Prensa Obrera N° 1119

En la noche del viernes 26, antes del comienzo de una actividad artística y musical en el local del Partido Obrero de San Martín, ubicado en la calle Pueyrredón 3720, un grupo de inspectores municipales, acompañados por dos policías que exhibían armas de fuego, irrumpieron sin autorización alguna, violando el recinto de un lugar privado y amenazando a los presentes contra la realización de la jornada. Tras una larga discusión, en la cual intentaron amedrentar a todos, estos personajes se retiraron, pero continuaron generando un clima de intimidación en toda la zona y clausuraron el negocio de comidas de enfrente con la excusa de que vendían alcohol a los presentes en la actividad en nuestro local. Este accionar ilegal y patoteril se hace en el marco del ataque a los artistas y los músicos por parte del gobierno municipal de Ivoskus, ahora también encubierto bajo el manto de la nueva Ley de Scioli de horarios nocturnos. La actividad tenía por objeto recaudar fondos para la juventud que recientemente participó del campamento de la UJS y brindar espacio a expresiones artísticas provenientes de sectores fabriles y juveniles que no tienen cabida en el municipio. En todo este proceso, el local del Partido Obrero de San Martín se ha manifestado como una casa del arte, la cultura y la música, en donde se han realizado numerosos festivales y actividades artísticas.

Compas, ¿cómo están? Me interesa comentarles algo para que armen una notita y la publiquen. Resulta que desde hace algunos años un grupo de docentes de la Escuela Hogar tiene intenciones de cambiarle el nombre a la escuela, que se llama Julio Argentino Roca. Las razones por las que queremos cambiarle el nombre son las que ya conocemos y compartimos, por lo tanto, no me voy a detener a explicarles lo que ya saben. En algún momento se decía que había docentes que no estaban de acuerdo en cambiar el nombre pero el jueves pasado hubo una reunión de personal de los dos turnos y nadie se opuso, sólo tres dijeron que les daba lo mismo. Con lo cual ya podemos afirmar que es la gran mayoría del personal la que acuerda. Una posibilidad de futuro nombre, aunque no del todo consensuada, es Otoño Uriarte. Quienes proponemos ese nombre sabemos que con el acto de sacar el nombre del genocida Roca reivindicamos a los pueblos originarios, y llamándola Otoño Uriarte mantenemos viva la denuncia contra la trata y la complicidad con ella del poder político y económico. Charlando con algunas compañeras nos pareció que un modo de hacernos escuchar y socializar este importantísimo proyecto es dándole difusión en los medios, por eso es que yo les escribo para que ustedes armen una notita. Queremos que nuestra intención se conozca y si es posible que lleguen manifestaciones de adhesión para que el proyecto sea tomado por una comunidad mayor que la del personal docente de la escuela. Cualquier cosa que quieran saber, comuníquense. Gracias. Envío copia de este mensaje a Alas y al Piltri, para que lo tomen también Un abrazo,

Hace dos años, el conocido trovador y funcionario Silvio Rodríguez declaró que la situación de las cárceles cubanas era una de las cosas más “dolorosas e incómodas” de la isla. Los maltratos sufridos por el disidente Orlando Zapata Tamayo durante más de siete años lo condujeron a una situación desesperante y a la huelga de hambre que mantuvo por más de 80 días. Por desacato a la autoridad –un delito que es incompatible con la democracia y el socialismo–, la pena inicial de tres años y medio se transformó en otra de más de 30 años de prisión. El calvario luego lo sufrió su madre: la burocracia montó un virtual estado de sitio en su provincia natal (con detenciones y atropellos de todo tipo) para impedir el entierro. Para el ahora filokirchner-stalinista Atilio Borón, aquel sería un representante del “lumpenproletariado” alzado contra la “generosidad” de la “justicia cubana” (sic, en rebelión.com). Veinte años atrás, cuando lo sostenían ONGs europeas, Borón reclamaba “democracia” para Cuba; ahora, con el salvoconducto del Credicoop, Borón cierra filas con un asesinato político. El régimen penal cubano, que castiga la disidencia y la crítica, es incompatible con el más elemental de los principios socialistas. Por esta vía, Cuba no ha estado marchando hacia un mayor desarrollo social, sino a una manifesta descomposición política y una corrupción en serie de las figuras más prominentes de la burocracia estatal (Laje y otros). El destino de Zapata es el mismo que Margaret Thatcher decidió para el combatiente del IRA Bobby Sands, en 1981, fallecido después de 66 días de huelga de hambre. Es lo menos que podemos decir para repudiar la muerte de Orlando Zapata.

28 al 30 de mayo de 2010 Llamado para la participación en los preparativos Por más de 100 años, nuestro pueblo palestino ha sufrido el robo de sus derechos nacionales y humanos. La mayoría de los palestinos son refugiados dispersos a lo largo y a lo ancho del mundo. Gaza, que se ha plantado con fuerza en su resistencia a la ocupación, está sometida a un sitio criminal. La ocupación racista del régimen continúa la campaña de limpieza étnica contra nuestro pueblo a lo largo del país mediante confiscaciones, demolición de casas y aldeas, la confiscación de papeles de identidad y el rechazo a otorgar derechos de residencia, a autorizar matrimonios, a rechazar la unificación familiar y la construcción de muros y asentamientos. Todos nosotros sufrimos tal opresión, discriminación y sojuzgamiento en todos sus aspectos bajo un brutal régimen racista. Nuestro pueblo palestino tiene escritas páginas heroicas en la lucha por la defensa de sus legítimos derechos, el primero y más importante el derecho al retorno, que se convirtió en símbolo de sacrificio por la libertad tanto a para los árabes como a nivel internacional. La respuesta israelí fue siempre de severa opresión y más guerras. La campaña de masacres del año pasado contra nuestro pueblo en la Franja de Gaza es un ostensible ejemplo. Su agresión y ocupación no están limitadas a Palestina, sino también a otros pueblos y países árabes. El peligro de una guerra total está aún amenazando la seguridad de la región y la paz del mundo. Año tras año vemos como el así llamado “proceso de paz” es solamente un camuflaje de los proyectos políticos del imperialismo. Este proceso no contribuye de ninguna forma a la restitución de los derechos robados a nuestro pueblo. Está solamente diseñado para sostener el régimen racista sionista, así como también para perpetuar la ocupación y evitar el retorno de los refugiados. El único programa para aliviar el sufrimiento de nuestro pueblo y para dar solución al conflicto, es el de la restauración de los derechos patrióticos y nacionales del pueblo palestino, la adopción de los principios democráticos de derechos humanos como base para una solución y asi como de resistencia y de rechazo a la limpieza étnica, a la opresión y al racismo. Esto significa el retorno de todos los refugiados palestinos a todas las áreas desde donde fueron expulsados y la constitución de un Estado laico y democrático en todo el suelo nacional palestino. El 20-21 de junio del año 2008 se realizó la Primera Conferencia de Haifa por el derecho al retorno y de un Estado laico y democrático en Palestina. Despertó un gran interés y fue muy bienvenido entre activistas sociales y políticos y militantes que resisten al sionismo desde adentro (en la parte de Palestina ocupada desde 1948), árabes y judíos, asi como en amplios niveles palestinos, árabes e internacionales. Siguiendo el éxito de esta Conferencia estamos decididos a continuar en el camino para alcanzar este noble objetivo, hacia el establecimiento de una coalición internacional que apoye este programa. El movimiento Abnaa el Balad, como iniciador de la realización de la primera Conferencia de Haifa, llama a todos lo partidos, grupos y personas interesadas a cooperar para el éxito de la segunda Conferencia. Están invitados a tomar parte en las preparaciones para la Conferencia, traer sugerencias referidas al programa, a tomar parte en los eventos preparatorios de organización y talleres, a movilizarse por la Conferencia y a tomar parte activamente en ella. Juntos en el camino. Por favor llamenos a: ahar Abdo +972-52-836-5221 Yoav Bar +972-54-479-0989 e-mails: abnaaelballad@yahoo.com ror1state@gmail.com Sitio web de Abnaa elBalad: http://www.abnaa-elbalad.org/ Sitio web de la Primera Conferencia de Haifa: http://www.ror1state.org/

En ocasión de la IV Jornada contra la impunidad realizada en la provincia de Tucumán, la Fuba se hizo presente junto a una delegación de familiares de víctimas contra la impunidad de la provincia de Buenos Aires, entre quienes estuvieron Rubén Carballo, papá de Rubén Carballo, asesinado por la represión policial en el recital de Viejas Locas; Roberto Lucena, papá de Diego Lucena, cuyo caso sucedió a la salida de un boliche en junio de 2004, y José Maldonado, padrastro de Raúl “Boli” Saliwonczyh, detenido y desaparecido por la Comisaría 3ª de Munro en 2002. –¿Qué balance hacen de la IV Jornada contra la impunidad en Tucumán? Rubén : Para mí fue espectacular. Se va a lograr la unificación de una lucha que es fundamental. Las distintas experiencias que se relataron muestran una situación similar a la que vivimos en Buenos Aires acá en las provincias del Norte. José : Quedó claro que no son casos aislados. En los siete años y diez meses del caso del “Boli”, hemos buscado la unificación de los casos de impunidad en busca de justicia más allá de la distancia. Y, por supuesto, brindando una orientación y solidaridad a los familiares. Roberto : Hay que terminar con esto del gatillo fácil, no es un solo hombre el que tira, sino que es un plan sistemático para poder controlar al pueblo y la juventud. Es un genocidio porque interviene todo el Estado: policías, peritos forenses que los encubren, jueces y fiscales que les dan la impunidad y los políticos que son cómplices porque los necesitan para poder controlar al pueblo. Los gobiernos (provinciales y nacional) han creado organismos de derechos humanos que no dicen nada, igual que cualquier funcionario. –¿Qué queda por delante? –Garantizar la conformación de una comisión nacional contra la impunidad. Rubén : Exacto, una comisión de investigación que pueda exigir justicia, revisar caso por caso, unificando todas las organizaciones. Y prepararse para la marcha del 23 de marzo. Exigirle, además, a las comisiones de derechos humanos que nos acompañen en esta lucha. José: Concientizar a la gente con el pedido de justicia, que se esclarezcan todos los casos de distinta índole. –¿Qué les pareció la propuesta de realizar actos-festivales en todo el país el 23 de marzo? –Va a ser la punta de lanza de una gran acción que nos permita impulsar y darle fuerza a nuestra organización. Rubén : Al menos una vez al año tendríamos que hacer un gran acto nacional con todos los casos del país. Roberto : Lo más importante es que se hagan en todo el país. Y la perspectiva de hacer una gran marcha federal.

El fracaso absoluto de la intervención a la seccional Zárate de la Uocra y de su rol patronal de disciplinar a la creciente belicosidad de los obreros de Atucha 2, ha derivado en un accionar cada vez más criminal y antiobrero de patotas armadas contra las huelgas y los opositores. Sólo para mencionar los últimos, los huelguistas de Electroingeniería en octubre fueron baleados por matones y reprimidos por la infantería en la Panamericana, mientras Gerardo Martínez en persona desautorizaba la huelga; los de Techint, también en lucha, en febrero fueron patoteados en la asamblea de 2000 que abucheó a los interventores. El pico fue el ataque alevoso al “Colo” Fernández, quien se salvó de milagro tras recibir una docena de puñaladas y una brutal golpiza. El ataque, en medio del obrador y a la vista de todos, lo piloteó un grupo de matones ingresado en cinco autos con anuencia de las autoridades de NA-SA. Un delegado de Vialco fue golpeado también ese día. Las empresas y las autoridades de NA-SA son tan responsables como la burocracia de Martínez en estos hechos. Una autoridad de la Gendarmería tuvo que reconocer (tras detener un auto con matones de San Nicolás con una metra y otras armas) que “gente extraña” ingresaba con “tarjetas” de NA-SA. Siembran el terror porque están asustados El repudio a este accionar es generalizado en las obras. Quieren evitar con el terror una lista opositora. Siguen los aprietes y matoneadas (como dijo un compañero, “estos quieren dos muertos”). Han sido despedidos 75 obreros de Techint, entre ellos Fernández, candidato de la Naranja opositora; es decir, con fuero sindical. La crisis es tan brutal que se habla de suspender la obra por tres meses. Hay que impedir una masacre, por una normalización democrática del gremio. Las organizaciones populares, los sindicatos y centrales sindicales deben pronunciarse de inmediato, exigir una investigación y reclamar juicio a los autores materiales y a los instigadores de esta barbarie -lo que incluye a las autoridades de NA-SA y al responsable de la Gendarmería, que dejó hacer sin intervenir, y exigir la reincorporación inmediata de los despedidos. Hasta ahora sólo han tenido la dignidad de hacerlo ATE y el Partido Obrero. El intendente y el Concejo Deliberante, que fueron advertidos por los obreros sobre la situación, incluso antes del ataque a Fernández, son testigos mudos mientras hablan de “seguridad ciudadana”.

Desde que comenzamos la campaña en defensa de la legalidad del Partido Obrero, hemos reunido cuatro mil afiliados en todo el país. Estas voluntades se han conquistado bajo las condiciones impuestas por la reforma política proscriptiva, que exige acompañar una copia del documento de los nuevos afiliados. La reforma también los obliga a desafiliarse a partidos anteriores, a través del envío de una carta-documento a cargo del nuevo afiliado. La campaña se está desarrollando con fuerza en toda la provincia de Salta (véase nota); en Chaco y Formosa, en este caso, donde por primera vez el Partido Obrero conquistará su legalidad. En las localidades del Alto Valle, el PO de Río Negro también está defendiendo su personería, después de la importante elección que hicimos en junio pasado. En Río Gallegos y Caleta Olivia, el FUT-PO se ha propuesto completar el objetivo de 600 fichas para el final de este mes. En la Capital, destacados luchadores del subte, de los hospitales y de otros gremios han sumado su apoyo, que será reforzado ahora por la campaña en la Universidad. En Córdoba, estamos cerca del millar de nuevos afiliados. Llamamos a reforzar, en todo el país, el esfuerzo para defender los derechos políticos del Partido Obrero contra la reforma reaccionaria. Como nunca, la clase obrera necesita intervenir en la crisis con su propia voz.

