Prensa Obrera N° 1213

A siete meses de la brutal represión que le costó la vida de cuatro personas en Libertador General San Martín (Ledesma), continúa el déficit habitacional para más de 50.000 familias jujeñas. La Legislatura votó, en agosto del año pasado, una ley de expropiación sobre 40 hectáreas del ingenio Ledesma, que resultaban insuficientes para las más de 1.400 familias que habían ocupado el predio conocido como "El triángulo". Fuera del conflicto en Libertador, las diferentes tomas acicateadas por punteros políticos fueron levantándose al calor de las promesas del ex gobierno de Barrionuevo. Hoy hay órdenes de desalojo de Fellner-Jenefes, los patrones que, este año, están en el Ejecutivo provincial. Al ultimátum gubernamental, anunciado en diciembre por declaraciones del vicegobernador Jenefes, sobre la imposibilidad de cumplimiento con el programa "un lote para cada familia", siguen los desalojos violentos (seis detenidos en la toma Los Perales) con la relocalización forzosa a tierras lejanas, al limite de la ciudad, harto insuficientes para todas las familias de las diversas tomas en San Salvador, descontando la posibilidad de ingreso de los inscriptos en compás de espera (unos 20 mil en Capital). La intención del gobierno de meter en un embudo (150 hectáreas) a la gente, con el argumento de criticidad o indigencia a miles de familias, evidencian la vieja practica punteril en la que ellos manejan la tranquera. En el interior, se registran tomas en menor medida en San Pedro, Perico y Palpalá, amenazadas con el desalojo. Las propias declaraciones de la cartera de Ordenamiento Territorial ponen coto a las aspiraciones de las familias trabajadoras. "Para ser beneficiarios de los lotes o viviendas hay que registrarse", pero las inscripciones ya cerraron, miles de jujeños han recorrido esta experiencia, confiados, hace más de 15 años en la mayoría de los casos, obteniendo los resultados conocidos. El fracaso del programa "un lote", parido como maniobra electoral, vino como parche para fogonear futuros conflictos de techo, donde el gobierno de Fellner no perdió oportunidad de armar negociados, como lo denuncian los medios locales, con la compra de de tierras. "La compra/venta irregular de terrenos de varios legisladores, funcionarios provinciales y jueces se asociaron para comprar un lote de 150 hectáreas por un poco más de 700 mil pesos y, a los 30 días, venderlo al gobierno por 30 millones de pesos" (El Expreso, 24/2). El Partido Obrero propone: declarar de utilidad pública los grandes terrenos de las ciudades para la construcción de viviendas populares, en base a la expropiación de los latifundios. Impuestos progresivos a las grandes ganancias, para la generación de puestos de trabajo en obra pública, en la que participen desocupados bajo convenio.

El jueves 29, los trabajadores de Ipesa resolvieron en asamblea y por unanimidad, un paro general que se extendió por varias horas para enfrentar la tentativa patronal de avasallar el régimen de francos compensatorios. Desde hace tiempo que la empresa viene otorgando sólo la mitad de los días que corresponde por ley para compensar las jornadas extras en domingo, sábados a la tarde o feriados; el resto de esos días, en algunos casos (para los salarios más bajos) se abonan y en otros directamente se pierden. La patronal reaccionó furiosa, amenazando con descuentos y exigiendo "que se levante el paro porque es ilegal"; personal jerárquico intentó intervenir en la asamblea, pero nada de esto amedrentó a los compañeros que obligaron a los "buches" a retirarse y se mantuvieron firmes hasta que la empresa cedió. Algunos propusieron que se formalizara la denuncia -y el acuerdo- en el ministerio, pero como el sindicato nunca apareció por el taller se terminó firmando un acta interna que puntualiza cómo y de qué manera se establecerán los compensatorios. La garantía de cumplimento será la fuerza de la organización interna que ha dado un salto importante. Dirigentes del Ipesa integran la Lista Naranja Gráfica, fueron parte de la movilización que disputó la asamblea general del gremio por la Junta Electoral y hoy Ipesa integra los primeros lugares en la Naranja-Bordó. ¡Adelante, compañeros!

En un reciente programa televisivo, Hugo Moyano declaró que le "cuesta creer" que Pedraza pudiera "dañar la vida de un ser humano" e instó a "dejar que la Justicia actúe y lo haga con responsabilidad en este tipo de casos" (www.minutouno.com.ar). A pesar del silencio que el secretario general de la CGT adoptó tras la detención de Pedraza y de las versiones que lo ubican conspirando intensamente para copar la Unión Ferroviaria, Moyano se cuida en salud, apuntando a reunir el apoyo de la burocracia sindical frente a los juicios que él mismo enfrenta. Cuando fue detenido "El Pollo" Sobrero, Moyano lamentó "la cantidad de sindicalistas presos bajo un gobierno peronista", colocando un signo igual entre Sobrero y los Zanola, los Pedraza y los Venegas, acusados por todo tipo de desfalcos y crímenes contra los trabajadores. Moyano cenó con Pedraza la noche anterior al arresto del burócrata ferroviario (El Cronista Comercial, 23/2/11), esto es cuatro meses después del asesinato de Mariano.

-Exclusivo de internet En la provincia de Córdoba, sobre todo en la ciudad capital, se está desenvolviendo una verdadera crisis energética. Los meses de verano han sido un calvario para los vecinos de Córdoba. El calor, los temporales, el uso excesivo de aire acondicionado, son algunas de las excusas que los voceros de prensa de la Epec disparan casi a diario para justificar la salida permanente de generadores y transformadores de servicios. También fue el argumento para justificar una suba en la tarifa eléctrica de más del 28% - sin contar el tarifazo que vendrá a partir de la quita de los subsidios nacionales, que colocará la boleta más baja en 350 pesos. De La Sota, que en dos meses de gestión se ha convertido en un fiel discípulo de CFK en materia de ajuste y de leyes represivas - amenazó con modificar el Código de Faltas para penar las protestas "violentas" - quiere enfrentar esta crisis atacando las conquistas de los trabajadores lucifuercistas y desprenderse del patrimonio de la Epec, con el reciente anuncio de una posible transferencia a la Nación de la Central de Pilar. Antecedentes La Central de Pilar va a pasar a la historia como uno de los negociados más escandalosos de la historia, en materia energética. Bajo la batuta de De Vido y del PJ cordobés, la obra de repotenciación de la Central de Pilar, para transformarla en una generadora de ciclo combinado, fue adjudicada al único oferente que se presentó a la licitación: la UTE conformada por Electroingeniería y Siemens. La obra tuvo un costo de 1.800 millones de pesos, es decir, a un precio de 1.156 dólares el Kw instalado, cuando el precio de referencia es de 700 dólares. La propia Electroingeniería llevó a cabo dos obras en Santa Fe, cotizando 690 dólares el Kw instalado. ¡Un sobreprecio del orden del 70%. No es casual que funcionarios de Siemens estén siendo investigados en Alemania por el pago de coimas en la Argentina por 4,7 millones de dólares, donde estarían los sobreprecios cotizados por las turbinas utilizadas en la obra y que fueron aportadas por la empresa alemana. La obra fue financiada con fondos de la Anses a cambio de un Bono emitido por la empresa cordobesa de energía por 565 millones de dólares a 8 años con un interés anual del 12,5%. A este enorme negociado hay que sumarle, que recientemente Electroingeniería quedó a cargo de la obra de mantenimiento de la Central de Pilar por 1.350 millones de pesos por 9 años. Los De Vido boy's De la Sota ha anunciado su intención de transferir la Central de Pilar a la nación, ante la imposibilidad de hacer frente al pago de la cuota parte correspondiente al bono emitido, que este año sería de 130 millones de pesos. El traspaso de la central es a todas luces un enorme negociado a favor de la constelación de empresas energéticas capitaneadas por De Vido, donde una de sus estrellas más fulgurantes es la propia Electroingeniería, quien podría quedar como operadora de la central de Pilar. Por el lado de De la Sota, más de una década después de intentar desguazar a Epec mediante la "Ley Bodega", hoy avanza de mano de los negociados K. Se impone la reestatización de las privatizadas de energía, bajo control de los trabajadores. No al desguace de la Epec, colocar la empresa de energía de Córdoba bajo control de los trabajadores.

Entrevistamos a Karen, una de las trabajadoras despedidas de AGM, gran taller gráfico propiedad del presidente de la cámara patronal, que lucha por su organización. La Agrupación Naranja ha realizado actos en puerta de fábrica, ha sacado volantes proponiendo un curso de acción y organiza la lucha de los despedidos. -¿Cómo son las condiciones de trabajo en AGM? -Deplorables, trabajamos en galpones enormes, donde en verano ponían cinco ventiladores para todo el lugar. En invierno te tenías que llevar tu estufa sin contar que ellos no te suministraban ropa de trabajo abrigada. Los dispenser de agua sólo tenían agua caliente, en verano nos llevábamos el hielo para poder estar hidratadas correspondientemente. En los baños, muchas veces faltaba el papel higiénico y el jabón, por varios días. Esto sobre todo en el sector femenino, en los sectores masculinos no pasaba en general. No contábamos con los materiales necesarios para trabajar. Así eran las condiciones, sin contar el maltrato al personal. Por otro lado, se trabajan doce horas, con turnos rotativos (o sea que las mujeres trabajan de noche, lo que está prohibido) con horas extras que se pagan en negro. Tampoco se respetan las categorías ni el ascenso por antigüedad, sobre todo en el caso de las mujeres. ¿Cuándo y por qué se producen los despidos? -Los despidos comienzan el 17 de noviembre, dos días después de que un grupo de 14 chicas presentan la lista para afiliarse. Obvio que las dos chicas despedidas en esta fecha son parte de esta lista. El 12 de diciembre despiden a dos compañeras más de la misma lista. El 10 de enero, nuevamente se despide a dos chicas, pero de una primera lista de afiliadas de cuatro personas, al día siguiente otra compañera, y una semana después un compañero presenta las planillas de afiliación a la empresa y lo despiden. Creo que el motivo es más que obvio: la afiliación al sindicato. Toda posibilidad de organización en la empresa fue castigada por la patronal. -¿Cuál fue la respuesta del sindicato y la empresa ante el pedido de reincorporación? -¿La respuesta ante los despidos? En la gran mayoría la empresa sólo puso la excusa de reestructuración empresarial. Sólo en dos casos presentó una causal de despidos y el sindicato sólo asesoró con respecto a las indemnizaciones. No realizó ningún tipo de denuncia ni tampoco intentó tomar los casos para una lucha por reincorporación. -¿Cómo evaluás el resultado de su lucha, hasta ahora? -Bueno, creo que los resultados de esta lucha por el momento fueron la intervención del sindicato en la planta, la posible elección de delegados y la afiliación masiva. Digo posible porque todavía ninguna de las dos cosas están realizadas. También estamos seguras que esta lucha logró parar despidos por el momento. Y esperamos que también logre que los trabajadores de AGM se puedan unir y perder el miedo ante esta patronal explotadora.

El encuentro entre Barack Obama y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, estuvo precedido por una infatigable campaña del lobby sionista para ganar el apoyo de Estados Unidos a un ataque contra las instalaciones nucleares de Irán. La conveniencia y oportunidad de este ataque se discute todos los días en los establishments políticos y militares de Estados Unidos e Israel. El sionismo ya atacó instalaciones de ese tipo en Irak y en Siria. Se estima que debería desplegar cien aviones y una estructura bélica de apoyo para consumar el ataque. Arabia Saudita y Qatar son también puntas de lanza en favor de la agresión. La llamada 'comunidad internacional' viene desarrollando un bloqueo financiero y comercial contra Irán -una antesala para un ataque combinado de los sionistas y sus tutores imperialistas. La 'amenaza nuclear' de Irán es un mito. En primer lugar, porque el arsenal atómico israelí es de tal magnitud que podría replicar con un ataque devastador a cualquier intento militar en su contra. Israel se encuentra afuera de cualquier control internacional y no ha firmado el tratado de no proliferación. El argumento para tolerar semejante arbitrariedad es que Israel, en cuanto 'democracia', sólo usaría su arsenal como arma de defensa; en tanto que Irán, potencia 'fundamentalista', solamente podría tener ambiciones agresivas. Israel, sin embargo, ha protagonizado varias guerras agresivas (ocupó el sur de Líbano durante varios años, luego de haber llevado la guerra a Beirut), las cuales le han rendido una expansión territorial. Además, está dedicado a la 'limpieza étnica' de palestinos. Irán, en cambo, sufrió una guerra terrible con Irak, instigada por Estados Unidos, aunque en aquella oportunidad Israel instigó a los iraníes, en tanto que persas, contra Saddam Hussein, en tanto que árabe. Irán, asimismo, ha colaborado con la ocupación norteamericana de Afganistán y luego de Irak; además, acaba de suscribir un acuerdo político con los gobiernos pro-yanquis de Pakistán y Afganistán. Todos los especialistas coinciden en que Irán controlará el ciclo de producción nuclear, pero que no tiene ni la remota posibilidad de convertirse en un país atómico -como sí lo son, en cambio, Israel, Pakistán y la India. Israel apoyó la conversión de Irán en un país nuclear hasta 1979, cuando gobernaba el Sha, que tenía esa intención. Lo rechazó desde entonces como un pretexto para liquidar lo que interpretó, primero, como una potencia revolucionaria y, luego, como una potencia que cuestionaría su hegemonía militar en el Medio Oriente y el Cuerno de Africa (Etiopía, Eritrea y el este africano). Ahora hay un valor agregado: la revolución en los países árabes, que se ha llevado puestos a gobiernos aliados del sionismo. En Egipto, Israel es el principal respaldo de la Junta Militar, que pretende mantener todas sus prerrogativas políticas y económicas en el régimen post Mubarak. Israel hubiera podido, más que nadie, desestabilizar el régimen sirio en el marco de la sublevación que enfrentó a la dictadura de El Assad; sin embargo, se ha cuidado de no hacerlo, porque tiene un pacto no escrito de 'estabilidad regional' con el gobierno sirio. El establishment yanqui frente a la guerra Los analistas que niegan la posibilidad de un ataque contra Irán -porque 'incendiaría' el Medio Oriente o porque provocaría una reacción adversa de gobiernos supuestamente afines a los ayatollas iraníes (como sería el caso de Irak)- operan sobre la base de una falacia que haría inexplicables las guerras, que siempre 'incendian' el tablero internacional y desatan catástrofes políticas y sociales. El boicot que Obama impulsa contra Irán es un factor de guerra disfrazado de recurso a procedimientos 'pacíficos', porque apunta a debilitar al país cuya rendición política pretende. El ex secretario de Seguridad del presidente Carter señala que Obama debería poner un límite a Israel si Estados Unidos quiere obligar a Irán a aceptar un acuerdo político -pero no es lo que ocurre. Un sector del 'establishment' norteamericano observa con inquietud la posibilidad de una guerra, luego de lo que ha ocurrido en Irak y Afganistán, y espera que no se produzca, porque perjudicaría las posibilidades electorales de Obama. La cuestión de una agresión militar contra Irán divide a la burguesía norteamericana por otra razón, de peso aún mayor. Es que ella sería considerada por China, luego de lo ocurrido en Libia, como un intento de monopolizar el petróleo para condicionar el abastecimiento de los chinos, que son los principales importadores de Irán. Obama ha rediseñado la estrategia militar norteamericana, en ocasión de la aprobación del presupuesto militar, en dirección a China y Asia, desplazando a Rusia como 'hipótesis de conflicto'. China ha sido desplazada, precisamente, de Libia, luego de la victoria militar de la Otan. Un sector mayoritario de la burguesía norteamericana considera prematuro detonar una guerra comercial y financiera con China. Obama, según los analistas, se estaría oponiendo a un ataque unilateral de Israel en un período electoral. Sin embargo, ese ataque podría producir las condiciones de tensión para forzar a los iraníes a un acuerdo y permitir que el gobierno sionista cumpla sus 'promesas' frente a las presiones internas. En Israel hubo movilizaciones multitudinarias en respuesta a la crisis social, que el régimen está acallando mediante un fuerte programa de entrenamiento de la población para la protección en caso de guerra. Aunque Obama ha dicho, nada menos que en una conferencia del Comité Estadounidense-israelí de Asuntos Públicos (AIPAC), que "el palabrerío sobre la guerra (que) sólo ha beneficiado al gobierno iraní, elevando el precio del petróleo del cual depende para financiar su programa nuclear", otros aseguran que 'el mercado' ya ha descontado un aumento del precio del petróleo en el caso de que la guerra sea breve. La consigna sería, entonces, un ataque 'relámpago', que ni remotamente destruiría las instalaciones iraníes, pero serviría para un desenlace político, aunque sea parcial. Obama podría dejar hacer a Tel Aviv con el objetivo de intervenir posteriormente y condicionar lo que emerja de ese ataque 'preventivo', en el cuadro de los realineamientos que fuerza la revolución en los países árabes. No es la bomba nuclear, es la crisis La motivación de un ataque sionista es golpear a la revolución árabe y poder intervenir en la crisis política abierta por ella en los principales países de la región. Los Hermanos Musulmanes, que aparecen como los principales beneficiarios de esa revolución, son vistos como adversarios por el sionismo, a pesar de la política contrarrevolucionaria que desarrollan. Se trata, asimismo, de un medio para forzar una salida al 'vacío político' que crea el retiro forzado de las fuerzas armadas norteamericanas en Medio Oriente. Obama está convocando nada menos que a los talibanes para formar un gobierno coaligado en Afganistán. Las monarquías del Golfo también observan con preocupación el retroceso de sus posiciones en la región, lo cual podría derivar en un estallido social en sus propios países -como sucedió en Bahrein. Por esta razón, Qatar y Arabia Saudita son el principal apoyo de Israel en su campaña contra Irán. En este cuadro entra Turquía. Ankara avanzó con inversiones en la región semi-autónoma del Kurdistán en el norte de Irak, rica en yacimientos petrolíferos. Una cooptación del gobierno kurdo sirve a Turquía para la represión del movimiento nacional kurdo en su territorio. Asimismo, "Israel le vendió 1.600 millones de dólares en armas, entre ellas aviones de ataque sin piloto, a Azerbaiján, un acaudalado Estado petrolero en el Cáucaso Sur (...) El régimen azerí es un aliado absoluto de Turquía, país con el cual comparte tanto el idioma como una antipatía creciente hacia Irán, el enemigo jurado de Israel" (Clarín, 3/3). El sionismo ha buscado siempre utilizar el nacionalismo kurdo contra el nacionalismo árabe. La colonización sionista En este marco, un reciente informe en el Financial Times revela los cálculos sionistas sobre las consecuencias que tendría en Israel una represalia iraní. Las minimiza en función de la capacidad defensiva de sus escudos antimisiles y porque apuesta a que la respuesta de Irán será mitigada, ya que estaría interesado en evitar la extensión temporal de la guerra -o sea, que no pase de un episodio aislado. A la crisis política que vive el régimen iraní, el sionismo agrega que sus principales aliados en la región estarían incapacitados para intervenir: el gobierno sirio vive su propio derrumbe, mientras Hezbollah, que gobierna Líbano, no está interesado en una confrontación militar. Un escenario bélico, por otra parte, permitiría al sionismo instaurar una militarización de la población; éste está dispuesto a convertir a Israel en un gueto y someter al pueblo judío a la experiencia de la guerra, la muerte y la masacre. El régimen israelí aprovecharía esta situación para avanzar de forma brutal en la colonización sionista del territorio palestino -la que viene desarrollando aceleradamente- mediante expulsiones en masa. El sionismo, la corriente que se presentó como el garante de la subsistencia y bienestar del pueblo judío, agota su recorrido histórico, convirtiendo al Estado de Israel en un nuevo gueto militarizado. Es necesaria una movilización revolucionaria para impedir esta guerra, o sea que derroque a los regímenes reaccionarios que la apoyan. En todo caso, la agresión militar llevará, más temprano que tarde, a una profundización de la revolución que han iniciado las masas árabes.

Como ocurre a lo largo y a lo ancho de Europa, el gobierno derechista de Portugal ha lanzado un fuerte plan de "austeridad" y una reforma laboral flexibilizadora, en línea con lo reclamado por la llamada "troika" compuesta por el Banco Central Europeo, el FMI y la Unión Europea. Los desastrosos resultados que está provocando el plan de ajuste han abierto una crisis política, con amplios sectores de la oposición y la patronal que reclaman una 'renegociación' de las condiciones impuestas por la troika. El máximo líder de la cámara patronal advirtió que el país corre riesgo de "colapsar" (Financial Times, 22/2). Al mismo reclamo se ha sumado la CGTP, central sindical orientada por el Partido Comunista, que convoca a una huelga general para el distante 22 de marzo. El secretario general, Arménio Carlos, se reunió con los delegados de la troika que llegaron al país para plantear, entre otras cosas, la necesidad de "aumentar los montos del plan de rescate". "La dinamización del sector productivo, para reducir las importaciones y la deuda, la promoción del empleo de calidad y el combate de la precariedad y una nueva política de ingresos que asegure el desarrollo económico son algunas de las propuestas de la CGTP para la reunión" (Agencia Lusa, 23/2). El manifiesto que convoca a la huelga plantea la necesidad de "un cambio de política", que impulse "la renegociación de la deuda (plazos, intereses, montos) y el alargamiento del período para la reducción del déficit", además de "la adopción de una política que promueva el crecimiento económico, la inversión y la dinamización del sector productivo". Esto ocurre a menos de un mes del XII Congreso de la CGTP. La llegada de Arménio Carlos a la secretaría general de la CGTP fue vista como un giro a la izquierda. La presencia mediática del PC y la CGTP como principales referentes de la oposición por izquierda va paralela a la crisis del Bloco de Esquerda, un frente integrado, entre otros, por la IV Internacional oficial (a la que acaba de adherir, con gran sentido de la oportunidad, el MST de Argentina), que pasó de un 9,8% en las elecciones legislativas de 2009 a 5,17% el año pasado y perdió la mitad de sus legisladores. El Bloco señala que está "en sintonía" con los reclamos de la CGTP y que es necesaria una "renegociación" de la deuda. João Semedo, diputado del Bloco, participó en una reunión de los delegados de la troika con diferentes bloques parlamentarios, mientras Francisco Louça, ex candidato presidencial del Bloco y dirigente histórico del mandelismo, planteó que "es indispensable que el país responda a las dificultades económicas con producción, con responsabilidad, con la protección de la agricultura" (Esquerda.net, 12/2).

Ha estallado una profunda crisis entre el monopólico Grupo Plaza y la intendencia de Bahía Blanca, la que ha concluido con la caducidad del contrato firmado con la empresa de los hermanos Cirigliano. El decreto de caducidad fue votado a favor por el FpV, el GEN-FAP y el PRO. La UCR e Integración Ciudadana (frente "vecinalista" en el que milita el PC) votaron en contra. Plaza y su empresa apéndice, Mayo, manejan 12 de las 16 líneas que circulan por la ciudad (el 76% de la oferta disponible), dando un pésimo servicio, apretando a sus propios choferes con una enorme flexibilización laboral y, además, exigiéndole al municipio condiciones leoninas para reformar un contrato que tiene establecido con la comuna reduciendo servicios y frecuencias. Plaza ha violado sistemáticamente las condiciones del servicio, pero estas reducciones de la prestación no conforman al pulpo, el cual exige el aumento del boleto y no quiere invertir un peso. El intendente de Bahía Blanca habla hasta de "la incautación de unidades por dos años y la puesta en marcha de un servicio municipal consensuado con la oposición y con el gremio que agrupa a los choferes" (La Nueva Provincia), como la respuesta frente a un eventual desacato, por parte de la empresa. El fondo del problema es la actualización del cuadro tarifario, la posible incorporación al Sistema Unico de Boleto Electrónico (Sube), la situación laboral de los choferes, mecánicos y administrativos, el estado del material rodante disponible y, fundamentalmente, la merma de subsidios millonarios que recibirá el grupo. El grupo Plaza viene retaceando inversiones desde que se empezó a hablar del quite de los subsidios. Sus principales conflictos se han situando en aquellas empresas donde los trabajadores, al margen de las decisiones tanto de la burocracia de la UTA como de la Unión Ferroviaria, han luchado para defender las condiciones de trabajo de choferes y ferroviarios. Pero la desinversión de hecho viola todas normas de seguridad, como lo demuestran el verdadero asesinato de la estación Flores (con barreras que no funcionan) y las decenas de accidentes en Ecotrans por el pésimo estado de los vehículos. El contrato con el municipio fue un fabuloso negociado de la misma administración actual, con Breitenstein como intendente, que le entregó el trasporte al grupo como salida al derrumbe del servicio que daban empresas locales. Ahora el negociado se cierra por la propia crisis abierta con los subsidios. Los mismos que impulsaban los acuerdos con Plaza hoy son los que los quieren anular. La caducidad del contrato del grupo Plaza en Bahía exige una reflexión sobre grupos como Plaza o Dota, los que han hundido decenas de líneas y se han quedado con el 80% de los subsidios del transporte. Es necesario expropiarlos, que pasen a manos del Estado y que estén bajo control de los trabajadores. Este sería el único procedimiento correcto para terminar con la estafa de estos verdaderos saqueadores y con las increíbles penurias de miles de usuarios por la política de estos verdaderos explotadores.

