Prensa Obrera N° 1215

El 16 de marzo, miles de trabajadores del Argentina Trabaja -integrantes de cuadrillas de trabajo y cooperativas que organizan el Polo Obrero, Barrios de Pie y el MST- Teresa Vive- constituimos piquetes en tres puntos de la ciudad y el conurbano, en reclamo de un aumento para todos, sin discriminación ni clientelismo. Luego de los anuncios de la Presidenta y la ministra Alicia Kirchner, de un aumento por "productividad" y "presentismo" sólo para el 20% de los 150.000 trabajadores que integran el programa, quedó claro que el aumento selectivo tiene un propósito de ajuste, además del objetivo adicional de reforzar el clientelismo y ser un instrumento de la interna oficialista. ¿Por qué sólo el 20% habría cumplido con el presentismo y la productividad y, en principio, el 80% no? ¿Cómo se mediría la productividad en cuadrillas que pintan cordones, barren o arreglan calles, pintan paredes de escuelas o hasta ponen inyecciones en un hospital? Se trata de un ajuste por congelamiento de la gran masa de 120 mil familias. La cosa es tan clara que hasta los movimientos hiper-kirchneristas, como el Evita de Pérsico, a través de su Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) -a quienes Garré no podría denunciar por desestabilizadores-, denunció "discriminación" por el aumento y el "dedo" para otorgarlo, y hasta llamó a "tomar medidas de fuerza en los próximos días". Las organizaciones venimos luchando hace más de un año y medio por el aumento de este ingreso, congelado desde 2009 en 1.200 pesos. Hicimos petitorios, marchas al ministerio, acampes y piquetes que levantaron el reclamo de equiparación con el salario mínimo legal vigente (hoy en 2.300 pesos), tomando en cuenta que desde su creación viene perdiendo, con la inflación, el 50% de su poder de compra. El gobierno rechazó sistemáticamente el reclamo, con el argumento de que no era un trabajo y no había salario, sino un ingreso fijo -como si eso lo eximiera de ser el único sustento de familias enteras. La única voz que se escuchó desde el gobierno, la de Garré, marca la línea de criminalización y judicialización que vienen transitando los K. El piquete, que reclamó durante más de seis horas con miles de compañeros, se fortaleció en el transcurso del día con el apoyo de una columna de la CCC en el piquete de Rivadavia y General Paz, que no formaba parte de la convocatoria original, pero fue recibida con aplausos. También hubo llamados y mensajes de compañeros del FPDS y otros grupos piqueteros saludando la acción. Al caer la tarde, en asambleas coordinadas en los tres cortes, se resolvió levantar la medida y convocar para el próximo miércoles a un plenario conjunto de delegados de cuadrilla, activistas y organizaciones para continuar, ampliar y profundizar el plan de lucha por aumento para todos, sin clientelismo.

¿Es invariablemente un error o, peor, una ‘capitulación', llamar a votar en un sindicato, en este caso la seccional San Fernando del Neumático, a una lista, la Negra, aliada en lo nacional a un sector ligado a la CTA Micheli, cuando se presenta también una lista de grupos de izquierda? La lista de izquierda se encuentra integrada por el MAS, cuyo dirigente fundamental, Ayala, ha liderado el cuerpo de delegados, acompañado por activistas independientes y la participación secundaria del PTS. No solamente hicimos este llamado sino que hemos planteado que en esta seccional la lista de izquierda, a la que llamamos a votar a nivel nacional, debía retirarse para no restar votos a la Negra. La razón de este planteo ha sido impedir que esta seccional caiga en manos de una lista rival, la de la burocracia de Wasiejko, entregador del gremio y agente del gobierno K. Hemos llegado a esta posición luego de un intercambio intenso de opiniones con activistas muy importantes de la seccional. En realidad, fueron estos activistas los que nos persuadieron a proceder de este modo, para no convertirnos en cómplices de una posible derrota, que sería un duro golpe para los trabajadores, los activistas y el clasismo. La lista nacional Negra-Verde está encabezada por Marcelo Gallardo, de la seccional San Fernando, que apoyó públicamente al michelismo en las pasadas elecciones de la CTA. Por otro lado, en lo nacional, va aliada a la Verde, un sector de Pirelli, que se escindió de la burocracia de Waseijko en función de la escisión que se ha producido en la CTA. En San Fernando, la mayoría de los activistas que hoy integran la Negra habían votado por Ayala en aquella elección de la CTA. ¿A qué ha obedecido este giro? La decisión del MAS de presentarse por separado fue tomada a último momento, ante la negativa de la Negra de incorporarlo a su lista. También había quedado en minoría cuando tuvo lugar la elección de candidatos de las listas. Delegados muy importantes del sector radial camión venían proponiendo, desde hace meses, formar un bloque de delegados y activistas independiente de la comisión directiva de Gallardo, en San Fernando, por la parálisis sindical de ésta ante la ofensiva patronal. La propuesta fue rechazada por el MAS, que pretendió negociar hasta el último momento un lugar en lista única. Así las cosas, importantes activistas antipatronales han quedado del lado de la Lista Negra San Fernando. La voluntad de ir con la Negra hasta último momento es admitida por los protagonistas de la lista del MAS-PTS. Un artículo en LVO, asegura que San Fernando "es la única seccional que en este tiempo mantuvo alguna independencia de la burocracia". Esta caracterización dista del calificativo de lista michelista. Existe una tensión política entre el activismo de la Negra en San Fernando con el michelismo. La principal correa de transmisión del michelismo en la seccional San Fernando es "el MST en Proyecto Sur", no así un conjunto de activistas independientes que están políticamente sin definición respecto de la izquierda. Un amplio sector del activismo rechaza la división de la vieja Marrón, entre las dos listas. Hay un retroceso sindical en Fate, y una adaptación al marco de las paritarias regimentadas -aceptación de un plebiscito para dirimir contra un decisión votada en la asamblea de fábrica. El caso es que un triunfo de Wasiejko, agravaría la purga patronal anticlasista en Fate. Hemos llamado a retirar la Marrón en San Fernando, para evitar cualquier posibilidad de un triunfo de la burocracia de Wasiejko, y votar a la Marrón Nacional. Una posición que hemos discutido previamente con activistas representativos de la clase obrera del neumático de la seccional.

A los ríos de tinta que han corrido sobre el escándalo Ciccone, hay que sumar ahora una lacónica solicitada publicada por el sindicato gráfico. "Era hora de que se escuchara la voz de los trabajadores", declaró en una radio un directivo del gremio. Cuando todas las promesas de retomar la producción se desvanecen (la planta está paralizada desde mediados del año pasado), sin dudas que era hora. ¿Pero qué dice la solicitada, además de las referencias a la Sociedad Tipográfica de 1857 y la CGT de Los Argentinos o las invocaciones a Dios? "Queremos decirles a los 40 millones de argentinos que los billetes, que alguna vez se hicieron en Brasil o en otros países, deben hacerse ahora en Argentina". Eso es todo lo que la burocracia sindical tiene para decir sobre esta crisis monumental. Así lo entendieron muchos trabajadores, quienes manifestaron su disgusto a la comisión interna. Nuestra posición de siempre es: basta de curros y negociados, fuera Boudou, sus testaferros y los Ciccone. Estatización sin indemnización -con su deuda de 263 millones a la AFIP ya es largamente estatal-, control obrero y directorio integrado mayoritariamente por representantes de los trabajadores votados en asamblea, rotativos y revocables. La larga crisis de "la imprenta más importante del país" (como la bautizaron los medios), la cual está atrapada permanentemente en las internas del poder, sólo puede resolverse con una medida de fondo por la que no puede luchar una burocracia acabada como es la de Ongaro.

Esta semana, la docencia santafesina entra en un paro de 72 horas. Los docentes de la provincia ya han llegado a la cuarta semana de paros y están haciendo un curso acelerado sobre las actitudes políticas del nuevo gobernador "socialista". Bonfatti empezó ofertando un aumento en dos cuotas de 14% para febrero y un 7% para marzo que fue rechazado masivamente, lo que dio lugar a dos paros de 48 horas. Antes del tercero, Bonfatti se avino a una pequeña modificación de la oferta, que manteniendo el 21% global en dos cuotas pasó a ofrecer 18% en marzo y 3% en julio, más 600 pesos no remunerativos por única vez. Ante esta modificación, la directiva de Amsafe provincial aceptó de hecho el ofrecimiento, pero el mismo fue rechazado por las bases docentes de toda la provincia, lo que dio lugar a la ratificación del tercer paro de 48 horas, que fue cumplido en forma contundente y con movilizaciones masivas y esta semana el paro de 72 horas. La directiva provincial de Amsafe ya ha manifestado claramente su voluntad de levantar la lucha con este mínimo lastre que, obligado por los paros, ofrece Bonfatti. La voluntad de miles de docentes es ratificar sus reclamos del 30% retroactivo a febrero indexado, el retiro de la reforma curricular de la escuela secundaria, la reincorporación de las siete compañeras despedidas y todas las reivindicaciones pendientes, así como la exigencia a la Comisión Directiva provincial de Amsafe para que convoque a la movilización provincial, ya votada, para unificar la lucha.

El gremio de la alimentación tiene un convenio bajísimo. El básico es de 4.000 pesos y, con los adicionales, no llega a los 5.000 pesos. Se trata de una industria con altas ganancias, muy concentrada, con un gran predominio de empresas extranjeras y fuertes niveles de exportaciones. Los bajos salarios le han permitido a las patronales disponer, en forma ininterrumpida después de la crisis de 2002/02, de altas utilidades con las que aprovecharon "a full" la devaluación del peso, la depreciación del salario y el boom de los precios internacionales. La burocracia acompañó ese proceso de acumulación capitalista con reclamos salariales insuficientes. No hay que olvidar que los precios de los alimentos vienen aumentando más que la inflación general. Por ese motivo, para las patronales, el costo laboral viene achicándose en relación con el precio final de los productos alimenticios; mientras que para los trabajadores, el costo de los alimentos supera la marca de los salarios. De esta manera, al incremento de la producción que surge de los acelerados ritmos de trabajo, se suma el incremento de la productividad nominal gracias a la suba de los precios por encima de los salarios. Ahora, en las negociaciones paritarias, la burocracia reclama un básico de 5.000 pesos para alcanzar en varias cuotas, a lo largo de los próximos doce meses, y sumando distintos adicionales. Es un planteo que se acomoda a las necesidades patronales, porque no recompone los salarios en relación con el costo de vida familiar (el cual ronda los 6.500 pesos) ni a las ganancias empresarias. Planteamos que las asambleas definan el reclamo salarial para llevar a las paritarias e impedir que, como viene sucediendo año tras año, la burocracia firme lo que quiere en arreglo con las patronales.

-Exclusivo de internet Bastaron menos de dos años para que los medios oficialistas, tanto los privados como los públicos, se olvidaran de la pluralidad de voces y el supuesto espíritu progresista de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Lejos de prestar el micrófono o las páginas de sus diarios a los pueblos que enfrentan la megaminería, o a las familias de la masacre de Once y a los trabajadores del Sarmiento o a los docentes de todo el país, la vasta red de medios K se ha dedicado a la defensa de los intereses oficiales y de las camarillas empresariales, atacando a los luchadores desde sus tribunas. Durante enero y hasta la fecha, estuvieron volcados a la defensa de la minería a cielo abierto, mediante el intento de dibujar los supuestos beneficios y ocultar los perjuicios que denunciaban los ambientalistas. Parte de esta defensa, fue la pantomima montada en cadena nacional, sacando a un dirigente del PJ como trabajador "independiente" para que defenestrara a quienes luchaban contra las mineras. Sumado a esto, en Andalgalá, fue interferida y sacada del aire la radio comunitaria "El Algarrobo", único medio de comunicación que se mantenía independiente del gobierno y las mineras, el cual era una canal de comunicación fundamental para los luchadores. Por su parte, la masacre de Once permitió observar crudamente la censura en los medios oficialistas. En la Revista Veintitrés, propiedad del ultra-K Szpolsky, fue censurado un artículo del periodista Tomás Eliaschev que reproducía las denuncias de los trabajadores ferroviarios contra el grupo Cirigliano y el Estado nacional. A su vez, "6,7,8" volvió a poner todos sus recursos y panelistas al servicio de despegar al gobierno de cualquier responsabilidad (de la misma manera en que ya lo había hecho con el asesinato de Mariano Ferreyra), exculpándose en TBA, los trabajadores del Same, el chofer y ¡hasta "la gente"! -al mejor estilo Clarín. Las mismas palabras eligieron los funcionarios de gobierno, quienes cargaron -¡en Cadena Nacional!- contra la costumbre de viajar en los primeros vagones o en lugares no permitidos. Sin ir más lejos, hace pocos días, en el canal C5N del menemista y ahora filo K Hadad, se sacó del aire -por orden del gobierno nacional- al oficialista y ex funcionario Alberto Fernández quien, entrevistado por Longobardi, realizaba algunas críticas a la "sintonía fina" de CFK. No es de extrañar que si censuran a los amigos, la voz de los trabajadores no exista en los medios oficiales. Así, el 'periodismo militante', el cual junto a la ley de medios pondría fin a la censura y al terror de las patronales de los multimedios sobre los trabajadores de prensa y garantizaría la libertad de expresión, así como la pluralidad de voces y la democratización de la palabra, termina su corto recorrido con la emulación de los métodos de 'la Corpo'.

Proponerse un objetivo y dedicar todas las energías para lograrlo es un gran método de vida. Por ejemplo, para escribir un libro. Lisandro consigue demostrar lo que enuncia en el título Mariano Ferreyra, un crimen de Estado contra la clase obrera. El autor desarrolla con rigor, durante casi 200 páginas, cómo el régimen K es la continuidad -adaptada a los tiempos históricos actuales- de los negocios millonarios de la patria contratista. Señala tres intentos de privatización fracasados. El primero, el plan Larkin bajo el gobierno de Frondizi. Luego, el gobierno militar. Más tarde, Alfonsín, que instauró un proceso de privatización de uno de los sectores considerados más rentables: la reparación del material rodante. Sólo cuando Cavallo garantizó a los contratistas su participación, con un aumento importante de los beneficios y cero riesgo, se logró imponer la privatización del ferrocarril. Para ello, tuvo que derrotar -en comunión con la burocracia- las grandes huelgas del 91 y 92. Las actuales comisiones directivas de La Fraternidad y de la Unión Ferroviaria están compuestas por los carneros de aquellas luchas. Los K repitieron la política de Menem de cooptación e integración, por lo que entregaron a la burocracia la Subsecretaría de Transporte al gremio de camioneros, la de Transporte Ferroviario a La Fraternidad (Antonio Luna) y la de Puertos y Vías Navegables a los portuarios. Los pilares de "la reconstrucción de la burguesía nacional" fueron la devaluación, los subsidios millonarios y el trabajo precarizado. Por eso, cuando la Presidenta habló de acabar con las tercerizaciones frente a la enorme movilización popular generada por el asesinato de Mariano, la burguesía nacional le recordó que mantenerla era una cuestión de vida o muerte. El libro describe quiénes son y cómo amasijaron -y siguen amasijando aún hoy- millones del Estado los Roggio, Romero, Cirigliano, Macri. También describe -en el que tal vez sea el capítulo del libro que los trabajadores debemos estudiar y analizar con mayor detenimiento- el rol de las diferentes corrientes políticas que actuaron en el conflicto de los tercerizados. Los "caudillos conciliadores" y su llamado a depositar la confianza en funcionarios del Estado; la adaptación de parte de un sector de la izquierda a estos punteros; la vacilación del PTS (y sus virajes), que renegó siempre de un plan de lucha directo; los planteos de Causa Ferroviaria y del PO. Tal es la certeza de los conceptos que, a modo de presagio trágico, el libro advierte: "El fraude laboral que aún perdura y la inseguridad en el transporte de obreros y usuarios es parte de la voracidad patronal que paga el pueblo hasta con su vida". La masacre de Once puso de nuevo en la escena nacional todos y cada uno de los negociados, agudizando la crisis del gobierno. Para terminar, el libro plantea el debate y propone dos tareas: la expulsión de la burocracia y la nacionalización sin pago y bajo control obrero de las privatizadas, en el camino de un gobierno asentado sobre nuevas bases sociales.

-Exclusivo de internet En el año 1979, bajo la intendencia de Cacciatore, el gobierno militar decide quitarle al club San Lorenzo el terreno de Avenida la Plata donde existía el estadio. "El gasómetro" -así se lo llamaba- contaba con una capacidad para 75.000 espectadores. Era una de las sedes deportivas más completas del país y supo ser utilizado como sede de la selección argentina por más de treinta años. El encono de la dictadura para con el club de Boedo ni siquiera fue aminorado por la cita mundialista. Mientras se potenciaban otros estadios -en zonas más acomodadas- como el de River, Cacciatore prefirió obviar al sur de la ciudad, el cual no era motivo de "orgullo" para presentarles a los empresarios y periodistas internacionales que llegaban al país. El gobierno de facto se aprovechó de la debilidad económica de San Lorenzo y, cuando terminó el mundial, comenzó la maniobra de presionar a los dirigentes de la institución para que cedieran el terreno. El argumento fue que era necesaria una apertura de calles, para lo cual había que tirar abajo el estadio -se dictó una ley en ese sentido. Al club sólo le dieron a cambio unos 900 mil dólares, que fueron pagados por una sociedad fantasma construida pocos días antes de la venta. Así se cerraron definitivamente las puertas del estadio en el que las Madres de Plaza de Mayo supieron hacer su primera aparición en un acto público. Pasaron los años y jamás hubo una apertura de calles. En 1983, se reforma la ley que anteriormente prohibía la construcción de supermercados en esa zona y los terrenos se le venden a Carrefour por ocho millones de dólares. La estafa se había consumado. La desaparición del "Gasómetro" trajo la crisis deportiva de la institución más grave de toda su historia: por primera vez bajó a segunda y estuvo catorce años sin cancha. Desde el año 2005, se viene desarrollando fuertemente un movimiento entre los hinchas y socios de San Lorenzo, el cual exige la devolución de los terrenos al club. Gracias a la presión, principalmente de la Subcomisión del Hincha (SCH), se aprueba -dos veces, tras el veto de Telerman- un proyecto de ley de "reparación histórica" que devolvía 4.500 metros cuadrados de la plaza José Mármol. También se inician colectas para comprar las propiedades lindantes al supermercado. Finalmente, comienzan las fuertes movilizaciones de 20 mil personas el 12 de abril de 2011 y luego una de 40 mil el 5 de julio. Tras la presión, en septiembre, en la Legislatura porteña se aprobó una comisión especial destinada a debatir un proyecto que devuelva la totalidad de los terrenos. En medio del conflicto está la empresa Carrefour, que viene de anunciar nuevas remodelaciones y no tiene ninguna intención de abandonar esa sucursal. La primera reacción de los partidos de la Legislatura fue la de ningunear el pedido. El kirchnerista Filmus lo desechaba por "utópico" y el macrismo se oponía rotundamente. Frente a las enormes movilizaciones, respondieron con el oportunismo: el "progresismo" de una parte de los K y de Proyecto Sur se quiso colgar del reclamo, tratándo de traducirlo en un pedido de apoyo electoral para garantizar la aprobación de la ley. Incluso una parte del macrismo pedía que se esperara el "debate en las comisiones", con la idea de apaciguar las movilizaciones. Mas allá de los difíciles escollos que había que superar con la intervención de los partidos del régimen, la SCH siguió con la línea de la lucha en la calle y convocó, el pasado 8 de marzo, a una marcha a Plaza de Mayo, la cual fue de proporciones gigantescas: más de 100 mil personas pidieron la aprobación del proyecto de ley que devolvería los terrenos a la institución. Todos y cada uno de los avances se consiguieron de esta forma. Los hinchas lo entienden y por eso se refuerza la convocatoria a la movilización por la devolución inmediata de los terrenos, en los cuales hoy opera Carrefour. Sólo con la independencia política y evitando la subordinación a los vaivenes de las políticas del régimen -más aún en un contexto de números en rojo para el gobierno- es cómo se va a conseguir la tan ansiada vuelta a Boedo.

