Prensa Obrera N° 1145

Se presentaron cuatro listas para las elecciones del Hospital de Clínicas, que se realizarán el 12 y 13 de septiembre. Tres de ellas integran la Directiva del Sindicato Apuba, la cuarta es la Lista 14 de la Agrupación Bordó, encabezada por cinco referentes de la lucha contra la burocracia y las camarillas en el hospital. Gabriel Beati, enfermero (ex luchador gráfico de la Naranja despedido por la burocracia patronal de Ongaro); Cristina Maceira, técnica; Adriana Digiovanni, obstétrica; Norma Richter, enfermera, y Daniel Iribarne, camillero, estos últimos fundadores, hace más de 25 años, de la Agrupación Bordó. El Hospital de Clínicas es una de las concentraciones de trabajadores más grandes de la Ciudad de Buenos Aires, con 4.000 trabajadores entre personal de planta, temporarios, contratados, concurrentes, tercerizados, voluntariado. La estructura edilicia está en ruinas debido a la miseria presupuestaria; el hospital está arancelado. La dirección de la UBA, con la complicidad de las burocracias que se han sucedido en el hospital, estrangularon el centro de atención médica más importante del país en aras de beneficiar el crecimiento de la salud privada. La Agrupación Bordó ha sido un pilar destacado de la lucha de 2006 por el presupuesto, que tuvo como protagonistas a asambleas de más de 800 trabajadores, cortes de calles y 45 días de paro. La burocracia radical que dirigió la interna del hospital durante más de 13 años se ha disgregado, dispersando sus fuerzas en las diferentes listas actuales de la directiva del sindicato no docente. Muchos seguidores honestos de aquella Lista 3 que creían que luchaba contra Anró, hoy votarán por la Bordó sin dudas. Lo que está en juego es la lucha contra el modelo privatista de los Hallú, la camarilla médica que dirige la Facultad de Medicina de la UBA y el gobierno nacional que ha promovido esta política ahogando presupuestariamente el hospital. La Bordó va con el programa con el que luchó todo el año: 82% móvil ya, blanqueo de sumas en negro, reapertura de paritarias por el 35% de aumento salarial, directorio del hospital electo por los trabajadores, abajo los préstamos del Banco Mundial para los arreglos edilicios, por un presupuesto genuino del Estado nacional para el funcionamiento pleno de un hospital a puertas abiertas, gratuito y al servicio de la población más necesitada. Incorporación de médicos residentes, reducción de la jornada de trabajo. 6 horas por insalubridad para todo el hospital, pase a planta de los tercerizados y contratados, concursos y recategorizaciones.

-Exclusivo de internet La asamblea autoconvocada de los Docentes Jubilados ha dado un gran paso. La movilización a la Corte Suprema del 31 de agosto abrió las puertas para que el Petitorio con las 10.000 firmas, que reclama la plena aplicación de la Ley 24016, es decir del 82% móvil automático, sea tratado por el Poder Judicial, junto con el pago inmediato de todos los juicios. Los Docentes Jubilados Unidos y en Acción solicitan que la Corte intime a la Presidencia de la Nación y a la Anses para su efectivo cumplimiento (siguen jubilando a los docentes por la Ley general 24241 y no por la que les corresponde y por la cual aportan el 13% de sus haberes). El movimiento ya quebró el miserable aumento de 0,98% de marzo pasado (fue revisado y elevado al 6%). Para septiembre, el gobierno anunció el 16,9%, lo que significa que se quebró el índice con el cual se calculaba el ajuste y que llevaba a las jubilaciones docentes a la baja. Estas conquistas, lejos, le han dado nuevos bríos al movimiento. Se mantiene firme el reclamo de la aplicación de la ley 24016, que en su artículo 4º dice claramente que la jubilación debe ajustarse cada vez que se aumenta a los activos, manteniendo el 82% del cargo o de su equivalente. No habla de ajuste semestral (que lleva paulatinamente a bajar las jubilaciones con respecto al sueldo del activo) ni establece ningún índice. Con la aplicación efectiva de la 24016, cada docente jubilado actualiza su haber automáticamente y, lo que es fundamental, en su básico y no con los adicionales de movilidad que aparecen fuera del mismo. La concentración en Plaza de Mayo, el 10 de septiembre, para conmemorar luchando y movilizados el Día del Maestro será un nuevo golpe al gobierno kirchnerista, que sigue defendiendo el uso de los fondos de la Anses para sus negociados y no para quienes les pertenece esos fondos, que son los jubilados.

La Coordinadora Nacional del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (Cofadeh), Bertha Oliva, señaló que “en los seis meses del régimen de Porfirio Lobo, las violaciones a los derechos humanos ocurridas suman un 45 por ciento más que en los siete meses del golpe militar de Estado”, con una mayor selectividad de las víctimas. En la última semana, fue asesinada Teresa de Jesús Flores, de 52 años, dirigente de la Organización Campesina de Honduras (OCH). El cuerpo sin vida de Teresa fue encontrado en estado de putrefacción, con varios disparos y señales de haber sido torturada. En la misma semana, fueron brutalmente asesinados tres miembros del Muca (Movimiento de Unidad Campesina) –Víctor Manuel Mata, Sergio Magdiel Amaya y Rodving Omar Villegas–, miembros de la comunidad de San Esteban, acribillados con armas de grueso calibre cuando se trasladaban en auto hacia la comunidad del Paso Aguán. Los tres pertenecían al asentamiento La Aurora, donde en junio pasado fue salvajamente torturado y asesinado el joven Oscar Geovanny Ramírez, de 17 años, también miembro del Muca. En el mismo período, el periodista Israel Zelaya Díaz, conocido como “Chacatay”, fue encontrado muerto en las inmediaciones de San Pedro Sula con tres heridas de bala, convirtiéndose en el décimo periodista asesinado en lo que va del año en Honduras. Junto al asesinato selectivo de periodistas, también han sido denunciados los asesinatos de más de 50 abogados, políticos, empresarios y gente del pueblo a manos de bandas armadas que trabajan para el Estado. La lucha magisterial En este contexto de represión, sin embargo, ha crecido una intervención organizada de los trabajadores en el último tiempo. Las luchas obreras son el resultado de una fuerte ofensiva capitalista desatada por el gobierno del golpista Lobo sobre las condiciones de trabajo, que tiene al salario mínimo como uno de los puntos más conflictivos. Recientemente, el gobierno golpista ha sufrido una gran derrota por parte de los docentes hondureños, quienes, luego de 46 días de lucha con movilizaciones y una huelga de 15 días, obligaron Lobo a sentarse ante una mesa de negociación y firmar gran parte de las exigencias que llevaron a la lucha. Lobo se había enfrentado antes a 50 mil huelguistas, a los que amenazó con descuentos salariales por los días de huelga y con despidos, después de haber ordenado una represión que dejó más de 60 personas detenidas, golpeadas e intoxicadas por las más de 100 bombas lacrimógenas que el ejército arrojó dentro del predio de la Universidad. El camino es la huelga general La huelga del magisterio despertó una fuerte solidaridad entre los gremios hondureños y abrió un gran debate sobre la necesidad de una huelga general para frenar a los golpistas. El salario mínimo se encuentra congelado desde el golpe a Zelaya, hay una ley que establece la contratación de empleados por horas y se están privatizando los recursos naturales, como la concesión de los ríos. El Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) lanzó una convocatoria a dos días de paros laborales. Existe la expectativa de que sea un paso previo a una huelga general. Reivindica un aumento salarial del 15% (los empresarios ofrecen un 3,7%). El Frente aboga por el retorno de Zelaya. No es un dato menor, sin embargo, que Zelaya no se haya pronunciado por la huelga general y que se haya dedicado a gestiones diplomáticas que apuntan a un arreglo por arriba de la crisis y a obtener seguridades para su retorno a Honduras. El subcoordinador general del Frente y presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras (FUTH), Juan Barahona, señaló que “el paro es una antesala a la huelga general, anunciada por las cuatro centrales obreras del país”. Según Barahona, el paro “no sustituye ni paraliza la huelga general”, para la que ya se han conformado tanto un comité de huelga nacional como comités regionales. Naturalmente, una huelga general no debería tener como propósito ejercer una presión para el retorno de Zelaya, sino para imponer las reivindicaciones y desarrollar la organización capaz de combatir a las escuadras criminales del régimen, que operan contra los activistas populares.

En un afiche difundido en el subte, “Próxima estación CTA de todos”, se presentan firmas de apoyo de delegados del nuevo sindicato a los “21 compañeros que integran la Lista 10” en las elecciones generales de la CTA. Se dice allí que estos acumulan la experiencia del subte como “un sindicalismo distinto y renovador” y que, con ellos en la dirección, la integración a la CTA tendrá más fuerza y llevará lo mejor de la historia del subte a miles de trabajadores. Lo primero que se advierte es que el texto del afiche no llama a votar a la Lista 10 sino, personalmente, a los compañeros del subte. Y que en la foto no está Yasky, cabeza de esa lista. Con lo que se presenta este apoyo como una campaña interna del subte para proyectar a sus delegados al resto del movimiento obrero y no como el sufragio a la fracción pro-K que dirige Yasky, para todo el país. Este operativo de ocultamiento de Yasky no es inocente. Revela que Yasky es impresentable ante un movimiento obrero combativo. No sólo por su política como artífice del pacto con Moyano y operador de la campaña Kirchner 2011. No olvidemos que Moyano es el socio histórico de la UTA y su patota. Sino también por ser el sepulturero de las luchas de sus propios gremios –docentes, estatales, neumático. Y, en el subte, el es autor intelectual de las actas de paz social que tienen amordazada la lucha del subte desde hace diez meses. También es cuestionable la idea de que estos delegados llevarán a la CTA la experiencia transformadora de la lucha del subte. Hasta ahora es al revés: son los que trajeron al subte la vieja política de la CTA (de Yasky y también de De Gennaro) de subordinación de los sindicatos al Estado y del apoyo político a los gobiernos patronales de turno, que no otra cosa significa la habilitación por parte de este sector de la tutela gubernamental sobre los luchadores del subte y la coexistencia con la UTA. Hace 20 días tuvieron que forzar una votación express en el cuerpo de delegados de ingreso a la CTA, porque cerraba la presentación de listas, mientras ingresaban ‘de cayetano’ a la Lista 10. Hoy, disfrazan la elección como una movida patriótica del subte para reforzar la AGTSyP y esconden a Yasky. Como dijo Charly Pérez en una asamblea de Rancagua, no se trata de la proyección de la lucha del subte al movimiento obrero, sino de “la domesticación del sindicato del subte y su integración a una central domesticada”.

Al cierre de esta edición de Prensa Obrera, el “estudiantazo” es una realidad en ascenso. Día tras día, nuevas escuelas secundarias se suman a la lucha. La política de Macri, que pretendió dividir al movimiento otorgando obras sólo para algunos colegios para “mandar a la casa” a los chicos, fracasó por completo. La rebelión educativa crece y no son únicamente los secundarios. Es que la UBA, cuyo presupuesto no depende de Macri sino de Kirchner, también sufre problemas edilicios de gravedad. Con el estudiantazo de los “secus” en curso, sólo hacía falta una chispa que encendiera un bosque plagado de reivindicaciones. Así, la Facultad de Ciencias Sociales inició una ocupación de las tres sedes que al día de hoy lleva una semana (ver nota). El martes se han sumado a las tomas tres facultades, cada una con sus reclamos: Filosofía y Letras, Arquitectura e Ingeniería. El Iuna también está luchando con ocupaciones y movilizaciones. La marcha calza justo: convulsión educativa En este cuadro se dará la marcha nacional educativa que convocan la Conadu Histórica y la Fuba. Esta movilización, que irá desde Congreso hacia Plaza de Mayo, tendrá lugar en el momento justo, pues la lucha de los secundarios ha puesto de manifiesto una crisis estructural de la educación pública como consecuencia directa de la política de los gobiernos capitalistas. Es el régimen de los Kirchner y los Macri: desmantelaron la educación estatal en beneficio de la privada, a través de la descentralización y la asfixia presupuestaria. Hoy, el movimiento de lucha en defensa de la educación se levanta para enfrentar esta crisis. La marcha nacional, por lo tanto, es un punto indiscutible de reagrupamiento. El próximo 16 debemos confluir todos los que venimos luchando; la crisis educativa está en el centro de la escena, y el movimiento crece día tras día en extensión e influencia. A 34 años de “La noche de los lápices”, los secundarios participarán con una gran columna. Lo mismo vale para los docentes universitarios, que van a un paro de 48 horas por la reapertura de las paritarias. Los terciarios, por su parte, enfrentan un derrumbe igual o peor que los “secus”. La UBA ya tiene cuatro facultades ocupadas. Vamos por una gran jornada de lucha en todo el país, con una marcha que será de miles en la Plaza de Mayo para plantarse frente al gobierno que paga la deuda y desfinancia la educación.

Hace ya más de un mes que Pakistán se ha convertido en un gigantesco campamento de refugiados. Tras semanas de lluvias –las más fuertes de los últimos 80 años– una quinta parte del país quedó bajo el agua. Los casi 20 millones de damnificados por las inundaciones “superan a las víctimas del tsunami del Indico y el terremoto de Cachemira de 2005, el ciclón de Nargis en 2007 y el terremoto de Haití de este año” ( El País , 22/8). Hasta ahora son más de 1500 los muertos, cifra que crece con la propagación de enfermedades endémicas (malaria, disentería, fiebre tifoidea, cólera) con servicios médicos colapsados, millones de personas hacinadas sin hogar y varios millones más sin luz ni agua potable: una calamidad social. A la catástrofe humanitaria hay que agregarle la pérdida efectiva del ganado y de gran parte de la cosecha del año y, sobre todo, de la infraestructura económica del país: miles de hectáreas de tierras inutilizables, cientos de localidades bajo el agua, edificios derrumbados, mil puentes arrasados y 4 mil kilómetros de rutas destruidas total o parcialmente. Las primeras estimaciones oficiales calculan las pérdidas en 43 mil millones de dólares. Los más optimistas hablan de, por lo menos, cuatro años de recuperación. “Nunca han habido inundaciones como estas en ningún lugar del mundo”, dicen los expertos, a la vez que dan cuenta de que la ayuda internacional no cubre ni de cerca las necesidades inmediatas ni las futuras. Los socorristas denuncian que “no hay ninguna relación entre el número de personas que necesitan ayuda y lo que fue provisto en este primer mes” ( Bloomberg News , 18/8). Con el paso de los días, la situación se agrava. La semana pasada fue evacuado otro medio millón de personas de las provincias del sur por nuevas inundaciones provocadas por el reviente de diques de contención. La devastación supera holgadamente la capacidad del gobierno “democrático”. El ejército, por su parte, ha abandonado todo combate para convertirse en la principal fuerza de socorristas. Mientras tanto la ayuda internacional es escasa y retaceada, incluso en el “mundo islámico”, y se suman las denuncias de corrupción y desvío de fondos. Todos los analistas dan cuenta de la impotencia e incapacidad del Estado y del gobierno para hacer frente a una población que se hunde en el hambre, el hacinamiento y las enfermedades. “El deterioro de las circunstancias sociales y económicas crea el ambiente perfecto para que los yihadistas alcancen sus objetivos de socavar el Estado” ( Bloomberg News , 18/8). Sobre llovido, mojado Pakistán no es un país más en el globo. Las inundaciones han devastado un país políticamente inestable, dueño de un arsenal nuclear que ocupa un lugar clave geográfica, política y militarmente. Limita, nada más y nada menos, que con la India (con la que arrastra un conflicto –que es una histórica amenaza nuclear– por la región de Cachemira), China, Irán y Afganistán. Justamente en la zona fronteriza con ese país alimentó en los últimos años a las fuerzas de Al Qaeda. La Otan jamás pudo cerrar la frontera entre los dos países e impedir que los talibán afganos recibieran refugio, armas, recursos y entrenamiento en Pakistán. Como los yanquis están inhabilitados para operar en ese territorio, a fines del año pasado Obama planteó una nueva estrategia, que consistía en el desembolso de “recursos esenciales para el apoyo y desarrollo de la democracia pakistaní”. El gobierno de Asif Ali Zardari debía, por su parte, combatir a los insurgentes y limpiar la región. Pero el agua hundió también ese plan, que por las propias prioridades pakistaníes había alcanzado poco éxito. Los talibán están llenando el vacío político en el que se encuentran regiones enteras del país. No es nuevo. La frontera afgano-pakistaní divide lo que durante dos mil años fue un centro cultural, político y económico único, el de los pastunes. Los talibán se fortalecieron en esa región tras casi una década de bombardeos y represión, porque se convirtieron en los representantes de una reivindicación nacional frente al imperialismo y los regímenes de ambos países. Una de las zonas más afectadas por las inundaciones es, precisamente, la provincia Khyber Pakhtunkhwa, de mayoría pastún. Según El País (22/8), allí los talibán “llegaron antes que el gobierno para facilitar asistencia... Su presencia allí envía el mensaje de que se ocupan de la gente”. Paralelamente, en las últimas semanas, redoblaron los ataques suicidas y atentados en diversas ciudades, junto con una fuerte agitación política llamando a rechazar cualquier ayuda extranjera y a boicotear las acciones del gobierno. Los principales periódicos norteamericanos titulan a diario su preocupación sobre el impacto que el desastre podría tener en el futuro y cuáles serán las consecuencias en la empantanada ocupación afgana. Lo cierto es que los yanquis sumaron un nuevo problema. No es sólo Pakistán el que está con el agua al cuello.

