Prensa Obrera N° 1093

Durante la cumbre de presidentes del Mercosur, Cristina Fernández pidió que se "levante" el derecho de patente de la vacuna contra la gripe A. Rápidamente aclaró que con esta propuesta la Argentina "no intenta desconocer la Ley de Patentes" y que "esto no significaría que se haga gratis ni mucho menos" (Diario Los Andes, 24/7). Como nada puede ser gratis, debemos suponer que la propuesta presidencial apunta a asomar al negocio de la salud a los capitalistas nacionales. En efecto, Lino Barañao, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva se apresuró en destacar que para la producción de la vacuna "no hay laboratorios estatales que tengan la infraestructura necesaria", y que a pesar de que en el Conicet hay gente que está en condiciones de encararla", tendrá que ser "en asociación con empresas privadas nacionales" (Página/12, 18/7). José la Torre, director del instituto César Milstein (del Conicet) sentencia que "si existe la decisión política, la vacuna se puede producir para que esté rápidamente disponible" (ídem). Por otra parte, en cuanto a la gripe estacional, La Torre aseguró que ya lograron "vacunas experimentales que ensayamos en ratones: son efectivas y fáciles de conservar. Ya estarían en condiciones de aplicarse a humanos, pero no contamos con la infraestructura para ensayos clínicos" (ídem). Pero, hasta ahora, el gobierno no ha desconocido el derecho de patente de los laboratorios extranjeros ni se dispone a hacer la inversión correspondiente en el sector de salud. • Triplicación del presupuesto de salud. • Gestión de la salud pública por parte de los trabajadores. • Desconocimiento de la Ley de Patentes, a favor de la investigación y fabricación nacional de medicamentos para todos. • Intervención de la industria farmacéutica, de sus libros y sus costos. Matías K (Farmacia-UBA)

El 22 y 23 de julio se realizó un nuevo paro nacional de los trabajadores de la televisión, dando continuidad a la medida de fuerza realizada 15 días antes con un cese de actividades por 24 horas y una movilización masiva, sin precedentes en el gremio, a la cámara empresarial de televisiónm para exigir un incremento salarial al básico del 25% y una suma fija de 800 pesos para el mes en curso. El salario básico promedio en el convenio del cable se sitúa en los 2.217 pesos (categoría 4) con un pico de 2.722 pesos (categoría 1) para un técnico calificado con capacidad de resolver cualquier problema que contemple la red de servicio. Bastante atrás se encuentran los trabajadores de los canales de televisión y productoras en general, con un salario promedio que apenas llega a los 2.000 pesos de básico en la categoría 6; afrontando además una actualización del sueldo recién en octubre de 2009 según el acuerdo entre la cámara y el Sindicato Argentino de Televisión en la paritaria pasada. La postura de las patronales –el grupo Clarín determina las decisiones de la Cámara– es de total intransigencia; 15% de aumento en tres cuotas no remunerativas. La suma fija de 800 pesos ni siquiera ha sido tratada; gremios como el de telefónicos ya han conseguido 900 pesos de carácter extraordinario para hacer frente al aumento de tarifas y a la devaluación del salario. n sintonía con la propuesta llevada adelante por la agrupación Fibra Obrera en varias empresas, ya ha entrado en debate la idea de un paro que se prolongue por 72 horas y que permita arrancar dichos reclamos. Los trabajadores de la televisión vienen demostrando que no están dispuestos a pagar una crisis que ellos no generaron y que en la lucha por el salario, en el pase a planta de los trabajadores tercerizados y en la defensa de todos los puestos de trabajo está la salida del movimiento obrero en su conjunto. Corresponsal

No responde a nuestra denuncia Al atacar al PO y al Plenario de Trabajadoras (Hoy Nº 1.274), el PCR busca tender una cortina de humo. Sus mentiras son fáciles de desenmascarar. El 11 de junio pasado, una compañera del PO y del Plenario de Trabajadoras, integrante de la Comisión Organizadora de Tucumán, escribió en Prensa Obrera que “el PCR elaboró una declaración y la difundió sin haberla colocado jamás en el temario, sin que se haya ni discutido ni acordado. Sin embargo, el texto (...) lleva la firma de la Comisión Organizadora y ha sido enviado desde el ‘mail’ de esta Comisión. Este acto unilateral es una usurpación de las funciones y atribuciones de esta Comisión Organizadora”. En la declaración trucha, el PCR omite la reivindicación histórica de los Encuentros: el derecho al aborto legal y gratuito. La Comisión Organizadora rechazó esta maniobra y rearmó una declaración que incluye esta demanda. Esta denuncia bien concreta aún espera, ya pasado un mes, la respuesta del PCR. El PCR dice también en su nota que no denunciamos los ataques de la organización fascista tucumana La Barbarie contra el Encuentro. Mienten y lo saben, porque nuestra denuncia (publicada en PO Nº 1.084 del 21 de mayo) motivó un segundo ataque de estos fachos contra nuestra organización, hecho que mereció un pronunciamiento especial de la Comisión Organizadora del 24º Encuentro Nacional de Mujeres. Y en un acto de desesperación, el PCR inventa una historia y dice que nosotras rompimos “la asamblea por el derecho al aborto de Córdoba”, cuando nosotras estuvimos en el lugar y el momento indicado y la impulsamos junto a otras mil mujeres, mientras las militantes del PCR se retiraron a otra esquina con un grupito de 200 mujeres. Dicen en su nota que el PO quiere transformar al Encuentro en “una asamblea del activo”; sin embargo, no podrán encontrar un solo texto de nuestra organización donde se diga semejante pavada. El PCR subestima a las mujeres y pretende ensuciar a quienes queremos un movimiento de mujeres vigoroso y unitario, independiente de la Iglesia, del Estado y de los gobiernos patronales. Prepara una provocación que les permita convertir al Encuentro en una “multisectorial” con la Iglesia, los partidos patronales (ahora los sojeros, antes los kirchneristas). No dejemos pasar estas maniobras, respondamos a la provocación del PCR construyendo el Encuentro desde cada barrio, cada lugar de trabajo y de estudio, para poner en pie un movimiento de mujeres que no permita que las crisis las paguemos nosotras, defendiendo en cada taller nuestro programa contra los despidos, las suspensiones, los tarifazos, los asesinatos de mujeres y las vejaciones cotidianas. Contra las políticas de hambre y miseria, más que nunca: independencia de la Iglesia, un programa de lucha anticlerical y autonomía total del gobierno kirchnerista y de los gobiernos amigos de la Mesa de Enlace que cobija a la CCC y al PCR. Vanina Biasi

Desde las elecciones los acontecimientos se desarrollan vertiginosamente en la provincia. El intento de establecer por ley un fideicomiso con el Banco de Santa Cruz, para financiar el “rojo” del presupuesto, fracasó por la movilización popular y por las contradicciones del propio gobierno. La firmeza del activismo que bloqueó la Cámara contrastó con la orientación de la UCR de permitir la sesión. El método de la acción directa superó al parlamentario y transformó en un triunfo popular lo que hubiera sido una segura derrota en la sesión. Luego de varios días y después de la renuncia del Banco Santa Cruz a participar del fideicomiso, parecía que Kirchner había sellado la suerte de Peralta. Sin embargo, no hay recambios a la vista y ambas fracciones del poder K en la provincia, han debido postergar un desenlace. Ahora se estaría construyendo un operativo de salvataje financiero, con fondos que provendrían del Banco Nación. Esta operación se está llevando adelante sin aprobación parlamentaria, como otra ya realizada con la misma entidad, por más de 400 millones y que salió a la luz con la fracasada sesión del 13 de julio. Peralta ha solicitado a De Vido que se mantenga el ritmo de algunas obras públicas que dependen de fondos nacionales. En medio del tambaleo de Peralta, desde el resucitado Acevedo (que proclama su simpatía por Solanas) hasta el Encuentro Ciudadano se ofrecieron a apoyar a Peralta en la supuesta batalla contra Néstor y Cristina. Por su parte, Costa dio declaraciones a medios nacionales para encubrir las fechorías de Kirchner (y de las suyas propias). Es que Costa no denunció a Kirchner por la compra de terrenos a precio vil en Calafate, porque él mismo fue beneficiario de esta maniobra, no sólo en Calafate sino en Pico Truncado, Caleta Olivia y otras localidades. La familia Costa ha formado parte de la patria contratista santacruceña y su “vocación” política sólo se conoció luego del fracaso de su empresa (asociada a un grupo de EEUU), en obtener áreas petroleras provinciales, que el gobierno direccionó hacia sus amigos más directos: Cristóbal López y Lázaro Báez. Los contratos de prospección de uranio que posee una empresa de Costa, cerca de Las Heras, datan de hace unos 15 años cuando muchos intereses se entremezclaban con la camarilla K. Desmantelar el Estado kirchnerista Desde 1991, Kirchner ha ido moldeando el Estado santacruceño al servicio de la camarilla de aventureros que más tarde llegó al gobierno nacional. En primer lugar, amplió el Tribunal Superior de Justicia (al más puro estilo menemista) para asegurarse una mayoría que luego fue consolidando con la designación de jueces adictos y un consejo de la magistratura. Esto le aseguró impunidad para manipular los fondos de Santa Cruz, en el exterior, durante muchos años. La impunidad se extendió luego a todo el manejo del presupuesto provincial, a la brutalidad de su policía y a casos como el de Varizat. En el plano de las privatizaciones fue el gestor (con la complicidad radical) de la privatización del 51% del Banco Provincia, y acompañó todas las privatizaciones menemistas especialmente en el petróleo y el gas, así también como en la minería donde introdujo una asociación estatal por medio de Fomicruz con algunas empresas. Las reformas políticas más restrictivas (con alguna forma de complicidad radical) fueron la combinación del sistema de diputados por pueblo con la ley de lemas, lo cual le ha venido asegurando holgadísimas mayorías en la Cámara de Diputados (22 a 2 - 20 a 4) que no tienen ninguna relación con los porcentajes de votos obtenidos por el PJ-FVS. A la ley de lemas se le agregó la falsificación de los avales para legalizar sublemas, lo que derivó en un escándalo mayúsculo en 2007. Tampoco vacilaron en aplicar mecanismos de fraude directo como la falsificación de documentos en Pico Truncado en 2007. El acceso al poder nacional en 2003, generó dos nuevas situaciones: a) La emergencia de gobiernos “títeres” dependientes del poder nacional y de la persona de Kirchner, ninguno de los cuales ha logrado completar mandatos. b) La multiplicación a escala colosal de los negociados con la obra pública en la provincia, que han creado verdaderos emporios de empresarios amigos o testaferros. Mientras Kirchner mantuvo el poder gobernó con mano dura, atacó conquistas a través del pago en negro, de los presentismos, de los contratos eternos en negro en el Estado y, en momentos de crisis, de recortes directos del salario. Sus sucesores no pudieron contener la ola de reclamos que se desató y sucumbieron en parte por las presiones de la camarilla y sobre todo por la movilización popular, desde los movimientos de desocupados, pasando por la huelga petrolera de las Heras en 2006 y la gran rebelión docente y popular de 2007. Las elecciones del 28 de junio han puesto en crisis a este Estado al servicio de una camarilla. Han quedado planteadas objetivamente tareas esenciales para desmantelar el régimen kirchnerista: 1. Expropiar sin indemnización los grandes contratistas de obras públicas y organizar una empresa provincial, que asegure trabajo y estabilidad laboral y que sea gestionada por los propios trabajadores y técnicos. 2. Investigar por medio de una comisión popular independiente, los bienes personales de los contratistas, testaferros y miembros del clan Kirchner, a efectos de recuperar los bienes malhabidos para el Estado, especialmente los fondos en el exterior y los terrenos de Calafate. 3. Colocar en comisión a todos los jueces, y que sean elegidos por voto universal y con mandato acotado de tiempo. 4. Abolir la ley de lemas y el sistema de diputados por pueblo, para asegurar la elección directa y proporcional de todos los cargos, así como establecer mecanismos reales de revocabilidad de los mandatos. 5. Desmantelar los aparatos represivos de la policía provincial. 6. Reestatizar el Banco Santa Cruz, sin indemnización y colocarlo bajo control de los propios trabajadores. 7. Caducar los contratos de áreas petroleras, mineras y permisos de pesca, estatizando las instalaciones sin indemnización para colocar las actividades extractivas bajo la gestión obrera. Con este programa de conjunto le damos una salida de conjunto a la crisis política. Además planteamos el aumento salarial acorde a la canasta familiar, la anulación de los tarifazos y la prohibición de las suspensiones y despidos, abriendo innumerables puestos de trabajo para la remediación y el desarrollo ambiental. Miguel Del Plá

Por iniciativa del recuperado Suteba Escobar, se realizó el lunes 20 de julio una jornada de debate sobre la crisis sanitaria que atraviesa el país. Participaron del panel Paula Fazzioli, secretaria general de Cicop Escobar; María Paula Bernachea, secretaria gremial; Ricardo Schiro, de la Cicop de La Matanza, y Claudia Consiglio, por el Suteba Escobar. La actividad contó con la presencia de docentes, estatales, estudiantes terciarios y una delegación de compañeros del Polo Obrero, del Partido Obrero y de la Fuba. Luego de la exposición de los compañeros, se abrió una ronda de debate entre los presentes y se aprobó la moción de formar un comité de crisis, independiente del Estado e integrado por las organizaciones obreras y populares del distrito, para defender la vida de la población y la salud pública. El viernes 24 funcionó la primera reunión del Comité de Crisis, la cual votó la elaboración de un petitorio con los reclamos básicos, como el aumento inmediato al presupuesto de salud y nombramiento de personal, provisión de materiales de higiene y desinfección en cantidad necesaria para todas las escuelas, entrega de alimentos frescos para los comedores escolares y las organizaciones sociales, y la elaboración de un plan de obras públicas (agua, cloacas) que garanticen mejores condiciones de vida en los barrios, entre otras medidas. Se votó, también, la realización de una radio abierta y una movilización al municipio para el jueves 30, con todos estos reclamos. A continuación, reproducimos una breve entrevista a Paula Fazzioli, farmacéutica del Hospital Eril y secretaria general de la Cicop Escobar. -¿Cuál es la situación real de la gripe A en el distrito? -Es similar a la del resto del país. La fragmentación del servicio de salud pública hace que sea difícil intervenir de manera común y que manejemos datos confiables. Tampoco existen programas a largo plazo ni nexos entre los centros de atención primaria (salas municipales) y los hospitales (provinciales). En Escobar hay un caso confirmado y tres decesos sospechosos. El problema es que el Instituto Malbrán se encuentra colapsado y esto genera una gran incertidumbre, ya que los estudios que allí se envían para ser analizados de urgencia pueden llegar demorar hasta 30 días. Mientras tanto, no sabemos si el paciente se encuentra infectado con gripe A u otro virus. -¿Cuál es la situación del hospital? -La situación del hospital es crítica. La gripe A puso de manifiesto el estado de abandono en el que se encuentran los hospitales. No es que los hospitales colapsaron por la gripe, esto ya venía de antes. Nosotros esperábamos que a través de la emergencia sanitaria se titularizara a todo el personal que ya venia trabajando en el hospital en condiciones irregulares, como los becarios, que trabajan en negro. Pero esto no sucedió. Areas como pediatría u obstetricia necesitan más profesionales, lo mismo que enfermería. Aparte, el hospital no contaba con recursos para hacer frente a esta nueva situación. Un hospital tiene que estar preparado para las contingencias y acá tuvimos que reaccionar muy rápido porque nos tomó de sorpresa. -¿Qué pensás de la conformación de este comité de crisis? -Me parece muy positivo. Se vienen tiempos difíciles y hay que entender este agrupamiento como una posibilidad para comenzar a discutir y generar cosas. Hay cambios que necesitamos hacer y creo que es una buena oportunidad para comenzar. Juan Pablo Fateche (www.poescobar.blogspot.com)

Que se expropie A tres semanas del acta firmada ante los ministerios de Trabajo y Justicia de la provincia, Ardiles (el comprador de la quiebra de Cive) no está cumpliendo con el acuerdo: la planta no está funcionando, no ha incorporado a la totalidad de los trabajadores y no se ha reunido con la comisión obrera, que ya había sido elegida en asamblea frente a representantes del Ministerio de Trabajo para fiscalizar la reapertura y el compromiso de pago de haberes adeudados. La lucha de los trabajadores de la fábrica de vidrios, que llevó tres meses de ocupación, movilización y resistencia a desalojos, tuvo como resultado la firma de un acta donde se garantizaba el ingreso total de los trabajadores a la planta, en blanco. La patronal lo único que hizo fue pagarles un adelanto de la quincena a casi la mayoría y llamó a trabajar a menos de la mitad de los trabajadores, dejando afuera al sector que jugó el rol más protagónico en la lucha. Se está trabajando en negro, sin ART, sólo en tareas de “mantenimiento”, ya que no quieren poner a producir la fábrica. Frente a esta situación, los trabajadores de Cive ya se están reuniendo para dar una respuesta a este ataque. La situación ha confirmado las denuncias que los trabajadores realizaron durante todos estos meses: Ardiles es parte del vaciamiento de la empresa y sólo le interesa realizar un negocio inmobiliario en connivencia con funcionarios de Giacomino y el grupo Edisur. Los únicos interesados en poner en marcha la empresa son los trabajadores, como lo demostraron los tres meses de lucha. El Partido Obrero llama a organizar una campaña por el cumplimiento del acta firmada. Si Ardiles no lo garantiza, que la fábrica sea expropiada sin pago, estatizada y puesta a funcionar bajo el control de los trabajadores. Alejandro Roqueiro

En el periódico Hoy del PCR (8/7) hay una nota referida a las intenciones del PO sobre el Encuentro Nacional de Mujeres. Allí, el PCR cita una nota de Prensa Obrera de 1993 (¡!), o sea de hace 17 años, en la que el compañero Daniel Blanco se refiere al encuentro: “Los encuentros son el ámbito que han impulsado un conjunto de partidos patronales y pequeñoburgueses (con el apoyo de algunos gobiernos provinciales), sectores de la Iglesia y de la burocracia de algunos gremios para manipular y encuadrar demagógicamente, el creciente malestar de las mujeres, limitándolas a la discusión o a emitir “sugerencias” a los gobiernos de turno” ( PO Nº 406). “Sin comentarios”, señala Hoy . El Encuentro del año 1993 se realizó también en Tucumán. La caracterización de Blanco era más que exacta: la Comisión Organizadora estaba integrada por fuerzas como el PCR (en aquel entonces PTP), que era parte del gobierno de Palito Ortega. Al periódico del PCR se le olvidó recordar a sus lectores que luego de apoyar a Carlos Menem en el ‘89, pasó a apoyar a Palito Ortega en el ‘91. Y que el Encuentro de Tucumán fue financiado con 21 mil pesos de entonces por el gobierno de “la felicidad ja ja ja ja”. La felicidad para el PCR, porque para las mujeres, aquel gobierno no significó más que hambre, desocupación, miseria para sus familias y mayor opresión. Este retrato del cuadro político que compromete al PCR con lo peor de la política argentina, que hoy lo coloca como pata izquierda de la Mesa de Enlace y la Sociedad Rural, lejos de dejarnos “sin comentarios” nos invita a reflexionar sobre las verdaderas intenciones de esta corriente, que pretende subordinar al movimiento de mujeres a variantes políticas enemigas de nuestros derechos más elementales. Vanina Biasi

Entre la resistencia popular y las internas del poder, se abre paso una profunda crisis en nuestra provincia, agotada por el saqueo de los recursos naturales y por el no menos impresionante saqueo del presupuesto provincial y nacional a manos de los contratistas de la obra pública desarrollada en Santa Cruz. El resultado de la sorpresiva derrota electoral de Peralta es un gobierno sin autoridad política, que pretende llevar adelante una política de ajuste y endeudamiento, mientras lo sabotean desde adentro las tropas kirchneristas puras y crece la resistencia popular, todavía minoritaria, pero potencialmente explosiva. Es en este cuadro que una movilización multisectorial hizo fracasar el primer intento de aprobar el endeudamiento de la provincia y agravó la crisis en el poder. Ahora Peralta intenta retomar la iniciativa con una nueva sesión extraordinaria el 29 de julio. El gobierno se apoya en la burocracia sindical petrolera y de la Uocra. Plantea una “renovada exigencia de inversiones” a las corporaciones petroleras, luego de sucesivos fracasos de las “concertaciones” realizadas antes de las elecciones. Esta alianza con la burocracia sindical parece el último sustento con que cuenta Peralta. La agenda de los trabajadores está signada por tres sectores. En el empleo estatal, el congelamiento de salarios se torna insoportable. En la construcción avanza la desocupación. En el petróleo, la inestabilidad laboral es total y nos aproximamos a una definición, que condiciona directamente la situación de la construcción e indirectamente la situación fiscal de la provincia y el pago de los sueldos. Ante esta situación, el sector más avanzado de la clase obrera provincial, que incluye al Polo Obrero, otros movimientos de desocupados, Empasa y la CTA y ATE de Caleta Olivia, han votado, luego de un masivo acampe, convocar a un Congreso de Trabajadores de la zona norte, con un programa de cinco puntos que incluye la nacionalización del petróleo bajo control de los trabajadores y todas las reivindicaciones pendientes. Es un camino a seguir... al que hay que sumar los reclamos propios de petroleros y obreros de la construcción, e incorporar el reclamo de la expropiación sin pago de las empresas de obra pública y la organización de la misma por administración y bajo gestión de los trabajadores. La importancia del Congreso de Trabajadores reside en la construcción de un núcleo capaz de unir las luchas y darles un desemboque independiente, frente al poder y a las corporaciones capitalistas, tarea que por sus limitaciones políticas no podría asumir la multisectorial. Miguel Del Plá

El “Consejo del Salario” no demoró mucho en ponerse de acuerdo. Lo urgía la crisis política y la presión de las cámaras patronales. El salario mínimo quedó en 1.400 pesos para agosto y sólo en 1.500, a cobrar a principios de febrero de 2010. Tenemos una doble confiscación, porque el aumento de agosto es del 13% contra una inflación del 25% y el de febrero, dentro de siete meses, se lo comerá cómodo la inflación que nos espera. De cualquier modo, el nuevo mínimo está a una considerable distancia de la canasta familiar, valuada en casi 4.000 pesos. ¡Por una vez, las patronales aceptaron los datos del Indek! Lo resuelto por el Consejo demuestra el carácter reaccionario de la operación de ‘diálogo’ que se encuentra en marcha. Su objetivo es desarrollar la agenda de los capitalistas. Hasta la cavernaria Mesa de Enlace, que sigue defendiendo a muerte el trabajo de sol a sol del peón rural y su familia, firmó feliz el nuevo acuerdo. Se trata de una linda manera de ‘calentar los motores’ de la entrevista que tienen prevista con la señora Presidenta. Los partidarios del acuerdo dicen en forma vergonzante que no es necesario menear demasiado el tema, porque solamente afecta a 300 mil trabajadores. Un argumento curioso en un país con millones de precarios y en negro, que ni llegan al mínimo, o cuando las paritarias están congeladas, sobreviviendo con sumas ‘a cuenta’. O cuando hay suspensiones y reducciones de jornada que achican el salario de bolsillo en forma extraordinaria. O cuando asistimos al reclamo de reducción de salarios de la patronal de la siderurgia (Techint) y de la negativa a dar aumentos por parte de la patronal metalúrgica. O cuando se han producido tarifazos de luz y gas. Las burocracias de la CGT y de la CTA han convalidado, en distinta medida y con argumentos diferentes, todo este despropósito. El acuerdo del salario mínimo abre la ruta al Consejo Económico y Social, cuya agenda es la que establecieron las patronales y los banqueros internacionales. La burocracia de la CTA cree que logra disimular su integración al Consejo y su colaboración con esa agenda porque llama a una jornada de movilización. Pero no hay tal movilización cuando se trata de un hecho aislado, decidido en la penumbra desde arriba; es una maniobra de distracción al servicio de una política de colaboración de clases. Nuestra consigna es que la CGT y la CTA rompan con ese Consejo y lancen un plan de lucha. Es la única forma de hacer frente al intento del gobierno y sus ‘adversarios’ de hacer pagar la crisis capitalista a los trabajadores.

En la mañana del 24 de julio, un educador del Hogar Juan XXIII de la Obra Don Orione, que participa en el Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, fue secuestrado por un grupo de desconocidos. Momentos después utilizaron su teléfono celular para enviar intimidaciones y más amenazas. Después de golpearlo y amenazarlo, fue liberado en el barrio porteño de Palermo (mostrando con qué impunidad se mueven por Capital y provincia). No se trata del primer secuestro, sino del noveno ataque desde mayo de 2008. Uno sucedió en La Plata, otro en José C. Paz y todos los demás en Avellaneda y Gerli. Todavía no hubo respuesta de la Justicia ni de los organismos de seguridad, a pesar de que la mayoría de las veces los llamados los hacen desde el mismo celular. Hace unas semanas, habían secuestrado a otra militante (Verónica). La golpearon y manosearon, le dijeron que cuidara a sus hijos y, desde su celular, enviaron mensajes de amenaza a sus compañeros. Cuatro horas después, la dejaron tirada cerca del Hospital Presidente Perón. Uno de los mensajes decía: “Hoy te la dejamos en un hospital. Mañana, no” ( La Nación , 8/7). Los militantes del Movimiento Chicos del Pueblo llevan adelante la campaña que dice que en Argentina mueren de hambre 25 chicos por día, mientras la Presidenta anuncia que nuestro país produce alimentos para 400 millones de personas. El ex ministro de Justicia (actual jefe de Gabinete, ni más ni menos), Aníbal Fernández, visitó Pelota de Trapo y prometió “poner las cuatro fuerzas que dependen del Ministerio” a disposición de la fiscalía para esclarecer los hechos. Nada se cumplió. Pelota de Trapo relaciona los atentados con su campaña “El hambre es un crimen”. Pero Fernández se atrevió a asegurar que estaban equivocados; “Argumentó que le resulta una ingenuidad pensar que los ataques fueron por la campaña”. Como dice Morlachetti (impulsor del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo y de la campaña “El hambre es un crimen”): “Hemos tocado a alguien, a los accionistas de los niños descalzos”. Coincidimos con Morlachetti. Eduardo Guernica

Una columna entusiasta de delegaciones obreras, estudiantiles y organizaciones populares acompañó a los despedidos de Sealed Air a la puerta de la planta, para reclamar la reincorporación de los compañeros cesanteados por no aceptar la rebaja salarial. Entre las delegaciones se encontraban trabajadores del gremio químico y petroquímico, entre ellas de la fabrica Praxair, y de Pacheco y Ferrometal de Avellaneda. Simultáneamente, el plenario de agrupaciones gremiales, políticas y sociales que se viene reuniendo para reclamar soluciones para enfrentar la gripe A, convocó a una movilización al municipio. Denuncia el estado de emergencia de más de 40 mil familias en el distrito y reclama 10 puntos para hacer frente a la gripe A. Entre ellos señalan el reforzamiento de los bolsones alimentarios, una partida presupuestaria extraordinaria para la entrega y suministro de antivirales y que el Estado impulse la producción propia. También solicitan la inmediata participación e incorporación en los comités de crisis municipales.