Escribo porque el Informe, desde la postura de la clase obrera, es muy bueno. Hace una tomografía computada en 3d perfecta de la descomposición del capitalismo, de todos sus mecanismos de explotación. Los medios de comunicación burgueses minimizan esta situación de descomposición. Estas posiciones 'me sacan', porque la pequeña y gran burguesía vuelven a reincidir en su mezquindad de clase, a pesar de que su chacra o quintita y el resto se vayan por el caño. Lo otro que me preocupa es que vuelvan a meter en el gobierno a otro tirano como Luis Bonaparte. Hoy, están sosteniendo que son 95 mil millones de pesos de déficit fiscal, ¿es así o es más? También sostienen que este déficit se genera por fuera del pago de deuda a vencer. Espero que me saquen de tal duda y me expliquen mejor. Desde ya, muchas gracias,

Ha culminado la primera de las tres semanas del plan de lucha de 72 horas de Amsafe, con niveles de acatamiento cercanos al 100% en toda la provincia. El movimiento rechaza la burla del 7% ofrecida por el gobierno a los docentes y a todos los estatales. Los estatales también realizan medidas de fuerza, también con niveles altísimos de adhesión (extendidos a los municipales agrupados en la Festram). De hecho, han paralizado escuelas, hospitales y dependencias oficiales. El lunes 1º de marzo, en la ciudad de Santa Fe, y el miércoles 3, en Rosario (junto a los estatales de ATE), las movilizaciones reunieron a miles de docentes. Al final de 2009, Binner había rechazado todos los reclamos. Esta voluntad de lucha fue anticipada por la votación de casi 29.000 compañeros en toda la provincia. Aunque ganó el voto por un “paro por tiempo indeterminado”, la conducción provincial “celeste” de Amsafe resolvió paros de 72 horas por tres semanas. La reacción del gobierno fue, primero, amenazar con descuentos, pero luego dio marcha atrás. Ahora ofrece “nuevos” pagos desdoblados (en cuotas), que las direcciones “celestes” –como las de la Ctera/CTA de Yasky, Maldonado o la del Suteba de Baradel– ya han acordado en el caso de provincia de Buenos Aires. Esto representa una rebaja salarial del 8%, por la inflación creciente que pulverizará el “aumento”, y la cláusula de los 180 días de clase (“paz social”) obliga a no realizar huelga durante todo el año. Para la segunda semana de paro (9, 10 y 11) está prevista una movilización provincial a Santa Fe, el miércoles 10, junto a los docentes del Sadop y posiblemente de otros gremios estatales. Rosario ha reclamado un piso del “30% ya”, una moción que ya triunfó en San Lorenzo. La necesidad de fijar un piso de reclamo ya es un desafío para todos lo sectores de oposición de Amsafe. Solamente así se sostiene una lucha a fondo y evita maniobras con la antigüedad del reclamo. El “30% ya” debe ir acompañado con la indexación a partir de un piso de aumento de precios del 5%.

Si hay en algo en lo que coinciden las entidades rurales (Mesa de Enlace) y el gobierno kirchnerista es en la política agropecuaria. Aunque suene insólito es así: las medidas implementadas hace años tienen como hilo conductor fomentar el incremento de las hectáreas destinadas a la siembra de la oleaginosa. No sólo un tipo de cambio alto, sostenido por los trabajadores, sino el festival de subsidios destinados al engorde de hacienda vacuna a corral. A nadie se le ocurrió preguntar por qué se subsidian a los feed-lots (engordes a corral), esto no se hacía con los engordadores tradicionales a pasto. El propósito final de las “compensaciones” (como llaman los funcionarios a dichos subsidios) es que las vacas estén encerradas en corrales para su engorde y poder destinar más hectáreas de campo a la producción agrícola, fundamentalmente de soja. Por supuesto, este esquema de subsidios introdujo con más virulencia dentro del negocio ganadero un nuevo actor: si en la producción agrícola aparecen los grupos financieros llamados pooles de siembra, en la producción ganadera aparecen los grandes feed-lots, que se asemejan más a inversiones financieras que a producciones pecuarias “puras”. Los “nacionales y populares” lograron lo que no pudieron la dictadura ni el menemismo: concentrar el negocio ganadero en un puñado de inversores financieros. No es igual para todos Este esquema de subsidios deformó el tradicional mercado de carnes. Los pequeños productores, imposibilitados de recibir las compensaciones millonarias de los grandes feed-lots, fundamentalmente por la imposibilidad financiera de esperar el pago de los subsidios estatales (las demoras en los pagos llegan a un año), y los que no pueden tener la innumerable cantidad de requisitos burocráticos requeridos por Senasa y ONCCA, organismos de control sanitario y comercial del Estado, fueron obligando a muchos pequeños productores a cambiar de rumbo. Por supuesto, se les hizo imposible competir a aquellos que engordaban en forma tradicional contra los grandes feed-lots. La gran mayoría comenzó a liquidar vacas (en el año 2009 fue récord la matanza de hembras, justamente la fábrica de terneros, muchas de ellas preñadas) y a arrendar sus campos... para la soja, a los pooles de siembra. De todas formas se venía anticipando la liquidación de vientres, que es una decisión política de las entidades rurales planificada por lo menos dos años atrás. En cuantos congresos de Crea o de cualquier entidad rural se hablaba en forma insistente de que se venía una reducción del stock. En realidad, se estaba induciendo a los productores a que liquiden vientres, cosa que no es novedad como método de los hacendados sino una medida recurrente a lo largo de los ciclos ganaderos. En cuanto aparece un poco de sobreoferta sobreviene la reducción y escasez siguiente. La novedad de esta situación es que aparece en escena el yuyo soja, propiciado por el gobierno “nacional y popular”. El socio número uno de los sojeros es el gobierno kichnerista a costa del hambre del pueblo, dólar alto y alimentos caros. Todas las medidas llevan a que el negocio ganadero se concentre en grupos inversores financieros, igual que la soja. El precio no va a bajar en forma sustancial. Lo que sí se va a producir es una caída sustancial de ventas, por lo cual van a caer miles de pequeños carniceros, empleados de supermercados y, sobre todo, obreros de la industria frigorífica. Para garantizar alimentos a la población, empleo genuino en la toda la cadena agroindustrial de la producción de carne e incluso abastecer a los países latinoamericanos, hay que organizar sobre otras bases sociales la producción ganadera.

Este texto, redactado por delegados de base de ATE zona norte del Gran Buenos Aires que luchan activamente en su seccional, expresa el proceso político que se opera en las bases de la CTA. El 2 de febrero, la CTA de Vicente López, a través del Suteba y de ATE, organizaron un encuentro totalmente oficialista, junto con los partidos Comunista, Socialista, Humanista, Solidario y F. Grande. Los directivos de estos dos sindicatos de la CTA, Marina Mapelli (secretaria general Suteba Vicente López) y Fabián Alessandrini (secretario ATE V. López), junto a Julio Cerezo, directivo del Suteba Provincia y de V. López, se han presentado juntos, no en defensa de sus compañeros, sino en defensa del gobierno de Kirchner, al cual le reconocen que sólo le falta redistribuir la riqueza un poco más. Este último (Cerezo) se presenta como representante del Partido EDE (Encuentro por la Democracia y la Equidad), que dirige Sabbatella, encuadrado en el oficialismo, apoyado por Yasky (CTA Nacional) que, en conjunto con el gobierno y tal como lo hizo la CTA de La Matanza, sostienen el pago de la usuraria deuda externa, con los fondos del Estado. Todo esto mientras han firmado una paritaria nacional y provincial, que impone a los docentes un techo salarial, en Buenos Aires del 17%, en cuatro cuotas y un básico de 890 pesos, garantizándole al gobierno un inicio de clases, a costa de la educación pública, los docentes y los chicos. Los dirigentes locales de ATE se preparan para seguir su camino, el 3 de marzo es la primera medida de fuerza de los estatales en la provincia de Buenos Aires, que ni se han encargado de garantizar, siendo que en el distrito la mayor cantidad de afiliados, son los auxiliares de escuela. Utilizan los aportes y esfuerzos de los afiliados para su propio beneficio. Está clara la alianza, entre estos dirigentes del Suteba y de ATE, para encuadrarse en la línea del gobierno que actúa despóticamente, liquidando el patrimonio nacional, en defensa de los mayores negociados y la liquidación de las condiciones de vida de los trabajadores. Planteamos que la CTA debe dejar de seguir al gobierno y lanzar un plan de lucha de estatales y docentes por aumento de salarios de emergencia del 25% al básico, sin sumas en negro y convocar a plenarios de delegados conjuntos que decidan las medidas.

El viernes 19 de febrero, como muchos otros barrios de Hurlingham, nos inundamos por la única catástrofe natural de la inutilidad de los gobiernos de Scioli y Acuña. Mujeres, niños y ancianos fuimos evacuados por los bomberos y vimos con desesperación cómo las aguas inmundas se metían en nuestras casas a través de una calle que abrió una empresa que está haciendo un trabajo en el arroyo Morón. El sábado siguiente organizamos un petitorio reclamando la urgente solución a los problemas de inundación y subsidios para los damnificados. El martes llamamos a los medios de comunicación para convocar a una asamblea, realizamos un afiche y salimos a pegarlo por todos lados. El miércoles vinieron los medios locales, realizamos una gran asamblea con 150 vecinos, donde todos expusieron sus reclamos, se sumaron más vecinos, además de los del petitorio. Se acercaron hasta allí algunos concejales a los que se les reclamó que no hacen nada y que no les creemos nada. El jueves nos juntamos en asamblea, durante la tarde los chicos del barrio estuvieron armando carteles denunciando la situación. El intendente mandó a su gente para tratar de romper la asamblea de los dos barrios, tratando de asustar a algunos vecinos, amenazando y mandando a provocar, pero no lo logró y salimos a la avenida marchando con cacerolas, latas, carteles y algunos autos que tocaban bocina. El viernes 26 en horas de la mañana, desembarcaron dos camiones con cuadrillas de trabajadores con machetes y palas, maquinaria para ensanchar el cauce de las compuertas y levantar un terraplén. Juntaron las ramas y basura, nivelaron la calle y limpiaron el zanjón. Los vecinos nos reunimos a la tarde en asamblea, donde sacamos la conclusión de que con la movilización y la unidad de los dos barrios afectados conquistamos la solución en lo inmediato, pero no se terminó acá: queremos las cloacas, el agua potable, el desmalezamiento y fumigación periódica, el entubamiento de las zanjas y las obras necesarias para no inundarnos, subsidios a los damnificados. Por eso seguimos en reunidos en asamblea. Sacamos un nuevo afiche y volante para comunicar lo conseguido y que vamos por más.

Nos encontramos en estado de guerra” declaró pomposamente el primer ministro griego (y presidente de la Internacional Socialista), George Papandreu, el 3 de marzo, al anunciar una segunda ola de medidas draconianas contra los trabajadores y pensionados, exigida por la Unión Europea, el Banco Central Europeo y los “consejeros” del Fondo que supervisan la economía griega. Pero la clase trabajadora desafía la retórica belicosa de la cabeza del gobierno del Pasok y las instrucciones de la UE para declarar su propio estado de guerra de clase. El primer paquete de medidas de austeridad, a finales de enero de 2010, transformó a Grecia en un protectorado de la UE bajo la estricta supervisión, en lo que hace a su implementación de la Comisión, del Banco Central Europeo y el “know how” del FMI. Esto produjo la huelga nacional en el sector público el 10 de febrero y la huelga general del 24 de febrero. El anuncio del nuevo paquete, el 3 de marzo, provocó una tormenta que continúa: una manifestación masiva en Atenas el 4 de marzo, una manifestación generalizada y una huelga el 5 de marzo, el día en que el nuevo paquete de medidas fue votado en el Parlamento por el Pasok (y la extrema derecha Laos). El Parlamento estuvo bajo sitio popular y la policía antidisturbios trató de reprimir a la multitud mediante su brutalidad habitual, usando gran cantidad de gas químico que hirió incluso al héroe de la resistencia comunista antinazi, de 88 años de edad y ex miembro del Parlamento, Manolis Glezos (es el hombre que sacó la bandera hitleriana de la Acrópolis durante la Ocupación). Para el 11 de marzo ha sido convocada una nueva huelga general por la Confederación General del Trabajo (GSEE) y la Federación Nacional de Empleados Públicos (Adedy) dominados por la burocracia del Pasok. Se ha llamado a realizar actos masivos en el centro de Atenas y en las principales ciudades. Pame, la organización de sindicatos dirigida por el PC de Grecia (KKE) llamó también a la huelga y a sus propias concentraciones, separadas de los actos de GSEE/Adedy, junto con sindicatos independientes y otras organizaciones de izquierda (Syriza, izquierda extraparlamentaria, anarquistas y otros). El primer paquete apuntaba a una reducción del 4 por ciento del déficit, desde el 12,7 por ciento del PBI a 8,7 por ciento en un año. Las medidas adicionales del 3 de marzo pretenden reducir el déficit estatal en otro 2 por ciento, un total del 6 por ciento o 4.800 millones de Euros, mediante el congelamiento de las jubilaciones, masivas rebajas en los salarios del sector público y un incremento del IVA. Esta es la mayor y más salvaje ofensiva deflacionaria contra los salarios y jubilaciones desde la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil en Grecia en los años 40. Pero el nuevo paquete no es el fin del descenso hacia el abismo: le sigue una nueva reforma impositiva y luego, por encima de todo, el proyecto de ley de “Reforma al Sistema de Pensiones” contra todos los derechos a la jubilación, a ser presentado en las próximas semanas antes del fin de marzo. Más adelante, se esperan nuevas medidas de austeridad. Grecia ha entrado en un prolongado período de convulsiones sociales, crisis políticas y un nuevo estadio de la lucha de clases impulsada por la bancarrota capitalista mundial. La huelga general del 11 de marzo es una temprana batalla en la guerra de clases. Las clases dominantes en Grecia y en Europa están temerosas de un contagio no sólo de los default soberanos sino del fermento revolucionario en los otros “puntos débiles” de la cadena de la eurozona, tanto en el sur de Europa como en la Unión Europea como un todo.

