Prensa Obrera N° 1157

El paro y las grandes movilizaciones de los trabajadores de las empresas tercerizadas de Edenor del miércoles 17 y viernes 19 de noviembre (de las que se dio cuenta en PO Nº 1.156) obligaron al Ministerio de Trabajo a firmar actas que equiparan los salarios de aquellos con los de Luz y Fuerza (LyF) a partir del 1° de diciembre. Asimismo, conforma una comisión para resolver el pase a planta de Edenor, con convenio de LyF, de todos los trabajadores tercerizados, asi como el cese de despidos y sanciones en las tercerizadas. El mismo 19, luego de leerse el acta a la salida del Ministerio, la asamblea de tercerizados resolvió movilizarse al sindicato LyF. Una delegación de delegados y representantes entró a reclamar el apoyo del sindicato. Finalmente, la directiva se compromete, por medio de un acta, a "iniciar las negociaciones correspondientes para la obtención del "Convenio de la Actividad principal". La burocracia había propuesto, un día antes, un convenio B, de segunda categoría, como el que tienen ahora los trabajadores tercerizados de Edesur. Aunque otorga algunas ventajas sobre el de la Uocra -que rige para los tercerizados de las empresas eléctricas-, ese convenio deja sin ningún beneficio a importantes sectores. La pelea por el convenio, a la cual se compromete la directiva de LyF, queda mediatizada, lamentablemente, por una cláusula que establece: "Los abajo firmantes se comprometen a respetar las pautas, tiempos y procedimientos para la obtención de dicho convenio". Este compromiso da margen a todo tipo de dilaciones La movilización para poner fin a la tercerización ha recorrido un largo camino desde el reclamo inicial en Radiotrónica, los otros obradores del Oeste y luego La Matanza y la zona norte del Gran Buenos Aires. En Case, de La Matanza, donde no había delegados (actuaba como interventor el hijo del burócrata de la Uocra seccional), la patronal y la burocracia intentaron bloquear la adhesión obrera al paro y marcha del 19, pero fueron contrarrestados por piquetes de las otras empresas tercerizadas. Una patota de la Uocra quemó ese día una camioneta en la que se había movilizado una parte del piquete. La representación patronal de Edenor quedó en llevar el reclamo obrero a las empresas tercerizadas, en la siguiente audiencia del jueves 25. La tarea que queda planteada ahora es profundizar el proceso de elección de delegados, de asambleas en los lugares de trabajo y reclamar que a partir del 1º de diciembre, todos ganen una categoría del convenio de Luz y Fuerza, para que las negociaciones del pase a planta continúen sobre la base de un derecho adquirido.

La agrupación Oktubre (UJS e independientes) hizo una gran elección, presentándose por primera vez en las elecciones del centro de estudiantes del Normal 10. Salimos segundos con 228 votos, contra los 344 de una lista organizada por las autoridades, que movilizaron a sus docentes para consolidar la tendencia derechista de todo un sector del estudiantado que no participó de la toma y se mantuvo al margen de la experiencia de lucha. Antes de la elección, se discutió la posibilidad de armar un frente con la agrupación del PTS, viendo la necesidad de enfrentar en común a la lista de las autoridades. El PTS dijo que sí al frente, pero que ellos debían tener los cargos de presidente, vice-presidente y primer vocal, dejándole a Oktubre el delegado de convivencia... Una pretensión ridícula, que no tenía relación con la realidad de las fuerzas en el colegio. Ante tal provocación, resolvimos presentar nuestra lista por separado. Finalmente, los números hablaron: el PTS consiguió sólo 128 votos, casi la mitad de los que sacó Oktubre... Cuando terminó el escrutinio los morenistas, desconsolados y caraduras, ¡acusaron a nuestros compañeros de no haber querido cerrar el frente! Insólito y sorprendente, incluso para el PTS. La miseria faccional de las sectas no tiene límites.

A un año de su promulgación, la "Ley de Medios de la Democracia" (así la llama Tiempo Argentino) no tiene nada para mostrar. El juez Edmundo Carbone acaba de ratificar la suspensión del artículo 161, la llamada "cláusula antimonopólica", y de rechazar el pedido de la Corte Suprema de fijar un "plazo razonable" para resolver la cuestión de fondo (Clarín, 27/11). De un año que la ley fijaba para que los monopolios tuvieran que desembarazarse de parte de sus negocios, se pasa ahora a otro o a varios más. Esto suele leerse como un nuevo revés para el gobierno (Clarín publica la noticia con una foto de archivo, donde los jueces supremos aplaudirían la medida). Pero no lo es tanto. El verdadero obstáculo para aplicar la "cláusula de desinversión" no es sólo producto de la intervención de la Justicia, sino de la del propio gobierno. Recordemos que fue el entonces presidente Néstor Kirchner quien promulgó el decreto 527/05. En lugar de dejar caer las licencias de los grupos monopólicos, Kirchner resolvió extenderlas por otros diez años. "La situación de los medios audiovisuales necesita de un horizonte de previsibilidad que involucre los plazos mínimamente necesarios para recomponer su situación económica-financiera", rezaba el decreto monopólico. Aquellos plazos de inversión y de negocios que defendía el gobierno son los que ahora reclaman los multimedios como "derechos adquiridos". Por otra parte, la sucesión de "reveses" preanuncia la continuidad de una de las campañas más redituables para el gobierno, en la medida en que el pantano judicial en el que sigue el artículo clave de la llamada "madre de todas las batallas" le sirve para promocionar una ley cuyos efectos reales son inexistentes, pero cuyos efectos virtuales auguran -siguen augurando- la desmonopolización comunicacional. Sin embargo, dicen que en los pasillos del ex Comfer repiten entusiastas que "la ley de medios se viene con todo" (Tiempo Argentino, 19/11). No tanto por las supuestas sanciones que, ahora sí, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) aplicaría a los medios que, por ejemplo, se excedan en la pauta publicitaria. Más bien, porque dicen que avanzarán por lo menos con otra promesa de la ley: la "polifonía" de voces. Gabriel Mariotto, el presidente de Afsca, ya se apresuró a celebrar el hecho de que el próximo año se regularizarán las cerca de 15 mil radios y canales de televisión pertenecientes a "organizaciones sociales, gremios y cooperativas" que se presentaron para reclamar su licencia. Mariotto asegura que, a partir de este relevamiento, "va a surgir un nuevo plan técnico y luego el llamado a concurso previsto para que, a partir de marzo, podamos regularizar las frecuencias y tener un espectro que interprete las distintas expresiones culturales, sobre todo con la reserva del 33% para las asociaciones sin fines de lucro" (BAE, 17/11). A la casi uniforme voz de los monopolios privados opositores, el gobierno no contrapuso -ni antes ni después de la ley- las "mil flores comunicacionales" (ni siquiera una decena de corrientes de opinión), sino su propio monocorde monopolio: la red de medios oficiales, los grupos multimedios privados "militantes" (CN23, además de radios, diarios y revistas del grupo Szpolski, Electroingeniería o el Suterh) o decididamente favorables al gobierno (Telefé/Telefónica, Canal 9). ¿Qué puede deparar, entonces, este relanzamiento de la reserva del 33%? Fuera del reconocimiento legal de muchos medios ya existentes, a los que se hubiera podido legalizar con una sencilla resolución de dos líneas -y que, dicho sea de paso, poco pudieron democratizar desde la clandestinidad a un sistema concentrado por el mercado y el Estado-, el plan augura una mayor extensión del monopolio estatal o paraestatal. Por si quedan dudas de que la ley "se viene con todo", el anuncio de la "buena nueva" se hizo en el Centro Cultural de la UOM La Matanza, con la presencia de burócratas sindicales y del intendente Fernando Espinoza. Allí, Mariotto señaló a los periodistas que la UOM ya tenía su infraestructura preparada para sumar su voz en los medios. La foto del diario BAE -y no de archivo- mostraba al titular de Afsca sosteniendo una remera argentina con un enorme logo de la UOM. Le faltaba el gorrito para que quede en el archivo.

El viernes 26 de noviembre se llevó acabo una nueva "audiencia" en el Ministerio de Trabajo, que fue acompañada por unos 80 trabajadores tercerizados con sus respectivos vehículos y unidades de trabajo. Esta movilización,que se prolongó durante horas haciendo el aguante y cortando la calle, finalmente se levantó con una nueva acta, que hasta el momento no representa ningún avance concreto. El Ministerio de Trabajo apuesta al desgaste y lo único que hace es "comprometerse" a nuevas audiencias, pero sin llamar a Telefónica, lo cual es lo mismo que nada, ya que las empresas contratistas dependen de Telefónica y no tienen decisión propia. La UETTel (sindicato de tercerizados), que se viene movilizando, está siendo sometido a un desgaste en las sucesivas audiencias en el Ministerio de Trabajo, lo cual ha abierto un debate en el seno del propio sindicato. El PTS (Lista Violeta) ni siquiera se hizo presente en la movilización del 26 de noviembre. En las reuniones del Ministerio figura como primer punto el otorgamiento de la inscripción gremial del nuevo sindicato (UETTel), a lo que el Ministerio responde que se están "cumpliendo las tramitaciones correspondientes". Pero la inscripción gremial, más allá de un derecho democrático, no debería ser un fin en sí mismo, sino una herramienta en la lucha contra el tercerismo y por el reconocimiento de todos los tercerizados como trabajadores telefónicos, denunciando el encuadre en la Uocra (convenios a la baja que ni siquiera se respetan). Acabar con el tercerismo pasando al convenio de la actividad y a la planta permanente es el camino que llevaron adelante los ferroviarios del Roca, con el apoyo del Partido Obrero, y que le costó la vida a nuestro compañero Mariano Ferreyra. Reincorporación de los despedidos Hasta el momento, no se ha logrado la reincorporación de los compañeros despedidos en represalia por la actividad sindical en distintas empresas contratistas y subcontratistas de Telefónica, como TCM, Elecnor, Retesar, Sitios e incluso en otras provincias y localidades como Viedma, San Juan y otras que habían empezado a organizarse y luchar contra el tercerismo. Tampoco hubo avances en una propuesta de equiparación o mejora salarial de emergencia antes de fin de año. La UETTel debería convocar a la Foetra, como parte de una campaña para dirigirse al conjunto de los trabajadores telefónicos. La directiva de Foetra, que se había comprometido a convocar a un plenario de delegados para discutir el tema del tercerismo, hasta el momento no ha convocado nada. Pero Foetra se presenta en el Ministerio de Trabajo para meterse en la discusión del tercerismo, en caso de que se produzca un verdadero avance, que sólo podría provenir de un avance del movimiento de lucha. La Agrupación Clasista Telefónica llama a replantear la lucha de los tercerizados, yendo a fondo en la lucha por la reincorporación de los compañeros despedidos. En segundo lugar, exigir la equiparación salarial y una mejora antes de fin de año, para afrontar las fiestas y el aumento del costo de vida. Dar los primeros pasos permitirá plantear con más fuerza la lucha por el pase a convenio y planta permanente de todos los tercerizados.

Del 23 al 26 de noviembre se desarrollaron las elecciones de Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales. Con un escaso 22% de los votos, la Juntada (Frente de agrupaciones independientes encabezado por la Mella) se quedó con la Presidencia, secundada por un frente entre la agrupación kirchnerista UES y Alternativa Académica (de la UCR), que obtuvo casi el 20%. Tercero, con el 17,7% de los votos, salió el frente kirchnerista "Sociales por el proyecto nacional", conformado entre otros por la Cámpora y el Evita. EL frente de la izquierda La Comuna, encabezado por la UJS, se quedó con el cuarto lugar -el 15,2%. Muy por detrás se ubicaron Proyecto Sur con el 6% y Sabbatella con el 2,8%. El rasgo distintivo de la elección fue el alto número de votantes, unos 6.500 estudiantes, esto a pesar de que hubo un día de votación menos (por el feriado) y de que ya había concluido la cursada del CBC. La alta participación estuvo signada por una fuerte movilización política de una parte del estudiantado, que se opuso a la lucha llevada adelante a lo largo del cuatrimestre -con una toma de todas las sedes de la facultad durante 45 días y la toma del Ministerio de Educación (que arrancó al gobierno 20 millones de pesos y el adelantamiento de las obras de construcción de un edificio único para la facultad, exigido desde hace diez años). El estudiantado conservador prefirió repudiar las tomas a la celebración de sus conquistas. La gestión kirchnerista de la facultad, con su decano de "Carta Abierta", Caletti, había enfrentado la lucha estudiantil, incluido un lockout al dictado de clases que dejó libre a una importante cantidad de estudiantes de Sociales. Las agrupaciones estudiantiles kirchneristas fueron, junto con las agrupaciones del radicalismo y el PRO, la punta de lanza contra esa lucha. Lograron capitalizar esa política con una votación que supera al lugar que ocupan realmente en la facultad. Con el escudo del "proyecto nacional", las agrupaciones kirchneristas desarrollaron a lo largo de toda la semana electoral una fuerte campaña macartista contra la izquierda -una contradicción que solamente es tal en apariencia. La Mella y su Juntada, por su parte, fueron parte vital de esta campaña: el último día de la elección, sacaron el material más derechista de la elección, que acusa a la izquierda de estar con el Papa, con Blumberg, con Clarín, con Fibertel y con la policía de Ecuador, endilgándole a la izquierda "grandes consignas y derrotas heroicas". Lo cual no deja de ser una concesión de parte de quienes sólo son capaces de protagonizar derrotas indignas. La coincidencia entre las agrupaciones K y la Mella no se expresó únicamente en el ataque a la izquierda; los de la Mella-Juntada no dudaron en definirse como "kirchneristas críticos" ¡justo la semana en que el gobierno anunció la vuelta al FMI! Los kirchneristas y la Mella coincidieron en el apoyo al chavismo regional -cuando, también, enfrentan rebeliones indigenistas y obreras. El pasaje de la Mella-Juntada al kirchnerismo "crítico" fue precedido por los acuerdos y compromisos que había tejido a lo largo de todo el año con el decano K Caletti, el que votaron por unanimidad en el consejo directivo todos los proyectos presentados a favor del gobierno nacional. Luego de esta feroz adaptación a los K y a las autoridades, la Mella Juntada retrocedió alrededor de un 30% de los votos, convirtiéndose en la lista que más retrocedió en términos porcentuales (si se suman los resultados de las agrupaciones que conformaron La Juntada, que se habían presentado separadas las anteriores elecciones) El frente de izquierda La Comuna retrocedió frente a las últimas elecciones y sacó la misma cantidad de votos que en las últimas elecciones no obligatorias, donde la izquierda perdió el Centro. La UJS de Sociales, la más numerosa de la UBA, desarrolló una fuerte campaña contra el acuerdo del gobierno contra el FMI, reivindicó la unidad obrero-estudiantil y el ejemplo de lucha del compañero Mariano Ferreyra, cuyo asesinato volvió a poner al desnudo la ligazón del gobierno con la burocracia sindical, las patotas, los empresarios y las tercerizaciones. La elección mostró que el progreso de los K y la adaptación de la Mella y compañía al gobierno se dio en el marco de una política derechista -o sea macartista.

Cristina Kirchner salió con los tapones de punta en defensa de las ART y de la ley de accidentes de trabajo -un "pilar" de la legislación laboral menemista-cavallista. Lo hizo la semana pasada, en un acto organizado por las patronales agrupadas en Federación Argentina de Entidades Empresariales de Autotransporte de Cargas (FADEEAC), haciéndose eco de uno de los mayores reclamos de la Unión Industrial Argentina. "Un tema que abordé el año pasado, que todavía sigue y que no afecta solamente al sector de transporte de cargas, que es el famoso tema de los seguros, de las ART, es un tema que vamos a tener que abordar también en este marco de discusión de un acuerdo para terminar -entre otras cosas- con la industria del juicio también en la República Argentina", dijo Cristina Kirchner. Para que no quedara ninguna duda de lo que había dicho, agregó: "Sé de qué hablo, sé que esto me va a valer la crítica de algunos colegas porque soy abogada, pero sé de qué estoy hablando". No cabe la menor duda que Cristina sabe de qué está hablando y no repite como un loro los planteos de la UIA, la Cámara de la Construcción y la Asociación de Bancos. Lo que las grandes patronales califican de "industria del juicio" no es otra cosa que el reclamo de los trabajadores accidentados contra las patronales y las ART. Esos reclamos se hacen porque la ley de ART prohíbe a los trabajadores accidentados hacer juicio y los obliga a aceptar indemnizaciones "tarifadas" en cuotas mensuales. La Corte Suprema declaró inconstitucional tanto la prohibición de hacer juicio como las miserables tarifas del sistema, con el lógico y elemental argumento de que no se le puede prohibir a nadie reclamar en la Justicia. Tampoco se le puede pagar a un trabajador por un mismo daño menos que al resto de los ciudadanos y que el trabajador accidentado o sus familiares tienen derecho a cobrar la indemnización en un pago único y no en mensualidades manejadas por las compañías de seguros que llevan a lo que percibe el trabajador valga, en términos reales, cada vez menos. Con esta argumentación más que elemental, la Corte señaló que el trabajador tiene derecho a la "reparación integral" y que el pago de la ART debe ser tomado a cuenta de la "reparación integral" que le asiste como cualquier ciudadano. Tanto para las patronales como para Cristina Kirchner, esto sería una "doble vía", como dijo en el discurso ante las patronales del transporte. Esto constituye directamente una patraña. Porque el trabajador no estaría cobrando "dos veces", como sugiere la calificación de "doble vía", sino en forma desdoblada: primero, la miseria de la "tarifada" de la ART y luego, la diferencia por el daño integral. Para extorsionar a los trabajadores, el gobierno ensayó otra patraña: la "opción excluyente con renuncia". En otras palabras, que al momento de accidentarse, el trabajador debe elegir entre indemnización tarifada o la "reparación integral", de tal modo que, si cobra la primera, renuncia al derecho a reclamar la segunda. Con esto se buscaba que, accidentado y con la premura de cobrar algo, el trabajador, renunciara a iniciar algún juicio. Esta extorsión a un trabajador que sufre el drama de perder un dedo o una mano y a un familiar que perdió a un ser querido y quedó en la indefensión, también fue declarado inconstitucional por la Justicia. A pesar de la contundencia de los fallos, el "visionario" Néstor Kirchner como ahora la "sensible" Cristina Kirchner se negaron a modificar la ley de ART. Solamente introdujeron algunos cambios por decreto, como el monto de la indemnización que estaba terriblemente desactualizado por la inflación. Esto obliga a los trabajadores accidentados o sus familiares a recurrir a los juicios, del mismo modo que los jubilados tienen que hacer juicio para cobrar lo que les corresponde. Como las patronales, el kirchnerismo sigue especulando con que muchos trabajadores o jubilados no hagan juicio, que el juicio se prolongue para que el trabajador con dificultades para seguir sobreviviendo llegue a una "mediación" o directamente fallezca como resultado del accidente, como se especula con la vida de los jubilados. En lugar de modificar la ley para que los familiares y los trabajadores accidentados tengan derecho a la "reparación integral" y, de esta manera, terminar con los juicios, la Presidenta de la "sensibilidad social" arremete contra los trabajadores accidentados. Pero la cosa no termina aquí. Por año, hay más de 700.000 accidentes de trabajo que se producen por los ritmos de producción y porque no se respetan las normas de seguridad e higiene, tarea que la ley puso en manos de la ART. Pero las ART no controlan nada, porque si lo hacen pueden perder a sus clientes a manos de la competencia. El PO plantea: 1) Derogar la cavallista y menemista ley de ART. 2) Cobertura y reparación integral a los familiares y trabajadores accidentados. 3) Control obrero de los ritmos de trabajo y de la seguridad e higiene laboral.

-Exclusivo de internet Llaman poderosamente la atención las últimas imágenes de los sucesos en Río de Janeiro, imágenes en las que se puede "apreciar" ("observar", para algunos; "valorar", para otros: en este caso, ambas acepciones de la palabra son válidas, como veremos más adelante) el accionar de militares equipados como para la guerra, desfilando con tanques y ametralladoras de grueso calibre por las calles. Llama la atención, eso sí, el despliegue de tales recursos por parte del Estado nacional y del poder local para combatir el enemigo declarado de la hora: bandas domésticas de narcotraficantes. Los tiroteos que se están produciendo también son como en la guerra, aunque aquí los contrincantes son conciudadanos entre sí. ¿Guerra civil? No vale la pena discutirlo ahora, pues ya la historia se encargará de darle la clasificación que corresponda, o la que mejor le convenga al que le toque escribir la historia. Tampoco sirve discutir los antecedentes de esta conmoción en los "morros" o "favelas" -equivalentes a las "villas miseria" en Argentina o a los "cantegriles" de Uruguay. Se dice que los narcotraficantes "se han salido del control" y que por ello ahora es necesario atacarlos y traerles nada menos que el mismo Apocalipsis. Pero es que cuando un determinado poder estatal permite la existencia de otros poderes paralelos dentro del territorio que custodia, siempre y cuando estén "bajo control" -vaya uno a saber la definición de "control" allí existente- es porque ese poder ya se encuentra en avanzado estado de descomposición. La degeneración de los valores intrínsecos al Estado burgués, o "de derecho", demuestra la caducidad de régimen que lo sostiene. Ya nadie les cree ni la hora, hacen agua, y ciertos sectores de la sociedad están empezando a darse cuenta de ello: se están saliendo del control. Aparte de estos síntomas de decadencia, hay algo que llama aún más la atención que esas imágenes impactantes de unos milicos entre la población civil, y es precisamente la opinión general que se ha formado acerca de esta situación, expresada en los foros de los grandes diarios y en las redes sociales que pululan en Internet. Es de lo más sencillo sospechar que, en un país que padeció las miserias de una dictadura militar en tiempos para nada lejanos, sería de esperarse que el común de la gente rechace con vehemencia la presencia de militares y su injerencia en asuntos netamente civiles. ¿No se supone que una sociedad así, una sociedad que supo de censuras, de secuestros, de torturas y que también tuvo exiliados y hasta desaparecidos, verá siempre con poca simpatía el despliegue de fuerza bélica por calles, quizá presagiando el pretexto para la llegada de un nuevo golpe militar? Sí, y sería lógico que así fuera. Pero no en el Estado burgués de Brasil: allí, también como una muestra de la depravación en las relaciones sociales causada por el capitalismo, el pueblo en su mayoría aprueba, apoya y aplaude el accionar del ejército en las favelas; pide a gritos la mano dura y muchos, revelando espantosas pasiones reaccionarias hasta ahora ocultas, exigen el "exterminio" de los delincuentes refugiados en las villas, aun a sabiendas de que tal cosa no se puede realizar sin, asimismo, "exterminar" a cientos, quizá miles de obreros que, lejos de tener cualquier relación con el delito, viven atosigados por su proceder, tratando de salir a flote en condiciones casi imposibles. "¡Serán daños colaterales!", vocifera el pequeño burgués, pero también lo hace el proletario reaccionario y sin consciencia de clase. O, como sabría decir Mirtha Legrand en una situación así: "[...] porque ahí se tiene que producir un aniquila-miento". Todos gritan y festejan la intervención de los militares en la cuestión. Nadie calcula los riesgos. ¿Es que no hemos aprendido nada de la historia del continente? Seguiremos llenando la plaza para vivar al general de turno y su guerra imposible, mientras los secuaces del poder estatal nos exterminan a gusto. Hoy, con la excusa de eliminar a unos narcotraficantes villeros y a alguno que otro pobre obrero, qué mala suerte. Mañana, ya encumbrados por un pueblo torpe que los aplaude, directamente para exterminar a "los subversivos; después a otros grupos armados de izquierda; después a los cómplices; luego, a sus simpatizantes; y, por último, a los indiferentes y a los tibios". ¿Nadie ve el peligro de un despliegue militar en el medio urbano? Parece que alguien sí lo ve. Es que mientras tanto, en la IV Cumbre de la Unión de las Naciones Sudamericanas (Unasur), que se está realizando por estos días en la remota Guyana, los mandatarios allí reunidos ya se adelantaron a los hechos y aprobaron el borrador de un dispositivo para sortear futuros golpes de Estado en los países de la región. Tal mecanismo (la "cláusula democrática", una verdadera perla del eufemismo burgués) revestiría al bloque continental de autoridad suficiente para aplicar sanciones a los países que sufrieran golpes militares, tales como cierre de fronteras, suspensión de todo comercio y del tráfico aéreo, corte en el suministro de víveres a las poblaciones afectadas, etcétera. No es una broma, aunque pudo serlo. Si a nuestros mandatarios se les ha ocurrido semejante idea amén de lo acontecido en Honduras y Ecuador, en tiempos recientes, o si el popular Lula ya está "abriendo el paraguas" mientras los militares ocupan las calles de Río de Janeiro, lo sabremos pronto. Lo cierto es que ellos también se dieron cuenta de que están sosteniendo un sistema cuyas contradicciones democráticas, pero burguesas, son ya demasiado evidentes como para que se puedan ocultar con un pase de manos. Y se abren nomás, los paraguas en Sudamérica.