El caso de Vanesa, la joven rosarina de 24 años que se practicó un aborto con siete meses de gestación, es una dolorosa prueba del grado de barbarie en el que se desbarranca y al que nos arrastra el régimen capitalista. ¿Por qué una joven llega al extremo de abortar un embarazo tan avanzado, en la ilegalidad y sin atención médica? ¿Qué situación la obligó a exponerse a la muerte y a ir presa, a no poder criar a su hijo de siete años? ¿Sabía Vanesa cuántos meses de embarazo tenía, como el juez da por sentado? ¿Alguna vez la controló un médico? La familia dice que ella negaba un embarazo evidente. ¿Por qué? Los acusadores no formulan esas preguntas porque las respuestas desnudan los horribles costos sociales de la miseria, de la opresión, de la maternidad forzada, de la falta de educación sexual, de la ilegalidad del aborto. También son prueba de que la enorme opresión impuesta a las más humildes precipita a algunas a actos de brutal desesperación de los que ellas también son víctimas. ¡Presentar el aborto de dos fetos de siete meses, probablemente viables, como producto de una perversa maquinación individual, es una infamia que sólo intenta absolver a un régimen que impone estas condiciones de vida a las masas! Si hubiera educación sexual y anticoncepción gratuita, miles de jóvenes no llegarían a embarazos no deseados. Si el aborto fuera legal, Vanesa seguramente no hubiera cargado durante meses con la violencia de una preñez a la que -por causas que nadie se pregunta- decidió interrumpir. Nada de esto consideran el juez, los medios de comunicación, los acusadores. Vanesa ingresó al Hospital de Eva Perón con la placenta retenida y hemorragia, y la denunciaron. Es inadmisible: saben que cientos de mujeres mueren por concurrir tardíamente al hospital, justamente por miedo a que las denuncien. Hace sólo unos meses, dos mujeres murieron en Rosario por esta causa. La persecución es sólo para las trabajadoras que van al hospital público, las pacientes de clínicas privadas nunca son perseguidas por abortar. Repudiamos con indignación los dichos del juez Hernán Postma acerca de que Vanesa "no vive en la extrema pobreza". Con su declaración, el juez busca la condena social. Vanesa vivía hacinada en una casa precaria, con su familia, la de sus suegros y la de su cuñada. Este caso es una muestra más de la total hipocresía del gobierno socialista de Binner, que se manifiesta a favor de la despenalización del aborto pero persigue y condena a las mujeres que abortan. En medio de miles de despidos y suspensiones, de cierres de fábricas, de aumento de la pobreza, como reconoce la hipócrita iglesia, continuar un embarazo y traer un niño al mundo se hace imposible para miles de mujeres trabajadoras. El Estado en todas sus formas -judicial, represivo, burocrático- cae con todo su peso sobre Vanesa. Intentan disimular que los primeros responsables de que ocurran estas tragedias son, claramente, quienes desconocen el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre la maternidad. Quienes las privan del trabajo y de los recursos necesarios (salario, vivienda, acceso a la salud y a la educación) para criar a los hijos dignamente. No vamos a aceptar que la castigada por este crimen social sea la más débil, la más humilde, la privada de todos sus derechos, mientras los verdugos de las mujeres y de la infancia se arrogan el papel de acusadores. No reconocemos al Estado capitalista el derecho a juzgar a sus víctimas. • Vanesa está presa e incomunicada. Exigimos que se le devuelva la libertad y se le brinde urgente atención médica y psicológica. • Exigimos educación sexual y acceso a la anticoncepción gratuita. • Exigimos la legalización del aborto y su inclusión como práctica gratuita en todos los niveles de la salud. • Las consecuencias económicas y sociales de la crisis no deben ser pagadas por el pueblo. Que los capitalistas paguen su crisis. Cintia

A propósito de la última película de Adrzej Wajda En 1989, luego del colapso de la Unión Soviética y 51 años después de ocurrido, el entonces primer ministro de la ex URSS (Gorbachov) admitió que la NKVD, policía secreta soviética, había ejecutado a 25.700 polacos, parte de ellos miembros de la oficialidad del ejército. Las víctimas fueron capturadas en masa y encerradas en campos de concentración durante la invasión y ocupación de Polonia en 1939, por parte de soviéticos y nazis. Los asesinatos se produjeron durante cinco semanas de abril y mayo de 1940, a un ritmo febril y utilizando armas alemanas, para atribuir a éstos la masacre. Según toda la investigación posterior, la orden de eliminar a los prisioneros provino del Kremlin, es decir de Stalin, y fue sistemáticamente atribuida desde entonces al ejército nazi. Sobre este hecho histórico versa la película “Katyn” de Andrzej Wajda. El padre de Wajda (83 años) fue uno de los asesinados. El realizador advierte sobre el objetivo político de la acción: “...la matanza de Katyn no sólo fue un crimen contra el ejército polaco sino también un crimen contra la cultura polaca. Más de la mitad de esas 22.000 víctimas eran maestros, académicos, doctores, profesores, historiadores, pintores” ( Ámbito Financiero , 13/7). El despedazamiento de Polonia fue una de las consecuencias del pacto “maldito” entre Hitler y Stalin suscripto en 1939, que permitió a la Alemania nazi preparar la conquista de Checoslovaquia y desplegar la guerra en el frente occidental. Un pacto sin ingenuidad de parte de la burocracia soviética: “Stalin por sobre todas las cosas teme a la guerra... no puede ir adelante con trabajadores y campesinos descontentos y un Ejército Rojo decapitado. El pacto entre Alemania y la URSS es una capitulación de Stalin ante el imperialismo fascista con el fin de preservar la oligarquía soviética” (León Trotsky, Writings, “The German Soviet Alliance”, 1939). Fruto de ese pacto, 1.692.000 polacos serían deportados a la URSS y un millón de ellos encontraría la muerte sin regresar a su patria. Wajda hace un relato minucioso de la masacre, a sabiendas de su ominosidad, porque “cualquiera sabe de los campos de concentración nazis, pero ¿quién sabe lo que ocurrió en Katyn?” (ídem anterior). Tras la ruptura del pacto y la invasión a Rusia en 1941, los alemanes “descubrieron” las tumbas colectivas. Sin embargo, la “historia oficial” de la burocracia soviética se sostuvo a lo largo de los años con la colaboración de la diplomacia de los países imperialistas “democráticos”. “En virtud de los estatutos de Nuremberg, según los cuales los informes de las comisiones de encuestas de los países aliados tenían el valor de prueba, el informe soviético sobre Katyn, acusando a los alemanes de la matanza... fue aceptado por los vencedores como prueba auténtica, indiscutible, el 8 de agosto de 1945” (“El crimen de Jatyn”, Polish Cultural Foundation, Londres, 1989). En Polonia, “Katyn” se convirtió en un suceso político y ya fue vista por cerca de tres millones de personas, lo que le permite al realizador analizar el papel del cine en la actualidad. “Desafortunadamente, el cine no tiene hoy el mismo papel que antes en nuestra vida. Las películas políticas y sociales requieren que un enorme público las vea en una enorme sala, y no en soledad frente a una pantalla de plasma. Sólo en el interior de un cine hay una recepción social del cine”. A estas horas, la conmemoración por los asesinatos de Katyn ha sido pospuesta por el gobierno polaco, con el acuerdo del mismo Wajda, para evitar la “politización” del tema ante las inminentes elecciones. La consigna es: “No es hora de recordar a Katyn”. El silencio sigue. “Katyn” es una película inmensamente educativa sobre el stalinismo, que la reacción tratará de endilgar (una vez más) al bolchevismo, ignorando que la burocracia que enterró la revolución “no surgió de una manera lógica sino dialéctica; no como su afirmación revolucionaria sino como su negación thermidoriana”, como lo dijo “el viejo” hace setenta años. Alejandro Rath

Desde las tribunas de la Sociedad Rural, la Mesa de Enlace realizó el acto más virulento que se recuerde desde las épocas de “la 125”. Sus dirigentes atacaron a “un gobierno que no se da cuenta que perdió las elecciones”, pero también a “una oposición que no sabe que las ganó”. ¿Cuál es la razón de los ataques y, en particular, de este último? Los ruralistas se desayunaron con que la principal de sus reivindicaciones, una rebaja de las retenciones a la soja, tampoco figura en la agenda inmediata de la mayor parte de la UCR, del ‘peronismo disidente’ y de Macri, ni en la del partido socialista. Sólo cuentan con el respaldo fanatizado de Carrió (no de todo el Acuerdo Cívico) y de Cobos. Los diputados oficialistas enviaron un proyecto para reducir sustancialmente las retenciones al maíz y llevar a cero las del trigo, junto con compensaciones en los fletes. El gobierno también anunció subsidios a los tamberos, que saldrán del presupuesto público pero no, naturalmente, de los superbeneficios que perciben supermercados y monopolios industriales en la “cadena de la leche”. La suma de esta primera factura es cercana a los 400 millones de dólares. Estas medidas expresan un intento de dividir al frente del capital agrario y aislar a una fracción de los sojeros. A pesar de ello, la cuestión de la soja no ha salido del temario. La Mesa de Enlace tiene una fuerte carta de extorsión, que es negar su participación en el Consejo Económico y Social, y tiene el apoyo de la Asociación de Empresarios, que reúne a los principales pulpos capitalistas. El afán de incrementar las ganancias por las exportaciones de soja choca, sin embargo, con los intereses de los otros sectores del capital agrario, que se ven desplazados por aquel poroto, y con el peligro que representa una disminución de las retenciones para que se descontrole el déficit fiscal. Es lo que se encargó de destacar el diputado radical Morini, vicepresidente de la Comisión de Agricultura del Congreso: “Hay que cuidar el perfil fiscal”. “Aún estos opositores radicales – comenta Ambito Financiero del 28/7– creen que es peligroso desfinanciar al Estado”. Por eso, cuando se reunieron, Cristina y Macri “avanzaron en una idea conflictiva: bajar fuerte los gastos por 40.000 millones de pesos en subsidios, a cambio de aumentos en las tarifas públicas” ( Clarín , 24/7). El nuevo canje La preocupación por la caja del Estado no sólo responde a que el gobierno está “raspando la olla” de la Anses y hasta del Banco Nación, y a que los Estados provinciales se acercan a la quiebra y a la emisión de cuasi monedas. Ocurre que la camarilla oficial se ha lanzado a una nueva operación financiera: el canje de los títulos públicos de deuda en pesos, ajustables por inflación, por otros títulos de vencimiento más prolongado, con rendimientos elevados. Toda la burguesía impulsa esta operación: los bancos tienen entre el 30% y la mitad de estos bonos y el canje representaría un aumento de su precio en más del 50%, lo que se dice un hiper-negociado. De ahí que los banqueros estén dispuestos a postergar una rebaja de las retenciones a la soja si obtienen semejante ‘premio’. Por otro lado, “7 de cada 10 pesos de deuda atada al CER ya está en manos de la Anses, el Banco Nación y el Banco Central” ( Cronista , 28/7). El canje significará para estas instituciones congelar sus recursos por un tiempo muy prolongado y quedar expuestos a una futura desvalorización, ‘default’ o confiscación. Al final, la deuda externa se ha transformado en intra-estatal, lo que significa que será pagada por depositantes, fondos públicos y aportes previsionales. Los acreedores capitalistas han ido cobrando, por tandas, la totalidad de la deuda. Para ser “sustentable”, una nueva emisión de deuda debería ser parte de un paquete financiero más completo, o sea de la capacidad para contraer nueva deuda pública. Esto exige una política de ajuste, un ‘arreglo’ con los acreedores internacionales que tienen créditos sin cobrar (incluidas las indemnizaciones a Marsans y las renegociaciones de precios con las privatizadas) y, al final pero no muy lejos, el FMI. Crisis política Los choques a cuatro y cinco bandas, después de las elecciones, implican un agravamiento de la crisis política. Una ruptura con la Mesa de Enlace dejaría sin sustento al “Consejo Económico y Social”, al que apuesta el maltrecho gobierno “k”. “Ganamos en la calle, en el Congreso y en las urnas”, bramó Biolcatti en el acto de la Rural, en lo que constituye un reclamo para tomar el poder. Hasta un sector de la UCR –el de la Capital– denunció que este planteo conlleva intenciones “destituyentes” y aludió a “los mismos que tiraron a De la Rúa en 2001” (Duhalde, Techint, Arcor). El radicalismo (al menos un sector) teme que un final prematuro del kirchnerismo termine en manos de los Duhalde. Los De Narváez y Solá reclaman “una interna en el pejota” que deje a los K sin sustento. La burguesía en su conjunto, incluida una mayoría del gobierno, quiere “ordenar” al conjunto de las relaciones sociales en función de la nueva agenda financiera vinculada con una salida capitalista a la recesión y a la quiebra. Ello liquidará los escasos recursos de arbitraje con la clase obrera que aún le restan a los K. Mientras Boudou preparaba el canje de deuda, Aníbal Fernández le aseguraba al país que “Massuh, muy pronto, volverá a ser privada”. “Si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él”. A fuerza de agitar el fantasma de la “restauración conservadora”, el kirchnerismo sortea su destitución haciéndose cargo, por aproximaciones sucesivas, de la agenda de los destituyentes. Se terminó el verso ‘nacional y popular’. Los trabajadores nos enfrentamos a la tarea de desarrollar una alternativa política propia –una alternativa anticapitalista. Marcelo Ramal

La campaña por la absolución de Pablo Heller ha avanzado en los últimos 15 días hasta recolectar más de 400 firmas. A las firmas de numerosos trabajadores de fábricas ocupadas y recuperadas y de los representantes sindicales, se suman de diputados, legisladores de la Ciudad de Buenos Aires y senadores. En particular, las de destacados docentes de la Universidad de Buenos Aires y de otras universidades del país, junto con la adhesión unánime del Congreso de la Conadu Histórica, de la Asamblea de la Asociación Gremial Docente de la UBA y de la Fuba. En la Facultad de Ciencias Sociales (donde Pablo Heller es docente e investigador), ya se han comprometido distintos docentes para que Heller vaya a hablar al curso en la primera semana de clases para explicar el caso, pedir la adhesión y llamar a docentes y estudiantes a movilizarse a los tribunales de Lomas de Zamora el 24 de agosto. La semana que viene se presentarán proyectos de declaración en distintos Consejos Directivos de Facultades. Ya han comprometido su presencia en el juicio, Fabio Basteiro (secretario general de CTA Capital y legislador electo de la Ciudad de Buenos Aires), Gustavo Lerer (delegado general Junta Interna ATE Hospital Garraham), Samuel Cabanchik (senador por la Ciudad de Buenos Aires) y Néstor Correa (secretario general de AGD-UBA). La lista de adhesiones puede leerse en www.po.org.ar

Reincorporación de los trabajadores En ICT (call center tercerizado de Telecom-Personal) acaban de despedir a casi treinta trabajadores por reclamar desinfección y respeto a las licencias, ante varios casos detectados de gripe A entre compañeros de trabajo.Es una aberración que refleja el grado de despotismo que impera en estos lugares de trabajo, recordándonos, entre otras, las denuncias de cajeras que usaban pañales en Coto porque no les permitían ir al baño o los despidos de chicos efectuados hace dos años en Teleperformance (otro call center) que habían sido intoxicados al interior de la empresa con pegamento, por arreglos edilicios que se efectuaban mientras ellos trabajaban. Los empleados de Comercio, tanto en los supermercados como en los call center, a pesar de ser en su mayoría el sector más afectado por la pandemia y de trabajar en grandes concentraciones, hemos tenido que seguir trabajando como si nada, mientras a nuestros alrededores se cerraban los colegios, facultades, teatros, cines, tribunales, etc. Preguntamos: ¿la vida de la juventud trabajadora tiene menos valor? Mientras tanto, el sindicato de Armando Cavalieri –de excelente relación con las patronales– no ha abierto la boca; el gobierno y la oposición tampoco. Como en otros muchos supermercados y call centers, en esta empresa había delegados truchos puestos a dedo por la empresa y el sindicato, que se ubicaron del lado de la patronal y hasta patotearon a los despedidos en las oficinas de la Secretaría de Prensa del SEC, por “osar” reclamar lo que les corresponde. Los despidos tienen un doble objetivo: acallar el reclamo ante la pandemia y fundamentalmente evitar que los trabajadores levanten cabeza, se organicen y elijan verdaderos delegados. Compañeros: la lucha de ICT es la lucha de todos los empleados de comercio. La agrupación Combativos Mercantiles llama a solidarizarse a todos los trabajadores y delegados del gremio con los despedidos que están luchando por su reincorporación (en Carlos Pellegrini 40), al tiempo que exigimos al sindicato todo el apoyo y la movilización necesarios para lograr este objetivo. Asimismo, convocamos a impulsar la organización en todos los call centers y supermercados: 1) Por la defensa de la democracia sindical y la libre elección de delegados. 2) Por el conjunto de nuestros reclamos, por la reapertura de las paritarias porque con los 300 pesos no llegamos a 2010. 3) Por el respeto de las licencias establecidas en la resolución 471/09, por la desinfección de todos los lugares de trabajo, por equipos para cada trabajador en los call (para evitar el riesgo de compartirlos) y por el conjunto de medidas necesarias para prevenir el contagio de la pandemia. Agrupación Combativos Mercantiles

Del domicilio de la familia "tradicional" Runge, en San Martín al 200, a dos cuadras del Centro Cívico (centro político), de la comisaría 2da y del Poder Judicial, fue incautado material pornográfico que involucra a bebés, menores de cinco años y adolescentes con adultos. Incautaron cajas con material impreso, computadoras y memorias extensibles. El diario dice: "Ese dato fue suministrado por una altísima fuente judicial que todavía no sale del estupor por la imágenes que vio...". La investigación se inició en Australia en forma conjunta con Interpol, y se detectaron imágenes de pornografía infantil que eran comercializadas procedentes de un domicilio de San Carlos de Bariloche desde el año 2004. El juez de instrucción Miguel Gaimaro Pozzi ordenó la realización del allanamiento. El estupor de algunos funcionarios y oficiales no alcanza. Parece que hace algunos años hubo denuncias desde el mismo Bariloche, pero fueron desestimadas, garantizando que el negocio y las violaciones prosperaran. En contraposición a ello, el estupor de la población ha convocado a numerosas organizaciones que nos declaramos en estado de asamblea permanente, las que sesionan los lunes a las 17 horas, en el bar "Che Papá". El Plenario de Trabajadoras y el Partido Obrero participan en ella. Los testimonios de violaciones a menores y mujeres que quedan impunes se suman, y la incertidumbre a tanta impunidad también. Se espera una audiencia con el juez después de la feria judicial. Es necesario resolver un plan de lucha. A partir de este lunes 27, después de cada asamblea, se marcha al juzgado, portando cintas blancas, sumamos volantes y megáfono. Según indicó una gacetilla de la Defensoría del Pueblo, "en lo referente al delito de Trata de Personas la provincia de Río Negro en la actualidad, dejó de ser un lugar de tránsito para convertirse en destino de los tratantes para someter a sus víctimas. Ello lo reflejan las investigaciones judiciales iniciadas en las ciudades de Sierra Grande, San Antonio Este, Choele Choel y General Roca. La gran afluencia de turismo nacional e internacional en la ciudad de San Carlos de Bariloche, como así también el nuevo trazado de la ruta 23 ..., merecen la especial consideración del Estado y de las comunidades frente a posibles situaciones de trata de personas, en el que está comprendida la explotación laboral como así también el sometimiento de niños y niñas para la explotación sexual" (El Cordillerano - 28/4). Todo tiene un hilo conductor. La pornografía infantil, que implica la violación de bebés, menores, adolescentes y mujeres, está unido a la explotación sexual por las redes de trata de personas, uno de los negocios más redituables, que disputa el primer puesto con el tráfico de drogas, para servir al turismo (sexual), rufianes y proxenetas. Sólo a un necio le extrañaría que la producción del material no sea efectuado en esta ciudad, que alberga bajo un dedicado cuidado al empresario Giglio, dueño de la cadena de supermercados El Todo, que se servía de niñas, y hoy cumple detención en su suntuosa mansión y continúa con sus prósperos negocios. La vox pópuli dice que entra y sale cuando quiere. El violador del barrio 10 de Diciembre, Abelino de la Rosa, que fue corrido del mismo por las madres, muchas de ellas de las niñas que fueron sus víctimas. Madres cansadas de recurrir a la policía y a la Justicia para que el denunciado sea dejado nuevamente en libertad y proceda una vez más a los vejámenes. Las reiteradas violaciones cometidas a decenas de mujeres, en la picada del refugio Jakob, en "terrenos pertenecientes al ejército". Cientos de casos se suman, naturalizar la violación de menores y mujeres es la ley de este régimen capitalista, con su Justicia, su policía y sus políticos, que lo garantizan. Queda en evidencia que esta es la naturaleza extrema de un régimen social en descomposición y es de forma cruda el lugar que ocupan los niños y las mujeres en un sistema de gestión capitalista, de un Estado que encubre y promueve este negocio para alimentarse de las cajas negras que produce. ¡Digamos BASTA! Tenemos que organizarnos para que no nos maten. - POR EL DESMANTELAMIENTO DE LAS REDES DE PORNOGRAFIA INFANTIL Y REDES DE TRATA NACIONALES E INTERNACIONALES. - POR CONTENCION PSICOLOGICA Y ECONOMICA PARA LAS VICTIMAS - QUE EL ESTADO SE HAGA CARGO. - POR LA CASA DE LA MUJER CON PRESUPUESTO DEL ESTADO Y BAJO DIRECCION Y CONTROL DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES. - NO A LA LEY K QUE AMPARA A PROXENETAS Y TRATANTES. PLENARIO DE TRABAJADORAS

Un episodio de la carrera armamentística Tal como imaginara el escritor francés Julio Verne 104 años antes en su novela De la tierra a la Luna, el 20 de julio de 1969 un hombre, el comandante Neil Armstrong, pisaba por primera vez la superficie lunar y describía el acontecimiento con una frase: "Un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad". Frase que pasaría a la historia en tanto justificaba la empresa espacial en sí misma como una "victoria del conocimiento", "un avance de la ciencia y la tecnología" y "el inicio de una nueva era". Cuarenta años después corresponde volver a preguntarse si esos eran los objetivos de quienes se empecinaron por llegar cuanto antes al desolado satélite natural. "Hay que alcanzarlos..." En realidad, todo comenzó allá por 1957 cuando, en plena "guerra fría", la URSS lanzaba el Sputnik I y de esa manera ponía por primera vez un objeto en órbita alrededor de la Tierra. Luego le siguieron la perra Laika y el cosmonauta Yuri Gagarin, quien en 1961 se convertía en el primer hombre en viajar al espacio. Con esto, los soviéticos mostraban al mundo que llevaban la delantera en el desarrollo de cohetes que podían transportar humanos al espacio exterior y, llegado el caso, también llegar a cualquier punto de la tierra pero con ojivas nucleares. De ahora en más, la Casa Blanca tendría una obsesión: Alcanzarlos, no sólo había que alcanzar los logros de la URSS sino mostrar la supremacía de los Estados Unidos y del libre mercado. Fue entonces que en 1961 el presidente Kennedy dio su famoso discurso en el Congreso: "Este país debe comprometerse a alcanzar el objetivo, antes del fin de esta década poner al hombre en la Luna y traerlo otra vez a la Tierra". De esta manera quedaba inaugurada la famosa "carrera espacial", que no era otra cosa que una atemorizante carrera armamentística. El proyecto Apolo Para junio de 1960, la Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio (Nasa) anunciaba el inicio del Proyecto Apolo, que era la unión de otras dos investigaciones que ya se venían realizando. El objetivo inicial era el sobrevuelo de astronautas alrededor de nuestro satélite, destinados a localizar una zona de alunizaje para conseguir un vuelo a la Luna. Pero los planes iniciales se vieron modificados en 1961 con el anuncio del presidente John F. Kennedy. Para esa altura, la CIA ya había informado que los soviéticos tenían intenciones de llegar a la Luna. Entonces, el sub director de la Nasa, Hugh Dryden, recomendó al Presidente: "Mejor sería anunciar un programa de choque de la Magnitud del Proyecto Manhattan, que había producido la bomba atómica" (Clarín, 21/7). En febrero de 1962, el proyecto Apolo daba sus primeros pasos y lograba poner en la órbita terrestre a un hombre, John Glenn. Mientras tanto, los rusos continuaban en la delantera y el 3 de febrero de 1966 hacían alunizar a la sonda Luna 9. Fue el primer objeto construido por el hombre en posarse suavemente en otro cuerpo celeste. Tan sólo tres meses después, los norteamericanos lograban el mismo objetivo con la Surveyor 1. En los años siguientes la carrera adquiriría una vertiginosidad inusitada. La brecha se acortaba y para diciembre de 1968 los norteamericanos tomaban la delantera al poner una nave en la órbita de la Luna con tres hombres adentro. Finalmente, en julio del '69, llegaría el Apolo XI y las caminatas lunares de Armstrong y Aldrin. A esta altura, la demostración de fuerza le había costado al pueblo norteamericano la friolera 25.400 millones de dólares, el equivalente a 150.000 millones de dólares actuales. ¿Y el gran salto? Sin embargo, para finales de la década no todo era color de rosa para la Casa Blanca. El gasto militar de los Estados Unidos había aumentado como nunca antes, mientras se avecinaban los nubarrones de una nueva crisis económica mundial. El empantanamiento en Vietnam le estaba costando unos 30 mil millones de dólares anuales. La guerra estaba siendo financiada con las reservas de oro, para entonces sólo a la mitad de su record de después de la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, el carácter cada vez más antipopular que adquiría la guerra había producido, un año antes, las movilizaciones callejeras más masivas de la historia estadounidense. Infructuosamente el gobierno de Nixon utilizaría la empresa espacial para tratar de levantar una moral patriótica que estaba por el piso. Es verdad, se había logrado el objetivo, Estados Unidos había puesto al hombre en la Luna antes que los rusos ¿y ahora qué? En los años siguientes, el presupuesto de la Nasa caía de 5.000 a 3.000 millones de dólares. Eran tiempos difíciles y las décadas de expansión fiscal habían dejado un déficit colosal en las arcas públicas. Ahora lo que importaba era salvaguardar los negocios capitalistas antes que mostrar la superioridad científica del "mundo libre". La "carrera espacial" de los años '60 produjo, en realidad, una sofisticación de la industria armamentista sin precedentes en la historia de la humanidad. El desarrollo de los cohetes y de la tecnología nuclear podían hacer desaparecer a la raza humana de la faz de la tierra en cuestión de minutos. El objetivo de la Luna, en definitiva, no tenía relevancia militar táctica alguna. ¿Y relevancia científica? Nos atreveríamos a decir que muy poca ("apenas un paso") porque como señaló el científico creador de los cohetes y ex nazi, Wenher von Braun (Tom Wolfe, The New York Times, 21/7), "la Luna no era más que un satélite de la Tierra. La gran aventura sería la exploración de los planetas (...) Aquí en la Tierra vivimos en órbita alrededor del Sol, una estrella ardiente que algún día se quemará, con lo cual nuestro sistema solar se volverá inhabitable. Por lo tanto, debemos construir un puente a las estrellas porque somos las únicas criaturas sensibles del universo. ¿Cuándo empezamos a construir ese puente de estrellas? En cuanto podamos y éste es el momento." Sin embargo, luego vendrían las reducciones presupuestarias y la ola de despidos en la Nasa. Cientos de ingenieros expertos serían desplazados de sus puestos para mediados de los años '70. Actualmente, la porción del presupuesto estatal que se le asigna a la Nasa es del 0,6% mientras que en los años '60 era del 4% (Reuters, 21/7). Una vez más, la ciencia encontraba los límites que le imponían las condiciones históricas en las que se desarrollaba. El gran salto que imaginó Armstrong nunca llegó. Lejos de un mundo dominado por el conocimiento científico y el progreso indefinido, hoy, 40 años después, aquí en la Tierra, lo que domina a sus habitantes es en una lucha encarnizada por la subsistencia y las necesidades más elementales, que nos hace retrotraer a los momentos más primitivos de la existencia humana. Diego Bruno