La Federación de gremios de Profesionales de la Salud (Fesprosa), con presencia en 14 provincias, convocó un paro nacional que se realizó el miércoles 3 de marzo en repudio a la represión y en apoyo a la lucha de los trabajadores de la salud de Santiago del Estero. Allí, la precarización de los contratos de trabajo afecta a 5.600 de los 8 mil trabajadores, de los cuales, la mitad cobra un salario de 600 pesos. El conflicto lleva seis meses. El gobierno provincial cesanteó a 32 trabajadores y, junto con la burocracia de Atsa, acusó a los huelguistas por la muerte de un paciente con enfermedad terminal. Atsa había pedido al gobierno de Tucumán que la policía ocupe los hospitales con motivo del conflicto de la salud en esa provincia. En la provincia de Buenos Aires se produjo el paro de Cicop en solidaridad con Santiago del Estero. Ahora, Tomada convocó a Fesprosa para intentar “solucionar” el conflicto. La Iglesia llamó a acercar posiciones, pero nada se dice de la recomposición salarial. La mesa provincial de Fesprosa saludó la intervención del clero. Hay voluntad para seguir con el paro por tiempo indeterminado y las movilizaciones hasta que el gobierno reincorpore a todos los cesanteados, recomponga los míseros salarios y se incorporen a la planta a los trabajadores con contratos precarios. La reincorporación de los 32 trabajadores cesanteados, un salario digno y el pase a planta de 5.600 contratados.

Se cumplió la primera jornada del plan de lucha votado en Andalgalá, que se puso en pie el último fin de semana de febrero, cuando se formó la coordinadora de colectivos y organizaciones por el “No a la minería a cielo abierto”. En la capital de Catamarca, más de 600 personas marcharon alrededor de la plaza 25 de Mayo pidiendo juicio y castigo a los responsables de la represión en Andalgalá del 15 de febrero, cuando se intentó desalojar el corte que llevaban adelante en la localidad de Chaquiago contra la instalación de la mina de Agua Rica. Una militante andalgalense, quien llegó hasta la capital junto a un grupo de luchadores de esa ciudad, leyó un documento denunciando la represión de la que fueron objeto niños, mujeres y hombres. Pidió profundizar y extender la lucha, y abogó por una gran movilización para echar a las mineras de la provincia y para presentar una ley que prohiba la minería a cielo abierto, que será entregada el 1º de Mayo, cuando se inauguren las legislativas en la provincia, en medio de una gran marcha provincial que abarcará los pueblos mineros y no mineros. Gran festival en Andalgalá El jueves 4 de marzo, más de 2.000 personas se dieron cita en Andalgalá para presenciar el recital ofrecido por Rally Barrionuevo para repudiar la represión en Andalgalá, exigir el “Fuera Alumbrera” y aclarar “que no es no”, como dijo el cantante en relación a Agua Rica. Bajo la forma de recital popular en la plaza principal, el pueblo se dio cita para repudiar al intendente, pedir la aprobación de la ordenanza que prohibe la minería a cielo abierto e ir por la ley minera provincial. Andalgalá está firme con el plan de lucha votado para echar a las mineras. En Tinogasta Más de 300 personas se congregaron en la plaza principal de Tinogasta, donde se reafirmó el compromiso contra la Jakson, la minera canadiense que quiere explotar uranio a muy pocos kilómetros de esta ciudad precordillerana. Se levantó bien alto la voz contra el “No a Agua Rica” y el “Fuera Alumbrera”. En Belén Un centenar de activistas se convocaron en la plaza de Belén. Las consignas fueron “No a Agua Rica” y “Fuera Alumbrera” se convocó a organizar un gran bloqueó a los camiones de Xstratta, de acuerdo con votado en Andalgalá para la segunda jornada.

El pujante círculo de la Colonia Santa Rosa, de reciente formación, encabeza la lucha contra el trabajo en negro de los trabajadores rurales autoconvocados. Es una lucha que está conmoviendo al resto del pueblo, ya que además de exigir que se pague el jornal establecido de 74 pesos por día contra 35 pesos en negro que pagan los patrones, reclama que no se plante ni una hectárea más de soja ni de caña, ya que con ello se están perdiendo cientos de puestos de trabajo. En este marco y con el antecedente de haber llegado al 9% en las últimas elecciones, la campaña recoge un gran apoyo popular y significa un gran aporte a la campaña provincial en donde ya se han reunido 900 fichas. En Salta, la lucha contra la ley proscriptiva de los K es un bumerán para el gobierno y abre nuevas rutas de desarrollo para el PO.

Mientras el intendente Amieiro ha impuesto un aumento del 19% a la tasa municipal por Servicios Generales en la nueva ordenanza fiscal para 2010, exime del pago de ésta a los establecimientos educativos privados que, como contrapartida, entreguen becas (o semibecas) para chicos de San Fernando. Se trata de una promoción directa de la educación privada. En el caso de las medio-becas, garantiza el pago de la cuota entera, obligando al padre a pagar su parte. En un plenario de dirigentes de la primera sección electoral, el PRO reclamó que el "sueldo básico para el personal docente y no docente (auxiliares) se equipare al de los trabajadores de las cooperativas", de 1.200 pesos mensuales. Planteamos quitar todos los subsidios a la educación privada y triplicar el presupuesto de la educación pública para impulsar la refacción integral de los edificios escolares y la construcción acelerada de jardines maternales, escuelas y colegios. Hay zonas, como el barrio San Jorge, donde el Jardín Maternal está en manos de la curia; las madres no tienen más remedio que pagar las cuotas y entregar la responsabilidad de la educación a los curas. Llama la atención el silencio de la directiva del Suteba (San Fernando) -aliada a Amieiro en la defensa del gobierno K- ante este subsidio abierto a la educación privada.

El PT proclamó la candidatura presidencial de Dilma Roussef (ex ministra de Minas y Energía) sin debate, por exigencia del presidente Lula. La “izquierda” del PT, Articulación de Izquierda (AE) acompañó la mise en scène. Dilma Roussef, hasta la víspera de la primera elección de Lula, “militaba” en el PDT (partido burgués de pasado nacionalista). Existe entre los distintos partidos que se presentan a las elecciones un acuerdo de no tocar los centros neurálgicos de las políticas capitalistas de Lula. Lula concedió más de 150 mil millones de dólares (10% del PBI) al gran capital en concepto de exenciones impositivas, subsidios y otras regalías (en especial, a las grandes plantas automotrices), además de la renegociación de las deudas de latifundistas y grandes deudores de la previsión social. El costo estimado de la crisis mundial en Brasil, medido en términos de reducción de la producción y desvalorización del capital, ha sido, en el último trimestre de 2008 y todo 2009, de 120 mil millones de dólares. La fuga de capitales, en octubre-diciembre de 2008, fue una advertencia de que Brasil podría enfrentarse a un default a la griega. Aprobada la candidatura de Dilma, los sondeos inmediatamente aumentaron su porcentaje de votos a 28%, casi emparejando con la intención de voto del candidato derechista del PSDB, José Serra, que cayó al 32%. Si a Dilma-Lula se le suman los 12% de Ciro Gomes (PSB) y el 8% de Marina Silva, candidata presidencial del Partido Verde, tendríamos un “frente progre” con casi 50% de la intencion de voto. ¿Fin de la crisis política? El PMDB, partido que suministra la base parlamentaria de apoyo a Lula, anunció su intención de que el vicepresidente de Dilma fuese Milton Tener, jefe del partido. Lula declaró su inmediata oposición, por lo que la cuestión del vice puede desatar una crisis en el “frente progre”. El PMDB preside la Cámara de Diputados y el Senado, además es el partido con mayor control de alcaldías (más de 1200, contra 550 del PT). Con la vicepresidencia del país, pasaría a controlar las palancas decisivas del poder político. En cuanto al poder económico, el PMDB controla seis ministerios (con un presupuesto de 150 mil millones de dólares), incluido el de Minas y Energía, lo que le permitió controlar un porcentaje mayor que el PT de la parte estatal de Petrobras. Este “gran aliado” del PT ha hegemonizado la CPI (Comisión Parlamentaria de Investigación de Petrobras), comisión tildada de “antipatriótica” por Lula, y que el PMDB usa como una espada de Damocles sobre el gobierno del ex metalúrgico. Una investigación periodística reveló que la Petrobras gastó, sin licitación pública, R$ 47 mil millones (37% de sus gastos) en los últimos seis años. En diez años, Brasil entregó más de 500 bloques de explotación a 72 grupos – la mitad de ellos, extranjeros. El PMDB tiene la mira puesta en el manantial de “recursos” de la gran petro-vaca lechera del Brasil. Un punto de la demagogia preelectoral es la reactivación de la Telebrás, otra estatal trucha, para ofrecer al público servicios de banda ancha a R$ 10 mensuales. Las telecomunicaciones fueron privatizadas bajo el gobierno de Fernando Henrique Cardozo; Telebrás, sin embargo, continuó cotizada en Bolsa y acumuló una milagrosa valorización de sus acciones del 35.000%. La red que le permitiría “universalizar” la banda ancha serían 16.000 kilómetros de cables de fibra óptica, en poder de la quebrada empresa Eletronet. El esquema (valorización artificial de acciones y desvío de fondos públicos) apunta hacia el financiamiento ilegal de la campaña de Dilma Roussef. La oposición derechista ya inició el pedido de CPI para Telebrás. Todo el proceso electoral amenaza con transformarse en un gigantesco caso policial, que puede llevar a una crisis institucional. La izquierda Esa crisis debería llevar al fortalecimiento de la izquierda, pero sucede todo lo contrario. Heloísa Helena (PSOL) renunció a la corrida presidencial para garantizar su elección como senadora en Alagoas. También declaró su apoyo a la candidatura de Marina Silva (Partido Verde), 100% burguesa por su programa y base social, sin contar su función de línea auxiliar de apoyo a Dilma Roussef. Frente a esta crisis, el PSTU lanzó la candidatura de Zé Maria (metalúrgico, ex dirigente de la CUT y actual coordinador del agrupamiento sindical Conlutas) como “pre-candidatura obrera independiente”. Al mismo tiempo propone, sin embargo, la reactivación del Frente de Izquierda con el PSOL y el PCB, cuya candidata presidencial debería ser Heloísa Helena. La confusión política es completa. Frente a la crisis y los despidos se ha producido un repunte de las luchas obreras, incluso en sectores estratégicos, pero aún lejos de una ofensiva de clase. Metalúrgicos, bancarios, petroleros (por primera vez en huelga en 14 años), obreros de la construcción y carteros ganaron las calles en defensa de sus salarios y reivindicaciones. Los agrupamientos Conlutas e Intersindical (independientes de la CUT y de las seis centrales sindicales burocráticas y progubernamentales) han sido los más activos en esas luchas y convocan, para junio, a un Congreso Nacional de la Clase Trabajadora (Conclat) para crear una central sindical y popular clasista (incluyendo movimientos barriales, estudiantiles y campesinos). La tendencia del PSOL y PSTU será substraer la cuestión político-electoral de los debates de la central sindical, lo que significaría someter nuevamente a los trabajadores a maniobras político-burocráticas a sus espaldas, en momentos en los que se configura una crisis política profunda. La experiencia de gobierno del PT refleja la tendencia de la pequeña burguesía de centroizquierda y de la burocracia sindical a convertirse en los agentes ‘progres’ del imperialismo.

El 1º de marzo, la CTA convocó a un paro con movilización a la Legislatura para reclamar un aumento del 35% de las partidas destinadas al salario de los estatales. ¿Significa esto que reclama un aumento salarial del 35%? Por supuesto que no, pues una cosa no compagina con la otra. El reclamo salarial no se conoce. El paro tampoco encaró la defensa del derecho al trabajo de los obreros ceramistas afectados por el vaciamiento patronal –ni tampoco el apoyo a los reclamos salariales de los docentes, que hay que suponer están incluidos en el pedido de aumento de las partidas presupuestarias. Dos días antes, el secretario general de ATE se atajó de las críticas que él mismo se veía venir sin necesidad de que nadie se lo advirtiera. Así, aseguró que “no hay condiciones para luchar” y que “hay que poner todas las fichas en el año electoral que se aproxima”. El paro, entonces, fue para encubrir esta resignación a largo plazo. De todos modos, el secretario no es el encargado de decidir si hay condiciones para luchar; eso deben decidirlo los trabajadores. Es claro que el secretario está cuidando los intereses de la burocracia, no de los trabajadores. Como dijo un periodista neuquino, la concentración de la CTA no dejó más que papel picado y serpentina sobre el asfalto. Pocos días después, las asambleas de base de Aten, el sindicato docente, desmentían rotundamente a este burócrata que decía que “no hay condiciones para luchar”, al votar masivamente dos semanas de paros de 48 horas. De repente, el gabinete de Sapag, en este marco, entró en crisis: sus ministros presentaron en masa sus renuncias y se produjo la salida definitiva de dos de ellos. La base de esa crisis es nada menos que la cuestión salarial, para la cual no hay condiciones de lucha según la burocracia de la CTA. La causa expresa de la crisis fue la lucha de los empleados del Ministerio de Desarrollo Social, donde dirige la UPCN, un sindicato de la CGT. Es claro que los trabajadores afiliados a la CGT tienen las mismas necesidades que los enmarcados en la CTA. Esta crisis política es una lección, pues muestra las fisuras del gobierno provincial ante la presión social. Vayamos, por lo tanto, a fondo por el derecho al trabajo de los ceramistas y el salario de estatales y docentes, exigiendo a la CGT y a la CTA un plan de lucha que comience con una huelga general.