Con seis años de demora, el Ministerio de Trabajo multó a la empresa gráfica del monopolio Clarín, Artes Gráficas Rioplatense (AGR), con una cifra millonaria de 1.347.000 pesos (Expte. 3-51-6737/10) "por violar sistemáticamente la libertad sindical", tal como lo anunció el Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, en una conferencia de prensa convocada el martes 23 de noviembre. En septiembre de 2004, luego de que el gobierno de Néstor Kirchner -en tiempos de buenas relaciones con el monopolio- enviara más de 500 efectivos policiales y reclamara en forma directa el levantamiento contra una huelga de la fábrica que pedía el respeto al convenio colectivo, el grupo Clarín despidió a 119 trabajadores de AGR, incluida toda la comisión interna y dos congresales de la opositora Lista Naranja Gráfica. Habiendo mandado a la policía para derrotar la huelga, era imposible que aquel Ministerio (el mismo que el actual) impusiera multa alguna. Desde aquel momento, la Justicia permitió todo tipo de dislates procesales, generados por la patronal como estrategia judicial para evitar la reincorporación reclamada por cuatro delegados y quien esto escribe contra el despido antisindical. Recién a mediados de 2010, la Justicia dictó una medida cautelar que ordena la reinstalación y que la patronal ha dicho públicamente, incluso en la Cámara de Diputados, que acatará sólo después de que se resuelvan una serie de apelaciones presentadas ante la Corte Suprema (nuevos dislates procesales). El Ministerio de Trabajo del gobierno "anti-Clarín" demoró más que la Justicia en pronunciarse. Todas estas demoras alentaron al monopolio a que durante estos años volviera a impedir el acceso a la fábrica de otros dos delegados elegidos con posterioridad. ¿Cómo y por qué se reactivó el expediente ministerial? El expediente ministerial se "reactivó" luego de que Recalde pasara un papelón en una audiencia especial de la Comisión de Trabajo, en la que sencillamente pretendía utilizar el reclamo obrero para la actual interna capitalista contra Clarín. La presencia de la Naranja puso en evidencia que el Ministerio en todos estos años no había hecho nada por la reincorporación de los delegados (lo cual fue tomado por varios diputados) y allí reclamamos la intervención ministerial y la imposición de una multa. Según fuentes fidedignas, ello derivó en un cortocircuito entre Recalde y Tomada, con un reclamo para que el ministerio se pronunciara en forma urgente y se salvara el orsay del diputado de la CGT, que ya había tomado estado parlamentario. Como Tomada no podía justificar una multa en 2010 por un hecho sucedido en 2004 (sin dejar de exponer, por otro lado, la complicidad de los últimos seis años), comenzó a hacer constatar, mediante inspecciones combinadas con la comisión interna, algunas de las constantes actitudes antisindicales de la empresa. Por eso, en el expediente ministerial también se constataron y sancionan -como hechos que impiden la libertad sindical- ciertos obstáculos impuestos por la patronal contra la realización de las asambleas, las elecciones de delegados y la libre movilidad de los delegados dentro de la planta. Una oportunidad para la organización obrera La multa que el monopolio deberá depositar previamente a cualquier apelación, sumada a los pronunciamientos judiciales de reinstalación tanto en AGR como en Artear (Canal 13), así como los intentos de organización de los trabajadores de Clarín en general son un golpe contra esta patronal negrera que deberá ser aprovechado para el reforzamiento de los reclamos de libertad sindical y mejoramiento de las condiciones laborales en las empresas de Clarín. Ahora también habrá que reclamar que se multe a Canal 13. Esa organización es fundamental desenvolverla en el marco de un programa independiente del gobierno y de la oposición patronal, contra los intentos de cooptación del gobierno K y del moyanismo. Los trabajadores de AGR tenemos memoria y no olvidamos que los despidos masivos, la policía en la fábrica y la persecución a los delegados fueron ejecutados bajo pleno gobierno K, el mismo que ahora, seis años después, se encuentra aliado al monopolio de las telefónicas y enfrentado al de Clarín. En definitiva, la disyuntiva de hierro y la gran tarea que tenemos por delante los trabajadores de AGR y de todo el monopolio Clarín es contra quienes pretenden subordinar los reclamos obreros a una interna capitalista, aprovecharla en cambio para afianzar la organización obrera en la lucha por nuestros intereses, por el respeto al convenio colectivo y la organización sindical, por la inmediata y efectiva reincorporación de todos los representantes gremiales que hemos sido represaliados.

El acuerdo paritario firmado entre el gobierno y la AMP es un atropello a las conquistas y los derechos de los docentes ganados con años de lucha. Que el gobierno firme este acuerdo es esperable: su política es ajustar a los trabajadores para que los fondos provinciales sean colocados al servicio de las mineras y de los grandes grupos capitalistas. Lo que nunca un docente podía esperar es que su gremio, en este caso la AMP, firmara un acuerdo contra los intereses de sus afiliados. Desde ya que para hacerlo, tuvo que actuar de manera inconsulta, o sea sin convocar a asamblea. Han usado el clásico método de todas las burocracias. El acuerdo viola derechos adquiridos por la docencia y por quienes se encuentran ahora estudiando para ser docentes: estos condicionamientos no existían antes. El acuerdo establece pautas discriminatorias al poner como requisito para cualquier tipo de concurso la edad de los docentes. No podemos dejar de señalar que este mismo gobierno y este mismo gremio no hacen nada por recuperar la edad jubilatoria que perdimos durante el menemismo -y que ellos avalaron. La conclusión es una sola: quieren que los docentes estén más años en las escuelas, pero que estos le "salgan barato". Esto se llama "ajuste presupuestario". Por ello exijamos: • Derogación ya de la "resolución paritaria Nº 1806. • Que se convoquen nuevas paritarias, que el mandato de los docentes y los delegados paritarios sean electos en asambleas y que nada se firme sin el consentimiento de las asambleas. Eso es democracias sindical, lo contrario es pura burocracia y entrega de las conquistas de los trabajadores. Para superar la división en que nos encontramos en diferentes gremios afines (AMP -Selar- UDA), planteamos que se convoque a un congreso de bases con delegados mandatados por asamblea, para unificar los reclamos en una paritaria única y un plan de lucha en defensa de los derechos de la docencia.

A los Kirchner no se les cayó la cara de vergüenza cuando Cristina K anunció el pago al Club de París. Incluso, algunos lo festejaron como una victoria porque el FMI no participará de la negociación, sin darse cuenta de que no debe hacerlo porque la Argentina pagará la deuda con reservas en un plazo corto, asimilable a un "contado". Aún así, los "nac & pop" se las arreglaron para que el FMI asesore a la Argentina nada más ni nada menos que para confeccionar el Indice de Precios. La Bolsa festejó el anuncio con una trepada de los bonos que ajustan por inflación. En nombre de la "liberación nacional", los K alimentan todos los días a los usureros nativos e internacionales. La deuda con el Club de París es la más ilegítima y fraudulenta de toda la deuda pública. Amado Boudou reconoció que "el 49% de la deuda con Club de París es anterior al gobierno democrático, a 1983, el 9% fue durante el gobierno de Alfonsín, el 42% restante de los gobiernos de Menem y De la Rúa. Es una deuda que se fue generando hace muchos años y por estos planes que imponía el Fondo Monetario". Lo que no dijo fue: 1) Que esos porcentajes corresponden al saldo de 7.000 millones de dólares que se adeudan ahora y que durante los ‘90 se hicieron pagos de intereses que insumieron 9.000 millones de dólares. 2) El 49% de la deuda, anterior a 1983, se contrajo durante la dictadura militar y corresponde a la estatización de la deuda del pulpo holandés Cogasco por el gasoducto centro-oeste y por Atucha. "El acuerdo incluyó una operación de algo más de 1.000 millones de dólares y se compuso básicamente de dos partes: la primera, por 480 millones en concepto de atrasos acumulados por el peaje impago, y la segunda, por 549 millones por la transferencia anticipada del gasoducto..." (Luis Lucioni, "Las Negociaciones de la Argentina con el Club de París", Cece). 3) Este estudio muestra que entre 1985 y 1992 la deuda con el Club de París pasó de 5.500 millones a 9.000 millones de dólares por los intereses impagos. En ese período, hubo otras cinco rondas de negociaciones. 4) Durante diez años, la Argentina pagó unos 9.000 millones de dólares, de los cuales 3.200 millones de dólares fueron intereses que se pagaron tomando otras deudas, a tasas altísimas. En 2001, se recibieron 1.000 millones de dólares de España por el "blindaje" acordado con el Fondo. Cuando estalló el default, la deuda con el Club de París y bilaterales era de 3.000 millones. 5) La deuda subió a 7.000 millones por la acumulación de los intereses posteriores a 2002. La conclusión: Cristina pagará con reservas una deuda fraudulenta, la que fue varias veces cancelada con los pagos de los intereses usureros que se fueron acumulando.

-Exclusivo de internet Los 26.000 correos electrónicos enviados por Manuel Vázquez, mucho más que un asesor de Ricardo Jaime, están sacando a luz la verdadera red de poder sobre la que se ha asentado el gobierno de la camarilla desde su nacimiento y clarifica de una manera brutal sobre su naturaleza, en el mismo momento en que el gobierno está empeñado en la batalla mediática más intensa para instalar al gobierno K como la versión irreemplazable de una gestión "nacional y popular". Ricardo Jaime, secretario de Transporte (2003-2008), fue uno de los funcionarios sobre los que el gobierno K armó su estructura de funcionamiento en el área que manejaba el segundo presupuesto de importancia luego de Planificación, y con reporte directo al Presidente. Por eso, las invocaciones al "Señor K" que aparecen en los correos, para reforzar el apriete a los empresarios en función de un negocio o de una contribución para la campaña electoral, prueban lo que ya se sabía conociendo el personaje y la trama. Las revelaciones constituyen, por otra parte, una denuncia demoledora de la burguesía "nacional" cuya reconstrucción el gobierno anunció como objetivo estratégico, mostrándola como una capa de coimeros y parásitos confabulados, junto a los funcionarios y la burocracia sindical, para el robo descarado de los recursos públicos. Una catarata de revelaciones de esta magnitud es, por otra parte, un precipitador de la crisis política. "Un inesperado golpe de pánico sacudió a las corporaciones durante la última semana con la revelación de estos correos. No porque en los directorios se hayan enterado de alguna novedad sobre moral, sino por la misma razón por la que el gobierno se enojó, en 2004, con firmas de obra pública tras el primer cimbronazo del caso Skanska: porque se supo" (La Nación, 28/11). A estas horas los empresarios pagan 10.000 dólares por el pendrive con los correos de Vázquez (ídem) para saber si están incluidos en las revelaciones y deben elaborar una estrategia de respuesta. Todos los medios orientados por el gobierno guardan un silencio total y aún los que se hacen eco de las denuncias, ponen el foco en la responsabilidad del gobierno y de Jaime en particular, colocando en un segundo plano la responsabilidad, por ejemplo, del empresariado y del estado español. Es decir que ya está en marcha el operativo para silenciar o esterilizar las denuncias que surgen de los correos. "La batalla del tren" Los correos de Vázquez desnudan la "asociación ilícita" entre el gobierno, los grupos capitalistas y la burocracia sindical en la operación de saqueo y depredación llamada, hoy suena a ironía, "la batalla por la reconstrucción del tren". Lo que surge de los 26.000 mails estaba contenido en los ocho discos rígidos de computadoras secuestradas durante un allanamiento a oficinas de Manuel Vázquez, un consultor experto en empresas fantasma, que fuera designado oficialmente por Jaime para llevar adelante la negociación por la compra de vagones y locomotoras usadas a España y recaudar para la campaña electoral. La información quiso ser destruida, pero la operación no se hizo con rigor y permitió ser reconstruida (Clarín, 28/11). Vázquez incorporó a la trama a Miguel Angel Lorente, su socio en ese país y a la empresa común de ambos, la consultora "Controles y Auditorías Especiales", una fachada para recibir coimas. Esta fue habilitada por el propio Jaime ante el estado español por "su amplio conocimiento y antecedentes en adquisiciones de organismos gubernamentales" y la autorizó "a negociar la retribución de su gestión por cada operación y por cada proveedor local e internacional". Dicha retribución, dice Jaime, "formará parte del costo final que pague el gobierno" (Carta con membrete oficial, 13/3/06). Dicha "retribución" alcanzó la cifra de 2.364.500 euros, repartido entre los "amigos" de aquí y de allá. En la península, la intermediaria "Expansión Exterior de España" cobró una parte suculenta de este monto jugando el mismo papel que la empresa de Vázquez-Jaime, es decir fue una estafa "binacional". Las dos terceras partes de los vagones y locomotoras que se compraron a España y luego a Portugal en el período 2005-2006 no funcionaron nunca, pero no sólo por éste hecho la operación debería caratularse como "crimen contra la nación". Las compras se hicieron sin plan alguno: "No llegaron todos los repuestos y partes que estaban comprometidos (lo que) llevó a la canibalización de varias unidades para poder obtener las piezas y repuestos" para las que estaban en uso, pero esto es sólo un detalle. "Con las locomotoras Alstom asignadas a Ferrobaires se dio una insólita situación. Cuando los técnicos de la empresa fueron a buscar repuestos de las máquinas, que datan de 1958 (¡52 años¡), desde la central francesa les dijeron que busquen en algún museo porque ya hace más de veinte años que no se fabrican" (Clarín, 21/11). La mayor parte de de las locomotoras y coches permanecen inmovilizados y en estado de abandono en talleres ferroviarios, aunque quizá no sea por mucho tiempo. Nada menos que el coordinador nacional de seguridad y resguardo patrimonial del Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (Onabe) acaba de ser enjuiciado por "haber montado un desarmadero en el que se habrían desguazado entre 600 y 700 vagones y más de un kilómetro de rieles", luego de haber acosado a varias metalúrgicas hasta convertirlas en clientes (La Nación, 10/10). Al día de hoy el convenio comercial para que Argentina se provea de material ferroviario de España ha sido renovado, y el gobierno de CFK acaba de cerrar la adquisición de 160 coches, 24 locomotoras y 500.000 toneladas de rieles a China, por un monto aproximado de 10.000 millones de dólares, sin que exista la menor información oficial sobre las características del material comprado. Los pregoneros de la burguesía "nacional" no han tenido el menor propósito de fundar un proceso de industrialización que incluya la reconstrucción del ferrocarril y que, a esta altura, podría obviar gran parte de las compras (delictivas) hechas. Los talleres de Tafí Viejo, Junín y Los Hornos, varias veces inaugurados y hoy desactivados, son el testimonio vivo de este desfalco nacional. La red capitalista "Estoy estudiando muy a fondo tanto el sistema francés como el español de funcionamiento de trenes, y Dios quiera que dentro de muy pocos días pueda mandar una ley al Congreso de la Nación, que no sea ortodoxamente (excluyentemente) estatal... que haya una participación del Estado, pero que pueda existir también una posibilidad de operadores privados de calidad" (Néstor Kirchner, Página/12, 25/5/07). De este modo surgió el ordenamiento actual de los FFCC: la Administración de Infraestructura Ferroviaria (AIF), a cargo de la red actual y futura y la Operadora Red Ferroviaria (ORF), a cargo de la operación de los servicios. La ORF está manejada por la burocracia sindical, a su frente está Juan Araya, un incondicional de José Pedraza y dos escalones mas abajo Juan Carlos "el gallego" Fernández, el hombre acusado de monitorear el operativo que llevó al asesinato de Mariano Ferreyra. Es el sustento legal del desguace definitivo. Ambas sociedades son "sociedades del Estado" y no organismos dependientes de la administración pública central. Tienen libertad absoluta para comprar y concesionar la explotación de los bienes y la AIF, expresamente, puede delegar sus funciones en un tercero. La referencia a los sistemas ferroviarios de España o Francia es un embuste, pues allí son estatales. El planteo de que las dos sociedades serían 100 por ciento del Estado, otro, desde el momento que los servicios están a cargo de las concesionarias privadas -Ferrovías, Metrovías y Trenes de Buenos Aires. Detrás de estos nombres están, respectivamente, los grupos capitalistas "nacionales" de Romero (concesionario de Ferrovías desde 1994 y dueño de Emepa, "que creció como contratista y concesionario de servicios públicos durante las presidencias de Menem, De la Rúa y Duhalde, en rubros muy diversos pero con un invariable punto en común: el cobro de subsidios y sobreprecios" (Verbitsky, Página/12, 4/1/04); Roggio, un contratista que hizo fortuna en base a negocios de la dictadura y a la privatización de los servicios públicos bajo Menem; y Cirigliano/Grupo Plaza, concesionarios de las líneas Mitre y Sarmiento, otorgadas también por Menem, y dueños de Emfer, empresa de reparación de vagones, actividades subsidiadas en forma prácticamente íntegra por el Estado. Las tierras El ordenamiento ferroviario "largamente estudiado" por NK produjo otro negocio fabuloso que aún no ha salido a la luz. Por el artículo 6 de la ley se transfiere a la Administración de Infraestructura todo el patrimonio actualmente afectado al Onabe -la Organización de Bienes del Estado. Mientras este organismo forma parte de la administración pública y la venta de bienes está sujeta a una serie de condiciones, estas condiciones no rigen para una "sociedad del Estado". Dicho de otro modo, tierras de una extensión de casi cinco millones de metros cuadrados que, en la mayoría de los casos, valen fortunas -son las que rodean las vías y las estaciones- van a poder ser vendidos por una repartición "como cualquier empresa privada" (Juan Carlos Cena, "El Ferrocidio", La Rosa Blindada, 2008). Por qué ahora ¿Por qué razón el juez federal que bloqueó la causa Skanska, otro caso de coimas millonarias que afectaba al gobierno K en sus orígenes, o la que investigaba el enriquecimiento ilícito de tres secretarios privados de la Presidenta y su difunto marido, fogonea ahora la causa de los 26.000 correos? "La bomba explota, decía el operador... cuando el poder declina. Traducido: la verdad por sí misma puede haber interesado a Aristóteles, pero importa poco en la Argentina" (La Nación, ídem).

En las últimas horas se ha agravado la salud de Roberto Martino, detenido en el penal de Marcos Paz y en huelga de hambre desde hace 20 días. Los jueces que deben resolver sobre su situación demoran la apelación presentada por sus abogados. Los compañeros que acampan frente al Congreso pidiendo por su libertad han decidido redoblar la lucha. El jueves 2, desde las 11 horas, realizarán un corte de calle en Corrientes y 25 de Mayo, para luego trasladar el acampe hasta la Secretaría de Derechos Humanos. Como toda respuesta, y luego de varias reuniones con dirigentes de derechos humanos, políticos y sociales, esa Secretaría ha ofrecido... un médico para el compañero en huelga de hambre. Reforcemos todas las iniciativas por la inmediata libertad de Roberto Martino.

El 26 de noviembre se realizaron las elecciones en el sindicato docente Ademys. Tribuna Docente le propuso a la Lista Violeta, conducción actual del sindicato, la integración de un frente clasista. La actual comisión directiva rechazó la propuesta con el anodino argumento de que o se es de Ademys o de UTE, en donde también milita Tribuna. UTE se encuentra dirigida por la fracción de Yasky. Precisamente, la Violeta y sus aliados -lista de maestros-, acompañan al degennarismo, justo cuando éste revela su completa incapacidad para combatir la desintegración de la CTA, incluso al montar una elección plagada de fraudes, como ya ocurriera en el pasado, pero que no trascendió porque la burocracia todavía marchaba unida. Para peor, desde la asunción de Macri la dirección de Ademys está a la retranca de la Celeste de UTE. El papel combativo de Ademys en el pasado reciente, cuando sus paros rompían el pacto de la burocracia de UTE con el gobierno de Ibarra o de Telerman, se ha desdibujado por completo. Durante 2010, la docencia ha realizado huelgas con el 97% de acatamiento. La entrega de estas luchas por parte de la burocracia K de UTE, a cambio de un mísero aumento en cuotas, no fue combatida efectivamente por parte de Ademys. La consecuencia de ello es la raquítica afiliación de 960 docentes, de los cuales votaron el 40%. Tribuna dejó de lado, en forma momentánea, el faccionalismo de secta del PTS, para armar un frente de circunstancias que obtuvo un 15% de los votos y una secretaría, lo cual permitió salir por delante de los celestes de Tito Nenna. Se puso en evidencia el grado de desarrollo de la conciencia de clase en una parte considerable del gremio. De este modo, una parte importante de la base de Ademys advierte que no se encuentra desprevenida frente a las paritarias de 2011, y que ha dejado en claro que quiere ya el doble aguinaldo y el 82% móvil.

El negociado de la medicina privada y el descalabro de las obras sociales sindicales son dos caras de la misma moneda. Mientras las prepagas logran impedir que se les aplique algún tipo de regulación, las investigaciones sobre las burocracias sindicales revelan cómo las obras sociales se han transformado desde hace tiempo en un mecanismo de corrupción y regimentación del movimiento obrero. Las prepagas se han negado históricamente a cualquier regulación, especialmente después de la desregulación de las obras sociales en 1997. Estas empresas parásitas han crecido con la captación de los aportes de asalariados que antes estaban en obras sociales, vaciándolas al obtener de ellas contratos de concesión y de gerenciamiento, al punto que el 60% de sus afiliados provienen del desvío de aportes de obras sociales (La Nación, 28/11). Sin controles en lo que hace a tarifas, prestaciones (de hecho, la única regulación actual es que deben prestar el Programa Médico Obligatorio, PMO) y cumplimiento de contratos con consumidores y proveedores, esto ha derivado en una fuerte concentración en la que las cinco primeras se llevan el 75% de la facturación. La semana pasada, la Cámara de Senadores votó un proyecto de ley que tenía cajoneado desde agosto de 2008, el cual buscaba poner cierto límites a la actividad de las prepagas. Es notable que una regulación legal que no decía nada sobre el incremento de las tarifas (que quedaba para cuando se reglamentara la ley) o las prestaciones más allá del PMO haya sido combatida por las prepagas con el argumento de que "hará quebrar la actividad". Según dice el sector, sus ganancias son del 2% o el 3% de la facturación. Se trataría, entonces, de un negocio inviable, que es rentable en tanto no se lo regule. "El esquema de negocio funciona sobre la base de una población sana que paga su cuota y subsidia a los que se enferman", dice un experto (La Nación, ídem). Pero para que funcione ese "esquema" no hacen falta la salud privada ni sus negociados, porque ése es el mecanismo de funcionamiento de las obras sociales y de la salud pública. Es un principio elemental de solidaridad al que la ganancia empresaria distorsiona y lleva a incrementar la tarifa o cápita, de un lado, y a reducir prestaciones, del otro. De ahí que "las inversiones por habitante mensual van desde los 48 pesos para el sector estatal, que abarca a toda la población, pasando por los 116 pesos de las obras sociales provinciales y cifras mucho mayores en la medicina prepaga" (Ambito Financiero, 24/11). Algunos calculan que la tarifa promedio por persona de las prepagas en 2010 se ubica en 300 pesos (El Cronista, 25/11). En este cuadro, las obras sociales se van transformando paulatinamente en comisionistas de las prepagas, a las que le cobran una cometa del 5 o del 10% por cada afiliado que derivan hacia ellas. Así, se acentúa el vaciamiento de las obras sociales -las que se quedan sin ingresos para sostener sus prestaciones- y se incentiva el paso de asalariados al negociado de la salud privada. El proyecto que votó el Senado no dice nada de todo esto. Sólo se anima a plantear algunas pocas cosas que no pueden persistir más porque resultan intolerables para los afiliados. Así y todo, lo hizo con condicionalidades. Por ejemplo, las prepagas podrán cobrar cuotas diferenciales por edad o enfermedades preexistentes con autorización del Ministerio de Salud si logra "justificar" los costos. A lo que ahora los directivos de las prepagas le quieren agregar un subsidio estatal. Incluso, el Senado eliminó un artículo que obligaba a las prepagas a "constituir una reserva técnica equivalente a la facturación mensual promedio. En el proyecto de Diputados se establecía que la mitad de esos recursos debían estar invertidos en herramientas financieras, como bonos públicos. En línea con la eliminación de este artículo sobre reservas, también se modificó un monto previsto de multas que estaba atado a esa variable" (La Nación, 26/11). El otro cambio es que excluye del alcance de la ley a las cooperativas, mutuales, asociaciones civiles y fundaciones, que son las que dirigen los hospitales de colectividades como el Italiano, Alemán y Británico, que aunque están constituidos como sociedades sin fines de lucro, han armado un esquema de ingresos fenomenal en base a planes prepagos. Curioso resulta que no está claro si en la redacción final, que llegará a Diputados para que refrende los cambios del Senado (lo que podría suceder esta semana), "se dejaría al margen de la regulación a las obras sociales sindicales (no a las de personal de dirección) por los afiliados que se adhieran en forma voluntaria; es decir, los que financian totalmente su cuota con fondos de su bolsillo y no con aportes salariales (en la versión original estaban incluidas)" (La Nación, 25/11). El ministro de Salud de la nación ofició de lobbista de la prepaga Osde, de los que un tercio de sus 1,3 millón de afiliados hacen aportes como una obra social y el resto paga la tarifa como aporte voluntario. Manzur quería dejar a más de 850.000 afiliados voluntarios a Osde a merced del apetito de la empresa, tal como están ahora. La regulación de la medicina privada no avanza sobre las bases de este negocio completamente parasitario, que sobrevive a expensas del descalabro de las obras sociales y de la salud pública. E incluso, en los temas en los que sí avanza, lo hace de manera de afectar lo menos posible los ingresos privados. En ese sentido, los diputados y senadores se han mostrado como sometidos al poder de la billetera de los Osde, Swiss Medical y compañía.