El gobierno argumenta que es bueno que suba el precio de los bonos porque esto significa la posibilidad de hacer un canje por bonos nuevos que no se ajusten por inflación y que rindan un interés menor, y extender el plazo de los bonos que vencen en un plazo corto. El gobierno ofrece ahora un nuevo negocio a los acreedores, justo cuando la inflación empieza a ceder bajo la presión de la recesión. Además, para lograr un “canje voluntario” deberá ofrecer un precio por los bonos muy superior al de su cotización actual. Por esta razón es que los bonos suben en forma escandalosa. Un comentarista económico de La Nación dice que la “brecha” entre los valores que pagaría el gobierno y los precios de mercado... generaría “jugosísimas ganancias”. “Los inversores depositan sus esperanzas en el canje de deuda”, tituló el mismo día Buenos Aires Económico (23/7). Entregada “nac & pop” Se trata de una operación completamente parasitaria: el Banco Central señala, en un informe oficial, que ese canje serviría para pagar la deuda que vence mediante la contratación de nueva deuda. Realizada esta operación, el Indek, que fija el ajuste por inflación, se ‘normalizaría’ en forma automática. El capitalismo nativo reanudaría su endeudamiento con el exterior mediante autopréstamos, o sea que entraríamos en una etapa como la de los ’90, pero esta vez para financiar el rescate de los capitalistas en crisis o en bancarrota. La utilización de los fondos de la Anses para esta operación muestra que los K marchan a pie firme en la confiscación de los jubilados. Con la guita de la Anses no sólo se fondea la nueva renegociación de la deuda sino que se pretende, además, contribuir al capital inicial de un banco que alargue el horizonte del endeudamiento aún más. Por eso, la UIA está enganchada a la posibilidad de un banco que se llamaría “de desarrollo” para ocultar mejor que se trataría de la renovación de una hipoteca financiera. Con los recursos de los jubilados en manos del Estado, la Anses se coloca enteramente al servicio de los negocios capitalistas. Todo esto en manos del gobierno del “desendeudamiento”, que ahora trata de salvarse como pueda. Se confirma lo dicho en el editorial de la semana pasada de Prensa Obrera : “que el ‘diálogo político’ no es más que una operación financiera en beneficio de los que operan con la deuda argentina”. La caución para la operación de canje será una especie de fideicomiso que prendará la recaudación fiscal al pago de los bonos nuevos. Pablo Rieznik

Desde el despacho de la diputada Parada nos solidarizamos con los compañeros de Sasetru quienes se encuentran perseguidos a partir de la causa iniciada al compañero Pablo Heller. Frente al desalojo y la ofensiva por criminalizar la protesta social, nos abrazamos a la causa de estos luchadores y ponemos nuestra banca al servicio del proceso de luchas que vienen llevando adelante los trabajadores y trabajadoras de las empresas auto-gestionadas. Por eso, adherimos a la campaña por la absolución de Pablo Heller y el cese de la persecución contra los compañeros de Sasetru. Un abrazo fraternal, Diputada Liliana Parada Bloque Igual Social - Proyecto Sur

Seguimos resistiendo, ¡no vamos a bajar los brazos! Este sábado 1º de agosto, a partir de las 11 horas, en la Plaza de San Miguel (nuestra plaza)... se realizará una jornada cultural donde la feria VOLVERÁ A ARMAR!!! (tocarán bandas y murgas, radio abierta, clown, malabares, música, sorteos de artesanías... y muchas más delicias que endulzan nuestros corazones): en contra del desalojo de la Feria Artesanal de San Miguel (sobre Av. Perón). Se invita a todos los partidos políticos, sindicatos, organizaciones, ferias, vecinos, familiares y amigos, para que ese día, este evento pueda realizarse en armonía... ya más de 15.000 firmas de la gente (estamos más que agradecidos!!!) están diciendo SI A LA FERIA!!!. Los esperamos, ¡¡¡no dejemos que desaparezca la Feria!!! (reenviar mail, por favor) blog: http://artesanosenlaplaza.blogspot.com/ fotos en: www.flickr.com/artesanosenlaplaza nuestra direccion de mail: artesanosenlaplaza@gmail.com videos en you tube: www.youtube.com/user/artesanosenlaplaza

Desde hace dos semanas, 60 artesanos que “tiran el paño” en la plaza San Miguel, sobre la avenida Perón, han sido desalojados de sus puestos por la policía. Los trabajadores han iniciado una campaña de lucha por la reinstalación de los puestos y por la defensa de la fuente laboral. Circula un petitorio que ha reunido miles de firmas de vecinos. Las muestras de apoyo de la población son evidentes, las batucadas constantes le dan color y fuerza a esta lucha. El desalojo responde a una exigencia de la Cámara de Comercio e Industria de San Miguel que viene de tiempo atrás. Durante la gestión del riquista Zilochi se les había dado una habilitación transistoria, pero el actual, Joaquín de La Torre, dio curso a la exigencia de la patronal local. La Cámara, que regula los trámites para habilitaciones comerciales en el distrito, exige cánones exorbitantes que los artesanos no están en condiciones de pagar. El desalojo amenaza también a los que están sobre la avenida Mitre y sobre la calle Sarmiento, que rodean la plaza y a cuanto puesto ambulante se encuentre en el centro comercial de San Miguel. El subsecretario de Gobierno, Alberto Díaz, acusó a los artesanos de drogadictos ante los medios locales, y los pretende confinar a otros lugares donde el tránsito de gente es prácticamente nulo. La Feria de Artesanos funciona en la plaza los fines de semana y allí debe quedar. Los trabajadores están dispuestos a profundizar la lucha por la reinstalación de los puestos. Se viene un festival de apoyo y distintas iniciativas que deben servir para desbaratar el plan del gobierno municipal y sus mandantes de la patronal local. Hugo Sarmiento (San Miguel)

El 22 de julio pasado dejó de estar entre nosotros físicamente el compañero Julián Mendoza. Falleció a raíz de una enfermedad crónica que padecía hace muchos años. El joven compañero militaba en el Partido Obrero de Berazategui y era instructor de uno de los Proyectos Joven. En este duro momento, los compañeros del Polo y del Partido Obrero acompañamos a la familia en su dolor y lo recordaremos por su aporte a la construcción de nuestro partido. ¡Hasta la victoria siempre.... compañero Julián! Polo Obrero - Partido Obrero de Berazategui

El canciller israelí Avigdor Lieberman pasó por Argentina, como parte de una “gira” que incluyó también a Brasil, Perú y Colombia. Lieberman lidera el partido fascista “Israel nuestra casa” y es un defensor contumaz de la opresión contra el pueblo palestino. Entre otras manifestaciones, se declaró partidario de “ahogar a los palestinos en el Mar Muerto” y de lanzar la bomba atómica sobre los territorios de Gaza y Cisjordania.Según un comunicado de la cancillería israelí, su recorrida por la región forma parte de una “ofensiva diplomática” para responder “a la creciente actividad de Irán en América del Sur” ( Clarín , 22/7). Esta “ofensiva” estuvo preparada por la presencia de varios ministros de Netanhayu en Panamá, Costa Rica y (¡atención!) Honduras en las semanas previas. En cada escala de su gira, Lieberman se despachó especialmente contra el gobierno de Venezuela –uno de los pocos países que expulsó a diplomáticos sionistas durante la masacre de Gaza. Recepción oficial Lieberman fue recibido por representantes de primera línea del gobierno, como Jorge Taiana y Aníbal Fernández, y de la “oposición”, como fue el caso de Mauricio Macri. La comitiva de “hombres de negocios” que acompañó a Lieberman mantuvo reuniones bilaterales con funcionarios de la Unión Industrial Argentina y de Daniel Scioli (desde la Gobernación anunciaron que la empresa de aguas israelí Mekorot invertirá 130 millones de dólares en una planta potabilizadora del Gran La Plata). Lieberman manifestó la intención israelí de duplicar el intercambio comercial con Argentina, que hoy se ubica en 300 millones de dólares anuales. Héctor Méndez – presidente de UIA– se entusiasmó al recordar “que Israel es uno de los principales recolectores de fondos en el Nasdaq (el mercado bursátil de empresas tecnológicas)” ( Ámbito , 24/7). David Artzi, hombre de la Israeli Aviation Industries (IAI) y cabeza de la comitiva de “hombres de negocios” que acompañó a Lieberman, “ofreció buena voluntad, apertura mental para conformar ‘joint ventures’ mutuamente convenientes”. Los capitales sionistas lucran con los recursos arrancados a los palestinos, apoyados en un Estado racista y genocida. Acuerdos comerciales y Mercosur Aunque todavía está pendiente la aprobación parlamentaria del tratado de libre comercio entre el Mercosur e Israel, el intercambio comercial con los masacradores es cada vez más intenso.El Estado argentino ha sido un profuso gestor de acuerdos comerciales con el sionismo. En enero pasado, mientras masacraban Gaza, el gobierno nacional promulgó la Ley 26.437 que aprueba el “acuerdo de cooperación bilateral para la investigación y el desarrollo industrial en el sector privado” con Israel. Esta ley –que apunta a promover la investigación y desarrollo en el campo de la industria militar y de seguridad– fue votada por unanimidad en ambas cámaras del Congreso Nacional, incluido el voto del pinosolanismo (Claudio Lozano) y de sus aliados (Eduardo Macaluse). Según los trascendidos, en la reunión de Lieberman con Mauricio Macri predominaron (como era de esperar) “los asuntos comerciales”. Para noviembre está anunciada la llegada del presidente de Israel, Shimon Peres. Así actúa el gobierno “nacional y popular” de los K. Néstor Rivas (Jacyn)

La Asociación de Abogados Laboralistas expresa su total solidaridad y apoyo a los compañeros de Sasetru ante la causa penal a que está siendo sometido Pablo Heller, injustamente procesado por defender la fuente de trabajo junto con los trabajadores de esa empresa, ante la avaricia patronal que pretendía dejarlos en la calle sin derecho efectivo alguno. La criminalización de la protesta social ante las luchas de los trabajadores por la defensa de sus derechos esenciales es una forma perversa de domesticar a las víctimas de un sistema oprobioso que pretende hacer prevalecer la sacrosanta propiedad privada del patrón ante los derechos humanos fundamentales que hacen a la vida y dignidad de la persona. Por ello, exigimos la absolución de Pablo Heller y condenamos estos métodos que, reiteramos, colocan a las víctimas como victimarios de los reales responsables de la situación socioeconómica que padecemos. Fernando Nuguer, secretario general; Guillermo Pajoni, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas

Los trabajadores de Massuh están recorriendo una nueva experiencia: el funcionamiento de la planta a través de un fideicomiso dirigido por el gobierno nacional, piloteado por una de sus figuras “estrella”: Guillermo Moreno. El fideicomiso ha puesto en marcha una parte de la producción y hasta ahora garantiza la presencia de todos los trabajadores en la planta. Hay una mejora en los sueldos: en los últimos meses se limitaban al Repro más una plata que pagaba Massuh. Los compañeros están cobrando ahora entre 1.700 y 2.000 pesos de un sueldo real. Una parte de ellos aún cobra en tickets y no se abonan más los Repro. El fideicomiso, o sea Moreno, está apurando acuerdos para incentivar la producción. Cada trabajador ha debido firmar con el fideicomiso un Contrato Determinado, con plazo a noviembre de 2011. Ese contrato no reconoce la antigüedad del trabajador, salvo a los efectos de los días que corresponden por vacaciones, pero no a los efectos de las indemnizaciones. El fideicomiso no se hace responsable de un eventual fracaso del empobrecimiento que implique el pago de las indemnizaciones al personal. El contrato nada dice tampoco de las condiciones de trabajo, los ritmos de producción y la relación que establecerá el fideicomiso con los acuerdos generales del gremio papelero. Esta omisión no es inocente. La finalidad del fideicomiso es garantizar la producción, para lo que ata los sueldos de los trabajadores a la propia producción. Esto deja abierto el interrogante de si reconocerá lo que se acuerde en las paritarias en cuanto a los salarios y las condiciones de trabajo generales de los papeleros. La fábrica tiene el problema adicional de que la mitad de sus trabajadores son mensuales y está fuera del convenio. El directorio ha integrado a mensualizados y a jornalizados a la dirección del proceso productivo. La nueva situación coloca a la parte obrera de esa dirección en el medio de un juego muy fuerte de presiones entre la propia base de los trabajadores y el directorio, que apura “con todo” la producción. Los trabajadores reclaman las deudas anteriores a enero, que aún no fueron reconocidas por el fideicomiso. Esto incluye los aguinaldos de diciembre. Reclaman las indemnizaciones correspondientes a los años trabajados, pues nadie se hace ahora responsable de ellas. Reclaman por las condiciones de seguridad, ya precarias bajo la administración de Massuh; por el trabajo en condiciones de insalubridad y por el cobro completo de sus salarios. Moreno reclama más producción, menos deliberación, menos asambleas, y un régimen laboral que suba considerablemente el ritmo de producción. Hay que pagar el canon establecido a Massuh y a los proveedores de la materia prima, y dejar un fondo que dé viabilidad al proceso productivo (mejoras técnicas y superar la maquinaria obsoleta). En esta delicada transición es muy importante una clara independencia del Estado de la parte obrera en la conducción de la dirección de la fábrica. Contra la presión productiva, defender la deliberación entre los trabajadores, el método regular de asambleas, con un programa en cuanto a las mejoras de las condiciones de seguridad, que se reconozca la totalidad por todo concepto de la antigüedad del trabajador. Se deben priorizar los pagos de las deudas de los trabajadores frente al canon que actualmente se reconoce a la patronal vaciadora. Que el Estado adelante la totalidad de la deuda contraída con los trabajadores y después se la descuente a Massuh. Es necesaria una rotación del directorio por compañeros elegidos en asamblea y la elección de delegados en los términos del convenio, y un convenio único para todos los compañeros sin distinciones. Por último, pero no menos importante, debemos instalar un reclamo de expropiación sin pago de Massuh, para que pase a manos del Estado bajo control de los trabajadores. Juan Ferro

Las organizaciones abajo firmantes, ante la falta de respuesta al pedido de audiencia solicitado al Intendente municipal, nos concentraremos el próximo día martes 28 de julio, a las 10 horas, en el municipio. - Urge dar respuestas a las necesidades alimentarias, en el marco de la Emergencia Sanitaria, que según cifras oficiales afecta a más de 40.000 familias en nuestro distrito. Quilmes: 10 medidas urgentes ante la Gripe A Organizaciones gremiales, barriales, políticas y sociales de Quilmes venimos realizando distintos encuentros y acciones abordando situaciones como la generada por la gripe A y su secuela en nuestro municipio. Por ello presentamos 10 propuestas, solicitando a las autoridades municipales, al Concejo Deliberante y a la comunidad su acompañamiento para demandar su urgente puesta en práctica: 1. Que se promueva la declaración de la Emergencia Sanitaria Nacional desde el Municipio de Quilmes. 2. Que se disponga de una partida presupuestaria extraordinaria para afrontar esa Emergencia, teniendo presente que el Presupuesto de Salud nacional viene siendo sub ejecutado (sólo se gastó el 35% del mismo a la fecha). Urgente efectivización de mayor presupuesto de salud para sostener la emergencia a nivel nacional, provincial y municipal. Toda declaración sin el cumplimiento de este requisito torna incierto el cumplimiento de los objetivos que se declamen. 3. Que se garantice la entrega y suministro de antivirales al vecino enfermo, pero también a los familiares convivientes. 4. Que el Estado impulse la producción propia de antivirales. Señalando a su vez que la lucha es también por el suministro óptimo de medicamentos que cubran las enfermedades de nuestra gente, más allá de la gripe A. 5. Solicitar la inmediata participación e incorporación en los Comités de Crisis Municipales, de la CTA y las Organizaciones Barriales y Políticas a efectos de aportar en un plan integral y efectuar el control de las medidas, la llegada de los fondos y partidas y el destino de los mismos. 6. Recuperar con urgencia el sistema primario de salud; salitas abiertas y en condiciones de brindar atención las 24 horas. Recuperar y ampliar el sistema público central de salud. 7. Condiciones laborales dignas, más camas, más personal. Nombramiento de los profesionales y enfermeras necesarios, incorporando a todo el personal en planta permanente (la precarización laboral se hace corriente en las modalidades de pasantes, becarios y residentes, y atenta contra el servicio). Que se pague a los profesionales, enfermeras y auxiliares haberes justos para contar con recursos humanos calificados y disponibles. 8. Que se descentralice la actividad de los laboratorios. No sólo el Hospital Malbrán puede realizar los análisis. 9. Refuerzo en cantidad y variedad de los bolsones de alimentos para todos los chicos, garantizado por Desarrollo Social. 10. Prohibición de los cortes de luz y de gas. Provisión de garrafas a las familias que no cuenten con gas natural. En invierno, y con el avance de la gripe y enfermedades respiratorias, las empresas privatizadas mandan las boletas con aumentos groseros y amenazas de corte del servicio. Una buena calefacción en los hogares, es una forma de prevenir que se propague la enfermedad. Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Quilmes) - Suteba Quilmes - Cicop ATE - Asociación Judicial Bonaerense (Quilmes) - FeTERA - Pastoral Social del Obispado de Quilmes - Vecinos de Villa Argentina - Vecinos del Barrio Primavera - Estudiantes del ISFD Nº 24 - MTL Movimiento Territorial de Liberación - Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive - Instrumento EPUP - PO Partido Obrero - MST Movimiento Socialista de los Trabajadores - MTR Santucho - PC Partido Comunista

Mientras permanecía vivo el escándalo por el asesinato de la activista de derechos humanos chechena Natalia Estemirova, un nuevo crimen político se produjo en Rusia. Después de estar dos meses desaparecido, Andréi Kuláguin fue hallado muerto en una cantera de las afueras de Petrozavodsk, en la región de Karelia. Kulaguin, coordinador de la ONG rusa Spravedlívost (Justicia), era un luchador contra las infames condiciones de vida en las cárceles rusas. El 15 de julio fue asesinada en Grozny, la capital chechena, Natalia Estemirova, a quien alguna vez el presidente Ramzam Kadírov le había advertido: "La sangre me chorrea por los codos y no me avergüenzo. He matado y mataré a la mala gente. Luchamos contra los enemigos de la república". Estemirova militaba en la sede chechena de la ONG rusa Memorial. Oleg Orlov, director de Memorial, acusó directamente: "Estoy seguro de quién es culpable del asesinato de Natalia; su nombre es Ramzan Kadírov, que la amenazó, la insultó y la consideraba una enemiga personal" (elpais.com, 17/7). Natalia había recopilado infinidad de denuncias sobre los abusos, secuestros y ejecuciones en Chechenia, cometidos primero por las tropas rusas y en la actualidad por el régimen de Kadírov. Comparaba Chechenia con "la URSS en 1937" o sea con los años más sangrientos del stalinismo. A principios de julio, Estemirova había acusado al ejército de su país de nuevos crímenes. Con su muerte desaparece "la más importante fuente de información independiente sobre los abusos, tropelías y crímenes que comete con total impunidad el régimen de Kadírov" (El País, 15/7). La muerte de Natalia fue precedida, en enero pasado, por la del abogado de derechos humanos Stanislav Markelov, ejecutado a plena luz del día en el centro de Moscú y, en 2006, por la de la más temible opositora al régimen checheno, Anna Politkovskaya, una periodista rusa cuyas investigaciones no sólo llamaron la atención internacional sobre las violaciones a los derechos humanos en Chechenia y en Rusia, sino que demostraron de forma irrefutable la activa complicidad del gobierno de Putin con las torturas y ejecuciones ilegales de Kadírov. En los funerales de Natalia, acompañado por un centenar de personas, Orlov recalcó: "De la total arbitrariedad que reina en Chechenia son culpables los altos cargos de Rusia, Putin y Medvédev" (El País, 17/7). En Rusia, la lista de activistas de los derechos humanos y periodistas asesinados crece sin pausa: en 2008, el periodista Magomed Yevloyev murió tras recibir un disparo en la cabeza mientras se encontraba bajo custodia policial. Telman Alishayev, de la Islamic TV en Dagestán, fue muerto mientras conducía su coche. Ese mismo día, Milosav Bitokov, editor de un semanario del sur de Rusia, ingresó en un hospital con fracturas y herido de gravedad. Zurab Tsechoyev, editor del sitio web de derechos humanos Mashr, fue secuestrado y torturado durante horas por las fuerzas de seguridad rusas. Todos esos crímenes siguen impunes. Memorial decidió suspender sus operaciones en Chechenia para proteger la vida de sus militantes. "La muerte de Estemirova constituye un duro golpe a la capacidad de actuación y denuncia de las ONG y los defensores de derechos humanos en Rusia", concluyó Orlov. Ante el escándalo internacional, Kadírov ha deslindado responsabilidades y se puso al frente de la investigación. El gobierno checheno se presenta como víctima: afirma que los asesinos se propusieron "hacer fracasar el proceso de pacificación". Sin embargo, Estemirova denunciaba que el proceso de pacificación "era una farsa", ya que la situación se había agravado y aumentan las desapariciones. La agencia Kavkaz Uzel calcula que en seis meses de 2009 hubo 35 secuestrados contra 42 en todo 2008. Clementina Robles

A pesar de haber sido organizada con apenas cuatro días de antelación, tres mil personas marchamos en repudio a la llegada de Avigdor Lieberman al país. La convocatoria fue lanzada por el "Comité de Solidaridad con los Pueblos Agredidos por el Sionismo-Imperialismo", el mismo que impulsó a comienzos de año las movilizaciones contra la masacre de Gaza. La manifestación partió de la sede de la UIA y concluyó frente a la Embajada de Israel, donde se leyó un documento que reclama, entre otras cosas, "la anulación de los acuerdos firmados con el Estado sionista" y rechaza el tratado de libre comercio entre el Mercosur e Israel.

