Prensa Obrera N° 1116

El conflicto de los obreros de Stefani en reclamo de quincenas, aguinaldos y aportes patronales adeudados cumplió dos meses. La patronal se borró de la fábrica y recién se presentó a la sexta audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo, a la que el gerente local, José Piscella, fue traído por la policía. En la audiencia, Piscella se limitó a reconocer una quincena de deuda, cuando en realidad ya se acumulan cinco. Los trabajadores ofrecieron incluso cobrar al menos parte de esa deuda en ladrillos ( Río Negro , 28/1). Situación terminal La industria ceramista neuquina está compuesto por cuatro fábricas: Zanón, Stefani, Cerámica del Sur (ex Del Valle) y Cerámica Neuquén. Salvo esta última, las restantes fueron de hecho abandonadas o semiabandonadas por los capitalistas tras un largo proceso de vaciamiento. La situación económica de Zanón es desesperante. Los ceramistas denuncian que acumulan deudas millonarias: actualmente pagan tarifas de luz y gas entre cuatro y cinco veces mayores que las que pagaba la vieja patronal (subsidiada), mientras que las ventas y la producción no cesan de caer. Los obreros vienen privilegiando, cada vez con mayores dificultades, el pago de los salarios, compuestos en un 10 ó 15% por el Repro, que está sujeto a renovación ministerial cada tres meses. Cerámica del Sur cerró por primera vez en el año 2001 y, con algunos interregnos, reabrió recién en 2007. En enero de 2009, se instauró el “control obrero”: la cooperativa de la fábrica tiene que pagar un canon al viejo patrón vaciador. Según el SOECN, la situación actual de la fábrica es de “enorme ahogo”. Este panorama pone al desnudo la ceguera política que significa el embellecimiento de la “autogestión” en el marco capitalista (y de la crisis mundial) y coloca en el orden del día la necesidad de impulsar de conjunto la expropiación y estatización de la industria ceramista. Impasse en Zanón Paralelamente al conflicto de Stefani, los obreros de Zanón se han reunido con representantes del gobierno provincial para reclamar la ejecución de la ley de “expropiación”. Según Omar Villablanca (actual secretario general del SOECN), “la ley por ahora es sólo una consigna. De no avanzar con los trámites, se corre el riesgo de que la fábrica sea rematada” ( La Mañana de Neuquén , 27/1). Los acreedores privilegiados -los cómplices de la patronal vaciadora, quienes recibirían 23,5 millones de pesos del Estado a cuenta de la cooperativa- aún no fueron convocados a firmar “su conformidad” (ídem). El gobierno provincial se comprometió a “cerrar la expropiación” en algún momento del semestre. En su momento, señalamos que “lejos de la afirmación de que ‘la expropiación saca los bienes del ámbito del juez de la quiebra’, la ley la subordina al juicio de quiebra y condiciona el veredicto final a los acreedores”, por lo cual no había “que descartar nuevas maniobras de los acreedores privilegiados y la propia familia Zanón, así como de Sapag y el MPN” ( PO Nº 1.106). Quienes postularon la ley de Sapag como “un ejemplo para el porvenir” deberían dar cuenta, si es que las palabras tienen algún valor, de la encerrona en la que se metieron... cosa que aún no han hecho. Adónde están, que no se ven... Hasta el día de hoy, ni la CTA ni la CGT han movido un dedo en solidaridad con los ceramistas. Raúl Godoy (ex adjunto del SOECN) reconoce que la CTA “hasta el día de hoy no ha impulsado ninguna acción concreta en apoyo a los obreros ceramistas”. Pero tampoco la ha reclamado el sindicato ceramista, que recolecta firmas en solidaridad con Stefani, pero no impulsa el pronunciamiento del activismo para reclamarle a las centrales obreras un paro provincial. A pesar de la “confluencia con los miles que se agrupan en la CTA” (la consigna de la conducción del SOECN con el ingreso a la Central), queda claro (tras largas semanas de lucha) que la burocracia de la CTA no tiene pretensiones de impulsar ninguna “confluencia” con los ceramistas que luchan. El sindicato ceramista debe exigir a la CTA y la CGT un paro provincial en apoyo a Stefani, en reclamo de las expropiaciones efectivas de Zanón y Cerámica del Valle, por la garantía estatal de todos los puestos de trabajo y del cobro de los salarios.

En la madrugada del domingo 26 de enero, fue asesinado Francisco Zapata, “Bebe”, de apenas 18 años. Trabajador y luchador, “Bebe” era uno de los compañeros más destacados de la juventud del Polo Obrero de Maquinista Savio y, a pesar de su edad, no había movilización, piquete o acampe que no contara con su presencia. Enfrentó los “palos” de la burocracia del Smata, cuando en medio de una agitación del PO en Volkswagen, un grupo de matones salió a impedirla. Lejos de acobardarse, pocos meses después volvió a transitar las inmediaciones de la VW, esta vez para acompañar la lucha de los trabajadores de Kraft. Ese 26 de enero, “Bebe” advirtió que una banda de lúmpenes armados golpeaba y amenazaba a un amigo suyo, a metros de su hogar. No dudó un segundo en acercarse para frenar la pelea y sacar a su amigo del lugar. Allí recibió un disparo en la espalda y murió, poco tiempo después, en la sala de primeros auxilios de Lagomarsino, sin recibir la más mínima asistencia. A pesar de que su funeral duró tan sólo una hora, más de 200 jóvenes se dieron cita para despedir sus restos. Ni las autoridades del municipio ni la policía dieron un paso para dar con los responsables, perfectamente identificados y reconocidos por todo el barrio como una banda dedicada al “choreo” y a la venta de drogas, que cuenta con protección policial. Movilización El 2 de febrero, una contundente movilización de familiares, amigos, vecinos e integrantes de organizaciones llegó a la intendencia de Pilar para exigir justicia. Cuando, después de cortar la ruta 26, la movilización –con más de 100 compañeros– llegó a la Fiscalía, comprobó que el fiscal no tenía informe alguno sobre la causa -a pesar de la infinidad de testimonios. En una larga entrevista arrancada al intendente, los padres del “Bebe” y sus compañeros presentaron las denuncias existentes sobre el entrelazamiento de las bandas de delincuentes con la policía y la ausencia de toda atención médica, como también la existencia de un operativo de impunidad. No decimos “chau” A la familia, al papá, a los amigos, con quienes el Partido Obrero comparte el inmenso dolor y el compromiso de lucha por el juicio y castigo, por el desmantelamiento del aparato represivo –en las fuerzas de seguridad y en la Justicia. Finalmente, con “Bebe” suman más de 2.800 los caídos por “gatillo fácil” en democracia, con el Gran Buenos Aires al tope.

A finales del año pasado, los trabajadores de Ediciones Colihue se organizaron y lograron elegir un delegado. La patronal de Aurelio Narvaja, integrante de Carta Abierta, despidió casi en forma inmediata al delegado electo y a otros once trabajadores. En su avanzada ‘destituyente' contra la organización de los trabajadores, el patrón de Carta Abierta desacató la conciliación obligatoria, que había fallado a favor de la reincorporación de los despedidos. El ministerio "K", de todos modos, miró para otro lado. Como resultado de este ataque, los trabajadores tomaron su lugar de trabajo, obligando por primera vez a la patronal a discutir. A pesar de las amenazas de desalojo, los trabajadores sostuvieron la medida en la sucursal de Díaz Vélez, ubicada en el barrio de Caballito, durante más de 96 horas. Los trabajadores de Ediciones Colihue -que se dedica a la venta de materiales de la editorial- se encuentran encuadrados en Comercio. En las difíciles condiciones en que se desenvolvió el último tramo del conflicto, donde Narvaja encerró con llave a los despedidos y se instaló personalmente en el lugar para quebrar la lucha, la dirección del sindicato brilló por su ausencia y no hizo nada para torcer la impunidad con la que se manejó este personaje, aliado del poder político. El viernes 28, luego de un durísimo mes y medio de conflicto, la empresa consiguió levantarlo, a cambio (y sólo de palabra) de una reunión para el 8/2, para discutir individualmente las indemnizaciones de los doce compañeros. El conflicto dejó a las claras cómo actúa una patronal "nacional y popular", de lazos aceitados con el gobierno, cuando los trabajadores se ponen en pie y defienden su derecho a organizarse.

El 28 de marzo próximo habrá elecciones para concejales en la ciudad de Mendoza. El Partido Obrero se presentará con una plataforma de reivindicaciones de los trabajadores y pobladores de los barrios pobres de la ciudad. El intendente, Víctor Fayad, dirigente de la UCR, es un aprendiz de “facho”. Se ha encargado de reprimir y barrer toda expresión popular, ya sea artística o de protesta. La limpieza ‘racial’ de Fayad arremete contra la juventud, los artistas callejeros, los artesanos, los vendedores ambulantes, los motociclistas (considerados motochorros y obligados por disposición del municipio a llevar en su casco la patente para ser mejor identificados) y todo “sospechoso” que circule y ensucie la ciudad. El cierre del teatro Mendoza (defendido por estudiantes y trabajadores del arte) y los negociados en los espectáculos demuestran que el arte para el desarrollo cultural e intelectual del pueblo no es prioridad del municipio, sino lucro y ganancias de las empresas del espectáculo. Transitamos diariamente por una ciudad que está copada por la Gendarmería y plagada de cámaras de vigilancia, que sólo tiene efectividad al momento de identificar a quienes luchan por los reclamos esenciales. Ahora, con la concesión al Grupo Vila, esta vigilancia se extenderá a un radio mucho más grande. La reacción popular le puso los límites. Negocios capitalistas vs. miseria obrera En la capital de la provincia imperan las condiciones laborales explotadoras en el comercio, que es el destino laboral más próximo de la juventud mendocina. Esto sumado a los contratos y salarios miserables de los trabajadores municipales, a las persecuciones y sanciones, forman parte del cuadro antiobrero del gobierno de la ciudad. Fayad convirtió a la ciudad en la patria de la especulación y los negocios inmobiliarios en el centro y el piedemonte. Pero, a la par de esto, los trabajadores deben abandonar la ciudad por los altos alquileres y las tasas abusivas (superiores a otros municipios). Una parte importante de las familias capitalinas vive hacinada en viviendas precarias o en los barrios pobres del Oeste. Elecciones y crisis política La elección para renovar la mitad del Concejo Deliberante precipitó una crisis política. Fayad (dirigente de la UCR capitalina e intendente) es opositor al acuerdo entre la UCR y Cobos (acuerdo que triunfó ampliamente en las elecciones de junio pasado). La perspectiva al día de hoy es que haya dos listas del oficialismo. Para muchos comentaristas la presencia activa de Cobos en la conformación de las listas convierte a la elección en un test clave para las aspiraciones nacionales del vicepresidente. Lo cierto es que Fayad no tiene el control del Concejo Deliberante y que en cuestiones claves (endeudamiento) el cobismo y parte de la UCR le votó en contra, mientras que el PJ (responde al gobernador Jaque, kirchnerista) le votó a favor. La campaña del PO El Partido Obrero hará de su campaña una tribuna en defensa de las libertades de expresión artística, cultural y de lucha; arremetiendo contra la miseria salarial y la superexplotación; planteando una salida al déficit habitacional y la especulación inmobiliaria; en definitiva, postulando una ciudad al servicio de las masas populares y de los trabajadores y no de los capitalistas. • Salario mínimo igual a la canasta familiar y aumento de emergencia para todos los trabajadores de la ciudad. • Por un impuesto extraordinario a los capitales en la ciudad y la nacionalización del suelo urbano correspondiente, para construir un plan de viviendas y urbanización para los trabajadores. • Juicio y castigo a todos los responsables de los crímenes de la dictadura, de la represión y del gatillo fácil.

"Al que nace barrigón es al ñudo que lo fajen”, dice el refrán. El sayo va para Kirchner, que apenas ve un mango sale a perseguirlo. Para él, la "redistribución del ingreso” empieza por casa. Lucró con la circular 1050, bajo la dictadura; con la privatización del banco de la provincia y de YPF, cuando fue gobernador; con la expatriación de los fondos de esos negociados; con la valorización de propiedad que compró a precio fiscal; luego, como Presidente, no dejó ‘peaje’ sin cobrar en los contratos de obras públicas. Ahora lo agarraron comprando dos millones de dólares en efectivo en las vísperas de una devaluación del peso que –de octubre de 2008 (fecha de la operación) a marzo de 2009 (cuando se estabilizó el mercado de cambios)– fue de alrededor del 30 por ciento. Como Kirchner, miles de otros especuladores, pequeños y medianos, hicieron lo mismo, en lo que fue el momento más alto de la fuga de capitales. Pero ninguno de ellos es un ex presidente casado con la Presidenta; son especuladores, pero la mayoría no tiene acceso a información privilegiada. Kirchner replica: no fue para especular, fue para comprar el paquete accionario de un hotel en Calafate. O sea que en la Argentina ‘nacional y popular’, las transacciones se realizan en moneda extranjera, como no ocurría ni bajo Cavallo. Estos son los que dicen que han establecido una moneda bi-nacional con Brasil para ‘puentear’ al dólar. La ‘excusa’ del hotel de Calafate la da un hombre que se proclama jefe de los descamisados y enemigo de la plutocracia o de la oligarquía vacuna o bostera. ¡Que salga D’Elía a defenderlo! Si Kirchner paga sus transacciones en palos verdes ‘cash’, la Argentina que, según él, renace del neoliberalismo, está dolarizada. Somos una sucursal de la Federal Reserve, que emite los dólares, lo que es mucho peor que tener a Redrado de presi. No solamente esto: el asunto de los dos millones de dólares ‘explica’ mejor por qué los K nunca establecieron un control de cambios cuando del país salían 40 mil millones de dólares. Necesitaban libertad de cambios para poder currar con la crisis. Ahora K denuncia que la negativa de Redrado a desprenderse de las reservas para el Fondo del Bicentenario tiene por finalidad financiar futuras salidas de capitales. ¡Pero los dos millones de dólares salieron de las reservas que acumulaba el ‘golden boy’ para el matrimonio! En una entrevista que pasará a la antología de la deshonestidad periodística, Néstor Kirchner ‘le cuenta’ a Horacio Verbitsky que el crecimiento de su patrimonio ha sido solamente virtual –como consecuencia de la valorización de propiedades y activos, pero no por ganancias líquidas. Por lo que se ve, con los dos millones verdes, Kirchner convierte lo sólido en líquido con enorme rapidez. Los adversarios del ex presidente no han querido hacer leña del árbol caído: dicen que no hay nada ilegal en el procedimiento de K –sin que haya ninguna investigación, sin embargo, que lo demuestre. Es que ellos (basta pensar en un De Narváez o Macri) hacen lo mismo. Los trabajadores deben sacar sus conclusiones: K tiene que gobernar como un capitalista o como un patrón, porque él mismo es cotidianamente un capitalista y un patrón. Mientras se desliza en una danza de la fortuna, le retacea a los trabajadores y jubilados cada centavo de aumento para que no perjudiquen las ganancias de los capitalistas. Los K son una camarilla de capitalistas que gobierna para sí misma como un gobierno del capital; para redistribuir los ingresos para ella. Como en el cuento del escorpión y el cocodrilo, está en su naturaleza la necesidad de reforzar la explotación económica y el sometimiento político de la clase obrera.

El lunes 18 de enero, Tenaris, la empresa de caños de acero sin costura ubicada en Valentín Alsina, integrante del grupo Techint, impidió el ingreso a la planta a 22 contratados, a quienes niega la calidad de trabajadores de la empresa. Ya hace tiempo, la empresa viene intentando deshacerse de un número significante de trabajadores, comenzando por el sector laboral más precario; lo había hecho con más de 20 contratados a través de la modalidad de retiros voluntarios. Tenaris vino preparando los despidos con la implantación de un programa de suspensiones rotativas y rebajas salariales que llegaron al orden del 40%. Ante esto, los trabajadores respondieron con la paralización de la planta, el día 18. Los contratados cuentan con más de tres años de antigüedad, están bajo convenio de la UOM y realizan tareas propias de la actividad productiva de la planta. Esto revela un fraude laboral de la empresa, además de la complicidad y el desinterés de la UOM. La patronal reconoció su intención de deshacerse de otros 100 trabajadores, esta vez efectivos, para paliar los efectos de la crisis capitalista. Al momento, los trabajadores contratados se mantienen todos los días en la puerta de la fábrica. Se han acercado compañeros de otras fábricas del gremio en conflicto. Techint reportó ganancias por 237,3 millones de dólares durante el tercer trimestre de 2009. De cosechar ganancias de 8.527 millones de dólares en 2004 a 25.962 millones de dólares en 2008, es obvio que el grupo de Paolo Rocca no tiene ninguna intención en costear las pérdidas de esta crisis. La UOM Seccional Avellaneda/Lobos, a todo esto, ha optado por aparecer y desaparecer cuando se le da la gana; juega al desgaste desde antes de implantado el conflicto. El movimiento obrero ha tenido una consigna histórica: ocupar toda fábrica que despida. Que la UOM organice la ocupación de Tenaris/Siat hasta la total reincorporación.

El PTS en su periódico (LVO Nº 357) llamó a nuestro partido a constituir un frente para las elecciones en la capital de Mendoza. En una reunión posterior hicieron la propuesta formal de una lista encabezada por el PO. Argumentaron que en las elecciones del 28 de junio pasado había habido un “empate técnico” entre los dos partidos en la Capital, pero en la provincia, el PO había superado al PTS en más del 40%. Enseguida, agregamos, de nuestra parte, una plataforma de reivindicaciones para la campaña electoral. El PTS había venido sin ningún planteo programático. Sin embargo... el mismo 28 de enero, día de cierre para la presentación de listas, nos mandan un ultimátum: el primer candidato de la lista debía ser designado por un plenario a realizarse a principios de febrero. Como se ve, se trata de un grupo de sinvergüenzas que medra en la intriga y el faccionalismo.

