Prensa Obrera N° 1231

En un edificio escolar del distrito donde funcionan dos escuelas se ha organizado a la docencia combativa. Las dos escuelas se pliegan a los paros por reclamos legítimos de salario, aguinaldo, asignaciones familiares, impuesto al salario, etcétera, y para luchar en la recuperación del Suteba y, de ese modo, lograr un sindicato independiente del gobierno. El Partido Obrero y Tribuna Docente han sido un factor decisivo en este proceso. Esto se plasmó en los aportes a la campaña financiera: por ahora se han efectivizado nueve, y se han comprometido varios más. En algunos casos, los importes son bajos, manifestando el grado de adhesión a los planteos políticos, en un proceso inacabado, pero en ascenso. Vamos por los 20 aportes en la escuela y en muchos lugares de trabajo más. La visión de los problemas a superar y la fértil realidad que se nos muestra es la que nos permitirá establecer los más fuertes y extensos lazos partidarios.

EXCLUSIVO DE INTERNET El sábado 14, el Partido Obrero de Caballito realizó un festival en Parque Rivadavia para exigir justicia por Mariano Ferreyra, por el juicio y castigo a todos los responsables de su asesinato. Esta jornada cultural -donde tocaron las bandas Ayre, Los Guantes de Clemente, y la Chancha Muda-, forma parte de una campaña que el PO está desarrollando en todo el país, con el objetivo de preparar una gran movilización a los tribunales de Comodoro Py el 6 de agosto, cuando comienza el juicio a nueve integrantes de la patota que asesinó a Mariano; a Pedraza, responsable intelectual del crimen; y a la Policía Federal, acusada por la querella de liberar la zona para permitir el accionar de la patota. En el festival contamos con la participación de Claudia Ferrero, abogada del Partido Obrero, querellante en la causa, quien señaló que a pesar de que las pruebas contra Pedraza y su patota son concluyentes, es necesario preparar una gran movilización de todos los sectores democráticos del país, porque se advierte un acuerdo político entre la burocracia de la Unión Ferroviaria y el gobierno nacional. Este acuerdo se expresó en una carta enviada por Pedraza desde la cárcel de Ezeiza al congreso de la CGT, donde hace explícito su apoyo a Antonio Caló, candidato de CFK a la conducción de la Central. Ferrero indicó que podría haber un canje de apoyo político a cambio de impunidad para los asesinos. También estuvo presente Gabriel Solano, dirigente nacional del Partido Obrero. Durante el festival realizamos una invitación a todos los presentes a colaborar con esta campaña y decenas de vecinos dejaron mails o teléfonos para contactarse, para colaborar en actividades y para mantenerse informados sobre el desarrollo del juicio. El interés de los vecinos se expresó también en la venta de 45 periódicos durante el festival. El próximo paso es llevar adelante reuniones abiertas a los vecinos y trabajadores del barrio para que puedan sumarse a esta campaña. En Caballito realizaremos la primera el sábado 21 a las 17 horas, en nuestro local (Repetto 121, esquina Yerbal). Vamos por una gran movilización popular a las puertas de los tribunales de Comodoro Py el 6 de agosto. Por el juicio y castigo a todos los responsables. ¡Mariano Ferreyra, presente! Camila

En Prensa Obrera 1229, bajo el titulo "La despenalización de la marihuana", el compañero Diego Mendoza incurre en una serie de errores y omisiones que sirven para ocultar una posición medieval sobre las "drogas" y la descomposición de la sociedad. En lugar de clarificar la postura respecto a la Ley que se esta debatiendo en el Congreso de la Nación, prefiere utilizar una serie de elementos teóricos para no dar respuesta al problema cotidiano que enfrentamos un sector importante de las masas explotadas. Ante esta Ley, que definitivamente es una caja de Pandora, el Partido tiene que proclamarse por el cese inmediato de la persecución policial a aquellos que consumen cualquier tipo de sustancia. Desarrollando de esta forma una limitación a la brutalidad del Estado para con las clases populares. Cannabis Esta científicamente comprobado que el Cannabis Hemp es una de las fuentes naturales más importantes para la producción de papel, fibra, alimento, combustible y medicina. Se calculan en miles los productos que se pueden fabricar con su fibra y con su celulosa. Tardaríamos horas en describir los enormes beneficios del Cannabis en el aspecto medicinal y como todos los días aporta a la calidad de vida de pacientes en todo el mundo. Gracias a los estudios científicos sobre los sistemas endocanabinoides, se comprobó su utilidad en tratamientos contra glaucoma, cáncer, asma, esclerosis múltiple, psoriasis, artritis, reuma, etc., etc. Se la está comenzando a considerar incluso, como la puerta de salida (no de entrada!) en tratamientos contra drogas duras como el paco o la cocaína. Tenemos que pronunciarnos por la despenalización del cultivo de Cannabis para uso personal. Y por supuesto por la libertad a todos los cultivadores presos, y por el cese de su persecución. El problema de fetichizar la mercancía, en este caso las "drogas", no permite comprender y dar una respuesta a este fenómeno muy complejo. Esta claro que el capitalismo esta en descomposición, que la brutalidad que se vive de forma cotidiana es muestra de ello, y que todo indicaría que si los trabajadores no tomamos el poder probablemente nos quedemos sin tierra fértil, agua dulce, combustible, etc. El capitalismo es barbarie, lo fue desde su nacimiento y lo seguirá siendo hasta su muerte. En todo caso el problema es el capitalismo, no las drogas. ¿Que entendemos por "droga"? Drogas en el capitalismo abundan, pero las más peligrosas en este caso no son las "ilegales" sino las drogas avaladas por los poderosísimos laboratorios que se han ocupado de destruir y adormecer sistemáticamente la salud del mundo, inventando enfermedades, ocultando curas, para imponer su cura a un precio usurario, privilegiando la salud privada por sobre una política de salud pública. ¿Es lo mismo el paco que el peyote, el alcohol que el Alplax, la marihuana que la cocaína, el Rivotril que el tabaco? Diego Mendoza no cuestiona el monopolio de los laboratorios que manejan el comercio de las drogas legales. Drogas, que al igual que las "ilegales", suelen tener efectos devastadores sobre sus consumidores. El consumo de este tipo de drogas legales (Alplax, Valium, Xanax, Rivotril, etc.) es apañada por el Estado a través de sus hospitales psiquiátricos... los resultados están a la vista. El prohibicionismo que defiende el Partido es una herramienta sumamente peligrosa, ya que no se basa en una educación de las masas a través de la ciencia, el arte y la cultura, sino en poner en la "ilegalidad" sustancias o "drogas" que existen y se consumen, nos guste o no; similar a lo que ocurre con la prohibición del aborto. El capitalismo no solo embrutece y esclaviza a través de las drogas, legales e ilegales; lo hace con cada una de las manifestaciones de la vida cotidiana (el trabajo, el tiempo libre, las relaciones humanas), convirtiéndolas en mercancías ajustadas a su propio beneficio. El Partido se debe un debate serio respecto de la política sobre drogas, pero este no puede comenzar con un planteo prohibicionista. No podemos tapar el sol con las manos, tenemos que enfrentar los problemas de las masas con seriedad y conocimiento. PD: Soy consumidor de Cannabis hace más de 10 años, los últimos 5 lo hice a través del autocultivo. Bajo ningún concepto creo que la Marihuana embrutece, como no embrutece nada que uno consuma con cuidado y conocimiento. He sostenido durante los últimos 5 años una militancia sindical que en ninguna forma se ha visto dificultada por mi consumo. Como militante, constructor del Partido Obrero y cultivador de Cannabis pido que se nos permita, a los compañeros que no compartimos la posición del Partido, abrir un debate fraternal.

El 14 de julio, aniversario de la gloriosa Revolución Francesa, Siria está viviendo una revolución popular que se caracteriza por la acción de masas y que enfrenta a la feroz represión asesina realizada por el régimen de Assad. La lucha popular en Siria es generalizada. Manifestaciones, grandes y pequeñas, tienen lugar en todas partes de Siria. El régimen, utilizando el pretexto manifiestamente falso de la "lucha contra los terroristas financiados por extranjeros", está cometiendo una atrocidad tras otra, en las ciudades y pueblos de todo el país. Al mismo tiempo, hay claros indicios de que el régimen de Assad está comenzando a desintegrarse, con deserciones que van desde los soldados rasos hasta los pilotos, jefes militares y diplomáticos. A nivel de base, hay informes sobre huelgas de comerciantes. No pueden estar muy lejos las huelgas de trabajadores. Desafortunadamente, el movimiento organizado de trabajadores sirios carece de independencia del régimen. El autodenominado Partido "Comunista" Sirio -ambas facciones- se alió con el régimen en contra de los trabajadores sirios. Para que los trabajadores sirios tengan peso en la sublevación, tendrán que coordinar sus esfuerzos fuera de los canales oficiales. Junto a los "Comités Locales de Coordinación", deberán conformarse comités de coordinación obreros. Por supuesto, las potencias de la Otan, los reyes y los emires del Golfo, y los ocupantes sionistas de Palestina están interviniendo lo mejor que pueden, en secreto, con la esperanza de proteger sus intereses egoístas. Rusia y China están haciendo exactamente lo mismo. La "intervención" que está faltando es el poder de la clase obrera internacional y de la revolución árabe, que también tienen "intereses" en Siria: los intereses de la democracia, la libertad y el poder del pueblo. El Estado sirio es uno de los productos de la pos Guerra Mundial I: la partición colonial del Imperio Otomano. Sykes-Picot y el Mandato de la Liga de las Naciones dio lugar a los Estados artificiales del oriente árabe, cuya función principal era impedir la unificación de esa zona sobre una base democrática. El principal beneficiario de esta partición fue la colonización sionista de Palestina. Sin embargo, los regímenes árabes "regionales" -"qutri"-, incluso aquellos que proclamaban el "nacionalismo árabe", han impedido la unificación de los árabes, y de otros pueblos del Oriente Medio, en lucha por la democracia y la modernización. Estos regímenes "qutri" han actuado como opresores directos de sus propios pueblos y como garantes de la dominación sionista de Palestina. La política de la OLP -de "no intervención en los asuntos internos de los Estados árabes"- siempre perjudicó los intereses de los refugiados de Palestina y la lucha por una Palestina libre. El régimen sirio de Hafez Assad hizo el trabajo sucio del imperialismo, en los momentos más críticos, en el Líbano, en contra de la causa de Palestina. El régimen de Bashar al Assad, desempeñó un rol en la llamada "guerra contra el terror" imperialista. Las revoluciones árabes que comenzaron en Túnez y que se extendieron a Egipto, a Yemen, a Libia y a Bahrein prometen sacudir el status quo opresivo en el oriente árabe y en Africa del norte. En todos los países los problemas sociales y políticos se presentan en diferentes formas. Pero en todos las masas populares enfrentan sustancialmente problemas comunes: la falta de un régimen político democrático, la sumisión al imperialismo, el subdesarrollo económico, la opresión de las mujeres, la opresión étnico-nacionalista e islamista a las poblaciones no árabes y no musulmanes. El pueblo de Palestina sufre, además de estos, también los problemas de la dominación colonial de asentamientos y la limpieza étnica. La necesidad de la solidaridad internacional con las revoluciones árabes se sintió en la forma más desesperada en Libia. Muchos de los movimientos internacionales de "solidaridad" boicotearon a los insurgentes libios con falsas pretensiones "anti-imperialistas". La "izquierda" terminó apoyando el régimen políticamente desacreditado de Gadafi, y abandonó el campo de la "solidaridad" a Estados Unidos y a sus aliados de la Otan. Ahora, nuestros impotentes "anti-imperialistas" se quejan de que Libia no le salió tan bien. La lección que parecen estar aprendiendo de su política en ese país es: "vamos a hacer lo mismo en Siria. Vamos a boicotear la revolución Siria. Entonces, podremos culpar a los imperialistas". Ante la falta de una dirección de la clase obrera, la revolución democrática en Siria corre el riesgo de salirse de los rieles y de ser llevada al olvido por parte de islamistas y nacionalistas étnicos. Los trabajadores y los campesinos oprimidos de Siria necesitan de la solidaridad y merecen la solidaridad. Todos los esfuerzos deben hacerse para llegar a las organizaciones de base de los insurgentes. Todos los esfuerzos deben hacerse en favor de la democracia y fortalecer las corrientes de la clase trabajadora en la revolución Siria. Todos los esfuerzos deben ser hechos para que cuando venga la victoria revolucionaria -y vendrá- se establezca un régimen democrático. El único garante real de la democracia para las masas populares será un gobierno de trabajadores y campesinos. Así, el 14 de julio, vamos a tomar una posición y proclamar alto y claro: ¡Adelante por la libertad, la igualdad y la solidaridad! ¡Por la victoria de la revolución en Siria! ¡Solidaridad con los trabajadores y campesinos!

Los datos oficiales de las elecciones mexicanas coronaron como ganador al candidato del PRI, Peña Nieto, que superó por seis puntos al centroizquierdista López Obrador, y que relegó al tercer lugar a Josefina Vázquez Mota, la candidata del partido de Gobierno. Los doce años de gestión (Fox y Calderón) arrojan un balance lapidario: el salario mínimo es de 150 dólares, la mitad de los trabajadores se encuentran por debajo de la línea de pobreza, se registra un 60% de trabajo informal, 28 millones de personas no tienen acceso a una alimentación adecuada y el estratégico sector petrolero -que representa el 40% del presupuesto nacional- se encuentra en decadencia, y su producción en declinación acompaña a la destrucción de la estatal Pemex. A esto se suman 60.000 muertos, el saldo provisional de la salida del ejército a las calles desde 2006 para "enfrentar" el narcotráfico, una política que atomizó a los cárteles de la droga, pero que reforzó su poder de fuego y transformó a Ciudad Juárez en la urbe más peligrosa del mundo. López Obrador Para el recambio político, los caciques del PRI acordaron ungir como candidato a Enrique Peña Nieto, quien fuera gobernador del Estado de México. Fue instalado directamente desde los medios (el diario The Guardian ha revelado documentos que prueban un plan de la cadena Televisa para promover su figura). La versión más difundida lo presenta como una prenda de negociación con los narcos, en una suerte de imitación de la política de "seguridad democrática" de Colombia -a tal efecto contrató a Oscar Naranjo, hombre de la DEA y pieza clave del Plan Colombia, cuya única diferencia con la política actual es táctica: propone una política de abatimientos selectivos. Su programa plantea la privatización de Pemex. López Obrador (PRD), a quien la derecha le arrebatara la presidencia mediante el fraude en las elecciones de 2006, se deshizo en esfuerzos para despejar los resquemores de la burguesía mexicana por su pasado "populista": prometió una "república amorosa" y firmó un compromiso junto a los otros tres candidatos -días antes de los comicios-, de "respetar los resultados electorales". Esta línea se sostuvo incluso cuando denunció fraude y exigió un recuento, puesto que se limitó a una apelación ante la Justicia como un modo de mantener lazos "(con) los jóvenes y sus bases más radicales" ( Clarín, 4/7 ). Los caciques del PRD, como ya ocurrió en elecciones anteriores, se han conformado con haber conservado una votación plebiscitaria en el Distrito Federal y con haber conseguido una fuerte representación parlamentaria y gobernadores de Estado. La compra de votos, por parte de los jefes del PRI, habría alcanzado la friolera de 5 millones, por medio de tarjetas de consumo que se usaron luego en los supermercados. López Obrador está repitiendo lo que hizo en 2006, cuando liquidó el movimiento de masas que se había desenvuelto contra el fraude y cuyo fantasma despierta todavía hoy el temor de la burguesía mexicana. López Obrador decidió ignorar en su campaña un tema tan sentido como el de la violencia, que caracteriza como "subproducto de la pobreza y la desigualdad" ( El País, 28/6 ), y no como un negocio capitalista gigantesco, que vincula al narcotráfico con el poder político -sobre todo municipal y estadual- y económico -los bancos-, con la policía y las fuerzas armadas, y como un método de dominación política que une la intimidación de las masas con su embrutecimiento y la atomización popular. En marzo, antes de que corriera toda esta agua bajo el río, Joe Biden -el vicepresidente de Barack Obama- había evaluado, en sendas reuniones, a los tres principales candidatos. Allí se habría asegurado la continuidad de políticas estratégicas, como la injerencia de la DEA en la guerra contra el narcotráfico, el control de la inmigración y la vigencia del tratado de libre comercio (AFP, 23/6). Entre los numerosos intereses estadounidenses en juego se encontraban los 1.000 millones de dólares del Plan Mérida, que Estados Unidos aporta para la guerra contra los cárteles. La nueva situación política La mayoría de los analistas políticos coincide en caracterizar que el regreso del PRI es el resultado del fracaso de Calderón en su política antidrogas y de los 60.000 muertos. Si están en lo cierto, Peña Nieto es un candidato de compromiso de la burguesía que lucra con el narcotráfico. El regreso del PRI también se encuentra precedido por la desmovilización política de las masas que López Obrador realizó en 2006. Peña Nieto pretende llevar adelante la privatización de Pemex, una mayor flexibilización laboral y una reforma fiscal. Deberá tender puentes con el derrotado PAN, dado que no cuenta con mayoría propia en el Congreso. A la vez, la privatización de Pemex y la flexibilización laboral plantearán a Peña Nieto un choque inevitable con los trabajadores. Lo cierto es que las masas mexicanas ofrecerán resistencia. El poeta Javier Sicilia encabezó una movilización enorme al Distrito Federal contra el narcotráfico y denunció la complicidad del Ejército y del poder político. La juventud también ha ingresado en escena. El Yosoy132 En un escenario de postración política de los candidatos ante el imperialismo, fue noticia la emergencia de un gran movimiento de la juventud. En abril, un grupo de 130 alumnos de la universidad Iberoamericana repudió la visita de Peña Nieto; al poco tiempo ya se agrupaban otros miles con ellos, tanto de universidades públicas como privadas. El movimiento -conocido como Yosoy132- actúa como una reacción frente a la corrupción del régimen político, a la falta de horizontes para la juventud, y al rechazo a la llamada guerra contra el narcotráfico. Los blancos del movimiento son la candidatura de Peña Nieto y los monopolios mediáticos como Televisa y TV Azteca. El movimiento ha protagonizado protestas de hasta 15.000 personas, y tiene una extensión nacional. Desde un punto de vista electoral, sus críticas a Peña Nieto han sido capitalizadas por López Obrador. El Yosoy132 es un movimiento socialmente heterogéneo, con un enorme despliegue en las redes sociales y con consignas acotadas a aspectos democráticos, como la democratización de los medios, el derecho a una información objetiva y a un proceso electoral transparente ( Le Monde, 27/5 ). Aunque la situación económica aparece como una preocupación, el movimiento difiere de los indignados españoles en que adolece de un planteo anticapitalista. Su mérito consiste en haber volcado a la juventud mexicana a las calles, como ya ocurre en decenas de países.

Las evidencias de la existencia de una partícula que la ciencia viene buscando hace décadas han conmocionado no sólo el ambiente científico. La comprobación en términos empíricos de la existencia del bosón de Higgs -más conocido como "la partícula de Dios"- significa un paso importantísimo para desentrañar las leyes que gobiernan el funcionamiento del universo, los enigmas que encierra la materia y, en particular, el mundo subatómico. Entre quienes se han sumado a la catarata de elogios y muestras de reconocimiento, encontramos a la Iglesia. El portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan Antonio Martínez Camino, celebró: "bienvenida la 'partícula de Dios'"; y aseguró que "la teología no se va a derrumbar si se encuentra o no el bosón de Higgs" (Europa Press). "Llama la atención -agregó- que los físicos hablen mucho de Dios -cuando se refieren a la 'partícula de Dios'- al tiempo que algunos dicen que en la ciencia no hay lugar para Dios". No obstante, la física -según sus palabras- "nunca" podrá dar una respuesta "del todo terminada" a la pregunta de por qué existe algo en vez de nada, porque "no tiene instrumentos para ello". La partícula "maldita" La euforia de la jerarquía eclesiástica, tiene, sin embargo, patas cortas. El propio Higgs, a quien le molesta que la partícula lleve su nombre -pues en su descripción participaron otros científicos- "tampoco está de acuerdo que le llamen 'partícula de Dios', como es popularmente conocida, debido a que se declara ateo" (El Pais, 5/7). Esta denominación tampoco es aceptada entre los científicos. Por ejemplo, Pauline Gagnon -miembro del equipo de Atlas del Cern- dijo a la agencia Reuters: "el bosón de Higgs no está dotado de un significado religioso. Es ridículo llamarlo así". El científico Oliver Buchmueller, en tanto, es categórico al señalar que llamarlo de esta manera "es completamente inadecuado... No tiene nada que ver con Dios" (idem). La denominación, como se la identifica en la actualidad, proviene los años 90, cuando Leo Lederman, un premio Nobel, decidió escribir un libro de divulgación sobre la física de partículas. En el texto, Lederman se refería al bosón de Higgs como "The Goddamn Particle" ("La partícula maldita"), a raíz de lo difícil que resultaba detectarla. El editor del libro, en un desastroso arranque de originalidad, decidió cambiar el término "The Goddamn Particle" por "The God Particle"; de ese modo, "La partícula maldita" se convirtió en "La partícula de Dios". Oportunidad y antecedentes No es la primera vez que la Iglesia apela a algún artilugio para tratar de levantar su imagen, en momentos de crisis como la actual. Uno de los antecedentes de esta "lavada de cara" tuvo como protagonista a Stephen Hawking, el más prominente físico vivo contemporáneo. En la búsqueda de presentarse con una actitud "abierta" -un aggiornamiento a los nuevos tiempos-, el Vaticano, bajo el entonces Papa Juan Pablo II, había decidido invitar en 1981 a un grupo de expertos para que la asesorasen sobre cosmología. Dicha iniciativa coincidía con el "mea culpa" de la Iglesia por la persecución despiadada de la que había sido blanco Galileo Galilei -arrepentimiento que llegaba, agreguemos, 300 años después de ocurrido el hecho. Al final de la conferencia, los participantes concurrieron a una audiencia con el Papa quien dijo que estaba bien estudiar la evolución del universo después del Big Bang, pero que no se debía indagar en el Big Bang mismo, porque se trataba "del momento de la Creación y por tanto de la obra de Dios". En otras palabras, el Papa pretendía establecer una suerte de división de funciones y, al mismo tiempo, de complementariedad entre el mundo científico y el clero. Al primero le estaba asignado la tarea de explicar la evolución del universo del Bing Bang en adelante, mientras que a la Iglesia le estaba reservada la explicación del origen, del estallido original, del momento del nacimiento del universo, lo cual sería el resultado de una voluntad y decisión divinas. Lo que omitía o desconocía el Papa es que en la teoría física moderna, que tiene mayor consenso entre los investigadores actuales -y de la cual uno de sus artífices es, precisamente, el propio Stephen Hawking-, se prescinde del concepto de principio. Según palabras de Hawking, dicha interpretación teórica sostiene "la posibilidad de que el espacio-tiempo fuese finito, pero no tuviese ninguna frontera, lo que significaría que no hubo ningún principio, ningún momento de la Creación" (extraído "Historia del tiempo"). La ciencia se ha encargado de ir haciendo caer cada una de las barreras y tabúes en lo que respecta al funcionamiento de la naturaleza. En esos límites se atrincheró la Iglesia, el principal bastión ideológico de la reacción y del oscurantismo a lo largo de la historia. Precisamente, la teoría del Bing Bang termina por tirar abajo uno de los últimos reductos históricos del pensamiento clerical que hunde sus raíces en la escolástica y la lógica aristotélica, que plantea la existencia de una causa última -o "primera ", según el pensador griego-, que explicaría los movimientos posteriores y que la Iglesia se encargó de asociar con la mano de Dios. Del mismo modo, las evidencias sobre la existencia de la partícula de Higgs plantean que no hay que recurrir a ninguna fuerza exterior para explicar la materia que nos rodea y de la que también estamos constituidos y somos parte. La hipótesis de Higgs consiste en la presencia de un "campo" que penetra todo el espacio -el universo- con el que interaccionan casi todas las partículas elementales. "Aquellas partículas que experimenten una interacción intensa con este campo serán partículas muy masivas, mientras las que lo hagan levemente serán ligeras" (El País, ídem). El grado de interacción explicaría la gran disparidad en la masa que se ha constatado en las diferentes clases de partículas elementales que se ha ido identificando en las últimas décadas. A los fines de hacer más accesible una comprensión, podríamos imaginar este campo como una gelatina de forma apenas perceptible. Este campo que, como dijimos, invade todo el espacio, resulta prácticamente indetectable. Sin embargo, el modelo de Higgs predice que si lo agitamos con suficiente fuerza podemos producir perturbaciones en este, que serían detectables. Esas perturbaciones son la partícula de Higgs. Aunque se vista de seda... No hay "lavada de cara" que pueda disimular el carácter y la función de la Iglesia. Si hay alguien que no se engañaba al respecto era el propio Hawkings quien se refiere en forma irónica al discurso del Papa que comentamos: "me alegré entonces de que no conociese el tema de la charla que yo acababa de dar en la conferencia. ¡Yo no tenía ningún deseo de compartir el destino de Galileo, con quien me siento fuertemente identificado, en parte por la coincidencia de haber nacido exactamente 300 años después de su muerte!" (ídem). El rol reaccionario de la Iglesia se potencia en las actuales condiciones de bancarrota capitalista. El capital en quiebra no puede prescindir del concurso de la institución clerical, para someter ideológica y socialmente a los trabajadores. Más artículos publicados en Prensa Obrera sobre este tema: MAQUINA DE DIOS EL GRAN DISEÑO HAWKING, DIOS Y LA POLITICA

Por segundo jueves consecutivo, 200 jóvenes colmaron el auditorio del Centro Cultural Yatay para concurrir al ciclo de charlas organizado por la UJS sobre la historia y las perspectivas del movimiento estudiantil argentino. Pablo Rieznik sintetizó el objetivo de la actividad cuando dijo que "no pretendemos crear nada de cero, sino subirnos al caballo de un movimiento y un desarrollo histórico de más de un siglo". En su exposición, Pablo fue delineando las diferentes etapas políticas del movimiento estudiantil, desde la Reforma Universitaria de 1918, pasando por la universidad bajo los primeros gobiernos peronistas, hasta la radicalización de los años '60 y la llegada de la dictadura militar. La charla recogió la experiencia de la Tendencia Estudiantil Revolucionaria Socialista (Ters), la juventud de Política Obrera, hasta la fundación en 1972 de la UJS, que está cumpliendo 40 años de lucha socialista. Los cientos jóvenes presentes, que nos estamos incorporando a esa lucha en la etapa actual, estábamos ávidos por escuchar la historia de la UJS, por boca de uno de sus fundadores. Quedó pendiente la tarea de sistematizar toda esa historia y recopilar material bibliográfico para elaborar un curso de formación política, que podría dictarse a escala de todo el país, preparando el Congreso Nacional que la UJS realizará a fin de año. Este jueves, Gabriel Solano, otro militante histórico de la UJS, cerrará el ciclo de charlas con los desafíos y perspectivas de la actualidad.

