Prensa Obrera N° 1134

El Sindicato de Camioneros firmó una de las peores paritarias del movimiento obrero: 13% de aumento en julio, 6% en noviembre y otro 6% en marzo del año que viene. El “estiramiento” de las cuotas es peor que el que firmaron la UOM, gráficos o plásticos, donde ahora se propaga el debate en favor de la reapertura de las paritarias. Incluso es peor que el de Luz y Fuerza, que ya ha reclamado formalmente la reapertura de paritarias. El aumento del convenio camionero anualizado es de apenas un 19,93% –también inferior a bancarios, que obtuvo 23,5% desde el 1º de enero. El convenio es malo por donde se lo mire porque hasta ahora un chofer de primera categoría tiene un básico de 2.139 pesos. A eso se suman adicionales por día trabajado y kilómetros recorridos (que hay que hacerlos para cobrar), y viáticos y comida que se gastan integralmente en la ruta. Otras ramas tienen salarios inferiores, como recolectores, con un básico de 1.984; o clearing, de 2.084, y adicionales negreros por piezas distribuidas. El 1% por año de antigüedad de camioneros está lejos del 2% por año reclamado en los gremios avanzados del movimiento obrero, como reiteradamente lo ha planteado el subte. Se trata de un fracaso anunciado, porque fue el único caso de la historia del movimiento obrero donde un sindicalista empieza planteando menos de lo que quiere –recordemos a “Pablito” diciendo que pedían el 20% para presentar luego una nota reclamando el 31%. En cualquier caso, Moyano ha entregado su propio convenio para frenar el proceso de luchas que impuso el 35% en alimentación a partir de la gran huelga cordobesa y llegó hasta el 49% en el gremio de las curtiembres, el 37% entre los azucareros y otro tanto en aceiteros. Que se trata de una política del moyanismo, lo refleja la firma del SAT de trabajadores de la televisión por un importe similar. Ambos gremios firmaron sin lucha, sin proceso de debate entre las bases, sin llevar a discusión las propuestas patronales y las contraorfertas de los trabajadores. Es un balde de agua que pretende enfriar el gran paro de 48 horas que se resolvió en telefónicos por el 35%. La paritaria portuaria que reclama el 35% con paros y movilizaciones. Tiende a detener el debate instalado en los gremios estatales, que serían la mayor tormenta para el gobierno kirchnerista, porque allí se ha centrado el ajuste del gasto público contra los salarios para afrontar el usurario canje de deuda externa. Es un salvavidas para Yasky, apretado por el completo desfasaje de los salarios docentes, cuando debe enfrentar la elección de Ctera. Lo mismo para Fernández de la UTA o Pedraza de ferroviarios, que enfrentarán en agosto la reapertura de la discusión, cuando hasta aquí perciben un importe en negro del 20% del salario. Como dijimos en Prensa Obrera, los camioneros tienen que reclamar y hacer asambleas en sus lugares de trabajo, en todos los depósitos de logística, porque Moyano los encuadró con la expectativa de un salario superior que hoy se cae y se caerá sistemáticamente hasta julio del año que viene. Está planteada más que nunca la construcción de una agrupación clasista en el gremio. No hay que seguir a Moyano en la UTA, tampoco en petroleros, menos que menos en el neumático. Hay que animarse en todo el movimiento obrero, porque Moyano otrora marcaba los topes de toda la clase obrera y “robaba” algo más para su gremio. Hoy ha sido desnudado por las huelgas obreras. Moyano resta y atrasa.

El 25 de mayo, en el marco de los “festejos” del Bicentenario, el gobernador radical-K Miguel Saiz nombró secretario de Seguridad y Justicia a Víctor Cufré, quien desde 2007 se desempeñaba como jefe de la policía rionegrina. Cufré se encuentra acusado por diversos delitos, que van desde la “protección” policial brindada a bandas de proxenetas y organizaciones de tratas de personas hasta por lo menos diez muertes en calabozos, cárceles y comisarías. Durante la investigación por el caso Otoño Uriarte (desaparecida y asesinada en octubre de 2006), una serie de escuchas telefónicas puso en evidencia el entrelazamiento de la policía provincial con las organizaciones ilícitas dedicadas a la explotación de mujeres mayores y menores de edad en cabarets y whiskerias de la provincia. En diciembre de 2007, el oficial Gabriel Ormeño, adscrito a la investigación que encabezaba la jueza Marisa Bosco, quien se atrevió a denunciar a sus colegas, fue expulsado de la fuerza. La expulsión de Ormeño y la obstaculización de la investigación fueron encabezadas directamente por Marcial Peralta (quien era secretario de Seguridad en ese entonces) y Víctor Cufré. Los dos triples crímenes de Cipolletti, la desaparición y muerte de Otoño Uriarte, el asesinato del joven Atahualpa en Viedma, los casos de “gatillo fácil” de Pilquiman y Almonacid en Bariloche llevan la marca indeleble del aparato represivo provincial, caracterizado por una descomposición rampante y una brutalidad extrema. La designación de Cufré fue masivamente repudiada por las organizaciones sociales, gremiales y políticas de la provincia, incluso por el PJ y la oposición a Saíz en las propias filas radicales. Sin embargo, tanto el PJ como la UCR fueron “partícipes necesarios” de la construcción de este aparato policial mafioso, del cual Cufré es parte. Por caso, Carlos Soria, actual intendente de General Roca y pre-candidato a Gobernador en 2011 por el PJ, será denunciado nuevamente el próximo 26 de junio por su participación, como jefe de la Side, en la masacre de Puente Pueyrredón, donde fueron asesinados Kosteki y Santillán. Planteamos: Fuera Cufré. Por una comisión investigadora de las organizaciones obreras y de derechos humanos. Juicio y castigo a los responsables del asesinato de Otoño Uriarte y sus encubridores.

En el marco del debate de la comisión organizadora de la próxima movilización al Puente Pueyrredón, en vísperas del octavo aniversario de la masacre de Avellaneda, se discutió sacar un comunicado de prensa encabezado por los familiares Vanina Kosteki, Alberto Santillán y las organizaciones convocantes al acto. El comunicado reclama juicio y castigo a los responsables políticos del asesinato de Maxi y Darío, y denuncia el intento del gobierno de montar, con organizaciones kirchneristas, una parodia en el puente, en la que se pretende usurpar las banderas de lucha nada menos que por parte de un gobierno que tiene entre sus filas a un responsable directo de la masacre como Aníbal Fernández y que sostiene el aparato represivo intacto para acallar las luchas. En este debate, la representante de CTA Capital se negó firmar el comunicado que finalmente se acordó con todas las organizaciones ¡con el argumento de que “no habría que estar ni en contra ni a favor del gobierno”! Si el degennarismo piensa enfrentar así el copamiento kirchnerista de la central, ¡pobre CTA!

La CTA de Río Negro había anunciado un paro provincial activo para el martes 22 y comprometido su apoyo a la movilización convocada para ese día en Bariloche por los familiares de los chicos asesinados y la Multisectorial. Sin embargo, 48 horas antes de la marcha, la “central alternativa” retiró expresamente su apoyo a la movilización, postergó el paro para el jueves 24 y convocó a una marcha ese día, pero en Viedma, o sea a más de mil kilómetros de distancia ( Río Negro , 22/6). En Bariloche, la CTA se movilizará también el jueves, pero al margen de la Multisectorial y de los familiares, para entregar un petitorio en la sede del Poder Judicial. Nadie conoce el contenido de ese “petitorio” porque nunca fue puesto a consideración de los trabajadores. La CTA sí aclaró en un comunicado que “rechazamos toda forma de violencia”, lo que significa que pone un signo igual entre la represión policial y la respuesta indignada de la juventud obrera. La CTA trabaja por la “paz social”, cuya “garantía” sería la Gendarmería que se comprometió a enviar el gobierno nacional; el cual, dicho sea de paso, no emitió hasta ahora una sola declaración respecto al asesinato de los tres jóvenes a manos de la policía, como tampoco lo hizo la mesa nacional de la Central. La CTA es una agencia local del kirchnerismo, que apoya políticamente al gobierno provincial responsable de la masacre, lo que explica esta conducta miserable. La CTA reculó ante la presión de los punteros de Saiz y de la Cámara de Comercio, que convocaron dos movilizaciones reclamando por “seguridad” y apoyando a la policía. Los alcances de la represión policial en Bariloche son vastísimos. Las denuncias de los detenidos durante las jornadas del 17 y 18 que ahora están saliendo a la luz, sobre las torturas que sufrieron en las comisarías, son de una brutalidad espeluznante. La burocracia de la CTA es profundamente reaccionaria.

Las elecciones de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA), realizadas durante la pasada semana, se transformaron en una gran victoria clasista. Con la votación más importante desde que se creó la AGD hace una década (47% del padrón), los 1.513 afiliados docentes que concurrieron a votar le dieron el triunfo a la lista Unidad por la Gremial, un frente integrado por la Lista Naranja, que va a la cabeza de la lista, y sectores del PC disidente e independientes del Pellegrini. A partir de esta elección, el nuevo secretario general es Santiago Gándara, quien reemplaza a Néstor Correa, ambos militantes destacados del Partido Obrero. El triunfo de Unidad por la Gremial fue aplastante. Superó el 68% de los votos, mientras la lista opositora (ver artículo) llegó apenas a algo más del 30%. De esta manera, en la Mesa Ejecutiva, Unidad por la Gremial conquistó seis cargos titulares sobre un total de siete. En la votación de afiliados, o sea, en el sector más comprometido con la construcción del sindicato, se impuso en ocho facultades de las diez en las que se votó; lo mismo sucedió en el colegio Carlos Pellegrini. En muchas facultades, la votación de Unidad por la Gremial superó holgadamente el 90%. Unidad por la Gremial ganó incluso en Ingeniería, donde no presentó lista de facultad. En la estratégica Ciencias Sociales, cuna histórica de la AGD-UBA y donde la oposición tenía lista propia y a uno de sus principales candidatos encabezándola, el resultado fue demoledor: más del 80% de los votos. En las elecciones de comisiones directivas de las facultades también la mayoría quedó para Unidad por la Gremial. En siete unidades académicas se impusieron sus listas, mientras en cuatro lo hicieron las de la oposición. Si en este rubro el triunfo fue por un margen más estrecho, es sólo porque en las elecciones de comisiones directivas votan también los docentes no afiliados, lo que posibilitó que en algunos casos las autoridades universitarias movilicen parte del padrón docente para evitar que Unidad por la Gremial conquiste la dirección de esas Comisiones Directivas. El caso más alevoso se dio en Filosofía y Letras, donde el decano kirchnerista Trinchero se jugó entero para evitar que la Comisión Directiva de la AGD-Filo esté en manos de los compañeros de la Naranja. Este espadachín de Carta Abierta no tuvo empacho en votar por una lista que en la Ejecutiva estaba encabezada por los “sojeros” del PCR. Se ha visto que, a la hora de elegir, un kirchnerista prefiere a un sojero antes que a un reagrupamiento clasista. El alcance de la votación debe ser especialmente destacado debido a que como sindicato de base, opuesto a la burocracia universitaria que dirige la UBA, cada docente que concurre a votar lo hace gracias a un trabajo de movilización política y sindical en base a la agitación y organización de las reivindicaciones de los trabajadores docentes. Muy distinto, claro, a los otros sindicatos que rivalizan con la AGD-UBA, como Aduba y Feduba, ambos dependientes del rectorado, de las afiliaciones compulsivas y de las prebendas del Estado. Por eso son incapaces de hacer una elección en la que participen voluntariamente más de 2.000 trabajadores entre afiliados y no afiliados. Es cierto que el triunfo de Unidad por la Gremial nunca estuvo en duda, pero sorprendió por su alcance y masividad. La razón es muy simple: en la lista ganadora están los constructores de la AGD-UBA, un sindicato que funciona sobre la base de asambleas democráticas, que ha librado luchas decisivas junto a la docencia de todo el país, conquistando importantes incrementos salariales, la recomposición de la estructura salarial mediante el blanqueo de las sumas en negro, el 82% móvil para los jubilados, la designación con renta de 2.000 mil docentes que revestían la categoría de ad honorem. Es mérito de la dirección de la AGD-UBA ser artífice de la unidad con el movimiento estudiantil encabezado por la Fuba, para luchar por la defensa de la universidad pública contra la ofensiva capitalista y también contra las camarillas universitarias y su régimen profundamente antidemocrático y corrupto, puesto al servicio de los grandes monopolios que quieren lucrar con la universidad, su presupuesto, sus docentes y estudiantes. Como parte de la dirección de la Conadu Histórica, Unidad por la Gremial tuvo también el mérito de rechazar el acta paritaria que otorgaba un aumento salarial inferior al 20%, mientras el resto de los sindicatos de docentes universitarios, incluida la Ctera (que representa algunos pocos afiliados de colegios pre-universitarios) lo aceptaron sin chistar. En este cuadro, la campaña electoral de Unidad por la Gremial no sólo transcurrió en un cuadro de luchas (paros, carpa docente frente al Ministerio, clases públicas) sino que hizo eje en la necesidad de reabrir la paritaria para ir por el 35% de aumento salarial y el adelantamiento inmediato de las cuotas. Por todo esto, no nos equivocamos al definir las elecciones de la AGD-UBA y a la reafirmación de su actual dirección como un triunfo clasista de cara a todo el movimiento obrero y como el avance de una posición independiente de los trabajadores, ya que se da en el disputadísimo medio universitario, al que el gobierno bombardea sistemáticamente con los “intelectuales” de Carta Abierta y la derecha y los radicales con sus viejas influencias, todos sostenes de las camarillas profesorales privatizadoras. El triunfo en la AGD-UBA plantea un mandato claro de lucha y marca una perspectiva de desarrollo para la construcción clasista e independiente de los partidos patronales entre los trabajadores. Es también un reagrupamiento clasista de cara a las próximas elecciones de la CTA.

El asesinato de tres pibes por parte de la policía desató una verdadera pueblada en Bariloche. Desde los barrios del Alto, la contracara obrera y sumergida de la “Suiza cordillerana”, la movilización ganó las calles de la ciudad. Centenares de jóvenes enardecidos montaron piquetes en las esquinas y se enfrentaron a pedradas con la policía durante varias noches. Cuando el Juez a cargo de la causa y el intendente se acercaron al barrio, fueron expulsados por decenas de vecinos enfurecidos. Las escuelas, el municipio, los comercios, el transporte público, toda la ciudad quedó prácticamente paralizada. Mientras los familiares de Diego reclamaban poder velarlo en su casa sin presencia policial en la puerta, el gobierno provincial ordenaba la militarización de las barriadas, trasladando efectivos desde otras ciudades y coordinando con el gobierno “derecho y humano” de los K la intervención de la Gendarmería. El intendente Cascón “evitó calificar la acción policial” y se dedicó a divagar sobre la “necesidad de fomentar la integración social”, como si la lucha de la juventud contra la barbarie policial pudiera ser canalizada por el mismo Estado que reprime y encubre. El gobernador Saiz suspendió un viaje oficial a la ciudad que tenía programado y ordenó que se estableciera allí el flamante Secretario de “Seguridad”, Víctor Cufré, un redomado exponente de las mafias que dominan el aparato represivo provincial (ver nota aparte). Al día siguiente, centenares de manifestantes convocados por las organizaciones sociales y políticas de la ciudad, entre ellas el Partido Obrero, marcharon desde el Centro Cívico por la avenida principal hasta las puertas de la comisaría, en tanto los enfrentamientos y escaramuzas con la policía continuaban durante toda la tarde. A partir del sábado 19, estas organizaciones ocupamos la sala de periodistas de la Municipalidad e instalamos una radio popular. En todas las ciudades de la provincia se produjeron marchas y concentraciones reclamando las renuncias de Cufré y del Ministro de Gobierno, y el el cese de la represión. Contra la represión y el hambre: por la organización socialista de la juventud Lo que estalló en la mañana del 17 de junio no fue un rayo en cielo sereno. El “gatillo fácil” y la brutalidad policial son parte de la vida cotidiana en las barriadas de Bariloche. Los barrios obreros fueron convertidos por el Estado en verdaderos “ghettos”. La policía monta operativos “cerrojo” en los accesos al centro de la ciudad cerrando el paso a la juventud trabajadora, para la cual el ingreso sólo está permitido para ser conchabada en los centros comerciales y turísticos y en la construcción. Bariloche es una ciudad devastada por la desocupación, con sus trabajadores hacinados bajo la nieve en casas de cartón y chapa, donde la canasta familiar está calculada en 6.500 pesos y el salario promedio apenas cubre un tercio. Las políticas represivas pretenden perpetuar estas condiciones de miseria y explotación que someten a la clase obrera de la ciudad y de la provincia. Su superación surgirá de la movilización y de la organización política independiente de la juventud y de la clase trabajadora para acabar con la represión, la miseria y la explotación. Viva la rebelión de la juventud del Alto. Fuera la policía asesina de los barrios obreros de Bariloche. Fuera la Gendarmería. Basta de gatillo fácil. Juicio y castigo a todos los culpables. Justicia para Diego, Matías y Sergio, y todos los pibes víctimas de este régimen. Que se vayan Larregui y Cufré. Que la crisis la paguen los capitalistas y sus gobiernos represores.