Asociación de Profesionales en Lucha (Apel); Asociación de Abogados Laboralistas; Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD); Comité de Acción Jurídica (CAJ); Correpi; Abogados Laboralistas de Izquierda (ALI); Conadu Histórica; Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios; Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA);Federación Universitaria de Buenos Aires (Fuba); Federación Universitaria de Comahue (FUC);Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras, UBA (CEFyL); Comisión Interna No Docente Facultad de Ciencias Sociales, UBA; Cátedra Historia Argentina III B (FFyL-UBA); Eduardo Murúa, MNER Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas; Adriana Calvo, Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD); Guillermo Pajoni, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas; Leonardo Sinistri, Abogados Laboralistas de Izquierda (ALI); Fabio Basteiro, legislador electo Ciudad de Buenos Aires - Proyecto Sur, secretario General CTA Capital; Samuel Cabanchik, senador nacional por Ciudad de Buenos Aires; José Ernesto Castillo, Izquierda Socialista, profesor regular UBA y Unicen; Laura García Tuñón, legisadora electa Ciudad de Buenos Aires - Proyecto Sur; Garisto Pablo Herrero, Diálogo 2000; Jorge Molina, concejal del partido de Quilmes, Buenos Aires - Bloque Honor Peronista; Cora Otamendi, concejal del partido de Quilmes, Buenos Aires - Bloque PJ; Liliana Parada, diputada nacional - Bloque Igualdad Social - Proyecto Sur; Juan Alberto Remedi - Movimiento Bolivariano de Entre Ríos; Luis Alvarez, trabajador Sidor Venezuela; Tiziano Bagarolo, docente, Milano, Italia; Tulio Camacho, comunicador social, Venezuela; José Capitán, trabajador petrolero, Venezuela; Rafael Fernández - Partido de los Trabajadores, Uruguay; Rainer Enrique Hamel, doctor, profesor del Departamento de Antropología, Universidad Autónoma Metropolitana, México, D. F.; Juan Linares, Venezuela; Jesús Lugo, directivo del sindicato del Instituto de Prevención de Salud y Seguridad Laboral (INPSASEL), Regional Carabobo, Venezuela; Adalberto Mazeira, trabajador sector salud, Venezuela; Robinson Omawe, trabajador petrolero, Venezuela; Francesco Schettino, PhD. SPES Development Studies Research Centre Sapienza, University of Rome, Italia; Richard Teran, trabajador petrolero, Venezuela; Andrés Torres, secretario general Sindicato de Cloros, Venezuela; Santino Mario Tripodi, obrero, Italia; Roberto Yepez, asesor laboral, Venezuela; Silvia América Mansilla, estudiante posgrado Servicio Social, Brasil; Rodrigo Amoroso, congresal Suteba Moreno; Alejandra Angriman, secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades, CTA nacional; Mariana Vendan, secretaria de Hacienda, AGD-FFyL; Octavio Colombo, secretario gremial, AGD-FFyL; Claudia Consiglio, secretaria gremial Suteba Escobar; Carmelo Cortese, docente Investigador de la UNCuyo, secretario general de Fadiunc, Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Cuyo; Silvina Cuello, secretaria de Prensa de AGD-Psicología; Néstor Di Milia, secretario adjunto de Además; Horacio Fernández, secretario general CTA Neuquén; Axel Kicillof, secretario general AGD-Ciencias Económicas; Gustavo Lerer, delegado general de ATE Hospital Garrahan; Julio Macera, secretario de Prensa CTA Capital; Estela Méndez, delegada departamental, Departamento Colón, Córdoba; Carlos Felipe Mosquera, ex secretario general AGD-Ingeniería, doctor en Física; Eduardo Otero, Mesa CTA Capital; Ricardo Peidro, secretario de Derechos Humanos CTA Nacional; Viviana Puccio, vocal suplente Suteba San Martín/Tres de Febrero; Walter Sánchez, congresal Suteba San Isidro; Ernesto Settembrini, minoría Suteba Matanza; Julio Sequeiro, congresal de ATEP, Tucumán; Adriana Sirna, congresal Suteba San Martín Tres de Febrero; Carlos Suárez, congresal Suteba San Martín Tres de Febrero; Diego Toscazo, congresal de Ctera por ATEP y congresal ATEP, Tucumán; Eloy Vázquez, delegado Suteba Lomas de Zamora; Ernesto Lamas, FM La Tribu; Raúl Mileo, compositor; Daniel Vilá, periodista, profesor Facultad de Ciencias Sociales - UBA; Patricio Finoli, presidente del Centro de Estudiante del Instituto Superior del Profesorado Joaquin V. González; Alejandro Rodríguez Carrera, presidente Federación Universitaria Del Comahue; Marcelo Langieri, secretario académico de la Carrera de Sociología, FCS - UBA; Osvaldo Baigorria, profesor titular Facultad de Ciencias Sociales - UBA; Roberto Bein, profesor Facultad de Filosofía y Letras - UBA; Graciela Biagini, Sociología de la Salud, profesora consulta, FCS - UBA; Alicia E. Carrizo, profesora FFyL - UBA; Alcira Daroqui, profesora de Carrera de Sociología, FCS -UBA; Hernán Marcelo Díaz, docente de la UBA, Semiología CBC; Miguel A. Etchegoyen, profesor CBC - UBA y profesor UNLuján; Griselda Fanese, docente UNComahue, Neuquén; José Fernández, docente UBA; Silvia Gastaldo, docente U.N.Rosario; Marina Rabat, docente Facultad de Filosofía y Letras - UBA; Claudio Katz, profesor Facultad Filosofía y Letras y Facultad de Ciencias Sociales - UBA; Juan Kornblihtt, docente Facultad Filosofía y Letras - UBA; Luis Fernando Kowaleski, docente Universidad Nacional Patagonia Austral, Puerto San Julián, Santa Cruz; Silvia Lago Martínez, profesora Facultad de Ciencias Sociales - UBA; Susana Landau, investigadora adjunto-Conicet, departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales -UBA; Rubén Laufer, docente Facultad de Ciencias Sociales - UBA; Víctor Lenarduzzi, docente de la Facultad de Ciencias de la Educación UNER; Ianina Lois, docente Facultad de Ciencias Sociales - UBA; Ariel López, abogado, Catamarca; Liliana Lotito, profesora Facultad de Ciencias Sociales - UBA; Carlos Mangone, profesor titular Facultad de Ciencias Sociales - UBA; Jorge Marchini, profesor Titular CBC - UBA; Carlos Alberto Meritano , docente Universidad Nacional de Rosario y Universidad Tecnológica Nacional; Graciela Molle, profesora Asociada - UBA; Susana M. Neuhaus, profesora titular Facultad de Ciencias Sociales - UBA / Asociación Gramsciana; Guillermo Alejandro Ossana, docente UN Río Cuarto, Córdoba; Dante Patrignani, profesor adjunto Departamento de Física, U.N. del Sur, Bahía Blanca; María Silvia Pérez Fernández, docente - UBA; Katia Pérez, profesora adjunta Facultad de Psicolgía - UBA; Carolina Ré, investigadora Instituto Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales - UBA; Eduardo Sartelli, docente Facultad Filosofía y Letras - UBA; Carlos F. Savransky, profesor Facultad Ciencias Sociales - UBA; Marina Schifrin, docente - UNComahue, Bariloche; Carlos Ernesto Scirica, docente - UBA; José Vazeilles, profesor Facultad Filosofía y Letras y Facultad de Ciencias Sociales - UBA; Mauro Vázquez, docente Facultad Ciencias Sociales - UBA, becario Conicet; Pablo A. Vommaro, docente e investigador - UBA; Antonio García, Club de Cultura Socialista, Neuquén; Antonio Miglianelli, Fundación Ecológica Neuquina (Funden) Asociación de Profesionales en Lucha (Apel); Asociación de Abogados Laboralistas; Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD); Comité de Acción Jurídica (CAJ); Correpi; Abogados Laboralistas de Izquierda (ALI); Conadu Histórica; Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios; Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA);Federación Universitaria de Buenos Aires (Fuba); Federación Universitaria de Comahue (FUC);Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras, UBA (CEFyL); Comisión Interna No Docente Facultad de Ciencias Sociales, UBA; Cátedra Historia Argentina III B (FFyL-UBA); Eduardo Murúa, MNER Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas; Adriana Calvo, Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD); Guillermo Pajoni, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas; Leonardo Sinistri, Abogados Laboralistas de Izquierda (ALI); Fabio Basteiro, legislador electo Ciudad de Buenos Aires - Proyecto Sur, secretario General CTA Capital; Samuel Cabanchik, senador nacional por Ciudad de Buenos Aires; José Ernesto Castillo, Izquierda Socialista, profesor regular UBA y Unicen; Laura García Tuñón, legisadora electa Ciudad de Buenos Aires - Proyecto Sur; Garisto Pablo Herrero, Diálogo 2000; Jorge Molina, concejal del partido de Quilmes, Buenos Aires - Bloque Honor Peronista; Cora Otamendi, concejal del partido de Quilmes, Buenos Aires - Bloque PJ; Liliana Parada, diputada nacional - Bloque Igualdad Social - Proyecto Sur; Juan Alberto Remedi - Movimiento Bolivariano de Entre Ríos; Luis Alvarez, trabajador Sidor Venezuela; Tiziano Bagarolo, docente, Milano, Italia; Tulio Camacho, comunicador social, Venezuela; José Capitán, trabajador petrolero, Venezuela; Rafael Fernández - Partido de los Trabajadores, Uruguay; Rainer Enrique Hamel, doctor, profesor del Departamento de Antropología, Universidad Autónoma Metropolitana, México, D. F.; Juan Linares, Venezuela; Jesús Lugo, directivo del sindicato del Instituto de Prevención de Salud y Seguridad Laboral (INPSASEL), Regional Carabobo, Venezuela; Adalberto Mazeira, trabajador sector salud, Venezuela; Robinson Omawe, trabajador petrolero, Venezuela; Francesco Schettino, PhD. SPES Development Studies Research Centre Sapienza, University of Rome, Italia; Richard Teran, trabajador petrolero, Venezuela; Andrés Torres, secretario general Sindicato de Cloros, Venezuela; Santino Mario Tripodi, obrero, Italia; Roberto Yepez, asesor laboral, Venezuela; Silvia América Mansilla, estudiante posgrado Servicio Social, Brasil; Rodrigo Amoroso, congresal Suteba Moreno; Alejandra Angriman, secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades, CTA nacional; Mariana Vendan, secretaria de Hacienda, AGD-FFyL; Octavio Colombo, secretario gremial, AGD-FFyL; Claudia Consiglio, secretaria gremial Suteba Escobar; Carmelo Cortese, docente Investigador de la UNCuyo, secretario general de Fadiunc, Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Cuyo; Silvina Cuello, secretaria de Prensa de AGD-Psicología; Néstor Di Milia, secretario adjunto de Además; Horacio Fernández, secretario general CTA Neuquén; Axel Kicillof, secretario general AGD-Ciencias Económicas; Gustavo Lerer, delegado general de ATE Hospital Garrahan; Julio Macera, secretario de Prensa CTA Capital; Estela Méndez, delegada departamental, Departamento Colón, Córdoba; Carlos Felipe Mosquera, ex secretario general AGD-Ingeniería, doctor en Física; Eduardo Otero, Mesa CTA Capital; Ricardo Peidro, secretario de Derechos Humanos CTA Nacional; Viviana Puccio, vocal suplente Suteba San Martín/Tres de Febrero; Walter Sánchez, congresal Suteba San Isidro; Ernesto Settembrini, minoría Suteba Matanza; Julio Sequeiro, congresal de ATEP, Tucumán; Adriana Sirna, congresal Suteba San Martín Tres de Febrero; Carlos Suárez, congresal Suteba San Martín Tres de Febrero; Diego Toscazo, congresal de Ctera por ATEP y congresal ATEP, Tucumán; Eloy Vázquez, delegado Suteba Lomas de Zamora; Ernesto Lamas, FM La Tribu; Raúl Mileo, compositor; Daniel Vilá, periodista, profesor Facultad de Ciencias Sociales - UBA; Patricio Finoli, presidente del Centro de Estudiante del Instituto Superior del Profesorado Joaquin V. González; Alejandro Rodríguez Carrera, presidente Federación Universitaria Del Comahue; Marcelo Langieri, secretario académico de la Carrera de Sociología, FCS - UBA; Osvaldo Baigorria, profesor titular Facultad de Ciencias Sociales - UBA; Roberto Bein, profesor Facultad de Filosofía y Letras - UBA; Graciela Biagini, Sociología de la Salud, profesora consulta, FCS - UBA; Alicia E. Carrizo, profesora FFyL - UBA; Alcira Daroqui, profesora de Carrera de Sociología, FCS -UBA; Hernán Marcelo Díaz, docente de la UBA, Semiología CBC; Miguel A. Etchegoyen, profesor CBC - UBA y profesor UNLuján; Griselda Fanese, docente UNComahue, Neuquén; José Fernández, docente UBA; Silvia Gastaldo, docente U.N.Rosario; Marina Rabat, docente Facultad de Filosofía y Letras - UBA; Claudio Katz, profesor Facultad Filosofía y Letras y Facultad de Ciencias Sociales - UBA; Juan Kornblihtt, docente Facultad Filosofía y Letras - UBA; Luis Fernando Kowaleski, docente Universidad Nacional Patagonia Austral, Puerto San Julián, Santa Cruz; Silvia Lago Martínez, profesora Facultad de Ciencias Sociales - UBA; Susana Landau, investigadora adjunto-Conicet, departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales -UBA; Rubén Laufer, docente Facultad de Ciencias Sociales - UBA; Víctor Lenarduzzi, docente de la Facultad de Ciencias de la Educación UNER; Ianina Lois, docente Facultad de Ciencias Sociales - UBA; Ariel López, abogado, Catamarca; Liliana Lotito, profesora Facultad de Ciencias Sociales - UBA; Carlos Mangone, profesor titular Facultad de Ciencias Sociales - UBA; Jorge Marchini, profesor Titular CBC - UBA; Carlos Alberto Meritano , docente Universidad Nacional de Rosario y Universidad Tecnológica Nacional; Graciela Molle, profesora Asociada - UBA; Susana M. Neuhaus, profesora titular Facultad de Ciencias Sociales - UBA / Asociación Gramsciana; Guillermo Alejandro Ossana, docente UN Río Cuarto, Córdoba; Dante Patrignani, profesor adjunto Departamento de Física, U.N. del Sur, Bahía Blanca; María Silvia Pérez Fernández, docente - UBA; Katia Pérez, profesora adjunta Facultad de Psicolgía - UBA; Carolina Ré, investigadora Instituto Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales - UBA; Eduardo Sartelli, docente Facultad Filosofía y Letras - UBA; Carlos F. Savransky, profesor Facultad Ciencias Sociales - UBA; Marina Schifrin, docente - UNComahue, Bariloche; Carlos Ernesto Scirica, docente - UBA; José Vazeilles, profesor Facultad Filosofía y Letras y Facultad de Ciencias Sociales - UBA; Mauro Vázquez, docente Facultad Ciencias Sociales - UBA, becario Conicet; Pablo A. Vommaro, docente e investigador - UBA; Antonio García, Club de Cultura Socialista, Neuquén; Antonio Miglianelli, Fundación Ecológica Neuquina (Funden)

Los vecinos de barrio General Mitre han resuelto por mayoría en las asambleas de la Plaza (el pulmón del barrio), un plan de lucha que a medida que avanza se va nutriendo de más reivindicaciones y un programa de reconstrucción barrial. La asamblea comenzó reuniéndose en un local del Polo y tuvo que trasladarse a la plaza por la gran concurrencia de vecinos, que llegó a 70 compañeros. Todos los sábados funciona esta asamblea vecinal y popular. Han presentado un pedido de audiencia al intendente Mussi con un petitorio que reclama la cesión de terrenos para viviendas populares. Esto contrasta con la política del intendente, que hizo y hace de los mejores terrenos del distrito un gran negocio inmobiliario. En el barrio General Mitre hay empadronadas en Acción Social más de 120 familias sin viviendas que necesitan terrenos. Los vecinos reclaman al intendente por las cuatro manzanas descampadas donde hoy hay un basural que es un foco de infecciones e inseguridad para las jóvenes. Las manzanas se encuentran dentro del perímetro del barrio. Tiempo atrás los vecinos habían ocupado esos terrenos y fueron brutalmente desalojados por la patota de Mussi y la Gendarmería. También piden puestos de trabajo en la obra pública (Berazategui y la región está sacudida por 15.000 suspensiones y despidos), y la triplicación del presupuesto de salud para garantizar el funcionamiento del Hospital Sábato y las salitas barriales. Por último, el petitorio de la asamblea reclama el entubamiento del arroyo Giménez y el retiro del casco urbano de las antenas de CTI y de los transformadores con PCB. La asamblea también rechazó los aumentos desmedidos de las boletas de la luz. No al tarifazo. Corresponsal de barrio General Mitre

Una importante campaña de firmas para exigir la renuncia del intendente de El Bolsón, Oscar Romera, se está desarrollando desde la marcha del 16 de julio. El sábado 25, una jornada en la plaza central, bajo el título "Historias de negociados, impunidad y violencia", dio muestra, a través de fotos, denuncias y artículos periodísticos de una serie de hechos en los que se manifiestan los métodos políticos del radical K Oscar Romera. La muestra fue exitosa, tanto por las 7 horas que se mantuvo como por la cantidad de residentes de la zona y turistas que la visitaron, y por sobre todo fue muy importante la cantidad de firmas que se juntaron. La repercusión nacional y local, la continuidad de una multisectorial que debate y organiza y la contundente respuesta a toda manifestación en contra de los métodos de patota, molesta a funcionarios y punteros que continuando con la metodología que mas conocen; acusan de "golpistas" a la población organizada y tratan de intimidar con amenazas públicas. Los demás partidos políticos: PJ, PPR y FG se manifiestan en contra de los sucesos con CQC sin vincularlos con la política general del intendente, sino que se limitan a denunciar un "exceso" contra los cronistas porteños y hacen malabares para no pedirle la renuncia. No quieren profundizar una crisis política puesta de manifiesto por el carácter popular del repudio, y que puede llevárselos puestos también a ellos. Pero en El Bolsón está cada vez mas claro que no se trata de un hecho aislado, sino de una práctica de gobierno que tiene por finalidad disciplinar a la población y a sus organizaciones, en función de los apetitos de los latifundistas, inmobiliarias y otros. Mali Quintillan

El gobierno iraquí cedió a "las silenciosas presiones" norteamericanas y postergó el referéndum previsto para el 30 de julio, que debía definir la aceptación del Pacto de Seguridad (Sofa) firmado con Estados Unidos. El presidente Maliki trasladó el referéndum a enero porque las encuestas indicaban que el voto negativo superaba el 73%, "un resonante mandato" capaz de bloquear incluso un nuevo acuerdo con Estados Unidos (Truthout/Znet). Esto, cuando el propio ministro de Defensa iraquí, Abdul Khader, dijo que prefería que los norteamericanos se quedaran cinco años más. El clérigo chiita Moqtada Al Sadr convocó estas semanas a masivas movilizaciones en rechazo al Pacto de Seguridad y denunció que los actos terroristas son una conspiración para justificar la presencia norteamericana. Los yanquis carecen de un plan alternativo para una retirada más rápida. The Wall Street Journal duda incluso de que el referéndum se haga alguna vez. El secretario de Defensa norteamericano, Robert Gates, indicó que las tropas ocupantes podrían permanecer más allá de cualquier plazo como "brigadas de asesoramiento y ayuda", y el jefe del Estado Mayor del Ejército, George Casey, predijo que se quedarán hasta 2019. La retirada de Irak no está en la agenda, diga lo que dijera de Obama. Retirada fraudulenta La caída del referéndum se suma a la payasesca "retirada de las tropas norteamericanas de las ciudades iraquíes" del 30 de junio, supuesto primer paso de la retirada total en 2012. Aunque Maliki lo declaró "día de la soberanía nacional" y hubo pomposos festejos, la mayoría de las fuerzas "retiradas" fueron reubicadas en Bases de Operaciones de Avanzada, "carísimos establecimientos construidos para un uso duradero" (Financial Times, 1/7). Washington y Bagdad mantienen en absoluto secreto "el número y la naturaleza de la retirada, agravando las sospechas de juego sucio". Los ocupantes retuvieron las "violentas tareas de control de la seguridad", en la convicción de que "el orden público depende de que los iraquíes sean muy conscientes de la presencia en bambalinas de las tropas norteamericanas" (ídem). Miles de soldados siguen en Basora, Bagdad y Mosul, "sólo que de manera más discreta"; los efectivos "duermen en las afueras y a la mañana regresan a Bagdad o a Mosul". El gobierno incluso reinventó un mapa de Bagdad, para que la base Falcon y sus 3.000 soldados quedaran formalmente fuera de los límites urbanos (The Christian Science Monitor, 19/5). Si bien el ejército norteamericano entregó a Irak más de 60 bases urbanas, está ampliando otras y construye nuevas en zonas rurales para reubicar las tropas que dejan las ciudades (Army Times, 22/6). La retirada es, por lo tanto, "un hecho nominal". Sin embargo, quedan 131.000 soldados y el jefe militar yanqui en Irak, Ray Odierno, dijo que retirará 10.000 en diciembre "según cómo vayan las cosas sobre el terreno" (AP, 18/6). El Pacto de Seguridad no menciona siquiera a los ejércitos mercenarios, que en marzo superaban los 132.610 "contratados". Según Gary Motsek, alto funcionario del Ministerio de Defensa, con Obama la cantidad de ‘contratados' aumentó un 23% en el segundo trimestre de este año (truthout.org, 5/6). Al-Maliki vendió la redistribución de las tropas yankys como una gran victoria similar a la rebelión iraquí contra los británicos en 1920. Priya Satia, profesora de historia de la Universidad de Stanford, dice que la "cínica comparación" es adecuada, porque 1920 fue "un año trágico" para Irak. La feroz represalia británica dejó al país cuatro décadas bajo dominio inglés, hasta la revolución de 1958. "Los iraquíes son demasiado astutos para dejarse engañar por una ocupación invisible. Hoy también la victoria está teñida de fraude y la resistencia patriótica lo sabe", opina Satia. Por el contrario, "la retirada actual es vista como un control americano más encubierto y violento" (The New York Times, 1/7). En junio se duplicó el número de víctimas civiles (447 muertos) respecto de mayo, la peor estadística en los últimos once meses. Olga Cristóbal

Los K le dan vía libre a la policía "Pro" En la misma semana en que arreciaron las mayores críticas a la designación de "Fino" Palacios, el kirchnerismo y el macrismo sostuvieron, no una sino tres instancias de "diálogo político". Cristina recibió a Macri; Macri hizo lo mismo con Filmus y, finalmente, Anibal Fernández se juntó con Rodriguez Larreta, el número dos del gobierno "PRO". Las reuniones, que todos ellos calificaron de "provechosas", dieron lugar a un conjunto de "consensos". Entre ellos, también se incluyeron las "políticas de seguridad". El kirchnerismo mantiene su negativa a traspasar fondos nacionales para financiar a la policía porteña. Macri, de todos modos, decidió avanzar con "fondos propios". Para ello, está subejecutando todas las partidas vinculadas con las áreas sociales, y disparan hacia arriba todos los impuestos y tasas, desde el ABL hasta el acarreo de la grúa. Más allá de esa cuestión de plata, los "K" le dan vía libre a la cuestionada policía macrista. En su reunión con Macri, el propio Filmus propuso crear una "comisión parlamentaria" para estudiar la "agenda de la autonomía porteña". Entre otros puntos, acordaron incluir en esta "agenda" a la estratégica cuestión del puerto -donde Macri pretende avanzar en la completa privatización de sus instalaciones- y a la ejecución de cuestionados megaproyectos, como el de la autopista ribereña. Respecto de la seguridad, los dos gobiernos acordaron "establecer políticas conjuntas con la Nación para una labor coordinada con la Policía Metropolitana" ( Clarín , 23/7). En la reunión de Fernández con Rodríguez Larreta, se pactaron encuentros posteriores de los dos ministerios de seguridad "para ver cómo trabajarán la Policía Federal y la nueva fuerza que está creando Mauricio Macri" (ídem 24/7). El kirchnerismo no tuvo problemas en avanzar en estos acuerdos, aún cuando esa "nueva fuerza" está siendo reclutada y "capacitada" por Fino Palacios, un ex federal acusado de múltiples vínculos con la represión y con el delito organizado. Marcelo Ramal

¡Tocan las Manos! El sábado 1º de agosto se realizará un gran festival, a seis meses de la desaparición de Luciano Arruga. Durante todo este tiempo, la familia -acompañada por las organizaciones que participamos de la Coordinadora por la aparición con vida de Luciano- realizó varias acciones de lucha e innumerables pedidos para ser recibidos por el gobernador Scioli. Pero el poder político municipal, provincial y nacional ningunean la desaparición del joven de 17 años, de La Matanza, mientras transan en el Congreso, con la oposición, la sanción de la ley de la baja de la edad de imputabilidad. Tampoco puede decirse que la Justicia haya hecho algo. Si bien la fiscal de la UFI 1 ha investigado, eso no ha redundado en ningún avance en la causa, debido -en parte- a las trabas puestas por el juez Blanco. Al día de hoy no hay ni detenidos ni procesados, solo continúan desplazados los ocho policías que estaban de turno el 31 de enero, cuando Luciano fue secuestrado. Mientras tanto, el destacamento de Lomas del Mirador sigue funcionando, al igual que las comisarías de las que depende. Así continúan el amedrentamiento y la persecución a los jóvenes del barrio, y sobre todo los delitos. A la denuncia del aumento de robos y apertura de prostíbulos que varios vecinos de la zona denunciaron a poco de instalado el destacamento, se sumó hace poco la denuncia de una violación de una menor discapacitada a manos de un policía de Lomas del Mirador, en el Hospital Paroissen. Para acompañar esta lucha, invitamos a todos este sábado 1º al festival que se realizará desde las 15 horas, en San Martín y Mosconi, Lomas del Mirador. Entre otras bandas, tocan Andando Descalzo y Las Manos de Filippi. Rosalía

La Mesa Nacional de la CTA convoca de improviso a otra “jornada nacional”. Dice que es una “continuidad del 22 de abril y del 27 de mayo”, para el próximo 7 de agosto. Pero ¿cuál es el balance las ‘jornadas’ anteriores? ¿Qué papel jugó la central en las luchas y ocupaciones de fábrica que hubo, con Tersuave, con los ingenios salteños, con Mahle, con Massuh y tantas otras? ¿Qué papel tuvo la UOM de Villa Constitución frente al desastre de la experiencia de Paraná Metal, a las suspensiones siderúrgicas y a la propia paritaria de la UOM? ¿Qué pasó con el salario docente? Con toda frescura se larga una campaña de afiches por el Seguro Universal a los Niños y “la apelación al diálogo social (que) debe formularse para avanzar en el diseño de políticas públicas de alcance universal que erradiquen el hambre y la exclusión en nuestro país”. En buen romance, se coloca la ‘jornada’ en el marco del ‘diálogo’ con el gobierno, la derecha y los golpistas de la Mesa de Enlace y la Asociación de Empresarios Argentinos. Hay que hacer lo contrario: sacar a las reivindicaciones del chaleco de fuerza del Consejo Económico y Social, que no tiene otro propósito que regimentar a los sindicatos, como lo demuestra el salario mínimo de 1.500 pesos que se cobrará a principios de febrero de 2010. Otras letanías como “una ley de emergencia ocupacional” o “profundizar el proceso de nacionalizaciones”, si es que quiere decir algo, no se alcanzarán con ‘políticas públicas’ armados con la burguesía, sino por medio de un plan de lucha. Por otro lado, no se dice en la convocatoria una sola palabra de los rescates capitalistas a GM, Peugeot, Mercedes Benz, bonistas de la deuda pública y otras yerbas con los fondos de la Anses. Así las cosas, sin organizar la lucha real de los trabajadores, la función de la nueva “jornada nacional del 7 de agosto” es de pura distracción. Néstor Pitrola

¿Qué se esconde detrás del ataque del intendente de Córdoba, Daniel Giacomino a los trabajadores municipales? La especie de que estamos en presencia de un conflicto motivado por la elevada relación de los salarios con el presupuesto municipal, es simplemente una tontería. Giacomino pretende lotear la municipalidad a favor de los grupos capitalistas locales, y para ello necesita establecer una llamada "descentralización operativa"; o sea, la tercerización de servicios y el uso discrecional del presupuesto. Los trabajadores de la Dirección de Obras Viales, uno de los sectores a descentralizar, han denunciado el deterioro absoluto de la flota de vehículos y maquinaria vial. Las obras viales para la infraestructura de los desarrollos inmobiliarios del Grupo Edisur, no cuentan con la inspección ni aprobación de esa dirección municipal. El Grupo Edisur es uno de los beneficiados por los convenios de concertación público-privada que autorizan a los especuladores inmobiliarios a violar los códigos de edificación, a cambio de que inviertan en obras de infraestructura que, por supuesto, nadie controla. En octubre de 2008, Giacomino firmó con el Grupo Roggio un convenio extra judicial que cancela deudas de la empresa, Aguas Cordobesas, con el municipio por 12 millones de pesos, para compensar supuestas deudas municipales con otras empresas del mismo grupo, como Cliba y la constructora de Benito Roggio. Es decir, Giacomino ha emprendido una cruzada contra los trabajadores para poner el presupuesto al servicio de los especuladores inmobiliarios, para el pago de deudas fraudulentas y para sostener a un puñado de capitalistas. Manuel D'Alessandro

Lieberman recaló en Colombia "para hablar del comercio bilateral y de los procesos de paz vividos por ambos países" (Itongadol-EFE, 16/7). Allí fue recibido por el presidente colombiano, Álvaro Uribe. Ambos tuvieron entonces oportunidad de intercambiar sobre sus respectivas experiencias en materia de "procesos de paz": acerca de la masacre de Gaza uno, y respecto al sistemático asesinato de dirigentes y militantes sindicales y campesinos el otro. El cinismo habitual de la diplomacia se convierte aquí en franca (y macabra) burla. El encargado de negocios de la embajada israelí en Colombia señaló que las relaciones entre ambos países "siempre han sido muy buenas". Actualmente Colombia es el segundo socio comercial de Israel en Latinoamérica, sólo detrás de Brasil. Israel compra a Colombia la tercera parte del carbón que consume, y exporta a este país "agricultura y telecomunicaciones". Pero eso no es todo: Colombia "compra buena parte de su armamento y aviones de combate a Israel" (ídem anterior), deberíamos agregar que con el generoso financiamiento del imperialismo yanqui. Procesos "de paz", negocios: el encuentro entre Lieberman y Uribe fue una velada encantadora, ¡el hombre tenía motivos para sentirse como en su casa! Jacyn