Hace unos días fue oficializada la Lista Naranja-Bordó. La lista está conformada por más de setenta delegados y activistas de cuarenta talleres que representan los principales procesos de lucha de los últimos años; expresa una tendencia de fondo de los gráficos a recuperar el sindicato de manos de la vieja dirección de Ongaro. La oficialización se logró luego de subsanar las "observaciones" de la Junta Electoral: dos compañeros fueron readmitidos; uno de los que quedó proscripto es Sergio González, gráfico desde hace veinticinco años y reconocido activista de Crónica, que actualmente trabaja en la Cooperativa Patricios. Pero el operativo más importante contra la lista fue, como de costumbre, la acción combinada con las patronales para "apretar" candidatos a fin de que renuncien, incluyendo amenazas de despidos y hasta asambleas de intimidación con venia patronal: así ocurrió en Cortiñas, en Costasan y en la "Cooperativa 22 de Mayo" (ex Lacabril). No obstante, hoy la lista está definitivamente oficializada. Por su composición, el frente Naranja-Bordó encarna lo más vital y transformador de la base gráfica. En contraste, la Verde, con Ongaro a la cabeza, reafirma las pretensiones de perpetuación de una dirección cuyo ciclo histórico se acabó hace mucho tiempo. La prometida renovación de la mano de Juventud Gráfica se redujo a un cargo menor en la directiva. La oficialización de la Lista Naranja-Bordó es, sin dudas, un triunfo del activismo; significa que el 20 de abril los afiliados gráficos tendrán una alternativa clasista a la vieja dirección ongarista. El desafío es llegar con la campaña del frente a doscientos talleres y conquistar los fiscales necesarios para quebrar todo intento de fraude.

La ministra Nilda Garré "reorganizó su gabinete" y desplazó de la Secretaría de Seguridad (un virtual "viceministerio") a la ex fiscal de la causa por el crimen de Mariano Ferreyra, Cristina Camaño, quien pasará a una secretaría de menor importancia. En su lugar asumió Sergio Berni, actual senador bonaerense que tuvo un paso destacado por Desarrollo Social, bajo el ala de Alicia Kirchner. Su "especialidad" fueron las relaciones con las organizaciones piqueteras. Apenas asumió, Garré destacó que el nuevo funcionario "aportará al tratamiento de temas de conflictividad social" y que "trabajará con las cuatro fuerzas puestas al servicio de la sociedad" (Página/12, 10/3). Berni jugó un papel destacado en el desalojo de las ex bodegas Giol y en el del Indoamericano. La doctrina de "seguridad democrática" concluye, de este modo, en un "proyecto X al cuadrado": oficialmente, el "tratamiento del conflicto social" pasa a manos de la Gendarmería. Berni es un teniente coronel del Ejército (actualmente en licencia), se desempeñó durante veinte años en Santa Cruz; o sea, proviene del riñón del kirchnerismo. Señalado por haber apoyado el levantamiento carapintada de 1987, años más tarde trabajó por el retorno de Aldo Rico a la intendencia de San Miguel (ver Página/12, 18/1/09). En su momento, el nombramiento de Camaño al frente de la Secretaría de Seguridad había sido interpretado por sectores kirchneristas como "una muestra del compromiso del gobierno" con el esclarecimiento del crimen de Mariano.

-Exclusivo de internet La semana pasada se llevó a cabo, en el salón de actos del IFDyT N° 2 (instituto que fue tomado por sus alumnos en reclamo de un edificio propio el año pasado), la segunda asamblea estudiantil convocada por la UJS local. La convocatoria sumó a la mayoría de los centros de estudiantes secundarios y terciarios. El tema central del encuentro fue el reclamo del boleto estudiantil gratuito. Se planteó un plan de lucha a desarrollar para exigirlo. También se discutió el tema de los estatutos de los centros de estudiantes, ya que en la mayoría de los casos funcionan como un apéndice de la Cooperadora Escolar, lo cual hace que los alumnos recauden dinero y hasta trabajen para refaccionar las pésimas condiciones edilicias de las escuelas. Los centros de estudiantes deben ser libres e independientes, y deben representar el reclamo de los estudiantes en lugar de las necesidades de sus directivos (con sus cooperadoras). Esta reunión fue el primer paso para formar una coordinadora que agrupe a todos los centros de estudiantes, que ayude a formarlos donde no existen y que fortalezca la unión del estudiantado para organizar la lucha. Este 2012 comenzó con un viraje hacia la izquierda en cuanto a las luchas populares. Los estudiantes no vamos a estar al margen. Los reclamos son claros y ponen de manifiesto el despertar del estudiantado azuleño, el cual está uniendo su reclamo con la lucha obrera y socialista. Estos reclamos son: Centros de estudiantes libres e independientes. Boleto estudiantil gratuito. Edificio propio para los institutos terciarios. Fotocopiadoras bajo control de los estudiantes. Participación social del estudiantado en las luchas populares.

Logramos la aceptación de candidatos con una antigüedad menor a la exigida por la nefasta ley de Asociaciones Profesionales. ¿Giro democrático del ongarismo? De ninguna manera. Recordemos que esta Junta Electoral fue impuesta en una asamblea escandalosa, en la que la lista Verde impidió el debate y truchó la votación para asegurarse el control de la elección. Luego, la Junta fue la pieza clave de la maniobra para dividir a la oposición, al asegurar (verbalmente) que aceptaría la nómina de compañeros de World Color y Printpack que habían sido presentados por la Bordó, aunque sólo como candidatos de esa agrupación. En un artículo de su prensa, titulado "Triunfo de la Bordó", el PTS califica de "insensata" esta afirmación; sin embargo, en reunión, la Junta "explicó" clarito que, como el pedido fue elevado por la Bordó, la resolución sólo se refería a ese escrito, y rechazó pronunciarse sobre la posible inclusión de esos mismos compañeros en otra lista. Evidentemente, una vez concretado el frente, la impugnación sólo hubiese acarreado trastornos a la Junta y casi ningún beneficio a la Verde, ya que tanto la lista como los posibles votos y fiscales de esos talleres están relativamente asegurados. Aclaremos que en esa condición "irregular" se encuentran, aparte de los mencionados World Color y Printpack, otros candidatos presentados por la Naranja de Cedinsa, de la gran fábrica flexibilizada AGM, de Valid y de Interpack 2. En relación con una supuesta nota de la Naranja, en la que reclamaba "que no se violara el estatuto" de la que habla el PTS en ese mismo artículo, afirmamos que simplemente no es así. Nuestro escrito condicionaba la presentación de listas separadas a que se garantizara la transparencia de la elección mediante permiso gremial y día pago para todos los fiscales. Un reclamo que apuntaba contra la resolución divisionista de la Junta y que, por otro lado, continuamos levantando. Todo esto carece de interés para la masa del gremio -e incluso para la masa del activismo gráfico. El PTS ha sacado hasta ahora dos artículos: en los dos se atacaba al PO y a la Naranja. Llamamos al activismo de la Bordó a centrarse en la lucha común contra la patronal y la burocracia sindical, dejando de lado la política faccional que caracteriza al PTS en todo el movimiento sindical. La lucha está planteada en 160 fábricas que votan el 20 de abril.

La lucha que llevan, desde hace ya cinco meses, los trabajadores de Papelera Azuleña SA por la reactivación de la fábrica bajo gestión obrera se lleva a cabo contra la patronal no sólo en la Justicia, sino también en las calles contra la patronal y el gobierno comunal, que se niega a hacerse cargo de las necesidades de los trabajadores y de la fuente de trabajo. Los obreros y sus familias viven momentos desesperantes, pero aún así reafirman su decisión de pelear por la fábrica, en defensa de su derecho a trabajar. Como no pueden realizar su trabajo como consecuencia de un lock-out ofensivo de la patronal, hace cinco meses que no tienen salario. El municipio alega no tener un solo peso para ellos. Los trabajadores mantienen tomada la planta, con el objeto de custodiar las instalaciones y los bienes que les garantizarían ponerse a trabajar si la Justicia los autoriza. La toma se inició hace dos meses, cuando los obreros observaron indicios de un vaciamiento empresarial. El gobierno municipal de José Inza (FpV) le da la espalda a esta dura lucha. El bloque de concejales del FpV y el del PRO han rechazado un proyecto para pagar un salario mínimo por tres meses a los papeleros, "para no sentar precedentes". La desesperante situación por la que están pasando los trabajadores con sus familias se entrecruza en ellos, por estas horas, con la indignación de chocar contra un poder político que apuesta a derrotarlos por hambre. A esta altura, nadie duda de que Inza actúa al servicio de los empresarios responsables de las sustracciones (Abel Amaya, Jorge Scabuzzo y Germán Vena), quienes dejaron a la fábrica y a sus trabajadores en estas condiciones críticas, las cuales ya se cobraron una vida: la de Pachi Lara. La lucha de los papeleros -que el PO defiende con todas sus fuerzas y en la primera línea- se va convirtiendo en una causa popular. La asamblea de organizaciones que motoriza la lucha se propone organizar un gran festival solidario. La UJS y la juventud estudiantil de Azul estarán a la cabeza de su organización.

-Exclusivo de internet En la ciudad de La Plata, los músicos nos hemos organizado para pelear por nuestras reivindicaciones. Desde julio del año pasado, comenzaron a desarrollarse nutridas asambleas en las que se debatió el camino a seguir. El telón de fondo es ya conocido: la privatización de los espacios públicos, la precariedad laboral, pagar para tocar y la mercantilización de la cultura. La asamblea fue procesando diferentes posiciones: la Unión de Músicos de la CTA planteó el apoyo a la Ley de la Música; otros planteaban discutir con cada bolichero por el no pago del sonido. Finalmente, primó el planteo del circuito de música en vivo, con presupuesto del Estado, entrada gratuita y gestionado por la asamblea de músicos. Así nació Músicos Platenses Organizados (MPO), que ha convocado dos sonoras movilizaciones y cortes de calle en pleno centro en octubre y noviembre, lo cuál ha sido un hecho inédito. Con estas movilizaciones, se arrancaron compromisos, tanto de la municipalidad como del Instituto Cultural de la provincia, los que están permitiendo llevar adelante todo un ciclo de actuaciones en espacios como el Pasaje Dardo Rocha, el Centro Cultural Islas Malvinas. En estas presentaciones se incluyen sonido y cachet para los músicos. Actuarán unos 150 músicos de treinta grupos. Esta es recién una primera tanda de los cientos de bandas que se han empadronado con MPO, el cual se ha transformado en una referencia para todos los músicos de la región. La cuestión del arte y la cultura es un elemento destacado en las políticas de Bruera y Scioli para la "Ciudad Capital". Han definido un cambio en el perfil de La Plata como ciudad exclusivamente administrativa y estudiantil para convertirla en una ciudad productiva y turística. Esto significa hacer mega-recitales en el Estadio Unico con Britney Spears o Lady Gaga, entre otras actividades. Una cantidad creciente de locaciones para películas, que están llevando al Concejo Deliberante a discutir reglamentaciones para el trabajo de los extras (actores), cánones y exenciones impositivas para las productoras. De esto se tratan las industrias culturales: negocios capitalistas con el presupuesto estatal, precariedad laboral para el trabajador de la cultura y mercantilización del arte. LuchArte forma parte activa del MPO y ha sido al calor de la intervención en este movimiento que hemos consolidado un círculo de músicos del PO, el cual se propone ser el motor de una agrupación que organice a los artistas por el conjunto de sus reivindicaciones, en una perspectiva anticapitalista y revolucionaria, que una su lucha con la del conjunto de la clase obrera.

Un acatamiento masivo tuvo la primera medida del plan de lucha de los trabajadores de prensa por un aumento salarial del 30 por ciento y otras reivindicaciones, que consistió en el retiro de firmas en las ediciones de los diarios del viernes, sábado y domingo pasados. La medida tiene una importancia particular, porque es la primera en más de veinte años que se toma en forma conjunta en el sector de diarios, el que agrupa a la mayoría de los grandes medios de prensa. Página/12, Diario Popular, El Cronista, Tiempo Argentino, BAE, Crónica, La Nación, Ambito Financiero, El Argentino y Miradas al Sur, entre otros, salieron con ediciones donde prácticamente no hubo firmas de los periodistas. En Perfil, donde la patronal anunció el cierre del diario Libre, a la medida se sumaron masivamente no sólo los compañeros del diario, sino también los de la revista Noticias. Pero el retiro alcanzó una relevancia mayor porque incluyó a los trabajadores de Clarín, la principal empresa de la rama y la más grande de todo el sector, la cual hace más de diez años que no tiene Comisión Interna. También sumó a trabajadores de agencias de noticias como DyN (de Clarín y La Nación) y de empresas punto com, como Infonews (del grupo Szpolski), entre otras. La base de esta masividad se asienta en dos triunfos logrados por el activismo del gremio y, en particular, por la Lista Naranja, la que batalló por ellos de manera sistemática: se le impuso a la conducción del sindicato (la UTPBA) una Comisión Paritaria, formada por delegados de base elegidos en asamblea, y el que, después de casi veinte años, volviera a funcionar el Cuerpo de Delegados. Estos cuerpos colectivos son lo que han garantizado la medida, la cual estuvo precedida por dos concentraciones frente al Ministerio de Trabajo y asambleas con paros en todas las redacciones. Esta lucha por la paritaria -que esta semana seguirá con paros parciales progresivos y otras medidas- se está convirtiendo en una referencia y un eje para el conjunto del gremio. La dirección del sindicato ha evitado, hasta ahora, que se sumen los compañeros de las otras ramas (radio, televisión, agencias, punto com, revistas). No obstante, al plenario de delegados de diarios concurrieron las comisiones internas de varias de esas empresas, algunas de las cuales ya plantean sumarse al plan de lucha que está en marcha. Este proceso (el cual está marcando un camino de unidad de los trabajadores de prensa por encima de las ramas y de la adscripción política o de negocios de las patronales de prensa) también ha sepultado el miserable argumento de varios voceros K acerca de que el plan de lucha es "funcional" a los medios "hegemónicos" contra los "antihegemónicos" oficialistas. Este argumento es para esconder que, en realidad, a lo que le temen como a la peste es a la unidad de los trabajadores de prensa contra la política de unos y otros de aplastar los salarios. Sergio Szpolski -dueño del mayor multimedio K- ofreció un aumento menor al 20 por ciento, en cuatro cuotas para todo el año, y llamó a directivos de la cámara de diarios (AEDBA) dirigida por Clarín y La Nación para plantearles que había que mantenerse firme con el tema salarial. Raúl Olmos -dueño de Crónica y BAE- ofreció 15 por ciento de aumento para todo el año y todavía ni siquiera recibió a las comisiones internas para negociar, pese a que los acuerdos de 2011 se vencieron en diciembre pasado. Por su parte, la cámara dirigida por Clarín y La Nación ofreció el 15 por ciento para todo el año. La misma miseria que los oficialistas. No hay diferencias entre unas y otras patronales a la hora de enfrentar los reclamos de los trabajadores. La independencia respecto de las patronales y del gobierno es vital para el triunfo de la lucha de los trabajadores de prensa.

Con apenas una frase, Daniela Milhein -una de los 13 imputados en el juicio por privación ilegítima de la libertad y promoción de la prostitución de Marita Verón- probó la estrecha unión que existe entre la trata de personas y el juego: "Que yo sepa, era la única persona que tenía trabajando Ale como prostituta. El también tenía las maquinitas de póquer" (La Gaceta, 15/2). Se refería a Rubén "La Chancha" Ale, ex pareja de Milhein, quien está denunciado por Trimarco como uno de los principales narcos y capomafias de Tucumán. A dos semanas de aquella declaración, sus palabras ganan fuerza, ya que el gobernador, José Alperovich, está empecinado en entregar el casino provincial a una empresa privada: Ivisa, la que ya gestiona desde diciembre de 2005 -cuando la provincia lo autorizó por contratación directa- las máquinas tragamonedas del casino. La pretensión del mandatario es que, desde ahora, se haga cargo también de las mesas (ruleta, black jack, póquer). "¡En el único lugar del mundo donde el paño da pérdidas extraordinarias es en Tucumán! Evidentemente, el Estado no sabe manejarlo (al casino)", argumentó Alperovich para justificar su decisión (ídem, 13/3). Además precisó que, sólo en 2011, el casino perdió 10 millones de pesos. El argumento fue desmentido por Julio Vaca, un crupier que hace 27 años trabaja en el casino. "El canon anual de las maquinitas que paga Ivisa es de 12 millones de pesos; sólo con eso, el casino (gana) 2 millones de pesos", aseveró (Primerafuente.com.ar, 16/3). Según sus declaraciones, buscan privatizar por otra cosa: "Es un verdadero negociado, donde los perjudicados, otra vez, son los trabajadores; el negocio pasa por el lavado de dinero" (ídem). En Tucumán, el negocio del juego se ha multiplicado por tres y, paralelamente, todo el entorno que rodea el juego: los kioscos de drogas y los prostíbulos, además de los peajes que recolectan entre distintas comisarías. En relación con esto, Susana Trimarco volvió a meter el dedo en la llaga, al reclamar la clausura de 17 prostíbulos. Este reclamo, ya en 2009, se lo había efectuado al intendente de San Miguel de Tucumán, el ultrakirchnerista Domingo Amaya. Para ello, entregó un mapa donde se detallaba la ubicación de cada uno. En aquella oportunidad, el municipio había clausurado siete locales, pero no hizo nada cuando, al día siguiente, los dueños rompieron las fajas y volvieron a abrirlos. Entonces, Trimarco llevó su denuncia a Tribunales, donde durmió hasta el domingo 11 de marzo. Cuando todas estas circunstancias cobraron estado público por una nota que se publicó en La Gaceta -en la que se destacaba la demora de dos años y medio- recién entonces el intendente Amaya se apuró en ordenar la clausura. Ni Alperovich ni Amaya, ni la Justicia. La lucha por acabar con la trata de personas, en tanto que es uno de los negocios capitalista más rentables, plantea la lucha a fondo contra el régimen capitalista que lo fomenta y encubre. El 3 de abril se cumple un nuevo año de la desaparición de Marita Verón. Es una oportunidad para que en Tucumán, pero también en todo el país, se traduzca en una gran movilización popular el reclamo por la aparición con vida de Marita, el desmantelamiento de la redes y que los pesados de todas estas mafias (o sea los funcionarios políticos, judiciales y policiales) sean juzgados y condenados.