Quién dijo que el tema más importante de la semana o la quincena fue el ‘voto positivo’ de Cobos en la bicameral, o las alternativas de la crisis constitucional desatada por la incapacidad del gobierno para pagar la deuda pública y reanudar una política de endeudamiento internacional (en nombre, claro está, del “desendeudamiento”)? Esta crisis no cesará de profundizarse, por cierto, porque está condicionada por una situación mundial que se ha agravado con la amenaza de quiebra de cinco Estados de la Unión Europea –inminente en Grecia (3% del PBI de la UE), pero más grave aún en España (20%). Pero lo más importante es lo que pasa en la clase obrera, que debe enfrentar esta crisis y derrotar la política capitalista so pena de sufrirla hasta el extremo. La huelga general en Turquía o las huelgas contra el cierre de empresas en Italia son los mojones de un proceso que conocerá nuevos ascensos. Lo mismo vale para Argentina, en la víspera de las paritarias de 2010, en un marco de transición histórica en el movimiento sindical. De nuevo, UTA El ataque de la patota de la UTA contra los delegados que representan al sindicato de choferes (Ucra), ligado a la CTA, volvió a colocar en el tapete la cuestión de los sindicatos “simplemente inscriptos” –o sea, que no están habilitados para negociar convenios y acuerdos con las patronales– en la cuestión fundamental del método para acabar con la burocracia sindical. Con independencia del grado de representatividad u organización de la Ucra, se trata de una manifestación de oposición dentro del movimiento desencadenado por el Cuerpo de Delegados del Subte contra la burocracia de la UTA –un sindicato decisivo dentro del movimiento sindical. La cuestión de la “simple inscripción gremial” se actualizó luego del fallo de la Corte que establece una protección legal para los delegados que son electos con independencia de que pertenezcan o no a una organización con personería gremial. El fallo tiene actualidad política a partir de que en los lugares de trabajo se ha producido un desarrollo creciente de activistas que se organizan para pelear la dirección a la burocracia. Por otro lado, la elección de delegados de sindicatos no reconocidos es impulsada por una parte de la CTA para compensar la negativa a su propio reconocimiento gremial por parte del gobierno. Se conjuga así un proceso desde abajo y una crisis parcial por arriba, para conformar un período de transición en el movimiento obrero y, al mismo tiempo, una lucha política por el destino de esta transición. La crisis en la CGT se manifiesta en la división política de su burocracia y en el desarrollo de oposiciones importantes, como ocurre en el sindicato de la Alimentación, en los supermercados afiliados a Comercio o en la Asociación Minera Argentina. Algunos responsables laborales de las patronales están observando, en forma repetida, que el atornillamiento de la misma burocracia durante cuatro décadas constituye un ‘modelo’ agotado. La ‘paz social’ necesita ser asegurada por medio de una nueva metodología. En función de esto, aparece la posibilidad de un reconocimiento de la personería gremial de la CTA en una forma disfrazada dentro de un Consejo Económico y Social, que sirva de marco para un pacto CGT-CTA. Esto, obviamente, aceleraría la crisis en desarrollo en la cúpula de la CTA. No hay que olvidar, ni por un instante, que el ‘modelo’ agotado incluye a los sindicatos reconocidos que pertenecen a la CTA –como Ctera, ATE o Neumáticos. Estos han actuado en los conflictos con la misma política que siguen los sindicatos de la CGT. La UTA es uno de los centros de la crisis, porque el desafío a la burocracia no se confina al Subte o a un sector de trabajadores de larga distancia, sino a numerosos cuerpos de delegados y a sindicatos del interior. Roberto Fernández, el secretario general que vino a reemplazar al atornillado Palacios convertido en terrateniente, es un lobbysta hecho y derecho de las grandes transportistas que continúan concentrando el negocio a costa del cierre de líneas y de constantes despidos. En Chaco, la oposición en la UTA –que debe enfrentar cotidianamente palizas y aprietes de la burocracia– se ha planteado la creación de un nuevo sindicato. Lo mismo ocurre en Salta; en Córdoba hay un activo movimiento opositor. ¿Nuevo ‘modelo’ o sindicatos de clase? Aunque la Ucra cuenta con varios años de inscripción, el estallido con los choferes se produjo en torno de una reivindicación que las patronales vienen postergando desde hace tres años: el pago de un plus a los choferes de larga distancia, a pesar de haber recibido subsidios del Estado para ello. Fernández arregló que el pago del plus se hiciera en seis cuotas. La reacción de los choferes contra esta entregada fue canalizada por los activistas y delegados del sindicato “sólo inscripto”. No bien los delegados de Ucra resolvieron impulsar este reclamo, la burocracia salió a cruzarlos brutalmente. Ucra defiende el reclamo obrero. La presencia de delegados electos, aunque no reconocidos por las patronales, ha servido a ese propósito. Estos delegados electos son una suerte de activistas sindicales que gozan de protección legal y, por lo tanto, de la libertad de propaganda, agitación y organización que no tienen los activistas –que apenas son ‘descubiertos’ resultan despedidos. La estrategia que guía a la CTA con la inscripción de sindicatos se limita a poner en pie un nuevo ‘modelo’ sindical de carácter ‘competitivo’ o, para decirlo con sus palabras, “pluralista”. El objetivo estratégico es la coexistencia de dos regímenes sindicales, igualmente partidarios de la colaboración de clases y de la unidad nacional –terreno en el cual se ubican declaradamente las dos fracciones dirigentes de la CTA. Pero será muy difícil que un desmantelamiento del ‘modelo’ actual de unicato sindical pueda ser simplemente refaccionado, ni qué decir desmontado por piezas, sin provocar la amenaza de la caída de todo el régimen sindical dependiente del Estado, practicante del colaboracionismo de clases e igualmente adversario de la democracia sindical –o sea de la soberanía de las asambleas generales de las bases. El enfrentamiento de los choferes con la burocracia de la UTA supera potencialmente el marco del “pluralismo” o la “diversidad sindical”. El Subte ha demostrado, por ejemplo, que la derrota de la burocracia de la UTA no ha dado paso a una coexistencia sindical, sino al predominio aplastante del sindicato que pretende ser reconocido como inscripto. Cualquier margen que se conceda a la burocracia para armar su espacio reforzará su política de provocaciones con vistas a destruir las posibilidades del nuevo sindicato creado a partir del cuerpo de delegados. Otra lección, de las más importantes, acaba de dar la lucha en Barrick Gold, donde no solamente hubo una defensa tenaz, que resultó victoriosa, de los delegados de oposición a la burocracia de Aoma: lo más importante es que, a la hora de discutir el convenio de trabajo, esos delegados fueron elegidos para la paritaria por una asamblea, en una proporción de 8 a 2 frente a la burocracia. El ‘modelo plural’ de coexistencia quedó sepultado por la unidad de clase frente a la patronal minera a partir de una asamblea general. En definitiva, la única estrategia realista en esta nueva etapa debe apuntar a la expulsión de la burocracia de los sindicatos y al desarrollo de sindicatos de clase –que no solamente son independientes del Estado y practicantes de la democracia sindical, sino que están animados por el principio de lucha de clases y el desarrollo de la conciencia de clase del proletariado. Entre los trabajadores docentes (o también en los estatales) puede verse, en cambio, cómo funciona el ¿nuevo? ‘modelo’ llamado plural. Las burocracias de Suteba, FEB y otras menores se conciertan para mejor traicionar las reivindicaciones de la docencia –que luego, cuando necesitan echar lastre, ‘ratifican’ en asambleas que solamente ellas controlan. Es un ‘modelo’ de rechazo a la democracia sindical, como quedó demostrado en las elecciones en Suteba La Plata, donde la burocracia utilizó su condición de kirchnerista para que el Ministerio de Trabajo legalice su prepotencia, en una clonación de lo ocurrido en el sindicato de Aeronavegantes, que los tribunales tuvieron que dar vuelta. La lucha de los delegados –‘inscriptos’ o no– contra la burocracia plantea la lucha por un sindicalismo independiente del Estado y de los capitalistas, que asuma integralmente la representación obrera en los lugares de trabajo. Para alcanzar ese objetivo, no hay otra alternativa que la expulsión de la burocracia de los sindicatos. Paritarias y delegados La emergencia de las paritarias otorga una actualidad a todas estas cuestiones, porque plantea en forma concreta la representación obrera ante la patronal en la negociación colectiva. Se da aquí el ejemplo de los mineros de la Barrick, o sea que los delegados paritarios sean elegidos en asamblea. Es que, por otro lado, en las paritarias se van a manifestar las implicancias de la crisis constitucional desatada por el Fondo del Bicentenario. Incluso si es aprobado, lo cual está en duda, es claro que las patronales presionan para poner los aumentos de salarios bien por debajo de la inflación, que promete ser más alta. Además, han prometido que reclamarán una acentuación de la flexibilidad laboral. Concretamente, proponemos que todos los delegados ‘inscriptos’ y sus sindicatos, las corrientes que los apoyan y el conjunto de las tendencias de oposición a la burocracia sindical organicemos una campaña por paritarios electos y pliegos de reivindicaciones votados en asamblea. Hay que empezar por Ctera, que ya está negociando. En muchos casos se plantea la defensa de la continuidad laboral y la prohibición de despidos (Paraná Metal, Tenaris Valentín Alsina, Stefani Neuquén). En Buenos Aires, Suteba ha modificado sus estatutos para que los paritarios se elijan en “listas sábana”. Tampoco hay representantes electos en el Neumático, con excepción de la seccional San Fernando (que está en la oposición a la conducción de la CTA), donde una asamblea eligió veedores para controlar a los paritarios del sindicato. Una campaña para que los paritarios se elijan en asamblea serviría para apoyar a los nuevos delegados y las organizaciones no inscriptas en el terreno concreto de los convenios de trabajo. Plantea también un terreno de acción común con los delegados y activistas ‘no inscriptos’ que militan contra la burocracia dentro de los sindicatos que ella dirige. Nos comprometemos a impulsar plenarios y debates para organizar una campaña común por paritarios electos, por el pliego a levantar, por la expulsión de la burocracia y por sindicatos independientes del Estado y los capitalistas.

Los trabajadores de prensa del diario Crónica siguen con su lucha a brazo partido contra la patronal. Ahora están de paro por 20 despidos y marcharán al Ministerio de Trabajo para exigir que intervenga aplicando la ley. En todo este tiempo, Trabajo ha dejado hacer a la patronal de Crónica, permitiéndole violar tanto las leyes laborales como el Estatuto del Periodista. El Ministerio de Trabajo debe imponer la estabilidad laboral de los compañeros. Se han ganado ese derecho con años de lucha. Lograron que todos los trabajadores cobraran el aguinaldo, el sueldo de enero y, por último, que la patronal desista de impedir el ingreso a tres compañeros el jueves 21. Las asambleas han sido fundamentales para cohesionar a los compañeros, que acumulan una bronca bárbara, la que tuvo su clara expresión con el paro del jueves. La patronal envió 49 telegramas de despido en diciembre. La lucha impidió que se efectivizaran y esos compañeros están trabajando. La patronal, en una actitud totalmente arbitraria y fuera de la ley, primero se negó a pagarles el aguinaldo, luego el sueldo de diciembre y, por último, el ingreso a algunos de ellos. Las provocaciones son constantes y diversas. Aunque los trabajadores de prensa están atajándolas una tras otra, está planteada la necesidad de una posición estratégica que supere el terreno que plantea todo el tiempo la empresa. Hoy, que no quiere pagar aguinaldos; mañana, que no permite el ingreso de un grupo, y así. Hay que cambiar la película. Una asamblea general del gremio y la inmediata convocatoria al Cuerpo de Delegados podrían ser resortes fundamentales con los que movilizar las fuerzas que ayuden a Crónica a pasar a una ofensiva; para imponerle a la patronal un régimen de estabilidad laboral y terminar con la guerra de guerrillas con la que la empresa quiere debilitar. Se trata de movilizar a todo el gremio en un plan de lucha general por: • Ningún despido; eliminación de los retiros voluntarios y prohibición de las reuniones de a uno en las que la patronal presiona a los trabajadores para que acepten el retiro voluntario. • Aumento salarial de emergencia por la inflación del año pasado y apertura inmediata de negociaciones salariales para este año. • Pago inmediato de todas las deudas por bonificaciones y aumentos que aún estén pendientes de cobro. • Basta de persecución sindical: las asambleas deben hacerse en el lugar de trabajo. Claro que esta orientación o cualquier otra debería salir de la dirección sindical, de la conducción de la UTPBA. Pero creer que eso va a suceder es peor que creer que Olmos, quien figura como dueño de Crónica, va a aceptar estos planteos sin que se los impongamos. Estamos obligados, otra vez, a autoconvocarnos para discutir un programa de salida para salvar a Crónica y a todo el gremio. Para que no haya otro Terra, donde el aislamiento y la clandestinización del conflicto perpetrado por la UTPBA hicieron desaparecer una fuente de trabajo que reunía a más de 100 compañeros. Una autoconvocatoria de trabajadores, delegados y activistas que luche por todas estas reivindicaciones y por una nueva dirección sindical.

El 2 de diciembre se llevó a cabo un brutal desalojo contra la Comunidad Mapuche Paichil Antreao, ubicada en Villa La Angostura, La policía y el grupo UESPO (fuerza antimotines) de Sapag arrasaron tres viviendas con sus familias adentro, rociaron con kerosene sus huertas y ¡hasta le mataron un perro! Venían en defensa de un privado, el norteamericano Williams Henry Fischer, quien compró parte de las tierras pertenecientes a los mapuches a otro particular -que nada tiene que ver con éstos- sobre el cerro Belvedere. El 16 de enero, Fischer -siempre escoltado por la policía- avanzó sobre el Rewe (espacio ceremonial) con topadoras y materiales de construcción, ante este atropello el día 18 la Comunidad decidió defenderlo, manifestándose pacíficamente en el lugar; rápidamente, reaccionó la policía, quienes comandados por el mismo Fischer, con una 22 en la mano, dio órdenes de reprimir y perseguir por el bosque a los manifestantes. El Partido Obrero era la única organización que se encontraba en el lugar solidarizándose y poniendo el cuerpo. Desde hace dos meses, la policía está instalada en el lugar militarizando la zona y dándose la tarea de amedrentar a los miembros de la Comunidad y a quienes se acercan solidariamente, tanto con insultos, balazos al aire y hasta mostrando los genitales a las mujeres. En todo el conflicto se ha visto la complicidad, tanto del intendente Ricardo Alonso como de los concejales, quienes prefirieron "mantenerse al margen". El fiscal de turno, Adrián de Lillio, se niega a tomar declaraciones y el comisario Ledesma argumenta que tiene otras ocupaciones. El gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, ha reivindicado y respaldado expresamente todo este procedimiento represivo e ilegal. Villa La Angostura es el paraíso para los especuladores inmobiliarios, allí tienen sus casas de descanso parte de lo más corrupto de la burguesía nacional e internacional, donde tanto la comunidad mapuche como los trabajadores son presos de estos negociados entre políticos, jueces y empresarios. Responsabilizamos a todos los funcionarios, tanto nacionales como provinciales, por la represión desatada contra la comunidad que está resistiendo la usurpación de su territorio a manos del norteamericano Fischer, quien comanda las fuerzas policiales con el apoyo de funcionarios, jueces y fiscales, cómplices de la especulación inmobiliaria que sufre la región. Para terminar con estos atropellos hacemos público nuestro llamamiento para apoyar la resistencia del Pueblo Mapuche y convocamos a una fuerte movilización, para los primeros días de febrero -durante la fiesta de los jardines- donde participen todas las comunidades cercanas y todas las organizaciones de derechos humanos, políticas, culturales y sociales. Exigimos: - Fuera la Policía de Paichil Antreao. Cese del desalojo de la comunidad. Indemnización por las viviendas destruidas. -Basta de violaciones a los derechos, cumplimiento de los tratados internacionales. -Basta de especulación inmobiliaria. Ningún reconocimiento a los terratenientes usurpadores del territorio Mapuche. -Cárcel para Fischer y sus cómplices políticos. ¡Desprocesamiento de los luchadores Ya!

A partir de la crisis política desatada por el “efecto Redrado”, Proyecto Sur y Pino Solanas han tratado de construir una tercera posición que plantea “investigar la legitimidad de la deuda externa”. “No decimos que no hay que pagar la deuda, porque si hay una deuda que fue por los carriles normales, no habrá que cuestionarla. Lo que decimos es que nadie paga una factura indebida” ( La Nación , 29/1) –le aclara Pino a quienes lo acusan de ultraizquierdista o defaulteador serial. ¿Es serio esto? En estos momentos se tramita una investigación acerca de si la Reserva Federal norteamericana siguió “los carriles normales” para pagar a los principales bancos acreedores fuera del marco de la quiebra de la aseguradora AIG. La inmensa mayoría de los propios responsables de la estafa admite que la cosa no fue muy transparente, pero se excusa con el latiguillo de que de otro modo hubiera caído el sistema financiero. El jueves 28 de enero, el Senado de los Estados Unidos reeligió al presidente de la Reserva Federal, lo cual constituye una absolución a quienes participaron del rescate de AIG. Para lograr la reelección de Ben Bernanke, el magnate Warren Buffet declaró otra vez que, de lo contrario, se caería el sistema financiero. O sea que la normalidad de los carriles no sigue pruritos legales, aunque se jueguen casi 70 mil millones de dólares, sino que depende de cuán funcionales son al salvataje del capitalismo. Como Pino no se inscribe en ninguna corriente que quiera abatirlo, deberá reconocer que el rescate del capital es un carril definitivamente normal y una “política de Estado”. Las mismas razones invocaron los Cavallo, Martínez de Hoz, Menem, Kirchner (cuando privatizó el Banco de Santa Cruz para resolver –alegó él– la crisis fiscal de la provincia); la lista es larga. Kirchner, precisamente, creyó oportuno recordar que la democracia, en 1983, legitimó la deuda. O sea que la democracia vino para pagar la deuda externa. La Convención Constituyente de 1994 ratificó –con el voto del Frepaso y de Pino, pero el rechazo del obispo De Nevares– la legitimación producida once años antes. La mitad de la legislación vigente, que el Estado democrático está obligado a hacer efectiva, fue dictada por los gobiernos militares. ¡Vaya si la democracia legítima! Segundo: no existe una deuda externa argentina ‘legítima’ en lo que se refiere a la contraída o garantizada por el Estado con bancos u operadores financieros. Es ilegítima incluso la contraída con el BID o el Banco Mundial, pues, en un caso, se destinan a financiar proyectos en pesos –más allá de su carácter privatizador– cuando el Estado argentino puede conseguir créditos en pesos dentro del país. Si se trata de obras de infraestructura, se impone la condición de que la dirección del proyecto sea trasnacional. La deuda pública argentina con el exterior es, al día de hoy, el resultado de sucesivos refinanciamientos, o sea que se trata de intereses acumulados o capitalizados. O sea que estamos ante un caso de usura y de confiscación colonial. Algunos defensores de la posición de Pino no perciben que al convertir la deuda externa en un problema judicial, la transforma en un delito privado (con participación de funcionarios públicos), lo cual la vacía de su contenido social. Es lo que hace regularmente la politiquería burguesa en otros asuntos, para escamotear la función del capital o del Estado en el proceso de la producción social. A Pino se le escapa también que el repudio a la deuda externa se ha transformado en una causa internacional de varios países. Hablando de la carne de cerdo, acaban de aparecer los PIGS (cerdos en inglés); o sea, Portugal, Irlanda, Grecia y España (Spain), que se encuentran en default. La lista es, sin embargo, mezquina, porque olvida a Letonia, Lituania, Ucrania, Islandia, Bulgaria (sin olvidar a Gran Bretaña, que acabará pagando muy caro la pretensión de la City de Londres de querer conservar una primacía financiera internacional). Los ‘cerdos’ difícilmente encuentren un ‘pino’ que pretenda llevar el asunto a la Justicia –¡y vaya si tendrían razones cuando Grecia estuvo escondiendo un déficit fiscal del 13% (y que probablemente sea del 20%), detrás de un módico 3%! Como quiera que la deuda externa griega financia, incluso, el funcionamiento de los hospitales públicos, las consecuencias del default van a ser para hamacarse. Un columnista financiero advierte que no sería suficiente reducir el déficit fiscal griego para salir del atolladero, sino que es todavía más importante serruchar los salarios en un 10%. El consejero en cuestión cuida el bolsillo de sus patrones, por eso se le borró de la pantalla que los sondeos indican que el 75% de los islandeses van a votar contra el pago de la deuda que le dejaron al Estado sus bancos en quiebra (¡por un 50% del PBI!), en un referendo que se hace en pocos días más. Para subirnos a la lucha internacional que genera esta crisis mundial debemos dejar los estrados judiciales (y, por sobre todo, la alianza con lobbystas reconocidos de los pulpos automotrices y la industria sojera, como Juez y Binner, respectivamente) y meterle pata a la acción directa para abolir la deuda externa de todos los países dependientes. A fuerza de trasladar el asunto a la esfera moral, Pino corre el riesgo de caer él mismo en ese pozo, toda vez que está empeñado en una alianza con sectores políticos que reivindican el reconocimiento integral de la deuda pública. Si llegara con ellos al gobierno, acabaría enfrentándose al reclamo de que se presente ante la Justicia para explicar por qué está pagando una deuda usurera.

La patronal del diario Crónica ha recibido prebendas del gobierno. La más gruesa: la transformación de una deuda impositiva de 123 millones de pesos en espacios publicitarios en el diario Crónica. El diario apoya a Cristina, al punto de que ésta lo pone como ejemplo de periodismo.