La organización y las movilizaciones de los docentes jubilados obligaron al gobierno y a Ctera a establecer un nuevo acuerdo de ajuste jubilatorio, otorgando un 4,95% de aumento, en concepto de movilidad docente (que, sumado al 0,98% dado en marzo, es 6%), retroactivo a mayo. El propósito es acallar el reclamo del cumplimiento efectivo de la Ley 24016 (aumento de las jubilaciones cada vez que se le aumenta al docente en actividad, con cobro automático y actualizado al valor del cargo), de la incorporación de todas las sumas al básico (para que se cumpla el 82%) y el pago inmediato de todos los juicios. En las asambleas autoconvocadas, en las concentraciones en el Congreso Nacional y en la Legislatura de Capital el 15 de junio, todos estos reclamos fueron reafirmados. Los docentes no se dejaron engañar. Mantuvieron firme el planteo del petitorio que tiene ya casi 10.000 firmas. En la reunión con la Comisión de Previsión del Congreso plantearon que el Proyecto de Ley que propone el cumplimiento de la Ley 24016 debe establecer el cobro retroactivo y la actualización de los haberes. En la Comisión de Educación de la Legislatura reclamaron el voto favorable al cumplimiento de la Ley e instalaron el reclamo concreto de que salga la ordenanza de incorporación de todas las sumas al básico. Los miembros de UTE, hoy devenidos en legisladores, hicieron un lobby para tratar de que “Jubilados Unidos y en Acción” desistiera de sostener el reclamo y la denuncia de que hay partes importantísimas del sueldo que no están en el básico, con el cuentito de que son... remunerativas. Se fundamentó con cifras concretas cómo no se cumple el 82% y debieron llamarse a silencio. Se puso como ejemplo el incentivo, el presentismo, el ítem 125 que se cobra sólo en dos cargos, los 1.800 de “garantizado” que achican el porcentaje de antigüedad. El movimiento muestra su vitalidad. El petitorio se sigue firmando, se comienzan a incorporar docentes en actividad a las asambleas y movilizaciones, se pliegan los docentes ex nacionales, se preparan nuevas movilizaciones a la Anses, la Corte Suprema y Plaza de Mayo. El 6% de Ctera no conforma a los jubilados, tampoco que haya un Proyecto de Ley en el Congreso ni una Declaración a favor del reclamo de la Legislatura. Por eso este movimiento encarna una gran perspectiva política: para cumplir con la deuda con los jubilados hay que acabar con el vaciamiento de la Anses. La lucha por los jubilados coloca al gobierno, a los empresarios y banqueros ante la pérdida de su gran caja de financiamiento.

Murió José Saramago, Nobel de Literatura 1998. Decir eso es decir poco. A su obra literaria corresponde sumar su cada vez más lúcida denuncia del derrumbe capitalista, de la farsa de los gobiernos socialdemócratas, de la cobardía de la izquierda, del sionismo, de la Iglesia. Verdad es que muchas veces apoyó las versiones “progresistas” de lo que criticaba, rémora de su formación en el Partido Comunista. Pero sin olvidar estas contradicciones, Saramago mantuvo una incondicional defensa de los oprimidos. “Frente a la injusticia hay que perder la paciencia”, exigía. La perdió, y llamó insistentemente a perderla. En Lisboa, miles de personas lo despidieron con una lluvia interminable de claveles rojos. Nieto de un campesino analfabeto, Saramago fue obrero metalúrgico y después periodista; el reconocimiento a su obra literaria llegó en la madurez. En los ’60 se afilió al Partido Comunista. Combatió la dictadura de Salazar, participó de la revolución de los claveles –“de la que no quedó nada”– y se definió como un “comunista hormonal” que, interpreto, quería decir sin retorno. Esa lealtad no le ahorró roces con el PCP, pese a los melosos panegíricos post mortem de Alvaro Cunhal. En 1980 firmó una carta reclamando “mayor democracia interna” en el partido y diez años después renunció a la presidencia de la Asamblea Municipal del Ayuntamiento de Lisboa “cansado” de las críticas “contra las voces disidentes” de la dirección del PCP ( El País , 19/6). Defensor acérrimo de la revolución cubana, en 2003 –en nombre del “irrenunciable derecho a disentir”– repudió la condena de 75 disidentes y la ejecución de tres de ellos, que habían robado una lancha. “No se entiende que si hubo conspiración no haya sido expulsado ya el encargado de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana”, dijo, y agregó: “Cuba no ha ganado ninguna heroica batalla fusilando a esos tres hombres, pero sí ha perdido mi confianza (...). Hasta aquí he llegado”. Que la ruptura no era con la revolución sino con su gobierno, lo aclaró infinidad de veces. En 2002, en Cisjordania, dijo: “lo que sucede en Palestina es un crimen comparable con Auschwitz”, que el pueblo israelí y su ejército “se habían convertido en rentistas del Holocausto” y que “los judíos que han sido sacrificados en las cámaras de gas quizás se avergonzarían de sus descendientes”. Sus declaraciones dieron vuelta al mundo, el sionismo lo acusó de antisemita y retiró sus libros de las librerías israelíes. El siguió levantando la voz en defensa de Gaza y repudiando la complicidad de la ONU. Antes de que asumiera Obama, la voz solitaria del portugués volvió al ataque: “No es el mejor augurio que el futuro presidente de Estados Unidos repita una y otra vez, sin que le tiemble la voz, que mantendrá con Israel la ‘relación especial’ que une a los dos países (...). Si no le repugna tomar su té con verdugos y criminales de guerra, buen provecho le haga, pero que no cuente con la aprobación de la gente honesta” (2009). Saramago arruinó muchas veces las ceremonias de los poderosos. En 2006, invitado por el gobierno español a la recepción oficial de Michelle Bachelet –cuya candidatura había apoyado–, le pidió en su discurso “una mirada hacia los Mapuches (...) atacados por las multinacionales que vienen a quitarles sus tierras para construir industrias (...) a los que les aplican las leyes antiterroristas de la dictadura pinochetista”. Y, ante la cara demudada de Bachelet, siguió con ironía demoledora: “Yo le pido que lo que le voy a decir no se lo diga a ninguna autoridad, pero hace un tiempo fui a Chile y mantuve una reunión clandestina con una comunidad de Mapuches, y cuando salí de Chile, me enteré que esos Mapuches habían sido detenidos y estaban en la cárcel...”. No fue el único viaje en el que el Nobel se reunió, clandestinamente, con perseguidos. La impaciencia de Saramago alcanzó a la izquierda, a la que criticó amargamente por renunciar a la lucha por el socialismo: “La izquierda no tiene la más puta idea del mundo en que vive. Ni piensa, ni actúa, ni arriesga una pizca y queda patente su cobardía en su impavidez ante una burla cancerígena como la de las hipotecas en los Estados Unidos” (2007). “Ya no hay gobiernos socialistas, aunque se llamen así los partidos que están en el poder”, declaró después, y convocó a “perder la paciencia ahora que la izquierda había dejado de ser izquierda. Es hora de aullar. Enemigo jurado de la Iglesia católica, el obituario del L’Osservatore Romano lo llama “ideólogo antirreligioso, un hombre y un intelectual que no admitía ninguna metafísica, encerrado hasta el final en su confianza profunda del materialismo histórico, a saber el marxismo”. Es justo: toda la obra de Saramago –desde el Evangelio según Jesucristo (1991) hasta su último libro, Caín (2009)– impugna al Vaticano y a la religión: “Los señores cardenales y los señores obispos, incluyendo obviamente al papa que los gobierna, no están nada tranquilos. Pese a vivir como parásitos de la sociedad civil, las cuentas no les salen. Ante el lento aunque implacable hundimiento de este Titanic que es la iglesia católica, el papa y sus acólitos, nostálgicos del tiempo en que imperaban, en criminal complicidad, el trono y el altar, recurren ahora a todos los medios para inmiscuirse en la gobernación de los países”. Dijo hace poco: “Espero morir como he vivido, respetándome a mí mismo y sin perder la idea de que el mundo debe ser otro y no esta cosa infame”. Así fue. “Até amanhá camarada”.

El Frente 4 de Abril, un agrupamiento de todo el activismo opositor docente a nivel provincial, obtuvo 8.335 votos (40,7%) contra 12.215 de la Celeste (59,3%). El Frente triunfó en cuatro departamentos: Rosario, Caseros (Casilda), Castellanos (Rafaela), General y Obligado (Reconquista) En San Javier, la Celeste –siguiendo la “tradición” de fraudes de Agmer y del Suteba La Plata– directamente puso diez votos “con la mano” para birlar el triunfo departamental a la oposición. La elección constituye un golpe enorme para la dirección Celeste de Sonia Aleso y para Yasky, a pocos meses de la elección nacional de Ctera, pues Santa Fe es el segundo sindicato en importancia después del Suteba y constituye objetivamente un fortalecimiento de los sectores combativos del gremio. En Rosario, el Frente Gremial, que conquistó en esta elección seccional su tercer mandato obtuvo en el orden provincial el 60% de los votos. La consigna del Frente de reabrir el reclamo salarial, denunciando la paritaria que cerró la Celeste en el verano sin la participación de los docentes, fue una de las razones de la masiva votación antiburocrática. El tema de las paritarias se ha instalado como debate central de los docentes, quienes vieron en el Frente Gremial una perspectiva para romper el cepo salarial que impone la Celeste en el orden provincial. El Frente, además, realizó una extraordinaria elección en Santa Fe capital, tradicional baluarte de la burocracia. Esta vez cinco agrupamientos unidos en el Frente Gremial obtuvieron el 35% de los votos en la capital, que sólo bajó al 27,7 haciendo el recuento de la totalidad de los departamentos de alrededor de la capital (Laguna Paiva, Santo Tomé, aun con total dominio celeste). Esta elección inicia la cuenta regresiva de una dirección que hace 15 años está instalada en la seccional. En San Lorenzo, mantuvieron el sindicato un frente de los celestes y los verdes de Educación Popular en una elección que se transformó en un “problema de Estado”. Metieron la mano los intendentes del cordón, funcionarios del Ministerio de Educación y la propia Sonia Alesso, quien invirtió en obras en la sede gremial inaugurada días antes de la elección y donde otorgó una titularización de más de 100 docentes con un chantaje directo por el voto. Para ganar en San Lorenzo, el oficialismo no sólo gastó montañas de dinero en publicidad radial y de todo orden sino que, además, infló un padrón con más de 200 jubilados, a los que llevó en remises a votar, y apeló al chantaje de los créditos de una mutual dirigida por el propio secretario general. Así terminó la elección con un índice de votación insólito del 85 por ciento del padrón. Tribuna Docente desarrolló dentro del Frente una extraordinaria campaña provincial: aportó 221 fiscales la elección. La constitución del Frente Gremial y los excelentes resultados obtenidos en la elección provincial pueden ser un camino a seguir en las próximas elecciones de Ctera, donde la existencia de una lista única de los sectores combativos del gremio –actuando con un programa de lucha y de independencia de los sindicatos del Estado– puede colocar en serios aprietos a la dirección de Yasky, abiertamente cooptada por el gobierno nacional. Las elecciones de Ctera necesitan de la constitución de una alternativa de lucha y antiburocrática. La constitución del Frente 4 de Abril y el programa votado en Santa Fe pueden ser una base para comenzar la discusión.

El derecho al matrimonio para gays y lesbianas es una reivindicación democrática, un principio elemental de igualdad ante la ley. Su violación confina a la inexistencia civil a las parejas y las priva (junto con sus hijos) de numerosos derechos: la adopción conjunta y la tenencia compartida, obra social, planes sociales, de vivienda, pensión jubilatoria, derecho a la herencia o a decidir cuidados médicos si el otro cónyuge no puede hacerlo por sí mismo. La mayoría de los homosexuales están obligados a una doble vida y a disimular su condición para obtener y mantener un empleo. El doble estándar jurídico devela el carácter homofóbico del Estado, responsable del cotidiano maltrato que reciben las personas GLTTB. Las iglesias son la usina ideológica del odio contra quienes desacatan la norma heterosexual. La derecha cavernícola se opone a que los homosexuales adopten porque, dice, criarse con adultos del mismo sexo sería dañoso para los chicos, que necesitan un padre y una madre para su desarrollo “normal”. El infundio –que confunde deliberadamente biología y cultura, función parental y sexo– es refutado por la Organización Mundial de la Salud y las corrientes psi no confesionales. Los heterosexistas soslayan que la crisis terminal de su modelo de familia ha llevado a que gran parte de los chicos conviva con un solo adulto (usualmente la madre, una abuela, una tía) o en familias ensambladas. Ocultan que el capitalismo es el más enérgico destructor de la familia tradicional vía la pauperización, el desempleo y el trabajo precario, las extensas jornadas laborales, la falta de vivienda, la descalificación de los ancianos, el acoso a los jóvenes. También ocultan que la ley de adopción no inhabilita por orientación sexual, aunque los jueces y las ONG católicas encargadas de evaluar la “adoptabilidad” bloqueen la adopción a personas solas ante la posibilidad de que sean homosexuales. Por el contrario, son los hijos de las parejas homosexuales los que están privados de todo derecho respecto del padre o la madre que carece de vínculo legal con ellos, y viceversa. Además, muchas veces son obligados a clandestinizar, desde la primera infancia, su entorno familiar. La política capitalista de regimentación de la sexualidad impulsa el andamiaje social homofóbico, expresado en la imposición estatal y religiosa de la norma heterosexual, defendida como “orden natural” con funciones reproductivas. La maternidad compulsiva –supuesta “determinación natural y función social” (¿¡) inexorable de las mujeres “normales”– y la prohibición del aborto son otros de sus bastiones. El desafío a la norma heterosexual y su familia modelo, para reivindicar una sexualidad disociada de la reproducción y regida por el “improductivo” principio del placer, es una disidencia política –sean o no concientes de ello quienes la ejercen con el capitalismo. Esto explica la homofobia del régimen social y de los aparatos religiosos, que consideran a la homosexualidad corrosiva para el disciplinamiento moral de las masas. Todo cambia El matrimonio es una creación cultural cambiante y el capitalismo muchas veces debió tolerar modificaciones que significan la ampliación de derechos. La ley del matrimonio civil en la Argentina es un ejemplo. Su primera versión (1871), sujeta al derecho canónico, sólo reconoció el matrimonio entre católicos y los hijos de él surgidos, y sometió a la mujer y a la prole a la autoridad del jefe de familia. Recién en 1888, el Estado casó a personas de otros credos y en 1924 amplió la autonomía de las casadas. Hasta 1968, los hijos nacidos fuera del matrimonio no obtuvieron igualdad jurídica. En los ’80, se reconocieron los derechos de la madre (patria potestad compartida). Las concubinas y concubinos tuvieron hasta la sanción del divorcio (1987) el mismo estatuto ilegal que hoy tienen gays y lesbianas. Por supuesto que la obtención del matrimonio para las parejas del mismo sexo no solucionará las opresiones que comparten con las parejas heterosexuales de las clases explotadas. La igualdad jurídica servirá –como ocurrió en el pasado, cuando la conquistaron los trabajadores y las mujeres– para develar que esa desigualdad no es causa sino uno de los efectos de la vasta opresión del régimen de clases. Sin embargo, un sector del capitalismo se inclina por “normalizar” a las parejas homosexuales, asimilándolas como “familias diferentes”, pero familias al fin. Es el señuelo de la fuerte política de cooptación del movimiento GLTTB en todo el mundo, que asfixió en la mayoría cualquier cuestionamiento integral al régimen social. La “asimilación”, claro, reproducirá las lacras del régimen social que la promueve, generando más “asimilados” que otros. ¿Matrimonio gay y asesinato de travestis? ¿Hoteles gay 5 estrellas y despido de maestras lesbianas? Un trolo pobre jamás recibirá el trato que el profesional gay mientras está protegido –encerrado– por el circuito gay friendly. Y mucho menos una travesti, inasimilable por el mercado de trabajo, condenada a prostituirse, sometida a prácticas quirúrgicas clandestinas, perseguida por la policía. No hay matrimonio gay que altere la opresión a las mujeres por muy lesbianas que sean: ganan el 70% del salario masculino y muchas tienen hijos que mantener (por eso el marketing de consumo gay se orienta a los varones). Vivir una homosexualidad libre de discriminación –el restringido programa de los derechos civiles del movimiento GLTTB– es una ilusión bajo un sistema fundado, justamente, en múltiples opresiones. Como todo derecho democrático, exige total independencia política de las clases y partidos que lo sostienen y luchar por otro régimen social.