-Exclusivo de internet El juez Norberto Oyarbide ha ordenado el allanamiento de unas cuarenta obras sociales, entre ellas las de Camioneros y de la UOM, por las estafas cometidas con medicamentos de alta complejidad. Es la consecuencia de la declaración indagatoria tomada a Marcos Hendler, dueño de la firma Droguería Urbana, proveedora de la obra social de Camioneros y aportista importante a la campaña electoral de Cristina Kirchner y Julio Cobos en 2007. La burocracia inventaba enfermos y fraguaba recetas. Con ellas, se encargaban medicamentos a los laboratorios, y éstos, en vez de remedios, entregaban troqueles, esos cuadraditos de cartón con el código de barras. Con ellos, las obras sociales cobraban reintegros millonarios a la Administración de Programas Especiales (APE), dependiente del Ministerio de Salud. El delito no se cometía con cualquier medicamento: sólo con los oncológicos o los empleados para el tratamiento del sida, por ejemplo, que son drogas de altísimo costo. En una escucha telefónica que figura en el expediente, Hendler habla con Alicia Bergalli, jefa de compras de Droguería del Plata y procesada en la causa. Hendler le pide a la mujer una cantidad de troqueles falsos para la obra social de Camioneros. Esa llamada se hizo el 16 de junio de 2009. La obra social de la familia Moyano también compraba medicamentos (troqueles, mejor dicho) a otras droguerías sospechadas, como Stanford Salud y Unifarma. Stanford pertenecía a Sebastián Forza, uno de los empresarios vinculados con la venta de efedrina a narcotraficantes mexicanos, víctima del triple crimen de General Rodríguez. Unifarma era de Ariel Vilán, socio de Forza, que apareció "suicidado" después de los asesinatos en Rodríguez. Todos esos fueron aportantes de la campaña de Kirchner y Cobos en 2007. El recaudador entre los drogueros era Héctor Capaccioli, ex superintendente de Servicios de Salud, hoy procesado por delitos varios. Capaccioli tiene en su prontuario, entre otras tantas cosas, haber enviado una patota de barrabravas a golpear a los trabajadores del hospital Francés. Lucha de camarillas Hugo Moyano ya está imputado en otra causa paralela, radicada en el juzgado de Claudio Bonadío, también por los trámites fraudulentos que hacía para cobrar reintegros de la APE. Así, el titular de la CGT tiene razones para temer que le hagan seguir los pasos de Juan José Zanola, preso junto con su mujer por estafas y fraudes similares. En manos de un Oyarbide o un Bonadío, jueces afines al gobierno, la investigación por la actividad mafiosa de los burócratas y del gobierno en las obras sociales no pasará los límites de la pugna entre camarillas. Será, simplemente, una herramienta de extorsión. Pero forma parte de la descomposición de la burocracia sindical y, por lo tanto, del conjunto del régimen político que se apoya en ella, en el marco de una acentuada rebelión de los trabajadores contra esa burocracia.

Mientras el Ingenio Tabacal acaba de cerrar los festejos por la Zafra del Bicentenario y brinda por un 2011 que producirá azúcar, alcohol y energía eléctrica al sistema interconectado; los médicos y personal no profesional del Hospital Eva Perón de la ciudad de Hipólito Yrigoyen iniciaron la lucha para el pase a planta permanente. Además, denuncian el vaciamiento de la institución sanitaria a manos del intendente Dr. Nicanor Sosa, a contramano de su flamante Clínica Privada en la ciudad de Orán. Los vecinos, la mayoría de trabajadores del Ingenio San Martín del Tabacal, junto al personal del hospital reclaman insumos e infraestructura para el nosocomio, como también el nombramiento de más profesionales. La lucha comenzó porque el gobierno de Urtubey se negaba a pasar a planta a una profesional médica. Ahora, una bandera en el hospital reclama "Planta Permanente Ya para todos", eso incluye a enfermeros, agentes sanitarios, choferes y personal de limpieza, todos precarizados y tercerizados. Los trabajadores realizaron marchas, ocuparon el Hospital y el Concejo Deliberante, en donde quedó clara la complicidad de los ediles obsecuentes de Sosa, Alarcón y González, quienes les dieron la espalda a los reclamos. Allí intervinieron fuertemente los compañeros Mariana Palacios y Rubén Tolay. La primera es hija de una trabajadora, del hospital, internada en grave estado con una neumonía por las malas condiciones de trabajo. Tras un frontal debate, arrancaron una declaración a favor de los trabajadores, dejando en claro que la única salida para los vecinos de Yrigoyen es una organización independiente de este gobierno y sus representantes. En este mismo sentido y con los carteles de Mariano Ferreyra, los municipales de Colonia Santa Rosa, a muy pocos kilómetros de Yrigoyen, comenzaron un paro por tiempo indeterminado, exigiendo el pase a planta permanente y aumento salarial. La medida de fuerza se realiza por fuera del gremio Soem, bajo la dirección autoconvocada de los compañeros del Partido Obrero del círculo de esa ciudad. Al cierre de la edición, el acatamiento llegaba al 60%. También en este lugar se levantó una bandera de "Planta Permanente Ya para todos", mientras los municipales del PO cantaban "a Mariano Ferreyra lo vamos a vengar con piquete y a la huelga general".

Página/12 "Tres mil docentes a cargo de distintos talleres y programas para la inclusión de estudiantes en riesgo de dejar el sistema educativo fueron incorporados ayer al convenio colectivo de trabajo de los docentes, tras la aprobación de un proyecto en la Legislatura porteña". Tribuna Docente (TD) Los que fueron incorporados al convenio colectivo no fueron los 3.000 docentes sino los cargos que esos docentes debieran ocupar desde hace años. Por el contrario, luego de sancionada la ley en el día de ayer, los docentes siguen tan precarizados como antes. Página/12 "Luego de (...) una fuerte presión de la oposición en la Legislatura porteña, los legisladores del PRO Enzo Pagani y Victoria Morales Gorleri, titular de la Comisión de Educación, presentaron este proyecto, en una sesión en la que estuvo el ministro de Educación, Esteban Bullrich". TD La supuesta oposición de la legislatura porteña (ocho diputados kirchneristas y ocho diputados de Proyecto Sur) votó al unísono el proyecto presentado por Macri. Quiere decir que no existió la menor presión de parte de los diputados no macristas sino, por el contrario, un acuerdo hecho fuera del recinto, a través del cual la presión la ejercieron todos unidos contra el proyecto de los diputados Naddeo y Parrilli, el cual verdaderamente termina con la flexibilidad laboral en la docencia de la Ciudad. Página/12 "A partir de la incorporación, estos docentes cobrarán sus sueldos durante las vacaciones de verano e invierno, tendrán días por enfermedad, entrarán en el convenio colectivo de trabajo, percibirán los aumentos conseguidos y además harán aportes jubilatorios, entre otros beneficios". TD Como ya dijimos, la "incorporación" no es de los docentes, sino de sus cargos. Por lo tanto, los actuales docentes precarizados no verán por la aprobación de esta Ley que se modifique nada en su situación respecto de las vacaciones, de las licencias por enfermedad, de los aumentos acordados en la Mesa Salarial y de sus aportes previsionales. Francisco Nenna "Hace 25 años que estas personas tenían que renovar su contrato año a año, con el riesgo de que una nueva administración cerrara los programas y se quedaran sin trabajo. Es un día histórico" TD Que a partir de la sanción de la ley no puedan las diferentes administraciones cerrar los programas no implica que ellas se vean impedidas de hacer que los docentes de esos programas se queden sin trabajo. Nenna "La incorporación al estatuto es un primer paso, la titularización vendría a ser una segunda etapa, (...)". TD Si algo caracteriza a la burocracia sindical es hablar de pasos y etapas sin establecerlos fehacientemente con sus fechas correspondientes. La ley aprobada en la Legislatura no menciona plazo alguno, lo que transforma a la titularización en crónicamente supuesta. Quienes representan verdaderamente a los trabajadores se encargan de especificar la/s fecha/s que se acuerdan con la patronal. Así lo han demostrado esta semana los tercerizados del Roca, que al retirar del limbo temporal la propuesta de pasaje a planta permanente que le formulaba la empresa, lograron conquistar la estabilidad laboral.

-Exclusivo de internet El 19 de noviembre, Cristina Kirchner dio por inaugurada la "mesa de diálogo petrolero", motorizada por los pulpos con la burocracia sindical. Uno de los puntos de constitución de la Mesa dice textualmente "que resulta imprescindible que las relaciones laborales se desarrollen en un marco de paz social y de ausencia de conflictos que interrumpan el normal desenvolvimiento de la actividad" y que "las partes ratifican su rechazo al corte de rutas o bloqueo de acceso de los lugares de trabajo como metodología de protesta, habida cuenta de las graves consecuencias que esto significa para toda la sociedad y muy especialmente para las economías regionales". Fue una vez que patrones y burócratas estamparon sus firmas que CFK dijo: "No falta nadie en este acuerdo. Si llegan a cortar algo o se arma lío, los mato a todos, van todos presos". Una semana después, en un almuerzo de las patronales del transporte, la Presidenta atacó abiertamente los reclamos de los trabajadores que sufren accidentes de trabajo, calificándolos de "industria del juicio", repitiendo como el loro lo que dicen las patronales. Llamó a patrones y burócratas a ponerse de acuerdo para terminar con los juicios que inician los trabajadores. No dijo que la ley de riesgos del trabajo vigente es la de 1994, un pilar de la privatización de la seguridad social, de la precariedad y la flexibilidad laboral -una de las más antiobreras de todas las leyes menemistas (gestada por un "pacto social" de la UIA, el gobierno y la CGT asesorada entonces por Carlos Tomada y Noemí Rial). La mayoría de los artículos de esa ley fueron declarados inconstitucionales por la Corte Suprema, porque obliga al trabajador accidentado a cobrar una indemnización ridícula, en cuotas mensuales. Simultáneamente, Tomada sometió el conflicto de los médicos y profesionales de la salud de Mendoza a un Comité de Garantías, conformado por las patronales, la CGT y la CTA, que dictaminó que en los conflictos en los hospitales y centros de salud "los sindicatos o las asociaciones médicas pueden tomar medidas de acción de fuerza, pero sólo dos días por semana. En esos días deben garantizar en un 100% los servicios de atención a la mujer embarazada, a los niños, ancianos y personas discapacitadas y brindar al resto una cobertura similar a los días domingos o feriados. Y todos y cada uno de los médicos deben permanecen en guardia pasiva, pudiendo ser convocados por el director del hospital o centro de salud y los jefes de Servicio y los directores de los centros de salud están obligados a cumplir sus tareas. Además, los dos días de paro admitidos deben ser anunciados con una antelación de cinco días corridos" (Clarín, 27/11). La asociación médica mendocina rechazó el dictamen y prosigue con los paros, garantizando los servicios mínimos con los criterios fijados por los trabajadores y profesionales en asamblea. Estos tres ejemplos, de tan sólo los últimos días, son más que reveladores del "pacto social" que están armando Julio de Vido, Hugo Moyano y Héctor Méndez, de la UIA, con el reaseguro de que, si los trabajadores no lo respetan, "los mato a todos, van todos presos", como dijo Cristina Kirchner. El pacto es una plataforma de guerra contra los trabajadores. Apunta a prevenir los reclamos salariales que ya se están dando por la disparada inflacionaria y las paritarias que se avecinan para el año próximo, y a cerrar filas con un gran sector de las patronales para colocarlos detrás de la candidatura de CFK para 2011. El veto al 82% sobre la mínima, el pago con reservas al Club de París y la asistencia del FMI fueron en la misma dirección y saludados "con fervor" por los bancos, los bonistas, las compañías de seguro, y la prensa financiera.

El lunes 29 detuvieron al compañero Luis Guineo, secretario de ATE de Las Heras, mientras caminaba por una calle de esa localidad. El había encabezado un mes atrás un largo conflicto salarial de los trabajadores municipales, que derivó en la permanencia de los trabajadores en el edificio municipal y, más tarde, en un piquete sobre las rutas de la actividad petrolera. La huelga había sido considerada legal por la propia Secretaría de Trabajo provincial. El propio Guineo, en su discurso frente a la Legislatura el pasado jueves 25, denunció que el juez Quelín estaba a punto de ordenar su detención como parte de su acción sistemática contra la protesta social en aquella localidad. No es casual que la detención se produzca horas después de la firma de un pacto social entre el gobierno, las petroleras y los gremios petrolero y de la Uocra secretario de ATE -ocasión en la que Cristina no tuvo mejor idea que amenazar con "meterlos presos a todos" si le llegaban a cortar una ruta. Quelín no se volvió loco, como algunos creen, sino que está aplicando la receta de la propia Presidenta por anticipado. La semana pasada, desocupados petroleros tomaron los tanques de la Planta LH 3, después de que siete de ellos estuvieran una semana en huelga de hambre frente a la iglesia del pueblo. Antes, los mismos compañeros cortaron la ruta y se manifestaron en la Municipalidad local para exigir el cumplimiento de un acta firmada con funcionarios provinciales y locales el día que la Presidenta inauguró el centro cultural construido por Repsol en la ciudad. Pende sobre ellos otra amenaza del juez Quelín, que incluso ordenó a la Gendarmería no dejar pasar agua para los desocupados que estaban arriba de los tanques. Santa Cruz vive momentos de convulsión, ya que en la salida de Caleta Olivia se turnan los movimientos de reclamo con cortes de ruta y en la cuenca carbonífera, los dos municipios se encuentran ocupados por sus trabajadores. En Río Turbio, hace 18 días que los obreros controlan todos los accesos a los edificios y la actividad es nula. Piden el aumento del 30% que fuera concedido por el Concejo Deliberante, vetado e insistido por el propio Concejo. Llegaron a estas medidas extremas, las que incluyen el corte total por periodos de seis horas en el ingreso a la localidad. En 28 de Noviembre, la rebelión es de los contratados y precarizados bajo forma de "ayudas financieras", quienes reclaman su pase a planta permanente y ya llevan 5 días de ocupación del edificio principal y un corte en la principal avenida del pueblo. De conjunto, se sigue desarrollando la lucha contra la reforma jubilatoria provincial, con paros de 48 horas de Adosac y ATE la pasada semana y movilización a la Cámara, lo que llevó al gobierno a volver a vallar la Legislatura, hecho que no se veía desde el 2007. Ante la detención de Guineo, ATE ha llamado a parar 48 horas y se están discutiendo medidas de la CTA. El compañero ha sido trasladado a Los Antiguos, como había ocurrido con los tres presos de Las Heras, liberados hace algunos meses. En esa localidad, los compañeros del PO junto a los de Ate están manifestándose ante la comisaría y en Río Gallegos se está convocó una marcha a Casa de Gobierno para las 18 horas del martes. • Libertad inmediata de Luis Guineo. • Desprocesamiento de todos los compañeros acusados por reclamos sociales. • Destitución del juez Quelín (agente de Repsol y del gobierno).

La CTA Capital realizó su segundo plenario luego de las elecciones recientes. A diferencia del primero, donde reinaba el optimismo por el "triunfo" de Micheli, la Mesa tuvo que explicar el "avance" de Yasky y las denuncias de fraude. Otros temas quedaron afuera: la pelea por un doble aguinaldo, a pesar de que los compañeros del banco Ciudad informaron al plenario de la enorme lucha que dieron recientemente (véase nota en página 9); las paritarias 2011, el 82%, el reconocimiento al nuevo sindicato del subte (cuya dirección pretende enrolarlo con Yasky); la organización y la lucha de los tercerizados. También estuvo ausente el planteo de pacto social del gobierno kirchnerista. Fue propuesto armar comisiones para oponer un presupuesto "social" al de Macri, que será acompañado de una movilización para el 2 de diciembre. En realidad se busca apoyar el planteo de Presupuesto de Proyecto Sur, a pesar de que no tiene viabilidad. Micheli nos aludió cuando mencionó que, para el Partido Obrero, "Micheli y Yasky son lo mismo". Se confunde, porque lo que decimos es que son cómplices de la destrucción de la CTA, pero desde posiciones distintas: uno es kirchnerista y defiende, por ejemplo, el pago de la deuda externa con reservas del Banco Central, o por ejemplo se opone al 82% móvil para la jubilación mínima; en tanto, el otro apoyó al capital agrario contra la aplicación de mayores retenciones a las exportaciones, y no mueve un dedo contra el pago de la deuda, o sea que debería pagarse con asignaciones del Presupuesto. Los dos armaron la Alianza de De la Rúa, una experiencia de la que no sacaron ninguna enseñanza. Nos distinguimos de ambos en la previsión que hicimos, tempranamente, a mediados de año, de que destruirían a la CTA -cuando propusimos los medios para evitarlo. Desde 2006 denunciamos el copamiento kirchnerista en la primera elección que consagró a Yasky, con el apoyo de De Gennaro y Micheli. En función de una reorganización de la CTA sobre nuevas bases y un plan de lucha por las reivindicaciones, planteamos un congreso de bases de la Central, empezando por casa, en Capital. Con ese planteo intervino la delegación de AGD-UBA, con mandato de asamblea y quien suscribe, delegado de la UTPBA, y al otro día mismo estuvimos como fierro en la convocatoria de la CTA Capital contra la represión que costó la muerte de dos compañeros originarios formoseños. Discutiendo a la hora de discutir y luchando a la hora de luchar. Ahora acabamos de tomar conocimiento de la decisión de Micheli de ir solo a nuevas elecciones, un dislate que ubica la lucha política en un terreno de aparato y que formaliza disolución de la CTA y hasta de los gremios que la componen. Más que nunca, deliberación política, plan de lucha y congreso de bases.

Después de haber fracasado en restringir los superpoderes, reformar el Consejo de la Magistratura o impedir el presupuesto por decreto, la llamada oposición se ha metido en la campaña electoral. Los últimos escarceos en el Congreso dejaron ver sus múltiples vasos comunicantes con el kirchnerismo. Es que, por ejemplo, el uso de reservas para seguir pagando la deuda usuraria es una garantía que oficialistas y opositores ofrecen a los acreedores del Club de París, que no ha sido objetado por el FMI. El peronismo federal No es, entonces, el "respeto a la presidenta viuda" lo que ha llevado a la oposición a borocotizarse y, ahora, a desplazar su interés a la campaña electoral, mientras el gobierno legisla por decreto. Los K han neutralizado a los opositores mediante la apropiación del programa de estos -por ejemplo, el arreglo con el Club de París, la ratificación de las ART o el acercamiento al FMI. En el marco de la campaña electoral, Duhalde y Rodríguez Saá esperan una alianza con Macri e incluso con Reutemann; en tanto, Das Neves, Solá -quizá también Reutemann- parecerían dispuestos a participar de la interna del PJ K. En ese redil común entrarían Massa y el conjunto de los intendentes disidentes del conurbano. Reutemann parece decidido a hacer esto en las elecciones adelantadas de Santa Fe. La "interna abierta y obligatoria" habría dejado entonces de ser una quimera, pero si se convierte en real, obligaría a los progres de Sabatella a ir a votar a ella. La nueva Alianza Los últimos debates parlamentarios para sepultar el "acuerdo cívico y social" dejaron ver una fractura en el radicalismo. A la división entre alfonsinistas y cobistas, se acoplan otras dentro del cobismo y del alfonsinismo -como aflora con las pretensiones del senador Sanz-; de los bloques de diputados y senadores, la división se proyecta ahora a la cuestión electoral. Alfonsín quiere realizar un frente electoral con Binner y Stolbizer, que Cobos rechaza. Sanz, el tercero en discordia, apoya el "frente progresista" con Binner, pero encabezado por él -algo muy pero muy interesante, porque la prensa lo presenta como "el candidato de los empresarios" -entre ellos Techint. Si Alfonsín-Sanz imponen el frente en una interna que quieren en marzo, podrían precipitar la ruptura de Cobos y la formación de otro eje opositor de éste junto a De Narváez o Macri. La nueva Alianza o "frente progresista" que pergeñan Alfonsín y Sanz ya mostró sus lazos con el gobierno en el curso del debate sobre el Presupuesto. Para Sanz, "el presupuesto del gobierno estaba mejor confeccionado que el que había redactado Prat Gay" (Clarín, 5/11). Días después, Stolbizer propuso archivar las denuncias contra el gobierno por sobornos a diputados, acompañada por el socialismo. Desde el Parlamento, el "frente progresista" está apuntalando la transición política en función de los intereses capitalistas. Cuando el Congreso deba votar el pago de deuda con reservas, dice Ambito: "El oficialismo cree que desde el radicalismo alfonsinista y el socialismo habrá apoyo" (18/11). Los "progresistas", comenzando por Binner, le han propuesto al gobierno la conformación de un Consejo Cívico y Social. De este modo, la oposición se acopla al ‘pacto social' con Moyano. Solanas Solanas insiste en rechazar una nueva "Alianza". Pero un legislador porteño de su palo, Hourest, anunció su apoyo a la candidatura de Alfonsín, debido a que considera a la postulación presidencial de Solanas como "testimonial". Jorge Ceballos, un solanista de Libres del Sur, se acaba de reunir con Alfonsín en La Matanza, donde dejaron abierta la postulación de Ceballos como candidato a intendente de una "oposición unida" (Clarín, 27/11). Eduardo Buzzi, el representante de los ‘campesinos' sojeros, acaba de ubicar al vice de la Federación Agraria como candidato de Solanas a la diputación de Santa Fe, luego de haber operado para la aprobación del proyecto de Presupuesto K. No hay, como se puede ver, fronteras sociales infranqueables entre los bloques capitalistas que se preparan para las elecciones. El Ejecutivo se apresta a gobernar en 2011 sin restricciones, pero no tanto porque pueda apelar al ejercicio del decreto, sino porque la llamada oposición ha decidido dejarle el campo abierto. La disputa electoral servirá para ocultar esta cohabitación política. Lo que no podrán evitar, sin embargo, ni unos ni otros es una profundización de la crisis en sus propias tiendas políticas. Lo más probable, no lo menos, es que se asista a una enorme dispersión electoral -quizá más en la llamada oposición que en el oficialismo. Esta variante del proceso político próximo no deja de ser interesante, porque una capitalización electoral de la disgregación opositora por parte de quienes representamos la oposición obrera al charlatanerismo K sería un gran paso previo para una confrontación final entre los socialistas y los "nac & pop" del Club de París, del FMI, de las nuevas petroleras y de la viejas mineras.

-Exclusivo de internet El Senado de la Nación acaba de dar -por unanimidad- sanción definitiva al proyecto de Ley Nacional de Salud Mental, cuya autoría pertenece al diputado del ARI fueguino -y miembro de la Jefatura de Gabinete de la Nación-, Leonardo Gorbacz. El presunto carácter "progresista" -apoyado por distintas asociaciones del campo de la salud mental- se basa en que la ley promueve la acción "interdisciplinaria" en los servicios hospitalarios, amplía la incumbencia en las decisiones de internación psiquiátrica (restándole el monopolio legal a los psiquiatras) e insta a la presunta "desinstitucionalización" de los pacientes psiquiátricos internados (en una mayoría "cronificados") en "dispositivos alternativos". Sin embargo, tres artículos del proyecto resultan por demás clarificadores, en sintonía con las "reformas" en salud propiciadas por el Banco Mundial: el artículo 27 directamente prohíbe la creación de nuevas unidades públicas neuropsiquiátricas de internación, mientras insta a una "paulatina" sustitución de las ya existentes por "dispositivos alternativos" (que como ya hemos destacado brillan por su ausencia en el plano nacional, provincial y municipal en todos los niveles de atención). El siguiente artículo (Art. 28), ordena realizar las internaciones psiquiátricas solamente "en hospitales generales" mientras cuenten con "recursos necesarios". La situación planteada al día de la fecha resulta ser la manifiesta situación de colapso de los hospitales generales (y no sólo monovalentes) en todo el país. Los "recursos necesarios" librados a la "interpretación" de los gobiernos capitalistas provinciales y municipales (sumado al Estado nacional) en la perspectiva del traspaso planteado directamente abriría una instancia de agravamiento de la atención en la red hospitalaria, particularmente en lo que se refiere a la asistencia de pacientes psiquiátricos internados. Justamente son los "recursos necesarios" planteados en el Art. 32 de la ley, el cual establece un límite de tres años desde su eventual sanción, para que "el Poder Ejecutivo" incluya "en los proyectos de presupuestos un incremento en las partidas destinadas a salud mental hasta alcanzar un mínimo del diez por ciento (10%) del presupuesto total de salud", promoviendo a que "las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adopten el mismo criterio". De acuerdo con las políticas implementadas por los gobiernos ajustadores (y avaladas desde las legislaturas provinciales y de la Ciudad) el "piso" del 10% será, en el mejor de los casos, un techo inalcanzable en el marco del progresivo ajuste y desfinanciamiento ejecutados por dichas administraciones. De hecho, lo establecido por la ley sólo se basa en una suerte de "indicación" y no tiene un efecto vinculante. Aun si lo tuviera, un "mínimo" de un incremento en un 10% del Presupuesto en un lapso de tres años (frente a las proyecciones inflacionarias actuales) ni siquiera resultaría ser "una aspirina para el cáncer" del derrumbe sanitario nacional. O bien estaría condenado a ser un mero "saludo a la bandera" o, en el mejor de los casos, un paliativo inocuo frente a las necesidades acuciantes de los trabajadores y profesionales de la salud, y particularmente para la asistencia sanitaria de la población. Al igual que con el "caso testigo" de la Ley 448 de la Ciudad de Buenos Aires, sería nuevamente tomada por los gobiernos provinciales y municipales para profundizar la política de transferencia de recursos y colapso hospitalario. No casualmente, el máximo consultor de la OPS (Organización Panamericana de la Salud), Hugo Cohen, señaló a Perfil (26/9) "Apoyamos el proyecto de ley en función de que responde a las recomendaciones que en el campo de la salud mental y los derechos humanos hace la OMS". Corresponde destacar que las "recomendaciones en el campo de la salud mental" de la OMS vienen impartidas directamente desde los papers del Banco Mundial. Para el caso, todas las camarillas patronales parlamentarias (oficialismo y oposición) se unieron sin chistar para votar unánimemente la ley en ambas cámaras. Reafirmamos nuestra lucha por un sistema de salud único integral, estatal, público y gratuito -y, por ende, de salud mental-, que integre todos los niveles de atención sanitaria: los centros públicos comunitarios y preventivos (APS), el hospital público y las obras sociales, y promovemos la nacionalización de los laboratorios medicinales.