Este miércoles 18, nuestra querida compañera Elsa Rodríguez festejó, en su casa, su cumpleaños número 58 junto a su familia y compañeros de militancia de Berazategui. La inminencia del juicio es esperada por ella y por todos con gran ansiedad. La luchadora del Polo Obrero sigue su recuperación y rehabilitación con grandes progresos. Nos sumamos a todos los saludos recibidos por Elsa en este día.

El pasado jueves 12, la decisión del directorio de Peugeot-Citroën de cerrar la fábrica de 3.500 trabajadores, en medio de la caída en picada de las ventas y beneficios, recordó a Francia y a su flamante gobierno la realidad de la bancarrota (los avatares de España habían hecho olvidar la precaria situación de los bancos franceses, al punto que la suba de la cotización de la deuda pública llevó la tasa de interés a porcentajes negativos, una vez descontada la inflación). Los empleados de la empresa quedarían en la calle, junto con otros 5.500 en toda Francia. El despido masivo venía postergado desde hace varios meses para no perjudicar la campaña electoral del derechista Sarkozy. Las cesantías se producen cuando el nuevo presidente, Hollande, se aprestaba a anunciar un plan de ajuste que tenía ingredientes que provocaban el rechazo de la clase patronal, porque incluía impuestos a los dividendos. Lo que importa, en definitiva, es que, con estos despidos, Francia se anotó en el pelotón de países que sigue la vía iniciada por Grecia e Irlanda, y que incorpora a Portugal, Chipre, España e Italia. El CEO de PSA, Philippe Varain, admitió días atrás que la empresa se encuentra en estado de sobreproducción para un mercado en constante retroceso. La crisis de Peugeot ha ‘shockeado' al gobierno francés del Partido Socialista, que ganó las elecciones con la promesa de inyectar "crecimiento" a los planes de ajuste. Teme sufrir, aunque más rápido, el destino que volteó al ‘socialismo' español. Ante el golpe, respondió con un anuncio de paliar "las consec uencias sociales" y un "plan de sostenimiento" para la empresa. Es decir, la implementación de Repros à la Hollande. Desde la seccional de Aulnay de la CGT ya se han movilizado contra el cierre de la fábrica, frente a las dependencias de PSA en París. Más de 700 trabajadores, junto con delegados de distintas fábricas de toda Francia, donde las suspensiones y las horas extra están presentes desde principio de año, se movilizó el 12 de julio frente al directorio de la empresa. Se han sumado trabajadores de Renault y Fiat, así como de Opel desde Alemania y España. Luego de una suba en la bolsa, cuando anunció el cierre de la planta, las acciones de Peugeot se despeñaron en los días siguientes, como reacción a las vacilaciones de la patronal frente a la reacción de los trabajadores y al intento de mediación del gobierno. A contramano de las declaraciones ambiguas de la burocracia sindical, queda planteado un programa para la victoria de la clase obrera: reparto de las horas de trabajo, basta de despidos y suspensiones, que la crisis la paguen los capitalistas y no los trabajadores.

Empantanada la paritaria, la Focra (Federación Nacional Ceramista) ha tenido que convocar a un plan de lucha en el sector de pisos y revestimientos en todo el país, por un aumento del 35%. En Cerro Negro (Olavarría), los trabajadores rechazaron la conciliación obligatoria que acostumbra a dictar el ministro Tomada. El gran paro que se desarrolló en Cerámica Alberdi (Salta) refuerza lo que se está transformando en un plan de lucha con paros de 48 horas. Los ceramistas de Neuquén tienen las mismas necesidades que todos los trabajadores del país. Lo que distingue a la provincia es que tiene un sector privado y otro de fábricas recuperadas. El sindicato provincial debe tomar en cuenta las dos modalidades y sumarse a la lucha paritaria, reclamar congresos de delegados y promover la reunión de asambleas. Lógicamente, en las fábricas recuperadas el problema se plantea de otra manera pero es necesario comprometer a la Federación en la lucha por sus reclamos. De otro modo, se rompe la unidad de clase entre uno y otro sector del sindicato ceramista. Las quiebras y los vaciamientos patronales podrían llevar a las cerámicas a recorrer el camino de las recuperadas; un sindicato nacional auténtico no puede ignorar este hecho. De otro lado, los trabajadores de las recuperadas deberían regirse por el convenio colectivo de trabajo de la rama, de lo contrario se convierten en fuerza de trabajo desvalorizada, en una suerte de tercerización "sui generis". En definitiva, hay que reclamar que la Federación apoye la expropiación definitiva de las empresas vaciadas, en favor de sus obreros, y el compromiso de los gobiernos de garantizar un salario de convenio para sus trabajadores. Esto los forzaría a dirigir la obra pública en dirección a las empresas recuperadas. Si el sindicato ceramista de Neuquén no define una posición de unificación de la lucha de los ceramistas en una y otra situación estaría desconociendo el carácter obrero de las empresas recuperadas y desarmando la unidad de clase en la rama. Se hace necesario concretar una urgente asamblea general ceramista neuquina para aprovechar la lucha nacional. El Partido Obrero, que forma parte de la bancada del FIT, impulsa la presentación de un proyecto de ley en defensa de las fábricas recuperadas ceramistas de la provincia, que obligue al Estado provincial (patronal) a garantizar a los trabajadores las condiciones del convenio colectivo. Una asamblea general del gremio debería discutir cómo la Federación Nacional toma el reclamo neuquino por Zanón y Stefani (finalmente Cerámica del Valle no sobrevivió) y de qué manera participan del plan de lucha ceramista, sellando una unidad de clase con todos los ceramistas del país. Por un 35% de aumento de emergencia. Salario igual a la canasta familiar. No al techo de las paritarias. Por una Ley de garantías financieras estatales para Zanón y Stefani, su expropiación sin pago, y un plan de obras públicas que las reconozca como proveedoras privilegiadas.

La obra de Diment (*) se basa en una serie de entrevistas a perseguidos, a amenazados y a torturados por la Alianza Anticomunista Argentina, una organización creada y organizada desde el Estado durante el gobierno de Juan Domingo Perón, de Isabel y de López Rega, entre 1973 y 1976. El gobierno no dudó en organizar esta banda criminal para perpetrar asesinatos, atentados, torturas contra luchadores sindicales, de derechos humanos o simplemente opositores al gobierno peronista, y para “resolver” la “interna” peronista, entre camporistas y, en gran medida, la burocracia sindical. La acción de esta banda se complementó con golpes de mano, como los que voltearon al entonces gobernador de Buenos Aires, Oscar Bidegain -propietario de tierras- y, en especial, al gobernador y al vicegobernador de Córdoba, destituidos por una intervención federal avalada por la UCR, tras un golpe policial preparado desde la Rosada, en febrero de 1974. La actividad de la Triple A era tan clandestina como pública. Como menciona uno de los amenazados, “la lista de los próximos asesinatos aparecía en los diarios; me llama un amigo y me dice, ‘¿leíste Clarín?, las tres A te amenazaron de muerte’”. Operaban en “territorios liberados” por la policía con anticipación. El film se inicia con los orígenes delictivos de los que serán los principales organizadores,un grupo de miembros de la Policía Federal, que luego serán convocados por López Rega. Entre sus crímenes más notorios se encuentran los asesinatos de Rodolfo Ortega Peña, de Silvio Frondizi y del padre Carlos Mujica. Realizan atentados, como al entonces senador Solari Irigoyen , y a centenares de dirigentes obreros, entre ellos militantes de Política Obrera (agrupación antecesora del Partido Obrero). En la película son entrevistados varios sobrevivientes o familiares. Uno de ellos, Sergio Bufano, es hermano de Miguel Angel Bufano, quien junto a Jorge Fisher -ambos delegados obreros en la fábrica Miluz y militantes de Política Obrera- fueron secuestrados en la fábrica y luego asesinados. La policía acudió a la fábrica, habló con los secuestradores y se retiró. Un ejemplo claro de “zona liberada” y de complicidad con los asesinatos de la fuerza policial, el gobierno, la empresa e incluso la burocracia sindical, que aún continúa al frente del sindicato de la pintura. Sergio acusa a “los dirigentes sindicales” como miembros, partícipes y alcahuetes de las Tres A. La Triple A recibe un golpe decisivo con las huelgas generales de junio-julio de 1975, que fuerzan la expulsión de López Rega del gobierno y su exilio como “embajador plenipotenciario” en España. El ejecutor de esta expulsión es, sin embargo, el Ejército; y Jorge Rafael Videla, que asume el comando de la fuerza con la finalidad de recuperar el mentado “monopolio de la violencia” -a la que se aplicará con esmero. En pocos meses, la dictadura militar se hará cargo de la tarea criminal; las bandas de las Tres A serán cooptadas o reemplazadas por los grupos de tareas. Si la finalidad fue retener el monopolio de la violencia, el resultado fue un fracaso, porque una banda fue sustituida por varias otras. Durante el film, un entrevistado denuncia al juez Oyarbide, que cajoneó una causa contra la Triple A luego de haber declarado a sus crímenes de “lesa humanidad”: “solo investigó seis crímenes, nos quedamos mudos al ver que eran sólo dos cuerpos toda la causa”. La actividad criminal, según entrevistados, llegó a “1.500 asesinatos, 3.000 bombas y atentados”. La causa contra la Triple A no fue impulsada por ninguno de los gobiernos de la “democracia” desde 1983. Nicolás Roveri (*) Parapolicial negro, apuntes para una prehistoria de la AAA - Un documental de Valentín Javier Diment

¿Qué hubiera ocurrido si De Guindos, ministro del gobierno de Rajoy, hubiera respondido con un “cállate tú, petisa” al calificativo que la Presidenta usó para referirse a él cuando lo llamó “pelado”? Tanto una expresión como la otra son discriminaciones, porque se refieren a un conjunto social, no a un o una individuo/a. Curiosamente, CFK prefirió ese mote de connotación peyorativa a uno con contenido político y social, como hubiera sido el de “banquero”. Porque designar a un banquero para pilotear una crisis financiera -como se ha hecho en España, en Italia o en Estados Unidos- delata la intencionalidad antipopular inevitable de la orientación que han seguido los gobiernos capitalistas de esos y todos los países. La doctora Fernández de Kirchner debe haber simplemente olvidado que fue un pelado -Domingo Cavallo- el que les aconsejó a ella y a su marido que dolarizaran los ingresos que habían recibido por la privatización de YPF. Pero la Presidenta tiene demasiados amigos banqueros y depósitos propios en los bancos como para que se le ocurriera que “banquero” fuera un término cuestionador. Lo que sorprende no es siquiera que la emprendiera contra un “pelado” y, de paso, contra todos los calvos y todas las calvas -lo cual incluye, por supuesto, a los que procuran disimular la calvicie o pelada con el uso de pelucas. Lo que llama la atención es que no dijeran nada acerca de esta terminología discriminatoria los comisarios del lenguaje, los oficialistas de Carta Abierta o, incluso, el Inadi. Se ha juzgado a la pérdida prematura del pelo como un defecto personal desde la tribuna más alta del país -una suerte de categoría social inferior. ¿Qué debe estar pensando el canciller Timmerman de esta caracterización que juzga a la calvicie como algo incompatible con un ministro? ¿O el propio Verbitsky, del cual los mentideros dicen que es un consejero de la corte oficial? ¡Ni siquiera reaccionó la Corpo, manejada por un cráneo semi-calvo, ni tampoco lo hizo el columnista dominical de Clarín, Sebatián Borensztein, quien es hijo de un comediante sin par, que se exhibía los domingos por la pantalla chica, a las 21 horas, con una peluca que acomodaba y reacomodaba sin cesar! La ofensiva verbal contra los “pelados” contrasta con el afán igualitario que parece traducir el latiguillo oficial que menta “todos y todas” -siempre el masculino en el primer lugar, como para borrar aquello de “las damas primero”. El incidente del pelado dejó al desnudo que el mentado afán igualitario esconde una montaña de prejuicios. El lenguaje cotidiano reproduce el contexto social -en algunos casos, como éste, para reforzarlo. Días más tarde, la misma CFK maltrató a un movilero que obstruía la vista de un acto oficial. En la sociedad existente, la función de la igualdad formal es disimular la desigualdad real: lo prueba cualquier cárcel, sobrepoblada de pobres, en un mundo donde los ricos roban en gran escala. Es curioso que se haya bautizado de “igualitario” al matrimonio entre personas del mismo sexo, cuando los matrimonios en general se caracterizan por la desigualdad e incluso por la opresión -del hombre sobre la mujer. Cualquiera sabe que una unión homosexual entre ricos o ricas no es “igual” al mismo matrimonio entre pobres. Los primeros, por ejemplo, no tendrán problemas con el impuesto al salario, el salario familiar, el cobro del medio aguinaldo o el cobro de las jubilaciones atrasadas. Al banquero en cuestión, el mote que le aplicó CFK lo tiene sin cuidado -como seguramente le habrá ocurrido a su opositor, el jefe del PSOE, Rubalcaba, cuya calvicie se distingue de la de De Guindos por una profundidad mayor y una anchura más reducida-, mientras el gobierno argentino continúe pagando el Boden 2012 y el cupón PBI al Banco Santander y al BBVA con el dinero de los jubilados de la Anses o con los “adelantos” del BCRA. O la fuga de capitales y las operaciones de títulos en la Bolsa, que los especuladores han comprado en pesos y cobrarán en dólares, ajustadas al dólar. Los “pelados”, como el español De Guindos, han dejado “pelada” a la Argentina gracias, entre otros, a la política nacional y popular de “desendeudamiento” y al saqueo de la privatización petrolera o de la expansión del negocio del juego.

El viernes 13 de julio se realizó un impresionante acto obrero en el hall de Plaza Constitución, por el levantamiento de las sanciones a Jorge Hospital y Flavio Bustillo, integrantes de Causa Ferroviaria Mariano Ferreyra (Lista Gris) y de la agrupación La Bordó Desde Las Bases. La iniciativa fue tratada y resuelta en el XXI Congreso del Partido Obrero y contó con más de 400 participantes, entre los cuales estuvieron más de 60 ferroviarios de las líneas Roca, Sarmiento, Mitre, Tren de la Costa y Belgrano Norte. Además de Causa Ferroviaria Mariano Ferreyra se hicieron presentes delegaciones de las agrupaciones La Bordó Desde Las Bases, Ferroviarios Por El Cambio (Lista Violeta), 4 de Octubre, 21 de Julio, y tercerizados ferroviarios del Sarmiento, del Roca y del Mitre. También participaron solidariamente representaciones gremiales del Inta, de Tribuna Docente (Lista Rosa), de la directiva del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción (Sitraic), de la comisión interna de Morvillo, delegados del subte que integran la Agrupación Trabajadores de Metrovías, delegados municipales de Avellaneda, Agrupación Naranja Mecánica, Papeleros Combativos, aeronáuticos, telefónicos y otros, la mayoría de éstas integrantes de la Coordinadora Sindical Clasista. También concurrieron representaciones del PO y el MST. Hicieron uso de la palabra ferroviarios de Causa Ferroviaria del Roca, Sarmiento y Mitre. Cada delegación tuvo su intervención en solidaridad con los dirigentes ferroviarios sancionados, vinculando esta persecución gremial y política con su participación en la lucha por el pase a planta de los tercerizados ferroviarios, por la trayectoria de sólida oposición al oficialismo pedracista en la Unión Ferroviaria y a la proximidad del juicio por el crimen de nuestro compañero Mariano Ferreyra, en el cual Jorge Hospital declaró como testigo denunciando los vínculos de las tercerizadas con los Roggio, Romero y Cirigliano, además de la explotación de la la "cooperativa" Unión del Mercosur por parte de los máximos dirigentes de la UF. Luego de la intervención de Flavio Bustillo y de la compañera Estela Dines -que encabezó la lista de oposición en el Tren de la Costa y también fue represaliada por la patronal de Soldati- hizo uso de la palabra Néstor Pitrola, quien desarrolló las implicancias favorables que una condena a Pedraza tendría en el proceso del expulsión de la burocracia de los sindicatos y denunció las negociaciones entre el burócrata preso y el gobierno, que llevaron al primero a pronunciarse por el candidato de Cristina en la interna de la CGT. Propuso subordinar las iniciativas sobre el pronunciamiento de legisladores en repudio a las sanciones, por una intensa campaña entre los trabajadores que apunte a movilizarlos contra este tipo de ataques a los luchadores clasistas. Propuso el compromiso de los presentes en una lucha que no ceje hasta el levantamiento de las sanciones y la unidad de todos los sectores antiburocráticos, "presentes y no presentes" en las elecciones ferroviarias de octubre. Cerró el acto Jorge Hospital, quien denunció el recurso del gobierno y de las patronales de querer vincular a los activistas opositores con el caos y con los desmanes. Que 15 días antes de la acusación de promover daños en sede administrativa de Ugofe, instigando a presuntos usuarios indignados por la interrupción del servicio -con la cual pretende fundamentar los 29 días de suspensión- ya había sido sobreseído por la Justicia en una acusación similar promovida por la ministra de la "seguridad democrática", Nilda Garré, a raíz del corte de vías del 23 de diciembre de 2010. Que el mismo recurso usaron con Sobrero, acusado de quemar trenes en Haedo. Denunció también que las sanciones son un recurso para amedrentar y para disciplinar a los trabajadores en vistas al ajuste de rebaja del salario real y al tarifazo, que se cierne sobre los ferroviarios y usuarios en este segundo semestre de año. Ajuste que va en contra de los reclamos de recategorización de varias especialidades, del cobro de la deuda por tickets mal liquidados, del reclamo de reducción de jornada en guardas Diesel y "brigadistas". Por último, planteó que este acto refuerza la recolección de firmas por el levantamiento de las sanciones y por reagrupar a todo el activismo ferroviario para expulsar a la burocracia pedracista en las futuras elecciones generales de noviembre en la Unión Ferroviaria.

Está abierta la inscripción para el viaje a Chaco-Formosa -del 20/7 al 29/7- y a Catamarca-La Rioja -del 27/7 al 5/8-, mandando un mail a pasantiauba@yahoo.com.ar Este año, durante las vacaciones de invierno, la Secretaría de Salud y Medio Ambiente de la Fuba volverá a organizar, a iniciativa de la UJS, a cientos de estudiantes para realizar pasantías interdisciplinarias en los pueblos del interior del país. Esta vez, se sumarán estudiantes de otras universidades como Lanús, Luján, La Plata o Rosario. Al ya histórico trabajo junto a los campesinos, pueblos originarios y obreros de Chaco y Formosa, agregaremos un nuevo destino: vamos a viajar a Andalgalá, Tinogasta y Chilecito, los pueblos de Catamarca y La Rioja donde se concentra el movimiento de lucha contra la actividad depredadora de los pulpos megamineros. Esta decisión de incorporar a los pueblos cordilleranos no podría haber sido más acertada. En estos momentos, el Estado catamarqueño está volcando toda su fuerza para disuadir el acampe de Cerro Negro, que pretende bloquear el acceso a la megaminera trasnacional Bajo La Alumbrera. Las asambleas populares de la zona denuncian la presencia de patotas contratadas por la minera, que actúan de forma coordinada con las fuerzas policiales de la gobernadora K, Lucía Corpacci. Es ilustrativo de la podredumbre del régimen universitario que sea ésta la misma minera que todos los años distribuye fondos (coimas) entre las universidades públicas -y que son aceptados con gusto por las autoridades, rectores y decanos. La penetración capitalista en la educación ha creado un abismo entre la labor universitaria y la investigación científica, de un lado, y los intereses populares y de las mayorías explotadas, por el otro. Es el mismo abismo que separa a los vecinos de Tinogasta de la Barrick Gold, a los campesinos de los pooles de siembra sojeros, o la masa de estudiantes y docentes de los Hallú y Más Vélez. Las pasantías que organizamos se proponen enfrentar esta situación, colocando nuestra energía y los contenidos de las diferentes disciplinas científicas en función de un apoyo práctico a estos movimientos populares, ampliando y profundizando su desarrollo. Vamos a relevar información, realizar estudios y entrevistas y convivir con los Qom, los campesinos del Mocafor y los pobladores de la cordillera. Por sobre todas las cosas, vamos a aprender de su experiencia de lucha y a conocer por nuestros propios ojos la realidad de la Argentina profunda. Vamos a filmar un documental de cada viaje para poder difundir los resultados de las pasantías en todo el país. ¡Que no te la cuenten! Todavía están abiertas las inscripciones.