Las organizaciones satélites del gobierno kirchnerista han lanzado la convocatoria a un acto oficialista para el 26 de junio en el Puente Pueyrredón. El operativo se lleva adelante en horas en las que el acto amenaza con transformarse en un punto de referencia para la lucha contra la represión policial, en particular contra la juventud, que ha hecho eclosión esta semana bajo la forma de una pueblada contra la policía asesina en Bariloche. Si bien el mecanismo no es nuevo –el kirchnerismo ya ensayó una expropiación política y mediática del 24 de Marzo– la impostura es ahora mayor que nunca. Los kirchneristas pretenden centrar un acto para denunciar a quienes disputan una interna en el PJ: Duhalde y Solá. No dicen nada del omnipresente vocero K y jefe de Gabinete, Aníbal Fernández – señalado en la causa federal como responsable político de la masacre, junto a los dos anteriores y otros más. El Movimiento Evita, convocante del acto, participó con cargos ministeriales del gobierno de Felipe Solá cuando éste ya era represor del Puente Pueyrredón, sin preocuparse en lo más mínimo hasta que la interna del PJ los colocara en veredas opuestas. Uno de los dirigentes del corte en el Puente Pueyrredón de 2002, Roberto Martino, del MTR, está preso por orden de este gobierno, aliado del sionismo, por denunciar la masacre realizada por Israel en Palestina. En fin, los lobos pretenden pasar por ovejas para bloquear un gran acto de denuncia a la represión a la juventud, la continuidad de la Bonaerense y las otras fuerzas represivas y la persecución a los luchadores. Parece que lejos de lograrlo, la intentona K está reforzando la jornada, consolidando la disposición a participar de sectores piqueteros, del movimiento estudiantil, de familiares de casos de impunidad. El Partido Obrero rechaza la realización de un acto oficialista el 26 de junio en el Puente Pueyrredón, que es una farsa para disimular la sangre en las manos de los represores que integran uno de los bandos que se disputan el PJ. Vamos por un 26 de junio masivo, obrero, piquetero y de independencia política que plantee: • A ocho años de la Masacre de Avellaneda, de Duhalde a los Kirchner: la misma Bonaerense, la misma impunidad. • Juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de la masacre de Avellaneda. • Trabajo para todos. • No al pago de la deuda externa. • Libertad a Martino y los demás presos políticos. • Desprocesamiento a los más de 5.000 luchadores populares perseguidos por la Justicia. • Exigimos al gobierno nacional la aparición con vida de Julio López y Luciano Arruga.

La idea de un Mundial de fútbol surgió en 1919. La Fifa, a través de Jules Rimet, buscaba organizar el Mundial. Buscaba propagandizar, bajo un ropaje deportivo, los principios de la Liga (capitalista) de Naciones, orquestada por el presidente norteamericano Wilson, después de la Primera Guerra Mundial y luego de la Revolución Rusa en 1917. Por ello, con el propósito de “confraternización de los pueblos” y en favor de la “paz” se jugaron dos especies de campeonatos internacionales, en 1920 y 1928, ganados ambos por la selección uruguaya. Luego de la crisis mundial en 1929, el planteo se materializará con la celebración formal del primer “mundial” de fútbol al año siguiente en tierras uruguayas. 1930. Un mundial devaluado La sede de este primer torneo fue Uruguay. Algunas selecciones, como Inglaterra (una de las pocas profesionalizadas), se niegan a participar, debido a que el Mundial no se desarrolló en suelo europeo. Una de las características más sobresalientes de ese torneo fue el alto grado de amateurismo que impregnaba la formación de la mayoría de las selecciones participantes. La selección de los Estados Unidos viajó con todo un plantel conformado por inmigrantes convocados para la ocasión, dado que la mayoría de sus jugadores más importantes eran empleados y, por lo tanto, sus respectivas patronales no les dieron permiso para participar del evento. Lo mismo ocurrió en el caso de Rumania, en donde el rey Carol tuvo que presionar vía un decreto para que una petrolera británica dejara concurrir a medio plantel. Cuando volvieron los jugadores, se encontraron con una decena de telegramas de despidos. La selección francesa pudo desembarcar a través de los costos solventados por parte del gobierno uruguayo: “La misma Asociación Francesa había decidido abstenerse de participar. La razón aludida fue la imposibilidad de reunir catorce o quince jugadores capaces de representar dignamente al fútbol francés” (Jules Rimet). El director técnico de la selección uruguaya era profesor de educación física. El director técnico de la selección argentina era empleado y el único consejo que les daba a los jugadores antes de comenzar el partido era “aléjense de los sándwiches de salame” ( El Gráfico Nº 580). Alrededor de la mitad de los seleccionados inscriptos desistieron de jugar el torneo por los altos costos económicos de traslado y alojamiento. Los futbolistas rumanos, los franceses, los belgas y hasta los brasileños abordaron todos la misma nave con destino al Río de la Plata con el fin de abaratar esos costos. La selección yugoslava viajó a bordo de un pequeño barco de correos. Las entradas costaban unos de 15 pesos, alrededor de 4 dólares, un precio prohibitivo para la clase obrera, ya que su salario, en algunos casos, era de 150 pesos. Eran otros tiempos y otra historia los de aquel Mundial, desarrollado en el contexto de una crisis económica mundial y cuando el desarrollo capitalista del fútbol estaba en una etapa infantil. Han pasado 80 años. La actual bancarrota capitalista se refleja en Sudáfrica 2010 en las enormes desigualdades sociales y los gigantescos negocios capitalistas que se esconden dentro del país organizador. La mercantilización del fútbol ha pasado a una etapa de descomposición y senilidad.

-Exclusivo de internet En Asamblea general del cuerpo de delegados y con la presencia de los estudiantes independientes y de las agrupaciones "20 de Diciembre" y "Carlos Fuentealba" los estudiantes hemos quebrado la maniobra antipopular, regimentadora y autoritaria del PJ dentro del instituto; a través del debate, las denuncias y los posicionamientos políticos respecto del accionar de la agrupación que recibe los lineamientos de Othacehé, que ha sido impugnar una asamblea que masivamente votó el apoyo total a las luchas de los terciarios de La Matanza, tratando de evitar cualquier instancia de unificación de los terciarios y de solidaridad práctica. Cada intervención que denunciaba la maniobra era aplaudida con gran entusiasmo y de forma masiva por los estudiantes reunidos. Es por eso que la asamblea cobra una importancia política fundamental en el proceso de la lucha que vienen dando los estudiantes por organizarse de manera independiente de los partidos políticos patronales, de la dirección y del gobierno. Además, se denunció y repudió la golpiza y amenazas que recibió Ezequiel Benítez el pasado 14 de abril en su colegio de Pontevedra por parte de las patotas que controla Othacehé. Ante este repudio masivo, la agrupación peronista huyó despavorida y cuando intentó volver a quebrar la asamblea, los mismos estudiantes le torcimos la jugada. Este accionar demuestra la estrecha relación tripartita que se monta entre "Othacehé-Dirección-UJEM", pero lo más importante es que impulsa a los estudiantes (y no sólo del ISFD Nº 29, sino de todos los terciarios) a luchar por centros independientes de los que pretenden regimentarnos sea como sea. Ante el accionar de ataque hacia los estudiantes de parte de los regimentadores, es más urgente que nunca levantar un plan de lucha entre todos los estudiantes que pretendan defender los derechos estudiantiles y de los trabajadores formando un Frente de lucha Estudiantil. Por la defensa de la educación pública. Por un mayor presupuesto para la misma. Por la finalización de las obras del instituto. Por un Boleto Estudiantil único para toda la provincia. Por la defensa de las libertades democráticas. Por la independencia estudiantil y su unidad al resto de las luchas.

Después de que otra adolescente fuera violada, el gobierno mendocino de Celso Jaque adelantó la aplicación de la castración química –dosis masivas de inhibidores sexuales– a condenados por ese tipo de delitos. La medida es extorsiva, aunque diga que su aplicación depende de la voluntad de los condenados, ya que los que no se sometan a la castración “perderán beneficios tales como indultos, conmutación y rebaja de penas” ( La Nación , 16/3). Jaque dijo que así evitaría la reincidencia, habitual entre los delincuentes sexuales. Sin embargo, su comité de expertos reconoció que si se suspende la medicación 15 días se anulan sus efectos. Y, una vez que cumplió la condena, ninguna persona puede ser obligada a continuar con el tratamiento. Los jueces de la Suprema Corte provincial Jorge Nanclares y Aída Kemelmajer, como también numerosos juristas, dijeron que es inconstitucional y que viola los tratados contra la tortura ( Diario Uno , 10/9). La castración química se aplica en Alemania y Polonia; en Francia, a título experimental; en España y Dinamarca si el preso la solicita. Varios estados norteamericanos castran compulsivamente a todo reincidente. Sin embargo, en ningún lado disminuyen ni los crímenes sexuales ni la reincidencia. Por el contrario, las asociaciones de víctimas de Estados Unidos afirman que los reclusos salieron más “nerviosos y peligrosos” y que, en muchos casos, el siguiente ataque incluyó el asesinato de la víctima. “Actúan con más agresividad contra las mujeres porque las culpan de no tener una erección normal”, lo que es provocado por la castración química, explican. Los ataques sexuales son la primera causa de prisión en Francia (24% de la población carcelaria). Entre 1995 y 2004, aumentaron el 105,6%. La afirmación de que los violadores son irrecuperables es también osada. ¿Qué hace el Estado para “recuperarlos”? A unos les garantiza impunidad. A otros los encierra en cárceles donde son violados repetidamente. Un régimen de violencia Una teoría afirma que los violadores replican una primera experiencia de abuso infantil. Esto despoja al asunto de su carácter social y lo vuelve un problema individual de estructura psíquica. No explica por qué, a pesar de que las más abusadas son las niñas, casi no existen mujeres que violen. Oculta que el primer abuso se actualiza sin fin en un régimen que legitima infinidad de violencias. María Elena Leuzzi, de Ayuda a Víctimas de Violación (Avivi), señala que “la castración no es ninguna solución porque el violador busca su placer en el sometimiento, lo que no haga con su miembro lo hará con un objeto”. Bajo el capitalismo, los hombres –explotados y no explotados– son formados en la idea de que las mujeres/los chicos/los más débiles son seres inferiores sobre los que tienen derecho. Los violadores encarnan un extremo de esa relación social. La violación no es una forma patológica del erotismo. Es una forma extrema de la violencia, de ejercer poder sobre el más débil. Algo que los poderosos ejercen –en forma más o menos disimulada– contra las mujeres, los chicos, los viejos, los pobres y cualquiera que en la jerarquía social se considere inferior. La violación y el abuso espantan, entre otras razones, porque desnaturalizan brutalmente –hacen visible– opresiones que se esfuerzan en disimular. Por eso, la violencia sexual formó parte de todos los sistemas de clase y es indisociable del capitalismo. Castrar a los violadores sólo sirve para avanzar sobre los derechos democráticos de la población. La mejor prevención de los delitos sexuales es una educación sexual, impartida desde la primera infancia, y la lucha por construir una sociedad donde mujeres y chicos no sean doblemente oprimidos.

El domingo 6 de junio, una investigación del diario Clarín puso de manifiesto los enormes negociados realizados entre las camarillas universitarias, el Estado y los capitalistas. Indudablemente, la pelea de Clarín con los K llevó al diario a reconocer la certeza de las denuncias de la Fuba. Las universidades están siendo utilizadas como pantallas o intermediarias para que el gobierno pueda contratar de manera directa servicios brindados por los empresarios, pagando un sobreprecio y sorteando las licitaciones. El modus operandi es simple: el gobierno contrata a la universidad para brindar un determinado servicio y la universidad, a su vez, contrata a una empresa para que lo realice. Así todos ganan: la universidad, ya que gracias a esta actividad de tercerización encubierta se queda con una diferencia; la empresa, que puede facturar más caro porque esquivó la competencia que supone una licitación, y los funcionarios, quienes se quedan con una parte del sobreprecio que termina pagando el Estado. Esta metodología delictiva se lleva adelante valiéndose de la legislación actual. Siendo organismos públicos sin fines de lucro, las universidades públicas se encuentran habilitadas para firmar convenios con el Estado (del cual son parte), pasando por encima de la legislación sobre las compras públicas, regulada por la Ley nacional de Contrataciones, la cual exige la competencia de oferentes. El Estado no sólo se ahorra el llamado a la licitación pública, sino también la publicidad de las convocatorias, dejando librado a los “amigos” la realización de los convenios. “La clave del atajo de los convenios es que los controles son definitivamente menores. No existe la transparencia de los procesos licitatorios o de selección de personal, y quedan expuestos, únicamente, a las auditorías de las propias universidades y a las revisiones de cada tanto de la AGN y la Sindicatura General de la Nación (Sigen)”, que no se realizan desde hace años ( Clarín , 6/6). El tema, sin embargo, no concluye aquí. Este tipo de convenios son una vía privilegiada para la incorporación de empleados públicos al Estado. Son hoy incalculables, se habla de miles, los empleados que el gobierno nacional incorpora gracias a convenios de “asistencia técnica” de las universidades de Buenos Aires, La Matanza, Tres de Febrero, San Martín y otras. Muchos asesores y empleados de mediano cargo están hoy en el Estado gracias a este tipo de convenios. No cobran el sueldo de sus ministerios y ni siquiera figuran como empleados en las planillas. Reciben su salario directamente de las universidades, a las que el Tesoro Nacional les gira los fondos en el marco de los convenios. Las universidades se quedan con un 10% del convenio en calidad de administradoras. Recordemos, por lo pronto, que el espía Ciro James recibía un sueldo de la Universidad de La Matanza. Este proceso de corruptela actúa como un factor de descomposición de la universidad pública en todos sus niveles, involucrando al conjunto de las camarillas universitarias. No es casual que los llamados “recursos propios” sean uno de los secretos mejor guardados por las camarillas. De esta manera, los negociados y las corruptelas son un factor disolvente, alimentando las fuerzas centrífugas al interior de la universidad pública. Así, en una misma universidad o facultad, puede haber docentes con salarios muy desiguales, dependiendo de los negocios o acuerdos que sus cátedras han suscripto. Los principales beneficiados son los “profesores”, las cabezas de las cátedras, que se quedan con la mayor parte de los ingresos; por otro lado, nadie se mete con un “profesor” dado que en el régimen universitario con su voto ponderado, el voto de un profesor vale oro. Si en el país el objetivo de reconstruir a la “burguesía nacional” concluyó en un saqueo de los recursos públicos para un puñado de empresarios; en la universidad, el mentado discurso oficial –que le otorga un papel decisivo en el desarrollo nacional instando a que se vincule con la “producción”– ha sido el taparrabos para convertirla en una pantalla para negociados y corruptelas de todo tipo. Para enfrentar esta situación es necesario dotarse de un programa que apunte a desmantelar la “universidad nacional y popular” de los negociados y corruptelas. En ese sentido es necesario reclamar la apertura de todos los libros de las facultades; la investigación de los convenios vigentes y la suspensión de los mismos hasta que una comisión independiente de estudiantes, docentes y no-docentes verifique que su objetivo es compatible con las funciones de la universidad pública; que se prohíba a las cátedras suscribir convenios por su cuenta; defender el principio de igual salario por igual trabajo; por el financiamiento único de la universidad pública por parte del Estado. Es necesario un juicio de responsabilidades sobre todos funcionarios de la universidad, abriendo camino nuevamente a la lucha por la democratización de los órganos de cogobierno, ahora motorizada por la necesidad de sacarse de encima a una camarilla corrupta y privatizadora. La UJS-PO impulsará con su agitación directa y con la actividad de la Fuba una fuerte campaña de denuncia sobre estos hechos, para lo cual ya hemos comenzado una tarea de investigación independiente en todas las facultades, en consulta directa con los estudiantes, docentes y no docentes.