Ante la situación que vive Haití, el PIT-CNT reitera su convicción respecto a que las elecciones democráticas son una forma de plasmar el derecho del pueblo a decidir por sí mismo. Por lo tanto, sólo tienen sentido si son libres, sin proscripciones ni tutelas, respetando el derecho de autodeterminación de cada pueblo. La población haitiana se está movilizando masivamente contra la presencia de las tropas de ocupación. Las responsabilizan de la realización de elecciones fraudulentas, tanto por las condiciones de ocupación como por la proscripción del principal partido del país. Frente a esta creciente movilización, las fuerzas de la Minustha dispararon matando a por lo menos tres manifestantes en los últimos días. En ese marco es que manifestamos: • Nuestro más firme rechazo ante una represión, que no toleraríamos en nuestro país ni toleramos en Haití. • Nuestro saludo fraterno a un pueblo solidario, que ha cometido el pecado histórico de pelear por su libertad plena y ha sido sistemáticamente ocupado por los imperios de turno para impedir la concreción de este anhelo • Nuestra preocupación porque la escasa ayuda humanitaria que hemos enviado no ha logrado concretarse. De las cuatro UPAS que se donaron a Haití, las "donadas" para las Minustha están funcionando y las dos destinadas a la población, no. La vida ha demostrado que la presencia de las Minustha, si alguna duda pudo tenerse en un comienzo respecto a su necesidad para llevar adelante la ayuda humanitaria, claramente ha ido en sentido contrario: el golpe y ocupación imperialista llevados adelante contra el gobierno de Aristide tuvieron como objetivo impedir el avance libertario del pueblo haitiano. Atendiendo lo expresado, nuestro movimiento sindical convoca a que se concrete la ayuda humanitaria, unidos a los pueblos que lo hacen masivamente como Cuba o Venezuela, en particular llevando agua potable a la población haitiana, y a retirar inmediatamente las tropas de ocupación de Haití para respetar el principio de autodeterminación de nuestro pueblo hermano. Montevideo, 23 de noviembre, 2010

El 46º Congreso de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos, que se acaba de realizar en La Falda, mostró a su dirección evadiendo sus responsabilidades frente a la brutal pérdida de conquistas, como: 1) cierres de fábricas, 2) despidos y suspensiones masivas, 3) desconocimiento de los convenios colectivos, 4) aumento de la precarización laboral, y 5) una fuerte desafiliación. El documento de "gestión política para el período 2010-2011", allí aprobado, es un compendio de ideas reaccionarias, prejuicios corporativos y alertas macartistas contra la oposición en el gremio. Desocupados, extranjeros e izquierdistas El documento "El desarrollo nacional para el bienestar del pueblo" adjudica a los desocupados, no a las patronales, el empeoramiento de la situación de los papeleros. "Tenemos conciencia, dice el documento, de que con nuestro esfuerzo se financian los programas asistenciales de los desocupados condicionando nuestra reivindicación salarial". En boca de quienes hasta hace muy poco estaban embarcados en algunos negocios con Raúl Castells, este exabrupto reaccionario suena a encubrimiento preventivo. Los autores le ponen más tinta al documento cuando atacan también a trabajadores bolivianos, paraguayos y uruguayos, como si estos vinieran a competir con los obreros de la gran industria. "Criticamos, dicen, que se facilite la residencia de extranjeros en centros densamente poblados sin tener una política de expansión ocupacional", cuando deberían criticar, al revés, la falta de esa "política de expansión" cuando hay un ingreso de trabajadores extranjeros. Estamos ante un acto provocativo de discriminación.Después de culpar a desocupados y extranjeros, el documento la emprende directamente contra el activismo de izquierda, algo que está presente en todas las resoluciones del congreso, desde el discurso inaugural al de cierre, pasando por todos los conflictos gremiales del periodo.La Federación, que, repetimos, armó varios emprendimientos con Castells, critica también "...los programas que manejan algunos grupos adictos al gobierno o a partidos minoritarios de carácter violento, (que) son usados para proclamar una subversión de las instituciones con corte permanente del tránsito en ciudades y rutas habiendo llegado a la ocupación de establecimientos públicos y privados". Parte de esta diatriba refleja el patoteo entre la fracción de Barrionuevo, a la que pertenece la Federación, y la de Moyano -pero al extremo de repudiar los métodos históricos de lucha de los trabajadores. La Federación se quiere sacar el sayo de su responsabilidad por el cierre de Massuh, que quiere endilgar a sus trabajadores y el capanga Moreno. La Federación encuentra chivos expiatorios para poder tapar su responsabilidad principal, como dirección de Papeleros, en los retrocesos de los trabajadores del papel. ‘Construyamos Botnias y devaluemos el peso' La Federación acusa a los movimientos ambientalistas y al gobierno de la ausencia de un plan de forestación y de que no se instalen en Argentina las grandes multinacionales del papel. "Toda actividad, aun la vida vegetativa y el simple movimiento animal contamina. Hoy la tecnología baja a valores ínfimos la contaminación industrial. La falta de una explicación clara y desinteresada descalificó la industria celulósica papelera". El documento aboga por las grandes patronales, pero omite su rol en el derrumbe de Massuh y Puerto Piray, y en la tolerancia que mostró con las papeleras que arrojan los residuos al Paraná.Para la Federación la contaminación no debe ser obstáculo para la radicación de papeleras, y reclama la devaluación del peso para favorecer esa instalación. El documento debe admitir, sin vueltas, que no tiene nada para oponerse a la ofensiva de las patronales papeleras contra los trabajadores del ramo. La propia Federación reconoce que subsiste en muchos establecimientos la jornada americana (7x1), que se mantiene en un alto nivel el trabajo nocturno, que hay un sistema de contratados y tercerizados eterno en la mayoría de las empresas, que la reconversión tecnológica ha sido utilizada para achatar brutalmente las escalas salariales, que la Federación no ha impulsado un proceso de recategorizaciones, que avanza la desafiliación y que los propios sindicatos de la Federación ya no realizan aportes a la misma por diferencias políticas. El congreso dejó afuera, por cuestiones políticas y monetarias, a siete sindicatos de los 27 que integran la Federación. Al final, el documento denuncia el apoderamiento por parte de Moyano de otros gremios, reflejando su alineamiento, el mismo que se autoconvocaba a dejar de robar por dos años. Los dirigentes de la Federación denuncian la escasa afiliación al sindicato sin preguntarse por su responsabilidad en ello. Aseguran haber "aprobado oportunamente políticas reivindicativas de la organización y de afiliación e insistido con programas de acción que no dieron el resultado esperado" -lo que es falso. La burocracia es hostil a la lucha. Que diga que "el error de las convenciones colectivas de trabajo de 1975 no se debe repetir, de nada vale pretender lo que no se puede lograr", caracteriza a una camarilla que no tiene nada que ofrecer a los trabajadores. Para ella es irrealizable lo mejor que se consiguió con la lucha en los últimos cuarenta años. Hace décadas que no hay un paro general del gremio por salarios. No existen asambleas. Lo que necesitan los papeleros es terminar con las jornadas americanas, terminar con los contratados eternos, que se discutan categorías y condiciones de trabajo, un medio aguinaldo de emergencia y reabrir las paritarias. Esto sólo se logra con asambleas generales de fábricas, una asamblea general de los papeleros y un plan de lucha. Lo demás es verso.

A propuesta de un compañero, la asamblea general de trabajadores de Morvillo del 25 de noviembre votó bautizar con el nombre de Mariano Ferreyra al cuarto gremial de la empresa. El crimen de Mariano repercutió con mucha fuerza entre los trabajadores. El 21 de octubre, la asamblea general resolvió un paro total de actividades y abandono de trabajo para sumarse masivamente a la multitudinaria marcha a Plaza de Mayo que exigió juicio y castigo a los responsables materiales y políticos del asesinato. La Comisión Interna ha rubricado el pronunciamiento por el esclarecimiento del crimen y el mismo ahora está girando por los sectores de la fábrica. Mariano, compañero y amigo, ¡más presente que nunca!

-Exclusivo de internet Los siete estudiantes en huelga de hambre del Centro Universitario Devoto (CUD) enviaron la siguiente carta, a la movilización del martes, sumándose a la lucha por el castigo a los responsables del asesinato del militante popular Mariano Ferreyra. "En este día de presencia militante en la Plaza que ha sido testigo de tantas luchas de resistencia, queremos decir a quien quiera escuchar, que mientras que en la Argentina no se garantice la libertad de oportunidades para los jóvenes, mientras no se garanticen derechos elementales como el de la libre afiliación sindical, mientras se siga criminalizando la protesta social y mientras se siga asesinando luchadores en las calles y las cárceles, mientras todo esto siga sucediendo, somos todos presos políticos". Así lo afirman compañeros en parte de su misiva. Compañeros: los estudiantes universitarios en situación de encierro en la cárcel de Villa Devoto declarados en huelga de hambre desde hace ya treinta y tres días, nos solidarizamos con el pedido de esclarecimiento del asesinato del militante popular Mariano Ferreyra y acompañamos a su familia y compañeros en el dolor de su pérdida. En tiempos en que los medios monopólicos construyen una falsa realidad de inseguridad ciudadana y de los pobres como amenaza, nosotros decimos que la verdadera inseguridad está en las malditas policías preñadas de espías y torturadores, en el Poder Judicial inoperante, y en las patotas sindicales. Residuos de largos años de dictaduras y gobiernos neoliberales que los argentinos venimos sufriendo a lo largo de toda nuestra historia. En tiempos en que resulta políticamente correcto reconocer los avances del gobierno nacional en materia de Derechos Humanos, nosotros afirmamos que los Derechos Humanos en las cárceles argentinas son vulnerados sistemáticamente: Basta con leer los informes anuales de la Procuración Penitenciaria y del Comité contra la Tortura de la Provincia de Buenos Aires, para comprobar una realidad cotidiana de muertes, torturas, atropellos y tratos inhumanos que son de absoluta responsabilidad institucional. Es dentro de este sistema penal perverso e inhumano que la Universidad de Buenos Aires, a través del Programa UBA XXII, viene funcionando desde hace veinticinco años generando un espacio libertario que los presos hemos sabido sostener y que muestra el más bajo índice de reincidencia de todo el país. Un espacio de resistencia al atropello institucional, de reflexión crítica sobre la realidad social y, en definitiva, de libertad de pensamiento ante la opresión del encierro. Este Programa, por sus características de autogestión y autonomía dentro de una institución total como lo es la cárcel, viene siendo atacado por los sucesivos Ministros de Justicia y por el Servicio Penitenciario desde su misma creación en 1985. Hoy, bajo el gobierno que más ha avanzado en materia de Derechos Humanos, estamos sufriendo el ataque más profundo y dañino en toda la historia. En los últimos dos meses, el Servicio Penitenciario Federal, con la anuencia del Ministerio de Justicia de la Nación, ha invadido los espacios físicos y simbólicos de la Universidad de Buenos Aires, traslada estudiantes a otras cárceles de máxima seguridad, recorta ferozmente la posibilidad de concurrencia de los presos a las aulas, recorta e impide el ingreso de docentes y estudiantes de extramuros y amenaza con el cierre definitivo del Centro Universitario Devoto. Ante esta situación siete estudiantes presos nos declaramos en Huelga de Hambre y la comunidad académica a través del Consejo Superior de la UBA reaccionó en bloque exigiendo el cese de las agresiones y el retorno a las condiciones históricas de autogestión y autonomía universitaria. Sin embargo, las autoridades siguen haciendo oídos sordos al reclamo. En este día de presencia militante en la Plaza que ha sido testigo de tantas luchas de resistencia, queremos decir a quien quiera escuchar, que mientras en la Argentina no se garantice la libertad de oportunidades para los jóvenes, mientras no se garanticen derechos elementales como el de la libre afiliación sindical, mientras se siga criminalizando la protesta social y mientras se siga asesinando luchadores en las calles y las cárceles, mientras todo esto siga sucediendo, somos todos presos políticos. Desde la Cárcel de Villa Devoto, arriesgando nuestras vidas, a treinta y tres días del inicio de la huelga de hambre, exigimos la intervención de los más altos niveles de decisión política en la resolución del conflicto que pone en riesgo a la educación universitaria en contextos de encierro. Saludamos a los compañeros con un abrazo fraternal.

Entre el 26 y 28 de noviembre se realizó la Conferencia Latinoamericana de la Coordinadora por la Refundación de la Cuarta Internacional, con la participación de un centenar y medio de delegados del Partido Obrero, el PT de Uruguay, el POR de Chile y Opción Obrera de Venezuela. Asistió, además, un numeroso grupo de compañeros de Brasil y de Paraguay. La conferencia sesionó bajo la presidencia honoraria de nuestros desaparecidos: Mariano Ferreyra, asesinado por la burocracia sindical, Luis Oviedo y Ana de Once. La realización de la Conferencia obedece a una decisión de la CRCI, que se concretará también en otros países, para debatir las tareas de la IV Internacional y su método de desarrollo, en el cuarto año de la bancarrota capitalista mundial. Durante el transcurso de la Conferencia, 150 mil personas protagonizaban las primera movilización de masas en Dublin para rechazar el rescate de Irlanda por parte de la UE y el FMI -un monstruoso ajuste de la ocupación, los salarios y el gasto social. Pocos días antes, había tenido lugar una gran huelga general en Portugal, grandes movilizaciones estudiantiles en la propia Irlanda, Gran Bretaña e Italia, y en las semanas precedentes enormes manifestaciones en toda Francia. El derrumbe capitalista se extendía a Portugal, España e Italia -y para algunos incluso Francia-, al punto que algunos comenzaron a reclamar un desdoblamiento de Europa en un bloque del norte y otro del sur -con diferentes monedas. Los delegados a la Conferencia se sentían en su salsa -el acierto de sus pronósticos de una década, en oposición al adpatacionismo del conjunto de la izquierda mundial, la cual sigue ‘escéptica' acerca de la catástrofe capitalista y las posibilidades que desarrolla para una renovación de las luchas obreras en un marco potencialmente revolucionario. A partir de esto, los tres meses de preparación de la Conferencia se concentraron en los asuntos de métodos políticos, esto sin dejar de profundizar el análisis económico de la crisis. Entre ellos, el más importante es la homogenización y crecimiento de la CRCI, cuyo objetivo expreso es la refundación inmediata de la IV Internacional. Crisis políticas y rebeliones populares La Conferencia destacó que esta bancarrota europea no desplaza del centro de la crisis a los Estados Unidos, sino que en cambio es su principal fogonero, desafiado por una enorme crisis hipotecaria, industrial y fiscal -el pago de la deuda pública es financiado por emisión (reservas) del Banco Central. Asimismo, se destacó el creciente impacto de la crisis sobre China, que no deja pasar un día sin realizar concesiones al capital financiero internacional. No hay observador que no pronostique un estallido social en China como consecuencia del impacto que tiene sobre ella la crisis mundial. La Conferencia caracterizó que la actual etapa de la crisis está marcada por la emergencia de las movilizaciones obreras y la profundización de las crisis políticas: en Grecia, en las huelgas de Bangladesh, China o Vietnam; en las huelgas francesas, en la rebelión obrera y juvenil de Inglaterra, Irlanda y Escocia. Las luchas obreras y campesinas en Bolivia, Ecuador, Venezuela y Uruguay son parte de esta tendencia, así como la gigantesca reacción obrera ante el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra en Argentina. Estas luchas emergen en el cuadro de las fracturas de los regímenes políticos. En este marco, la Conferencia llamó la atención acerca del rol frenador de la burocracia sindical, que colabora en el rescate del capital y del régimen político, y combate las tendencias a la huelga general. La Conferencia elaboró, en este cuadro, una crítica a la izquierda, en particular a la de Europa, que sigue una línea de adaptación a la burocracia, del mismo modo que se niega a plantear el no pago de la deuda, la nacionalización sin pago de la deuda, la salida de la UE (por la unificación socialista de Europa) y la huelga general. América Latina La Conferencia dedicó una resolución a la situación de América Latina, en el marco de la misma crisis -en particular por la pretensión de sus gobiernos de que la han capeado mejor que las naciones desarrolladas, luego del sacudón de 2008/9. En oposición a esto, fue planteada la interconexión de la región con la crisis, que ahora se manifiesta en la inflación, pero que no tardará en conocer un nuevo derrumbe cuando caigan los precios de las materias primas y se fuguen los capitales golondrina que han entrado a torrentes, en un marco de rescates capitalistas de carácter especulativo. La Conferencia discutió las nacionalizaciones chavistas que remuneran al capital financiero, que no responden a un plan de reorganización social de conjunto y que, en todos los casos, apuntan a reforzar a la burocracia del Estado contra los trabajadores y liquidar sus derechos laborales o sindicales, con el argumento de que serían ‘corporativos'. Fue señalado que el socialismo no es una "sumatoria" de nacionalizaciones burguesas y que su punto de partida no puede ser otro que el gobierno de los trabajadores y la reorganización social ejecutada por un poder obrero. Bajo el peso de la crisis mundial, el nacionalismo de contenido capitalista acelera su declinación y desnuda su tendencia al compromiso con el imperialismo. La Conferencia dedicó un punto especial a la situación que atraviesa Cuba. Discutió el anuncio de una nueva reforma monetaria y de medio a un millón de despidos. Para la Conferencia, la salida de mercado para Cuba, en el marco de la burocracia estatal, deberá profundizar la tendencia a la restauración del capitalismo; para que ello no ocurra debe gobernar la clase obrera. Con esa orientación, fue elaborado un programa transicional que plantea la no privatización de la gran industria, el mantenimiento de la nacionalización del suelo urbano y rural, el monopolio del comercio exterior -bajo control y gestión obreras; en este marco, una reforma mercantil podrá servir a salir del retroceso económico y relanzar el desarrollo de las fuerzas productivas. La conferencia de la CRCI resolvió lanzar una campaña en defensa de las conquistas de la revolución cubana. Un método La principal conclusión de la conferencia latinoamericana de la CRCI ha sido la necesidad de desarrollar oposiciones obreras y socialistas a los gobiernos nacionalistas. Fueron votadas tres resoluciones: sobre la crisis mundial, sobre América Latina y sobre el trabajo de la CRCI -fundamentalmente que sus secciones editen un periódico regular, como mínimo de carácter mensual- e involucrar a todos sus militantes en el trabajo internacional. Con estas condiciones, se votó reanudar la publicación de un periódico internacional. Sobre la base de sus conclusiones políticas, la Conferencia resolvió una fuerte tarea de agitación, propaganda y reclutamiento. Las resoluciones Internacional y de América Latina pueden consultarse en el sitio web del Partido Obrero.

Como resultado de un intenso plan de lucha, los trabajadores del banco Ciudad lograron un rotundo éxito. En un acta firmada como culminación de la conciliación obligatoria, los compañeros del Ciudad lograron arrancarle a la patronal un cúmulo de reivindicaciones importantísimas. En primer lugar, se obtuvo el cobro de 7.700 pesos para este fin de año, en concepto de cierre de ejercicio y gratificación extraordinaria. En este punto, la patronal macrista reconoce que los bancos han tenido ganancias fabulosas pese a la larga historieta de que el negocio está estancado y de que hay que ajustar. Además, se lograron la jornada reducida en el call, la revisión de los ascensos y un préstamo hipotecario diferencial para los compañeros. Este triunfazo es sólo la piedra inicial de la organización de los trabajadores bancarios por fuera de la podrida burocracia zanolista, debido a que la totalidad de las medidas de fuerza fue convocada por parte de la comisión gremial interna independientemente del sindicato y llevada adelante por el temple aguerrido de los compañeros. Todavía queda abierta la lucha en el banco Provincia por ingreso de personal, que en un parazo obligó a la patronal a suplicar una conciliación obligatoria. Hoy más que nunca hay que profundizar el plan de lucha y transformarlo en victoria como hicieron los compañeros del Ciudad. Esto recién empieza, y la verdadera lucha debe ser por las paritarias para el nuevo año. En el marco de una inflación galopante, todos los bancarios debemos conseguir una negociación paritaria histórica que marque el rumbo al resto de los gremios. Sólo lograremos torcerle el brazo a las patronales bancarias mediante la organización independiente de los compañeros, con delegados por cada oficina con mandato para cada reclamo. Resulta urgente echar a la camarilla zanolista de La Bancaria y darle una nueva dirección a nuestro sindicato. La descomposición de la asociación Bancaria zanolista es tal que han perdido frente a otros sectores las comisiones internas de muchos de los bancos más importantes, entre ellos el Nación, el Provincia, el Credicoop, el Ciudad, el Central. Son estas comisiones las que vienen llevando adelante los diferentes reclamos mientras el sindicato dirime sus internas. Por todo esto llamamos a las comisiones gremiales internas de todos los bancos y a todos los trabajadores bancarios a un plenario abierto, independiente de la burocracia, para delinear un plan de lucha que realmente nos defienda y consiga todas las reivindicaciones que necesitamos. ¡Por una Bancaria para los trabajadores bancarios!

La jueza ordenó la apertura de un expediente aparte para investigar la actuación de la policía en el día de los hechos. La semana pasada, la jueza y la fiscal debieron hacerse presentes en las oficinas del Departamento Central de la Federal para retirar una hora de grabaciones, nada menos que las correspondientes al espacio entre las 14 y las 15 horas del 20 de octubre, el instante inmediatamente posterior al crimen, las que hasta ahora habían sido retaceadas por las fuentes policiales. Página/12 reproduce parte de las transcripciones de las escuchas, en las queda registrada inequívocamente la orden del comando a sus agentes de "no intervenir" en el momento del ataque. Momentos antes, un cordón de infantería de la policía bonaerense apoyó con balas de goma a la patota cuando atacaba con piedras desde el terraplén a la columna de tercerizados. Aníbal Fernández, por definición el hombre de la cana (y del Departamento de Estado yanqui) en el gabinete nacional, caratuló de "intachable" la actuación policial. El hecho es que la fiscal y la jueza debieron presentarse en la central de policía para terminar de recabar la prueba que la Federal ocultó mientras que el gabinete que preside Fernández no movió un dedo por ello, poniendo aún más de relieve su papel encubridor. La "zona liberada" por la policía y la coacción sobre el equipo de periodistas y camarógrafos que estaban cubriendo la movilización -además de las amenazas de los patoteros, un policía de civil le advierte al equipo de C5N que se fueran del lugar "porque si no iban a resultar heridos" (Sur, 28/11)-, fueron requisito para hacer posible la emboscada. La policía estuvo involucrada desde el inicio con la planificación del ataque criminal.

El compañero Julio Cari -vicepresidente de la vecinal de Piletones, candidato a presidente de la Lista Naranja y miembro del Partido Obrero- fue atacado por una patota, que lo golpeó y le gatilló un arma de fuego, sin que salga el tiro, por lo menos cuatro veces en la puerta del local de Soldati, el domingo 21 de noviembre por la tarde. El compañero, de forma heroica, se resistió a los gritos y enfrentando a los matones físicamente, hasta provocar la huida de estos agresores. No fue un robo porque no le pidieron nada, los cobardes sólo le dijeron: "bájate y dejá de joder". Después de este incidente, llamamos en cinco oportunidades a la policía, que nunca concurrió. El ataque se da junto a una serie de aprietes que estaba recibiendo nuestro compañero por parte de Ozuna, viejo puntero vinculado a la Ugis (organismo del gobierno de Macri para refaccionar las villas) y a la Corporación del Sur, quien antes estuvo vinculado con las Madres de Plaza de Mayo. El mismo Ozuna esperó a Julio Cari en la puerta de su casa, durante la semana pasada, con otros matones con el objetivo de obligarlo a firmar un acta para adelantar las elecciones del barrio en condiciones totalmente fraudulentas. Nuestro compañero, a pesar de las intimidaciones, se negó a firmar y, entonces, este Ozuna lo amenazó de muerte (incluso por mensajitos de texto). Estos ataques no son un rayo en un cielo sereno, sino que se inscriben en un proceso donde el partido está recibiendo una serie de ataques permanentes: nuestro local, donde funciona el comedor popular del Polo Obrero, fue robado en cuatro oportunidades, por este motivo realizamos hace 15 días una gran movilización a la Comisaría 36ª denunciando la zona liberada, la que contó con total apoyo de los vecinos -donde planteamos que existe una complicidad de los punteros, los narcos y la policía. Para nosotros, la política de estos punteros está respaldada y promovida por el gobierno de la ciudad. Existe un tal "comandante" Rodríguez que opera en las sombras y que está intentando, por todos los medios, realizar un armado macrista en las villas, cooptando a viejos punteros mercenarios que vienen de las peores estructuras de los partidos patronales. Quieren instalar en Piletones-Soldati un gran fraude para quedarse con la vecinal, truchando los censos, adelantando las elecciones y amedrentando a los que no están en esta intentona. En este cuadro, el compañero Diosnel, de la Darío Santillán de la Villa 20, también recibió una serie de ataques por parte del puntero Changalay, quien defiende los mismos intereses antes mencionados. En Soldati y en toda la zona, los vecinos no aguantan más estas mafias, las que tienen zona liberada para actuar, están envalentonadas y en las últimas horas atacaron a la escuela secundaria del barrio, donde golpearon a alumnos y profesores e intentaron asesinar a un pibe que quiso defender el establecimiento, lo cual provocó una conmoción en toda la ciudad. Por esto comenzamos, junto a todas las organizaciones populares del barrio y de toda la zona oeste de la capital, una gran campaña de lucha y de denuncia. Vamos a realizar un acto en Piletones el viernes 3 de diciembre, a las 12 horas, debajo de la autopista. Aparte, hemos realizado la denuncia correspondiente en la Comisaría 36ª, en el juzgado del juez Gallardo que interviene en el proceso de normalización de las villas y en la Legislatura de la Ciudad, donde varios legisladores se comprometieron a apoyar nuestro reclamo. Exigimos al gobierno nacional que tome cartas en el asunto y garantice el fin de estos actos criminales existen todas las pruebas y los testigos para dar con los responsables materiales e intelectuales. Basta de complicidades de la policía que otorga zonas liberadas. Por elecciones en tiempo y forma para garantizar en Piletones un acto democrático sin fraude, donde gane el más votado. Abajo la burocracia villera y el gobierno de Macri, que intenta reconstruirla para tener su propio aparato.