El 29 de junio, al abogado Gustavo Mendieta le impidieron el ingreso en una reunión en el Ministerio de Planificación, a la que había asistido acompañando a los trabajadores de la Fundación de Madres de Plaza de Mayo despedidos tras el escándalo Shocklender. En mesa de entrada adujeron la existencia de una resolución del gobierno nacional donde se prohíbe el ingreso del profesional a los edificios públicos a solicitud del ex ministro de Transporte, Schiavi, en 2011. Gustavo Mendieta -abogado laboralista que acompañó en toda las tratativas de los tercerizados del Roca, antes y después del asesinato de Mariano Ferreyra- estuvo presente en la fatídica tarde del 20 de octubre siendo víctima también de la agresión de la patota de la Unión Ferroviaria, y testigo presencial del juicio que se iniciará el 6 de agosto. Su participación como abogado de los tercerizados le ganó el odio personal de Schiavi, que el 23 diciembre de 2010, al realizar la denuncia ante el juez federal de Quilmes sobre el corte de vías del Roca, apuntó en su acusación no sólo a los compañeros de Causa Ferroviaria, Hospital y Merino, al compañero tercerizado de Ugofe Morales, y al compañero Belliboni, sino que presentaba en su denuncia a Mendieta como organizador de la "extorsión" por la que se les inició la causa. Ya en 2011, en una audiencia en la que el abogado Mendieta asistió a los socorristas del Ferrocarril Roca en su reclamo de pase a planta permanente, en la Secretaría de Transporte, el entonces ministro Schiavi ordenó su expulsión del edificio. La prohibición tiene como único objetivo evitar que trabajadores recurran al asesoramiento del abogado laboralista del Partido Obrero, por temor a la penetración política de esta fuerza en el movimiento obrero. Que dicha prohibición tenga origen en una denuncia de Schiavi es una muestra más de la acción deliberada de los funcionarios del gobierno, que tienen como objetivo común con la burocracia de Pedraza que los trabajadores no sean ganados a las filas de la izquierda revolucionaria. La existencia de este memorando -firmado por el Ejecutivo, según lo expresado por las recepcionistas del ministerio- constituye un avasallamiento al derecho laboral del abogado Mendieta, pero significa una muestra clara del despotismo del gobierno y de sus prácticas antidemocráticas y persecutorias contra el Partido Obrero.

Con diferencia de pocos días, los gobiernos italiano y español anunciaron gigantescos planes de ajuste. Los enormes ajustes que ya se habían realizado han fracasado y los nuevos han empezado con el pie izquierdo. Las bolsas siguen cayendo y el valor de la deuda pública cae en picada. Se discute abiertamente la necesidad de un "rescate europeo". En los primeros días de julio, el "gobierno técnico" italiano anunció un nuevo plan destinado a "ahorrar" 32.000 millones de euros en los próximos tres años (La Nación, 18/7). El recorte se centra en un ataque a los empleados públicos: dispone que podrán acogerse a jubilaciones anticipadas o ser puestos en "movilidad obligatoria"; o sea, enviados a sus casas con el 80% del sueldo básico, mucho menor al sueldo de bolsillo. Se trata de una suerte de plan de suspensiones masivas que destruye la histórica conquista de la estabilidad en el empleo y en el salario de los trabajadores estatales italianos, y es la antesala del despido. El objetivo, no declarado abiertamente, apunta a reducir en un 10% la planta de empleados públicos. El gobierno también planea efectuar recortes en el gasto sanitario, mediante el cierre de los pequeños sanatorios que tengan menos de 120 camas y la desaparición en total de unas 30.000 camas en los hospitales. Pocos días más tarde, mientras la policía reprimía a los mineros en las calles de Madrid, Mariano Rajoy anunció un nuevo plan de ajuste -calificado por los periódicos como el "desguace del Estado de Bienestar"-, que emula al brutal "Plan de Estabilización" franquista de 1959. Se trata de un programa que incluye reducciones en los subsidios de desempleo, una suba de tres puntos en el IVA (que pasa del 18% al 21%), la anulación de la paga extra (aguinaldo) para los empleados públicos y una profundización de la reforma jubilatoria. El ajuste incluye reducciones en diversas prestaciones, aumentos de impuestos y privatización de servicios ferroviarios, aeroportuarios y marítimos. Tanto en Italia como en España los ajustazos son presentados sin disimulo como una extorsión de parte de la Unión Europea. Monti reconoció que su antecesor, Berlusconi, fue sometido a presiones muy desagradables e, imagino, próximas a la humillación que sustancialmente habrían llevado a Italia a ceder buena parte de su soberanía" -o sea que él mismo se reconoce como un procónsul de la UE impuesto en Italia (El País, 11/7). En la misma línea, Rajoy reconoció que el ajuste era una exigencia de Bruselas, y planteó que "los españoles ya no tenemos la libertad de elegir si hacer o no sacrificios". La decisión del Banco Central Europeo de no comprar, como se esperaba, bonos de la deuda pública de Italia y España precipitó el pánico en las bolsas y aceleró la decisión de impulsar los nuevos ajustazos (Clarín, 7/7). En cualquier caso, los ajustes no han logrado frenar la crisis, sino agudizarla. El diferencial de interés que pagan los bonos soberanos de esos países respecto de los de Alemania no deja de subir y se coloca en niveles de una cesación de pagos. El principal diario financiero de Italia (Il Sole 24 Ore) reclamó en su portada un rescate por parte de Alemania. El Financial Times acaba de editorializar que otra vez Italia está "en el ojo del huracán". La unidad financiera de Europa es una ficción: mientras Alemania, Francia, Holanda, Austria o Finlandia se financian a tasas de interés negativas, España, Italia, Grecia, Portugal e Irlanda están pagando intereses punitivos. Las tendencias centrífugas cobran fuerza: en España, el aumento del IVA y la decisión de reducir los aportes patronales fue caracterizada por El País (11/7) como una "devaluación fiscal", "a falta de poder devaluar la moneda". Berlusconi ha reaparecido, para capitalizar la reacción "anti-europea", y para hacer frente al cómico Beppe Grillo, del movimiento "antipolítico" llamado de las Cinco Estrellas. En España han salido a luz las divisiones internas dentro del Partido Popular: lo anunciado esta semana no ha dejado conforme a nadie. El líder de la bancada del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, hizo "un nuevo ejercicio de oposición responsable" y llamó a Rajoy a "un gran acuerdo nacional que permita una austeridad justa" (Público, 11/7). Rajoy agradeció el apoyo y recordó que también los socialistas, en alianza con Izquierda Unida, están llevando adelante recortes en Andalucía o Asturias. Los ajustes siguen agrietando, por otra parte, la "España de las autonomías": el partido de la burguesía nacionalista catalana, Convergencia i Uniò, apoyó las medidas de recorte pero planteó su preocupación por la creciente intervención de Madrid en las cuentas públicas catalanas. Denunciaron que "Cataluña está de hecho intervenida por España" y que prefieren tener una "interlocución directa" con las autoridades de la Unión Europea. El Financial Times advirtió que "Rajoy tiene mayoría absoluta, pero hemos visto en otros países que incluso los gobiernos con mayoría absoluta pueden derrumbarse rápidamente".

El retiro de trenes del tráfico del subte por parte de Metrovías es una medida de presión para que Macri se haga cargo del subte y libere parte de los subsidios de Nación, bloqueados -así lo denunció Randazzo- en una cuenta de la Ciudad. Para Roggio, el aumento del boleto que aplicó Macri no compensa la parte del subsidio que correspondería al gobierno porteño, porque provocó una merma de más del 20% del pasaje. En un comunicado, Metrovías advirtió que "la suspensión de las negociaciones para concretar el traspaso, le generó graves dificultades", y que "si no se perciben es por el esfuerzo de los trabajadores y los recursos económicos asignados por Metrovías". Se refiere al pago a cuenta de futuros aumentos salariales que pactó a cuenta de la paritaria que se reunirá en octubre. El comunicado agrega que el traspaso a la Ciudad liberaría "fondos vitales para la operación de la empresa". Es claro que el "vaciador" Roggio -como lo acusa la directiva del sindicato del subte- es un operador del gobierno nacional. El argumento para el retiro de formaciones es la falta de recursos para hacer el mantenimiento. La falta de mantenimiento, sin embargo, viene desde hace años, y sería razón suficiente para quitar la concesión a Roggio y que este pague una indemnización. Roggio es manejado por el gobierno nacional para cargar la política de ajuste a las provincias, en este caso el gobierno macrista. A cambio, ha recibido el manejo discrecional de los subsidios al Ferrocarril Sarmiento. Roggio extorsiona con dejar el gerenciamiento, lo cual dejaría el servicio en manos de la estatal porteña Esbase, propietaria formal de las redes. Ergo, en manos de Macri. Esto también es una operación del gobierno nacional, decidido al ajuste a toda costa. Si no se lo puede imponer a Macri y al subte, menos podrá hacerlo con los gobernadores (Scioli) y con los colectivos. En este contexto, la política "que Macri se haga cargo", adoptada por la dirección de la AGTSyP, alineada con Yasky, impulsa el tarifazo del transporte. Quizá los dirigentes sindicales esperan que el tarifazo libere los aumentos salariales que fueron postergados con la paritaria correspondiente, en mayo. El levantamiento inconsulto del plan de lucha de mayo por la paritaria - acordado previamente por la patronal, el gobierno y la UTA- tuvo el mismo contenido político, ha creado un espacio de tiempo para arreglar la transferencia del subte a la Ciudad y el segundo tarifazo. La Legislatura, que acaba de ampliar la autorización de gasto a Macri, para que pudiera pagar los aumentos salariales pactados con los sindicatos del sector público, no lo volvería a hacer para los aumentos pendientes a los trabajadores del subte transferidos a la Ciudad. En esta pelea por la responsabilidad del ajuste, los K han negado la autorización para que la Ciudad gestione una colocación de deuda en dólares, o ajustada al dólar. El movimiento obrero no puede ignorar que es la víctima de una disputa entre grupos capitalistas que quieren sacarle el cuerpo a un tarifazo que ambos propugnan. AGTSyP debería denunciar esta pelea de ajustadores; denunciar el apoyo a Roggio por parte de los K; y responsabilizar a la trinidad compuesta por CFK-MacriRoggio, por el bloqueo que sufre la paritaria. Es una cretinada descubrir el federalismo, cuando se trata de una lucha sindical que tiene que ver con el conjunto del Estado -que es responsable tanto de la inflación como de la organización usurera del transporte. Con esta caracterización, el sindicato debería convocar a asambleas de línea con mandato y a asamblea general para llevar adelante un programa que ya fue votado: 28% de aumento al básico, 2% por año de antigüedad, aumento de viáticos y licencias. Nosotros agregamos: no al tarifazo, estatización de la concesión, investigación de los concesionarios, control obrero.

Después de que un fiscal pidiera ocho años de prisión efectiva para el delincuente Di Zeo y cárcel para 15 más de la banda del barrabrava de Boca, el Tribunal Nº 6 los declaró absueltos a todos. "Crease o no", los "pibes de la 12 son inocentes". En la puerta del tribunal, con la llamativa condescendencia de la Policía Federal -que sabía de antemano cuál sería el fallo-, más de 300 de la banda se daban el lujo de gritar ante todos los medios: "a todos los traidores los vamos a matar". La libertad de Rafa Di Zeo es un insulto a la población. Mientras que la Presidenta se escandaliza y denuncia cada reclamo y acusa a los trabajadores del subte por la tendinitis, a los docentes de vagos, a los trabajadores petroleros de extorsionadores, a los dragones de delincuentes, a los abogados de propiciadores de la industria del juicio y a los inmobiliarios de evasores fiscales, guarda un silencio cómplice y para nada inocente sobre la libertad de unos de los más descarados patoteros de la Argentina. Di Zeo estuvo tres años preso en la cárcel de Ezeiza, y a su salida fue contratado por el kirchnerismo para trabajar en la campaña electoral de la provincia de Buenos Aires. Marcelo Mallo, dirigente de Compromiso K y el "inventor" del grupo Hinchadas Unidas Argentinas -que llevó a 235 barras al Mundial de Sudáfrica 2010-, lo conchavó para los actos preelectorales de la Juventud Peronista Bonaerense en Francisco Solano (Quilmes). Mallo le confesó al diario La Nación que el pedido de que estuviera Di Zeo fue hecho delante del propio Kirchner. En la campaña presidencial de Cristina Kirchner del año pasado, "la banda del Rafa" hacía la "seguridad y la inteligencia previa" de los actos en convivencia con la policía bonaerense. La misma que les abre las entradas de la cancha y les permite todo tipo de negociados con la reventa de entradas, con los pases libres de ingresos a los estadios, con la comercialización de trapitos barras en los estacionamientos, con alquileres de micros y de combis y con la comercialización descarada de la droga, entre otras cosas. Libre Di Zeo ya no tiene empacho en decir que trabaja para la Presidenta. Ahora tiene encomendada una nueva tarea: comandar la barrabrava K en el mundo Boca. Pues el actual líder de la hinchada Xeneixe es ahora peón del presidente de Boca, un mandadero de Macri, enemigo de los K. Como si no fueran pocos los problemas que tienen los clubes del fútbol argentino en franca bancarrota, ahora -como en todos los órdenes- tendremos también "la Barra K". Mano de obra La banda de Di Zeo siempre tuvo una ligazón laboral con el poder. Lancry -su socio de toda la vida- trabajaba en la Legislatura. Pero a Di Zeo nunca le gustó estar bajo "relación oficial de dependencia", y logró con los negocios de la barra armar una compañía de remises ahora investigada. Sin embargo colocó en trabajos del Estado a muchos barras en municipios de Varela, de Quilmes, de Berazategui y de Avellaneda. El mismo derrotero que recorrió Favale -uno de los asesinos de Mariano Ferreyra-, cuando pretendía entrar en el ferrocarril por medio de Pedraza; y el que recorrieron los patoteros que golpearon a los trabajadores del hospital Francés; los de Apuba, que molieron a golpes a los estudiantes universitarios; los que pululan en las 100 patotas de la Uocra del agente del batallón 601 Gerardo Martínez o el conocido "Madonna" Quiroz, empleado de Hugo Moyano. La foto de Favale con Boudou, aunque quiera ser minimizada por el kirchnerismo, es la misma foto que siempre se ha sacado toda esta escoria con los políticos capitalistas. Las patotas del fútbol y las patotas sindicales son hijas de los políticos capitalistas que, en general, están absueltos de las responsabilidades frente a las golpizas y los asesinatos. En las vísperas del juicio a los asesinos de Mariano Ferreyra, la movilización por el juicio y castigo a los responsables directos y a los responsables políticos de las patotas es un paso adelante en su desmantelamiento.

La mesa coordinadora de la Asamblea de Intelectuales y Docentes Universitarios del Frente de Izquierda convocó para el próximo sábado 21 de julio a una reunión para considerar los problemas relativos a la publicación de una revista propia y para desenvolver la intervención en el conflicto por la cesantía en masa de docentes en la UBA ("jubilados" de prepo por la camarilla kirchnero-radical-macrista que dirige la casa de estudios más grande del país). En la reunión se resolvería también la fecha de una jornada de debate para abordar un balance de la actividad, la situación del Frente y las tareas del próximo período. Para definir el carácter de la revista ya se acordó en abril una "Declaración de intenciones", que definía la publicación como una herramienta para el desarrollo del Frente de Izquierda. En la declaración se incluyeron puntos estratégicos: un "gobierno de trabajadores" sobre la base de la destrucción del Estado capitalista. La elaboración y la aprobación de esta "Declaración de intenciones" se desarrolló, desde principios de año, por medio de una delimitación política de la propia Asamblea. Quedó pendiente la formulación de un planteo editorial para orientar el trabajo del primer número. Nosotros propusimos que girara en torno de la crisis del kirchnerismo, lo cual enlaza el "ajuste", el manejo por decreto de la economía y la crisis política (CGT, provincia de Buenos Aires, crisis provinciales). El debate se dilató cuando se calificó de "catastrofista" nuestra caracterización de una crisis política. Estaríamos exagerando un impasse en el gobierno, pero un impasse que se alarga y determina medidas extraordinarias a sólo seis meses de una victoria plebiscitaria, es una crisis política. El golpe contra Lugo y sus derivaciones extienden esta caracterización para toda América del sur. Ahora que el estallido de las contradicciones del gobierno resulta más claro, el planteo editorial acerca de la crisis política legitima su actualidad. La revista saldría a dar batalla por la conclusión de que la crisis oficialista plantea en forma objetiva la necesidad de desarrollar un reagrupamiento políticamente independiente, de contenido socialista. El impasse político crea un impasse del relato, y es así que los vices destituyentes se intercambian como moneda; el 54% de los votos legitima más a unos y menos a otros; y la CGT de los gordos se convierte en la representación sindical de la “juventud militante”. Una clarificación sobre el agotamiento del "modelo" y la crisis política obraría como un buen punto de partida para relanzar la actividad de la Asamblea, luego de su convocatoria a concurrir al acto del Frente del 1º de mayo y a la movilización a la Plaza de Mayo contra el impuesto al salario. Un relanzamiento político de la Asamblea contrastaría con el desinfle de los agrupamientos intelectuales que despuntaron para cuestionarla desde la centroizquierda y con el mutis por el foro que parece haber signado al también pinchado "cartaabiertismo", que se apagan por las contradicciones insalvables que la crisis política pone al desnudo. En la UBA, en la cual se desempeña profesionalmente una buena parte de los militantes de la Asamblea, una entente de kirchneristas, macristas y radicales, asociada al centroizquierda, ha emprendido un miserable ataque contra docentes de larga trayectoria, a los que procede a cesantear con la excusa de una jubilación compulsiva que la ley expresamente prohíbe. La Asamblea debería aprobar un plan de actividad propia en apoyo a la gran campaña que la Asociación Gremial de la UBA viene desarrollando en este terreno.

Las últimas novedades en Siria relatan la multiplicación de los enfrentamientos armados en la capital del país, Damasco, que hasta el momento era presentada como uno de los principales pilares de apoyo para el régimen. Los largos combates en los barrios del principal centro urbano del país -donde se concentra la mayoría de la población y de la economía- indican que, a pesar de haber logrado mantener cohesionado en gran medida el aparato represivo y de las brutales matanzas, el régimen de Al Assad comienza a sufrir retrocesos serios en materia militar ante una multiplicidad de grupos armados altamente heterogéneos. Es un secreto a voces, sin embargo, que Arabia Saudita, Qatar e Israel proveen de armas a los insurgentes. Restaría saber si esas armas provienen también de la CIA, como se ha dejado trascender en la prensa internacional. La conclusión es que la reacción regional y el imperialismo procuran, como ocurrió en Libia, copar políticamente la dirección de una insurgencia de masas. Negociaciones El aumento de los enfrentamientos en el país va acompañado por la intensificación de las maniobras en el exterior, para arbitrar una salida al conflicto ante un desenlace que parece aproximarse. La “misión de la ONU” resulta a esta altura una verdadera ficción, que busca otorgar un salvoconducto a los personeros del régimen. El Consejo Nacional Sirio -la plataforma en el extranjero orientada por la Hermandad Musulmana y principal defensora de una intervención de la OTAN en el país- se reunió nada menos que con el canciller ruso, Serguei Lavrov, el principal defensor del régimen sirio. La reunión de Moscú demuestra que el agotamiento del régimen comienza a ser un hecho reconocido por todos. Durante el encuentro, el representante de Putin remarcó que su principal objetivo es evitar una “nueva Libia”; o sea que reclama garantías de que no será desalojada de su zona de influencia. Salidas La determinación de las características del desenlace tiene lugar cuando, de acuerdo con algunos observadores, el protagonismo conquistado por los Comités Locales de Coordinación durante la primera parte del levantamiento popular -que implicaba el desarrollo de un movimiento de masas en las provincias y que llegó a tener una expresión huelguística parcial- fue desplazado por la acción de los grupos armados, solventados por los gobiernos proimperialistas de la región. Es una caracterización cuestionable, porque sería difícil que la sola acción de los grupos armados fuera suficiente para llevar la lucha hasta Damasco. Lo que esta controversia pone en evidencia es que hay una lucha muy fuerte por la dirección política del levantamiento; los socialistas debemos pelear por esta dirección, defendiendo en primer lugar la rebelión de las masas contra las masacres del régimen. Son estas masacres las que permiten al imperialismo revestir su intervención con eslóganes democratizantes. Abajo el régimen de Al Assad; solidaridad internacional con el pueblo sirio; fuera el imperialismo y el sionismo de Medio Oriente; por un gobierno de los explotados.

El viernes 6 de julio, en todos los medios de Rosario se hizo pública la renuncia de Daniel Cousello -actual secretario general de Amsafe Rosario- y de otros dos miembros a la comisión directiva de la CTA Rosario, enrolada con Micheli. Es un ruptura dentro del michelismo, que tiene por dirigente principal a Carlos Teres. La ruptura de Cousello y de su grupo implica el anuncio del propósito de desarrollar un trabajo faccional en la dirección de Amsafe, para llevar el sindicato hacia la dirección yaskista de Amsafe de la provincia y de Ctera. Cousello usa los medios para defender al gobierno de Cristina y para caracterizar cada medida de lucha de Amsafe como "funcional" a la derecha. Se ha venido oponiendo a las medidas de lucha votadas por las asambleas de Amsafe Rosario. Cousello y su grupo deberían presentar su renuncia a la dirección de Amsafe Rosario. La ruptura de Cousello es un producto de la crisis de toda la CTA. Mientras Yasky se ha convertido en una filial política del gobierno de CFK, Micheli y De Gennaro son parte de otro alineamiento capitalista representado por el Frente Amplio Progresista de Binner. El FAP gobierna la provincia bajo la fusta del ajuste, los impuestazos, boletazos, la brutal depredación ambiental y laboral de las grandes patronales cerealeras -y la contribución del juego de Cristóbal López.