-Exclusivo de internet Se acaba de conocer la resolución Nº 3276, por la cual se elevan las tarifas de certificados, documentación, títulos y trámites administrativos en montos que superan el 700%. Este tarifazo va a ser permanente, dado que han establecido una cláusula para elevarlo cada dos mese s de acuerdo con la inflación. Además, se ha conocido un plan de cierre de carreras, como es el caso de Trabajo Social de Aguilares. En el caso de la docencia universitaria, el Rectorado se ha obstinado en rechazar los reclamos salariales y de estabilidad laboral. Aunque aún no comenzaron las clases, la noticia del tarifazo ha provocado la repulsa estudiantil y ya, en algunas facultades, algunos centros han convocado a asambleas, otros están en curso de autoconvocatorias. El rector Cerisola señaló que el presupuesto no alcanza, que necesitarían una partida extra de 300 millones de pesos, cuando hasta hace poco se jactaba, para justificar y avalar la asociación de la UNT con Minera La Alumbrera, que los ingresos a la UNT representaban la duplicación del presupuesto. La UNT se ha transformado en un ámbito donde las camarillas que la gobiernan no sólo se han enriquecido, sino que también realizan todo tipo de negociados. El de la minera es sólo unos de ellos, los otros: con la obra pública universitaria, con los postgrados arancelados que crecen como hongos, con contratos con grandes empresas, con el sostenimiento de una enorme burocracia y un aparato de punteros estudiantiles, no-docentes e incluso docentes. Las limitaciones se refuerzan en todas las facultades. El modelo es Medicina, donde un sistema de ingreso con cupo sólo permite el ingreso del 10% de los inscriptos -lo que ha creado un mercado para que en la universidad privada de San Pablo, cuyo dueño es uno de los nuevos oligarcas azucareros, Rochia Ferro, se abra la carrera de Medicina. Precisamente porque la UNT brinda a las camarillas la posibilidad de estos suculentos negociados es que, en su seno, recurrentemente estallan crisis como producto de las disputas que surgen entre las mismas por éstos. Ahora el negociado está motorizado por la designación del nuevo director de la UNT en el Ymad, por medio del cual la universidad se ha asociado con los monopolios mineros a la explotación de la mina Bajo La Alumbrera y, próximamente, Agua Rica. Todos estos hechos tienen que ser aprovechados para poner en pie un movimiento estudiantil combativo, que vuelva a hacer funcionar a los centros y a la Federación, que no llegan a ser ni cascarones vacíos. Desde la UJS estamos impulsando una campaña de denuncia en este sentido, convocando a los luchadores y a las agrupaciones de lucha a exigir: derogación de la resolución Nº 3276; defensa irrestricta de la gratuidad; aumento del presupuesto y que el mismo se constituya por fondos genuinos del presupuesto general de la Nación y no por fondos tóxicos provenientes de la megaminería contaminante; ruptura del vínculo que une a la UNT con la minera La Alumbrera y llamar a la docencia, sobre la base de estos puntos, a una lucha en común.

Ciudad de Buenos Aires, 19 de marzo de 2012 Compañero Néstor: La protesta social es una de las herramientas con la que cuentan los trabajadores en el juego de la democracia, para poder hacer oír sus reclamos y cualquier intento de criminalizar esta herramienta debe ser repudiado por toda la ciudadanía. Los conflictos sociales generados por un sistema económico en un estadio en donde la desocupación se hace imprescindible, se hacen más comunes y visibles las protestas sociales. No es intención de los trabajadores generar conflictos, sino manifestarnos desde la libertad de expresión. ¿Qué es un corte de ruta sino una expresión de repudio legítima para generar soluciones a nuestros problemas? También por el contexto resultan una medida extrema después de una escalada de reclamos sobre el particular. Repudiamos la acusación manifestada por la ministra Garré en donde, entre otras personas, se refiere a usted: "metodología salvaje", "extorsión", "lograr algún tipo de demanda o, peor, para desestabilizar". Creemos que las declaraciones fueron desmedidas, ya que el reclamo fue justo. Era simplemente la pretensión de actualizar un subsidio implementado desde el año 2008 y que después de cuatro años sigue congelado. Nuestro movimiento se presentará solidario en todo fenómeno que involucre, entre otras cuestiones, la criminalización de la protesta social. Quedando a su disposición, un fuerte abrazo.

El viernes 16, cientos de docentes se dieron cita en plaza Independencia en la Marcha de Antorchas contra el acuerdo salarial firmado por la dirigencia de Atep (Ctera), por la reapertura de las paritarias y en defensa del Estatuto Docente. Esta marcha había sido llamada por una asamblea de docentes autoconvocados y reunió a delegaciones de diversas escuelas de la provincia y diferentes niveles del sistema educativo. Fue la continuidad genuina de la masiva irrupción docente en la plaza el 6 de marzo y contó, además, con el apoyo de una delegación de los Autoconvocados de la Salud. La irrupción docente impactó en el resto de los estatales. Los trabajadores de UPCN, después de muchos años, concretaron un paro y una movilización de más de 500 trabajadores de diversas reparticiones del interior. A la vez, en el seno de la policía, surgió un planteo autoconvocado que reclama un aumento salarial del 37 por ciento, lo que, a su vez, forzó a que otros sectores estatales -como es el caso de ATE- comenzaran a agitar un reclamo similar. Desde el gobierno, se ha insistido con que no se puede otorgar ningún aumento que supere el 20 por ciento. Se avecina un escenario de luchas y de nuevas autoconvocatorias. En el acto, distintos oradores realizaron diferentes denuncias sobre muchos atropellos sufridos por los trabajadores. Se hizo hincapié en la entregada de la burocracia y en la ofensiva en curso para modificar el estatuto del docente que procura amputar las principales conquistas laborales. Tribuna Docente planteó poner en pie una nueva representación de la docencia, la cual barra a la burocracia sindical. La tarea de la hora es organizar la lucha, eligiendo delegados en todos los turnos y modalidades, así como preparar una gran Asamblea General Provincial para votar un plan de lucha unitario y un comité de delegados responsable que se ponga a la cabeza de la misma. Se destacó el plenario opositor realizado en Neuquén y se llamó a adherir al plan de acción adoptado. Tribuna Docente también llamó a la docencia autoconvocada a movilizarse el 24 de Marzo, una fecha muy cara para la docencia tucumana, pues es el aniversario del asesinato del Isauro Arancibia, quien entonces dirigía Atep.

-Exclusivo de internet Desde hace varios días se mantuvo en la Facultad de Ciencias Médicas un acampe contra el cupo de ingreso en Medicina, que ha desatado un fuerte debate entre docentes y estudiantes, y gran revuelo entre las autoridades universitarias. Sin duda, se ha tocado una fibra muy sensible dentro de la UNC. El cupo en la carrera de Medicina fue implementado hace siete años de la mano del decanato del derechista Wilington y el rectorado de González, amparados en la menemista Ley de Educación Superior, profundizando el vaciamiento de la carrera que ya se venía desenvolviendo hace algunos años. Es así que se avanzó en el cierre de camas en los hospitales escuelas, tanto la Maternidad Nacional como el Clínicas, este último en un avanzado proceso de vaciamiento; se cerraron cátedras, se modificaron los planes de estudios quitando contenidos del grado y pasándolos a los post-grados pagos; sumado a la falta de inversión en infraestructura, mantenimiento y materiales de estudio y prácticas. El resultado es el abarrotamiento de los estudiantes en las aulas, clases que se dictan en bares o en los subsuelos de los CPC, etc. Hoy nos encontramos ante un profundo deterioro en la formación de grado de una carrera que fue una de las más importantes y reconocidas de esta universidad. A la par del vaciamiento de la carrera y el propio cursillo de ingreso, el cupo ha favorecido todo un despliegue de negocios en torno del ingreso, donde un par de academias privadas se llenan los bolsillos con las esperanzas de los pibes de poder ingresar, quitando casi toda posibilidad a quienes no disponen de los recursos para costear esta preparación. Toda esta situación no hace más que poner a la educación pública superior, en sintonía con el ajuste que hoy sufre la salud pública, con escasez de personal, topes salariales, falta de insumos y mantenimiento, infraestructura insuficiente y tecnología obsoleta. En lugar de ser la Universidad Nacional un semillero de nuevos médicos que planifiquen y desarrollen la salud pública según las necesidades de la comunidad en general, ésta se pone a tono con el desguace y privatización que padece la salud, denunciada por más de siete meses de lucha de los trabajadores de los hospitales. La llegada de la "progre" Scotto al Rectorado vino acompañada de grandes promesas de defensa de la educación pública, entre ellas la eliminación del cupo y la lucha por la "inclusión y permanencia de estudiantes a la Universidad", prometía finalmente la apertura de la universidad al pueblo. Tras seis años de gobierno, no sólo que esto no ha sucedido, sino que los muros para que ingrese el pueblo son cada vez son más altos, a la par que proliferan los acuerdos y convenios con las empresas privadas, quienes parecen ser los únicos sin cupo de ingreso a la UNC. Luego de seis días de acampe sin recibir respuesta alguna, en una reunión semiclandestina, el Rectorado juntó a todos los decanos para pronunciarse de manera unánime contra las medidas de lucha y ratificar el respaldo al actual decano de Ciencias Médicas en su decisión de mantener el cupo de ingreso. Desde la UJS impulsamos incondicionalmente la lucha contra el cupo, entendiendo a ésta no sólo como la lucha por la conquista del ingreso irrestricto, sino el rechazo al vaciamiento y a los negociados que se despliegan tras el cupo; en defensa de la carrera de grado para ponerla al servicio de las necesidades sociales.

Luego de una gran lucha, parte de los trabajadores de Aqualic fueron reincorporados en una mesa de negociación donde la patronal acordó aceptar la reincorporación, retirar la patota, incorporar un veedor de la Subsecretaría de Trabajo y dejar sin efecto las denuncias ante la fiscalía. El logro más grande es que los voceros y los referentes pueden volver a su lugar de trabajo. Sin embargo, la mitad de los trabajadores han decidido aceptar el retiro voluntario con la indemnización, que será pagada en tres cuotas. Los compañeros luchadores optaron por esta vía, ya que entienden que el hostigamiento, las patoteadas y el régimen de trabajo será oneroso para ellos y sus familias. El conflicto mostró con dureza la tercerización de la represión y la alianza del Estado con la patronal en un frente único contra los trabajadores. Asimismo, se demostró la vitalidad de las iniciativas de los obreros en unidad con la comunidad y los demás trabajadores de Centenario. Celebramos la reincorporación de los trabajadores, pero es necesario estar alerta sobre la nueva situación que se abre. La patronal iniciará nuevos hostigamientos, amenazas, extensión de las jornadas de trabajo y aceleramientos de los ritmos de producción. Tomemos todas las enseñanzas de la lucha para reforzar la organización gremial interna. ¡Fuerza, compañeros!

Jorge Altamira realizó una intensa gira en nuestra ciudad para presentar el libro El ascenso de la Izquierda en el marco de la bancarrota capitalista. El recorrido mediático fue muy intenso, reafirmando la relevancia obtenida por el Frente de Izquierda y el Partido Obrero. A través de entrevistas muy generosas en tiempo, Altamira hizo un exhaustivo balance del Frente de Izquierda y desarrolló sus perspectivas favorables. Ligó la alternativa última de la izquierda revolucionaria a la bancarrota capitalista y a las rebeliones populares que genera -pero sobre todo, en última instancia, a la calidad de su política. Desarrollar estos ángulos desde la televisión y la radio permite acercar a capas populares cada vez mayores a la política socialista. La presentación se realizó en el aula magna de la Facultad de Derecho ante alrededor de 120 asistentes, quienes asistieron a una exposición metódica sobre la experiencia electoral reciente y el desarrollo de la izquierda anticapitalista en el marco de la crisis mundial. Altamira marcó la necesidad de que este 24 de Marzo se marche, entendiendo la jornada no como una fecha conmemorativa, sino como netamente política con consignas propias de la etapa como la cuestión del ajuste, el espionaje a los luchadores (Proyecto X) y la ley antiterrorista; también la masacre ferroviaria y el juicio oral y público por el asesinato de Mariano Ferreyra. Es decir, una jornada política donde los trabajadores tenemos el deber de levantar una tribuna que marque nuestras posiciones en la etapa actual.Dedicó una parte amplia de la exposición al método con que se realizará el XXII Congreso del Partido Obrero, donde se desarrollará una interacción entre los activistas obreros y juveniles, quienes no solamente deben conocer los planteos partidarios sino el proceso político de su elaboración. De este modo, dijo, es que se lucha también contra el microclima propicio para las sectas. Acompañaron a Altamira, en la mesa, Eleonora Alais, militante de Derechos Humanos -HIJOS- y Claudia Velázquez, delegada de Suteba (PO). Eleonora remarcó su coincidencia con el título del libro, señalando el ascenso y las notorias intervenciones de la izquierda en el último período, así como también plasmó la necesidad de concretar, en este 24 de Marzo, una marcha de conjunto de todos aquéllos que nos movilizaremos con independencia del gobierno. Altamira participó también de un plenario del Partido en el que se delineó la agenda política para las semanas que siguen, con eje en una fuerte campaña para asistir a la Conferencia Sindical que convoca el PO para el 14 de abril y para el XXII Congreso que se realizará en julio próximo.

El Tribunal Oral Criminal 21 denegó un nuevo pedido de excarcelación en favor de José Pedraza y su segundo, el "Gallego" Fernández. Los jueces consideraron que existía "peligro de fuga" en caso de ser liberados. A pesar de que la Cámara de Casación ya se había expedido del mismo modo hace sólo algunas semanas, los abogados de Pedraza volvieron a insistir en la libertad de los jefes de la patota que asesinó a Mariano. Ahora, aduciendo que "la postergación del juicio prolongaba la detención". Quieren explotar la dilación del juicio para reforzar las presiones jurídicas y políticas en favor de la libertad de Pedraza. Con seguridad, apelarán este nuevo fallo para mantener la cuestión en la agenda judicial y renovar estas presiones. Más que nunca, se impone el reclamo del inicio inmediato del juicio, para que los responsables materiales y políticos del plan criminal que terminó con la vida de Mariano e hirió gravemente a Elsa Rodríguez reciban la condena que merecen.

Durante la tarde del martes 20 de marzo, un trabajador de 30 años murió electrocutado mientras realizaba tareas de soldadura de materiales en los talleres que Metrovías tiene en la estación Congreso de Tucumán. Hace un año, otro trabajador de talleres, pero de la Línea C, también perdía su vida en circunstancias similares. Los accidentes de trabajo en Metrovías, especialmente en los talleres, son recurrentes. Esta nueva muerte, lamentablemente, no puede sorprender. Desde hace semanas se sabe con total certeza que las condiciones de seguridad del subterráneo son paupérrimas. Lo ha dicho el propio gobierno de la Ciudad, en boca del propio Macri, cuando apuntó a la probabilidad de un accidente como el ocurrido en el Sarmiento. La propia Presidenta hizo este mismo reconocimiento cuando dijo que "no son los de Nueva York". Las risas que despertó la afirmación entre sus aduladores muestran su desprecio por la vida de los trabajadores. Ni al gobierno de la Ciudad ni al nacional les pasa por la cabeza dar por concluida a concesión al grupo Roggio. Al revés, fue beneficiado por el gobierno nacional, que mantuvo el 50% de los subsidios, y por el de Macri, con un tarifazo de más del 120%. Roggio maneja el ferrocarril Urquiza e integra el consorcio Ugofe junto al grupo Cirigliano, en el Roca y el San Martín. Los trabajadores han denunciado sistemáticamente las pésimas condiciones de seguridad. La ley de traspaso del subte, que aprobaría el Congreso, sería rechazada por la Legislatura y el tema iría a la Corte -la cual no tiene condiciones para ofrecer un transporte seguro. La directiva del sindicato de los trabajadores del subte (AGTSyP) se limitó a convalidar el paro de la Línea D, donde trabajaba el compañero muerto. La cooptación kirchnerista ha llegado a la médula. La inacción de la directiva ha despertado mucha bronca en la base, que reclamó un paro de repudio. Ante esto, la dirección del sindicato resolvió un paro de dos horas, una medida tardía e insuficiente. Planteamos: basta de muertes de trabajadores y usuarios. Fuera los Roggio y Cirigliano, sin resarcimiento. Abajo los tarifazos.