Después de tres años de litigio, la Justicia ordenó la reinstalación de Cristian Tonarelli, uno de los principales activistas de Empleados de Comercio de Rosario. Cristian, junto a un grupo de compañeros de la Agrupación Resistencia Mercantil, desarrollaron una sistemática lucha contra la patronal para detener los despidos y el conjunto de los atropellos en los Coto. En 2008, ante siete despidos en la sucursal 99 realizaron una lucha histórica en el gremio, de 80 días, instalando una carpa en la puerta de Coto, con movilizaciones, bloqueos y actos con decenas de comisiones internas. A partir de esa gran lucha se eligieron delegados en todos los establecimientos y se comenzó a frenar una política instalada desde siempre por la patronal de Coto de producir despidos casi mensuales, mediante métodos de terrorismo patronal. La lucha a partir de esa resistencia se tornó feroz. Despiden ilegalmente a todos los posibles candidatos de Resistencia Mercantil frente a las elecciones en las sucursales, trasladan a las sucursales más combativas tropa de la burocracia. Mediante el fraude, ganan varias sucursales. En 2009, se produce el despido de Cristian. Los paros y movilizaciones por la reincorporación chocaron con la abierta complicidad de la dirección del gremio. En una de las audiencias claves por la reincorporación, Cristian se encadenó en el mismo Ministerio de Trabajo acompañado de varias internas de lucha. Un hecho que tuvo una enorme repercusión provincial. La empresa, a medida que se acercaba la definición del fallo, fue ofreciendo cifras siderales al compañero por un "arreglo" que llegaba casi al millón de pesos. Pero lo que estaba en juego no era el dinero sino la oportunidad histórica para los trabajadores mercantiles de quebrar una política patronal. No todo se compra. La empresa apelará el fallo, pero hay amplia jurisprudencia favorable. Los excelentes defensores de Cristian van por más. Exigen no sólo la reinstalación, sino el pago del daño moral por tres años ilegalmente fuera de la empresa. La reinstalación de Cristian es el comienzo del quiebre de la impunidad de Coto y una oportunidad enorme para el reagrupamiento clasista de los mercantiles.

Entre las docentes y las mujeres que luchan contra la trata y contra la impunidad del Estado de la provincia de Córdoba, circula profusamente este comunicado del frente de Artistas del PO, inspirado en las luchas que tienen por protagonistas a las mujeres, que de esta forma rinden homenaje al Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Cuando Susana Trimarco declara ante el tribunal por la desaparición de su hija, Marita Verón, a manos de los tratantes de prostitución, y devela la trama del Estado detrás de la tela de araña de los prostíbulos, es una maestra. Cuando Elsa Rodríguez resiste desde una silla de ruedas donde la dejaron postrada los balazos que asesinaron también a Mariano Ferreyra y, en esa misma silla, asiste a la marcha por el juicio y castigo a los responsables de ese asesinato y de su discapacidad, es una maestra. Cuando las mujeres de Famatina, Andalgalá, La Alumbrera, Esquel y tantos otros yacimientos se enfrentan a los monopolios mineros y a la ley antiterrorista del gobierno K, son maestras. Cuando las mujeres campesinas de Santiago del Estero, Chaco, La Rioja, Misiones, Santa Cruz (y cuanta provincia quepa en nuestra geografía) se enfrentan al desalojo de tierras para plantar soja y otras commodities, pagando con la sangre de sus hijos ese heroísmo, son maestras. Cuando día tras día una mujer que percibe la cuarta o quinta parte de una canasta familiar se las arregla para dar de comer a sus hijos, conservar su salud y hasta quizás enviarlo a una escuela, es una maestra. Cuando una joven aborta a riesgo de su vida, porque su pobreza no la protege de las leyes que le imponen el Estado y la Iglesia, ni aunque haya sido víctima de violación o incluso discapacitada, es una maestra. Cuando una mujer que iba a trabajar pierde la vida o la salud en un tren urbano, que usufructúan los que viajan en aviones a entregar los recursos y los dineros de nuestro país a sus socios extranjeros, es una maestra. La única que no es maestra es la que se sienta a tomar el té con sus amigas en vez de visitar a las víctimas de sus negociados. La única que no puede enseñar nada es la que no actúa desde el Estado y el gobierno a favor de las mujeres de su pueblo, sino de sus explotadores y opresores. Esa "no merece llamarse mujer". Las maestras de todo nuestro país están pidiendo un aumento de salarios que cubra sus necesidades, pero las señoras K prefieren despreciar su tarea que restarle un solo peso a la fortuna de los empresarios nacionales y populares. ¡Inmediato aumento del 30% al salario docente! Por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, a cargo de los hospitales del Estado. Por la estatización del sistema ferroviario urbano e interurbano, bajo control de trabajadores y usuarios. Cárcel a los tratantes de la prostitución infantil y adulta. Juicio y castigo a los responsables de los asesinatos de luchadores sociales, mujeres y varones.

La cuestión siria continúa en el limbo. Mientras el régimen de Al Assad ha acrecentado la brutal masacre sobre la población, el imperialismo aún debate qué salida tomar. En primer lugar, si una intervención militar tendrá lugar antes en Siria o en Irán. Si atacaran Siria, no podrían involucrarse en una avanzada militar contra Irán. De la misma forma, si se atacara primero a Teherán, se allanaría el camino para que Al Assad lleve a fondo su masacre -es decir que un ataque a Irán preservaría al régimen del sirio. El huevo y la gallina, ¿qué viene primero? Luego del veto de Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU y del fracaso del operativo de la Liga Arabe para abrir una mesa de negociación, se realizó en Túnez una reunión para discutir los pasos a seguir. El representante del Consejo Nacional Sirio, Bassma Kodmani, reivindicó "la creación de 'tres pasillos humanitarios' para poder hacer llegar alimentos y medicamentos a las tres ciudades más castigadas por el régimen por ser los principales focos de la rebelión: Homs, Idleb y Deraa. A la primera se llegaría desde Líbano, a la segunda desde Turquía y a la tercera desde Jordania" (El País, 22/2). Los "pasillos humanitarios" serían el puntapié de una intervención militar: la ONU podría formar una fuerza encargada de garantizar el transporte de la ayuda "humanitaria", etc. Sin embargo, Siria es un país extenso, que supera en diez veces la población de Libia. Un escenario de guerra produciría una catástrofe humanitaria aún mayor.

En la provincia se está prefigurando un gobierno bicéfalo. El operativo "vaciamiento", con un Mariotto que se mueve como virtual gobernador paralelo, abrió una crisis política que fragmenta al Estado provincial, adelanta tempranamente la lucha por la sucesión y los divide para llevar adelante lo que los une: el ajuste. El choque entre Scioli y el "cristinismo" tiene virtualmente paralizada a la Legislatura, donde Mariotto y sus aliados de La Cámpora conquistaron posiciones clave en ambas cámaras. El sciolismo no ha podido sacar adelante la "ley de regionalización", a la que considera clave para su armado territorial y su relación directa con los intendentes. La ley en cuestión -resistida por el kichnerismo- establece una zonificación y agrupamiento de comunas por regiones, bajo la dirección y supervisión de representantes del Ejecutivo provincial. Es, además, la llave para el usufructo de los negocios con los capitalistas y oligarquías de la provincia. Para romper el cerco cristinista, Scioli se habría reunido con De Narváez y estaría negociando las condiciones para colar una nómina de diputados propios en las listas del "Colorado" para las elecciones de 2013. Así, buscaría equilibrar la ofensiva del kichnerismo al poner un huevo en la canasta del oficialismo y otro en la canasta de la "oposición". Las negociaciones con De Narváez son, además, un puente siempre abierto con el macrismo. El partido de fútbol no fue en vano. La disputa se extiende al PJ provincial después de la renuncia de Moyano y del fracaso de Scioli para que el camionero vuelva atrás. La nueva presidenta del PJ de la provincia de Buenos Aires es Cristina Alvarez Guerrero, considerada por muchos como una suerte de "caballo de Troya" del kirchnerismo en el gabinete sciolista. En cualquier caso, Cristina ha convertido a la provincia en un campo de batalla que compromete a todos los aparatos y, en primer lugar, a las "fuerzas de seguridad", que son la columna vertebral represiva del Estado. Sabbatella, de Nuevo Encuentro, ha terminado como furgón de cola de Mariotto, integrándose al Frente para la Victoria -lo cual ya le ha valido algunas fugas en el Suteba. La crisis política provincial tiene como eje público el cuestionamiento del kichnerismo a las "reformas policiales" que impulsa Scioli, las que el gobernador apuró para contener la arremetida de Cristina y Garré contra el ministro Casal. Desde luego, el Proyecto X asestó un golpe a la "militancia" bonaerense de la "seguridad democrática". Después de haberse opuesto a la creación de la "policía comunal" para los distritos grandes, el kirchnerismo mudó 180° y tiene ahora su propio proyecto para golpear a Casal (y a Scioli) quitándole el manejo directo de la policía. A cargo del Ministerio de Seguridad quedarían sólo Infantería y el Grupo Halcón, mientras el resto de lo que es hoy la Bonaerense pasaría a manos de las intendencias, bajo el control directo de los jefes comunales. Los K pretenden, por esta vía, asociarse a la Bonaerense. Con este proyecto, el kirchnerismo volvió sobre sus pasos después de haber criticado la pretensión de Scioli de entregarle la policía al "voluble" aparato pejotista que proviene del duhaldismo. La "transferencia", ya sea en la versión K o en la de Scioli, no democratiza nada, todo lo contrario: feudaliza la podrida Bonaerense y la vuelve más incontrolable. El secreto del giro sería quién maneja la caja para financiar esas policías de los Othacehé, Cariglino y compañía. Así, el reforzamiento del poder de los barones, que amparan la cartelizada Bonaerense, dependería de una caja nacional ante un Scioli al que le cortan el chorro. En los distritos chicos, donde funciona la policía comunal, la mafia policial sigue viento en popa. En la pelea se ha metido ahora De Petris,quien ha ofrecido cooperativas truchas en los municipios en lugar de Covelia y otras empresas con convenio camionero para "abaratar el costo laboral". Otra gran patriada "progresista", como se ve. Por lo pronto, así de divididos gubernamentalmente en torno de los aparatos represivos y en torno de leyes del ajuste, tienen que enfrentar la creciente rebelión docente y estatal. Hay que reforzar esas luchas y la alternativa política del Frente de Izquierda ante un gobierno que se hunde.

Las asambleas del Mitre y del Sarmiento del miércoles 29 de febrero votaron la marcha unitaria del 3 de marzo y el inicio de una campaña por la reestatización de los ferrocarriles bajo control obrero, y el juicio y castigo a los responsables de la masacre de Once. Con la presencia de más de 300 compañeros la primera y alrededor de 600 la segunda, se trata de las asambleas más numerosas de los últimos tiempos. La asamblea del Sarmiento tenía dos puntos: paritarias e intervención de la empresa TBA. Del primer punto ni se habló: la respuesta obrera ante la catástrofe de Once se tragó el temario, con justos motivos. Un miembro de la burocracia de la UF, Rodríguez, intentó conjurar todo movimiento diciendo que la intervención garantizó que no habría despidos. La asamblea corrió por otros carriles. La presión obrera obligó a Rodríguez a poner a votación el planteo. La propuesta de salida a la crisis ferroviaria: ‘Reestatización del ferrocarril bajo control obrero y de los usuarios y organizaciones sociales en el Mitre, el Sarmiento y demás líneas ferroviarias' fue votada por unanimidad. También se levantaron las manos para votar a favor de una campaña con los usuarios para alentar la movilización del viernes 2 a Plaza de Mayo'. Para la asamblea del Sarmiento, editamos un volante de Causa Ferroviaria Mariano Ferreyra, que planteaba "juicio y castigo a los responsables de esta masacre, despido de Schiavi y Luna, fuera TBA y todos los concesionarios y votar en asamblea un paro activo para realizar una gran movilización". Esa posición fue defendida por varios oradores, entre los cuales estuvieron nuestro compañero Ricardo Torres y el compañero Paul Quelle, de la Violeta. La moción no fue puesta en consideración para la votación final y fue resistida por algunos delegados. Mónica planteó que "un paro amenazaría los puestos de trabajo", lo cual Sobrero expresó de otro modo: "Paramos si se produce algún despido". Nosotros consideramos fundamental la defensa de las condiciones de seguridad del servicio con los métodos de acción gremial. Pero la función principal del paro era lograr una movilización obrera masiva, garantizando la intervención colectiva de los trabajadores para romper los operativos de impunidad que arman TBA, el gobierno y la Justicia para descargar toda responsabilidad en el conductor del tren. Complementariamente, el veto de los ferroviarios de los talleres a toda formación que la patronal quiera sacar a la línea sin cumplir las condiciones de seguridad elementales es el primer paso para un control obrero del servicio. Tampoco comprendemos la encendida defensa que Reinoso, el delegado de IS, hizo de la "nacionalización de los ferrocarriles de Perón", quien compró instalaciones y material obsoleto en época de declive del transporte ferroviario a precio sobrevaluado. Desde entonces, el peronismo desarrolló una amplia demagogia para someter a los trabajadores al gerenciamiento estatal que profundizó el deterioro del servicio, el manejo discrecional de gerentes políticos y contratistas, sin que los trabajadores tuvieran control alguno sobre el destino de los ferrocarriles. Ningún intento de seducir rupturas en el oficialismo justifica introducir tamaña confusión en el activismo que busca un rumbo antiburocrático para el sindicato y la gestión obrera de los ferrocarriles. Otro aspecto clave de la lucha planteada, es asociarla al Juicio Ya a Pedraza, sus cómplices, la policía y Ugofe, todos responsables del crimen de Mariano Ferreyra, y hoy parte integral de los responsables de la tragedia de Once. Cuando reclamamos Fuera Schiavi y fuera Luna (subsecretario de Transporte Ferroviario y hombre de La Fraternidad) apuntamos a la trilogía concesionarios, burocracia sindical y gobierno. Para continuar una gran campaña por el juicio y castigo a los responsables del crimen de Once y por la reestatización de los ferrocarriles, luego de la movilización del viernes 3, proponemos profundizar la movilización obrera y de familiares con este programa, impulsando el movimiento asambleario en todas las líneas ferroviarias.

El paro nacional de Ctera fue masivo en todo el país, incluyendo las provincias en las que formalmente está cerrado el acuerdo salarial. Como ejemplo de ello, en Salta el paro superó el 90%; en Neuquén fue de más del 80% y lo mismo ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires -lo que es una demostración de que allí donde la dirección oficial de Ctera firmó un acuerdo, éste fue rechazado por las bases docentes. En Catamarca, el rechazo asumió el carácter de un paro autoconvocado de brazos caídos. En Santa Fe, el paro fue total y los docentes repudiaron el frente único armado por el gobernador socialista del FAP, Bonfatti, quien hizo causa común con CFK en el ataque a la docencia. La contundencia de la jornada nacional de huelga fue reforzada por masivas movilizaciones, a pesar de que Ctera se negó a realizar concentración alguna. En Tucumán, marcharon más de 3.000 docentes autoconvocados; alrededor de 2.000 se movilizaron en Neuquén, reunidos por las diez seccionales opositoras de esa provincia; en Córdoba, una movilización autoconvocada de 1.000 trabajadores de la educación ocupó las principales calles de la ciudad capital En la Capital Federal más de 2.000 compañeros de Ademys, de la AGD-Uba y de los Suteba La Plata Legítimo, Escobar, así como de decenas de distritos bonaerenses, acompañados por estudiantes de la Fuba, realizaron una gran marcha por la ciudad, que concluyó en un acto de fuerte repercusión frente al Palacio Pizzurno. El imponente paro y las movilizaciones de abajo fueron la mejor respuesta al discurso presidencial y al decretazo antiparitario de Sileoni, el que canceló toda discusión y abrió un grave antecedente para el movimiento obrero en su conjunto. Frente al ministerio de Sileoni, exigimos paritarias libres, 4.000 pesos de salario básico y defensa del Estatuto Docente, atacado por la Presidenta en la apertura legislativa. A la dirección de Ctera le reclamamos un Congreso de Bases de la docencia y plenarios de delegados con mandato en todas las provincias para que resuelvan un plan de lucha hasta obtener los reclamos. Para impulsar esta perspectiva, el 10 de marzo se realizará, en la provincia de Neuquén, un Encuentro Nacional Docente convocado por diez seccionales combativas de Aten. Se ha abierto una nueva etapa al interior del gremio docente de Ctera.

Hay en desarrollo una crisis en el alto mando israelí. Son las derivaciones del llamado "caso Harpaz". El jefe del Estado Mayor, el comandante Gabi Ashkenazi, calificado como 'subversivo' por un informe del Controlador, intentó torpedear la designación del general Galant, como su sucesor, por parte del Ministerio de Defensa, con el concurso de un oficial de reserva de cuestionada reputación. Harpaz, ex coronel, fue detenido luego de haberse probado la difusión de documentos falsos de su parte. Lo más interesante en que Ashkenazi rechazó las acusaciones de intrigante contra él, asegurando que sus diferencias con el ministro de Defensa, Ehud Barak, eran de opinión, en un asunto militar de importancia. Ashkenazi se opone a un ataque militar a Irán. De cualquier modo, para el diario Haaretz, el ministro de Defensa de Israel "Ehud Barak, fracasó para supervisar el ejército" y la "seguridad de Israel ha sido confiada a una pandilla amateur de intrigantes". Estas intrigas tienen lugar cuando el primer ministro sionista, Netanyhau, se encuentra en Estados Unidos para sostener conversaciones con Obama. Según The Financial Times, "las diferencias entre los dos van más lejos que el tema Irán", porque abordan de un modo distinto el desarrollo de conjunto de la revolución en los países árabes. Israel no acepta concesiones para contener este proceso; al contrario: ha acentuado el desplazamiento de la población palestina y la colonización sionista de los territorios ocupados. También sabotea una negociación de paz. Obama "capituló" ante su equivalente sionista, dice Financial Times, en todos estos asuntos. Estados Unidos está retrocediendo en el Medio Oriente sería "un problema para toda la región, no solamente para Washington". El diario inglés forma parte de la cohorte que reclama que Obama 'ponga un límite' a Israel, para evitar el incendio de la región; asegura que ésta es la posición del alto mando militar norteamericano. El abismo entre ambos campos crece. Después de perder autoridad ante las fuerzas armadas de Egipto, aflora una disputa por las fuerzas armadas de Israel, las que también están divididas acerca del ataque a Irán. Irán es el terreno donde se dirimen estas disputas. Un ataque sionista sería el medio para verificar quién tiene la supremacía entre estos aliados inseparables. Ya ocurrió en ocasión del ataque anglo-francés-israelí contra Egipto, en 1956, y de nuevo en la llamada guerra de Kipur, en 1973. El 'pacifismo' de Obama se convertiría, de este modo, en una 'incitación' para que se concrete la agresión militar. Estados Unidos retornaría al centro de la situación, sobre el cadáver de otras miles de personas.

-Exclusivo de internet Desde hace seis meses, unos cien trabajadores de los casi doscientos del frigorífico Villa Olga -ex Siracusa- vienen reclamando por sus puestos de trabajo, dado el cese de operación del mismo, después de finalizado un contrato de exportación del corte kosher a Israel. Finalmente, tomaron la planta ante la falta de respuesta de la patronal y del Estado. Los accidentes de trabajo que le costaron la vida a dos obreros, se dieron en un marco de feroz precarización laboral. Se organizó una cooperativa trucha, regenteada por la contadora de la misma empresa, que implicó bajísimos salarios, trabajar enfermos o ser despedidos en forma totalmente arbitraria. A fin de año, la Municipalidad otorgó 2.500 -que no llegó a todos- y la promesa de una pronta reapertura de la planta y una faena periódica. Los dueños (Siracusa, inhibidos para actuar comercialmente), presionan para que se les adjudiquen mas toneladas Hilton -300 ahora tienen 100- y el Estado les garantice una faena mensual de seis mil cabezas, ó subsidios. La crisis en la industria de la carne recorre todo el país: en La Pampa "Carnes Pampeanas" -también con cuota Hilton-, lleva varias semanas inactivo. La retracción golpea a los que producen para exportar con demanda menor por la crisis europea, y a los más pequeños por la caída del consumo interno. Los primeros intentos de desalojo de los obreros de Villa Olga han sido respondidos con la solidaridad del pueblo bahiense lo que provocó el recule del juez. La crisis de conjunto en la ciudad actúa como un acicate de una salida a favor de los trabajadores. Si la patronal no responde, la expropiación sin indemnización, y la gestión de Villa Olga por la nueva cooperativa dirigida efectivamente por los trabajadores es una alternativa. En este caso, el Estado deberá garantizar los salarios de convenio y la cuota de producción necesaria. La defensa de Villa Olga es una causa para todos los bahienses, especialmente para las organizaciones obreras.

La paralización de los subtes por parte de la burocracia de la UTA, con métodos lúmpenes y patoteriles, consistió en una maniobra oportunista que se montó sobre la puja entre el gobierno macrista y el nacional -agudizada por el retiro por parte de Garré de la policía de custodia, y en el marco de la masacre del Sarmiento. Independientemente de su dudosa finalidad política, fue una movida absolutamente funcional al macrismo, quien precisamente basó su borrada de la negociación del traspaso del subte en ese retiro de la seguridad policial. Fue un duelo político entre macristas y kirchneristas, que tomó como rehenes a trabajadores y usuarios, además de crear un vacío político. Macri había aceptado el traspaso y aplicó, de entrada, un tarifazo de 127%, mientras reclamaba recursos de Nación para inversiones. Que el acta entre ambas partes contemplara la modificación del precio del pasaje por el macrismo hablaba de un pacto para que el ingeniero hiciera punta en el aumento general de los transportes y el operativo Sube. Algo fracasó en este negocio entre fulleros, por lo que Macri aprovechó el Cromañón del Sarmiento para abrirse. Trascendió también que influyó el anuncio de Metrovías de que no iba a poder pagar los sueldos de marzo. A la burocracia de la UTA jamás le importó el estado de mantenimiento y seguridad del subte, ni las condiciones de sus trabajadores. Fueron cómplices seriales de la patronal y de todos los gobiernos de turno, de cuyo apoyo y financiamiento dependen para mantenerse en un sector donde la mayoría de los trabajadores los repudia. Con este cese de tareas de aparato, impuesto sobre la base de patoteros y barras que ocuparon las cabeceras, y con el posterior recule de Cristina restituyendo la Federal -cuando aún estaba caliente la masacre de TBA-, tuvieron los 15 minutos de fama, que jamás lograrían por su falta de adhesión en la base obrera. La iniciativa tomada por esta burocracia, así como el bastardeo de consignas justas para los trabajadores, es una señal política seria para la AGTSyP (Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro), la cual se desdibujó en la crisis que arrancó con el choque de Once, se prolongó en la puja por el subte y tuvo como resultado convertir a los túneles en tierra de nadie. La fracción K que ocupa la directiva de la AGTSyP se negó a fijar posición ante el estrago ferroviario, al mismo tiempo que se replegaba en la preparación de la lucha paritaria. Durante la crisis Macri-K, en lugar de ponerse a la cabeza de una movilización propia -incluyendo eventualmente el paro- contra la política de ambos gobiernos y por el tratamiento inmediato de las condiciones de mantenimiento y su control por los trabajadores, así como también por el cese de la concesión al parásito Roggio, se limitó a una tibia declaración confusa sobre la no adhesión al paro, aunque sí en boleterías y Premetro. Los máximos dirigentes del sindicato recorrieron los medios atacando a Macri con un ortodoxo libreto cristinista que hasta Boudou podría envidiar. Como si los ocho años bajo la gestión K -signados por la desidia por el transporte, el desprecio por el pasajero y el hostigamiento a los trabajadores- se hubieran esfumado en 60 días de ensayo macrista. La crisis no se cerró. Siguen los macristas y los K tirándose el subte de una a otra jurisdicción, Cristina ordenó reponer la policía sólo por 30 días, y -sobre llovido- Metrovías postergó el pago de sueldos hasta el martes 6 y habló de pagos en cuotas, lo que ya ha provocado medidas de protesta en algunos sectores. El conflicto está a la vuelta de la esquina, lo que plantea la urgente puesta en pie de los organismos de base de la AGTSyP para fijar una posición activa ante la crisis. La posición del Partido Obrero fue la movilización sobre la base de asambleas que votaran una agenda de reclamos sobre mantenimiento y seguridad -largamente estudiados y denunciados por los compañeros de talleres-; la exigencia de una paritaria independiente con la AGTSyP por el salario y las condiciones de trabajo; además de la coordinación de la movilización contra las privatizadas con los ferroviarios del Sarmiento. La burocracia de la UTA ha dado un golpe. La AGTSyP debe reaccionar y ponerse a la altura de su historia heroica. Para ello, es imprescindible romper con el seguidismo al régimen K.