El "fracking" o hidrofractura es la extracción de gas ("shale gas") o petróleo ("shale oil") por medio de fractura hidráulica a gran profundidad. La técnica consiste en una perforación vertical (que puede llegar a miles de metros) y luego otras horizontales de unos 1.000 metros de extensión a lo largo de la formación rocosa. Allí se inyectan grandes volúmenes de agua, arena y sustancias químicas a enormes presiones, para mantener abiertas las grietas que se generan. En varios lugares del mundo, los movimientos ambientalistas han logrado frenar su continuidad total o parcial como en Francia, Bulgaria, Rumanía y República Checa. Lo concreto es que la cantidad de agua utilizada supera a la empleada en la megaminería a cielo abierto y duplica a la explotación hidrocarburífera convencional. Utiliza más de 500 productos químicos (muchos cancerígenos y radiactivos. Contamina acuíferos, expulsa metano a la atmósfera y provoca un marcado aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y es culpable de muchos terremotos que alcanzan 4 o 5 puntos en la escala de Richter. El primer pozo de producción de gas de esquisto a pequeña escala abierto en Neuquén exigió 16 camiones bombeadores en forma simultánea que agotaron su capacidad. Vaca Muerta, el emirato de YPF Según el informe Annual Energy Outlook 2011 , divulgado en abril del año pasado por la Administración de Información de Energía (EIA) de Estados Unidos; Argentina es el tercer país con mayor potencial geológico para este tipo de hidrocarburos, después de China y Estados Unidos. Los yacimientos están en cuatro cuencas, la mas extensas son Vaca Muerta y Los Molles incluyendo el subsuelo de cuatro provincias: Neuquén y Mendoza (oeste), La Pampa (centro), y Río Negro (centro-sur). El entusiasmo de los anuncios de estos hallazgos está colocado en la perspectiva de encontrar nuevos campos de explotación capitalista. Vaca Muerta es el mayor reto de YPF para conquistar los inversores de la reprivatización. El gobierno Jorge Sapag presentó el Plan Quinquenal "Neuquén Más Energía", con la promesa de que en 2018 la mitad del gas que se produzca en Neuquén supla la importación de los barcos metaneros. Para ello se deben perforar 1.260 de shale oil y 2.018 pozos de shale gas y en promedio, cada pozo costará unos 10,7 millones de dólares. Las inversiones necesarias son de 25.210 millones de dólares por año. Para dar una idea de la magnitud de la empresa, la Academia Nacional de Ingeniería de Argentina sostiene que "el esfuerzo de desarrollo de proveedores, tecnología y recursos humanos (requeridos) es asimilable al que en su momento tuvo Argentina en materia nuclear". Talisman, ConocoPhillips, Statoil, Chevron, Vale Do Río Doce, Shell, Exxon Mobil, Sinopec, Venoco, Ecopetrol y EOG se asociarían a YPF (en inversión pero no en riesgo) para plantarse en los 30 mil km2 de Vaca Muerta (12 mil km2 corresponden a YPF). Sus proyectos prometen 5.700 puestos de trabajo directos y 8.550 indirectos. Recién en el quinto año estos mega proyectos pueden generar alguna rentabilidad, siempre y cuando se demuestre que las reservas son reales y se las certifique. Es decir que hasta entonces Argentina tiene asegurada más déficit energético. No parece un buen pronóstico para Sapag y Cristina que deben sortear la crisis hasta el final del mandato. Sapag se postula como la garantía para el capital, anunciando su reelección. Las reglas de juego Mientras Cristina y Sapag insisten en que Argentina es la tercera reserva mundial detrás de Estados Unidos y China hay datos que lo contradicen. Estudios de la Subsecretaría de Minería e Hidrocarburos de Neuquén no pueden ocultar un "alto grado de incertidumbre", sobre la certificación de las reservas que exigen en primer lugar el riesgo de las inversiones millonarias." Jorge Lapeña, ex secretario de Energía de la Nación, afirmó que " No tenemos reservas' comprobadas. Un recurso sólo pasa a ser reserva cuando hay certeza de que el hidrocarburo efectivamente está y que es posible poner el yacimiento en producción. Hay mucho por invertir, especialmente tiempo y dinero". Que los anuncios no son tan firmes lo demuestran los capitalistas que reclaman resolver las reglas de juego y cerrar rápidamente las negociaciones en torno a una renta asegurada. El bloque de diputados nacionales del Movimiento Popular Neuquino (José Brillo, Alicia Comelli y Olga Guzmán) formalizó la presentación del proyecto de ley (Expediente 3824-D-2012) que establece un Régimen de Promoción a la Producción de Petróleo y Gas No Convencional. Propone beneficios fiscales e impositivos, la amortización acelerada de los bienes de capital nuevos, licencia automática de importación de los bienes de capital y suministros, reducción del costo laboral con diferimiento del 50% de las contribuciones de seguridad social, pagaderas a los 5 años y en 5 cuotas anuales (un préstamo jugoso). El riesgo ambiental, es relativizado, condicionado a "medidas de prevención". Todo este paquetito, en nombre del "incentivo a la exploración, desarrollo y explotación" y "contribuir en la reducción del déficit energético del país". Es decir, atraer capitales. Pero los inversionistas siguen exigiendo que cambien las regulaciones de los precios internos del gas y del petróleo, es decir, un tarifazo de impacto en boca de pozo. Los obstáculos radican en el monto de la inversión y el riesgo de rentabilidad por la incertidumbre de las reservas reales y porque la declinación de la producción en este tipo de yacimientos suele ser más acelerada que la de depósitos convencionales. La experiencia en Polonia advierte sobre la "evaporación" de las expectativas. Pero la gran incógnita es que Vaca Muerta está en la Argentina. Tiempo y dinero, son dos cosas que no sobran para un régimen político en crisis. Para los capitalistas hay más incertidumbres que certezas. Una salida anticapitalista al saqueo, a la depredación ambiental y a la crisis energética Ni Cristina ni Sapag podrán mostrar resultados concretos de este proyecto dentro de los plazos de sus gobiernos. Habrá que vivir de anuncios y compromisos esperando el ingreso de inversiones. La certeza es que por este tipo de explotación de hidrocarburos es destructiva del medio ambiente. Y estas medidas chocarán con un movimiento de lucha creciente de trabajadores petroleros y organizaciones ambientalistas, condicionada por la propia crisis en las filas del gobierno y sus burocracias sindicales. La comunidad Gelay Ko fue reprimida hace semanas por la policía por interponerse al ingreso de los equipos de la empresa Apache en Barda Negra. Por donde se lo mire, el plan del gobierno y las empresas es incompatible con la superación del déficit energético y el medio ambiente. Mientras los trabajadores luchan contra la confiscación salarial por el impuesto a las ganancias, las empresas gozarían de una base imponible menor. Cualquier movimiento de lucha debe considerar estos elementos para orientar una salida integral al problema. Una salida es la expropiación sin pago de toda la industria hidrocarburífera, bajo control obrero, para colocar su renta al servicio de un plan de industrialización de la provincia y el país. Resulta indiscutible que la única manera de garantizar la seguridad ambiental y el respeto a las tierras de los pueblos originarios es una YPF bajo control de los trabajadores, con un directorio que garantice la representación de los sectores intervinientes: los trabajadores y comunidades originarias con representantes votados por sus pares y no lobistas empresariales. El control de los trabajadores revelará que los millonarios costos de producción y las desbastadoras consecuencias en el medio ambiente están ligadas a la orientación social capitalista de la producción de energía. El Partido Obrero aportará una iniciativa parlamentaria en ese sentido para que sea defendido por la bancada obrera y socialista conquistada por el Frente de Izquierda en la Legislatura neuquina. No se trata de detener el progreso, sino de pararle la mano a la barbarie.

En decenas de asambleas del Suteba planteamos que los docentes y el Suteba se sumaran a la movilización del 6 de agosto. El planteo fue tomado como una moción especial en más de 25 distritos. La moción de movilizarse por justicia para Mariano fue votada por aclamación. Las direcciones seccionales del Suteba se comprometieron a considerar concurrir a la marcha del inicio de este juicio y a colaborar con el aporte de micros.

La Autoridad Nacional Palestina sufre una crisis sin precedentes y no podría pagar los salarios. Creado en 1994 por los acuerdos de Oslo, el proto-Estado palestino nunca pudo autofinanciarse; la ayuda de países donantes, ahora inmersos en su propia crisis económica, ha mermado. El déficit previsto para este año es de 1.000 millones de dólares (Europa Press, 15/7). ¿A quién ha ido a pedir ayuda el primer ministro palestino, Salam Fayyad, ante este descalabro? Al Banco Central de Israel. Esto, cuando las conversaciones con el Estado sionista se encuentran, incluso, suspendidas, debido a la persistente construcción de nuevas colonias israelíes en los territorios ocupados. Israel se comprometió a gestionar nuevas ayudas a la Autoridad Palestina ante el FMI (Le Monde, 7/7). El dislate no podría ser mayor, si se tiene en cuenta que el gobierno de Israel recauda el 70% de los impuestos a la producción palestina. Israel mismo tampoco tiene muchas posibilidades de ayudar a nadie; el sábado pasado un empresario convertido en un sin techo se inmoló en una plaza de Jerusalén luego de dejar una carta -que la prensa calificó de conmovedora-, en la que denunciaba el rescate de los capitalistas en perjuicio de los trabajadores (Clarín, 15/7).Los observadores de la región aseguran que si la Autoridad Palestina no consigue pagar los sueldos de los funcionarios se produciría una Intifada (rebelión) que coronaría los levantamientos en los países árabes y las movilizaciones en el Estado sionista.

En las elecciones de Comisión Interna del Hospital de Clínicas, del sindicato no docente de la UBA (Apuba), votaron 1.651 trabajadores - médicos, enfermeros, técnicos, administrativos, mantenimiento, etc.- y se presentaron tres listas -dos de la burocracia y la lista 14 (PO + independientes). Renovó su tercer mandato la lista 8, que responde a la directiva del sindicato, encabezada por Jorge Anró, kirchnerista y desde hace unas semanas anti-Moyanista, que obtuvo 1.133 votos. La lista 14, Bordó + independientes, quedó en segundo lugar (25,5%), con 421 votos (supera el 16% del año pasado). La tercera lista, ligada también a la directiva, sacó el 5%, con 79 votos. Las elecciones transcurrieron en un clima marcado por el debate sobre el impuesto a las ganancias, las asignaciones familiares y el techo a las paritarias del 20%. Cerca del 60% de los no docentes de la UBA paga impuesto a las ganancias, en seis de las siete categorías. El crecimiento de La Bordó en el hospital referencia a sectores importantes de trabajadores que buscan un canal de organización. El triunfo de la burocracia, sin embargo, es el de un aparato clientelar, bancado por las autoridades del hospital y la UBA. El significativo crecimiento del clasismo en el riñón de la burocracia sindical de la UBA, y gran concentración de trabajadores de la ciudad de Buenos Aires (4.000 personas), se inscribe en una etapa de recuperación de cuerpos de delegados.

La asunción de Mohamed Morsi, de la Hermandad Musulmana, como nuevo presidente de Egipto implica un salto cualitativo en la crisis política que envuelve al país desde el derrocamiento del dictador Hosni Mubarak. La HM asciende al gobierno como una fuerza capitalista, con una línea dirigente con fluidos vínculos con los grandes fondos de inversión internacionales. Esto habilitó las condiciones para que pudiera obtener la presidencia con el apoyo de Washington, pero no logró ganar la confianza de los militares que vetaron la elección del Parlamento por su mayoría islamista. No hay acuerdo La participación de los principales miembros de la Junta Militar en la ceremonia de asunción de Morsi, lejos de anunciar un acuerdo forjado entre los militares y los islamistas, preanuncia la pugna por el poder que existe realmente. La HM quería realizar la ceremonia en el edificio del Parlamento disuelto, pero le fue impedido por las autoridades militares. Luego, el flamante mandatario anunció la reapertura del Parlamento que realizó una sesión simbólica de 15 minutos, con una manifestación de masas en las afueras del lugar, convocada por el islamismo. Sin embargo, la Corte Constitucional -dominada políticamente por los militares- ratificó la disolución del órgano legislativo y obligó a Morsi a acatar el fallo. La iniciativa de Morsi por reinstaurar el Parlamento fue fogoneada, nada más y nada menos, que por el mismo imperialismo yanqui, cuyos funcionarios se reunieron con el mandatario previamente al anuncio para reclamarle un "funcionamiento democrático" del país. En el mismo sentido se expresó el FMI que condicionó un anhelado préstamo de 3 mil millones de dólares a la formación de un gobierno "democrático" en el país, que cuente con una legitimidad popular suficiente para aplicar los recortes reclamados por el organismo multilateral. El asunto no es menor porque de ese préstamo depende evitar una fuerte devaluación que, sin duda, produciría un nuevo estallido social, debido a la dependencia del país en la importación de alimentos. Obama y el sionismo El choque entre el establishment militar y el nuevo gobierno -cuyas verdaderas funciones y atribuciones se desconocen- encubre por tanto una crisis de orden más general. El apoyo del imperialismo a la HM contra los militares es un tiro por elevación al sionismo, quien se encuentra en la primera línea de apoyo a los militares egipcios por su rol de contención de las masas palestinas. El sionismo rechaza, por otra parte, a la HM por sus vínculos con Hamas. El gobierno de Obama ha intentado durante el último tiempo atizar las pretensiones del lobby sionista para recuperar terreno en Medio Oriente tras las rebeliones populares y levantamientos de las masas, mediante un bombardeo a Irán y el avance en la expulsión de palestinos de sus tierras vía nuevos asentamientos de colonos. La disputa entre los militares y la HM traduce una pugna entre el imperialismo yanqui y el sionismo por la salida para el volcán de Medio Oriente. Sin luna de miel Definitivamente, el nuevo gobierno egipcio no contará con el tradicional periodo de gracia que se le concede a los Ejecutivos que recién asumen. La formación de una suerte de gobierno de "unidad nacional" con una mujer y un cristiano copto como vicepresidentes poco aportarán a zanjar la verdadera cuestión que paralizar al país, es decir, la disputa con el establishment militar que, además, controla importantes resortes de la economía del país. Luego de una serie de tímidos intentos, el presidente islamista parece haber descartado la posibilidad de apoyarse y movilizar a las masas para quebrar a la postura de los militares. Sucede que una salida de estas características obligaría a Morsi a llevar adelante un gobierno apoyado en las masas contra las Fuerzas Armadas, lo que implicaría un quiebre y enfrentamientos de alcances profundamente revolucionarios, mucho más que los vistos hasta ahora en la emblemática Plaza Tahir. Por supuesto, la naturaleza capitalista y reaccionaria del islamismo le impide llevar adelante una salida de este tipo hasta el final, como lo reveló su boicot al proceso revolucionario en general. Pero si no apela a este recurso, el único futuro que le resta a Morsi es el sometimiento o la renuncia. Eso, sin duda, desataría un nuevo levantamiento de las masas contra la Junta Militar.

Que “la agenda de la banca está dictada por la lucha de clases”, como responde el PTS a nuestro planteo de establecer una “iniciativa legislativa” en Neuquén, es un lugar común. Vale, incluso, para los parlamentarios de la burguesía; ni siquiera ellos pueden operar en el vacío. El asunto es determinar esa agenda: qué plantea y en qué consiste. En ausencia de ella, la presencia de la izquierda revolucionaria en el parlamento resulta inútil, ya que se limitaría a una gestión burocrática de agravios atomizados por parte de los trabajadores, o al “denuncismo”, el cual sería una expresión deformada de lo que “dicta la lucha de clases”. La ausencia de una agenda legislativa es señal de falta de política en el ámbito parlamentario y fuera de él. Es una suerte de compromiso oportunista entre el parlamentarismo -que busca canalizar las contradicciones de clase por la vía de la Legislatura- y el antiparlamentarismo -el cual simplemente ignora la lucha política mediante el abuso justificativo de la “acción directa”. La agenda legislativa de una izquierda revolucionaria no solamente es “dictada por la lucha de clases”, sino por su propio programa político. La agenda legislativa de los revolucionarios es una de las formas de expresión de su programa político. ¿La acción parlamentaria se opone a la “movilización extraparlamentaria”? Trotsky llamó a esto “cretinismo parlamentario”. A la posición opuesta la bautizó como “cretinismo antiparlamentario”. En tanto la experiencia parlamentaria no se haya agotado efectivamente como medio de gestión estatal en la conciencia de las masas, resulta necesario simplemente evitar el “cretinismo”. Es cierto que ninguna iniciativa legislativa de la izquierda tendría cabida -y ni siquiera repercusión- sin un apoyo de los trabajadores. El objetivo de la agenda legislativa es suscitar esa repercusión por medio de una campaña política, que verifique la recepción que tiene en las masas. La banca debe ser una escuela de socialismo revolucionario, no el derrotero de un “gestor de los obreros”. De todos modos-y en términos de una “agenda de lucha”-, ¿puede haber algo más candente para esta banca que una acción en defensa de la gestión obrera en la industria ceramista? Esa acción, como señalamos en nuestro artículo “La iniciativa parlamentaria de la izquierda revolucionaria” (PO nº 1.125, www.bit.ly/ODAMht), brilla por su ausencia. No se entiende, tampoco, que la acción extraparlamentaria sea reclamada al Partido Obrero, el cual ha estado en esa acción durante 40 años, pero -en especial- durante el gran período de auge del movimiento obrero piquetero y de la lucha contra las tercerizaciones ferroviarias, donde -por ese motivo- asesinaron a nuestro compañero Mariano Ferreyra. Varios “extraparlamentarios” no se hicieron presentes allí. Es necesario que la izquierda que actúa en un frente procure establecer conclusiones comunes y avance en la comprensión del proceso político que protagoniza. Es así como debe procesarse una delimitación política de ideas.

El golpe en Paraguay ha disparado una crisis política de alcance sudamericano. No está en juego la restitución de Lugo, que ha aceptado la salida electoral que deberá tener lugar en abril, bajo la tutela de la derecha golpista. El Frente Amplio (Guazú) también se prepara para la campaña electoral. Los "hermanos/as latinoamericanos", Dilma y Cristina, disimularon su impotencia frente al golpe, propiciando uno propio: el ingreso de Venezuela en el Mercosur, a pesar de la falta de acuerdo de Paraguay. Es una maniobra de escaso vuelo, por carecer de base legal y porque en realidad apenas inicia un proceso de integración que deberá durar un par de años. Otro aspecto no menor es que desató una crisis en el plexo del gobierno de Uruguay, que puso al vice (¡cuándo no!) contra el presi, Mujica. Según Danilo Astori, el ingreso de Venezuela fue un golpe pactado entre Argentina y Brasil, a último momento, pues le consta, dice, que Dilma Roussef fue a la reunión del Mercosur sin la intención de hacer eso. En el relato de Astori (O Estado de Sao Paulo, 14/7), el Mercosur ha pasado a ser dirigido por un dúo presidencial, CFK-Roussef, al margen de los tratados internacionales. A partir de aquí, estima que ha quedado incapacitado para desarrollar acuerdos internacionales de libre comercio, como el que Uruguay busca alcanzar con la Unión Europea. Si esta versión se confirma, CFK no solamente quiere cargarse a Scioli; también busca, con Brasil, imponer un proteccionismo comercial ‘de facto' frente a la crisis mundial. Como se ve, el golpe a Lugo desató innumerables vectores de crisis. A esto hay que agregar el respaldo al golpe contra Lugo de parte de Estados Unidos -interesado en aumentar su presencia militar en el Chaco-, y Canadá -que negocia contra reloj para habilitar la entrada del pulpo minero Río Tinto. En Brasil, el canciller Patriota fue bombardeado, en el Senado, por la oposición e incluso por sectores del oficialismo por la inclusión de Venezuela en el Mercosur. Incluso, hay versiones de crisis de gabinete e incluso de su propia salida. Los golpes ‘suaves' o ‘parlamentarios' están al día en América Latina, incluidos los ‘nacionales y populares'. El que afecta a Scioli forma parte del paquete. La crítica del canciller Almagro y el vicepresidente Astori al ingreso de Venezuela en el Mercosur, ejemplifica un alineamiento continental contra su propio gobierno. El epíteto de Mujica contra el golpe "narco colorado" en Paraguay, no mereció la misma calificación por parte de sus adversarios al interior del Frente Amplio. Tampoco aludió Mujica a la denuncia de Astori, de que Brasil y Argentina lo envolvieron en una conspiración para incorporar a Venezuela. CFK habría convencido a Roussef de que después de Paraguay podría producirse un proceso desestabilizador como consecuencia de las elecciones de Venezuela y, en especial, de la enfermedad de Chávez. Es curioso que enseguida estallara el enfrentamiento entre Obama y su rival electoral, Romney, a propósito de la afirmación de Obama de que "Venezuela no representa una amenaza contra la seguridad de Estados Unidos". O sea que el Departamento de Estado norteamericano está advertido de una crisis potencial en Venezuela y de la determinación del alto mando militar venezolano de enfrentar la crisis que no dejaría de producir un fallecimiento de Chávez o un resultado electoral muy parejo en las elecciones de octubre próximo (ver lo que ocurre en México). Mercosur Detrás de estos choques políticos hay otra realidad que pesa: la crisis del Mercosur, bajo los efectos de la crisis mundial y los arbitrajes "nacionales". La posibilidad de ‘un eje' Brasil-Argentina está afectado por el enfrentamiento comercial entre ambos. El "dirigismo" y las trabas al comercio con Brasil -un intento con límites infranqueables para evitar un nuevo “rodrigazo” en la Argentina- han derrumbado el comercio con Brasil. La industria brasileña está en retroceso y enfrenta la competencia china. Argentina ha propuesto un acuerdo con China -su principal comprador de soja- que es rechazado por Brasil, porque sería un golpe mortal para su industria. Brasil también se parte por el medio: la industria militar norteamericana ha llegado a acuerdos con las constructoras brasileñas, que son resistidos por la industria brasileña, la industria militar europea y gran parte del PT, pero que cuenta con el acuerdo de la oposición (O Estado de Sao Paulo, 14/7). Argentina y Brasil se ven presionadas a una devaluación sustancial de sus monedas, que podría terminar en un estallido social. El ingreso de Venezuela podría ser muy interesante si permitiera acuerdos bilaterales, de intercambio de energía, a precios inferiores a los internacionales, por inversiones industriales en gran escala, con créditos igualmente baratos y a larguísimo plazo. Pero se trata de una perspectiva que está afuera del alcance de las burguesías nacionales, por un lado por sus rivalidades (y su incapacidad de planificación) y por el otro por la presión del capital financiero internacional. El Mercosur se disgrega como resultado de las presiones de la crisis mundial. Hay quienes incluso quieren mandar a Brasil a la B, desclasificándola del Bric (el grupo de países con Rusia, China e India). En este cuadro, se ha iniciado una intervención del movimiento obrero en Brasil, que atraviesa un cuadro huelguístico y choques con el gobierno. La tesis de una América Latina unida bajo la batuta de gobiernos nacionalistas no pasa las pruebas de la crisis mundial, con su secuela de crisis políticas y de poder.

El jueves 12 de julio se botó en el Astillero Río Santiago (ARS) el primero de los buques petroleros venezolanos encargados por Hugo Chávez en 2004. La botadura coincidió con el paro de 48 horas impulsado por ATE contra el desdoblamiento del aguinaldo, que había comenzado el miércoles 11. La asamblea, el día previo, discutió la contradicción entre la botadura y la huelga; para colmo con la presencia del gobernador Scioli, el ajustador del aguinaldo. Pachulli -dirigente de la lista Blanca, que domina el cuerpo de delegados del ARS, y secretario gremial de ATE provincia- defendió la botadura el día del paro. Prefirió evitar el impacto político positivo que un boicot hubiera significado para la lucha por el cobro del aguinaldo. El PTS repudió, en un volante, la presencia de Scioli, pero no planteó el cumplimiento de la huelga; lo mismo el PCR. En la botadura se hicieron presentes el titular de la UIA, De Mendiguren, y el Obispo Aguer. Pachulli destacó "el compromiso y el trabajo" de Scioli con el ARS. También hizo mención a "la paciencia" del gobernador, frente a los ataques de los K. No hizo ninguna referencia al aguinaldo adeudado ni al conjunto de las reivindicaciones pendientes de los trabajadores del ARS. Pachulli, que fue candidato a intendente de Ensenada por el duhaldismo en 2011, ahora reclama a Scioli que se ponga al frente de un armado opositor al kirchnerismo ("que se ponga los pantalones largos", dijo). En la botadura, los muchachos de Pachulli desplegaron una bandera con la leyenda "Mariotto golpista". Sin embargo Scioli los volvió a defraudar, ya que en su intervención mantuvo su línea de "no confrontación" con "el proyecto de Néstor y Cristina". La ceremonia se convirtió en un boicot a una huelga general y en la una usurpación de la botadura por parte de Scioli. Todo esto desató la bronca de algunos obreros, que no se privaron de gritarle a Scioli el reclamo del aguinaldo. Pero sus expresiones no tuvieron expresión en algún cartel o bandera de las tendencias opositoras. El clasismo, en el Astillero, necesita nuevas bases.