La dirección de la UTPBA no se ha pronunciado sobre las elecciones de la CTA. Como es parte de la central, es llamativo el mutismo de la burocracia en torno a los comicios. ¿A qué obedece este silencio? Al intento de congeniar con ambas fracciones, degennaristas y yaskistas En medio de la lucha por el control de los medios, el copamiento kirchnerista de la central promovido por la fracción yaskista va a obligar a la burocracia del gremio de prensa a alinearse con el gobierno o a sufrir una implosión. El desenlace de la crisis se va a meter a fondo en el gremio. Bien mirada, la UTPBA ha ido hasta el final en la concepción sindical de la CTA. La afiliación individual descontrolada vació la organización gremial en las empresas periodísticas, en donde sólo una ínfima minoría de trabajadores está afiliada. Así, como la patronal de la Federación Agraria forma parte de la central, los Aliverti y compañía son parte indisoluble de la UTPBA. Ni que hablar de la afiliación trucha a la central con que los intendentes como Sabbatella han engordado el padrón trucho de la UTPBA gracias a las pautas oficiales del municipio de Morón. En los padrones de las FM del gran Buenos Aires figuran centenares de supuestos trabadores de prensa y, por supuesto, los patrones de esas pymes. La UTPBA ha llevado hasta el extremo la política de topes salariales de la CTA, dejando al gremio de prensa sin paritarias y en una política de paz social con las empresas. La Agrupación Naranja combina la campaña electoral de las elecciones de UTPBA con el voto a la Lista 3 en las elecciones de CTA, dado que también forma parte de la lucha política por una UTPBA de independencia política de los trabajadores de prensa.

Al cierre de esta edición, los estudiantes del Iuna (Instituto Universitario Nacional del Arte) seguimos tomando la sede Yatay (Audiovisuales, Multimedia y Crítica) en reclamo de un edificio propio y más reclamos pendientes. La toma fue acompañada por un plan de lucha que continuó copando el Consejo Superior, donde arrancamos dos asuetos para sumarnos a la marcha del 6 encabezada por los secundarios y a la marcha educativa del 16 al Ministerio de Educación nacional. La reunión con el Ministerio llegó rápidamente, no así una respuesta concreta. Sólo recibimos promesas de alquileres abstractos pateándole la responsabilidad de encontrar los edificios a la gestión del Iuna. Mientras tanto, 2.000 estudiantes debemos cursar en once aulas alquiladas a una escuela de monjas, con caños rotos y problemas eléctricos. Ahora vamos por más: se viene la toma de Artes Dramáticas y la deliberación en las demás sedes de medidas concretas, ya que todo el Iuna tiene graves problemas estructurales. La toma es producto de nuestras necesidades y del contexto de las luchas contra el vaciamiento educativo de la Ciudad y de la Nación. Por eso participamos de la marcha del 6 con una columna artística de más de 400 compañeros. Seremos más el 16 de septiembre. No queremos más promesas, vamos por el edificio propio y por la solución integral de los problemas del Iuna. Contra el avance privatista de la educación que promueve este gobierno y que avanza más que nunca sobre la educación artística.

-Exclusivo de internet Mexicana de Aviación es una empresa estratégica que no escapó a la depredación y saqueo de los capitalistas. Desde hace mucho tiempo se convirtió en un negocio jugoso, pues fue rescatada en dos ocasiones con dinero público, y ahora es llevada a la quiebra por los capitalistas beneficiados por esos rescates. Además, el contexto en el cual se declara a Mexicana de Aviación como "inviable" es el de una campaña feroz contra los contratos colectivos de trabajo y contra cualquier conquista obrera, de la cual el Estado, a través de la Secretaría del Trabajo, ha sido activo promotor. Lo que se esconde detrás de esta maniobra es la necesidad del gobierno de descargar la crisis sobre los trabajadores. Negociar bajo chantaje Luego del anuncio de la paralización parcial de Mexicana, producto de su "inviabilidad", al proceso de cancelación de vuelos y hasta la posibilidad de que sus trabajadores trabajen sin cobrar tres meses (¡!), la empresa Tenedora K anunció la adquisición del 95% de sus acciones. Las negociaciones entre la empresa y sus trabajadores resultaron un abierto chantaje: ocho días después, el mismo grupo difundió que "detuvo" el proceso de adquisición de Mexicana bajo el argumento de que no se llegó a ningún acuerdo que pudiera mantener los costos de operación; y esto debido a que los trabajadores y sus sindicatos rechazaron, obviamente, la propuesta final: despedir al 100% de la planta laboral. Buscan que los trabajadores operen bajo la figura de contratación eventual, tercerización y sin ningún tipo de prestación de ley: la flexibilización más salvaje posible. Nada se habla de la responsabilidad de quienes fueron los dueños del consorcio aeronáutico de Mexicana. ¿Dónde está la responsabilidad de los dueños administradores de Mexicana en el saqueo? ¿Cuáles son los movimientos financieros de la empresa que ha tenido que ser rescatada en dos ocasiones? ¿Dónde queda la responsabilidad de los Gastón Azcárraga y de todo el consejo de administración? La inacción de la UNT, que ahora tiene diputados por el PRD y donde también está integrado el sindicato de sobrecargos, refleja el contubernio de la burocracia en la embestida antiobrera. Corresponde a la base trabajadora de las organizaciones que se encuentran en la UNT enfrentar la embestida, empezando por una movilización unitaria para respaldar a los trabajadores de Mexicana de Aviación, lo que también pasa por la perspectiva de recuperar sus organizaciones para la lucha y desplazar definitivamente a la burocracia. Alternativas Desde que se agudizó esta crisis, se han vislumbrado varios escenarios de salida, pero ninguno de ellos son en realidad una alternativa para los trabajadores: comprar la empresa, convertirse accionistas o flexibilizar el CCT de la mano con el concurso mercantil de la empresa. La verdadera salida es obrera. Desde el Grupo de Acción Revolucionaria lo hemos dicho en varias ocasiones: si se quiere intervenir en esta crisis decisivamente hay que atacar al capital. Planteamos la movilización y la lucha obrera en Mexicana de Aviación sobre el siguiente programa y llamamos a los trabajadores y sindicatos incorporados a dicha empresa a luchar bajo éste: 1) ni un despido en Mexicana de Aviación; 2) el respeto del contrato colectivo de trabajo; 3) confiscación de los documentos contables y administrativos de la empresa por parte de los trabajadores para fijar la responsabilidad al consejo de administración, principalmente a los Gastón Azcárraga; 4) que los saqueadores paguen con sus propiedades personales y bienes particulares la deuda contraída por Mexicana, que asciende a los 18.000 millones de pesos, así como todos los costos producto de su paralización; 5) huelga general ante la cesantía de pagos a todos los trabajadores de Mexicana y retención y vigilancia de todo el equipo; hasta el más mínimo insumo debe quedar en manos de los trabajadores; 6) la expropiación sin pago de Mexicana de Aviación; gestión obrera de Mexicana de Aviación; 7) entrega de los activos totales (aviones, equipo, control y demás) a los trabajadores junto con un fondo no reintegrable suficiente para reiniciar las labores de la línea aérea; 8) movilización obrera de la UNT, el SME, la CNTE y el sindicato minero para apoyar la lucha de los trabajadores de Mexicana. Desde el Grupo de Acción Revolucionaria (GAR), llamamos a los trabajadores a luchar por este programa y no dislocarnos en "soluciones" que dejan a los trabajadores en el desamparo total de los capitalistas y el Estado. La lucha por Mexicana está hoy a la orden del día en toda la clase obrera.

Quince días antes de las elecciones, Yasky ha salido a la cancha con el curioso argumento de que una CTA degennarista, “ideologizada y radicalizada es funcional a Moyano y no tendría competencia en el campo nacional y popular”. En la misma línea, aclara todo el tiempo que su referencia es Sabbatella y no el PJ, cosa que no lo salva demasiado porque el ex intendente de Morón fue una pieza clave en la defensa del pago de la deuda externa con reservas en el momento más crítico (y proimperialista) del gobierno. Se nota que necesita despegarse de la patota del camionero cuando éste se avalanza sobre el PJ y se anota cada día más como la columna vertebral del kirchnerismo. Pero a Yasky le pasa como al escorpión, no puede con su genio. Ante la polémica entre la UIA y Recalde por el proyecto de ley de participación de los trabajadores en las ganancias, el ladero yaskista Pedro Watseijko, del neumático, salió al instante con todo a defender el planteo de Moyano. Justamente en su gremio, que gana 14 pesos la hora (2.700 mensuales) después de paritarias con los peores regímenes flexibles de toda la industria y donde el proyecto Recalde-Moyano sería, por sobre todas las cosas, una excusa para aumentar la productividad, o sea la explotación, y para desviar la atención de los reclamos de aumentos de acuerdo con la inflación y a la canasta familiar (y esto con el macaneo de participar en las ganancias). En Firestone, donde el Sutna yaskista impuso esta variante, durante años enteros no se cobró y en otros casos fueron migajas porque las patronales manejan sus balances a gusto y piacere. El moyanismo de Yasky es indisimulable. Su copamiento de la CTA avanza a paso firme sin que el degennarismo ofrezca una alternativa, como se revela en el hecho de que frente a la gran lucha impuesta por las bases de Paraná Metal, la degennarista UOM de Villa Constitución acompaña a cuerpo muerto, sin un paro en Acindar y en toda la seccional, tratando de levantar la medida toda vez que puede. Micheli, por su lado, se fue a sacar una foto con los docentes de Quilmes (que le aportó el PCR), pero la izquierda degennarista carnereó el parazo del 1º y 2 de setiembre que hicieron los docentes bonaerenses convocados por Udocba. En tanto, sus referentes políticos, Solanas y Lozano, trenzan con el sojero Binner, que es el patrón de docentes y estatales santafesinos, y cierra filas con Kirchner y Cristóbal López ante los obreros de Paraná Metal. Micheli está tan ausente como Yasky en la lucha por la reapertura de las paritarias estatales y en la batalla por el 82%. La Lista 3 se puso a la cabeza del llamado al paro en el Suteba, acompañó desde el vamos la propuesta de los activistas de Paraná Metal de cortar la autopista –planteando una salida de fondo de reorganización industrial a cargo del Estado– protagonizó el único acto ante el Congreso por la aprobación del proyecto del 82%, está en la primera fila de la lucha de los docentes universitarios y por la reapertura de las paritarias estatales -las peores de todo el movimiento obrero: peores que las de los gordos (Sanidad cerró en el 32%), peores que la de Moyano. No hay peores paritarias que las de Yasky y Micheli. Vamos con los luchadores de la Lista 3.

La lucha del colegio Nacional de Buenos Aires estáen un impasse. Hace un mes y medio, el colegio selevantó masivamente contra la intervención impuesta por el Consejo Superior de la UBA que desplazó a la ex rectora González Gass de su cargo. Durante varios días, cordones de estudiantes impidieron el ingreso de los interventores y rechazaron la propuesta formulada por el Rectorado, que establecía que el Consejo Resolutivo del colegio elevara una terna de profesores de la cual surgiría un nuevo rector votado por el Consejo Superior. Ahora, sin embargo, el colegio volvió a la normalidad y vive de espaldas a la rebelión secundaria que recorre la Ciudad de Buenos Aires. Los interventores ocuparon sus puestos y gobiernan el colegio a la vieja usanza. A la vez, el Consejo Resolutivo aceptó elevar la terna solicitada por el Rectorado, estableciendo la modalidad de elección directa y ponderada para la elección de los postulantes. La dirección del Centro, que antes rechazaba esta política, ahora pasó a calificarla de “triunfo histórico”. ¿Que pasó para quelas cosas dieran semejante giro? Aunque la movilización del colegio tuvo como protagonistas centrales a los estudiantes, fue un sector de los profesores, que se presenta como su aliado, el que orientó el conflicto y el que comenzó a bombearlo al plantear la necesidad de dejar ingresar a los interventores y buscar un acuerdo para elevar la terna que solicitaba el Rectorado. La pretensión evidente era valerse de la lucha para terminar colocando a uno de los suyos como candidato a rector, forzando un acuerdo de cúpulas con Hallú. Una y mil veces, la trampa de la terna Este giro de los profesores fue acompañado por la dirección del Centro de Estudiantes, integrado por agrupaciones afines a La Mella: acordaron que el Consejo Resolutivo se reuniera, presidido por los interventores nombrados por Hallú, y elevar al Rectorado una terna electa por sufragio de todos los claustros, pero ponderada según la representación del Consejo Resolutivo, donde los profesores tienen mayoría absoluta. Además, votarán graduados y no docentes. Esto modifica el planteo del Rectorado, que pretendía que la mentada terna de candidatos saliera de una votación limitada al Consejo Resolutivo. Hallú todavía no se ha pronunciado sobre esto, que puede reabrir la crisis. La dirección del Centro de Estudiantes, sin embargo, dio un enorme retroceso: archivó el reclamo histórico de conformar un Consejo Directivo democrático del colegio (que pudiera elegir su propio rector y tener las atribuciones que hacen a un cogobierno estudiantil-docente); dejó ingresar a las autoridades y, por último, se encerró a debatir el proyecto aprobado por el Consejo Resolutivo, al que, en un exabrupto, calificó de “triunfo histórico”. Con este pretexto, las agrupaciones afines a La Mella lograron que el principal colegio de la Ciudad le diera la espalda a la rebelión secundaria más importante de los últimos años. Es necesario dar un viraje y poner al Buenos Aires en sintonía con la lucha de los secundarios de la Ciudad de Buenos Aires. Sólo de la unidad en la lucha de un movimiento de masas de la juventud podremos obtener nuestras reivindicaciones. Fuera la intervención. No al Consejo Resolutivo con mayoría profesoral. Cogobierno docente-estudiantil.

La candidata oficialista (del gobierno de Lula) Dilma Roussef ha superado, en las encuestas electorales, el 50% de las intenciones de voto, lo que anticiparía una victoria ya en el primer turno de octubre, como sucedió en 1998 (cuando el derechista Fernando Henrique Cardoso derrotó a Lula). La candidatura “opositora” de José Serra (PSDB) ha descendido a porcentajes en torno del 30%, después de haber superado el 40% en los meses precedentes. En sus últimos programas de TV, Serra prefirió mostrarse en viejas fotografías al lado de... Lula. Se anticipa también un aumento significativo de la bancada parlamentaria del PT (tanto en la Cámara como en el Senado), aunque sin mayoría propia. El panorama electoral le es tan favorable, que Lula se empeña ahora en forzar un segundo turno en las elecciones para gobernadores en los estados de San Pablo y Minas Gerais, bastiones tradicionales de la oposición, y en Rio Grande do Sul, gobernado por el PSDB en los últimos años. El proceso electoral es el más despolitizado que se pueda concebir: una gran cantidad de ex futbolistas, artistas de variedad, cómicos de TV y hasta modelos eróticas de revistas “masculinas” (prostitutas de alto precio) se presentan en las listas de todos los partidos (los que se libraron a una verdadera caza de este tipo de especímenes), varios(as) con grandes chances de ser elegidos diputados o senadores. El circo electoral, esta vez, precede claramente al circo parlamentario. Las explicaciones de los analistas sobre el “fenómeno Dilma” (la transferencia de los votos de Lula a ella) apuntan básicamente a cuestiones económicas: la relativa “suavidad” de la crisis mundial en Brasil (algo con lo que los cuatro mil despedidos de la Embraer, por ejemplo, no estarían de acuerdo) y los programas sociales (“Bolsa Familia” y otros) que habrían obrado como un “colchón” para la demanda interna. Esos programas, que no consumen más que 0,4% del PBI, fueron financiados por las exportaciones primarias y las “sobras de caja” fiscales de 2002-2008. Las causas del “fenómeno”, sin embargo, son principalmente políticas. La oposición (PSDB y aliados) no tiene un programa alternativo: el programa de la burguesía y el capital financiero fue ejecutado por Lula en sus ocho años de gobierno -que contó con más representantes directos del gran capital de toda la historia republicana del Brasil. La recaudación de fondos (empresariales) para la campaña electoral de Dilma es el doble (casi cien millones de dólares declarados) que la de Serra. La candidatura “ecológica” (PV) de Marina Silva, ex ministra de Lula, con 8-10% de las intenciones de voto, “comió” votos a la izquierda (Heloísa Helena, del PSOL, la apoya explícitamente) y también a la derecha, captando votos “ambientalistas” conservadores. A pesar de que las políticas de Lula favorecieron al gran capital financiero, la izquierda (“a la izquierda del PT”) tampoco es una alternativa, pues se dividió en torno de cuestiones electoralistas (“densidad” o “perfil” de las candidaturas) y de aparato, no de programa ni de políticas, y en sus tres expresiones tomadas mínimamente en cuenta (PSOL, PSTU y PCB) ni siquiera critica al gobierno de Lula en su propaganda electoral televisada. Se limita a proponer algunas reivindicaciones generales (a veces secundarias) y el “socialismo”, como si estuviera en otro país. En los debates de la TV, sólo Plinio de Arruda Sampaio (candidato presidencial del PSOL) criticó a Lula, una actitud más personal que de su propio partido. Ninguna de las tres expresiones de esa izquierda llega al 1% de las intenciones de voto. No es una cuestión coyuntural, que sería rápidamente superable. Es la culminación de tres décadas (desde la fundación del PT) de culto a la maniobra de corto alcance y de privilegio a la construcción del aparato (o, mejor, del aparatito) propio. Importa a esas corrientes sobre todo la manutención, por vía sindical o institucional, del flujo de dinero que financia a algunas centenas de “profesionales de la revolución (democrática)”, deformación grotesca del concepto leninista, que sirve de ideología al diletantismo lumpen “de izquierda”. La “extrema izquierda” brasileña, que llegó a presentarse como punto de reagrupamiento internacional, está reducida a la insignificancia política. Lula no tiene competidores a su izquierda. No pocos analistas hablan de “mexicanización” del país, con el PT haciendo el papel de un PRI, como un títere de Lula. Este, a su vez, está totalmente alejado del PT (del que Dilma jamás participó). El gobierno de una camarilla bonapartista; sin embargo, sumado al retroceso de la oposición, amenaza transformar al PT y a la coalición lulista en un campo de batalla por el control del presupuesto estatal, que se encuentra menguado debido a la crisis mundial (esa que, según la “izquierda”, todavía “no llegó” al Brasil). El déficit en la cuenta corriente del país tendrá un récord histórico este año, la deuda externa ha crecido casi 14% en el primer semestre, durante el cual la fuga (oficial) de capitales ha superado los 15 mil millones de dólares. El PSTU, sin embargo, comienza su programa afirmando que... ¡“la crisis económica acabará alcanzando al Brasil”! (sic). Frente a la perspectiva de una debacle económica, el programa (mejor, el expediente) de la burguesía brasileña es el mismo que el del gobierno (por eso prefiere no cambiarlo): la entrega sin precedentes de los recursos energéticos, a través de la “capitalización” de Petrobras, “argentinizando” más que “mexicanizando” al país; o sea, transformándolo en una semicolonia de exportaciones primarias. El movimiento de masas (con sus organizaciones hiper-burocratizadas) no consigue superar su largo retroceso (el Conclat de la izquierda sindical sumó un nuevo fracaso en ese sentido): la reconstitución de una izquierda revolucionaria es esencial para dotarlo de una perspectiva de lucha independiente.