Uno de los recules más llamativos del discurso presidencial fue en relación con Malvinas: CFK dijo haber "repensado la cuestión", curiosamente el único caso en que ‘revisó' sus ideas. En lugar de bloquear cruceros con turistas ofreció tres vuelos semanales de Aerolíneas Argentinas; retornó a la "seducción a los isleños" de Menem. El planteo está más en conformidad con la solicitada de Beatriz Sarlo, Luis Alberto Romero y Abel Posse que con los próceres de Carta Abierta. El ‘relato' se cae a pedazos. La cosa, sin embargo, no gustó a la "rubia Albion", porque, claro, el beneficio crea dependencia; los ingleses prefieren a Chile y a Lan. Para aceptar el convite, los K tendrán que ofrecer más. Sea como fuere, estas idas y vueltas le crean al gobierno un verdadero trastorno: ¿con qué discurso conmemorará el 2 de abril? ¿o el aniversario será dejado para el 10 junio, la fecha de la derrota? Otra cosa curiosa es que el canciller ha perdido su vocación de parlanchín, y no se deja ver mucho. Los ‘isleños' tampoco confían en una compañía manejada por La Cámpora, cuyas acciones siguen en poder de Marsans y que confiesa, a los habitantes de islas rodeadas de petróleo, que no puede pagar combustibles a precios internacionales. Más importante que todo esto es el pronunciamiento de la Unión Europea (UE) en apoyo a Gran Bretaña, que ratifica la soberanía sobre Malvinas de la mismísima UE, que los ingleses integran. De modo que, mientras ‘los intelectuales que supimos conseguir' se devanean los sesos para convertir a ‘los isleños' en "sujeto de derecho" de un Estado que no desean, aparece un tercer actor en el asunto: la patria de Merkel y Sarkozy. ‘Los isleños' prefieren ser, no ya ‘sujetos' sino súbditos de la libra y del euro, antes que de una moneda acuñada en ‘Falklands' -no digamos del peso argentino. Los mensajes de la UE a la Casa Rosada tienen un costado que no se puede menospreciar. Las cancillerías imperialistas se encuentran ahora mismo elaborando un ataque militar a las instalaciones nucleares en Irán. No apreciarían para nada que en otro confín se distrajeran los esfuerzos militares y políticos para esta empresa. Es muy probable que la Presidenta haya sido estimulada a ‘repensar' en algo que no se le había ocurrido. El Congreso aplaudió a rabiar el ‘lance' de la Presidenta con AA para las ‘Faklands', en una resonante ratificación de idiotismo parlamentario.

Una gira muy interesante realizó el compañero Jorge Altamira en nuestra provincia, para presentar el libro reciente sobre El ascenso de la Izquierda y participar de reuniones y plenarios de partido. El recorrido mediático fue muy intenso. Además de la discusión del libro, fue una ocasión para caracterizar el discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa. Las entrevistas, salvo alguna excepción, fueron prolongadas y densas. En un caso, numerosos vecinos se acercaron a la radio, luego del reportaje, cuando Altamira ya se había retirado. Un debate muy enérgico tuvo lugar con un periodista definidamente liberal, en una entrevista que será proyectada el jueves 8. Otros reportajes de interés fueron realizados por medios digitales, que reprodujeron por escrito parte de los conceptos de Altamira. Lo más significativo, quizás, haya sido la acogida que recibió el compañero en las calles, donde numerosos grupos de personas se detuvieron para saludarlo e intercambiar ideas. Los técnicos de los medios radiales expresaron sin ambigüedades su apoyo al Partido Obrero y señalaron su voto al Frente de Izquierda. Altamira nos contó que eso mismo ocurre en todo el país. El compañero tuvo la oportunidad, asimismo, de interiorizarse de la lucha de Zanón para defender la cooperativa obrera, con activistas del sindicato y de Aqualic, que enfrenta una ofensiva patotera de la patronal contra la organización sindical en la fábrica. En la Universidad del Comahue tuvo lugar la presentación formal del libro, lamentablemente en un día sin clases. A pesar del inconveniente, asistieron unas 150 personas, que atendieron una exposición metódica de una hora sobre la experiencia electoral reciente y sobre los alcances de la crisis mundial para el desarrollo de la izquierda anti-capitalista. El centro del debate lo ocupó Liliana Obregón, una dirigente histórica de la docencia de Neuquén, que se presentó también como ex integrante del comité central del partido Comunista de Argentina. Liliana, simpatizante del Frente de Izquierda, señaló la ausencia en la charla de los partidos que forman el frente, y criticó enérgicamente lo que, según ella, es el repliegue del frente con posterioridad a las elecciones. En las conversaciones posteriores a la charla, pudo comprobarse que la opinión de Obregón era compartida por numerosos asistentes. Algunos recordaron, por contraste, la numerosa presencia del Partido Obrero en oportunidad de una charla reciente de Christian Castillo. Los compañeros que organizaron la actividad destacaron la venta de 65 periódicos y 32 libros. Altamira participó también de un plenario del partido, que delineó la agenda política para las semanas que siguen, con eje, por un lado, en los tarifazos y la crisis de combustible en la provincia (la empresa de transporte Indalo, de Cristóbal López, llevaría el boleto a cuatro pesos), así como en la vigorosa intervención en el bloque de seccionales docentes que se opone a la política entreguista de la burocracia de Aten. Por el otro lado, votó una fuerte campaña para asistir a la Conferencia Sindical que convoca nuestro partido para el 14 de abril, y para el XXII Congreso que se realizará en julio próximo. En un punto de la agenda se votaron las tareas que impulsará el Partido Obrero en el bloque legislativo del Frente de Izquierda.

Tras varios días de declaraciones de Susana Trimarco -madre de Marita Verón-, de las que no salieron limpios ni el Poder Ejecutivo ni el Judicial, ni la policía, el proceso oral por la desaparición de Marita entró en un compás de espera: los jueces dictaron un cuarto intermedio hasta el martes 6. La prórroga se fundamentó en función a cuestiones de salud de un imputado y del hijo de otra. Gonzalo Gómez fue operado de vesícula el jueves 23 de febrero. Se sospecha de que la intervención habría sido autoinducida. "Le recordé a la Cámara que el hermano de Gonzalo comió clavos y tornillos años atrás, para que le revocaran la prisión preventiva. Existe un antecedente en la familia de atentar contra sus propias vidas como estrategia", contó Carlos Garmendia, abogado de la Fundación María de los Angeles (fenix951.com.ar). El otro motivo de la suspensión es la supuesta enfermedad del hijo de Azucena Márquez, conocida como "Doña Claudia". Gómez pidió ser separado del proceso. Los jueces no hicieron lugar al pedido y ordenaron su detención domiciliaria. Es decir que lo dejaron en manos de la misma policía denunciada por Trimarco como parte del entramado mafioso de las redes de trata. "Doña Claudia" pidió seguir el juicio en ausencia. Los jueces aún deben responder este planteo. Todas estas idas y vueltas tienen un propósito: enfriar un juicio frente al conjunto de denuncias efectuadas por Trimarco, las que colocan a todo el régimen político como un régimen de tratas de personas. Hasta la suspensión, ésta había involucrado, con nombre y apellido, a los ex gobernadores de Tucumán (Julio Miranda) y de La Rioja (Ángel Maza), a un ex subsecretario de seguridad de Tucumán (Julio Díaz), al ex secretario de la Fiscalía a cargo de la investigación (Ernesto Baaclini), un ex juez riojano (Walter Moreno) y a la cúpula policial de distintas provincias, entre otros. Ninguno de los nombrados se encuentra imputado. En el hipotético caso de que los jueces consideren necesario que sean investigados, deberán incluir la orden en la sentencia del juicio. Según los cálculos más optimistas, el proceso no durará menos de seis meses. El juicio como tal comienza a desenmascararse como un intento de condenar a un grupo de perejiles, salvando de este modo todos los engranajes vitales de este negocio capitalista -o sea, el poder político, empresarios, jueces y comisarios. En estas ultimas semanas -ya comenzado el juicio- hubo denuncias de varias mujeres jóvenes que han desaparecido y el gobierno ha anunciado la definitiva privatización del casino provincial, a manos de los grupos que ya dominan buena parte de las llamadas maquinitas y otros juegos privados, alrededor de los cuales se han montado toda una cadena de prostíbulos e, inevitablemente, de tráfico de drogas.

Miguel Bravetti, secretario general (Interpack 1, Naranja) Pablo Viñas, secretario adjunto (AGR-Clarín, Naranja) Eduardo Ayala, secretario de Organización (Donnelley, Bordó) Sebastián Rodríguez, prosecretario de Organización (Morvillo, Naranja) Daniel Luna, secretario tesorero (World Color, Bordó) Esteban Salcedo, prosecretario tesorero (Crónica, Naranja) Leonardo Soule, secretario de Prensa y Cultura (New Press, Naranja) Juan González, prosecretario de Prensa (Printpack, Bordó) Adriana Ortiz, secretaria de Actas (Cedinsa, Naranja) Lucio Rueda, secretario de Asistencia Social (Ipesa, Naranja) Ernesto González, prosecretario de Asistencia Social (Chilavert, Bordó) Vocales titulares: Néstor Pitrola (Millán, Naranja) Marcelo Domínguez (Lables Plast, Naranja) Damián Alessandro (Interpack2, Naranja) Eva Hoffman (Costasan, Naranja) Sergio González (Cooperativa Patricios, Naranja) Andrés Lizarraga (Annechini, Naranja) Liliana Jacob (Diario Popular, Naranja) Juan Sisterna (Valid, Naranja) Carlos Bóltes (Balbi, Naranja) Karen Reno (Artes Gráficas Modernas, Naranja) Daniel Silva (Al Sur, Naranja) René Aparicio (Offset Tramar, Naranja) Teresa Barrionuevo (Lacabril, Naranja)

Este 24 de marzo se cumplen 36 años del golpe militar. A nueve años de la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, solamente recibieron condena 260 de los 1.800 represores procesados. Otros 280 fallecieron impunes en ese mismo lapso. Sólo la mitad recibió la pena máxima de reclusión perpetua, y 23 de ellos fueron absueltos. El reclamo de cárcel ya, juicio y castigo a todos los genocidas y apertura de los archivos de la dictadura, está más vigente que nunca. Este aniversario está enmarcado por la evidencia de un régimen permanente de espionaje e infiltración de las luchas sociales, confirmado por la ministra de Seguridad "democrática" Nilda Garré y avalado por su asesor Horacio Verbitsky. El procesamiento a luchadores prosigue sin límites. La información reunida por Gendarmería y otras fuerzas es archivada en Campo de Mayo. El Proyecto X es congruente con la reciente sanción de la ley "antiterrorista", que tiene la mira puesta en las luchas y movilizaciones populares. La movilización del 24 de Marzo, entonces, tiene planteado el reclamo del cierre de las causas judiciales que pesan sobre más de cinco mil luchadores, la denuncia de la represión oficial y paraoficial, el apoyo a la lucha contra los monopolios capitalistas de la megaminería contaminante, la pelea por la libertad de los presos políticos y la denuncia del "gatillo fácil" y de las redes de trata de personas, protegidas por policías y funcionarios. Estará presente la masacre de Once. Esta ha revelado en forma trágica la trama de intereses económicos que reúne a empresarios, funcionarios y burócratas sindicales -la misma que estuvo detrás del asesinato de Mariano Ferreyra. Este 24 de Marzo nos movilizaremos por el juicio y castigo a todos los responsables de las 51 muertes ocurridas en el ex ferrocarril Sarmiento, y por el inicio inmediato del juicio oral y público a Pedraza, su patota y los policías cómplices. Participaremos de la convocatoria que está preparando el Espacio Memoria, Verdad y Justicia, donde confluyen los organismos de derechos humanos, los partidos de izquierda y las organizaciones sindicales y estudiantiles independientes del gobierno. Unamos las luchas de ayer y de hoy.

Durante febrero, la colocación de Prensa Obrera fue un registro del clima de las masas mendocinas. Fuimos al recital gratuito de Calle 13, donde más de 50.000 personas vibraron al calor de la banda al grito masivo de "el agua de Mendoza no se vende" y "el que no salta es un inglés". También fue fuertemente aplaudida la dedicatoria de René a Mariano Ferreyra. El volante "Famatina pudo, podemos todos" fue repartido masivamente y la prensa, más que piqueteada, era pedida por los espectadores. Vendimos varias decenas que completaron la colocación de más de un centenar de prensas Nº 1.210, incluyendo unas 25 en San Rafael y más de 40 en el ingreso de la UNCuyo. Durante la discusión salarial del Sute (docentes) y la imposición de las asambleas por el no inicio de clases contra las intenciones de la burocracia y el gobierno de Paco Pérez, se colocaron casi 40 prensas en el activismo docente en pie de lucha. La colocación de la prensa responde a una fuerte avidez de los trabajadores y, sobre todo, de la juventud mendocina sobre los planteos de lucha y de izquierda, lo cual significa un serio problema político para las aspiraciones del gobernador "minero K" de entregar los recursos naturales (centralmente el agua) a los grupos capitalistas y de imponer un techo salarial a los trabajadores de la provincia.

La Presidenta anunció un aumento para el programa Argentina Trabaja. Tardío, no es para todos, ya que sólo se les dará a aquellos que cumplan con el presentismo y con la productividad: 250 y 300 pesos. CFK evitó decir que los miles que durante estos dos años y medio no trabajaron fue porque no tuvieron los materiales, ni la ropa de trabajo o elementos de seguridad, inclusive durante varios meses no se aportaron los fondos a las obras sociales. Los que no trabajaron fue por responsabilidad del Estado, otros lo hicieron en condiciones deplorables, a su propio riesgo. El programa no terminó de armar casi ningún plan de obras en la etapa provincial, cientos de cuadrillas y cooperativas presentaron sus propios planes de trabajo en plazas, escuelas y vía publica, llevándolos adelante mientras utilizaban sus propios recursos. Durante todo este tiempo, los 150 mil trabajadores del AT realizaron tareas de limpieza, señalamiento, pintura de edificios públicos, desmalezado de campos y mantenimiento de plazas y parques, por la sexta parte de la canasta familiar. Los anuncios de aumento siguen la línea de otorgar adicionales que no toquen el básico (queda en 1.200 pesos arrastrando una pérdida de más del 50% de su poder de compra. La Presidenta habló como un empleador (en negro) de 150 mil trabajadores precarizados. La ministra Alicia Kirchner definió que el aumento lo cobrará, en principio, sólo el 20% de los 150 mil trabajadores. Nadie sabe cómo se decide quién cobra y quién no. Esa es la mejor forma para que los punteros puedan reforzar el clientelismo. Productividad y asistencia quedan en manos de los presidentes y autoridades de las cooperativas, mayoritariamente compuestos por punteros oficialistas de todo pelaje. La constitución de las cooperativas del AT fue organizada en el mayor de los sigilos. Nadie que integre un AT fue convocado en estos dos años y medio a ninguna asamblea, el 90% de ellas está dirigida por los punteros del Evita, La Cámpora y los de los intendentes. Las organizaciones sociales y piqueteras abrimos a piquete limpio el ingreso de compañeros excluidos al programa, que desde su inicio fue cerrado y no público. Con el otorgamiento de aumentos selectivos, Cristina quiere reforzar el control punteril de los 150 mil trabajadores. Se busca reforzar el control social en un cuadro de ajuste y tarifazos. Los trabajadores del AT -que no tienen aguinaldo, vacaciones ni seguro (decenas de compañeros fallecieron en este período y sus deudos no han recibido ni un centavo)- realizan tareas que están encuadradas en convenios laborales perfectamente establecidos hace años. La Presidenta quiere aplicar la disciplina patronal, pero pretende ignorar las conquistas históricas que los trabajadores les hemos arrancado a los patrones con miles de luchas -como son los convenios, condiciones de trabajo, higiene, salario familiar, etc. Aumento para todos, sin discriminaciones ni clientelismo. ¡Basta de precarización laboral! Pase a planta y convenio respectivo para los trabajadores del AT. Aumento de emergencia equivalente al salario mínimo legal (hoy de 2.200 pesos). Obra social, seguro y elementos de seguridad. Plan de obras públicas y viviendas.

En 1806, cuando William Carr Beresford ocupó Buenos Aires, acá no se producía nada. La economía pastoril dejaba en manos de la naturaleza la reproducción del ganado cimarrón, al que sólo había que enlazar y carnear. Sin embargo, esa aldea parásita, intermediaria, de doce manzanas de largo y ocho de anchura (dos siglos después, subsistía intacta la traza de Juan de Garay), controlaba el comercio de todo el interior, incluidos los metales del Potosí. Pero, ahora, la estructura económica colonial crujía por el empuje de fuerzas externas, de los mercados de Europa que llegaban a estas costas con sus guerras y conmociones. La Reconquista "Buenos Aires, en este momento, forma parte del Imperio Británico", decía el Times del 13 de setiembre de 1806. Cosas de la época, se trataba de una noticia sorprendentemente atrasada. Un mes antes, el 12 de agosto, Beresford había rendido su espada y perdido la ciudad después de robarse un millón de libras esterlinas que fueron a engrosar el Tesoro inglés. La reconquista fue obra de un oficial francés de Napoleón, Jacques de Liniers, nacido en Niort en 1753 y casado aquí con la hija de Miguel de Sarratea, un comerciante porteño próspero; es decir, negrero y contrabandista, que eso eran los comerciantes locales. Liniers desembarcó en las costas bonaerenses con medio millar de soldados que había traído de Montevideo, pero sus tropas fueron engrosadas con unos 2 mil milicianos. Con ellos venció en Los Corrales de Miserere y recuperó la ciudad. La victoria de Liniers fue posible, además, porque Beresford había perdido todo respaldo de la aristocracia porteña, del bloque integrado por negreros, contrabandistas, hacendados, "modernistas" y curas (ni más ni menos que el bloque de mayo de 1810.) Los "notables" de Buenos Aires abandonaron a Beresford porque el general inglés no traía una política para el Río de la Plata: él sólo era un pirata de Su Majestad. La piratería tenía en Inglaterra, al decir de Alejandro Horowicz,1 "rango de programa nacional". Pero un pirata no podía suprimir las tendencias independentistas de aquella aristocracia criolla. Aquel error estratégico de Beresford fue señalado por uno de los grandes diplomáticos y estadistas que tuvo la Corona en esos tiempos, William Eden (barón de Auckland), en una carta al primer ministro William Pitt: "Supongo que usted lamenta la catástrofe de Buenos Aires (...) Es extremadamente mortificante, pues nuestra guarnición estaba viviendo en los mejores términos con los españoles, nuestro comercio estaba creciendo rápidamente y, si hubiéramos decidido jugar el juego de la independencia, estoy seguro de que hubiéramos puesto en pie a todas las provincias españolas sin derramamiento de sangre ni convulsiones revolucionarias. Nunca me sentí más humillado. Muchos proyectos de la mayor importancia se han perdido para siempre". Ya se vería que no, que no se habían perdido para siempre. Pero, mientras tanto, Buenos Aires dejaba de ser colonia española en cuanto tomaba medidas de autogobierno que el régimen colonial le prohibía tomar. Por ejemplo, el Cabildo Abierto del 14 de agosto de 1806 le niega la entrada al virrey, el marqués de Sobremonte, lo destituye y nombra en su lugar a Liniers. No era la conducta de una colonia. Además, ahora el bloque aristocrático de Buenos Aires estaba armado. Era ejército aun antes de ser partido. La Defensa La mitología histórica oficial le ha dado al 25 de mayo de 1810, arbitrariamente, la categoría de hito histórico. Tal vez con mayor razón se lo podría haber dado al Congreso del 10 de febrero de 1807, integrado por la Audiencia de Charcas, el Cabildo porteño, el obispo, jefes militares y vecinos notables. Ese cónclave decidió destituir al virrey Sobremonte y, además, ordenó su arresto. Una cosa así no había ocurrido jamás en la historia colonial americana. Cinco días antes de aquel cónclave, Montevideo había caído en manos de las fuerzas británicas comandadas por lord Auchmuty, después de una batalla durísima contra 6 mil soldados españoles que defendieron la plaza. La Segunda Invasión ya estaba aquí. Auchmuty, para esa segunda expedición militar al Río de la Plata en apenas un año, no sólo trajo 11 mil soldados, una fuerza imponente. Además, vino con toneladas de mercancías inglesas con las que abarrotó Montevideo para, luego, contrabandearlas por todo el virreinato e incluso en el Brasil. La Audiencia impuso la pena de muerte para el que comerciara con los ingleses o contrabandeara con Montevideo. Un saludo a la bandera: nadie fue fusilado y hasta Liniers compró telas inglesas llegadas desde la Banda Oriental. El 10 de mayo arribó a Montevideo el general John Whitelocke, quien de inmediato comenzó a preparar (es una forma de decirlo) el asalto a Buenos Aires. Whitelocke dejó 1.300 soldados en Montevideo y, con otros 8 mil y una veintena de cañones, desembarcó en Quilmes el 1º de julio. Al día siguiente tomó Los Corrales de Miserere y el 5 de julio le puso sitio a Buenos Aires. El ánimo de la aldea había cambiado notablemente. El autogobierno de la aristocracia local se había transformado en una causa popular y, como diría más tarde Whitelocke ante el consejo de guerra que lo juzgó en Londres, "desde el hijo de España hasta el negro esclavo" se armaron para la defensa. El general inglés esperaba, en cambio, que una parte considerable de la población porteña lo recibiera en júbilo. Ese error de cálculo lo condujo a la catástrofe. En vez de mantener el sitio y rendir la ciudad por hambre (no había aquí más de 500 animales de faena) dividió sus fuerzas en columnas y entró en la ciudad a sangre y fuego. Luego, en Inglaterra, lo llamarían por eso "bastardo inútil". Las fuerzas británicas encontraron en las calles una resistencia feroz. Al cabo del primer día de combates, habían sufrido 1.200 bajas entre muertos y heridos, y otros 1.200 soldados ingleses estaban prisioneros de los defensores de la ciudad. Al día siguiente, de madrugada, Whitelocke renovó su ataque. Al mediodía tenía otras 2 mil bajas, y sus fuerzas estaban batidas y rodeadas. El general inglés ofreció su capitulación, que le fue aceptada en términos humillantes para él. En el consejo de guerra que terminó con su carrera militar, el fiscal Richard Ryder dijo: "La expedición al mando de Whitelocke fracasó completamente (...) lo que ha desvanecido todas las esperanzas que se abrigaban de abrir nuevos mercados a nuestras manufacturas". El 14 de setiembre de 1807, el Times escribía: "Los detalles de este desastre, quizás el más importante que ha sufrido este país desde la Revolución Francesa, son terribles". Estos mercados, sin embargo, se abrirían de todos modos para Inglaterra aunque, claro está, por otros medios. A todo esto, España tenía soberanía apenas formal sobre las islas Malvinas. No podía ser de otro modo, porque si su dominio tambaleaba en sus colonias americanas, mal podía sostenerlo en un archipiélago perdido en los confines del mundo. La pequeña guarnición militar española en las islas no impedía -ni siquiera lo intentaba- la actividad de balleneros ingleses y norteamericanos que operaban en la zona y tenían su base en las Malvinas. El gobierno de Buenos Aires sólo se ocuparía de ellas a partir de 1820, cuando envió a la isla Soledad una fragata al mando de un oficial norteamericano. Pero esa es otra parte de la historia. 1."El país que estalló: referencias para una historia argentina, 1806-1820", Sudamericana, 2004.