El gobernador Urtubey está a punto de aplicar un mega-tarifazo al servicio de agua. El porcentaje del aumento aún no se ha definido, pero se sabe que la empresa pretende aumentar su recaudación, de 107 millones de pesos anuales en otros 43 millones que saldrán del bolsillo de los usuarios. Con este tarifazo, el gobierno provincial completa la serie de subas tarifarias, que afectaron primero al servicio eléctrico y después al boleto del colectivo. Por otro lado, los ministros ratifican que no habrá un peso para aumentar salarios. Son las dos caras de una decisión estratégica: que la crisis la paguemos los trabajadores. Con el aumento del agua buscan que los usuarios levantemos la enorme hipoteca que dejaron los millonarios dueños de Aguas de Salta. Los tarifazos han provocado un amplio repudio popular que se manifestó en miles de firmas recolectadas por el PO y por el Centro de Estudiantes de Humanidades, y en movilizaciones para denunciar la estafa de las audiencias públicas. En el caso del transporte, los romeristas, con Javier David a la cabeza (actual diputado y ex ministro de Hacienda de Romero), propusieron entregar a las empresas los más de cien colectivos nuevos comprados por el Estado a cambio postergar el aumento hasta julio. Así, el romerismo completa su "obra de gobierno", que empezó rescatando a las empresas de la Federación de Empresarios Salteños de Transporte de Pasajeros (Festap) con plata del pueblo, comprando micros y pagando parte de los sueldos de los choferes. Según Ulloa, el "defensor del pueblo", que hizo campaña electoral diciendo que se oponía al aumento del gas... el aumento del boleto es "normal", ya que subieron todos los precios... La UCR, en todas sus variantes, se dedica a presentar recursos ante la Justicia, aunque sabe que no van a ninguna parte. Libres del Sur, de Morello, se moviliza pero se niega a romper con el gobierno y adjudica los tarifazos a un "error" de Urtubey. El gobierno apeló a la represión y metió preso a Elvio Torres, militante del Partido Obrero, en la manifestación contra el boletazo, aunque también ha tenido que echar lastre, fraccionando el aumento en dos cuotas y bajando el costo del abono secundario. Es una muestra de que hay que ampliar la movilización unitaria para derrotar los tarifazos.

Durante la campaña electoral, Piñera afirmó que “no tenía claro si la Argentina adhería al modelo representado por Venezuela, Cuba o Bolivia o al que encarnan Brasil, México y Chile”. La pregunta que se impone es qué puede haber llevado al pinochetista presidente electo de Chile a abrir esa cuota de expectativas en los K. Ocurre que dos meses antes, incluso cuando las encuestas marcaban la alta probabilidad de un triunfo del candidato pinochetista, Cristina se apresuró a firmar con Bachelet el acuerdo de Maipú, que supera y amplía los términos de los tratados mineros anteriores, pues proyectan la construcción de dos túneles de interconexión entre ambos países. Uno ferroviario (los vehículos irán en vagones abiertos) a la altura de Mendoza, con un costo de 4.000 millones de dólares, y otro vial en Agua Negra, a la altura de San Juan, por otros 800 millones. El proyecto mendocino está fogoneado por Eurnekian, uno de los empresarios más beneficiados en la era K, además de estar altamente sobrevaluado. Pero no todo son túneles en esta vida. Cristina y Bachelet han cedido a la multinacional Barrick el yacimiento de oro con mayor productividad hoy día del planeta, con un costo de producción que no llega a los 100 dólares por onza, cuando el precio mundial supera los 1.000 y sigue para arriba. El pulpo minero canadiense es el que más viene creciendo en la extracción de oro en el mundo gracias a los K y a Bachelet (comenzó a explotar la mina Veladero, en San Juan, en 2005). ¿Por qué no habría de reconocer todo esto Piñera, que ha proclamado la privatización de la minera Codelco, parcialmente estatal, como uno de sus mayores objetivos? Y para comprobar que no se deja llevar por desvaríos ideológicos, el pinochetista piensa llevar como ministro de Minería al “socialista” Eduardo Loyola, quien se opuso al royalty minero (una fórmula para incrementar las regalías mineras que impulsó el candidato socialista disidente Marco Enriquez-Ominami). El ‘socialista’ Loyola fue ejecutivo del grupo Luksic, el más importante de Chile, con fuertes intereses en la minería. Ya que hablamos de minería, el tratado binacional argentino-chileno, el primero de su tipo en el mundo, no sólo le abrió las puertas a la Barrick. El martes 26, el ministro de Minería de Cristina se reunió con los directivos de Xstrata. Este pulpo suizo-australiano no sólo es dueño de Alumbrera en Catamarca, sino que posee el yacimiento de Pachón (de cobre y molibdeno) en Calingasta, San Juan, sobre la frontera con Chile, que “goza” también de los favores del tratado binacional, sin el cual no podría ser explotado. Y con el cobre retomando sus máximos históricos, ¿cómo no se va a ablandar Piñera siendo que Xstrata es uno de los pulpos que ha invertido recientemente en Chile? Este ‘clima’ de intereses recíprocos no fue interrumpido ni cuando circularon fuertes rumores sobre la designación de un marino pinochetista (Jorge Arancibia Reyes) como embajador en Argentina: el gobernador de San Juan, Gioja, firme aliado K, pero más firme aliado de Barrick y de Xstrata, no vio ningún inconveniente. “De ninguna manera queremos entrometernos en la política de otro país... la relación con Chile va a seguir siendo la misma” ( Diario de Cuyo , 27/1).

El jueves 28, dos compañeros del Partido Obrero nos acercamos a la puerta principal de Terrabusi/Kraft a volantear. Recién comenzada la actividad, llegó un grupo que pertenece al PCR (dos de ellos del grupo de despedidos que quedó en la calle, luego que la mayoría de la antigua Comisión Interna firmara el acta de paz social), entre los que estaban César García y “el Gordo Quique”. Al leer los términos del volante (que se puede leer en tigreesdelpo.blogspot.com ), César García comenzó a increparnos con insultos. Nuestro compañero le contestó que podían discutir los términos del volante una vez que terminara la tarea. El “Gordo Quique” se acercó insultando y le pegó una trompada a nuestro compañero. Ambos ya habían protagonizado actos de agresión a militantes de otras corrientes. La realidad es que el volante pone de manifiesto la impasse del PCR. Ha maniobrado junto a la burocracia para llamar a una elección manipulada de delegados que, finalmente, la patronal no autorizó por temor a un nuevo conflicto. Ese es el trasfondo de la agresión. Nuestros militantes plantearon en todo momento la oposición al acta de paz social que firmó el PCR y llamaron a votar para la Comisión Interna a los que estaban en contra del acta. Es una agresión dirigida a defender la “paz social” con la burguesía y, por lo tanto, a atacar a los que están en contra. Llamamos a los trabajadores de Terrabusi a repudiar estos métodos -lo que ya han hecho- y a sacar las conclusiones que corresponden: ¿con estos métodos defendemos a los despedidos?, ¿atacando a compañeros que estuvieron desde el primer día del conflicto en la puerta de la fábrica y que consolidamos la organización gremial? El eje de nuestra política es que planteamos una Asamblea General para organizar la elección de delegados de sección en forma abierta y defender, mientras tanto, a los que ya han sido electos de cualquier represalia de la patronal y de la burocracia.

El gobierno de Uribe se ha lanzado a redoblar una campaña internacional por la conquista de “100 mil amigos” para su régimen narco-terrorista y paramilitar. El 7 de enero, el ministro de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez, reunió a todos sus embajadores para impartir la orden de impulsar, en todos los países, redes de inteligencia apoyadas en ciudadanos colombianos que viven en el exterior. Desde aquel día, el gobierno colombiano se lanzó con todo, particularmente, sobre dos países: Argentina y Suecia. El 8 de enero, Alvaro García Jiménez, embajador colombiano en nuestro país, envió una carta a la “comunidad colombiana” solicitando informantes (ver facsímil en www.argenpress.info/2010/01/los-colombianos-en-el-extranjero-deben.html ). En la Argentina, la provocación uribista giró en torno a la realización de una proyección de “Farc, la insurgencia del siglo XXI” ( La Nación , 6/1), en el marco de la sección internacional de la tercera Muestra de la Asociación de Documentalistas Argentinos (Doca). Por esos días, Uribe gritaba por los medios colombianos: “¿Quién hace la filmación de las Farc? Y me dicen que por allá hay unos criminales argentinos que les ayudan con esos videos. Nosotros trabajamos con paciencia pero sin pausa a toda hora, a toda hora, para combatir esos criminales”. En Suecia, sobre los refugiados políticos colombianos que poseen medios alternativos, señaló que “a todos, a todos tenemos que acabarlos” ( http://box.net/shared/17x00g9o0i ). Sin embargo, días más tarde, la diplomacia colombiana, típicamente, comenzó a maniobrar. Tanto Bermúdez como Jiménez, declaraban a RCN que los “productores argentinos fueron engañados” o “que se trató de una función privada”. Falso. La respuesta pública de los documentalistas fue clara: “dentro de Doca las posturas sobre la Farc son diversas, pero respecto al gobierno de Uribe entendemos que es: represor, autoritario, que pretende la reelección eterna para garantizar la instalación de bases militares norteamericanas e incrementar así el poder de fuego imperialista contra los pueblos latinoamericanos” ( www.docacine.com.ar ). El gobierno K no reaccionó del mismo modo al ataque uribista a la libertad de expresión y a las amenazas. Los K se acomodaron con acciones y omisiones. Rechazó ceder a Doca un cine del INCAA para una nueva proyección del film, que sirviera de repudio a la injerencia de Uribe y de reivindicación de la libertad de expresión, y no pronunció una palabra sobre el aliento del embajador a sus ciudadanos a constituir redes de inteligencia en su mismo territorio. Luego de un reciente hallazgo, a sólo doscientos kilómetros de Bogotá, en La Macarena, de una fosa común con 2.000 cuerpos desmembrados, muertos y enterrados por los paramilitares y el ejército regular de la “seguridad democrática”, de los cuales varios serían parte de la “multitud de líderes sociales, campesinos y defensores comunitarios que desaparecieron sin dejar rastro” ( Página/12 , 29/1) es necesaria más que nunca la denuncia y la movilización de miles para parar a los masacradores pro-imperialistas en Colombia. En América Latina, para pararlos, nada podremos esperar de los “nacionales y populares”.

Con el despido de Redrado, ‘el cuidado' de las reservas del Banco Central ha quedado en manos de Miguel Pesce -un concertista plural que ha elegido quedarse del lado K y no de Cobos. Los círculos oficiales exhiben un currículo harto limitado del funcionario. Los círculos financieros tienen de él un 'dossier' que luce impecable, pues Pesce, en su calidad de secretario de Hacienda de Ibarra, fue el negociador de la reestructuración de la deuda pública de la Ciudad (Bonos Tango) en 2002. Esa renegociación ha entrado en los anales del curro de la deuda externa a igual título que la estatización de la deuda privada y el plan Brady por parte de Cavallo, en 1982 y 1990, respectivamente. No solamente fue un negociado escandaloso y una violación de normas legales. Hubo, además, una violación del orden constitucional completamente inédita, incluso a nivel internacional -algo que no es poca cosa en la larga historia de manoseo del constitucionalismo moderno. En ese momento, el Estado porteño cargaba con una deuda de 600 millones de dólares. Unos 450 millones correspondían a títulos en moneda extranjera. La porción restante, a títulos en pesos. Los "Bonos Tango" habían sido emitidos por De la Rúa en 1997, en plena crisis asiática, a la tasa usuraria del 11% anual (el doble de la tasa de mercado). Estaban colocados, principalmente, entre las AFJP. El dinero de esos bonos había sido utilizado por De la Rúa para cancelar deudas a proveedores, la mayor parte resultantes de sobreprecios abultados, contraídas por las intendencias menemistas. En lugar de investigarlas, el futuro presidente prefirió convertirlas en un negociado para los banqueros que manejaban las AFJP. La devaluación de 2002 tornó impagable esta deuda usuaria. La deuda pública nacional se encontraba en default y el gobierno de Duhalde ya había encargado a Lavagna su reestructuración a cambio de una quita en el capital. La pulseada con los banqueros se encontraba en un impasse. Ibarra y su secretario Pesce decidieron 'romper' el impasse: renegociaron la deuda porteña sin quitas , o sea respetando la "moneda original" (dólares, euros y liras). Mientras tanto, en el mercado los Bonos Tango se cotizaban al ¡25%! de su valor nominal. El 'progre' Ibarra y su secretario, convertido ahora al fondo K, estaban protagonizando el hecho más lesivo para el patrimonio público desde el empréstito Baring contraído por Rivadavia. En el primer ejercicio real de la autonomía de la Ciudad, se ponía de manifiesto que ella no tenía nada que ver con un reforzamiento de la capacidad de decisión de sus ciudadanos, sino con la posibilidad que ofrecía para esquilmar al padrón de recaudación de impuestos, por habitante, más importante del país. Naturalmente, los intereses fueron renegociados a la baja: del 11% original pasaron a un arco del 7 al 9%. Pero el diablo, como siempre, estaba en los detalles: la tasa de interés internacional también había comenzado a caer como consecuencia de la recesión norteamericana de 2000-2002; por eso, ahora, ese 7-9% triplicaba a la tasa de interés internacional. Ni siquiera esto es, sin embargo, lo principal, porque entretanto el valor nominal de la producción y el patrimonio de Argentina había caído de 300 mil millones de dólares a 100 mil millones -o sea que la carga del capital y de los intereses había crecido un 400% respecto al PBI. El PBI de la Ciudad había caído de 70 mil millones de dólares a 25 mil millones. La deuda era, además, fraudulenta, y la renegociación de Ibarra-Pesce saboteaba el intento del gobierno nacional de reanudar el pago de la deuda con una quita sobre su capital. Este es el currículo del funcionario que reemplaza, provisoriamente, al entreguista Redrado. Ibarra-Pesce entregaron el armado de la negociación a la banca de inversión J.P. Morgan, que cobró para ello una comisión de doce millones de dólares. Para indignación de la izquierda de la Legislatura, pero no para los bloques de la Alianza UCR-Frepaso y Cavallo-Béliz, el J.P. Morgan planteó una inusitada exigencia política: que su propuesta de renegociación fuera aprobada por la Legislatura antes de hacerla llegar a los acreedores. La banca Morgan pretendía, de este modo, evitar cualquier posibilidad de que la Legislatura rechazara cualquier acuerdo. Pero de acuerdo a la Constitución de la Ciudad, de la Nación y de todas las naciones del mundo, tal cosa es improcedente: el Poder Legislativo debe limitarse a refrendar o rechazar acuerdos firmados por el Ejecutivo -él no puede ser parte de ninguna negociación. El atropello institucional sin precedentes que ejerció el dúo Ibarra-Pesce deja muy atrás al que representan los decretos de necesidad y urgencia, pues éstos se encuentran establecidos en la Constitución (aunque violan la división de poderes de un estado de derecho). De acuerdo a la constitución de la Ciudad, la facultad de realizar acuerdos de deuda está reservada al Ejecutivo. La banca Morgan consiguió que el acuerdo de deuda fuera votado previamente por la Legislatura, antes de ser llevado a Londres para ser ofrecido a los banqueros. Pesce e Ibarra le llevaron a los banqueros un acta de rendición incondicional firmada por todos los poderes del Estado porteño, en un momento de derrumbe social, económico y político de Argentina. En la Legislatura, la izquierda denunció furiosamente este negociado. Altamira calificó al voto legislativo como la "ley J.P. Morgan". ¡Pero los acreedores rechazaron este acuerdo leonino! ¡No se sintieron atados por el compromiso de una ley! ¡Ahora querían que el acuerdo fuera modificado, de nuevo, por una ley! El sometimiento debía ser por partida doble. Es que había en juego unos 150 millones de dólares de la deuda contraída en pesos, que la devaluación había reducida a una cifra mucho más módica - ¡la que hubiera correspondido a una quita del 70%! Bajo la batuta del mismo J.P. Morgan fueron por más. Exigieron "condiciones especiales" para la deuda registrada en pesos, que no había sido incluida en el arreglo. Los usureros internacionales dieron muestra de una 'muñeca' insuperable para negociar: cortar al adversario en rodajas, pues si hubieran metido sus exigencias de entrada para la deuda en pesos, a la Legislatura le hubiera costado más votar la ley. La deuda en pesos estaba en poder de las AFJP y, en especial, en la controlada por el banco Santander. Por eso el negociado pasó a denominarse Morgan-Santander. ¿Pero cómo convertir en dólares a una deuda en pesos, en un país que era víctima de la conversión en pesos de sus ahorros en dólares? Pesce y el J.P. Morgan encontraron la salida: la deuda seguiría en pesos, pero ajustada al crecimiento de la recaudación tributaria de la Ciudad. El oscuro Pesce dibujó así lo que sería luego el acuerdo de Kirchner-Lavagna con los acreedores: la indexación de la deuda por partida doble -a la inflación y al crecimiento del PBI (la recaudación de impuestos está determinada por estos dos factores). El planteo era más usurario que el de una simple dolarización, pues la recaudación impositiva se encontraba en el punto más bajo de su historia como consecuencia de la crisis (el gobierno pensó en imprimir bonos para pagar sueldos). Los acreedores se aseguraron un ajuste fabuloso de esos títulos, teniendo en cuenta la reactivación de los años posteriores y el aumento de los precios, que acompañaron la devaluación. Sólo entre 2002 y 2004, la recaudación de impuestos de la Ciudad creció un 70%. Los banqueros, por lo tanto, lograron más que la dolarización de la deuda en pesos. Es que al momento del arreglo, el dólar se cotizaba a 3,50 pesos y en poco tiempo retrocedió a 3, lo cual se convirtió en un premio adicional, en moneda extranjera, para quienes tenían los "bonos Tango" en pesos. Para pagar esta fiesta, el presupuesto porteño tuvo que dedicarle hasta el 10% de sus ingresos a esta hipoteca usuraria, en beneficio de los bancos Morgan, Santander y otros. La Legislatura volvió a votar esta propuesta, que los banqueros no vacilaron en calificar como "ejemplar", pues obraba como antecedente para la reestructuración de toda la deuda pública del país. Los que buscan la judicialización de los responsables de la deuda externa argentina, deberían incorporar a Pesce (¡y a Ibarra!) (¡y a 55 de los 60 diputados de la Legislatura!) a la lista que integran Martínez de Hoz, Walter Klein o Cavallo. Entre quienes votaron la ley dos veces se encuentran los K Alberto Fernández, Arguello, Santamaría, Enrique Rodríguez, Olivieri, Marta Oyhanarte (ahora ex K), Juliana Marino, los 'progres' Moresi, Puy y Yelicic (estos dos del partido Socialista). Delia Bisutti, hoy en el SI, se abstuvo en la primera votación, y sólo votó en contra en oportunidad de la segunda ley. Dos de los que votaron en contra, la humanista Lía Méndez y el comunista Patricio Echegaray, hoy son defensores fervorosos de K y de Miguel Angel Pesce. Un año más tarde, en las elecciones de 2003, un fundamentalista del reclamo de que se investigue si la deuda pública es legítima, nos referimos a Claudio Lozano, integraría, propuesta de la CTA, las listas para la reelección del 'pescista' Ibarra, para jefe de Gobierno de la Ciudad. Esta historia es el relato de la impostura del gobierno nacional y popular, y de la impresentable trayectoria de los progresistas que pretenden usurpar el lugar de la izquierda en Argentina.