Según Héctor Recalde, "de la década del ’90 quedaron la ley de accidentes de trabajo, algunos aspectos de la ley de quiebras, la ley de conciliación obligatoria y la ley de empleo con algunas modificaciones" ( La Nación , 4/7). Es decir, para el asesor de la CGT "queda poco de la reforma (laboral) de los noventa". Sin embargo, y sin ir más lejos, Recalde se desmiente a si mismo Recalde si se tienen en cuenta los proyectos laborales que tienen su firma y que el Congreso se niega a tratar por decisión del Ejecutivo K. Entre ellos, el que plantea la reducción de la jornada de trabajo a ocho horas diarias, derogando lo establecido en convenios colectivos flexibilizados de los noventa, de los cuales Recalde "pone el ejemplo del sector minero que establece en uno de sus convenios de empresa 2.400 horas de trabajo al año" ( El Cronista , 10/8). O el proyecto que plantea la restitución del derecho a la indemnización mínima de dos meses de sueldo sin importar la antigüedad, una conquista que "tuvo vigencia en la Argentina desde 1933 hasta 1998, durante más de 50 años" (ídem). O el que propone la derogación del régimen laboral específico para las pymes que permite fraccionar el aguinaldo, computar un solo mes de preaviso en caso de despido, definir categorías convencionales diferenciadas de los convenios, etc. O el que plantea derogar la norma por la que los trabajadores de una empresa en convocatoria de acreedores pierden los beneficios del convenio aunque no se suspende ninguna obligación de otro orden. Recalde y la burocracia de la CGT y de la CTA esgrimen como un avance histórico la derogación de la Ley Banelco y, en particular, la eliminación de los contratos "basura". Pero la ley sustituta habilita la vigencia de las pasantías y el aprendizaje, contratos basura de uso permanente en las grandes empresas. La ley del gobierno "nacional y popular", por otra parte, no impide el fraude cometido con el período de prueba contratando sucesivamente a distintos trabajadores para un mismo puesto de trabajo permanente, ni la contratación por agencia, que llega a superar el 50% del personal en numerosas empresas. Quizás el dato más demoledor es que, en siete años de gobierno K, el trabajo en negro no baja del 35% y este porcentaje se duplica en el campo.

El jueves 26 de agosto, en el Aula Magna del Hospital Posadas, se presentó la Lista 3 para las elecciones de la CTA de la regional Morón-Hurlingham-Ituzaingó. Estuvieron presentes trabajadores estatales de ATE Anses, del Hospital Posadas, del Inta, docentes del Suteba, profesionales de Cicop; también una delegación de los compañeros de la Lista 3 de Merlo/Moreno y trabajadores de la UOM, quienes brindaron un saludo apoyando la constitución de una lista alternativa y clasista para todo el movimiento obrero, sea o no de la CTA. La intervención central estuvo a cargo del compañero Néstor Correa, miembro de la mesa nacional de la Conadu Histórica y candidato a secretario general a nivel nacional por la Lista 3, Correa planteó que hace cuatro años nos presentamos denunciando que “Yasky va a llevar a la estatización a la CTA, el degennarismo acompañó todo ese proceso y hasta último momento intentó un acuerdo en vano con Yasky”. El copamiento kirchnerista y su asociación con Moyano son el resultado de una política conjunta de toda la dirección de la CTA, hoy divididas. Este proceso se ve reflejado en el distrito, la central “alternativa” nunca llamó a los trabajadores de los diferentes gremios a un plan de lucha común, todo lo contrario; por ejemplo, en el Hospital Posadas los dos gremios pertenecientes a la CTA (ATE/Cicop) se han encargado de convocar a los paros en días diferentes. La conclusión es reconstruir la central local sobre nuevas bases de clase. Bajo esta perspectiva, el plenario regional resolvió la constitución de comités de apoyo a la Lista 3, una campaña de pintadas en todas las reparticiones y escuelas, la salida de una declaración regional y la obtención de fiscales para garantizar el voto de todos los trabajadores.

Pasadas ya tres semanas, la rebelión de los secundarios de la Capital sigue cuesta arriba y ganando nuevos aliados. La movilización del viernes fue imponente. Millares de jóvenes, 4 mil según los medios de comunicación. A los secundarios, que concurrieron en varios casos acompañados por sus padres y docentes, se sumaron los universitarios de la Facultad de Sociales y del Iuna. En colegios como el Acosta o el Normal 10, los estudiantes terciarios se han sumado decididamente a la lucha. Escuelas que no tenían centro de estudiantes, como el Comercial 8 o el Normal 11, se están organizando al ritmo febril del estudiantazo. Pero hay un dato que marca la escalada: a la primera reunión con Bullrich concurrieron 20 colegios; a la segunda 33 y a la del viernes pasado ¡54! “Todos o ninguno” Durante la reunión, Bullrich presentó planes de obra para cada uno de los colegios que habían participado de la reunión anterior. No había respuestas para la veintena de nuevas escuelas que se habían sumado. Pero ese no fue el único problema. La mayoría de los planes estaban incompletos y no contemplaban la totalidad de los reclamos. Muchas veces las obras no tenían fecha de iniciación ni estaban licitadas. Los pibes, sabios, exigieron que todas comenzaran antes del receso escolar. Enfrentando a los secundarios, Macri no consiguió otra cosa que masificar la lucha estudiantil. Por eso ahora Bullrich echa lastre, dando concesiones a los colegios más combativos y organizados, para sacarlos de la lucha. Sudestada (Libres del Sur), la pata estudiantil de Pino Solanas, propuso que se levantaran las ocupaciones de los colegios a los que se había otorgado las obras reclamadas. Actúan en la onda del ministro de educación K, Sileoni, que llamó a los secundarios a “volver a clases”, a pesar de que todavía no se consiguió el conjunto de las demandas.Esta posición fue rechazada por la Cues, que llamó a defender la unidad de los secundarios en lucha bajo la consigna “todos o ninguno”. De esta manera, lo conquistado servirá para seguir alimentando el movimiento. Nacionalizar el estudiantazo El crecimiento objetivo del movimiento y las obras conseguidas sirvieron para saldar el debate que se había producido al interior de la Cues, cuando el bloque encabezado por la UES (K), Lobo Suelto (La Mella) y Sudestada propuso una semana de tregua, levantado las tomas. La conveniencia de haber apostado a la continuidad de las tomas está a la vista. Sileoni pide “terminar el año en paz” porque tiene terror a que se contagie el estudiantazo al resto del país, poniendo en cuestión el conjunto del régimen anti-educativo, heredado de la dictadura y el menemismo y perpetuado por las leyes K. El próximo 16 de septiembre, aniversario de la Noche de los Lápices, será la oportunidad para unificar en la calle un movimiento educativo de carácter nacional. Nacionalicemos el estudiantazo contra todos los gobiernos que destruyen la educación.

El Banco Central acaba de anunciar que emitirá 20 mil millones de pesos más de los originalmente previstos hasta fin de año. Aunque el gobierno diga que es para “sostener la recuperación económica”, el empapelamiento es para apuntalar al capital financiero a costa de trabajadores, jubilados y consumidores. En esto ha devenido el famoso “modelo productivo” kirchnerista. Según Cristina K, la torta de nuevos pesos servirá para “acumular reservas”. Pero las reservas actuales superan en mucho a las necesidades de divisas de la economía, en materia de importaciones o de otros gastos con el exterior. El amontonamiento de reservas sirve para mantener el dólar “planchado” y, en esa medida, operar como garantía para la especulación capitalista, que ingresa dólares para hacer sus negocios y necesita asegurarse de que podrá volver al dólar cuando quiera. Esta “caja” ya permitió que se fuguen más de 50 mil millones de dólares entre 2007 y la actualidad, y otro tanto para cumplir con las “obligaciones” de la deuda. Adicionalmente, el Central paga tasas usurarias al sistema bancario para reabsorber una parte de los pesos que emite. Se trata de una descapitalización sin precedentes, en manos de un gobierno que se ufana de construir un auténtico “capitalismo nacional”. Quiebra del Estado Hasta hace poco, este mecanismo se financiaba con el superávit fiscal, que servía para pagar deuda y hacer “caja” con las reservas. Pero la canilla se secó. La emisión del Banco Central, junto a la plata de la Anses, también debe bancar el déficit fiscal, que crece bajo la carga de la deuda pública, por un lado, y de los subsidios al capital por el otro. Un ex apologista del modelo, Jorge Todesca, acaba de reconocer que el desajuste fiscal “comenzó cuando retornaron las obligaciones de pago de la deuda externa” ( Clarín , 5/9). O sea que el modelo del "desendeudamiento" termina apretado bajo las mismas clavijas que atornillaron a Alfonsín, Menem o Cavallo. Pero, por otra parte y en los últimos cuatro años, “los subsidios a empresas privadas (energía, transporte, agroindustrias) se sextuplicaron” ( La Nación , 2/9). En el caso de las tarifas, los subsidios le aseguran a los privatizadores los mismos beneficios de la década neoliberal, aun cuando en la mayoría de esas actividades la inversión ha sido estatizada. A través de la inflación, el kirchnerismo le traspasa la factura de los subsidios y de la deuda pública a trabajadores y consumidores. Los defensores de “vivir con lo nuestro” han armado, así, un doble patrón monetario, que dolariza los beneficios de la especulación al tiempo que pesifica, y desvaloriza, los ingresos de trabajadores y jubilados. La oposición patronal no ve con malos ojos esta “cavallización”, sólo alerta que es incompatible, en última instancia, con la tentativa de seguir bombeando moneda para sostener el gasto. Por eso, propugna un ajuste fiscal y un enfriamiento económico. Pero, ¿a dónde van los K? Una reciente solicitada de las empresas de generación eléctrica denuncia a las tarifas, según ellas, “irrisorias”, que sólo se mantienen con subsidios. Pero fue el gobierno el que exigió “su publicación, para evaluar la reacción y abrir el camino a la eliminación de los subsidios” ( La Nación , 3/9), o sea, a un tarifazo. Esta “normalización”, que exigen el FMI y el capital financiero para que Argentina vuelta a los mercados, no es ajena a los planes oficiales. La crisis mundial y los K Con sus reservas en alza, los bancos centrales de los países emergentes se han convertido en depósitos de muchos de los dólares emitidos en el último año y medio para salvar a los bancos quebrados. La Argentina se ha subido a ese proceso, a través del ingreso de capitales especulativos o del aumento –también especulativo– de los precios de sus materias primas. El kirchnerismo celebra el mismo “efecto riqueza” que prometía el menemismo. Pero la "plata dulce" terminó como terminan ahora Islandia o Grecia, y como seguirán España y otros países europeos. Al parasitismo oficial, que sirve al capital financiero, le oponemos un programa de rescate de los intereses obreros y nacionales: desconocimiento de la deuda externa; con esos recursos, recapitalizar la Anses, para asegurar el 82% móvil; nacionalizar la banca y el comercio exterior, para colocar las reservas nacionales en función de un plan de industrialización bajo dirección de los trabajadores.

La lucha que desde hace 16 meses venían llevando adelante los trabajadores autoconvocados de la salud concluyó con la firma de un acuerdo entreguista con el gobierno. El aumento salarial, la principal reivindicación, fue dejada de lado. Fue sustituido por la mejora en un ítem no remunerativo y no bonificable, denominado “aporte social”, que va a implicar para el grueso de los trabajadores de la salud un aumento de bolsillo inferior a los 100 pesos. Una miseria, sobre todo si se tiene en cuenta que los trabajadores de la salud pública sólo recibieron en el curso de 2010 un aumento del 16% a principio de año, por vía de un acuerdo que firmó Atsa con el gobierno. Los firmantes presentan como un logro un acuerdo de “desprecarización”, pero esto ya había sido arrancado en 2009 y contemplado en el acta-acuerdo que se firmó entonces. Lo que los firmantes han ocultado a los trabajadores es que el nuevo acuerdo establece una política de “paz social” y colaboración con el gobierno a través de los Consejos Técnicos Asesores “como herramienta de colaboración con las direcciones de los centros de salud”. La dirigencia se va a transformar así en una suerte de gendarmería contra los trabajadores de la salud para que se cumpla el acta-acuerdo, y avanza rápidamente en una política de integración al Estado. Este acuerdo fue impulsado por un bloque de delegados alineados con el frente degennarista que se va a presentar en las próximas elecciones de la CTA. Este bloque de delegados autoconvocados cuenta con dirigentes identificados con el MST, PCR, la UCR y el justicialismo disidente, los que se presentan como la dirección del Sitas (Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud), un sello burocrático en formación bendecido por el Fesprosa y la CTA. El propio Sitas ha pasado a funcionar en la sede de una línea interna de la UCR. Alperovich saludó la terminación del conflicto declarando que el gobierno ve con buenos ojos que los trabajadores de la salud autoconvocados se afilien al nuevo sindicato que impulsa este bloque conciliador. El gobierno se orienta a fortalecer a una naciente burocracia que ya ha dado muestras de su capacidad y falta de escrúpulos para disciplinar la lucha reivindicativa más importante de las últimas décadas, incluso expulsando delegaciones opositoras de los plenarios interhospitalarios, acciones de censura y patoterismo. Pero no están dichas las últimas palabras. En varios hospitales, las asambleas realizadas rechazaron el acuerdo. Desde el Hospital Avellaneda ha surgido la iniciativa de convocar a un plenario de delegados de base para defender al movimiento autoconvocados -hoy más amenazado que nunca por la burocracia “autoconvocada” del Sitas, la que pretende avanzar para sustituir la continuidad del movimiento por su sello burocrático- y para discutir cómo se reagrupan las fuerzas para replantear la lucha por las reivindicaciones pendientes, en especial el aumento salarial, el 82% móvil, la insalubridad y para apoyar a la Lista 3, la cual integran, entre otros, delegados autoconvocados que han estado a la cabeza en el rechazo a lo acordado con el gobierno.

Con más de 5.000 convenios firmados con empresas privadas, la UBA se ha convertido bajo la gestión del kichnerista Hallú en una gran fuente de negociados capitalistas mediante diversos tipos de “convenios”, amparados en la Ley de Educación Superior menemista sancionada en 1995, el que sigue vigente. El trámite de los convenios, además, ha seguido un curso irregular: se acumularon ya alrededor de 500 convenios “vencidos” (es decir, ejecutados) entre facultades con diferentes tipos de empresas privadas, que nunca fueron aprobados por el rector o el Consejo Superior. ¡Pero éste era el requisito para que entren en vigor, según el estatuto universitario! De manera grotesca, este mecanismo se puso de manifiesto cuando se intentó, en una de las sesiones de este año, aprobar un convenio con una AFJP ya desaparecida. Junto a los de las AFJP, existen convenios de este tipo con Elea, Monsanto, Cargill y la aceitera General Deheza, entre otros. La ilegalidad sobre la que funciona la UBA, no obstante, no está dictada por un atraso en trámites de tipo burocráticos, sino que responde a una orientación capitalista muy concreta. El pacto entre los radicales y los kirchneristas al frente de la universidad sólo puede entenderse sobre la base del reparto de los negocios que genera cada una de las facultades a través de la venta y usufructo de los recursos humanos, científicos y tecnológicos de la universidad. Ante la puesta en evidencia del ilícito, las camarillas decidieron “blanquear” los negociados realizados de a cientos con empresas privadas, modificando en el último Consejo Superior la reglamentación vigente. A partir de la resolución 30197/10, los convenios específicos podrán ser aprobados por los decanos sin necesidad de paso por el Consejo Superior. De esta forma, “los recursos que ingresen por su ejecución (convenio) integrarán las subcuentas del financiamiento 12-recursos propios de la dependencia respectiva”. Además, “el organismo co-contratante no sólo deberá aportar los fondos para el desarrollo del programa, sino también abonar lo pertinente por la labor a desarrollar por la facultad”. Esta resolución, de todos modos, “deja pagando” a todo lo hecho hasta ahora, que no contaba con ningún aval. La nueva resolución extiende un fraude fenomenal por medio del cual las “facultades” son utilizadas como una suerte de testaferros por empresas privadas y otros organismos estatales o privados para ahorrarse un proceso de licitación y el pago del IVA. La resolución establece, además, que “la propiedad de los resultados intelectuales alcanzados será establecida en los convenios específicos”, lo que permite que puedan quedar casi o en su totalidad en manos de los privados. Las cuestiones a negociar son tan poco transparentes que como parte de los convenios existen cláusulas de confidencialidad sobre “los aspectos metodológicos y científicos”. La nueva reglamentación favorece la profundización de la injerencia capitalista en la universidad, legalizando la penetración del capital en la universidad pública y gratuita a límites nunca vistos. Este mecanismo de entrega ahora estará en manos de las camarillas locales de cada facultad, sin necesidad de pasar por el Consejo Superior. Es decir, al margen de cualquier tipo de control central. Para los capitalistas, esto también es una gran noticia. El próximo jueves 30 de septiembre, la Fuba se movilizará a la Rural, donde funcionará la ExpoUBA, para denunciar la complicidad entre kirchneristas y radicales para avanzar en la privatización de la universidad, realizando un juicio político público a Hallú y las camarillas del Superior que ponga de manifiesto la privatización, los negociados, la corruptela y el manejo camarillesco de la universidad.