Cuando la Primera Junta representaba a un bloque provisorio y precario de tratantes de esclavos, comerciantes, contrabandistas, hacendados y obispos) se hizo cargo del Cabildo de Buenos Aires en 1810, el comandante militar de Malvinas, en nombre de España, era Gerardo Bordas. En ese momento, a la escasa soldadesca malvinense se le adeudaban varios meses de sueldos. Bordas, en vez de dirigirse al virrey, reconoció a la Junta y a ella le reclamó las mesadas que se debían. Buenos Aires, de inmediato, envió a las islas los fondos reclamados. Las Malvinas eran un páramo en medio del Atlántico Sur, base de balleneros y cazadores de focas. Sólo en 1820, el gobierno de las Provincias Unidas decidió hacer efectiva su proclamación de soberanía sobre las islas. Con ese propósito envió a la fragata Heroína, al mando de un coronel de origen norteamericano: David Jewett. El 6 de noviembre de ese año, Jewett llegó a las Malvinas y señaló que su propósito era terminar con la explotación ilegal de la zona por parte de balleneros y foqueros procedentes de los Estados Unidos y de Gran Bretaña. El primer gobernador de las islas en nombre del gobierno argentino, Pablo Areguatí, llegó a Soledad en 1823. De inmediato, informó a los buques extranjeros que quedaba prohibido pescar y cazar en aguas jurisdiccionales de las Malvinas. La violación de esa norma haría que los infractores fueran detenidos y enviados a Buenos Aires para ser juzgados. Gran Bretaña no encontró en aquella ocupación argentina ninguna razón de protesta, ni le impidió reconocer rápidamente la independencia del país ni firmar, en 1825, un Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con las Provincias Unidas. Por cierto, se debe tener en cuenta el siguiente detalle: en agosto de 1821, Buenos Aires ya discutía la posibilidad de contratar con la inglesa Baring Brothers un empréstito por 1 millón de libras esterlinas -lo cual habría de hacerse al año siguiente. Aquel empréstito no terminaría de pagarse hasta entrado el siglo XX. En 1821, el gobernador de la provincia era Martín Rodríguez. Rodríguez asumió con poderes extraordinarios para resolver la crisis de 1820 (llegó a haber tres gobiernos en un día), y nombró ministro de Gobierno -casi un primer ministro- a Bernardino Rivadavia. Rivadavia dijo al asumir: "La provincia de Buenos Aires debe plegarse sobre sí misma (...) y con los recursos que cuenta dentro de sus límites...". Al mismo tiempo, al plegarse sobre sí misma, se desplegaba hacia Londres. Todo lo que podían conseguir estas pampas de su vínculo con el Imperio Británico era convertirse, como dirían luego de la Argentina los aristócratas ingleses, en "la perla más bella de la corona de Su Majestad". La invasión El asalto militar a las Malvinas no fue consumado por Inglaterra, sino por los Estados Unidos en 1831. Toda la cuestión tuvo su eje en un conflicto de derechos de pesca, comercio y regalías. Ya entonces se trataba de un asunto fiscal. Luis Vernet, un hamburgués de familia francesa naturalizado argentino, tenía una sociedad con Jorge Pacheco; a ellos les fue dada por el gobierno de Buenos Aires la concesión para pescar y criar ganado vacuno en la isla Soledad. En 1826, ambos fundaron allí el primer establecimiento permanente de las Provincias Unidas en el archipiélago. Buenos Aires les extendió entonces la concesión y les otorgó derecho a cazar y pescar en las aguas adyacentes. En 1829, nombrado comandante político y militar de las islas, Vernet fomentó la instalación de granjas e impulsó el comercio con el continente. En 1830 nacieron los primeros malvinenses, todos argentinos; entre ellos, una hija de Vernet. Por entonces estalló el conflicto. Vernet decidió imponer militarmente su derecho a la exclusividad de la explotación comercial de las islas y dictó una ley que prohibía la caza de focas. Casi de inmediato, tres pesqueros norteamericanos fueron apresados por contravenir esa disposición. Uno de ellos, el Harriet, fue enviado a Buenos Aires para que sus tripulantes fueran sometidos a juicio. Llegaron aquí, junto con Vernet, el 19 de noviembre de 1831. La reacción norteamericana fue durísima. Su cónsul en Buenos Aires, George Slacum, calificó de "piratería" la acción de Vernet y proclamó el derecho de los Estados Unidos a pescar donde tuviera ganas. Explícitamente, desconoció los pactos preexistentes entre naciones europeas por el control exclusivo de la pesca en el Atlántico Sur. El gobernador de Buenos Aires era Juan Manuel de Rosas, representante de los estancieros aliados de Inglaterra. Slacum informó al ministro de Relaciones Exteriores de Rosas, Tomás de Anchorena, que había dado orden a la corbeta USS Lexington de abordar las instalaciones argentinas en las Malvinas en caso de que la tripulación del Harriet no fuera liberada de inmediato. Sin paso intermedio alguno, el capitán de la Lexington, Silas Duncan, intimó a la rendición a Vernet y le anunció que sería juzgado "por ladrón y pirata". La Lexington, llegada a Puerto Soledad el 28 de diciembre de 1831, destruyó con un grupo de infantes el asentamiento, las fortificaciones y las defensas de artillería, y tomó prisioneros a la mayoría de sus ocupantes. En ese momento, vivían en las islas 124 personas: 30 negros, 34 porteños, 28 rioplatenses angloparlantes y siete alemanes, además de una guarnición militar de 25 hombres. El asalto inglés A todo esto, Inglaterra le señalaba a Slacum que la Argentina no tenía derecho alguno sobre el archipiélago y que Londres no había renunciado en momento alguno a su soberanía sobre las islas. De inmediato, el cónsul norteamericano desconoció el nombramiento de Vernet. En la práctica, la Argentina ya había perdido las islas. Poco después, el nuevo cónsul norteamericano, Francis Baylies, se comunicó con su flamante par británico, Henry Fox, y le dijo que Washington reconocería la soberanía inglesa sobre las Malvinas a cambio del otorgamiento de libre pesca para los buques de los Estados Unidos. Enseguida, Baylies fue conminado a abandonar Buenos Aires, que rompió relaciones diplomáticas con Washington durante once años. En septiembre de 1832, Rosas -con la intención de recuperar el control sobre las islas- nombró gobernador interino de Malvinas al sargento mayor de artillería Esteban Mestivier, pero todo terminó en el peor desastre: en diciembre de aquel año, Mestivier fue asesinado durante un motín de sus propios soldados. A duras penas, pudo poner orden el personal de la goleta Sarandí, al mando del capitán José María Pinedo. A todo esto, ya en agosto de 1832, el primer ministro británico, lord Palmerston, había ordenado al contraalmirante Thomas Baker -jefe de la estación naval sudamericana de la Armada inglesa- que dispusiera las cosas de modo de recuperar la posesión británica de las islas. El 20 de diciembre de 1832 -tres días antes, Juan Ramón Balcarce había reemplazado a Rosas en la gobernación de Buenos Aires- llegó a Puerto Egmont (había sido el primer asentamiento inglés en las Malvinas) la fragata HMS Clio. Su capitán, John Onslow, ordenó reparar las ruinas del fuerte y, días más tarde, ancló frente a Puerto Soledad. Desde allí, envió al capitán Pinedo la siguiente comunicación: "Debo informaros que he recibido órdenes de SE el comandante en jefe de las fuerzas navales de SMB estacionadas en América del Sur, para hacer efectivo el derecho de soberanía de SMB (Su Majestad Británica) sobre las islas Malvinas. Siendo mi intención izar mañana el pabellón de la Gran Bretaña en el territorio, os pido tengáis a bien arriar el vuestro y retirar vuestras fuerzas con todos los objetos pertenecientes a vuestro gobierno. Soy, señor, vuestro humilde y muy obediente servidor. J. Onslow. A SE el comandante de las fuerzas de Buenos Aires en Puerto Louis (Soledad), Berkeley Sound". Casi sin resistencia, en la mañana del 3 de enero de 1833, las fuerzas inglesas arriaron la bandera argentina e izaron la del Reino Unido. Dos días después, la Sarandí regresaba a Buenos Aires con un grupo numeroso de colonos rioplatenses. La invasión estaba consumada.

-Exclusivo de internet En los últimos días se habló mucho en Mendoza sobre los derechos humanos a raíz de la muerte del joven Matías Quiroga en un intento de asalto a un blindado en la localidad de Godoy Cruz. Quiroga fue fusilado para robarle el auto durante la fuga de los delincuentes, hecho que motivó la indignación popular. Llamativa fue la reacción del padre, quien convocó a una marcha para pedir justicia, pero en su convocatoria dedicó más tiempo en decir que no quería a los partidos "berretas" con sus banderas y aclarar que no van a cortar la calle, que en el propio pedido de justicia. La marcha contó con la presencia de 3.000 personas, en su gran mayoría de sectores medios y altos. Se pedía pena de muerte y se aplaudía la intervención del padre de la víctima, que giró en torno de la crítica a los jueces garantistas y los organismos de derechos humanos. Las típicas frases acuñadas en los '90 por los mediáticos voceros del menemismo se volvieron a escuchar con fuerza en los medios, las redes sociales y en las verdulerías "¿adónde están los derechos humanos?", "los derechos humanos son para los delincuentes y no para las personas de bien", desconociendo, voluntaria o involuntariamente, que el único que viola los derechos humanos es el Estado, por definición. El resto son delitos y punto. No toda la marcha tuvo este carácter. Cientos marcharon movidos por la indignación y nada tenían que ver con el programa derechista de la convocatoria. También participaron un numeroso grupo de otras víctimas de delitos (menos "resonantes") que reclamaron ser recibidos por las autoridades, tal como lo hicieron con Quiroga, lo que generó incidentes en la puerta de la Legislatura. La impotencia política del planteo derechista se evidencia en la falta total de propuestas, más allá de la mano dura que ya impera hace muchos años en esta provincia, caracterizada por una enorme población carcelaria (2.700, de los cuales la mitad no han recibido condena), los abusos policiales de todo tipo, las torturas en las cárceles y comisarías, y el gatillo fácil. Las "manos libres" que se pide para que la policía actúe, ya existe de sobra. Lo que la derecha no dice es que esa policía de manos duras y libres está ligada por arriba y por abajo al delito: trata de personas, tráfico de droga, desarmaderos y, muy especialmente a los robos espectaculares a bancos y blindados, como ha sido el caso que terminó con la vida de Matías. Es notable el silencio de los partidarios de "matar a esos negros de mierda" frente al hallazgo del arma de un guardiacárcel (ahora prófugo) en el lugar del crimen, quien ya tenía el antecedente de haber facilitado la fuga de otro preso hace algunos meses. Tampoco se habló de los misteriosos robos masivos de armas de hace unos años, de depósitos judiciales custodiados por personal policial, y en el regimiento de Uspallata. La masividad de la marcha se inscribe en un cuadro de descontento social contra ajustes, tarifazos y techos salariales, así como contra los intentos de meter la megaminería contaminante en la provincia. En marzo hubo 7.000 docentes movilizados por aumento salarial y otros tantos miles de marchantes contra la megaminería. El reclamo de seguridad no es ajeno a este descontento social, es uno de los padecimientos más graves que sufre el pueblo trabajador. Los crímenes en los barrios populares son cosa de todos los días. La respuesta del "gobierno de los derechos humanos": guerra contra los pobres. Cada vez que la víctima de un homicidio no es un pobre, se produce una crisis política. Durante los gobiernos de Cobos y de Jaque, caían los ministros de Seguridad y las cosas se calmaban. Esta vez, el gobierno reaccionó mostrándose más papista que el Papa: razzias en los barrios populares con cientos de detenidos, detención de colectivos exigiendo demostración a los pasajeros de que tienen pago el boleto, apabullante presencia policial en las calles y ni media defensa pública de los derechos humanos. Por su parte, los intelectuales y abogados de los organismos de derechos humanos kirchneristas no sólo no atinaron a decir una sola palabra sobre lo que significa la defensa de los derechos humanos y denunciar la participación de las instituciones represivas del Estado en el armado y protección de hechos delictivos, sino que miraron y siguen mirando para otro lado frente a la guerra contra los pobres desatada por el gobierno y el Estado policial mendocino. Una salida frente a la inseguridad El principal vocero de Carta Abierta y la izquierda K, Roberto Follari, se lamentó por el resurgir del discurso anti-derechos humanos, pero se declaró impotente frente a la inseguridad ciudadana "no se puede hacer nada". Claro, nada puede hacer el kirchnerismo contra la descomposición del Estado y sus fuerzas de seguridad, nada puede hacer tampoco frente a la falta de perspectivas de millones de personas sumergidas en la marginalidad. Pero sí puede, en cambio, espiar, procesar, encarcelar, y asesinar luchadores a sangre fría. La orientación social capitalista del gobierno al frente del Estado lo condena a ser violador sistemático de los derechos humanos, porque necesita de fuerzas represivas contra el pueblo para sostener un régimen que se desmorona, y esas fuerzas represivas no pueden estar ajenas a ese desmoronamiento. Sólo habrá seguridad si el asunto está en manos del pueblo que trabaja, disolviendo las actuales fuerzas represivas y organizando una institución de seguridad que cuide la vida, la integridad y los bienes del pueblo, reclutada por asambleas populares y de organismos de derechos humanos, con jefes electos y revocables, y que rindan cuenta frente a las asambleas; que tengan prohibido reprimir la protesta social. Igual funcionamiento para la Justicia. ¡Basta de inseguridad! ¡Abajo el Estado policial!

Asambleas de varias líneas y talleres han elevado un reclamo de paro y plan de lucha por la paritaria, por el aumento salarial y el cobro en fecha, lo que indica una tendencia desde la base a romper la parálisis de la AGTSyP. El traspaso del subte a la Ciudad de Buenos Aires entrelaza una serie de cuestiones centrales para los trabajadores. El aumento salarial, en primer término, aparece condicionado por el retiro de los subsidios; además, el peloteo Macri-K sobre jurisdicción, inversiones y precio del pasaje puede demorarse hasta que los defina la Corte Suprema. Metrovías declaró que la indefinición de estos temas pone en peligro el pago de los sueldos de abril. El retiro de los subsidios coloca en otro plano la pelea por el salario. Hasta ahora, la Secretaría de Transporte colocaba la plata para los aumentos salariales que acordaba con la UTA. Este método quedó en el aire. Las asambleas de líneas y talleres, así como sus delegados, pueden sacudir la inacción del sindicato. La directiva se negó a movilizarse junto a los ferroviarios del Sarmiento, cuando -ante la masacre de Once- se marchó por la renuncia de Schiavi y la expulsión de los Cirigliano. En el subte opera el mismo esquema: un servicio detestable y un despilfarro de recursos del Estado en beneficio de negocios privados. La orden K, ante la catástrofe de TBA, fue cerrar filas y no hacer olas. Meses antes, Schiavi y Cristina la habían emprendido contra los boleteros de la "tendinitis", en una defensa histérica de la Sube, el "masterplan" del tarifazo en el transporte. La paritaria, cuyo tiempo de descuento ya está corriendo, incluye salarios, nombramientos, categorías, condiciones de trabajo, seguridad e higiene. La Agrupación Trabajadores de Metrovías viene realizando una agitación en favor de que las asambleas de líneas y el cuerpo de delegados se pronuncien por un pliego de reclamos y paritarios votados por la base. Que la AGTSyP exija una paritaria propia y su participación en la negociación del traspaso, mediante una gran marcha con paro al Ministerio de Trabajo. Se debe evitar que, una vez más, la burocracia de la UTA imponga y firme lo que se le ocurra a espaldas de todo el mundo.

El 13 de julio de 1977, fueron secuestradas en Mar del Plata once personas, entre ellas varios abogados: Norberto Centeno, Salvador Manuel Arestín, Raúl Hugo Alais, Camilo Ricci, Carlos A. Bozzi y Tomás J. Fresneda. Las otras cinco personas fueron José Verde y su esposa, María de las Mercedes Argañaraz de Fresneda -embarazada de cuatro meses-, María Esther Vázquez de García y su esposo Néstor Enrique García Mantica. Todos fueron "alojados" de forma clandestina de la base naval Mar del Plata. De todos ellos, sólo sobrevivieron José Verde y su esposa, Camilo Ricci y Carlos A. Bozzi. Los secuestrados pertenecían a la gremial de abogados y eran de la lista opositora a la entonces dirección del Colegio, que contaba entre sus afiliados a varios Concentración Nacionalista universitaria (CNU), quienes fueron los ideólogos de los secuestros. La CNU -una organización de la extrema derecha del peronismo católico y nazista- estaba conformada no sólo por personas ligadas al Derecho, sino también por quienes eran integrantes de los sindicatos de la ciudad, que durante los años previos a la dictadura persiguieron a los compañeros que luego fueron desaparecidos. Los lazos de la burocracia sindical con las desapariciones están siendo investigados en la Justicia local en la causa conocida como CNU (...). Para citar algunos responsables, se tiene el caso del ex fiscal de la dictadura, quien hoy integra el Peronismo Federal, Gustavo Demarchi, el que luego del asesinato del líder de la CNU y abogado de la CGT regional Mar del Plata, Ernesto Piantoni, pasó a ocupar ese lugar, tanto en la organización criminal como en la CGT hasta hace un año. Cuando llegó la orden de detención de este personaje tan conocido en la ciudad, fue avisado días antes por los medios de comunicación. Junto a otros imputados en la causa -como el librero Piero Azaro, Meolon y Ullua entre otros- se dieron a la fuga. En el caso de Demarchi, fue encontrado por la Interpol, luego de que éste fuera a pedir asilo político a la Embajada de Colombia y que allí se le denegara. Permanece detenido allí, esperando desde hace un año su traslado. Este es un caso que demuestra cómo el poder sigue generando lazos de impunidad, como en el caso del juez de la dictadura Eduardo Cornelio Hoft, sobre quien pesa un pedido de jury y está acusado por casi 200 delitos de lesa humanidad hace años: sigue impune. La frase que cierra esta nota es la que recuerda la testigo Marta García, única sobreviviente, cuando escucha decir a los represores ante la pregunta de por qué todos usaban traje y corbata: "Esta es la noche de las corbatas, ahora la Justicia somos nosotros".

Las dos causas abiertas por el crimen de Mariano -la que tiene por imputados a Pedraza, a la patota y a los jefes del operativo policial, y la que investiga el intento de soborno sobre el tribunal que integraba la Sala III de Casación- se encuentran demoradas en la Cámara Nacional de Casación, actualmente presidida por Pedro David. La defensa de los policías, por la senda de Garré El rol de la Policía Federal aquel 20 de octubre fue de vital importancia para garantizar el accionar de la patota asesina. Desde el gobierno sostuvieron durante meses en sus cargos a los jefes del operativo, a quienes les brindaron una defensa gratuita a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Federal, dependiente del ministerio que conduce Nilda Garré, hasta un año después del asesinato de Mariano. Esa defensa otorgada por el Estado (sustituida luego por defensores particulares a causa de nuestras denuncias al respecto) fue la que dejó sembrada una línea de defensa que tiene como principal objetivo dilatar el expediente y evitar el juicio oral. Como consecuencia de las chicanas jurídicas que plantaron en la causa, resulta que si bien la mayoría de las partes -fiscalía, querellantes y defensas- dimos por concluido el ofrecimiento de prueba en el tramo referente a la imputación de los policías, el Tribunal no podrá fijar una nueva fecha para el inicio del juicio oral hasta que Casación no resuelva los recursos pendientes interpuestos por las defensas de los policías. Hay dos cuestiones fundamentales sobre las que la Cámara Nacional de Casación Penal debe expedirse en forma previa al inicio del juicio: uno, el recurso interpuesto ante el rechazo de la Cámara de Apelaciones al planteo de nulidad de los procesamientos por incompetencia del tribunal, y dos, el recurso de nulidad de la elevación a juicio por no haberse resuelto en forma previa los recursos de casación interpuestos. Ambos recursos están en manos de la Sala III. Los sobornos La causa que investiga el intento de soborno a los jueces de la Cámara de Casación se encuentra empantanada. En ella están imputados José Pedraza; el ex juez federal y abogado Octavio Aráoz de Lamadrid; el contador de la Unión Ferroviaria y actual vicepresidente del Belgrano Cargas, Angel Stafforini; el secretario de la Cámara, Luis Ameghino Escobar (h) y el agente de inteligencia José Riquelme. Las escuchas telefónicas ordenadas por la jueza Wilma López luego del crimen de Mariano fueron las que dieron lugar a esta investigación paralela. La sospecha consiste en que pretendían "comprar" la excarcelación de los primeros detenidos en la causa de Mariano para mejorar la situación procesal de Pedraza. Una eventual condena a Pedraza por el intento de coima reforzaría los elementos que ya existen en la causa principal sobre su rol de instigador y autor mediato del ataque de la patota. Al día de hoy, sin embargo, los acusados aún no fueron ni siquiera indagados. Primero, porque el fiscal solicitó el llamado a indagatoria en mayo del año pasado, pero el juez Rodríguez demoró ocho meses en fijar fecha para la audiencia. Luego, en diciembre y pocos días antes de tener que comparecer, Aráoz de Lamadrid recusó al juez y al fiscal e inició una serie de planteos que continúan pendientes de resolución en diversas salas de la Cámara de Apelaciones y en la Cámara de Casación. De este modo, su indagatoria y la de todos los imputados han quedado postergadas indefinidamente. Si bien ninguno de los jueces del tribunal que Pedraza y los suyos pretendían coimear está imputado en la causa, el escándalo que generaron las escuchas fue una de las razones que influyeron en la renuncia de Gustavo Mitchell y en la salida de Mariano Palazzo (Ambito Financiero, 16/3). El único de ellos que todavía reviste como camarista es Eduardo Riggi, un hombre del Opus Dei que fue nombrado juez por Videla en 1978 y está muy vinculado con dos de los imputados: Aráoz de Lamadrid y José Riquelme. Los querellantes en la causa principal también estamos interviniendo en ésta, en la que Pedraza y sus socios deben ser condenados por cohecho y tentativa de soborno. Juicio ya Los jueces del tribunal deben resolver inmediatamente, rechazando por improcedentes y dilatorios, los recursos interpuestos, para permitir que se fije una nueva fecha para la realización del juicio oral y habilitar el llamado a indagatoria de los acusados por el intento de soborno. Juicio ya a Pedraza, a la patota y a los policías federales responsables del asesinato de Mariano Ferreyra.

Los trabajadores de Petinari Merlo, al cierre de esta edición, cortaban la ruta 200, en protesta por la deuda de tres quincenas que la patronal mantiene con ellos. El paro y corte comenzó el viernes 16. Anteriormente habían comenzado con quites de colaboración pero, frente a la negativa de la empresa, extremaron las medidas de fuerza. La bronca ya estaba en aumento por diferentes atropellos de la patronal. El no pago de salarios fue la gota que rebalsó el vaso. El viernes último, la empresa anunció que podía efectuar un pobrísimo pago de 300 pesos para sólo 50 obreros, medida que éstos rechazaron. Igualmente se repartieron los pagos en cheques, los que además de ser por una suma miserable, los compañeros se encontraron con que no tenían fondos: en ese momento comenzaron con el paro y el corte de ruta. La empresa aduce un "mal manejo de inversiones". También dijeron que el Estado dejó de pagar el 14% que retribuía a la patronal por cada unidad de acople vendida. Sin embargo, los trabajadores denuncian que "son todas excusas para no poner la plata" y que, además, "la producción está, unidades para seguir trabajando hay", también señalan la gran cantidad de acoplados que se encuentran en la fábrica. Asimismo, hay otras reivindicaciones postergadas, como los comedores que no están terminados (lo que los obliga a comer a la intemperie; los turnos rotativos); las vacaciones impagas de algunos compañeros y otros a quienes ni siquiera les fueron dadas aún; la falta de recategorización. Además denuncian que la empresa siempre rompe el convenio, ya que el atraso en el pago de los salarios es moneda corriente. El PO de Merlo apoya con todo esta lucha y difunde el conflicto. El Smata ha dado su apoyo formal a la lucha, claro que como están las cosas, se requiere que esta fábrica de 350 obreros -la más importante de Merlo- tenga el apoyo de todo el gremio a través de un plan de lucha con movilizaciones, para llevar el conflicto a la victoria.