-Exclusivo de internet Como parte de las deliberaciones que rodearán la realización del XXII Congreso del PO en julio próximo, tendrá lugar una Conferencia Sindical el 14 de abril. La iniciativa no podría ser más oportuna, en momentos en que las paritarias (un instrumento de reivindicaciones de la clase obrera) son cuestionadas por un 'techo' que quiere imponer el gobierno, en el marco de su política de ajustes y tarifazos. Al mismo tiempo, la crisis política del oficialismo se manifiesta en la 'movida' del gobierno para digitar a la próxima dirección de la CGT -una vez que considera agotada, para sus fines, la ‘gestión' de Moyano- y con el estallido de contradicciones de todo tipo en la camarilla del kirchnerismo. La Conferencia busca contribuir a una orientación clara para el activismo en esta circunstancia y recoger sus conclusiones para la presentación del programa del Partido Obrero, que será discutido en el Congreso. Los resultados políticos obtenidos por el Frente de Izquierda en las pasadas elecciones, en las cuales el desempeño militante del Partido Obrero fue extraordinario, incidirán en el desarrollo sindical del clasismo y de los nuevos cuerpos de delegados que surgen en los lugares de trabajo, en la medida en que el Frente desarrolle su condición potencial de referencia política para los obreros más luchadores y avanzados. El movimiento sindical ha tenido, en los últimos años, un desarrollo tumultuoso. Los movimientos sísmicos no fueron detectados por el oficialismo, que repetidamente se ha ufanado de lo que llamó 'el restablecimiento de la negociación paritaria', ‘la solución pacífica de los conflictos' o 'la baja conflictividad social'. Debajo de la superficie se desarrollaba, sin embargo, algo diferente: las repetidas huelgas de petroleros y de docentes -no solamente en la Patagonia- que desafiaban la 'conciliación obligatoria'; la ruptura creciente de los techos salariales; los numerosos conflictos diseminados, en especial en la industria metalúrgica; la tremenda movilización de los trabajadores tercerizados en el ferrocarril; el encarcelamiento de Pedraza y el rechazo a sus pedidos reiterados de excarcelación, en el marco de una persistente presión popular por la condena de los responsables del asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra; por último (aunque no agota la lista), una racha de victorias sindicales de listas de activistas en diferentes empresas contra la burocracia sindical. Por arriba, la burocracia agudizaba su división y entraba en el remolino de los procesos judiciales (casi todos referidos a las obras sociales), que ha llevado a algunos a la cárcel y que podría deparar el mismo destino a varios más. La cuestión de las obras sociales pasó a ocupar un lugar central para el futuro social y político de la burocracia sindical. Las disputas de cúpula y la presión política del Estado y los partidos patronales provocaron también la división de la CTA -largamente advertida por el Partido Obrero-, por responsabilidad de su vieja burocracia. Continuó así su desarrollo la etapa de transición en el movimiento sindical, la cual fue caracterizada en nuestra Conferencia precedente por las siguientes características: descomposición de la burocracia sindical junto con el ascenso lento, pero firme, del clasismo, en el marco del régimen político de emergencia montado por el kirchnerismo. La crisis de la regimentación de los sindicatos En los últimos meses, la situación que enfrentan los sindicatos ha dado un vuelco sustancial. La anunciada crisis fiscal ha dado paso a una ola de tarifazos y de impuestazos, que ya se concretaron en las provincias y que el gobierno nacional mantiene en carpeta, aunque sólo en parte, hasta el desenlace de las paritarias más importantes. La batalla obrera que frenó el ajustazo en Santa Cruz es un adelanto de las condiciones y tendencias que dominarán el escenario en este año 2012. El techo a las paritarias, vinculado con la crisis fiscal, quedó oficializado en la paritaria docente, luego de haber sido negado en forma reiterada por el oficialismo. El asunto del 'techo' inaugura un período de conflictos sindicales a repetición, que se extenderá al interior de los sindicatos -esto en la medida en que la burocracia sindical buscará un compromiso con las patronales y, por sobre todo, con el gobierno. Aunque la situación en su conjunto es muy diferente a la de 1975, los elementos básicos de este conflicto son similares a los que provocaron el 'rodrigazo' y la huelga general de junio y parte de julio de ese año, conducida, en lo fundamental, por las coordinadoras fabriles organizadas en aquellos años. La ruptura entre el gobierno y el sector de Moyano admite un paralelismo con la situación creada cuando Lorenzo Miguel rompió con López Rega e Isabel Perón. La crisis política entre la burocracia de Moyano y el gobierno implica una quiebra, por arriba, de la regimentación de los sindicatos por el Estado; esta crisis no debe confundirse, claro, con una ruptura desde abajo, pero debilita en forma incuestionable esa regimentación. El enfrentamiento entre el gobierno y Moyano tiene que ver con la naturaleza del régimen político K, un régimen de arbitraje personal que no admite otro campo, rival, de decisiones políticas. De nuevo, hay una crisis de la regimentación sindical por arriba. El conflicto ha sido azuzado por la crisis fiscal -la cual puede convertirse en 'defol' si el gobierno no reúne los fondos para pagar los vencimientos de 2012- y también por el impacto que esta crisis tendrá sobre la inflación. A diferencia de los '50 o incluso los '70, la burocracia es hoy un poderoso grupo empresarial. La disolución del Renatre sirvió como indicación de que los K quieren apropiarse de los recursos de las obras sociales. Esto no ocurrirá, ya que provocaría un levantamiento de toda la burocracia contra el gobierno, pero el gobierno lo utiliza como un factor de extorsión o presión para alinear con él a un sector fuerte de la burocracia que se apreste a secundar el plan de 'sintonía fina' -o sea de ajuste y tarifazos. En este marco de crisis, el oficialismo ha comenzado a ‘agilizar' las causas judiciales contra Moyano. La crisis por arriba tiende a agudizarse, porque los dos contendientes se encuentran debilitados en relación con el pasado reciente. El sostén directo del gobierno no va más allá de La Cámpora, luego de los roces con Scioli y los desplantes al sabbatellismo; el PJ no funciona y numerosos intendentes conspiran para buscar reemplazo a CFK en 2015. Moyano, por su lado, ha quedado marginado dentro del bloque amplio que lo llevó a la secretaría general de la CGT. El discurso ante la Asamblea Legislativa puso todas las cartas del gobierno sobre la mesa: reafirmación a rajatabla de la alianza con mineras y concesionarios, así como del pago de la deuda externa y una reafirmación a cualquier costo del ajuste y el tope salarial, además de una defensa del espionaje y la persecución a los que luchan. Es visible el repudio que este planteo y esta 'agenda' ha provocado entre los votantes populares del kirchnerismo. No es, sin embargo, una política ‘clásica' de ajuste, de corte neo-liberal, simplemente porque esto provocaría una rebelión popular. Es una política de ajuste 'nacional y popular', o sea que se complementa con acciones regulatorias del Estado para prevenir que la crisis se convierta en estallido. En esto guarda también una similitud con 1975, cuando el gobierno peronista del rodrigazo ‘argentinizó' algunas empresas extranjeras, lo que cosechó el entusiasmo de varios sectores de la izquierda. Las limitaciones de las regulaciones y su fracaso previsible serán un factor adicional de desorganización económica, como ya ocurre en el comercio exterior y en el petróleo (y como ocurrirá con la nueva política monetaria) y, por lo tanto, de mayor descontento popular. Es necesaria una discusión muy preparada de la caracterización precedente, porque configura el marco de conjunto de una acción en los sindicatos. De ella se deriva una agenda, que debe abordarse con métodos definidos, a la luz de la experiencia -en especial, a lo que pasó en los años recientes. Paritarias Es claro que en el tope de la agenda se encuentra la cuestión de las paritarias. La burocracia, tanto la de la CGT como las de las CTA, las consideran como un terreno reservado. El monopolio de la negociación paritaria por parte de la misma facilita una línea de compromiso con los ‘techos' que buscan las patronales y el gobierno -como ya ocurre con Ctera, que pide desesperada una pseudo oferta del gobierno que le permita levantar el plan de lucha; este monopolio le reserva a la burocracia, a su vez, la negociación de las condiciones de trabajo, donde busca 'compensar' con concesiones a las patronales algún punto de la reivindicación salarial. Aunque la elección de paritarios por la base requiere condiciones excepcionales de lucha y de crisis política para que se pueda concretar, la reivindicación tiene importancia y actualidad, en especial si es acompañada con reclamos concretos referidos al conjunto de la actividad laboral -como precarización, tercerizaciones, régimen de horas extras y otros. La huelga petrolera en Santa Cruz -tanto la de 2010 como la de 2011- reclamaba discusión de convenio en oposición a la exclusiva discusión salarial, en especial debido a la arbitrariedad en las condiciones laborales de las contratistas. Proponemos, en consideración a esto, una campaña de propaganda y de agitación en favor de paritarios electos, acompañada con un pliego laboral y salarial. Sobre esta base, se organizarían reuniones y plenarios para impulsar el planteo por parte de núcleos en las empresas o entre empresas, no ya sólo con volantes, sino también mediante boletines. La ventaja de esta consigna, en cualquier caso, es que prepara a la masa sindical contra cualquier firma de convenio ostensiblemente negativa y, por lo tanto, para la exigencia de que ésta deba ser ratificada por asambleas y el voto de los afiliados. Sirve, además, para denunciar el silencio de las direcciones sindicales respecto de la posición frente a las paritarias -o sea, su inmovilismo. A la luz -de nuevo- de la experiencia de 1975, cabe la pregunta de si un empecinamiento en la política de ‘topes' o ‘techos' podría derivar en una huelga general, del mismo modo que Yasky-Maldonado-Baradel se vieron obligados a ir a un plan de lucha, con independencia de que éste sea levantado en muy poco tiempo. Los medios de comunicación destacaron "el primer paro general" de los K de Ctera contra el gobierno kirchnerista. Esa posibilidad existe si los ‘techos' se combinan con un tarifazo derivado de un previsible colapso fiscal. Aun así, al igual que hace cuarenta años, la burocracia no tomará ninguna iniciativa de ese tipo, sino que buscará acompañarla para liquidar el movimiento. El plan de lucha de la AGTSyP del subte por la anulación del tarifazo de hace un mes demostró que las paritarias no pueden disociarse de la lucha contra el ajuste -con independencia de que la motivación de la dirección K del subte se limitara a embarrarla la cancha a Macri. El movimiento tuvo una amplia repercusión. En oposición a este ajuste particular, hemos planteado la apertura de los libros de Metrovías, empresa parásita del poderoso grupo Roggio que la gestiona desde los años '90. El congelamiento de las tarifas ha sido un subsidio a las patronales y no a los trabajadores, porque éstos cobraron un salario ajustado a esos bajos precios relativos, en tanto que los patrones pagaron un salario que no incorporaba un precio de mercado por el consumo de energía o por el uso del transporte. En oposición al tarifazo planteamos, de un lado, la indexación simultánea de los salarios y, del otro, la oposición al mismo tarifazo, que en cualquier caso afectará a las capas populares que no cobran salarios y que, por tanto, tampoco podrán ajustar sus ingresos. La llamada 'ecuación económica' de las empresas de servicios debe ser determinada por el control obrero, la apertura de los libros y la nacionalización sin indemnización. Congreso de Bases de la CGT A la parálisis de una década de la CGT se añade ahora la posibilidad de una fractura. El moyanismo ha presentado la perspectiva de un co-gobierno de la Central con las burocracias que adhieren a la ‘renovación' que reclama el gobierno, bajo la forma de un funcionamiento regular del Comité Confederal, así como mediante la incorporación a éste de sindicatos provinciales o locales. Se trata apenas de una ‘puesta a punto' del régimen de burocracia sindical, que tampoco prosperará. El moyanismo busca ahora, incluso, un programa para la CGT -al estilo de los 26 puntos de Ubaldini-, para darle un fundamento político a su choque con el gobierno. En los '90 planteó la alianza con Techint y el resto de la patronal devaluacionista, con independencia de que la Banelco que denunció el moyanismo estuviera inspirada por el pulpo de San Nicolás. La disputa por la dirección de la CGT se ha trasladado a los sindicatos. La incursión de Moyano en Gráficos no ha dado mayores resultados, pero, por ejemplo, ha ganado una base temporaria en Comercio y busca atraer a su campo a los sucesores de Pedraza en la Unión Ferroviaria. La posibilidad de una ruptura de la CGT obedece a la presión del gobierno para cerrar la crisis de la regimentación de los sindicatos por el Estado, o sea que ha sido precipitada desde arriba. Se trata, en definitiva, de una operación patronal. Las burocracias de la CGT de Barrionuevo se podrían dividir, a su vez, en función de nuevos realineamientos. Debemos denunciar el carácter patronal de la ruptura y denunciar a la burocracia como agente vehicular de esa presión y de la patronal en el movimiento sindical. Es un ‘replay' del mecanismo que llevó a la división de la CTA. Sobre la base de esta denuncia, planteamos la consigna ya histórica de un Congreso de Bases -o sea de delegados electos- para quebrar desde abajo y para siempre la regimentación del Estado y desarrollar a los sindicatos como órganos de la lucha de clase de la clase obrera. Al igual que con el planteo de paritarios electos, las condiciones para la realización inmediata de esta consigna no están reunidas. Sin embargo, su utilidad salta a la vista, porque la ruptura de la CGT sería un fenómeno político que afectaría en forma horizontal a las tendencias que actúan en los sindicatos. Desde ya que sacudiría a toda la periferia sindical del kirchnerismo y al conjunto de las centroizquierdistas. En oposición a realineamientos por arriba -por un lado, oportunistas; por el otro, divisionistas de los sindicatos-, planteamos el Congreso de Bases y presentamos al clasismo como una tendencia unitaria y consecuente de clase. La reivindicación del Congreso de Bases fomenta también las tendencias a la democracia obrera, las que deben manifestarse en todas las actividades sindicales. La llamada ‘libertad sindical' que promueven las CTA y la OIT no son un equivalente de la democracia obrera, pues se trata de la libertad para formar sindicatos burocráticos integrados al Estado o a sus diversas fracciones políticas. El Partido Obrero defiende el derecho de los trabajadores a decidir en forma libre y democrática su organización sindical. Además es solidario con la decisión de los trabajadores y con las organizaciones que surjan de ella, pero considera su prioridad política luchar por la expulsión de la burocracia y la recuperación de los sindicatos existentes. Valora, respectivamente, a agrupamientos como el sindicato del Subte o Sitraic como instrumentos de lucha para echar a la burocracia de la UTA -mediante un trabajo de conjunto con los choferes- en el primer caso, o a la de Gerardo Martínez, a partir de un trabajo sistemático en las obras, en el caso de la construcción. Para el Partido Obrero, la independencia de los sindicatos del Estado es un problema político que plantea una salida política: la dirección obrera y socialista de los sindicatos. Y no es un problema de formas, que se resuelva con un reglamento de derechos o garantías democráticas. Sólo la dirección revolucionaria de los sindicatos es garantía de democracia. La lucha por la independencia clasista de los sindicatos no es un asunto institucional, sino de lucha de clases. Reclamamos la derogación de la Ley de Asociaciones Profesionales, porque sanciona la integración de los sindicatos al Estado y ofrece medios para la perpetuación de la burocracia -no por el principio de sindicato único, que se le atribuye pero que no tiene. La protección de los representantes sindicales emana del derecho constitucional a la organización sindical, no de los fueros de un aparato burocrático. Asimismo, no entendemos a las luchas contra la regimentación de los sindicatos por el Estado -o su estatización- como un asunto legislativo, sino de acción directa. La lucha por la independencia de los sindicatos forma parte de una política de movilización socialista y revolucionaria de la clase obrera. Una vanguardia joven La consagración de cuerpos de delegados independientes y clasistas expresa una tendencia de fondo de los trabajadores en los sindicatos. En condiciones excepcionales de crisis política y movilización de masas, pueden aparecer nuevas formas de organización en los lugares de trabajo; éstas pueden ser o pueden adquirir otra proyección superior a la que ya existe si tienen una dirección clasista. Es lo que ocurrió con numerosos sindicatos en los '60, por ejemplo Sitrac-Sitram, o el Smata Córdoba, la UOM de Villa Constitución y las coordinadoras fabriles a mediados de los '70. Pero no se trataba de un sindicalismo paralelo al oficial, en nombre de ‘un sindicalismo de las bases', que es una contradicción en sus términos. Aquellos se destacaron como un principio de doble poder, no como una expresión sindical. Cuando el proletariado organiza a las bases (lo correcto sería decir a las masas o a los explotados), rompe los límites profesionales o locales de la clase obrera y se transforma en clase para sí, o sea con objetivos históricos definidos o que comienzan a definirse. La conquista de nuevos cuerpos de delegados ha crecido en esta etapa de transición. La huelga general petrolera, que culminó con la destitución de la comisión directiva del sindicato santacruceño (hoy intervenido), y, casi simultáneamente, la gran huelga docente en esa misma provincia -aunque derrotada-, fueron la avanzada de huelgas docentes de menor magnitud en media docena de provincias y de otros movimientos provinciales de importancia, como la huelga judicial bonaerense. El proceso más vivo se manifestó en la conquista de decenas de cuerpos de delegados o de nuevas posiciones en fábricas del Smata, de la UOM, de perfumistas, de la alimentación, de prensa, plásticos, camioneros o de gráficos -en este último gremio, el clasismo le disputó una asamblea general del gremio de igual a igual a la burocracia en la sede de la CGT. Se registró la victoria en AGR-Clarín, una nueva interna que encabeza un dirigente del Partido Obrero largamente perseguido por la "corpo". En Prensa, las internas antiburocráticas le impusieron a la burocracia la convocatoria del cuerpo de delegados y una paritaria bajo control de asambleas, luego de 20 años. Destacamos la victoria de la Lista 2 en Kraft, por segunda vez, contra el sector de izquierda que firmó la famosa ‘paz social', a pesar de que en esta oportunidad éste se vio favorecido por la "abstención" del sector que responde a la burocracia de Daer (para las próximas elecciones al sindicato, las listas de Kraft van unidas: un acierto para luchar contra la burocracia). La formación de la lista Gris-Bordó en el ex Roca fue otra expresión de unidad combativa, que recogió las banderas de la lucha de los tercerizados y de Mariano Ferreyra y Elsa. Una alianza encabezada por ex pedracistas, como reclamó la Bordó del Sarmiento, hubiera hundido en la desmoralización al activismo del ferrocarril. En oposición a estas maniobras de aparato, reivindicamos la lista antiburocrática que se formó en el Subte, con el voto de una asamblea general. Sobre una base genuina de clarificación y gracias a nuestra participación en la lucha en las líneas, encabezamos la lista clasista votada en un plenario de 160 compañeros. Desarrollamos en el plenario un programa para el conjunto, para combatir la tendencia a la disputa por ocupar los primeros puestos del pelotón. Llamamos a formar agrupaciones sindicales clasistas en todos los sindicatos y lugares de trabajo y a formar listas únicas combativas, con un programa preciso, para pelear la dirección a la burocracia. La expulsión de la burocracia sindical no se limita a una pelea electoral, sino que se dará como resultado de una movilización vigorosa. Tampoco alcanza una derrota de la lista de la burocracia en las urnas para considerar que el sindicato ha sido recuperado. La rápida degeneración que sufrió Atsa (sanidad de Capital) en la década del '80, bajo la responsabilidad del ‘viejo' MAS, lo prueba en forma definitiva. El Frente de Izquierda y de los Trabajadores despertó el interés político de numerosos trabajadores, quienes no habían sido atraídos por las actividades sindicales. Gran parte del reclutamiento del Partido Obrero, en los meses recientes, obedece a esta nueva realidad. El trabajo revolucionario en los sindicatos puede adquirir, de aquí en más, un nuevo vigor, pero también predispone favorablemente a los activistas sindicales al trabajo de frente único en los sindicatos y a la formación de listas antiburocráticas. Todo esto ayuda a pelear contra el sectarismo en los sindicatos y a priorizar la lucha por la organización sindical clasista y la recuperación de los sindicatos, por encima de los intereses de grupo o facción. Por este camino se ha andado ya en los ferroviarios del ex Roca, en el sindicato gráfico, en alimentación y en otros tantos gremios. Llamamos a un desarrollo sistemático del Frente de Izquierda por medio de la agitación política y la organización, para que nos permita convocar a una futura Conferencia sindical en nombre de todas las organizaciones que lo forman. La unidad en la claridad La encarnizada lucha de los tercerizados del ex Roca reprodujo un escenario que ya se había visto en la huelga del Casino: la denuncia contra grandes experiencias de lucha, a las que se califica de "acciones irresponsables", donde es visible la intención de medrar con una derrota. En lugar del repudio a las provocaciones de la patronal, sea la Prefectura o el ‘Caballo' Suárez en el Casino, o el Ministerio de Transporte y la patota de Pedraza en el ex Roca, se destaca la denuncia contra los propios luchadores y una ostensible abstención en la organización y en la acción práctica. Esas luchas, sin embargo, pavimentaron el camino que habría de dar nacimiento ulterior a nuevas expresiones de lucha, que retomarían los métodos del Casino y del ex Roca. El reclamo para que la lucha obrera sea ‘indolora' debe dirigirse a los gobiernos, explotadores, burócratas y patoteros, no a los que luchan para defender condiciones de vida menos humillantes o más dignas. Si logramos la condena definitiva a Pedraza y sus cómplices, se abrirá una enorme deliberación en el ferrocarril y será la oportunidad para un gran frente antiburocrático con todos los sectores del activismo ferroviario. La experiencia del subte fue otro laboratorio central. La fracción dirigente actual había elaborado, con mucha anticipación, la tesis de "cavar trincheras con la burocracia", política que ha llevado hasta sus últimas consecuencias. Combatimos este planteo desde el inicio; una batalla política absolutamente clave, para la delimitación del sindicalismo filokirchnerista que hoy profesa la dirección de la AGTSyP. Advertimos oportunamente que la incorporación a la CTA no apuntaba ni redundaría en el fortalecimiento del sindicato independiente, sino que era un puente para llevar al sindicato a su subordinación al gobierno. Nuestra agrupación planteó un debate en torno del estatuto, al programa, a la trayectoria de la CTA, el cual nunca fue aceptado, pero nos permitió desenvolver todo el programa clasista de la agrupación, en contraste con una izquierda que se adaptó a cada maniobra del pianellismo. En el subte se desenvuelve una viva lucha obrera contra la patronal de Benito Roggio y la patota de la UTA y, al mismo tiempo, por un cúmulo de reivindicaciones postergadas, a las que el seguidismo del sindicalismo kirchnerista no ofrece salida. La experiencia de AGR-Clarín merece una reflexión especial, esto porque fue una batalla de nueve años en las condiciones más difíciles: un despido masivo, en 2004, que contó con la complicidad entre la patronal de Clarín, la CGT, el ongarismo y el kirchnerismo. La burocracia entregó la fábrica en bandeja, el moyanismo se apoyó en un grupo mafioso. La Naranja Gráfica desarrolló un trabajo de conjunto en el gremio (congresalías naranjas por la minoría) y un callado trabajo de reorganización, desmintiendo la especie de que el clasismo revolucionario no puede arrancar victorias salvo que "cave trincheras con la burocracia". En Aten capital (Neuquén), una lista clasista -encabezada por dirigentes destacados del PO y de IS- quedó a 30 votos de ganar la seccional capital; sólo la presentación de una lista fracturista (Marrón Nacional) impidió una victoria. Luego de esta experiencia, se abrió paso un fuerte movimiento provincial de "seccionales combativas" que disputan a la burocracia provincial. Este proceso marca una línea por parte de Tribuna Docente en todo el país. Es necesario desarrollar un bloque combativo en Amsafe Rosario, que debe enfrentar el ajuste del gobernador binnerista, con quien se alinean la CTA oficial y un ala de la propia seccional Rosario. Se trata de ver la formación de listas antiburocráticas que definen campos de reagrupamiento del activismo y preparan la disputa de seccionales y sindicatos de base. Esta conferencia debe contribuir a poner en pie listas antiburocráticas que disputen en gráficos, en ferroviarios, en seccionales de la UOM, en docentes universitarios y en el sindicato provincial docente de Neuquén, así como en la alimentación o el neumático -todos los cuales tendrán elecciones en 2012. Esto en la misma línea con la que intervinimos en Subte o Telefónicos, con listas que reagruparon al activismo ante la cooptación de sus direcciones a distintas alas del sindicalismo oficial. La elección de AGD-UBA, transformada en un ascendente sindicato de 4 mil afiliados, plantea la necesidad de volcar a los intelectuales que apoyaron al Frente de Izquierda a favor de una lista de independencia del gobierno y de las gestiones y camarillas que gobiernan las facultades de la UBA, en un frente común con las agrupaciones combativas de izquierda que se alineen en esa dirección. Los nuevos sindicatos -como el subte, AGD-UBA, mineros de San Juan, Atrana (radio nacional), el Sitraic en la construcción de Lomas de Zamora- entroncan en una tendencia a la expulsión de la burocracia. La lucha por la democratización sindical es parte integral de la pelea por una nueva dirección clasista. Nuestras agrupaciones desarrollan una experiencia de lucha que educa en los métodos y el programa de transición de la etapa a las nuevas generaciones. Las experiencias pretendidamente "reformistas" -como la construcción de un sindicalismo asociado a la centroizquierda por medio de la CTA- han fracasado, cooptadas al kirchnerismo (CTA Yasky) o han sido incapaces de enfrentar con métodos de clase la presión divisionista del gobierno (CTA Micheli). Ahora mismo, el sector michelista levanta el planteo de Binner de un Consejo Económico Social, que busca salvar el ajuste del gobernador del FAP en Santa Fe. Es un planteo que integra los sindicatos al Estado y los lleva a una colaboración estratégica con las patronales. Las ‘izquierdas', como el desaparecido MIC, que fundaron la tesis de "cavar trincheras con la burocracia", se han disgregado. O, alternativamente, se han integrado al kirchnerismo y al centroizquierda capitalista (Binner). El intento reciente (fracasado) de formar una nueva "federación docente" -una Cter(ita) paralela por parte de la CTA Micheli- es demostrativo del parasitismo de este sector. Tribuna Docente planteó y profundizó la propuesta en su congreso de febrero de un plenario nacional de delegados convocado por los sindicatos docentes combativos, para llevar adelante una línea de lucha contra la paritaria trucha de Yasky, contra los pactos sociales no escritos con los gobernadores, por la nacionalización de la educación y por un básico equivalente a la canasta familiar. Otros problemas y tareas El gobierno nacional ataca, como parte del ajuste, la supervivencia de las fábricas recuperadas mediante la reducción de distintos subsidios. Los gobiernos locales y el nacional esperaron el reflujo de la crisis de 2002 para evitar cualquier medida de expropiación que no implicara una indemnización, la cual deben pagar los trabajadores. La nueva Ley de Quiebras formaliza esta situación cuando autoriza a que las empresas vaciadas puedan ser entregadas a cooperativas obreras que renuncien al cobro de salarios y contribuciones sociales adeudadas, así como a la indemnización por despido. No son, estrictamente, "recuperadas", sino cooperativas de producción que operan en un marco capitalista y que, por eso mismo, se transforman en tercerizadas con bajo costo laboral -o sea que los trabajadores allí empleados se encuentran en una categoría social inferior a los de una empresa capitalista corriente. Planteamos a la Conferencia la lucha por la expropiación sin pago a las patronales de las empresas recuperadas, junto con una presencia de éstas en los bancos estatales que garantice el crédito y el cumplimiento del convenio colectivo de trabajo. Los trabajadores de estas cooperativas deben tener el derecho de afiliarse al sindicato de su rama. La actualidad del planteo está determinada por nuevas ocupaciones de empresas -como en Azul, el norte de Santa Fe, Chaco-; éstas pueden crear un nuevo escenario que permita su ligazón con una lucha general de la clase obrera por el reparto de las horas de trabajo contra los despidos. Esto ya ocurre en Chaco. La lucha por el castigo a TODOS los responsables del asesinato de Mariano tiene una importancia suprema para el clasismo y para todo el movimiento obrero. Sería una victoria moral sin precedentes para nuestra clase y un golpe político fenomenal contra la burocracia, los explotadores y el Estado. Este reclamo trasciende las fronteras del movimiento sindical, involucra a las clases sociales populares y es internacional. La revelación del espionaje estatal contra los luchadores obreros volvió a poner en evidencia la naturaleza conspirativa y concertada que tuvo el atentado criminal que costó la vida de Mariano y la invalidez de Elsa Rodríguez -el pretendido ultrismo o la irresponsabilidad del Partido Obrero, a la cabeza de la lucha de los tercerizados del ferrocarril, vuelve a quedar al desnudo como una infamia. La misma conspiración contra los luchadores se puso de manifiesto en el corte ‘piquetero' de la Panamericana por parte de los compañeros de Kraft. El juicio y castigo a todos los responsables del crimen de Mariano es una batalla vital en el interior del gremio ferroviario (hay elecciones generales este año) y en el Ferrocarril Roca. La movilización por la libertad de Sobrero y la caída de la causa que el gobierno le armó refuerzan nuestra lucha por la cárcel de Pedraza, por el desprocesamiento de Jorge Hospital, Omar Merino y demás compañeros, así como por la formación de una lista nacional antiburocrática en la Unión Ferroviaria. La cuestión jubilatoria no puede quedar fuera de la agenda del clasismo. La burocracia sindical no considera a los jubilados como parte de la clase obrera; esto, cuando todos los trabajadores serán jubilados y cuando está recayendo sobre ellos todo el peso del ajuste. En oposición a ese ninguneo burocrático, que opera como un factor de desmoralización de la clase obrera, planteamos la unidad de trabajadores activos y pasivos por todas las reivindicaciones jubilatorias. El año 2011 ha sido testigo de realineamientos políticos en la vanguardia obrera. El Frente de Izquierda ha venido a brindar una referencia política nacional a amplios contingentes obreros. Nuestros compañeros gráficos marcaron porcentajes altísimos de votación para el Frente de Izquierda en los talleres combativos. Lo mismo ocurrió en el subte en torno del corte de boleta a diputados y también en el gremio de prensa o en docentes. Fue general el crecimiento e incorporación de nuevos elementos a la construcción política en la última etapa. En el gremio telefónico hemos reagrupado fuerzas, especialmente a partir del Frente de Izquierda, en el marco de una alta votación también entre la masa del gremio. La constitución de la fracción y ahora de la agrupación metalúrgica del partido, así como de núcleos políticos en todas las fábricas del Smata y la industria automotriz, expresan un crecimiento político por abajo. Esto ocurre en decenas de nuevos gremios -por caso alimentación, construcción, textiles, camioneros, mineros. De manera que nuestra conferencia será una experiencia para muchos jóvenes obreros y activistas sindicales. De conjunto, la intervención en la campaña electoral mediante el Frente de Izquierda, al constituir un canal para el voto de amplios sectores, contribuyó como nunca a desenvolver un programa socialista frente a la coyuntura y, sobre todo, a preparar la etapa que se abre. La perspectiva de una lucha sindical del Frente de Izquierda está ligada al desarrollo del Frente como factor de agitación y organización política. La Conferencia Sindical deberá discutir cómo actuamos para poner al movimiento obrero a la cabeza de la iniciativa política contra el ajuste. Un lugar especial en ese ajuste lo tienen los trabajadores del Estado -desde los nacionales, pasando por los investigadores del Conicet, los provinciales, hasta los municipales-, cuyas plantas están sufriendo despidos (en particular de los contratados); a esto se suma el DNU que autoriza a rever todas las conquistas sectoriales de 300 mil empleados nacionales. Promovemos un Congreso Nacional de Trabajadores del Estado, por encima de toda diferencia de encuadramiento, basado en asambleas unificadas de ATE, UPCN y demás gremios para encarar un plan de lucha. Viva la Conferencia Sindical El porvenir del movimiento obrero depende de que se convierta en una fuerza de clase consciente, que luche por el gobierno de los trabajadores y la emancipación social. Toda la política del Partido Obrero en los sindicatos va en esa dirección. Organicemos, en estas cinco semanas hasta el 14 de abril, una gran deliberación del activismo que permita convertir a la Conferencia sindical en inspiradora de luchas, organización y victorias. Por una gran concurrencia de luchadores.