Desde hace tres semanas se registra en Uruguay "una ola de conflictos sindicales" (EFE, 28/11). Están movilizados trabajadores bancarios, municipales de Montevideo, estatales, controladores aéreos, docentes, empleados de comercio, el sector de la salud y hasta los escribanos. La Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys), por ejemplo, anunció que "vamos a trancar la puerta de Montevideo Shopping, porque es un símbolo del comercio en Uruguay". Esos trabajadores exigen que se pongan a funcionar los consejos de salarios, puesto que, sin un acuerdo inmediato, no recibirán el aumento que deben cobrar a partir del 1º de enero. El director nacional de Trabajo, Luis Romero, formuló su amenaza: los sindicatos, dijo, "tienen una enorme cantidad de medidas que pueden tomar en el entorno de los shoppings sin alterar la libre circulación" y, de no ser así, "se tomarán medidas". Fin de fiesta La deuda externa neta del Uruguay aumentó en más de 2.000 millones de dólares en el último año. ¿Por qué? En el país ingresan unos 12 mil millones de dólares anuales por exportaciones que ni siquiera pagan retenciones, tienen arancel cero. Hace un par de meses, Standard & Poor's, una consultora del gran capital financiero, aumentó la calificación de la deuda uruguaya y la puso apenas dos escalones por debajo del llamado "grado de inversión", el "investment grade". Hicieron eso porque el ingreso de capitales y el mejoramiento de los precios de exportación permitían un aumento del PBI en favor de sojeros y de banqueros. Al mismo tiempo, Standard & Poor's señalaba las debilidades estructurales de la economía uruguaya. Es decir, advertía que se trataba de una oferta de temporada. Ahora, cuando explota una nueva fase, más elevada, de la crisis europea, y China anuncia que enfriará su demanda, el fin de fiesta se aproxima. Así, el gobierno ajusta contra los trabajadores: salarios a la baja, contratos basura, tercerizaciones, anuncios de despidos en la administración pública, reducción presupuestaria en educación y salud. Contra esa política se movilizan los trabajadores, y la movilización obrera hace entrar en crisis a la burocracia sindical y a los partidos tradicionales de la izquierda. El PC La intendenta de Montevideo, Ana Olivera, del PC, va más lejos aún que el gobierno de José Mujica. El presidente del sindicato municipal (Adeom), Álvaro Soto, indicó que la propuesta salarial del municipio, que se niega a ajustar los salarios por el índice de precios al consumidor (IPC), "significa aceptar una rebaja salarial durante cinco años", y recordó que los municipales de Montevideo "no tienen ningún tipo de recuperación salarial desde 2001". El titular de la Adeom señaló un dato clave: "Nos sorprende terriblemente que la intendenta se haya colocado en esa posición, porque la mayoría de sus camaradas, que militan en los sindicatos, reclaman lo que nosotros reclamamos". Soto agregó: "Sus compañeros de partido reclaman en los sindicatos y en el PIT-CNT que haya convenio, ajuste por IPC y recuperación salarial. Entonces, nos parece que si hay un planteo de que hay que redistribuir la riqueza por parte de corrientes que forman parte del gobierno, es incoherente que se esté planteando una política distinta". En estos primeros días de diciembre, sesionará el 29º Congreso del PC. Su secretario general, el senador Eduardo Lorier, sostiene la tesis de "gobierno en disputa" y exige del frente popular una política más izquierdista. Por ejemplo, el informe al Congreso propone renegociar la deuda externa o imponer impuestos a la renta de las grandes propiedades agrarias. Sin embargo, el bloque parlamentario del PC se dispone a votar el Presupuesto 2011 de Mujica-Astori, que como mínimo contempla seguir con el pago de la deuda externa. "El senador comunista Eduardo Lorier pidió suplente y no participará durante la discusión en toda la semana. En su lugar entró la senadora Alicia Pintos, que dijo a El País que su partido pidió ‘libertad de acción' a la bancada del FA para no votar parte de la sección de funcionarios públicos: "Si nos dejan, no votaremos algunos artículos" (El País, 30/11). Otro sector del PC, por ejemplo el del dirigente sindical Jorge Bermúdez, dice que la alternativa a la subordinación completa al gobierno sería "pararnos en la vereda de enfrente a tirar piedras". Es también la postura de Ana Olivera y de Marina Arismendi. La polémica interna del PC -como la del MPP, el partido de Mujica, y la del Partido Socialista- tiene una importancia muy especial, porque es una expresión de las inquietudes de la clase obrera uruguaya frente a la ofensiva antiobrera del que consideró su propio gobierno.

Los aceiteros de Rosario y San Lorenzo salieron a reclamar, para las paritarias de enero, un aumento salarial que lleve la categoría inicial a 5.000 pesos y anunciaron que van irán a la lucha si las patronales lo rechazan. La CGT San Lorenzo, por su parte, reclamó ese aumento para todos los obreros que trabajan en el "complejo oleaginoso exportador", anunciando medidas de fuerza a partir del 1º de diciembre si esto no es atendido. La base donde se sustenta la fenomenal riqueza de las patronales del llamado "Polo oleaginoso exportador" del Cordón es un régimen de contratados eternos, tercerizaciones y cooperativas truchas donde miles de trabajadores cobran la mitad de los actuales salarios de convenio, no tienen organización ni estabilidad gremial, ni se les respetan las condiciones de trabajo, como lo demuestra la decena de muertes obreras en accidentes en las cerealeras. Todo bajo la mirada cómplice del gobierno de Binner, que mira para otro lado porque es un gestor de los intereses de las agroexportadoras y porque él mismo defiende la precariedad laboral en los hospitales y reparticiones estatales. Por necesidad y por tradición, la CGT de San Lorenzo debería convocar de inmediato a un plenario de delegados, acompañado de asambleas en todos los gremios, que tenga como eje terminar con la tercerización y unificar el reclamo de 5.000 de básico para todos. Un tema crucial es que las asambleas sean conjuntas con contratados y tercerizados, establecer un padrón de pase a planta y un plan de lucha para obtenerlo. Hay que terminar con la división que nos impone la patronal. La oportunidad la brinda la nueva etapa abierta tras el crimen de Mariano y el pase planta arrancado en el Roca. Ante las muertes obreras por accidentes, hay que terminar con la llamada ley de seguridad de Binnner, que es trucha, y poner en pie comités de higiene y seguridad laboral elegidos en Asambleas con fueros gremiales. El planteo de los aceiteros es el anti-pacto social, vamos a fondo.

La fiscal de la causa que investiga el homicidio de Mariano y las heridas sufridas por Elsa, Nelson, Ariel y otros compañeros, a manos de la patota de la burocracia sindical, solicitó el llamado a indagatoria de José Pedraza y Juan Carlos Fernández, los máximos capitostes de la Unión Ferroviaria. De la prueba acumulada en la investigación, se desprende que el "jefe operativo" de la patota en el escenario de los hechos, el delegado Pablo Díaz, mantenía una comunicación permanente con Fernández. Pedraza, a su vez, aseguró que se "mantenía informado" por Fernández de lo que ocurría en las inmediaciones, según su propio testimonio al día siguiente de ocurrido el crimen. Si a Díaz se le atribuye un "papel preponderante en la conformación y organización" de la patota, el cual se desprende del "rol que cumple en el cuadro jerárquico de la organización sindical", es imposible pensar que su actuación estuviera al margen de una decisión que involucrara a Pedraza y Fernández. Pedraza admite haber advertido un día antes al gobierno del corte impulsado por los ferroviarios tercerizados. Durante las semanas previas a la emboscada, la burocracia mantuvo una campaña bajo la consigna "los trabajadores ferroviarios no cortamos las vías" y anticipó que la UF haría "lo que no hace la policía" en caso de que se produjera un nuevo piquete. En un sentido similar, el subsecretario de transporte ferroviario, Antonio Luna, había pretendido intimidar a los tercerizados en una audiencia en la que estuvo presente el abogado Gustavo Mendieta, a los que lanzó la frase "si cortan las vías, háganse cargo de las consecuencias". A las pocas horas del asesinato de Mariano, Pedraza continuaba la farsa afirmando que "los trabajadores ferroviarios impidieron el corte de vías en defensa de sus fuentes laborales" (Télam, 20/10). Las huellas dactilares de Pedraza y Fernández están impresas con sangre en cada foja del expediente. La trama La burocracia es parte interesada del régimen de las tercerizaciones. Ella misma es patrona de obreros, a los cuales explota por salarios equivalentes al 30-40% de lo que cobra un trabajador de planta. Varias de las tercerizadas del Roca figuran a nombre de connotados burócratas o de sus familiares. Tal el grado de impunidad con el que se conducen que en varios casos desecharon el uso de testaferros. La Ugofe, creada luego de la rescisión del contrato con el vaciador serial Sergio Taselli tras una rebelión de usuarios en Constitución, es un negociado compartido por grupos capitalistas como Roggio, el Estado y los burócratas de la UF. Las "relaciones carnales" entre empresarios, funcionarios y burócratas constituyen el telón de fondo del crimen de Mariano y de la lucha de los ferroviarios tercerizados por su pase a planta. En el marco de las investigaciones por los fraudes y cometas gestionadas por el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, surge que la encargada de disponer el uso de la chatarra importada de España como "material rodante" es Sofse, una empresa estatal dirigida por el apoderado legal de la UF, Juan Araya, quien aparece involucrado en las escuchas telefónicas como responsable de contratar a los abogados defensores de los patoteros que mataron a Mariano. "Sofse -por instrucción del secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi- es la que está negociando con la privada Ferrocentral la operación de los trenes Talgo a Mar del Plata" (Clarín, 29/11). Por donde se mire, la burocracia forma parte de la gestión estatal-empresaria del ferrocarril Roca. Un testigo, ex personal jerárquico de Ugofe, declaró en la causa que los directivos de la empresa se embolsaban al menos el 30% de los fondos girados por la Subsecretaría que comanda Luna para el pago de salarios (Clarín, 30/11). De este testimonio, surge claramente también que ese fraude sistemático estuvo avalado desde el principio por Luna y por el Ministerio de Planificación que conduce De Vido. Entendida a fondo la "división del trabajo" que señala la jueza Wilma López en los autos de procesamiento sobre los siete matones detenidos, podemos señalar que ese reparto de tareas también se traslada a la estructura de la Ugofe: los funcionarios habilitan los fondos (y cobran su correspondiente retorno), los capitalistas y la burocracia se reparten el negocio a costa del dinero público, quedando en manos de la UF la tarea de mantener a raya a los obreros que se rebelan contra este régimen de superexplotación. Recordemos que el día de la emboscada criminal, la Ugofe habilitó la licencia de casi un centenar de empleados de los talleres de Escalada para reforzar a la patota. La escala ascendente de responsabilidades detrás del asesinato de Mariano alcanza claramente a Pedraza y a Fernández, quienes deben ser imputados y detenidos inmediatamente, pero no se agota allí: toda la cúpula de la Ugofe debe ser investigada por su participación y su apoyo a este crimen antiobrero.

Una vez más, el municipio de Tandil sometió a la población a un aumento en la tarifa de colectivos. El boque de la UCR, que hace un mes dijo repudiar el accionar de las patotas sindicales, se valió de la presencia de la patota de la UTA para defender el aumento. El bloque K se quedó en escritos y palabras e incapaz de solucionar la cuestión del transporte en la ciudad. La movilización de organizaciones sociales y políticas al Concejo Deliberante para repudiar el aumento entró en el municipio pero no pudo acceder al recinto, ya que la patota de la UTA ocupaba todo el lugar en las tribunas. Sólo pudieron ingresar algunos representantes que continuamente se veían amenazados (y con algún manotazo) y no pudieron expresar los reclamos. El aumento fue ovacionado por la patota. El lamentable accionar de la burocracia de la UTA, con sus métodos del apriete contra los usuarios que reclamamos, no provocó ningún tipo de repudio por parte del Ejecutivo y del Concejo Deliberante. Radicales y kirchneristas se pasaron la pelota unos a otros durante meses, para ver sobre "quién" recaía la responsabilidad de aumentar los subsidios a las patronales (si sobre el municipio o sobre la Nación). Mientras la Cámara del Transporte solicitó el aumento y no hubo "pero que valga" a la hora de otorgárselo. El bloque radical fue un títere de las patronales y la burocracia. La burocracia sindical es cómplice de las patronales y son estos dos sectores los que deciden en su favor y en perjuicio de la población, condenando a los sectores populares a pagar una de las tarifas más caras de la provincia y a padecer un pésimo servicio de transporte. La UTA no defiende los intereses de los trabajadores, ya que no tienen en su agenda el aumento de sueldo de los choferes ni la mejora de las condiciones laborales por insalubridad, ni jubilación a los 55 años con el 82% móvil. Ante este panorama, que se repite año a año, es necesario terminar con la usura que las patronales hacen de los subsidios y de los sucesivos aumentos ilegítimos, ya que no existe un control del municipio sobre las empresas. El Partido Obrero exige que el transporte sea público, estatal, bajo control de los trabajadores y usuarios para garantizar un servicio accesible y de calidad a toda la población.

La última semana estuvo marcada por grandes manifestaciones y jornadas de lucha de los trabajadores y la juventud en distintos puntos de Europa. Las movilizaciones y huelgas, que en todos los casos tuvieron carácter masivo, cuentan -más allá de sus diferencias- con dos denominadores comunes: de un lado, el rechazo a los planes capitalistas que plantean un ajuste sobre los trabajadores y un "rescate" de los capitalistas; del otro lado, la política desmovilizadora de unas burocracias sindicales, las que son un auténtico bloqueo al desarrollo de la lucha de las masas. El pasado fin de semana pasó a mejor vida el argumento desarrollado por buena parte de la prensa que destacaba que Irlanda ocupaba el peor lugar en el cuadro de los derrumbes financieros, sin que ello diera lugar a grandes manifestaciones de protesta. El pasado sábado 27 más de cien mil personas salieron a la calle en una manifestación contra los planes de ajuste y salvataje del capital. La marcha confluyó, significativamente, sobre un punto histórico de la ciudad de Dublin donde se originó, a comienzos del siglo XX, el proceso que derivó en la independencia de Irlanda. Las enormes proporciones de la movilización (Irlanda cuenta con una población trabajadora de aproximadamente dos millones de personas) dan cuenta de que se convirtió en un canal para la expresión de la gigantesca tensión social que atraviesa a las masas del país -esto a pesar del carácter absolutamente conservador de la convocatoria realizada por la burocracia sindical de la ICTU (Congreso irlandés de sindicatos), que se cuidó de convocar a una jornada en día sábado y no planteó ningún tipo de huelga. "No creo que en este momento haya que poner el eje en medidas huelguísticas, sino en las próximas elecciones", planteó una de las dirigentes del ICTU en la cabecera de la marcha (WSJ, 28/11): la capitulación de la burocracia sindical irlandesa es de tal magnitud que supera incluso a la de otros países europeos. Todos los cronistas, de todas maneras, destacaron el malestar existente entre los manifestantes hacia los líderes de la confederación sindical, que se expresó en abucheos y silbatinas: según la CNN, "si bien todos los manifestantes eran opositores al gobierno, no todos estaban de acuerdo con los organizadores oficiales de la marcha" El otro gran episodio de movilización obrera y popular de la pasada semana tuvo lugar en Portugal, otro de los países que ocupa el primer plano entre los próximos candidatos al quebranto fiscal y bancario. Tres millones de trabajadores pararon el pasado miércoles 24, en la primera huelga general realizada en el país en los últimos veinte años, que fue caracterizada; además, como la mayor de la historia del país. La medida paralizó los aeropuertos y estaciones de tren y autobuses en todo el país, y también tuvo amplia adhesión en escuelas, universidades, oficinas públicas y en el sector privado; el principal polo industrial del país, donde se encuentra la gran fábrica automotriz de Volkswagen, se plegó masivamente. Los dirigentes de las dos centrales sindicales (la CGTP, de origen comunista, y la UGT, socialista) destacaron la gigantesca respuesta de los trabajadores portugueses, pero se limitaron a "instar al gobierno a reunirse con ellos para negociar un giro en la política social y económica" (La Nación, 25/11) -lo cual cayó, por supuesto, en saco roto. Continúa también el estudiantazo europeo. El miércoles 24 y el jueves 25 volvieron a manifestarse masivamente los estudiantes italianos, en lucha contra los planes de recorte presupuestario de Berlusconi y su ministra de educación, Mariastella Gelmini. Hubo movilizaciones en numerosas ciudades: en la capital, la marcha estudiantil irrumpió en el Senado, y luego hubo diversos enfrentamientos con la policía en toda la ciudad, que el Corriere della Sera caracterizó como episodios de "guerrilla urbana". Dieron la vuelta al mundo las imágenes de las ocupaciones realizadas por los estudiantes en lugares simbólicos del país como el Coliseo romano y la Torre de Pisa. El martes 30, cuando el plan Gelmini se debatía en la Cámara de Diputados, los estudiantes realizaron bloqueos y manifestaciones en todo el país, que incluyeron cortes de vías, piquetes de accesos a las ciudades y ocupaciones de establecimientos. La aprobación del paquete de recortes en la Cámara se procesó con un alto costo político para el gobierno, que debió sufrir otra vez una extorsión por parte del bloque de Gianfranco Fini, convertido en el virtual árbitro de la supervivencia agónica de Berlusconi. Significativamente, los estudiantes italianos inscribieron su reclamo en el contexto de protestas juveniles que recorren Europa: "algunos mostraron carteles en inglés de solidaridad con las manifestaciones de los estudiantes británicos e invitaban a un "general strike" (huelga general) en toda Europa contra las medidas de austeridad" (Clarín, 24/11). El miércoles 24 y el martes 30, otra vez decenas de miles de estudiantes salieron a las calles en Inglaterra, en una nueva protesta contra los ajustes y aumentos arancelarios en las universidades. A las movilizaciones en distintos puntos del país, se sumó la ocupación de ocho universidades, entre ellas las de Cambridge, Sheffield y el University College de Londres.

El pacto ‘social' petrolero surgió de una iniciativa de los patrones: Eskenazi de YPF y Bulgheroni de Panamerican Energy. Ezequiel Eskenazi, sin embargo, tuvo que mentir en forma descarada para defenderlo, al alegar que "en los últimos años, hubo notables mejoras en el diálogo con los sindicatos" (BAE, 14/11). No se entendería entonces por qué este clima de idilio requiere ahora una cláusula, la más importante del acta firmada, que reza: "las partes ratifican su rechazo al corte de rutas y/o bloqueo de acceso de los lugares de trabajo como metodología de protesta habida cuenta de las graves consecuencias que esto significa para toda la sociedad y, muy especialmente, para las economías regionales". Es lo que ha venido ocurriendo en los últimos años. Al estampar su firma, un hecho inaudito en un ‘pacto' entre patrones y la burocracia, la Presidenta tuvo que amenazar amigablemente: "si cortan una ruta, los mato, los meto a todos presos" (se corrigió, tal vez cayendo en la cuenta de la negra broma al mes del crimen de Mariano). Quienes cortaron la ruta en Las Heras, cuando una rebelión popular acabó con el gobernador Sancho, fueron mayoritariamente los petroleros encuadrados en la Uocra, o sea tercerizados, apoyados por petroleros de convenio, en oposición al inmovilismo de los dirigentes oficiales. Es decir que la cláusula es contra los tercerizados -contra los delegados que "no responden al sindicalismo peronista", algo extendido en la Patagonia. El ‘pacto social' petrolero es una demarcación de cancha de De Vido y la Presidenta para que Moyano y compañía lo vendan o impongan en los sindicatos de la CGT y, en el caso de Yasky, en la CTA. Esto ocurre cuando la intención de aumentar el precio de los combustibles se encuentra en marcha, como viene ocurriendo con las tarifas en general y como emerge del retorno al hogar del FMI. En la misma línea, se prepara otro ‘pacto' con la industria minera, la otra rama privilegiada del gobierno de la ‘juventud maravillosa'. El Comité de Garantías integrado por la UIA y otras cámaras, la CGT, la CTA y el gobierno acaba de poner en acción otro pacto de hecho al disponer un régimen antihuelga para los gremios de la salud (ver nota). El argumento de que se trata de una actividad sensible funciona para atacar el derecho a reclamar por parte de los que hacen el trabajo sensible, pero no para dar soluciones a quienes la califican por decreto como tal. Es un antecedente para reglamentar el derecho de huelga para los "servicios públicos". Así se van definiendo las paritarias de "Cristina 2011", las primeras víctimas de la tentativa reeleccionista, que necesita para ello la aprobación del ‘establishment' internacional -el G20, sin que para esto importe lo que revela el sitio Wikileaks. El Ejecutivo mandó cajonear el proyecto de participación en las ganancias, pero no el que prohíbe el derecho a recurrir a la Justicia a un trabajador que ha sufrido un accidente de trabajo, ni el proyecto que permitiría que las ganancias sean ajustadas hacia abajo por inflación a la hora de pagar el impuesto respectivo, que de todos modos las patronales evaden. Pero no ajusta del mismo modo el IVA, que sube con el aumento de los precios, el cual los consumidores deben pagar, pues de lo contrario no podrían ni comer ni vestirse. "A partir de petroleros y mineros vendrán los demás y después la CGT", ordenó De Vido como si le hablara a una fila de presos que marcha al cadalso. Moyano para lo último. La desempolvada política del pacto social, que ya usó en la campaña presidencial 2007, es ahora una reacción tardía a las formidables luchas que rompieron los topes de aumentos salariales este año. Semejantes pactos con las patotas cuando están yendo presos, cuando los tercerizados de todo el país buscan seguir la ruta del Roca, cuando el subte ha impuesto la inscripción de su nuevo sindicato, con paros docentes y algunas huelgas fabriles por doble aguinaldo. La intención oficial enfrenta una voluntad de lucha de los trabajadores.

El 19 de noviembre, una asamblea de 150 municipales contratados y monotributistas, convocados por delegados de salud en el hospital de Urgencias, reclamó el pase planta en forma inmediata de todos los que se encuentran en esas condiciones y exigió un plan de lucha del Suoem que lo garantice. En la municipalidad de Córdoba hay más de 1.800 compañeros que se encuentran en calidad de contratados y monotributistas. También abundan las empresas contratistas ligadas al gobierno. Con esas modalidades se desconocen condiciones laborales y el salario puede llegar hasta un 50 por ciento menos del correspondiente; y sobre todo, no hay estabilidad laboral. Los trabajadores pueden llegar a estar 6 u 8 años en esa situación. El reclamo del pase a planta permanente tomó un impulso mayor al calor de la situación desatada por el crimen de Mariano Ferreyra. Las asambleas de una hora por turno, resueltas por la directiva del Suoem el 21 de octubre, al otro día del crimen, fueron acatadas en forma unánime; las bases de las áreas operativas reclamaron el paro; hubo un pronunciamiento de sectores enteros de delegados, así como jornadas de debate. Los trabajadores de la salud sacaron carteles y declaraciones ligando la lucha contra el crimen con los reclamos de los tercerizados. En ese momento las autoridades municipales salieron a vociferar que no efectivizarían a ningún trabajador. Ante ello, la conducción del Suoem manifestó tímidamente que defendía el pase a planta, pero no dijo cómo ni cuándo. En la asamblea del hospital de Urgencias, Rubén Daniele, secretario general del Suoem, dejó clara la política de la conducción: el pase estará condicionado por la cantidad de "cargos disponibles", sólo comprendería a contratados y se comenzaría a discutir recién en marzo del año que viene. Incluso llegó a plantear que había que impedir físicamente que ingresaran nuevos monotributistas. De plan de lucha, ni una palabra. La conducción del Suoem le otorga un plazo a Giacomino, para recién exponer el reclamo, plazo que nadie le solicitó, ni Giacomino ni, por supuesto, los precarizados. Giacomino pretende seguir negreando y dividiendo a los municipales. Por eso es necesario darle continuidad y extender la asamblea de contratados y monotributistas, para ganar la calle; impulsar un plan de lucha del Suoem que comience con asambleas por reparticiones y la asamblea general. En ese sentido, de unidad obrera, el Suoem debe afiliar a los compañeros trabajadores que se encuentran en calidad de monotributistas y reconocerles plenos derechos sindicales.