Mar del Plata tiene tradición en marchas y actos multitudinarios para el 24 de Marzo. Desde el comienzo del gobierno K, estos actos y movilizaciones populares fueron tomando cada vez más la dimensión de un acto oficial, con fuertes rasgos estatales. La política de cooptación de los organismos de derechos humanos que montó el gobierno kirchnerista tuvo su apogeo al cumplirse los 30 años del golpe, cuando los organismos recibieron con entusiasmo las columnas del PJ y la CGT (con la Juventud Sindical incluida), los que por primera vez participaban de manera orgánica en esta marcha. Todo era posible bajo el gobierno "nacional y popular". El asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra fue el inicio de una delimitación de la agrupación Hijos de Mar del Plata del resto de los organismos de derechos humanos, ya que marchó junto a las organizaciones populares y los partidos de izquierda para exigir el juicio y castigo a todos los responsables. A partir de allí, Hijos estuvo en cada lucha popular, en cada marcha, ocupando el papel histórico del que Madres y Abuelas desertaron. Hijos fue, hasta ahora, la organización responsable de organizar el acto central del 24 de Marzo. Este año preparan sus jornadas de vigilia, pero no van a participar del acto oficialista, sino que decidieron participar de una convocatoria unitaria con los sectores independientes del gobierno que luchan contra el ajuste, la derogación de la ley antiterrorista; contra el espionaje y el proyecto X; por la aparición con vida de Julio López y Luciano Arruga; el juicio y castigo a los todos los responsables del asesinato de Mariano, los Qom de Soldati y Ledesma; el desprocesamiento de los luchadores y todas las reivindicaciones populares. Los compañeros de Hijos han asumido una posición que enfrenta la cooptación que caracteriza al resto de los organismos de derechos humanos y todo lo que eso representa simbólica y materialmente. Saludamos esta decisión que los pone nuevamente en el camino de la independencia política de los trabajadores y luchadores populares con respecto al Estado y su gobierno.

La semana pasada se cumplió un año del inicio de las protestas contra el régimen de Al Assad. Sin embargo, a diferencia de Túnez, Egipto e, inclusive, Libia, el gobierno permanece en su lugar y el levantamiento popular no ha logrado quebrar al régimen ni controlar algún territorio en el país. Durante los últimos meses, el Ejército lanzó una brutal contraofensiva en los principales bastiones revolucionarios, con rastrillajes casa por casa, que significaron una verdadera masacre contra la población, con matanzas colectivas y todo tipo de brutalidades. A pesar de esto, el aniversario del levantamiento suscitó manifestaciones en diversas ciudades del país, incluyendo a Aleppo y los suburbios de Damasco, los dos centros urbanos donde el gobierno aún preserva el apoyo de la élite. El régimen de Al Assad mantiene también el apoyo de algunas minorías, como los cristianos y los kurdos. Un sector del imperialismo, encabezado por el "ala dura" de los republicanos, exige una intervención militar inmediata en Siria y la provisión de armas a la oposición. Esta posición es observada con simpatía por Arabia Saudita y Qatar. Pero encuentra diversas dificultades, entre ellas las defensas aéreas de Siria o el hecho que la oposición no controla ninguna zona del país. Instalar "corredores humanitarios", como puntapié para una incursión militar, implica "ir al país para literalmente organizar un ejército", según reconoce un legislador demócrata. El Ejército de Siria Libre (ESL) reúne a diversos grupos armados de la oposición y grupos de desertores del Ejército oficial. Su capacidad de combate es limitada. La principal plataforma que aboga por una intervención de la Otan, el Consejo Nacional Sirio, opera fuera del país, en Turquía. Por fuera del CNS, opera un sinnúmero de grupos, muchos nucleados en los Comités Locales de Coordinación (CLC), que son los principales organizadores de las protestas y rechazan, en apariencia, una intervención militar extranjera en el país. El CLC impulsó la organización de huelgas y lanzó la convocatoria por una huelga general para derrocar al régimen, que alcanzó eco en distintos sectores obreros. Un "acuerdo" con Al Assad El imperialismo, a pesar de sus declaraciones, ha procurado hasta el momento arbitrar una salida política acordada con el régimen alauí. El Pentágono y la Unión Europea se abstienen de intervenir, dicen algunos analistas, para no interferir un bombardeo sionista eventual contra Irán. El gobierno de Al Assad mantuvo una coexistencia pacifica con Israel durante décadas; el sionismo no quiere que Al Assad sea sustituido por los Hermanos Musulmanes -como lo demuestra su apoyo a la Junta Militar de Egipto contra la oposición islamista. Los defensores nacionales y populares del régimen sirio fingen ignorar este hecho. El imperialismo busca una vía de negociación política con el régimen -pero después de la derrota del movimiento revolucionario, cuando Al Assad se encuentre definitivamente aislado y debilitado en el plano internacional, y pueda abordar una transición ‘pacífica', o se someta a la extorsión de las potencias imperialistas, Israel y Arabia Saudita. En plena matanza de la población, la ONU envió a Kofi Annan al país, quien se reunió personalmente con el presidente sirio -pero fue repudiado por los comités locales. Annan abogó, precisamente, por un acuerdo entre el gobierno y la oposición. Al Assad prometió avanzar en esta línea -una mascarada. Llamamos a la solidaridad más amplia con la lucha del pueblo sirio, en oposición completa a una intervención imperialista, que será en definitiva una intervención contra la revolución -como ha ocurrido en Libia.

Luego de varios meses de espera, la situación de los trabajadores de la Línea 60 sigue sin resolverse. La empresa todavía no cumplió con lo firmado con el Ministerio de Trabajo -el año pasado-; o sea, ¡siguen pendientes pagos de 2011! y ha despedido a cuatro choferes. A esto se suma que la patronal ha sacado coches de circulación con lo cual hay menor frecuencia (la espera en algunos recorridos es hasta de 50 minutos entre coche y coche). Con un grave perjuicio para los usuarios, pero también una preocupación de los trabajadores que ven otra vez peligrar su fuente de trabajo. La patronal, una de las que más plata ha embolsado (es la línea más importante en la zona norte), se lleva 23.000 pesos por unidad mensual en concepto de subsidios del gobierno. Sólo la avaricia patronal explica la falta de cumplimiento con el compromiso asumido frente a los trabajadores. Las patronales del transporte pretenden hacerles pagar a los trabajadores la quiebra de la política de subsidios del Estado, lo demuestra la negativa de abonar los 700 pesos homologados por el propio Ministerio de Trabajo para los choferes de larga distancia, en un abierto chantaje para seguir recibiendo los millonarios subsidios durante estos años, no realizando inversiones y haciendo peligrar la vida de trabajadores y usuarios, como lo demuestran las masacres de Flores y de Once por parte del grupo Cirigliano. Este ataque a los trabajadores de la 60 es parte del chantaje patronal. Hay que pararles la mano. Apoyamos todas las acciones de lucha de los trabajadores de la 60 que han iniciado un "no corte de boletos", al estilo de la levantada de molinetes del subte. Apertura de los libros de los grupos económicos que controlan el transporte para que los trabajadores puedan establecer en qué gastan los subsidios. Por todas las reivindicaciones pendientes, exigiendo inversiones y el cumplimiento de todas las normas de seguridad y el respeto de los delegados elegidos por sus bases saboteados por la burocracia sindical.

La Agrupación Naranja, dirección de la AGD-UBA, volvió a transformar una masiva asamblea docente -donde se proponía el debate y la votación de un plan de lucha, de la memoria y balance, así como de la junta electoral- en un gran escenario de debate político con el método y el programa del clasismo. La exposición de la Memoria recogió punto a punto las principales luchas del sindicato que, en el período 2010-2011, se abrieron con el "estudiantazo" y cerraron con la denuncia del acta paritaria firmada por todas las federaciones, pero donde no figuraba la tercera cuota conquistada. Toda una maniobra del gobierno que había hecho peligrar su cobro, y que servía para ocultar a la docencia universitaria y a los trabajadores que habíamos quebrado el techo salarial. En el medio, las confrontaciones para impedir los concursos truchos en el CBC e intentar imponer la regularización de todos los docentes, las marchas del 24 de Marzo y por el crimen de Mariano Ferreyra, la defenestración de todas las autoridades del Pellegrini puestas a dedo por Hallú, entre tantas otras. De conjunto se desprende -y se concreta no en lo declarativo, sino en las intervenciones prácticas- el principio de la independencia política de las gestiones, del Estado y de los sindicatos burocráticos en la universidad. El balance económico, por su parte, lejos de haberse propuesto como un trámite a resolver, se planteó también como un balance político y organizativo, en tanto que los números reflejan tanto el crecimiento de afiliados en el último período como el criterio de asignación de recursos. Como destacó una compañera: estamos frente a un balance que destina apenas un 30 por ciento de sus gastos a la administración y un 70 por ciento a las campañas reivindicativas del gremio -algo que no tiene antecedentes en otros sindicatos. La puesta en consideración de esta memoria obtuvo un respaldo masivo (108 votos). Votó en contra un reciente agrupamiento electoral (Mella, Cauce, Colectivo docente) filokirchnerista, de casi nula intervención en la vida gremial, el cual opera como correa de transmisión de las gestiones universitarias (32 votos). En su fundamentación, plantearon que la Memoria estaba marcada por la política de la dirección de la AGD. Es decir, por su línea de independencia política. Nadie se sorprendió. Ya hace unos meses, la Naranja había demolido un documento de presentación de este rejunte, con un párrafo en el que desnudábamos el hecho de que habían dedicado 16 carillas para delimitarse de (y marcartear a) la dirección del sindicato, pero no habían escrito ni una línea (¡ni una línea!) para denunciar a las fuerzas que enfrentamos: las burocracias sindicales, las gestiones, el gobierno. Ante la contundencia del Balance, no pudieron siquiera medrar un poco (se abstuvieron). El debate sobre el método y los candidatos propuestos para la elección de la Junta Electoral repitió la delimitación ya planteada. La Naranja propuso que se elija por sistema D'Hont (algo que tampoco registra antecedentes en gremio alguno) y la Junta quedó conformada con un representante de la minoría. La sorpresa (o no tanto) se vio en el campo de la izquierda. No por parte del PC ¿disidente? que una semana antes nos había comunicado su ruptura del frente con la Naranja (ahora se trata, según nos dijeron, de apoyar lo bueno y criticar lo malo del gobierno), sino del PTS, el que se abstuvo, así como de Izquierda Socialista y el PCR, quienes votaron por la otra lista, encabezada por un ignoto docente de La Mella. Insólito. La Asamblea, que se pronunció ampliamente por la lista propuesta por nuestra agrupación (99 votos frente a 43), entendió que se habían delimitado dos campos frente a los cuales los compañeros prefirieron no jugarse o jugar del otro lado. Los llamamos a reflexionar de cara a la defensa del único sindicato clasista en la UBA que, tras doce años de existencia y contra todos los ataques de las gestiones, ya se ha convertido en un referente del sindicalismo que asoma en esta nueva etapa de lucha contra el ajuste y por la defensa de lo conquistado. Finalmente, la Naranja propuso y se votó por unanimidad ratificar el paro nacional de la Conadu Histórica del jueves 22, para reclamar la apertura de la paritaria y por nuestras reivindicaciones (3.000 pesos para el cargo inicial y un incremento de no menos del 35%), así como también para que se cumpla la ley jubilatoria y no haya ninguna cesantía en la UBA. También se votó movilizarnos el sábado 24 de Marzo, junto con el Espacio Memoria, Verdad y Justicia, y realizar el jueves 29, a las 18 horas, un acto en la puerta del Centro Cultural Ricardo Rojas para exigir la reincorporación de los docentes y todos los delegados cesanteados por la UBA.

El viernes 16 a la madrugada, la policía irrumpió en las casas de nueve trabajadores que forman parte de la comisión directiva del sindicato. Dos de ellos fueron detenidos. La orden fue librada por la jueza Pérez Rojas -la misma que ordenó el desalojo de tierras en Libertador junto al juez Saman, cuyo saldo de cuatro muertos sigue impune a la fecha. Los compañeros están acusados de privación ilegítima de la libertad y coacción agravada durante una manifestación que, en 2010, ocupó el juzgado encargado de administrar la quiebra de la empresa para rechazar la llegada de Seabord Corporation, dueña de El tabacal, que pretendía avanzar en el desguace del ingenio y la consiguiente pérdida de 1.200 puestos de trabajo. Se ha desenvuelto una intensa movilización por la libertad de los compañeros, que incluyó cortes de ruta en San Pedro. Los detenidos, Maigua y Gorriti, fueron trasladados inmediatamente a la cárcel común en San Salvador, junto a los peores criminales. Mientras tanto, se mantuvieron las órdenes de captura contra el resto de los compañeros miembros de la directiva y hasta del abogado del sindicato. El PO de San Pedro se movilizó en solidaridad y fuimos recibidos con fuertes aplausos y cánticos por los obreros. El lunes por la noche -luego de una nueva movilización y una vigilia- fueron liberados los detenidos, pero la causa contra ellos sigue abierta. Estas detenciones parecen realizadas por cuenta y orden de Roggio, empresa que tiene una concesión del ingenio que está por caducar y quiere imponer un ajuste con jubilaciones anticipadas y otras medidas de reducción de personal. Esta y otras cientos de causas contra los luchadores de Jujuy deben ser cerradas: es una condición para defender el derecho a luchar y a la libertad de organización de los trabajadores.

La paritaria de la UOM se ha transformado en la más importante luego de la de los maestros. A los metalúrgicos se les pretende enchufar el tope testigo del 20 por ciento. La estrategia "genial" de Caló fue desplegada en el congreso de delegados de la seccional Capital, ante unos cien delegados de los 250 que componen el total. Con una entrada teatral -para evitar todo debate-, Caló explicó que en esta oportunidad "escucharemos cuál es la oferta de la patronal, que ellos digan cuánto están dispuestos a dar"; "nosotros a partir de allí, veremos qué aceptamos". El ala "progre" -el "Barba" Gutiérrez- en el congreso de Quilmes sugirió -no votó- un 26,5 por ciento. La trampa es que no aclaró si los adicionales de 300 pesos por mes quedaban absorbidos por ese reclamo, porque en ese caso el aumento se reduce a un ¡16 por ciento! real, al bolsillo, y muy lejos de la canasta familiar de 6.300 pesos. Al congreso de Avellaneda asistió menos del 40 por ciento de los delegados de la poderosa seccional. El debate fue copado por la disputa interna y en la CGT: "bancamos a Moyano hasta julio, luego la UOM decidirá el mejor secretario general de la central". En San Martín hubo una amenaza de "sanciones disciplinarias" al cuerpo de delegados de Emfer, por tratar de organizar la rama Reparaciones Ferroviarias a la que pertenecen. Luego Emfer, acompañada de la oposición antiburocrática de la seccional, votó en contra del mandato en blanco al Consejo Directivo Nacional de cara a las paritarias. En la seccional Morón, el Congreso no se hizo aún. En Faradei, metalúrgica de Quilmes, hubo un paro y ocupación por dos compañeros despidos que después fueron veinte, finalmente reincorporados en el marco de una conciliación. Es decir que el gremio está desmovilizado como consecuencia exclusiva de la política de su dirección. Por parte de la patronal hubo una señal muy tomada en cuenta por el activismo: Techint rebajó el premio anual al monto que otorgó en 2009, de manera que vienen con los tapones de punta. En un año de tarifazos e impuestazos, la estrategia de Caló no está en función de los metalúrgicos, sino de la política del gobierno kirchnerista. Los "techos" de Paolo Rocca, la UIA y Cristina se pueden romper. Pero el activismo combativo de la UOM tiene por delante una batalla política para quebrar la política de las distintas alas de la burocracia metalúrgica, todas bajo el paraguas del kirchnerismo y la subordinación a la Unión Industrial. Un plenario de activistas metalúrgicos, que convocamos desde el Partido Obrero, votó una campaña por los 5.000 pesos de básico, 2 por ciento por año de antigüedad y la creación de la postergada categoría de oficial múltiple superior, y reclamar que se convoquen asambleas fabriles, así como que ningún aumento se firme sin un debate en nuevos congresos con mandatos en cada empresa.

Por primera vez, desde el retorno de la democracia, este 24 de Marzo ferroviarios de diferentes gremios y líneas, familiares de ferroviarios desaparecidos y asesinados, compañeros comprometidos con la lucha ferroviaria marcharemos juntos bajo una misma bandera, que llevará los nombres de los más de cien ferroviarios y ferroportuarios, desaparecidos y asesinados durante la última dictadura cívico militar. A los compañeros caídos no les rendimos "homenaje": les rendimos cuentas. Los recordamos levantando sus banderas y continuando su lucha por la recuperación de los ferrocarriles al servicio del pueblo:Juicio y castigo a todos los genocidas. Por la recuperación de nuestros ferrocarriles. Cárcel a todos los responsables políticos, empresariales y sindicales de la tragedia de Once Juicio y castigo a todos los responsables del asesinato de Mariano Ferreyra. Fin de las persecuciones, procesamientos y represión a los ferroviarios y a todos los trabajadores del país. Invitamos a todos los compañeros ferroviarios y a todas las agrupaciones sindicales y políticas que defienden la causa ferroviaria a marchar el próximo sábado 24 junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Concentramos en Congreso (Callao e Yrigoyen) a las 14 horas. Adhesiones y contacto: comisionferroviaria24m@gmail.com comisionferroviaria.blogspot.com

-Exclusivo de internet En los últimos días, se ha destapado un escándalo que involucra al Ejecutivo bonaerense, al Servicio Penitenciario bonaerense y al Ejecutivo local, ya que en el penal carcelario de la ciudad de Batán funciona una "cárcel-fábrica", donde los detenidos cumplen una jornada laboral entre 8 y 10 horas a cambio de "salarios" que oscilan entre 600 y los 1.000 pesos mensuales. También se alertó que los condenados tampoco perciben el pago de horas extras, aguinaldos, vacaciones ni indemnización y que realizan sus tareas en condiciones de "servidumbre y esclavitud". "Allí funcionan una empresa panificadora, una de calzado industrial, una de fabricación de hornos industriales, una dedicada a la pescadería, una lavandería industrial, una blockera, una trituradora de tomates y una de confección de cajones para verduras y pescados". Allí se realizan productos que después son puestos en el mercado y por los cuales los empresarios reciben una renta; una ganancia tan brutal que varios de los empresarios que se encuentran en esa UP han levantado los establecimientos que tenían fuera de los muros y se han establecido únicamente dentro de la cárcel. Estos empresarios se encuentran organizados en la Cámara de Emprendimientos Integrados, que preside Cristian Alessandroni. Estas empresas sólo pueden ingresar al Servicio Penitenciario a través de convenios con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que es el que abre las puertas para este negocio gigante, el cual tiene como consecuencia un régimen de barbarie. "Hace días, un fallo del Tribunal de Casación bonaerense -a raíz de la denuncia de una ONG- obligó al Estado provincial a proveer de obra social, ART, aportes jubilatorios y salarios acordes con la ley de Contrato de Trabajo para los internos de la cárcel de Batán, a lo cual el gobierno provincial hizo caso omiso"(1). Ante esta situación, el gobernador Scioli y su vice, Mariotto (enfrentados, entre otras cosas, por la política de seguridad), han pactado un silencio que tiende a perpetuar los negocios del servicio penitenciario, las ganancias de los empresarios locales y este régimen de trabajo esclavo. Esta connivencia del gobierno provincial y local se reafirma en el hecho de la falta de controles por parte del Ministerio de Trabajo y de organismos oficiales, los que no han verificado el estado de registración de los trabajadores, como tampoco el estado de sus condiciones laborales. Vale recordar que la sentencia contra el Ejecutivo provincial viene como consecuencia de la denuncia efectuada por la ONG Pensamiento Penal. Por lo manifestado, desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda denunciamos que este régimen de trabajo esclavo es estructurado y sostenido desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires y su Secretaría de Seguridad, con el fin de garantizarles ganancias extraordinarias a los empresarios afines. 1. Fuente: www.0223.com.

