el de un ex tesorero del PT e intendente de Santo André (un argumento que ya no convence ni a los familiares de los imputados). El dinero vehiculizada a paraísos fiscales externos habría sido, según esa tesis, para pagar deudas de campaña electoral de 2002, lo que puede ser -en parte- cierto: en la democracia burguesa/bonapartista no se elige un presidente sin mucho dinero del gran capital. Como argumento principal, sin embargo, provoca espasmos de risa mal contenidos hasta en los periodistas favorables a Lula y al PT. El STF se reserva, hasta el momento, la carta de implicar al propio Lula -obvio e implícito implicado- en el esquema, para actuar como árbitro último del Estado en caso de una crisis política mayor. En septiembre, sin embargo, las campañas salariales de los trabajadores del sector privado han comenzado con reivindicaciones salariales mayores que las del sector público, con huelgas y paros de bancarios y empleados de correos en la mayoría de los estados, así como también de los metalúrgicos del Gran San Pablo -ABC- y otras regiones. La clase obrera, después de casi paralizar el Estado en los últimos meses, apunta ahora al corazón económico del capital en crisis. La lucha de clases puede transformar la crisis política en una tormenta social fuera de control (capitalista).

EXCLUSIVO DE INTERNET A la nota en Prensa Obrera Nº 1.240 sobre la lucha contra la burocracia en el Ingenio San Juan en Tucumán le cabe una aclaración que considero muy importante: a la movilización solidaria del Partido Obrero y a la actuación de Atel (Abogados Tucumanos en Lucha) hay que sumarle la no menor movilización de los vecinos y familiares de obreros que tomaron tierras para vivienda, precisamente al mismo Ingenio San Juan. Tierras en medio de la ciudad que se mantienen improductivas y especulando con futuros negocios inmobiliarios. Y también hay que remarcar que es el propio sindicato el que actúa dentro de la toma para desmovilizar, desalentar y amenazar a los ocupantes. Los trabajadores del ingenio que buscan la renovación combativa para el sindicato buscaron también la unidad de las dos luchas. Y frente a la patota del sindicato los días de piquete, especialmente el día de la elección, la participación decidida de las compañeras y compañeros de la toma fue decisiva para frenar cualquier intento de la patota presente en la sede del sindicato de atacar a los trabajadores.

“Seguir luchando y haciendo música a la vez” El “Cabra”, de Las Manos de Filippi ¿Que sensación tenés al participar en este festival por el juicio y castigo a los asesinos de Mariano Ferreyra? -Siento que es mucho más útil para nuestro proyecto de banda y nuestro emprendimiento artístico ponerlo al servicio de difundir esta causa y continuar la lucha. Nos llena de alegría. Es como que nos cierra mucho más haber luchado tanto por seguir con el proyecto artístico; es como que se nos une todo y nos da fuerza para seguir luchando y haciendo música a la vez. ¿Seguís el juicio? ¿Cómo prevés que puede continuar esto? -El tema de hacer estos festivales y sacar el tema del asesinato de Mariano a la calle tiene que ver con poder cambiar o no el desenlace de este juicio. Así que me gustaría que Pedraza tenga condena perpetua y ver todo este entramado mafioso más desenmascarado, pero siempre gracias a la gente movilizándose y metiendo presión. No me quiero imaginar otra cosa. “Un orgullo poder participar” La visión de Viejo, de La perra que los parió -¿Qué significa para ustedes este festival y estar presentes? -Para nosotros estar acá es un montón. Desde el comienzo tuvimos una mixtura de letras, con temas que van de la vida misma a otras combativas y sobre la realidad social. Que haya llegado a oídos de la gente que está en las luchas sociales es un orgullo y además un honor poder participar de esta causa de justicia por Mariano Ferreyra. Nos sentimos útiles al ser parte de esta movilización. -¿Cómo les afectó el asesinato de Mariano? -Yo vengo del Estado y estoy empapado en lo que son los reclamos sociales. Que lo hayan tocado me afectó, porque lo sentí como a un delegado o representante mío que luchaba por lo que nosotros luchamos. Estoy metido en todo lo que es lucha social y me afectó mucho. -¿Qué aporte pueden hacer como músicos y artistas? -A través del rock, podés transmitir un mensaje y empapar a los pibes sobre temas de los que no están al tanto, sobre Mariano Ferreyra o Carlos Fuentealba, por ejemplo.