El frigorífico Rioplatense es uno de los más grandes del país, abastece a grandes cadenas de supermercados y es uno de los beneficiados por la Cuota Hilton. Enclavado en el corazón de Tigre, con un plantel de más de 800 obreros, acaba de echar a 78 trabajadores. La excusa patronal es la caída de la producción. El rumor que corre tanto en la planta como en el barrio aledaño al mismo, del que provienen gran cantidad de los trabajadores del frigorífico, es que Constantini vendió la planta y necesita “limpiarla” de gente. La reacción obrera no se hizo esperar y el viernes 29 a la mañana los trabajadores cortaron la ruta 9. Delegaciones de las grandes empresas de la carne de la Zona Norte (Ecocarnes, Patty) y demás empresas (Terrabusi/Kraft, Sealy, VW) se hicieron presentes en el corte. Ante la reacción obrera, el Ministerio se apuró en dictar la conciliación obligatoria, con los trabajadores adentro. En la mañana del lunes 1º, una gran asamblea a las puertas del frigorífico aplaudió el ingreso de los despedidos, quienes retomaron sus tareas. La guardia de los trabajadores deberá estar más alta que nunca, ya que Constantini no va a parar con su idea de los despidos. El período de conciliación obligatoria deberá ser utilizado para reorganizar la lucha en defensa de las fuentes de trabajo. El PO ha propuesto una gran movilización en la puerta de la planta para el viernes 19 de febrero, fecha en que finaliza la conciliación.

En un artículo que apareció en el número 1.161 (24/01/10 al 30/1) de "XL Semanal" del diario "ABC" de España (similar a "La Nación" en orientación ideológica), que se titula "Gripe A, ¿la gran estafa?", habla del escándalo mundial por la acción de la OMS durante la epidemia de gripe A. La OMS anunciaba una gran epidemia de unos 150 millones de muertos en todo el mundo en el caso de la gripe aviar (¿se acuerdan?), más que los que causaron las epidemias de peste negra y viruela en la Edad Media. Hasta el momento murieron 282. Con la gripe A, la OMS volvió a anunciar grandes epidemias y mortandades como nunca vistas. Resultado: 13.000 muertos en todo el mundo. La gripe común estacional mata alrededor de 250.000-500.000 muertos por año en todo el mundo y nadie se alarma. El virólogo holandés Albert Osterhaus es un experto en virus, asesor de la OMS sobre gripe A, gripe aviar, SARS. En un reportaje de la televisión pública holandesa VPRO, se destapó que es accionista mayoritario de ViroClinics, empresa contratada por la muntinacional GSK para investigar sobre la vacuna de la "nueva gripe" A*. Presuntamente, se pudo beneficiar con la venta de 34 millones de dosis encargadas por el gobierno holandés; el ministro de Salud de Holanda es amigo de Osterhaus. La directora general de la OMS, Margaret Chan, afirmó que se limitaron a seguir las recomendaciones del Grupo Estratégico de Consulta (SAGE en inglés). Uno de los asesores es Osterhaus, que además preside el Grupo Europeo de Trabajo Científico sobre la Gripe (ESWI en inglés). El ESWI está financiado por las multinacionales que fabrican vacunas; como Baxter Vaccins, MedImmune, GSK, Sanofi-Pasteur, Novartis, Roche. El periódico danés "Dagblat" también publicó que otros siembros del SAGE y expertos de la OMS reciben suculentas propinas de los laboratorios. Además, la OMS actualmente financia la mayor parte de su presupuesto con los "donativos" de las multinacionales de los laboratorios. La investigadora Alison Katz, que trabajó 17 años en la OMS, denunció en una carta abierta, dirigida a Margaret Chan, la existencia de "corrupción, ineficacia y nepotismo en favor de intereses comerciales". El presidente de la Comisión de Salud del Consejo de Europa, Wolfgang Wodarg, promovió que se investigue la relación entre laboratorios y la OMS. El informe que salga de la comisión podría abrir las puertas a posibles reclamaciones por parte de los gobiernos ante las farmacéuticas. Wodarg cuestiona los métodos de los laboratorios para fabricar las vacunas más rápidamente, los cuales no tienen probada su seguridad aún. Pese a ello, los gobiernos europeos afirmaban públicamente que la vacuna contra la gripe A era segura. "El método tradicional es más sencillo, fiable y barato, pero los laboratorios querían probar los productos que habían patentado", afirma Wodarg. Además "durante la gripe aviar (2005-2006) se definieron los nuevos planes internacionales para asegurar el suministro rápido de vacunas en caso de alerta. Desde entonces, la industria farmacéutica no corre riesgo económico investigando nuevas vacunas porque los gobiernos se comprometieron a comprárselas todas. Y en caso de que se declare oficialmente una pandemia, ¡bingo!". Todo esto nos revela la trama de intereses comerciales que hay detrás de supuestos organismos "independientes", como la OMS, que ayudan a las multinacionales de la salud a hacer caja; no importa el costo humano. Me pregunto, ¿los gobiernos que están en la ONU-OMS no sabían nada de estas tramas al servicio de las multinacionales? Hasta que esas multinacionales no sean expropiadas por la revolución y sean puestas a laburar bajo el control público de los trabajadores para beneficio de la salud y no de las arcas, se seguirá lucrando con la vida. Los servicios sanitarios deben estar bajo control de los trabajadores de la salud para evitar estos engaños. *La gripe A no es nueva. Los mayores de 60 años de Europa ya la padecieron en su juventud-niñez, por eso están más protegidos que los menores de 60 años. Pese a ello, los gobiernos recomendaban vacunar de la gripe A a los ancianos. ¿Sería para justificar las compras millonarias de vacunas?

Guillermo Rozenwurcel, economista de la UBA y de la Universidad de General Sarmiento, ha enviado a sus colegas una propuesta de declaración para defender "la independencia de nuestra autoridad monetaria" ante los decretazos kirchneristas contra las reservas y por la remoción de Redrado. Rozenwurcel dice que la condición para "asegurar la estabilidad macroeconómica" es una "separación tajante de las hojas de Tesorería y de la autoridad monetaria". Las razones para discrepar con Rozenwurcel son varias. En primer lugar, parece no haber notado que la "estabilidad macroeconómica" se encuentra formalmente destruida a partir del rescate de los grandes bancos internacionales por parte de los bancos centrales de los principales países. Solamente Estados Unidos ha creado reservas por más de dos billones de dólares contra la dudosa garantía de los títulos del Tesoro norteamericano y de los activos tóxicos de los bancos. El monto de garantías comprometidas para esos mismos bancos asciende a más de diez billones de dólares, según coinciden las principales fuentes. Como contrapartida de esta emisión espuria de moneda, China, Brasil, Japón y Alemania han acumulado más de cuatro billones de dólares en reservas. Estamos ante una "inestabilidad o desequilibrio macroeconómico" epocal. Las naciones con superávit en cuenta corriente se han visto forzadas a incrementar la demanda de dinero-dólar, con grandes perjuicios para su "estabilidad macroeconómica interna". Han debido emitir moneda local y producir una inflación creciente o absorber esa emisión a tasas de interés superiores a las que paga la Reserva Federal o el Tesoro norteamericano. La deuda del Banco Central de Argentina está pagando una tasa de interés promedio del 14% anual, mientras que el rendimiento de sus reservas no pasa del 0,5%. El doctor Rozenwurcel deberá admitir que una autonomía monetaria tan gravosa está lejos de representar una "estabilidad macroeconómica" y que seguramente constituye una fenomenal confiscación del patrimonio nacional. Lo interesante, si cabe la palabra, es que todo este desquicio internacional fue combinado entre los bancos centrales y sus respectivos gobiernos, incluyendo a Redrado y Kirchner. El relato anterior descubre una trama que la autonomía del Banco Central se empeña en ocultar, a saber: la completa falta de independencia de la autoridad monetaria respecto a la banca privada. No se trata solamente del hecho de que los bancos que forman la Reserva Federal tienen accionistas bancarios, como también ocurre con la Banca de Italia, por ejemplo. En estos mismos momentos, el Senado de los Estados Unidos está auditando al secretario del Tesoro por su responsabilidad en el rescate de la aseguradora AIG, cuando aquél ocupó el cargo de presidente de la Reserva Federal de Nueva York. Ocurre que el señor Timothy Geithner operó en secreto para rescatar a los principales acreedores bancarios de AIG en las vísperas de su derrumbe, comprando sus acreencias a la par. En el affaire se fagocitaron cerca de 70 mil millones de dólares. La operación contó con la complicidad de la Comisión de Valores (SEC) y no podría haber escapado al conocimiento de la FED, antes o después de la quiebra de AIG. La banca central, en todos lados, es un apéndice de los intereses financieros. Lo mismo ha ocurrido en Argentina cuando Cavallo estableció los seguros de cambio para un conjunto de operadores, al mismo tiempo que congelaba la tasa de interés en el 8% anual y producía con ello una enorme salida de depósitos y la consiguiente inflación de demanda, además de la devaluación internacional del peso. Los que compraron el seguro de cambio estatizaron así su deuda externa y quienes habían obtenido crédito local se beneficiaron con una desvalorización enorme de sus deudas. El licenciado Redrado, en su calidad de presidente del fenecido Banco de Desarrollo, avaló una operación similar a fines de los '80. Es de conocimiento general el enorme beneficio que significó la pesificación de 2002 para los llamados 'capitanes de la industria' y el perjuicio enorme para los ahorristas. La devaluación de 2002 fue largamente planificada a espaldas de la población. Esta descripción del funcionamiento de la autonomía de la autoridad monetaria nos lleva al tema del sigilo de las operaciones de la banca central y al secreto comercial. En su sociedad democrática, la ciudadanía desconoce cómo se maneja su patrimonio. Hay operaciones de futuro que son verdaderas bicicletas financieras, que redundan en una manipulación efectiva de la moneda. Tres bancos internacionales están manejando el llamado canje de deuda en default con una total discreción, lo cual constituye un monopolio de información confidencial ('inside trading') que permite jugosos beneficios en las operaciones con títulos públicos. Deberíamos convenir que es necesario abolir el secreto comercial, que las negociaciones monetarias deberían ser públicas y que incluso el directorio del Central, aunque sometido a la representación popular en el Congreso, debería ser electo y revocable por la ciudadanía. No se trata, claro está, de lo que quiere hacer la señora Presidenta -quien pretende manipular la moneda y el patrimonio nacional por medio de decretos de necesidad y urgencia. La discrepancia sobre la autonomía que se desarrolla en la actualidad, entre oficialistas y opositores, es para engañar a incautos, pues Redrado y Kichner han manoteado reservas, sea para pagar al FMI o para financiar una gigantesca salida de capitales (40 mil millones de dólares). El concepto mismo de reservas está mal utilizado, pues se trata de moneda espuria, el dólar, que no tiene garantía líquida, fundamentalmente oro. Por eso, los analistas más serios pronostican un derrumbe de la cotización del dólar y una disparada de la del oro. Ningún enfoque institucional puede remediar una crisis mundial que anida en el sistema de organización de la producción -el capitalismo. Los economistas deberían considerar al capitalismo como una forma histórica transitoria de la organización humana y proceder a su crítica. Solamente así podremos enfrentar las catástrofes económicas y la destrucción del medio ambiente.

El martes 26, la patronal negó a la burocracia y sus abogados el ingreso a la planta, rechazando la elección de delegados por “departamento” organizada por la conducción del sindicato y el PCR. Minutos más tarde, la empresa comunicó oficialmente a la interna que rechazaba la elección por dos motivos. Uno, la existencia de un acta entre el STIA y la patronal, homologada hace diez años, que sustituye la elección de un mayor número de delegados (más allá de los 12 miembros de la Interna) por la elección de congresales del sindicato. Dos, la “inconveniencia” de proceder a una reorganización gremial que no contara también con el acuerdo de la Interna. La Interna, mientras tanto, defiende la elección de delegados que fue realizando sin aval legal ni reconocimiento por parte del Estado y la patronal, bajo el amparo de la resolución de la Corte. Hubo una participación desigual de trabajadores. La elección que estaban armando Daer y la ex Interna de Bogado suponía, a lo largo de tres meses, elegir 18 delegados más. La organización de las secciones estaba arreglada para asegurar la victoria de los rivales de la Comisión Interna. La elección era sólo para candidatos afiliados al sindicato con un año de antigüedad –los afiliados son 900 sobre 2.700 (en la elección de delegados por sector del 2008, jamás reconocida por la burocracia y la patronal, todos pudieron ser candidatos). Pero además, según lo explicó Ramón Bogado, “serían 18 delegados más (elegidos) por departamento. La elección comienza... en los sectores de mantenimiento y elaboración. Continuaría el mes próximo en el departamento de Depósito, Almacenes y luego en el piso de Envasamiento” ( Hoy Nº 1.302, 27/1). El plan agrupaba en forma arbitraria los sectores por departamentos, algo jamás aplicado en la fábrica. Fue recibido con desconfianza y un movimiento de rechazo en el turno noche: este plan de elección dejaba afuera al grueso del turno, con el pretexto de que ya estaban representados por la interna en funciones. ¿Quién le teme a la asamblea general? Ni la burocracia ni el PCR llevaron, naturalmente, este planteo ante una asamblea general. Tampoco lo hizo la Interna, que podría asegurar así el voto de toda la fábrica y la adecuada representación de las secciones. Siempre que puede, defiende su proceder con el argumento del fallo de la Corte, lo cual pone a defender la perspectiva poco clara de un nuevo sindicato. Nuestra posición es defender a los delegados por sección que fueron electos, con desniveles fuertes de participación, bajo la supervisión de la Interna, pero más allá de esto reclamar que decida una asamblea general que también considere la reincorporación de los despedidos, el reclamo para que se pague el bonus de fin de año, todavía impago, y las negociaciones salariales de marzo próximo. Según algunos miembros de la Interna, la asamblea general “no encuentra eco entre los trabajadores”. Eso es difícil de comprender cuando está pendiente el bonus y se acerca el tema salarial. De todos modos, la Interna no la plantea tampoco como perspectiva, en función de prepararla. De repente, el argumento de “la falta de condiciones” se ha transformado en un comodín en muchos lugares con movimientos combativos. Desde diciembre a enero se eligieron 23 representantes de sector en la planta a instancias de la Comisión Interna en funciones, en reuniones más o menos representativas en secciones de la planta, sin que esta iniciativa haya sido debatida y tomada por la asamblea general. El PCR boicoteó esta elección de delegados por sector. Qué política Frustrada, por parte de la patronal, la elección prevista por Daer-Bogado, la Interna salió a denunciar que “Kraft no es quién para intervenir en la organización gremial de los trabajadores” –algo que está muy bien, pero hasta ahora era la Interna la que denunciaba esa intervención de Daer-Bogado. También salió a pedirle al STIA que convoque a asambleas “para discutir con los trabajadores qué medidas tomamos para garantizar elecciones democráticas y no proscriptivas de delegados por sector con candidatos afiliados y no afiliados, tomando en cuenta los sectores reales y sin sectores proscriptos, que nuestro sindicato no convoca desde hace 16 años”. Precisamente, lo que había rechazado hasta ahora. Da la impresión que la Interna hace su reclamo ahora que tiene la seguridad de que la patronal no le va a dar curso. En nuestra opinión, la asamblea general, convocada por la Interna, está más planteada que nunca.

El PO de Catamarca decidió no esperar un minuto para enfrentar las exigencias proscriptivas que impone la “reforma política”. A pesar de las vacaciones y el calor, pusimos manos a la obra en los primeros días de enero. Con la colaboración de piquetes de compañeros del PO de Tucumán, que se renuevan todas las semanas, comenzamos las tareas de afiliación para alcanzar un total de 600 nuevas fichas. En este sentido, dimos una serie de pasos importantes. En veinte días de trabajo, logramos afiliar con la fotocopia respectiva del DNI a unas 350 personas. Los militantes catamarqueños han aportado varias iniciativas originales, como la de concurrir con una murga a dos barrios, donde obtuvieron más de cuarenta afiliaciones. La murga sirvió para llamar la atención y facilitar, luego, la explicación política y la tarea de los compañeros que afiliaban. En las zonas donde se está impulsando la lucha del Polo por los puestos de trabajo, se están convocando asambleas para discutir la afiliación al PO y defender al partido que impulsa la lucha por trabajo genuino. Con estos pasos, nos preparamos para que en febrero se puedan completar las tareas. En el curso de la actividad, pudimos constatar muestras muy grandes de simpatías hacia nuestro partido. Numerosas personas declararon habernos votado el 20 de junio de pasado llegamos al 7% de la votación. La campaña nos está sirviendo también para avanzar en la venta del periódico y de otros materiales, y en un padrón de relaciones que quiere profundizar sus compromisos con el Partido Obrero.