Lejos de ser un trámite, la tentativa de evacuación se terminó convirtiendo en la gota que rebalsó el vaso en el conflicto. Los promotores del vaciamiento del hospital no se imaginaron la reacción de los trabajadores, quienes se pusieron a la cabeza de la batalla por impedir la evacuación, un preludio del cierre. En estos últimos diez días, los trabajadores vienen desarrollando guardias rotativas para impedir el traslado de nuevos pacientes. Incluso se evitó también la salida de equipos, que pretendieron ser retirados sigilosamente como ocurrió con instrumental perteneciente a la Unidad Coronaria. Los delgados pertenecientes a la oposición combativa del hospital y decenas de activistas se plantaron para denunciar la maniobra. Este gran despliegue cotidiano fue acompañado por una nueva movilización al Ministerio de Trabajo. Después de un acto en la puerta, el jueves 15 de marzo, una nutrida columna a la que se sumaron delegaciones de otras reparticiones del gremio, partidos y organizaciones populares y representantes de los asociados, ganó las calles y marchó al Ministerio de Trabajo. Esta intensa jornada culminó en un paso adelante, pues se arrancó un acta en que se convoca a una audiencia en la que se cita no sólo a los directivos y a Atsa, sino que se extiende al Ministerio de Salud nacional y de la Ciudad. Este acuerdo constituye un avance pues se ha logrado, por un lado, abrir r la negociación, que hasta ese momento era un coto cerrado de la burocracia y, por el otro, dejar sentado la necesidad de un involucramiento del Estado en la solución del conflicto. La convocatoria al ministro de Salud de la Nación y de la Ciudad es el reconocimiento de que el conflicto del Gallego trasciende la frontera laboral y coloca en el orden del día la intervención el Estado en una salida de fondo. Esto es, por parte, lo que dicta la propia realidad, pues el Estado viene inyectando fondos, aportando mensualmente dos Repro (1.200 pesos). De todos modos, esto no ha evitado el incumplimiento del programa de pagos, particularmente de los médicos, a los cuales se les adeuda tres meses. Es decir, el auxilio estatal ha terminado siendo en saco roto, pues el deterioro y vaciamiento ha continuado. Las finanzas del Centro Gallego son un misterio, de modo, que ha ido ganado fuerza el reclamo de que se abran las cuentas y el movimiento financiero de la entidad al escrutinio conjunto de trabajadores, socios y del Estado. Esto permitiría establecer un plan de prioridades en el uso de los fondos, privilegiando el pago de los salarios y de los insumos indispensables para el funcionamiento del hospital. La resuelta acción desplegada por el activismo del hospital ha puesto nervioso a la conducción de Atsa, quien improvisó una asamblea en el mismo momento que tenía lugar la movilización comentada al Ministerio de Trabajo. La dirección del sindicato prometió que, esta semana, cobrarían una primera cuota los médicos y que se está avanzando en una solución y hasta arriesgó de que ellos se harían cargo del establecimiento. No es la primera vez que lo dicen, de modo, que esto puede terminar siendo una nueva maniobra dilatoria y distraccioncita. Pero, más allá de los pronósticos, es una evidencia de que la iniciativa de lucha desarrollada ha colocado entre las cuerdas a la burocracia y la ha obligado a mover. La Lista Roja, que integra el bloque de delegados opositores a la burocracia, ha comenzado una campaña divulgando el acta firmada en el Ministerio de Trabajo y reclamando a Atsa la convocatoria de una asamblea general para que la directiva del sindicato rinda cuentas de lo que prometió y de las tratativas que dice está realizando en lo que se refiere a la salida del hospital. No hay que olvidarse que, en casos similares, la "reactivación" de distintos centros de salud (Metropolitano, Trinidad) ha tenido, como condición previa, el desguace del establecimiento, con pérdida de servicios y parte de los compañeros en la calle. A estas alternativas que se están cocinando a espaldas de los trabajadores, es necesario oponerle la defensa integral del Gallego, revindicando la continuidad de todos sus servicios, especialidades y de su personal médico y no médico.

El viernes 16 de marzo se llevó a cabo una mesa redonda, organizada por el Partido Obrero de Mercedes en el Frente de Izquierda. Esa mesa estuvo integrada por José Calabria, un ferroviario jubilado que reseñó la vida de los ferrocarriles -en particular de la línea San Martín, donde él trabajó. Calabria comentó cómo el ferrocarril era una empresa pujante, que requería de miles de trabajadores (una cuadrilla de mantenimiento contaba con 50 operarios para cubrir un recorrido de menos de 60 kilómetros: hoy solamente son siete). Más adelante, Calabria explicó cómo se desarrolló un boicot interno a partir de los ‘80, con la intención de provocar un vaciamiento que justificase la posterior privatización. El secretario general de la CTA Mercedes, Miguel Verón, hizo hincapié en el deterioro de los trenes que llevó a que, a la fecha, tengamos miles de muertos por accidentes cotidianos. Su intervención colocó la cuestión de la reestatización de los ferrocarriles. Jorge Hospital, de la Agrupación Causa Ferroviaria "Mariano Ferreyra", analizó la cuestión ferroviaria en el marco de la crisis general y el cuestionamiento de las concesiones como producto del agotamiento de un sistema. Frente al debate de la reestatización, explicó cómo la que llevó a cabo Perón en 1946 fue un negociado británico, ya que se deshacía de un material ferroviario anticuado para la época. Hospital hizo hincapié en el control de los trabajadores y usuarios sobre el funcionamiento y reordenamiento del sistema ferroviario, así como también frente a otros resortes importantes de la economía. En la apertura del debate, una pregunta fue cómo se implementaría el control obrero con estas direcciones sindicales. Hospital respondió de forma práctica: cuando los compañeros deciden si un tren está en condiciones de salir o no, están ejerciendo el control sobre las formaciones. La charla terminó con las experiencias de vecinos que incluso se ocupan de bajar las barreras todas las mañanas ¡frente a su falta de mantenimiento! Desde la mesa redonda surgió la idea de formar una coordinadora por la recuperación ferroviaria, la que tendría como acción inicial movilizarse frente a la visita del interventor de TBA al municipio.

Cientos de personas se movilizaron contra el aumento que el intendente Quiroga impulsa en el precio del boleto urbano a 3,85 pesos (lo que representa un 70 por ciento de aumento). La convocatoria fue realizada por la Multisectorial, que incluye a sindicatos, partidos políticos y asociaciones vecinales. El aumento causó indignación popular, la que se manifestó en las mesas callejeras que nuestro Partido impulsó con agitaciones y con la convocatoria a la marcha. El acercamiento de los trabajadores a nuestras mesas fue inmediato. Diferentes vecinos bajaron de las páginas de Internet los petitorios y recorrieron sus barrios en busca de parar este aumento. El gobierno de Quiroga condiciona el aumento del boleto a que la empresa Indalo -propiedad del empresario K Cristóbal López- incorpore sesenta nuevas unidades y que instale radares mediante los cuales los usuarios podrían controlar las frecuencias. Una estafa. El transporte público en manos de Indalo es una historia de casi una década de confiscaciones a los bolsillos de la población y de los fondos públicos en favor de Cristóbal López. Es la muestra de una gestión capitalista de tarifazos y subsidios seriales. La contracara es un servicio cada vez más deficiente y riesgoso, tanto para los 70 mil usuarios como para los 400 trabajadores de la empresa. En el marco de la campaña municipal, nuestro Partido presentó un informe con pruebas suficientes que marcan que los culpables están en el municipio y en el Concejo Deliberante. Asimismo, Quiroga le reconoce a Cristóbal López un análisis de costos antojadizo, mientras que a los trabajadores los condena a un salario congelado, pulverizado por la inflación. Frente al tarifazo municipal, se ha abierto un gran proceso de lucha. Nuestro partido, en el Frente de Izquierda, ya lanzó iniciativas que permitan confluir con los usuarios en una clara lucha para frenar este aumento. Ningún aumento. Boleto estudiantil gratuito. Municipalización del servicio bajo control de trabajadores y usuarios.

Por enésima vez, los jueces de los tribunales de la Seguridad Social dijeron que el sistema judicial previsional está "en colapso". Los datos que ofrecen son claros: "En el año 2009 se sortearon 128.650 expedientes; en 2010, 132.981; y (finalmente) en 2011, 133.741". Agregaron que "el sorteo a Sala desde 2009 a 2011 aumentó en un 77,41% (25.036 expedientes en 2009 y 44.137 en 2011), cuya derivación es la demora en la tramitación de las acciones, circunstancia ésta que afecta a un universo de litigantes con edad avanzada" (Diario Judicial). "Como en todo el fuero, esto está en una situación de colapso por la inmensa cantidad de juicios. Es una situación patológica, porque hay una gran cantidad de procesos que, en realidad, no deberían existir. Se están haciendo arqueos en las tres salas de la Cámara, todavía falta arquear la Sala II. Yo calculo que deben existir en la Cámara entre 40.000 y 50.000 causas en trámite", aseguró Martín Laclau, vicepresidente de la Cámara Federal de Seguridad Social, a Diario Judicial. La Auditoria General de la Nación calculó que hay 500.000 juicios en trámite. Tres años atrás, la Corte Suprema tuvo que disponer de una "feria judicial" por el peligro de derrumbe del edificio del Fuero de la Seguridad Social en la calle Lavalle al 1200, por el peso de los expedientes, luego de una inspección del Inti. Mientras la Anses gasta y gasta en costosas publicidades falsas, ésta es la realidad del sistema jubilatorio. Medio millón de juicios porque el gobierno no cumple con los fallos de la Corte Suprema. Es la mayor "movilización" de jubilados, que se renueva todos los meses a razón de unas 9.000 nuevas demandas por mes. Pero la Corte Suprema y los jueces también incumplen con sus fallos porque la Anses no está pagando en término las sentencias firmes y eso obliga al jubilado a iniciar otro juicio que puede demorar otros tres años. Lógicamente, la Anses no computa esta enorme deuda en sus cuentas, de tal manera de seguir pagando jubilaciones paupérrimas y beneficios y gastos que no le pertenecen, como la asignación por hijo o las computadoras, que deberían pagarse y ampliarse con impuestos al capital y no a costa del sistema jubilatorio. Obligar a un jubilado a iniciar un juicio de reajuste de haberes, juicio que puede demorar diez años más otros cuatro años para eventualmente cobrarlo, cuando ya la Corte Suprema se expidió, es un "crimen de lesa humanidad". El gobierno "nacional y popular" de los "derechos humanos" especula con la muerte de litigantes para "ahorrar" fondos para "honrar" el pago de la deuda. La solución es sencilla: extender automáticamente a todos los jubilados los fallos de la Corte y establecer el 82% móvil.

En el marco de la preparación de la gran jornada de lucha por el aumento de los planes Argentina Trabaja del viernes 16 de marzo, el Centro Cultural y Social 1º de Mayo, ubicado en la calle Freire 761 del barrio Samoré, de Merlo, fue asaltado. Se llevaron muchos elementos (como parlantes y una computadora) que utilizaban los compañeros jóvenes y adultos que le dan vida al centro, incentivando las asambleas del Polo Obrero para luchar por trabajo y salario digno, así como también para organizar actividades que sirvan para mejorar la vida social y cultural del barrio. El asalto (¿persecución política o degradación social?) es un golpe para todos los vecinos y compañeros que encaran la tarea de organizar el centro con un esfuerzo ejemplar y noble por la causa obrera y popular. Pero lo vamos a superar. Organizaremos un gran festival con bandas de rock de la zona para recaudar los fondos que permitan recuperar lo perdido. Invitamos a todos los jóvenes, trabajadores y vecinos del barrio y del resto del distrito a sumarse y participar del festival que realizaremos el sábado 31 de marzo, a partir de las 19 horas. Para que el centro cultural siga de pie y con la vitalidad de siempre.

-Exclusivo de internet El viernes 9, un fuerte temporal de lluvia golpeó duramente a distintas localidades de la provincia de Río Negro. Dejó hogares destruidos, calles inundadas, afectó las comunicaciones, cortó rutas y caminos, también se cobró la vida de dos trabajadores. Entre las localidades más afectadas, se encuentra Comallo, un pequeño pueblo de la Línea Sur, donde alrededor de 60 familias fueron evacuadas y las calles están intransitables. En otra localidad, Valcheta, el nivel del arroyo creció abruptamente, por lo que arrasó con casas muy precarias de los vecinos de los barrios carenciados e inundó el casco céntrico, por lo que se produjo el corte de varios servicios. En El Curau, un paraje cercano, las familias quedaron totalmente aisladas e incomunicadas. En la zona de Arroyo Tembrao, en la Escuela 227, fueron socorridos estudiantes y trabajadores de la misma: "evacuamos a los cinco alumnos que quedaban, al director, a dos maestros y al portero. Todos se encontraban bien, aunque ya no quedaban prácticamente ni alimentos ni agua para afrontar la espera..." (Diario Noticias de la Costa), manifestó Lavigne, uno de los rescatistas. En Sierra Grande, veinte familias debieron ser evacuadas y otras tantas, por miedo a perder lo poco que poseían, se rehusaron a abandonar sus casas, a pesar del peligro que corrían. Ante esto, el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia entregó algunas pocas frazadas, colchones y tickets alimentarios, sin decir una palabra sobre qué solución se les daría a los vecinos que perdieron sus hogares. Hasta el momento, continúan incomunicadas ocho familias de Ramos Mexía, quienes viven en cañadones cercanos a la zona de Zanjón Salado. En la ciudad de Viedma, los vecinos del "30 de Marzo" (barrio que es producto de una toma de terrenos) se encuentran alojados en la junta vecinal del barrio Lavalle. Casi cien familias de la nueva toma, ubicada cerca del barrio Inalauquén, fueron ignoradas por las autoridades municipales y socorridas por vecinos de los alrededores. Además de los graves daños a las viviendas, un vecino sufrió un ataque y padeció al no recibir la atención médica necesaria y una portera perdió su vida. La ausencia de políticas habitacionales; la falta de inversión para arreglar los caminos y el transporte; el deterioro edilicio de las escuelas y hospitales; la no existencia de servicios de luz, gas y agua en muchos hogares (sobre todo en la Línea Sur) salieron a la luz con las cenizas el año pasado y nuevamente han quedado expuestos con el temporal de lluvia. La orientación y voluntad política de las autoridades provinciales y municipales están destinadas a salvaguardar los intereses de los explotadores. Como dejó en claro el gobernador Weretilneck, del FpV, en su discurso ante el inicio de las sesiones legislativas cuando anunció que rescataría a "Horizonte Seguros" (aseguradora a cargo del radical Grandoso, que poseía un déficit de 68 millones de pesos hasta el segundo semestre del año pasado) o que entregaría los recursos y suelos a la minería contaminante, además de anunciar el pase a disponibilidad de más de 20 mil empleados y aumentar el sueldo a los funcionarios, mientras que a los trabajadores se les pagan salarios de hambre, no tienen acceso a una vivienda digna, el transporte público (tren y colectivo) funciona "atado con alambre" y, para el peor de los males, a través de ajustes y tarifazos nos encadenan a la pesada ancla de su crisis, para hundirnos en la miseria total.