Lieberman recibió en América Latina un trato que ni siquiera le dispensan los líderes de los países imperialistas. Durante su primera gira europea, a comienzos de junio, sufrió todo tipo de desplantes, especialmente por parte de las diplomacias alemana y francesa. En Paris, no se celebró la tradicional conferencia de prensa con su par francés y de hecho el presidente Nicolás Sarkozy recomendó al primer ministro israelí "deshacerse" de la presencia de Lieberman en su gabinete. En Berlín, el jefe de la diplomacia alemana no lo recibió en un edificio público sino en un restaurante. Ningún presidente tomó contacto directo con él. Incluso Barack Obama, que había recibido al premier Nethanyahu y al ministro de defensa de Israel, Ehud Barak, eludió entrevistarse con Lieberman. En Argentina, en cambio, fue recibido con toda la pompa por el jefe de ministros, por el canciller y por el jefe de Gobierno de la Capital. En Brasil, Colombia y Perú, se entrevistó con los respectivos presidentes. "El jefe de la diplomacia (israelí) es casi un apestado en Europa y Estados Unidos" ( El País , 13/7). Lieberman acusa por lo bajo a dos asesores de Obama, Rahm Emmanuel y David Axelrod, por su relativo aislamiento. Los tilda de "self hating jews" (judíos que se odian a sí mismos), etiqueta que aplica a los judíos que critican las políticas del Estado de Israel. Mientras Lieberman se paseaba por Sudamérica, Hillary Clinton advertía a Irán que si no se abría a una negociación respecto de su plan nuclear, Estados Unidos tomaría "recaudos, incluso severos, y trabajaremos para aumentar la defensa de nuestros socios en la región". El principal de estos "socios" es Israel. "Vamos a dejar todavía la puerta abierta" a las negociaciones, pero "el reloj nuclear corre" fue el ultimátum de Clinton (Página/12, 23/7). Jacyn

El desalojo violento de Sasetru y la detención de Pablo Heller, en 2002, fue realizado por un impresionante operativo en el que participaron 785 policías. La fábrica, dedicada a la producción de pasta seca, permaneció inactiva durante 20 años. Las máquinas estaban aptas y en condiciones de producir. También estaban disponibles los brazos dispuestos a hacerla funcionar y los destinatarios de esa producción. Sin embargo, Molinos, del grupo Pérez Companc, dueña de Molisur, una suerte de empresa satélite, le había comprado la fábrica a la quiebra de Sasetru, con el único propósito de impedir que se apropiara de ella algún grupo rival. Es decir, no había el menor propósito de hacerla volver a funcionar. Se acordaron que la fábrica les pertenecía cuando los trabajadores tomaron la iniciativa de ocuparla y ponerla a producir. La actualidad del tema salta a la vista. ¿No es, acaso, lo que ocurrió con el Bauen o más recientemente con Indugraf, Arrufat o la textil quilmeña Febatex? El desalojo de Sasetru también es elocuente de cómo operan los lobbies patronales. La decisión del desalojo sale cuando era inminente la sanción del proyecto de expropiación en el Concejo Deliberante de Avellaneda. El compromiso de postergar una definición hasta tanto se expidiera el Concejo quedó súbitamente en la nada. Había operado la mano negra de Pérez Companc. El juez actuó en sentido contrario a lo que venían resolviendo otros jueces en casos similares ante la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación, circunscripta a los bienes muebles y maquinarias, aún en el ámbito municipal. La expropiación de La Baskonia, en La Matanza, fue resuelta por el Concejo Deliberante. El juicio contra Pablo Heller es un ataque a todos los luchadores y trabajadores que estamos defendiendo las fuentes de trabajo y el patrimonio industrial en el marco de la gigantesca crisis capitalista actual. Llamamos a sumarse activamente a la campaña nacional e internacional por la absolución de Heller, que ya cuenta con centenares de pronunciamientos y que culminará con una gran movilización el lunes 24 de agosto frente al tribunal de Lomas, cuando dará comienzo el juicio oral. Corresponsal

Hubo un paro muy importante, pero la paritaria de la UOM está empantanada. Moyano, debilitado por la derrota electoral kirchnerista y por la revuelta de los gordos, está “pisando” su propia paritaria del 17% en cuotas, a la espera de que la UOM firme con las manos libres. Pero esto no sirve: toda la CGT debería unificarse en el reclamo de la UOM. Porque esa paritaria es hoy terreno de maniobras contra todo el movimiento obrero. La negativa patronal al aumento del 22% reclamado por la UOM entraña un planteo más general de descarga de la crisis capitalista, que supera el aumento mismo, realmente modesto, cuando estamos hablando de salarios de convenio de 1.600 a 2.200 pesos. La dirección de la UOM está presionada por el retraso de paritarias anteriores, pero se adapta a la patronal que, debilitada por la crisis golpea más fuerte para zafar. La patronal siderúrgica pide un régimen de rebaja de horas de carácter prácticamente permanente, y libertad de despidos en las tercerizadas. A eso une reclamos más generales al gobierno como un aumento del dólar, liberación de tarifas y de precios internos, por ejemplo. Otros sectores presionan por subsidios estatales (ya lo hicieron por intermedio de la UIA en favor de reembolsos adeudados) y en el caso de la industria autopartista, está en discusión todo el régimen automotor, donde gran parte de esa actividad se está centrando en Brasil a partir de la caída vertical del mercado automotor. Esto es tan así que ya no hay una paritaria, sino dos. Los siderúrgicos están discutiendo aparte, de tal suerte que la patronal estuvo dispuesta a dar un anticipo a cuenta de futuros aumentos para dividir el paro con tal de negociar un régimen de crisis. Pero, con recesión y todo, el paro nacional del 23 mostró formidables reservas de lucha. Fue la dirección de la UOM la que dividió, organizando el carnereaje de toda la rama siderúrgica dependiente de Techint. Incluso no se paró en Siderar Varela, jurisdicción del “Barba” Gutiérrez, donde disimularon movilizando a los suspendidos, pero laburando adentro. Tampoco se organizó el paro mediante asambleas y piquetes, con lo cual la movilización de 7 u 8 mil metalúrgicos en la Capital, debió ser el doble y puede ser el doble en la próxima. Está planteada la huelga general del gremio y la lucha se gana. No hay espaldas en el gobierno ni en la patronal para aguantar que los 250 mil metalúrgicos se organicen en piquetes alrededor de sus plantas, convocando el apoyo obrero y popular en todo el país. La dilación política de la dirección de la UOM es la única valla para la victoria. Se trata de un convenio que venció en marzo, se aceptaron conciliaciones, postergación electoral, un laudo indigno de 500 pesos que encima algunas patronales no pagan y el inédito desconocimiento del aumento del 4% en la categoría más alta que debía regir a partir de abril. Techint, que ha rebajado el salario de sus obreros hasta un 30% por la vía de la reducción horaria, se dio el lujo de tirar 900 pesos a los de planta y 300 a los tercerizados y logró que la UOM carneree el paro en sus plantas. Una vergüenza. Otra vergüenza es que patronales como Peugeot, que recibieron plata de la Anses, nieguen el aumento.Los compañeros de Propulsora propusieron incorporar los 500 al básico, lo cual es elemental porque hoy la categoría de operario general (mayoría del gremio) está en 8 pesos la hora ¡Línea de pobreza! Este es el resultado metalúrgico de la “redistribución de la riqueza” de Kirchner y Moyano durante estos años. Semejante situación, agravada por las suspensiones y los despidos, se ha tornado explosiva. Lo que mostró el paro del 23 En la seccional Morón, la movilización fabril desbordó a la dirección local; las fábricas, al ver que no venían los micros, marcharon a la seccional y así desbordaron los micros. Los 30 micros de Matanza no alcanzaron, los de Lanús tampoco. Las agachadas corrieron por cuenta de las direcciones. En La Plata, Alstom y Federal Mogol pararon masivamente, pero en Siderar Ensenada pararon sólo las tercerizadas. En Santa Fe, sólo Mahle garantizó una columna importante y combativa. Paraná Metal ni siquiera paró, como resultado del desastre que ocurre en esa planta. El centroizquierda de Piccinini no fue capaz de unir Villa Constitución. Por Campana las cosas son peores: la UOM se reúne en congreso para expulsar delegados combativos que piden piquetes y asambleas. En Córdoba, unos mil trabajadores (un tercio de los movilizados) sitiaron la sede de la UOM para repudiar a Varas, el secretario general y legislador de Juez: días antes la directiva había golpeado a delegados combativos; ahora los quieren expulsar igual que en Campana. Hubo bronca – y silbatina– en Congreso, cuando Caló liquidó todo en 10 minutos. Esto se multiplicó cuando se fue corriendo la bola de los sucesos de Córdoba. La UOM requiere un nuevo rumbo Las experiencias triunfantes de Massuh, de Mahle, de Cive, de Pillkington, de Fargo, de Indugraf, todas fábricas que mediante la ocupación o la huelga impusieron triunfos, hablan de una clase obrera que está en condiciones de imponerse. Con el método de la huelga general se puede ganar. Organicemos asambleas en todas las plantas. Asambleas en todas las seccionales de la UOM. Por ese camino le quebramos el brazo a los topes de Moyano y Cristina y moralizamos al gremio para no aceptar ningún despido, luchar por el reparto de horas sin afectar el salario frente a las suspensiones y ocupar toda fábrica que cierre, para que sea nacionalizada y puesta a andar bajo control obrero. Que la crisis la paguen Techint y las patronales. Si ganan los metalúrgicos, ganamos todos los trabajadores. Néstor Pitrola

Entre gallos y medianoche (literal: se terminó de acordar a las 4:30 de la madrugada del jueves), la directiva del Suoem y la municipalidad de Córdoba llegaron a un acuerdo. Al mediodía siguiente, el secretario general del Suoem (Rubén Daniele), sin mostrar el acta del acuerdo, sometió su aprobación a una asamblea multitudinaria. En medio del repudio expreso de sectores enteros y el desconcierto de la gran mayoría, que (des)conocía los detalles del acuerdo solamente por los medios de comunicación. Los compañeros, que pretendían votar un paro de repudio a la represión del lunes y martes previos, se encontraron con la liquidación del conflicto (once trabajadores de las áreas operativas seguían presos -dos aún lo están- y los otros 22 habían sido liberados horas antes). El intendente Giacomino salió rápidamente por los medios a celebrar el “fin del conflicto” que durante 43 días mantuvo prácticamente paralizada a la mayor parte del municipio. Una entregada El conflicto se había desatado a raíz de un decreto que eliminaba las horas extras y la prolongación de jornadas, con el fin de “ahorrar” entre 5 y 6 millones mensuales y reducir la incidencia de la masa salarial en las erogaciones del municipio a un 50%. En un artículo para La Voz del Interior, Giacomino justifica que estos recortes eran para hacer frente, entre otras, a una deuda de 90 millones con Roggio, que tenía la concesión del sistema de recolección de residuos. El acuerdo con el sindicato “morigera” el recorte de adicionales, horas extras y la prolongación de jornadas, un “ahorro” de entre 3 y 4 millones. El gremio acepta el descuento de los días de conflicto (aunque en cuotas) y las sanciones disciplinarias a los 33 trabajadores detenidos luego de una fuerte represión frente al Palacio Municipal y de una cacería en el sector de El Alto (los sectores de obras). Giacomino obtuvo, además, dos triunfos estratégicos. Por un lado, el reconocimiento de parte del gremio de que la masa salarial no debe alcanzar más del 60% de las erogaciones del municipio, sin importar si el presupuesto se agranda o achica. De este modo, coloca a más de 1.200 contratados y monotributistas prácticamente al borde del despido. Muchos de ellos corresponden al área de salud. El otro punto concedido por Daniele es la descentralización del sector de obras (pasándolos a los CPCs), lo cual terceriza la obra pública y la pérdida del poder de policía del municipio, como hoy ya sucede con las obras del grupo de especuladores inmobiliarios Edisur. Resistencia El conflicto permitió destapar el total estado de derrumbe del municipio. Los secretarios de Salud y Educación renunciaron y denunciaron el vaciamiento de las áreas (los trabajadores del área de Especialidades Médicas denunciaron el abandono del área). El vaciamiento también es clave en las áreas operativas y de control. Ahora, el acuerdo de Daniele y Giacomino necesita pasar la prueba de fuego de su implementación. En este cuadro, planteamos: libertad a todos los presos, ni un trabajador sancionado, aumento salarial y pago de las deudas salariales, defensa incondicional de los derechos de los trabajadores municipales, salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, ni un peso de descuento, rechazo a la descentralización del sector de obras, aumento del presupuesto de salud y educación, pase a planta de contratados y monotributistas, no al pago de la fraudulenta deuda con Roggio, impuestos a los negocios capitalistas (grandes extensiones, especuladores inmobiliarios, etc.). No está todo dicho entre los municipales de Córdoba. Eduardo Salas

Es patético el espectáculo de Zelaya y el entusiasmo de la izquierda tras el imperio con su diplomacia y sus negociaciones. Primero Zelaya aceptó la primera oferta de Arias que para fortuna del defenestrado, el dictador no aceptó. Tras la restitución de Zelaya están los miles de hondureños volcados a las calles que tienen en jaque a la oligarquía y a su ejército. El sentido práctico de seguir las propuestas de Arias y la Clinton, y por ende Obama, es aplacar a las masas hodureñas en la calle. ¿Cuántos hondureños necesita Zelaya en la frontera para que haga frente a los gorilas y pueda transitar hasta la capital? ¿A cuántos coroneles y generales piensa Zelaya que debe convencer para que den la contraorden de disolver los retenes en las vías públicas? Con lo que pasó el viernes Zelaya cuenta ya con dos derrotas mientras el pueblo y los trabajadores hondureños aún no les han infligido la primera, es más, como en buen juego de pelota, las masas hondureñas tienen la recta a millón. Tenemos que movilizarnos en apoyo a sus luchas para que mantengan la movilización y la huelga general. Pero también para que confíen en sus propias fuerzas y hagan plantones frente a los cuarteles exigiéndole a la tropa que se les una. Hay que salir a nuestras calles para mostrarles una solidaridad masiva del pueblo y los trabajadores venezolanos. Una solidaridad que sea convocada por todas las organizaciones de base de los trabajadores y el pueblo, que sea llamada por todo el cañón por el PSUV y el propio Chavez en vez de seguir viéndose el ombligo en las negociaciones que al imperio yanqui y a Obama le interesan mantener, y que les da sus frutos. Oscar Arias es un títere del imperio donde Obama ejerce su jefatura. No hay salida política burguesa a la crisis económica en que esta inmersa Honduras como consecuencia de la bancarrota capitalista. Las alternativas pasan por lo que decidan las masas hondureñas en insurrección para barrer con la oligarquía, simple y llanamente, ellas no creen en negociación alguna con los golpistas ni con los gorilas. Desde los gobiernos del continente, incluyendo el nuestro, para nada se les motiva a las masas hondureñas a buscar sus caminos de autonomía frente al pacifismo de Zelaya para armar un gobierno de conciliación nacional con los golpistas. Todo el enfoque está centrado en Zelaya y su tímido accionar que por su lado aceptó no convocar a la constituyente e integrar el gobierno de conciliación mientras se convocan las futuras elecciones bajo el aparato político de la oligarquía. Todo un soberano monigote mientras logra calmar el ímpetu de las masas. Una cuestión es Zelaya su restitución, y otra es el esfuerzo los trabajadores, que sin duda, exigirán de que se concrete el aumento del salario mínimo que ha sido boicoteado por las propias instituciones del Estado capitalista y burgués. Ese es el motivo por los que gorilas y golpistas no ceden. Zelaya hoy es menos confiable ahora que como lo era ya cuando deciden sacarlo en pijama a Costa Rica. Pero toda la izquierda que avala a los gobiernos nacionalistas, de centro y de centro-izquierda del continente siguen ensimismados en Zelaya y las posibilidades de la negociación y la diplomacia bajo la sombra impuesta por los jefes del imperio. La única salida en Honduras pasa porque las masas insurrectas saquen del medio a la oligarquía y a los milicos. Se hace urgente y necesario que sea a esas masas a quienes vayan dirigidos todos nuestros esfuerzos de solidaridad. Los pueblos del continente latinoamericano deben expresarse en las calles y de nosotros debe partir la exigencia a que esas movilizaciones masivas se den, a la vez que exijamos que Chavez y el resto de los gobernantes de igual modo las convoquen. Una respuesta masiva en nuestras calles es más efectiva que el pacífico Zelaya en la frontera de Honduras con Nicaragua. Fuera la base militar norteamericana en Palmerola Por el desmantelamiento del ejército, y la creación de una milicia popular Disolución de los tres poderes públicos Por la restitución de Celaya y una asamblea constituyente soberana, autónoma, democrática y con plenos poderes Por la unión socialista de Centroamérica Opción Obrera roberyep@gmail.com info@opcionobrera.org Roberto Yépez

Tal como ha sucedido históricamente, la Iglesia católica se ha colocado del lado de los genocidas, dictadores y represores. El apoyo abierto de la iglesia hondureña al golpe que destituyó a Zelaya y el inmediato sostén que promovieron los prelados de las conferencias episcopales de Bolivia, Venezuela, Ecuador y El Salvador, en solidaridad con las declaraciones golpistas del cardenal Oscar Rodríguez Maradiaga, permite ver más claramente lo que está en juego en el continente latinoamericano. Es decir, el temor de la derecha a que avancen en América Latina regímenes de tipo chavistas o castristas que, siendo acompañados por una movilización y participación de las masas capaces de superar los propios marcos capitalistas que le imponen estos movimientos "nacionales y populares", terminen por desestabilizar el poderío imperialista norteamericano sobre la región y al propio régimen capitalista. Por esta razón, al igual que en el pasado con el apoyo al nazismo, al franquismo y a las dictaduras militares en Latinoamérica en las décadas de los '70 y '80, la Iglesia católica actúa con la derecha sobre la base del exterminio, la represión y la persecución para aplicarle una derrota a las masas, que en este caso se levantan para reclamar la participación en los debates políticos y las decisiones del país. Pocos días antes de haber perpetrado el golpe, la jerarquía católica hondureña, en la misma línea que los terratenientes, empresarios, fuerzas armadas y la embajada de EEUU, impugnó públicamente la consulta popular impulsada por Zelaya y llamó a levantarse contra el gobierno y sus políticas con estas declaraciones: "Lo que se ha dado en Venezuela se está dando en Honduras, se dio en Bolivia y en Ecuador. Yo aquí en todo miro la mano del presidente venezolano Hugo Chávez y el país no se puede entregar al chavismo ni a nadie, pues queremos seguir siendo libres e independientes" (monseñor Darwin Andino, obispo de Tegucigalpa, ACI Prensa, 27/6). Esta participación activa de la Iglesia hondureña en la misma conspiración para perpetrar el golpe, no llama la atención luego de haber apoyado el golpe fracasado contra Chávez en 2002 y luego de alinearse con el levantamiento de la derecha en Santa Cruz de la Sierra contra el gobierno de Evo Morales. Pero las declaraciones del clero hondureño en su compromiso golpista fueron aún más lejos, a través del cardenal Rodríguez Madariaga instaron públicamente a Zelaya que debía reconsiderar su regreso porque "podría desatar un baño de sangre", "...hasta el día de hoy no ha muerto un solo hondureño, por favor medite, porque después sería demasiado tarde", agregó en un clarísimo mensaje para infundir temor al pueblo que se estaba organizando en las calles para reclamar su retorno. La cúpula clerical le teme al avance de los "regímenes populistas" porque ponen en debate la intromisión de la Iglesia en las políticas del Estado, al hacer demagogia e impulsar algunas medidas sociales que confluyen con aspiraciones de los movimientos populares, los cuales chocan con los preceptos morales y religiosos de la vida familiar cristiana, aun siendo que estos gobiernos de tipo bolivarianos les terminen cediendo tarde o temprano sus privilegios económicos y les terminen entregando progresivamente, por ejemplo, el programa de las mujeres al Vaticano. Sin embargo, estas pujas políticas permiten reforzar las aspiraciones de las masas que empiezan a creer en sus propias fuerzas para transformar la sociedad, lo que provoca la reacción de la Iglesia y los sectores de la derecha capitalista. La crisis del catolicismo El apoyo público al golpe de Honduras del cardenal Madariaga, desató una crisis al interior del Vaticano debido a que refuerza la visión la cual vincula a la Iglesia católica con el apoyo a las dictaduras latinoamericanas pasadas. Considerado un papable en el cónclave de abril de 2005 en el que fue elegido papa Benedicto XVI, con esta acción el cardenal ha perdido todas las posibilidades, no por principios, sino porque claramente está en juego la credibilidad y el prestigio ya profundamente deteriorados de la institución cristiana. Luego de las críticas internacionales, Madariaga se defendió rechazando que él no había apoyado el golpe, aunque con argumentos que lo legitiman directamente. En este sentido, en un comunicado del episcopado hondureño, los obispos señalan que cuando Zelaya fue capturado por los militares, "ya no se desempeñaba como presidente de la República". "las instituciones del Estado democrático hondureño están en vigencia" y "sus ejecutorias en materia jurídico legal han sido apegadas a derecho". Para sostener la tesis agregan en este comunicado que "conforme a lo contemplado en el artículo 239 de la Constitución de la República, quien proponga la reforma de este artículo, cesa de inmediato en el desempeño de su cargo y queda inhabilitado por diez años para el ejercicio de toda función pública". Cabe señalar que estas leyes fueron elaboradas en el proceso dictatorial de la década del '80. El "despegue" oportunista y relativo del Vaticano, relativo ya que Benedicto XVI acaba de pedir la reconciliación entre Zelaya, el pueblo y los golpistas, al mejor estilo del pedido por el clero argentino hacia los militares locales, no pudo concretarse en los episcopados latinoamericanos que viven en sus países los choques internos con los regímenes de tipo chavistas, los cuales salieron a solidarizarse fuertemente con el prelado de Honduras. A través de un documento de la conferencia episcopal ecuatoriana le envían su "cercanía" y "solidaridad" con la Iglesia hondureña ante los recientes acontecimientos políticos. Además, el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), monseñor Ubaldo Ramón Santana, declaró: "Expresamos nuestro apoyo a la Conferencia Episcopal hondureña y en especial al Señor Cardenal Oscar Rodríguez Madariaga...". Lo mismo manifestaron los cardenales de Bolivia y El Salvador. Y cerrando con esta gran cónclave clerical queda el más grande de los interesados y perpetradores del golpe hondureño, los de América del Norte, EEUU, quienes a través de una carta enviada a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, la Conferencia de Obispos Católicos de ese país expresó su más profunda solidaridad con la Iglesia en Honduras. Abajo el golpe derechista en Honduras. Viva la rebelión popular del pueblo hondureño. Restitución sin condicionamientos del presidente Manuel Zelaya. Separación inmediata de la Iglesia del Estado. Mariela Solesio

Zárate sacudida por la muerte de Juan Cruz Marqués El asesinato del joven Juan Cruz Marqués por un policia de la Comisaría 1ª de Tigre en la madrugada del domingo 19 de julio generó una ola de indignación en toda la ciudad, que se manifestó el viernes 24 en una marcha cuya masividad hace rato que no se veía en Zárate. Venciendo el frío, miles de personas respondieron a la convocatoria. El crimen no ha sido la obra de un loquito suelto, sino la expresión de la descomposición del aparato policial bonaerense y, en general, del Estado capitalista: así lo entendieron todos en las horas siguientes a la muerte. Todos los informes periodísticos hablaban entonces de gatillo fácil. Esta fue también la primera e inmediata respuesta de la mamá de Juan Cruz, Vesna Ravnik. El intento de “plantarle” a su hijo un bolso para hacer figurar al joven como ladrón (maniobra que fracasó por la intervención de decenas de testigos del hecho) muestra un accionar policial típico. De tratarse de un joven de un barrio humilde, nadie habría cubierto el caso, y la familia hubiera quedado con el anatema de tener no sólo un hijo muerto sino, además, “delincuente”. El abuso policial y los atropellos son moneda corriente en los barrios de Zárate y de toda la provincia. Aunque la conciencia popular de que se trata de un caso más de gatillo fácil está totalmente generalizada en la población, en la marcha del viernes 24 no hubo, sin embargo, una sola consigna, ni un solo reclamo que lo planteara. Todo lo contrario: un petitorio que se hizo circular reclamaba la “total despolitización” del caso. Justamente, lo que vinieron haciendo aquellos que impulsan la campaña a favor de más policía “brava” (como el asesino Sanhueza). ¿Qué es lo que ha llevado en escasas horas a semejante viraje? La presión de un lobby policial y de sectores políticos vinculados. Temen que la indignación por lo ocurrido genere una respuesta organizada y que los responsables acusados vayan al banquillo de los acusados. Para que el crimen de Juan Cruz no quede impune es necesaria la organización y la movilización. Llamamos a impulsar la organización de la juventud en los barrios, lugares de trabajo y estudio contra el gatillo fácil, y a conformar una asamblea popular de Zárate. Carlos Frígoli

Entrevista a Liliana, trabajadora y delegada -¿Cómo logran ganar el conflicto? -Logramos ganarlo porque salimos a pelear a la calle, porque hubo una gran organización entre todos los trabajadores del sector, y lo más importante de todo era que teníamos un objetivo claro: recuperar nuestros puestos de trabajo. Tras movilizaciones, asambleas y reuniones pudimos llevar adelante un paro que definió nuestra vuelta a la empresa. -¿Cuándo se empiezan a organizar y cómo? -Ya en marzo nos juntábamos en la placita enfrente de la sede de Roca, y plantéabamos los problemas que teníamos en común, y llegamos a la conclusión de que no pertenecíamos a ningún sindicato. Bueno, ahí empezamos a buscar pero ninguno nos representaba. -¿Cuál fue el rol del gremio Luz y Fuerza durante el conflicto? -Ellos nos decían que llamaban a Leveltec para que nos reincorporen, pero que la empresa no quería hablar. No nos dieron bola, pero cuando nos empezamos a organizar independientemente de ellos, aparecieron para amenazarnos, apretarnos y dividirnos, y hoy quieren poner su sello en un triunfo que es nuestro. Si nos reincorporaron es porque luchamos hasta las últimas consecuencias para defender nuestros puestos de trabajo. Básicamente, Luz y Fuerza fue el elegido de la patronal para frenarnos y dividirnos. -Y ahora que están nuevamente adentro ¿Cuáles son las tareas de la nueva etapa? -Continuar y defender la organización independiente que logramos consolidar, terminar con las terciarizadas y con todo el trabajo precarizado.