De la dictadura a la democracia, del neoliberalismo al nacionalismo, un hilo conductor recorrió a todos los regímenes y gobiernos de las últimas cuatro décadas: la malversación del presupuesto y de la economía nacional en favor del capital financiero, a través de la deuda externa. Bajo la dictadura, Martínez de Hoz y su "programador" Walter Klein -un agente del Barclays, el Credit Lionnays y otros bancos- usaron a YPF y a otras empresas estatales para desatar un gigantesco operativo de endeudamiento, ejecutado bajo "regulación" del FMI. El Banco Central ni siquiera llevaba un registro integral de estas operaciones de deuda. Con similar furor, la burguesía nacional elevaba la carga de la deuda privada. Pero se trataba de "autopréstamos", con los cuales financiaban la fuga de capitales del país. En vísperas de la devaluación del peso, el Banco Central, bajo la dirección de Cavallo, les aseguró el tipo de cambio, lo que permitió que gran parte de la deuda privada se convirtiera en deuda pública. Como la deuda privada se había contraído con bancos y compañías de seguros que tenían garantías de los países europeos afiliados al Club de París, la deuda entre privados se convirtió en una deuda pública de Argentina con los gobiernos del Club de París. La democracia debutó con el reconocimiento integral de esta malversación, bajo el concepto general de continuidad jurídica del Estado. La democracia se convirtió en garante de los contratos suscriptos por la dictadura. La clase social que lucró con los militares convirtió a la democracia en su propio régimen político. La incapacidad para pagar esta deuda impagable fue el pretexto del que se valieron Menem y Cavallo para canjearla por nueva deuda, ahora en bonos. Asimismo, los depósitos de los ahorristas argentinos en los bancos fueron convertidos también en bonos -lo que implicó una fuerte desvalorización de los ahorros (Plan Brady). Fue el antecedente del 'corralito' y el 'corralón' de 2001/2. Este paquete fue negociado en Punta del Este, en enero de 1990, entre Cavallo y John Reed, entonces presidente del Citibank. Catorce años más tarde, William Rhodes, también del Citi, llegaría a un arreglo con Lula para el pago de la deuda externa de Brasil, que dio luz verde al gobierno encabezado por el PT. Desde 1982, la deuda externa argentina no es otra cosa que una espiral formada por refinanciaciones de vencimientos determinado por la incapacidad de pago. Una suerte de Circular 1050, en referencia al sistema de crédito hipotecario implementado por la dictadura, que capitalizaba los intereses de las deudas por compra de viviendas, que terminaron superando varias veces el valor de la propiedad. A renglón seguido, el gobierno entregó las empresas estatales a cambio de títulos de deuda, a los cuales reconoció el ciento por ciento de su valor de emisión cuando en el mercado se habían comprado a precios que oscilaban entre el 10 y el 25%. En el negociado entraron los bancos internacionales y, en especial, la burguesía nacional -con Techint, Pérez Companc, etc. Lo mismo ocurrió con la privatización de YPF, que fue comprada con deuda por parte de Repsol, que puso como garantía de pago los bienes de la petrolera estatal. Los K formaron la barra brava que apoyó este desfalco. Aun así, la deuda no bajó sino que creció con los nuevos préstamos requeridos por Menem-Cavallo para financiar el presupuesto y, por sobre todo, el enorme agujero que le dejó a la Anses la transferencia de los aportes jubilatorios a las AFJP. La privatización de las jubilaciones se financió con deuda pública. El matrimonio K celebraba estas realizaciones y las votaba en el Congreso con las dos manos. En 1994, una Convención Constituyente -con la presencia de Alfonsín, Carrió, Chacho Alvarez y Pino Solanas- legitimaba estos atropellos y creaba su correlato institucional: los decretos de necesidad y urgencia. Con De la Rúa, la "alianza" radical-frepasista reconoció los fraudes menemistas y luego convocó a su mentor, Cavallo, para organizar un megacanje para refinanciar, o sea con nuevas deudas, la mayor fuga de capitales de la historia, siempre en beneficio de los Techint, Arcor, Pérez Companc y otros. En las vísperas de la cesación de pagos de 2001, la deuda -pública y privada- equivalía a todo el producto bruto nacional. Se estima que el patrimonio de un país tiene un valor equivalente al de su PBI. En las vísperas del 'corralito', Cavallo y Redrado sacaron un seguro para las reservas del país con un consorcio encabezado por el Deustche Bank, a cambio de una jugosa prima. Cuando se produjo el 'default', ese consorcio se negó a pagar el seguro, con el total acuerdo de las autoridades argentinas; para ofrecer una justificación para la ruptura del contrato por parte de ese consorcio, el Congreso argentino vitoreó la declaración oficial de 'default' anunciada por Rodríguez Saá. La deuda tiene también su lugar para los "nacionales y populares", que respaldaron desde sus posiciones oficiales todas las estafas mencionadas. Luego, el "canje" de 2005, incluidos los ajustes por inflación, estableció un valor para los títulos del orden del 60-65 de su precio de emisión, cuando en el mercado se cotizaban a 10 centavos, o sea un 90% abajo. Como la miel, el canje de los K atrajo los 'fondos buitres' a Argentina. Después de las quitas y el default, el "gobierno del desendeudamiento" registra una deuda pública de 145.000 millones de dólares, lo mismo que contabilizaba De la Rúa antes del default. Pero una cifra similar suman los "activos de argentinos en el exterior", o sea, la fuga de capitales. A través de la deuda y de la dilapidación del superávit comercial, el Estado ha financiado esa fuga. La lista de fraudes tiene lugar para uno más: el que están urdiendo Kirchner y Boudou con los bonistas que no aceptaron el canje de 2005. El valor de la oferta oficial por estos bonos podría superar en un 50% a la de 2005, puesto que reconoce los intereses acumulados por estos títulos en los cuatro años que pasaron, e incluso el "ajuste" por crecimiento del PBI. Los bonos que ahora se cambiarán al 52% de su valor nominal fueron comprados por sus actuales tenedores a un valor "chatarra" del 25%, luego de que Kirchner y Lavagna hicieran votar la "ley cerrojo" que prohibía cualquier nuevo canje de deuda. De esta derogación salen beneficiados, de nuevo, los fondos buitres y los 'capitalistas amigos' -los Kirchner, Ezquenazi, López o Werthein, que están al tanto de lo que se cuece arriba. Una clase social en el banquillo La responsabilidad política y penal por el fraude de la deuda se extiende desde los Videla-Martínez de Hoz a los Alfonsín, Menem, De la Rúa, Duhalde o Kirchner. Se los podría condenar a prisión y a la pérdida de sus derechos políticos. ¿Pero esto resolvería la hipoteca ilevantable que representa la deuda pública, originada en la deuda externa, que ahora, además, empapela, en un 40%, las cajas fuertes de la Anses, Pami, Banco Nación y Banco Central -a costa de los jubilados, los contribuyentes y el poder adquisitivo del salario? De ninguna manera, judicializar la deuda pública es una maniobra de distracción para seguir pagando con el consuelo de que sus responsables podrían ir presos, lo cual es improbable porque han pasado los plazos de prescripción. No hay deuda legítima e ilegítima; toda ella es ilegítima y usuraria. Tampoco se trata simplemente de no pagar, porque el ahorro que se obtendría en este caso iría a parar al bolsillo de los capitalistas o a fugar capitales. Es necesario poner el no pago de la deuda externa al servicio de un plan de transformación social del país, para lo cual es necesario el gobierno de los trabajadores. Lo "ilegítimo" y "fraudulento" es el proceso político y social que prohijó la deuda, o sea el régimen democrático burgués con sus jueces inamovibles, sus políticos corruptos y sus fuerzas de represión al servicio del sostenimiento de semejante orden. Pero los que, como Solanas, piden investigar la deuda no quieren que se investigue a 'su' democracia, la que legitimó la deuda y votó regularmente su pago. No quiere poner en cuestión el régimen político -es puro verso electoral-, mucho menos el régimen social. Un proceso de confiscación social masivo, como es la deuda externa, cuestiona los fundamentos de los regímenes que lo ampararon. Por eso, a finales de la década de 1820 puso fin al régimen rivadaviano; en 1890 provocó la Revolución del Parque; en 1982 acabó con la dictadura; en 1989-91 llevó a los asaltos a supermercados y en 2001 al Argentinazo. Los tribunales o una comisión del Congreso son una suerte de noria para un problema que exige una salida de conjunto.

El viernes 5 de febrero, a las 11 horas, frente a la planta, los trabajadores de la ex Bosch convocan a una movilización por la reincorporación de todos los trabajadores. Luego de diez días de ocupación de la fábrica, exigiendo el reingreso de la totalidad de los trabajadores en las condiciones originales, se firmó un acta en el Ministerio de Trabajo de la provincia en la que la empresa ofrece reincorporar a todos los trabajadores. Luego, impidió el reingreso de 30 trabajadores del plantel original, planteando que podrían ser tomados en el futuro de acuerdo “al aumento de la producción”. Entre los 30 están los delegados y quienes participaron más activamente de la ocupación. Una asamblea resolvió presentar una medida cautelar ante la Justicia y una movilización a la UOM San Martín. Una moción para resolver un paro inmediato no tuvo respaldo. El lunes 22 de enero, una marcha de trabajadores a la UOM se retiró del sindicato sin recibir respuesta. En una seccional, donde rige la “ley” del despido hormiga permanente, el inmovilismo de la UOM es total. La patronal puso a los delegados y el activismo afuera de la fábrica para desgastar la lucha. Es necesario un plan de lucha de las organizaciones que intervienen, apelando al bloqueo en la puerta de la fábrica y cortes de calles en la zona.

Con el propósito de conseguir 1.500 afiliaciones en un mes, se lanzó la campaña en Salta. A un promedio de 40 afiliados por jornada, reunimos las primeras 150 fichas, el número se duplica con aquellos que manifiestan su voluntad de afiliarse e incluso completaron las fichas, aunque no portaban el DNI (que debe ser fotocopiado y adjuntado). Al menos en la mitad de los casos, los afiliados manifiestan un apoyo explícito a la acción del Partido, de sus bancadas y, en definitiva, a nuestra oposición política popular consecuente en la provincia. La campaña se realiza en simultáneo con una movilización contra los tarifazos de la luz, el transporte y el agua. En las afiliaciones se manifiesta también un apoyo a los derechos electorales del PO y un repudio al gobierno K que parió esta reforma. En el NOA se busca contener una impresionante diáspora en el PJ. Al regreso de los campamentos de la UJS del NOA, se lanzará la campaña en la Universidad, donde está progresando una fuerte corriente de la UJS y agrupaciones independientes. El desafío es conquistar una afiliación masiva entre los miles de ingresantes. En Orán, Tartagal, Campo Santo y Mosconi la campaña llegará fuerte a los ingenios, petroleros, rurales y docentes. Queremos que esta campaña se transforme en un boomerang para la ley proscriptiva y afiance nuestra influencia en las grandes concentraciones de trabajadores de la provincia.

Tal como lo previmos en nuestro primer editorial de 2010, Cleto Cobos tuvo que volver a desempatar. Argentina integra con Islandia y Grecia el primer pelotón de Estados en los cuales la crisis mundial ha derivado en una crisis constitucional. También en esto es candidata al Oscar. A diferencia de lo que ocurrió en el conflicto sojero, esta vez Cobos desempató en favor del gobierno. Ahora, el título de “traidor” que le propinaron en 2008 se elevó a una categoría universal; los radicales protestan porque violó la posición contraria del partido que supuestamente lo llevaría de candidato a la Presidencia en 2011. El voto del vicepresidente, que “no es de aquí ni es de allá”, es un trofeo a la estafa política porque avala la remoción de Redrado por razones que no tienen nada que ver con la oposición de éste al Fondo del Bicentenario para pagar la deuda pública. Peor aún es que Redrado ni siquiera habría intentado resistir a los K si no hubiera recibido para ello un respaldo de Cobos y de los bloques opositores del parlamento. Todos ellos se pronunciaron contra la sustracción de reservas del Banco Central para el pago de deuda pública y dicen que se opondrán a que el decreto de necesidad y urgencia que lo creó pase la criba del Congreso cuando se reanuden las sesiones en marzo. Como dicen los K, el vice Cleto “sacrificó un alfil”, que en ajedrez puede ser el anuncio brillante de un mate imparable. De todos modos, el manotazo no se transformará en ley tal cual lo concibió la Presidenta con su marido, porque necesitará hacer modificaciones que le otorguen una mayoría en alguna de las cámaras del Congreso. Todo esto ha llevado a una degradación institucional que no tiene precedentes, pero no a la que se refiere la infatigable Carrió con su sanata mentirosa sobre la transparencia, que es absolutamente imposible en un régimen burgués –como lo demuestra el secreto que rodea al salvataje de los bancos. Con dos votos de desempate (y todavía habrá un tercero), el vicepresidente se ha convertido en el impensado árbitro político en Argentina, relegando al Ejecutivo a la posición de jefe de una de las fracciones en disputa. Por eso es que Cleto Cobos no quiere dejar el cargo. El voto positivo para los K, que emitió el vice en el caso Redrado, hace aún más patente la dependencia de los K de un subordinado que llegó al lugar sin concurso previo. En la carpeta de los K se amontonan los temas litigiosos que deberán pasar por el Congreso y, eventualmente, por el voto fatídico de su vice: la pelea por Telecom –de la cual depende el gran negocio de la década, que es el servicio de triple play (televisión, telefonía, Internet)–; el destino de Papel Prensa, donde Guillermo Moreno tiene que compartir la sociedad con La Nación y Clarín; la situación de YPF-Repsol, donde los españoles (los accionistas de Repsol-SacyrVallehermoso y la Caixa de Cataluña) quieren vender pero los K no lograron reunir la plata ni los votos legislativos para comprar; el presupuesto 2010, que tendrá que ser revisado como consecuencia de la crisis y de los cambios que habrá en el fondo K. Frente a semejantes negociados, que podrían cambiar la base de la política patronal en Argentina, se yergue el obstáculo del maratonista de los 10 kilómetros, Cleto Cobos, que llegó a vice en la maratón de la borocotización kirchnerista previa al estallido de la crisis capitalista mundial. La descomposición del régimen político luce implacabl; sin embargo, cualquier acuerdo o pacto para llegar a octubre de 2011 tendría un carácter precario y debería ser forzado por una presión inusual de acontecimientos. La crisis constitucional generada por el choque con el Banco Central (sólo falta que la Corte se vea obligada a dirimir el conflicto) fue aprovechada por el centroizquierdismo de Solanas para reclamar una investigación de la deuda externa en la que ellos mismos no creen. Los gobiernos democráticos han sepultado las huellas del crimen en un listado de bonos públicos anónimos que cambian de manos diez veces en una semana en los mercados internacionales. La democracia ha convertido un asunto con posibilidades jurídicas en un tema político al respaldar con su voto y, luego, con la reforma de la Constitución, los delitos de la dictadura y los que luego cometieron Menem (con las privatizaciones), Cavallo (con los megacanjes) y Kirchner-Lavagna (con la indexación de la deuda). El no pago de la deuda usurera se conecta así con la superación del régimen político pseudo-democrático que encubrió su origen y multiplicó cien veces su monto (computando lo pagado). La demagogia barata del centroizquierdismo chocó, sin embargo, con un revés inesperado: sus potenciales aliados se pronunciaron por seguir ‘honrando’ la usura e incluso en favor del Fondo del Bicentenario, que no es un fondo ni va a durar doscientos años. Para añadir un insulto a la injuria propinada por Binner, que apoyó el Fondo K, y Juez, que dice que no, la ex radical Stolbizer le dijo a Solanas que no vale nada un “frente chico”, que hay que hacer oposición con las ligas grandes –o sea la UCR y compañía (lo mismo piensa Binner). Lejos de compartir la idea de que “Pino instaló el tema de la deuda”, lo cierto es lo contrario: lo desplazó a la politiquería jurídica y ha sembrado confusión con sus alianzas políticas inciertas o infieles. La relevancia de subrayar el carácter constitucional de la crisis consiste en que la caracteriza como una crisis de régimen político, o sea de la forma de dominación de la clase capitalista. La relación con la crisis mundial es ahora muy clara con la onda de crisis fiscales desencadenada por los rescates de bancos por parte de los gobiernos y por la caída de la recaudación impositiva provocada por la recesión. La Unión Europea acaba de romper con el frente de países que aboga por continuar con la emisión de moneda, y por lo que el Banco Central Europeo ha puesto fin a la subasta de préstamos a los bancos a tasas del 0,5% anual. Esta medida deflacionaria no hace más que acelerar la crisis en los Estados más endeudados – como Irlanda, España, Portugal y Grecia (más aquellos que ya estaban en la cola, como los del Báltico, Ucrania y el este de Europa), pues sin refinanciación del BCE, los bancos no pueden refinanciar a los Tesoros nacionales. Lo mismo ha empezado a hacer China, desatando una caída en las Bolsas que deberá reforzarse en las semanas próximas. En este marco, la crisis social deberá agravarse más: los desocupados españoles empiezan a dejar de cobrar el seguro al desempleo; los griegos, la atención de los servicios públicos; el FMI exige la reducción de los salarios para evitar el estallido del euro. Europa es ahora el epicentro de la cadena de sismos que forma la crisis mundial. La huelga general en Turquía, un Estado profundamente represivo, es la segunda advertencia luego de la sublevación de la juventud griega a principios del año pasado. Tenemos que trabajar y prepararnos en función de esas perspectivas.

En la mañana del miércoles, trabajadores de la obra Atucha II cortaron la ruta 9 a la altura de Zárate, impidiendo el paso de vehículos por un plazo aproximado de tres horas. Una asamblea de 700 obreros de Techint habìa resuelo el viernes 21 ir al paro. El lunes 25 se sumaron los obreros de Indigo. Los obreros de Techint e Indigo que trabajan en la construcción de Atucha II vienen llevando adelante distintos reclamos desde mayo del año pasado: desde la falta de elementos de seguridad y de higiene hasta la mala atención en los comedores de la obra. Entre junio y julio se estarán finalizando varios de los trabajos que realiza Techint. Por esta razón, los obreros solicitaron a Uocra un adicional de 5 pesos por hora (un total de 40 pesos diarios por trabajador), retroactivo al 1º de enero de 2010, que pasaría a integrar una especie de Seguro de Desempleo, que cada trabajador percibiría hasta tanto consiguiera un nuevo trabajo. El 28, la negariva al pedido derivó en una reacción de los trabajadores reunidos en asamblea y la intervención de la Gendarmería, que reprimió duramente la protesta. "Basta de patotas contra los obreros de Atucha II", reclamaban los trabajadores. A través de un comunicado, el Partido Obrero repudió la situación que se da en Atucha. "El pasado miércoles, los obreros de Techint e Indigo salieron a la huelga por las pésimas condiciones de trabajo. En ese marco fue detenido un grupo de matones, proveniente de San Nicolás, vinculado a la intervención de Gerardo Martínez en la Uocra local. Vienen a amedrentar a los trabajadores y a los delegados que no se 'disciplinan'. Hace apenas unas semanas, fue baleado en Lima un micro con huelguistas de Electroingeniería. También fueron 'apretados' delegados para que no se sumen a la huelga. Incluso fueron heridos trabajadores con armas blancas. "Los matones ingresaban con armas largas al obrador de Atucha, gracias a 'tarjetas de visita' provistas por las autoridades. Fuentes de la propia gendarmería corroboraron esto. Está clara la connivencia de las autoridades de NA-SA y las empresas contratistas. "El Partido Obrero reclama que cese de inmediato esta acción patoteril contra los trabajadores. Que se pronuncien las centrales obreras, sindicatos y organizaciones populares; el Concejo Deliberante y el propio Ejecutivo municipal, que está mudo frente a estos hechos. "Planteamos: -Investigación, juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de esta violencia antiobrera. -Fuera la intervención de Romero y sus 'colaboradores'. Asamblea general para votar una comisión normalizadora que se haga cargo del sindicato y organice las elecciones. -Satisfacción de los reclamos de los obreros de Techint". Los trabajadores protestaron ayer frente al municipio de Zárate (EPIGRAFE FOTO)

En el curso de enero, la lucha para defender la legalidad del PO contra la reforma política proscriptiva ya dio sus primeros pasos. En Salta y Catamarca, la militancia del PO ganó las calles y los barrios para refrendar, con centenares de afiliados, la gran votación que alcanzamos en junio pasado. El mismo desafío comienzan a abordar, ahora, los distritos de Río Negro y Santa Cruz. En la novel regional de Formosa, ya reunimos más de quinientos afiliados al Partido Obrero. La lucha por constituir nuevas personerías ya está en marcha en Córdoba, en Capital, en Tucumán. En estas primeras experiencias de afiliación, encontramos un denominador común: más allá del interés democrático en derrotar a la “reforma” reaccionaria, muchos nuevos afiliados, jóvenes y trabajadores, expresan un reconocimiento político al Partido Obrero y a su lucha. La campaña por la legalidad, en este sentido, es una oportunidad extraordinaria para empadronar simpatizantes, relaciones obreras y luchadores y, por lo tanto, de organización del Partido y de sus agrupaciones. En los primeros días de febrero, el PO ha participado de un recurso de amparo colectivo, junto con otros veinte partidos, contra la reforma y los vetos parciales interpuestos por Cristina Kirchner, que agravaron aún más su carácter proscriptivo. Mientras damos esta batalla jurídica, vamos a reforzar en todos los distritos las campañas de afiliaciones, para derrotar a la reforma y defender el derecho de la clase obrera a su organización política propia.

Al cierre de esta edición, el gobierno anunciaba el nombramiento ("en comisión") de la presidenta del Banco Nación como presidenta del Banco Central. Marcó del Pont se define como 'desarrollista', lo que significa que defiende los intereses del capital industrial, incluido el extranjero que invierte en la industria. Esta circunstancia no le ha impedido poner los fondos que recibe el Nación de las reparticiones del Estado al servicio del pago de la deuda externa. Como desarrollista, Marcó del Pont viene para imprimirle velocidad a la devaluación del peso – una medida que subsidia a la exportación y frena importanciones. Probablemente anime un proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central, para permitirle un rol más activo en la promoción del crédito –como líneas especiales para determinadas industrias o sectores. Son proyectos. Antes deberá encontrar la forma de financiar el pago de la deuda externa, esperar los resultados del canje de deuda en defol y el arreglo con el Club de París, lo cual aumentará la carga financiera sobre Argentina. Políticamente, deberá pasar por la aprobación del Senado, junto con el Fondo K. El gobierno ha hecho un combo con los dos para meter presión, pues denunciaría un desaire del Senado como golpista o desestabilizador. Los opositores parlamentarios serán desafiados en un terreno en que dicen tener la mayoría. Es la prueba de que la crisis político-constitucional prosigue; la intención inicial de meter en el Central al asesor de la banca internacional, Mario Blejer, se quedó sin espacio. El gobierno apuesta todo a que se confirme la previsión de un aumento de las exportaciones y un superávit comercial de 15 mil millones de dólares para 2010. Con una aceleración de la devaluación, el resultado será un incremento de la inflación y de las consecuencias sociales correspondientes.