Los centenares de miles de votos que obtuvo en las elecciones recientes han convertido al Frente de Izquierda y de los Trabajadores en una referencia política para numerosos sectores combativos y avanzados de la clase obrera y de la juventud, e incluso para sectores más amplios de trabajadores. Implica, incuestionablemente, un fortalecimiento para estos sectores en la lucha cotidiana contra el capital y en su capacidad para reagrupar fuerzas nuevas del activismo y crecer. Es la primera vez que ocurre con una coalición de fuerzas anticapitalistas que, por lo menos en principio, se oponen a los frentes de colaboración de clases. El registro electoral del Frente de Izquierda ha representado un golpe político considerable contra las organizaciones de izquierda que se disfrazan en coaliciones políticas bajo la dirección de la burguesía y la pequeña burguesía con la tesis de que, de otro modo, solamente podrían hacer una campaña de denuncias o testimonial, que de ninguna manera les permitiría obtener posiciones parlamentarias para asentar un desarrollo político posterior. Es el caso del partido Comunista con el kirchnerismo; del PCR y la CTA Micheli con el sojero ‘socialista' Binner; o del MST con Solanas. El Frente de Izquierda probó, en la práctica, que puede ganar la adhesión de una masa considerable de votantes, e incluso posiciones parlamentarias, sin pagar el precio mortal de la desnaturalización política. Hemos ganado, por el momento, el lugar histórico de la izquierda y del socialismo. Como hemos escuchado repetidas veces en los lugares de trabajo y en la calle, "ustedes (nuestro Frente) son la izquierda". De este modo, a través de un proceso político concreto, una coalición electoral, o sea episódica, que para muchos obedecía a la necesidad de superar la exigencia de un piso de votos en las primarias, se ha convertido en una referencia política. La defensa del desarrollo del Frente de Izquierda parte de esta caracterización; estamos ante una creación política que resulta de la confluencia de sectores activos de las masas con un frente de partidos que pretenden ser su vanguardia. Destacamos esta caracterización política, porque de ella se desprende que la parálisis del Frente de Izquierda desde las elecciones constituye un ataque al desarrollo político de los sectores combativos de la clase y, en última instancia, a un plazo medio previsible, a la unión del socialismo revolucionario con el movimiento obrero. Esa parálisis es sinónimo de liquidacionismo sectario; para ir hacia adelante es necesario combatir el sectarismo y el faccionalismo. Crisis política de conjunto La transformación del Frente de Izquierda, en los términos señalados -de una coalición electoral potencialmente episódica, en una referencia política-, ha ganado una fuerza potencial como consecuencia del principio de desplome del gobierno K, luego de las elecciones: ‘ajuste', crisis energética y del sistema de transporte, ataque a la lucha contra la megaminería y los docentes y movimientos sociales, masacre ferroviaria de Once, nuevos manotazos a las reservas monetarias, crisis con la burocracia sindical de Moyano y dentro de la camarilla K, versiones de una crisis con el G20 por una inminente ‘nacionalización' de YPF-Repsol. Una lista demoledora. Por aquello de "que éramos pocos y parió la abuela", el régimen político enfrenta ahora una crisis nueva, como resultado del avance de las operaciones de las compañías petroleras en aguas de Malvinas. Se trata de una presión insoportable para el conjunto del régimen político, ya no más de un asunto de folklore nacional. Asistimos a un agotamiento del régimen transitorio de dominación que emergió de la bancarrota de 2001/2, cuando la bancarrota capitalista mundial y las operaciones de rescate de esta bancarrota han acentuado la guerra comercial que afecta en especial a los llamados países emergentes. Esta crisis desmiente la especie de que el kirchnerismo había "ganado la batalla cultural", de que se había "impuesto el relato", o de que nos encontrábamos en "la Argentina kirchnerista". El "bonapartismo tardío", encarnado en CFK, anticipaba este desarrollo de la crisis, porque se trata de una forma última de dominación política: un sistema de arbitraje personal en la fase final de una gestión de gobierno -no en la fase inicial. Que en una situación como ésta, la izquierda anticapitalista haya logrado establecerse al menos como referencia política, es un síntoma de características pre-revolucionarias. Contribuye enormemente a esta situación el inmovilismo y el faccionalismo en la oposición capitalista y pequeño burguesa a los K, que continúa sin pausa después de las elecciones. Sin el proceso de desmoronamiento de este régimen político en su conjunto -que se prolonga en el tiempo pero no por ello es menos real-, no se podría entender el avance electoral del Frente de Izquierda. Somos el producto de un largo desarrollo por abajo y de una crisis de conjunto por arriba. No solamente tenemos que dar una orientación y dirección a las luchas de carácter parcial sino, por sobre todo, llenar un vacío político, o mejor, dar un contenido revolucionario a la crisis política en desarrollo. De esta caracterización objetiva de las fuerzas en presencia, se desprende la prioridad de desarrollar el Frente de Izquierda, y la imperiosa necesidad de combatir la sífilis del faccionalismo, la autoproclamación o el auto bombo. En el Partido Obrero entendemos que el protagonismo potencial que se ha abierto para el Frente de Izquierda, modifica la vía de desarrollo de los partidos que lo integran. Ese desarrollo dependerá del aporte que hagan al desarrollo del Frente y de la capacidad de acción e iniciativa; del debate orientado a la clarificación política, en el marco de la unidad sistemática de acción. El daño potencial del sectarismo, antes confinado al destino de un grupo, ha crecido. No se trata de una suposición o de un cálculo actuarial, pues ha ocurrido efectivamente en algunos países de América Latina en las últimas décadas. "El Declaracionismo" El Frente de Izquierda, en cuanto tal, no se ha pronunciado sobre esta sucesión de crisis, ni ante casi ninguno de sus episodios. En lugar de esto ha sido ostensible el afán de promover la disputa interna, el faccionalismo -el cual incluye también el auto bombo sistemático. A la crisis política del régimen capitalista se ha dado como respuesta el retiro del Frente del campo de la lucha política; al ‘vacío político' creado por los sucesivos retrocesos del gobierno, el vaciamiento del Frente de Izquierda. Las ‘cartas' al Partido Obrero ya son más numerosas que las cartas al pueblo o que los pronunciamientos políticos del Frente. Como las ‘cartas' ahora vienen numeradas, parece que hubiera intención de convertir un error de método en un desmadre. Es necesario advertir que el pasaje de una coalición electoral a un frente con una participación activa en la lucha política cotidiana, es conflictivo. En general, las coaliciones electorales se deshacen hasta, eventualmente, las elecciones siguientes. Toda creación política, incluso los partidos, tiene un carácter histórico transitorio, pero la coalición o el frente tienen ese carácter como un propósito definido. Debido a esta contradicción es que prestamos una atención especial a caracterizar el lugar que ha pasado a jugar el Frente de Izquierda -siempre potencialmente, o sea como producto de su acción- en la crisis política y en la evolución política de un sector de los obreros combativos. El problema es que si el Frente no se aplica a una intervención sistemática, dejaría ese lugar conquistado en el vacío, retrocediendo en la capacidad de un reclutamiento de fuerzas y, por sobre todo, dando una posibilidad al centroizquierdismo de recuperar terreno. No solamente no nos estaríamos preparando para la campaña electoral que comienza en un año, sino, mucho más importante, no estaríamos desarrollando el sujeto proletario que se manifestó políticamente hacia el Frente en agosto y octubre pasados. En resumen, es necesario encarar la transición política a un frente político sistemático. La razón principal que se ha exhibido, según nuestro entendimiento, contra una política de definiciones sistemáticas del Frente de Izquierda, en la forma de declaraciones, es que privilegiamos el "‘declaracionismo' a la lucha". La separación entre una cosa y otra es unilateral; una lucha política conciente se prepara y se impulsa con un planteo político. No hace falta que digamos que una competencia sobre quién es más ‘luchador', la rechazamos por liquidacionista. El silencio, en nuestra opinión, es insalubre. Pero la definición política, de parte de un frente como el nuestro, tiene una función importante, que es delimitar los campos con rivales de clase que compiten con nosotros en las luchas parciales o políticas. Por ejemplo: nosotros estamos contra el tope en las paritarias y Moyano, ahora, también. ¿Vamos a largar ‘la clásica', ‘que Moyano luche', o vamos a oponernos a la regimentación de las paritarias desde nuestra política, y a delimitarnos de la burocracia sindical? El Partido Obrero es de la segunda posición, pero incluso si hubiera una divergencia sobre este punto, nosotros buscaríamos un acuerdo de acción del Frente, siempre que no comprometa posiciones de principios, y debatiríamos la diferencia en un marco determinado. En la lucha ambiental, deberíamos defender nuestro ángulo de lucha de clases, a diferencia de lo que hace el movimiento ambientalista, que se pone en un plano antropológico (pre-capitalista). Por sobre todas las cosas, tomar posición sirve de orientación para una intervención concreta en la lucha de clases. El tema del ‘declaracionismo' tiene su lado curioso, porque mientras los dirigentes de nuestros partidos consideran válido criticar las declaraciones de otros, por ejemplo las de Plataforma 2012 -crítica que reivindicamos-, no producimos nuestros propios pronunciamientos frentistas sobre los temas que abordan las declaraciones que criticamos. No se ve cuál es la conveniencia de actuar de rebote en lugar de tomar la iniciativa. La oposición a tomar posición frente a la crisis política, que se descalifica como ‘declaracionismo', significa una reversión de toda la metodología socialista y comunista desde 1850 en adelante, es decir, la de introducir el programa y la política socialista en el movimiento obrero, que carece de ese programa y de esa política. Sería una especie de ‘economismo', aunque pensemos que esta podría ser una caracterización exagerada. La fusión del socialismo y el movimiento obrero es una tarea actual en Argentina, que se vuelve a plantear históricamente, luego de la experiencia del final del siglo XIX y la primera mitad del XX. No solamente creemos que el Frente debe pronunciarse en forma sistemática frente a todo el desarrollo de la crisis política y las luchas obreras y populares, sino que incluso sería muy positiva una declaración general, que fuera capaz de recoger las líneas principales de una caracterización política. Asamblea de apoyo al Frente de Izquierda La otra objeción que recibimos a la propuesta de producir pronunciamientos políticos ha sido de otra naturaleza: que primero deberíamos dejar de ‘bloquear' (?) la salida de una revista de la Asamblea de Intelectuales en apoyo al Frente de Izquierda. En primer lugar, debería sorprender el pasaje del autobombo obrerista a la prioridad de una revista a cargo de una asamblea de intelectuales. Si tuviera que salir una revista, tendría que ser bajo la dirección del Frente, con participación de intelectuales y de no intelectuales. ¿Desde cuándo un socialista consagra el monopolio de la palabra o del texto a los intelectuales y se la niega a los obreros? Es inevitable la conclusión de que el propósito de la propuesta es marginar la centralidad política del Frente de Izquierda y (además) de los Trabajadores, en función de un cálculo que desconocemos y tampoco fue explicitado. La deliberación acerca de la revista ha estado confinada a una "Coordinación", porque la asamblea se ha reunido solo una vez después de las elecciones. Lo que ya no es sorprendente sino realmente curioso es que, dejando de lado toda esta crítica absolutamente correcta y válida a la revista, nuestros compañeros de Frente rechacen la propuesta de los compañeros de nuestro partido en la asamblea, para que el propio Frente discutiera una plataforma orientadora y metodológica para esa revista, con el objetivo de presentar a la Asamblea una posición común, incluidas las diferencias. En un terreno donde el afán de disputa abunda más que la soja, hubo un rechazo a que la plataforma siquiera fuera discutida, y que en todo caso alcanzaba el programa del Frente, que (en todo caso) es un pliego de reivindicaciones pero no un programa, o una estrategia. La revista es un órgano teórico de propaganda muy delicado. Forma el pensamiento estratégico de los socialistas; dejar su carácter al albedrío es simplemente un despropósito. Un sostenedor de una coalición electoral, en este caso el Frente, no califica para propagandista de la dictadura del proletariado. Sería, y esto con suerte, un órgano centrista. Negarse a discutir una plataforma de orientación y método de trabajo es una falta de respeto entre compañeros, y aventurerismo. La confirmación del acierto de nuestra posición y del desacierto de nuestros críticos, vino en menos de lo que canta un gallo. Uno de los eventuales protagonistas de la revista eventual, el grupo R&R, se despachó con un planteo de apoyo a "la autodeterminación de los isleños" en el caso de Malvinas, sin que esto provocara siquiera un movimiento de cejas en la asamblea o el Frente. R&R ni siquiera apoya al Frente, al cual ha disparado las peores acusaciones durante la campaña electoral y después, bajo la mirada benévola de quienes interpretaban estos hechos como ‘un enfrentamiento' entre R&R y el Partido Obrero -a pesar de que nuestro partido no ha dedicado una línea de su prensa a esta gente. En la revista que saldría sin acta que registre su nacimiento, R&R tendría su lugar; nosotros exigimos que este grupo sea separado de la asamblea. Es incompatible con el Frente de Izquierda, repudiamos cualquier apoyo de este lado. La ‘autodeterminación' en cuestión es la posición del imperialismo británico y la expresión de sus intereses. Para R&R el imperialismo británico no existe, ni tampoco el imperialismo en general. Que quede claro: defendemos la reivindicación nacional de Argentina sobre Malvinas, no en nombre del patriotismo argentino sino de los intereses internacionales del proletariado, para el cual toda derrota real del imperialismo es un factor de estímulo y de posibilidades. No apoyamos ninguna de las acciones ‘nacionales' de la burguesía argentina, sus gobiernos y sus dictaduras sobre Malvinas: las denunciamos como compromisos con el imperialismo, y oponemos a ella la lucha nacional dirigida por la clase obrera, en los términos de la revolución permanente. No podemos dejar de lado un último punto: el reclamo de nuestros compañeros en la asamblea, de que la revista adopte una línea sindical en el ámbito de la Universidad, Conicet, etc., y el apoyo a la lista mayoritaria clasista en AGD. Un mínimo de ‘obrerismo' exige el apoyo a esta propuesta, al menos en lo fundamental. En el rechazo a discutir el carácter de la revista está incluido el rechazo a este planteo. Llamamos a los partidos del Frente a apoyar la separación de este grupo -R&R- de la asamblea y a discutir como corresponde entre revolucionarios la conveniencia o no, las características y la dirección de una revista. Llamamos, por sobre todo, a poner fin al pretexto de la revista para impedir una toma de posición sistemática del Frente de Izquierda frente a la crisis política de conjunto. Agendas legislativas La actividad de los bloques legislativos es un aspecto de la intervención colectiva del Frente de Izquierda. De acuerdo con lo que convinimos, los candidatos de las fuerzas del Frente rotarían en sus cargos, y la bancada funcionaría colectivamente. Pensamos que este método requiere establecer una agenda legislativa, que en primer lugar reivindica la participación de los legisladores electos y de la lista en toda lucha popular. A la propuesta de una agenda legislativa se ha opuesto, en el caso de la banca de Neuquén, la prioridad de ‘la lucha'. Esta posición se justifica en regímenes como el zarismo o las dictaduras con parlamentos fantoches, porque en estos casos la condición de una agenda legislativa es el derrocamiento de esos regímenes políticos. Pero no en donde hay libertad formal de organización y reivindicación, incluso lucha. En estos casos, las luchas se pueden preparar por medio de una propaganda y agitación de una agenda legislativa, o sea de reclamos de derechos y nuevas conquistas. Lo contrario es desaprovechar la banca parlamentaria, porque la participación en la lucha no requiere fueros, lo podemos hacer todos sin que seamos representantes electos. La agenda legislativa habilita a realizar asambleas obreras y populares que fijen los reclamos, y por lo tanto la organización, o sea el trabajo profundo, distinto del super-estructural -como lo es también la lucha que carece de método. Tenemos ejemplos de esto de nuestros representantes en Córdoba y Salta, que son más antiguos. ¿Hace falta recordar la titánica acción legislativa por la reducción de la jornada laboral en el subte, a seis horas, iniciada por un solo diputado, contra toda expectativa, incluso cuando los trabajadores aún no habían salido de un reflujo importante y el sindicato lo manejaba UTA? Lo que empezó en la soledad, desde una agenda, acabó con una huelga general, que se declaró en respuesta al veto a ese proyecto luego de que alcanzara el 70 por ciento de los votos en la Legislatura. Requirió más de dos años de trabajo, pero ayudó a cambiar para siempre la realidad sindical en el subterráneo de Buenos Aires. Discutamos y aprobemos agendas legislativas, con la conciencia de los límites que tienen, y revitalicemos nuestro trabajo colectivo en las legislaturas, como lo habíamos establecido. Por esto, rechazamos también la re-categorización de la bancada de Neuquén, que se ha convertido en "ceramista" en lugar de ser del "frente de izquierda". Nos abstenemos de desarrollar más este punto. Autobombo, programa, partido En la campaña electoral se expresó una tensión entre la propaganda del Frente de Izquierda, que buscó llegar a sectores cada vez más numerosos de trabajadores, y la política auto-referencial -que consiste en hablar para los militantes propios y criticar veladamente a los partidos compañeros. Esto dio lugar a una polémica más o menos explícita, que comenzó en el acto inaugural del 1º de Mayo, y siguió en Medicina, Córdoba, La Plata. En plena campaña electoral, en una situación no revolucionaria, cuando más de la mitad del proletariado (por lo menos) se aprestaba a votar por el gobierno y parte del resto por la oposición patronal, y cuando nosotros mismos convocábamos a "danos tu voto", hubo un pavoneo con la militarización (no pasó de eso) y una descalificación abstracta de las elecciones, cuando se trataba de clarificar por qué y para qué nosotros interveníamos en ellas y cómo podíamos aprovecharlas, ¡que fue lo que ocurrió, porque todos coinciden en que estuvimos entre los beneficiarios principales! Spots ‘entradores'; agudeza y manejo del matiz en las polémicas con nuestros adversarios en los medios; y un segundo lenguaje en los actos públicos. ¿Vamos a resolver esta tensión a favor de la autoproclamación que caracteriza a la secta? Las cartas numeradas y no numeradas y los espacios de los periódicos dedicados a polémicas que cuando no tienen carácter de principios carecen por lo menos de método, le ganan por varios cuerpos a la definición política común de cara a la crisis política y a la posibilidad que se ha abierto de generar una alternativa política. La tendencia liquidacionista se encuentra en pleno desarrollo, solamente contenida por el temor a quedar indicados como liquidadores de una experiencia política que los obreros valoran y que aún no ha agotado su capacidad de producir resultados positivos -o sea revolucionarios en la organización de clase y la lucha de los explotados. En este aspecto del desarrollo de la campaña electoral, dijimos que si todos nos creemos el partido revolucionario, podríamos armar un debate para arribar a la construcción de un partido revolucionario entre todos -lo que supone un congreso y la vigencia del centralismo democrático. Fue, es cierto, una salida polémica por la positiva a planteos que ponían en peligro la unidad política de la campaña electoral. Pero es también una conclusión que tenemos desde hace más de una década: una oposición al faccionalismo y la convocatoria a todos los cuartainternacionalistas que luchan re-al-men-te por la formación de partidos y a la refundación de la Internacional con el método señalado. Nos sorprende francamente que se nos proponga una discusión sin límites para ver si es posible un partido revolucionario entre todos, como si no hubiéramos estado discutiendo durante varias décadas sobre los temas más variados de la actualidad. Para esta clase de discusión no necesitamos acuerdos previos: la libertad es libre, discutimos lo que queremos y cuando queremos -claro que en nuestro caso sigue un método, que es el de aportar a una clarificación, y se opone al faccionalismo, es decir a la discusión por la discusión misma, que siempre cambia de eje. Nosotros creemos firmemente en la necesidad de explorar los caminos hacia la refundación de la Cuarta, a partir de un par de puntos principistas y el debate en torno a un programa. Digamos, de paso, que sobre estos puntos estratégicos no hemos recibido definición alguna en las sucesivas "cartas". La cuestión es ésta: el programa, porque es necesario dar cuenta de dos fenómenos de alcance histórico -la destrucción de los Estados obreros y la crisis capitalista como no hubo desde la década del treinta. Tenemos que reafirmar el objetivo de la revolución mundial y del comunismo a partir del balance de este nuevo desarrollo histórico, que va más allá de lo que analizó el Programa de Transición. Una aclaración fundamental se impone a esta altura del texto. No estamos conminando a nadie a formar un partido revolucionario común; exponemos una caracterización y una perspectiva. Nuestra prioridad, en términos de unidad de acción, es el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. No vamos a permitir que el tema que expusimos polémicamente, el partido, sea pretexto para derribar el Frente por medio del faccionalismo. Quien se empeñe en ello tendrá que trabajar por cuenta propia y horas extras -no con nuestra colaboración. Dados los giros históricos del último cuarto de siglo, la cuestión del programa es decisiva para el futuro del cuartainternacionalismo. Por eso hemos aportado, en 2004, las llamadas Tesis Programáticas para la refundación inmediata de la IV Internacional. El partido es el programa, hoy más que nunca, no el resultado de combinaciones con este u otro grupo. El programa es el compendio de una estrategia, ¿o el Manifiesto de Marx y Engels, un programa, no es la exposición de una estrategia histórica? ¿No podemos decir lo mismo del Programa de Transición? La estrategia se diferencia de la táctica, no del programa. Separar a la estrategia, el camino hacia el poder, del programa, es repetir la distinción socialdemócrata entre programa máximo y programa mínimo. O sería repetir al foquismo, para quien la estrategia era la lucha armada y el programa una lista de reivindicaciones que se podían desarrollar en el marco de un frente popular (colaboración de clases). En la discusión del programa, se nos dice, hay que poner centralmente la cuestión de la insurrección. Es una invitación para quien ya compró la entrada, pues se encuentra tratada en las Tesis Programáticas mencionadas, y que dan motivo sobrado para la polémica. Pero llama la atención la preocupación por la insurrección de parte de quienes carecen de una teoría de la revolución, porque rechazan el enfoque marxista que sostiene que el capitalismo, como formación histórica, desarrolla una tendencia de fondo a la autodisolución. Sin esta condición no se producen situaciones revolucionarias, una premisa insustituible de cualquier insurrección que quiera ser victoriosa. Es una grosería conceptual asimilar la autodisolución a una caída automática del capital; auto disolución quiere decir que tiende a esa disolución por la acción de sus propias leyes (auto), no por fuerzas ajenas al sistema capitalista. Dado el carácter inescindible de la relación capital-trabajo, la tendencia a la autodisolución es una tendencia a la ruptura de un vínculo histórico umbilical, que convoca a una acción independiente de las masas de alcance histórico. Un debate sobre la insurrección debe dar un lugar preminente a la crítica al foquismo y a la lucha armada ajena a la experiencia de las masas; el partido no sustituye las conclusiones revolucionarias que tienen que sacar las masas, interviene para colaborar con ellas. Otro punto importante es no identificar insurrección y lucha armada con militarización política, porque esta última lleva al cesarismo revolucionario, no a la dictadura del proletariado. La dictadura del proletariado puede asumir formas diferentes, depende de la peculiaridad de la experiencia de cada país y de la etapa internacional. Lo que la distingue es que consagra la supremacía política de la clase obrera, desarma a la burguesía y arma al proletariado, confisca el gran capital y sienta las bases de la planificación económica. En cierto punto la dictadura del proletariado depende enteramente de la consecuencia política del gobierno y del partido que la encarnen, porque el contenido de ese régimen de transición al socialismo depende de la orientación del factor subjetivo. Portabilidad numérica Con este texto, sólo pretendemos dejar en claro dónde se para el Partido Obrero. No le ponemos número, porque sería ingresar en una "charca discutidora" -aunque el autor de esta frase, un dirigente trotskista con el que hemos discrepado sin contemplaciones, la usaba como extorsión contra discusiones necesarias y oportunas. Le damos la espalda a la posibilidad de encharcarnos en una discusión interminable. Reiteramos la necesidad de formar una mesa permanente del Frente, que se reúna regularmente y dé a conocer sus resoluciones de manera publica, incluidos los métodos de difusión (folletos, volantes, etc.). Es un método que hemos propuesto luego de las elecciones y que al día de hoy no ha sido aceptado. Sin una intervención sistemática, dejamos sin explotar la desilusión que se desarrolla en la base popular del kirchnerismo, cedemos terreno al centro izquierda y damos margen de recomposición a la izquierda que se fue a otras orillas. Llamamos a recoger las propuestas que hacemos para meterle combustible al Frente de Izquierda. Estamos abiertos a otras proposiciones y ni se nos ocurre hacer de las nuestras un ultimátum. 19 de marzo de 2012