El gobierno de Córdoba acaba de celebrar la colocación de un bono por algo más de 100 millones de dólares a un tasa del 9.5%, una tasa muy alta, aunque inferior a las colocaciones anteriores. El bono es un muy buen negocio para la especulación financiera y la fuga hacia el dólar por eso ha tenido una rápida aceptación. De la Sota festeja haber salido del abismo de tener que reconocer la quiebra de las finanzas públicas para quedar en la orilla Las finanzas provinciales están en rojo como resultado del brutal endeudamiento de la provincia que DLS sigue incrmeentando, por la caída de la actividad económica y por las deudas, sobre todo con la Caja de Jubilaciones, que el gobierno nacional no reconoce. Por eso amenazó con recurrir a la Corte Suprema para que el gobierno nacional cumpla con el envío de fondos de la Anses (entre otros). El gobierno cordobés reclama 1.200 millones de pesos correspondientes a la asistencia que ese organismo debía enviar en 2011 a la Caja Provincial de Jubilaciones como parte de acuerdos firmados. Si a esto se le suma deudas por planes de viviendas, obras, sostenimiento de presos federales, etc., la suma se eleva a 2 mil millones. De la Sota recorre el camino de su antecesor, Schiaretti, que llegó a la Corte y luego retiró la demanda ante un nuevo acuerdo, que el gobierno nacional incumplió. Por eso De la Sota sostuvo que presentará la demanda como parte de las negociaciones. Sin embargo a renglón seguido circuló la información de que el peronismo cordobés presentaría lista propia para las elecciones de 2013, es decir, que no iría con un armado acordado con el kirchnerismo. El "costado político" del conflicto está muy claro: los K pretenden encumbrar a la actual rectora de la UNC, Carolina Scotto, en su lista de diputados en la perspectiva de la gobernación en 2015. La intención es que fuera acompañada por el actual secretario general de Luz y Fuerza, pero éste terminó subido al palco de Moyano a cambio de que no rodara su cabeza al frente del gremio. La guerra entre DLS y el gremio, que actúa en defensa de los negocios de la ultra K Electroingeniería, tiene como trasfondo esta maniobra política del gobierno nacional. El no envío de los fondos de la Anses a la Caja de Jubilaciones no tiene sólo el objetivo de esmerilar a DLS, bien que sostener el déficit de la Caja es uno de los problemas más serios ante la evidencia cada vez más clara del derrumbe la de las finanzas provinciales como resultado del brutal endeudamiento y los siderales subsidios a los capitalistas que desenvuelven su actividad en la provincia. El gobierno nacional presiona para una modificación sustancial del actual régimen jubilatorio en la provincia, reclama una "armonización total", esto significa fundamentalmente la modificación del cálculo del haber jubilatorio, "nacionalizándolo" para que se calcule sobre el promedio de los últimos 10 años y que sea actualizado dos veces al año como sucede con las miserables jubilaciones nacionales. Ya en 2008 Schiaretti llevó el cálculo al promedio de los últimos 4 años lo que provocó una rebelión de los trabajadores estatales que tuvo como centro a Luz y Fuerza y municipales de la Capital. DLS ha dejado trascender que no piensa modificar el actual régimen, sin embargo desde hace 4 meses tienen en su poder un pedido de informes, que el Frente de Izquierda presentó en la legislatura provincial sobre el punto, y no lo contesta. DLS se sumará a la modificación presentándola como último recurso para sostener la Caja. Los estatales cordobeses aportan 7 puntos más que los nacionales a la Caja justamente para sostener el 82%, pero ese fondo compensador despareció, y 2.000 jubilaciones de privilegio (jueces, ex legisladores, etc.) se comen una parte sustancial de los fondos. Mientras, la Caja sigue intervenida por el menemista Giordano (autor de las leyes de la ARTs y de "solidaridad previsional"). Los diputados K, por Córdoba, y el actual secretario de DDHH de la Nación, el "Hijo" Martín Fresneda, defienden las exigencias "armonizadoras" de la Nación. Como se ve la pelea CFK-DLS no tiene un costado progresista, por el contrario es una disputa entre dos fracciones que sustentan un planteo reaccionario: liquidar la conquista del 82%. La situación ha puesto en alerta a los trabajadores del sector. Las agrupaciones sindicales orientadas por el Partido Obrero están planificando una convocatoria para poner en marcha un plan de acción en defensa del 82% y la ley 8524 anulando la modificación de 2008.

El Congreso Extraordinario de Cicop resolvió convocar a la movilización a los tribunales de Comodoro Py el lunes 6 de agosto, con motivo del inicio del juicio a la patota. Este crimen fue entendido por los delegados como un ataque a todos los trabajadores que se organizan y luchan. Por ese motivo se pronunciaron por el juicio y castigo a todos los responsables materiales e intelectuales del mismo. La precarización laboral también está ampliamente extendida en los hospitales de la provincia de Buenos Aires. La lucha de Mariano está presente también entre los trabajadores de la salud. Cárcel a Pedraza, a la patota y a los funcionarios cómplices del asesinato de Mariano.

El gobierno de Evo Morales negoció de apuro con los representantes sindicales de la tropa policial, para poner fin a la huelga de los agentes de baja graduación que en buena parte del país se movilizaron en demanda de mejores salarios. Lo hizo, precisamente, cuando estaba a punto de llegar a La Paz la novena marcha de campesinos del Beni, que exigen la clausura del proyecto de construcción de una carretera que cruzaría el Territorio Indígena del Parque Isidoro Sécure (Tipnis), exigida por el capital cocalero y por las corporaciones exportadoras brasileñas. Esa obra tendría efectos devastadores para las poblaciones originarias que viven en la región. En otras palabras: el gobierno cedió a buena parte de las demandas policiales cuando necesitó recuperar su fuerza represiva para hacer frente a los campesinos. Previamente, el presidente de la República había denunciado una extraordinaria conspiración para derrocarlo. Con ese propósito, dijo Morales, se reunieron "el suboficial Atauichi y el sargento Juan Soraide (dirigentes de la huelga policial), la señora Cárdenas (esposa de Víctor Hugo Cárdenas, del MNR), Jaime Solares (secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Oruro) y Wilma Plata (dirigente de los maestros paceños y del Partido Obrero Revolucionario)". Esa amplísima conspiración dejó de ser tal y se llegó a un acuerdo cuando Morales tuvo encima otra "conspiración": la de los campesinos del Tipnis, que habían marchado a pie, durante dos meses, desde la cabecera de la cuenca del Amazonas. También ellos fueron acusados "de compromisos políticos con la derecha, de delitos económicos y de nexos con el narcotráfico" (El País, 12/7). Menos zanahoria, más palo Mientras duró el acampe de los indígenas -otrora partidarios decididos del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS)- "cientos de vecinos se aproximaron cada día con ropa de abrigo, sobre todo para unos 200 niños del Tipnis y para los miembros que quedaron empapados cuando la policía lanzó chorros de agua desde un vehículo Neptuno sobre las precarias tiendas de campaña, en las dos ocasiones en las que grupos de activistas intentaron romper el cerco policial y permitir que la columna de manifestantes accediera a la Plaza de Armas, donde se encuentra la Casa de Gobierno" (ídem). También la huelga policial, corresponde decir, concitó la solidaridad de los trabajadores y de las organizaciones sindicales de La Paz, que vieron en ese movimiento una confluencia con sus propias demandas. A todo esto, el que desarrollaba una política golpista respecto del campesinado era el gobierno, no la derecha. Mientras la masa de indígenas del Tipnis se encontraba en La Paz, grupos provocadores del MAS, al mejor estilo de La Cámpora, daban un golpe de mano en el Beni para destituir al presidente de la Confederación Indígena de Bolivia (Cidob), Adolfo Chávez, que estaba al frente de la marcha en la sede del gobierno. Por supuesto, lo reemplazaron con un oficialista; y el golpe de mano fue festejado por el ministro del Interior, Carlos Romero, quien dijo que ahora habrá "un gran diálogo y una gran consulta". Es decir, no habrá nada: el oficialismo se propone tener "un gran diálogo y una gran consulta"... consigo mismo. Represión y maniobras "destituyentes" son las herramientas de un gobierno próximo a su agotamiento. Mientras la marcha indígena aún estaba en La Paz se produjo el conflicto con los trabajadores de la mina Mall Khota, en Potosí, donde la represión dejó un trabajador asesinado, heridos y detenidos. Esa mina estaba en manos de la canadiense South American Silver (SAS), y los mineros exigieron su nacionalización ante el evidente vaciamiento al que la sometía ese pulpo internacional. Y lo hicieron a su modo: ocuparon la mina, tomaron rehenes y se enfrentaron duramente con la represión gubernamental. Cuando la situación quedó fuera de control para el oficialismo, el gobierno decidió la "nacionalización". En definitiva, se asiste en Bolivia a un nuevo episodio del cada vez más acelerado proceso de ruptura de las organizaciones obreras y campesinas con un gobierno al que esas mismas organizaciones habían respaldado con el voto y con la movilización, y hasta con las armas cuando de verdad la derecha quiso derrocar a Morales. A. Guerrero

La paritaria de Foetra entró en crisis, como consecuencia de la intransigencia patronal, que derivó en un "quite de colaboración" y "trabajo a reglamento". Una "conciliación obligatoria" de Trabajo no fue acatada. La "Mesa de Unidad Sindical de las Telecomunicaciones", que agrupa a los sindicatos y Federaciones telefónicas, celebró, mediante un comunicado, el éxito de las medidas, para concluir que abrió una "nueva instancia de negociación en la que participa directamente el ministro (...) Carlos Tomada". Una forreada: el ministro, amigo de Pedraza, es aliado estratégico de las telefónicas y de su edificio de tercerizaciones laborales. Telefónica -que posee una parte importante del paquete accionario de Telecom en Italia y, por lo tanto, de Telecom en Argentina- "necesita" esos recursos para paliar la crisis de su "casa matriz" en España. Pretenden hacer caja como sea recurriendo, en este caso, a sus filiales en América latina. Por boca de La Nación (11/7) denuncian que "tanto en Argentina como en Venezuela tiene dificultades para poder repatriar dividendos". ¿Será este uno de los motivos de la negativa de las patronales a resolver las paritarias? Los trabajadores no podemos ser ajenos al saqueo nacional o pagar con mayor explotación laboral el beneficio y la bancarrota de estas multinacionales. Los trabajadores no están dispuestos a permitir una nueva paritaria a la baja, en cuotas y por un año. La inflación viene en ascenso, mientras las empresas siguen obteniendo ganancias récord. Exijamos que se abran los libros contables de las empresas y que se investigue el saqueo nacional y laboral. Desde la Naranja llamamos a impulsar las asambleas, la convocatoria al plenario de delegados y a la asamblea general para discutir la necesidad de un paro y movilización de todo el gremio telefónico. Hay que sacar el conflicto a la calle. Esa es la única garantía para negociar en buenas condiciones. Para obtener el aumento que estamos reclamando y todas las reivindicaciones.

En enero de 2000, el gobierno de Tucumán rubricó un convenio de colaboración recíproca con la remisería "Cinco Estrellas", propiedad de Rubén "La Chancha" Ale, famoso capomafia comarcano. El acuerdo consistía en que los choferes de los autos de alquiler "colaborarían" con la seguridad ciudadana, mediante el uso de una misma frecuencia radiofónica con el comando radioeléctrico. Aquella mafia, con la flotilla de remises, se sumó al aparato de seguridad convocada por Fernando Juri, ex vicegobernador de José Alperovich y actual legislador adicto al mandatario. Poco más de dos años después de aquel pacto, María de los Ángeles "Marita" Verón era secuestrada en un Fiat Duna rojo, que exhibía una calcomanía de cinco estrellas: nada menos que el logo de la remisería encargada de "cuidar" a los tucumanos. Por aquellos tiempos, María Jesús Rivero -una de las imputadas en el juicio por el secuestro y promoción de la prostitución de "Marita"- estaba en pareja con "La Chancha" y era copropietaria de la agencia de remises. En el banquillo de los acusados también está sentado Víctor Rivero, hermano de María Jesús. Según el expediente, este secuestró a la joven por pedido de su hermana. En su testimonio -martes 10 de julio-, el ex comisario Julio Díaz -subsecretario de Seguridad del gobernador Julio Miranda, entre julio de 2001 y abril de 2003- negó el estrecho vínculo entre los Rivero, el mafioso Ale y el Gobierno provincial: declaró -en calidad de testigo- que desconocía la existencia del convenio. Si se atendiera la declaración de Susana Trimarco -mamá de "Marita"-, el ex funcionario debería haber testificado como imputado. La mujer había afirmado que, tras la desaparición de su hija, Díaz le aconsejó que hable directamente con "La Chancha": "me dijo que (Cinco Estrellas) tenía más autos y mejores armas que la Policía", había declarado la mujer. (La Gaceta, jueves 16/02). El desconocimiento del pacto, por parte de Díaz, choca con los dichos del propio Ale, publicados en una nota en La Gaceta, en 2002. En aquella ocasión, el "empresario" remisero reconoció que el convenio fue utilizado en la búsqueda de Marita (La Gaceta, 11/07). Las declaraciones de Jesús Rivero -un día después de las de Díaz- también desmintieron al ex comisario. "Ese convenio no fue firmado entre gallos y medianoche. Fue firmado a media mañana, un día de semana, en el salón Blanco de Casa de Gobierno" (La Gaceta, 12/07). Por parte del gobierno, entre otros, el acta fue rubricada por Juan Alberto Kaleñuk, por aquel entonces jefe de Policía, anteriormente al mando de Gendarmería y desde hace varios años uno de los más cercanos colaboradores del gobernador Alperovich. Recientemente, Kaleñuk fue sobreseído de una causa por venta irregular de mercadería decomisada por Gendarmería, pese a que el fiscal había constatado la operación en dependencias del destacamento (La Gaceta, 06/07). Al intento de ocultamiento del convenio de "seguridad" Díaz sumó otro motivo por el que debería ser inmediatamente investigado: aceptó no haber informado a la Fiscalía sobre lo que hacía en la causa, mientras se desempeñaba como funcionario provincial (La Gaceta, 10/07). En lo que va del proceso, resultan incontables los testimonios que evidencian que los sistemas judicial, político y policial y su entrelazamiento con las mafias resultan clave para ir a fondo en la lucha por el desmantelamiento de las redes de trata. La lucha por el juicio y castigo a los imputados en el actual juicio por la desaparición de "Marita" debe ser dirigida en esa perspectiva.

Como era de esperarse, el gobierno provincial -a partir del lunes 16- aumentará las tarifas de media y corta distancia, el 35 y 50% respectivamente. La "sintonía fina" muestra sus dientes en la provincia. El ajuste ya contaba con el aumento del 35% en el agua, del 25% en los alquileres, entre otros. Este nuevo aumento en las tarifas del transporte público no será el último, según el Ministro de Transporte, ya que la tarifa está "muy atrasada". Desde principios de año, las empresas de energía eléctrica están ejerciendo un fuerte lobby, de la mano de la corpo Vila-Manzano, para su propio tarifazo. Podemos concluir que, con casi la totalidad de las paritarias cerradas, Paco Pérez prepara su propio "rodrigazo". Por supuesto, este manotazo al bolsillo de trabajadores de ninguna manera implica una retirada de subsidios. Es más, el Gobierno nacional aportará 500 millones de pesos, mientras que la provincia pondrá 300 millones (MDZ, 11/7). Esto significa que, con el aumento, el sistema de colectivos mendocino absorberá este año unos 800 millones de pesos en subsidios. Sin embargo Palau, el Ministro de Transporte, afirmó: "si la Nación un día nos baja 100 millones de pesos, nos modificaría todo el escenario" (ídem). Ya se ha difundido que si Mendoza implementa el sistema Sube, será nuevamente "actualizada" la tarifa. El aumento sirve como aire para el gobierno provincial, el cual actualmente está en bancarrota, y también para los capitalistas del transporte, quienes -como cada año- exigen actualizaciones de lo que cobran por "kilómetro recorrido". El sistema de cobro por "kilómetro cero", creado por Cleto Cobos, es para que los empresarios tengan "riesgo cero", ya que sólo deben cumplir las frecuencias para facturar. El sistema de pago por kilómetro recorrido benefició a los mismos empresarios, que durante la vigencia de la licitación anterior a 2005 habían dejado el servicio en pésimas condiciones. Son los mismos que recibieron beneficiosos planes de pago por las deudas que arrastraban con el Estado por la falta de pago de los impuestos. En su momento, el aumento del boleto fue suspendido por la noticia de la "nacionalización" de YPF, cuando nuestro gobernador debía posar al lado de Cristina, por ser Mendoza una provincia petrolera. Días después, el boletazo tiene como mejor excusa el alza en los precios del combustible -sobre todo luego del aumento del 3,6%, en promedio, dispuesto por la petrolera "de bandera". La pregunta es: ¿si YPF es de "todos los argentinos", no puede garantizar el combustible para no implementar un aumento en la tarifa del transporte? No, porque para eso es necesaria una reorganización de la estructura social a favor de los trabajadores y no de los capitalistas. Nuestra política El boletazo sólo puede retraerse mediante una lucha de conjunto contra el gobierno y su orientación social. Cuando la mayoría de las paritarias han cerrado alrededor del 18%, expresiones como ésta muestran que el ajuste está en marcha y plantean, con más fuerza, la lucha por la reapertura de las mismas y un aumento salarial acorde a la inflación. Los estudiantes, otro de los sectores más perjudicados, están llamados a ser vanguardia en esta lucha junto a los trabajadores, ya que además de exigir el cumplimiento de la promesa de campaña de Paco Pérez de un boleto gratuito para los estudiantes de todos los niveles, hay que exigir el boleto de los trabajadores. Esto después de haber entregado a los choferes a un aumento a medida del gobierno. El servicio de transporte provincial, que está en pésimas condiciones, puede ser gestionado por sus trabajadores, prescindiendo de las enormes ganancias de los capitalistas garantizadas mediante el régimen de subsidios. Lo mismo vale para YPF, la que con los Eskenazi, Slim y los Kicillof sólo augura más tarifazos y ajustes.

La ofensiva nacional y popular para voltear a Scioli no amaina, pero el ex motonauta no parece inclinarse a ofrecer la renuncia, sino todo lo contrario: mientras pone cara de poker, sus operadores realizan infatigables contactos y trenzas para la tenida decisiva. Luego de fracasar en la tentativa de financiarse con un bono nacional en poder del Banco Provincia, Scioli decidió prorrogar por decreto las licencias para el juego -un negociado para Codere, Boldt y otros- a cambio de un adelanto de plata. Scioli sacó, así, el hacha de guerra, porque es el decreto que lo pone por arriba de la bancada "militante" en la Legislatura. Y la prórroga de licencias ningunea a los capitalistas del juego más cercanos a la Presidencia. Los escolares que se han tomado sus vacaciones invernales podrán ver, de este modo, una versión desconocida de "titanes en el ring". Mientras De Vido se reúne con intendentes bonaerenses para "puentear" a Scioli, se menea un improbable juicio político al gobernador y una fuerte presión de la Rosada para designar a un nuevo Ministro de Economía bonaerense. Esta movida ilumina el aspecto más importante de la crisis: la necesidad del Estado K de centralizar todas las cajas del país, lo que implica manejar las diversas concesiones y licitaciones -más allá de lo que ya ocurre con las obras públicas. Es lo que dejó en evidencia CFK en su discurso en cadena contra Scioli, cuando aludió a las industrias y comercios que pueblan la pampa bonaerense. En tanto, desde la Corte de Justicia de la Provincia -con algunos duhaldistas incluidos- se ha armado otra ofensiva contra Scioli, a lo que éste respondió achicando a dos cuotas el pago del medio aguinaldo. La ofensiva destituyente -presentada por La Cámpora, Mariotto y Verbitsky como una enorme batalla "antineoliberal"- ha ganado a reconocidos dirigentes michelistas de ATE provincia, quienes no dudaron en apoyar en forma oficial a Mariotto. El cañazo a la autonomía provincial, como también la fractura de la CGT, forman parte de la ofensiva del ajuste, no de una cruzada progresista a favor de los intereses populares. Es decir que la virtual intervención federal a la provincia tiene un contenido reaccionario. Los únicos que tienen derecho a voltear a Scioli son los trabajadores bonaerenses. El remplazo de Scioli por Mariotto ya tiene su financiamiento. El Banco Central recompraría los bonos Bogar, que se encuentran en manos del Banco Provincia. Es lo que pretendía hacer Scioli, pero no lo dejaron. Estos bonos le habían sido entregados por el Estado nacional al Tesoro de la Provincia, que éste descontó en el banco oficial. El Central compraría, con emisión, los Bogar al Banco Provincia, el cual represtaría el dinero al gobierno provincial. El ajuste bonaerense vendría acompañado de una descomunal bicicleta financiera, implementada por el gobierno del "desendeudamiento". La cotización de los Bogar se encuentra por el piso, pues rinde un 20% anual en dólares. El Central autorizaría otros 6.000 millones de pesos, los que comprometen más del 20% de los depósitos del Banco Provincia, a cambio de la cabeza del gobernador. Scioli no parece querer entregar otra parte de su cuerpo. Las huelgas contra el desdoblamiento del medio aguinaldo dejaron ver entre los trabajadores una visión más amplia que la de sus dirigentes dispuestos al travestismo. Los cánticos en las marchas apuntaron tanto a Scioli como a la Rosada. Esta es la única vía para ganar este episodio de la lucha, la que seguirá cuando comiencen los retrasos de sueldos y de otros aguinaldos. En oposición a un golpe en la Provincia -a la paraguaya-, llamamos a la organización independiente de los trabajadores, y a luchar por un gobierno de los mismos.