-Exclusivo de internet La Audiencia Pública organizada en Salta por el Senado Nacional acerca de la ley que habilita el matrimonio gay estuvo manipulada y dominada por la oposición patronal, la Iglesia y el kirchnerista Urtubey. todos hostiles a establecer este derecho democrático elemental para las parejas del mismo sexo. La totalidad de los legisladores nacionales por Salta rechazan la ley, demostrando que siguen la línea de la "obediencia debida" a la Iglesia, de allí que la audiencia fue apenas un recurso para legitimar una decisión ya tomada. Contra esta manipulación, el Partido Obrero, Aludis y el Centro de Estudiantes de Humanidades nos movilizamos frente a la legislatura e intervinimos ampliamente en la audiencia. Denunciamos la furibunda y reaccionaria campaña desplegada por la Iglesia a través de volantes masivos, afiches en el centro y en los barrios de la ciudad, presiones a los padres para que firmen un "acta compromiso por el matrimonio entre papá y mamá", que sólo logró movilizar a un sector minoritario de la pequeño burguesía conservadora de los colegios católicos. Pusimos de manifiesto el cinismo del PRS, del romerismo y del gobierno de Urtubey, que dicen defender "la familia normal", cuando ellos son los responsables de la destrucción de la familia trabajadora y de todos los derechos civiles de la población. Esta actividad clarificó ante la población las posiciones reaccionarias de aquellos partidos como el PPS y la UCR, que pretenden mostrarse como una oposición democrática y constructiva. También se puso de manifiesto que el kirchnerismo no está dispuesto a movilizarse por esta causa democrática. El Inadi rehusó ir a la audiencia y se limitó a una conferencia de prensa -en esto lo acompañaron libres del Sur y la CCC, que no quisieron confrontar física y políticamente con la Iglesia y el gobierno de Urtubey. La lucha por los derechos civiles salió reforzada y en este sentido vamos a impulsar junto a otras organizaciones una nueva jornada de lucha para el 28 de junio por: -La aprobación de la reforma del Código Civil. -Abajo la Ley Contravencional de la dictadura. -Abajo la Ley de Educación Religiosa en las escuelas. -Educación sexual científica y laica con respeto a la diversidad.

Después de casi tres años y medio, la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú levantó el corte del puente que une esa ciudad con Fray Bentos y disparó la euforia de los gobiernos de Uruguay y Argentina. Para llegar a este punto, los asambleístas fueron llevados a una deliberación con el revólver en la cabeza, lo que incluyó una acusación del propio Estado actuando como querellante contra los dirigentes del corte por 18 delitos penales, apelando a una ley de la dictadura de Onganía. Algunos consideraron la acusación como un antecedente que puede ser usado contra todos los piquetes ( La Nación , 17/6). El operativo político que llevó a este desenlace inició su cuenta regresiva luego de la movilización de 20.000 manifestantes en el puente binacional en abril de 2010, la más importante que se recuerde, contra el fallo de La Haya a favor de los contaminadores. Un mes después, K fue elegido presidente de la Unasur, una candidatura impuesta por Lula y basada en una enorme agenda de negocios capitalistas que obtuvo el voto clave, hasta ese momento negado, de Uruguay. Esa agenda incluye a la industria del papel, en ensamble con el monocultivo masivo de eucaliptos a uno y otro lado del río Uruguay. El monitoreo Cuando se planteó, de parte del gobierno y de un ala de la Asamblea Ambiental, el control de la contaminación al interior de la planta, el rechazo oficial de Uruguay fue tajante. Horas antes de la asamblea que debía definir por sí o por no la continuidad del corte, un alambicado texto no oficial de Mujica pareció dar un guiño al monitoreo interno. Pero después de la asamblea que levantó el corte, la ministra oriental de Vivienda y Medio Ambiente señaló que el único monitoreo planteado es “en el río, que es lo que le compete a la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru)” ( www.cronista.com , 22/6). La negativa al monitoreo de la planta se mantenía incólume. El mismo objetivo engañoso persigue el planteo de Mujica de sumar al “monitoreo” a Brasil; o sea, a concentrar el control sobre el río y no sobre Botnia. La dilución de responsabilidades a un lado y otro de la frontera es un objetivo buscado más allá de la empresa finlandesa. El movimiento de lucha está en pie La aceptación de la moción por abandonar la ruta fue ajustada, se dio luego de dos votaciones a mano alzada que expresaron una relativa paridad. En el voto por el abandono del corte pesaron la ofensiva judicial, la intimidación, la cooptación de un puñado de vecinos que se presentaron como denunciantes de la Asamblea y el frente único entre el gobierno y casi el conjunto de la oposición política patronal contra los luchadores de Entre Ríos. El diputado “socialista” de Entre Ríos, Lisandro Viale, con el respaldo del GEN de Margarita Stolbizer, solicitó al gobierno que Brasil sea incluido en la Caru, en la línea de Mujica de diluir las responsabilidades de Botnia. La asamblea mostró, contra el deseo de los gobiernos, a un movimiento vital. Lo reflejó el intendente de Río Negro (al que pertenece Fray Bentos): “Tras la querella contra los asambleístas, pensé que el gobierno argentino había tomado a su cargo el tema... cuando la asamblea resuelve un levantamiento del corte que no es tal, porque es transitorio y van al costado de la ruta, me di cuenta que la que sigue resolviendo es la asamblea” ( univisión.com , 17/6). Lo que está planteado es una campaña de defensa de Gualeguaychú, para preparar y resolver un plan de lucha que quiebre el operativo continental a favor de la depredación ambiental.

El 16 de junio se llevaron a cabo las elecciones en la Universidad Nacional de Misiones, en las que se disputaron el rectorado dos camarillas K; por un lado, Javier Gortari, decano de Humanidades, pseudosandinista, pro Coneau, defensor del “autopago” (repartija de 3.000.000 pesos del presupuesto entre funcionarios de la Unam, en enero de 2008), quien además reprimió el año pasado las protestas estudiantiles de la carrera de Comunicación Social que reclamaban docentes (¡hasta llegó a agredirlos!). También fue defensor público, junto con Caballero (actual rector) de la política de “desendeudamiento” K. Por el otro lado, Roque Gentile, ex decano de Artes, ex diputado del gobernante Partido Renovador, presidente del Parque del Conocimiento (que maneja una importante caja del presupuesto provincial), candidato del gobierno provincial, quien pretende llevar adelante un proyecto de ley que crea el marco jurídico para la provincialización de la universidad (ver en internet el proyecto de Ley 4026). En la Facultad de Artes, donde se desplegó furiosamente todo el aparato renovador, resultó electo decano el ¡ingeniero! Jorge Senn, cuyo único mérito fue ser el candidato del gobierno provincial. Nuestra campaña consistió en denunciar sistemáticamente a estos dos sectores privatistas K y resultó un éxito, ya que conquistamos una banca en el Consejo Directivo, con el 25% de los votos de los estudiantes, con nuestra alternativa independiente y combativa. Votos que, además, en un número importante fueron acompañados por votos en blanco y nulos a rector y Consejo Superior, respectivamente. Nuestro balance es que fue un despegue sumamente importante y que esta banca nos plantea la conquista de todos los activistas de Artes para defender la universidad pública y ponerla al servicio de la clase trabajadora.

-Exclusivo de internet La obra social de la delegación Capital Federal, comandada por el señor Rodolfo Daer, titular de la CGT desde el 6 de septiembre de 1996 durante la época menemista, comenzó un desguace de su personal (...) El plan lo ejecuta su director médico, el ¿Dr? Enrique Gazzotti, MN89718, personaje siniestro de la época menemista, director del Pami cuando éste estuvo a cargo de Matilde Menéndez. Gazzotti fue procesado junto con todo el directorio del Pami por una serie de defraudaciones efectuadas durante su gestión. El señor Daer, entonces jefe de la CGT, tuvo el gesto político de llevarlo consigo para alejarlo de los cargos públicos y mantenerlo resguardado. Así, siguió haciendo de las "suyas", pero ahora en perjuicio de los trabajadores del gremio de la alimentación y, últimamente, llevando a cabo un proceso de vaciamiento de la obra social, despido de trabajadores de la misma y tercerización de servicios, desde donde se obtienen jugosos retornos (¿complicidad de Daer?). El señor Gazzotti, además, tiene una matrícula que por su número fue gestionada aproximadamente en la época en la que él fue director del Pami, la que correspondería aproximadamente a una persona 20 años menor que él (...). El señor Daer llevó a este personaje nefasto junto con él estando procesado junto con el resto del directorio. ¿No lo sabía? Nadie le advirtió de lo llamativo de su matrícula? El señor Daer, por otra parte, se llena la boca por los medios de comunicación, atribuyéndose una victoria por el aumento conseguido por su gremio de un 35% en los salarios, pero eso fue básicamente una victoria de los trabajadores de Kraft y de los trabajadores de Arcor Córdoba, ¡pero le niega el aumento a sus propios empleados, que están obligados a sindicalizarse y a los cuales les retiene el 4,5%! (peor, ¡los despide!). Daer va a decir que la obra social está en crisis: o sea que el ajuste lo pagan los trabajadores (que deje de ser gremialista entonces y se dedique a otra cosa). ¿Qué0 hizo con toda la plata que recaudo todos estos años? Rodolfo Daer es el titular de la delegación Capital Federal, pero de intensa aparición en los medios de comunicación. El titular del gremio de la alimentación es el señor Luis Bernabé Morán. El señor Morán ¿no conoce la actual situación de esta delegación?, ¿también es cómplice de contar con un director médico de dudosa procedencia en una de sus delegaciones?, ¿también es cómplice del despido de trabajadores de su gremio? Otro hecho para investigar es en qué quedó el procesamiento de Daer por la desaparición del dinero de la venta de un campo recreativo perteneciente a los trabajadores del gremio (2 ó 3 millones de dólares?). (...) Este relato será enviado a todos los medios escritos, radiales y televisivos, así como a las comisiones internas de distintas fábricas.

El Tribunal Oral Nº 5 postergó el juicio a los ex trabajadores del Casino Buenos Aires hasta el 2 de agosto de 2010, a las 9 horas. Recordemos que el juicio promovido por la patronal de Cristóbal Lopez y la fiscalía contra los ex delegados y ex trabajadores del Casino tenía previsto su inicio el martes 22 de junio. La causa de la postergación ha sido que la querella –es decir el empresario Cristóbal López– ha evitado notificarse y ha contado para ello con la complicidad del “oficial de justicia”. La dilación se debe a la falta de pruebas para acusar a los compañeros del Casino, lo que necesariamente debe llevar a su absolución. La postergación del juicio sólo hará crecer las cientos de adhesiones que ya se han recogido de los organismos de derechos humanos, diputados y legisladores, partidos políticos, organizaciones sindicales y del movimiento estudiantil. Este tiempo se aprovechará para profundizar la campaña por la absolución y así derrotar la persecución política a los ex trabajadores del Casino.

El sábado 19 se realizó el congreso ordinario de la Fulp (Federación Universitaria de La Plata). La lista ganadora fue encabezada por el FPDS (Frente Popular Darío Santillán) junto a Libres del Sur; en segundo lugar quedó la Franja Morada, tercero Cepa-PCR y cuarto el frente PTS-PO. El congreso encontró a la Federación en la peor crisis de los últimos años. El cuadro de vaciamiento y parálisis de la Fulp es absoluto. Quien fue el frente de conducción de la Fulp desde 2008 a 2010 (bajo la dirección del FPDS, en un frente integrado también por Insurrectos, Cauce, PTS, PO) –que surgió como expresión de un reagrupamiento independiente de los bandos patronales frente a la crisis ‘del campo’ de 2008– encontró profundos límites y como consecuencia de las divergencias planteadas se produjo una delimitación de campos. En las elecciones de centros de 2009, el FPDS perdió por gran diferencia, a manos de una corriente kirchnerista, en la Facultad de Psicología. Sólo ganó dos facultades menores y por muy escaso margen, ya que también en esas el retroceso fue evidente. Además, el peronismo le ganó el centro de Periodismo al frente entre el Cauce y el FPDS, quienes fueron incapaces de enfrentar la ofensiva K desarrollada con la bandera de la “ley de medios”, dado que ellos también la apoyaban. En la Asamblea Universitaria para la elección de rector de este año, la presidencia de la Fulp (Frente Darío Santillán e Insurrectos) defendió la participación en la Asamblea para que “los representantes de la universidad se hagan eco de nuestros reclamos estudiantiles”. Pero en la Asamblea no se pretendía abrir ningún diálogo, sólo consagrar a través de un “pacto de Olivos” a Tauber como rector. En sus comunicados se delimitaron de la izquierda que se movilizó y rechazó la Asamblea Universitaria, aunque no de las camarillas reaccionarias. El proceso de lucha que hoy vive la Universidad de La Plata contra las restricciones en Medicina, que derivó en la ocupación de la facultad, puso en evidencia que el vaciamiento de la federación alcanzó límites insospechados. En vez de darle todo el apoyo a los estudiantes en lucha y realizar una campaña en toda la Universidad para que gane Medicina, la dirección de la Fulp hizo lo contrario: se hizo presente un semana y media después de desatado el conflicto y cuando lo hizo fue a reglamento, sin incidir en lo más mínimo en el proceso, sin asumir ni por un instante la responsabilidad que le toca como presidencia de la Fulp. De fondo, las divergencias que se fueron presentando durante todo el año fueron la expresión de que la presidencia de la Fulp fue adaptando sus posiciones al kirchnerismo y a las camarillas universitarias. El discurso “basista” y “autonomista”, que alaba la lucha sin programa, sirvió como matriz ideológica para esta adaptación, que al transformarse en una política llevó al vaciamiento y paralización de la Fulp como factor político y de movilización. El resultado del Congreso de la Fulp ha expresado crudamente esta realidad. La dirección que emerge es profundamente débil y en transición hacia el centroizquierdismo, que de hecho es hoy su única aliada (Libres del Sur). El movimiento estudiantil deberá intervenir de manera directa para poder desarrollar un curso de lucha por sus reivindicaciones y realizar un claro balance para evitar que la política de la actual dirección lleve a que la Franja Morada o el PJ se hagan de la Federación en la próxima etapa. El frente presentado por la UJS-PO junto con el PTS fue la única expresión independiente en el Congreso. La secretaría conquistada estará puesta a disposición de llevar a cabo esta lucha.

La campaña por la defensa de los derechos políticos del Partido Obrero ha completado su primera etapa. Los juzgados de Salta, Santa Cruz y Catamarca confirmaron que llegamos al número de fichas necesarias para sostener nuestra legalidad. Esperamos ahora la respuesta del juzgado de Río Negro, después de una campaña extraordinaria en las principales ciudades de la provincia. Ahora, el centro de nuestra lucha se traslada al nordeste: en Formosa y Misiones, lucharemos para que en el curso de los próximos dos meses sumemos a estos dos distritos a la legalidad nacional del Partido Obrero. Un tercer distrito, Neuquén, prepara las baterías para sumarse a esta lucha. En este caso, tendremos que vencer una proscripción adicional: la exigencia de legalizar las adhesiones al nuevo partido con escribano público. A las trabas proscriptivas de la "reforma política" kirchnerista, muchos juzgados les incorporan requisitos adicionales aún más restrictivos. Mientras tanto, todos los restantes distritos del PO están sumando afiliados. Convocamos a todos los simpatizantes, amigos y trabajadores a "ponerle la firma al PO", para defender la voz y el voto de la clase obrera en la crisis nacional.