La primera reunión de la paritaria docente nacional dejó en claro que de parte del gobierno no hay siquiera la intención de dar respuesta a ninguno de los reclamos docentes. La burocracia de Ctera reclamó un piso salarial de 1.900 pesos (que equivale a menos de un 20 por ciento de aumento), que ella misma define como de “pobreza”. Sileoni, sin embargo, lo rechazó de plano. “Es un disparate”, se atrevió. Expuso la línea del gobierno K de la forma más clara, al decir que no tiene intención de discutir porcentajes que luego no pueden trasladarse a los sueldos de las provincias. Planteó que deben adecuarse a la “realidad del país” no sólo los montos sino también los “modos” de percibirlos, lo cual significa desdoblamientos y sumas en negro. También reforzar la parte del salario no remunerativo o en negro, lo que permitiría a los gobernadores manipular sus convenios. Los gobernadores, por su lado, “salieron a advertir que les será imposible replicar un alza de ese tenor en sus terruños” ( Ambito Financiero , 29/1). El mínimo propuesto por la burocracia sindical de Ctera es menor que el de Santa Cruz y significa menos de 50 pesos de incremento para jurisdicciones como Santa Fe, en tanto que en todas las provincias, la mayoría de la docencia ya cobra ese monto (los docentes que inician no llegan al 5 por ciento del total del magisterio). El gobierno y la burocracia sindical celeste reiteran la maniobra de una paritaria no vinculante –o sea que el convenio nacional es un puro pedazo de papel. Sileoni no vaciló en recurrir al apriete: “el día no trabajado –dijo– no se va a pagar” ( El Día , 30/1), anticipando la inevitabilidad de la huelga. Stella Maldonado, secretaria general de Ctera, arrugó: en declaraciones radiales minimizó el enfrentamiento; es del mismo palo K de Sileoni –no le gustaría ponerse el gorro de “destituyente”. En las provincias directamente dirigidas por la burocracia celeste, los salarios docentes de 2009 sufrieron el aumento más bajo de todo el movimiento obrero, un 8,5 por ciento, frente a una inflación estimada para ese año de más del doble. El fin de 2009 fue marcado por huelgas en Córdoba, Río Negro, Catamarca, San Juan, Neuquén, Tierra del Fuego, Capital, Buenos Aires, Santa Fe, etc. Al comienzo de la actual discusión paritaria, según los diarios, los conflictos salariales docentes ya estarían planteados en más de diez provincias. Buenos Aires, distrito estratégico La provincia de Buenos Aires terminó el año con paros masivos y manifestaciones de docentes y estatales. A pesar de la combatividad de los trabajadores, las dos fracciones burocráticas en las que está dividida la CTA (Yasky-Baradel-Suteba, de un lado; De Gennaro-Godoy-ATE, de otro) llevaron la lucha a punto muerto. La disposición a la lucha vuelve a ser, ahora, enorme. Los 300.000 docentes bonaerenses son la tercera parte de los maestros de todo el país – y con los estatales superan el medio millón. En este contexto, la burocracia celeste de Suteba anunció que reclamará en la paritaria provincial un incremento salarial del 25 por ciento, siempre sobre el inicial. La burocracia celeste y el gobierno coincidieron en que la “propuesta nacional” esté cerrada a mediados de febrero, lo que indica que probablemente, al igual que en 2009, se inicie el ciclo lectivo sin finalizar la discusión paritaria nacional. La burocracia celeste ha apoyado el uso de las reservas para pagar la deuda externa, pero no la huelga de la educación. Planteamos: paros progresivos hasta la huelga general hasta arrancar el 25 por ciento. Tomamos la palabra de la burocracia de Suteba-Ctera de un aumento del 25 por ciento para todos los docentes del país. Agregamos: tiene que ser en blanco y al básico, y en todas las categorías. Exigimos asambleas por escuela, por distrito y por provincia para fijar el pliego de reclamos, el plan de lucha y la elección de los delegados paritarios que lleven adelante el plan de acción y la discusión con el gobierno. Llamamos a los trabajadores estatales a coincidir con este reclamo y a actuar en común, superando todos los límites que la burocracia quiere imponerle a nuestra lucha.

Mientras Evo Morales Ayma, con el 40% de público de su primera presidencia, asumía como primera autoridad del nuevo "Estado Plurinacional de Bolivia" el pasado 22 de enero y anunciaba la "muerte del Estado neoliberal y colonial"; la oposición -ahora bautizada, por el mandatario, "originarios contemporáneos"- celebraba y los capitalistas, nacionales y extranjeros, se frotaban las manos. Jindal, la empresa india encargada de la explotación de minas de hierro en Mutún, anunció, acto seguido, que invertirá los 2.100 millones de dólares comprometidos. Días antes, había declarado, en una solicitada, que pospondría inversiones. El enviado de Japón tenía motivos para declarar que las relaciones son "excelentes entre ambos países". La empresa Toyosa, concesionaria de Toyota para Bolivia, "está negociando la importación de vehículos híbridos". Ocho de cada diez vehículos de Bolivia son Toyota, uno de sus mercados más importantes en Sudamérica, pues importa también vehículos de la fábrica de Argentina. Por otro lado, los japoneses destacaron su interés en el litio de alta calidad del Salar de Uyuni -unas 2.000 millones de toneladas, se calcula- cuyo precio "ahora es de 550 dólares". "Una filial de Toyota Argentina se asociará con la compañía minera australiana Orocobre para desarrollar una mina" para la extracción del litio, con una inversión de entre 100 y 200 millones de dólares. "Pero esto es el primer paso... El mineral escaseará en unos diez años..." y se instalarán en Chile y Bolivia (El Deber, 24/1). Los japoneses se adelantaron a sus competidores de Francia, Alemania y Corea. Como si fuera poco, en el Salar de Uyuni se ha descubierto la existencia de potasio, cuya cotización es 20 veces mayor que la del litio, con un costo de producción menor y la obtención más rápida, el cual es demandado por Argentina, Brasil, Venezuela y Perú como fertilizante para la soja. Al sector petrolero privado, Evo le modificará la ley para que las empresas puedan explotar legalmente las tierras de las comunidades aborígenes, con la manifiesta oposición de éstas frente a la contaminación que provocan. Por su parte, Lula ya comprometió honrar los compromisos firmados para la importación de gas boliviano, por los cuales pagarán la diferencia, aunque no consuman el mínimo (take or pay), favoreciendo a las empresas privadas. Mientras tanto, los empresarios privados y productores agropecuarios auguran la continuidad de la "agenda" con los ministerios, para que "se mantenga el nivel de coordinación" y recomiendan "el diálogo y la concertación" (Gabriel Dabdoub, presidente de la Confederación de Empresas Privadas de Bolivia, CEPB) y que "el gobierno del MAS garantice la seguridad jurídica para todos los sectores" (Demetrio Pérez, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo; Anapo) (El Deber, 24/1). Dabdoub aseveró que "el Socialismo es bienvenido". Respondiendo a estos sectores, Evo repitió hasta el cansancio su respeto por la propiedad privada. "No soy enemigo de los ricos", dijo. Estados Unidos puede quedarse tranquilo. En estos días, Evo ha dado sobrados guiños al "imperio". Tres de sus ministros "fuertes" fueron relevados; el canciller Choquehuenca anunció su compromiso de "continuar el trabajo de hacer nuestros lazos más fuertes..." y de tener diálogo "del más alto nivel" (La Razón, 22/1). El autodenominado "bolchevique" Alvaro García Linera, dio un gesto inequívoco al invitar a Jorge "Tuto" Quiroga, el ex presidente, a la ceremonia de asunción en la Asamblea Plurinacional, quien asistió en medio de insultos al Palacio. Linera habría ordenado invitar a "Tuto" porque "mantiene buena relación" con la Embajada de Estados Unidos. Quiroga dijo que "nos preocupa que no se haya avanzado en litio ni en gas" -lo que el gobierno ya había 'corregido'- y, en alusión Chávez y Correa, dijo que "los países fuertes del mercado están en Europa, Corea y Malasia" (La Prensa, 23/1). Es verdad, el litio y el potasio deberán ser vendidos fuera de América Latina A su vez, el observador y representante del Centro Carter en Bolivia, Alejandro Nató, afirmó que "Bolivia soluciona sus conflictos con elecciones". La designación de los nuevos ministros del gabinete del gobierno fue ampliamente criticada por la base social del MAS. La Confederación Nacional de Markas y Ayllus del Qollasullu (Conamaq) denunció que éste "no es un gabinete plurinacional como prometió en Tiawanaku". Evo hizo oídos sordos a los reclamos de los sectores sociales acerca de la inclusión de dirigentes aborígenes en los cargos ministeriales. El vicepresidente había anunciado para Bolivia un horizonte "socialista" y un "Estado integral" gramsciano. En realidad, quiere construir una fiscalidad a partir de las actividades extractivas, o sea un Estado rentista -como siempre fue Bolivia desde los tiempos de Potosí.

Dando continuidad al plan de lucha iniciado hace tres semanas y a lo resuelto en la asamblea con cese de actividades del 13/1, se concretó el paro de 24 horas y la movilización de los profesionales de la Maternidad Sardá el miércoles 20 de enero. Iniciamos la jornada con un acto en las escalinatas del hospital y luego una columna de 200 compañeros marchamos a los hospitales Udaondo, Muñiz y el Ministerio de Salud porteño. El detonante de esta situación fue el no pago de las suplencias de guardias y los módulos asistenciales (sueldos correspondientes al mes de noviembre) a 126 colegas, el 30% de los profesionales de la Sardá. Este no fue un hecho aislado sino un plan mayor del gobierno de Macri que en realidad no pagó los sueldos a más de 2.000 profesionales en 15 hospitales porteños y el Same. Es decir, está en marcha un plan oficial de confiscación del salario de los trabajadores municipales. La Sardá está encabezando un reclamo que afecta al conjunto de los hospitales de la ciudad y es consecuencia directa de la política sanitaria del macrismo de reducción presupuestaria, congelamiento de salarios y vacantes, falta de nombramientos, de insumos, de actualización tecnológica diagnóstica y de remodelaciones edilicias. El macrismo no está solo, el presupuesto aprobado, en diciembre pasado, en la Legislatura de la Ciudad por oficialistas y "opositores" kirchneristas no contempla partidas con incrementos salariales. Han sido cómplices de este atropello, además, las conducciones de Sutecba, ATE y la AMM que no han rechazado este presupuesto, frenan las luchas y transan con el gobierno. El paro y la marcha nos permitieron romper el aislamiento impuesto por la conducción burocrática de la Asociación de Médicos Municipales (AMM), que no participó del acto de la Sardá y se negó a reunir al Comité Ejecutivo para discutir un plan de lucha del conjunto de los hospitales porteños y una marcha blanca a la Jefatura de Gobierno. Establecimos una unidad en la acción con compañeros de otros hospitales que confluyeron con nuestra marcha, incluso con el presidente de la gremial médica del Muñiz, que se sumó con profesionales de ese hospital. También participaron de la marcha trabajadores y profesionales de los hospitales Garrahan, Fernández, Gutiérrez, Penna, Ameghino; esto es fruto de una campaña de reagrupamiento del activismo opositor en el gremio médico. Los compañeros de la Sardá han iniciado el camino, mantenemos el mandato de asambleas semanales con cese de actividades y el reclamo de aumento salarial del 30%, convocatoria a paritarias con delegados electos en asambleas, cobertura de vacantes y efectivización automática de todos los cargos concursados, 82% móvil para los jubilados, provisión de insumos y tecnología, triplicación del presupuesto de salud.

En la jornada del pasado martes 26, confluyeron todos los movimientos que luchan por trabajo en el país. La movilización pone de relieve la profundidad del problema de la desocupación, el trabajo en negro y precarizado en el país. Han pasado más de seis meses desde que Cristina anunciara el plan “Argentina trabaja” y la mayoría de los inscriptos por las organizaciones piqueteras no logramos, siquiera, saber si efectivamente hemos sido inscriptos. Las demoras, dilaciones y cambios sirven a un intento del gobierno por excluir a los desocupados organizados. Hacia fines de 2009, luego de las movilizaciones, cortes y acampes en la 9 de Julio y frente a Plaza de Mayo, el gobierno había aceptado inscribir a una parte de los desocupados, excluidos por los punteros oficialistas. Se ha creado una gran crisis, puesto que más de 12 mil de desocupados están afuera del programa. Llegando al fin del mes de enero, el gobierno dice que cada inscripto tiene que ir a una mesa de información en el municipio a ver su situación. Es un intento de desorganizar a los compañeros y colocar un nuevo obstáculo. La semana pasada, la intendencia de Morón ( Crítica , 21/1) denunció que 250 inscripciones fueron alteradas por la mano del ministerio. El municipio de La Matanza estableció una pre-inscripción abierta, pero se reserva el derecho de elegir a quienes efectivamente entrarían. La respuesta del movimiento piquetero fue contundente. Salimos a las rutas y calles en 21 provincias. Acordamos como programa: 1) inscripción al programa Argentina trabaja en todos los distritos del país de forma pública y transparente; 2) asignación inmediata de tareas y cobro en febrero de todos los desocupados inscriptos; 3) plan de obras públicas y viviendas populares sobre la base del no pago de la deuda externa y un impuesto extraordinario a los grandes empresarios y multinacionales, 4) prohibición de despidos y suspensiones; reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario; subsidio universal al desocupado igual a la canasta de pobreza; asignaciones familiares universales, financiadas con aportes patronales. Las concentraciones tuvieron particular fuerza en Buenos Aires, Tucumán, Chaco, Jujuy y Rosario. Aquí sufrimos la represión de la policía provincial del ‘socialista’ Binner. En Eldorado, Misiones, la movilización del Polo Obrero fue una virtual pueblada; 500 trabajadores manifestaron frente al municipio y generaron un movimiento inédito en la localidad.

Desde hace un par de meses, cuando un tribunal anuló una ley que le garantizaba inmunidad jurídica, el eje de la crisis política italiana son las causas judiciales abiertas contra Berlusconi. El gobierno de derecha, los jueces y la oposición de centroizquierda se acusan mutuamente de "utilización política" de las leyes, los decretos y los procesos judiciales -y es indiscutible que no les falta razón. Ante la permanente impasse de la centroizquierda y la incapacidad de los "moderados" de la coalición de derecha de armar una alternativa, en las últimas semanas la iniciativa pareció volver a manos de Berlusconi. El primer ministro intentó aprovechar los incidentes que ocurrieron a principios de año en un pequeño pueblo del sur del país -donde miles de inmigrantes africanos debieron huir ante la persecución de bandas racistas amparadas por la mafia y las fuerzas represivas- para salir de la crisis política con una línea fascistizante. En la pelea interna que mantiene con Gianfranco Fini, que coquetea como candidato para un eventual recambio de gobierno, Berlusconi utilizó la crisis para reforzar su posición y acercarse a la Liga Norte, el elemento más derechista de la coalición gobernante. El asunto dejó mal parado a Fini, quien es consciente de que abandonar a Berlusconi sin contar con un apoyo sólido entre las filas de la desdibujada centroizquierda implicaría poco menos que un suicidio político y, sobre todo, cuando faltan dos meses para unas elecciones regionales que difícilmente gane la oposición. La consecuencia fue el armado de un precario acuerdo con el primer ministro y la aprobación en el Senado de una ley que estipula la prescripción de aquellos juicios que no cuenten con una resolución dentro de un determinado período de tiempo. El objetivo, claro está, es que así quedarían automáticamente prescriptos los dos procesos que implican a Berlusconi; aunque en la volteada cayeron nada menos que otros cien mil juicios, que quedarán cerrados por el solo hecho de coincidir en los tiempos con los que le preocupaban al premier. Un par de días después, sin embargo, y cuando la ley todavía debe ser aprobada por la Cámara de Diputados, la crisis volvió a estallar. Un tribunal de Milán abrió una tercera causa contra Berlusconi, esta vez por fraude fiscal y apropiación ilícita en una serie de operaciones fraudulentas con los derechos de su cadena de televisión. El mismo día se daba a conocer el procesamiento de 36 dirigentes de la Liga Norte, entre ellos un alcalde y un diputado, acusados por haber formado parte de las bandas parapoliciales conocidas como "camisas verdes", cuyo objetivo era la "subversión secesionista del norte de Italia" ("El País", 25/1). La "judicialización" de la política italiana expresa el empantamiento de un régimen político que presenta una imparable tendencia a la desintegración. En este marco, lo que podría ser el empujón judicial final para terminar de clausurar, con una temporada entre las rejas, la carrera política de Berlusconi se ha convertido en una guerra prolongada entre la "Justicia" y el gobierno. Ya son varios los órganos del imperialismo y los referentes de la burguesía italiana que mostraron su preocupación por estas "batallas jurídicas" que impiden que el gobierno pueda "afrontar la crisis". La precaria tregua entre Berlusconi y Fini más el anuncio de una coalición electoral en la mayoría de los distritos entre el Partido Democrático y el grupo del ex fiscal Antonio Di Pietro expresan el intento de llegar "atados con alambre" a unas elecciones regionales que marcarán el futuro escenario político -además de mostrar el carácter artificial de un "bipartidismo" proscriptivo que quiere imponerse a la fuerza: el Partito Comunista dei Lavoratori, integrante de la CRCI, está dando una lucha por superar las barreras legales y administrativas que se imponen a los partidos sin representación parlamentaria para poder presentarse a elecciones. En uno y otro bando de las alternativas capitalistas no predomina el amor sino el espanto ante la ausencia de una alternativa para el llamado "post-berlusconismo", en el medio de una crisis económica que no afloja y con la amenaza de una clase obrera que empieza a ponerse en movimiento. Luego de la huelga y las movilizaciones en puerta de fábrica que se realizaron en los últimos días, la Fiat anunció que suspenderá a todos los empleados en Italia durante dos semanas y lanzó un lock-out en la fábrica de Sicilia, que pretende cerrar definitivamente el año que viene.

La compra de armas de descarga eléctrica para la flamante “policía metropolitana” ha desatado una nueva reacción popular contra el gobierno PRO. Las pistolas eléctricas Taser X26 adquiridas por el Ministerio de Seguridad “producen una descarga de 50 mil voltios durante cinco segundos, a través del disparo de arpones unidos al arma con filamentos electroconductores” ( Télam , 27/1). Organismos de derechos humanos las calificaron de verdaderas picanas eléctricas. En tanto, la pistola o escopeta Peperball ‘antidisturbios’ dispara a unos 50 metros hasta 180 bolas con un polvo irritante que envuelve a una persona en una nube de ‘pimienta’ que cierra los ojos y las vías respiratorias” (ídem). Si bien el gobierno porteño dice que se trata de armas “no letales”, el uso de estas tecnologías ya causó más de 70 muertos sólo en Estados Unidos y Canadá. Un verdadero prontuario Aunque Fino Palacios se fue, el elenco, los recursos y las armas de la nueva policía llevan su sello. No hay que olvidar los vínculos de Palacios con los servicios de Israel (Mossad), un Estado que ha legalizado la tortura. Ahora, las pistolas eléctricas colocarán en las manos de la policía PRO verdaderas picanas portátiles. Los integrantes de la Metropolitana vienen reciclados de otras fuerzas represivas y más del 90% tiene antecedentes. Sus entrenamientos no son “contravencionales” sino “militares”, como han denunciado organizaciones vecinales. Recientemente, el periódico Miradas al Sur reveló también que una docena de agentes del Servicio de Inteligencia Naval (SIN) infiltraron la Metropolitana. Macri se reunió con la embajadora de Estados Unidos para darle la noticia del equipamiento de la Metropolitana, que espera poder sacar de una vez después de reiteradas postergaciones y crisis. El kirchnerismo se lava las manos Montenegro ha declarado, con razón, que no hay nada novedoso en la tecnología que pretende emplear. Sencillamente, es la extrapolación de la tecnología de punta que emplea la policía de los países imperialistas, aunque está desaconsejada por el Comité contra la Tortura de la ONU y Amnistía Internacional, entre otros. Mientras el burócrata de UTE y legislador del FPV, Tito Nenna, salía a denunciar las “picanas PRO”, el ministro del Interior Aníbal Fernández lo desautorizaba desde Córdoba, al declarar que “yo las conozco, las revisé hace tres años, son herramientas de uso no letal. La Argentina no está todavía preparada para ello, pero no lo veo como una cosa que me quite el sueño” ( La Voz del Interior , 26/1). Los “nacionales y populares” denuncian las picanas móviles del macrismo, pero éstas ya son utilizadas desde hace tiempo por la Policía Federal (Geof) y en las provincias de Córdoba (Eter), Buenos Aires (grupo Halcón), Mendoza (GES), Santa Fe (TOE) y en Salta, entre otras. Esta nueva manifestación de barbarie para reprimir la protesta política y social plantea más que nunca la disolución de la Policía Metropolitana.