Finalmente, después de varios meses de tiras y aflojes,de sesiones que se cayeron por falta de quórum, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de protección de glaciares presentado por Miguel Bonasso, similar al que fuera vetado en 2008 por Cristina. Ahora, elproyecto deberá pasar por el Senado, que había aprobado en su momento por unanimidad otro proyecto presentado por Filmus. ¿Victoria opositora y derrota oficialista? ¿Victoria de lacausa ambiental y popular y derrota del lobby minero? Senado y provincias El lobby minero, con los gobernadores de las provincias cordilleranas y los funcionarios mineros nacionales, armó una estrategia para quitarle peso a la eventual aprobación de la ley en debate. Esto se puso en marcha a la vuelta del viaje de Cristina a Canadá, donde almorzó con Peter Munk, CEO de Barrick Gold, y directivos de otras empresas mineras que operan en el país, junto a esos gobernadores y funcionarios. Como resultado de ese entramado, las distintas provincias vienen aprobando a libro cerrado y en tratamiento exprés leyes provinciales, calcadas una de otra, para proteger en realidad el saqueo de la gran minería contaminante. En la ley de San Juan, por ejemplo, con el voto unánime de la Legislatura (incluidos los peronistas disidentes), se aprobó que los proyectos en marcha (Veladero y especialmente Pascua Lama) quedaran automáticamente excluidos de los alcances de la ley, por ser preexistentes. En Salta, solamente se opuso la bancada del Partido Obrero (ver PO Nº 1.141, 12/8, en Internet). El Senado es otro escenario de esta estrategia; aquí las provincias cordilleranas cuentan con el apoyo de los senadores oficialistas, como de los radicales de Catamarca, y de los peronistas federales de San Juan y de Salta –falta ver qué harán los de Chubut (Di Perna y Guinle), que según el Diario de Madryn (13/8) “están en una etapa de análisis”. Ianiglia El proyecto aprobado en Diputados establece que el inventario y el control de las zonas protegidas queda a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias ambientales (Ianiglia), mientras los diputados cordilleranos querían dejarlo en manos de las provincias. El Ianiglia, sin embargo, depende del gobierno nacional, que responde a los intereses de las mineras. Uno de sus técnicos, Pitte, “realizó en 2005 el inventario de glaciares en la zona del Río las Taguas (donde operan Veladero y Pascua Lama) por encargo de la Secretaría de Minería local. Respecto de la minería en zonas periglaciares, dijo que, una vez inventariada, esa zona se puede evaluar si determinado proyecto puede afectarlo. Agregó que lo primero es definir qué es periglaciar –dice que hay muchas definiciones– y que el Ianiglia decidió enfocarse sólo en los llamados “glaciares de escombros”; es decir, con suelos o nieves permanentes, “que se mantienen bajo cero por dos años consecutivos”, para luego realizar el inventario. Dijo que en San Juan hay un inventario de glaciares, pero falta el de zonas periglaciares” ( Diario de Cuyo , 12/8). Es decir que, según el técnico del Ianiglia, la definición de periglaciar es netamente restrictiva y que hay que hacer “un nuevo inventario” en las zonas donde se asientan Veladero y Pascua Lama. Es el cuento de la buena pipa. ¿Derechos adquiridos? La celeridad en la aprobación de las leyes provinciales ha apuntado claramente a cuestionar judicialmente la vigencia de la ley nacional. O sea que el marco legal quedará en el limbo por un tiempo largo. El diputado de San Juan, Daniel Tomas, presidente de la Comisión de Minería de Diputados, declaró que “la ley (del Congreso) es anticonstitucional, ya que el Congreso sólo puede dictar presupuestos mínimos” ( Diario de Cuyo , ídem). La estrategia del lobby está clara. Hoy hay dos megaemprendimientos mineros en curso: Pascua Lama y Potasio Río Colorado, ambos con inversiones superiores a los 3 mil millones de dólares. El primero, en San Juan, en la alta cordillera, hubiera debido quedar afectado por la ley de 2008, que fuera vetada por Cristina ese mismo año. Desde entonces, el gobierno nacional y el provincial se encargaron de darle todos los permisos, incluso aprobarle la DIA (declaración de impacto ambiental) de modo que hoy el proyecto está en plena etapa de construcción y, leyes provinciales mediante, apelará a los derechos adquiridos. El diputado sanjuanino Ibarra, ex giojista y actualmente alineado con el peronismo disidente, aunque votó a favor en Diputados, declaró en la televisión sanjuanina que Veladero sigue y pidió que (las mineras) se queden tranquilas ( Diario de Cuyo , ídem). El de Potasio Río Colorado es un yacimiento adquirido por Vale, el gigante minero con base en Brasil. Desde entonces, consiguió en tiempo récord los permisos provinciales y nacionales, así como la DIA que le habían retaceado al ex propietario, la minera Río Tinto. Como no está en la cordillera sino en la naciente del Río Colorado, no está afectado por el proyecto de ley actual, aunque amenaza a las cuencas del Colorado y del Río Negro por su elevada salinidad y su gigantesco consumo de agua y de energía. Esto fue denunciado por las asociaciones de rigantes de ambas cuencas y no fue considerado por los gobiernos de Mendoza y Neuquén, en cuya frontera se encuentra el megaproyecto. Pero como lo declararon los presidentes del Mercosur en su reciente cumbre, la minería es política de Estado para bolivarianos, lulistas, K y pinochetistas. Perspectivas Las maniobras alrededor de esta ley ponen de relieve que las movidas en el Congreso serán neutralizadas por los pulpos mineros con el concurso de los gobiernos provinciales, sus partidos oficiales y opositores, y el gobierno K. La lucha ambiental está más que nunca en el orden del día: hay que arrancar la paralización de los proyectos mineros y, a partir de aquí, pasar a hacer los inventarios que correspondan bajo el control del movimiento ambiental, de las poblaciones afectadas y de los trabajadores, para que se hagan efectivos sus reclamos contra la destrucción del medio ambiente y el saqueo de nuestros recursos naturales.

La Lista 7 oficialista de la CTA Rosario ha decidido postular al degennarista Jorge Acedo en el orden provincial y a Gustavo Teres en el orden local. La Lista 7, que en las elecciones pasadas de la CTA integró la Lista 2 de oposición a Yasky y De Gennaro, ahora ha decidido pegar sus listas con la 1 de Micheli. La decisión profundiza el retroceso político de la CTA de Rosario. De Gennaro es co-responsable junto a Yasky de la bancarrota de la CTA. Mientras Yasky ata el futuro de la central a una alianza política con los Kirchner, la lista de Micheli-De Gennaro quiere atar su destino a la alianza con otro bloque político patronal del que participan, entre otros, Binner, Alfonsín, Proyecto Sur, el GEN y la Federación Agraria. En función de esta orientación estratégica, en su momento, la CTA Rosario reivindicó haber colaborado para que el PJ fuera relevado en el gobierno provincial por el Frente Cívico binnerista. Posteriormente, Acedo salió a defender al gobierno del Frente Cívico y postuló a Binner como “un buen candidato presidencial para 2011”, en el mismo momento en que miles de docentes y estatales estaban en huelga por el salario contra este gobierno negrero. La CTA Rosario defendió con uñas y dientes la ley de los truchos comités mixtos de Seguridad e Higiene del binnerismo, colaborando en su redacción y propaganda e integrando “técnicos” al ministro de Trabajo, pero en ningún momento denunció que este gobierno sigue mirando para otro lado mientras decenas de obreros mueren por accidentes laborales, como ocurrió en la construcción en Rosario o en empresas tercerizadas, aceiteras y camioneros del cordón de San Lorenzo. Todo lo que hacen es amenazar a las empresas con “sanciones económicas” que, además, son irrisorias. Es esta política de “apoyo crítico” al binnerismo es la que explica por qué la CTA Rosario nunca convocó a un paro regional en momentos en que estaban las condiciones y era necesario. No lo hizo cuando luchas emblemáticas así lo reclamaban, como fue la huelga y ocupación de la planta de ICI en San Lorenzo, el Lavadero Virasoro, Mahle, Paraná Metal, o por el salario y la reapertura de las paritarias. Binner definió claramente que sus aliados no son los trabajadores sino los grupos agroexportadores como Vicentin, Cargill, Dreyfus y otros, a los que les permitió que impongan sus propias leyes de flexibilidad laboral en los puertos y cordones industriales. Pactó con el reutemismo para mantener la impunidad de los asesinatos de 2001 y descargar la crisis sobre los trabajadores con tarifazos e impuestazos. Arregló con la burocracia de Maguid para que siga manejando las cajas negras y la estructura del Estado. Se enfrentó a las luchas de los maestros y estatales por el salario y el pase a planta. Binner le soltó la mano a todos los conflictos obreros como Mahle, Balbazoni y Paraná Metal, solamente para nombrar algunos. Los activistas de la CTA deben saber que esta decisión de la Lista 7 de integrarse a la Lista 1, con boleta pegada, es un golpe a sus propias reivindicaciones. Los integrantes de la desaparecida Lista 2 han llegado a conclusiones políticamente similares, aunque han elegido caminos dispares. Todos los que plantearon “cavar trincheras” con la burocracia sindical desde una organización independiente (MIC) han decidido disolver esa organización independiente y contribuir con las listas de la burocracia sindical. Unos han elegido a Yasky, otros a De Gennaro. La línea la conocemos: plenarios discursivos y ni un paro real por Malhe, Virasoro, Paraná Metal, ni por la reapertura de paritarias en ATE. Es necesaria otra orientación para la CTA Rosario. Por un Congreso de Bases de la CTA. Por la ruptura con el gobierno provincial, por un plan de lucha que supere las marchitas de apoyo y defienda un programa de independencia de las patronales y de sus gobiernos. Hay que rechazar el acuerdo con De Gennaro votando la Lista 3, una perspectiva clasista y de lucha.

La Facultad de Sociales se sumó con todo a la lucha de los secundarioscon una toma generalizada de todas sus sedes, luego de que la últimasemana se cayera un vidrio en el hall de entrada de la sede principal. La toma fue resuelta luego de realizarse asambleas masivas en las tres sedes en las que se encuentran actualmente divididas las carreras. Las gremiales docentes y no docentes ofrecieron todo su apoyo a la lucha estudiantil. El decano kirchnerista, Caletti, atribuyó la lucha estudiantil “a internas políticas entre las agrupaciones estudiantiles” (igual que Macri). Pretendió, además, deslegitimar la lucha aduciendo que, por detrás de ella, se encontraba la exigencia de un subsidio de 80.000 pesos para el Centro de Estudiantes. Las asambleas repudiaron esta maniobra, a la que lamentablemente se sumó la actual conducción del Centro (la agrupación La Mella), que llamó a levantar las tomas para que puedan funcionar las comisiones del Consejo Directivo donde se encuentra en debate el mentado subsidio. Más todavía, propusieron un voto de repudio al volante de la UJS-PO, que llamaba a continuar las medidas de lucha hasta tanto el decano diera una respuesta al problema edilicio. El macartismo fue tal que muchos compañeros de La Mella se negaron a votar la moción, que terminó rechazada por abrumadora mayoría. También fueron derrotados cuando propusieron el levantamiento de las tomas. No tuvieron otra alternativa que reconocer que las tomas cuentan con “un apoyo total” y que ésta “es la medida de lucha más masiva de los últimos ocho años” (¡a la cual le dieron la espalda!). Una facultad de Sociales bajo control estudiantil recibió el sábado 4 a los estudiantes secundarios organizados en la Cues para coordinar la lucha contra los Macri y los Kirchner, responsables por igual del hundimiento de la educación pública.

A 60 días de levantamiento del corte y ante la constatación de que ambos gobiernos no habían cumplidonada de lo reclamado en materia de control ambiental de Botnia, los asambleístas volvieron a la ruta 136. Se sigue incumpliendo la aplicación del Código Aduanero, no hay control de los camiones que transitan porla ruta 14 ni de los buques que navegan por el Río Uruguay desde y hacia el puerto privado de Botnia-UPM; tampoco se cumplió con el reclamo para que serealice la difusión masiva de todas las pruebas presentadas ante La Haya, que demuestran la contaminación de Botnia. Los monitoreos (doce anuales) sehan transformado en una burla y en una forma elegante de darle largas al tema ambiental, encubriendo el propósito fundamental que es el análisis continuado de la inmensa producción de Botnia. El gobierno argentino ha lanzado una campaña feroz contra los asambleistas: sigue adelante con las causas penales contra sus principales dirigentes para atemorizarlos y desmovilizarlos. La oposición patronal ya ni siquiera coquetea con el corte, Clarín y La Nación dedican más espacios a la división de la asamblea que al análisis de los argumentos esgrimidos por ella. En los últimos dos meses, además, ha habido un gran incremento de la entrega de madera e implementos a Botnia tanto por el puerto como por la ruta, lo que evidentemente ha incrementado las posibilidades de producción. Por lo tanto, se ha acentuado una contaminación que llegará, como sucede con todas las papeleras grandes del mundo, después de un período de tiempo, por saturación. Por ahora, no se hace entrega de madera argentina a la pastera vía Gualeguaychú, pero tiene importantes dimensiones la que se hace por Paysandú-Colón y la de las barcazas desde Corrientes al puerto de Botnia. La entrega de madera desde la Argentina “nivela” para la multinacional el equilibrio entre el desmonte y nuevos plantíos de eucaliptos en el Uruguay, que fue alterado por el largo corte de la asamblea. La creación de apuro de más de 60 aserraderos en la zona norte de Uruguay fue una respuesta para cubrir la enorme voracidad de la producción. Los mismos, en su gran mayoría, tienen condiciones muy precarias de seguridad de sus trabajadores, bajo la mirada permisiva del gobierno de Mujica. Los también “despreciados” ambientalistas uruguayos denuncian que los trabajadores forestales en su gran mayoría son contratados por empresas tercerizadas, que utilizan los principales proveedores de maderas, con un sistema negrero de una semana y hasta diez días continuos de trabajo en los establecimientos. El reclamo y todas las acciones de la Asamblea tienen una enorme vigencia. Mujica y los Kirchner están encapsulando el conflicto. Los reclamos sobre el control de ida y vuelta de materiales de Botnia y para Botnia son un golpe a la pastera. Los monitoreos directos a la planta también. El reclamo de un control básico de salud y de seguimiento a toda la población de mayor riesgo y exposición a la contaminación directa de Botnia-UPM –como el personal de Aduana, Caru y vecinos de la región costera del Potrero, vecinos y alumnos de costa Uruguay sur y aquellos que padecen afecciones respiratorias– es enteramente justo. Reivindicamos la reanudación de las medidas de la asamblea. Proponemos que la asamblea llame a un encuentro nacional de organizaciones sociales y políticas para discutir un plan de lucha hasta el cumplimiento de los puntos reclamados, los que deben tener como centro el acceso al monitoreo directo de la producción de la multinacional.

En Santa Cruz, la división de la burocracia de la CTA ha adquirido la particular forma de una fractura de ATE, entre la dirección de los mineros de Turbio (abiertamente kirchnerista) y la línea del actual secretario, Garzón, con base en hospitales y apoyo de judiciales y otros gremios chicos. La conducción de Pedro Muñoz en Adosac (el gremio más numeroso) se abstiene. Ninguna de las dos fracciones cuenta con apoyo o participación docente, y Garzón, que lleva tres años en la conducción provincial de la CTA, no lleva ni mineros, ni docentes en su secretariado. La lista yaskista tiene escaso apoyo fuera de Río Turbio, pero cuenta con el apoyo del aparato del gobierno. En este cuadro de disgregación profunda interviene la Lista 3, integrada por más de 70 docentes, más de 20 activistas y delegados de ATE, entre ellos un importante núcleo del Hospital de Río Gallegos, mineros de Turbio, representantes de empresas que son conquistas de los movimientos de desocupados como Empasa y Lavras, con una amplia representación de 11 localidades sobre las 14 en que se vota. Es una lista de delegados y trabajadores de base contra dos listas del aparato sindical tradicional. La elección se da en una coyuntura particular, donde la CTA –que en tres años no realizó un solo congreso provincial– por primera vez en mucho tiempo ha sido el canal por el que se desenvolvió la iniciativa de lucha contra la reforma jubilatoria. En manos de la actual conducción, no hay garantía de continuidad alguna y se trata de impulsar esa continuidad desde abajo. La batalla electoral se concentra en varios aspectos: el más importante es lograr la participación de los docentes en la elección, interesándolos en el salto adelante para la unidad de las luchas que significaría una conducción clasista en la CTA provincial. Nos hemos reunido para explicar nuestra propuesta con el cuerpo de delegados de Judiciales en Caleta Olivia y estamos preparando una carta a los compañeros de los hospitales, desarrollando un programa político reivindicativo ante la cuestión de la salud en la provincia. Otro espacio de debate fundamental será la mina de Río Turbio, para quebrar el monopolio kirchnerista y mostrar que votar por la lista de Castillo (actual secretario general de ATE Río Turbio) es atarnos de pies y manos como organización gremial. Por fin se trata de despertar la inquietud política y de participación entre los compañeros de Lavras y Empasa, a quienes Garzón les ha dado la espalda en su lucha por la continuidad laboral. Una buena votación de la Lista 3 en Santa Cruz será un gran respaldo a esa lucha y a la de los cientos de desocupados y procesados por luchar de la zona norte. Hemos lanzado una consigna central de campaña: “Una alternativa para unir las luchas, ante el quiebre de la dirección oficialista”, que preside nuestro afiche provincial. Estamos poniendo en movimiento a los 110 candidatos de la Lista 3 para instalar la presencia de la lista en todos los lugares de trabajo.

En agosto se realizó el Encuentro Provincial de Mujeres de la Tierra Colorada, en Posadas. Unas 150 mujeres asistieron desde distintos lugares del interior de la provincia. En cada taller, las compañeras expresaron la doble opresión que sufrimos las mujeres en el régimen capitalista K, que se potencia aún más en los momentos de crisis. Las mujeres plantearon su disconformidad con el régimen que las tiene como principales víctimas. Misiones es la principal provincia que provee mujeres para la industria del sexo y la trata en todo el país. Un promedio de 30 mujeres ingresan diariamente en los hospitales por haberse realizado abortos caseros y el gobierno provincial se encarga de ocultar todo esto con la complicidad de la Iglesia. El PCR no quería pronunciarse contra la Iglesia, por eso quería vetar el taller de Aborto y Anticoncepción. Además, tal como viene sucediendo en el Encuentro Nacional, el PCR invitó y garantizó la participación de activistas clericales, apoyándose en una historia inventada por ellas de que el Encuentro se realiza gracias a las religiosas. Muy a pesar de ello, las mujeres rechazamos la presencia clerical y nos propusimos organizarnos en cada rincón del país y la provincia, llevando la consigna “educación sexual para decidir, anticonceptivos gratuitos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir”. Las conclusiones evidencian la creciente maduración política de las Mujeres de la Tierra Colorada y vamos por más. El año que viene, el Encuentro Provincial de Mujeres se realizará en Oberá. El gobierno K incumple con la entrega de anticonceptivos y la educación sexual es casi inexistente. Eso es demostradp por la cifra “oficial” de más de 2.000 mujeres que mueren al año en Misiones, por practicarse abortos caseros. La mayoría de estas mujeres tienen entre 14 y 18 años, y viven en condiciones de miseria y pauperización. Cuando llegan al hospital, lo hacen con graves hemorragias vaginales y lesiones de útero. De la misma manera en que las mujeres no tienen asegurada su vida con la práctica del aborto ilegal, tampoco tienen asegurada la maternidad si deciden tener un chico bajo un sistema de explotación como el actual. El gobierno provincial no dice ni pío ante esto y menos aún la Iglesia, que está en contra de los métodos anticonceptivos y a favor de la pedofilia. Por eso decimos ¡basta! Ni una sola muerta más por abortos clandestinos. Educación sexual laica y científica para decidir. Anticonceptivos gratuitos en hospitales y en centros de atención primaria de salud para no abortar. Aborto legal, seguro y gratuito en los hospitales para no morir.