El lunes 1° de marzo se realizó una concentración frente al Juzgado del Trabajo N° 5 de San Isidro. Ahí estuvieron delegados y miembros de la comisión de trabajadores de Fate que fueron despedidos y están luchando por su reinstalación en la fábrica. El motivo es el juicio que la patronal le encajó a Maximiliano Bronzuoli, directivo del Sutna (Sindicato del Neumático) de San Fernando. La patronal quiere desaforar al compañero, para poder suspenderlo por 15 días y preparar el terreno legal para su despido. Similares juicios han caído sobre otros delegados y directivos de esta dirección combativa. Un amplio arco de delegaciones obreras estuvo presente: Línea 60, Tenaris, frigorífico Rioplatense, Kraft, Bosch y otros, y de partidos políticos. Entre ellos estaban el Partido Obrero de San Fernando y compañeros de la juventud de San Isidro. Las declaraciones de los testigos de la propia patronal evidenciaron que se trata de acusaciones fraguadas para montar una provocación antisindical. La patronal se prepara ahora para afrontar los reclamos obreros ante la próxima convocatoria de paritarias. El juez deberá expedirse en las próximas semanas, pero hay otros procesos en marcha. Mientras la patronal se niega a acatar las resoluciones judiciales que plantean la reinstalación de los despedidos hace más de un año, en el transcurso de una lucha sindical, jurídicamente, el problema llegará a la Corte. Está planteada una campaña de actos por la absolución de Bronzuoli y de los diez trabajadores de FP Gráfica y el cese de los procesos y ataques antisindicales.

Las características del gobierno del intendente Leavy se hacen cada vez mas nítidas ante los ojos de la población, que comienza a pronunciarse en contra de esta metodología. Las denuncias de un plomero sobre fraudes y sobreprecios, en la que están inmersos personajes de la camarilla del intendente Leavy, hicieron crecer la desconfianza y el repudio a un gobierno que sólo se limita a plantear que los de la oposición deberían ganar las elecciones y no poner palos en la rueda. Lo que ocurre es que la “legitimidad” esgrimida, en relación a que las elecciones pasadas habrían fortalecido al gobierno de Leavy, todavía está por verse. Aun cuando cooptó a los concejales de “Salta somos Todos”, del sojero Olmedo, y al del PJ para lograr la mayoría que le revocó el juicio político, existe una posibilidad real de que Leavy tenga que enfrentar una movilización popular de masas que ponga en serio cuestionamiento su permanencia en el poder. Con la bronca popular en alza, la gota que colmó el vaso fue el descubrimiento –por parte de CQC, el programa de Telefé– de que un concejal oficialista, que fue el coordinador general de la ayuda recibida, tenía instalado en su domicilio un aire acondicionado donado, al que le habían puesto un chip para rastreo satelital. Por ello es que los perjudicados por el alud convocaron a una asamblea que reunió a más de un centenar de vecinos. Allí participamos (a través de la intervención de Pepe Barraza) y mocionamos la conformación de una Comisión Investigadora Independiente que exija la apertura de los libros y que promueva la movilización de las masas para imponerle al intendente la revisión de todas las donaciones que llegaron, de los fondos destinados a la obra pública, y la investigación de la forma de adjudicación de las nuevas viviendas para los damnificados que se volvieron a inundar, poniendo a los ocupantes en una situación crítica ya que debieron ser evacuados nuevamente. Llamamos a los trabajadores, a los desocupados organizados mediante asambleas y a los vecinos a desarrollar un trabajo que nos acerque a esa perspectiva. Sólo las masas trabajadoras pueden terminar con la corrupción y el trabajo en negro.

La lucha de los obreros de Stefani (Cutral Có) cumple 90 días. Los compañeros no cobran sus salarios desde que la patronal abandonó la fábrica hace cuatro meses. Adeuda quincenas, aguinaldos y un año de aportes. El lunes 1º, los obreros y el sindicato (SOECN) se reunieron con representantes del municipio. Los funcionarios provinciales que habían comprometido su presencia pegaron el faltazo. Tanto el Concejo Deliberante como el intendente rechazaron de plano cualquier variante de expropiación o municipalización de la planta. Se negaron incluso a aportar las dos quincenas que habían ofrecido. Las condicionan al establecimiento de un “gerenciamiento externo” o a una declaración formal de quiebra de Stefani. La patronal, que no participa de ninguna negociación, dejó trascender que entregaría la planta en comodato al municipio o a los obreros a cambio de un canon. El municipio encomendó al ente estatal Copade determinar la “rentabilidad” de la empresa. Los técnicos concluyeron que “la maquinaria es obsoleta y ello va contra la rentabilidad” ( LMN , 3/3). Los obreros denuncian que desde hace seis años la patronal no presenta un balance y que “los pocos números que han presentado tanto al gobierno como a la Secretaría de Trabajo están todos adulterados” ( Río Negro , 6/3). Así, están denunciando que el Estado es cómplice del vaciamiento. El comodato se aplica actualmente en Cerámica del Sur (ex Del Valle). La obsolescencia técnica de la empresa no justifica nada, porque es obligación del capitalista actualizarla. El Estado debe intervenir para garantizar empleos y salarios, en el marco del convenio colectivo de trabajo. Por un paro provincial de la CGT y la CTA en apoyo a los ceramistas Los obreros de Stefani sostienen una “guardia obrera” para custodiar la fábrica y cortan a diario la ruta 22. Los ceramistas participaron del paro y movilización a la Legislatura neuquina que convocó la CTA el 1º de marzo para reclamar a los diputados una modificación de la ley de presupuesto de modo de incorporar un aumento de las partidas destinadas a los salarios de los estatales. Lo caracterizamos como una maniobra distraccionista; los diputados saben lo que tienen que hacer para financiar un aumento de salarios, la obligación del sindicato es luchar por un aumento salarial con porcentajes y características definidas. Mientras tanto, se niega a defender con la huelga el derecho al trabajo de los ceramistas y también el reclamo de aumento salarial de los docentes. La burocracia de la CTA está volcada a frenar a la clase obrera y a sacarle las papas del fuego a Sapag y a los capitalistas. En el acto del 1º de marzo, el secretario general del SOECN llamó a “avanzar en la unidad y la coordinación con la CTA”. Sin embargo, en su convocatoria, la CTA no incluía ninguno de los reclamos de los ceramistas. En 90 días de lucha, no emitió siquiera un comunicado por Stefani. La dirección del sindicato ceramista debe dejar de encubrir a la burocracia de la CTA. Impulsemos una gran campaña para exigirles a la CGT y a la CTA un paro provincial en apoyo a los obreros de Stefani y del resto de las fábricas ceramistas.

El viernes 5 se realizó un plenario interhospitalario de los Autoconvocados de la Salud. Asistieron alrededor de 250 delegados y trabajadores. En un clima combativo se escucharon diversos informes y los mandatos de asambleas. En todos los casos, se daba cuenta de atropellos de los directores y de violaciones al acta-acuerdo, en especial el decreto del 13 de enero que reglamenta las actividades de los trabajadores, el cual impide el funcionamiento sindical de las asambleas y la movilidad de los delegados. Todos los mandatos reflejaron el descontento salarial y la necesidad de reclamar lo que no se consiguió el año pasado: unos 200 puntos en la base de cálculo salarial, que representará un 65% de aumento. El hospital Avellaneda presentó un pliego más completo, que contemplaba el aumento salarial, un nuevo cuadro de escalafón profesional, la necesidad de exigir una reunión al gobierno sin intermediarios (de la Iglesia) y la elección de paritarios en un plenario general. Varios mandatos traían mociones de reiniciar medidas de acción “para marcar la cancha nuevamente”. Como resultado de las deliberaciones, se acordó una nueva interhospitalaria para discutir el pliego paritario con base al reclamo de aumento del 65%. Para exigir la derogación del decreto disciplinario se convocó a una movilización el 23 de marzo. Al finalizar el plenario, frente a la confusión creada por uno de los referentes del sector conciliador (alineado con el PCR) que se presentó como delegado de la Maternidad, los delegados reconocidos explicaron que una asamblea de base le había revocado el mandato y expusieron las pruebas. Ante esto, el plenario decidió reconocer lo resuelto por la asamblea de base de la Maternidad. La Salud está de pie y vuelve a marcar el rumbo a los trabajadores tucumanos.

El jueves 4 de marzo se realizaron decenas de acciones de protesta en universidades norteamericanas en rechazo a la política de reducción de los presupuestos educativos que imponen los gobiernos apretados por la crisis fiscal. La convocatoria de un “Día de Acción por la educación pública” permitió unificar acciones de estudiantes, docentes y trabajadores universitarios en más de treinta estados del país. Se trata de un síntoma de despertar del movimiento popular ante las consecuencias de la crisis económica. El centro de las protestas fue California, uno de los estados más afectados por la crisis fiscal y donde el gobernador Schwarzenegger acaba de anunciar un enorme ajuste en el presupuesto educativo. En Berkeley, los manifestantes realizaron un “abrazo” que bloqueó las entradas del campus, además cortaron una ruta interestatal durante más de una hora y media, que interrummpió completamente el tránsito en plena hora pico. Hubo más de 150 detenidos y varios heridos por la represión policial, uno en grave estado. La protesta superó los límites de los campus y se realizó una manifestación al centro del poder político: miles de estudiantes y docentes se concentraron en Sacramento, la capital del Estado, para repudiar la política educativa del gobernador. Las movilizaciones se repitieron en otros estados del país y alcanzaron a los estudiantes y docentes de la educación media. En Washington, un centenar de manifestantes llegaron hasta el Capitolio y fueron desalojados cuando hacían un escrache a senadores y legisladores. A lo largo y a lo ancho del país, los gobiernos estatales han dispuesto ajustes en los presupuestos educativos para hacer frente a la crisis fiscal, que en algunos estados alcanza proporciones gigantescas. Como consecuencia, las universidades han cancelado clases, licenciado a los docentes y aumentado las cuotas y matrículas a los estudiantes. Todo indica que la situación va a agudizarse en lo sucesivo: “los expertos dicen que las escuelas y universidades enfrentarán problemas financieros más severos en los próximos años, a medida que se reduce el dinero de los estímulos del gobierno federal con el que habían logrado evitar despidos masivos y cierre de clases” ( AP , 5/3).

Los patrones descargan la crisis capitalista sobre los trabajadores Desde hace aproximadamente un año y medio el sistema capitalista internacional está atravesado por una de las crisis de sobreproducción más graves desde la de 1929. En diciembre de 2009 la tasa de desocupación de la zona euro alcanzó el 10%: hay más de 23 millones de desocupados en la Unión Europea, 15,7 millones en la eurozona. En Italia la producción industrial cayó un 17,4%. El PBI registró a fin de año una caída de alrededor del 5%. La tasa de desocupación alcanzó el 8,5% en diciembre de 2009: hay más de dos millones de trabajadores y trabajadoras, nativos e inmigrantes, que no tienen empleo. Durante 2009 se destruyeron 300 mil puestos de trabajo, en febrero de 2010 aumentaron fuertemente (un 246%) los pedidos de subsidio estatal para el pago de salarios (“cassa integrazione”), los permisos de movilidad y los despidos. El año pasado, los primeros en ser despedidos fueron los trabajadores precarizados e inmigrantes: además del trabajo pierden el permiso de residencia, exponiéndose a la clandestinidad y la cárcel. El gobierno de Berlusconi desmantela las últimas protecciones de los trabajadores Primero fueron las medidas de flexibilidad y precariedad en el ingreso (contrato de servicios, trabajo por proyectos, por llamadas, etc.) introducidas por el centroizquierda en 1997 y completadas por el centroderecha en 2003 con la “ley 30” o “Biagi”. Hoy el gobierno Berlusconi vuelve a impulsar la flexibilidad y los despidos. El acuerdo del 22 de enero de 2009 entre la Confindustria y los sindicatos cómplices CISL, UIL y UGL promueve la destrucción del sistema de contratación y de los derechos colectivos. La CGIL debe sacar las conclusiones necesarias: seguir insistiendo en la unidad con estos sindicatos implica continuar con las arbitrariedades y la destrucción de derechos. Oposición de clase Frente a estos hechos de gravedad inaudita, no alcanzan los llamamientos, los actos simbólicos y los anuncios del referéndum propuestos por la izquierda reformista. Es necesaria una movilización masiva, enérgica y radical. La huelga general convocada por la CGIL para el 12 de marzo debe abrir una movilización conjunta y a fondo por una convergencia general de todo el mundo del trabajo: los trabajadores, nativos y extranjeros, los precarios y los desocupados, que le tuerza el brazo al gobierno y la Confindustria. • Prohibición de despidos. Ningún trabajador debe ser despedido. • Defensa del poder adquisitivo de los salarios y jubilaciones; reintroducción de la escala móvil. • Anulación de las leyes precarizadoras. • Extensión de los derechos civiles, sindicales y políticos a los trabajadores inmigrantes a partir del derecho de residencia, que no debe estar vinculado a la relación laboral; anulación de todas las leyes racistas. • Coordinación obrera de todas las empresas en conflicto y en crisis, con delegados electos en todos los lugares de trabajo, con coordinación a nivel de empresa, territorial, provincial, regional y nacional.