Obrero ceramista en Fasinpat (ex Zanón) –¿Qué te llevó a sumarte como candidato a concejal? “He seguido la lucha política del partido por el periódico y la he comparado con otros periódicos de la izquierda. La caracterización de la crisis mundial y el posicionamiento frente a la patronal del campo son elementos que me hacen ver en el partido una política propia de los trabajadores.” –Como obrero ceramista, ¿cómo se expresa la crisis capitalista en tu lugar de trabajo? “Las leyes del mercado capitalista hacen que cualquier gestión obrera se desarrolle con desigualdad respecto de otra fábrica “común”. En Zanón se alcanzó, en su momento, una producción de 400.000 metros cuadrados mensuales, con maquinarias obsoletas y un enorme esfuerzo humano.” “Hoy sólo funcionan dos hornos y la producción ronda los 200.000 metros cuadrados, las ventas han caído en más de la mitad, y las deudas, que rondan los dos millones de pesos, limitan la producción por falta de materia prima. Existe mucha incertidumbre entre los compañeros ya que el sueldo se discute mes a mes.” –Hay dos cuestiones clave para los ceramistas neuquinos: por un lado, la expropiación de Zanón, que ha sido postergada en la Legislatura y, por el otro, la propuesta de ingresar a la CTA, ¿qué opinás de ambas situaciones? “La Legislatura jamás accedió a tratar un reclamo nuestro, ni de subsidio y menos aun el proyecto presentado por los trabajadores. La maniobra del gobierno fue siempre sacarnos de allí. Creó una comisión que, finalmente, elaboró el proyecto de expropiación por advenimiento (pagando a los acreedores).” “Por otro lado, la propuesta de ingreso a la CTA, que partió de la dirección del sindicato en reunión de comisión directiva, no tiene lugar con la realidad de la fábrica. En una de estas reuniones se comenzó con un informe de caracterización política nacional, donde los trabajadores luchaban en todo el país en contra de los despidos y suspensiones, por aumento de salarios, etc. La ecuación era meternos en la CTA.” “En esa ocasión planteé que una respuesta de los trabajadores ante la crisis debería ser recrear la convocatoria hecha por los trabajadores de Córdoba, donde confluyeran todos los sectores en lucha, y que debíamos tener en cuenta la importancia de la lucha de los petroleros en nuestra provincia, que están en la CGT. Por otro lado, en la fábrica se resta importancia a esta convocatoria de la dirección para ingresar a la CTA. Lo que más se discute es aumentar las ventas, alcanzar los objetivos de producción , mejorar la calidad del producto, etc. En la CTA ven a la burocracia que ha sectorizado las luchas: el hospital por un lado, los docentes por el otro y así. Hasta han llegado a plantear su desafiliación del sindicato ceramista si eso sucediera.” –¿Se debatirá el día que se trate el proyecto de expropiación, también el proyecto presentado por el sindicato ó sólo el que presentó Sapag? “Hasta la fecha sólo se discute el proyecto de expropiación presentado por el gobierno, incluso un despacho de resarcimiento indemnizatorio para los “montistas” (los que se quedaron con el burócrata sindical propatronal y no quisieron luchar por la recuperación de la fábrica), pero en ningún lado aparece el tratamiento del proyecto presentado por el sindicato. De esta forma también el gobierno pretende lavarle la cara a una Legislatura antiobrera, ya que de estar a debate el proyecto del sindicato se verían expuestos votándolo en contra, dejando claro realmente a quienes representan esos diputados.” N.C.

"Mi gente pudo haber matado unas 15.000 personas", dijo Manuel Córdoba (El País, 25/7), uno de los paramilitares desmovilizados en el marco de la "Ley de Justicia y Paz" que ya lleva cuatro años en Colombia. La ley abrió un proceso para que los involucrados pudieran declarar con la garantía de que las penas máximas serán de sólo ocho años. De los casi 3.000 paramilitares que se acogieron a la ley, 1.200 están con paradero desconocido. En estos cuatro años, la Justicia ya se ha contabilizado 27.000 crímenes y unas 40.000 víctimas, y se encontraron 1.997 fosas comunes con miles de restos. El carácter de esta ley es similar a la de "los juicios por la verdad" argentinos: se dictó una sola sentencia, el resto de los "desmovilizados" sigue libre y sin investigación judicial. "Durante veinte años los paras, con la disculpa de enfrentarse a la guerrilla, mataron a sindicalistas, líderes sociales y campesinos", dijo Gustavo Gallón, miembro de la ONG Comisión Colombiana de Juristas (ídem). Las declaraciones corroboran la responsabilidad del Estado y del ejército colombiano en el terrorismo contra la población, ya que vinculan por lo menos a 209 políticos, entre ellos 120 alcaldes, y a 140 militares, la mayoría de alto rango. Se los acusa de haber ayudado a coordinar las matanzas. Los métodos de los paramilitares rivalizan con los de los campos de exterminio nazis: descuartizaron, jugaron al fútbol con las cabezas de sus víctimas, utilizaron hornos crematorios para borrar el rastro de sus crímenes incinerando los cadáveres, y utilizaron serpientes para matar. "Nadie creía que lo que ha pasado fuera de tal magnitud y hubiera llegado a tal grado de barbarie", confesó Luis González, el fiscal que lleva el proceso. La masacre en Colombia no es cosa del pasado: esta semana, un informe de Naciones Unidas y del gobierno norteamericano denuncia el asesinato de campesinos en manos del ejército, haciéndolos pasar por guerrilleros. En Colombia los llaman "falsos positivos": "955 civiles murieron entre 2002 y 2007 y fueron clasificados como guerrilleros caídos en combate, un 60 por ciento más que hace cinco años" (Rebelión, 31/3/08). Los datos surgen de la investigación de 187 grupos de derechos humanos de Colombia. Los resultados de la "guerra contra la Farc" se miden en números de cadáveres. Cuantos más cadáveres, más plata llega desde EE.UU para el Plan Colombia, así que Uribe ha presionado por "resultados". Hipócritamente, Uribe -un hombre de los paramilitares- decidió impulsar "una campaña de concientización en derechos humanos" dentro del ejército. Pero la cantidad de muertos no desciende. Existe un acuerdo entre militares y buchones por el cual éstos cobran una recompensa cuando entregan a alguien. Han creado una empresa de financiamiento sobre la base de la muerte de campesinos colombianos. Clementina Robles

La marcha de la campaña Los primeros días de recolección de firmas por la destitución de Palacios han tenido un eco importante en la Ciudad. Durante el fin de semana, colocamos unas 50 mesas en barrios y plazas. La recepción del petitorio puso de relieve el repudio a la designación del represor y, en términos más generales, el cuestionamiento a la política macrista. En apenas tres días de campaña reunimos 2.500 firmas, acompañadas de una venta de 800 ejemplares de Prensa Obrera. El petitorio también se empezó a trabajar en los hospitales y en dependencias estatales. Pese a que no hay clases, se ha distribuído entre los activistas del gremio docente. En el gremio telefónico, el petitorio ha sido firmado masivamente en algunos edificios, y comenzó a circular entre los activistas de la Multicolor y la Naranja. Durante esta semana se llevará adelante una recolección de firmas en el subtérraneo, impulsada por la Agrupación Trabajadores de Metrovías. El domingo 26, los feriantes del Parque Centenario, que luchan sistemáticamente por defender sus puestos de trabajo frente al hostigamiento policial, realizaron un acto y corte con 300 compañeros, denunciando a Palacios y a la nueva policía. En las villas, el petitorio ha sido muy bien recibido. En la 31 se colocaron más de cien periódicos. Para esta semana, están previstas nuevas mesas y el reparto de una declaración del Partido Obrero de la Ciudad, y una campaña de pintadas con las consignas: “Fuera Palacios”, “Fuera la policía de Macri”. A pesar del receso universitario, la Fuba ha convocado una reunión de mesa representativa para sumarse a la campaña. También es importante el aporte de los artistas y bandas de rock, a través del MUR, LuchArte y el Ojo Obrero. El jueves 30, a las 17 horas, un conjunto de fuerzas políticas nos movilizaremos desde el Obelisco a la Jefatura de Gobierno a reclamar la destitución del represor y por la disolución de la patota de la UCEP (unidad de control del espacio público). Pongamos en pie una gran campaña popular para que se vaya Palacios y para frenar a la nueva policía. Ella no es más que un apéndice mafioso de la Federal y un aparato de represión contra trabajadores, estudiantes y vecinos. Juanelo y N. R.

Especulación inmobiliaria El gobierno de Macri envió a la Legislatura un proyecto para concesionar por treinta años el uso de de diversos inmuebles de la Ciudad, entre ellos el del ex Mercado del Plata, en Pellegrini y Perón. El proyecto se propone reunir fondos para la creación de un "centro cívico" en Barracas, adonde se mudaría la sede del gobierno. Cándidamente, el kirchnerismo señaló que el proyecto es "inviable", porque "antes hay que mudar los hospitales Borda y Moyano" (La Nación, 20/7). Pero, precisamente, el macrismo viene anunciando el cierre definitivo de los dos hospitales. Con el mismo propósito inmobiliario, el gobierno del PRO quiere "compactar" en un solo predio a los hospitales Muñiz, Udaondo y María Ferrer, ubicados en la misma zona. La radicación del "centro cívico" abriría paso a un movimiento de especulación de tierras en Barracas y Patricios. Para financiar esta especulación, que abarca 87 hectáreas de Barracas, el gobierno apelará a otro negociado: la concesión por treinta años de varios de sus predios. El proyecto no limita los posibles usos comerciales de los inmuebles a alquilar. De este modo, los actuales edificios públicos podrán transformarse en 'shoppings' sin necesidad de pasar por una audiencia pública, como sucedería en el caso de una venta. Según los propios funcionarios macristas, "la iniciativa puede resultar atractiva para varios desarrolladores inmobiliarios" (perfil.www.com.ar, 20/7). Le pagarán al Estado el canon correspondiente a un edificio degradado y, sin otro desembolso que el de las refacciones, podrán "re-alquilarlo" al doble del valor estipulado en la concesión. Entre los planes más osados de enajenación de la Ciudad ingresarán también los terrenos ferroviarios y nacionales, cuyo destino entró en el paquete del "diálogo" entre Macri y el gobierno K. Con el mismo propósito, hace un par de meses, la Legislatura votó la venta de las tierras de Catalinas Norte. Rechacemos el cierre del Borda y Moyano, y la cesión de los edificios públicos. El uso de los edificios y terrenos de la Ciudad tienen que ser sometidos a un plan urbano bajo gestión de las organizaciones ambientales y de lucha por el techo, para su empleo en la vivienda popular y en el desarrollo de espacios verdes. Marcelo Ramal

Este año, a instancias de la Uocra, se aprobó una ley que permite a los trabajadores de la construcción, con 25 años de servicios, jubilarse a los 55 años 10 años antes que el resto de los trabajadores, debido al envejecimiento prematuro que provoca en el trabajador esa actividad. Una condición para acceder a esta jubilación es que el trabajador no puede seguir trabajando en blanco, como sí pueden hacer el resto de los trabajadores. Lo que Gerardo Martínez no dice es que esos 10 años que se adelantan son financiados por el propio trabajador, que se jubilará con un haber muy inferior al resto de los trabajadores. La razón es que la jubilación se calcula por los años aportados. En este caso, al computar sólo 25 años, el haber jubilatorio, incluyendo la prestación básica, será la mitad del sueldo en actividad. Lo que hubiera correspondido es incrementar el reconocimiento de los años aportados de tal manera que el trabajador de la construcción cobre, a los 55 años, la misma jubilación que le hubiera correspondido a los 65. Pero a Gerardo Martínez este “detalle” se le pasó por alto. La forma de resolver esta reducción de la jubilación del trabajador de la construcción es que el haber sea igual al 82% del sueldo anterior a la jubilación. De lo contrario, con una jubilación de sólo la mitad de un sueldo miserable, el “envejecido” obrero de la construcción tendrá que hacer changas en negro de por vida. Raquel Miranda

La campaña para concejales del Partido Obrero cuenta en esta oportunidad con el aporte valiosísimo de la presencia activa de compañeros que debutan en la lucha política como candidatos. Es una manifestación de una gran inquietud y de la disposición a incorporarse a las actividades de defensa de un programa anticapitalista. En la ciudad de Neuquén, la crisis capitalista ha desembarcado con todo, con los despidos y tarifazos, con la creciente toma de tierras para hacer frente a la ausencia de un plan de viviendas. Esta lucha encuentra la respuesta de la represión organizada del gobierno municipal y provincial. Los candidatos del Partido Obrero se suman a las reuniones y asambleas en el barrio La Familia, toma Pacífica, con delegados de Confluencia y vecinos de 7 de Mayo y 2 de Mayo. El eje de las reivindicaciones es la falta de viviendas, servicios básicos y transporte; la necesidad de reorganizar la ciudad en contraposición a la política que prioriza los negocios millonarios con las constructoras, inmobiliarias y empresas como Indalo y Cliba. O sea, la política de la UCR, PJ, UNE, MPN y Libres del Sur en el municipio y el Concejo Deliberante. En el Parque Industrial seguimos el ritmo que impone la lucha contra los despidos y suspensiones y por el salario. Presentes en la lucha de los trabajadores de papelera Molarsa, que arrancaron una recomposición salarial a la patronal; con los compañeros de textil La Pastora, que quieren organizarse para superar la parálisis de la dirección burocrática de la CGT frente al vaciamiento y cierre del turno noche en tintorería. El Partido Obrero estuvo presente en el acto en donde el dirigente petrolero Guillermo Pereyra presentó un acuerdo con el gobernador, Jorge Sapag, que premia con mil millones de dólares el lock-out patronal. Fuimos la única organización que distribuyó un volante para denunciar esta nueva confiscación del pueblo y la falta de salida a los despidos. Llamamos a los trabajadores a organizarnos para impedir los tarifazos y para defender los puestos de trabajo, las 8 horas laborales y la defensa del salario. Asimismo, estamos organizando un encuentro de docentes y estudiantes, el 8 de agosto, y vamos a recorrer las escuelas y Universidad del Comahue cuando se retomen las clases. Volvemos a los hospitales y organismos públicos con un llamado a los estatales a votar a conciencia. Parido bajo pretexto de ser la expresión política del movimiento político, social y cultural de la CTA, la UNE se ha convertido, en apenas cuatro años, en una variante más de punteros y patrones. Nos proponemos ganar nuevos vecinos y conformar comisiones de apoyo en los barrios para sumarlos como fiscales en la defensa del voto a la lista 157 del Partido Obrero. Neuquén es un escenario de luchas crecientes, al compás de la crisis que se profundiza. El Partido Obrero se prepara para contraponer su programa, el 4 y 5 de agosto, en una mesa debate, con los candidatos de Benitto Roggio y Cristóbal López, quienes pretenden hacer de las elecciones del 23 de agosto una interna abierta de su propio gobierno. Los capitalistas tienen sus candidatos, los trabajadores al Partido Obrero. Que la crisis la paguen los capitalistas. Patricia Jure

"El Ejército convierte matar en un instinto" Desde que regresaron de Irak, diez soldados de una unidad del Ejército norteamericano ubicada en Fort Carson, Colorado, han sido encarcelados por cargos de asesinato, intento de asesinato u homicidio culposo. Un nuevo informe del periódico Gazette, de Colorado Springs, informa que muchos de estos soldados tienen graves problemas para adaptarse a la vida civil después de lo que han visto y hecho en Irak. La Cuarta Brigada de Combate de la Cuarta División de Infantería, luchó en algunos de los lugares más sangrientos de Irak. Desde que regresaron a Estados Unidos, varios soldados se suicidaron y otros han estado implicados en riñas, golpizas, violaciones, tráfico de drogas, violencia doméstica, tiroteos, apuñalamientos y secuestros. Uno de ellos, Kenneth Eastridge, está cumpliendo una pena de diez años por ser cómplice de un asesinato. Eastridge le dijo al Gazette: "El Ejército te lo hace retumbar en la cabeza hasta que lo convierte en un instinto: matar a todos, matar a todos. Y lo haces. Luego creen que simplemente puedes regresar a casa y parar". Varios soldados dijeron que la disciplina de la unidad se deterioró en Irak, antes de regresar a Estados Unidos: taxistas iraquíes eran asesinados sin ningún motivo; los soldados dejaban tirados a los hombres tras interrogarlos; los tanques de guerra arrasaban con los autos iraquíes sin ningún motivo. Otro soldado, Daniel Freeman, dijo: "Cerca del final estábamos realmente desenfrenados, cansados y frustrados. Si alguien se acercaba demasiado, lo prendíamos fuego".

La reciente cumbre del Mercosur, que tuvo lugar en Paraguay, volvió a mostrar que la crisis internacional divide a las burguesías latinoamericanas. Animaron el Mercosur con la fantasía de hacer de la unidad comercial un factor de desarrollo, y ahora buscan sortear la crisis apelando a medidas perjudiciales a expensas de sus vecinos. La cumbre fue un fracaso. “Este cónclave es tan magro que dos cancilleres llegaron más tarde y faltará el ministro de Economía de Brasil. Hasta el siempre presente Hugo Chavez pegará un faltazo esta vez a Asunción”, anticipó Clarín (24/7). “Como se esperaba, los impasses económicos dominaron la reunión cumbre del Mercosur”, comentó el diario brasileño Zero . Ocurre que Brasil, Paraguay y Uruguay rechazaron las restricciones a las importaciones de esos países por parte de Argentina para “proteger” ciertas industrias –como textiles, calzados, juguetes, electrodomésticos–, y para evitar que esas importaciones generen una mayor demanda de dólares en medio de un proceso imparable de fuga de capitales. Lula exigió que se ponga fin a ese proteccionismo y hasta fue por más, ya que reclamó que las empresas brasileñas radicadas en la Argentina no paguen el impuesto a los bienes personales. El ‘socio’ brasileño amenazó inclusive con denunciar al ‘socio’ argentino ante la Organización Mundial de Comercio (OMC). Argentina, por su lado, acusó a los otros países, en especial a Brasil, de favorecer “desvíos de comercio a China”. Maradía, secretario de Comercio Exterior, denunció que el proteccionismo lo practican aquellos países, como Brasil o Estados Unidos, que rescatan capitales con fondos públicos. Fernando Lugo, de Paraguay, por su lado, volvió a la carga contra Brasil “insatisfecho por los cerca de 100 millones de dólares que anualmente recibe por el 45% de la generación hidroeléctrica de Itaipú” ( Zero Hora ). Se trata de un desfalco histórico de los grandes grupos económicos brasileños, que se nutren así de energía barata a costa del pueblo paraguayo. Como broche final, según Clarín , “el Mercosur fracasó una vez más en su intento de aprobar un código aduanero. No pudo tampoco eliminar el doble cobro del arancel intrazona. Y quedaron temas centrales en el camino”. Pero agrega que se habría avanzado en el comercio regional en monedas locales sin pasar por el dólar. En realidad, el sistema de monedas locales es un fracaso, porque desde que se implementó, en octubre de 2008, hubo operaciones por 200 millones de pesos (55 millones de dólares), cuando el intercambio entre Argentina y Brasil ronda los 20.000 millones de dólares anuales. Es más que evidente que los exportadores argentinos no se quieren comprometer al cobro de sus ventas a Brasil en pesos, por el potencial devaluatorio que tiene la moneda argentina. A su vez, para que ese intercambio en monedas locales tenga amplitud, los bancos deberían dar créditos de exportación en pesos y en reales. Pero un banco brasileño sólo va a prefinanciar en pesos exportaciones argentinas si puede cobrar una tasa de interés del 15 ó 20% mensual, porque el dólar futuro supera holgadamente los 4,30/4,50 pesos. Y un banco argentino no va a prestar en reales por el alto riesgo especulativo que atraviesa la moneda brasileña. “De efectivo en el bloque, sólo se produjo la transferencia de la presidencia temporaria de Lugo para Tabaré Vazquez. Y para intentar mostrar que algo fue decidido, fue aprobado un vago compromiso de usar monedas locales en el comercio regional, que tendrá poco resultado práctico”. Esta conclusión de Zero Hora muestra el nuevo fracaso del Mercosur. Miguel Oteiza

El jueves 23 de julio, uno de los días mas fríos del año, los vecinos de la Villa 31/31 Bis volvieron a cortar la autopista Illía, bloqueando la mano de la autovía que va al centro porteño durante varias horas. Desde hacía tres días la falta de energía eléctrica venía afectando a cinco manzanas –la 11, 12, 13, 14 y 15– todas de la 31 Bis. En un barrio donde no hay red de gas, y la garrafa es carísima, casi toda la calefacción usa electricidad. El corte fue para reclamar una solución a la empresa Edenor, ya que se habían quemado el tablero y todo el tendido de media tensión. A buen entendedor... La policía, después de apretar y amenazar a varios de los vecinos, algo tenía en claro: la gente no se iría de la autopista mientras no volviera la luz. Edenor hizo los arreglos necesarios para que todas las manzanas tuvieran nuevamente electricidad... ¡en menos de dos horas! Los métodos piqueteros le habían devuelto la voz a los ninguneados sociales. Al día de hoy, varias manzanas de la Villa 31 sufren cortes intermitentes debido a la falta de mantenimiento de Edenor y a la mayor demanda eléctrica, producida por las bajas temperaturas invernales. Tenemos que discutir con los vecinos qué medidas vamos a tomar para solucionar definitivamente la falta de luz (y de calefacción) en pleno invierno. Algunas conclusiones A fines del año pasado, varias organizaciones que integramos la Mesa de Urbanización, entre ellas el Polo Obrero, hemos realizado cortes en la autopista para exigirle a Macri la urbanización de la Villa 31/31 Bis (lo que supone la construcción de cloacas, tendido eléctrico, red de gas natural, entre otras necesidades). Luego de varias reuniones ministeriales, no hubo ningún tipo de mejora en la situación habitacional de la Villa. Macri se gastó una fortuna en la campaña electoral (incluidos fondos públicos), pero ya anunció que no hay plata para viviendas hasta el año que viene. El jueves 16 de julio le respondimos con una multitudinaria marcha de compañeros del Polo, de cooperativas de viviendas y otros movimientos sociales. Hoy, cuando ya el Gobierno de la Ciudad anunció que el IVC no hará ninguna obra este año, tenemos que redoblar la apuesta por la urbanización. Eduardo Guernica

Un paso adelante El lunes 6 de julio se impuso en Stani/Cadbury un paro de hecho para reclamar que se otorguen dos semanas de licencia con goce de sueldo para evitar el contagio de la gripe A, luego de enterarse de que una trabajadora de la línea de producción se encontraba en observación, con signos de haber contraído el virus H1N1. Este solo hecho obligó a una confrontación con la patronal, que pretendía ocultar la información. La Comisión Interna hizo revisar la historia clínica de la compañera enferma, dio el alerta y se produjo una asamblea de hecho, que desembocó en una asamblea de los turnos noche y mañana en la que se resolvió ir al paro y cortar la avenida Uruguay. Ese lunes y bajo la lluvia, más de cien trabajadores constituyeron un piquete que garantizó el paro. De inmediato, toda la planta se sumó a la medida en adhesión al reclamo. Una nueva asamblea masiva, esta vez de los tres turnos, el mismo día, decidió movilizarse al Ministerio de Trabajo para exigir los 15 días de asueto. Mientras una delegación marchaba al centro de la Capital, el turno tarde garantizaba el paro. En el Ministerio, la patronal amenazó con descontar los días de paro e intimó a retornar al trabajo. El Sindicato de la Alimentación (STIA) se hizo presente para convalidar un acta que intimaba a los trabajadores a cesar toda medida de acción directa "a cambio" de una limpieza de la planta, que la Comisión Interna se negó a firmar. Pasadas las 19 horas, la Interna convocó a una nueva asamblea al regreso del ministerio, para considerar lo ocurrido. Mientras se realizaba el debate se hizo presente una delegación del Ministerio de Trabajo para hacer una inspección. La asamblea resolvió allí mismo que una delegación de los trabajadores, incluyendo tres delegados, acompañara la inspección. Como ésta duró hasta altas horas de la noche, la asamblea fue reconvocada a las 5 de la mañana del miércoles 8, congregando los tres turnos. Allí se decidió entrar sobre la base de imponerle a la patronal una comisión de trabajadores que tome en sus manos el control de la prevención, la seguridad y la higiene desde ese momento. Queda ahora la tarea pendiente de que se dé cumplimiento efectivo a las resoluciones en defensa de los trabajadores que emita la Comisión. La lucha de los trabajadores de Stani/Cadbury permite avanzar en un programa de lucha contra el dominio de las patronales sobre el lugar de trabajo: • Control de la prevención, la seguridad y la higiene a cargo de comisiones electas por los trabajadores, con derecho a veto sobre el funcionamiento de la producción y cualquier decisión de la patronal. • Reconocimiento del certificado médico aportado por el trabajador, proveniente de la obra social o del hospital público. (Sobre la base de un debate con delegados de Cadbury/Stani). Coorresponsal