Más de 100 trabajadores de la UBA marcharon el 2 de junio por el aumento salarial del 35%, el 82% móvil jubilatorio, la eliminación del impuesto a las ganancias y la modificación de los topes para las asignaciones familiares. La marcha recorrió la zona de mayor concentración de institutos de la UBA, ingresando a cada edificio con este reclamo. Apenas dos días después, la conducción de la Federación de No Docentes (Fatun) aceptó el 20% en cuotas firmado entre UPCN y el gobierno, y festejado por la UIA como la paritaria que vino a bajar el tenor del reclamo salarial luego del 35% conquistado por la alimentación y del 49% de los curtembrieros. Entre los trabajadores hay disposición y reservas de lucha para abrir el reclamo por la reapertura de paritarias.

Luego de dos años, la dirección ATE (Verde Anusate, muy cercana a Yasky) convocó a asamblea en el Hospital Posadas. Lo hizo un día antes del acuerdo del gobierno con UPCN, por el 21%. La asamblea debatió la pelea general de los trabajadores por imponer aumentos por encima del 35%. También discutimos las condiciones de trabajo en el hospital y la importancia de un plan de acción sobre la base de la organización de todos los trabajadores. Sobre esa base, discutimos la necesidad de poner en pie un cuerpo de delegados que sirva para desarrollar la lucha, con los mejores compañeros de cada sector. ¡Hace seis años que no hay elección de delegados de base! Como conclusión, se votó un programa: aumento del 40%, pase a planta ya, apertura de las paritarias. No al Sinep (la nueva carrera que intentan imponer). No al contrato 48 (contrato basura). Por moción de la Agrupación Violeta en Tribuna Estatal se votó que el reclamo sea llevado como mandato de asamblea a la dirección del gremio. El 9 de junio, en el marco del paro nacional de ATE, nos movilizamos masivamente, como hacía tiempo no ocurría en el Posadas. Y colocamos nuestro reclamo del 40% de aumento. El 15 de junio realicemos un corte en la entrada del hospital, convocando a otros estatales de la zona. Las asambleas posteriores votaron reafirmar la lucha y exigir la apertura de la paritaria sectorial para discutir las condiciones de trabajo. La Agrupación Violeta está al servicio de la organización de los trabajadores. En esa perspectiva, luchará tenazmente para triunfar.

A diferencia del colectivo y del dulce de leche, Héctor Capaccioli, el ex superintendente de Seguros de Salud que organizó los conocidos negociados con la mafia de los medicamentos, no es un invento argentino. Es más, al lado de la Organización Mundial de la Salud –una agencia de la ONU– es apenas un delincuente menor. Veamos. “Según un estudio de la British Medical Journal, una de las revistas médicas de referencia, un informe clave de la OMS ocultó los vínculos financieros entre sus expertos y las farmacéuticas Roche y Glaxo, fabricantes de Tamiflu y Relenza, los fármacos antivirales contra el virus H1N1” ( El País , 5/6). No fue un negocio pequeño el de ese virus, conocido como “gripe A”. Los gobiernos, en especial los europeos, fueron y son partícipes directos del negociado, en cuanto acumularon reservas de esos medicamentos por unos 6 mil millones de dólares (4.900 millones de euros). La directora del organismo, Margaret Chang, tiene un equipo de asesores “secretos”, y ahora se sabe por qué tanto misterio: esos asesores ocultos tienen intereses financieros y profesionales con los pulpos farmacéuticos que fabrican esos remedios. Tal el caso de Robert Webster, del Hospital Infantil de Memphis (Tennesse, Estados Unidos), y de Tasiro Masato, jefe de virología del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas de Japón. Se trata de dos personajes ampliamente conocidos en la industria farmacéutica internacional. Ahora, muchos expertos sostienen que la OMS exageró adrede la peligrosidad de la gripe A para que los laboratorios saturaran el mercado hasta mucho más allá de cualquier necesidad real. España, por ejemplo, compró 13 millones de dosis de vacunas y sólo usó 2 millones. Uno de esos expertos, Wolfgang Wodarg, promovió el año pasado una audiencia del Consejo de Europa, en Estrasburgo, en la que advirtió sobre la maniobra de las farmacéuticas y los gobiernos. Por supuesto, no fue escuchado. Como se ve, la salud de los pueblos trabajadores del mundo está en manos de un puñado de grandes pulpos imperialistas y de los “Capaccioli” a su servicio. En tiempos de crisis, la descomposición capitalista se aproxima a la lisa y llana barbarie.

Los trabajadores, luego de más de tres semanas de espera, comenzaron a cobrar sus indemnizaciones. El gobierno vino dando largas al tema, sometiendo a un desgaste a los compañeros. Toda esta amansadora apunta a provocar una rendición final y, una vez “liberada” la fábrica de la presión obrera, proceder a su transferencia a algún grupo capitalista, previo desguace de la misma. Esto tendría el guiño del juez y de la propia familia Massuh que, como se sabe, sigue manteniendo vínculos muy estrechos con el kirchnerismo. Por lo pronto, la empresa sigue cerrada, con las puertas clausuradas con candado. El accionar oficial se ve facilitado por la complicidad, en primer lugar, de la federación papelera que nuclea a los jornalizados, la que, de boca para afuera, plantea la continuidad de la planta pero no mueve un dedo para lograr ese objetivo. Las miras están colocadas en el cobro de la indemnización. El hecho de que el sector de los mensualizados haya estampado también su firma en ese acuerdo indemnizatorio dificulta darle otro horizonte al conflicto y concentrar el reclamo en la reapertura de la planta. Hay muchos compañeros, en particular los jóvenes, que están esperando cobrar para ir buscar otro trabajo. La interna de los mensualizados tomó la iniciativa de movilizarse la semana pasada al Ministerio de trabajo para reclamar por el cobro de las sumas pactadas y por la reapertura. Respecto a este último punto, llevó el proyecto de “Libro social”, dirigido a convertir a la ex Massuh –hoy Papelera Quilmes– en proveedora de papel al servicio de la producción orientada a la población escolar y de menores recursos de libros y publicaciones económicos. Esto obviamente entra en choque con los intereses de los grandes pulpos de papel y las editoriales. El destino de la ex Massuh consiste, justamente, en que alguno de estos grupos económicos se quede con ella -que es lo que los K alientan. Hay en carpeta jugosos negocios en la industria del papel (que incluyen combinaciones con la propia Botnia), con más razón ahora, que se ha logrado desactivar el conflicto en Gualeguaychú como consecuencia del levantamiento del corte del puente. La iniciativa tomada por los mensualizados, a los que se agregó un grupo reducido de jornalizados, obligó a todos a mover las piezas. El Ministerio,finalmente, se comprometió a pagar –y pagó– las sumas adeudadas. El sindicato papelero, a su vez, de improviso organizó, un día antes, una concentración frente a las puertas del fidecomiso en el centro porteño con el objetivo de no quedar desplazado de la escena. Pero, acerca del tema crucial de la reapertura no hay ninguna señal. Los funcionarios del Ministerio esquivaron el bulto. La interna de los mensualizados plantea que va llevar el proyecto del “Libro social “al Congreso para impulsar su tratamiento. Pero esa iniciativa va a un vía muerta, destinada a terminar atascada en la maraña parlamentaria y en los filtros que interpondrán tanto la bancada oficialista, como así también de la oposición. Esta situación pone aún más sobre el tapete la necesidad de un plan de lucha. Es necesario instalar el conflicto en la opinión publica, poniendo en marcha un vasto plan de movilización, reclamando el concurso de todas las organizaciones y partidos que se han solidarizado con la lucha. El lugar de la CTA, que brilló por su ausencia durante tanto meses, no puede circunscribirse a oficiar de intermediario para concertar algunas entrevistas. La central debe contribuir con la movilización de sus afiliados, empezando por los gremios que ella dirige. Proponemos, como punto de partida, la organización de un gran acto en la puerta de Massuh por la reapertura y la defensa de los puestos de trabajo. Con ese método, logramos la primera reapertura. Con ese método, tenemos que ir por la segunda y definitiva recuperación de la fábrica. Que el Estado ponga el dinero para volver a reabrir la planta, sobre la base de un plan de inversiones y reactivación de la producción elaborado en común con los trabajadores.

Después de la ocupación del municipio por parte de los vecinos, ha comenzado una campaña distraccionista, fogoneada por sectores afines al intendente Ishii, sobre los sucesos de corrupción que han tomado estado público. La digitación en la adjudicación de las viviendas (que, de acuerdo con las revelaciones, fueron distribuidas entre concejales, amigos y punteros del intendente) desató una reacción popular, en particular entre los sectores afectados, que reclaman la entrega de las viviendas y denuncian la ausencia de respuesta por parte del municipio y las autoridades. Los verdaderos responsables de esta situación quieren tirar la pelota afuera. Después del compromiso arrancado por los vecinos que ocuparon el municipio (logrando que se les adjudique una vivienda), han salido a acusar a quienes se movilizaron de obedecer a “intereses políticos”. De esta caza de brujas ha sido blanco también el Partido Obrero. Pero la crisis no se puede tapar con cortinas de humo: hay versiones de vecinos que indican que, después de la ocupación, el propio Ishii les dijo a varios de sus familiares que dejen las viviendas usurpadas. En otras palabras, el intendente ha comenzado a retroceder en chancletas. Desde hace una semana, son decenas las familias que se están organizando con asambleas y empadronamientos en los diferentes barrios del distrito. Quienes están con expedientes abiertos para la asignación de su casa y quienes, con gran necesidad, nunca fueron asistidos. En los barrios de Altube, Sarmiento, Vucetich, El Palomar, San Atilio y otros se repiten las asambleas y el empadronamiento casa por casa; además, ya se está organizando otra movilización al municipio para plantear los nuevos reclamos y para presionar para que se asignen las casas comprometidas. Ishii, que está de licencia desde hace un año para irse a “cazar traidores del PJ” después de la derrota electoral K, tuvo que regresar a sus funciones. Sin embargo, tiene su interna descontrolada. Los Denuchi, Urquiaga, Oscar Pérez y Pino están preparando el recambio y eso ha desatado crisis y denuncias que se filtran en forma permanente. Urquiaga se viene postulando como candidato a la Intendencia. La propia familia Denuchi, después de las renuncias en la Secretaría de Tránsito, ahora quiere a su propio candidato. Ishii y sus punteros se sumaron al método de patota y persecución de otros intendentes del conurbano, como Curto y Othacehé. Sin dar soluciones, ahora “salen a la caza” de los vecinos y los luchadores del distrito que reclaman por la vivienda. Pero van a fracasar, como ya fracasó Ishii en otras incursiones de “caza”, porque la descomposición K avanza a paso firme y porque avanzan también, por sobre todo, la organización y los reclamos populares en José C. Paz. El oficialismo y la oposición patronal no dan respuesta al colapso de la vivienda y siguen siendo vehículos de la patria inmobiliaria y de la especulación, particularmente en el centro distrital y con los planes de vivienda. Llamamos a toda la población de José C. Paz a impulsar la organización de todos los vecinos en las barriadas para imponer la readjudicación de las viviendas y un verdadero plan de viviendas populares, dirigido a solucionar el déficit habitacional bajo control de los vecinos y los trabajadores del distrito.

El miércoles 16 de junio, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó por decreto una reforma laboral tras meses de cabildeos entre sindicatos y empresarios. El contenido fundamental de la reforma es la reducción de indemnizaciones por despido. Además, se ha abierto la puerta al descuelgue de las empresas del convenio colectivo y la posibilidad de un laudo por mediación “voluntaria”. El decreto, sin embargo, será tramitado como ley en el Congreso. El gobierno ha pactado esta opción con diversas formaciones políticas y ha obtenido de entrada el consentimiento del nacionalismo catalán más conservador, Convergencia i Unio (CiU). El pacto está destinado a evitar el bochorno de pasar el decreto por un voto (169 a 168) gracias a la abstención de Coalición Canaria i CiU, tal como ocurrió con el “paquete anticrisis” –reducción de salarios públicos, congelamiento de pensiones, reducción de inversiones públicas- aprobado en mayo. Esta vez, las formaciones políticas aprobarán el decreto y lo “mejorarán” en su trámite de ley, para acercarlo más a las aspiraciones de la patronal y las grandes empresas del país. La respuesta de los sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras ha sido convocar una huelga general nacional “posdatada” para “después de las vacaciones”, el 29 de septiembre. Según El País, la nimiedad se explica como parte de una reforma pactada de hecho entre la burocracia sindical y el gobierno. El contubernio para salvar al gobierno cuenta con la aprobación del Fondo Monetario Internacional (FMI), que también salió a apoyar a Rodríguez Zapatero, afirmando que las decisiones del Ejecutivo “estaban en el buen camino”. Los sindicatos UGT y CCOO afirman ‘off the record’ que el presunto fracaso de la reciente huelga de la administración pública que tuvo un muy bajo seguimiento es lo que lo ha hecho retrasar la medida de la huelga general. Pero lo cierto es que el fracaso de la huelga del sector público tuvo que ver, de un lado, con la baja agitación entre el funcionariado por parte de estos sindicatos, pero del otro, por la negativa a coordinarla y extenderla en los sectores de los transportes municipales y estatales en cada región. Entretanto, los sindicatos nacionalistas vascos, ELA-STV y LAB, han convocado a una huelga general contra la reforma laboral en el País Vasco el 29 de junio, calificada como “divisionista” por CCOO y UGT, quienes afirman que para el nacionalismo vasco de lo que se trata es de no coincidir con el resto de España. Por supuesto que estos últimos tampoco se han planteado la posibilidad de una convergencia con el nacionalismo, con lo cual la jornada del 29 de junio no contará con el apoyo de UGT y CCOO y la del 29 de septiembre no contará con el apoyo de ELA-STV. Ambos –cada cual a su manera– trabajan en contra de la unidad de acción del movimiento obrero a escala nacional. Mientras las agresiones contra las condiciones de trabajo y los ingresos de los españoles asalariados puestas en marcha por el gobierno socialista no tienen precedentes en este país, la falta de una alternativa de clase independiente de la burocracia y la burguesía impide que la defensa de los intereses de los trabajadores se centralice y concentre en objetivos inmediatos y claros. Sin embargo, la apuesta burocrática de limitar la respuesta de los trabajadores puede encontrarse con un desborde social y con una irrefrenable crisis dentro de las organizaciones sindicales. La labor de debatir una alternativa obrera a la crisis en España y los métodos de lucha para llevarla adelante es un objetivo impostergable.