La campaña hacia el Campamento de verano, que se realizará entre el 12 y el 15 de febrero en San Nicolás, está en pleno ascenso. En el Campamento se darán cita jóvenes de la Capital Federal, la provincia de Buenos Aires y Santa Fe. Una delegación de la Juventud Revolucionaria de Uruguay anunció su presencia. Cuando faltan todavía más de dos semanas, ya hay 400 compañeros anotados. En todos los casos se trata de luchadores destacados del movimiento de la juventud, tanto de las universidades, los colegios secundarios y los institutos terciarios, así como también de muchas barriadas. De todos modos, los objetivos que tenemos hacia el Campamento son aún superiores. Muchísimos compañeros quedan todavía por confirmar su presencia y en muchos otros casos es todavía necesario superar dificultades materiales para que ningún compañero quede sin concurrir. Para esto, la UJS se encuentra movilizada en todas las regionales. Vale señalar que la UJS realizará campamentos como éstos en todo el país. En Córdoba, en las provincias del norte del país como Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Jujuy y Catamarca; en el Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa; en Río Negro y Neuquén; y en otros puntos más alejados de la provincia de Buenos Aires. El objetivo que nos hemos puesto es que, en medio de las vacaciones, podamos reunir 1.000 jóvenes en los cursos de verano de la UJS. El objetivo central del Campamento es la formación política socialista para desarrollar cuadros. Tenemos claro que la lucha contra el régimen capitalista exige esfuerzo y una cuidada preparación. La UJS es una organización socialista, que lucha sobre la base de un programa. Como parte de la campaña hacia el Campamento, la UJS está realizando charlas para divulgar el contenido del Manifiesto aprobado en su Congreso Nacional. Después de un debate decidió que en esta oportunidad el curso de formación esté dedicado al pasado y presente de la clase obrera argentina. Pretendemos estudiar la historia de la clase obrera de nuestro país en conexión directa con la época actual; es decir, analizando también el presente como historia. Quienes luchamos contra la burocracia sindical y contra el bonapartismo K debemos nutrirnos del análisis crítico de la lucha librada por nuestra propia clase. Faltando pocos días para la realización de los campamentos, llamamos a profundizar la movilización de la UJS.

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Cuando el mundo está hablando de Goldstone (por el informe que condena la masacre sionista en Gaza), nosotros hablamos del Holocausto, como si afuera se pudiera desdibujar la impresión. Cuando el mundo habla de ocupación, nosotros hablamos de Irán como si deseáramos olvidarlos. Eso no nos ayuda mucho. El día Internacional del Holocausto pasó, los discursos rápidamente serán olvidados, y la realidad deprimente de todos los días permanecerá. Israel no saldrá bien parada, aun después de la campaña . Anuncio publicitario En la víspera de su partida, el primer ministro Benjamín Netanyahu habló para el sitio web Yad Vashem. "Hay maldad en el mundo", dijo, "La maldad debe ser aplastada desde el comienzo". Alguna gente está tratando de "negar la verdad". Nobles palabras, dichas por la misma persona que el día anterior, no exactamente en la misma frecuencia, profirió unas muy diferentes palabras, palabras de la verdadera maldad, esa maldad que debería ser extinguida desde el principio, la maldad que Israel está tratando de ocultar. Netanhayu habló de la nueva "política migratoria", que es lo maligno por los cuatro costados. En forma malévola, englobó a los trabajadores inmigrantes y a desdichados refugiados -alertando que todos ellos son un peligro para Israel, que bajan nuestros salarios, que peligra nuestra seguridad, hacen de nosotros un país del tercer mundo y nos meten en la droga. Con gran celo ayudó a su racista ministro del Interior, Eli Yishai, quien habló de los inmigrantes como quienes esparcen enfermedades tales como hepatitis, tuberculosis, Sida y sabe Dios qué más. Ningún discurso sobre el Holocausto borrará estas palabras de instigación y difamación contra los inmigrantes. Ningún discurso conmemorativo hará desaparecer la xenofobia que se ha levantado en Israel, no sólo en la extrema derecha, como en Europa, sino totalmente dentro del gobierno. Tenemos un primer ministro que habla sobre lo maléfico, pero que está construyendo un muro para evitar que los refugiados de guerra golpeen las puertas de Israel. Un primer ministro que habla del demonio, pero comparte el crimen del bloqueo a Gaza, ahora en su cuarto año, dejando a un millón y medio de personas en condiciones terribles. Un primer ministro en cuyo país los colonos perpetran pogromos contra palestinos inocentes bajo la consigna "price tag" (ataques a poblaciones palestinas cada vez que el ejército israelí desmantela alguna colonia reputada ilegal, como una forma de presión sobre el ejército), lo cual tiene horrorosas connotaciones históricas, pero el Estado no hace virtualmente nada contra estos hechos. Este es el primer ministro de un Estado que arresta a cientos de personas de izquierda que protestan contra las injusticias de la ocupación y de la guerra de Gaza, mientras que al mismo tiempo otorga perdón masivo a los derechistas, quienes manifiestan contra la retirada. En su discurso de ayer, Netanyahu, al igualar la Alemania nazi con los fundamentalistas de Irán, no hace más que propaganda barata. Es como degradar el Holocausto. Irán no es la Alemania nazi, Ahmedinejad no es Hitler. Igualarlos no es menos espurio que igualar los soldados de Israel con los nazis. El Holocausto no debe ser olvidado, no hay necesidad de compararlo con nada. Israel debe tomar parte en los esfuerzos para mantener su memoria viva, pero debe hacerlo con manos limpias, limpiando el mal en sus propias acciones. Además, no debe levantar la sospecha que está cínicamente usando la memoria del Holocausto para borrar o desdibujar otras cosas. Lamentablemente, éste no es el caso. Qué hermoso hubiera sido si Israel se hubiera tomado el tiempo de examinarse a sí mismo en este día internacional de la conmemoración del Holocausto, mirando hacia adentro y preguntando cómo es que el antisemitismo ha levantado cabeza en el mundo, precisamente el año pasado, el año después de que fueran arrojadas las bombas de fósforo blanco sobre Gaza. Qué hermoso hubiera sido si, en este día internacional del Holocausto, Netanyahu hubiera declarado una nueva política para la integración de los refugiados, en vez de su expulsión, o levantado el bloqueo a Gaza. Miles de discursos contra el antisemitismo no extinguirán las llamas de la Operación Cast Lead (invasión a Gaza), llamas que amenazan no sólo a Israel, sino a todo el mundo judío. Mientras Gaza está bajo bloqueo e Israel se hunde en su xenofobia institucionalizada, los discursos del Holocausto permanecerán huecos. Mientras el mal permanezca endémico entre nosotros, ni el mundo ni nosotros seremos capaces de aceptar nuestras prédicas a los otros, aun si ellos lo merecen.

Por unanimidad (hmmm), la Legislatura porteña aprobó una "ley de urbanización" de las villas 31 y 31 bis. Se trata del reconocimiento legal de la villa de Retiro por parte de todos los partidos que se empeñaron en desalojarla; tuvieron que echar lastre. Votaron una ley que no asegura la real transformación de la villa en barrio ni los derechos de sus habitantes a permanecer en él. La "ley de urbanización" se funda en un proyecto elaborado por profesionales de la Facultad de Arquitectura de la UBA, que "descarta cualquier desalojo forzoso". A pesar del cuadro de hacinamiento que se vive en la 31 y 31 bis, el proyecto presentado sólo contempla la construcción de viviendas nuevas para el 30% de la villa. Para el 70% restante sólo se prevén refacciones. El director del proyecto aduce que "aceptar lo que está en el lugar y dotarlo de lo que carece es mucho más barato que demoler para hacer algo absolutamente nuevo" (Página/12, 18/1). El proyecto rescata los pasillos villeros como parte de una identidad cultural a preservar aunque, con seguridad, sus habitantes preferirían cambiar esa cultura por calles hechas y derechas. En cambio, el proyecto prevé "una avenida y un parque de borde", que le impondrán límites geográficos a la expansión de la villa. Los autores consideran que el proyecto no sería "incompatible con los proyectos más ambiciosos para Retiro"; se refiere a las megatorres u hoteles cinco estrellas. La "urbanización gradual" propuesta constituiría, según ellos, un nuevo "atractor del sitio" (sic); o sea, algo así como un barrio turístico. Lo cierto es que el proyecto descarta cualquier expansión de tierras para la vivienda social, algo indispensable para resolver el actual hacinamiento. O sea que cede al capital inmobiliario las tierras aledaneas a la villa. La ley tampoco resuelve la titularización del suelo y de las viviendas. Para sus limitados objetivos, ni siquiera ha logrado la asignación de un presupuesto, que se postergó para dentro de un año. Los erradicadores que votaron el proyecto aspiran a limitar la expansión de la villa, a la espera de "tiempos mejores" para avanzar contra sus habitantes. La ley contempla la formación de una "mesa de seguimiento" del proyecto, con la participación de delegados de los vecinos. Esta representación plantea, para este año, un proceso de elección de delegados. En ese proceso, necesitamos levantar un programa en favor de la real transformación de la villa en un barrio: -por un censo controlado por los vecinos, para que ninguno quede fuera del derecho a la vivienda. -basta de requisas e intimidaciones del gobierno PRO y de la policía. -Derecho de los representantes electos y los vecinos a modificar el proyecto de urbanización, con la incorporación de viviendas nuevas, apertura de nuevas calles y otras necesidades (servicios sanitarios, espacios públicos). -que las tierras de la villa y aledaneas sean colocadas a disposición de una urbanización social y sin hacinamiento, y no de los especuladores inmobiliarios. -por un cuerpo de delegados por manzana, revocables por asamblea.

El 22 y 23 de febrero se realizará un juicio oral a tres estudiantes y docentes de la Facultad de Arquitectura de la UBA, procesados hace ocho años por el “delito” de protestar contra el arancelamiento de su facultad; o sea, defender la educación pública. La carátula por la cual se los juzgará es “privación ilegítima de la libertad agravada”, en una causa que se originó con la acusación llevada a cabo por el entonces subsecretario académico shuberoffista y actual secretario de Infraestructura de la UBA, Marcelo De Cusatis. El funcionario cargó contra los estudiantes, logrando el procesamiento de los dirigentes de la lucha: Gabriel Trebino (entonces presidente del Ceadig), Sebastián Goldfarb (consejero estudiantil en el 2002) y Lucas Giono (entonces consejero estudiantil y ex presidente del Ceadig, actualmente docente-investigador de la Fadu, consejero directivo por la mayoría del claustro de graduados y miembro de la Comisión Directiva de la AGD-Fadu y de la Mesa Ejecutiva de la AGD-UBA). Luego de haber sido sobreseídos en el año 2004, se reabre la causa a instancias del actual procurador general del gobierno nacional, Esteban Righi, en ese momento abogado defensor de los shuberoffistas. No es casual que tanto las camarillas de la UBA como un alto funcionario kirchnerista estén involucrados, pues este juicio se da en el marco de un proceso de persecución política y criminalización de la protesta social a nivel nacional. Este caso se suma al de los diez dirigentes estudiantiles imputados por defender al CBC de Merlo y cuyo sobreseimiento conquistado fue apelado; a los sumarios en Veterinaria, a la reapertura de las causas por la lucha contra la Asamblea Universitaria del 18 de diciembre de 2006; así, pretenden silenciar y socavar la lucha del movimiento estudiantil y docente. No es casual, en este cuadro, que la elevación a juicio haya sido comunicada cuando culminaba el año y que la fecha del propio juicio sea en febrero, cuando la clases todavía no comenzaron. Así piensan impedir una movilización estudiantil de envergadura. Justamente para superar estas maniobras es necesario una fuerte campaña. En ese sentido, la Fuba y la AGD-UBA ya han lanzado un afiche de denuncia y han sacado un petitorio para ser firmado de manera masiva. En una reunión con organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos realizada en esta semana se votaron nuevas iniciativas de movilización al juzgado y de reunir una cantidad mayor de adhesiones. Todos los esfuerzos deben estar colocados en garantizar una gran movilización al juicio oral los días 22 y 23 de febrero instalando un campamento de protesta frente a los Tribunales, por la absolución y el cierre de la causa.

Después de por lo menos una década y media de estancamiento, el movimiento de la clase obrera de Turquía está dando un gran paso hacia adelante gracias a la acción militante de los obreros de la empresa estatal –ahora privatizada– Tekel, un monopolio estatal de tabaco y bebidas alcohólicas. La resolución y tenacidad puestas en la lucha por los 12.000 obreros de Tekel y sus familias produjo un impacto electrizante en grandes sectores de la clase trabajadora, a pesar de la obstinada resistencia de la dirección de la burocracia de la Confederación General de Trabajadores (Turk-Is), la mayor de Turquía. El origen del conflicto en Tekel es la privatización de la compañía, que se completó a principios de 2009 a pesar de la fuerte resistencia de los trabajadores. La British-American Tobacco, la nueva propietaria, despidió a miles de trabajadores. Tekel es una gran empresa cuyas fábricas están diseminadas por todo el país. Trabajadores de 43 fábricas y de 21 ciudades han dado una resuelta lucha militante. En Ankara, durante 38 días, han estado viviendo en carpas improvisadas en las afueras de los locales centrales de la CGT turca (Turk-Is), en el invierno helado. En un referendo reciente, a pesar de 24 días en lucha, los votos por “sigamos la lucha” alcanzaron una proporción del ¡99,6%!, tanto en Ankara como en las provincias. El ritmo de la lucha fue elevándose por la acción solidaria del resto del proletariado. Por primera vez, la confederación de empleados públicos organizó un día de paro por sector a finales de noviembre. Coincidió con el comienzo de una acción de los ferroviarios estatales. Otros sectores de trabajadores y empleados públicos, especialmente los bomberos de Estambul, también se sumaron. Rápidamente, sindicatos y trabajadores de un amplio espectro fueron dando su solidaridad con los trabajadores de Tekel. Incluso la CGT turca tuvo que declarar, aunque no se implementara consistentemente, una hora de paro todos los viernes. La intransigente actitud del gobierno en la fase inicial jugó a favor de los obreros de Tekel. El feroz ataque de la policía a los trabajadores en el cuarto día de lucha creó una reacción violenta no solamente entre la clase obrera, sino también entre gran cantidad de gente en general. Frente al crecimiento del apoyo a los trabajadores, el gobierno sintió que debía hacer algunas concesiones, pero fueron de naturaleza simbólica. El gobierno de los semi-islamistas (y enteramente neoliberales) del AKP (Partido de la Justicia y el Desarrollo) sabe que no puede acceder a las demandas de los obreros de Tekel cuando tiene en las gateras las privatizaciones de la industria del azúcar y la energía. Sublevación El referendo inició una segunda etapa. Una fuerza de 12.000 trabajadores con sus familias llegó a Ankara y mantuvo una vigilia de 72 horas, que culminó con una manifestación organizada por la CGT. Cerca de 100.000 trabajadores participaron de la marcha, la mayor desde 1999. La multitud cantó constantemente consignas que apoyaban la huelga general. El presidente de la CGT, un tal Mustafa Kumlu, catapultado a esa posición por el gobierno de la AKP, hizo un discurso anodino, que no decía nada concreto acerca del camino a seguir. La indignación que creó esta situación impulsó a los trabajadores de Tekel a subir a la tribuna. Allí comenzó un tire y afloje entre los miles de trabajadores de Tekel y los miles de miembros de grupos socialistas, de un lado, y los burócratas sindicales por el otro. Los trabajadores repetían incesantemente una consigna que originariamente fue la marca de la izquierda socialista: “¡Huelga general, resistencia general!”. Los burócratas, por su parte, trataron de sacar a los trabajadores del podio y lograr su desbande. Finalmente, un sindicalista de la dirección de la CGT turca prometió llevar la exigencia de la huelga general a los órganos directivos. Así se llegó al final de esta inusual sublevación de los trabajadores contra la burocracia sindical. Cualquiera sea el resultado subsiguiente, este solo episodio de la lucha de Tekel ha entrado en los anales de la lucha de clases en Turquía. Fue la primera vez que abiertamente los trabajadores se rebelaron contra la burocracia durante una acción de masas. Esta rebelión alentó a trabajadores de otros sectores y amplió las fisuras entre la burocracia de la Confederación. Ahora, burócratas de todo tipo están hablando de la huelga general. (Es necesario puntualizar que la huelga general está fuera de la ley en Turquía, un país que casi no tiene ninguna tradición en este tipo de acción; entonces, una huelga general es un hecho mucho más explosivo en el contexto turco que en otros países.) Así, en el día 38 de lucha, la CGT tuvo que advertir al gobierno: o hacen algo antes del martes 26 o tendremos que ir a “una huelga solidaria”. Actualmente, se encuentran 140 trabajadores en huelga de hambre, con miles más que desean unirse a ellos pero que son impedidos de hacerlo por médicos y sindicalistas simpatizantes, quienes temen por ellos, después de casi 40 días de agotamiento en el frío de Ankara. El DIP, inmerso en la lucha Iniciativa para un Partido Revolucionario de los Trabajadores (DIP), la sección turca de la CRCI, ha sido parte de la lucha de los trabajadores de Tekel desde el primer día. Fueron impresos tres boletines en miles de ejemplares que se repartieron entre los trabajadores. Los camaradas estuvieron literalmente día y noche con los trabajadores. Se enviaron a Ankara equipos desde otras ciudades durante el referendo, duplicando el número de militantes. El DIP participó en la manifestación de Ankara junto con militantes y simpatizantes de todas partes de Turquía, con un elevado espíritu y de manera disciplinada. A pesar del modesto tamaño de sus columnas, jugamos un importante papel en el tire y afloje entre trabajadores y burócratas. También intelectuales que simpatizan con el DIP lanzaron la “Plataforma de los Intelectuales por la Lucha de Tekel”. La Plataforma fue firmada por cerca de 400 académicos, escritores, etc. Nuestro camarada Sungur Savran fue invitado al canal nacional de televisión para hablar sobre la lucha de Tekel. Sin andarse con rodeos, Savran hizo un ataque frontal a la burocracia derechista de la CGT turca, diferenció su posición de la de aquellos que simplemente trabajan para una concesión que salve la cara a los trabajadores de Tekel, abogando por la generalización de la lucha a todos los sectores de clase y claramente defendió una huelga general. La línea de Savran fue la que el Partido siguió desde el principio. Planteamos la exigencia de la huelga general y una recomendación a los trabajadores para crear un Comité de Resistencia, compuesto por representantes elegidos democráticamente en los 43 lugares de trabajo. La Cuarta Dimensión Turquía ha sido tardíamente sacudida por poderosas contradicciones, que han llevado al país casi al borde del precipicio. Por un lado, la lucha en curso entre las dos alas de la burguesía –el ala dominante laica pro-occidental y la ascendente ala islámica– ha alcanzado proporciones de una guerra política civil. Por otro lado, la guerra kurda de 25 años de antigüedad ha entrado ahora, aparentemente, en una nueva etapa. Hay un peligro de crecimiento del chauvinismo turco contra los kurdos, azuzado conscientemente por el Estado y todas las fuerzas políticas burguesas. Como telón de fondo, por otra parte, se tambalea la perspectiva de que Turquía se acerque a la guerra que conducen los Estados Unidos, sea en Afganistán (donde ya Turquía tiene tropas, pero ninguna misión de combate), en Irak (donde alguna de las anteriores funciones de las actualmente retiradas tropas de Estados Unidos pueden ser ahora entregadas a Turquía), Irán (cuya campaña nuclear armamentista perturba seriamente al ejército laico de Turquía) o Georgia (en su conflicto con Rusia). Esta perspectiva tiene relación directa con la política interna turca y, a su vez, está condicionada por las otras contradicciones. Bajo el estrés de estos tres conjuntos de contradicciones, Turquía se ha convertido en un polvorín. El signo más alentador en la lucha de Tekel es el hecho de que turcos y kurdos están luchando juntos. Tekel tiene fábricas en el dominado oeste del país y en la parte tabacalera y rica del Este poblada por los kurdos (hablando propiamente, en el Kurdistán turco). Al principio, los trabajadores turcos estaban tan infectados, como el resto de los turcos, con una hostilidad hacia los kurdos. Fue precisamente por esta razón que muchos izquierdistas, bajo los efectos de una política de identidad nacional, mantuvieron originalmente distancia con la lucha de Tekel. Nosotros defendimos sin vacilar la idea de la “fraternidad de los pueblos”, como la izquierda de Turquía llama a la solidaridad entre los kurdos y turcos. Esto es precisamente lo que lentamente sucedió. Es ahora un lugar común escuchar a muchos obreros turcos de Tekel decir: “¡Si no fuera por los kurdos, no podríamos haber llegado tan lejos!”. La lucha de Tekel también reordena la sociedad a lo largo de las líneas de clase. Hasta hace un poco, la sociedad turca (que excluye a los kurdos) dividía sus simpatías entre los dos campos de la burguesía. Ahora, una clara posición de la clase obrera está superando estas dos alianzas. Turquía parece estar entrando en un nuevo y prometedor escenario. 21 de enero de 2010