El viernes 5, realizamos una concentración en la Dirección de Minería de Tucumán, siguiendo las acciones del plan de lucha votado en el plenario realizado el 27 de febrero en Andalgalá. En esta actividad, participaron el grupo ecologista Pro Eco, el Partido Obrero, Tribuna Ambiental y la Agrupación Naranja de Docentes Universitarios. En la acción se entregó una nota a Carlos Rogetti, el director de Minería y Recursos Energéticos de la provincia, y se pidió un informe sobre la situación de Agua Rica en la provincia. Se exigió la no instalación de Agua Rica, el cierre de Bajo Alumbrera, el rechazo de los fondos de las mineras a las universidades y la anulación de los convenios UNT-Alumbrera. Este plan de lucha recién comienza.

El 25 de febrero pasado, en una sorprendente demostración de fuerza, más de 100.000 personas coparon las calles de Tegucigalpa, la capital de Honduras, para rechazar el terror fascista impuesto bajo el gobierno de facto de Porfirio Lobos. La masiva movilización se encargó también de denunciar la “Comisión de Verdad”, integrada por el actual gobierno y veedores internacionales afines. Es un invento de la administración de Obama para desviar la atención de los verdaderos autores del golpe de Estado militar del 28 de junio de 2009, desde una visión política similar a la “teoría de los dos demonios”. En menos de un mes de la llegada al poder del régimen de Porfirio Lobo Sosa, se han cometido 254 violaciones a los derechos humanos, unos nueve casos diarios. En las estadísticas manejadas por el Comité de Familiares de Presos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) figuran que se han producido 53 detenciones ilegales; dos agresiones sexuales; dos asesinatos; ocho casos de torturas; dos secuestros; 14 allanamientos; 23 barrios perfilados por las fuerzas de seguridad como Resistentes han sido cateados en horas inhábiles, 150 personas han salido del país en calidad de refugiados políticos a países vecinos, Canadá, Estados Unidos y España, entre otros; 25 han cambiado de ciudad y 30 han cambiado de domicilio en los apenas 28 días que lleva el actual régimen. La movilización fue la primera sin la presencia física de Manuel Zelaya en Honduras, luego de su ingreso clandestino a la Embajada de Brasil el 21 de septiembre pasado, y fue una contundente demostración del poder de convocatoria que tiene el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) en las masas hondureñas.

El movimiento obrero enfrentó el primer Centenario de la Revolución de Mayo en un cuadro de movilización y huelga general en defensa de sus reivindicaciones, en especial contra la Ley de Residencia. Esa ley, dictada en 1902, condenaba a la expatriación a los trabajadores de origen extranjero que participaban en las luchas sociales y sindicales. Asimismo, la clase obrera reclamaba la libertad de los detenidos con motivo de la huelga general de mayo de 1909, conocida como la Semana Roja, que se declaró en repudio al feroz ataque policial al acto de los trabajadores anarquistas del 1º de Mayo de 1909 en Plaza Lorea, que costó decenas de muertos y heridos. El Centenario fue celebrado bajo la vigencia del régimen conservador, dos años antes de la sanción de la ley Sáenz Peña, que permitió el acceso de la UCR al gobierno. ¿Pero cómo se plantó el movimiento obrero en el plano político frente a un Centenario de incuestionable cuño oligárquico? El año del Centenario comenzó con un reguero de luchas obreras. En enero, después de casi un mes de huelga, los aserradores de la Boca y Barracas lograron imponer la jornada de ocho horas. Casi enseguida comenzaron conflictos con ebanistas, carpinteros, madereros, torneros y otros. Casi todas esas huelgas resultaron victoriosas y obtuvieron, según los casos, mayores salarios, seguros de accidentes y hasta libertad de agremiación. Esto es: la lucha obrera empezaba a ponerle límites a la superexplotación infame de la época. El movimiento fue in crescendo. La central obrera anarquista (Fora) advirtió que si las demandas obreras no eran escuchadas “la huelga general estallará en la víspera del 25 de Mayo, como un mentís a cuantas libertades quieran celebrarse y exhibirse ante el mundo civilizado”. El 8 de mayo, convocadas por la Fora, casi 70 mil personas –la manifestación más grande que hubiera conocido Buenos Aires en su historia– se reunieron en la plaza Colón para protestar contra las autoridades de la Penitenciaría Nacional, acusadas reiteradamente de maltratar a los presos. En esa concentración se anunció el comienzo de la huelga general para el 18 de mayo. El gobierno tendió puentes de diálogo con el consejo federal de la Fora, pero el intento fracasó. La reacción fue brutal. El 13 de mayo fueron allanadas las redacciones de los periódicos obreros La Protesta, La Batalla y La Acción. En esas redadas, más de cien militantes fueron detenidos. Ese día, la Cámara de Diputados declaró el estado de sitio. El 14, todo empeoró. Ese día entraron en acción las bandas de la derecha, que organizaron pogromos contra las redacciones de La Vanguardia –órgano del Partido Socialista, aunque el PS se oponía a la huelga– y La Protesta, cuyos locales, clausurados por la policía durante la mañana, ahora fueron incendiados por la turba. La redacción de La Vanguardia fue saqueada e incendiada. Antes de prenderle fuego, los atacantes robaron máquinas de imprenta, máquinas de escribir y hasta la biblioteca entera. El líder socialista Juan B. Justo increpó por aquella barbarie a un comisario de apellido Reynoso, que miraba complacido las llamas. Reynoso le contestó: “Y bueno, doctor... los muchachos están entusiasmados”, mientras la pequeña muchedumbre de emperifollados celebraba las llamas con gritos de “muera el anarquismo”, “abajo la huelga”, “mueran los obreros”, alternados con vivas a la patria, a la Ley de Residencia (que permitía la expulsión sumario de los trabajadores extranjeros) y tiros al aire. Esa horda se retiró apresuradamente cuando desde una azotea les cayeron algunos balazos. Los pogromos no atacaron sólo los locales obreros. Esa misma noche, una columna de gente bien armada atacó barrios considerados “judíos”: en la esquina de Lavalle y Andes (hoy José E. Uriburu) quemaron un almacén y violaron a dos muchachas. En Paseo de Julio (Leandro N. Alem), frente a la estación Retiro, incendiaron la librería de Bautista Fueyo, quien solía editar obras consideradas “subversivas” por esa “oligarquía con olor a bosta de vaca”, como la llamaba Sarmiento. Entusiasmados por sus propias tropelías y por la abierta protección y colaboración policial, de la turba brotó un grito: “¡A la Boca! ¡A Barracas!”, los grandes barrios obreros (la Boca era llamada por la policía “la Barcelona argentina”, en referencia a la magnífica organización proletaria del pueblo catalán). Pero los obreros los esperaban armados y las mujeres habían preparado ollas con agua hirviendo para arrojárselas desde los techos. Alertados sobre tal “recibimiento”, los facinerosos volvieron sobre sus pasos para ir a la más tranquila Pirámide de Mayo. La huelga general La huelga convocada para el 18, después de los pogromos del 14, se adelantó dos días y comenzó el 16 con tres consignas: derogación de la Ley de Residencia, libertad de los presos sindicales y políticos, y amnistía para los infractores a la ley de enrolamiento. En la Boca y Barracas, en el puerto y los corralones, la paralización fue total. Fueron puntales de la huelga, además de los portuarios, los conductores de carros, los panaderos, los albañiles y todos los obreros industriales. Incluso, abandonaron sus tareas muchos trabajadores de las exposiciones del Centenario. Sin embargo, antes que en la represión, la huelga tuvo su enemigo decisivo y declarado en el Partido Socialista, que se opuso a ella y la saboteó expresamente. El 21 de mayo casi todos los dirigentes de la huelga estaban presos y el movimiento decaía. El movimiento obrero sufría otra derrota, impuesta con el estado de sitio, la prisión de medio millar de militantes, la destrucción de sus locales y órganos de prensa y la acción abierta de las bandas fascistas. En esas condiciones la oligarquía argentina festejó el Centenario con una fastuosidad de la que aún se habla. Pasado el Centenario, el 27 de junio la Cámara de Diputados aprobó otra ley, complementaria de la de Residencia, llamada de Defensa Social, que añadía a las deportaciones la prohibición absoluta de ingreso en el país de cualquier extranjero sospechado de “anarquista” o de “preconizar ataques por la fuerza o violencia contra los funcionarios públicos, los gobiernos o las instituciones”. También limitaba y en algunos casos suprimía el derecho de reunión. Ese era el “centenario” de nuestros explotadores.

Recorriendo los barriadas con la plataforma, con pintadas y afiches, la campaña del Partido Obrero para las elecciones del 28 de marzo está en marcha. Los candidatos y la plataforma del Partido fueron presentados en un nutrido acto en el Km 0, en el que participó Néstor Pitrola. Pitrola, en varios reportajes radiales y de medios escritos, señaló que el objetivo del Partido Obrero “es que los trabajadores tengan presencia en el Concejo Deliberante, una voz propia”. Pitrola precisó, además, que para el PO, la elección mendocina es la oportunidad para establecer una política independiente de los Cobos y los Kirchner. Recordó que “Julio Cobos integró el gobierno kirchnerista como expresión de una alianza de los intereses de los grupos petroleros y mineros que operan en Santa Cruz y en la provincia de Mendoza; esos intereses son los de los exportadores, que unieron al matrimonio K con Cobos”. Tanto en el acto (por los concurrentes y por quienes se sumaron espontáneamente al mismo) como en las actividades en las barriadas, se repitió una constante: apareció la Mendoza que el intendente Fayad y el conjunto de los partidos quieren ocultar. La ciudad que se muestra al turismo “limpia y ordenada”, oculta la verdadera Mendoza: la del trabajo en negro y precario, de los salarios miserables, de los alquileres e impuestos abusivos, de la “limpieza racial”, de la vigilancia con cámaras y los buchones (los “preventores” que recorren las calles del centro botoneando a la juventud, a los “negritos”, a los artistas, etc.); es decir, una ciudad hostil para los trabajadores y, sobre todo, para la juventud que vive o trabaja en ella. La campaña del PO se erige por sí misma sobre la aparición en la escena electoral de los reclamos y de los problemas que viven la inmensa mayoría de los mendocinos. El llamado a votar a la lista del Partido Obrero es un llamado a llevar esas reivindicaciones y sus voceros al seno del concejo deliberante, algo que hoy sencillamente no existe. ¿Macri vs. Macri? Fayad es un Macri (o Macri, un Fayad). Toda su política consiste en favorecer los negocios privados de la especulación inmobiliaria, en regimentar la vida cotidiana persiguiendo a la juventud y a las expresiones culturales y artísticas. Fayad es un antiobrero por excelencia, como lo demuestra la situación de los propios trabajadores municipales, un tercio de los cuales está contratado con salarios inferiores a los 800 pesos. El resto de los candidatos apoya esta política. El candidato del PJ (kirchnerista) ha dicho que la intendencia de Fayad es muy buena. El candidato de Macri dice que quiere oponerse al intendente, pero sostiene la misma política (¿por qué habrían de votar a una copia estando el original?). El candidato del Partido Socialista fue asesor del intendente. El Partido Demócrata (PD) actúo en el concejo como un subloque del oficialismo. La elección muestra la disgregación de los partidos patronales en todos su niveles. El PRO y el PD fueron socios el 28 de junio pasado. La UCR, el ARI y el PS lo mismo. Si a esto sumamos que Cobos quedó fuera como resultado de la crisis de la UCR, tenemos cartón lleno. Los trabajadores al Concejo La disgregación patronal tiene que ver con la crisis de los negocios capitalistas. No responde a una pelea por una salida a los problemas acuciantes de la población. El Partido Obrero impulsa con su campaña la organización y la expresión política de los trabajadores con sus reclamos, con su salida. Es una expresión independiente de la “interna” patronal. Es la expresión de las tendencias de los trabajadores a sacarse de encima las consecuencias de la crisis capitalista.