-Exclusivo de internet Compañeros: El 3 de marzo, en Lomas de Zamora, se llevó adelante la presentación del libro "Mariano Ferreyra. Un crimen de Estado contra la clase obrera", a cuyo autor, el compañero Lisandro Martínez, le hice llegar este mensaje, que me parece importante que se dé a conocer: "Lisandro: cada capítulo del libro que voy leyendo es un volver a vivir el año 2010. Me imagino lo difícil que debe haber sido para vos tener que escribir esos capítulos, revivir lo terrible de esos momentos críticos y plasmarlos a través de la escritura, pero así es la fibra de un revolucionario: pareciera que estamos hechos a prueba de todo. Te mando mi saludo más respetuoso, porque pudiste escribir tan grandiosamente lo sucedido". Creo que se debería hacer una campaña a nivel nacional para la presentación del libro, ya que sería parte del homenaje y reivindicacion de la lucha de los tercerizados ferroviarios y la de todos aquellos compañeros que tan valientemente se enfrentaron al Estado y sus ministerios, la patota, la policía, la patronal que se llevó la vida de Mariano y dejó heridos a Elsa, Nelson y Ariel. Estamos en vísperas del juicio por la cárcel y perpetua a todos los asesinos de Marianito y este libro nos muestra, como nadie, lo vivido esos días. Conmueve su lectura hasta las lágrimas. Mariano Ferreyra, ¡¡¡Presente!!! ¡¡¡Viva tu lucha obrera y socialista!!!

-Exclusivo de internet El martes 28 se realizo un acto festival convocado por la Comisión de Familiares Víctimas de la Impunidad y apoyado por todo un arco de organizaciones políticas y sociales al cumplirse seis años del asesinato de Paulina Lebbos. La convocatoria hacía eje en la necesidad de luchar contra la impunidad, fijando una plataforma que reunía todas aquellas reivindicaciones en defensa de los derechos democráticos, por la anulación de la ley antiterrorista, la solidaridad con los pueblos mineros que luchan contra el saqueo y la contaminación por parte de los monopolios mineros, el apoyo a las luchas salariales y contra el ajuste y los tarifazos, entre otros. La convocatoria vino precedida de varias actividades: el domingo 26 un acto en la plazoleta Miguel Lillo donde fue secuestrada. El martes 28, a la mañana un acto en Filosofía y Letra, facultad donde estudiaba. A la tarde la cita fue en la Plaza Independencia. Hacia allí confluyeron los que iban directamente a la convocatoria del acto festival, y una convocatoria de parte de Sadop y la UDT (Unión Docente de Tucumán) que habían convocado a una movilización de repudio por el acuerdo entreguista que la burocracia de Atep había firmado con el gobierno de Alperovich. La manifestación educativa agrupó a unos mil docentes. En conocimiento de esta convocatoria un sector de la Comisión de Familiares realizó un acuerdo con la dirigencia de Sadop y la UDT para realizar un acto en común pero que fue desvirtuado por las burocracias de ambos sindicatos. Cuando en la Plaza la concurrencia ya superaba las 1.500 personas, los dirigentes de Sadop y la UDT directamente se apropiaron del escenario y los micrófonos y realizaron su propio acto que nada tenía que ver con la actividad convocada. Esto obligó a que alrededor de 20 familiares se subieran al escenario para recuperarlo. En esas circunstancias los dirigentes docentes apuraron a terminar sus discursos y dieron órdenes a sus seguidores de marchar, creándose un cuadro de división. El acto continuó con la intervención de varios familiares y el cierre de Alberto Lebbos, quien, entre otras cosas, denunció a la dirigencia de Sadòp y la UDT como una burocracia que no se animaba a quedarse en un acto opositor al gobierno. Efectivamente quien hoy es Secretario General de la UDT concurrió en la elecciones provinciales del año pasado como candidato en un acople de apoyo a Alperovich. A la vez, denuncio todo el cuadro de atropellos del gobierno y sus aparatos de seguridad, de su vinculación con las redes de tratas, de la política de cooptación de familiares victimas del gatillo fácil, convocando a reforzar las marchas (ya van 370) que se realizan todos los martes. Finalmente llegó el turno a varios grupos musicales, abriendo Skaraguay y cerrando Karma Sudaka, dos de las bandas de Rock más populares de la provincia.

La crisis entre el gobierno nacional y el de la Ciudad por el subterráneo se veía venir. Macri había resuelto devolverlo al gobierno nacional antes de la masacre de Once, debido al estado calamitoso de la red. El Sarmiento aceleró una decisión que ya estaba tomada. Impasse Durante años, la disputa consistió en que el gobierno nacional le negaba el traspaso del subte a la Ciudad, que lo reclamaba como propio. Ahora ocurre exactamente lo contrario. Antes lo querían los dos, ahora no lo quiere ninguno. ¿Qué ocurrió para que las cosas cambien tan radicalmente? Simple: el agotamiento de la política oficial de subsidios, después de un largo período de desinversión para mantenimiento. Que en el subterráneo puede ocurrir un accidente como el de Once, lo dicen los trabajadores desde hace mucho. Ni CFK ni Macri se quieren hacer cargo de la factura; los K extorsionan al intendente local al negarle los avales para contraer deuda en el exterior. Un compromiso precario, en enero pasado, establecía que durante 2012 el gobierno nacional pagaría el 50% de los subsidios correspondientes a un año (unos 375 millones de pesos), mientras del otro 50% se haría cargo la Ciudad. El acuerdo de enero empezó con una suba del pasaje que serviría para cubrir la parte de los subsidios de la Ciudad: es decir que los kirchneristas, con el traspaso, habilitaron el tarifazo. Ahora bien: una vez aplicado el aumento de tarifas se comenzó a hablar de otro más, que es inviable si este encarecimiento no se generaliza a todo el transporte -ya que, de lo contrario, habría un desplazamiento masivo de usuarios del subte a otros servicios, como ya viene ocurriendo de enero a esta parte. Metrovías, sin embargo, empezó a presionar por un nuevo aumento de tarifas. Demoró el pago de sueldos en febrero y es posible que en marzo los pague desdoblados. Quizá fuera esto lo que empujó a Macri a devolver el subte. De todas maneras, el valor de la tarifa es sólo parte del problema: la extensión de la red plantea un endeudamiento en gran escala. Qué salida Los choques entre ambos gobiernos son la manifestación de que ninguno de los dos puede dejar de pagar los costos de una crisis. La política de ambos apunta a un tarifazo. El deterioro de la fuente de trabajo pone en peligro la seguridad de los trabajadores y los usuarios. Mientras detrás del paro de la burocracia de la UTA se vio la mano de Macri, la AGTSyP perdió toda iniciativa al estar empeñada en jugar de segundo violín del kirchnerismo. Así, la UTA pudo parar el subterráneo y ganó un poroto en la lucha contra el sindicato de bases. Ni los ‘nacionales y populares' ni los derechistas han puesto el ojo sobre el concesionario Metrovías, el cual ha obtenido grandes beneficios valiéndose de los subsidios. Metrovías es un Cirigliano más: integra la Ugofe que maneja el ferrocarril Roca y el San Martín, además de tener la concesión del ferrocarril Urquiza. Está planteada la rescisión del contrato de Metrovías sin ningún resarcimiento y la apertura de las cuentas para evaluar los costos reales del servicio, anulando el tarifazo decretado por Macri en enero. Una auditoría realizada por los propios trabajadores debe determinar el estado real del subte y de sus condiciones de seguridad, estableciendo transitoriamente la no circulación de todos aquellos trenes que presenten dificultades que pongan en riesgo la seguridad de trabajadores y usuarios. La estatización bajo control obrero de la red de subterráneos debe formar parte de una nacionalización general del transporte. El financiamiento para un plan de inversiones debe venir de una reorganización general, que afecte mediante un impuesto extraordinario a los monopolios del transporte, los bancos y las grandes empresas, y establezca impuestos a la renta agraria, minera y petrolera.

Entre gallos y medianoche, la ministra Nilda Garré dispuso el pase a retiro de 78 oficiales de la Policía Federal. Entre ellos, se encuentran los comisarios Luis Mansilla y Jorge Ferreyra. Ambos fueron los máximos responsables del operativo policial montado en Avellaneda y Barracas cuando mataron a Mariano. El "pase a retiro" equivale a una jubilación anticipada. La decisión de Garré les brinda a Mansilla y a Ferreyra una salida "decorosa", cuando se encuentran a las puertas de un juicio oral y público en el que serán acusados por las querellas de las víctimas de haber participado activamente de un planificado ataque criminal. De esta manera, en cambio, ambos oficiales conservarán sus pensiones. El 20 de octubre de 2010, Mansilla y Ferreyra estuvieron permanentemente sobre las vías del ferrocarril, apostados junto a Pablo Díaz y todo el "comando operativo" de la patota de Pedraza. Tenían a su cargo un dispositivo de 90 efectivos, apoyados por patrulleros y camiones hidrantes, lo cual destruye la coartada de que se vieron "superados". Cuando el centenar de matones descendió del terraplén para atacar a los tercerizados y militantes que doscientos metros más allá se estaban desconcentrando, los móviles se apartaron para darles paso. Consumado el ataque, la policía permitió que los agresores se deshicieran de las armas ni identificó a ningún atacante; tampoco acordonó la zona (lo cual permitió que se destruyeran pruebas importantísimas) ni informó al fiscal de turno, a pesar de haber habido un muerto y varios heridos por arma de fuego. La policía ocultó deliberadamente las comunicaciones mantenidas aquel día y evitó registrar en video el momento de la agresión de la patota. Mansilla y Ferreyra también están imputados por haber autorizado la presencia de una docena de agentes de civil -algo que se supone expresamente prohibido en el protocolo de la Federal. Justamente mientras Mansilla informaba a la Dirección de Operaciones que estaba "todo tranquilo", policías sin identificación advirtieron al equipo periodístico de C5N presente en el lugar de los hechos que se retiraran "porque va a haber problemas". Todo esto (y más aún), consta en el expediente judicial. La evidencia de la activa participación policial en el ataque es más que abundante. Sin embargo, la política oficial fue la de apoyar en todo momento a la policía. Aníbal Fernández -en aquel entonces, jefe de gabinete- calificó de "impecable" la actuación policial. La Dirección de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal -dependiente del ministerio que encabeza Garré- proporcionó defensa gratuita a los policías hasta un año después del crimen de Mariano. En ese lapso, los asesores de la Federal plantaron diversas chicanas jurídicas que demoraron la causa en la que se acusa a los policías. Finalmente, Mansilla y Ferreyra fueron quienes, dos meses después del crimen de Mariano, firmaron las actas por las cuales un juez federal procesó a los compañeros de "Causa Ferroviaria" que reclamaban el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Ministerio de Trabajo con los tercerizados del Roca. La acusación, se sabe, la lanzó Garré en conferencia de prensa desde un estrado oficial. Repudiamos el encubrimiento oficial sobre los policías y reclamamos el inmediato inicio del juicio que encontrará a Pedraza, sus matones y policías en el banquillo de los acusados.

Sra. Presidenta: Tal vez usted no me recuerde, la señora Alicia Kirchner con seguridad lo hará. Tengo 47 años, resido en Río Gallegos desde el año 1978, y en la provincia de Santa Cruz desde el año 1971. Quiero esta tierra patagónica y la volvería a elegir para vivir. Aquí está mi historia personal y colectiva. Si bien, señora Presidenta, me afilié al Partido Justicialista en el año 1983, sinceramente no entendía absolutamente nada de política: mis padres eran peronistas y creía que yo también debía serlo. La realidad me demostraba diariamente que el mundo estaba mal, muy mal; pero me sentía impotente, entendía claramente que sola no podía cambiar nada. Mi posición fue, hasta el año 1987, la resignación. Pero con un detalle: acepté no poder cambiar el mundo, pero asumí el compromiso de que el mundo no iba a cambiar un ápice de mis principios de joven rebelde. Cuando asumió su esposo como intendente de la ciudad de Río Gallegos, me gustó su discurso progresista y decidí militar activamente en los inicios del kirchnerismo. Participé activamente de la interna presidencial Cafiero-Menem. Usted recordará, Sra. Presidenta, que apoyamos a Cafiero. Luego vinieron las internas provinciales. Su esposo, previamente, había denostado al señor Arturo Puricelli, porque, según se decía, era el responsable, durante su gestión como gobernador, de la desaparición de 1 (un) millón de dólares del Banco de la Provincia de Santa Cruz. Sin embargo, recordará, Sra. Presidenta, que se conformó la Lista Verde Unidad, con los siguientes referentes políticos: su esposo, el señor Rafael Flores y el señor Arturo Puricelli! Allí, terminó mi militancia activa. En el año 1993, conozco a un compañero de trabajo, militante del Partido Obrero. Tuvimos discusiones políticas durante casi 15 años. Me negaba a creer que la política de su esposo había sido la de reprimir a compañeros trabajadores del Corralón, en el año 1989. También me negué a creer la golpiza recibida por los trabajadores que participaban del cacerolazo en el año 2002, por parte de una patota oficialista. Pero, finalmente, la venda comenzó a caer durante la gran lucha que dio la clase trabajadora en el año 2007. A partir de la represión a docentes por parte de la Gendarmería Nacional, tomé la decisión de renunciar al cargo político que ocupaba hasta ese momento. Continuar como funcionaria, era avalar a un gobierno represor. La caída total de la venda, Sra. Presidenta, se produjo el 17 de agosto de 2007; cuando el asesino al volante, Daniel Varizat, no tuvo reparos en atropellar a varios trabajadores que participaban de una marcha pacífica. Mientras, usted participaba de un acto de campaña, en el Boxing Club. Nadie me contó, yo estuve allí; y son imágenes que jamás olvidaré. Puedo relatarle cada detalle de ese día, pero no quiero extenderme más; sólo quiero decirle que los trabajadores no somos asesinos. Por esa razón, varios trabajadores comenzaron a organizarse, intentando formar un cordón humano, para que Varizat pudiese retirarse del lugar. Pero ese asesino al volante arremetió sin compasión, sobre hombres, mujeres y niños. Y camina hoy, impunemente, por las calles de la Ciudad de Buenos Aires. Por esa experiencia, Sra. Presidenta, y el despertar de mi conciencia de clase (a fuerza de extensas lecturas y discusiones políticas), hoy milito en el Partido Obrero, integrante del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. No soy un invento oportunista, sino una trabajadora de carne y hueso. Sra. Presidenta, he escuchado su discurso en la apertura de sesiones del Congreso Nacional, con suma atención. Usted habló del pago de la deuda externa. Pago que se realizó con ajustes sobre la clase obrera, que no fuimos quienes la generamos; pero, evidentemente, las pérdidas se socializan. ¿Y las ganancias? Se las reparten entre el capital (nacional y extranjero) y los "redomados apologistas de las tropelías del capitalismo" (altos funcionarios del Estado y la burocracia sindical). También anunció el pago de la deuda interna, los famosos Boden 2012. Producto del corralito de Cavallo. Pero se olvidó de mencionar la deuda que mantiene el Estado con los ex agentes de YPF y con todos los jubilados. Mi padre, jubilado de YPF, se murió en 2008 y no cobró la totalidad de la deuda. Por eso, Sra. Presidenta, continuaré luchando, junto con mis compañeros de clase, por el 82% móvil para todos los jubilados y el pago de las deudas que el Estado mantiene con ellos. Es una injusticia social lo que hoy padecen. Sra. Presidenta, la "ley antiterrorista" es, lisa y llanamente, la criminalización de la protesta social. Como ya tuvimos pruebas sin ir más lejos, con la brutal represión del 29 de diciembre a los trabajadores que nos oponemos, al tratamiento y aprobación de una ley de emergencia en la provincia de Santa Cruz. Una ley de emergencia que pretende quitarnos más derechos adquiridos; como lo hicieron en la reforma previsional anterior. Es inaudito que tengamos 5.000 compañeros trabajadores procesados y varios presos, como el compañero Oñate, por defender nuestros derechos. Ni hablar, Sra. Presidenta, del Proyecto X. Eso es el ángel rubio infiltrado en Madres de Plaza de Mayo. No puedo dejar de referirme, en esta carta, a la tercerización del trabajo. El más claro ejemplo de la explotación del hombre por el hombre. Ni al asesinato de mi compañero de militancia Mariano Ferreyra, por parte de la patota sindical. Si bien el asesino Pedraza continúa en prisión como corresponde, hay otros responsables políticos impunes y, además, la patota sindical sigue actuando. Claro ejemplo, Sra. Presidenta, son los usurpadores de la Uocra en Santa Cruz ¡Es escandaloso! Sra. Presidenta, para ir terminando esta extensa carta pública, debo decirle que el Poder Ejecutivo es directo responsable del crimen social que costó 51 (cincuenta y un) vidas en Once y debe hacerse cargo. El Poder Ejecutivo no puede desconocer el estado del transporte público. Y de hecho no lo desconoce, porque usted misma dijo que Macri se creía el alcalde de Nueva York, si pensaba que el estado actual de los subtes era óptimo. Entonces, Sra. Presidenta, ¿Era una tragedia evitable? Sí era una tragedia evitable, ¿No es un crimen contra la clase obrera? Me despido de usted, con el respeto que me merece.