Luego de la derrota electoral del gobierno provincial y de los K, las patronales del campo salteño se han sentido envalentonadas. Quieren revertir la suspensión de los desmontes que decidió la Corte Suprema de Justicia a partir de un reclamo de comunidades aborígenes, y obligó al gobierno a reducir casi a una quinta parte la cantidad de hectáreas a desmontar. A la cabeza de los sojeros se ha colocado Alfredo Olmedo, senador recientemente electo diputado nacional por una lista escindida del PJ. Este sojero millonario habría obtenido del ex gobernador Romero la concesión de 350 mil hectáreas de Salta Forestal y pactado un texto de la ley de ordenamiento territorial, que autorizaba el desmonte de hasta cinco millones de hectáreas. En el texto original de esta ley también intervinieron los ingenios Ledesma y Tabacal, grandes grupos sojeros, mineras y petroleras a través de una fundación (Fundesnoa). Los reclamos se hicieron oír en movilizaciones patronales en Orán y Tartagal. Detrás de una supuesta defensa de los 7.000 puestos de trabajo de los trabajadores de la madera se levantó un petitorio con reclamos, que incluye exenciones de todos los impuestos por dos años, créditos blandos, un fondo fiduciario, etc. Muchos de los patrones que encabezaron la marcha están denunciados por explotar trabajadores en condiciones de esclavitud. En la protesta participaron todos los representantes de los partidos patronales, incluidos legisladores nacionales y provinciales. Urtubey trató de apaciguarlos con el señalamiento de que la ley se revisa cada cinco años (un período suficiente para desmontar el millón y medio de hectáreas autorizado). Sin embargo, terminó consiguiendo una disposición de la Corte para habilitar la extracción de madera y hasta prometió revisar la reglamentación de la ley de ordenamiento. Los capitalistas y terratenientes quieren, además de la extensión de la frontera agropecuaria, suplantar cultivos para permitir la producción de materia primara para biocombustibles. Es lo que hace El Tabacal: eliminar la naranja, la banana y el tomate, que dejará miles de desocupados para extender las plantaciones de caña. Los capitalistas van a una profundización del saqueo ambiental y social, y para eso acentuarán la represión. Las luchas obreras En oposición a la avanzada patronal, los trabajadores de los dos ingenios de Salta paralizaron totalmente la producción, tanto en el campo como en la industria. El gobierno se puso incondicionalmente del lado de las patronales. Para Urtubey, Tabacal es el “modelo productivo” en la provincia. En el caso de San Isidro, en la localidad de Campo Santo, la huelga azucarera tuvo características de rebelión popular. La masiva movilización de todo el pueblo finalmente determinó que la empresa otorgara las reivindicaciones. Además de las luchas de los trabajadores municipales, continúa la movilización contra el gerenciamiento de hospitales en Capital y Cafayate, que va sumando mayor adhesión popular. La derecha como excusa El frente que llevó a Urtubey al gobierno está casi deshecho. Lo que ya se vio en las elecciones del 28 de junio se ha profundizado para las provinciales de septiembre. También el Frente Grande y Libres del Sur, que apoyaron a Urtubey, saldrán con listas propias en septiembre. Sin embargo, ya han encontrado una excusa para seguir dentro del gobierno; el avance de la derecha, con Olmedo a la cabeza. Pero ninguno siquiera se pronunció para apoyar la huelga de los trabajadores azucareros contra la patronal “restauradora”. Nuestro papel, perspectiva y programa El Partido Obrero se jugó entero por el triunfo de la huelga azucarera y está con todo metido en la lucha en defensa de la salud pública. Nuestra participación decidida nos ha ganado un gran respeto entre los trabajadores azucareros, y dado las condiciones para formar agrupamientos clasistas en las localidades de los ingenios. Algunos de los delegados de estas luchas encabezan nuestra lista de concejales en Hipólito Irigoyen (Tabacal). El resultado obtenido el 28 de junio ha insuflado mayor confianza en los luchadores. Con el humo aún saliendo de las ollas populares iniciaremos la campaña para las elecciones provinciales de septiembre. Planteamos: • Nacionalización de los hidrocarburos y recursos mineros. Expropiación de los grandes latifundios. • Derogación del estatuto del peón rural. • Salario mínimo igual al costo de la canasta familiar por ocho horas de trabajo. • Subsidio al parado del 82% del salario para los desocupados y trabajadores de la madera. • Reserva del 40% de las tierras urbanas para viviendas populares. • Por una salud pública universal y gratuita. vAbajo el gerenciamiento privado y/o arancelario de los hospitales públicos. Pablo López

Lanny Davis fue abogado de Bill Clinton cuando éste era presidente, y ahora es asesor de la secretaria de Estado, Hillary Clinton. Además, ha sido contratado en estos días por la filial hondureña del Consejo de Empresarios de América Latina (CEAL) para hacer lobby en el Congreso norteamericano en favor de quienes asaltaron el poder en Tegucigalpa; integró la delegación enviada por el presidente de facto, Roberto Micheletti, a las negociaciones con Oscar Arias en Costa Rica; organizó reuniones de representantes golpistas con congresistas y funcionarios de la Casa Blanca e incluso compró espacios en medios de los Estados Unidos para que hicieran propaganda favorable al golpe, sin que Clinton lo despidiera. La CEAL, dicho sea al pasar, es una avanzada de la reacción en Latinoamérica. Por ejemplo, su presidente en Venezuela es Marcel Granier, titular de la cadena de televisión RCTV que promovió en 2002 el golpe contra Hugo Chávez. El embajador norteamericano en Honduras, Hugo Llorens, es un empresario íntimamente (comercialmente) vinculado con la oligarquía hondureña que sostiene al golpe, y nunca ocultó su subordinación a los "halcones" Otto Reich y Roger Noriega, de la derecha republicana. En el pasado, Llorens estuvo destinado en la Argentina y aquí fue lobbista de Ciccone Calcográfica, vinculada ora con Alfredo Yabrán, ora con Domingo Cavallo, y vive de los contratos fraudulentos con el Estado argentino desde que confeccionó, en 1978, las entradas para el Mundial de fútbol de ese año. En varias comunicaciones al Departamento de Estado previas al golpe, Llorens señalaba que Manuel Zelaya constituía "un peligro" para los Estados Unidos. Además, el embajador informó que el golpe estaba en gestación. En Honduras, los militares norteamericanos tienen la base de Soto Cano, SU centro de operaciones durante el terror represivo en América Central en los años '80. Hasta hoy, ahí son formados los oficiales hondureños. En Honduras opera además la frutícola Chiquita, nombre actual de la vieja United Fruit (después United Brands). Chiquita bramó hace poco tiempo, cuando Zelaya aumentó en un 60 por ciento el salario mínimo, y buscó y obtuvo el respaldo decidido del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), que agrupa a 60 asociaciones empresariales. El presidente de la Cohep, Amílcar Bulnes, amenazó con despidos masivos en todas las empresas si el gobierno persistía en su propósito de aumentar los salarios. La Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos Bananeros (Colsiba) denunció que las condiciones de trabajo en las plantaciones de Chiquita se parecen a las de un campo de concentración. Las obreras trabajan allí desde las 6:30 de la mañana hasta las 7 de la tarde, emplean a niños de 12 a 14 años y exponen a los trabajadores al pesticida DBCP, que produce esterilidad, cáncer y defectos congénitos en los niños. El director ejecutivo de Chiquita, Charles Lindner, es un fuerte aportante de dinero en las campañas demócratas, y tiene anudado un fuerte vínculo personal con los Clinton. He ahí la matriz de un golpe bananero, como en los viejos tiempos, con la participación activa de "la embajada", la iglesia católica, las evangelistas, las cámaras empresariales, las fruteras yanquis, la Corte Suprema, los partidos de la oligarquía... y al menos una parte del Departamento de Estado y franjas poderosas de los partidos Republicano y Demócrata de los Estados Unidos. La fractura golpista Por todo eso, la suerte de Honduras se decide en Washington, según dicen Hugo Chávez, Fidel Castro y Lula, este último convertido, como en otras crisis, en una bisagra para defender la estabilidad política burguesa en América Latina. Obama tiene la batuta, pero en ese punto se observa que los asuntos hondureños abarcan un amplísimo espectro que involucra, en primer lugar, la interna feroz dentro del gobierno norteamericano. Tom Shannon, subsecretario de Estado para Latinoamérica, cargo que ya ocupaba durante la última parte del gobierno de Bush, fue el encargado de negociar con Lula la rendición con condiciones que se le impuso a Zelaya: su retorno al palacio pero de ningún modo al gobierno, para organizar una coalición de "unidad nacional" (con los golpistas), adelantar las elecciones e irse rápidamente. "Como Lula quería que Zelaya volviera y Obama quería que no se quedara, consensuaron en Moscú que Zelaya volviera pero no se quedara" (Página/12, 27/7). Así, el Departamento de Estado decidió "convocar al presidente de Costa Rica, Oscar Arias, para que hiciera valer el acuerdo entre Obama y Lula" (ídem). Eso significó el desplazamiento de la OEA, que es el ministerio de colonias de los Estados Unidos o es nada. En estas condiciones fue nada, y quedaron en la completa intrascendencia operaciones como el viaje de Cristina Fernández, quien, además, hizo así el intento reaccionario de aproximar al gobierno venezolano a la Casa Blanca. Todo el armado encontró (encuentra) resistencias en la derecha republicana y entre los "blue dogs" (perros azules) demócratas, quienes, además, ya dejaron saber que no tratarán la reforma al sistema de salud que Obama necesita aprobado antes del receso parlamentario de agosto. Paul Krugman (Clarín, 27/7) ha dicho que un fracaso en ese rubro podría llevarse puesta la presidencia de Obama; es decir, un golpe a la norteamericana. Todo eso está en juego en la crisis hondureña. Esa interna en los Estados Unidos se refleja en el principio de ruptura del frente golpista hondureño, con una carta de respaldo a la gestión de Arias -rechazada hasta ahora por Micheletti y los "duros" de Tegucigalpa- que militares de ese país firmaron en Washington sin respaldo de sus jefes. Por supuesto, todas estas idas y venidas no se producirían sin la movilización del pueblo de Honduras, que no alcanza por el momento las dimensiones de un levantamiento nacional pero resulta más que suficiente para que nada pueda armarse a sus espaldas. De ahí se desprende la consecuencia política más elemental para todo el movimiento democrático de América Latina: la necesidad de organizar una movilización de alcance continental para derrotar a un golpe que pone en riesgo todos los avances populares de la última década en toda Latinoamérica. Alejandro Guerrero

Resultados y perspectivas de las elecciones de junio El derrumbe del kirchnerismo en todo el país, y también en Ezeiza, no alcanzó para quebrar el monopolio político del intendente Granados, que obtuvo las 10 bancas en juego en las elecciones del 28 de junio. Con esta elección ,Granados mantiene el dominio de las 20 bancas del Concejo Deliberante local. Clarín Zonal (2/7), entre otros medios, señala que Granados volvió a "arrasar". En realidad, volvió a caer en su caudal electoral, por segunda vez consecutiva, y sólo se salvó de perder bancas por la división de la oposición, en especial de Unión-Pro, que fue con tres listas locales (hubiera metido tres concejales si presentaba una sola lista). Está claro que De Narváez-Macri-Solá no tuvieron la menor intención de correr por afuera del aparato de Granados. Granados viene cayendo En 2005, Granados obtuvo el 67% de los votos. En 2007, el 65%. Ahora el 60%. Está en el mismo nivel que en 2001. Aunque controle las 20 bancas del Concejo Deliberante local deberá enfrentar el hecho de que el 40% del electorado le votó en contra. En relación con el total del padrón electoral, el apoyo al intendente sólo alcanza al 40%. ¡El Concejo Deliberante y el Gobierno Municipal en su conjunto sólo representan al 40%! ¡El 60% restante no tiene representación en el aparato del Estado municipal! No hay un ejemplo más contundente de que el sistema institucional vigente es un falseamiento de la soberanía popular. Lejos de "volver a arrasar", la Intendencia salió de las elecciones más débil, y se debilitará aún más con el desarrollo de la crisis social. Más allá de las habituales contorsiones políticas de Granados (no se descarta su cambio de camiseta por De Narváez), se va a profundizar la política de cooptación, que ya ha recorrido un largo camino. Las organizaciones obreras y populares debemos rechazar cualquier compromiso político con este gobierno, cómplice de todas las entregas del patrimonio nacional y de todos los golpes contra los trabajadores desde Menem hasta hoy. Pero mientras la lista distrital del PJ obtuvo el 60%, la lista de diputados nacionales cayó al 49%. En esta última figuraba Dulce Granados, esposa del intendente, en el noveno lugar; una candidatura muy promocionada en el distrito. El ‘verso' de la Universidad de Ezeiza no alcanzó para evitar el repudio a la trayectoria nefasta de la "señora" diputada. Es decir que una parte importante de los que apoyan la gestión del intendente repudian su política ‘externa' o ‘nacional'. El aparato gobernante es una enorme montaña de arena porque carece de cohesión política, sólo lo mantiene el manejo de los fondos públicos. Disgregación política El otro elemento que caracteriza la caída electoral del intendente es que se está derrumbando sin necesidad de que otra fuerza política lo desplace. El puntero Rossi retrocedió de 2,5% en 2007 a 2,3% en 2009. El Acuerdo Cívico fue con tres listas locales: retrocedió tanto si las consideramos por separado como si las sumamos (sumando sus componentes cayó del 13,6% en 2007 al 9,6% en 2009). Más terrible fue el resultado del PRO local, que obtuvo apenas un 8,33%, que contrasta con el 32% logrado en Ezeiza por De Narváez. Como fue dicho, los votos locales se dividieron entre tres colectoras locales de Unión-PRO, una de ellas sospechosamente plagada de granadistas de tercera línea. También un granadista de antes de ayer apareció encabezando la lista local del frente MST-MIJD. Nos referimos al ‘poeta' Víctor Contreras, que alcanzó la fama "cantando" loas al intendente y al municipio de Ezeiza, el lugar "donde se es feliz". El MIJD fue miembro fundador del Consejo Consultivo local y constituye un apéndice del trabajo asistencialista del municipio. El MST, en cambio, no tiene militantes en el distrito. Obtuvieron 300 votos, menos de la mitad de lo obtenido en 2007 (el MST había obtenido 400 votos y el MIJD 250). Contreras tiene todo el derecho a aceptar candidaturas y el MIJD a seguir con su política, pero lo del MST es inconcebible. El único propósito del frente MIJD-MST fue bloquear el desarrollo del Partido Obrero y alimentar la confusión. Política Obrera Un dictamen arbitrario de la Cámara electoral partió en dos la boleta del PO, limitando nuestro potencial electoral. A pesar de esto tuvimos entre 800 y 1.000 votantes (que los datos oficiales no registran porque entre un 70 y un 90% de nuestros votantes no sabía que debía introducir ambas boletas, la 14 y la 257). Nuestros fiscales, que cubrieron todos los lugares de votación (éste es otro dato que distinguió al Partido Obrero), no observaron un corte de boleta significativo del PO con otra fuerza política, lo que revela una votación más consciente de la lucha planteada. Crecimos más de un 50% en comparación con 2007 en cantidad de votantes. Perspectivas El Partido Obrero es la quinta fuerza política nacional con presencia en el distrito, según el cómputo oficial. Si consideramos que Sabbatella (obtuvo el 1,7%) es una colectora kirchnerista, el PO es la cuarta fuerza detrás del PJ, Unión-Pro y el Acuerdo Cívico (en realidad tuvimos más votantes que Sabbatella). Utilizamos la campaña electoral para alertar a los trabajadores sobre la crisis capitalista, dando una orientación estratégica: que la crisis la paguen los capitalistas. Fuimos la única corriente política del distrito que fijó un programa para enfrentar la crisis. El avance del Partido Obrero es y será un importante punto de apoyo para luchar por el salario, contra los despidos y suspensiones, y contra las nuevas medidas antiobreras que ya está preparando el arco patronal en su conjunto (de Kirchner a De Narváez y Carrió). En función de esta caracterización, a la que debe agregarse el incremento del déficit fiscal en todos los niveles (Nación, Provincia y municipios), la crisis sanitaria, el tarifazo de la luz y el gas, etc., es que llamamos a impulsar en común un Coalición Anticapitalista, para luchar para que la crisis no la paguemos los trabajadores sino los capitalistas. Partido Obrero de Ezeiza

Los obreros de la cerámica Stefani, de Cutral Có, están de paro. Esta fábrica (una de las cuatro que integran la seccional del sindicato) viene sufriendo desde hace largo tiempo un proceso de desinversión. Una parte de los trabajadores están contratados. Ahora la patronal la emprende contra el salario. Luego de la asamblea del martes 21 de julio, estuvimos con tres de ellos: Vicente Fuentes (integrante de la directiva del sindicato y obrero de Stefani), José Navarrete (delegado de fábrica) y Lillo (con 29 años en la fábrica). –¿Cuál es la causa de esta huelga? Vicente: Nos adeudan la quincena y el aguinaldo. Ellos dicen que no nos pueden pagar por la crisis, pero nosotros sabemos que están sacando producción como siempre. José: Hace ocho días que declaramos la huelga porque, además, estamos pidiendo 30% de aumento retroactivo a junio. En la asamblea de hoy votamos seguir hasta el jueves. Lillo: hoy nos dijeron que nos pagaban, pero no ha sido cierto. -¿Cómo está la producción actualmente? Vicente: Hoy por hoy la luz está cortada, de modo que se han apagado los hornos. La fábrica no está produciendo, más allá de la huelga. Tenemos entendido que lo mismo hicieron los patrones en cerámica Neuquén, y que el enfriamiento violento dañó instalaciones. Lillo: antes, además de ladrillos, acá se hacían viguetas. Pero estas últimas, el patrón ahora las hace en la provincia de Santa Fe. La familia tiene otras fábricas en otros lugares del país. –Si el patrón hiciera un lock-out, ¿ustedes la pueden poner en marcha y producir bajo gestión obrera? Vicente: El dijo que nos hiciéramos cargo, pero no quiso ponerlo por escrito. Pero nosotros podemos hacerlo, cada uno conoce su trabajo. José: Ahora estamos firmes. Hemos elegido delegados. Ya hemos estado en huelgas largas con esta patronal. Estamos firmes. En una alusión a la tapa de Prensa Obrera que muestra a Moyano (CGT) y a Yasky (CTA) dispuestos a integrar el Consejo Económico Social, José dice: “Esto es lo mismo que acá hizo el gobierno provincial con esa comisión de consenso. Es contra nosotros.” Cutral Có (21/7) corresponsal

El jueves 23 de julio nos entrevistamos por segunda vez con la doctora Otaola, de Asociaciones Sindicales del MTESS de la Nación. Hace dos semanas le entregamos 605 firmas de afiliados de La Plata pidiendo el respeto a la voluntad de los docentes expresada en las urnas. Esta vez llevamos ¡115! firmas de los 176 votantes de la urna impugnada. Casi el doble de los votos obtenidos por nuestra lista, lo que demuestra que el rechazo a la Celeste y a su fraude es general. Incluso han firmado, o se han mostrado solidarios, algunos votantes de la lista de Baradel. Las 115 firmas son el resultado de un gran operativo. Se juntaron en una semana, en condiciones adversas, ya que los docentes no están en las escuelas y en muchos casos no están ni siquiera en La Plata. En algunos casos se hicieron cadenas para rastrear teléfonos, en otros fue necesario llegar a lugares muy alejados para ir a buscar la firma. En la mayoría, los docentes vinieron por sus propios medios al sindicato, desafiando la lluvia torrencial y el frío polar. ¡Hay que tener conciencia antiburocrática para salir en medio de la lluvia y el frío para estampar una firma! En la entrevista pusimos de relieve el valor político del reclamo de estos compañeros, que plantean que no sea cercenado su derecho a elegir y se reconozca su voto anulado por la decisión de la JEP. Destacamos que la Celeste no puede presentar las firmas que nosotros sí llevamos. Quedó planteada una nueva entrevista con la doctora Otaola, una vez que esté la respuesta a nuestro recurso por parte de la Junta Electoral Provincial. Esta victoria moral y política sobre la Celeste se suma a otro pequeño gran triunfo: derrotamos la intención de la Celeste de dejarnos sin electricidad en la sede sindical, ya que desde el 2 de julio pidieron la baja y el retiro del medidor. Impedimos que los operarios lo retiraran y presentamos un acta, realizada por escribano, más el resultado del escrutinio de las elecciones ante la empresa, con lo que el retiro fue desactivado y seguimos con energía eléctrica. La indeclinable decisión de derrotar el fraude de Baradel por parte de la docencia platense se traduce en una lucha sin tregua contra una burocracia cuya orientación política, y sus bolsillos, los lleva por una pendiente cada vez más pronunciada hacia la descomposición total. Amelia García, secretaria general

Por apoyar la huelga de los trabajadores del Ingenio Tabacal Samuel Huerga es primer candidato a diputado provincial del Partido Obrero por el departamento Orán. En la mañana del jueves 24, Huerga, periodista de Radio Noa de la ciudad de Orán, fue amenazado telefónicamente. En su teléfono móvil recibió llamadas y mensajes con amenazas de hacerlo desaparecer y matarlo: “Zurdo de mierda te vamos a cagar matando”. Luego recibió un mensaje que le decía que iría a “visitar a Fabián Pereyra”, el joven asesinado por la seguridad privada del Tabacal. Las amenazas obedecen a la defensa incondicional que Huerga realiza, a través Radio Noa y como militante, de la lucha de los obreros del ingenio Tabacal. El año pasado fue amenazado por las mismas razones. En esa oportunidad, el ahora secretario general del Sindicato de los Trabajadores del Azúcar fue atacado con un cuchillo por un desconocido. Las referencias a Fabián Pereyra revelan el grado de impunidad con que se maneja la Seabord Corporation, propietaria de Tabacal, y la clara complicidad del Estado con esta empresa, que no sólo quiere tener a sus trabajadores como esclavos; además, explota a los niños (dos murieron hace dos años), expulsa a las comunidades aborígenes, contamina, y una larga lista de atropellos más contra el pueblo. Este gravísimo hecho se da en medio de una andanada intimidatoria de cartas documentos, enviadas por la patronal, con amenazas de despidos y de desafuero a la directiva del sindicato. También se dan en medio de una escalada represiva del gobierno de Urtubey, que durante tres horas persiguió con la policía y a balazos de goma, a los vecinos del barrio Juan Pablo II, que defienden un espacio verde y la construcción de una escuela en su barrio. El ministro de Educación amenazó con pedir el desafuero de los diputados del Partido Obrero por defender a estos vecinos reprimidos brutalmente. No hay dudas de que estas amenazas están vinculadas con el hecho de que Huerga, como todo el Partido Obrero, defiende la causa de los trabajadores del Tabacal. “No nos van a amedrentar con amenazas, y hago responsable al gobierno y a los directivos de Tabacal de cualquier cosa que pueda ocurrirle al compañero Samuel Huerga y a su familia”, manifestó el diputado provincial Pablo López. El Partido Obrero llama a todas las organizaciones de periodistas, sindicatos, organismos de derechos humanos y partidos políticos de la izquierda, a repudiar estas amenazas y a solidarizarse con Samuel y con los trabajadores del ingenio Tabacal. (En nuestro sitio de Internet se pueden ver los textos de las denuncias del año 2008 y la reciente).

La impactante sonrisa que esbozaban Barack Obama y el resto de los presidentes del G-14 en la foto con la que se dieron por culminadas las deliberaciones L'Aquila ocultaba en realidad el fracaso en que se había convertido una nueva reunión de los principales líderes mundiales. Allí se trataron todos los temas que incumben a la burguesía de cara a la crisis mundial, desde desempleo y conflicto social hasta la crisis medioambiental, que se manifiesta hoy como una consecuencia principal de la depredación capitalista. Los protocolos firmados en las ultimas cumbres climáticas como las de Río y Kyoto, exigen la disminución de la temperatura del globo, y esta disposición fue sostenida por G-8 el día 9/7 quienes propusieron "...no alzar la temperatura en más de dos grados para 2050 bajando las emisiones de gases invernadero en un 50% (80% en las naciones industriales)..." pero la propuesta "...chocó contra el ‘no' rotundo de las potencias emergentes. Ya el miércoles (8/7) a última hora Rusia anunció que no se sentía vinculada por el acuerdo del G-8. Luego, China, India, Brasil, Egipto, destacaron que la propuesta ‘no es creíble'" (Clarín, 10/7). La crisis mundial obligó a los miembros del G-8 a extender el directorio. Los llamados "países emergentes" se sumaron así a las deliberaciones para actuar, gracias a la "fortaleza" de sus economías, como catalizadores de la crisis mundial. "Es el primer año en la historia del capitalismo en que la capacidad de crecimiento de la economía mundial está exclusivamente en manos de los países emergentes" (Clarín, 12/7). No es extraño que los lideres de las potencias emergentes hayan rechazado la propuesta "climática". Detrás del argumento de que el plan es poco creíble porque no pone metas intermedias o porque las principales potencias industriales son las menos comprometidas con la reducción del los gases de efecto invernadero lanzados a la atmósfera, existe un problema productivo y financiero. Motivos de la negativa La exigencia de reducción de gases de efecto invernadero acarrea problemas inconsecuentes con la lógica depredatoria del capitalismo. La producción capitalista no cuenta con un marco de producción planificada, se usa y abusa del medio ambiente en la búsqueda de materias primas para fabricar productos que no encontraran lugar en el mercado. Por otro lado la reducción de CO2 lanzado a la atmósfera implica toda una transformación en las fuentes de energía para la que los estados no están dispuestos a invertir, y menos aun en medio de una crisis económica de magnitudes impredecibles. En EEUU, las ya caducas plantas de energía queman 20% más carbón por megawatt la hora que una planta moderna y son hasta un 75% menos eficientes. No existe inversión para mejorar estas plantas "Alrededor de 920 plantas de energía en EE.UU -78% del total- son pequeñas, anticuadas y horrendamente ineficientes. Promedian los 45 años con muchas sobre los 75. Ellas están localizadas cerca de zonas densamente pobladas y en barrios pobres con efectos letales" (Financial Times, 19/7). El mercado negro de la contaminación Con el protocolo de Kyoto se estableció un mecanismo "los bonos de carbono" que incentivaban la reducción de gases, convirtiendo la posibilidad de lanzar CO2 como un bien canjeable. Los bonos son financiados por fondos públicos y privados que son girados al Banco Europeo de Inversión y al Banco Mundial. El Banco Mundial otorga estos bonos como préstamo para reforestar bosques o innovar en nueva tecnología para generar energía. La discusión "climática" entre los países miembros del G-8 y los países emergentes ha girado en torno a esto. "Pero nada es tan simple y también hay voces que disparan la alarma sobre el negocio detrás del ‘mercado de los bonos de carbono' (...) por el cual los países desarrollados, en vez de contaminar menos (algo inviable para sus economías maduras), ayudan a reducir las emisiones en los que están en vías de desarrollo. Al fin de cuentas, el beneficio para el planeta es el mismo. Así, por cada tonelada de dióxido de carbono (u otro de efecto invernadero) que no se libera a la atmósfera desde la Argentina..." (o cualquier país en vías de desarrollo) "...se emite un ‘bono verde' con el cual el país desarrollado ‘aliado' puede justificar sus excesos. Hasta ahí, ningún problema. El tema es que habría un mercado negro de bonos para hacer negocios millonarios" (Perfil, 15/7) La obtención de estos bonos no solo implica una nueva forma de endeudamiento con el Banco Mundial, sino que como producto de la crisis, la caída en la cotización de los bonos permite a EEUU y otras potencias recomprar los bonos a precio vil antes que estos cumplan con su función, dando lugar a que los países más contaminantes cuenten con un "aval" para continuar emitiendo CO2 a la atmósfera. Crisis capitalista y crisis ambiental Esta es sólo una muestra de la incontrolable depredación del medio ambiente y de los negocios que se tejen alrededor. Desde el inicio de la revolución industrial la búsqueda de materias primas para su elaboración a devastado los recursos naturales de la humanidad en forma descontrolada, saturando un mercado al cual la mayoría de las personas no podrá acceder jamás. La desorganización productiva del capitalismo no solo sumerge al mundo en una crisis financiera, sino en una fenomenal crisis medioambiental. Los expertos especulan que de no lograr revertir la tendencia al calentamiento global, sólo con el aumento del promedio de la temperatura en dos grados sufriremos efectos como tormentas devastadoras donde no las había y grandes sequías en una extensión importante del planeta. Sólo la producción planificada por los trabajadores puede revertir la situación. La imposibilidad de la burguesía de dar salida a esta crisis (con diversas aristas) se manifestó, una vez más, con el fracaso de la cumbre del G-14. Daniel Duarte