El plenario de delegados del sindicato del Subte votó realizar una movilización al Ministerio de Trabajo el 17 de este mes con dos reclamos centrales: paritaria y reconocimiento del Sindicato. Se trata de un gran paso en la estructuración de la organización y un nuevo empuje de la nueva corriente de delegados y activistas que lucha por la recuperación de las organizaciones sindicales. El plenario de delegados se hizo eco de la preocupación extendida en las bases en relación a la próxima paritaria y al tema del aumento salarial. En marzo venció el convenio y quedó planteada la apertura de negociaciones paritarias; la burocracia de la UTA había hecho saber en las líneas que ya estaría participando en reuniones, con un reclamo de un 25% de aumento salarial. La patota de Fernández quiere mantener el monopolio para discutir el salario, la más esencial de las actividades de un sindicato. La burocracia ha emprendido en varias líneas acciones petardistas como parar el tráfico, con el pretexto de una u otra reivindicación, pero a espaldas del conjunto de los trabajadores. Al plenario llegaron varias posiciones surgidas del debate en la base: el taller Rancagua votó un reclamo salarial (el 35% de aumento, un incremento por antigüedad y que Metrovías se haga cargo del impuesto a las ganancias que se aplica a los sueldos); los trabajadores de los distintos turnos de tráfico de la Línea B se pronunciaron también por paritaria y aumento. Hay otros testimonios parciales de una deliberación muy generalizada en las distintas líneas en términos similares. El plenario no fijó un reclamo salarial. La convocatoria a la marcha al Ministerio por paritarias tiene por objeto plantear el pleno ejercicio de todas las facultades de un sindicato. Tomada se guarda celosamente el reconocimiento de su personería como una herramienta de extorsión y amordazamiento de los luchadores del Subte. Se trata entonces de salir con todo a garantizar, mediante asambleas de todas las líneas, una gigantesca marcha el 17. En el tema de la organización, el plenario resolvió organizar una secretaría gremial constituida por dos delegados por línea y uno por los talleres de CAF. De esta manera, el Cuerpo de Delegados ha elegido una especie de Comisión Interna que se reunirá asiduamente, mientras que el Cuerpo de Delegados lo hará bimensualmente, salvo convocatorias de urgencia de tipo especial. En este punto, la Agrupación Trabajadores de Metrovías defendió en las líneas que el Cuerpo de Delegados se reuniera en lapsos de no más de 45 días y que la representación reducida fuera de tres por línea. Las mociones puestas a votación, finalmente, fueron: cuatro por línea o dos por línea, imponiéndose esta última por 25 votos a 17.

Los K sobreviven a fuerza de manotazos – primero el de las reservas; ahora, los manotazos de ahogado. La última maniobra del matrimonio ha sido transformar el decretazo sobre las reservas en un proyecto de ley con la firma del senador pampeano Verna. Se trata de una concesión a los opositores ‘destituyentes’ que se han opuesto a los DNU y reclamado, en su lugar, el debate de una ley. El recule del gobierno es manifiesto y hasta descarado: hasta ahora se había negado a enviar un proyecto de ley por temor a que fuera modificado en el Congreso. Como esto es lo que va a ocurrir inevitablemente, los K decidieron mantener la vigencia del DNU, o sea recular extorsionando. Además, siempre tienen el recurso de vetar una ley que no les sea favorable. La nueva maniobra genera una serie de ramificaciones que resulta embrollado desenroscar. Por ejemplo, hay que ver si el acuerdo de los K con los senadores pampeanos incluye el voto favorable de estos al DNU en caso de que el proyecto de ley no prospere o sea modificado (en Diputados). En este caso, el gobierno podría imponer el DNU con la sola aprobación del Senado. Pero antes de que esto ocurra, el debate del proyecto de ley podría prolongarse y generar una ampliación de la base del frente opositor –por ejemplo, si introduce en el proyecto cláusulas que mejoren la coparticipación federal de impuestos para las provincias. El gobierno vería achicada su base de sustentación al extremo de la incapacidad de seguir gobernando. Las reservas, que todo el mundo descuenta que van a crecer debido a la previsión de un gran superávit comercial en 2010, se han convertido en una gran piñata. Son el último recurso disponible para rescatar de la quiebra al Estado y a numerosos capitalistas. Si los K advierten que van a una muerte lenta en 2011, es muy probable que decidan morir de pie; según Clarín y según Crítica, la Presidenta le habría confiado al gobernador de Misiones su intención de adelantar las elecciones para Ejecutivo. Aunque ésta es, con toda probabilidad, una versión interesada que han hecho circular los K, no queda menos que advertir que el legado de Duhalde –presentar la renuncia con anticipación a su efectiva ejecución– ha hecho escuela. Crisis fiscal En esta crisis, sin embargo, hay mucho más para cortar. La Presidenta, en el discurso ante el Congreso, confesó que el déficit financiero para 2010 es de 55 mil millones de pesos (15 mil millones de dólares). Habría sido benévola en el cálculo, por lo menos para aquellos que elevan el agujero a 90 mil millones de pesos (24 mil millones de dólares). Sea como fuere, este reconocimiento significa que es necesario rediscutir el Presupuesto para 2010, que fuera alegremente dibujado por el Congreso en noviembre pasado (cuando los K aún tenían mayoría). Este hecho pone el manotazo a las reservas en otra perspectiva, porque resultaría que la suma prevista no alcanzaría para cerrar el déficit; habría que manotear más o proceder a un recorte de gastos o aumento de impuestos. El déficit financiero de la Tesorería anuncia manotazos aún más groseros contra la Anses. O sea que cuando los alcahuetes de los K justifican el manotazo para evitar el ajuste, están ocultando que el gobierno necesita hacer (y pretende hacer) lo uno y lo otro. La única forma de evitarlo sería recurrir a un financiamiento externo elevado, que es la clave para entender lo que está ocurriendo. Por el monto y los plazos, la deuda pública de Argentina (50% a un plazo promedio de diez años) ofrece una gran posibilidad de incremento, cuando se la compara con Estados Unidos, Gran Bretaña, Grecia, España e incluso Alemania –donde es del 120 al 70% del PBI, y aún el doble de eso si incluye a la deuda privada externa, a plazos que van de cuatro a siete años. Argentina ofrece, además, la carnada de una deuda que podría valorizarse rápido a partir de sus bajos niveles actuales. Frente a este cuadro, Argentina es todavía una oportunidad financiera para la banca internacional –por eso el banco JP Morgan-Chase llamó a invertir en títulos argentinos y él mismo realizó una compra millonaria. Se trata, claro, de una oportunidad de corto plazo, que es el modo de operación de la banca internacional en el cuadro de su propia bancarrota. Los capitalistas instalados en Argentina adoran esta posibilidad, porque están escasos de capital de trabajo y el costo del crédito interno es elevado. Para hacerla corta: la burguesía nacional e internacional apoya por completo el manotazo a las reservas para pagar la deuda que vence, y con ello relanzar el endeudamiento de Argentina hasta los niveles que ya tienen los países más afectados por la bancarrota capitalista internacional. Coincidencias patrióticas Lo anterior, o sea el apoyo al manotazo de parte de la burguesía, explica la alegre coincidencia de la oposición capitalista con el gobierno sobre la conveniencia del manotazo, en especial de parte de Duhalde y De Narváez, y de la UCR. Estos objetan el método del DNU y promueven un proyecto de ley. Esto explica el infinito juego de negociaciones y conversaciones que tienen mareada a la opinión pública. Pero, en oposición a esta coincidencia, opera el hecho de que las ‘necesidades’ de gobernadores, banqueros e industriales son muy grandes: todos quieren arrebatar la piñata. Gobierno capitalista y oposición capitalista podrían llegar solamente a compromisos breves e inestables, como preludio de choques más intensos. El gobierno, además, carece de base de sustentación –apenas el 20% de imagen positiva según los sondeos. La crisis financiera ha derivado en una crisis constitucional, donde todos los instrumentos de gobierno y de control están en duda y en discusión. Las provocaciones de los K tienen el propósito de estabilizar un gobierno por decreto y de neutralización del parlamento. Como su fracaso es estruendoso, la crisis del régimen político se acentúa. El fenómeno de la crisis constitucional se observa en numerosos países –en particular en la Unión Europea, cuya constitución política se ha revelado totalmente inadecuada en el marco de la bancarrota internacional (de ahí la especulación de alto octanaje contra el euro). Lo mismo se está poniendo en evidencia en Estados Unidos. Los choques con la Corte, que quiere voltear el Consejo de la Magistratura, o la destitución de Marcó del Pont (por poner en práctica un DNU y desobedecer decisiones judiciales) marcan toda la hondura de la crisis constitucional. La Presidenta denunció a la Corte por “censura” y se reservó el derecho de cuestionarla en público. Recordemos que esta Corte fue montada por los K. Bajo ninguna circunstancia debemos oponer a la crisis constitucional una salida constitucional. Cualquier salida constitucional (que requerirá una Constituyente) se inscribirá como un factor de desvío político para los trabajadores. La crisis se manifiesta en la superestructura pero no es superestructural: es la crisis del régimen capitalista. La perspectiva de conjunto es, más que nunca, un gobierno de trabajadores que implemente una salida anticapitalista. Los trabajadores La clase obrera de nuestro país no tiene una participación independiente en la crisis en curso. Los Moyano y los Yasky apoyan a los K, y el conjunto de las direcciones sindicales apoya la necesidad de no interrumpir el pago de la deuda externa –incluso varias fracciones políticas que actúan dentro del movimiento obrero combativo sostienen lo mismo y celebran las operaciones estatales de rescate del capitalismo. Pero la obstrucción a una intervención independiente de la clase obrera no es, necesariamente, un factor de estabilización, porque cada sector de la burocracia tira para el lado de un interés capitalista sectorial diferente. La clase obrera se va a acercar a una intervención en la crisis por medio de aproximaciones sucesivas. Una primera etapa se desarrolló alrededor de mediados del año pasado, con la ocupación de varias empresas y las renovadas luchas del subte. Desde fines del año pasado se asiste a una nueva intervención de los trabajadores desocupados (el financiamiento de los planes Argentina Trabaja está un 80% por debajo de las necesidades). Ahora se abre el período de paritarias en el marco de una inflación creciente. Gran parte del manoteo oficial y de la política de aumentar el endeudamiento externo tiene que ver con la necesidad de frenar la inflación; el gobierno está dispuesto, para eso, a poner freno al dólar alto (en cuyo caso recibirá el apoyo de los pool de siembra pero volverá a chocar con el resto de la burguesía agropecuaria y buena parte de la industrial). Las paritarias deberán dirimir la próxima etapa de la crisis, cuando aún no habrá sido resuelta la etapa en curso. Es con esta caracterización estratégica que debemos reivindicar el derecho de la clase obrera a intervenir en las paritarias por medio de representantes electos, supervisados por las asambleas.

El último acuerdo de Empleados de Comercio ha sido elogiado por Julián De Diego (reconocido abogado patronal) y la Cámara del sector: se postergó la paritaria, como en 2009, y se firmó un "aumento" no remunerativo de enero a abril de 175 pesos por mes (debajo del 10% del conformado). Como en Comercio abunda la jornada reducida muchos terminan con un proporcional de 100 pesos. El aumento rige, además, desde enero y no desde octubre, cuando venció el acuerdo anterior. La cámara patronal agrega en su página web: "Se prorrogan hasta el 30 de junio las asignaciones no remunerativas establecidas en 2008 y 2009 que debían incorporarse a los salarios y pagar aportes a partir de este mes y el próximo. Esto significa que horas extras y vacaciones continúan liquidándose sobre los básicos de convenio establecidos en 2008 (maestranza 1290)". ¡Una ganga! El acuerdo tiene otras "perlas": permite el fraccionamiento de aguinaldo y vacaciones en las pymes (empresas de hasta 40 trabajadores), ofrece a las patronales pagar en cuotas y con intereses mínimos las deudas con la obra social ("favor" que pagan los trabajadores con los aranceles) y les garantiza la "conformidad" de la burocracia de Cavalieri a los pedidos de subsidios (Repro). Por último, constituye una "Comisión de Interpretación y Resolución de Conflictos, que actuará a pedido de cada una de las partes y que deberá expedirse en 60 días. En ese plazo, no podrán adoptarse medidas de acción directa". Un ataque al derecho de huelga. El acuerdo fue homologado por el "nacional y popular" Carlos Tomada, y lo apoyan con su silencio todas las alas "seudo-opositoras" que integran la directiva sindical. Tampoco han dicho nada los "socialistas" de Rosario. Basta de "paritarias" truchas y antiobreras, como dice el último boletín de Combativos Mercantiles: "Que se escuche la voz de los trabajadores, como hicieron a fin de año los compañeros de numerosas sucursales de Disco, Coto, Vital, Wal Mart y Carrefour del país yendo a paros, asambleas y movilizaciones por un aumento en serio y por un plus de fin de año. Por la organización en todos los súper y lugares de trabajo. Fuera la burocracia sindical y los delegados truchos. Vamos por lo nuestro!

Los educadores jujeños de la Asociación de Educadores Provinciales (Adep) y los profesores nucleados en el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems) están de huelga por tiempo indeterminado en reclamo de un incremento en el salario básico del sector. Los dos gremios docentes piden blanqueos de algunos rubros del sueldo: por ejemplo, los maestros exigen que el fondo compensador, que ahora paga el gobierno provincial, de 250 pesos sea en blanco, al igual que los profesores, quienes agregan que el incremento del valor en la hora cátedra debe ser de un 40 por ciento. El sueldo básico de los docentes en Jujuy es de 590 pesos. Adep comenzó un paro de 72 horas. Rechazaron la oferta del gobierno del kirchnerista Fellner de aumentar, en 50 pesos, el básico en forma escalonada. Los profesores secundarios de Cedems no iniciaron las clases. En San Luis, Asde -entidad de base de Ctera- declaró el no inicio ante la negativa del gobierno provincial de otorgar un aumento salarial. En Tierra del Fuego, la oferta de la "progre" Fabiana Ríos es de un 15% desdoblado en pagos, propuesta que fue rechazada. Los docentes de Sutef mantienen un paro por tiempo indeterminado hasta que se dé respuestas a sus demandas: aumento salarial, la problemática de la jornada extendida, la titularización en el nivel medio y los aportes y contribuciones a la caja de previsión y obra social. Han informado que el acatamiento al paro es del 95 al 98%. Al panorama expuesto se suma la lucha de los docentes de Amsafe, de una enorme combatividad. Todo esto es testimonio de que el repudio al acuerdo de Ctera va abriéndose paso. En el mismo sentido, la negativa de Sapag de abrir una negociación salarial con los docentes, obligó a la conducción de Aten, en Neuquén, a convocar a un paro de 48 horas en esta semana. Impulsemos asambleas en todas las jurisdicciones para crear las condiciones que nos permitan ir a la huelga hasta conquistar los reclamos. El 9 de abril, cuando Aten conmemorará otro año del fusilamiento de Carlos Fuentealba, es una oportunidad para que todos los sectores combativos del movimiento docente salgamos juntos a la huelga, por el juicio y castigo de todos los culpables del asesinato de Carlos y por el conjunto de los reclamos docentes.