Después de un mes y medio de negociaciones, la paritaria de la fruta de Río Negro (trabajadores de los galpones de empaque) culminó con un laudo ministerial. La mediación del Ministerio de Trabajo estableció un aumento de salario del 16% y un aumento en el bono por productividad (un monto variable según el acuerdo que se haga en cada galpón) del 14%. Los trabajadores reclamaban un aumento del 35%. El arbitraje ministerial se viene sucediendo año a año, cada vez que las negociaciones entre el sindicato y la Cafi (cámara que agrupa a frutihorticultores) “se empantanan”. La dirección del sindicato venía preparando y especulando con la salida del laudo desde hacía al menos un mes. La presión en los galpones se hacía sentir. Cuando la viceministra de Trabajo, Noemí Rial, amagó con convocar a las partes en Buenos Aires, la burocracia se negó, fundamentalmente porque el año pasado, cuando se llevaron la paritaria a la Capital, se desencadenó la ocupación de galpones y el inicio de una huelga histórica de los trabajadores de la fruta. En medio de las negociaciones, un nutrido grupo de trabajadores se autoconvocó en las puertas de la sede del Ministerio, en General Roca, haciéndole transpirar la gota gorda a la burocracia. La aprobación del recurso del laudo se produjo en plenarios de delegados ultraregimentados, sin pasar por asambleas en los galpones y sin conocer el porcentaje que se establecería. Una vez que el dictamen se produjo, la burocracia deslindó responsabilidades en los delegados por aceptar y por no lanzar una huelga que el sindicato nunca preparó. Comentario aparte merece la “opositora” lista Naranja –que dirige las seccionales de Roca, Cipolletti y Cinco Saltos, y es afín al gobierno de Saiz. Los “naranjas” empezaron bravuconeando el pedir un 60% de aumento para, finalmente, ser los primeros en tirar la chancleta ante la Cafi, que ofrecía un miserable 5%. Antes que el apoyo de los trabajadores, estos pichones de burócratas pretenden ganarse la confianza de la cámara patronal... La situación de los trabajadores de la fruta es explosiva. En los últimos meses se produjeron unos 300 despidos y, en todo el gremio, la patronal avanzó con cláusulas de flexibilización laboral (polifuncionalidad, etc.). El Partido Obrero apoyó el reclamo de 35 por ciento de aumento y la reincorporación de los despedidos con un afiche que tuvo repercusión masiva en los galpones, pegatinado en las principales ciudades del Valle. Está planteada la necesidad de impulsar una nueva dirección combativa y clasista en el gremio de la fruta, sobre la base de un programa que plantee el salario mínimo equivalente al costo de la canasta familiar, el pase al básico de todas las sumas en negro, la prohibición de los despidos, la defensa del convenio colectivo y la anulación de todas las cláusulas flexibilizadoras, el respeto de las categorías y la garantía de los días de trabajo.

Nos dirigimos a todos los medios, televisivos, radiodifusión y gráficos. Como representantes de la toma del barrio Smata en Tandil, ubicado en J.B. Justo y Arreyaga, queremos contarles la situación que estamos viviendo. Somos 50 familias con el 70% niños y menores de 15 años, reclamando con pedido urgente en emergencia nacional, a la Ley del niño que dictó nuestra honorable presidenta, la Sra. Cristina Fernández, el derecho de nuestros pequeños, el cual el señor intendente municipal Miguel A. Lunghi no cumple. Estamos desamparados ante los ojos del Ejecutivo, necesitamos un equipo de sanidad urgente, los niños están enfermando, no tenemos agua ni luz, hay pequeños asmáticos sin poder nebulizar, niños con conjuntivitis, chicos brotados, picados por mosquitos, madres embarazadas, hace mucho calor, las cámaras sépticas están rebalzando, no se puede estar con el olor a materia fecal, hay basura, convivimos con alacranes, roedores, ¿Quién puede vivir así? No han venido asistentes sociales que nos apoyen, que nos escuchen, todo ser humano tiene derecho a ser escuchado. Nuestro señor intendente nos dio vuelta la cara, nosotros nos preguntamos para dónde mira, dónde está su Tandil soñado, si a nosotros nos dejó de lado. Somos humildes pero con derechos, sólo pedimos que se nos respete, no somos delincuentes, somos gente de trabajo que lucha por una vivienda digna, pero nuestro presupuesto no alcanza para pagar un alquiler y mantener una familia. Estamos dispuestos a pagar una cuota mínima por las viviendas y por los servicios, no queremos que nadie nos regale nada. Hemos empapelado nuestra municipalidad sin obtener respuesta alguna positiva. Porque nuestro intendente nos niega la luz y el agua, nos gustaría que este señor ponga la mano en su corazón y piense en los más desprotegidos y aún más en los niños. Está muy bien lo que este señor hace con los paseos, sendas aeróbicas, fuentes, plazas y recreación para los niños, esto es sólo para la vista de los turistas, pero en los problemas internos de la ciudad está ausente. Nosotros nos sentimos excluidos de la sociedad, rogamos que alguien nos escuche y se haga algo a la brevedad. Todas las puertas se nos cierran, nos preguntamos por qué, ya que cuando hay elecciones nos ponen un auto a disposición y ahí sí valemos, después somos olvidados como ahora, esto es lo que oculta nuestro señor intendente. Muchas gracias,

Desde que a mediados de 2007 se rompieron las negociaciones entre ETA y el Estado español, se profundizaron las contradicciones y debates internos en la militancia nacionalista vasca, conocida como "izquierda abertzale" ("patriota" en euskera). A la continuidad de la ilegalización y proscripción electoral, se sumó la intensificación de la represión del activismo, que ya alcanza niveles propios de un estado de sitio. A mediados de octubre, la dirección de Batasuna, la ilegalizada formación política de la izquierda abertzale, dio a conocer un documento de debate que fue considerado como el punto de partida de un nuevo intento de apostar por la "vía política" ante la impasse de la lucha armada de ETA (el documento está disponible en español en www.ezkerabertzalea.info). Aunque se define a favor de un Estado "socialista", el documento reproduce las posiciones democratizantes y pro-capitalistas que han caracterizado al nacionalismo radical vasco. Reivindica a los "gobiernos progresistas" de América Latina y señala que con Obama se han priorizado las "salidas negociadas" a los conflictos, además de plantear que un Estado vasco "le abrirá las puertas a la democracia participativa" y que "el sistema político se basará en las elecciones y en base al apoyo logrado en dichas elecciones podrán gestionar los partidos políticos las instituciones". Vuelve a insistir en la búsqueda de apoyos para la independencia dentro de la Unión Europea y el imperialismo, poniendo como ejemplo el surgimiento de nuevos Estados en los Balcanes. Olvida que estos Estados son el producto de la intención imperialista de desmembrar la región y no de una inexistente voluntad de respetar la autodeterminación nacional. No hace falta decir que el imperialismo no tiene la menor intención de desarmar el Estado franquista español -como tampoco lo tiene la burguesía vasca, aunque el documento vuelve a hacerle un guiño a esa burguesía cuando plantea que el principal factor para justificar la independencia es que Euskal Herria es un pueblo "con grandes rentas y recursos económicos". El "abandono de la violencia" La mayoría de los analistas, de todas maneras, dio poca importancia a estos tramos del texto y destacó que lo más importante del documento está en sus críticas a la política de ETA en las últimas negociaciones con el Estado español. Aunque lo hace entre líneas, pone de manifiesto la existencia de un debate interno sobre el balance de la última tregua, que dejó un saldo político muy negativo: más ilegalizaciones y proscripción electoral, más presos y la llegada al gobierno regional de una coalición del PSOE y el PP. El texto señala que "en cuanto al final del alto el fuego, en la cabeza de muchos ha estado rondando la idea de que tal vez se tuvo la misma prisa para terminarlo que para comenzarlo" y plantea que "era la ofensiva política la que había que priorizar", poniendo de manifiesto que la ruptura de la tregua por parte de ETA, a fines de 2006, se produjo en el contexto de una discusión al interior del activismo vasco. El documento no plantea el "abandono de la violencia" ni critica abiertamente a ETA, pero reclama que "la izquierda abertzale debe liderar y compartir una estrategia cimentada exclusivamente en la adhesión popular" y señala que el proceso democrático debe realizarse "sin ninguna violencia ni injerencia externa", en lo que fue considerado por todo el mundo como un intento de recuperar la posibilidad de participación electoral. Varias fuentes indican que uno de los principales responsables del documento es el sudafricano Brian Currin, considerado un "experto internacional" que intervino en los procesos de paz de su país, Ruanda e Irlanda del Norte. Este último país es el caso tomado como modelo por los que quieren repetir en Euskal Herria la experiencia del desarme del IRA. Currin planteó en un reportaje reciente que está "esperanzado" por un inminente posicionamiento de condena de la violencia ( Noticias de Gipuzkoa , 1/11/09). Durante los últimos meses del año pasado, el texto fue debatido en las asambleas y agrupamientos del activismo abertzale y dentro del colectivo de presos. Algunos medios plantearon que desde la dirección de ETA habían surgido fuertes críticas al documento de Batasuna: según el diario Deia (26/10/09), ETA consideró que la dirección del ala "política" de la izquierda abertzale había "perdido la perspectiva", que su estrategia se limitaba a la "ambición política" y que "no ofrecía salidas a largo plazo". A comienzos de enero, El País y otros periódicos españolistas aseguraban que ETA estaba buscando "cortar el debate" ante la evidencia de que los planteos de Batasuna estaban obteniendo una mayoría en las asambleas. A mediados de mes, se dio a conocer un comunicado de ETA que, sin adoptar definiciones tajantes, plantea que "la izquierda abertzale ha hablado y ETA hace suyas sus palabras", aunque "teniendo claro que hay que responder a la represión" ( Gara , 17/1). Varias décadas de frustraciones En las últimas décadas se han producido varias rupturas en el activismo vasco, con grupos que anunciaron el "rechazo a la violencia de ETA" y de una forma u otra se integraron al régimen españolista: desde las más antiguas, como Euskadiko Ezkerra, que se fundó en los setenta y terminó integrándose al PSOE, hasta las más recientes como Aralar, que integra en Navarra una coalición con el derechista PNV. Ese tránsito de las organizaciones "no violentas" hacia un parlamentarismo que se conforma con los marcos de la "autonomía" otorgada por el Estado monárquico lleva a muchos sectores de la juventud independentista a negarse a "repudiar" la "violencia" de ETA, como le exigen los jueces progres de las Cortes franquistas de Madrid y todos sus partidos sin excepción. En la medida en que desde hace años no existe una organización revolucionaria a nivel del Estado español, ni siquiera como perspectiva, la "crítica a la violencia" de ETA por parte de sectores de la izquierda abertzale toma necesariamente el camino de una adaptación reformista a los marcos del parlamentarismo monárquico digitado desde Madrid y no el de una superación revolucionaria del guerrillerismo nacionalista pequeño burgués. La organización socialista de los trabajadores de todo el Estado español es la única que puede dar una perspectiva al activismo abertzale, para terminar definitivamente con la cárcel de pueblos de los Borbones y abrir el camino de la liberación nacional.

Después de cuatro meses de negociaciones, el pasado 19 de enero la británica Cadbury aceptó una nueva oferta de casi 19 mil millones de dólares y será vendida a la norteamericana Kraft Foods. La operación transformará a Kraft en la principal productora de golosinas del mundo y la segunda fabricante de alimentos, sólo superada por Nestlé. La compra generó un fuerte impacto en Inglaterra. Hace varios meses, Kraft había ofertado una suma menor que fue rechazada por el directorio de Cadbury, una tradicional empresa británica que pronto cumplirá doscientos años. El primer ministro Gordon Brown y su ministro de Economía se habían opuesto a la venta y hablaron de su intención de que la empresa siguiera en manos británicas. De poco sirvió: la venta puso de manifiesto el evidente desmantelamiento de la industria inglesa y el creciente proceso de desnacionalización de muchas de sus principales empresas, fomentado por la devaluación de la libra. El discurso de Brown y los laboristas sobre la necesidad de dar un mayor impulso a la "economía real" para salir de la depresión se reveló como un macanazo. Lo que decidió la venta de Cadbury fue la compra de acciones, durante los últimos meses, por parte de "fondos buitres" que fueron caracterizados como "los verdaderos ganadores de la fusión". Según "The Guardian" (19/10), "el directorio de Cadbury se dio por vencido cuando quedó claro que los inversores de corto plazo estaban dispuestos a aceptar la oferta de Kraft". Uno de los financistas de la Kraft es nada menos que el Royal Bank of Scotland, otra joya de la corona imperial, mayoritariamente estatal luego del rescate que lo salvó de la quiebra durante la última crisis. Los anuncios, por parte de Kraft, de que serán conservados todos los puestos de trabajo no fueron tomados en serio ni siquiera por el gerente de Cadbury, que admitió que había puesto en primer lugar a los accionistas y que serían inevitables los recortes de personal (ídem). Sucede que Kraft financiará la compra con un endeudamiento de más de 9 mil millones de dólares y no es difícil deducir que para que todo el negocio sea redituable habrá que reducir costos. El "Financial Times" incluso apuntó que a Kraft no le alcanzará con el ahorro de 625 millones anuales que ya ha sido anunciado por lo que tendrá que aumentar significativamente los márgenes de ganancia para que la operación tenga sentido. Ya se anunció que unos 300 millones de dólares se obtendrán por la fusión de los procesos de logística y transporte de ambas empresas, lo que implica un recorte de personal. Kraft tiene actualmente 98.000 empleados en todo el mundo y Cadbury 45.000, de los cuales sólo el 10% está en Inglaterra. Aunque un vocero de Kraft anunció desde Chicago que "es demasiado temprano para especificar qué va a pasar en cada país en que están Kraft y Cadbury", el asunto no tiene buen aspecto: el mismo gerente admite "que la idea es integrar a Cadbury dentro de Kraft, lo que obviamente implica que en el mediano plazo la empresa británica desaparecerá como tal para convertirse en una unidad de negocios de la estadounidense" (Ambito, 20/1). En Argentina, la fusión colocará a Kraft como el principal competidor de Arcor -para dar pelea tendrá que profundizar la flexibilización que ya ha iniciado en la planta de la ex Terrabusi. Cadbury tiene unos mil empleados en la Argentina, en la fábrica de la ex Stani, en Victoria. Kraft tiene, además de la de Pacheco, otras dos plantas en el país: un molino harinero en Tres Arroyos y una fábrica de bebidas en polvo en San Luis.

En los primeros días de diciembre de 2009, más de 100 familias habitaron las casas aún en construcción de la segunda etapa del barrio Plan Federal II. Los recortes presupuestarios de los K y de los Scioli, sumado al crecimiento de la especulación inmobiliaria (respaldada por una fuerte política en la actividad turística, por parte del gobierno municipal, el intendente M. A. Lunghi y sus concejales (UCR), ha llevado al límite el problema habitacional. Es por ello que estas familias trabajadoras se han visto forzadas, por la suba de los alquileres de un más del 100 por cien y por el incremento de las tasa municipales, a tomar posesión de estas viviendas. Durante este proceso se fue conformando la Comisión de Toma y Posesión, integrada en un primer momento por los mismos vecinos del barrio. Dicha comisión tuvo que enfrentar una tentativa de copamiento por parte de punteros del Movimiento Evita y el Partido Socialista (PS) que intentaron desviar la lucha hacia pretensiones carreristas, mediante sus estrategias de oportunismo punteriles, patoteando a los mismos vecinos que habitaron las casas y que discrepan de los métodos clientelistas. A partir de las divergencias entre estas agrupaciones y los vecinos, es que la Comisión de Toma y Posesión quedó fragmentada en dos. Por un lado, el Movimiento Evita-PS y, por otra parte, los vecinos. Luego de generarse esta división, comenzaron a suscitarse amenazas telefónicas seguidas por hechos de violencia, orquestadas por la facción de la organización K y socialista. A la esposa del referente de los vecinos independientes, le incendiaron su auto. Una semana atrás, otro fue golpeado en la cara por un miembro de la patota K, en plena Asamblea Vecinal. Paralelamente, 50 familias ocuparon las casas sin finalizar del barrio Smata, que tienen un parate desde el año ‘97, y con adjudicatarios inscriptos en los años ‘73-’74. En este caso, desde la burocracia sindical se lanzó una denuncia penal buscando el desalojo de los mismos; el municipio, por su parte, no les habilita la llegada del agua y la luz, en plena connivencia con la burocracia sindical. Con el desalojo, el sindicato espera una reactivación y un nuevo negociado, vendiendo nuevamente los planes de vivienda. Frente a este panorama, el PO junto a los vecinos luchamos y exigimos: • Repudiamos cualquier intento de desalojo o apriete por parte de las autoridades municipales. • Adjudicación inmediata de las viviendas y terrenos a las familias que tomaron posesión. • Reactivación inmediata de la construcción de las viviendas bajo control de los trabajadores. • Impuestos a la especulación inmobiliaria y aumento del impuesto rural. • Por un plan de 5.000 viviendas populares. • Por la apertura del plan Argentina Trabaja.