En el cuadro de una creciente conflictividad y del agotamiento de las actas de “paz social” firmadas en noviembre, ahora la patronal –en complicidad con la burocracia de la UTA y el Ministerio de Trabajo– está tomando una serie de medidas, rayanas en la provocación y tendientes a quebrar al nuevo sindicato de los trabajadores del subterráneo AGTSyP). Es imperioso salirles al paso. El último plenario de delegados resolvió preparar un paro de tres horas como comienzo de un plan de acción por los reclamos pendientes, sistemáticamente postergados por las maniobras de la patronal y el Ministerio de Trabajo. La decisión traducía una impaciencia creciente de las bases y delegados ante el bicicleteo constante al que se somete al nuevo sindicato del subte. Otra resolución de la reunión fue rechazar la imposición de un elemento patronal en las boleterías de la Línea A –esto cuando se está discutiendo un sistema de ingresos con participación de los trabajadores. La política que de allí en más ha implementado la empresa, al borde de la provocación, indica que está montando una contraofensiva para quebrar a la AGTSyP y a su cuerpo de delegados. Veamos: en la Línea A decidió no remover a la empleada que entró por la ventana, vulnerando los derechos de los trabajadores con antigüedad, aspirantes al puesto. En los talleres San José, la tercerizada CAF otorgó categorías que se reclamaron con muchas jornadas de lucha, pero excluyendo expresamente al activismo que protagonizó esa pelea. También en taller Rancagua, los concursos de ascensos incluyen a varios recomendados por la burocracia de la UTA, marginando a los propuestos por la asamblea de trabajadores. Pero lo más grave es que el Ministerio presentó a la delegación de la AGTSyP un proyecto de ingresos con bolsa de trabajo para familiares de trabajadores y de selección interna para cubrir puestos vacantes, absolutamente inaceptable. No establece qué proporción de ingresos se cubrirá por ese método, no otorga poder de veto a la parte obrera en la selección y todo el poder de decisión queda en manos de la empresa (y de la UTA por vía de los “cursos de formación”). Explicita, además, que por “representantes de los trabajadores” se entiende la UTA y –adelantan los funcionarios– una vez firmado el convenio con la burocracia de Fernández, se llamará a genuinos delegados, con “tutela” provisoria, a que se notifiquen. No a la AGTSyP, claro, porque a los efectos legales no existe. Debe entenderse bien: ante el fracaso de la tutela “sui generis” con paz social, inventada para neutralizar a la AGTSyP, gobierno, patrones y burócratas pretenden pasar sin anestesia a la disolución simple y llana del sindicato votado por los trabajadores. ¡Ojo, así no! A esta política provocadora, corresponde una vigorosa respuesta del cuerpo de delegados. Pero hay síntomas preocupantes. El paro de tres horas ha quedado, de hecho, en suspenso. La mayoría del cuerpo de delegados no ha reaccionado ante la propuesta ignominiosa del Ministerio y la patronal, que se firmaría el jueves 24. Algunos delegados de la Línea A acordaron con la empresa la instalación de la empleada repudiada en contra de la opinión del total del cuerpo de delegados y de la asamblea de la A. La Agrupación Trabajadores de Metrovías está realizando una campaña de denuncia de la ofensiva patronal y el llamado a organizar un plan de lucha independiente. Por la agenda de los trabajadores (en la que incluimos el reclamo del 35% para las próximas paritarias, junto a ascensos, doble franco, bolsa de trabajo, etc.) y por el reconocimiento de la AGTSyP.

Finalizada la conciliación obligatoria, no hubo oferta del intendente. El kirchnerista Moccero y Scioli se coaligaron para ganar tiempo y sacar la huelga de los festejos del Bicentenario. Los trabajadores retomaron masivamente el paro. El intendente respondió amenazando con descontar los días y con abrir una “lista de retiros” para que “el que no quiera trabajar en el municipio se vaya”. El “nacional y popular” muestra el verdadero rostro del kirchnerismo: el de patrón de estancia. Se ufana de que en el municipio hay “desocupación cero”, pero no dice que el promedio apenas supera el misérrimo salario mínimo. Los 4.000 obreros de Vulcabrás ganan 1.600 pesos haciendo horas extras y los municipales tienen un básico de 1.310 pesos. Los trabajadores contraatacaron. Ingresaron masivamente en el municipio y –como en el desenlace de la huelga anterior– le impusieron una reunión que no quería. Moccero echó lastre: ofreció 1.800.000 pesos para que los trabajadores lo distribuyan “como quieran”. Busca dividirlos al inducir que dejen afuera a los contratados. La suma alcanza para aumentar el básico apenas un 10%; por lo tanto, el paro sigue. Moccero dice que podría adicionar otro millón que le aportaría el gobierno nacional. El intendente llora miseria porque –según él– el 70% del presupuesto lo gasta en salarios. Pero su gobierno –el de Cristina– festeja aumentos de recaudación originados en la misma inflación que liquida los salarios que paga el Estado. Está fuera del radar del kirchnerista afectar los intereses sojeros y oligárquicos de la zona con impuestos especiales. La oposición patronal (UCR, PRO, PJ disidente) ha cerrado filas con la intendencia -a diferencia del año pasado, cuando coqueteó con la huelga. El presupuesto 2010 votado por todos no contempla aumentos para los trabajadores cuando la inflación va a llegar al 40%. La Federación a la que pertenece el Sindicato de Trabajadores Municipales de Suárez (Fesimubo) realizó un plenario de secretario generales que votó una difusa “jornada de lucha” para la primera semana de agosto. Lejos de la presente agitación salarial que recorre el país y lejos de la huelga de Suárez. Pero la salida para todos los municipales no es aislar a los que luchan, sino apoyarlos a fondo para quebrar el congelamiento, política común a todas las intendencias. Como se probó con la alimentación en Córdoba: si quebramos a uno, podemos quebrarlos a todos. ¡Necesitamos un inmediato paro provincial y un plan de lucha! Todo el apoyo a los municipales de Suárez. En este conflicto se enfrentan también la economía del capital y la de la clase obrera.

Cuando recién cumplió cien días de gobierno, el presidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, tuvo que enfrentar, este miércoles 9, la primera huelga general. A pesar de que los medios de comunicación insistieron, en los días previos, con que la medida contaba con un respaldo de apenas el 17 por ciento de la población, la huelga de cuatro horas abarcó a casi todas las ramas de la actividad nacional, incluidos los bancos, la salud, la educación -pública y privada- y la administración. Al finalizar la jornada, se realizó un masivo acto en la Plaza de la Libertad, con 55.000 asistentes, según los organizadores. El PIT-CNT (la central sindical uruguaya) reclama que el aumento del salario mínimo ofrecido por el gobierno, del 50 por ciento en los próximos tres años, se haga efectivo... en dos años. Además, se reclamó una profundización del sistema nacional de salud, la eliminación de las administradoras privadas de jubilaciones, mejoras en la vivienda y la educación, entre otros reclamos, de cara al presupuesto quinquenal que prepara el gobierno. Los gremios de la enseñanza, que suspendieron sus actividades durante todo el día, reclaman un seis por ciento del PBI para la educación. El paro general y la masiva movilización tiene su explicación: la orientación claramente anti-obrera que Mujica está imprimiendo a su gobierno (ataques a los empleados públicos en los medios de comunicación, una reforma del Estado que podría afectar a miles de empleados estatales, énfasis en la “austeridad” para la elaboración del próximo presupuesto quinquenal, aumentos salariales especiales únicamente para militares y policías, etc. Ver PO Nº 1.131). Además, los consejos de salarios del sector público y privado comenzaron a discutir las pautas para la negociación de los contratos colectivos. El paro se realizó en medio de un conjunto de luchas (judiciales, Metzen y Sena, estatales, textiles, pesca, Conaprole) que, aisladas por la dirigencia sindical, han tratado de abrirse paso. A pesar de la importancia de las demandas y lo preocupante de la situación, los directivos del PIT-CNT no plantean la continuidad de un plan de lucha -todo lo contrario, se preocuparon de aclarar en todo momento que la protesta “no es contra el gobierno”. Pero a pesar de ello, los editoriales de los diarios de la burguesía ya han dado la voz de alarma: “Alerta naranja”, tituló El País (10/6), “una ola de prepotencia sindical como el país no veía hace mucho tiempo”. Si ellos lo dicen...

Con la publicación del cronograma electoral de la CTA –se vota el 23 de setiembre y se presentan listas el 5 de agosto– la crisis de la central entró en terreno de definición. Todo parece indicar que la virulencia del operativo “Yasky conducción” es lo que ha llevado a inviabilizar el acuerdo de “rotación de cargos”, que quejosamente reclama el degennarismo para Pablo Micheli. Se acaba de cerrar el padrón en medio de denuncias de afiliación por parte de intendentes kirchneristas; la Tupac Amarú de Milagro Salas será parte de un operativo oficialista en el octavo aniversario de las muertes de Kosteki y Santillán –lo fue con los “aborígenes” en la plaza del Bicentenario (es decir que se mantiene en línea con los dineros oficiales)– y el nuevo amigo de Yasky, Néstor Segovia del subte, afilió de apuradas a su taller Constitución – al margen de todo debate entre los 4 mil obreros del subterráneo. Todos apoyados, claro, en la famosa “afiliación individual” que caracteriza a la CTA, en contra del concepto de una central obrera. Las afiliaciones individuales que produjeron el absurdo de que el MTL presida la CTA Capital, se le han vuelto en contra al socio fundador, porque en la propia Capital, ATE queda aislada ante la UTE de Tito Nenna y la APA que se le fue al kirchnerismo a Basteiro. Los fraudes contra la izquierda, como los sufridos en Agmer y Suteba La Plata, ahora son medicina interna. Dicho de otra manera, la virulencia de la cooptación política de organizaciones populares por parte del kirchnerismo, que en los sindicatos se viene expresando en la confluencia de Yasky con Moyano, no está dejando espacio para el acuerdo. Eso se expresa claramente en iniciativas de copamiento de seccionales provinciales como la de Córdoba y otras históricas del degennarismo como Villa Constitución, donde el ex adjunto Pavlón juega para Yasky. La idea periodística de que la integración de De Gennaro a la Unidad Popular, un nuevo engendro de la centroizquierda con el SI de Macalusse, es lo que habría decidido la escisión, luce al revés. Se trata de un refugio político para un dirigente que no está en condiciones, ni en voluntad política, de ponerse al frente de la recuperación de la CTA, lo viene a confirmar el archivo definitivo de toda idea de un partido de trabajadores basado en una central de trabajadores. Lo suyo es una trenza más para aportar, vía Pino Solanas o por vía propia, al frente de centroizquierda en marcha que alcanza hasta Binner, Juez y al propio radicalismo –es decir que el degennarismo, como buen humano, estaría por tropezar por segunda vez con la misma piedra, con una reedición de la Alianza. Lo que sí confirma esta división en ciernes es el alineamiento de la vieja dirección de la CTA, entre dos bloques políticos de inconfundible signo patronal. Es claro también el fracaso de tipo más general en torno al reconocimiento de la CTA, lo cual es una impasse que abarca a las dos alas de la central: una porque le falló su integración al kirchnerismo, la otra porque se adaptó y careció de una política de lucha para arrancarla. El informe final de la OIT es un acta de defunción, que alaba “los esfuerzos del gobierno” y “constata la existencia de proyectos legislativos que promueven el otorgamiento de la personería a la CTA”. Ante la ofensiva “Yasky conducción”, desde luego se armó una reacción del degennarismo en las provincias y seccionales para enfrentar al adversario y, eventualmente, recuperar alguna seccional, incluso provincial, como Mendoza o Santa Fe y muchas de la provincia de Buenos Aires. Estas batallas podrían producirse incluso en el caso de que llegaran un acuerdo de último momento en torno a la mesa nacional. Pero el problema de fondo es que el degennarismo pelea en el mismo terreno de aparato que Yasky, por ejemplo inventando, en el último minuto, un sindicato de jerárquicos de Massuh afiliado a la central. Lo que no hay en el momento crucial que atraviesan las paritarias en la Argentina, con los topes oficiales rotos a partir de la huelga de alimentación, es una política que canalice esta lucha en los gremios de la central. Todo lo contrario: ATE, el gran gremio degennarista de 250 mil afiliados, firmó las dos cuotitas del 10% de UPCN y Cristina Kirchner “en disconformidad”. Que la CTA está en peligro, como lo planteó nuestra nota de lanzamiento de la campaña política para esta elección (Altamira, PO Nº 1.129), es un hecho que confirmó recientemente el adjunto de la UOM de Villa Constitución, Actis, en una mesa redonda: “si hay dos listas, la CTA se rompe, lo veo a Yasky saltando a la CGT”. Una opinión personal que delata el contenido de la escisión. Es muy claro que ha llegado la hora de agrupar a todos los luchadores antiburocráticos de la CTA en una tercera lista que organice la oposición clasista seccional por seccional. El degennarismo ha salido a cooptar a la izquierda, para reforzar sus filas en torno a listas atadas a la Verde nacional y de cada provincia. Esta es una vía de disolución, no sólo de las agrupaciones antiburocráticas que estamos construyendo, sino también de las tendencias de lucha de los trabajadores en favor de la regimentación de la burocracia sindical. Para desplegar la lucha salarial del neumático y toda la lucha salarial en los gremios de la central, la lucha de Massuh contra el despido, la lucha del subte que pugna por romper el corcet de la tutela de Tomada, la movida por la recuperación del gremio de la UPTBA (hoy luchando por Crítica y por sus paritarias) para que el gran proceso de la formación de una oposición a Yasky en Ctera tenga un rumbo de clase, independiente del gobierno y de la oposición patronal, pongamos proa con todo a la formación de la tercera lista con decenas de listas seccionales en todo el país. Llamamos para ello a todos los sectores de la izquierda y de la lucha contra la burocracia en la central.

Los vecinos y trabajadores de la zona sureste de la ciudad de Córdoba, convocados por las organizaciones que actúan en la región, realizamos asambleas, movilizaciones y escraches al intendente, y le dimos un duro revés a la pretensión de instalar una planta de tratamiento de residuos altamente contaminante en la zona. Giacomino desistió de instalar la planta en las afueras del barrio Ituzaingó. En Córdoba se está llevando a cabo la implementación de un nuevo sistema de manejo de los residuos junto a la multinacional Innviron. Las plantas que pretenden instalar emiten al ambiente sustancias tóxicas persistentes, las que afectan la salud, emiten gases de efecto invernadero; además de sustancias tóxicas y bioacumulativas como las dioxinas y los furanos, todas ellas de efectos cancerígenos. En la tarde noche del miércoles 26 de mayo, los vecinos de barrio Ituzaingó Anexo y de la zona sureste, en una asamblea de más de 200 personas, se pronunciaron en contra de la radicación de la planta de tratamiento de residuos. La asamblea deliberó durante el tiempo de espera que se había acordado para que llegase el intendente; cumplido el plazo, se movilizó a la Ruta Nº 9, la que se estuvo prácticamente cortada durante más de una hora. La iniciativa de este nuevo sistema de tratamiento de residuos fue impulsada por el intendente de Villa María, el kirchnerista Eduardo Acastello, por Carlos Felpeto, de Villa Carlos Paz, y Daniel Giacomino, de Córdoba. Los lazos entre la basura y los partidos patronales son muy estrechos. Neil Williams, presidente de la empresa, realizó un recorrido para explicar la propuesta junto al técnico que Innviron tiene en Córdoba, Sergio Nirich (ex director de Ambiente de la Provincia de Córdoba). En Villa María, la recolección de basura lo hace Medio Ambiente, que tiene como presidente a Jorge Franco, vicepresidente de Innviron en Argentina. Ante la cantidad de intereses económicos y políticos en este tema, los vecinos y trabajadores de la zona no confiamos en las palabras de Giacomino y nos mantenemos en estado de alerta y movilización ante cualquier intento de instalación de Innviron.