-Exclusivo de internet Las pocas plazas que hay en Buenos Aires, con relación a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, cumplen la función de permitir la infiltración de las aguas de lluvia. Este servicio ambiental se pierde en parte con la impermeabilización del subsuelo. Además, tienen las plazas la posibilidad de soportar árboles de gran porte, los que mitigan el calor y permiten la recreación de los vecinos. Pero si se impermeabiliza el suelo, no sólo se facilita la inundación, sino que los árboles tienen dificultades para desarrollarse y sobrevivir. En este proyecto, se prevé su retiro y posterior reimplante, práctica que permite la supervivencia de solamente el 20% de las especies. Por estos motivos, y otros de índole arqueológica, los vecinos de la Comuna 14, quienes se movilizan todos los sábados al mediodía, lograron que prosperara una medida cautelar en el juzgado del juez Gallardo. El jueves se realizó una audiencia pública, que contó también con la masiva presencia de luchadores del barrio. Allí quedó al descubierto que el proyecto carece de una evaluación de impacto ambiental por cuanto las declaraciones de los funcionarios especializados del gobierno la ciudad y los expertos de la empresa Vialco SA. no eran coherentes entre sí. El juez dispuso ordenar al GCBA y a la empresa constructora retirar el vallado, realizar la limpieza del lugar y realizar las obras necesarias para volver a la situación anterior antes del 6 del corriente mes.

-Exclusivo de internet El sábado 21 de agosto se presentó públicamente la Lista 3 de la CTA, Frente de Unidad Clasista, en la Zona Norte. Fue en el marco de un plenario al cual asistieron más de cien compañeros docentes, estatales, judiciales, del neumático, trabajadores de la salud de Vicente López, San isidro, San Martín-Tres de Febrero, Gral. Sarmiento, San Fernando, Pilar, Tigre y Escobar. Estuvieron presentes, además, delegaciones obreras de fábricas plásticas, de la pintura de la zona norte, que pertenecen a la CGT, y el compañero Néstor Pitrola, de la dirección nacional del Partido Obrero. La Lista 3 ha presentado listado de congresales en todos los distritos mencionados y ejecutivas seccionales en Escobar, General Sarmiento, San Fernando, San Isidro, San Martín-Tres de febrero y Escobar. En estas últimas, en el marco de un frente común con compañeros que provienen de una trayectoria sindical en sus distritos, junto a la Lista Verde. Un importante contingente de compañeras y compañeros auxiliares de escuela se sumó a la Lista 3 de Vicente López, y en San Martín-Tres de Febrero, la Lista 3 está encabezada por el compañero Juan de Dios Miño, secretario gremial de la seccional de CTA. De esta forma, la Lista 3 de la Zona Norte del Gran Buenos Aires supera los 300 candidatos, afrontando inclusive aprietes y amenazas de la burocracia sindical a las compañeras que se decidieron a sumarse a la Lista 3, como fue el caso en Vicente López. Mary Chamorro, delegada y fundadora de Ate auxiliares de educación en Vivente López, tomó la palabra y planteó la "dura tarea militante" para construir la Lista 3 a partir de su propia experiencia: "quise construir un espacio amplio, democrático, de lucha; al poco tiempo, el sector que ahora está con Yasky, encabezado por el Moncho Alessandrini, me sacó del medio. Apareció luego Degennaro, y me entusiasmé otra vez, pero con la división por las elecciones en la dirección de la CTA, me plantearon que debíamos llegar a un acuerdo con el sector de Alesandrini-Yasky. Me volví a defraudar. Fue entonces cuando tomé contacto con los compañeros de Tribuna Docente y Tribuna Estatal, y encontré aquello que estaba buscando: compromiso, compañerismo, disposición a luchar, lealtad, participación y debate democrático. ¡Y comienzo de nuevo!". El compañero Miño señaló que "asistimos al derrumbe de la dirigencia de la CTA; por un lado están los oficialistas al gobierno; por otra parte, están los operadores de la corporación sojera. Ninguno de los dos sectores representan los interese de los trabajadores. Por ello, hoy tenemos una responsabilidad histórica. Debemos asumir el compromiso de defender los derechos e intereses de los trabajadores". La compañera Silvia Mitchenco, del cuerpo de delegados del Hospital Mercante de José C. Paz, explicó cómo, luego de mucho luchar contra la dirección burocrática, lograron que se convocara a elecciones del cuerpo de delegados, que ganaron por amplísima mayoría. "Inmediatamente -agregó-, tuvimos que enfrentar una gran lucha contra la precariedad laboral, especialmente en enfermería y maestranza, con compañeros que ni siquiera estaban en condición de pasantes y que a gusto de la patronal eran echados sin pagarles prácticamente nada. A pesar de la persecución conjunta de las autoridades del hospital y de la burocracia degennarista, pusimos en pie la Lista 3 con el aporte de decenas de compañeros". Este fue el espíritu de todas las delegaciones que estuvieron presentes, que resolvieron editar un material especial de la zona norte, conquistar cientos de fiscales y salir a ganar el voto de todos los trabajadores de la CTA en cada una de sus reparticiones.

Desde hace diez días están de paro los trabajadores de la reestatizada Fadea (ex Lockheed Martin, ex Area Material Córdoba, ex Fábrica Militar de Aviones). Al momento de escribir esta nota, en asamblea se decidía la aceptación o no de la conciliación obligatoria. La medida de lucha, que incluyó jornadas de corte de ruta, es contra lo que los trabajadores denuncian como un vaciamiento de la empresa. La decisión de la Fuerza Aérea Argentina de convocar a una licitación para instalar un banco de prueba para motores Allison del Hércules C-130 fuera de Fadea fue la gota que rebalsó el vaso. La Fuerza Aérea es el principal cliente de Fadea y los trabajadores denuncian que hoy la planta (con 1.000 operarios) está paralizada, ya que la Fuerza Aérea traslada las reparaciones a talleres particulares, la mayoría de los cuales son propiedad de oficiales de la Fuerza. A la caída de los fondos para la compra de aviones o construcción de nuevos, se suma el negociado con las reparaciones. Las autoridades de la empresa salieron a desmentir a los trabajadores, argumentando que tienen contrato y trabajo asegurado hasta fines de 2011. A su vez, se anunció que fue aprobado el desarrollo de un avión de entrenamiento primario. Los trabajadores desconfían y tienen motivos. Cuando en 2008 se resolvió la estatización de la Lockheed Martin, Kristina habló de un nuevo “despertar” de la industria aeronáutica argentina y anunció contratos con Embraer y un nuevo Pampa. En ese mismo momento, había despidos en la misma Embraer, en Boeing y Airbus. Desde ese anuncio al día de la fecha, se hicieron muchos otros, como la entrada al negocio energético y una alianza con Finmeccanica de Italia para construir un nuevo avión. Nada de eso pasó y la planta trabaja cada vez menos. La estatización de la Lockheed Martin, como lo denunciamos en ese momento (ver Prensa Obrera Nº 1.075), fue una operación a gusto y piacere de la empresa yanqui, uno de los principales proveedores de armas del mundo, ya que recibieron una compensación de 25 millones de dólares luego de no haber invertido un solo peso y vivido de los subsidios del Estado durante los catorce años de su gestión. La estatización fue saludada por prácticamente todo el arco político y motivó un acto donde todas las fracciones de la burocracia sindical (incluido el degennarismo local) consideraron un deber expresarse bulliciosamente frente a Kristina. Esta hizo lo que mejor saben los K: disfrazar de “nacional y popular” un negociado. Que se abran los libros de la empresa y se establezca un control de los trabajadores del accionar de la Fuerza Aérea.

La Justicia acaba de declarar inconstitucional la expropiación de la fábrica de aluminio Impa, dispuesta por la Legislatura porteña. Si bien se trata de una sola fábrica, sienta un precedente, ya que se trata de una de las primeras empresas recuperadas en el país. Además, la decisión provino de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial de la Nación, que confirmó el fallo del juez en primera instancia. Los fundamentos de la sentencia son reveladores: los magistrados sostuvieron que “no debe olvidarse que la expropiación no constituye un fin en sí mismo, sino que es instrumental a la finalidad propia del Estado que tiene carácter permanente y no se agota con la transferencia de la propiedad expropiante, por lo que debe descartarse la configuración de utilidad pública si, como en el caso, bajo la apariencia de un uso público, los bienes expropiados han de ser destinados a un mero uso privado” ( Ambito , 27/8). Sin embargo, una vara muy distinta es la que impera cuando lo que está en juego es el interés privado de los capitalistas. Asistimos al despojo permanente de los recursos y el patrimonio público a favor del capital. Esta expropiación sí es legal pero, en cambio, es ilegal la acción inversa, llevada a cabo por el colectivo de trabajadores que apunta a defender y preservar la fuente de trabajo y producción amenazada por el vaciamiento patronal. Cuando, excepcionalmente, bajo la presión obrera, algún estamento del Estado se vale de la legislación hecha a la medida de la burguesía y afecta los intereses de la misma, la clase capitalista pone el grito en el cielo y se da maña hasta volver las cosas a su “normalidad”. No han escapado a esa regla las expropiaciones dictadas en las legislaturas. Este fallo le viene como anillo al dedo al kirchnerismo y, de un modo general, a los partidos patronales para cerrar el ciclo de las expropiaciones. Los K ya han cedido tiempo atrás a las presión empresarial y le han bajado el pulgar a las leyes que declaran de utilidad pública y sujetas a expropiación a empresas que se desenvuelven en la actividad privada. Un ejemplo emblemático es la expropiación del Hotel Bauen, que sigue cajoneada en el Congreso. Por otro lado, el gobierno K le ha soltado la mano a Massuh y Paraná Metal, de la misma forma que se ha ido al mazo con Papel Prensa. Los K, en pleno proceso de retorno a los mercados, no quieren dar ninguna señal que los emparente con el chavismo. Hasta la reforma de la Ley de Quiebras está paralizada en el parlamento. El gobierno pretende evitar cualquier norma que pueda interferir en los procesos de fusiones, absorciones y reorganizaciones empresarias. En el fallo, los jueces destacaron que “el principio constitucional de que la expropiación debe ser previamente indemnizada” no se habría cumplido, en relación con que ni el gobierno porteño ni la cooperativa abonaron nada a la quiebra” (ídem). Hasta el día de hoy, el gobierno porteño no ha puesto la plata para efectivizar las expropiaciones (salvo en cuatro sobre una veintena) desde la época de Ibarra y Telerman. Macri ha continuado esa línea y la Legislatura viene actuando como cómplice. La sentencia de la Cámara anticipa una nueva escalada contra las empresas gestionadas por sus trabajadores. Van a levantar cabeza los reclamos de las patronales desplazadas y de acreedores para retomar el control de las empresas involucradas. Esta situación reclama una acción de conjunto y común de las fábricas recuperadas por su expropiación definitiva y sin pago y su entrega gratuita a los trabajadores.

Los trabajadores de Paraná Metal continúan cortando la autopista Rosario-Buenos Aires. El plan de lucha, votado en un plenario de delegados de la UOM Villa Constitución, se puso en marcha. Primero, con una masiva movilización de más de 6.000 personas que recorrió Villa, demostrando el apoyo de todo el pueblo a los trabajadores de Paraná Metal. Luego, a pesar de las terribles condiciones climáticas, el jueves 2 comenzó el corte de la autopista Rosario-Buenos Aires, uno de los recorridos más transitados e importantes de todo el país. Rápidamente el corte se rodeó de solidaridad. Trabajadores de Rosario, de Acindar de Villa Constitución, organizaciones sociales y políticas nos hicimos presentes para apoyar decididamente esta lucha. La solidaridad de clase no se hizo esperar y los trabajadores de Acindar aportaron 100 mil pesos al fondo de huelga de los trabajadores. Hasta cinco micros de la barra brava de Independiente, que se dirigían al partido contra Newell’s el sábado pasado, se tomaron un tiempo y se bajaron a solidarizarse con los trabajadores. La lucha de Paraná Metal es la expresión de lucha de un pueblo entero por defender sus condiciones de vida. Desde que empezó el corte, una delegación del PO participa del mismo y durante la primera jornada Néstor Pitrola acompañó a los trabajadores. La propuesta patronal no debe pasar Tras las medidas de lucha y la persistencia del corte de la autopista por tiempo indeterminado, comenzaron las negociaciones con Tomada y los empresarios. La propuesta que lanzó el empresario amigo de los K, Cristóbal López, delata sus pretensiones. Por 90 días, propone 300 obreros adentro de la fábrica trabajando, con suspensiones rotativas al 50% del salario para los 900. A esta propuesta, se le suma la tentativa de cambiarlos de convenio, pasándolos de Laudo 29 a Rama 17 con lo que se rebaja aún más el salario. Esto sería un golpe para los trabajadores, porque destruiría más sus condiciones de trabajo sin que esto garantice la continuidad de los puestos de trabajo. Con su propuesta, Cristóbal López quiere volver a la situación anterior para intentar una vez más la imposición de retiros “voluntarios masivos” y dejar “colgados” a las contratistas. Frente a esto, los K atinaron a decir que van a evaluar “un aporte, para paliar esta rebaja salarial” que representaría esta propuesta. No se hacen cargo de las quincenas que ya les están debiendo a los trabajadores, pero sí se ocupan de reforzar la propuesta de su amigo Cristóbal López. Una canallada. Queda claro que tanto al gobierno nacional como al gobierno provincial de Binner no les interesa en absoluto la defensa de los puestos de trabajo. Allí están para demostrarlo los ejemplos de Mahle y Massuh, desmanteladas por los empresarios con el visto bueno de estos gobiernos. Profundicemos la lucha por una salida No dejemos pasar la propuesta patronal que representa un nuevo golpe a los trabajadores. Todos adentro, incluyendo a las contratistas y cooperativas, sin ninguna rebaja salarial. La lucha por la defensa de los puestos de trabajo ya se empezó a instalar en la situación política nacional. Ahora, los esfuerzos tienen que estar puestos en colocarlo en primera plana. Para ello hay que continuar con el corte de la autopista por tiempo indeterminado. Reclamar un paro activo a la UOM, la CGT y la CTA y movilizarse al poder político para que no puedan seguir mirando para otro lado. El “posibilismo” ha tocado fondo. El plebiscito para defender las suspensiones y las gestiones con la UOM nacional para que dieran la salida se han agotado. La defensa de los puestos de trabajo de Paraná Metal hoy está directamente relacionada con la magnitud de su resistencia y a la proyección nacional que tome su lucha. Cuanto mayor sea su instalación nacional, mayores dificultades tendrá el gobierno de Binner para mirar hacia otro lado, apelando a leyes de seguridad industrial que no se cumplen, a emergencias económicas que tampoco se cumplen y a proyectos de expropiación que duermen en los cajones de la gobernación, como fue el caso de Malhe. El gobierno de Binnner, que subsidia el pago de grandes impuestos a las agroexportadoras, puede mantener la totalidad del pago de los sueldos de los trabajadores si la fábrica pasara a manos del Estado provincial y la misma quedara bajo el control de los trabajadores, de manera que las más de 1.500 familias de Villa Constitución que hoy dependen directa o indirectamente de Paraná Metal mantendrían su trabajo. La salida definitiva de Paraná Metal es una readecuación de su proceso productivo, que permita darles trabajo a todos trabajadores de la planta. Eso se hace con una inversión tecnológica, que tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional están en perfectas condiciones de hacer, pero que hay que arrancarla con la lucha. Los obreros y sus mujeres están dando un gran ejemplo. Todos debemos apoyarlos. Como dicen sus principales activistas, levantamos cuando se termine el “chamuyo” y haya soluciones.

El régimen de Isa en la capital salteña ha entrado en crisis, y ya se prueban la ropa quienes hasta hace poco afirmaban que era el candidato indiscutible para acompañar a Urtubey, en su reelección 2011, por la Intendencia de la capital. Sus aliados del Partido Propuesta Salteña (la derecha eclesiástica), el Partido de la Victoria y Barrios de Pie ya están presentando los candidatos para reemplazarlo. Es en este marco que han estallado las denuncias, que sólo el Partido Obrero venía realizando: el gobierno ha “urbanizado” el microcentro a medida de los especuladores inmobiliarios y con esta política se ha producido un aumento brutal del precio de la tierra urbana, causando la expulsión de los trabajadores a la periferia, a zonas fuertemente favelizadas. Ha violado sus propias ordenanzas para organizar negocios para mafias de taxis y remises. Los empresarios de la noche violan todas las normas edilicias y de habilitación en el corredor de la Balcarce, zona destinada a boliches y confiterías de espectáculos nocturnos para el turismo internacional e incluso ¡hasta la trata de personas! Mantiene la mitad del personal municipal en negro, con salarios de un tercio del salario de convenio, mientras ordena rebajarle los impuestos a Enjasa, la empresa multinacional del juego que más gana al calor del crecimiento del turismo. La misma coima funciona para las empresas del Parque Industrial, incluso para los que fabrican alimentos, o los que realizan la disposición final de la basura, que trabajan sin habilitación. Mientras tanto, sigue creciendo una montaña de basura, a pocos metros de la población más vulnerable de Salta, por obra de la empresa más protegida por Isa: Agrotécnica Fueguina, que tiene un contrato por diez años de 100 millones de pesos anuales ¡el 25% del presupuesto municipal! El gobierno de Isa está ahora en la lona. Hasta sus propios sostenes históricos lo abandonan, como la burocracia sindical de Serrudo, secretario general de los trabajadores municipales y concejal de Isa, en medio de paros y movilizaciones por el pase a planta. Los trabajadores municipales han salido a luchar y el número de trabajadores que se suma es cada vez mayor. Incluso en el mismo momento aunque hay un reanimamiento de los estatales de la administración centralizada provincial. Algo que, sin duda, comenzó con la presentación fuertemente difundida por los medios del proyecto del Partido Obrero, en la Cámara de Diputados, para que se reabra la paritaria estatal, que captó la atención de los trabajadores. Este gobierno de camarillas no puede ofrecer una salida a la mayoría de los vecinos, a los que vivimos de nuestro trabajo. Hagamos una campaña popular por un juicio político a Isa. Para instalar la necesidad de un gobierno que expulse a las camarillas e imponga la agenda de los vecinos: Por un plan de urbanización que destine los grandes terrenos baldíos, hoy reservados a la especulación inmobiliaria, para viviendas populares a cargo del Estado. Que ningún vecino quede sin redes de servicios de agua, cloacas y gas. Por la eliminación del parasitismo empresario que lucra con el trasporte público, mientras se llevan los subsidios del Estado. Por la protección integral a los ancianos, garantizada con una oferta geriátrica estatal gratuita. Por un sistema estatizado de disposición final de los residuos bajo control de los vecinos. Para terminar con el trabajo en negro: por la incorporación a planta de todos los trabajadores municipales.