Jujuy El 25 de noviembre, el Plenario de Trabajadoras marchó por las calles céntricas para denunciar la violencia que padecen las mujeres. Ciento veinte compañeras entre trabajadoras, estudiantes, precarizadas y desocupadas salimos a expresar nuestro repudio ante la escalada violenta del Estado, que con las balas asesinas de la patota sindical de la Unión Ferroviaria mató a Mariano Ferreyra y dejó en estado de coma a la compañera Elsa Rodríguez. También salimos a las calles en San Pedro, donde las violaciones y violencia familiar son cada vez más alarmantes y crecen al amparo de jueces y de la policía, quienes dejan a las mujeres expuestas a los violentos, cuando no toman las denuncias o condenan con penas irrisorias a los asesinos. Luego de la marcha en Capital confluimos, junto a otras organizaciones sociales, de mujeres y grupos de teatro, en una radio abierta en la peatonal Belgrano. Fuimos la única organización que movilizó en la provincia, junto a las mujeres de los sectores populares, que son las más vulneradas por la violencia estatal. Impulsamos en todo momento salir a marchar para combatir por este medio los embates del gobierno y de la Iglesia; aunque desde los otros agrupamientos políticos y sociales se planteó una acción de propaganda. Pero este es el momento en que las mujeres organizadas debemos ganar las calles para enfrentar a este régimen opresor que nos somete a trabajo precario, salarios de miseria, desocupación, violencia familiar, violaciones, explotación sexual, contaminación ambiental, desmantelamiento de la salud y la educación, el cual condena a miles de mujeres a la muerte por mantener el aborto en la clandestinidad. Así lo demuestra el resultado de la sesión legislativa sobre la Ley de Cupo Femenino que aprobó entre dos propuestas de proyectos (uno del 30% del UCR y otro de 2x1: dos varones, una mujer), la del último -que excluye más que la ley vigente- hasta con los votos de las diputadas del PJ. El sistema capitalista supedita el género a los intereses que defienden. Estela La Plata El día internacional contra la violencia hacia la mujer, en un acto unitario, nos congregamos alrededor de 150 compañeras en una de las esquinas más céntricas de la ciudad de La Plata, para dedicar este día de lucha a la compañera Elsa Rodríguez, víctima de la violencia de esa maldita burocracia sindical. Ella es la expresión de miles de mujeres que padecen un régimen en descomposición, pero que han decidido enfrentarlo. Realizamos una radio abierta y, posteriormente, marchamos a la Casa de Gobierno, pasando por el Ministerio de Economía -donde violaron y asesinaron a Sandra Ayala Gamboa. Exigimos justicia por el inmediato esclarecimiento de la causa, frente a la complicidad estatal. El Plenario de Trabajadoras mantuvo en pie aquellas banderas que supimos levantar junto a Elsa en Paraná: contra la violencia patronal y del Estado; por aborto legal, seguro y gratuito, igual salario por igual trabajo, por el desmantelamiento de las redes de trata. En el cierre del acto, le dimos la palabra a la madre de Sandra, y, luego de la lectura del documento, las compañeras de Plenario exigimos cárcel a Pedraza, justicia por Mariano y desconcentramos al canto de "vamos, vamos Elsa, ¡fuerza compañera!". Gaby López Matos Tucumán Este 25 de noviembre realizamos una concentración durante la tarde en la peatonal Mendoza y Muñecas, junto a Pan y Rosas y el colectivo Hoja de Trébol, que reunió alrededor de cien compañeras. Durante la jornada se hizo presente la murga "Pechando el camión", llamando la atención de centenares de mujeres que pasan a esa hora por el lugar. La instalación de una obra plástica de una compañera de LuchArte fue motivo de curiosidad y también de acercamiento a la concentración. El Plenario de Trabajadoras, además de levantar las consignas contra las diferentes formas de violencia hacia a las mujeres por las que históricamente venimos luchando, levantó una tribuna para reivindicar a Elsa como ejemplo de mujer de la clase trabajadora, que eligió la lucha por el socialismo. Durante la jornada, no se dejaron de escuchar los cantos por el castigo a los asesinos de Mariano, responsables también del ataque a Elsa. El reclamo por el aborto legal, seguro y gratuito también se hizo escuchar fuerte, la lucha por la aprobación del proyecto de ley presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto se hace más inminente, ya que este 30 de noviembre se realizará la primera audiencia pública convocada por la Comisión de Legislación Penal para tratar los proyectos de aborto. Compañera Elsa, ¡fuerza! Recupérate pronto que tenemos que ganar las calles. Alejandra

"En caso de plantearse un conflicto laboral en el gremio de la salud, los sindicatos o las asociaciones médicas pueden tomar medidas de acción de fuerza pero sólo dos días por semana. En esos días deben garantizar en un 100% los servicios de atención a la mujer embarazada, a los niños, ancianos y personas discapacitadas y brindar al resto una cobertura similar a los días domingos o feriados. "Y todos y cada uno de los médicos deben permanecen en guardia pasiva, pudiendo ser convocados por el director del hospital o centro de salud y los jefes de servicio y los directores de los centros de salud están obligados a cumplir sus tareas. Además, los dos días de paro admitidos, deben ser anunciados con una antelación de cinco días corridos. Así lo dictaminó la Comisión de Garantías dependiente del Ministerio de Trabajo, conformada por la Unión Industrial, la CGT, la CTA, la Federación de Abogados y el Consejo Interuniversitario, cuya tarea es regular las medidas de fuerza en los llamados ‘servicios esenciales'" (Clarín, 26/11). Con la resolución de esta ignota "Comisión de Garantías", que se aplicó a la lucha mantenida por la gremial médica de Mendoza, el movimiento obrero viene a enterarse de una verdadera conspiración. En una especie de preludio del "pacto social" del sector, la UIA y la burocracia de ambas centrales obreras se han lanzado a limitar el derecho de huelga y regular los conflictos en los servicios que ellos consideran "esenciales". Qué les espera a gremios de transportes, subtes, docentes, luz y fuerza y tantos otros. Tal como lo hizo la gremial médica mendocina -Ampros- que "rechazó la intimación y prosigue con el plan de lucha" (Clarín, ídem), el movimiento obrero debe repudiar esta medida y rechazar todo pacto social, tendiente a amordazar a las organizaciones obreras para hacer pasar los planes de ajuste que tiene el gobierno de Cristina K en carpeta.

-Exclusivo de internet La elección a presidente en el país centroamericano fue un verdadero bochorno: 12 de los 18 candidatos -entre ellos, los dos principales- realizaron, en una presentación común, una denuncia de "fraude masivo" para favorecer al candidato del gobierno títere, Jude Celestin (yerno del mandatario René Preval) y exigieron la anulación de la elección. Miles de haitianos participaron de la manifestación exigiendo la revocación de los comicios, al grito de "Abajo Preval". Sin embargo, el Consejo Electoral Provisorio (CPE), al igual que la ONU y la OEA, validó los comicios, aunque estos carecen absolutamente de legitimidad. Por si las denuncias de fraude fueran pocas, se registraron cientos de incidentes en los centros de votación que dejaron, al menos, cuatro muertos en distintos puntos del país. La abstención volvió a estar en un nivel sumamente elevado (en 2006, llegó al 90% del padrón electoral). De todas maneras, según el mismo CPE, ninguno de los candidatos logró superar el 50% de los votos, por lo que habría que ir a "segunda vuelta". En realidad, la farsa comienza a parecer una comedia. A pesar del extremo desastre que significó realizar las elecciones en medio de un brote de cólera inédito en el país, con una rebelión extendida a la mayoría de las ciudades, las autoridades quieren perpetuar la farsa y realizar un segundo tramo electoral el 16 de enero. El aval de la ONU y la OEA a este escándalo es la demostración más concreta de la voluntad del imperialismo por mantener un gobierno títere en el país. El fracaso de los comicios organizados por el imperialismo para sostener a su gobierno títere era más que previsible. El país sufre una ola de cólera (una enfermedad endémica en Haití, importada por el contingente militar de la ONU), que dejó 1.680 muertos, unos 60 mil afectados y que puede alcanzar a cientos de miles de personas. El caos reina en las calles de Haití, donde un millón de personas aún viven en carpas luego del terremoto y menos del 17% de la población tiene acceso a agua potable o a condiciones mínimas de higiene. La elección presidencial estaba planificada, originalmente, para febrero de este año, pero el terremoto que sacudió al país, dejando más de 250 mil muertos, obligó a su postergación. Silencio "progre" Hasta el momento, los presidentes "progresistas" de América Latina, que mantienen sus tropas en Haití, no han dicho nada al respecto. La misión argentina, inclusive, extendió su presencia en el país más de lo que requiere la ley y la ONU. Cristina Kirchner promulgó, hace pocos días, la ley para el retiro de las tropas, pero no le mereció siquiera una reflexión el rol jugado en estos 6 años por los uniformados. El gobierno de Haití carece de cualquier legitimidad o respaldo popular. Actualmente, descansa sobre la misión de la ONU para mantenerse en el poder. El próximo gobierno, seguramente, estará aún más debilitado. Nada de esto dicen los Lula, los Kirchner o los Mujica sobre tamaño avasallamiento de la voluntad popular. Por otro lado, la movilización popular se radicaliza y se extiende contra las tropas de la ONU y contra las maniobras del gobierno. Sin embargo, a pesar del pedido formal de revocatoria, la mayoría de los candidatos no se han puesto a la cabeza de las manifestaciones para derrocar al gobierno ilegítimo de Preval, ni mucho menos levantan un programa de transformación social. La candidata favorita y ex primera dama, Mirlande Manigat, llamó a la población a manifestarse "pacíficamente para defender un nuevo Haití", aunque sin dar mucho detalle. Su base social se encuentra, fundamentalmente, en la clase media y alta haitiana. Sólo la movilización independiente de los explotados de Haití contra las tropas de la ONU, el gobierno de Preval y el imperialismo podrá darle una salida a un país azotado por la miseria y el hambre desde hace décadas.

Las elecciones de UTA han dado el triunfo a la Lista B, integrada en su mayoría por la actual conducción burocrática (el nuevo secretario general, Peñaloza, era su secretario de Prensa). De un padrón de más de 3.500, votó menos del 60% obteniendo la Lista B 1.587 votos. En segundo lugar, con 477 votos, quedó la Lista A (Salerno) armada por UTA nacional, que llevaba en su lista los delegados burocráticos de las tres empresas. En Tamse, la Lista A no llegó a los 100 votos, y en Ciudad de Córdoba los delegados perdieron la mitad de los votos que obtuvieron cuando fueron elegidos. Más atrás quedó la Lista C, de Miguel Díaz (viejo burócrata) y Ciaravino, del Ministerio de Trabajo, con 375 votos. Para ganar, Peñaloza tuvo que dirigir su política hacia un proceso de movilización obrera que se viene desarrollando en todas las empresas, y que ha sido la base para la irrupción de la agrupación clasista Ortuta. Por eso la primera medida de Peñaloza hacia las elecciones fue proscribir a la Ortuta; contó para ello con la complicidad de UTA nacional y del Ministerio de Trabajo. Proscripta la Ortuta, Peñaloza se dedicó a levantar reclamos salariales y otros referidos a las condiciones laborales, como si la conducción a la cual él pertenece no fuera la responsable del deterioro salarial y laboral. La Ortuta nació y adquirió un gran desarrollo justamente contra una directiva que, con Peñaloza incluido, entregó todas y cada una de las reivindicaciones. Donde la lista de Peñaloza hizo diferencia fue en la empresa Tamse. Allí planteó mantener la empresa en manos del Estado municipal. Con la Ortuta proscripta, el desprestigio total de sus competidores hizo el resto, se terminó votando por el mal menor. Tamse estatal es una consigna con la que todos los trabajadores acuerdan, por representar una conquista histórica. Las razones de Peñaloza no son las mismas que la de los trabajadores. Coincide en realidad con el intendente Giacomino que también dice avalar la estatización, porque desarrolla por atrás una serie de negociados que ha terminado con una Tamse vaciada y que, al igual que el resto de las empresas, atraviesa un cuadro de colapso que cotidianamente enfrenta a trabajadores con usuarios. Mientras alrededor de Tamse se despliegan por parte del gobierno innumerables negociados, Giacomino y sus funcionarios no se cansan de endilgar a los trabajadores la responsabilidad por la situación de la empresa. El vaciamiento de Tamse abre las puertas a la privatización y a los despidos por excedente de personal. El salario, las condiciones de trabajo, la defensa de Tamse estatal bajo control de sus trabajadores no encontrarán en Peñaloza una salida, por la simple razón de que no la encontraron en estos últimos ocho años: a menos de un mes de la paritaria, la "nueva" conducción no se ha pronunciado aún. La proscripción de la Ortuta deformó por completo el proceso electoral. Por el programa desarrollado, la lucha concretada de cara a las elecciones y, fundamentalmente, las conclusiones de las elecciones, la Ortuta se lanza a la tarea de organizar y ponerse a la cabeza de la lucha por el salario -como ya lo ha hecho-, por las condiciones de trabajo y contra el vaciamiento y privatización de la Tamse, mediante cuerpos de delgados honestos y combativos.

En los últimos días, Gildo Insfrán ha reaparecido en los diarios nacionales por el asesinato de los indígenas de la comunidad toba Qom, a manos de su policía provincial. Y hasta de sectores K se lo ha atacado virulentamente. Pero lo que pareciera que no quieren recordar es que a quien están atacando es a uno de los "padres fundadores" de su mismo sector a nivel nacional: el primer gobernador en apoyar pública y políticamente a Néstor Kirchner. Aunque hay quienes aseguran que tal ¿mérito? lo comparte con el ex gobernador de Jujuy, Fellner -todo bastante antes de que apareciera Eduardo Duhalde. Es que "Don Gildo", como buen amo del feudo, sabe de cambios de posturas; y como Néstor en su momento, conoce de pegar volantazos políticos y plegarse a quien sea por conveniencia, más allá de pensamientos e ideología alguna. Tanto es así que mientras era "criticado" por los espacios K, Don Gildo se encontraba bien cerca de la presidenta Cristina, quien sí recuerda que Don Gildo fue el primero en apoyarlos y, por eso, pareciera más que improbable que vaya a soltarle la mano, sea quien sea el que ahora empiece a criticarlo. Hasta mis amigos formoseños simpatizantes K no comprenden cómo pudo ser que Néstor y Cristina siempre apoyaron a Don Gildo contra Vicente Joga e incluso contra el padre Nazar, calco del caso de Misiones con el obispo Piña. Nuevamente el progresismo fue lo de menos y "los K" defendieron a lo peor de la relcitrante vieja política. A quienes piden intervención, cabe recordarles que Don Gildo obtuvo el 73% de los votos en su última elección, 50.000 votos más que cuando accedió a la gobernación en 1995, con el 57% del electorado, y quizá por eso el mismo gobierno nacional K salió a descartarla presurosamente, cómo quien pide y advierte: "Más respeto con los próceres del kirchnerismo, che".

En la reciente conferencia de la Unión Industrial, uno de los principales patrones de Argentina se lamentaba de que la tercerización laboral hubiera alejado a los trabajadores del sindicalismo controlado por la burocracia peronista y, como consecuencia de ello, abierto las puertas a la izquierda en una amplísima franja de trabajadores. El hombre se quedaba corto de todos modos, porque esa influencia se encuentra en crecimiento en cuerpos de delegados y comisiones internas de sindicatos controlados, precisamente, por esa burocracia. La preocupación de la patronal, sin embargo, es seguramente compartida por el ministro Tomada, quien luego de impedir en forma ilegal durante dos años la "simple inscripción" de la AGTSyP, para mantener a los trabajadores del subte encuadrados bajo la batuta de la burocracia de UTA, decidió dar marcha atrás en su obstinada resistencia. La invocación, por parte del ministro, de la necesidad de mantener la ‘paz social' delata la intención del gobierno de proseguir, por otros medios, con su política de neutralizar los reclamos y la lucha de los trabajadores del subte. No obstante esto, la conquista de la "simple inscripción" es un colosal recule del gobierno y ofrece la posibilidad de un mayor desarrollo de la AGTSyP, en la medida en que el nuevo sindicato profundice una política de independencia y combata las tentativas oficiales de cooptación del oficialismo y sus secuaces. La organización construida durante más de diez años por los trabajadores del subte, con su corazón en el cuerpo de delegados y en un activismo extendido en todas las líneas, se ha impuesto al bloqueo de los Moyano, los Fernández y toda la burocracia sindical -y a las cargas de la infantería de la policía y de la patota de la burocracia de UTA. El alcance de la lucha clasista en el subte, desde el primer paro en años contra el despido de un trabajador, en 1997, pasando por la conquista de la jornada de seis horas por medio de movilizaciones y huelgas, llegó incluso a la Corte Suprema, que se apresta a dictar un fallo favorable a la inscripción gremial. El gobierno K ha debido echar lastre para salir del acorralamiento. Creemos no equivocarnos, de todos modos, si decimos que el golpe de gracia al Ministerio (si esto aún era necesario) lo produjo el triunfo de los tercerizados ferroviarios, que consiguieron el pase a planta de dos mil trabajadores, así como la investigación de la conspiración criminal de la burocracia ferroviaria que culminó con el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra. La burocracia de la UTA no ha demorado en reaccionar con una declaración que afirma que no abandona el monopolio de la representación sindical y la negociación del convenio. En el marco de la legislación vigente, completamente reaccionaria, la organización combativa del subte aún tendría que demostrar su mayoría en los túneles para quitarle esa representación a la burocracia. Esto significa que el Ministerio sigue en su condición de árbitro, pues depende de él que se proceda a una elección que verifique cuál es el sindicato más representativo -esto a pesar de todas las evidencias de que el asunto ya fue zanjado en elecciones y en la lucha. El oficialismo estatal quiere ganar tiempo hasta las elecciones de octubre del año que viene -después verá. No engaña a nadie. Es cierto que una fracción del gremialismo oficial apoya, al menos de palabra, a la AGTSyP -a la que la encabeza-, pero se trata de la misma fracción que se ha hecho cómplice de la quiebra de la CTA, en función del apoyo al gobierno nacional. O sea que este apoyo es más una hipoteca que un as de triunfo. La AGTSyP ha conquistado una gran herramienta para avanzar, pero -repetimos- a condición de que enfrente en forma cabal o consecuente todas estas trampas y engaños -o sea, de que no se deje seducir por los cantos de sirena de la cooptación, ni por el cuento de la ‘paz social'. Según entendemos, la vía para avanzar es que los estatutos provisionales y la dirección nominada -que se estableció en forma inconsulta para reclamar "la simple inscripción"- dé paso a la determinación de las normas y métodos de la democracia sindical, por medio de una decisión de las bases -o sea de asambleas y elecciones. Necesitamos estar armados de la democracia sindical para enfrentar el camino más espinoso que nos toca recorrer ahora. Lo mismo ocurre con la decisión administrativa de incorporar a la AGTSyP a la CTA, que para colmo ha dejado de existir en función de una división que arriesga penetrar en nuestras filas. Jamás podríamos permitir que se toque la unidad de la AGTSyP, como ha ocurrido en la CTA. Avanzar hacia la conquista de la personería gremial plena, sobre la base de su aplastante mayoría en la cantidad de afiliados en el subte, plantea discutir los estatutos y proceder a una nueva elección de delegados y de una comisión directiva, que es, por otra parte, uno de los requisitos legales para el pleno reconocimiento legal. De paso, observemos que la burocracia de la CTA no ha logrado este reconocimiento a pesar del apoyo de una de sus fracciones al gobierno, pero sí ha conseguido que, reducida como es, encima se divida. La Agrupación Trabajadores de Metrovías (ATM) propone largar una campaña para realizar una inmediata asamblea general que decida sobre los estatutos (democracia sindical, independencia política) del sindicato. Reivindicación de la asamblea regular y soberana; proporcionalidad por sistema D'Hont en los cargos directivos, esto en oposición al verticalismo de plancha única de la UTA y de todo el pseudo sindicalismo de la burocracia. La conformación de un cuerpo de delegados legalizado de no menos de un delegado por cada cincuenta compañeros, elegido por línea, por sectores y por tachas al más votado. La revocabilidad de los cargos y la independencia política respecto de la patronal, sus partidos, sus gobiernos y de toda burocracia sindical. Un debate remanido en el subte es la dificultad de hacer una asamblea general. Pero los tercerizados telefónicos acaban de fundar su nuevo sindicato en una asamblea de 300 compañeros, que sin embargo pertenecen a decenas de empresas de lugares esparcidos por todo el gran Buenos Aires. Lo mismo puede hacer la AGTSyP. Para conseguirlo, tenemos que salir a explicar entre todos, a cada compañero, el momento histórico que vivimos y las conclusiones que se desprenden. En este marco, queda planteado impulsar, como prioridad, un plan de acción por las reivindicaciones pendientes: los ascensos y nombramientos correspondientes a la mejora de las condiciones de trabajo, el paso a Metrovías de los trabajadores de las tercerizadas y el tema salarial, que comenzó a instalarse entre las preocupaciones de los compañeros, especialmente en lo referido ya mismo a antigüedad y viáticos. El subte no está solo en esta patriada. Desde condiciones dramáticas de trabajo y explotación, el movimiento de los tercerizados crece en todo el país, con delegados de abajo como los que en el subte impusieron las 6 horas y, justamente, el pase a planta de la gran masa de los tercerizados. Manos a la obra, tras la conquista de la inscripción.

-Exclusivo de internet El jueves 25 se realizó una charla-debate con la participación del reconocido cineasta Enrique Piñeyro y la presencia de Jorge Altamira, tras la proyección de "El Rati Horror Show", la última película de Piñeyro. Unas 250 personas con sus preguntas e intervenciones debatieron junto a los panelistas, durante más de dos horas, sobre el rol del Estado y la connivencia entre el poder político, el poder judicial, el aparato represivo y las patotas sindicales en el sostenimiento de un régimen social de explotación. "Desde el regreso de la democracia hasta hoy, nadie se metió con la Federal" afirmó Piñeyro, "esto es un acto que emana de un poder central, un poder político, que se lo transmite a su tropa de choque, la policía, que lo va a cumplir con exceso de poder, con actos ilegales" (...), "como en el 20 de diciembre, o Kosteki y Santillán, y con Mariano Ferreyra, a la inversa, dejando actuar a una patota, una fuerza parapolicial". Piñeyro, que estuvo presente con una adhesión en el Festival de Plaza de Mayo, señaló que "la patota, sea policial o sea sindical, es una forma de coerción hacia todo". "Acá (por el asesinato de Mariano) es clarísimo, la patota de uniforme se retira y entra la patota sin uniforme, y esa connivencia es absolutamente real. Y al instante aparece el pibe éste (Favale), abrazado con dos ministros, más claro, echále agua". Entre los presentes, Rubén Carballo, padre del pibe torturado y asesinado por la Policía Federal en el recital de Viejas Locas, que en su intervención denunció a los responsables políticos porque "funcionen fuerzas de exterminio" que matan a nuestros jóvenes. "El Gobierno Nacional es el responsable y hay que decirlo", concluyó. Fue una exitosa jornada política de intenso debate. Gracias, Enrique Piñeyro.

Los trabajadores tercerizados de la empresa Herso se movilizaron el lunes a la estación Constitución y bloquearon durante unas horas las boleterías, en reclamo del pago de dos quincenas atrasadas. La empresa no pagó la quincena pasada y no reincorporó a algunos despedidos. Una piedra en el camino del pase a planta de los tercerizados del Roca. La movilización hizo que rápidamente se estableciera el compromiso de pago de las dos quincenas juntas y que se considerara la lista de despedidos pendientes. Una delegación importante del Plenario Ferroviario de Lanús y de la Agrupación Causa Ferroviaria se hizo presente en apoyo a los compañeros de Herso. La medida culminó con un acto unitario con el otro sector de la lucha de tercerizados y con una fuerte solidaridad y reclamos de esclarecimiento por la muerte de Mariano Ferreyra. Las empresas tercerizadas obstaculizan el pase de sus trabajadores a planta permanente con todo tipo de exigencias sobre el incumplimiento de los contratos establecidos con el Estado. La lucha de Herso es muy importante, porque seguramente durante diciembre se presentarán en otras tercerizadas este tipo de situaciones. Ya saben que habrá lucha ante cada incumplimiento. El Plenario Ferroviario de Lanús, en una masiva asamblea posterior, fijó fecha máxima para que el día 7 se cumpla el pago de todos los sueldos de los tercerizados con la categoría inicial del convenio ferroviario, como reaseguro del cumplimiento del plan de pase a planta. Se votó también la formación de una "inter" comisiones negociadoras para unificar la lucha, actitud que deberá ser correspondida por quienes oportunamente votaron la separación del abogado organizador del movimiento de lucha del 20 de octubre y por quienes, en la marcha del 19 de noviembre, montaron una provocación ante la opinión pública.