Quedó más claro que nunca que hay un rechazo generalizado de la docencia al acuerdo que quiere cerrar el gobierno con UEPC. El paro del 28 fue acatado con todo por la docencia. Hubo una gran movilización de cinco cuadras desplegada esencialmente por las escuelas, ya que la conducción se jugó a vaciarla. Una asamblea masiva que ratificó rechazar en las asambleas escolares posteriores el aumento del 16,5% anual. Las asambleas del jueves y viernes fueron creciendo en movilización. Varias de ellas se realizaron en las calles y hubo cortes en los accesos principales de la ciudad: zona norte, zona sur, ruta 20. Los mandatos no sólo rechazan el aumento, convocaron a parar el 6 y a movilizarse. El gobierno trabaja de la mano de la conducción para que pase la propuesta. Tuvo que quemar varios cartuchos juntos: descuentos por días de paro, conciliación obligatoria y todo tipo de aprietes. Pero tiene una crisis muy grande con la base docente de toda la provincia. Los mandatos de escuela siguen con un objetivo muy firme: ratificar el 30% sin cuotas- plan de lucha y los docentes los están garantizando en la calle. Además, plantean una convocatoria en el gremio si UEPC acepta el aumento en la asamblea departamental. La docencia sabe muy bien que Monserrat negocia sin mandato. La movilización del 6 de marzo fue una jornada histórica de lucha de la docencia del país. Para reforzar las luchas provinciales y para repudiar en las calles los dichos de Cristina. La Presidenta se cuidó muy bien de no atacar a Cirigliano mientras golpeó a la docencia que cobra menos de 3.000 pesos. El repudio fue total. La asamblea de delegados de Capital, y los delegados del interior, tienen la tarea de tomar en sus manos la dirección del conflicto si la conducción lo depone.

-Exclusivo de internet Seis meses atrás,en la nota "Macri Acorrala al Borda" (Prensa Obrera 1194, 12/9/11) ya denunciamos los dos problemas centrales en relación a la red hospitalaria de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires: primero, que el Gobierno privatista de Macri avanzaría a paso redoblado para desenvolver su "Centro Cívico" en los terrenos de los Hospitales Borda y Moyano, lo cual implicaría un formidable negociado inmobiliario (por otra parte, esto ha sido un viejo anhelo de los gobiernos municipales de De la Rúa, Ibarra y Telerman), con el consiguiente cierre de ambas unidades. Segundo, que el desembarco se produciría con la complicidad de las fuerzas políticas referenciadas con el kirchnerismo. Semanas atrás, los principales medios de comunicación se encargaron de oficializar nuestro anticipo: Clarín (14/2) informa que "La idea es construir un edificio moderno, que permita el ahorro de energía y respete la calidad medioambiental. El lugar elegido es un predio en Amancio Alcorta y Perdriel, en la misma manzana donde están los hospitales Borda y Rawson, frente a la plaza España. Allí se mudarán todas las oficinas de la Jefatura y Vicejefatura de Gobierno, y los ministerios de Desarrollo Urbano, Espacio Público y Hacienda". La noticia cayó como un balde de agua fría entre los trabajadores y profesionales del Hospital, aunque no como "rayo en cielo sereno". En los últimos años, el cierre amenaza ser el destino de un progresivo desmantelamiento: el año pasado, como fue de público conocimiento, el Hospital Borda permaneció durante los meses de invierno con la mayor parte de las instalaciones sin gas (hasta el día de hoy, muchos Servicios siguen en la misma situación), sumado al traslado de la Unidad Penal 20 a Ezeiza (por decisión del Gobierno Nacional) y el cierre de los Servicios 14/22 (para adicciones) y 74 (Psicología Social). En los primeros días de enero de este año, el gobierno de Macri, a través de la Resolución Nº 52 del Ministerio de Salud, oficializó una licitación para la contratación de internaciones de "larga duración" para pacientes privados en clínicas psiquiátricas, por lo que no hace falta una brillante lectura para caracterizar el destino que se pretende imponer a una parte importante de la población interna de los hospitales Borda y Moyano, especialmente a los pacientes llamados "crónicos". Ya en los primeros días del mes de febrero, comenzaron a aparecer sorpresivamente algunas obras de "demolición" en algunos sectores del hospital. Por el momento, la mayoría de los gremios (muchos de los cuales oficiaron como anfitriones en las recorridas de campaña del otrora candidato Filmus por el Borda) aparecen ahora como voceros del propio macrismo: en la última asamblea del Hospital, informaron que las autoridades comunales se han comprometido a avanzar con el Proyecto del Centro Cívico "sin cerrar los hospitales", lo cuál generó el repudio de la mayoría de los asistentes, porque la aparente ingenuidad resonó como una pérfida complicidad. No es casual: desde que hace semanas, a pesar de la disputa del macrismo con el Gobierno Nacional por el traspaso del subte, ningún funcionario de la Dirección Nacional de Salud Mental ha planteado denuncia alguna por el inminente cierre de los neuropsiquiátricos de la Ciudad. Tampoco, los legisladores del Frente para la Victoria. Para peor, algunos "cuadros técnicos" en el Área, referenciados con el kirchnerismo, reconocen que denunciar el cierre del Borda y el Moyano sería ir contra el espíritu de la nueva Ley Nacional de Salud Mental (impulsada por el gobierno nacional y votada por toda la oposición), la que justamente plantea -en su artículo 27- el cierre "paulatino" de los monovalentes en nombre de una política de presunta "desmanicomialización" (además de relegar muchos dispositivos sustitutivos en el sector privado y en ONGs). A pesar del clima de desmoralización que, por el momento, los sindicatos y las asociaciones profesionales pretenden imponer (el cual oscila entre el "hecho consumado" y la creencia en palabra oficial del macrismo sobre el Borda y el Moyano), un importante sector de trabajadores y profesionales ya ha comenzado a discutir un plan de acción inmediato para enfrentar esta nueva escalada contra el Borda.

Un ministro del socialista Antonio Bonfatti fue a la Legislatura a rendir cuentas de los problemas con el servicio eléctrico y terminó admitiendo que fueron presionados para nombrar a un hijo de la esposa de Hermes Binner como empleado de la Empresa Provincial de la Energía (EPE). Meses atrás, el líder del socialismo había denunciado a sus socios de la UCR por la misma situación en Vialidad. También terminó admitiendo que él y su secretario de Servicios Públicos también acomodaron a sus hijos como empleados de la Empresa Provincial de la Energía (además del de la esposa de Binner). El episodio rayó en el papelón ante propios y extraños, porque históricamente los socialistas en Santa Fe han marcado en la transparencia una diferencia con el peronismo. El hombre que perdió por la boca es el titular de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, Antonio Ciancio. Nadie convenció a nadie. Pero antes de irse, el ministro binnerista se acercó a la diputada peronista María Eugenia Bielsa -hermana de Rafael, titular de la Sedronar- y la chicaneó: "Dígame diputada, cómo se hace para tener un Registro de Propiedad del Automotor en Rosario". La estocada aludió a una de estas oficinas que la familia Bielsa obtuvo durante el menemismo, las que representan un pingüe negocio dado que tienen mercado cautivo y sin mayores gastos. María Eugenia llamó la atención de los que ya se iban para revelar lo que Ciancio le había musitado y lo que ella le iba a preguntar: "A dedo (se obtiene un registro automotor)", contestó Bielsa y le devolvió un sablazo que encendió al rojo la papada del ministro. Le hizo saber que ella sabía que él metió a trabajar a su hijo y a su nuera en la EPE y que el secretario de Servicios Públicos, Alejandro Boggiano, también hizo lo mismo, al igual que fue nombrado de este modo el hijo de la secretaria de Arquitectura provincial, Silvana Codina, actual esposa del ex gobernador Binner. Sorprendido por la torpeza con la que se dejó acorralar, Ciancio ensayó luego ante la prensa una explicación al estilo de "necesito tener gente de confianza adentro de la EPE para conocer mejor su funcionamiento desde sus entrañas" y recordó, además, que su hijo es ingeniero y que la distribuidora estatal necesita de esos profesionales.

La diatriba de Cristina contra los maestros, con los argumentos tradicionales de la derecha "neoliberal", ha encrespado al gremio en las escuelas. El choque del kirchnerismo con uno de sus principales aliados es consecuencia directa de un régimen que busca contener todos los salarios a partir de los maestros. La Presidenta reivindicó la prioridad de la deuda externa por referencia a la inversión en ferrocarriles o educación. Una diferencia de 200 pesos para fijar un inicial de miseria (los 3.100 pesos reclamados por la burocracia yaskysta) se convirtió en una cuestión de Estado, porque el gobierno nacional no está dispuesto a poner el dinero complementario que reclaman las provincias para bancar ese inicial. Por caso, en la provincia de Buenos Aires, según los funcionarios de Scioli, "complacer el pedido de un aumento de casi el 30% representa un gasto extra de 15 mil millones de pesos", que no piensan sufragar. La tendencia de lucha que recorre a la base ha obligado al sindicalismo de la Ctera, el más "cristinista", a convocar a su primer paro nacional por reclamo de salarios de los últimos diez años. El repudio unánime al ataque presidencial incluyó hasta a sectores "súper K" de la docencia, como la Naranja (orientada por D'Elía), amén de Roberto Baradel (Suteba) y de Stella Maldonado (todos a contramano del apoyo público que le dio al discurso gorila de CFK Martín Sabbatella). Por arriba y por abajo, se revoluciona Ctera y aparece una crisis de su dirección. El paro, luego del discurso presidencial, fue objetiva y subjetivamente en defensa del estatuto del docente y contra la superexplotación en dobles cargos y ante aulas enormes en las que el docente absorbe la crisis social de los alumnos y sus familias. Un férreo frente de Binner con Cristina El ataque a la docencia tuvo al binnerismo como el principal aliado de CFK. Al gobernador de Santa Fe, Bonfatti, los maestros de su provincia le rechazaron los 4.000 pesos de inicial que ofreció, y le votaron 48 horas de paro por tres semanas seguidas. Binner-Bonfatti aplaudió todo el contenido del discurso antiobrero de CFK. Para Bonfatti, la Presidenta "repasó la situación macroeconómica con cifras inobjetables, tomó como ejemplo el caso de Santa Fe en la paritaria docente y mencionó el rechazo a nuestra oferta salarial". Por esta razón, la CTA de De Gennaro y Micheli, la CTA de Binner y del FAP, en medio de la enorme crisis del sindicalismo cristinista, fue un cero a la izquierda, desnudó el carácter divisionista y estéril de su planteo de formar una Ctera paralela, un aparatito de lucha faccional contra sus ex socios, que no aportó nada hasta aquí ante semejante ascenso de la lucha. Desde abajo, un nuevo rumbo: que Ctera rompa con el gobierno Que Ctera convoque al paro de 72 horas, junto al resto de las provincias. Por un congreso de base de la docencia para decidir, y plenarios de delegados de escuela en todas las provincias, por 4.000 pesos de básico, 30% de aumento en todas las categorías, fin de los topes a las asignaciones familiares, fin del impuesto al salario, no al tarifazo. En esta perspectiva hemos sido convocantes del Encuentro Docente opositor de la provincia de Buenos Aires, y desde allí hemos convocado a participar masivamente del Encuentro Nacional Docente llamado por las diez seccionales opositoras de Aten (Neuquén). El encuentro neuquino será escenario de una disyuntiva: o enredarse en el emprendimiento divisionista de Ctera de parte de la CTA Micheli y de sus seguidores dentro de Ctera, o adoptar una política para recuperar Ctera, rompiendo con Binner, Cristina y todo el ajuste, por un plan de lucha de Ctera.

-Exclusivo de internet En la última sesión de la Legislatura porteña de 2011, junto con un enorme paquete de leyes, se aprobó la convocatoria a licitación para la construcción de un polo gastronómico, denominado como "Feria del Sur" bajo la autopista entre las calles de Bolívar y Defensa, en pleno barrio de San Telmo. En ese lugar, hoy funciona el Polideportivo "Martina Céspedes" utilizado por 2.000 alumnos de las escuelas de la zona. Predio donde, además, funciona como sede de los Programas Club de Jóvenes y Vacaciones en la escuela, de la juegoteca a cargo de una ONG y el Cesac 15. El proyecto en cuestión, iniciativa del bloque del PRO a instancias de un grupo de empresas constructoras afines al gobierno de la ciudad, fue votado afirmativamente por 55 legisladores en primera lectura. El proyecto fue votado por el kirchnerismo, Proyecto Sur y por Tito Nenna, Naddeo y todos los legisladores afines a la burocracia de UTE. Una vez que trascendió la noticia en varios medios y nos enteramos en las escuelas, varios legisladores opositores al macrismo (tanto del kirchnerismo, de Proyecto Sur, como del Frente Amplio Progresista) justificaron su voto alegando no haber leído el proyecto. ¡Una irresponsabilidad política gigantesca que sólo se explica por su subordinación a los mismos intereses sociales que mandatan a Macri. Los docentes, estudiantes y padres de las escuelas afectadas nos estamos organizando para impedir que se elimine nuestro polideportivo. ¡El Polideportivo no se toca!

-Exclusivo de internet ¡Ustedes llamaron a votar este gobierno!, que fue incapaz en 10 años de fabricar vías en la Argentina (lo primero que hizo Siderar fue tirar al digestor la planta laminadora de perfiles que tenía Somisa en San Nicolás). Los trenes no pueden tener vías porque no se fabrican más en la Argentina... ¿sabían eso? En diez años, el gobierno al que siguen los trabajadores (y que ustedes llamaron a votar) fue incapaz y entregador a tal punto que no ha desarrollado ninguna planta de producción nacional de perfiles... un verdadero escándalo. Oh... ¡qué cosa!, los delegados que denunciaron a la empresa y patronal responsable son los mismos que ustedes denunciaron y llamaron a no votar. ¡Fantástico! Una joya The militant. De: Novedades Web El Militante Para: Enviado: sábado, 25 de febrero de 2012 20:31 Asunto: Estatización de los FFCC / España regresiva / Control obrero en Grecia LA TRAGEDIA DE ONCE CLAMA POR LA REESTATIZACIÓN DEL SISTEMA FERROVIARIO NACIONAL ¡Que TBA pague por su negligencia criminal! La Corriente Socialista Militante se suma a los pronunciamientos de pesar y solidaridad con los heridos y los familiares de las personas fallecidas en la dolorosa tragedia ocurrida el miércoles 22 de febrero en la Estación de la Plaza Miserere (Once) de la ciudad de Buenos Aires.

Paro masivo en todos los niveles educativos, incluida la universidad. Más de 3.000 se concentraron en la Plaza Independencia. La mitad fueron convocados por la UDT (Unión Docente de Tucumán, sindicato de la CEA) y Sadop. La otra mitad, o sea 1.500 docentes pertenecían a Atep (Ctera) y concurrieron al llamado de diversos movimientos autoconvocados, y de Tribuna Docente, que tuvo una destacada presencia. La burocracia de Atep llamó a parar pero no a movilizarse. En la plaza se realizó un acto donde hablaron los referentes de los distintos movimientos que repudiaron el acta acuerdo que Atep firmó con el gobierno, entre ellos Diego Toscano de Tribuna Docente, quien hizo un llamado a elegir delegados en las escuelas, a formar una coordinadora de lucha y planteó la necesidad de una asamblea general provincial que elija un comité de lucha que dirija una lucha única por la reapertura de las paritarias y la defensa del Estatuto.

-Exclusivo de internet Un mes y medio ha pasado desde el incendio y la reconstrucción del edificio está paralizada. Los funcionarios macristas han prometido el inicio de las obras de reconstrucción de la guardia ¡en el año 2013! No han instalado el trailer que se reclamo en un primer momento y recién la última semana llegaron baños químicos. El pabellón central de atención y el área programática están clausurados. Los primeros dos pisos quedaron destruidos por las llamas. De hecho, en el 2º piso todavía se encuentran los cadáveres de las palomas ahogadas por el agua de los bomberos. La central telefónica no funciona: el Alvarez es un hospital sordomudo,ya que no hay líneas de comunicación interna. Sólo han quedado disponibles tres quirófanos para la atención de guardia. Hay salas donde se tienen que hacer hasta tres pisos por escalera, porque no funcionan los ascensores. Más de cien camas están inhabilitadas. Las instalaciones eléctricas no han sido renovadas, por lo que en pabellones enteros siguen existiendo riesgos de "accidentes eléctricos". Los trabajadores del hospital soportan toda esta situación acumulando bronca por abajo. Los magros sueldos en el inicio de una escalada de tarifazos y ajustes empiezan a ser cuestión de debate. La asamblea general del hospital del 18 de enero, en la que participaron cientos de trabajadores, mostró el estado de ánimo de las bases, las que colocaron a las direcciones gremiales (Suteba, profesionales, médicos municipales) entre la espada y la pared: o están para defender la salud y seguridad de los trabajadores y usuarios del hospital, o siguen su compromiso con la dirección del hospital y el gobierno. La asamblea resolvió formar una comisión de vecinos y trabajadores de control de las obras. Se inició un peritaje y una investigación del estado edilicio del hospital de forma independiente a la de los peritajes que lleva la justicia de la Ciudad. Se realizó, el último 10 de febrero, un gran abrazo al hospital, donde participaron más de 300 trabajadores, el cual contó con la solidaridad de decenas de hospitales, la Inter-hospitalaria, organizaciones sociales y la comunidad boliviana del barrio, todo organizado por el Frente en Defensa del Hospital Alvarez. El próximo 2 de marzo, se realizará una nueva asamblea general de trabajadores y usuarios. Será el lugar para poner de relieve el impasse de las obras, los peritajes realizados de forma independiente y para preparar una gran jornada de lucha para el 16 de marzo, cuando se cumplan dos meses del incendio. Una jornada de lucha que tenga un contenido concreto: queremos el inicio inmediato de las obras, a cargo del Estado y bajo el control de trabajadores y usuarios. Necesitamos un hospital seguro y digno. Hay que iniciar una gran campaña de agitación, por ejemplo bajo la forma de un petitorio, para darle a este movimiento de lucha un programa de reclamos concretos. Hay que unir fuerzas con todos los hospitales y sectores de lucha para encarar una pelea de conjunto.

-Exclusivo de internet El estallido de la movilización de jóvenes investigadores luego de conocerse los resultados de la última convocatoria anual del Conicet, en diciembre pasado, ha puesto sobre el tapete un hecho sobre el que veníamos alertando: la política científica del kirchnerismo ha fracasado. En 2004, cuando recién comenzaba su primer mandato, el kirchnerismo había fijado como objetivo que el presupuesto de Ciencia y Técnica fuese el 1,5% del PBI, pero el mismo nunca superó el 0,5% (la mitad que Brasil por ejemplo) y, más adelante, creó un Ministerio especial, a cargo de Lino Barañao. Inflación y devaluación mediante, el aumento colosal del que se vanagloriaban, no era tal. A caballo de esta "inflación" presupuestaria y el trabajo en negro, se ampliaron las vacantes de becas e ingresos a carrera del Conicet, que estaban virtualmente congelados. El incremento sustancial se dio en las becas doctorales y, en menor medida, en las post doc. El aumento de la planta permanente de Conicet fue infinitamente menor, incluso tendiendo a la desaparición de la carrera de personal de apoyo. Así, los puestos de trabajo que se crearon se dieron sobre la base de la precarización laboral: sin licencia por maternidad, aportes jubilatorios, obra social o asignaciones familiares. Mientras tanto, la estructuración bancomundialista y mercantilista del sistema científico de los 90 siguió intacto: la Agencia de Promoción Científica (creada por Menem), la concentración de poder y las arbitrariedades del directorio de Conicet (sin participación de becarios o personal de apoyo) y fundamentalmente la orientación del sistema científico hacia la "estructura productiva", es decir, a aumentar las ganancias empresariales. Éste es el proyecto científico que personifica el ministro Barañao y que explica el cambio de política en el Inti, para "dejar de poner el énfasis en la economía social" y volcarse a trabajar "codo a codo con las empresas", el avance del financiamiento privado y multinacional a través de los subsidios y el privilegio de ciertas líneas de investigación en detrimento de otras menos "rentables". Este esquema es el que entró en crisis recientemente. En primer lugar, porque es incapaz de absorber los propios doctores que generó. Sin un aumento en el presupuesto de CyT, los científicos que egresan de las becas doc y post doc no pueden ingresar a la carrera de investigador. Por otro lado, el dogma de Barañao de que como el Conicet no puede absorberlos, debían pasar a las Universidades del Conurbano o a las empresas privadas ha sido admitido como un fracaso por las propias autoridades. Las Universidades Nacionales del Conurbano no tienen interés en tomar personal calificado cuando cuentan con miles de docentes de Ad honorem y y contratados en su propia planta y el programa "Inserción Laboral de Doctores", impulsado por Barañao en el Conicet, cuenta con cuatro ofertas laborales vigentes y ha colocado menos de diez profesionales desde su inicio en 2011. Así, mientras el gobierno se jacta de los científicos repatriados, que fueron 876 en nueve años, o mientras Barañao habla de abrirles la puerta a los científicos españoles (El país, 19/2), sólo en 2011 fueron 1.630 los doctores que fueron expulsados de la investigación pública. En segundo lugar, porque en consonancia con la crisis económica mundial y con el ajuste que ya está aplicando el gobierno a través de los aumentos de tarifas y los techos salariales, se está preparando una reducción del presupuesto para CyT. Esto es lo que se deduce de las declaraciones de funcionarios que hablan de "el fin de una época" e implica que no sólo no va a haber una solución para los jóvenes investigadores ya expulsados, sino que sus filas van a ser engrosadas por nuevos despidos. Lo mismo ocurrirá con los estudiantes graduados que no puedan acceder a las becas tipo I de iniciación de doctorado, futuro recorte que los funcionarios ya admiten en las reuniones con los delegados. El fracaso de la política kirchnerista pone de manifiesto las limitaciones del gobierno actual de "reconstrucción de la burguesía nacional" y la imposibilidad para generar un modelo científico que sirva al desarrollo popular. Decir que el Estado no puede absorber ni necesita más científicos es obviar la amplia variedad de temáticas sociales y técnicas sin resolver. Enfermedades endémicas, precarización de la vivienda, provisión de agua, desarrollo de emprendimientos productivos comunitarios, producción pública de medicamentos, entre otras. El gobierno no puede abordar estas temáticas desde una perspectiva pública y al servicio de las mayorías porque chocaría con los intereses que representa y los negociados que comparte con los monopolios farmacéuticos, agrícolas e industriales. En el marco del sistema político social actual, la ciencia se ve reducida a una tecnocracia supeditada al capital, un mero método más para maximizar la tasa de ganancia de los grupos económicos concentrados. La única forma de construir un desarrollo científico independiente y crítico, que aborde las problemáticas de los sectores populares, es cambiando las bases sociales sobre las que nos organizamos. En defensa de la educación pública Jueves 8 - 17 hs - Todos al ministerio de Ciencia y Técnica

Mientras se desarrollaba el Plenario de Secretarios Generales de la Conadu Histórica, un compañero interrumpió las intervenciones para subir el volumen de su netbook y hacernos escuchar el furioso ataque de la Presidenta a los trabajadores docentes y, particularmente, a los universitarios. Fue el golpe de gracia para terminar de dar vuelta todo el plenario, el cual terminó votando por mayoría el paro del 6, junto a la docencia en lucha, una movilización al Ministerio de Educación y la publicación de una solicitada (ese mismo martes), donde se plantearon blanco sobre negro nuestras reivindicaciones y el repudio a las declaraciones de la Presidenta. Hasta entonces, la discusión seguía un curso casi administrativo. Si bien la AGD-UBA llevó una declaración que centraba su caracterización en el ajuste en curso y en las enormes dificultades del gobierno para poder implementarlo, la mayoría de las intervenciones giraron en torno de qué acción convocábamos . El "discurso" presidencial cambió radicalmente el humor. ¡Si hasta los compañeros más afines al gobierno se indignaron ante tamaño "exabrupto"! Pero lo de la presidenta fue más que eso. Mintió al hablar de la estabilidad laboral: el 75% de los docentes universitarios son interinos y viven con la amenaza permanente de la cesantía tras dos, tres, cinco y hasta 25 años de antigüedad. Los concursos, cuando se convocan, operan como un instrumento completamente expulsivo antes que un mecanismo de regularización. La Presidenta dijo otra media verdad. La recomposición salarial que se abrió en 2005 no fue el resultado de una graciosa concesión gubernamental, sino del más grande plan de lucha nacional de la docencia universitaria en décadas. Ese año, se abrió con paros y movilizaciones y, en el segundo cuatrimestre, se coronó con una huelga general de un mes que arrancó el blanqueo salarial y 3.000 cargos con salario para los ad honorem. No fue, entonces, el "modelo", sino el "método" de los trabajadores el que arrancó esas conquistas. Pero la presidenta tampoco informó que en 2009 y 2010 hubo una caída profunda de nuestros salarios, fundamentalmente por el proceso inflacionario. Pese a que pudimos romper el techo salarial de 2011, seguimos en baja. En medio de tantas cifras y porcentajes astronómicos, faltó el fundamental: el cargo testigo de los docentes universitarios percibe un salario de bolsillo de 1.900 pesos. La Presidenta ocultó deliberadamente en su "informe" las condiciones de trabajo de los universitarios y los investigadores: más de 15 mil trabajadores ad honorem, cifras difíciles de precisar de "no designados" al frente de cursos, contratados y monotributistas, amenaza de despido a 700 docentes en la UBA a quienes no se les reconoce el derecho a optar por permanecer en su cargo cumplidos los 65 años, 1.630 jóvenes becarios a los que el Conicet deja cesantes, la creciente persecución a delegados gremiales a quienes no se les reconoce la tutela sindical (en La Rioja, en Rosario, en la UBA). Para cerrar, una negociación empantanada por un Convenio Colectivo de Trabajo, del que carecemos. Frente al discurso presidencial, el martes 6 llevamos, junto con los docentes porteños y bonaerenses, a las puertas del Ministerio de Educación, la verdad de los trabajadores docentes. Con un paro nacional.