La obra de Diment (*) se basa en una serie de entrevistas a perseguidos, a amenazados y a torturados por la Alianza Anticomunista Argentina, una organización creada y organizada desde el Estado durante el gobierno de Juan Domingo Perón, de Isabel y de López Rega, entre 1973 y 1976. El gobierno no dudó en organizar esta banda criminal para perpetrar asesinatos, atentados, torturas contra luchadores sindicales, de derechos humanos o simplemente opositores al gobierno peronista, y para “resolver” la “interna” peronista, entre camporistas y, en gran medida, la burocracia sindical. La acción de esta banda se complementó con golpes de mano, como los que voltearon al entonces gobernador de Buenos Aires, Oscar Bidegain -propietario de tierras- y, en especial, al gobernador y al vicegobernador de Córdoba, destituidos por una intervención federal avalada por la UCR, tras un golpe policial preparado desde la Rosada, en febrero de 1974. La actividad de la Triple A era tan clandestina como pública. Como menciona uno de los amenazados, “la lista de los próximos asesinatos aparecía en los diarios; me llama un amigo y me dice, ‘¿leíste Clarín?, las tres A te amenazaron de muerte’”. Operaban en “territorios liberados” por la policía con anticipación. El film se inicia con los orígenes delictivos de los que serán los principales organizadores,un grupo de miembros de la Policía Federal, que luego serán convocados por López Rega. Entre sus crímenes más notorios se encuentran los asesinatos de Rodolfo Ortega Peña, de Silvio Frondizi y del padre Carlos Mujica. Realizan atentados, como al entonces senador Solari Irigoyen , y a centenares de dirigentes obreros, entre ellos militantes de Política Obrera (agrupación antecesora del Partido Obrero). En la película son entrevistados varios sobrevivientes o familiares. Uno de ellos, Sergio Bufano, es hermano de Miguel Angel Bufano, quien junto a Jorge Fisher -ambos delegados obreros en la fábrica Miluz y militantes de Política Obrera- fueron secuestrados en la fábrica y luego asesinados. La policía acudió a la fábrica, habló con los secuestradores y se retiró. Un ejemplo claro de “zona liberada” y de complicidad con los asesinatos de la fuerza policial, el gobierno, la empresa e incluso la burocracia sindical, que aún continúa al frente del sindicato de la pintura. Sergio acusa a “los dirigentes sindicales” como miembros, partícipes y alcahuetes de las Tres A. La Triple A recibe un golpe decisivo con las huelgas generales de junio-julio de 1975, que fuerzan la expulsión de López Rega del gobierno y su exilio como “embajador plenipotenciario” en España. El ejecutor de esta expulsión es, sin embargo, el Ejército; y Jorge Rafael Videla, que asume el comando de la fuerza con la finalidad de recuperar el mentado “monopolio de la violencia” -a la que se aplicará con esmero. En pocos meses, la dictadura militar se hará cargo de la tarea criminal; las bandas de las Tres A serán cooptadas o reemplazadas por los grupos de tareas. Si la finalidad fue retener el monopolio de la violencia, el resultado fue un fracaso, porque una banda fue sustituida por varias otras. Durante el film, un entrevistado denuncia al juez Oyarbide, que cajoneó una causa contra la Triple A luego de haber declarado a sus crímenes de “lesa humanidad”: “solo investigó seis crímenes, nos quedamos mudos al ver que eran sólo dos cuerpos toda la causa”. La actividad criminal, según entrevistados, llegó a “1.500 asesinatos, 3.000 bombas y atentados”. La causa contra la Triple A no fue impulsada por ninguno de los gobiernos de la “democracia” desde 1983. (*) Parapolicial negro, apuntes para una prehistoria de la AAA - Un documental de Valentín Javier Diment

El acuerdo firmado semanas atrás por la vicejefa de gobierno de la Ciudad, María Eugenia Vidal, con un sector de la burocracia sindical de los gremios del Hospital Borda por la "no obstaculización del inicio de obras del futuro "Distrito Gubernamental" en los terrenos del Hospital Borda partir del mes de agosto (con el puño y letra de Andrés Rodríguez por UPCN, Patricio Datarmini por Sutecba y Jorge Gilardi por la AMM) confirmó lo que desde Tribuna de Salud venimos denunciando por anticipado: el Gobierno de Macri (con la venia de los gremios kirchneristas y macristas) avanzaría en su intento de levantar su Centro Cívico una vez concluida las refacciones "cosméticas" (colocación de splits frío-calor) en los sectores que siguen sin gas. El avance macrista -con el apuntalamiento del interventor "trucho" Néstor Perez Baliño- se reavivó en cuestión de días: Vidal se hizo presente personalmente en el Hospital semanas atrás para invitar a los gremios (ahora) "díscolos" -ATE (Verde Micheli) y la Asociación de Profesionales del Borda (kirchnerismo)- a reconsiderar "la oferta" ya cerrada con la dirección de AMM, Sutecba y UPCN. A diferencia del pre-acuerdo al que habían arribado con la misma Vidal en el mes de marzo junto al resto de los gremios, ATE y la APB volvieron a negarse a suscribir el Acta con Vidal. En simultáneo, funcionarios del Gobierno de la Ciudad notificaron a trabajadores y pacientes usuarios del Taller Protegido Nº 19 (único taller intrahospitalario) que serían "trasladados" del sector que ocupan históricamente y ordenaron prácticamente la "cesación de tareas" en el recinto hasta comienzos de agosto. Es justamente en esa área del Hospital -junto al campo de deportes y recreación aledaño al Taller- donde figuran "la piedra fundamental" del Centro Cívico en los planos oficiales. El dato a destacar es que la situación produjo la consumación final de la ruptura de la Mesa Intergremial del Borda: a diferencia del pre-acuerdo del mes de marzo, masivamente rechazado por la Asamblea General del Hospital a finales de abril, esta vez asistimos a realineamientos vertiginosos: el repudio generalizado de sus propias bases frente a la intención de acordar con el macrismo el Centro Cívico anhelado -que producirá en un lapso de aproximadamente 5 años el casi cierre del Borda-, ha obligado a que ATE, la Asociación de Profesionales y la mayoría de la Junta Interna de Sutecba -que ha desoído la línea bajada por Patricio Datarmini y desde hace meses se perfila un proceso de fuertes diferencia con su dirección central- se coloquen nuevamente en el campo de la lucha que desde hace meses venía impulsando el sector de los llamados "autoconvocados" contra el plan macrista. Han tenido que votar casi "a regañadientes" en la propia asamblea convocada por ATE un corte y abrazo al Borda contra el Centro Cívico el miércoles 18 de Julio, medida impulsada por un sector de trabajadores y profesionales "autoconvocados". Sin embargo, ATE y la Asociación de Profesionales, en dos asambleas ya convocadas, han deschavado su verdadero carácter: la orientación que impulsan frente a cada medida es la "organicidad". En paralelo, siguen agitando los mismos fantasmas "macarthistas" de cara a los trabajadores del Hospital contra "le gente de afuera" (y particularmente contra Tribuna de Salud). Así, la crisis política signada por las rupturas al interior del kirchnerismo y de la burocracia sindical (dos CTA y tres CGT) aterrizó en el Borda: por un lado, UPCN que acaba de constituirse en uno de los gremios pilares de la CGT kirchnerista (Caló) junto a AMM y Sutecba (cercanas al macrismo y moyanismo) entregan el Borda, mientras que ATE (Micheli) y la Asociación de Profesionales (mayoría kirchnerismo) vuelven al ruedo con el fin de disciplinar la lucha y evitar un drenaje masivo de afiliados en sus propias filas. Cabe mencionar que la perspectiva de cierre del Borda no se reduce a las aspiraciones del macrismo: ambos gremios tuvieron que reconocer públicamente en la Asamblea que bloques legislativos kirchneristas estarían dispuestos a votar la venta del Edificio del Plata, uno de los argumentos macristas para financiar obras hospitalarias y la propia construcción del Centro Cívico. La propia Presidenta Cristina Fernández de Kirchner se pronunció por "la erradicación del Borda y el Moyano de acuerdo a la nueva Ley de Salud Mental" (28/06/11). El desenlace del proceso de lucha que se vuelve a abrir en el Borda dependerá, en gran parte, no solamente de la convicción en la combatividad de la mayoría de trabajadores y profesionales del Hospital, sino por sobre todas la cosa en el carácter independiente de las camarillas macristas y también kirchneristas que pueda desenvolver el propio movimiento.

Desde el lunes 16, los compañeros de la empresa y de sus tercerizadas iniciaron la huelga. Finalizada la conciliación obligatoria, el Ministerio "liberó las partes" y aplicó una ridícula multa de 5.000 pesos a la empresa, por no acatar la orden para la reincorporación del delegado Barraza. Hace dos meses, la UTA fue multada con medio millón de pesos por una huelga declarada ilegal, la cual duró sólo algunas horas. La empresa sumó cuatro nuevos despidos de la tercerizada Mega Elec, la que es de los mismos dueños, quienes pagan el convenio la Uocra a trabajadores que hacen el tendido de redes de alta tensión. Pretenden descabezar este movimiento de lucha por el cumplimiento del convenio y contra la tercerización; pero, sobre todo, a los voceros de los trabajadores, que vienen denunciando el vaciamiento de las instalaciones de Trasnoa. Esta empresa está en el lote de las eléctricas, que han sido vaciadas por los concesionarios (Fatlyf, Taselli y Alejandro Urtubey) quienes especulan con una nacionalización para transferirle al Estado las pérdidas y el déficit millonario de inversiones en infraestructura. Los compañeros denuncian incluso que se han construido edificios en torre en terrenos que eran de Agua y Energía de la Nación antes de producirse la concesión en los 90. Venimos denunciando este ajuste contra los trabajadores como el complemento del tarifazo del 35,5% sobre los usuarios de la luz en Salta. El cuerpo de delegados ha sido convocado para mañana, para discutir medidas de apoyo del conjunto de los trabajadores del resto de las empresas del gremio de Luz y Fuerza. La exigencia de que se cumpla plenamente el convenio del año 75 en todas las empresas une a todos los trabajadores. Se ha instalado una carpa en la puerta y una vigilia con apoyo de los compañeros del PO y de la CCC. Se multiplican las adhesiones. El jueves arribará Néstor Pitrola a Salta, para traer la solidaridad con esta lucha por resolución del congreso nacional del PO. Por la tarde participará de un plenario sindical, en el que además de los compañeros de Luz y Fuerza estarán los docentes y los trabajadores ceramistas, quienes vienen de una gran huelga victoriosa de seis días en el parque industrial. Allí se discutirán todas las iniciativas por el triunfo de los compañeros de Trasnoa.

La foto de Cristina con los “gordos” y compañía -con Gerardo “Batallón 601” Martínez a su derecha- hubiera debido provocar una conmoción entre “camporistas” y “evitistas” si realmente representaran a las juventudes militantes y a los movimientos sociales. Muy lejos de eso, simplemente prueba que son carreristas políticos al servicio del mejor postor. Esta gente denunciaba a la izquierda que concurrió a la movilización contra el impuesto al salario como “funcional” al moyanismo. ¿Es verdad, de todos modos, que el gobierno ha logrado una nueva base de apoyo en los sindicatos, más sólida, y que ha logrado aislar a Moyano, como opina la prensa oficial? “Pluralidad sindical” La CGT devota del gobierno es todavía inexistente. Promete cobrar vida en octubre. Bastante antes de eso, parece haber perdido a su secretario general, Antonio Caló, quien pegó el faltazo en la Rosada. La convocatoria al Consejo del Salario deja al desnudo el completo impasse del gobierno, porque deberá sancionar un nuevo salario mínimo con la exclusión de las dos terceras partes de los sindicatos -esto si agregamos a las CTA y a Barrionuevo, los que serían excluidos junto a la CGT Moyano. Se sume o no al oficialista Yasky a dicha convocatoria, de todos modos oficializaría una lucha política abierta en los sindicatos, apuntando al gobierno. El esquema corporativo del Consejo del Salario se vería seriamente cuestionado, porque pondría en un brete a la representación patronal, afectada -además- por la crisis del mercado de cambios y por la caída de la producción industrial. Si, como es de prever, el salario mínimo -hoy de 2300 pesos- se ajustara a la baja (en relación con la inflación), daría un motivo adicional para agudizar las reivindicaciones obreras. Al rompecabezas sindical del gobierno le faltan muchas piezas, por eso se ha estado hablando de establecer un “modelo” de “pluralidad sindical”. ¿Lo aceptarán los “gordos”, quienes verían cómo se forman sindicatos paralelos en sus feudos? El gobierno ha apresurado la apertura de una caja de Pandora, porque la disgregación del aparato burocrático ya está en pleno desarrollo, como se ve en el sindicato textil, donde los congresales han ido para un lado -la CGT de Moyano- y el secretario general, Lobais, parece inclinarse para el otro. Cuidado con confundir las cosas y con errar en la caracterización de lo que está ocurriendo: no es la unidad del movimiento obrero lo que se ha roto, sino que se volatiliza el aparato de la burocracia sindical y la regimentación del Estado. El “ajuste” y la crisis capitalista penetran todos los poros de la vida política, al punto que se repiten con frecuencia mayor las huelgas policiales. Pedraza El desmembramiento de los aparatos se aprecia por sobre todo en la Unión Ferroviaria la cual, sin embargo, está dominada por una camarilla fuertemente sostenida desde la Secretaría de Transporte. Aquí golpea con todo la crisis completa en que se encuentran las concesiones ferroviarias y del subte. El mismo día de la entrevista cómplice de CFK con los “gordos” que colaboraron con la dictadura, Pedraza firmó su renuncia al consejo directivo de la CGT anterior a la escisión, para poner a la UF en la central que prometen formar los “gordos”. El cambio, sin embargo, vino acompañado con una advertencia al gobierno: que trabaje por la excarcelación de Pedraza o por su impunidad. En Mar del Plata, la Unión Ferroviaria acaba de votar una declaración amenazante, porque dice “que confía plenamente en el deseo del gobierno nacional de que prevalezca la verdad y lejos está de vislumbrar (ojo) que desde el gobierno nacional se esté mediando a fin de propiciar la condena de nuestros compañeros encarcelados” (Crónica, 8/7). El Juicio Oral y Público contra la patota asesina de Mariano Ferreyra se ha sumado abiertamente a la crisis de la CGT y cuestiona el operativo del gobierno de formar una organización paralela a la de Moyano. De paso, preguntamos: ¿por qué no dice nada sobre esto Horacio Verbitsky, quien pretende escribir la columna periodística mejor informada en la edición dominical de Página/12? La intención oficial de gobernar arbitrando un ala del aparato sindical ha nacido muerta. Opera, además, sobre el campo minado de la crisis capitalista y de los ajustes. Las cartas que se reservó el gobierno para ofrendar a la burocracia “gorda” -el aumento del salario mínimo y del mínimo no imponible a ganancias- defraudarán a todo el mundo, porque el salario no sobrepasará el tope del 18% fijado por el propio oficialismo (en dos rubros donde el atraso supera holgadamente el año). Manotazo a obras sociales La madre de todas las batallas es la que anuncia el propósito del gobierno de crear un sistema público de atención a los tratamientos complejos, expropiando las obras sociales a los sindicatos. Manda la caja: son 30.000 millones de pesos. Habría que ver cómo quedaría el sistema con la medicina privada, la cual se beneficia de las contrataciones de las obras sociales. El gobierno se convertiría en el intermediario privilegiado de un negocio enorme. Es un asunto acuciante, porque al momento actual el gobierno está atrasando los pagos a las obras sociales y por eso ha acumulado una deuda enorme con la burocracia de todos los gremios. En la entrevista de CFK con la delegación encabezada por el “Batallón 601” Gerardo Martínez, este tema -el tema de los temas- fue “discretamente” soslayado. Esto explica que, según los diarios, el que salió más insatisfecho de la reunión haya sido Cavalieri. ¿Es viable, como pretenden los “jóvenes militantes”, sustituir la burocracia sindical por una “relación directa” de CFK “con las bases”, llevando al extremo el poder personal? El planteo es políticamente reaccionario (hay que decirlo con todas las letras), porque supone no la independencia de la clase obrera, sino la destrucción de los sindicatos. Los “camporistas” que apoyan este planteo desearían convertirse en una correa de transmisión del Estado en los sindicatos convertidos en asociaciones civiles. Suponer, sin embargo, que el gobierno podría operar este cambio en el marco del ajuste es una demostración de que la crisis política empuja a los oficialistas al aventurerismo. Este planteo es la justificación “programática” de la iniciativa de reformar la Constitución para la tercera -o cuarta- reelección de los K. Política y sindicatos Curiosidades que produce la crisis, al corporatismo oficial le sale al paso un Hugo Moyano parlamentarista, que plantea “repensar el voto de 2013”. Moyano se adelanta a un hecho consumado, porque es claro para cualquiera que no se repetirán los alineamientos ni los resultados electorales de 2011. De apariencia desafiante, el planteo es en realidad mendicante: Moyano está pidiendo un lugar en una lista para el año que viene y que no tiene la menor idea de cuál podría ser, porque el proceso político está cambiando todos los días -la última novedad es que Binner, nuevamente deseoso de encabezar una alianza con la UCR, se manifestó dispuesto a incorporar a las discusiones al duhaldismo. El moyanismo sólo plantearía la formación de un partido de trabajadores como un recurso extremo ante el avance de la izquierda revolucionaria fusionada con el movimiento obrero. “Repensar el voto” ha funcionado como el comodín de Moyano para no plantear un plan de lucha contra el impuesto al salario, los impuestazos que vienen en avalancha y el apoyo a las decenas de luchas que se desarrollan por todos lados. Moyano designó como su vice -secretario adjunto- a su propio Cobos o Mariotto, el burócrata del petróleo de Neuquén, quien es director del gobierno en YPF y que apoya la política extranjerizante del gobernador de su provincia, Sapag -fue ministro de Trabajo de Sobisch, responsable político del asesinato de Carlos Fuentealba. Pereyra invitó a “sentarnos a discutir el tipo de cambio”, lo que pone a la CGT de Moyano en el campo de los que propician “un golpe de mercado” -o sea, un “rodrigazo”. La heterogeneidad y las contradicciones de los realineamientos en la burocracia sindical anuncian nuevas crisis y nuevos cambios. Fin de época El movimiento obrero no puede continuar por el camino que le han trazado el gobierno y las burocracias sindicales de distintas características. Transita definitivamente una nueva etapa. La fusión del movimiento obrero y la izquierda revolucionaria dará lugar a la fuerza histórica encargada de dar una salida socialista a la crisis mundial del capitalismo.

El gobierno de Evo Morales negoció de apuro con los representantes sindicales de la tropa policial, para poner fin a la huelga de los agentes de baja graduación que en buena parte del país se movilizaron en demanda de mejores salarios. Lo hizo, precisamente, cuando estaba a punto de llegar a La Paz la novena marcha de indígenas del Beni, que exigen la clausura del proyecto de construcción de una carretera que cruzaría el Territorio Indígena del Parque Isidoro Sécure (Tipnis), exigida por el capital cocalero y por las corporaciones exportadoras brasileñas. Esa obra tendría efectos devastadores para las poblaciones originarias que viven en la región. En otras palabras: el gobierno cedió a buena parte de las demandas policiales cuando necesitó recuperar su fuerza represiva para hacer frente a los campesinos Hacer frente a los campesinos. Previamente, el presidente de la República había denunciado una extraordinaria conspiración para derrocarlo. Con ese propósito, dijo Morales, se reunieron "el suboficial Atauichi y el sargento Juan Soraide (dirigentes de la huelga policial), la señora Cárdenas (esposa de Víctor Hugo Cárdenas, del MNR), Jaime Solares (secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Oruro) y Wilma Plata (dirigente de los maestros paceños y del Partido Obrero Revolucionario)". Esa amplísima conspiración dejó de ser tal y se llegó a un acuerdo cuando Morales tuvo encima otra "conspiración": la de los campesinos del Tipnis, que habían marchado a pie, durante dos meses, desde la cabecera de la cuenca del Amazonas. También ellos fueron acusados "de compromisos políticos con la derecha, de delitos económicos y de nexos con el narcotráfico" (El País, 12/7). Menos zanahoria, más palo Mientras duró el acampe de los indígenas -otrora partidarios decididos del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS)- "cientos de vecinos se aproximaron cada día con ropa de abrigo, sobre todo para unos 200 niños del Tipnis y para los miembros que quedaron empapados cuando la policía lanzó chorros de agua desde un vehículo Neptuno sobre las precarias tiendas de campaña, en las dos ocasiones en las que grupos de activistas intentaron romper el cerco policial y permitir que la columna de manifestantes accediera a la Plaza de Armas, donde se encuentra la Casa de Gobierno" (ídem). También la huelga policial, corresponde decir, concitó la solidaridad de los trabajadores y de las organizaciones sindicales de La Paz, que vieron en ese movimiento una confluencia con sus propias demandas. A todo esto, el que desarrollaba una política golpista respecto del campesinado era el gobierno, no la derecha. Mientras la masa de indígenas del Tipnis se encontraba en La Paz, grupos provocadores del MAS, al mejor estilo de La Cámpora, daban un golpe de mano en el Beni para destituir al presidente de la Confederación Indígena de Bolivia (Cidob), Adolfo Chávez, que estaba al frente de la marcha en la sede del gobierno. Por supuesto, lo reemplazaron con un oficialista; y el golpe de mano fue festejado por el ministro del Interior, Carlos Romero, quien dijo que ahora habrá "un gran diálogo y una gran consulta". Es decir, no habrá nada: el oficialismo se propone tener "un gran diálogo y una gran consulta"... consigo mismo. Represión y maniobras "destituyentes" son las herramientas de un gobierno próximo a su agotamiento. Mientras la marcha indígena aún estaba en La Paz se produjo el conflicto con los trabajadores de la mina Mall Khota, en Potosí, donde la represión dejó un trabajador asesinado, heridos y detenidos. Esa mina estaba en manos de la canadiense South American Silver (SAS), y los mineros exigieron su nacionalización ante el evidente vaciamiento al que la sometía ese pulpo internacional. Y lo hicieron a su modo: ocuparon la mina, tomaron rehenes y se enfrentaron duramente con la represión gubernamental. Cuando la situación quedó fuera de control para el oficialismo, el gobierno decidió la "nacionalización". En definitiva, se asiste en Bolivia a un nuevo episodio del cada vez más acelerado proceso de ruptura de las organizaciones obreras y campesinas con un gobierno al que esas mismas organizaciones habían respaldado con el voto y con la movilización, y hasta con las armas cuando de verdad la derecha quiso derrocar a Morales.

El 11 de julio se realizó un abrazo al edificio de la Escuela 7 del D.E. 1º para denunciar la maniobra de privatización y vaciamiento del proyecto educativo que el gobierno de la Ciudad junto con la Fundación del Teatro Colón -entidad privada- están gestando desde 2011. La política de ajuste a la educación pública por parte del gobierno de la Ciudad llegó a la Escuela 7 del D.E. 1º. No alcanza con el cierre de grados y de cursos de principio de año, con el recorte brutal al estatuto o con las reformas a las técnicas que quieren implementar los gobiernos nacional y de la ciudad; esta vez el ataque se dirige a una escuela entera. La comunidad educativa de la Escuela rechaza la privatización de los espacios del edificio que el Ministerio de Educación de la Ciudad está realizando en beneficio de la Fundación Teatro Colón para su usufructo. En el edificio, considerado monumento histórico, funciona una escuela primaria de jornada completa con modalidad de intensificación en artes, a la que asisten 360 alumnos, la mayoría provenientes de la Villa 31. Desde el año pasado, distintos funcionarios de las áreas de Educación y Cultura se han acercado a la institución con el propósito de definir los espacios que podrían ser utilizados, restaurados y refaccionados para las actividades que pretende desarrollar el Instituto Superior de Arte del Colón. Es imposible que la escuela continúe desarrollando su proyecto educativo si los espacios son apropiados por los amigos de Macri. Los maestros, padres y alumnos estamos movilizados en defensa de la Escuela. ¡Vamos por un plan de lucha en contra de la privatización de la Escuela 7 D.E. 1º! ¡Unifiquemos nuestros reclamos con el conjunto de las luchas en defensa de la educación pública!