Miles de mujeres nos movilizamos en todo el país reclamando el No pago de la deuda, aumento de salarios indexados y trabajo genuino. En la Capital, una gran marcha de Congreso a Plaza de Mayo terminó con la lectura de un documento común consensuado por más de veinte organizaciones. Fue un frente común entre las trabajadoras ocupadas, desocupadas, estudiantes, amas de casa, luchadoras sociales que estuvimos presentes denunciado tanto al gobierno como a la oposición, que pretenden ajustar al pueblo explotado pagando a los usureros. El Plenario de Trabajadoras tuvo la columna más numerosa de la jornada, movilizando a compañeras que por primera vez salían a la calle un 8 de marzo. Cuando la marcha pasó por la Catedral, un masivo silbido se escuchó en repudio al clero y se generalizó el cántico: “Sí señores, sí señores, prohíben el aborto los curas abusadores, de menores”. Mientras las trabajadoras salíamos a las calles solidarizándonos con los pueblos de Haití y Chile, Cristina Kirchner les rendía homenaje a las mujeres integrantes de los “Cascos Azules” que están establecidos en Haití, no como una “misión de paz” sino como un órgano de represión y persecución del pueblo haitiano. Esta es la refutación más clara de la idea de que el 8 de marzo es el día de “todas las mujeres”. “Las luchadoras les copamos la plaza una vez más”, se oyó desde la tarima al finalizar la lectura del documento. No sólo en alusión al gobierno, sino también dirigido a las burocracias sindicales por el claro abandono de nuestros derechos, el pacto con las patronales y la total integración con el gobierno nacional, denuncia que estuvo presente en los cánticos de las compañeras. Una mención aparte merece la acción rupturista del movimiento feminista que coquetea con una política de conciliación con sectores del gobierno o de la oposición. Organizaciones feministas, ATE, el PCR, la CCC y otros, junto a la diputada kirchnerista Lubertino y otros personajes convocaron a una movilización paralela, a la misma hora, en un claro boicot a la marcha unitaria que realizaron más de veinte organizaciones de mujeres, sociales y políticas. Seguimos llamando a la unidad del movimiento de mujeres sobre la base de conservar la independencia política de nuestros intereses.

El clima se calienta en ferroviarios. El miércoles 17 de febrero, los ferroviarios del taller Victoria, junto con las demás especialidades de la línea Mitre llevaron adelante un paro de tres horas decidido en una asamblea general para que la empresa hiciera efectivo el acuerdo firmado en diciembre pasado, donde TBA se comprometía a ingresar al menos treinta personas a los talleres para completar las dotaciones de compañeros retirados del servicio por jubilación, fallecimiento, etc. Se dictó la conciliación, pero los trabajadores y la empresa se mantienen “a cara de perro”, una reduciendo beneficios y los otros realizando un quite de colaboración. El reclamo viene de la mano de los pedidos de los compañeros para que la empresa cumpla con las medidas de seguridad e higiene hace tiempo relegadas en el sector. En una primera asamblea general en Victoria, los trabajadores rechazaron el planteo de la directiva y reclamaron que el aumento vaya al básico y sea en un solo pago, rechazando la propuesta de un acuerdo por seis meses. En el Sarmiento van a una asamblea general, se está discutiendo un aumento que ronda los 1.000 pesos (aunque 250 no remunerativos) y la seccional se movilizó al Ministerio de Trabajo en el inicio de la discusión paritaria. En el contexto inflacionario, Causa Ferroviaria propone un aumento del 30% en todas las categorías, con cláusula gatillo trimestral frente a la inflación, en el básico y en un solo pago, y está impulsando y le reclama a la directiva sindical y asambleas en todas las líneas, como en Victoria y en el Sarmiento, para votar paritarios en asambleas, el mandato paritario, y un plan de lucha para arrancar las reivindicaciones.

En las últimas semanas, las noticias sobre la crisis fiscal y financiera de Europa comenzaron a venir acompañadas por las informaciones sobre la lucha de los trabajadores contra las medidas de ajuste dispuestas por los gobiernos y la Unión Europea. En Italia se está viviendo un auténtico derrumbe industrial que ha generado una respuesta obrera cuya forma es huelgas, ocupaciones de fábrica y movilizaciones. En España, la decisión del gobierno de recortar gastos, congelar salarios y aumentar la edad jubilatoria obligó a la propia burocracia sindical a realizar manifestaciones en las principales ciudades el pasado 23 de febrero. La movilización obrera alcanzó a los países más poderosos de la Unión Europea. En los últimos días de febrero, en el sector aeroportuario hubo huelgas de los pilotos de la alemana Lufthansa y de los controladores aéreos franceses, mientras que el personal de cabina de British Airways votó masivamente en favor de ir al paro. El de la industria aeronáutica es un caso testigo, porque la crisis económica abrió un cuadro de fusiones y deslocalizaciones de empresas que implica serios recortes y ajustes de personal. En Francia se produjo una gran huelga petrolera en rechazo a la decisión de la empresa Total, la principal productora de combustible del país, de cerrar su planta de refinación ubicada en Dunkerque. El 4 de marzo hubo una huelga general de empleados públicos en Portugal que paralizó escuelas, hospitales y transportes en contra del congelamiento salarial. En el otro extremo del continente, el 1º de marzo, los trabajadores del transporte y los portuarios fueron a la huelga general en Finlandia, paralizando por completo la circulación de mercancías y la exportación e importación. El mismo día se realizó una “huelga de inmigrantes”, con peso sobre todo en Francia y en Italia, que fue convocada a través de internet e incluyó movilizaciones de varios miles de personas en Nápoles y en Milán. El martes 8 más de 270.000 empleados públicos británicos empezaron una huelga de 48 horas, considerada la más importante desde la década de 1980. El epicentro de la lucha obrera está, por supuesto, en Grecia, donde se produjo una huelga general el miércoles 24 y otra, prácticamente total, el pasado viernes 5 cuando el gobierno hizo votar un nuevo plan de ajuste para achicar el déficit público a costa de los salarios y las jubilaciones de los trabajadores. Las luchas de la clase obrera europea deben enfrentar una política sistemática de aislamiento y desgaste por parte de las burocracias sindicales de todo el continente. Ante la generalización de las huelgas aeroportuarias en distintos países, la dirección del sindicato de pilotos de Lufthansa levantó la huelga de cuatro días que había convocado, la cual podía convertirse en el eje de las luchas de las aerolíneas europeas. Los dos principales sindicatos alemanes, el metalúrgico y el de servicios públicos, se curaron en salud y firmaron la prórroga de los convenios colectivos de sus más de cinco millones de afiliados, imponiendo una baja en los salarios reales que fue festejada sin reparos por la prensa financiera internacional. La dirección stalinista de la CGT francesa levantó la huelga petrolera ante vagas promesas de la patronal de que se respetarán los puestos de trabajo y dejó aislado el paro en la planta de Dunkerque, que es precisamente la que pretenden cerrar y donde los trabajadores votaron continuar con la lucha. En Grecia y en España, la dirección de los principales sindicatos está en manos de aliados de los gobiernos “socialistas” de cada país: las manifestaciones se convocan para echar lastre y con el reclamo de que los “sacrificios” que exige la crisis sean “equitativos”. La burocracia sindical italiana no ha dispuesto ninguna medida seria para enfrentar los cierres de empresas y el desmantelamiento industrial; ante la huelga de inmigrantes del 1º de marzo, el líder de la CGIL tuvo incluso el mal gusto de decir que no era una buena medida porque “aislaba y dividía” a los trabajadores. Las burguesías europeas están tanteando el terreno de la confrontación social para imponerle a las masas un golpe y un retroceso en sus conquistas históricas. El ataque se procesa en el marco de los mecanismos democráticos y, en muchos casos, bajo la batuta de gobiernos “socialistas”, por lo que pone de manifiesto el carácter cada vez más reaccionario y antiobrero de las burocracias sindicales ligadas a los viejos aparatos socialista y stalinista y de lo poco que queda de la “izquierda europea” de Bertinotti y el Foro Social Mundial. La unificación de las luchas y la superación política de los desmoralizados y reformistas que aún se presentan como “socialistas” es la tarea de la nueva generación obrera que sale a las calles en Europa.

Pino Solanas tiene mareados hasta a los periodistas. Ha dado tantas vueltas sobre el pago o no de la deuda que ni los profesionales de la comunicación saben si plantea pagarla o no pagarla. El martes 9, Pino largó la penúltima versión: “Pagarla en consignación”. Lo hizo en el programa de TN “palabras más, palabras menos”. Zlotowiagzda, notoriamente no entendió de qué hablaba Solanas, aunque esto obedezca quizás a las limitaciones del periodista. Pagar en consignación es como hacer un depósito judicial; el acreedor no cobra, pero el deudor demuestra voluntad de pagar. Para Solanas sería una forma de condicionar el pago a una previa investigación de la deuda. Por el plazo que dure la disputa, nos jodemos a mismo título que nuestros acreedores, porque ellos no cobran pero nosotros nos privamos de los recursos. No parece una salida nacional y popular sino una parodia. Hay algo más. La jurisdicción para dirimir controversias sobre deudas externas no es Buenos Aires sino Nueva York o Londres. Así ha quedado establecido en los contratos. Un pago en consignación significa dejar en manos de un juez extranjero la solución del caso. Solanas quiere conformar a todo el mundo, pero sobre todo a la burguesía, por eso, en materia de deuda; por lo menos, sigue buscando la cuadratura del círculo.

Finalmente, el 5 de marzo, los gremios de la CGT, Fegepba y UPCN, cerraron el acuerdo salarial con el gobierno de Scioli: 237 pesos para el régimen de 30 horas y 312,75 pesos para el régimen de 40 horas por todo 2010, en dos cuotas, a cobrarse en abril y en julio. La mejora de la "oferta" consistió en 100 pesos que irán al básico. Dicen que el impacto de bolsillo es de un 19,5%. Sin embargo, los salarios de bolsillo de los estatales oscilan entre los 1.660 y los 4.000 pesos. En términos reales, el aumento, a duras penas, llega al 16% en el mejor de los casos. Entre lo que se perdió de poder adquisitivo en 2009 y la inflación de 2010, que según las estimaciones puede trepar el 25%, el acuerdo es claramente un arreglo para que los estatales subvencionemos la crisis fiscal provincial. No hay aumento para los estatales, se trata de una estafa a medida del ajuste "K" para pagar los intereses de deuda externa. El acuerdo sigue con la línea de destrucción del básico estatal. Se trata, una vez más, de una bonificación remunerativa no bonificable que no contabiliza para la antigüedad ni el aguinaldo, ni permite aumentar el valor de las horas extras. En definitiva, son sumas en negro "blanqueadas" truchamente como las Urpes (plus salarial). "El rechazo de ATE" Las conducciones de todos los gremios han firmado, ATE se limita a rechazar de palabra. Convocó a un paro aislado el 3 de marzo, junto con judiciales y la Cicop, fuera de todo de plan de acción escalonado, y se niegan rotundamente a ponerle un monto al reclamo. La explicación del secretario general, Hugo Godoy, es que primero hay que luchar por la equiparación de los menos ganan; es decir, que la redistribución de la riqueza de su tan mentada constituyente social pasa por la "solidaridad" paciente de los que más ganan entre los trabajadores estatales. Ni siquiera el paro del 3 tuvo el objetivo de presionar por un aumento, pues la medida estaba pensada desde antes por el CDP para solidarizarse con la lucha de los trabajadores de la salud de Santiago de Estero. Para rechazar hay que luchar. Las asambleas y juntas internas de Educación, Asuntos Agrarios y Economía han rechazado el acuerdo trucho y piden un 30% al básico. Los activistas ya tenemos la experiencia de 2009, ATE convocó a 11 medidas de fuerza y las levantó por absolutamente nada. La crisis es de ellos, no tenemos por qué pagarla nosotros. La canasta familiar está trepando a 4.800 pesos. Tribuna Estatal tiene que salir con un petitorio que recorra las escuelas, los hospitales y ministerios por un 30% de aumento al básico, elección de paritarios en asambleas, exigiendo a todos los gremios un verdadero plan de acción. La construcción de un gran movimiento por el salario está en nuestras manos.