El juzgado federal de Comodoro Rivadavia resolvió elevar a juicio la causa por un corte de ruta de desocupados, realizado en 2009. Están imputados tres miembros del Partido Obrero: Norma Villamayor, Pablo Robles y Laura Costancio, así como la compañera Elsa Orozco, quien luchó junto al Polo en ese corte de ruta. La causa demuestra el empeño en criminalizar la protesta social por parte de este gobierno "nac & pop". La protesta que se pretende castigar se originó luego de exigir puestos de trabajo y ante la falta de pago del subsidio que percibían desocupados y compañeros de planes, quienes llevaban un año y ocho meses de contraprestación laboral. Las operadoras petroleras exigieron la represión, ya que el corte era exclusivo para los vehículos afectados a la producción de estas empresas. En ese momento, el gobierno de Peralta y el del ex intendente de Caleta Olivia, Cotillo, respondieron con un brutal desalojo, donde fueron golpeadas decenas de compañeras -una de ellas recibió golpes en la panza estando embarazada- y hubo heridos por balas de gomas, entre otros atropellos. La represión fue una emboscada preparada por la Infantería y la Brigada de Investigación (la que realizó una tarea de espionaje durante todos los días del corte, cuyos resultados obran como "pruebas" en la causa), asociadas con el jefe de la policía de la provincia, comisario Martin, quien estaba a cargo. Los compañeros no fueron solamente desalojados, sino que fueron cercados por la infantería y reprimidos desde todos lados. Luego se hizo una "fila" de uniformados, delante de la cual fueron obligados a pasar nuestros compañeros, bajo lluvias de golpes e insultos, hasta el acceso a la ciudad. Hoy, el gobierno termina por reconocer lo que en aquel momento denunciaron los compañeros: la falta de inversión por parte de las petroleras, que se llevan 39 millones de pesos por día en la zona norte de Santa cruz, pero sólo dejan subsidios y miseria para la población que vive en nuestra provincia. Sin embargo, en vez de tomar medidas judiciales contra Repsol, el gobierno lo hace contra los trabajadores. Con este juicio intentan atacar la organización de los trabajadores. Esto se da dentro de un marco represivo, cuyo fin es abonar el terreno para aplicar el paquete de medidas de ajuste que pretenden imponer en Santa Cruz. Así lo evidencian los más de 500 procesados entre docentes, desocupados, marineros, entre otros trabajadores, así como la detención del petrolero Oñate. Llamamos al conjunto de la población a repudiar este ataque. Por la absolución de Norma Villamayor, Pablo Robles, Elsa Orozco y Laura Costancio. Libertad al petrolero Víctor Oñate. Desprocesamiento a todos los luchadores. No a la criminalización de la protesta social. Abajo el Proyecto X y la ley antiterrorista.

-Exclusivo de internet La crisis largamente anunciada en el INT estalló hace menos de un mes. Ausencia de publicidad de todo acto administrativo, de gastos y de balances, la falta de democracia en el funcionamiento, ausencia de federalismo en la gestión, rotación prebendaria de jurados reciclados en funcionarios, luego o paralelamente beneficiarios de subsidios, y vuelta a empezar después. Tales datos objetivos denuncian la gestión del Director Ejecutivo, Raúl Brambilla, quién detentaba esa responsabilidad desde hace ocho años y que accediera a ese cargo en tiempos de la Alianza. Y que fuera ratificado por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (dado que su nombramiento es potestad del poder Ejecutivo Nacional), mediante gestión de los Secretarios de Cultura José Nun primero, y Jorge Coscia después. El epicentro fue la reunión del Consejo Directivo de hace tres semanas, donde un sector muy cuestionado, que ocupara cargos y responsabilidades en el Instituto se organizó para reclamar la renuncia del cuestionado Director Ejecutivo, algo que efectivamente se produjo. Un grupo de teatristas heterogéneo (actores, dueños de salas, periodistas, dirigentes de Argentores) generó una autoconvocatoria , primero para ingresar en la reunión del Consejo -algo que no les fuera permitido-, y después otra para discutir la situación. El objetivo es no convalidar un recambio de camarillas, ajeno al interés y al debate de la comunidad teatral. El camino elegido, una nota sugiriendo al Secretario Coscia que nombre a una persona proba, al tiempo de recomendar la publicidad de los actos y sugerir el inicio de una discusión para modificar la Ley del Teatro. Luego de realizadas dos asambleas de los autoconvocados, la dirección de la Asociación Argentina de Actores, convoca a una asamblea para tratar el tema. En ella se discute que corresponde intervenir en la crisis del INT, pero que la problemática del teatro independiente no empieza ni la resuelve el INT. Se acuerda en que la energía que se ha movilizado en los últimos días al calor de los debates por el Instituto (asambleas en Córdoba, Chaco, Neuquén, Tucumán, Mendoza y gran Buenos Aires) no debe dilapidarse. Por eso se aprobó generar un espacio en Actores, abierto a la comunidad teatral; para discutir toda la problemática de la actividad del teatro independiente, incluyendo la coyuntura del INT, pero no acotándose a ella, ni a los tiempos que significan esperar la respuesta del Secretario de Cultura respecto del nuevo nombramiento, o de esperar a como se desarrolle su gestión. La problemática de la inmensa mayoría de los actores que están fuera de los escasos circuitos de televisión o teatro comercial -ni hablar del cine-, no encuentra respuesta más que en una ínfima proporción en las líneas de subsidios del Instituto. Toda vez que, de los pocos datos que pueden conocerse, uno es el de la "suba indiscriminada del gasto administrativo, que por ley no puede superar al 10% del presupuesto, pero que alcanza el 35% ", denunciado por los compañeros de la Coordinadora de Trabajadores de la Cultura de Tucumán (El Periódico, 24/2), o el 40% como se señalara en la Asamblea de los Autoconvocados. El desarrollo de la actividad mediante el sostén de la producción, de la difusión y circulación de las obras, el establecimiento de circuitos de gira (barriales, escolares, provinciales, nacionales), pagos para los teatristas y gratuitos para la comunidad espectadora, la utilización de espacios oficiales, de clubes y sociedades de fomento; y de teatros naturalmente; la disposición de espacios para la producción (ensayos, investigación), la gestación de nuevos eventos, la discusión respecto de la transitoriedad de algunos eventos que insumen en diez días el presupuesto anual de organismos, la multiplicación de espacios en fiestas y festivales (para los elencos y, fundamentalmente, para el público), el debate respecto de la situación previsional de los "viejos" actores, lo pertinente a las condiciones de trabajo en los teatros oficiales y comerciales; la necesidad de constituir comedias municipales, provinciales y nacional, el uso y gestión de los coliseos oficiales, entre otros, sirven de muestra para ponderar la necesidad de dotarnos de un espacio independiente de debate y de organización. Y a pensar que poner en pié una gran agrupación de teatristas independientes de las prebendas estatales y de los partidos patronales, como en el actual caso del INT, resulta indispensable.

-Exclusivo de internet Señora: yo soy docente. No trabajo cuatro horas diarias porque no me alcanza. Tengo 30 módulos y necesitaría algunos más para poder tener una mínima capacidad de ahorro porque estoy al día. Le cuento que me llamo Silvina Faure, trabajo en colegios de gestión privada y estatal, en primaria y en secundaria. Es muy raro que falte a mi trabajo y me desempeño con toda la idoneidad de la que soy capaz. Me gustaría trabajar menos módulos para poder brindarles más a mis alumnos, pero soy sostén de mi casa y no puedo hacerlo. Cuando llego del trabajo corrijo, planifico clases, busco material y elaboro material propio. También hago cursos de perfeccionamiento, asisto a conferencias de desarrollo profesional y hasta asisto a webinars desde mi casa, como una manera de estar actualizada. También llego a tener hasta 50 cuadernitos de compensación preventiva para trabajar de manera más personalizada con aquellos alumnos a los que mi materia les resulta más difícil, para apoyarlos y que ganen confianza. Esto lo hago desde el inicio de clases, no espero a fin de año como sugiere la reglamentación porque considero que tres meses es poco tiempo para revertir una situación poco favorable. Corregir estos cuadernos y buscar actividades acordes a lo que cada uno de mis alumnos necesita se suma a las tareas que desarrollo en mi casa. Mi ciclo lectivo suele terminar entre navidad y año nuevo, por lo que no entiendo de dónde saca usted que gozo de tres meses de vacaciones. Tengo estabilidad laboral, es cierto, pero eso no es algo que deba agradecerle a usted, sino a la lucha de todos mis colegas a través de los años. Además de enseñar, entre mis funciones se encuentran la de hablar con las familias. Generalmente, mis recreos son invertidos en esta tarea, por lo que se me dificulta hasta ir al baño. Para qué decirle que hablar con las familias no siempre es ameno y distendido. También debo atender a los pedidos administrativos que me llegan de mis superiores, planificaciones, informes, grillas varias, etc. He tenido esbozos nodulares y un hiato longitudinal, producto de 17 años de labor ininterrumpida en aulas no apropiadas, muchas veces separadas por tabiques de madera, que me obligan a gritar por sobre el bullicio de las aulas aledañas. A cuatro días del inicio del ciclo lectivo 2012 ya llevo gastados 150 pesos en material didáctico que necesito para preparar mis clases. La suma asignada para este fin es ridículamente escasa. Pero no me quejo, encuentro sumo placer en tratar de armar una clase atractiva porque ésta es mi vocación y me hace feliz. No pretendo que me lo pague, pero tampoco diga que me lo paga usted porque no es así. Antes de ser profesora, me desempeñaba como empleada administrativa en un municipio y, si bien trabajaba ocho horas, paraba para ir al baño, podía tomarme algún café y cuando llegaba a mi casa el trabajo ya no existía para mí. Que nadie infiera que en mi visión los empleados administrativos la tienen fácil. Simplemente digo que la docencia ha sido para mí mucho más exigente en lo que se refiere al tiempo invertido. No voy a tildarla de ignorante, porque yo sé que ni usted se cree la burrada que expresó. Lo suyo es arengar a las masas -muchas veces poco criteriosas- y lo que está tramando es más perverso que la simple ignorancia: está tratando de poner al pueblo en contra de sus docentes. Con gobernantes como usted no me sorprendería que aumentaran los casos de violencia hacia los docentes. Usted se llena la boca hablando de "trabajo registrado", pero a mí el Estado me paga un básico miserable y la mayor parte de mi sueldo consiste en sumas no remunerativas (en negro), por lo cual intuyo que no podré jubilarme, salvo que me consiga un señor con dinero, pero ni para el botox me alcanza. Podrá repartir netbooks, pero las aulas de secundaria dan asco, con las paredes totalmente sucias, las mesas rotas y arqueadas, las sillas sin respaldo y con los asientos sueltos, los pizarrones inexistentes (muchas veces pintados en la pared) que no pueden borrarse correctamente y dejan todo sucio, las puertas que no cierran y las ventanas que no abren. No es un entorno que favorezca la concentración ni el desarrollo de hábitos de orden y estudio. La educación pública ha sido devastada (y no desbastada, como a usted le gusta decir). Reconozco que este proceso lleva muchos años, no es responsabilidad única de su gestión ni de la de su difunto esposo, pero hasta los alumnos reconocen que arreglar las instalaciones de la escuela debería ser una prioridad. Qué bajo ha caído señora, podrá hablar muy bonito, se le podrá quebrar la voz de la emoción y podrá hacer saltar de la butaca a sus seguidores para aplaudirla de pie, pero a mí no me engaña. Sus palabras reflejan el lugar que usted le da a la educación.

La Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), Serpaj, APDH, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) y otras agrupaciones semioficialistas lanzaron una "carta abierta a nuestros compañeros de los organismos de derechos humanos y el movimiento popular", en la que proponen organizar un 24 de Marzo centrado "en la crítica y la acusación sobre la responsabilidad del Poder Económico en el Terrorismo de Estado que perpetró un Genocidio" (mayúsculas en el original). Los firmantes denuncian que ese "Poder Económico tuvo nombre y apellido: la Ford, la Mercedes Benz, Acindar, Ledesma, etc.", y que "sigue siendo el centro del Poder Real, que está detrás de la aprobación de la mal llamada Ley Antiterrorista por consejo o imposición del Gafi". Sobre la marcha de los juicios contra los genocidas, cuya demora atribuye a "un sector importante del Poder Judicial", la carta plantea que "hace falta un esfuerzo articulado del Poder Ejecutivo y Legislativo, de todos los ámbitos estatales involucrados en los juicios y de los propios jueces para culminar con éxito la batalla contra la impunidad". La "propuesta" apunta a negar la responsabilidad del gobierno K en estos atropellos, incluso en la asociación económica con esos pulpos a través de las acciones de la Anses y de todo el régimen de subsidios que los beneficia. La propia Presidenta acaba de atribuir a esos subsidios la mayor parte de los beneficios de Techint, al cual le ha dado el monopolio de un sector del transporte ferroviario de carga. El gobierno K no ha puesto nunca en el banquillo de los acusados a los funcionarios norteamericanos que propiciaron el golpe y ocultaron su conocimiento de los secuestros y torturas. La propuesta distraccionista no denuncia que la totalidad de las tendencias que representan al gobierno en el Congreso (de los moyanistas a los sabbattelistas) votó la ley antiterrorista. Apuntar a 'poderes extraños' por la represión y el espionaje le saca la responsabilidad al principal protagonista de estos hechos -el kirchnerismo. ¡Los animadores de la propuesta parecen ignorar que el grupo Blaquier recibe jugosos subsidios oficiales para impulsar el negocio de los biocombustibles! Aceptar el planteo de esas organizaciones convertiría al 24 de Marzo en una farsa. Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, Apel, Apemia, Liberpueblo, Hijos La Plata y otros organismos nucleados en "Memoria, Verdad y Justicia" -el espacio desde donde organizamos las movilizaciones en repudio al golpe desde hace casi dos décadas- respondimos conjuntamente que "el accionar de los grupos económicos y el de la Justicia, lo denunciamos cada 24 de Marzo en la Plaza de Mayo", así como también "su continuidad durante los gobiernos constitucionales posteriores hasta el actual". "Este próximo 24 de Marzo debería encontrarnos a TODOS los organismos de derechos humanos denunciando las políticas represivas que está implementando el actual gobierno nacional con el total acuerdo del 'Poder Real' que estuvo detrás del Terrorismo de Estado".

La novela de Marcos Aguinis Liova corre hacia el poder, referida a la vida de León Trotsky, transcurre durante la infancia, la juventud y la temprana adultez de "Liova", su apodo infantil. Aguinis mezcla hechos reales con elementos de ficción. Estructura el libro a partir de narraciones a cargo de diferentes personajes del círculo cercano. Desfilan su padre, su madre, sus primos, Alejandra (su primera mujer). Luego, la novela se concentra en una única voz, la del propio Trotsky, quien narra los acontecimientos y reflexiona sobre ellos. Aguinis se apoya en la autobiografía realizada por el propio Trotsky, Mi Vida. No es exagerado el calificativo de "plagio" que han insinuado algunos comentaristas. Paradójicamente, en esto reside su principal mérito, porque acerca al conocimiento popular la vida y la trayectoria de uno de los máximos líderes del proletariado revolucionario. Aquí, claro, también están sus límites, porque donde termina Trotsky y comienza la pluma de Aguinis, la novela decae literaria y políticamente. En Mi Vida, la lucha revolucionaria es el hilo conductor que anima el relato; en Aguinis es un telón de fondo. En el prólogo a Mi vida advierte que "en mi vida personal, no hay nada que merezca de por sí publicidad. Todo lo que en mi pasado pueda haber de más o menos extraordinario está ligado a la lucha revolucionaria". En otras palabras, el centro de gravedad es la unión entre lo individual y lo histórico. El Liova de Aguinis va en dirección contraria. El desplazamiento del eje ofrece una imagen "light" de Trotsky, una versión lavada. Así, el encuentro en Londres entre Lenin y Trotsky se parece más al paseo de dos turistas que al encuentro de dos personalidades volcadas a cambiar la historia. Los grandes acontecimientos históricos -que son la razón de su vida- ocupan en Aguinis tanto lugar como el sexo o la comida. Aguinis supone que, de este modo, exhibe el 'perfil humano' de Trotsky. Se vale de la ficción para describir escenas amorosas que pretenden descubrirnos un Trotsky apasionado, como si ése no fuera el estado normal de un joven con todas sus hormonas y vitalidad. Pero aún en ese terreno, la novela no es de lo más afortunada, pues prevalecen los lugares comunes y los recursos literarios mediocres. El tono inocente y anecdótico es la apuesta ensayada por Aguinis. La "humanización" de los grandes personajes -alejarlos del bronce, como se suele decir- ha pasado a ser moneda corriente, a pesar de que recortar su pensamiento, su obra y su acción los descarna. "No pretendo idealizarlo -señaló el autor en una entrevista- y tampoco estoy seguro de que, al final, no hubiese terminado avalando una dictadura. Pero en el período que yo trato, sobresalía su pacifismo y amor a la democracia. Fue socialdemócrata -menchevique- hasta poco antes de encabezar la revolución de 1917" (extraído de Los Andes on line, 25/2). El período 'pacífico' en cuestión es el de la lucha clandestina contra el zarismo, la revolución de 1905 y la lucha armada contra el ejército, así como el de la prisión y la fuga. La génesis pacifista del fundador del Ejército Rojo merecería un Oscar a la ciencia-ficción. Aguinis está hablando del mismo hombre que desmantelará el gran fresco pacifista de Céline sobre la Primera Guerra Mundial, "Viaje al final de la noche", advirtiendo que el novelista francés podría acabar en el militarismo y la reacción política. Céline terminó sus días como un fascista. Trotsky era un romántico -según el enfoque de Aguinis- y hubiera podido llegar a la democracia. Pero en su balance de la revolución rusa de 1905, es precisamente ese ‘romántico' el que fundamenta la teoría de la revolución permanente, la cual describe el camino hacia la democracia por medio de la dictadura del proletariado, una revolución permanente interna e internacional de carácter socialista. La instauración de la democracia barriendo la autocracia zarista solamente puede ser obra de los trabajadores en el poder: Trotsky llegó tempranamente a esa conclusión. Hay un florecimiento de la literatura vinculada con la figura de Trotsky, ya sea en forma de biografías, ensayos o novelas. Por ejemplo, El hombre que amaba a los perros, del cubano Leonardo Padura. El trabajo de Trotsky en el curso de su existencia proyecta la fuerza de la crítica marxista, la que desarrolla la desintegración del capitalismo como resultado de una necesidad histórica. Aguinis no encuentra en su argumento más que un pasatiempo.

-Exclusivo de internet Está en curso un proceso de rebelión de las bases docentes en repudio al acuerdo entreguista que tanto la burocracia de ATECA (el principal gremio docentes adherido a Ctera) como Sadop, UDA, Suteca, firmaron con el gobierno acordando un incremento salarial del 12,5% que en dinero se traduce en sólo 181 pesos. Desconfiando de las negociaciones que habían iniciado la dirigencia, delegados de diferentes zonas elevaron un petitorio exigiendo: 1) la equiparación salarial con los sueldos de la nación; 2) que los complementos salariales sean pasados al básico; 3) que las decisiones paritarias sean tomadas previas consulta a las bases en asamblea; 4) no se aceptara ningún incremento en negro. El acuerdo era la contratara a estos reclamos. Por eso apenas conocido, 1º en Santa María surgieron las primeras voces de repudio, luego en Tinogasta y en Fiambalá la docencia decidió iniciar paros, y finalmente el viernes 2 se decidió una autoconvocatoria frente a la sede central de Ateca que reunió a unos 300 docentes de varias zonas del interior provincial y la capital. La sede estaba cerrada y cuidada por un piquete policial. La concentración se transformó en una asamblea donde las mociones estuvieron dirigidas a repudiar a la secretaria general, Nancy Quiñones, a plantear la huelga general. Se denunció al discurso de Cristina y al hecho de que los legisladores provinciales se le habían otorgado un 150% de aumento. Docentes de Tinogasta denunciaron que recibieron la visita de Quiñones para convencerla de que levante el paro, pero que fue repudiada, y que en Tinogasta se había unificado la lucha docente con la lucha contra la mega minería a cielo abierto. Finalmente, la asamblea decidió realizar paros de brazos caídos el día lunes, miércoles y jueves con asambleas en las escuelas, el martes Ateca adhiere al paro nacional y el viernes movilización a las 19:30 con la presencia de los docentes del interior. Al concluir se marcho por las calles céntricas hasta la casa de gobierno. Esto recién comienza.

-Exclusivo de internet 1. Derogación del impuesto a las ganancias sobre los salarios y las jubilaciones; por un impuesto al gran capital y a la renta financiera. 2. Derogación del tope para cobrar las asignaciones familiares. 3. Conversión de todas las sumas no remunerativas (pagos en negro legalizados) en remunerativas. 4. Salario mínimo equivalente a la canasta familiar: 6.000 pesos. 5. Jubilación del 82% del mejor salario actualizado de los últimos 10 años. Supresión de la reducción de los aportes patronales. 6. Pago en 30 días de las sentencias a los jubilados. 7. Obras sociales: distribución automática de toda la recaudación que pertenece a las obras sociales. Pago de la deuda de 15.000 millones de pesos, fondos que el gobierno utiliza para pagar la deuda pública. 8. Que las obras sociales sean dirigidas por una comisión electa y revocable de los trabajadores de los sindicatos.

En febrero, la empresa Aqualic en Centenario (Neuquén), que pertenece al empresario Fulciniti, despidió a 20 trabajadores, quienes intentaron organizarse en una junta interna para defender sus derechos laborales. Los trabajadores lograron la reincorporación luego de una intensa lucha. El lunes pasado, los trabajadores fueron atacados por una patota patronal de 30 personas, que irrumpió en el interior de la empresa cuando estaban trabajando. La brutal golpiza dejó varios compañeros heridos, quienes debieron ser trasladados al hospital, uno de ellos con graves traumatismos. Además, la patota mantuvo de rehenes a los trabajadores en el interior de la planta, en una clara muestra de agresividad. La irrupción de la patota contra los compañeros apunta a la responsabilidad de la patronal, que fracasó en su intento de desbaratar el esfuerzo de organización sindical mediante despidos. La tercerización de la represión se ha transformado en un método serial que, como en la lucha de los ferroviarios, se llevó la vida de nuestro compañero Mariano Ferreyra. Llamamos a todas las organizaciones a apoyar la lucha de los compañeros para repudiar esta acción brutal y para exigir que se investigue y castigue a los responsables, comenzando por empresario Fulciniti y la patota que actúa en su nombre. Reclamamos las garantías laborales y sindicales de los compañeros.