Luego de la nutrida movilización del 7 de marzo al Ministerio de Trabajo, realizada por las empresas recuperadas y otras cooperativas, las negociaciones posteriores han terminado en un fiasco. El gobierno ratificó nuevamente su decisión de discontinuar el subsidio de 600 pesos, cuyo plazo máximo es de doce meses. No tiene la misma posición con las concesionarias de trenes, transporte y servicios -las que siguen manteniendo los subsidios-a pesar de la enorme disparidad de los montos respectivos. El gobierno ha ofrecido, a cambio, otra línea de subsidios, orientada -dice- a la "capitalización", que se dirigiría a la capacidad productiva (línea II), la competitividad (línea III), la gestión de las unidades productivas (línea IV) y la asistencia de higiene y seguridad (línea V). Se trata de un aporte máximo total -y por única vez- que oscila entre 3.000 y 4.500 pesos por trabajador. El planteo constituye una estafa, pues estos programas ya existían (proyecto PNUD ARD/09/001 de la cooperación técnica no reembolsable), sin que fuera excluyente del subsidio de 600 pesos que se recibía en materia de complemento salarial. Este programa de capitalización se financia con los fondos de los planes que ahora se suprimen. Mientras la obtención de la "línea 1" era más o menos automática (ya que estaba vinculada con el nivel de los salarios), los trámites para el equipamiento de la empresa son farragosos y terminan truncos. Estamos frente a un ajuste. Los planes de capitalización ofrecen, además, un terreno más amplio para el manejo discrecional y para la injerencia del Estado en la fábrica. Por lo pronto, la concesión del aporte está subordinada a la "evaluación" que hagan los funcionarios del "proyecto" y su viabilidad comercial. Pero, además, las modalidades de aporte no son equiparables -esto porque la otra modalidad de los programas de capitalización era mucho más indefinida. Reivindicamos el derecho a tener acceso a los dos planes. Reclamamos que siga en vigencia y se duplique la "línea 1" a 1.200 pesos y, más aún, que se cree un fondo compensador más amplio, de manera que ningún trabajador tenga un sueldo inferior al del convenio de la actividad a la que su empresa pertenece. Reclamamos, asimismo, acceder a los planes de reequipamiento y modernización, así como -yendo más lejos- exigimos que se abra una discusión general sobre su modalidad, sus condiciones y monto, y de un modo más general el acceso al crédito, en el cual las recuperadas deberían tener cabida -en el marco de una banca estatizada, con representantes propios en su directorio, lo que permitiría un uso racional de los recursos públicos privilegiando el interés popular. Saludamos la resolución adoptada por un conjunto de empresas recuperadas (Brukman, 19 de Diciembre, CUC), las que -en esta línea- han denunciado la falta de respuestas por parte del gobierno a las demandas por las cuales se viene peleando, y han tomado la iniciativa de convocar a una nueva movilización para insistir con los reclamos planteados.

La edición del viernes 16 de Tiempo Argentino salió sin ninguna firma de los trabajadores de prensa. En la tapa, sin embargo, se publicó una pequeña editorial, firmada por los socios del grupo 23 al cual pertenece el diario. Allí, Sergio Szpolski y Matías Garfunkel informan a los lectores que semejante grado de acatamiento a la huelga de firmas se explicaría porque para "los accionistas del grupo 23, la libertad sindical es innegociable". El día anterior, sin embargo, Spolszky se apersonó en la redacción de Tiempo para explicar a los trabajadores que la quita de firmas "sólo se haría sentir en los diarios chicos" y que "la paritaria general que impulsa la UTPBA es funcional a los medios hegemónicos". La idea, claro, era tratar de confundir a algún trabajador y restar adhesión a la medida que por el nivel de organización y la contundencia de las asambleas y las intervenciones, a esa altura -ya se sabía- sería total. Una intromisión flagrante en los organismos de los trabajadores y sus deliberaciones y, por lo tanto, de la propia libertad sindical. La maniobra, además, pretendía instalar la idea de que los trabajadores de Clarín no acatarían la medida y "nosotros" seríamos "carne de cañón" de la Corpo y, por lo tanto, "funcionales a la derecha". De todas formas, la medida en Tiempo fue contundente: no por obra de la libertad sindical que violenta la patronal, sino por la férrea decisión antipatronal de los trabajadores de prensa. El acatamiento en Clarín, además, fue una sorpresa para aquellos que condenaban de antemano a los trabajadores de ese medio. No supieron ver la voluntad de lucha y el cambio de ánimo de los trabajadores, expresado en la reincorporación de Ismael Bermúdez, fruto de un petitorio firmado por gran parte de la redacción. La valentía de los compañeros de Clarín echó por tierra esos argumentos divisionistas que impulsan las patronales K.Pero, además, la patronal intenta instalar la idea de que en los medios K -y en los suyos en particular- existe plena libertad sindical, por lo que ocultan los intentos sistemáticos de avasallar la organización gremial de los trabajadores de infonews(.com), en el que -mediante acuerdos con la burocracia del Sindicato Argentino de Televisión (SAT)- buscan desplazar la representación sindical de los trabajadores de Utpba, a través de la cual los trabajadores defienden su encuadramiento y su estatuto. Algo similar ocurre en CN23, el canal de televisión del grupo. La lucha de los trabajadores de prensa tiene la fuerza que le otorga la independencia frente a las patronales. Tanto de la corpo de Magnetto y Ernestina de Noble como de las patronales de la "ley de medios".

Mientras los choques verbales entre el gobierno y Repsol subían de tono, el vocero oficial Verbitsky salió a poner paños fríos: "La Presidenta preferiría que YPF hiciera las inversiones que no ha hecho hasta ahora" (Página/12, 18/3). O sea que los cruces entre el gobierno y la petrolera transitan dentro del marco jurídico y económico establecido. Hay quienes sostienen que la reversión de áreas favorece al monopolio, porque se trata de yacimientos agotados. Argentina importará entre 10.000 y 12.000 millones de dólares en energéticos, una cifra que supera el superávit comercial. En la escalada contra Repsol YPF, el gobierno actúa bajo la presión de un descalabro económico. Lo mismo Repsol, que quiere que se reponga la ruta del aumento progresivo del precio de las naftas. Endoso a las provincias Después de las presiones ejercidas por el rey de España, el gobierno le endosó a las provincias el fardo de subir los decibeles con Repsol. El ministro de industria de España "valoró en forma positiva que no haya sido el gobierno (nacional) el que haya quitado las licencias, y que el tema se maneje a nivel provincial" (Ambito Financiero, 16/3). Hasta ahora, las rescisiones sólo afectaron al 7 por ciento de las concesiones de Repsol, y se relacionan con pozos exhaustos o con muy baja producción. Jorge Sapag reclama "precios justos", en consonancia con la petrolera, para la extracción de petróleo en su provincia (La Mañana de Neuquén, 18/3). Las limitaciones sociales y políticas de los gobernadores petroleros para poner en caja a YPF están a la vista. "Interés público" o nacionalización Por lo pronto, la primera consecuencia de las estocadas aisladas contra Repsol será una "profundización de la caída en la producción y las reservas" y "la sobreexplotación de las áreas en operación", según señala el Instituto Mosconi. O sea que los escarceos con Repsol agravarán la crisis. De cara a esa realidad, los funcionarios camporistas estudian la posibilidad de una declaración de "utilidad pública" de los hidrocarburos. Pero los Estados no tienen los recursos para invertir. Otra alternativa es retomar el control público de las concesiones petroleras y remplazar la concesión por contratos de obras y servicios. Se compara esto con lo realizado en Bolivia, pero Evo Morales, en 2006, puso en pie un régimen de "producción compartida", donde los pulpos se quedan con el 50% de los beneficios. Andrés Soliz Rada, ex ministro boliviano de Hidrocarburos, denunció que esa modalidad le permitió a Petrobras y a otros pulpos "anotar nuevamente en Bolsa las reservas de Bolivia" (revista Pueblos, 25/10/11), que es el principal beneficio de un régimen de concesión. La "producción compartida" condenó a su población a la penuria energética y a los ‘gasolinazos'. En oposición a la política oficial, defendemos una nacionalización sin resarcimiento a los vaciadores de las reservas, y bajo control de los trabajadores.

El gobierno respondió al reclamo de aumento para todos los trabajadores del plan Argentina Trabaja con el anuncio, por parte de la Presidenta, de un premio a la "productividad" y al "presentismo". El gobierno estableció de antemano que sólo el 20% de esos 150 mil trabajadores cobrará el adicional. Los favorecidos serán seleccionados por los punteros oficiales. Un caso ‘ejemplar' de "sintonía fina". La acusación de Garré de "extorsión" a los piqueteros y de "desestabilizadores" a los dirigentes políticos de las agrupaciones en lucha encubre esa confiscación. La ministra ya había acusado de extorsivas las huelgas de los petroleros y docentes de Santa Cruz. Por la huelga petrolera, todavía está preso el delegado Víctor Oñate. En diciembre de 2010, la ministra acusó de igual modo a los dirigentes ferroviarios del PO del Roca, Hospital y Merino, cuando luchaban por el pase a planta de 1.500 tercerizados de ese ferrocarril. Por este motivo tienen una causa penal y estuvieron varios días presos -como ocurriría más adelante con Sobrero. En aquella oportunidad, Garré ensayó una vieja práctica oficial: sentar a las víctimas en el banquillo de los acusados. Garré acusó a los tercerizados -y al PO- por una provocación armada por la burocracia sindical en la plaza Constitución. Lo mismo habían intentado los voceros oficiales con el crimen de Mariano Ferreyra, al que calificaron como "un enfrentamiento". El país volvió a erizarse cuando la misma Garré acusó al pibe Lucas Meghini Rey, otra víctima, por el accidente ferroviario que llevó a la muerte a 51 personas. Con los mismos métodos de la represión, además, actuó la policía de Corpacci en Catamarca, que allanó las casas de pobladores ambientalistas bajo la acusación de supuestos "atentados". Espionaje, criminalización La autodenominada "seguridad democrática" se completa con el espionaje oficial. El propio comandante de la Gendarmería confirmó, ante la Justicia, la existencia de una base de datos cosechada por agentes encubiertos que actuaron en la causa Kraft. También en este caso, los antecedentes vienen de lejos. En la causa a Luis Antón (2007), dirigente del PO de Tigre, la jueza Arroyo Salgado tuvo que impugnar enteramente el proceso por estar basado en informes de agentes encubiertos de la Gendarmería. O sea que este modus operandi está instalado en todos los estamentos del Estado, antes y después de Garré. Los sindicatos de Santa Cruz denunciaron el mismo accionar por parte de la dirección de Inteligencia Policial de esa provincia. Los estudiantes de Ingeniería de la UBA acaban de destapar otro caso de espionaje sobre los dirigentes de su centro de estudiantes. Las acusaciones de Garré contra los piqueteros y los dirigentes políticos de izquierda encuadran a la perfección con los tipos penales de la ley antiterrorista. Está claro, por lo tanto, que existe una política de criminalización de las luchas. En sus advertencias, Garré incluyó -aunque de manera diferenciada- a Solanas y a Binner. Fue un llamado de atención al centroizquierda para que cierre filas con el gobierno. Binner respondió en consecuencia: se pronunció contra los piquetes y la lucha -que por estas horas están realizando docentes y municipales en su provincia. El discurso presidencial en el Congreso -en el que cerró filas con petroleras, mineras y concesionarios de los ferrocarriles-, en contra de los maestros y de todos los luchadores, marca el contenido social de la "seguridad" kirchnerista, que no tiene nada de democrática. La victoria de las enormes reivindicaciones planteadas por trabajadores, desocupados, maestros y quienes combaten a los pulpos mineros está crucialmente unida a la defensa del derecho a luchar, contra la represión y la criminalización de las luchas obreras y populares. Con ese objetivo, movilicémonos masivamente el 24 de Marzo.

Este 24 de Marzo, en un nuevo aniversario del golpe militar contrarrevolucionario de 1976, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, junto a miles de luchadores, estará nuevamente en las calles. Vamos a reclamar, en primer lugar, cárcel común y efectiva para los militares genocidas y sus cómplices civiles, a quienes los gobiernos posteriores a 1983 intentaron salvar en esos años con la Obediencia Debida, el Punto Final y los indultos. También denunciaremos que, cada año que pasa, se hace más evidente el verdadero carácter reaccionario del gobierno kirchnerista. El genocidio de 1976, perpetrado al servicio de los grandes capitalistas y el imperialismo, tuvo como víctimas a la clase obrera y a los explotados, así como a todos los luchadores y militantes de las organizaciones combativas y de la izquierda. Pero la clase social que impuso la dictadura hoy sigue dominando los designios del país, y el gobierno K, que usurpa la bandera de los ‘Derechos Humanos', gobierna para esos mismos intereses. Durante casi una década, rescataron al andamiaje neoliberal impuesto durante los noventa: los privatizadores de la energía y el transporte, el pago de la deuda externa usuraria, la megaminería en manos de pulpos imperialistas. Hoy, el sometimiento a esos intereses lleva al país a una nueva crisis social y política, que el kirchnerismo pretenderá trasladar a los trabajadores y al pueblo. El crimen de 51 trabajadoras y trabajadores en Once y los más de 700 heridos, pese a las denuncias y advertencias del Cuerpo de Delegados del Sarmiento y demás compañeros trabajadores, ha puesto al rojo vivo el fracaso de este ‘modelo' al servicio de los Roggio, Cirigliano y otros. En la campaña electoral, los candidatos del Frente de Izquierda denunciaron que el kirchnerismo se preparaba para hacer un ajuste contra el pueblo. Para asegurarlo, el gobierno quiere reforzar la regimentación de los sindicatos, con el concurso de la burocracia sindical. Al mismo tiempo, impuso (con el apoyo del 'progresismo' de Sabbatella y Heller) la llamada "ley antiterrorista", la cual refuerza en todos sus términos la aplicación del Código Penal a los que luchan -como ya lo han comenzado a hacer contra los que enfrentan la megaminería y las represiones avaladas por el gobierno nacional en Tinogasta y Andalgalá. En los últimos dos años, hubo catorce asesinatos por parte de las fuerzas represivas del Estado o a través de la "tercerización" de las patotas: en el Ingenio Ledesma (en complicidad con los golpistas empresarios Blaquier) y en el Parque Indoamericano, en Bariloche contra la represión policial, en Formosa contra la comunidad Qom que reclamaba por sus tierras en manos de la burguesía sojera. El vil asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra por parte de una patota sindical, la que se reivindicaba kirchnerista, se cometió con la necesaria participación de miembros de la Policía Federal -quienes liberaron el terreno para que se cometa el crimen- y de los empresarios del ferrocarril privatizado, en el marco de una histórica lucha de los trabajadores contra las tercerizaciones. Hace cuatro meses, nuestros compañeros de la Interna de Kraft, con el apoyo del FIT y otras organizaciones, denunciaban penalmente a la Gendarmería por el espionaje y la infiltración en la histórica lucha de Kraft contra la mayoría de los miembros de esa Interna antiburocrática y combativa, sus trabajadores y los dirigentes políticos que habían participado solidariamente de las acciones de lucha. Tres meses después, la ministra Nilda Garré salió a defender el accionar ilegal de sus subordinados. La misma ministra atacó, durante la semana pasada, a los cortes y las protestas sociales por "extorsivas", mencionando a referentes políticos para criminalizarlos, en un lenguaje similar al utilizado durante las gestiones de De la Rúa (del que la ministra fue funcionaria) y Duhalde. Las más de 5.000 causas penales contra los luchadores obreros y populares -entre los que se encuentran cientos de militantes del Frente de Izquierda- están signadas por el espionaje, la infiltración y testigos de las mismas fuerzas represivas, como lo hemos visto en la escandalosa detención de nuestro compañero y dirigente ferroviario Rubén "Pollo" Sobrero, hecha en base a "inteligencia" de la Policía Federal. Desde que asumieron los Kirchner en mayo de 2003, más de 1.800 personas (en su mayoría jóvenes pobres) fueron asesinadas por el aparato represivo del Estado por el llamado "gatillo fácil". Más temprano que tarde, los señalamientos del Frente de Izquierda se hicieron realidad, como también la necesidad de imponer un programa de los trabajadores y anticapitalista para enfrentar a la crisis del "modelo oficial". De cara a esa crisis, los Macri, por un lado, o los Binner, por el otro, no tienen un programa diferente al del gobierno: ajuste, impuestazos y ataque a los que se movilizan en defensa de sus reivindicaciones. Este 24 de Marzo, la Plaza debe ser de los que luchan y no de los que quieren utilizar la memoria para mantener el mismo orden social que impusieron los genocidas, legalizando la represión y el espionaje. Este 24, te invitamos a marchar en la columna del Frente de Izquierda: Cárcel a los asesinos de ayer y de hoy, y a sus cómplices civiles. Contra la ley antiterrorista y el espionaje oficial; por el desprocesamiento de todos los luchadores; por el juicio y la condena a todos los asesinos de Mariano Ferreyra. Por el juicio y castigo a los verdaderos responsables de la masacre de Once: comisión investigadora independiente, que se vaya TBA y por la reestatización de los trenes bajo control, gestión y administración de sus trabajadores y usuarios. Por un salario igual a la canasta familiar, por paritarios electos en asamblea, por el fin de las tercerizaciones; por la recuperación de nuestros sindicatos contra la burocracia y sus patotas. Para acabar con la minería a cielo abierto. Contra los tarifazos e impuestazos. ¡Basta de ajuste, saqueo, espionaje y represión! ¡30.000 compañeras y compañeros desaparecidos: PRESENTES!