La lluvia obligó a que un acto –reclamando la plena reinstalación de los 14 compañeros que, desde su despido en 2008, vienen litigando contra la patronal de Fate– se trasladara de la puerta de fábrica a media cuadra, a la sede del sindicato Sutna de San Fernando. Allí hicieron uso de la palabra numerosas delegaciones obreras. Néstor Pitrola llevó la adhesión solidaria de la Lista 3, Frente de Unidad Clasista de la CTA, y del Partido Obrero. El PO estaba presente con una importante columna del comité San Fernando, con pancartas que reclamaban la reincorporación de los 14 trabajadores. Horas antes, Mansilla recibió la carta documento de reincorporación efectiva. Otros cinco compañeros ya tienen sentencia favorable en la Cámara, pero la patronal se niega a acatar el dictamen judicial. Antes de la entrada del turno tarde, se realizó una marcha desde la sede del Sutna hasta la puerta de fábrica. En horas de la mañana, el cuerpo de delegados trató de organizar un abandono de tareas para las 13 horas, pero no logró concretarlo. No obstante, la noticia de la futura incorporación de Mansilla reforzó el ánimo obrero. Mansilla se reincorporó a trabajar 48 horas después. Un primer paso importante que ahora hay que profundizar reclamando la reincorporación inmediata de los otros 13 compañeros en similar situación. Los obreros de Fate realizaban colectas todas las quincenas para ayudar a sostener a las familias de los despedidos y arrancaron modestos subsidios por parte del sindicato. En varias oportunidades, convocaron actos y movilizaciones contra las persecuciones sindicales a delegados y activistas y por la reinstalación de los 14. Sin embargo, la patronal quiere embarrar la cancha y estirar todo lo posible –o bloquear– el reingreso de los otros 13 despedidos, alargando el tramité en la justicia, etc. Es también un paso para encarar la lucha por las condiciones de trabajo del convenio colectivo de trabajo (eliminación del trabajo obligatorio los domingos, insalubridad, efectivización de contratados, incorporación plena de los premios al básico, etc.) que debe ahora iniciarse. Una asamblea general debiera unir ambos reclamos –la reincorporación plena de los otros 13 despedidos, el convenio de trabajo– en una lucha común. El punto estratégico en discusión es si la fábrica y la seccional abren un rumbo propio de los trabajadores de Fate, o actúan sólo como factor de presión de la burocracia de Watsejko, de espaldas a toda la lucha por la reincorporación.

En Neuquén, en medio del avance del yaskismo en la provincia, la suma de los votos de la Rosa-Gris-Verde y la Marrón colocó, matemáticamente, a la oposición antiburocrática a 54 votos del oficialismo Lila, que entregó la gran huelga de comienzos de este año y pavimentó el avance de Yasky. A fines de octubre, hay elecciones en Aten. Tribuna Docente plantea la necesidad de un frente de todos los agrupamientos y seccionales que repudiaron la firma del acta de paz social y de entrega de la última huelga, y la convocatoria de un plenario en el que se defina la integración de la lista en base a la representación de cada uno. Para recuperar Aten detrás de un planteo de independencia de las burocracias de Yasky y de De Gennaro.

-Exclusivo de internet El gobierno de Peralta ha presentado un borrador de reforma del sistema jubilatorio que contiene 49 artículos de ajuste contra los trabajadores, rebajando a futuro todas las jubilaciones entre un 10 y un 20%. La primera iniciativa de movilización correspondió a los grupos de activos y jubilados autoconvocados tanto en Caleta como en Gallegos. Luego, el Congreso de Adosac rechazó el borrador y más tarde la CTA resolvió un paro provincial. Desde el Congreso de Adosac se propuso unificar las fechas para el paro y prepararlo con una asamblea provincial de activos y jubilados de todos los gremios involucrados. La asamblea provincial se realizó el 16 de agosto en la EGB 10 de Río Gallegos. Concurrieron más de 250 personas, en medio de un ambiente caldeado por la represión contra los marineros de la flota amarilla en las puertas de la Casa de Gobierno. Tribuna Docente movilizó decenas de compañeros a esa asamblea desde distintos puntos de la provincia y en ella se dio un importante debate en el que se fue construyendo el paro que se concretó el 26 de agosto. El paro se preparó con una importantísima recorrida de escuelas, donde se organizaron verdaderas asambleas para analizar la reforma propuesta. Apenas los compañeros conocían sus implicancias, se sumaban a la organización del paro. El 26, las escuelas estuvieron vacías y el paro en docentes fue superior al 90%. Otro tanto ocurrió con los hospitales y con los juzgados, que abandonaron sus tareas a las 10 de la mañana y se sumaron a las movilizaciones. En Río Gallegos, cerca de tres mil compañeros marcharon por toda la ciudad para llegar a la Cámara y a la Casa de Gobierno, donde se montó una radio abierta en la que hizo uso de la palabra un representante del Partido Obrero, una compañera de la UJS y un candidato de la Lista 3 de la CTA, entre otros oradores de los gremios convocantes. La Lista 3 hizo su bautismo en esta marcha con un gran cartel, que fue reflejado por varios medios gráficos. En Caleta Olivia, cerca de 2.000 personas recorrieron el centro de la ciudad y se realizó un acto donde también se expresó nuestro partido. Mientras se desarrollaba esta marcha, los obreros de Empasa habían cortado la ruta 3 para impedir despidos en su empresa, lo cual consiguieron después de varias horas de corte total. También hubo marchas en Río Turbio, Las Heras, Los Antiguos y Puerto Deseado, entre otras localidades. Se calcula que más de 6.000 trabajadores se movilizaron en esta jornada. El gobierno cuestionó el paro, alegando que no se puede hacer un paro contra "un borrador". Los trabajadores, por el contrario, vieron la importancia de realizar este gran paro de advertencia para exigir que el borrador no llegue a la Cámara. El estado de ánimo en las marchas era de fiesta, ya que muchos compañeros no se encontraban en la calle desde las jornadas de 2007. Peralta sintió el golpe y siguen retocando el proyecto para encontrar algún apoyo en los gremios oficialistas, los que tienen grandes dificultades para poder encontrar una fórmula que no los lleve a un choque directo con sus bases. Ya se han manifestado crisis en sectores del propio PJ, por ejemplo la resolución del Concejo Deliberante de Río Turbio, que, por unanimidad, rechazó la reforma jubilatoria. Incluso hubo la adhesión al paro de gremios de la CGT como Apap, Atsa y Amet, presionados por la fuerza de la medida, los que sin embargo no se movilizaron. Después del paro se ha abierto un impasse y recién en los próximos días volverá a haber asambleas. La perspectiva es ampliar el reclamo a la reapertura de las paritarias salariales y convocar a un gran congreso de delegados de base que multiplique la asamblea del 16 de agosto y prepare una jornada de lucha superior.

“Disco es de los trabajadores... y al queno le gusta se jode”, coreaban las cajeras saltando junto con los repositores, repartidores y el resto de sus compañeros, durante el paro que realizaron desde el jueves 2 hasta el sábado 4 de agosto. Los compañeros reclamaban contra la amenaza de cierre de algunas sucursales mientras que el grupo Cencosud invierte en Jumbo y abre sucursales de esa cadena. También denuncian despidos masivos realizados en junio, sobre todo de personal de agencia, y exigen el cese de persecución a los delegados, y que se los equipare salarialmente con Jumbo, entre otros reclamos. Prensa Obrera entrevistó a uno de los delegados, D., de la sucursal 16 enla Capital Federal, de Paraguay y Armenia, tomada por sus trabajadores, que nos explicó el desarrollo del conflictocon la empresa. D.: Algunas de las sucursales en huelga son la 10, la 121, la 12, la 48, la 35. Son once las que adhieren al paro con empresa tomada, otras se van a ir sumando con el correr de las horas. También estamos dialogando con compañeros de la provincia de Buenos Aires, aunque el epicentro del conflicto está dado en las sedes de Capital. Las medidas comenzaron el jueves 2, a consecuencia de que la empresa se niega a respetar el acuerdo firmado en mayo, en el Ministerio de Trabajo. En este momento, el sindicato ha tomado cartas en el asunto. También el Ministerio, creemos que dictará una conciliación obligatoria. Nuestro principal reclamo es que se termine la persecución al activismo. Tenemos cuatro delegados procesados. La empresa batalla judicialmente para quitarnos los fueros. Otro punto es (un clásico de las demandas) la falta de personal, que redunda en sobrecarga de tareas, el respeto de categorías y funciones fijadas en los convenios. A partir de los acuerdos de mayo, la empresa tomó personal contratado, pero los fue despidiendo. Reclamamos efectivización para los que quedan, pero además llegar al cupo acordado. Una tercera demanda tiene que ver con el principio de que a igual trabajo, igual remuneración. Queremos el mismo básico que en Jumbo y blanquear la parte de salario no remunerativo acordado en mayo. Hay que tener en cuenta, además, que los mercantiles en la última paritaria obtuvieron sólo un 29% de aumento, que en la práctica, por el escalonamiento, se reduce a un 27. Un evidente malestar que recorre al conjunto de los mercantiles, reclamamos una reapertura de paritarias. Todo un programa de lucha. ¡Viva la lucha de Disco Capital!

La Lista Rosa se impuso en esta capital por 111 votos contra 104 de la Lila, dos votos marrones y uno celeste. El comicio estuvo cruzado, en Santa Cruz, por la emergencia de un paro general en defensa de los derechos jubilatorios que fue un gran éxito el 26 de agosto, lo que objetivamente achicó los plazos de la campaña electoral, pero en el cual Tribuna Docente tuvo un destacado papel. En toda la provincia votaron apenas 949 docentes de un padrón de 5.500 afiliados. La escasa participación electoral (apenas superó el 17%) refleja que la conducción de Pedro Muñoz, siendo primer candidato de la Lila, no generó (y hasta se diría que no intentó generar) expectativa alguna en los docentes santacruceños. Por otra parte, la Lista Rosa-Gris-Verde triunfó en Gallegos sobre la base de la exclusiva campaña de Tribuna Docente. Es la tercera derrota consecutiva que acumula la Lista Lila en nuestra ciudad, después de haber perdido dos años consecutivos las elecciones de congresales a manos del Frente Rosa-Azul, lo que abre la posibilidad de recuperar la seccional para una reorientación clasista de la misma. En el acumulado provincial, la Lila obtuvo el 75%, manteniendo el porcentaje de 2007, al igual que la Rosa con el 23%. Las otras listas quedaron con votaciones marginales.

Las elecciones municipales santiagueñas estuvieron monopolizadas en un 80% entres tres fuerzas patronales. Un dato político no menor es que el abtencionismo fue del 45%. En 24 de los 26 municipios, las fuerzas que integran el Frente Cívico oficialista se llevaron el triunfo. En el caso de la capital, obtuvo el 46,76%. El gobernador radical K, Zamora, quien se empeñó personalmente en la campaña, se vio beneficiado por el ascenso de los principales negocios productivos de la provincia –en especial la soja– y por la realización de diversas obras públicas con fondos nacionales. Zamora también explotó la división de la principal fuerza opositora, la UCR presidida por Zavalía, que salió segunda en la capital con el 18%. La fractura dio lugar a la emergencia de una nueva fuerza que se proyecta para los comicios de 2011 como representativa de Proyecto Sur, que salió tercera con el 15%. La izquierda Un capítulo aparte merecen los resultados obtenidos por la izquierda (sólo se presentaron el PO y el MST). En 2006 (la última elección municipal realizada), el MST se había presentado en varios municipios como Beltrán, Loreto y Suncha Corral, algo que en esta oportunidad no ocurrió. Sólo lo hizo en la capital y La Banda, y en ambos lugares retrocedió notablemente en votos y porcentaje. El MST coqueteó con el solanismo, que le dio la espalda. Intentó producir algún impacto con algunas candidaturas, como una representante autoconvocada de la salud o algún docente. Pero de nada le sirvió en la medida que, por un lado, la lucha autoconvocada de la salud fue derrotada en el marco de la política colaboracionista del MST y, por el otro, en el caso docente, por haber llevado los reclamos a la vía muerta de la Mesa del Diálogo con el gobierno, o sea, de la paz social. El PO creció en votos y porcentaje respecto de la última elección municipal. Batalló por presentar un programa alternativo al de las fuerzas patronales oficialistas y opositoras, y marcó a fuego el callejón sin salida al que lleva la política de colaboración e integración de las organizaciones de las masas al Estado. Se afianzó en la votación, pero más aún entre la juventud estudiantil y entre trabajadores de la salud y la docencia.

El viernes 27, la patronal despidió a Lucas Alonso, un joven obrero efectivizado por la empresa hace sólo tres meses, con falsos argumentos. En Pilkington, ¿comenzaron los despidos? Son los primeros, luego de la gran huelga en que la unidad obrera derrotó a la patronal. La patronal está midiendo fuerzas, quiere ver si hay resistencia, si logra quebrar la moral y la unidad que consiguieron los trabajadores en 2009. Para esa tarea eligió un despido, que por más que lo pierda en la justicia, es un despido barato por sólo tres meses de antigüedad. Luego se cebarán y vendrán por más. No es casualidad que el despido sea ejecutado en templado, que tuvo una actuación destacada en la gran huelga: están midiendo al activismo. Se hace necesaria una asamblea para rechazar el despido y mostrar la unidad de la fábrica contra las provocaciones patronales y, si persiste en su actitud, votar un plan concreto en defensa del compañero despedido. No alcanza con la mera defensa legal del sindicato, la que todos sabemos en qué termina. No olvidemos el juramento de la gran huelga: “tocan a uno y nos tocan a todos”.

El resultado oficial de las elecciones de Ctera en la Capital fue de 4.480 votos (88%) para la Lista Celeste, 300 (6%) para la Rosa-Gris-Verde, 198 (4%) para la Lila y 106 (2%) para la Marrón. En las urnas fiscalizadas, el resultado arroja un 9% para la Rosa-Gris-Verde y la votación de la Celeste disminuye a la mitad: el promedio de las urnas fiscalizadas es de 32 votos a la Celeste y de las no fiscalizadas es de 67. En la urna Nº 2, la planilla de escrutinio firmada por el presidente de mesa contabiliza 13 votos para la Celeste, sin embargo, al escrutinio la urna llegó con 143 votos celestes. La burocracia Celeste recurrió al fraude para esconder la caída en sus propios votos y para distorsionar la realidad del gremio, presentando la elección como un plebiscito en favor de sí misma. Sin embargo, el dato de la jornada fue la dificultad de la burocracia para que concurrieran a votar incluso sus propios adherentes. La docencia concurrió a las urnas luego de una experiencia de todo un año de “paz social” entre la UTE y el macrismo, en base al acuerdo miserable firmado por la Ctera y el gobierno nacional. La base docente reaccionó frente a esta destrucción del salario con el paro masivo del 24, que fue planteado por la UTE como una medida aislada y sin continuidad. La “paz social” con Macri es una política de estado para el kirchnerismo, como lo demostró Sileoni “recomendando” a los estudiantes que levanten las tomas de colegios. En este cuadro, todo un sector de la docencia percibe que para defender el salario y las condiciones de trabajo es necesaria una nueva dirección. Los 300 votos de la Rosa Verde Gris muestran un crecimiento respecto de las elecciones de 2007 y 2008. Este desarrollo es la expresión de un trabajo sistemático de desarrollo de una alternativa a partir de la defensa de las reivindicaciones de los docentes: el salario, la jubilación, las condiciones de trabajo –titularización de interinos y contratados– condiciones edilicias. La campaña y la elección reflejaron este proceso. La Rosa fue la única agrupación que intervino activamente en apoyo a la rebelión de los jubilados docentes, el proceso de movilización antiburocrático más importante de la docencia porteña en el último período. La Lila no presentó prácticamente fiscales y es una agrupación quebrada. Pagó el precio de ser una correa de transmisión de los planteos de la burocracia, perdiendo sectores frente a la propia Celeste. En este cuadro, la elección de la Rosa-Verde-Gris marca para los docentes de la Ciudad una referencia y una alternativa en desarrollo.

El Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido, junto al Instituto Nacional de Artes Audiovisuales (INCAA) y la Universidad de San Martín (USAM), lanzó un plan de promoción de la producción audiovisual para las televisoras de propiedad estatal. El plan cuenta con 34 millones de pesos para ser distribuidos entre nueve concursos diferentes de documentales y de ficción, cuyo propósito sería, según lo planteado por Osvaldo Nemirovsci (coordinador general del Consejo Asesor del Sistema Argentino de TV Digital Terrestre), “vincularse con organizaciones comunitarias (...) donde se cuentan historias de otra manera y desde otro modelo cultural en el que no todo esté basado en el rating y en las pautas (publicitarias)”. En esta línea, funcionarios del gobierno fueron al Encuentro Nacional de Documentalistas realizado recientemente en Córdoba para presentar las bondades de este plan; “abrir un canal de ‘expresión a todas las voces’” y enfrentar “al modelo de país de los medios concentrados y las cinco productoras”. Señalaron que el plan es un brazo de “la Ley de Medios que lucha contra los monopolios” y no dudaron en precisar que la continuidad del fomento a la producción de estos contenidos depende del éxito electoral del gobierno en 2011. Sin embargo, los creadores individuales o colectivos que quieran ser vehículo de las voces que buscan expresarse contra los monopolios deberán primero convencer a los jurados, de mayoría gubernamental (secretarios de cultura, sindicatos afines, directivos de universidades, etc), para luego pasar –según las bases de los concursos– por un férreo control ideológico. La presidenta del INCAA designará un tutor para cada proyecto y “los ganadores considerarán de buena fe los aportes efectuados por el tutor designado y acogerán sus sugerencias con respecto al contenido de la obra y su realización”. En el mismo encuentro de Córdoba se evidenciaron los límites objetivos que están planteados a la libertad de expresión en el marco de esta disputa entre el Estado K y los monopolios mediáticos. Los documentalistas agrupados en la Red Andina advirtieron a los funcionarios que la presencia de jurados representantes de las universidades no es una garantía de idoneidad sino de proscripción, señalando que aquellas que reciben fondos de La Alumbrera vetarán la expresión de las voces que mayoritariamente rechazan la minería a cielo abierto en sus pueblos. Habría que agregar que si la continuidad del fomento dependerá del apoyo electoral al gobierno recontra minero de los Kirchner, la expresión de las voces contra los monopolios mineros no está garantizada, ni antes ni después de 2011. Frente al proyecto final, también se pronunciaron en el Encuentro los representantes de la Asociación de Documentalistas Argentinos (Doca), que solicitaron el retiro de los “tutores” sobre los contenidos de la producción y exigieron la participación en los jurados. Los trabajadores Un reciente informe publicado por el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina (Sica) muestra una caída del empleo bajo convenio en la industria (de publicidad y largomentrajes) del orden del 30%. La burocracia yaskista del Sica, que apoyó a gritos la Ley de Medios K, pretendió ilusionar a los trabajadores del medio con que su implementación redundaría en más trabajo. Otro tanto ha planteado la directiva del Sindicato Argentino de Televisión (SAT). ¿Qué les depara a los trabajadores el plan del gobierno para nutrir de contenidos a sus señales? El gobierno que se jacta de crear empleo en blanco podría haber optado por la creación de canales y productoras propias, empleando a trabajadores del medio en cumplimiento de los convenios colectivos de trabajo del SAT. Sin embargo, ha optado por un plan de tercerización dirigido a las pequeñas productoras. En uno de sus artículos aclara que “el productor será el único responsable de los efectos resultantes de la planificación, ejecución y puesta en marcha de la obra audiovisual, y se compromete a mantener indemne al Estado nacional (...) de la posible indemnización, daños, costos, costas y honorarios”. El mecanismo que utilizan los patrones de las pequeñas productoras oscila entre el negreo liso y llano, la “facturación de servicios” o la conformación de “cooperativas” fraudulentas. Los montos ofrecidos a los ganadores de los concursos se encuentran por debajo de los promedios de costos con los que actualmente se produce para, por ejemplo, el canal Encuentro, “obligando” a estas patronales a profundizar estas políticas. Una oportunidad La puesta en marcha de este concurso ilumina la política con la que el gobierno pondrá en marcha su Ley de Medios. Por la vía de la tercerización se profundizará la precariedad laboral de los trabajadores audiovisuales. Por la de la “los tutores”, pretende la expropiación de las ideas de los creadores independientes para moldearlas en su beneficio. Las voces que se escucharon en Córdoba deberán prepararse para hacer valer sus reclamos y derribar la injerencia de todo tipo de control ideológico sobre la producción audiovisual para las señales estatales, e incluso por participar con voz y voto de las decisiones de programación de dichos canales. Los trabajadores del medio audiovisual tenemos que deliberar en los sindicatos y definir acciones para que se reconozca la relación laboral con el Estado, salarios de convenio y todos los derechos sindicales.

La caducidad de Fibertel dictada por el gobierno ha sacudido al gremio de la televisión. La resolución adoptada abre un signo de interrogación sobre la continuidad laboral de los trabajadores y sus futuras condiciones de trabajo. Que Clarín funciona como un Estado sin ley, los trabajadores lo sabemos desde siempre; en Canal 13-TN continúa prohibido el reingreso de los dos delegados despedidos en 2008, a pesar de los fallos judiciales que ordenan al monopolio reponerlos en el cargo. En la gráfica AGR, se despidió a toda su comisión interna en 2004. Lo mismo en Clarín-Olé junto a un centenar de trabajadores, hace diez años. Antes, en los ’90, cesanteó y le prohibió la entrada a otro delegado. Es preciso señalar que la absorción de Fibertel por Cablevisión y la de ambos por parte de Clarín pasaron ante la vista gorda de todos los “organismos de control” del gobierno kirchnerista. El gobierno se acordó ahora de la ilegalidad de Fibertel. Pero para beneficiar a otros monopolios, “amigos” del gobierno. Nos referimos a Telefónica y Telecom. Asimismo, el grupo K Werthein, que tiene el control de contenidos en Telecom, es propietario de C5N junto a Daniel Hadad. En ese canal de cable, los bajos salarios, los despidos injustificados y el matonaje contra el personal son moneda corriente. Cualquier intento de organización gremial entre los trabajadores de prensa se paga con la persecución y el despido. En las últimas paritarias de la televisión, los mayores beneficiarios del acuerdo, con un préstamo por seis meses a tasa cero sobre la retención del “primer aumento” de los trabajadores, fueron Cablevisión y Supercanal (Clarín es parte accionista de este último). En este cuadro, es necesario clarificar el rol de la directiva del sindicato (SAT), que sacó una resolución donde muestra “preocupación” por la suerte que puedan correr los trabajadores de Cablevisión. Pero el SAT se encuentra en la contradicción de apoyar acérrimamente la nueva Ley de Medios, que no es otra cosa que el beneficio del gobierno nacional a Telecom y Telefónica, a las que están alineadas a él. Los trabajadores de la televisión nos encontramos en la encrucijada: si se pierden los trabajadores de la empresa más importante, aflora la tendencia al propio vaciamiento dentro del gremio. Para enfrentar los despidos, es necesario un sindicato independiente del gobierno y las empresas. Desde Fibra Obrera, nuestro planteo es que Fibertel siga con sus actividades, no bajo la dirección de Cablevisión-Clarín sino bajo una gestión constituida por representantes de sus trabajadores, de organizaciones políticas y sociales reconocidas y de trabajadores de la televisión. Además de la defensa de todos los puestos de trabajo y de la plena vigencia de los derechos sindicales y laborales de los trabajadores. El castigo a toda patronal de la comunicación que viole los derechos de sus trabajadores y a los funcionarios y mandantes que deben hacer cumplir la ley. De esta manera, colocaremos un límite a la extorsión que Clarín, por un lado, y los monopolios mediáticos oficialistas, por el otro, ejercen sobre los trabajadores de la televisión y la opinión pública. Y abriremos un debate sobre el derecho al trabajo y a la libertad de expresión, que exigen una lucha contra el monopolio capitalista privado o estatal de los medios de prensa y comunicación.

La burocracia yaskista se proclamó ganadora con un porcentaje de más del 73% de los votos (59.263, faltando nueve provincias). Las elecciones se realizaron en el momento más alto del vaciamiento de Ctera y de la mayoría de los sindicatos provinciales dirigidos por la Celeste. El porcentaje de votación fue de los más bajos de la historia: no superaría el 25/28% del padrón (contra un 34% en la elección anterior). A la lista ganadora sólo la votó el 18% del padrón, a pesar de toda la inflada y el fraude celeste. Se trata, pues, de una típica victoria burocrática, de aparato. Un fresco que pintó esta elección fue el conurbano bonaerense, la mayor concentración docente del país, donde el mismo día de la votación paró el 80% de la docencia, convocada por otro sindicato. Fue una elección de espaldas a las tendencias combativas del gremio. La burocracia yaskista está transformando Ctera en una UPCN: la entrega de los reclamos, el patoterismo, el reforzamiento del aparato con la excusa mutual y la ausencia de vida sindical acentuó la desafiliación de sectores masivos de una docencia con experiencias de desgaste en enormes luchas. La Celeste convirtió a Ctera y sus sindicatos en una herramienta para el arribismo en la escala del funcionariado docente, con un peso creciente en las votaciones. Luego, explotan la despolitización de los nuevos sectores que acceden a un primer trabajo y no han recorrido la rica experiencia de los docentes. La integración de la Ctera al gobierno kirchnerista, la alianza con Moyano y el copamiento kirchnerista de la CTA completan un ciclo de burocratización de la Ctera, muy diferente a la confederación basada en organizaciones de base masivas y combativas que alguna vez fue. En este marco, hubo como siempre un fraude que desvirtúa los resultados mediante el expediente de aumentar votos propios donde no hay fiscales, lo que ocurre, por ahora, en la mayor parte del país. En segundo lugar, con una caída de más de 6 puntos (15,86%, según cómputos oficiales parciales), se ubicó la Lila, que pagó el precio de no querer enfrentar al yaskismo en Ctera desde sus orígenes. Jugó a convertirse en su sustituto. Hoy, son parte de la burocracia de De Gennaro en la CTA, cuya lista integran mayoritariamente. La política Lila de conciliar con la burocracia de Yasky, de cuyo seno proviene uno de sus núcleos más duros (la CCC codirigió el Suteba junto a Baradel durante casi una década), tuvo dos grandes efectos: primero, fueron garantes de la entrega de enormes luchas como la de Neuquén y firmantes de la paz social a cambio de migajas, como es el caso de Santa Cruz; segundo, allanaron el camino para el avance del yaskismo incluso en sus propios sindicatos. Así, la Celeste ganó en una de las naves insignias de la Lila, en la entrerriana Agmer, anfitriona de la oposición a principios de año; desembarcó como nunca hasta ahora en Aten (el yaskismo sacó apenas 172 votos menos que la Lila); la Celeste recuperó Unter de Río Negro y en los otrora bastiones de la Lila en Buenos Aires, Yasky ganó en Esteban Echeverría y estuvo a punto de lograrlo en Berazategui (a 86 votos de la Lila). El fin de ciclo de la Lila la ha transformado en un campo minado, que explotará con esquirlas hacia uno y otro lado de la burocracia. La Rosa-Gris-Verde (sostenida en un 90% sobre las espaldas de Tribuna Docente) salió tercera, con una caída de 3 puntos respecto al porcentaje de la elección de Ctera 2007 (5.391 votos, 6,27% en el resultado provisorio, algo que deberá aumentar con los resultados de Santa Fe y otras provincias). La intervención y la campaña de la Rosa-Gris-Verde permitió, sin embargo, una extraordinaria clarificación y delimitación políticas ante el pasaje de los lilas al degennarismo: PCR, MST, Teres de Santa Fe. Ello fue notorio en los lugares en los que Tribuna tiene una actuación destacada. En la Capital Federal, la Rosa-Gris-Verde se ubicó en segundo lugar. La abultada votación de la Celeste fue resultado de un fraude escandaloso (urnas en las que había 11 votos celestes terminaron registradas en el escrutinio con casi 300) y duplicó a la Lila; en la estratégica seccional de Río Gallegos (Santa Cruz-Adosac), la Rosa-Gris-Verde ganó superando al oficialismo Lila; en Neuquén, obtuvo el 16% de los votos, en Río Negro el 11,2%, y en Buenos Aires, según el escrutinio oficial, el 9% (y en los 28 principales Suteba del conurbano y del interior, donde se pudo fiscalizar más, ese guarismo asciende al 13%, aún con muchas mesas sin fiscalizar, es decir, con una cuota de fraude). En ese contexto, la Rosa-Gris-Verde ganó en Escobar y tuvo una brillante elección en Mercedes, seccional en la que se disputó también el sindicato local, que se perdió por apenas 6 votos. Los resultados en Buenos Aires están más distorsionados que en cualquier otro lugar porque ese día hubo un parazo, que en el conurbano superó al 80%, y que Tribuna Docente y la Rosa-Gris-Verde impulsaron a muerte. El parazo fue una expresión más de la enorme crisis del Suteba, pero colaboró para que el sector más combativo del gremio votara menos. Las seccionales Lilas de Buenos Aires carnerearon el paro para preservar sus especulaciones electorales. Aún así, la Rosa-Gris-Verde se ubicó segunda en 11 distritos del conurbano bonaerense. Última se ubicó la Marrón (PTS), una lista divisionista del voto combativo, obstruccionista y que corrió sin avales porque la Celeste quería reducir el impacto del voto clasista. Entre sus votos hay un componente prestado, por caso por parte de la Marrón de Mendoza, lista histórica del activismo combativo y por parte de la confusión en Neuquén, donde la Marrón es Tribuna Docente. En lo nacional, el voto marrón disimula que la caída del voto opositor es casi exclusivamente lila. Conclusiones y perspectivas En un momento de reflujo del gremio y de reforzamiento de la burocracia celeste, la Rosa-Gris-Verde y Tribuna Docente se consolidan como un fuerte reagrupamiento político del activismo clasista. En Santa Fe, el Frente 4 de Abril que integra Tribuna alcanzó la conquista de cinco congresales para Ctera, pero en la elección nacional el sector Violeta de la directiva de Amsafe-Rosario fue con la Lila y en la CTA con De Gennaro. Al interior de Amsafe-Rosario se abren, pues, dos líneas divergentes. La integración de la Lista Lila al degennarismo confirma el acierto de la presentación independiente de Tribuna y la RGV; la evolución de esa izquierda demuestra que la ruptura por parte de ellos del proceso de los Suteba combativos fue un servicio consciente y estratégico en función de un ala de la burocracia; lo mismo podemos decir de la firma de las actas de paz social por parte de Adosac y Aten. Está planteada una reorganización del activismo combativo sobre nuevas bases. La batalla librada por la Rosa-Gris-Verde y Tribuna Docente en Ctera es la base para una gran campaña en las elecciones de la CTA, junto a la Lista 3, Frente de Unidad Clasista. Resultados en la Provincia de Buenos aires Los siguientes porcentajes incluyen todos los distritos del conurbano, más Mar del Plata, Bahía Blanca, Olavarría, Partido de la Costa, Mercedes, Tandil, La Plata y Ensenada y Escobar. Esto abarca el 85% de los docentes de la provincia y se trata de distritos con mayor trabajo y fiscalización por parte de la oposición. Celeste: 61.3% Lila: 22.6% Rosa-Gris-Verde: 12.4% Marrón: 3.6%

-Exclusivo de internet Texto del documento conjunto de los trabajadores del Teatro alla Scala de Milán y del Teatro Colón, que fue leído el martes 31 de agosto, en la conferencia de prensa realizada por los representantes de los trabajadores de ambos teatros. Los trabajadores del Teatro alla Scala de Milán y los trabajadores del Teatro Colón suscribimos en conjunto el presente documento: El intento de parte de las autoridades -tanto de Italia como de Argentina- de privatizar encubierta o explícitamente las instituciones dedicadas a las expresiones del arte lírico, sinfónico y coreográfico son una demostración cabal de que consideran a la cultura como un valor económico que debe regirse por las leyes del mercado. Este intento se ha visto reflejado en "normas" (leyes y decretos) viciadas de inconstitucionalidad, ilegalidad e ilegitimidad que pretenden recortes presupuestarios, precarización laboral, traslados y disponibilidades de trabajadores, destrucción de los sistemas de producción propia e incumplimiento de los sistemas de contratación y concurso que garanticen la dotación histórica imprescindible de ambas instituciones. Nos declaramos abierta y enfáticamente defensores de los sistemas de producción propia de ambos teatros, los que, por más de un siglo, han sido reconocidos mundialmente como las más altas expresiones del quehacer cultural de nuestros pueblos. Por otro lado, dicho sistema de producción propia ha demostrado ser el único modelo económicamente exitoso, ya que sus principios favorecen la multiplicación de funciones por título y la posibilidad de acrecentar el repertorio de producciones, cuya titularidad y derechos permanecen en las instituciones. La externalización de las actividades, la tercerización de las prestaciones, la precarización de los contratos, la ausencia de concursos, la falta de paritarias sectoriales y la utilización espuria de los espacios con actividades que no se relacionan en absoluto con la función de los teatros configuran el modelo impuesto por las actuales autoridades. Esto provocará la pérdida paulatina y sistemática de los planteles profesionales artísticos, técnicos, administrativos y auxiliares, lo que dejará a los teatros como meros edificios históricos pasibles de ser usados como lujosas salas de alquiler para eventos de todo tipo cuyo único fin sea el lucro y la explotación económica. Los trabajadores no dudaremos en recurrir a todas las medidas necesarias y a todas las instancias políticas, gremiales, legales, judiciales y mediáticas para defender no sólo nuestras fuentes de trabajo, sino el patrimonio cultural y artístico de la Scala y del Colón. No somos trabajadores "privilegiados". Accedemos a nuestros puestos de trabajo luego de rendir rigurosos concursos y damos diariamente pruebas de idoneidad y calidad profesional, artística y técnica ante la crítica y el público. De ninguna manera vamos a disculparnos por tener regímenes especiales de trabajo, dado que son la consecuencia insoslayable del tipo de actividad que llevamos a cabo y de la exigencia de las prestaciones que nuestra labor precisa. La alta especificidad nos obliga a capacitarnos permanentemente para lograr el más alto rendimiento en nuestro trabajo. La similitud de la problemática de los trabajadores de la Scala y del Colón aquí expuesta es prueba contundente de que el avance de la ideología de la depredación cultural y la imposición de modelos de gestión basados en el desprecio de los bienes esenciales de nuestra sociedad y de sus trabajadores son internacionales y forman parte de un pensamiento que, a pesar de haber fracasado rotundamente y de haber provocado una crisis global sin precedentes, insiste en imponer recetas económicas y sociales que sólo producirán más exclusión, más sufrimiento y más violencia. En consecuencia, nuestra denuncia y llamado también es internacional: la difusión del presente documento pretende alertar y convocar a todos los trabajadores de la cultura del mundo. El mensaje es que debemos organizarnos para enfrentar estas políticas nefastas y, más allá de las diferencias locales, idiomáticas o culturales, reconocer a un enemigo común cuyo único objetivo es convertir a la cultura y a sus instituciones en meras fuentes de negocios y lucro. Trabajadores del Teatro alla Scala de Milán - Trabajadores del Teatro Colón Agosto de 2010