Soy de izquierda. Y desprecio a la burocracia sindical. Lo que de ninguna manera es sinónimo de trabajadores. Ni de auténticos dirigentes. Ni de movimiento sindical. Reivindico a Tosco. Que dirigía; pero simultáneamente estaba en la producción. Al que conocí y con el que compartí tribunas. Y a mi viejo. Que murió pobre: esclarecido y perseguido en todas las épocas por el Estado. Pero también por patronales, policías y burócratas corruptos. Desprecio profundamente a los que se enriquecen a costilla de los trabajadores. A los que hacen negocios con la vida de sus afiliados, medicamentos truchos mediante. A los "representantes" sindicales que tienen 4x4. Pisos. Casas de fin de semana. Y fincas. Mientras sus representados ganan bajos salarios, no están agremiados y otros muchos están en negro o no tienen trabajo. Estos son los llamados a ser el "dique de contención del comunismo", desde la "conciliación de clases". Concepción que Padilla debiera conocer, por aquello de "clase obrera en sí" y "clase obrera para sí". Para eso sirvieron y sirven. Durante estos años K, los 200 grupos empresariales más importantes de la economía duplicaron su participación en el producto bruto. Y aumentó su extranjerización. Mientras, en Mendoza la renta vitivinícola, petrolera, financiera y otras sigue concentrada, con el acompañamiento de jerarcas sindicales. Emparentada con la que ha asesinado a un militante del Partido Obrero. Con la que en Mendoza castigó en la puerta de la Legislatura a jóvenes (en sociedad con la policía; ámbito en el que también, desde siempre, tienen muy buenas relaciones) que defienden los recursos naturales. Con la que provocó en Uspallata en oportunidad de la presencia de Solanas. Y se preparaban para hacerlo durante la audiencia pública. Lo que se frustró por la oportuna denuncia de la Iglesia. Ninguna de estas prácticas son casuales. Muchos de ellos tienen la escuela de los que colaboraron activamente con la dictadura. Hasta en el plano represivo. No sólo denunciando compañeros. También editando folletos desde algunos gremios contra el llamado accionar subversivo. Además y, consecuentemente, acompañaron el proceso de privatizaciones de los servicios públicos realizados por el equipo justicialista de los mendocinos, e hicieron negociados con el despojo. De qué proyecto nacional y popular está hablando Padilla. Del mismo cuento de siempre. Impulsado por una "izquierda nacional", que nunca fue ni una cosa ni la otra. Finalmente, el sociólogo de marras no debiera perder el sueño. El sindicalismo que defiende siempre termina acordando y haciendo negocios con los sectores derechistas con los que Padilla dice estar enfrentado. Por aquello de que el "combatiendo el capital" sólo está en la marchita.

El Partido Obrero ha lanzado, hace una semana, la campaña de adhesiones y afiliaciones para obtener la personería en Neuquén. Hemos arrancado a muy buen ritmo, con un promedio que duplica el presupuestado en aquellas barriadas con mayor inserción (como el Barrio Unión, Fuerza del Chañar y La Familia en Neuquén). Pero con mucha adhesión también en las mesas callejeras. Nos hemos fijado la meta de cumplir con el cupo requerido a un paso acelerado. En Neuquén, los resultados que obtuvimos en 2009 nos colocan cerca de los votos necesarios para meter un diputado provincial. Desde entonces, el PO ha acrecentado su inserción en amplios sectores. En el marco de esta gran campaña de movilización partidaria, el próximo día 17, a las 19 horas, haremos un acto con la presencia de Néstor Pitrola en pleno centro (Olascoaga y Sarmiento); el acto será una tribuna para reclamar por el juicio y castigo para todos los asesinos de Mariano.

-Exclusivo de internet Sobre el análisis de los medios del oficialismo La verdad no deja de sorprenderme tanta miopía política en el artículo de Marcelo Ramal. No entiendo de dónde sale ese pseudo argumento de que se quiso ocultar el partido al que pertenecía Mariano, hoy en día saben todos que era del PO. Ustedes ya ven cosas que no están ahí. La "descomunal censura que los medios oficiales han impuesto sobre el mismo", refiriéndose al grupo Clarín, ya no les deja ni por asomo la posibilidad de no estar haciéndole el juego a la derecha a dos manos. Si hasta TN les promocionó las marchas, qué papelón. Hablan de censura por parte del Estado, no saben ni lo que dicen... ¿dónde estaban en los '70?? ¿Todos en Brasil? Es una pena que vean al enemigo donde sólo hay una estructura que está defendiendo los intereses que también son de ustedes, que terminen aliándose con el diablo, que mezclen los temas en una ensalada como en el párrafo en que sin que ni siquiera venga a colación mencionan a Telefónica. Es una lástima, porque yo siempre fui de la idea de creer que ustedes y nosotros estábamos en una misma vereda, pero ya me hartan este tipo de posturas que tratan de imputarnos todos los males de este mundo a nosotros, los peronistas, de estos partidos anti-partidos que sólo saben victimizarse y contar sus derrotas como el pesar eterno de un karma en el avenimiento de esa "revolución" que siempre está por venir... pero que nunca llega; mientras que nosotros vamos cambiando el país, vamos rompiendo la estructura que nos oprimió a todos en determinado momento, y que siempre está latente por volver a cobrarse más muertos. La visión política que tienen ustedes me parece totalmente descuajada con la realidad de hecho. Ni más ni menos que la que expresa el grupo Clarín: leerlos a ustedes es para mí exactamente lo mismo que mirar TN, hasta hacen eco de las mismas frases hechas. Repito: qué lástima, verdaderamente. Emilio "Qué sapo (FMI), amigos K" Hola, con el mayor de los respetos a quien escribe. Veo una nota enraizada en ira (no reniego de la justificación de quien escribe). Ahora, ¿Cual sería la propuesta? ¿Cuál es la solución? El Indec tiene un motor de escatimación de datos por ser índices de deuda pública, trascendió que en el 2008 Argentina se ahorra en pagar 6 mil millones por estas mentiras. Digo, la inflación es inflación y la vivimos en el cotidiano no hace falta un índice del Indec para saber que Loma Negra genera suba de precios en función de demanda y facturó un 95% del Patrimonio Neto total, como lo ha hecho Molinos en un 75%, Quick Food en un 64%. Los sueldos han ido subiendo en una escala histórica superior a otros procesos de inflación ¿milagros luego de la explosión social de 2001 donde quedó un país debastado o aplicabilidad concreta con las herramientas actuales? Nos debemos plantear si salidas abruptas o salidas concretas y luego partir... De todas maneras reconozco mi enfado en función de la editorial anterior de Altamira. Escatima datos al igual que el Indec, de leyes constitucionales que dieron andamiaje a la Constitución del 94 y desconoce las posteriores Leyes de la Operatividad Constitucional, habiendo sido actor principal de la reforma o constitucionalista en el año 1994. ¿A quién le creo?, ¿a quien miente con el Indec o quien miente haciendo críticas? ¿de qué base arranco para saber? Abrazos. Gabriel Mig PD: ya sé, para Altamira seré un demócrata bien intencionado. Rosas: de Menem a Cristina Es muy interesante el hecho de que los Kirchner reivindiquen a Juan Manuel de Rosas como uno de los próceres latinoamericanos (su retrato está en la galería homónima de la Casa Rosada junto al Che Guevara, Perón y Evita) y ahora salgan con esto del Día de la Soberanía. Se ubican en continuidad con el gobierno de Menem, que repatrió los restos de Rosas y lo colocó en el panteón de billetes de 20 pesos también tomando la Batalla de la Vuelta de Obligado como referencia. Además de las apreciaciones que muy bien recuerda el compañero Rath, habría que hacerle notar al gobierno "nacional y popular" que "luchó" contra la "puta oligarquía terrateniente" que el de Rosas fue una dictadura de esa burguesía terrateniente -en ese momento exportadora de cueros y carne salada y barata para el consumo de los esclavos africanos explotados en las colonias del imperialismo inglés, español, francés y holandés del Caribe- que entre otros "méritos" continuó con la guerra contra los aborígenes pampeanos iniciada por Rivadavia en 1823 (que siempre recuerda Osvaldo Bayer hablando del coronel prusiano Rauch y Arbolito) masacrando miles de ranqueles en su Campaña al Desierto sólo 40 años antes del genocidio dirigido por el general Roca. Rosas asumió la totalidad del poder político, incluso judicial, tomando personalmente la sanción sin juicio ninguno de los gauchos en la provincia de Buenos Aires condenando a cientos a trabajos forzados para sus compañeros de clase estancieros o bien para el ejército, práctica instalada -otra vez- por Rivadavia con la sanción de la Ley de Vagos y continuada por los Mitre y Sarmiento, referencia obvia de nuestro "Martín Fierro". El mismo gobierno dictatorial que garantizó la expansión del monopolio de la tierra de unos pocos oligarcas a costa de la sangre de aborígenes y gauchos impuso -con la alianza del Vaticano y la Iglesia Católica- un régimen de terror, prohibiendo obras de teatro, quemando libros, censurando a la prensa y obligando a toda la población a portar vestimenta de color rojo punzó so pena de cárcel. ¡El color celeste estaba prohibido! ¿Será el sueño inconsciente de los "6,7,8"? Con toda esa fuerza para atacar las libertades democráticas y aniquilar a los trabajadores rurales y aborígenes pampeanos Rosas continuó la "acumulación originaria" de la "puta oligarquía" en nuestros suelos. Sin embargo, no le alcanzó tanta fuerza para derogar el pacto de "amistad" que Rivadavia firmó con los ingleses en los años '20 ni siquiera ante el bloqueo de los '40. El primer bloqueo francés en el '35 terminó con la concesión a Francia de los mismos privilegios comerciales que tenía Inglaterra. Que Carlos Menem, Pacho O'Donell y Cristina le expliquen a nuestros estudiantes por qué el Gran Prócer que defendió a la "Patria" (sus negocios burgueses en verdad) contra los piratas imperialistas huyó en 1852 en una cañonera que 103 años después fue paraguaya pero que en el caso de Rosas fue británica y terminó sus días cómodamente protegido y mantenido por el gobierno de Su Majestad británica en una finca de Southampton en reconocimiento a sus servicios para los ingleses. Menem, Néstor, Cristina y sus alcahuetes conocen esta historia y la defienden porque defienden la génesis del Estado burgués en Argentina, con o sin roces con el imperialismo. Leonardo Grande, docente

El 26 de noviembre terminó la primera etapa en la mesa de trabajo que se dedicaba a terminar de examinar los listados de todo el personal tercerizado que va a pasar a la planta permanente del Roca. En los tres días de exhaustivo control por parte de la comisión del Plenario de Ferroviarios, se culminó con un número aproximado de 1.500 trabajadores a traspasar. El proceso continúa como estaba detallado en el cronograma trazado, pero se van presentando inconvenientes propios de la reacción de la burocracia y la complicidad del gobierno. Históricamente, cuando se reclamó el pase a planta de los tercerizados, el gobierno siempre contestó públicamente que se estaba hablando de un contingente de 1.300 trabajadores. Con el tiempo, esa reivindicación llegó a que el número fuera de 1.500, por la expectativa de que se logre la reincorporación de los despedidos. Al día de hoy, en el relevamiento, el gobierno viene anunciando que son más de 2.000 los tercerizados. A todo esto, ocurre simultáneamente que el 25 de noviembre la jueza procesó con prisión preventiva a los siete acusados por el crimen de Mariano, por homicidio e intento de homicidio calificado, con prisión preventiva. La burocracia de la UF inmediatamente lanzó un paro para rechazar esta medida judicial y para defender a sus socios, secuaces de delincuentes. Curiosamente, la Fraternidad también hizo un paro en toda la línea y, en los medios, el comunicado decía que era en contra del pase a planta de los tercerizados. Que el gobierno engorde el padrón real de trabajadores tercerizados no puede ser la respuesta a la extorsión de la burocracia fue lo que le manifestaron los trabajadores de la comisión a Ugofe y al Ministerio. La tarea de hoy es controlar este seguimiento, porque a pesar de que el 26 de noviembre se terminó con el conteo de los listados, a último momento el gobierno dice que estos no son los listados definitivos. Esto quiere decir que al martes 30 de noviembre se puede terminar con un padrón inflado con patoteros. Los ferroviarios no aceptan que se metan más Favale, Pablo Díaz, ‘Gallegos' Fernández ni Pedraza en el ferrocarril. No puede pasar la maniobra de meter gente de ninguna burocracia. Esto ocurre mientras la fiscal Caamaño está pidiendo la indagatoria de Fernández y Pedraza, y se lanzó un allanamiento sobre la comisaría que intervino en la emboscada. Todo indica que no es el momento para este tipo de tretas. Ahora más que nunca: pase a planta permanente de todos los tercerizados del Roca sin discusión, basta de tercerización, cárcel para Fernández y Pedraza, juicio y castigo a todos los responsables materiales e intelectuales del crimen de Mariano.

Desde que fueron expulsados del Partido Obrero, los militantes del FEL (luego TPR) han seguido un derrotero lastimoso. Primero, fueron destituidos del Pellegrini por asambleas masivas. En las recientes elecciones, los estudiantes los plantaron en el último lugar, cómodos. Probaron emigrando a otras escuelas -como el Normal 1, el Avellaneda o el Confederación Suiza-, pero no hubo suerte. Sus militantes no aguantaron más de un mes, sólo se ganaron nuevos enemigos y terminaron abandonando la cursada. Dicen que a algunos se los vio pasear unos días por el gran Buenos Aires, La Plata e incluso por Córdoba. El Belgrano es el único colegio del cual aún no fueron expulsados, si bien todos sus militantes ya están libres. Pero esta afirmación entraría en duda si se convocara a elecciones democráticas en el Centro de Estudiantes. Por eso, un egresado del FEL del Pellegrini amenazó a un pibe de segundo año del Belgrano: "si presentás lista, te vamos a cagar a trompadas". Un macho. Foquistas de cartón, se pasan la semana haciendo taekwondo o sipalki para terminar bravuconeando secundarios. Insistimos. Ya no se trata de la incapacidad para desarrollar un trabajo político paciente y sistemático entre las masas... estamos frente a gente que ni siquiera puede mantener una relación cordial con ellas. De camarilla ultimatista a una pandilla indeseable. Lo del Buenos Aires ya fue demasiado. Una banda del FEL irrumpió en el escrutinio con botellas de vidrio, gas pimienta y manoplas, amenazando a un colegio entero. A la primera oportunidad, comenzaron a tirar botellas y cascotazos por los aires a pibes de diferentes agrupaciones, quienes contaban entre 13 y 18 años. Varios heridos tuvieron que ser hospitalizados. Se trató de un acto desesperado para obtener protagonismo, cuando ya es inocultable su impotencia política: no superaron el 5% de los votos. Pasados los hechos, muchos chicos han decidido apartarse de esta banda y, sinceramente, los felicitamos. Esperamos, por la salud física y mental de sus militantes -y por la de todo el movimiento secundario- que sea el último episodio de esta secta en descomposición.

Una de las batallas importantes para el Partido Obrero de Santa Fe es defender su legalidad ante la reforma política proscriptiva. La obtención de 4.000 fichas de afiliación, con todos sus requisitos, constituye un desafío político al que nos hemos abocado con todo. En esta tarea, vamos encontrando entre los trabajadores una importante solidaridad. Es notable la respuesta obtenida en el cordón de San Lorenzo en Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán, Puerto San Martín, Granadero Baigorria y el propio San Lorenzo, en los barrios de la zona oeste de Rosario, de la capital de Santa Fe, de Villa Constitución; en la universidad, entre los docentes, los estatales, aceiteros y químicos, entre otros gremios. Se lleva las palmas el inmenso Barrio Tablada del sur de Rosario, donde se han obtenido casi 400 adhesiones a raíz de un trabajo histórico del PO en la zona. La visita a los barios obreros de Rosario, San Lorenzo y Santa Fe, llevando pecheras del partido, abre rápidamente un diálogo, una solidaridad y una fraternidad que se multiplicó después de la lucha que estamos librando por el juicio y castigo a los responsables del asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra. Se nos acercan compañeros precarizados, tercerizados, en negro, que ven a nuestro Partido como uno de los impulsores de la lucha contra las tercerizaciones. Además de afiliarse, nos dejan datos de sus trabajos y nos llaman para que los ayudemos a quebrar el sistema armado de contratados eternos y el pisoteo de las conquistas laborales. El Partido Obrero de Santa Fe ya tiene obtenidas 3.400 de las 4.000 afiliaciones requeridas. Nuestro objetivo es llegar a la meta antes del 20 de diciembre. La enorme solidaridad de los trabajadores hace posible que estemos a punto de obtener una victoria contra la proscripción política de la reforma.

-Exclusivo de internet En el ISFD Nº 29, la agrupación "independiente" Carlos Fuentealba ha entregado el Centro de Estudiantes a la dirección del Instituto. Othacehé, que armó y sostiene económicamente a la agrupación Ujem, logra su objetivo de la mano de los "independientes". Luego del fraude colectivo e intapable del PJ-Ujem en las recientes elecciones de Centro, propusimos a la Fuentealba impugnarlas y reforzar las denuncias de amenazas por las compañeras de las carreras de Inicial y EPB. Una asamblea espontánea de estudiantes había votado no realizar el escrutinio, porque legitimaría la elección trucha, y plantea el llamado de nuevas elecciones. La PJ-UJEM respondió reforzando sus patotas para extorsionarnos y contar los votos truchos. La Fuentealba, sin embargo, se encerró con la dirección y la patota a contar cada uno de los votos. Luego del fraude y de las patotas, se realizó una asamblea enorme, con más de 200 estudiantes, para repudiar el accionar de Othacehé y su agrupación Ujem. La dirección prohibió la actividad estudiantil y la asamblea, y sancionó a compañeros de la UJS por convocar a la marcha por Mariano. Los estudiantes votaron que se retiren y establecer una asamblea estudiantil permanente, con cuerpo de delegados. En la práctica, el voto asambleario fue desoído por la Fuentealba. El discurso de su vocero siempre fue contra "el centro de los zurdos", alegando que solamente se podría luchar con un centro de 400 ó 500 estudiantes. La conclusión que sacamos los estudiantes es que nunca luchó, y nunca propuso luchar. Tanto Ujem-PJ y Fuentealba apuntan a mantener el régimen social vigente y de esa manera se colocan miles de años atrás del estudiantazo. Nuestra agrupación mantuvo una férrea postura de lucha y denuncia a los vaciadores de la educación, que le otorgan una orientación capitalista. En contraposición a la "militancia" estatizada de la Ujem-PJ, y a la entrega y capitulación de la Fuentealba, llamamos a los estudiantes a organizarse de manera independiente, para profundizar la lucha por la impugnación de las elecciones y el llamado a un nuevo proceso electoral limpio y democrático, con la perspectiva de conformar una juventud militante que luche por el socialismo.

Los trabajadores de la empresa Sogesic, tercerizada del ferrocarril San Martín, vienen dando una lucha firme y constante a la par de los compañeros del Plenario de Trabajadores Ferroviarios del Roca. Lograron imponer su reclamo de equiparación salarial y pase a planta permanente de todos los tercerizados del Ferrocarril San Martín. Hoy están sumados a la mesa de trabajo con los trabajadores del Roca y desde allí denunciaron al Ministerio de Trabajo la persecución que está llevando adelante la patronal. Amenaza con que no va a pagar sueldos, de que cierra y se va antes del 20 de diciembre. El Ministerio de Trabajo tomó nota de este reclamo y firmó un acta con los compañeros de Sogesic, donde se garantiza la fuente de trabajo de todos los compañeros mientras dure el intervalo del pase a planta de todos los ferroviarios tercerizados del San Martín. Como el Ministerio, Ugofe y Transporte habían prometido que, terminado el pase a planta del Roca, se sigue con el San Martín, los trabajadores plantearon la necesidad de que este proceso no sea aislado, que debe estar unido al del Roca y ser simultáneos. En la misma acta, se introdujo entonces que la mesa de trabajo para discutir el pase a planta permanente del San Martín se iniciará el 3 de diciembre. Esto es un triunfo de los compañeros del San Martín y un criterio compartido y refrendado por la comisión del Plenario de Trabajadores del Roca, que siempre defendió la unidad de los trabajadores.

"Impactado" -según sus propias palabras- por los triunfos K en el Buenos Aires, Acosta y Esnaola, el encuestador del gobierno, Artemio López, recurrió a su blog para imaginarse un "cambio de tendencia" en el movimiento estudiantil. Reconoce que los resultados en la UBA son todavía "tibios", pero cree "visibilizar un cambio" en los secundarios, donde las "agrupaciones juveniles K" habrían desplazado a la izquierda. La incapacidad de exhibir un análisis cuando hay que poner los sesos para algo más que recolectar intenciones de votos -demuestra la limitación fatal de la encuestología- que como todo el mundo sabe se cotiza al gusto de quien paga. Ocurre que la primera elección fue la del centro de estudiantes del Pellegrini, aunque López prefiera omitirla, en la huella teórica del IndeK. En el Pelle, un frente entre "comunistas K" (PCCE) y la UES (La Cámpora + Movimiento Evita) soñaba con ganar un bastión histórico de la izquierda. En la semana iconográfica de la muerte del ex presidente, no tuvieron reparos en presentarse como los herederos de "Néstor y Cristina". Pero les fue mal: salieron terceros, muy lejos de la Lista 39, una agrupación independiente que denunció la responsabilidad del gobierno nacional en el derrumbe educativo. Resultados en mano, los "herederos" se olvidaron de sus "padres" y en el Buenos Aires, la elección siguiente, optaron por dar un ‘volantazo'. La Jauretche (UES) inventó de la noche a la mañana un frente con dos individuos (2) sabbatellistas, para un giro de 180 grados en el tenor de la campaña. La consigna, "por un Cenba más plural y democrático", sonaba a descrispación -más acorde con la labia de Sanz o Cobos. La plataforma no mencionaba ni una vez la palabra Kirchner, una verdadera blasfemia, e incluso incluía varias críticas al gobierno nacional, al que de todos modos habrá de acompañar. El líder de fogoso andar era convertido en un seguidista de la vanguardia personificada en la Jauretche. Don Arturo, el primer nombre del apellido rebautizado, jamás habría vendido YPF a Repsol, regalado el Banco de Santa Cruz a Eskenazi, ni fugado mil millones de dólares a Suiza (no comentamos las andanzas de Jaime). Con todo, no sacaron más de 290 votos, lo que de todas formas fue suficiente para ganar -por 13 votos- una elección muy dispersa. El verdadero dato en el Buenos Aires ha sido el derrumbe estrepitoso de las agrupaciones chavistas que dirigían el centro, que se presentaron divididas, lo que demuestra que el caudillaje civil o militar no es prenda de unidad. Luego pronosticar un "triunfo histórico" que no reconoció nadie, La Caravana (Lobo Suelto) perdió el 60% de su electorado (sacó 250 votos contra los 625 de las elecciones para el Consejo de convivencia, en junio de 2010). Desde Bolívar cayó un 30,4% (277 contra 398). A diferencia de lo que pasó en el Pelle, la izquierda chavista del Nacional no denunció al gobierno K. Se cuidaba de no llegar con sus denuncias más allá de Macri, algo muy oportuno cuando se sabe que el Buenos Aires depende de la UBA. Llamaba a apoyar la lucha educativa por una cuestión de "solidaridad", o sea a distancia. Le atribuyen al kirchnerismo una capacidad para "democratizar" los medios y la política, algo curioso en nacionalistas, los que siempre han considerado a la democracia como una idea ‘foránea', una demagogia de los liberales y los yanquis. Mientras tanto, los decanos K votaban con los radicales la intervención a su propio colegio. Durante la campaña, Desde Bolívar colgó carteles que rezaban: "Por un Cenba nacional y popular"... (otro caso de socialismo en un solo colegio, en este caso un socialismo nacional), una "jodita" -según sus propios militantes- que terminó en llantos cuando perdieron el centro a manos de los K. Así, de repente, chavismo mediante, los "hijos de la clase media gorila" se transformaron en los "guachines" de Artemio López. El uso del lenguaje folklórico recuerda la vertiente oligárquico-conservadora-clerical que, entre otras, ha contribuido al nacionalismo en nuestras comarcas. En la Mesa de Enlace y entre los Insfrán y Capitanich, conocen bastante de esta jeringoza. Pero la más festejada por López es la victoria en el Esnaola, porque allí sus "guachines" le arrebataron el centro a los "troscos" -otro caso de lenguaje conservador-clerical, en este caso en nota macarta. La realidad es que la UES recogió sus votos en la oposición derechista a la toma del colegio, que recordemos iba contra el gobierno de los guachos de Macri -oposición fogoneada desde arriba por los directivos de UTE. Enfrentando la oposición de las autoridades K, los estudiantes del Esnaola habían conseguido un gran triunfo: luego de más de un mes de ocupación, obligaron a Macri a reiniciar las obras del abandonado Polo Educativo Saavedra. Entonces, la UTE del guachín Yasky montó una macarteada extrema contra el PO. La UES se camufló bajo el nombre de "Agrupación Independiente" (sic), negando cualquier tipo de pertenencia partidaria. Parece mentira que los K oculten su filiación cuando declaran haber resucitado a la ‘juventud maravillosa' y, simultáneamente, la menos ‘maravillosa' de la Juventud Sindical de triple memoria (AAA). Para ganar una escuela de 350 personas, escondieron el "modelo" bajo la alfombra. Contra los números de López, el "proyecto nacional" no tiene bastante "rating". En el Acosta retuvo el centro la Lista 10, agrupación mayoritaria dentro del colegio (55,7%). Es, sin dudas, la victoria menos controvertible, porque se trata de un reciclaje: esos "guachines" respondieron por años a Libres del Sur, luego se pasaron en masa al sabbatellismo y, como siempre, contaron con el apoyo de todo el aparato de UTE del colegio, desde la rectora para abajo. A diferencia del Acosta, los "guachines" K del Buenos Aires y del Esnaola no jugaron ningún papel en los conflictos y luchas de sus colegios. Su capacidad para dirigir esos centros tendrá que ser probada en la práctica, en especial después de que el gobierno decidió comprometer su futuro a un pacto con el FMI. Las agrupaciones "20 de Diciembre" en el Esnaola, "EPA!" en el Pelle, "Oktubre" en el Buenos Aires y "Flema" en el Acosta sumaron a nuevos compañeros e incrementaron su influencia, en los últimos casos presentándose a elecciones por primera vez. Se tratará de un capital político fundamental para la UJS en la próxima etapa. Miles de compañeros iremos el 4 y 5 de diciembre al único congreso nacional de la juventud que es realmente independiente y militante -por un gobierno de trabajadores y el socialismo.