En la semana del 10 al 13 de julio, los estudiantes secundarios de la Capital volvieron a poner en el centro de la escena la crisis de la educación pública. Ocuparon cuatro escuelas: dos dependientes de la Ciudad y dos de la UBA -por extensión, del gobierno nacional. Los reclamos no son nuevos. El Normal 1 exige la desinfección total del colegio, invadido por ratas y por larvas -un problema que tiene años y se agrava. El San Martín, por su parte, pide un edificio propio y rechaza la venta del edificio actual. El "Pelle" pelea para que la UBA instale un buffet público. El Nacional Buenos Aires comparte este reclamo -la concesionaria cobra precios de hasta el doble de los de afuera- y también exige la reincorporación del portero, de 78 años, que las autoridades kirchneristas y radicales del Colegio y de la UBA están dejando en la calle. En esa misma semana, además, más de 1.000 estudiantes de colegios técnicos de la Capital se movilizaron contra la reforma de los planes de estudio. Las tomas volvieron a mostrar que la crisis de la educación pública es general. Los secundarios volvieron a colocar al macrismo y al kirchnerismo en el banquillo de los acusados. La bronca de los estudiantes crece, a raíz de la acumulación de promesas incumplidas. El problema de la concesión privada de los kioskos, por caso, es común a todas las escuelas, de la UBA o de la Ciudad. De hecho, durante 2012 tuvieron lugar numerosos boicots estudiantiles a los buffets privados, otra de las manifestaciones del "lucro en la educación". Las tomas de los secundarios suscitaron una intensa lucha política; en especial, hacia el interior del movimiento estudiantil. Los kirchneristas se opusieron férreamente a las ocupaciones. En las asambleas del Buenos Aires, por ejemplo, hicieron causa común con Franja Morada y con La Mella -esta decía que "no era el momento"-, pero no pudieron evitar una votación masiva a favor de la ocupación. Muchos medios de comunicación -tanto K como opositores- coincidieron en atacar la lucha y a los protagonistas. Nicolás Cernadas (vicepresidente del Centro del Normal 1 y militante de la UJS) encaró al facho Feinmann en C5N, de frente: "¿vos harías tu programa con ratas?". Otras versiones K oscilaron entre descalificar la lucha con la muletilla de que los estudiantes "son privilegiados" -como acusaron de "aristocracia obrera" a los que luchan contra el impuesto al salario- o el triste "comparto los reclamos, pero no el método", típico de neo-liberales y de gorilas. A pesar de las medidas de lucha, los colegios no han recibido ningún tipo de respuesta a sus reclamos. Por eso, el segundo cuatrimestre del año estará marcado por la lucha de los secundarios contra el derrumbe educativo. Nuestra política es impulsar a fondo todos los movimientos de lucha en defensa de la educación, unificando en la práctica a todos los secundarios que están luchando para conseguir respuestas por parte de las autoridades y del gobierno frente a la crisis educativa.

La reunión de Cristina con los ‘gordos’ neoliberales y menemistas fue ‘selecta’. Juntó desde el “Batallón 601” Gerardo Martínez y el ‘caza zurdos’ Juan Belén hasta ‘tierra santa’ Cavalieri y el ‘privatizador’ Lescano. Impedido por la responsabilidad política de un crimen, no faltó tampoco José Pedraza. Fue incluso un invitado especial, porque fue él quien metió el número decisivo de delegados en lo que aspira a ser la CGT oficial. Las razones de Pedraza para alinearse con la CGT de Cristina Kirchner fueron dejadas en claro por una declaración del congreso de la Unión Ferroviaria: “confía plenamente en el deseo del gobierno nacional de que prevalezca la verdad ( …) sobre nuestros compañeros encarcelados”. El armado de la CGT viene con la impunidad de Pedraza y la patota como moneda de cambio. Lo que todos tienen en común es la complicidad con la tercerización y el vaciamiento ferroviario. El gobierno nacional sigue albergando en la Secretaría de Transporte y en la concesión de los ferrocarriles a quienes han sido los socios políticos y económicos de Pedraza. Todo esto no solamente demuestra que sigue en marcha el operativo de impunidad para los responsables del asesinato de Mariano Ferreyra. Demuestra, por sobre todo, que la lucha por la condena de esos responsables -ahora que se inicia el juicio oral y público- debe estar acompañada por la lucha por la independencia de los sindicatos del Estado y por la democracia sindical, así como por el objetivo estratégico de fusionar el movimiento obrero con el socialismo.

Las elecciones de Comisión Interna en el Banco Provincia Seccional Buenos Aires, se realizaron en un cuadro de ajuste por parte de una patronal que saquea los fondos del banco para tratar de sanear el déficit de la provincia de Scioli. Lo novedoso fue el surgimiento de la Lista 66, un frente antiburocrático independiente de la patronal que basó su campaña en la denuncia sistemática del ajuste y llamando al conjunto de los compañeros a organizarnos para derrotarlo. Nuestra lista logró un 9% de los votos, con picos bien altos en sucursales, que son los sectores más perjudicados por la política de vaciamiento de la patronal. Pese a ser nuestra primera experiencia, hemos soportado todas las presiones macartistas y sostuvimos una campaña impresionante. La actual interna contó con el apoyo incondicional del presidente del banco Gustavo Marangoni, es decir del Sciolismo. La oficlista lista 20, ex MIC, se encuentra en un proceso de degradación que la ha llevado en tres mandatos hacia un seguidismo a la dirección del sindicato y una connivencia insostenible con la patronal. Segunda, cómoda, quedó la lista 100, de la seccional Buenos Aires de la Bancaria, que sostenía que su armado burocrático "negociaría" mejor con la patronal. El voto a la lista 66 destaca la voluntad de los compañeros del banco por defender las condiciones laborales y enfrentar a un verdadero vaciamiento de la institución. La elección realizada es un punto de apoyo para una política: defensa del plenario de delegados de base, ingreso de personal faltante, normalización del básico, pase a planta de los tercerizados y frenar los cierres de sectores. Se ha constituido una alternativa clasista para los trabajadores del Banco Provincia.

Los anuncios oficiales se consumen a la velocidad de la luz. Es lo que está ocurriendo ahora con la Agencia de Transporte Metropolitano, que debía reunir a los gobiernos de la Nación, de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires. Concebida para transferir los servicios de colectivos a esos distritos -con los respectivos tarifazos- quedó sepultada; primero, a raíz de la crisis política con Scioli, y hace un par de dias con Macri -de nuevo-, a partir del retiro de veinte formaciones por parte de Metrovías. El fracaso de la Agencia se suma al que ya sufrió el plan de “sintonía fina” que Cristina anunciara a principios de este año. Los subtes El empantanamiento de la “sintonía fina” se expresa en la decisión de Metrovías de reducir el servicio de trenes. Randazzo responsabilizó por esto a Macri, no a Roggio. El gobierno nacional necesita orientar el impasse de las paritarias contra Macri, porque, de lo contrario, tendría que hacerse cargo de los aumentos salariales, como ocurre en el sector eléctrico. Los K violan la regla de no pelearse a la vez con dos contrincantes -Macri y Scioli-; salvo que pretendan voltear al motonauta con el pretexto de su alianza con el boquense. El gobierno vuelve a desempolvar el truco de Tecnópolis cuando la red de subterráneos amenaza con producir un accidente como el de Once. Crisis política Hay en desarrollo un truco más engañoso que el de Tecnópolis, que es el intento de disimular un tarifazo bajo la forma de una pelea contra “la derecha”, ahora reforzada por la crisis con Scioli. Durante la campaña electoral machacamos que “votar a CFK-Scioli” era “votar a Macri”, resaltando su identidad social y política. Ahora los K usan nuestra caracterización para impulsar un “tarifazo”, que llevaría la marca del “progresismo”. Nos oponemos a este golpismo “nacional y popular” contra los trabajadores: primero, porque estamos en contra del tarifazo; segundo, porque solamente le reconocemos el derecho de voltear a Macri y a Scioli a los trabajadores porteños y bonaerenses, no a los pagadores seriales de la deuda usuraria, que aplican impuestos a los salarios. Está planteada una campaña contra estos ajustes y por la nacionalización del transporte bajo el control de las organizaciones de los trabajadores.

Mientras el mercado de cambios se ‘incendia’ con una cotización un 40% encima de la oficial, los economistas ‘militantes’ retrucan que es apenas un artificio que será superado por la escalada del precio internacional de la soja. Los 6,60 pesos por dólar, a los que se cotizó el peso el martes pasado, no fue sólo desesperación de ‘chiquitaje’, sino también en operaciones ‘mayoristas’. De cualquier manera, es la misma cotización que tienen los bonos que se compran para sacar plata del país. La soja La suba que experimenta el precio de la soja se relaciona con una grave sequía en los Estados Unidos, que podría revertirse, aunque solamente en parte, como ocurriera en Argentina en el verano pasado. La suba del precio de la soja aportaría una recaudación adicional de unos 600 u 800 millones de dólares por retenciones, lo que no es mucho cuando se compara con las necesidades financieras del Estado nacional -unos cien mil millones de pesos. El ingreso total de divisas sería mayor, pero gran parte de ellas entrarían por el mercado paralelo o quedarían en el exterior, con el concurso de manipulaciones contables. Los precios altos no alcanzan para calmar las aguas, porque la devaluación del peso en el paralelo alienta a los exportadores y a los productores agrarios a retener los granos. Los pooles de siembra, según La Nación (4/7) , reducen sus inversiones en Argentina “para aumentarlas en otros como Paraguay, Uruguay y Brasil”. El aumento en dólares de los fletes, impuestos, alquileres y otros costos internos han terminado por neutralizar la escalada del precio de la soja. Es la victoria de la resolución 125, la cual pretendía que la suba del precio de la soja, a partir de cierto nivel, no incrementara los ingresos de la cadena agraria. El Estado, por su parte, compra los dólares de esas exportaciones a un valor “oficial” que es un 40% inferior al que rige en el mercado de cambios. Esto explicaría las menores previsiones de siembra. Hay una pulseada por el precio de los alquileres de campos; las menores inversiones golpean las ventas de maquinaria agrícola y de la industria de agroquímicos. En definitiva, el capital financiero aplicado al campo condiciona sus inversiones a un viraje en la política oficial -una devaluación del peso. Pesificación El gobierno identifica las trabas que ha puesto a la compra y venta de dólares con una pesificación de la economía. Esta pesificación ha ocurrido muchas veces en la historia económica, pero siempre después de un derrumbe del comercio exterior en el contexto de crisis mundiales. Ahora, en cambio, el gobierno se aferra a las exportaciones y cuando adopta medidas contra las importaciones derriba, al mismo tiempo, el comercio exterior con los países afectados. La pesificación K es un fraude, porque consiste en indexar los contratos en pesos a la cotización del dólar. Es lo que ocurre un poco en el mercado inmobiliario y en los bonos que emiten las provincias: “cada vez más emprendimientos (inmobiliarios) ofrecen mecanismos de financiamiento en moneda local atados a alguna cotización del dólar” (Página/12, 12/7). Pero la indexación de los contratos, cuando el paralelo se separa del oficial a todo ritmo, es una bomba de tiempo atómica -cuando se produzca la devaluación oficial, las quiebras serán las noticias del día. Algo similar ocurre con los “plazos fijos ajustables”. Se desarrolla en forma subterránea un gigantesco mecanismo inflacionario, que es puesto en marcha por el usuario final de esta cadena. La contrapartida serán los créditos ajustables. ¿Quién rescatará a los bancos que tengan que enfrentar la devolución de esos depósitos en el caso de una devaluación? La deuda pública ajustable que están emitiendo los Estados provinciales, los cuales cobran impuestos en pesos, constituye otra hipoteca explosiva. La pesificación oficial no es más que una dolarización encubierta. Más allá de lo que ocurre con los precios internacionales, se observa una contracción de carácter general del comercio exterior -en particular con el segundo socio comercial, Brasil. El gobierno necesita acumular dólares y enfrentar un derrumbe de los precios de importación, que afectan a la industria argentina. Pretender pesificar una economía que ha entrado en recesión es un contrasentido, porque la contracción en la economía produce una caída en la demanda de moneda. Los analistas ligados al gobierno confían en que un incremento de las exportaciones relacionado con los precios agrarios ayudaría también a “alivianar los controles internos a los productos importados” (Bae, 12/7). De ser cierto esto, se mostraría que el ‘modelo’ ha entrado en contradicciones insalvables, porque no se puede pesificar la economía por un tiempo, del mismo modo que una mujer no puede estar embarazada parcialmente. El dirigismo y sus límites Toda vez que puede, CFK reitera que seguirá pagando la deuda externa -lo cual incluye a la privada, que se encuentra en crecimiento. Al mismo tiempo, el sistema de subsidio, que los K, a principios de año, prometieron desmantelar -crece a un fuerte ritmo. El desastre de Once puso en crisis la aplicación de un tarifazo. Pero para mantener los subsidios, el gobierno ha reforzado otros impuestazos -entre ellos, el impuesto al salario- así como una hipercentralización de los ingresos fiscales a costa de las provincias, muchas de las cuales se encuentran en cesación de pagos. Los K aseguran haberle dado “cuerda para rato” al modelo oficial. En verdad, lo que han hecho es activar una bomba de tiempo que ha sido armada pacientemente a lo largo de una década.

Dos números atrás, Prensa Obrera publicó un artículo sobre la despenalización de las drogas que tiene un gran mérito: denuncia la hipocresía de quienes presentan el problema en términos de "libertades individuales". Pero fuera de esto, el texto es un cúmulo de prejuicios e inexactitudes que buscan justificar un planteo reaccionario: la oposición a la legalización de las drogas. Se argumenta que tenemos que oponernos a la legalización porque se trata de "una corriente internacional de orden más general -impulsada por magnates como George Soros y por The Economist-, en favor de legalizar el comercio de drogas". Eso es verdad, pero lo que no dice el artículo es que el principal impulsor de "despenalización sí, legalización no" es la ONU,[1] "esa cueva de bandidos" -palabras de Lenin, citadas por el propio Diego Mendoza en PO 1.196- que transmite la posición oficial del imperalismo. El artículo menciona la relación entre el consumo de drogas y la descomposición del régimen social, pero no la desarrolla y termina en pura moralina. Las drogas no son un problema por sí mismas; por el contrario, han jugado un rol cohesivo en distintas sociedades. Se convierten en un problema ante la decadencia de un modo de producción; eso pasó con el alcohol en el colapso del Imperio Romano y durante la Peste Negra.[2] Las drogas son un problema hoy porque la burguesía impulsa su uso como una "ayuda" para que el trabajador sobrelleve una superexplotación insostenible o para que el trabajador busque en ellas el placer que la sociedad capitalista le niega. Desde ya, ambas vías llevan a la frustración; en el primer caso, debido a los límites propios de todo organismo; en el segundo, porque la mayoría de las drogas que producen una experiencia importante de placer terminan produciendo habituación y dependencia, lo que genera displacer. Este uso de las drogas va a tener lugar mientras persista la miseria de este sistema descompuesto e, incluso, durante los primeros tiempos de desarrollo de una nueva sociedad. Obviamente, puede haber atenuantes -y el combate contra las adicciones es una tarea política de primer orden para la clase obrera y el socialismo-, pero el uso social alienante de las drogas va a persistir durante todo un período histórico de transición. En ese contexto -que es la realidad que vivimos cotidianamente los militantes socialistas y las masas explotadas-, la legalización de las drogas más consumidas, con el monopolio estatal de la producción y distribución -más la libertad de cultivo, en el caso de la marihuana- jugaría un rol progresivo: por un lado, sería un golpe mortal a las mafias del narcotráfico. La objeción presentada por el compañero Mendoza, de que el alcohol, el tabaco y otras mercancías se siguen contrabandeando a pesar de su legalidad, además de calcada del vocero de las Naciones Unidas (ver http://bit.ly/ArSGW5), resulta pueril: el tabaco y el alcohol se contrabandean para evadir impuestos y para lograr así una ventaja económica. La producción estatal a larga escala, y la venta al costo, sin impuestos, eliminarían la base económica del narcotráfico. Por otra parte, hay un problema de clase muy fuerte; la nocividad de la droga es inversamente proporcional al poder adquisitivo del consumidor: en Puerto Madero se consume "alita de mosca" -cocaína de alta pureza-, la clase media consume cocaína cortada con la sustancia que se le haya ocurrido al dealer -anfetas, pastillas, tiza...-, y en las villas está el paco, al que en Chile llaman "la cocaína de los pobres". La legalización y el monopolio de la producción y distribución por parte del Estado terminarían con esta situación, lo que sería un gran atenuante en términos sanitarios. Finalmente, hay un severo problema que el artículo no aborda -tampoco lo ha abordado ninguna de las corrientes de izquierda que ha tocado el tema-: ¿qué pasa con las drogas que ya son legales? Por ejemplo, la grandísima mayoría del consumo de benzodiazepinas desobedece el "uso prescripto"; se realiza por fuera de una psicoterapia, a mediano y largo plazo. En términos de alienación política y social, daño orgánico y psicológico, no hay diferencia cualitativa con las drogas ilegales -incluso, se suelen combinar con alcohol con fines "recreacionales". Oponerse a la legalización de las drogas de consumo mayoritario es un declaracionismo moralista propio de curas, no de socialistas. Defender la legalización, con el monopolio estatal de la producción y distribución, es una reivindicación odiosa, pero imprescindible, en el camino de las masas a la felicidad, a la que Aristóteles definía como el despliegue de todas las potencialidades del ser, y que sólo podrá tener lugar en una sociedad sin clases. [1] Ver, por ejemplo, "La diferencia conceptual entre la despenalización y la legalización", documento de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. [2] Ver Hanson, History of Alcohol and Drinking around the World

Con el cuento de que se pondrá en marcha un servicio rápido a La Plata, el ministro de Interior y Transporte anunció que, a partir del lunes 16 de julio, habrá cuatro servicios en las horas pico, que tardarán 55 minutos en cubrir el trayecto y donde el boleto, en lugar de 2,10 pesos, costará ocho. El servicio rápido a La Plata ya existía hace años, tardaba 60 minutos y costaba el mismo precio que el servicio que paraba en todas las estaciones.Un anciano memorioso, José E. Teitelbaum, escribió en la sección Carta de Lectores del diario La Nación (12/7): “Me permito recordar que en la década del 40, cuando eran ingleses, yo realizaba ese trayecto diariamente en un tren con máquina a vapor, dotado de un lujoso restaurante, empleando el tiempo mencionado (55 minutos). Si se cumpliera la promesa, sería engañoso presentar como un avance lo que es un retroceso, en razón de los progresos tecnológicos producidos en los 72 años transcurridos desde entonces”. El gobierno kirchnerista no puede mostrar ningún avance tecnológico en los ferrocarriles porque los ha devastado. Que la duración del viaje a La Plata sea igual a la que se realizaba con máquinas a vapor hace 70 años es todo un dato, está incluso por detrás del privatizador Menem, quien en 1999 puso en funcionamiento, en el ferrocarril Roca (Metropolitano), a igual valor del boleto común, un tren semirápido que no paraba en seis estaciones intermedias y llegaba a cubrir el trayecto La Plata/Constitución y viceversa en 60 minutos.Estamos frente a un tarifazo disfrazado de progreso.

Carlos Blaquier es presidente del Ingenio Ledesma y del grupo económico que éste controla desde 1970. Con la empresa bajo su dirección se produjo, en julio de 1976, “La noche del apagón”. Según decenas de testimonios, los “grupos de tareas” -con el auxilio de la empresa- cortaron el suministro eléctrico, secuestraron a 400 trabajadores del ingenio y los torturaron en un predio de la empresa, haciendo desaparecer a 38 de ellos. En la lucha por el juicio y castigo a estos y a otros asesinatos del período, empeñaron la vida un conjunto de madres, familiares e hijos cuya figura emblemática fue Olga Aredes, quien falleció en 2005. En el juicio que se le sigue por su presunta participación en un delito de “lesa humanidad”, Carlos Blaquier ha sido citado a declarar junto a al ex administrador general del ingenio y a cuatro policías. Los K se han empeñado en convertirlo en un hecho político y monopolizarlo en defensa del gobierno de CFK. A estas horas, el municipio de Ituzaingó, en el Gran Buenos Aires, ha resuelto prohibir la venta de azúcar Ledesma en el distrito, por las responsabilidades de la empresa en el genocidio. Un enorme cartel en la puerta del ingenio, en Jujuy, fue colocado para señalar que allí funcionó un centro de tortura y detención de la dictadura militar. Una red de calificados abogados de derechos humanos caracteriza que es difícil que Carlos Blaquier pueda evitar la detención. El grupo estaría, así, a horas del descabezamiento de su figura emblemática. ¿Justicia al fin? Al 24 de marzo de este año, de los 1.86l procesados -de por sí una cifra absolutamente disminuida de los responsables políticos y materiales, cívicos o militares, de la dictadura- sólo 244 (un 17%) tiene sentencia y sólo nueve en forma inapelable. El tiempo entre sentencia y confirmación de la Corte es de un año y medio, sin contar el juicio previo; y la cantidad de juicios disminuye año a año. Olga Aredes murió enfrentando esta letanía: bajo los K no hay juicio y castigo, sino un nuevo capítulo de la operación de impunidad que comenzó con Alfonsín. ¿Qué se trama detrás del escenario? El 1 de enero de 2010 entró en vigencia el Régimen de Biocombustibles creado por dos leyes impulsadas por Néstor Kirchner luego de un “almuerzo de trabajo” del presidente con tres directores de Ledesma y con el gobernador de Jujuy. Aquellas leyes plantearon, entre otras disposiciones, el corte obligatorio de las naftas con un 5% de bioetanol; luego, un 7%. A partir de entonces, un verdadero aluvión de plantas se asentó en el país entre ellas la que, a fines de 2010, inauguró el ingenio Ledesma, de última tecnología. El Estado impulsa esta producción a través de subsidios -que fueron anulados en lo que hace al biodiesel recién a fin del año pasado- y asigna cupos de producción. Por otra parte, la mayor parte del bioetanol que se produce en la Argentina utiliza como insumo la caña de azúcar. Otros tiempos En 2010, a la hora de asignar los cupos de producción “la empresa más beneficiada fue Bio Ledesma” (www.lapoliticaonline.com, 10/2/2011). Luego de este reparto privilegiado, Ledesma recibió además un cupo adicional. No casualmente Blaquier (Ledesma) y Madanes (Aluar) fueron la cabeza de la embestida para colocar un hombre adicto al gobierno en la presidencia de la UIA. Eran los tiempos en que Blaquier le escribía poemas a la presidenta. Pero las cosas cambiaron: en la conferencia de la UIA en 2011 ,Cristina denunció a “algunas empresas grandes” que “habían comprado igual cantidad de dólares o más de la que nosotros le habíamos prestado en pesos a tasa negativa”, entre las que estaba Ingenio Ledesma. Cuando Blaquier era beneficiado con los cupos del bioetanol, las evidencias de su responsabilidad en “la noche del apagón” eran tan claras como hoy. ¿Qué cambió entonces? Después del desplazamiento de Esquenazi-Brufau en favor de Exxon y de Chevron; de Cirigliano en favor de Roggio; de Midlin, en el caso de las eléctricas, ¿quién se quiere quedar con Ledesma? Teniendo en cuenta los antecedentes, detrás del juicio a Blaquier podría sobrevolar el botín de Ledesma y el gran negocio del bioetanol, con los subsidios incluidos. Queremos juicio y castigo, pero también la nacionalización de la industria azucarera y de sus derivados, para que un parásito capitalista no sea reemplazado por otro.

A contramano de las directivas provinciales de los sindicatos de Salud Pública (SSP), ATE y Cucio, el hospital de Junín se encuentra de paro desde el miércoles 4 de julio, en reclamo del pago completo del aguinaldo. También denunciamos el creciente vaciamiento del hospital -falta de insumos- y reclamamos una explicación sobre el destino de los fondos del Samo y el Plan Vida. El miércoles 11, distintos gremios docentes, de salud, judiciales, auxiliares y jubilados cortamos la calle frente a Tribunales. Los dirigentes de ATE y de SSP denunciaron que los trabajadores eran rehenes de una "interna política"; nosotros pusimos el acento en la política de ajuste contra los trabajadores por parte de ambos gobiernos, y llamamos a la unidad de los estatales y de todos los trabajadores para hacerles frente. El 14 viernes, en una asamblea, ATE propuso parar miércoles y jueves y SSP jueves y viernes. El rechazo fue rotundo; ganó por unanimidad el paro por tiempo indeterminado. Una compañera de Cicop destacó: "la crisis política es consecuencia de una crisis económica; la pelea interna se da para disputar los costos políticos del ajuste que están llevando contra la educación, la salud y los trabajadores, tanto Cristina Kirchner como Scioli". Enfrentamos la privatización de la salud El último punto giró en torno de las disputas por la dirección del hospital. Pero todas las fracciones oficialistas son cómplices de la falta de insumos. Queremos saber qué se hace con el dinero del Samo (Sistema de Atención Médico Organizada) y del Plan Nacer. Por eso se votó presentarnos el lunes en la dirección, para que nos den explicaciones sobre los destinos de estos fondos y sobre la falta de insumos básicos en el hospital, como gasas, guantes, agua oxigenada, etcétera. El hospital de Junín tiene una posición estratégica, porque atiende la demanda de la zona e, incluso, de otras provincias. Las clínicas y los sanatorios privados incrementan sus negocios con el vaciamiento del HIGA. Hace ocho meses fracasó el intento de privatizar el lavadero, gracias a la lucha de los trabajadores. Ahora funcionan la mitad de las máquinas, para mostrar que el "servicio estatal es ineficiente" por lo que debería privatizarse. La lucha nos encuentra, por primera vez en muchos años, a todos los trabajadores unidos. Nos proponemos fusionarla con la del resto de los estatales y convocar a la población que sufre las consecuencias del ajuste y el vaciamiento del hospital.