Como la patota de la UTA contra los trabajadores del subte, la burocracia sindical de la Unión Ferroviaria desplegó sus matones contra los despedidos y tercerizados de la Línea Roca. Fue el lunes 6, en el Hall de Plaza Constitución, cuando los trabajadores en lucha nos proponíamos realizar un acto para denunciar el fracaso de las negociaciones para reincorporar a los despedidos y el incumplimiento del acta firmada con el subsecretario de Transporte Ferroviario Antonio Luna. Tras un mes y medio de audiencias, tanto los funcionarios como las empresas demostraron no tener interés en reincorporar a los despedidos. Mucho menos quieren resignar el enorme negociado de los contratos de obra con personal precarizado. El jefe de la patota, Pablo Díaz, informó que la Unión Ferroviaria, que dice no tener jurisdicción sobre las tercerizadas, sin embargo, firmó un acuerdo para que en los últimos meses del año los empleados de las contratistas cobren el salario de la categoría inicial del convenio ferroviario. Es una gran conquista que logramos con nuestra lucha. Jamás antes la Unión Ferroviaria tomó en cuenta las necesidades del personal tercerizado, aunque sí los convocaba para sus actos y asados de campaña. Eso demuestra lo que se puede lograr con la organización democrática y la lucha. Pero por sobre las maniobras de los funcionarios, las represalias empresarias y las patotas de la burocracia, nos proponemos lograr el objetivo prioritario: la reincorporación de todos los despedidos. En un país donde las estadísticas oficiales dicen que el 70% de los trabajadores tienen sueldos y condiciones de trabajo precarizados y el 45% están en negro, la nuestra es una lucha de todo el pueblo. Llamamos a todas las organizaciones populares, sindicatos y cuerpos de delegados de lucha, organizaciones de derechos humanos y de usuarios del ferrocarril a participar de una asamblea con los trabajadores el próximo martes 14 de septiembre, a las 16 horas, en la sede de ATE Sur. Vamos a recuperar el Hall de Constitución para los trabajadores. Vamos a reincorporar a los despedidos. Todos a planta permanente. 7/9/10

Por sólo seis votos, la nueva seccional Suteba Mercedes quedó en manos de la Celeste. En realidad son cinco votos, dado que una de las candidatas rosa llamativamente no fue incluida en el padrón, que tuvo una modificación de último momento de 165 a 170 afiliados y en el que se constató, por ejemplo, la inclusión de un directivo de la seccional Luján. Los integrantes de la Rosa hicieron la campaña a pata y pulmón, con la enorme desventaja de no tener lo que sí maneja el aparato celeste: licencias de dos meses para las recorridas, manejo discrecional del padrón general y de escuela hasta dos días antes de la elección, ocultamiento de las designaciones de presidente de mesa. La preocupación por el desarrollo de la tendencia al voto hacia la Rosa se mostró en una solicitada de carácter maccartista y difamatorio, y en la presencia de Baradel el día anterior a las elecciones, quien hizo medios mientras visitaba dos escuelas junto con el intendente Selva, prometiendo obras como si fuera un ministro. Si pretendieron generar el terror asustando con la presencia de militantes del Partido Obrero en la Rosa, no lo lograron. Se produjo una clara polarización entre la Celeste, vinculada al kirchnerismo y al vaciamiento de toda lucha del sindicato, y la Rosa, compuesta por Tribuna Docente y compañeras de diversas posiciones políticas, sostenedora de la necesidad de tener un sindicato abierto a toda la docencia y de lucha. La Celeste viene interviniendo el sindicato hace 11 años. Tiene sus seguidores entre los que simpatizan con el kirchnerismo y los que usan el sindicato como una boca de expendio de la obra social. Los escasos 170 afiliados y los 72 votos que obtuvieron lo demuestran. La Rosa, con sus 67 votos, refleja la posición que quedó plasmada en la recorrida de escuelas en la que afiliados y no afiliados a Suteba, así como los afiliados a FEB, planteaban la necesidad de encarar el reclamo salarial en este semestre y mostraban su disconformidad con los acuerdos de Suteba y FEB con el gobierno. La Celeste aprovecha su triunfo para volver a poner un candado en el sindicato. La Rosa y Tribuna Docente toman como un compromiso los votos obtenidos y la simpatía en las escuelas. Lo primero es conmemorar el Día del Maestro, hacer el balance y tomar la iniciativa para que las escuelas impongan la necesidad de apertura de paritarias ya, aumento salarial con el básico de 2.400 pesos y la lucha por el 82% móvil, dejando claro lo que la Celeste oculta: en la provincia, los jubilados no reciben el 82%.

-Exclusivo de internet En todas las sierras chicas que rodean a Córdoba, la especulación inmobiliaria, la sojización y la falta de políticas públicas de los municipios están llevando a esta zona a un estado de colapso: falta agua, hay cortes de luz, las rutas están saturadas de grandes camiones, la degradación del ambiente avanza sin freno. Las intendencias y los organismos estatales están al servicio de los grandes capitalistas (Urquía, Bugliotti). Esto pasa en Agua de Oro, Río Ceballos, La Calera, Salsipuedes, pero también en Alta Gracia, La Cumbre, Cosquín, etc. Los vecinos están dando la lucha ambiental, pero necesitamos unirnos en un solo movimiento, confiar en la movilización y organización independientes. En Agua de Oro luchamos por la formación de una reseva hídrica en todas las sierras chicas y la prohibición de nuevos loteos y explotaciones agrícolas depredadoras. Necesitamos contactarnos con todos los ambientalistas. El Partido está apoyando esta lucha en la zona.

En una clara persecución gremial, la patronal de SanCor despidió a cinco trabajadores de su centro de distribución en Rosario. Tres de ellos son ex delegados. Frente al paro que provocó los despidos, el Ministerio dictó una conciliación obligatoria con los despedidos adentro. La patronal la incumplió, al impedir la entrada de los despedidos. Ante este atropello, se realizó un nuevo paro y un bloqueo del centro de distribución. En represalia, la patronal declaró un lock-out: no ordena recibir ni distribuir sus productos. Los trabajadores fichan, y permanecen afuera de las instalaciones en estado de asamblea permanente. Este viernes, una marcha desde el centro de Rosario a reparticiones de SanCor repudiará los despidos y exigirá la reincorporación de los cesantes. La empresa, además, dio por terminado el contrato (despidos encubiertos) de trabajadores tercerizados que se desempeñaban en la planta. Objetivamente, está planteada la toma del establecimiento, frente a una patronal negrera que, respaldada por la burocracia nacional de Atilra, ataca sistemáticamente la organización de los trabajadores con patotas y fraudes gremiales. Ningún despido. Ni un cierre más en Santa Fe. Unir la lucha de SanCor con la resistencia de los obreros de Paraná Metal, es un camino para doblegar el acuerdo entre la patronal y la burocracia de Atilra nacional.

-Exclusivo de internet Para las elecciones de Ctera, ATEP presentó un padrón de 13.000 afiliados, de los cuales sólo un 10% concurrió a votar, pero la burocracia destaca que lo hizo un 48%. Todo el acto electoral estuvo viciado por el fraude: falta de boletas sin que se puedan reponer, no se dejó -con patota de por medio- presenciar el escrutinio a ninguna lista, lo que permitió que la burocracia dibujara los resultados como mejor le pareciera. La Lista Rosa-Gris-Verde fue la que mayor cantidad de fiscales puso a militar contra el fraude. Hemos observado más de 30 mesas. La dirección de Atep sabía que igual ganaba sin fraude, pero también sabía que la mayoría de los docentes le iban a dar la espalda y para mostrar una diferencia contundente ante los ojos de todos le era imperioso montar un fraude a gran escala. Lo significativo de toda esta situación es que el MST y el PCR van de aliados con esta burocracia en las próximas elecciones de la CTA. Llamamos a todos los activistas honestos de la Lista Lila a repudiar la presencia de los dirigentes del MST y del PCR en la lista de esta burocracia patotera y a repudiar su fraude escandaloso en las elecciones de Ctera.

La Cancillería iraní anunció la suspensión de la lapidación de Sakineh Mohammadi Ashtiani –acusada de adulterio y de participar en el asesinato de su marido– “para estudiar su caso”. La medida es un giro del régimen, que acusa el impacto de las fuertes críticas internacionales que recibió desde todos los ámbitos, incluidos Brasil y Turquía. El martes, la misma Cancillería había confirmado la reapertura de la causa por asesinato (por la que había resultado absuelta en 2006) y rechazado que se estuvieran vulnerando sus derechos humanos. El funcionario invitó incluso a los países que piden la libertad de Sakineh a que pusieran en libertad “a todos los asesinos en sus países”. Sakineh lleva cinco años presa en la cárcel de Tibriz. Está incomunicada y no se le permite ver ni a sus hijos ni a su nuevo abogado (el anterior debió exiliarse). Según las otras presas, la noche el 28 de agosto las autoridades penitenciarias le ordenaron a Sakineh que se preparara para la ejecución. La semana pasada fue sometida a 99 latigazos por “difundir la corrupción y la indecencia”. La hacen responsable de que una foto suya, sin velo, fuera publicada en el diario británico The Times. Lo inaudito es que la foto es de la activista iraní Susan Hejrat. El error no alcanzó para que se revisara la condena. El caso de Sakineh ha causado una amplia movilización en Europa. La agencia oficial iraní, Irna, decidió boicotear durante un mes toda noticia sobre el club de fútbol italiano Roma, después de que su capitán Francesco Totti le mandó flores a la viuda. La ofrenda, que decía “flores y no piedras”, fue colocada bajo un gigantesco retrato de Sakineh que preside el Capitolio de Roma. El equipo sale a la cancha con una faja verde en el brazo en señal de esperanza para que sea respetada la vida de la mujer. El hijo de Sakineh pide que se mantenga firme la campaña hasta lograr la absolución total.

El anuncio de un proyecto de participación obrera en las ganancias empresarias subió la tensión entre los popes de la Unión Industrial, por un lado, y la CGT por el otro. Al mismo tiempo, el sindicato de camioneros amenazaba con retomar los bloqueos contra Techint. La sangre, ¿va a llegar al río? “Participación” sí; salario y jubilaciones, no La participación en las ganancias es un viejo recurso de los capitalistas para asociar una parte del salario a la marcha de sus beneficios. El patrón cuenta con un poderoso acicate para forzar a los obreros a aumentar el rendimiento del trabajo e integrar a los sindicatos a políticas de superexplotación obrera. De todos modos, los ingresos obreros no dependerían siquiera de esa mayor explotación, sino de las condiciones generales del mercado capitalista. Después de anunciar su proyecto, Moyano y Recalde han buscado tranquilizar a los patrones, explicando que las ganancias serán distribuidas una vez descontadas las futuras inversiones. Pero esa contabilidad seguirá en manos de la gestión capitalista, que redoblará la falsificación de sus balances para disimular beneficios. Por otra parte, el proyecto prevé destinar una parte de las utilidades a un “fondo de asistencia a los desocupados”. O sea, otra caja para el propio Moyano, que servirá de pretexto para tolerar despidos o desistir de la lucha por un seguro al parado. La “participación” de Moyano-Recalde tiene un antecedente local en el sindicato del neumático. Allí, fue impuesta en el pulpo imperialista Firestone, con el aval de Pedro Waseijko, actual candidato de la CTA en la lista de Yasky. El acuerdo, que desde hace varios años sólo deja chirolas a los obreros, lo impuso la patronal bajo la crisis de 2001, como parte de una extorsión que incluyó la amenaza de cierre e impuso condiciones laborales a la baja, que subsisten hasta hoy. Mientras agita la “participación”, una inflación que amenaza superar el 30% se devora los topes salariales pactados por Moyano. Se trata, por eso, de una cortina de humo para encubrir que la “participación” del salario en la riqueza social está siendo severamente golpeada. Moyano y la “paz social” Aunque el capo de la UIA salió a acusar a Moyano por querer “transformar a la Argentina en Cuba”, sus pares salieron a bajar la pelota. Por un lado, saben que el proyecto Moyano-Recalde ha sido varias veces meneado y luego cajoneado, en función de las pujas parlamentarias del kirchnerismo con la oposición. En este caso, la extorsión podría tener como moneda de cambio ¡al 82% móvil! que los K están tratando de bombear por todos los medios posibles. Por otra parte, mientras se peleaba con la UIA, Moyano firmaba la “paz social” con el directorio de Aerolíneas, en nombre de la casi totalidad de los sindicatos aeronáuticos. Al mismo tiempo, mantenía su completa ausencia del conflicto de Paraná Metal. De ese modo, salió a recordarle a toda la clase capitalista su papel de contención de las luchas obreras. La burguesía, sin embargo, desconfía de esa capacidad, y tiene razones para ello. No hace mucho que los piquetes de la alimentación de Córdoba desafiaron los topes salariales que la burocracia aseguró a los capitalistas y al gobierno. La tensión en torno de la reapertura de las paritarias, en gremios privados o estatales, marcha a contrapelo de los compromisos de “paz social” suscriptos por Moyano, en el primer caso, o por las burocracias de Yasky o De Gennaro, en el otro. En medio de una manifiesta inflación en dólares, el jefe de Fiat y otros patrones exigen que los precios y beneficios se dolaricen, pero los salarios no. Esta música –y no otra– es la que los capitalistas quieren oír por parte de Kirchner y Moyano. Quién sirve a quién Moyano ha formado un verdadero emporio empresario, con intereses en el transporte (seguros y fiscalización de cargas, recolección de basura). La Justicia investiga en qué medida la obra social de su gremio y otras cajas estatales contribuyeron a ese conglomerado patronal. Respecto de este enriquecimiento, la clase capitalista miró para otro lado, cuando Moyano mantenía a raya las luchas obreras sin mayores sobresaltos. Ahora, ante los ojos de los capitalistas, el hombre está en capilla. En vistas de esa desconfianza, Moyano le ha arrancado un reaseguro a los K con la entrega del PJ bonaerense y futuras candidaturas en sus listas. Pero más que un “reforzamiento” de Moyano, ello delata la debilidad de la camarilla oficial. A falta de otros recursos políticos, los K se han entregado a la suerte de una burocracia desprestigiada. Por esa tercerización, Moyano espera un salvoconducto para sus causas judiciales. Pero la mayor parte de la burocracia judicial –incluyendo a la mayoría de la Corte– ha tomado distancia del gobierno, o sea que los Kirchner ya no pueden garantizarle esa impunidad. El eje Kirchner-Moyano es, por encima de todo, la conjunción de dos declinaciones políticas. Las tendencias de fondo Con Moyano y Yasky subidos al carro kirchnerista, el gobierno quiere mostrarle a los capitalistas que preserva la facultad de regimentar a los sindicatos, en el cuadro de los desequilibrios y contradicciones impuestos por la crisis mundial. Pero el bonapartismo oficial está en decadencia. Lo demuestra la tensión por el salario; la enorme lucha de Paraná Metal, después de un año de degradación impuesta por el vaciador oficial Cristóbal López –y tolerada por la degennarista UOM de Villa Constitución. Lo expresa, a su modo, la rebelión secundaria en la Ciudad, la única lucha ¡en serio! contra Macri y la derecha frente a la demagogia impotente que suelen exhibir los K. En sus pujas con grupos capitalistas o con la oposición derechista, el gobierno nunca superó el marco de una reasignación de negocios entre pulpos. Pero pretende, a cambio de ello, alinear a los trabajadores con él. Las bravuconadas de Moyano apuntan en el mismo sentido. Sin embargo, los “nacionales y populares” no tienen para ofrecernos más que el deterioro del salario, la flexibilidad laboral o la miseria jubilatoria. La decadencia de los Moyano y sus mandantes políticos tiene que ser aprovechada, no para reforzar otros remedos burocráticos, sino para que vayamos hasta el final: desarrollemos agrupaciones clasistas en todos lados, votemos a la Lista 3 de Unidad Clasista en la CTA, construyamos una alternativa política de los trabajadores.

La Presidenta salió a hacer demagogia con los estudiantes secundarios. Después de todo –habrá pensado– se trata de un “conflicto local”. Y contra el gobierno derechista de Macri. Pero mientras Cristina hablaba, cuatro facultades de la UBA eran tomadas por sus alumnos. Contra el derrumbe edilicio, contra los planes privatizadores. Ya no se trataba de Macri, sino de la política y del Ministerio de Educación kirchneristas. Es toda la educación pública, dependa de Macri o de los Kirchner, la que se encuentra en ruinas. Pero el fermento popular no se ha detenido en el estudiantazo. Lo prueba la bronca de los docentes de varios distritos, comenzando por Buenos Aires y la Capital. Lo prueba la lucha de Paraná Metal, que lleva una semana cortando la autopista a Rosario. En el banquillo, están el gobierno kirchnerista y su empresario vaciador, Cristóbal López. Contra otra patronal oficialista, la de SanCor, sus obreros resisten los despidos. La juventud del supermercado Disco paró once sucursales contra el atropello patronal. Con su sonrisa a los secundarios, la Presidenta ha querido disimular sus guiños a los monopolios mineros, petroleros o alimenticios. Pero el pueblo de Andalgalá, en Catamarca, volvió a las calles contra el proyecto minero depredador de Agua Rica. Y en Mosconi, Salta, los desocupados regresaron a las rutas, desafiando a la represión oficial. En la bonaerense Azul, una marcha de todo el pueblo apoyó a los obreros de la carne contra los despidos y suspensiones masivas. Los capitalistas que reclaman “orden” dicen temerle a los Moyano. Los Macri, Carrió o Solá les hacen de coro. Pero los Moyano, al igual que los Yasky o Barrionuevo, han sido los artífices del cepo a los salarios. A lo que temen, en serio, es a la inquietud popular. Le temen a la reacción contra la confiscación del salario, o contra el despojo de los presupuestos de educación y salud para pagar la deuda. No, no es sólo un estudiantazo. La juventud anticipa los giros de fondo. Empeñémonos por la victoria de los secundarios, de Paraná Metal, del 82% móvil y de todas las luchas.