El año 2010 comenzó muy agitado para el Nacional de San Isidro. A semanas del comienzo de clases, los docentes y los estudiantes se enteraron de que la rectora tenía en curso una negociación con el Ministerio de Educación de Buenos Aires para avanzar en la provincialización del plan educativo de la escuela. El Nacional mantiene un proyecto pedagógico propio, formulado por los docentes del establecimiento, que se encuentran asignados a sus horas según el viejo "proyecto 13". Este proyecto pedagógico conserva una planta de docentes estables en la institución y prevé las asignaturas optativas, los idiomas, las tutorías y la monografía. Con la Ley Federal menemista, el proyecto fue sustituido en todo el país. El Nacional logró preservarlo gracias a las intensas luchas que libraron estudiantes y docentes en el año ‘95 y, sobre todo, en el '98, con los métodos más avanzados de las luchas populares: asambleas, movilización, el corte de calle y la toma de escuela. Estas condiciones educativas se desplomarían junto con los cargos de los profesores que no se encuentran titularizados (más de un 50%) si se produce un acuerdo. Por otro lado, el Nacional es un colegio muy solicitado porque gracias a las sucesivas leyes antieducativas, la escuela pública fue liquidada por lo que hoy, el 75% del estudiantado sanisidrense concurre a una escuela privada. Frente a este ataque, el Nacional reaccionó de manera imponente: hace casi una semana que se vienen sucediendo asambleas masivas y movilizaciones al Consejo Escolar distrital en defensa de su proyecto educativo. Estas acciones contaron con una masiva participación estudiantil y una importante presencia de docentes y padres. Este proceso de movilización marcó una primera victoria que se manifestó en que los inspectores de La Plata "bajaron" a negociar a la escuela. Aun así, la mayoría de la comisión directiva del actual centro de estudiantes plantea que no hay que tomar métodos violentos (como serían la movilización y el corte de calle), sino que deberíamos sentarnos a negociar en "condiciones normales". ¡Niegan el triunfo que la movilización logro al frenar la reforma tanto hoy como en los noventa! Una cosa no quita la otra. El estudiantado esta completamente abierto al diálogo, pero sabe con quien le toca bailar. La movilización del estudiantado obliga a negociar, sino ya hubieran impuesto desde hace mucho la reforma, como era el plan inicial. Hoy más que nunca se trata de reforzar la movilización para que la provincia se comprometa por escrito a no aplicar la reforma, titularizar a los docentes y discutir el ingreso del séptimo año bajo el mencionado proyecto educativo. Esto fue entendido por la mayoría del estudiantado, que votó profundizar la lucha en dos masivas asambleas el lunes 8, la última convocó una movilización para el martes 9. Los compañeros de la UJS-PO están jugando un papel muy activo en todo el proceso, planteando que hay que profundizar la movilización, denunciando a los gobiernos pagadeuda que ahogan presupuestariamente a la educación, levantando las banderas de la triplicación presupuestaria y de la educación científica, laica y para todos. La lucha del Nacional debe convertirse en un foco para todo el estudiantado de San Isidro para la organización independiente de los estudiantes y para la defensa de la educación pública.

La Naranja de Prensa repudia la censura y el ataque de los funcionarios del Ministerio de Trabajo, encabezados por Carlos Tomada, al periodista Ismael Bermúdez, de Clarín. La prohibición de participar en las conferencias de prensa de ese Ministerio son un ataque abierto a la libertad de trabajo y de expresión. Una vez más, un gobierno que se llena la boca con la “libertad de expresión”, golpea sistemáticamente contra cualquier manifestación de independencia. La censura en Télam, en Radio Nacional y en Canal 7 son tan férreas como en los medios de las patronales más represivas del país. Esta es, nuevamente, la verdadera cara de la ley de medios “nacional y popular”, cuyo eje no es ampliar la libertad de prensa y de expresión sino quitarle poder y negocios a unos monopolios para entregarlos a otros monopolios amigos del gobierno. A una semana de producidos los hechos, el silencio de la Utpba y la Fatpren les ha permitido tomar la iniciativa a organizaciones como Adepa, que agrupa a las mismas patronales que nos explotan, nos despiden y nos censuran al interior de cada monopolio periodístico. Llamamos a los trabajadores de prensa, a sus comisiones internas y delegados, a pronunciarse y desarrollar una campaña contra la censura hacia Ismael Bermúdez y por la defensa incondicional a la libertad de trabajo y de expresión.

Los papeleros de Zárate llegan a las paritarias con las patronales incumpliendo las categorías, con despidos arbitrarios y antisindicales como en Valot, y trabajando jornadas agotadoras, como el 7 a 1 en Campanita. Los básicos del convenio 2009 (la hora entre 6,63 y 10,62 pesos el más alto) hoy son simplemente ridículos. Las paritarias en papeleros son una oportunidad, a condición de preparar al gremio. Los dirigentes de la Federación nada están haciendo en ese sentido. Por el contrario, están firmando convenios a la baja, como en Bolsas de Papel, del grupo dueño de Papelera del Plata. La lucha por el salario corre por abajo: Papel Prensa, en San Pedro, arrancó mil pesos en dos cuotas hasta la paritaria. Uniendo ganamos. Estamos por la realización de un plenario de delegados del Sindicato de Trabajadores de la industria del papel de Zárate, que organice la lucha conjunta por los reclamos planteados: 33% de aumento, actualización trimestral, recategorización, reincorporacion de los compañeros de Valot y su derecho a organizarse en el STIPQ. Asambleas por establecimiento, exijamos a la Federación que las seccionales envíen veedores a la paritaria y pliego de reclamos resueltos en asamblea general. En esta lucha se probarán las listas que se presentan a la elección seccional del 9 de abril.

En la nota “Las camaradas de la revolución social”, PO Nº 1.118, se deslizó un error. Las delegadas norteamericanas a la Conferencia de Copenhague que propusieron establecer un Día de la Mujer Trabajadora –Lena Morrow Lewis y May Wood Simons– pertenecían al Partido Socialista y no al Partido Socialista de los Trabajadores (SWP).

En su almuerzo con la CGT, la Presidenta le dedicó unos minutos al salario. Suelta de cuerpo, aseguró que no “hubo ni habrá planteos, como algunos preanuncian, desestabilizantes o excesivos” ( Clarín , 10/3). La Presidenta no piensa lo mismo cuando se trata de pagar la deuda externa montada en la usura, con o sin reservas del Banco Central. ¿Alguna vez hubo salarios “desestabilizantes o excesivos”? La señora K piensa como lo hacen los patrones. Los trabajadores no tenemos por qué seguirla por ese camino. Con una inflación del 30 ó 40% anual, no vamos a quedarnos rumiando las penas, mientras el J.P. Morgan, al ver el rabioso deseo de pagar de los K, recomienda especular con la deuda argentina. Es precisamente el pago de la deuda confiscatoria la causal de la inflación, porque de otro modo esa plata podría ir al aumento de la capacidad de producción de los productos que consumimos los trabajadores. El domingo pasado, en Islandia, el 98% de los votantes rechazó el pago de la deuda externa que les fue impuesta por los gobiernos de Gran Bretaña y Holanda. Contra una inflación del 30 al 40%, la Presidenta ordenó a la burocracia de Ctera que firme un aumento del 16%. Los bonos indexados de la deuda tuvieron mejor suerte: el cupón del PBI, en dólares, ganó el mismo 16%, pero no en 2010... ¡sino en lo que va del mes de marzo! Para los K, la inflación no existe, es un ‘reacomodamiento de precios’, en tanto que el pago de la deuda no es confiscación sino futura reducción de la tasa de interés. Los K piensan con su panza, la de los patrones. La burocracia sindical hizo suyo el cepo salarial que baja desde la Rosada. La deuda externa o los salarios, ésta es la cuestión.

El pasado miércoles 3, coincidiendo con la visita de la Presidenta a Misiones, en Eldorado se movilizaron “alrededor de mil personas provenientes de distintos barrios (...) por un puesto del programa ‘Argentina Trabaja’. Es una de las concentraciones más importantes en la historia de la ciudad” ( yamisiones.com.ar ). La movilización fue convocada por el Polo Obrero de la ciudad. En todo Misiones, el Polo se comenzó a organizar en diciembre para salir a pelear por puestos de trabajo. Ha tenido un vertiginoso desarrollo debido al reconocimiento de que son objeto los militantes del PO misionero en muchas barriadas por su intervención en todos los conflictos vecinales y obreros de los últimos años. Así, se han constituido asambleas en 30 barrios de Eldorado, agrupadas en cuatro zonas que funcionan con una reunión general semanal de delegados. El proceso se extendió a las localidades vecinas de Montecarlo, Piray, Colonia Victoria, 9 de Julio y Mado. También hay un importante desarrollo en Puerto Iguazú y uno más incipiente en Posadas. El Polo Obrero se está constituyendo en un canal para cientos y cientos de desocupados recientes, expulsados de la industria maderera por la crisis internacional o por la crisis de la agricultura, la que ha generado también piquetes constantes de los tareferos (peones de la cosecha). El aparato del gobernante Partido Renovador, kirchnerista, se encuentra en una una descomposición avanzada. Las movilizaciones por el ingreso al programa Argentina Trabaja vienen en aumento: de 300 a 500 y finalmente a 1.000 compañeros en Eldorado. El intendente había informado que el acto de la Presidenta iba a ser el marco del anuncio del lanzamiento del programa en la provincia, y que los padrones de desocupados realizados por el Polo iban a ser la base de la constitución de las cooperativas y las cuadrillas de trabajo. Mientras tanto, el movimiento fue imponiendo al municipio la entrega de kits escolares para el comienzo de clases, de becas, la exención de pago de cooperadoras escolares para los hijos de desocupados y la realización de acciones contra la infestación de mosquitos del dengue. Frente al hecho de que la Presidenta no anunció el acceso al programa de empleo en la provincia, la multitudinaria movilización se congregó como asamblea y resolvió salir a cortar las rutas 12 y 17 hasta obtener respuestas. El intendente tuvo que ausentarse del acto presidencial para bajar a negociar al corte y se comprometió a que hubiese novedades para el lunes a la mañana. En los días posteriores, la policía reprimió un acampe de la CCC en Posadas y el gobierno ha tratado de instalar un clima de macartismo y provocación contra los piqueteros. Las asambleas del Polo han repudiado la represión, se han solidarizado con los compañeros y ya han votado que, de no producirse un ingreso a los puestos de trabajo, retomarán el mismo lunes los cortes. Esta tendencia a la lucha está haciendo escuela entre toda la población trabajadora de Eldorado. La concentración docente del último paro congregó a 200 compañeros que votaron como parte de su comisión de voceros a los compañeros de Tribuna Docente y el PO, justamente considerando su rol en la organización del Polo y las recientes movilizaciones y piquetes. En los hospitales, los estatales empiezan a plantear reclamos salariales largamente postergados. Los padres de las escuelas nucleados en el Polo protagonizan reclamos por las condiciones edilicias y las cursadas. De conjunto, el pueblo está tomando la vía de lucha piquetera para enfrentar al Estado y arrancar sus reivindicaciones más urgentes, abriendo un proceso que hace recordar a las puebladas contra el hambre que se vivieron en los ’90 en el interior del país.

El “Encuentro Memoria, Verdad y Justicia” que agrupa a unas 300 organizaciones – y que ha venido organizando todos los años los actos del 24 de Marzo, en forma independiente de los gobiernos de turno– ha convocado para esa fecha, a las 16 horas, a una gran marcha de Congreso a Plaza de Mayo. Así, pasadas las 18 horas, se realizaría –a 34 años del golpe militar– un multitudinario acto “contra la impunidad de ayer y de hoy”, porque “la lucha continúa”. Entre las consignas centrales figura el “No al pago de la deuda externa”, lo que ya lo coloca en el centro de la lucha política nacional, con una posición independiente de los dos bandos burgueses y también de la centroizquierda. También se plantea: “Basta de inflación, despidos y carestía. ¡Aumento de salarios ya!”, como una respuesta a los intentos capitalistas-gubernamentales para que la crisis del capitalismo sea pagada por las masas trabajadoras. Se enjuicia la estrategia represiva del gobierno contra las luchas obreras y populares: “No a la criminalización de las luchas. Basta de gatillo fácil”. Esto en momentos que arrecian los juicios contra los trabajadores de Fate, FP Gráfica, etc. Y el accionar de las fuerzas represivas (Bonaerense, etc.) entrelazadas con el crimen organizado contra la juventud y la población. También reclama la “Aparición con vida de Julio López” y “Cárcel común a todos los genocidas. Restitución de la identidad de los jóvenes apropiados”. Provocación Justamente por eso es que el gobierno ha salido a disputar la Plaza de Mayo para esa fecha. En la misma onda ha convocado para el 24 de Marzo a una “jornada cultural” y un festival para... las 17 horas, instante en que estarían convergiendo sobre la Plaza las columnas obreras, estudiantiles, piqueteras y de la izquierda. Simultáneamente, otras organizaciones, cooptadas por los K (Abuelas y otras), han anunciado que harán otra concentración a las 14 horas también en la Plaza de Mayo. Entre ellas estarán “la Cámpora” y otras similares, que podrían ser usadas como fuerza de choque (a la mañana, la Presidenta hará un acto en la Escuela Mecánica de la Armada, Esma). Por una gran marcha independiente Para derrotar esta intriga provocadora es necesario que todas las organizaciones obreras combativas (sindicato del Subte, docentes y otras), la Fuba y los centros de estudiantes, los partidos de izquierda y las organizaciones piqueteras y sociales convoquen activamente a esta marcha. Con pronunciamientos y asambleas desarrollemos una amplia agitación con charlas, actos, mesas redondas, radios abiertas en las fábricas, colegios, universidades y centros de tránsito (estaciones, plazas, etc.).

El 8 de marzo, el Plenario de Trabajadoras de Capital, junto a otras organizaciones de mujeres, se movilizó al mediodía a la Casa de la Provincia de Chubut para reclamar la inmediata realización del aborto no punible a las dos adolescentes de 15 años de Comodoro Rivadavia, violadas por sus padrastros desde niñas. Entregamos una carta a las autoridades y le manifestamos nuestro rechazo a la judicialización del proceso, a instancias de una enorme presión del clero, a la vez que señalamos la absoluta responsabilidad del ejecutivo provincial por la salud de las chicas, siendo ellos los que deben garantizar el aborto terapéutico permitido en el Código Penal. Por la tarde, fuimos informadas que el Supremo Tribunal de Chubut había habilitado el pedido de aborto para las adolescentes, solicitando al hospital público su realización. El movimiento de mujeres estará alerta para efectivizar su cumplimiento.