Cerrado el año parlamentario, el Senado mantuvo en pie el veto presidencial a su "reforma política", la que apunta a la proscripción de decenas de partidos. El ninguneo al tratamiento de ese veto fue acordado entre el kirchnerismo y la UCR, los grandes beneficiarios de la "reforma política" oficial. Con el veto en pie, rigen las disposiciones de caducidad, que sancionan a los partidos con la pérdida de su personería, para lo que se toman en cuenta resultados electorales que son anteriores a la actual legislación. Además, la reforma y su veto parcial obligan a los partidos a cumplir en plazos perentorios con exigencias leoninas en materia de afiliados. Desde febrero hasta ahora, el Partido Obrero viene batallando en todo el país para derrotar la reforma proscriptiva. Desde febrero hasta hoy, hemos reunido más de 20.000 nuevas afiliaciones en todo el país, junto a miles de adhesiones. En una primera etapa, completamos las afiliaciones necesarias en los distritos donde habíamos superado el piso de la legislación electoral: Catamarca, Salta, Río Negro y Santa Cruz. A partir de allí, pusimos manos a la obra para obtener nuevas personerías, en nuevos distritos y en aquellos donde estamos siendo sancionados por resoluciones judiciales. En el primer caso, completamos exitosamente la campaña de afiliaciones en Formosa, la Justicia ya nos otorgó personería provisoria y esperamos lograr la definitiva en el curso de diciembre. En la Capital Federal, llegamos a 4.000 nuevas afiliaciones, pero también estamos muy cerca en Santa Fe, donde superamos las 3.500. También en Córdoba nos han otorgado la nueva personería provisoria y estamos ya cerca de los dos mil nuevos afiliados. En poco más de dos meses, Tucumán ha reunido casi 3.000 adherentes y dos mil afiliaciones, esperando completar la tarea para fines de enero. En Neuquén, la campaña ha arrancado con buen ritmo (ver artículo). En un par de semanas de trabajo, ya estamos en las 170 afiliaciones. Chaco y Jujuy no están ajenas a la campaña. En el primer caso, acabamos de superar las 1.000 afiliaciones, con una adhesión impresionante en los barrios obreros de Resistencia y en las localidades del interior. En Jujuy, superamos las mil quinientas nuevas afiliaciones y avanzamos igualmente en la obtención de adhesiones. Una batalla particular se plantea en Buenos Aires, donde existe una "reforma política" provincial aún más proscriptiva que la nacional. Esa reforma obliga a la presentación de avales (también con la copia del DNI) como condición para presentar listas municipales, seccionales y provinciales. Para la postulación a gobernador, se nos exigen 23.000 avales. Hemos superado ya los 5.000, concentrados en los principales distritos del conurbano. Una vez completados los requisitos en esos municipios, vamos a conquistar avales en todo el interior de la provincia. Lo que se viene La gran campaña desarrollada por el juicio y castigo a los asesinos de Mariano ha despertado una corriente de adhesión al PO en fuertes sectores trabajadores y juveniles, lo que se manifiesta en los resultados alcanzados con las adhesiones y afiliaciones. A partir de allí, se está multiplicando el trabajo de simpatizantes y amigos que, una vez afiliados, se abocan a la tarea de buscar a sus compañeros de trabajo o allegados para afiarlos al PO. Es necesario que reforcemos con toda energía la tarea en diciembre, para llegar a la feria judicial con los requisitos cumplimentados en los grandes distritos del país. Así, podremos dedicar el verano a colaborar con los distritos más rezagados y llegar a marzo con la posibilidad de ejercer sin trabas nuestros derechos políticos. Afiliese al PO, afilie a sus compañeros y amigos al PO. Defendamos, en todos los terrenos, el desarrollo de una oposición obrera y socialista.

-Exclusivo de internet El miércoles 24, los estudiantes universitarios de Escobar, junto a la Fuba y la CUE mantuvimos tomado el hall central de la municipalidad de Escobar por más de tres horas. Dicha toma fue resuelta en una asamblea que se llevó adelante en las puertas del municipio, luego de que el intendente, Sandro Guzmán, se negara a recibir a los estudiantes que ese día nos estábamos movilizando. Guzmán, hace más de dos meses se había comprometido a dar una respuesta a los reclamos estudiantiles en un plazo máximo de 60 días. Pero el intendente no cumplió y, por eso, cansados de que nos tomen el pelo, decidimos volver a marchar y tomar el municipio hasta obtener alguna respuesta. La toma terminó doblándole el brazo al intendente, que se negaba a recibir a los estudiantes, y logró arrancarle una audiencia para el jueves 2 de diciembre. En dicha audiencia Guzmán deberá entregar en mano y por escrito un balance contable de la recaudación de la Tasa Educativa, un impuesto especial que el municipio cobra a los vecinos de Escobar para sostener los gastos del CBC (y que nadie sabe cómo y en qué se gasta) y a dar una respuesta al reclamo del edificio. La "gestión Guzmán" ha demostrado una vez más lo poco que le interesa la educación. Pero los estudiantes hace más de dos años que venimos levantando este reclamo y hemos demostrado que no vamos a aflojar hasta ganar esta batalla. Hoy más que nunca es necesario redoblar esfuerzos, por eso llamamos a todos los estudiantes, trabajadores y vecinos de Escobar a una gran concentración el jueves 2 de diciembre desde las 12:30 horas en la puerta de la Municipalidad, día y hora en que se realizará la audiencia con el intendente.

La burocracia de Pedraza está en caída libre. El quite de colaboración, que implementó junto con Maturano de la Fraternidad contra el proceso de incorporación de los tercerizados del Roca, puso de manifiesto un inmenso repudio de las bases ferroviarias al verdadero lock-out que hicieron ambas burocracias de la mano, fundamentalmente, de la patronal de Ugofe. El llamado "quite de colaboración" se pactó con la Fraternidad, que fue la que arregló con las patronales del ferrocarril que sacarían uno de cada cuatro trenes. Los trabajadores, horas antes, se habían enterado, con gran satisfacción, que habían sido puestos en prisión preventiva siete elementos contratados por la burocracia para evitar el corte de vías que terminó con la muerte de Mariano Ferreyra. El propósito del quite de colaboración de las dos burocracias era sacar del medio las dos comisiones negociadoras que hoy están discutiendo el plan de pase a planta permanente de los tercerizados. Dentro de esto, el interés de la UF era tratar de amortiguar el brutal golpe de que se considerara a Pablo Díaz el organizador del asesinato de Mariano, después de una enorme campaña de Pedraza en defensa de este sujeto con pasacalles y pintadas, y hasta con otro lock-out de unas horas cuando se produjo su detención. La intención de fondo de la burocracia de la UF y de la Fraternidad era y sigue siendo terciar en estas incorporaciones de manera de colocar su propia gente entre los pases a planta. El Ministerio de Trabajo, a las 18 horas, dictó una conciliación obligatoria que le salvó las papas a la burocracia cuando había fuertes resistencias a acatar la decisión de ambos gremios. Los trabajadores de la Unión Ferroviaria en casi todas las especialidades repudiaron la medida. El cuerpo de delegados del Sarmiento, el del Belgrano Norte, las agrupaciones ferroviarias opositoras denunciaron rápidamente la maniobra que en pocas horas podía quebrarse, pues los ferroviarios no estaban dispuestos a parar para defender a un grupo de asesinos. El Ministerio de Trabajo ratificó la continuidad de las reuniones y el cronograma de trabajo con las dos comisiones negociadoras de las reincorporaciones, sin intervención de la burocracia. Sin embargo, en la medida de que son las empresas las que entregan al Ministerio y la Secretaría de Transporte los listados del personal a cargo -y la Unión Ferroviaria y hombres de "paja" de la UF están al frente de algunas de ellas- no hay que descartar un ingreso por la ventana, impulsado por la burocracia para no perder definitivamente una base social que los llevaría a la derrota de las próximas elecciones de delegados en el Roca y amenaza con el fin de su poderío de 25 años al frente de la Unión Ferroviaria. Habrá que estar atentos. El ingreso de tercerizados a planta permanente vendrá acompañado de una masiva afiliación a la Unión Ferroviaria, a pesar del freno que ésta pretende ponerle. Hay una clara conciencia de que es necesario expulsar a la burocracia de Pedraza de todos los ferrocarriles. Terminada la incorporación de los tercerizados, será ése uno de los principales objetivos de los ferroviarios, quienes quieren desembarazarse definitivamente de la burocracia asesina.

En el cordón industrial, el movimiento estudiantil es una expresión de lucha desde hace ya varios años. En sintonía con el estudiantazo de los secundarios porteños de mediados de año, la intervención del activismo estudiantil, con la UJS a la cabeza, cobró un impulso más que importante en la región. Como parte de esta tendencia, el Centro de Estudiantes del ex Nacional 2 formó parte de un proceso de lucha, que comenzó con una marcha donde participaron más de 50 estudiantes en reclamo de ventiladores para el colegio, logrando respuestas inmediatas por parte de las autoridades. También formó parte de este proceso el corte de ruta del Colegio 410 de Fray Luis Beltrán en reclamo de un edificio propio, ya que estudian en condiciones pésimas en un galpón prestado por la Municipalidad. Estos primeros pasos de los estudiantes incidieron en un proceso de organización más amplio, que involucró a un conjunto de estudiantes de varios colegios y a la UJS. La primer iniciativa impulsada fue la de realizar un festival en el aniversario de la Noche de los Lápices con la consigna de luchar por el boleto estudiantil y la formación de la coordinadora estudiantil, que fomente la lucha organizada de conjunto de los estudiantes y la juventud en general. Participaron más de seis colegios en la organización y asistieron al recital más de 400 jóvenes. En noviembre de este año, los secundarios de la UJS, junto a estudiantes independientes, intervinimos en las elecciones de centros de estudiantes, en las que presentamos listas Rojas del cordón industrial, con la consigna de formar centros de estudiantes que luchen, que sean activos e independientes de las autoridades. Fue así que presentaron listas en cuatro colegios. Si bien las campañas fueron planteadas en el marco general de la defensa de la educación pública, gratuita y laica, cada una tuvo su particularidad en cuanto al desarrollo de la lucha por ganar los centros, como por ejemplo fue el caso de las técnicas, donde no existían los centros de estudiantes, debido a la regimentación existente. Se pudo concretar también la Lista Roja dentro de la EET Nº 672, y con las mismas características presentamos un acta de proclamación de la Lista Roja en el Colegio 410 de Fray Luis Beltrán, quedando organizado en estas escuelas lo mejor del activismo para seguir desarrollando la organización. Simultáneamente en la EEM Nº 439, donde no hubo lista opositora y sólo se llamó a un plebiscito de las propuestas, la Lista Roja quedó en la dirección del Centro hasta mediados del próximo año. Por otro lado, en el colegio más grande de San Lorenzo, la EEM Nº 438 (ex Nacional 1), se opusieron dos listas: la que dirigió el Centro durante el año 2010, de la cual nos delimitamos por su pasividad y ausencia de programa, y nuestra Lista Roja que ganó el centro con más del 45% de los votos. La juventud del cordón comienza a organizarse y a responder de conjunto a los atropellos que le impone el Estado. Queda demostrado en estas expresiones que la juventud en general lucha por una mejor condición en sus lugares de estudios y en el ámbito en general, como lo expresó la respuesta ante asesinato de Mariano Ferreyra. Para impulsar esta perspectiva, desde la Unión de Juventudes por el Socialismo llamamos de manera masiva a la formación de una coordinadora de centros de estudiantes y estudiantes del cordón industrial, que pueda llevar adelante y concretar en actos de lucha todas las inquietudes del movimiento estudiantil y trabajador.

Casi en paralelo con la muerte de Emilio Massera o quizá por ello, la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de la Procuración General de la Nación produjo un informe sobre el estado de situación de las causas por violaciones a los derechos humanos consumadas por la dictadura militar. El relevamiento actualiza las cifras de personas juzgadas, condenadas, procesadas y detenidas a octubre de 2010. Los datos son implacables: sólo 41 condenas están firmes luego de juzgar a 145 personas. De los 464 que están detenidos, un 37,5% están en sus domicilios dada su edad o sus dolencias. Aunque el informe no se detiene en este punto, los procesados son casi con exclusividad miembros de las fuerzas armadas o de seguridad: no existen causas contra miembros del clero o de la "burguesía nacional" que recurrió al establecimiento de la dictadura militar para preservar su dominación social. Además, "bajó la cantidad de represores presos por el notable incremento de excarcelaciones dispuestas en los últimos meses por varios tribunales", lo que anticipa el fin de este limitadísimo proceso. ¿La posición del alto mando? "Ese es un tema de la Justicia", "El 98 por ciento de los militares no tenemos nada que ver con eso" (Página/12, 7/7, dicho en la cena anual de camaradería de las Fuerzas Armadas con la Presidenta). La historia como debe ser contada La política de derechos humanos de NK ha sido un elaborado intento de dar por clausurada la lucha por el esclarecimiento y por el juicio y castigo de los crímenes de la dictadura. Un primer capitulo fue la sanción de la "anulación" de las leyes de obediencia debida y punto final por el Congreso en agosto 2003, una instancia que mereció la calificación de "victoria democrática" en un coro unánime que unió a Chiche Duhalde, el bloque justicialista en pleno -incluyendo a Menem, el clero, Proyecto Sur y la izquierda. Tal unanimidad fue lograda una vez que IU aceptara retirar del proyecto presentado por su diputada, Patricia Walsh, sobre la anulación de los indultos que, en caso de mantenerse, hubiera significado la prisión efectiva de todos sus beneficiarios. Lo que se caratuló como "victoria histórica de la democracia" tuvo así la peculiaridad de asentarse en la vigencia de la medida más arbitraria de las dictadas para dejar a los militares en libertad. "La propia Walsh, cuyo proyecto de ley impulsó a la sesión especial que finalmente declaró nulas las leyes de perdón, dejó de lado (a fin de lograr la anulación de las normas) su proyecto de nulidad, que incluía la mayoría de los indultos dictados por ex presidente Carlos Menem en 1989 y 1990" (La Nación, 13/8/03). El pacto que condujo a la "anulación" tuvo otro propósito: brindar una excusa jurídica que permitiera evitar las extradiciones de los genocidas pedidas por la justicia de España (a esa altura, medio centenar de altos mandos), invocando que podían ser, luego de esta "anulación", juzgados dentro del país. Zaffaroni, Carrió, el centroizquierda, la izquierda declararon tajantemente su oposición a las extradiciones (como lo hicieron al momento de oponerse al juzgamiento de Pinochiet en Londres), en nombre del juicio -inexistente- "dentro de las fronteras de la patria". Los que consideran a la "anulación" del Congreso como un hecho democrático único e irrepetible no se han preguntado por qué no hubo crisis política alguna en 2003 -sea con las Fuerzas Armadas, el clero o el empresariado- y la decisión obtuvo incluso el apoyo de los gobiernos imperialistas. La izquierda apoyó el operativo político consumado en esta jornada de "unión nacional", haciendo suyo el engaño de que habría una voluntad política del gobierno de ir hasta el final en el "juicio y castigo". Una concesión que la ubicó tempranamente en el campo del oficialismo: "Lo mínimo en la situación creada era naturalmente defender el propio proyecto de ley (de Patricia Walsh e IU), incluyendo la anulación de los indultos y denunciar al gobierno y al peronismo por la maniobra que estaban armando" (PO Nº 813, 14/8/03). El papel de la Corte Recién dos años después, la Corte Suprema resolvió la anulación de los indultos de Menem, que beneficiaban a militares planteando que los "crímenes de lesa humanidad eran imprescriptibles". ¿Otra "victoria democrática", tal como lo vieron las mismas fuerzas que apoyaron la "anulación" del punto final y la obediencia debida? Treinta y un años después de la retirada de los militares, el fallo de la Corte se limitó a habilitar la posibilidad de reabrir procesos judiciales que están hoy en curso y culminarán -como ya está ocurriendo- luego de la muerte de los acusados. Una decisión que lejos de cuestionar el orden existente, lo legitima y deja en manos de los funcionarios vitalicios de la Justicia la potestad de definir qué es un crimen de lesa humanidad. La decisión de la Corte vino a sentar "doctrina" contra el juicio político que corresponde por los crímenes cometidos y que debía ser tarea de tribunales populares y en el tiempo inmediato a los hechos -una tarea que el Congreso dejó de lado desde 1983. Jorge Julio López La desaparición de Jorge Julio López, en septiembre 2006, desnudó brutalmente la naturaleza de la política de "derechos humanos" del gobierno K. Mostró que la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final fue parte de una política de rescate del Estado parcialmente golpeado por el Argentinazo y la quiebra capitalista. Que sin la disolución de los servicios de represión y de espionaje del Estado y su reemplazo por organizaciones gestionadas por los trabajadores, sin la elección de los jueces por el pueblo, sin el derecho a la deliberación política en tribunales, cuarteles y comisarías es imposible acabar con la impunidad, sea de los crímenes de la dictadura o bajo la "democracia". "Gatillo fácil", torturas en las comisarías, zonas liberadas, regenteo del delito por el aparato de represión: éste es el balance inapelable de la política de "derechos humanos" del gobierno K.

-Exclusivo de internet El gobierno chileno ha salido a promocionar con bombos y platillos una reforma educativa que él mismo considera "revolucionaria". Entre los puntos más destacados, encontramos la intención de becar a los estudiantes de Pedagogía (futuros docentes) que hayan obtenido un alto rendimiento en la Prueba de Selección Universitaria (PSU) y otorgarle un plus salarial a los egresados que pasen una prueba de excelencia. También daría mayor libertad a los directores de escuelas para reducir el plantel docente según criterios de eficiencia, aumentarían las horas de clase de matemática y lengua en detrimento de las de ciencias sociales e historia, y prevé la creación de una agencia comunal educativa que podría hacer convenios con instituciones y licitaciones en cada comuna. Esta reforma antieducativa es un ataque a la educación pública. Por un lado, porque empeora las condiciones de trabajo de los educadores, segmentándolos según su "desempeño" y aumentando la autonomía de los establecimientos para poder despedir hasta un 5% del plantel. Por otro, es -según denuncias del Colegio de Profesores- una privatización encubierta, ya que las agencias comunales se podrían fusionar y adjudicársela alguna fundación o empresa. Esto no significa que la actual Ley General de Educación sea una maravilla, dado que la misma es una reforma cosmética a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (Loce) de Pinochet, sancionada debido a la presión de la impresionante rebelión estudiantil de 2006 -la Rebelión de los Pingüinos. Es la ley del gobierno de Bachelet la que permite aberraciones como la amenaza de cierre de colegios, fusión de cursos y despido de profesores en los municipios más pobres debido al ahogo presupuestario, justo ahora que las regalías obtenidas por el gobierno con el alza del precio del cobre han alcanzado niveles históricos. Son las tomas de escuela por profesores, padres y alumnos en Cerro Navia (barriada popular de Santiago), por ejemplo, las que marcan el camino de la resistencia a un Colegio de Profesores aún falto de reflejos. Basta de educación de mercado, luchemos por una educación pública, estatal y gratuita.

La Presidenta volvió a usar la cadena nacional para los denominados 'anuncios sociales'. Así, dispuso que se otorguen asignaciones familiares para los trabajadores temporarios, por ejemplo los que se desempeñan en la zafra. Luego, un pago de 220 pesos, por única vez, a las personas que reciben pensiones no contributivas (por vejez, invalidez o familia numerosa). El anuncio, en realidad, es una denuncia contra el oficialismo, porque el derecho que ahora se hace para los temporales debió haber formado parte de la asignación por hijo, establecida tiempo atrás, ya que estos trabajadores se encuentran desocupados una buena, si no la mayor parte del año. En lugar de pedir perdón por su olvido, la Presidenta agarró la cadena para que la aplaudan. El anuncio no contempla el pago retroactivo de esta asignación. Mientras tanto, a los salarios familiares y a las asignaciones falsamente universales se las va comiendo la inflación. El asesor de imagen del oficialismo, que vetó el 82% móvil para la jubilación mínima, va armando con estas mezquindades una campaña electoral. A la hora de financiar estas medidas, la Presidenta no tocó un peso de los excedentes del Tesoro ni, en el caso de los cosecheros, se le ocurrió gravar a los grupos azucareros o citrícolas, cuyos balances "estallan" al compás de los altos precios. En cambio, y como viene ocurriendo, la "política social" será financiada por la Anses, o sea, por las contribuciones de los obreros y por los jubilados que no cobran lo que les corresponde. El resto del discurso de Cristina Kirchner fue sólo "doctrinario". Así, llamó a "pensar" si "los que hemos tenido la suerte de tener un título no deberíamos aportar un poquito a esa universidad, en becas para los que no van a poder llegar". Del mismo modo en que los jubilados financian la asistencia social, los universitarios (estudiantes y egresados) deberían sostener el gasto educativo. Un ajuste a la inglesa, a la irlandesa o a la italiana, que ha puesto a los estudiantes de esos países en la calle. La prioridad de la plata acumulada, los K la destinan al Club de París. La Presidenta no perdió oportunidad de culpar de la carestía a los trabajadores. La inflación, dijo "no es por aumento de salarios, sino también (es decir, que los salarios son una de sus causas) por excesiva rentabilidad". O sea que en el "acuerdo social" al que convoca el gobierno, los trabajadores tendrán que hacer su aporte al ajuste que ese acuerdo supone. Lo que eventualmente deberían poner los empresarios, les sería compensado con creces por el restablecimiento de la ley de ART menemista, que fija un tope a las indemnizaciones por accidentes de trabajo. ¿Pero qué tope de precios se puede imponer a un capitalista que exporta o a los especuladores con bonos argentinos, que tienen una perspectiva de ascenso descomunal? Estos discursos y anuncios están ‘precalentando' el ajuste que reclaman los flamantes socios K: el Club de París y el FMI.

El asesinato de dos integrantes de la comunidad Qom por parte de la policía provincial no fue un incidente aislado. Es el remate de una provocación montada por el poder político, con el auxilio de terratenientes. La represión criminal fue orquestada al cabo de cuatro meses de corte de la ruta 86 por parte de los Qom en defensa de sus tierras. Unos días antes, la policía había entrado a palazos al colegio Juan José Silva, ocupado por los estudiantes para evitar un fraude de las autoridades provinciales contra la organización estudiantil. El gobernador Insfrán es un gobernador de pura cepa K -con quien viene colaborando políticamente desde mucho antes de 2003. De la mano de Insfrán, Formosa se ha convertido en un paraíso para terratenientes, ganaderos y ‘pools' sojeros, que vienen expulsando en forma sistemática a los pequeños campesinos de las colonias y a los pueblos originarios. En los últimos años, un millón de hectáreas fueron acaparadas por sojeros, a costa del desalojo de 35.000 tobas y wichis. Recientemente, Insfrán hizo aprobar una "ley de reordenamiento territorial" que habilita el despojo de todo aquél que no tenga un título propietario. A partir de ese sistema, se ha construido un régimen de atropellos contra toda la población. Da cuenta de ello la existencia de un movimiento de "Víctimas de los hijos del Poder". Formosa forma parte de un extenso territorio caracterizado por las confiscaciones de tierras del campesinado y la extensión de la frontera latifundista de la soja. Ese territorio abarca el oeste de Brasil, Paraguay, Formosa, Santiago, Chaco, Misiones, norte de Salta, Jujuy y norte de Santa Fe. La rebelión agraria en esta vasta región plantea la organización de los explotados agrarios sobre una base internacional. A pesar de los asesinatos, el gobierno nacional se apresuró a cerrar filas con el gobernador. A pesar de las quejas de D'Elía y de las manifestaciones en Buenos Aires, Cristina Kirchner respaldó públicamente a Insfrán un día después del asesinato de los tobas. Pero los compañeros tobas asesinados no son otros que los Mariano Ferreyra -e Insfrán, el Pedraza- de Formosa. Gildo Insfrán se tiene que ir y, además, es necesario acabar con el poder de los terratenientes y del capital financiero en el agro. ¿Intervención federal? Es lo que ha propuesto D'Elía, quien parece confiar en que su jefa sea capaz de modificar la realidad de explotación de Formosa. La Presidenta no quiere ni oír hablar de esto. Pero para que sea efectiva, la intervención no debe representar un mero cambio de cara. Por eso, el punto de partida para echar a Insfrán debe salir de la propia Formosa: que una asamblea elija las personas que se hagan cargo del gobierno; solamente así una intervención federal serviría para poner fin al despotismo y al despojo de tierras. La elección de un gobierno provisorio, electo por una Asamblea popular, debería ir acompañada por un programa que enjuicie y castigue a los asesinos y a los responsables políticos de esos asesinatos, o sea al régimen de Insfrán, y que aplique un programa agrario que confisque la gran propiedad y la distribuya entre los campesinos en la forma social que se acuerde: individual, cooperativa, gran escala bajo gestión de los labradores.