Desde hace dos años se han estado incrementando las presiones para que China revalúe su moneda, el yuan. El argumento es la necesidad de un reequilibrio de la economía mundial que permita exportar más a los países que tienen un déficit comercial estructural y forzar a una importación mayor a los que tienen excedentes –como es el caso de China principalmente, pero también el de Alemania y Japón. Este 'rebalanceo' permitiría a los países deficitarios pagar la deuda externa que han acumulado para financiar ese desequilibrio, y los que tienen excedentes podrán gastar sus reservas en mayores importaciones, sean para consumo o inversión; o sea, que elevaría la demanda mundial. Una revaluación podría ayudar a superar lo que constituye uno de los problemas estratégicos de la crisis, como es el enorme excedente de dólares que circula por la economía mundial y que amenaza con derribar el status del dólar como moneda de reserva internacional. El reequilibrio económico absorbería esos dólares excedentes, que se estiman en varios billones. En los últimos meses, Estados Unidos incrementó las presiones a favor de esta revaluación del yuan, e incluso se han presentado en el Congreso de ese país proyectos de leyes para bloquear la entrada de productos chinos como represalia por el rechazo o la dilación de China en revaluar su moneda. También se incrementaron esas presiones de parte de países que, como Brasil, sufren una invasión de productos chinos que compiten con la producción local y que dependen mucho también de las exportaciones a ese país. En Argentina, la cuestión del comercio con China se ha convertido en un conflicto abierto (e incluso en una crisis política interna con la renuncia del canciller Taiana), que se manifiesta en el bloqueo de las ventas de China por parte de Argentina y de las de Argentina (aceite de soja) por parte de China. La revaluación amortiguaría la crisis: por un lado, porque encarecería las importaciones desde China hacia estos países, debilitando de este modo la presión de la competencia de China contra la producción local y, por el otro, porque abarataría las exportaciones a China –algo que a ésta le interesa especialmente, dada la enorme suba de precios registrada por las materias primas en los últimos años. Del euro al yuan La semana pasada, China pareció ceder a estas presiones. Despegó al yuan del dólar, al cual estaba atado desde 2008, lo que ofrece la posibilidad de una revaluación. Sin embargo, enseguida quedó claro que no se trataba de la esperada revaluación sino de la sustitución de un régimen de cambio fijo frente al dólar por uno flotante –que puede subir o bajar, de acuerdo con lo que decidan las autoridades chinas. La cotización del yuan será acomodada de aquí en más, sobre una base diaria, a una canasta de monedas, ya no solamente frente al dólar. China acabó convirtiendo a las presiones para que revalúe su moneda en un recurso a su favor, como enseñan las artes marciales asiáticas. Ocurre que, en medio de tantas presiones, sucedió algo que los contrincantes no previeron: la devaluación espectacular del euro. Si frente a la devaluación de su principal mercado de exportación (que es la Unión Europea; Estados Unidos ocupa el segundo lugar), China revaluara su moneda, el resultado que obtendría sería una devaluación del euro al cuadrado o, lo que es lo mismo, una revaluación al cuadrado del yuan. La devaluación del euro postergó una revaluación del yuan. China ha salido a neutralizar los desequilibrios monetarios que le ocasiona la crisis mundial (la tendencia a la dislocación de la Unión Europea) y los subsidios a los bancos y a las economías nacionales por parte de los Estados respectivos. China descarga ahora la responsabilidad de un futuro reequilibrio monetario en Estados Unidos, Europa y Japón, que deberán ocuparse de estabilizar sus propias monedas en lugar de delegar esa tarea a una revaluación del yuan. Se ha creado, de este modo, un principio de guerra monetaria –que es precisamente el arma de destrucción masiva de una guerra comercial. En toda la crisis ha prevalecido un proteccionismo atenuado y hasta la intención de preservar las corrientes de comercio previas a la crisis. La presión para revaluar el yuan se manifiesta en el aumento del ingreso de capitales golondrinas a China, que apuestan, precisamente, a ello, 'puenteando' un régimen de control cambiario y financiero severo. Esta en marcha un ataque especulativo para que los países asiáticos asociados a China en términos comerciales e industriales, revalúen sus monedas y, por esta vía, imponer una revaluación del yuan. Los especuladores internacionales parecen haber dado un precario respiro al euro para lanzarse a la aventura de China. Falacia Obviamente, es necesario dejar claro que la teoría del reequilibrio mundial, como vía de salida a la crisis, es una falacia. Ocurre que la sobrecapacidad de producción es mundial: asola tanto a las economías con déficit comercial como a las que tienen excedente. Más aún: afectan más a éstas que a aquéllas. China sufre de una sobrecapacidad de producción que supera a la de Estados Unidos. Lejos de ser potencialmente una salida para el capital que opera más allá de sus fronteras, China es la que más necesita de una salida para su sobreproducción (no es casual que el programa de estímulo del gobierno de Obama suponga gastos por el 5% del PBI, mientras el de China equivale al 25% de su PBI). Debido a esta sobrecapacidad, las autoridades chinas se enfrentan a la necesidad de liquidar su propia industria excedente, por ejemplo en la siderurgia, que está operando ya sin rentabilidad, sostenida por el gasto estatal o por préstamos que equivalen a subsidios. China, además, ha acumulado últimamente enormes inventarios de materias primas, con la intención de posicionarse mejor para una futura discusión de los precios, de modo que ha creado una sobreproducción en este rubro. Cuando se tiene en cuenta que el crecimiento 'chino' comporta una acumulación de sobrecapacidad de producción, resulta entonces que, en términos capitalistas, ese crecimiento (medido como productor de beneficio) es ficticio, pues se le adjudica un valor que el mercado no podrá convalidar. Por otro lado, las exportaciones representan, en China, entre el 60 y 70% del PBI, frente al 25% de Norteamérica –es decir que China depende más de los mercados extranjeros. Del mismo modo, la inversión representa un 70%, frente a un 30% del consumo interno –una manifestación indirecta pero clara de creación de sobreproducción. Antes que reequilibrar la economía mundial, China necesita reequilibrar su propia economía. Para ello necesita del desarrollo del mercado interior, que en China significa, antes que nada, determinar el destino de su masa agraria, el principal componente de este mercado potencial. O se la proletariza mediante sucesivas expropiaciones y la creación de un capitalismo rural dominado por el capital financiero, o una revolución social procede a industrializar el campo y a elevar el nivel de vida de las masas agrarias. El destino de China, en el marco de la bancarrota capitalista, se conjuga entre grandes crisis sucesivas, que impongan por completo la vigencia de las relaciones capitalistas en el campo, y nuevas revoluciones que enfrenten el destino de miseria social que le promete este proceso de confiscaciones capitalistas. Revaluar no resuelve En términos inmediatos, una revaluación significaría para China un perjuicio sustancial, dependiendo del nivel de la revaluación. Claramente, significaría una desvalorización de sus tenencias de dólares –que suman más de dos billones, entre colocaciones en bonos del Tesoro norteamericano y otras inversiones en Estados Unidos. Las naciones importadoras de China terminarían pagando por esas importaciones un valor inferior al que se obligaron en el momento de comprarlas. Pero la revaluación significaría igualmente una valorización en dólares de las deudas contraídas en el interior de China –en yuanes. Esta valorización (en dólares) de las deudas aumentaría la cartera de incobrables de los bancos chinos, que ya es de las más altas del mundo. También golpearía al Banco Central de China, que tiene una deuda elevada con los bancos privados y estatales que operan en China, por los bonos que les ha entregado con el tiempo para absorber los yuanes que ha emitido para comprar los excedentes de divisas de su comercio exterior y de la entrada de capitales. Por último pero para nada menos importante, la revaluación del yuan llevaría los valores de la propiedad inmobiliaria a nuevas alturas, en momentos en que se procesa una enorme especulación en este campo (el inventario de propiedades ociosas de alto precio es enorme) y cuando numerosos observadores vaticinan el estallido de una crisis hipotecaria de grandes proporciones. Pero incluso aceptando estos resultados confiscatorios, la revaluación del yuan no resolvería ningún problema de la crisis, como no los resolvió en el pasado, cuando revaluó su moneda entre 2005 y 2008: China seguiría acumulando excedentes comerciales. Por un lado, porque su productividad crece más rápido que la de sus competidores y que los aumentos de salarios en China, acentuando de este modo su sobrecapacidad y, en consecuencia, debilitando sus márgenes de rentabilidad. Por otro lado, porque para 'rebalancear' el comercio con China no alcanza que ésta importe más –es necesario que Estados Unidos, por ejemplo, reduzca su propia demanda internacional, o sea su demanda en conjunto, que es exactamente lo contrario de lo que está buscando con sus programas de estímulo y su tasa de interés cercana a cero. Un debilitamiento mayor de la demanda en Estados Unidos significaría convertir la recesión en depresión. Lo que se concluye de aquí es que no puede haber, ni habrá, una "salida coordinada" de la bancarrota capitalista, o sea una 'ingeniería' financiera programada –con revaluaciones y devaluaciones concertadas. Los capitalistas y sus Estados buscan su salida de la crisis empíricamente, o sea por medio de presiones y de la fuerza. Ahora mismo, Obama está enfrentando a Merkel, porque Alemania no quiere abrir su mercado a la competencia extranjera, mediante el gasto fiscal, y en cambio se aferra a una política de austeridad para cerrar el mercado alemán a la competencia y para evitar el pago del rescate de los países en quiebra de la zona euro. También para Estados Unidos, por caso, el efecto sería contradictorio, porque significaría alejar a China del financiamiento del déficit fiscal norteamericano, cada vez más alto. Las contradicciones que los Estados procuran superar con sus políticas crean contradicciones aún mayores, simplemente porque ninguna crisis puede superarse sin una reestructuración en gran escala, lo cual supone quiebras, confiscaciones y concentración de capitales. Un ejemplo lo da la propia China, cuyo programa de estímulo del consumo se realiza en condiciones que lo reducen al mismo tiempo o potencialmente. Por ejemplo: para financiar ese estímulo y sus préstamos baratos o de remate se vale del pago de intereses muy bajos a los depositantes de los bancos, lo cual obliga a la población a destinar al ahorro una parte creciente de sus ingresos si quiere asegurarse, mediante ese ahorro, el acceso a la salud, al retiro jubilatorio o a la vivienda, que el Estado no garantiza desde que se puso en marcha la restauración capitalista. El ahorro creciente se hace a expensas del consumo, mientras el estímulo estatal alimenta la sobrecapacidad y la especulación inmobiliaria. El proletariado La decisión de flotar el tipo de cambio sin ceder a la presión de una revaluación inmediata constituye, sin embargo, una potencial concesión de grandes dimensiones al capital internacional. Es que la flotación es un paso necesario para una liberación del mercado de cambios y para el acceso del capital extranjero al mercado financiero de China. La revaluación es una presión que ejercen los capitales industriales; la liberación cambiaria es demandada por el capital financiero. Una sustitución de los controles estatales por el capital financiero significaría el comienzo de una colonización capitalista en gran escala de China; sería la parte conclusiva de la restauración capitalista y estaría preñada de grandes crisis sociales y nacionales. En oposición a esta presión, es necesario tener en cuenta que la tendencia a la desvalorización generalizada de las monedas, en especial del dólar, como se manifiesta por sobre todo en la imparable subida del oro, desorganiza al capital financiero internacional y plantea su reestructuración (quiebras) en las propias metrópolis imperialistas. La desvalorización del dólar y del euro neutralizaría cualquier presión para la revaluación de la moneda china. La misma dirección desorganizadora tendría la caída de Estados Unidos en un nuevo pozo recesivo, como pronostican analistas de relieve, debido a la crisis financiera de los estados norteamericanos, el crecimiento de la desocupación y, por sobre todo, una nueva crisis hipotecaria. Por otra parte, si la revaluación del yuan es significativa (o sea que también lo es la devaluación del dólar frente al yuan), el Estado norteamericano se vería privado de un financista de su deuda pública, con la consecuente depreciación mayor del dólar. Las recientes huelgas en grandes empresas extranjeras, en China, constituyen una respuesta social a estas tremendas contradicciones. Por sus características, es la reacción más profunda de los trabajadores a la bancarrota capitalista –a nivel mundial. No es, para empezar, un fenómeno episódico, ni podría serlo, dado el poder político que debe enfrentar la clase obrera, y el poder de las corporaciones. Por eso fue largamente preparada, como se manifestó: 1) en la emergencia de representantes electos, ya organizados previamente, al margen del sindicalismo oficial; 2) en la cohesión de la masa de miles de huelguistas con esa dirección; 3) en la calidad de los planteos clasistas de la vanguardia de las huelgas. Por eso, también el poder prefirió recular por primera vez en muchísimos años, un signo descomunal de debilidad política, por temor a inaugurar una etapa de rebelión de la clase obrera de las grandes empresas, y para evitar su generalización. En un país sin derechos políticos, los obreros chinos han avanzado décadas en el camino para conquistar el convenio colectivo de trabajo (hasta ahora las condiciones laborales eran fijadas por el Estado o unilateralmente por las patronales). En varias empresas en huelga, la vanguardia de las luchas se presenta como portavoz "del proletariado" (no "de los trabajadores", como deforma Jorge Castro en Clarín) para enfrentar "al capital". El lenguaje de los representantes obreros es la expresión de su conciencia política. La crisis mundial ya ha generado en China la oposición revolucionaria potencial de la clase obrera. La gambeta cambiaria de las autoridades chinas (neutralizar la presión extranjera para revaluar el yuan y abrir el mercado) no obedece solamente al desquicio monetario internacional –en primer lugar el derrumbe del euro. Debe ser vista también como una respuesta empírica a la presión obrera, que exige convenios colectivos, sindicatos independientes (lo cual significa libertad política) y la restauración de derechos sociales.

Asesor de la CGT desde 1964, casi un asesor personal de Hugo Moyano, Recalde quiere edificar una carrera política en el parlamento tratando de derogar algunos de los centenares de artículos de las leyes laborales implementados en los ‘90. Estos artículos, que se escribieron con el mismo Recalde como asesor letrado de la central, tuvieron la aprobación del conjunto de la burocracia sindical y hoy siguen vigentes luego de muchos años de gobierno kirchnerista. De acuerdo con los nuevos tiempos “nacionales y populares”, el propio Recalde presentó hace dos años una “mega-modificación” de 84 de ellos en el Parlamento que, en su gran mayoría, duermen el sueño de los justos. La modificación que tuvo plena sanción parlamentaria fue la derogación de los tickets canasta, que constituían una suerte de vuelta al negrero sistema de trueques de salario por comida de La Forestal. En este caso, Recalde jugó con las cartas marcadas. Ya sabía que la derogación de los mismos sería inminente, pues estaba en espera en la Corte Suprema el juicio de un trabajador que duró casi 10 años, y terminó con un fallo que consideraba el ticket como parte del salario. De los 83 proyectos restantes, dos tienen media sanción parlamentaria y el único que fue aprobado está sujeto a un veto presidencial. El primero de ellos es una modificación de un artículo de la Ley de Empleo vigente sobre “jornada reducida”, que se instaló en nombre de “permitir una ocupación mínima a un trabajador” (por ejemplo, tenerlo en blanco cuatro horas), en abierta violación a las históricas ocho horas laborales. La jornada reducida es un negocio para las patronales, que tienen una parte del personal bajo esa figura y pagando el resto en negro, lo que les permite variar la jornada de acuerdo con la producción sin necesidad de suspender. Recientemente, y en vista de los groseros abusos que se cometían, tuvo que implementarse un tope máximo de la jornada reducida, de modo que si la misma superaba los dos tercios de la jornada (32 horas semanales), la empresa debería pagarla como jornada completa. La patria sojera es beneficiaria de esta jornada reducida, pues habilitó el espejismo de un trabajo en blanco que en realidad no existe entre los peones rurales. La segunda media sanción tiene que ver con el artículo 245 de la Ley 20744, referido a las indemnizaciones. Allí se establece que las mismas serán incrementadas al doble cuando se verifique que el trabajador estaba en negro y que, además, serán abonadas a los cuatro días hábiles siguientes a la desvinculación del contrato laboral. Aquí también las cartas están marcadas, puesto que se arriba a ese resultado con un acuerdo de partes. En la actualidad, cualquier abogado establece, en el propio reclamo de la indemnización en blanco, el tiempo que el trabajador estuvo en negro, aporta los testigos y termina ganando un juicio a la patronal, que muchas veces es más del doble de la indemnización normal. Algo similar sucede con el pago diferido de la indemnización, pues existen miles de juicios en el mismo sentido. El trabajo en negro siempre fue ilegal, y siempre fue practicado por las patronales con el acuerdo de la burocracia sindical. La normativa pauta los valores de un juicio que los buenos abogados laboralistas ya conocen muy bien y, más aún, los “caranchos” laborales. Una crisis política Aunque estos cambios obtuvieron la aprobación legislativa del kirchnerismo, no sucedió lo mismo con el último proyecto del diputado. La Cámara alta le aprobó a Recalde la derogación del artículo 141 de la Ley Nacional de Empleo, que establece que “el salario mínimo, vital y móvil no podrá ser tomado como índice o base para la determinación cuantitativa de ningún otro instituto legal o convencional”. Con la derogación de esa norma, el salario mínimo podría ser tomado como base o índice para la determinación de indemnizaciones, horas extras, salario básico o eventualmente en la movilidad de las jubilaciones. Por caso, si prosperara el proyecto legislativo que plantea llevar la jubilación mínima al 82% del salario mínimo, ello implicaría un aumento del 42,9% para los que cobran esa jubilación. La media sanción de esta norma, y su rápido pase a tratamiento en el Senado, desató una crisis política. Tomada corrió personalmente al congreso para impedir, sin éxito, que el Senado la vote, algo que finalmente ocurrió con el voto de la oposición y el rechazo... de los socios políticos de Recalde, o sea, del kirchnerismo. Lo que se viene, por lo tanto, es un posible veto presidencial. Los cambios introducidos por las leyes Recalde son mínimos y secundarios, cosmética del sostenimiento de conjunto de la flexibilización laboral de los ‘90. Una paritaria con delegados elegidos en asamblea vale más que todo el cacareo de Recalde, quien mientras proclama la lucha contra la flexibilización de leyes, es ideólogo de la burocracia sindical que la promovió. La huelga de alimentación pudo más que todo este palabrerío, por ejemplo. Están más planteado que nunca el 82% móvil de todas las jubilaciones y el aumento del propio salario mínimo a 2.500 pesos.