La Lista Naranja-Bordó está virtualmente oficializada. Esta lista agrupa a delegados y activistas de 31 talleres y, por lo menos, una docena más a nivel de comisiones de apoyo. Es el mayor reagrupamiento clasista desde 1988. Expresa dos fenómenos: las tendencias de lucha y organización de la juventud en los talleres y la crisis de la burocracia ongarista. No es casualidad que el promedio de edad de la lista antiburocrática es la mitad del de la Lista Verde. El paro triunfante en Ipesa y la lucha por la organización de AGM (ver notas), se eslabonan con la victoria enorme en AGR-Clarín meses atrás, las grandes luchas salariales de Interpack o Morvillo, con el paro que reincorporó a parte de los despedidos de Donnelly y con un enorme proceso de organización fabril -Impresores, Cendinsa, World Color, Bossisio, Printpack, FP, Pessout, Celomat, Labelplast, Lacabril. Ese proceso de organización y batallas aisladas -como consecuencia de la política de la burocracia- fue impulsado por nuestros compañeros sin excepción. La Lista Verde tuvo que adaptarse, formular una política para disputarlo y, en esa fase, se produjo la única novedad política en su seno: el surgimiento de la "juventud sindical". En un primer momento ligada al moyanismo, luego cooptada por una de las fracciones tradicionales de la Lista Verde y, más temprano que tarde, ahogando todo desarrollo antipatronal de las nuevas internas. La Naranja-Bordó es el mayor agrupamiento desde 1988, pero en aquella elección -en la que rompimos un fraude- el ongarismo llegaba luego de ser entregador de grandes purgas del activismo en los talleres y reorganizaciones capitalistas, las que desataron ocupaciones en Tiempo Argentino, La Razón, Editorial Abril -todas derrotadas en una pulseada nacional que incluyó la ocupación de la Ford. La burocracia llegaba, además, después de concretar la reunificación con la fracción Calipo y los "25", es decir con todas las fracciones de la época. Ahora, la Lista Verde llega a la elección sin resolver una división interna de vieja data entre un ala ligada al PJ disidente de reciente kirchnerización -Abraham, secretario de Organización y presidente de la Obra Social- y otra de uno de los núcleos tradicionales -Amichetti, secretario adjunto. Tan es así que Raimundo Ongar -con 87 años y retirado de todo escenario público- será de nuevo candidato a secretario general. Esto, como resultado de que no pueden resolver la sucesión. El voto al ongarismo será el voto a una fractura a plazo fijo. También a una quiebra a plazo fijo, porque la convocatoria de acreedores de la Obra Social es evitada con carpa de oxígeno -además de fondos de la APE- hasta después de la elección. Más que nunca, el ongarismo, artista del fraude electoral, está jugado a impedir que podamos fiscalizar el acto electoral (más de 200 urnas). La batalla por el voto tendrá que ir paralela a la batalla contra el fraude para poner en pie los 200 fiscales contra la patronal y contra la burocracia que no otorga permisos para la tarea. Tuvieron un anticipo en la asamblea general en la CGT, donde disputamos de igual a igual por la Junta Electoral. Ahora, empiezan shockeados ante la magnitud de la lista antiburocrática. A movilizar todo su enorme potencial en lo que será una lucha estratégica del clasismo por una nueva dirección del movimiento obrero.

La reforma de la carta orgánica del Banco Central tiene un único propósito: garantizar con las reservas internacionales el pago de la deuda pública. Lo dice taxativamente el proyecto: el directorio del BCRA determinará el nivel de las reservas que quiere mantener e incluso calificará lo que considera como reservas -o sea que podrá incluir, en ese rubro, todo lo que le plazca. Las reservas podrán usarse entonces, en forma completamente arbitraria, para el pago de la deuda con los organismos financieros internacionales y con los acreedores oficiales (Club de París y otros). Por su parte, el proyecto ratifica la vigencia del mal llamado Fondo de Desendeudamiento, que habilita el pago con reservas de las deudas con los acreedores privados. Si se aprueba el proyecto K, toda la deuda podrá pagarse con reservas, las que no tendrán ningún piso o límite para cumplir con los acreedores. Lo que llevó al gobierno a proponer esta modificación de la carta orgánica del BCRA (tardó ocho años en darse cuenta de que estaban vigentes algunos artículos de la Ley de Convertibilidad) es que las llamadas reservas de libre disponibilidad -o sea aquellas que superan el monto de la base monetaria en pesos- son negativas. Para que sean positivas, se debería devaluar la base monetaria -o sea, el peso- o subir la tasa de interés para que vengan dólares del exterior. En ambos casos, implicaría una recesión con más inflación, lo que desataría una crisis política y financiera. Un uso ilimitado de las reservas para servir a los acreedores abriría las puertas a una inflación galopante. Para evitar una cesación de pagos, se debería colocar nueva deuda para cancelar los vencimientos de este año. Esto es, precisamente, lo que quiere "la oposición" como Prat-Gay (representante de los fondos usureros internacionales) y lo que hacen Macri, Scioli y De la Sota, entre otros, quienes se endeudan al 10% anual (una tasa de usura) y luego ponen los dólares que reciben en el Banco Central. La postura más tramposa es la de Claudio Lozano, quien adelantó que, con algunos cambios, apoyaría el proyecto. "Si bien compartimos -dice Lozano- la necesidad de terminar con la actual Carta Orgánica del Banco Central y con la Ley de Convertibilidad, entendemos que sólo puede hacerse en un marco de políticas que coloquen al Estado en el centro del proceso de inversión, estableciendo en qué debe desarrollarse nuestro esquema productivo y definiendo quiénes son los actores principales de dicho proceso. Nos preocupa un proyecto oficial que deja en manos del directorio del Banco Central la definición del nivel óptimo que debieran tener las reservas, en el momento donde parecieran haberse agotado para el uso de cancelación de deuda. Parece contradictorio con los propios postulados del oficialismo que el único uso establecido en el proyecto para las reservas sea el pago de deuda a los organismos internacionales y al propio Club de París. Nada se dice de la posibilidad de utilizar reservas con el ‘objeto de financiar el desarrollo productivo'." Para Lozano, usar las reservas para pagar la deuda no está mal. Lo que estaría mal es dedicarlas solamente al pago de deuda. Sólo cuestiona su "único uso" para ese fin y no para utilizarlas también "con el objeto de financiar el desarrollo productivo". El planteo supone que las reservas internacionales permiten ser usadas para todo destino, cuando en realidad no alcanzarían ni para pagar la deuda. La otra "posibilidad" que conjetura Lozano no existe; es sólo el pretexto para apoyar el proyecto. "El diputado de Unidad Popular, Claudio Lozano, aseguró a El Cronista (6/3) que su bloque buscará en principio modificaciones al proyecto oficialista (...)". De todos modos, ¿a qué "proyectos productivos" se refiere Lozano? A financiar pymes, las que tampoco son tales (o sea para enriquecer a un capitalista) y para otorgar dinero público a proyectos que, en el marco capitalista, pueden acabar en un 'defol' o en un vaciamiento. Incluso la hipótesis de un uso múltiple de las reservas implica una confiscación de la riqueza social por parte del capital.

-Exclusivo de internet En las últimas semanas, ha tomado estado público la intención del gobernador K "Paco" Pérez de reformar la constitución provincial. La reforma apuntaría a un botín: el departamento general de irrigación (DGI), el cual tiene rango constitucional y cuenta con un intrincado sistema de elección de autoridades mediante el ejecutivo, el senado y diputados. Es el organismo que controla el agua en toda la provincia. Pérez necesita tomar el control absoluto de la DGI, ya sea para gestionarlo él mismo o para privatizarlo, pues es la base para poder avanzar, por lo bajo, con los proyectos mineros cajoneados por el fuerte rechazo popular La reforma busca amoldar el Estado provincial a los intereses mineros, contra los intereses de los viñateros y oligarcas venidos a menos, quienes están representados por la oposición patronal de radicales y gansos. La reforma le da carta libre al gobierno para decidir sobre la escasa agua de la desértica Mendoza. Si tenemos que el gobernador fue miembro del buffet de abogados de una reconocida minera y que ni bien asumió anunció tarifazos (como el del agua, que ya se implementó con un 35% de aumento), la reforma -por más que se la presente como democrática- significa un ataque a los intereses del pueblo trabajador. Las intenciones del gobierno provincial K tropiezan con el fuerte rechazo popular a la entrega del agua para la megaminería contaminante, como se expresó en las movilizaciones de masas contra el proyecto San Jorge. Además está el clima de descontento por los tarifazos impuestos. Ahora se le suma la rebelión docente por salario, que ha dejado a la directiva del SUTE (sindicato docente) pedaleando en el aire y con las escuelas en pie de guerra. Los estatales van por el mismo camino. El Partido Obrero en el Frente de Izquierda plantea la oposición a una reforma constitucional que siga los deseos de los capitales mineros, plantea el rechazo a los tarifazos, exige el control estatal del agua y los recursos naturales bajo dirección de los trabajadores y el inmediato aumento salarial hasta alcanzar la canasta familiar tanto para docentes como para estatales.

Del 20 al 22 de marzo se realizarán las elecciones en el gremio del neumático. Tanto en las elecciones generales del gremio como en las seccionales, la Lista Marrón, histórica oposición a la burocracia violeta de Pedro Wasiejko, irá dividida. En la elección nacional se presenta la Lista Negra-Verde, encabezada por Marcelo Gallardo, de Fate, y secundada por una ruptura de la burocracia violeta de Pirelli. Gallardo fue el único delegado de Fate que en las elecciones de la CTA hizo campaña abiertamente por la lista encabezada por Pablo Micheli, y en la última etapa ha jugado un papel central de contención frente a cualquier intento de lucha independiente en Fate. La Lista Negra-Verde se comprometió a reconocer a la CTA "Micheli" en el caso de ganar la elección. En este punto, han transformado las elecciones generales del neumático en una interna de la burocracia de la CTA. Por otro lado, se presenta la Lista Marrón, encabezada por Jorge Ayala, delegado de Fate y dirigente público del MAS. La decisión de escindir la vieja Marrón se dio de último momento, empujados producto de haber quedado en minoría frente a la elección de los candidatos de las listas, y la negativa de la ahora Lista Negra-Verde de integrar a la izquierda en sus listas. Hace muchos meses los delegados del sector radial camión vienen proponiendo estructurar un bloque de delegados y activistas en delimitación con la comisión ejecutiva del Sutna San Fernando. El MAS rechazó esta propuesta con el fin de negociar hasta último momento un lugar en la lista. Sin embargo, aunque de manera tardía y forzada, la lista nacional encabezada por Ayala es un punto de delimitación política frente a la cooptación al michelismo y la posibilidad de encarar un reagrupamiento antiburocrático en el gremio. En este punto, se ha perdido la oportunidad para que la Lista Naranja de Firestone, opositora a Wasiejko, vaya junto con la Marrón y no de manera solitaria (participará con boleta separada compitiendo por la seccional Sur). En lo que respecta a la seccional San Fernando la situación es más compleja. La división de la vieja Marrón coloca la posibilidad que la burocracia violeta recupere la seccional San Fernando. Esta situación ha llevado a que uno de los principales delegados independientes de izquierda integre la Lista Negra, donde se encuentra la mayoría de los delegados y activistas de la vieja Marrón. Aparte de este compañero, la lista está integrada por los miembros de la actual ejecutiva seccional, que han tenido una política conservadora frente a las luchas que se presentaron en Fate. Este es el caso de las últimas paritarias que terminaron cerrando muy por debajo de los reclamos iniciales (se exigía el 37% y cerró en 26% en cuotas). La ejecutiva del Sutna San Fernando se mantuvo dentro de los márgenes de las negociaciones establecidas por Wasiejko. A pesar de un paro de 72 horas impulsado por activistas independientes en rechazo al plebiscito trucho de la burocracia para imponer la paritaria, la ejecutiva de San Fernando hizo ingresar las urnas luego del paro. A pesar de esta situación y del proceso de cooptación en curso hacia la burocracia michelista, en el caso de las elecciones en la seccional San Fernando llamamos a los compañeros del MAS a retirar su lista y apoyar a la Lista Negra, donde se encuentra la mayoría de los delegados y activistas de la vieja Marrón. Entendemos que la vuelta de la burocracia violeta sería un fuerte retroceso, que pondría decididamente en riesgo las conquistas y la organización clasista en Fate. Entendemos también que con los compañeros de la Lista Negra de San Fernando sigue abierta la lucha política contra la cooptación. De hecho, todos sus integrantes participaron o llamaron a votar en las últimas elecciones de la CTA a la lista encabezada por Jorge Ayala. Compañeros, la lucha por las reivindicaciones de los trabajadores y la conformación de un reagrupamiento clasista en el neumático están a la orden del día en uno de los gremios más flexibilizados del país. La lista nacional ayudará a sentar las bases de una reorganización de los luchadores en todo el gremio, y el retiro de la lista de San Fernando expresará la conciencia de la izquierda sobre el problema de conjunto del movimiento obrero y su lucha contra la burocracia sindical. Estamos a disposición y trabajando en ese sentido.

-Exclusivo de internet El 20 de octubre de 2010, cuando el oficial "camarógrafo" David Ismael Villalba, agente de la División Exteriores de Video de la Federal, registró la movilización de tercerizados desde las 8 hasta las 15 horas y sólo interrumpió la filmación por orden superior durante los 6' que los sicarios accionaron armas de guerra sobre los manifestantes asesinando a Mariano en Barracas, no sólo ocultó la identidad de los responsables materiales, sino también la complicidad de las unidades policiales 430, 130 y 230 y del alto mando que dieron paso a la patota lanzada en plena persecución de los manifestantes, que estaban en retirada (Mirada al Sur, 27/2/11). También "la grabación de las modulaciones de Enlaces Troncalizados, Comando Radioeléctrico, Central Operativa de Video y Sección Análisis, entre las 12:20 y las 15:09 horas, está editada (truchada) y le faltan 29'. Otra de las cintas tiene un bache en el momento en el que la patota se desconcentra. Sin embargo, en los pasajes audibles uno de los uniformados le dice a otro: ya hablamos con los referentes de la UF" (ídem). Las acciones concatenadas muestran la participación de distintas instituciones en el "plan de escarmiento" y la complicidad a todo nivel, para defender la caja de los subsidios. El accionar de las fuerzas de represión destaca usos y costumbres basados en la ilegalidad, monitoreado y acicateado desde los altos mandos con la venia de los funcionarios políticos. ¿Acaso la Sala de Operaciones del Departamento Central de Policía desde donde el alto mando observaba el 20 de octubre el "operativo" en vivo y en directo no es el corazón de un Estado que espía al pueblo que protesta? ¿No es en esa sala donde se liquidan las pocas libertades democráticas que quedan y se encuadra ideológicamente a quienes reclaman, criminalizando la protesta a través de la ley antiterrorista? La División Roca de la Federal, que opera dentro del ferrocarril, funciona como "guardia blanca" que responde a la patronal, infiltra asambleas obreras, filma movilizaciones, identifica a activistas y señaló durante la lucha de tercerizados a los participantes para que UGOFE, con el material fílmico y fotográfico de movilizados en mano, tuviera los elementos para decidir quién pasaba a planta y quién no. El 20 de octubre integraron la patota de la UF por lo menos 14 policías de civil, seis de ellos de la División Roca, cuatro del San Martín y Belgrano, dos de la Delegación Avellaneda y también estaban allí de civil los jefes del operativo, Luis Osvaldo Mansilla, titular del Departamento de Control de Líneas de la Policía Federal y el comisario Jorge Raúl Ferreyra, jefe de la División Roca de Ferrocarriles, que comandaron el operativo. Según órdenes internas de la Policía Federal en vigencia "no puede haber policías de civil en este tipo de acontecimientos". La orden interna con fecha de 2004 señala que "el personal policial que conformando brigadas participe en operativos de seguridad en ocasión de manifestaciones públicas (deberá) usar gorra y campera identificadora...". Y la de 2006 dice que "el personal policial afectado a tareas de control, mantenimiento y restablecimiento del orden público actuará utilizando uniforme reglamentario y vehículos identificables por el público y no portará armas letales" (Página/12, 8/2/11). Redoblemos la campaña de movilización popular contra los asesinos de Mariano, que se le ponga fecha al juicio y se castigue a todos los implicados en la emboscada de Barracas: Pedraza, Secretaría de Transporte, Ugofe y Policía.

En el discurso de apertura de sesiones, Cristina Kirchner ratificó la "alianza estratégica" entre su gobierno y los privatizadores del transporte y la energía, los beneficiarios de la deuda usuraria y los monopolios mineros -entre otros intereses capitalistas. En medio de la conmoción popular provocada por el desastre de Plaza Once, la crisis energética o las movilizaciones contra la megaminería, así como por las denuncias contra el espionaje de la Gendarmería y las huelgas docentes, el discurso presidencial puso de manifiesto un gobierno que ha perdido la iniciativa cinco meses después de las elecciones. El frente oficial, agrietado con Scioli y Moyano, se encuentra en desbande. Una masa importante del electorado kirchnerista está cambiando de opinión ¡hacia la izquierda! Concesionarios Después de los 51 muertos y 700 heridos de la estación Once, Cristina Kirchner defendió sin reservas el régimen de subsidios a los privatizadores y lo presentó como un "subsidio a los usuarios". Defendió la reparación y mantenimiento de vagones en empresas de los propios concesionarios, a costa del Estado, como un régimen de "protección de la industria nacional". Algunos días después, mientras el juez Bonadío prohibía la salida del país de Cirigliano, Schiavi y Luna, el máximo directivo de Tatsa (una de las empresas de Cirigliano) se subía al avión con rumbo a Angola, de la mano de Guillermo Moreno. La defensa cerrada por parte de CFK del régimen de las privatizaciones ferroviarias anticipa el empeño de la camarilla oficial en asegurar la impunidad a los responsables de Once, pero, por sobre todo, pone en evidencia que no tiene alternativas ni recambios. Recule petrolero El discurso fue precedido por los choques del gobierno con Repsol a raíz de la crisis energética. La tempestad que se insinuaba quedó en la nada, luego de las ‘gestiones' (apretadas) de Rajoy y del rey de España. La caída de las acciones de YPF, en los días previos al discurso, asustaron a los come-corporaciones del kirchnerismo, por la reacción que podrían desatar los accionistas -que no son los españoles, sino los fondos de inversión anglo-norteamericanos y la City de Londres. Los 'mercados' devolvieron la gentileza presidencial con una recuperación de la cotización de YPF. Según los diarios, el gobierno trasladó a los gobernadores la tarea de presionar a Repsol-YPF; lo que se pretende aquí es que los ‘capitalistas amigos' añadan nuevas concesiones a las que ya tienen, para revenderlas luego con una prima de beneficio, después de un nuevo aumento de los precios de los combustibles. El gobernador Sapag, que habla en representación de Repsol, pidió, en cambio, que retornen de inmediato los ‘programas' oficiales que remuneran a los pulpos con mayores precios. El gobernador patagónico Sapag 'vendió', en su discurso ante la Legislatura, un futuro luminoso basado en la explotación del gas no convencional, el cual exigiría inversiones monumentales, mientras se pelea con su par mendocino por un yacimiento contaminante de potasio, el cual se ha entregado a Vale do Río Doce, la minera 'de Lula'. Un ultra K como el gobernador mendocino pidió lo mismo para no 'afectar' las exportaciones a Chile (Clarín, 6/3). El gobierno ha quedado huérfano de medios para hacer frente a la crisis de la energía, por eso recurre a Qatar o a Angola -en un acto de manifiesta desesperación- para importar combustible por cifras siderales. El concesionario del Sarmiento es el intermediario de esta operación multimillonaria. Mineras CFK fue brutal en su apoyo a los pulpos mineros, así como en su repudio al movimiento ambiental y popular. Aseguró que la megaminería no destruye las fuentes de agua ni el medio ambiente, pero no explicó por qué entonces vetó la primera ley de glaciares y tiene congelada la segunda. Es incapaz de asociar la destrucción de la naturaleza con el capital, porque tampoco percibe la destrucción de la fuerza de trabajo por ese capital a través de la precarización sistemática. En tres horas y media, no tuvo tiempo de recordar que la única compulsa popular sobre el tema, en Esquel (2003), rechazó la depredación que ejecutan los pulpos mineros. Nacional y popular, al final reivindicó a Cerro Vanguardia, la mina que asocia a la Anglogold con el Estado de Santa Cruz. No mentó el régimen impositivo y cambiario especial que se aplica a las mineras desde el menemismo para garantizar utilidades superlativas a los pulpos. CFK presentó a la explotación santacruceña de Cerro Vanguardia como un 'ejemplo de cuidado medioambiental', cuando abundan las denuncias de maltrato laboral y por los derrames de cianuro, tanto por parte de los trabajadores como de la población. El capital financiero Para reiterar su condición nacional y popular, a CFK no se le ocurrió nada mejor que hacer la apología de la especulación usuraria del 'anarcocapitalismo'. En efecto, aludió a la cancelación definitiva del Boden 2012, que fuera entregado a los ahorristas que vieron confiscados sus depósitos hace diez años. Dijo que estaban devolviendo la plata intacta. Una mentira monstruosa, porque esos bonos fueron malvendidos en su mayor parte a los fondos especulativos, los que ahora cobrarán hasta el último dólar de su actividad carroñera. CFK aseguró que ese bono "no fue a fondos de afuera, no fue a países soberanos extranjeros; el Boden 12 se formuló para pagarles a los argentinos a los que los bancos no les devolvieron sus ahorros". Tanta 'argentinidad' se explica porque los beneficiarios fueron capitales radicados en el país. Para completarla, Cristina anunció una reforma de la carta orgánica del Banco Central, la cual permitirá usar las reservas internacionales para pagar los vencimientos de deuda externa, sin otro límite que el que pueda imponer una corrida contra el peso. El gobierno no tiene los 15 mil millones de dólares que necesita para afrontar los vencimientos de deuda de este año. De paso, desahució la posibilidad de la reforma financiera que pedía el sabbatellismo y reafirmó la vigencia de la ley financiera de Martínez de Hoz. "Si alguien hubiera querido tomar la quintaesencia del pensamiento de los hombres de la banca, estaría perfectamente reflejada en ese anuncio", señala El Cronista (3/3). Los especuladores lo saludaron con una suba en los títulos de la deuda 'odiosa'. El relato oficial antiimperialista recibió una ruda paliza, precisamente porque vino de su ‘sponsor' ideológico. Crisis política y reacción popular El discurso de la sesión inaugural del Congreso es una divisoria de aguas. Se trata de una ruptura con su electorado reciente. Los que, en contra o a favor, hablaron del triunfo del relato K, o de la victoria cultural, o de la Argentina Kirchnerista han quedado en orsai. Cristina Kirchner no se mordió los labios en defensa de la patria concesionaria: arremetió contra las víctimas del Sarmiento al caracterizar a la tragedia como un accidente, error humano o falla técnica, y no como el crimen de un régimen de enriquecimiento y estafa, que fuera justificado en su momento como parte de una epopeya: la reconstrucción de la burguesía nacional. El derrumbe oficial es implacable, porque no puede prescindir de ese método de gobierno, ni del apoyo de esos intereses sociales. A la Presidenta la energiza el informe de sus asesores acerca del precio inexpugnable de la soja. Pero la contundencia de la crisis, su carácter eminentemente social, reside precisamente en que tiene lugar en medio de un mar de plata. Cualquier ‘macroeconomista' le podrá explicar que el derrumbe fiscal tiene siempre como contrapartida un superávit enorme del llamado 'sector privado'. En efecto, los capitalistas están forrados en dinero, por eso el temor a una corrida cambiaria. La reacción popular -contra los pulpos mineros, los topes a las paritarias, el ajuste y los tarifazos, el conchabo con la patria contratista o concesionaria, contra el espionaje y el procesamiento de los luchadores, contra la agresión discursiva hacia los docentes-, todo esto va calando en la base electoral del gobierno y en el número de votos que viabilizan la posición de excepción de CFK en el poder. La oposición burguesa y patronal ha percibido el cambio: el timorato Macri 'le tiró' el subte por la cabeza al gobierno nacional, como lo haría cualquier patotero K -aunque en el macrismo abundan y no se privan de hacer gala de ello. Los K quieren convertir este revés en una oportunidad, distrayendo al pueblo con la confrontación que más le conviene. Pero no será así: la confrontación es con el pueblo que trabaja y con sus representantes auténticos. Por eso hay que poner los ojos en los sindicatos, porque el destino de este gobierno se juega en su capacidad para controlar la crisis con la CGT, o sea en recuperar la capacidad de regimentación del movimiento obrero. Las batallas políticas principales se librarán en este campo. Es necesario reforzar la agitación y la organización (popular, fabril sindical, por sobre todo política) de una alternativa política obrera, socialista y anticapitalista al final del "modelo" oficial.

No es la primera vez que Cristina Kirchner ataca a la docencia. La sufrieron -y más de una vez- los maestros de Santa Cruz. Tampoco es novedad su alianza con los pulpos mineros multinacionales. O el entongue con los concesionarios del ferrocarril y la patria contratista. Ni su decisión de imponer el ajuste con un ‘techo' a las paritarias. Todo esto quedó ratificado con su mensaje de choque ante la asamblea legislativa. La respuesta que recibió fue contundente y certera. No de sus opositores truchos, los Macri y los Binner -adversarios por igual de docentes, trabajadores del subte y barriadas que sufren la contaminación y la especulación inmobiliaria. Diez mil personas ganaron las calles en La Rioja para repudiar a los contaminadores ‘a cielo abierto` y a su abogada ‘defensora'. Los ferroviarios marcharon contra Cirigliano y sus cómplices en el gabinete nacional. Un gigantesco paro nacional de la docencia -que incluyó a los universitarios- repudió el ataque oficial, colocando en el primer plano la cuestión del salario. Los familiares de las víctimas de Once se han unido para reclamar el juicio y castigo a TODOS LOS CULPABLES. Del otro lado, el lado del ‘gobierno nacional y popular', están los Cirigliano y los Roggio, la Barrick Gold o la Osisko Mining, los espías de la Gendarmería y los usureros del Club de París (a quien Marcó del Pont, la banquera central, acaba de poner en la primera fila de los que cobrarán con las reservas internacionales de Argentina). La respuesta popular ya está en las calles. Reforcémosla.