El macrismo logró una ampliación de casi 3.500 millones de pesos del Presupuesto 2012, lo que equivale a más del 10% del total del año. La votación contó con el aval de sectores del kirchnerismo y del radicalismo, y hasta con la abstención aprobadora de Proyecto Sur. Los “opositores” se defendieron porque Macri les dijo que era para el pago de los aumentos salariales, que no se encontraban presupuestados. Estamos frente a una técnica presupuestaria fraudulenta, porque permite presentar un equilibrio con gastos abultados y, luego, obtener ampliaciones para pagar sueldos. De todos modos, la mayor parte de esos aumentos de fondos no irá a los trabajadores, sino a los contratistas del Estado; en primer lugar, a las empresas beneficiadas con la concesión de los contratos de la basura, que están vencidos y no presupuestados. Otros gastos irán a obras irrelevantes, como las ciclovías y la señalización horizontal. Mientras tanto, la crisis en los servicios sociales fundamentales se incrementa -en especial, el sanitario-, como lo prueba la paralización de las obras en el hospital Alvarez, el cierre de la terapia intensiva pediátrica del hospital Durán y la crisis del hospital Borda. Tampoco se ejecuta la totalidad del presupuesto del Instituto de Vivienda y de infraestructura escolar. El paquete aprobado por la Legislatura contempla un nuevo endeudamiento, esta vez por unos 600 millones de pesos. Se estima que bajo la gestión macrista el endeudamiento ha crecido en casi un 250%. La contracara es una mayor presión fiscal contra los trabajadores, como los megaaumentos del ABL y de Ingresos Brutos. La política macrista goza de un amplio apoyo de los bloques de la Legislatura. El kirchnerismo aprobó el Presupuesto de 2012 y la reforma de la Carta del Banco Ciudad; y Proyecto Sur dio su visto bueno a las exenciones impositivas a las empresas. Los unen la salvaguardia del capital y del Estado.

Entrevista a Marcelo Varterian, de la UJS, de la Universidad Nacional de Lanús, compañero y amigo de Mariano Ferreyra -¿Qué conclusiones te dejó este congreso? De los que pude participar, fue uno de los congresos más destacados. No sólo por el nivel de elaboración política que presentaban los documentos y por el debate de las comisiones, sino por los desafíos que nos proponemos realizar para la próxima etapa. Fundamentalmente me refiero a la campaña por el juicio y castigo a los asesinos de Mariano. El Congreso ha colocado este punto como prioritario en vistas del comienzo del juicio el próximo 6 de agosto. Tuve oportunidad de participar en la comisión respectiva y de deliberar junto a otros compañeros los términos de una gran campaña nacional. -¿Qué te pareció el debate de la comisión de Mariano? Creo que casi todos los presentes en la comisión nos anotamos para intervenir, lo que lo hizo un debate muy rico. Fueron imprescindibles los informes de los compañeros sobre el estado de la causa y sobre las presiones de los abogados de los imputados, tendientes a obstaculizar el proceso y a posponer la fecha del juicio. También aquellos aportes que denunciaron la continuidad del trabajo tercerizado en los ferrocarriles, así como la permanencia de los hombres de Pedraza en cargos estratégicos de la administración ferroviaria. Pero creo que lo más importante fue el debate sobre cómo multiplicar públicamente la campaña por Mariano. Muchos compañeros colectivizaron las iniciativas de sus lugares para extenderlas al resto del país. El clima que prevalecía era el de un profundo entusiasmo por salir del congreso con una batería de iniciativas y actividades para darle un fuerte impulso a la campaña por Mariano. Entre otras cosas, se resolvió una campaña de 1.000 pintadas para preparar las condiciones de una gran movilización el 6 de agosto. El XXI Congreso del PO se ha propuesto pasar a la historia como el congreso que obtuvo la cárcel a Pedraza. La campaña por Mariano fue votada por aclamación por el conjunto de los delegados presentes. Creo que salimos más reforzados que nunca para conseguir justicia por Mariano y perpetua a Pedraza.

Hemos alcanzado el 60% del objetivo que nos trazamos. El llamamiento que realizamos el pasado fin de semana en el Congreso del Partido Obrero -con la presencia de delegados de todo el país-, a redoblar el esfuerzo hasta cumplir con el 100% de los objetivos se tradujo en un salto en la movilización a escala nacional. Al momento actual, más de 4.000 compañeros aportaron a la campaña. A esto hay que sumar la existencia de centenares de compromisos. Las recorridas, las visitas a los compañeros -que se han intensificado en el curso de la última semana- van de la mano con la explicación de las conclusiones principales del Congreso del Partido Obrero, que se sintetizan y se concentran en la necesidad de unir al movimiento obrero con el socialismo revolucionario. La respuesta que estamos recibiendo confirma la existencia de millares de trabajadores y de jóvenes que comparten y respaldan la necesidad de abrir esta perspectiva política en el país. El respaldo se extiende al mundo cultural y artístico, donde centenares de compañeros acompañan con entusiasmo las propuestas, los planteos y las iniciativas de movilización que venimos impulsando. En primer lugar, la campaña que estamos motorizando con motivo del juicio en torno del asesinato de Mariano -que tiene como eje la condena a Pedraza y a todos los implicados-, que ha suscitado -esto ya de un modo general- una poderosa corriente de apoyo y de adhesión en la periferia y en el activismo que nos rodea. Los músicos y los artistas, independientemente de su aporte, vienen prestando su colaboración en actividades especiales que están organizando los círculos y los locales, para recolectar fondos. Llamamos a jóvenes y trabajadores a sumarse a la campaña; ahora, que vienen las semanas finales. Necesitamos su aporte, pero también su colaboración activa, consiguiendo aportes o sumando su granito de arena en las múltiples iniciativas que se realizarán en los próximos 15 días. Vamos por el éxito político y económico de la campaña financiera.

Las reflexiones de los delegados al XXI Congreso del PO coinciden en destacar la consigna estratégica que produjo el debate: unir al movimiento obrero con la izquierda revolucionaria. Una comisión sindical enormemente representativa debatió la fractura de la CGT, por un lado, y las movilizaciones y huelgas contra el impuesto al salario y los "ajustes", por el otro, dentro del marco conceptual de la transición histórica que vive el movimiento obrero en las condiciones de la crisis capitalista mundial. Con la misma atención fueron discutidas las tendencias centrífugas que acorralan al gobierno kirchnerista, apenas pocos meses después de las elecciones nacionales. El debate sobre la marcha de la bancarrota capitalista mundial se enfocó en la política y la táctica de la izquierda mundial. Era obvio que pretendíamos abrevar en esas experiencias para desarrollar la política revolucionaria en Argentina. Por eso, las resoluciones del Congreso plantean un vasto campo de trabajo. En primer lugar, la campaña nacional por Mariano Ferreyra, que ya se está expresando en centenares de pintadas y murales que ganan las paredes de todo el país convocando a la jornada del 6 de agosto. El Congreso votó un plan de extensión del trabajo político en nuevas provincias y distritos. También están previstas conferencias sindicales en diversos centros de la clase obrera industrial. El Congreso resolvió una intensa acción internacionalista, que tendrá su primer hito en una conferencia de organizaciones latinoamericanas en el curso de este año. Las resoluciones y discursos del XXI Congreso se han reunido en un folleto –“Por la unión del movimiento obrero y la izquierda revolucionaria”-, que ya está a la venta en todos los locales y comités del Partido Obrero.

Liliana Rodriguez, de la comisión directiva de ATE Lomas de Zamora, nos dice que el reciente Congreso del PO "puede llegar a ser histórico. La crisis fiscal en la Argentina, la disgregación política del kirchnerismo y la apertura de una etapa política excepcional para nuestra intervención como izquierda revolucionaria hace que no se trate de uno más. La bancarrota capitalista mundial nos da una perspectiva de crecimiento que no podemos dejar pasar". Liliana añade: "fíjate que el Congreso se desarrolló cuando Scioli ya había comunicado que nos pagarían el medio aguinaldo en cuotas. Los estatales nos encontrábamos ya en estado de asamblea permanente. En el caso de Ate Sur, por su condición de opositor a la burocracia de Ate Provincia, las asambleas se convocaban desde el gremio, es así que el Congreso nos encontró en plena lucha contra el ajuste del gobierno. Todo lo resuelto en la comisión sindical y las resoluciones políticas aportaron claridad sobre la orientación y las tareas. La fusión del movimiento obrero con la izquierda revolucionaria es una tarea que se va a ir consolidando con el tiempo en la medida que profundicemos el debate con los compañeros en las escuelas, los hospitales, interesarlos en la lectura de Prensa Obrera, para establecernos como alternativa de poder, y poner fin a este sistema que deshumaniza y pretende hacer pagar sus crisis a los trabajadores. Por otro lado, la necesidad de comenzar una fuerte campaña por el castigo a los asesinos políticos y materiales de nuestro compañero Mariano. Esta tarea excede lo estrictamente judicial y nos demanda que hagamos de esta campaña una herramienta para poner de manifiesto el carácter capitalista del Estado y para oponer a esta estructura de asesinos y explotadores un gobierno de los trabajadores".

El juez Luis Rodríguez ha sido convalidado por la Cámara Federal para entender en la causa del intento de coimas a jueces de la Cámara de Casación Federal, para beneficiar la situación procesal de quienes en enero de 2011 se encontraban detenidos por el homicidio de Mariano Ferreyra. Hace más de un año y medio que el fiscal Abral despidió la detención del vicepresidente del ferrocarril Belgrano Cargas, Angel Stafforini, que habría puesto el dinero para comprar la libertad de los imputados por el crimen del militante del PO. La lista de responsables se completa con José Pedraza, que dirigió la operación y requirió los fondos para pagar-, el agente de la Side Juan José Riquelme -que habría negociado el monto -, el ex juez interino Aráoz de Lamadrid -que hizo el contacto con la Cámara de Casación- y el prosecretario de ese tribunal Luis Ameghino Escobar -que habría adulterado el sorteo para que cayera en la sala de los jueces Riggi, Mitchell y González Palazzo. Según el fiscal, no se puede descartar que también esos camaristas "hayan tenido participación en los hechos, sea través de la recepción de dádivas o de la aceptación de promesas de esa naturaleza". Después de la feria se espera que el juez Rodríguez tome de una vez por todas las indagatorias al resto de los imputados -hasta ahora sólo declaró Riquelme- y defina su situación procesal. Dada la existencia de cruces telefónicos entre los jueces sospechados y los imputados, no se descartan nuevos llamados a indagatorias que extiendan la imputación a alguno de ellos. El juez Rodríguez tendrá que resolver cuando su candidatura para cubrir el cargo de juez federal se esté discutiendo en el Senado. Su postulación ha sido impugnada principalmente por el Cels, a causa de las dilaciones del magistrado para llamar a indagatoria en esta causa, a pesar del requerimiento fiscal que lleva más de 11 meses. Esa demora llevó a perder una prueba de total importancia para determinar si la coima había comenzado a concretarse en el momento en que se inició la investigación. Los mensajes de texto entre los imputados e, incluso, entre algunos imputados y los jueces "sospechados" se perdieron por la demora del juez en requerirlos a las empresas telefónicas, que borran sus registros a los 90 días. También se cuestiona su relación con agentes de la Secretaria de Inteligencia y su simpatía con la ideología nazi. El avance de esta causa es fundamental, en el marco del comienzo del juicio que juzga a los responsables del asesinato de Mariano Ferreyra el 6 de agosto.

El gobernador Peralta ha reclamado al gobierno nacional el envío de fuerzas de seguridad de la Nación, luego que no pudo desmovilizar , durante 15 días, una huelga policial, a pesar de los ataques del poder político y de varias ofertas de aumento salarial. Los encargados de mantener el orden en la provincia, fundamentalmente contra las luchas obreras, no soportan más las condiciones sociales de su labor: salarios muy bajos y una organización carcelaria de la fuerza. Debido a esta rebelión, la Presidenta ha suspendido los viajes a Calafate. La rebelión de los defensores del Estado contra el Estado que defienden, es una expresión elevada de disolución política. El llamado ajuste o sintonía fina ha concluido, provocando una sublevación de los encargados de reprimir sublevaciones. El gobierno provincial se encuentra en una situación política desesperante, toda vez que desde el inicio de su segundo mandato ha sufrido la deserción del kirchnerismo por orden de la Rosada. La mayoría oficialista conseguida en las elecciones ha dado paso a un gobierno minoritario. La crisis fiscal de Santa Cruz raja las paredes, en momentos en que a nadie se le ocurre pedir adelantos a las petroleras, con YPF intervenida por el gobierno nacional y con las otras afectadas por crisis con las contratistas, como en Chubut, o en cortocircuito con los K, luego de los episodios últimos. Los policías han recurrido a la huelga, la movilización, las asambleas, la elección de delegados y el acampe. Han insinuado un reclamo de organización sindical y han organizado una asociación civil. En algunas comisarías, la tropa exige la renuncia de los comisarios que enfrentaron el movimiento. La Mesa de Unidad Sindical de Santa Cruz declaró su apoyo al reclamo salarial de la policía, e incluso invitó a los familiares de los huelguistas a participar de una marcha por el aumento salarial para todos los estatales y el cobro del aguinaldo. Los familiares decidieron no participar. El puente hacia el movimiento policial, a través de los familiares, quedó bloqueado. En el movimiento se observan tendencias diferentes. Algunos hacen eje en el tema salarial, otros apuntan a una sindicalización en el marco de una reforma de la fuerza. Uno de los petitorios originales reclamaba la libertad de los policías de Las Heras que participaron del asesinato de un piquetero. La represión policial es moneda corriente contra todas las luchas recientes de Santa Cruz. Una sindicalización de la policía (tropa) solamente sería tal si se integrara (subordinara) al movimiento sindical; confinada al marco de la propia fuerza sería una corporación manipulable por mandos o punteros. En algunos países la sindicalización de la tropa policial se encuentra reglamentada (Francia), lo cual significa que está sujeta a límites insalvables en materia de acción reivindicativa y de participación política, y a la intervención del Estado. La organización de la tropa policial en un sindicato que forme parte del movimiento obrero, ha ocurrido en situaciones de doble poder en la sociedad, o que apuntan a él. La Mesa de Unidad Sindical ha procedido muy bien al invitar a los familiares de los policías a participar de una movilización común con los sindicatos de Santa Cruz, pero todavía sería mejor si se delimitara con un planteo que convoque a la organización de un sindicato de la tropa policial en el marco del movimiento obrero. Los policías rechazan esta posibilidad porque entienden que conduciría a un despido masivo y a penalidades severas. Por otro lado, la dificultad para que la Mesa haga este planteo es que ella misma, al igual que lo que ocurre con todo el sindicalismo oficial, rechaza la perspectiva de un desarrollo histórico del movimiento obrero en términos potenciales de doble poder frente al Estado capitalista. El movimiento sindical, en Argentina, no es independiente - acepta y promueve la reglamentación del Estado y la intervención de los ministerios de Trabajo. La crisis que ha abierto el oficialismo en la CGT amenaza con pulverizar este ordenamiento estatizante. Lo que más ayudaría a ganar, en forma progresiva, a los sectores policiales más afines al pueblo, sería una victoria de la Mesa de Unidad Sindical y de todos los sindicatos contra el ajuste de Peralta y sus primos camporistas. Verían en el movimiento obrero a la única fuerza social capaz de liquidar la miseria capitalista y el abuso de autoridades civiles o policiales.

A criterio de Marianela Marcos -delegada gremial del Tren de la Costa-, "el Congreso del PO fue una escuela de politización, me permitió comprender con mayor claridad cómo lo que pasa en mi lugar de trabajo está atado estrechamente al conjunto de la realidad social y política. Fueron tres días de formación intensa; y espero poder transmitir este aporte a los compañeros de la agrupación. Ahora mi desafío es poder demostrar la importancia que tiene la organización política, para que tipos como Pedraza nunca más estén al frente de la Unión Ferroviaria, para que crezca una alternativa propia de los trabajadores". -¿Qué es lo que más destacás? Las conclusiones a las que llegamos respecto de la campaña por el juicio y castigo a los asesinos de Mariano Ferreyra son muy importantes, ya que nos permiten comprender -no sólo a los militantes, sino a todos los compañeros del tren- los lazos entre la patota, la burocracia, la policía, el poder político y los empresarios, en la defensa de intereses ajenos a los nuestros. También es muy importante la conclusión a la que llegó el Congreso, de llevar adelante la tarea de unir al movimiento obrero con la izquierda revolucionaria. En el Tren de la Costa, a partir del año pasado, venimos llevando junto con los compañeros de San Fernando la conformación de la lista Gris. Esto nos permitió armar la agrupación. El nuevo desafío será llevar adelante la construcción del Partido Obrero y sus posiciones en este ferrocarril. Marianela concluye la entrevista con la siguiente observación: "quiero destacar la formación política de los compañeros con los que me relacioné durante estos días. Si bien día a día lo veo en nuestra intervención, me emociona profundamente cómo el esfuerzo militante recorre todo el país y me voy muy contenta, porque me siento parte de un partido que está convencido de lo que hace".

¿Cómo encararon la campaña financiera? Encaramos la campaña financiera en los círculos de músicos, al comienzo pensando sobre todo en que en nuestro sector la precariedad laboral es enorme y abarca casi a la totalidad de los músicos. A la luz de esta situación, se discutió largamente dado que la intervención en el Frente único que se formó en la lucha contra el veto de Macri había sido muy activa y nos había puesto a la vanguardia del resto de las organizaciones. Sacamos la conclusión de que la campaña debía ser más osada y debíamos ver a todas las personas que conociéramos. El resultado fue extraordinariamente positivo: logramos que los músicos con los que teníamos contacto a través de la lucha, e incluso los alumnos a los que estamos enseñando, aportaran a la campaña del Partido Obrero. ¿Cuál es el valor político de estos aportes? Muy importante, porque hay en ellos un reconocimiento al partido como una organización que está presente y que guía las posiciones por las que luchamos y, por otro lado, un reconocimiento a los luchadores que estamos siempre a la vanguardia de esas luchas.Es muy importante que los artistas puedan visualizar esto, en principio porque ya no temen al Partido Obrero, sino que lo ven como algo natural que camina junto a ellos y ayuda a organizarlos y, además, politiza todos los movimientos que comienzan como simplemente reivindicativos y gremiales, ayudando a elevar el nivel de la conciencia de los músicos que hoy ya entienden que la salida que planteamos es la única posible en la lucha contra el capitalismo. ¿Qué desafíos quedan por delante? Todavía nos quedan por delante una cantidad de compañeros que no hemos llegado a ver y también la necesidad de la incorporación a las filas del Partido de muchos compañeros con los que no se ha discutido a fondo para que esto se dé como algo natural. Es un gran desafío que nos debe involucrar mucho más y superar el prejuicio de que los artistas son reticentes a organizarse y a sentarse a discutir con el PO. Este año nos demostró que en la calle, en la lucha y en las asambleas estuvimos y ahí están los resultados.

Marcelo Saín es un ex funcionario K y un especialista desde siempre en materia de seguridad. Sabatellista, es uno de los abogados de la ‘seguridad democrática’ -que, recordemos, incluye el espionaje a las movilizaciones y organizaciones populares. Para Saín, la policía ‘debe’ sindicalizarse, porque es “el principal instrumento de protección de libertades y derechos”, que, sin embargo, ve violados sus derechos “dentro de la institución”. Esto se lo dice al re-alcahuete Tiempo Argentino, el domingo 15. La calificación de la policía como protectora de libertades y derechos, es el punto más alto de la necedad que han alcanzado, sin esfuerzo, los ‘militantes’ K. A Sain le interesa la sindicalización de la policía para armar o reforzar una camarilla oficialista dentro de un aparato asolado por guerras sucias de todo tipo. Racionaliza esa sindicalización como una suerte de contrapeso, ¿democrático?, dentro de la institución contra las autoridades policiales. Como los K han tenido choques reiterados con algunas de esas autoridades, la propuesta de Sain apunta a crear un aparato que, copado por el oficialismo (que monopoliza el poder político), serviría para encarar las ‘diferencias’ intestinas y no tan intestinas dentro del aparato policial o con algunas de sus camarillas. Marcelo Sain pretende que el gobierno organice su propia camarilla dentro de la policía, o que apuntale a la camarilla que responde al oficialismo. Sain asegura que “no hay que confundir sindicalización con derecho de huelga”; dice que “eso es una reducción intencionada. Lo importante es que los policías...puedan sentarse a negociar”. Es decir a transar o intercambiar favores. Para sostener su oposición al derecho de huelga, Sain recurre a un argumento re-gastado de la derecha: que “la seguridad es un servicio básico” - una definición que se aplica a la salud, la educación, el agua, la luz, el transporte y otros, para negar el derecho de huelga. Es claro, sin embargo, que sin derecho de huelga la sindicalización es una palabra vacía. Sindicato o unión son instrumentos de los trabajadores para poder defenderse mediante el arma de la huelga. Un ‘servicio básico’ debe ser ejercido por personal idóneo, que en el caso de la policía es la disposición a cumplir órdenes represivas sin chistar - en especial si carece del derecho de huelga. El reclutamiento de especialistas semejantes necesita, él mismo, un procedimiento policial. El democratismo policíaco de Sain y los ‘jóvenes militantes’, se ahoga en su propio vómito. Los policías no deben gozar del derecho de huelga porque su función no es proteger libertades o derechos sino reprimir el ejercicio de esos derechos cuando son reclamados por los trabajadores. El único derecho que protege la policía es el de propiedad (los derechos de los trabajadores, cuando son reglamentados por las leyes y los decretos y resoluciones, se convierten en una negación de esos derechos); decir que protegería el derecho a la vida equivale a admitir que los antagonismos del régimen social vigente ponen en peligro una condición, la vida, que es anterior a cualquier derecho. Para proteger al ser humano contra incendios, aludes, derrumbes u otros accidentes, alcanzan los equipos técnicos de emergencia. Las rebeliones policiales son una manifestación de la descomposición del Estado capitalista; muchos de ellos han cristalizado esta descomposición mediante la legalización de empresas privadas de represión. Ante la contradicción que supone la rebelión de los reclutas de los aparatos de represión contra esos aparatos e incluso del Estado, el movimiento obrero debe estudiar concretamente cada situación concreta, y defender el principio de la sindicalización de esos reclutas, con derecho de huelga incluido, en el marco y bajo la subordinación a los sindicatos y centrales obreras.

En el artículo sobre el XXI Congreso del PO, publicado en el número anterior, dice: "la UE ha constituído una superación de los Estados nacionales". Debió decir: “la UE no ha constituído una superación de los Estados nacionales”