Tres mil petroleros despedidos esperan la prometida reactivación. Un grupo de estos últimos ha montado un acampe desde hace diez días en las puertas de acceso a la base de Schlumberger, cansados de que el sindicato los tuviera dando vueltas con promesas durante meses. Rápidamente, una fiscal les inició un proceso penal ¡por reclamar trabajo! El sindicato se borró y el gobierno de Sapag salió apresurado a anunciar que próximamente se harían “anuncios” de inversiones de parte de algunas petroleras. Los que acampan no son los únicos. El viernes 18 hubo un piquete a un yacimiento de la petrolera Apache y se amenazaba con otro a la Total. Todos, por reincorporación de obreros parados o tercerizados. Hay una situación similar en otras empresas y es posible que surjan nuevos acampes. La disminución de personal se tradujo en un incremento del índice de accidentes, algunos fatales –como el ocurrido en enero, en el que murieron dos compañeros–, muertes que aún están impunes. Y siguen las sumas fijas Por otro lado, la paritaria abierta hace ya más de tres meses está envuelta en un manto de silencio. En abril, como parte de la maniobra dilatoria, se acordó entregar dos cuotas (abril y mayo) de 3.000 pesos, no remunerativas a cuenta de la paritaria. En julio del año pasado se firmó por 20% escalonado. Ese acuerdo vence en los próximos días. Se acerca el cobro de junio y el aguinaldo, pero el salario sigue sin aumentar. El reclamo de un piso del 25% ya ha quedado desfasado por la inflación, por eso la dirigencia sindical se llama a silencio, tratando que el Mundial de fútbol les permita ganar tiempo. Aunque “trabajan 12 horas por día durante dos y hasta tres semanas seguidas, viven en campamentos con muchos de los servicios que hay en una ciudad, pero lejos de todo, especialmente de sus familias. Participan de una operación riesgosa, desgastante en el mejor de los casos, que los hace viejos a los 30 años... los sueldos básicos son muy bajos; se engordan con adicionales que no cuentan para el sueldo que reciben cuando se retiran”. Por eso, un obrero petrolero con 61 años explica que “...no quiere oír hablar de jubilarse. Dice que es porque se cobra una miseria en el retiro...” ( Río Negro , 29/5, Suplemento Energía). No hay “anuncios” que tapen esta realidad. • Por la vuelta al trabajo de todos los petroleros despedidos en los últimos dos años. • Por un censo de los desocupados y la apertura de un nuevo turno en los yacimientos. • Por comisiones de seguridad e higiene en cada lugar de trabajo. Basta de accidentes y muertes impunes. • Por un salario sin sumas adicionales. Todo al básico para poder jubilarse sin morir de hambre. • Asambleas en todas las plantas.

La aprobación del proyecto de ley de sobre el matrimonio de personas del mismo sexo está en una impasse. Bajo la presión de la Iglesia y la derecha el asunto se encuentra en un punto muerto porque, luego de la media sanción en la cámara de diputados, no pasaría en el Senado. El kirchnerismo nunca sacó el tema del cabildeo parlamentario y sus propias filas están repletas de adversarios del proyecto que esperan quede empantanado en el parlamento. Un conjunto de organizaciones, entre las cuales se encuentran quienes suponían que el gobierno estaba empeñado en imponer el matrimonio gay, han convocado ahora a un acto callejero. Es parte de la crisis que plantea el empantanamiento del nonato proyecto de ley. Apoyamos el acto y nos movilizamos por la aprobación inmediata y sin condiciones de la ley de matrimonio civil para personas del mismo sexo.

La composición de la lista opositora “Democracia y Protagonismo”, habla por sí sola: estuvieron los sojeros del PCR; en el segundo lugar, un ignoto docente de Izquierda Socialista, que en Sociales, su facultad, no llegó ni al 20% de los votos; el MST, que no existe, decidió de todos modos sumarse para no perder la costumbre. La gran novedad fue la integración a la lista de los “independientes” de la Violeta de Filosofía y Letras, agrupación otrora “autonomista” que evolucionó al punto de transformarse en el instrumento del decanato kirchnerista contra la lista clasista Unidad por la Gremial. Aunque en el pasado Hugo Trinchero –el decano de Filo– ya había votado por los “autonomistas”, ahora fue diferente: el decano de Carta Abierta mandó a votar en masa mediante el aparato de funcionarios y direcciones de departamentos a muchísimos docentes no-afiliados para asegurase que la Comisión Directiva de Filo sea “mao-moreno-autonomista”. Las evidencias fueron múltiples, quizás la más notoria la dio la docente que al salir de votar fue invitada a afiliarse a la AGD, ante lo cual preguntó “¿qué es la AGD?” Toda la campaña de esta lista pasó por un descarado macartismo contra el PO, poniendo en evidencia, de paso, que la izquierda está en una etapa de descomposición aguda. Así, gente que carece de los mínimos acuerdos programáticos se juntó para “democratizar la AGD-UBA”, un sindicato a cuyas asambleas sistemáticas no concurren. Vinieron a “democratizar” y concluyeron como agentes de las camarillas antidemocráticas que docentes y estudiantes enfrentaron en las asambleas universitarias. ¡Qué papelón! Carentes de otro eje que el macartismo (el cual rozó lo policial en Sociales), inventaron una acusación de fraude por una resolución impecable de la junta electoral que, ante la no entrega de padrones por parte de las autoridades universitarias, dispuso que puedan votar quienes acrediten su condición docente de todas las maneras posibles, como siempre se hizo en la AGD. La acusación quedó levantada una hora después y no pudieron demostrar ni un caso irregular en la más masiva elección de este sindicato. Al contrario, ellos debieron levantar su impugnación al voto y a la urna de los “monotributistas” de laboratorio de idiomas en filo, cuya lucha fue apoyada sólo por Unidad por la Gremial. Fueron varios los grupos que se pronunciaron dando su posición sobre este choque político. La Mella, en Filo, apoyó indisimuladamente a la Violeta, quizás allanando el camino para que en las elecciones estudiantiles el decano kirchnerista le brinde el apoyo contra la actual dirección del centro encabezada por la UJS-PO. El PTS sólo llamó a votar a favor de Unidad por la Gremial en Sociales, donde tenían candidatos; para la Junta Ejecutiva votaron en blanco. Los grupos que integran el Cauce no se animaron a llamar a votar a Unidad por la Gremial, pero sacaron un buen texto de reivindicación de la AGD-UBA, que quien lo leyera no podía menos que votar por la actual conducción. Razón y Revolución llamó a votar por Unidad por la Gremial mediante un texto que daba en el clavo de las delimitaciones planteadas. Como era de esperar, la lista opositora hizo una muy mala elección –salvo en Filo, donde el punto ya no eran ellos, sino el decano Trinchero. El triunfo de Unidad por la Gremial pone de manifiesto una alta conciencia de todo un sector de la docencia universitaria en torno al papel de la dirección de la AGD-UBA en la lucha por las reivindicaciones docentes. Lo que debe ser alimentado con un trabajo sistemático de politización que refuerce a fondo la construcción gremial.

El gobierno del Frente Cívico anunció el adelantamiento de las elecciones municipales de Santiago para el 4 de septiembre. El gobernador Zamora toma esta decisión cuando la oposición patronal se encuentra atomizada y no logra superar su marginalidad. Esta tendencia se ha acentuado después de la destitución del intendente de la Capital, Alegre. Este funcionario encabezaba una ruptura hacia el campo opositor, que le hubiera dado a ésta un punto de apoyo en su disputa con el zamorismo. Por otro lado, Zamora ha logrado contener algunos reclamos sociales, en especial el que despuntó a principio de año con los autoconvocados de la salud. Mediante métodos represivos y con la colaboración de la dirigencia conciliadora de los autoconvocados, logró que se frustrase un movimiento multitudinario que había impactado en el conjunto de la población. Otros reclamos fueron llevados a la vía muerta de “mesas de diálogo” que no lograron nada, con la colaboración de la burocracia y la Iglesia. Esto ocurrió con la docencia, los estatales y los campesinos pobres agrupados en el Mocase. Los intentos de la izquierda sojera de darle una perspectiva a los reclamos de las masas –al impulsar la formación de una Multisectorial con la UCR y la burocracia de ATE– terminaron en la nada. Ni la burocracia ni los partidos patronales están interesados en promover ningún proceso de lucha real de las masas. En este cuadro, Zamora tiene aún que resolver las candidaturas del Frente Cívico. La cuestión cobra una importancia superlativa, pues luego de estos comicios vendrá la elección a gobernador y legisladores, en la que Zamora no puede presentarse. Un abanico de candidatos del Frente Cívico se están candidateando para gobernador. En algún caso, como el de los kirchneristas de Bases Peronistas, se anunció que iría por fuera del Frente Cívico. Zamora no bendijo aún a ningún candidato, pero seguramente lo hará por alguien del riñón de su camarilla, especialmente para la intendencia de la capital. La realidad social muestra que el régimen zamorista ha seguido el libreto K: los dineros del Estado se transformaron en grandes subsidios a las empresas, una nueva ley de promoción industrial más ventajosa para los inversores, medidas políticas y económicas al paladar de las patronales. Mientras tanto, las familias obreras seguimos sufriendo despidos, tarifazos, boletazo. Esta política capitalista se está llevando adelante en todos los municipios. Mientras las camarillas patronales se enriquecen a costa de la obra pública, otros lo hacen por medio de los subsidios que reciben las empresas de transporte. En contraste, la salud y educación municipal están degradadas y los trabajadores municipales son víctimas de la precarización laboral y tienen bajísimos salarios. Frente a este escenario, el Partido Obrero va a aprovechar la convocatoria adelantada para extender su agitación y propaganda a nuevos municipios, aparte de la capital y la Banda, donde tiene concentrada su intervención política, orientada a poner en pie una alternativa independiente del gobierno y de la oposición patronal –en la que está el centroizquierdismo–, que sirva para darle una perspectiva consecuente a las próximas batallas por el salario, el trabajo y las libertades, como resultado de la crisis imparable del régimen capitalista.

Cuando todavía celebraban el levantamiento del corte de Gualeguaychú, a los Kirchner les estalló en las manos una nueva crisis de gabinete. El renunciante Taiana había ‘sacado los pies del plato’ al reunirse con los periodistas de los diarios destituyentes para informar que el monitoreo “conjunto” prometido a la asamblea entrerriana no será sobre la planta de Botnia, sino sobre el río Uruguay, y que además participaría Brasil. La infidencia de Taiana no solamente hizo peligrar el levantamiento del corte, sino que dejó al desnudo una falta de ‘lealtad’ a la hora del embate final contra el ‘monopolio’ y, lo que es más, cuando comienza la guerra con vistas a las elecciones de 2011. Con el reemplazo en la persona de Timerman, el gobierno toma todavía más la forma de una asociación privada que busca acaparar todos los resortes del Estado. De todos modos, Gualeguaychú fue sólo el detonante de una crisis de alcance mayor. El despido de Taiana es el resultado final de una larga lucha de la camarilla contra la Cancillería, que se manifestó con toda claridad cuando Moreno y De Vido tomaron a su cargo las relaciones económicas internacionales – en especial en lo que hace a las importaciones desde China. Por la mirilla de la crisis de gabinete, se deja ver otro episodio de la descomposición del kirchnerismo. Quién entra Un especialista en asuntos externos, el derechista Carlos Escudé, acaba de destacar que Timerman se identifica con “una decisión clave de nuestra política exterior” ( La Nación , 20/6): el apoyo de los Kirchner a la campaña norteamericana contra Irán y a la del sionismo dirigida a encubrir a los reales responsables del atentado contra la Amia. No se debe olvidar nunca que el comisario Palacios, uno de los principales encubridores, fue premiado por el Estado de Israel. En la reciente cumbre internacional de seguridad nuclear, Cristina selló un acercamiento decisivo con Obama cuando apoyó el control norteamericano sobre todas las formas de desarrollo nuclear. Los K están seguros de que si quieren ganar en 2011, deben neutralizar la oposición de los yanquis, quienes rechazan la alianza coimera con la camarilla de Chávez. La presencia de Timerman en la Cancillería aleja cualquier sospecha de un lazo político consecuente con Venezuela. De todos modos, el nuevo canciller no va a interferir en la diplomacia paralela que anuda a la “bolibuguesía” chavista con los patrones argentinos, kirchneristas o no, en las operaciones que tienen como comisionistas menores a los De Vido o Uberti. Por eso, el “enemigo de Irán” instruyó convenientemente al ex embajador Sadous para que “guarde reserva” de esos negocios en la interpelación que le espera en el Congreso. Clarín El nuevo ministro es uno de los abanderados en la cruzada oficial contra el pulpo Clarín. Ha tomado con la pasión de un converso la causa por la identidad de los hijos de Noble, porque sería la expiación de su alianza con la dictadura en el momento fundamental de su asentamiento en el poder. Si el caso se extiende a una reestatización de Papel Prensa, apropiada bajo el peso de la tortura, una crisis política será inevitable; pero los K son cuidadosos en este punto y buscarán negociar una salida con capitalistas amigos. El mismo procedimiento, con Telecom, hasta ahora ha fracasado. Si de medios se trata, recordemos que la reciente visita de Clinton a la Argentina, en la que desplegó un verdadero discurso de campaña en favor de Cristina, fue piloteada por el empresario “K” Werthein, un K que se quiere apropiar de Telecom y entrar con fuerza en el negocio del “triple play” junto con otros pulpos ligados al gobierno. En los embates a Clarín, que suenan impactantes, los Kirchner actúan junto a los socios de Obama; o sea, a cuenta de intereses sociales y políticos tan reaccionarios como los que dicen combatir.

Maximiliano Kosteki, Darío Santillán. Todos sabemos quiénes son. Cayeron asesinados hace ocho años, en las cercanías del Puente Pueyrredón. Diego Bonefoi, Matías Carrasco, Sergio Cárdenas. ¿Quiénes son? Los mató la policía en Bariloche, hace sólo cinco días. En el caso de Matías y Sergio, cuando marchaban en protesta por la muerte de Diego. Igual que Kosteki y Santillán. Los mató la policía de un gobierno radical-kirchnerista. O sea, de los que decían que “nunca habrá un muerto por una represión”. El gobierno de los “derechos humanos” es un represor implacable de toda lucha consecuente. Es su medicina contra los que desafían la miseria salarial, las jubilaciones de indigencia o la contaminación ambiental. Siguiendo ese libreto, los Kirchner criminalizaron a Gualeguaychú. Este gobierno, que fue incapaz de castigar a los represores políticos del Puente Pueyrredón, uno de los cuales es su jefe de Gabinete, quiere adueñarse de la jornada de lucha del Puente. Convertirla en un episodio de su “interna” contra Duhalde, pero incapaz, repetimos, de hacer justicia. El próximo 26 vamos al Puente a levantar el mismo reclamo que atronó, días atrás, en los barrios de Bariloche. ¡Juicio y castigo a los culpables! ¡Cárcel a los genocidas! Libertad de organización para luchar por el salario, por el trabajo, por los derechos que, todos los días, nos niega el régimen social que armó a los asesinos de Maxi y Darío.