A principios de abril quedó inaugurada (reinaugurada en cierto sentido) Pirquitas, la “mina de plata más grande de la Argentina”. Opera a cielo abierto y tiene previsto producir más de 10 millones de onzas de plata anualmente, que a los valores actuales significan más de 150 millones de dólares. Si sumamos el estaño y el zinc, el valor de lo producido superará los 200 millones de dólares anuales. La inversión total apenas superó el valor de la producción de un solo año (según declara la propia empresa). Historia Si bien cuando comenzó su construcción a fines de 2007, su propietaria, Silver Standard (una minera canadiense para la cual Pirquitas es su principal activo), declaraba que tenía reservas por 107 millones de onzas de plata ( Mining Press , 14/08/07). Sucesivas “actualizaciones” la fueron elevando en un año y medio a 200 millones de onzas ( Mining Press , 21/4), con lo cual se estima una vida útil de al menos 15 años. Como luego, seguramente, habrá nuevas “actualizaciones”, los beneficios previstos por la Silver son gigantescos. Pirquitas había sido el primer y principal emprendimiento minero de Jujuy desde 1933 (aún antes que Mina Aguilar). Alberto Pichetti había descubierto el depósito de estaño y plata en 1932. El yacimiento dejó de funcionar a fines de los ’80 cuando Pirquitas Pichetti y Cía., propietaria del proyecto, quebró. Durante más de 50 años se llegaron a producir 25 millones de onzas de plata por el sistema de galería, y explotando las vetas, lo que ahora se va a producir a cielo abierto en sólo dos años y medio. El proyecto fue aprobado y comenzó su construcción durante el gobierno de Eduardo Fellner (hoy presidente de la Cámara de Diputados). El actual gobernador, Walter Barrionuevo, lo inauguró con la presencia de Cristina en abril de este año, por los mismos días que cerraba con Gioja y los canadienses de Barrick el negociado de Pascua Lama (ver Prensa Obrera Nº 1.090, 9/7). Dios los cría y las mineras los juntan. Protestas Durante estos dos años, desde que comenzó a construirse Pirquitas, hubo diversos movimientos que protestaban contra la minería, en particullar la de cielo abierto y especialmente en la quebrada. En Tilcara, un año atrás, el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza, “la cual impide la explotación minera en el tejido municipal y zonas de influencia” ( Pregón , 10/7/08). Nuevamente, el 7 de mayo de este año (día de la minería) “alrededor de 1.500 personas (sobre una población de 5.000) marcharon desde Juella hasta la plaza central de Tilcara para expresar el rechazo a la minería a cielo abierto y a la exploración de uranio y otros minerales metalíferos en la zona de Juella y Yacoraite” ( Jujuy al Día , 11/5). Incluso hubo movilizaciones en San Salvador para reclamar una ley que prohibiera la minería a cielo abierto. Algunos políticos patronales, como Pablo Baca (radical), coquetearon con el planteo e incluso la senadora Fellner (esposa del ex gobernador) “afirmó que las explotaciones minerales en la Quebrada de Humahuaca y en la Reserva de Biosfera de las Yungas son ‘imposibles’” ( Libertario , 6/7/08). También la Iglesia se manifestó “preocupada por la ‘tensión social’” que crea el tema minero ( Jujuy al Día , 1/9/08), especialmente en la zona de La Quiaca. Hasta el gobernador Barrionuevo proyecta “un ente autárquico Geología y Minería SA que tendrá por objeto constituir una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria y del sector privado, que se encargará del desarrollo de todo lo que tenga que ver con los yacimientos hidrocarburíferos y también de la minería en general” ( Libertario , 11/4). Pero todos ellos, “convenientemente”, dejan en pie y sin tocar al emprendimiento de Pirquitas, el único que “realmente” se estaba construyendo y comenzó a operar, a cielo abierto, en la Puna, a 4.200 metros de altura, donde están las nacientes de los ríos que luego bajan a la quebrada. “Entes autárquicos” para que se asocien con el capital privado, como el que plantea Barrionuevo, ya funcionan en Santa Cruz (Fomicruz) y en San Juan (IPEM), y son sólo el taparrabos de la completa sumisión a los pulpos mineros extranjeros. Programa Techint, para variar, fue la constructora adjudicataria de la obra de Pirquitas como lo fue de Veladero y seguramente lo será de Pascua Lama. Impera el desprecio por los aspectos ambientales y sociales, como ocurrió con las intoxicaciones de plomo en Abra Pampa y los despidos y aprietes en Mina Aguilar (véase recuadro). Bolivia es un claro ejemplo de cinco siglos de saqueo de sus recursos naturales (justamente la plata y el estaño, como en Pirquitas). El reclamo tiene que apuntar al control obrero y de las comunidades de las explotaciones mineras, y su nacionalización sin pago para que los recursos nacionales sirvan a un plan de industrialización del país, subordinado a la protección del medio ambiente.

La planta de la autopartista Dana está paralizada y sólo se trabaja en algunos sectores como mantenimiento. La patronal ha decretado cientos de suspensiones durante el lapso de 18 meses. Vencido este plazo, nada garantiza el retorno a la fuente laboral de los obreros. Se están realizando traslados a la planta de Pacheco, a condición de que el trabajador que lo hace pase del convenio de Smata, al que pertenecen, al de UOM. La complicidad de la burocracia con la patronal es absoluta. Ya en 2008 aceptó la militarización de la planta durante el conflicto, que terminó con el despido de más de 40 activistas. Posteriormente, metió a “trabajar” a unos 70 patoteros para regimentar aun más la resistencia obrera y proceder a eliminar todo vestigio del activismo. El vaciamiento es evidente, y con el activismo fuera de la planta (meses atrás una resolución de la Justicia avaló la reincorporación de algunos de los despedidos de principios de 2008, entre ellos tres delegados combativos) la organización de la lucha se hace compleja. Es vital impulsar un proceso de reorganización entre los trabajadores para enfrentar esta política de vaciamiento y entrega, para dar pelea contra las suspensiones y despidos encubiertos, que van de la mano con los traslados. Están en juego cientos de puestos de trabajo y, por ende, las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias. Hugo Sarmiento (San Miguel)

Campaña nacional e internacional contra el fraude de la CTA en Suteba La burocracia de la CTA está jugada a consumar el fraude en el Suteba La Plata. El 3 de julio hubo dos actos de asunción: el de la Rosa-Roja-Marrón en el Suteba y el fraudulento de la Celeste en la Casa del Maestro, con la presencia de Yasky. De esta manera, Yasky involucró a la CTA en el fraude de la Celeste contra la Rosa-Roja-Marrón, que ganó ampliamente las elecciones de esa seccional. El respaldo de los docentes y la iniciativa en los reclamos y en la lucha del Suteba La Plata han impedido un mayor avance. Pero la burocracia yaskista está dispuesta a todo. En vez de sitiar al gobierno con los reclamos de los trabajadores, ha sitiado la sede sindical donde funciona el Suteba La Plata. La burocracia ha sacado el medidor de gas de la sede del Suteba y pretendió cortar todos los restantes servicios, lo que no logró. Una avanzada de seis burócartas, acompañados por un abogado, intentó ingresar en la sede (que pretenden demoler) el mismo día y en el mismo momento en que los compañeros se estaban manifestando en el Ministerio de Trabajo de Capital reclamando contra el fraude. Los compañeros lo impidieron. Desde entonces, la comisión directiva electa y una avanzada de aproximadamente 30 delegados de la seccional, hacen guardia día y noche, para resguardar el sindicato contra la patota de Yasky y Baradel. No pasarán Para la defensa del Suteba combativo de La Plata se ha lanzado una campaña de apoyo nacional e internacional. Sus objetivos son: • Recolectar 20.000 firmas en el menor plazo, las que serán presentadas en movilización en la sede de la CTA nacional. • Presentación de recurso contra el fraude en el Ministerio de Trabajo y en la Justicia laboral. • Empapelar las paredes de los principales centros urbanos del país con un afiche que denuncia el fraude de la CTA y reclama el reconocimiento de la actual comisión directiva. • Obtener el apoyo de organismos de derechos humanos, organizaciones sindicales, periodistas, personalidades. • El pronunciamiento de sindicatos de América Latina y de Europa, y de otras organizaciones obreras internacionales. • Una solicitada en un diario de amplia difusión con los principales firmantes del petitorio del Suteba La Plata. Por una gran movilización a la CTA Amsafe-Rosario ya ha hecho una importante colaboración monetaria para sostener la lucha de los compañeros del Suteba La Plata. Lo mismo, la Fuba y la AGD-Conadu H. Al momento de publicar esta nota, también habían comprometido su aporte ATE-Sur y Adosac. La solidaridad crece rápidamente entre las organizaciones de lucha del movimiento obrero. Lo mismo ocurre con las firmas. A las ya conseguidas por los docentes de La Plata, se agregan otras de docentes de la provincia de Buenos Aires, de los trabajadores del Subte, de los gráficos y de Ecotrans, entre otros. En La Plata, la solidaridad con el Suteba recuperado es un aluvión: también cientos de firmas se están obteniendo en las reparticiones de ATE de los hospitales, de Ioma, de Educación, de Economía, de la Subsecretaría de la Niñez y Adolescencia, en el Sindicato de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas. Entre los firmantes destacados de la ciudad debemos mencionar a Nilda Eloy, ex detenida desaparecida y dirigente de la lucha por la aparición con vida de Julio López, y Emiliano Hueravillo, de Hijos, delegado de ATE del hospital de Niños de La Plata. La Federación Universitaria del Comahue, con la firma de Alejandro Rodríguez Carrera, presidente de la Federación, y Miriam Cayul, vicepresidenta 1ª, adhirió a la exigencia del reconocimiento de la comisión directiva electa por la docencia y rechazó la maniobra montada por la burocracia. En igual sentido se han pronunciado decenas de reparticiones de toda la provincia de Buenos Aires. En la tercera semana de agosto, el objetivo de las 20.000 adhesiones al reclamo de los compañeros de La Plata será una realidad. En consecuencia, se ha decidido una gran marcha al Ministerio de Trabajo de la Nación y a la sede de la CTA nacional con fecha estimativa el 27 de agosto. Llamamos a todos los sectores combativos y democráticos del movimiento obrero y estudiantil a marchar ese día junto al Suteba La Plata.

Después de 25 días Los 2.000 obreros del ingenio han levantado la huelga luego de arrancar un 22,5% de aumento salarial, como el resto de los ingenios de Salta y Jujuy, con el agregado de un premio por presentismo y la formación de una comisión de seguimiento de la actividad de las tercerizadas, que no podrán invadir tareas que puedan ser realizadas por los trabajadores de planta. La empresa resistió hasta el final este último punto, al que considera una “injerencia intolerable de los obreros en la política de la empresa”. La patronal pagará el 75% de los días de huelga a los efectivos y un porcentaje menor a los temporarios, que se completará con un monto que saldrá de la obra social (que a su vez recibió un aporte extraordinario de la empresa que será usado para este fin). Quedaron pendientes el encuadramiento de los obreros en la ley del peón rural y otras reivindicaciones. La empresa retiró el pedido de desafuero de la dirección sindical, los telegramas de intimación enviados a más de 800 compañeros y el pedido de quite de la personería del sindicato. Se comprometió a no despedir, como contraparte de una cláusula de paz social hasta el fin de la zafra. Este es un gran triunfo -en el contexto de una ofensiva patronal de Seabord Corporation y del sojero Guillermo Olmedo (fascistoide recientemente electo diputado nacional) (véase artículo central). Estas huelgas van a influir en la gran pulseada de los trabajadores en la próxima etapa para enfrentar los despidos, la destrucción de las conquistas laborales y la depredación ambiental, con los desmontes y el monocultivo de caña y soja. El sindicato dirigió una carta al pueblo de Orán, denunciando integralmente la política de la empresa que había dejado en la calle a 1.200 obreros del citrus a principios de año y que se propone arrasar con toda la fruticultura y las hortalizas, que son las que ocupan la mayor parte de la mano de obra en la zona. Fábrica y campo La huelga se sostuvo en la unidad de los obreros del campo y de la fábrica, que dieron una masividad sin precedentes al paro (el año pasado, en el primer tramo del conflicto, los obreros del campo fueron manipulados contra los de la fábrica). El viernes 17, mil obreros sitiaron las oficinas de la empresa, lo que impidió la salida de sus gerentes hasta el dia siguiente, para obligarlos a negociar. Desde ese día, una vigilia en la planchada de acceso al ingenio, mayoritariamente del campo, acompañó a los obreros de la fábrica que hicieron el paro en los lugares de trabajo. Desde el miércoles 23, los obreros colocaron tres enormes cosechadoras en las puertas. El jueves, las cruzaron en la ruta, comenzando el corte de la ruta 50. Numerosas mujeres de los obreros fueron fundamentales para sostener el “aguante”. La CTA, ¿una alternativa? La CTA se ha propuesto nuclear a los sindicatos azucareros de Salta y Jujuy en una federación, según puede conocerse en su sitio web. Sin embargo, esta central no ha tomado ninguna medida de lucha ni de solidaridad con estas grandes huelgas de los trabajadores del azúcar, al cabo de 25 días de paro. Su participación, al contrario, se limitó al plano del asesoramiento legal. Su política de complicidad con el gobierno ha puesto sin dudas límites a esta dirección, para jugar toda la enorme energía de esta huelga. La población fue bombardeada por la acción política de la empresa (los gerentes iban a misa y subían al púlpito para intimidar a las familias de los obreros en huelga). Presión que también llegó de la mayoría de los medios que atacaron sistemáticamente a la huelga y a su dirección. Los dirigentes han planteado la afiliación del sindicato a la CTA; entendemos que es necesaria una amplia discusión al respecto. Hoy, la CTA y la CGT están yendo al Consejo Económico y Social, que va a estrangular las paritarias. Están en desarrollo las elecciones en municipales de Orán, en donde compite con chances, el activismo autoconvocado que protagonizó las principales luchas del último período. O sea que podemos echar a las burocracias y formar una central independiente. Los municipales de Colonia Santa Rosa, como los docentes autoconvocados del departamento, han sido también protagonistas de grandes luchas. No se trata entonces de sumarse al aparato del re-traidor Choque, que es el responsable del ahogo de las luchas de la docencia y de los estatales, sino de preparar un congreso obrero en el departamento, que una en un programa común a todos los trabajadores para enfrentar la ofensiva capitalista y que siente las bases de una central obrera clasista en el departamento. Claudio Del Plá

Brasil pasará a pagar 360 millones de dólares anuales por la energía consumida de Itaipú, en lugar de los actuales 120 millones. Lula calificó la decisión de “histórica”, porque se satisfacería un viejo reclamo paraguayo. De todas maneras, para tener validez, el acuerdo tiene que ser ratificado por los Congresos de ambos países. Pero el tema central es que el acuerdo mantiene las cláusulas “coloniales” de Brasil sobre Itaipú: la prohibición a Paraguay de vender libremente la energía excedente a terceros países. El presidente de EPE (Empresa de Pesquisa Energética), Maurício Tolmasquim, fue más que claro: “La energia no sale de Brasil. De ninguna manera aceptamos que la energía sea vendida a un tercer país” ( Folha , 26/7). Por eso, el acuerdo mantendrá el veto brasileño. Folha comenta que el acuerdo permitirá que Paraguay venda la energía a Brasil sin la mediación de Electrobrás, un reclamo paraguayo, pero esta medida entraría a regir en... 2023. También dentro de 14 años Paraguay podrá vender energía a terceros países. Paraguay recibe por la energía que le vende a Brasil 2,81 dólares por MWh, cuando su precio es de 45,31 dólares. La diferencia es porque Brasil financió con un préstamo a Paraguay la construcción de Itaipú, que se amortiza con la diferencia en el precio de la energía hasta 2023. Hasta entonces, Brasil se queda con toda la energía ya que Paraguay consume apenas el 5 por ciento. Miguel Oteiza

Pasivos ambientales y sociales “El problema del plomo en Abra Pampa existe” ( Jujuy al Día , 30/7/07). Es lo que había declarado el director de Epidemiología del Ministerio de Salud, Carlos Ripolli. “Desde fines de los ‘80 se realizó el primer estudio (que) detectó la presencia de plomo en la sangre de los habitantes de Abra Pampa por la acumulación de residuos de mineral de plomo de la fundidora Metal Huasi... que fue a la quiebra, desaparecieron los dueños... Un estudio realizado por la universidad encontró que el 28% de la población tiene ese valor (el máximo permitido por la OMS) o más” (ídem). Acá tenemos de manera incuestionable el efecto depredador de la explotación minera capitalista. La fundidora cerró, quebró, nadie se hizo cargo. La remediación que significa asegurar un destino inocuo a todos los desechos que quedan después de una explotación minera o petrolera, quedó en el aire. Las consecuencias las sufre el pueblo de Abra Pampa, la capital de la puna jujeña. Veinte años después y tras muchas denuncias y reclamos “los fondos para la remediación de Abra Pampa (provienen) de un programa del BID por 75 millones de pesos (de los cuales 8 millones son para Abra Pampa)” ( Jujuy al Día , 7/9/07). Y recién a comienzos de este año “se anunció que las 15.000 toneladas de escorias acumuladas por la ex empresa Metal Huasi fieron extraidas de Abra Pampa para su depósito definitivo en una cava en Mina Aguilar” ( Jujuy al Día , 31/1). Cuando en el último trimestre del año pasado, la crisis capitalista llevó a la baja a los exuberantes precios que habían alcanzado los metales, Minera Aguilar sacó un comunicado informando “que los contratos que venzan en los próximos meses no serán renovados y pone en ejecución a partir del 24 de noviembre un plan de retiros voluntarios... y se aplicará una modificación en el régimen de trabajo... de modo que se posibilite el trabajo contínuo... pasará a un régimen 14 x 7, 14 días de trabajo por siete de descanso” ( Pregón , 28/11/08). En realidad, según denuncias posteriores “se estima en 600 la cantidad de trabajadores afectados por el achicamiento. Otro grupo de empleados está siendo invitado a acogerse al retiro voluntario... de haber llegado a una planta de 2.500 obreros en 2005 la compañía volvería al nivel de ocupación que tuvo en la década del ‘90, que era de 600 agentes” ( Libertario , 2/12/08). Para las mineras, la crisis la tienen que pagar los trabajadores. Hagámosle pagar la crisis a los capitalistas.

Una reunión del Cuerpo de Delegados del nuevo sindicato de los trabajadores del Subte le dio forma al reclamo salarial que se venía debatiendo. El reclamo consiste en un 25% de aumento sobre los básicos actuales, más la suma de compensación de tickets, el 25% de aumento a los viáticos y 2% del básico del conductor por año de antigüedad para todas las categorías. El plan de acción resuelto tiene las siguientes etapas: 1) emplazar a la empresa mediante telegrama con copia al Ministerio de Trabajo, a comenzar la discusión de aumento salarial y condiciones de trabajo en el término de 72 horas. Esto ante la negativa patronal a un reclamo previo en el mismo sentido; 2) realizar una conferencia de prensa el miércoles 29 de julio, a las 19 horas, para difundir este reclamo; 3) convocar una marcha al Ministerio el miércoles 5 de agosto. Los acontecimientos se precipitan en el marco de la firma por Moyano de un acuerdo salarial para el gremio de camioneros, del paro y movilización de la UOM por aumento salarial y por la inminencia de la paritaria de la UTA, pautada para agosto. Justamente, la posibilidad de que la patronal de Metrovías aparezca con el hecho consumado de una acuerdo salarial con la burocracia de la UTA, a espaldas de los trabajadores y su flamante organización, es uno de los elementos más irritativos para la base y el activismo del Subte. En uno u otro caso –negativa de la patronal a abrir una negociación salarial o firma de la UTA por las suyas– se comenzaría con medidas de paros escalonados. La clave consiste en preparar desde las asambleas de líneas y talleres a la masa de los compañeros el plan de acción votado. Corresponsal (25/7)

Si no puedes con el Suteba La Plata, simplemente expúlsalo La burocracia de la CTA no puede con el Suteba La Plata. La vida del sindicato combativo sigue caracterizándose por el fluir contínuo de docentes, como lo demostraron las cientos de firmas de votantes de la urna sede para ratificar el resultado de las elecciones que ganó la Lista Rosa-Roja-Marrón. En su desesperación, la burocracia de la CTA ha lanzado una campaña de intimidación y aprietes. Apriete 1 Con fecha 6 de julio, el Consejo Ejecutivo Provincial del Suteba amenaza a Amelia García intimándola a “proceder en el plazo de 24 horas a la desocupación del inmueble sito en la calle 13 Nº 1176” (sede de la emblemática seccional del Suteba La Plata) y la exigencia de toda la documentación de la seccional “bajo apercibimiento, en caso contrario, de iniciarse las acciones legales correspondientes (...) sin perjuicio de evaluarse su conducta y la del resto de los ex integrantes del Consejo Ejecutivo Seccional a los fines disciplinarios de conformidad a las prescripciones de nuestra carta interna”. Apriete 2 Con fecha 7 de julio, la Junta Electoral Provincial de la burocracia envió una carta documento acusando a la Junta Electoral Seccional del Suteba La Plata por “su proceder absolutamente tendencioso, parcial y antiestatutario” (...) “al haber escrutado la Urna Nº 1”. En forma explícita, esta burocracia decadente documenta su decisión de eliminar de un plumazo la votación de 176 docentes (!). Como los miembros de la Junta Electoral Seccional hicieron lo que correspondía, se los amenaza señalando que “seguramente le acarreará a cada uno de los integrantes de la Junta Electoral las responsabilidades disciplinarias pertinentes” para lo cual “se pondrá en conocimiento de lo actuado al Tribunal de Etica y responsabilidad Sindical a los efectos de labrarse el sumario correspondiente”; es decir, proceder a la expulsión lisa y llana. El lenguaje y los métodos no podrían ser más patronales. Apriete 3 Con fecha 14 de julio, el CEP de Suteba vuelve a la intimidación. Los que pretenden birlar el genuino y ya más que probado triunfo de la Rosa-Roja-Marrón que los compañeros “procedan en el plazo de 24 horas a la desocupación del inmueble” y todos los elementos antes reclamados, “bajo apercibimiento de iniciarse acciones legales correspondientes e incluso denuncia y/o querella penal por los delitos a los que diera lugar su accionar” y, desde luego, “disponiendo el pase de las actuaciones al Tribunal de Etica y Responsabilidad Sindical”. Yasky y Baradel están “nerviosos”. Los tribunales de disciplina al estilo de la patota de la UTA son la política última de una burocracia ajena a los docentes para enfrentar a la oposición, cada vez más amplia en la mayoría de los gremios docentes del país.

Desde hace dos meses está en curso un proceso de movilización de los profesionales y trabajadores de la salud. Se trata de un movimiento autoconvocado, que repudia el carácter vacío y colaboracionista de la Asociación de Médicos Empleados (AME) y a la burocrática ATSA. Reclama un aumento del 100% del básico, el blanqueo de los salarios, la vigencia de la ley de carrera sanitaria, el reconocimiento de la insalubridad, el 82% móvil, la incorporación de todo el personal a planta permanente. El movimiento se ha extendido a los principales hospitales y a lo largo y ancho de la provincia. Ya se han realizado movilizaciones de más de mil personas. El gobierno desconoce a los autoconvocados, alegando que no tienen personería gremial. Los reclamos de los profesionales y trabajadores de la salud han adquirido una dimensión especial en el cuadro de la epidemia de gripe A. Mientras el gobierno rápidamente declaró que la epidemia se amesetó en la provincia, las muertes han ido creciendo, los profesionales han denunciado que 75 médicos y enfermeros están afectados por la gripe y el 10% de las víctimas era parte de los equipos de salud. Denuncian la carencia de personal y el sobretrabajo correspondiente, sin compensación salarial. El gobierno resolvió que las clases comenzaran el lunes 27 de julio, y que los docentes y directivos de las escuelas manejaran el control sanitario (qué alumno debe ser enviado de vuelta a su casa y un conjunto de medidas higiénicas). El 25% de las escuelas no ha designado personal no-docente, numerosas escuelas carecen de calefacción, la superpoblación de las aulas imposibilita cualquier medidas de prevención. La decisión oficial ha causado el repudio de padres y docentes. Una serie de comisiones de padres ha convocado a un paro sanitario, planteando el no envío de los chicos a las escuelas. Entre los docentes también se discute la adopción de medidas. A la par de la elección de delegados autoconvocados en los hospitales, en la última semana han realizado jornadas de movilización en cada hospital, con cortes de calles. Se realizará un acto en la peatonal el próximo sábado, y una movilización a Plaza Independencia el miércoles 5 de agosto. En algunos lugares se plantea la realización de asambleas populares en los hospitales. En este marco reclamamos a la CGT y a la CTA que abandonen su pasividad y convoquen a un paro provincial, en apoyo a la convocatoria de los profesionales y trabajadores de la salud. Daniel Blanco

La recesión económica en Estados Unidos ha hundido las finanzas públicas. De 50 Estados, 48 informan déficit de presupuesto. Los estímulos del gobierno de Obama han fallado en dar aliento a la economía, y los recortes de los gobernantes actúan como un paquete "antiestímulo", dice Art Pulask, secretario del sindicato California Labor Federation, que representa a dos millones de trabajadores. La crisis económica en California California tiene la peor calificación de deuda. En febrero fueron degradados 46.000 millones de dólares. Ante la cesación de pagos se emitieron pagarés a los proveedores. Grandes bancos no aceptaban los pagarés (IOUs) llevando al Estado al borde de la quiebra por la presión de 26.300 millones de déficit de un presupuesto de 84.000 millones de dólares. El 2 de octubre vencen los pagarés. La inminente cesación de pagos fue evitada por un reciente acuerdo parlamentario de recortes presupuestarios a salud, educación y servicios a los discapacitados y pobres, y despidos de miles de maestros de la educación pública. Estos masivos recortes son contrarios al resultado de la consulta de recortes impositivos y emisión de deuda realizada en California, que debido a una enmienda constitucional impide al gobierno y el parlamento aumentar los impuestos sin las ¾ de sus integrantes. Las propuestas de Shwarzenegger fueron ampliamente derrotadas por 64 por ciento en contra de los votantes en el pasado mayo. Recortes por 6.000 millones en gastos, la mitad para escuelas y universidades. Y la liberación de 19.000 inmigrantes ilegales en prisiones del Estado para aliviar las finanzas públicas (Bloomberg, 20/5). California, del sueño americano a masivas tasas de desocupación, desalojos y quiebras, refleja las crisis de toda la nación. Beneficiado por florecientes empresas del puntocom en Silicon Valley en los años '70. Apple, Cisco; Sun Microsystems, Intel, Oracle y miles más se radicaron en una de las regiones más prosperas del Estado de California y del país. La súbita riqueza de estas empresas generaron un aumento de los ingresos que facilitaron el gasto público. El colapso del Nasdaq y las puntocom en 2000 produjo una aguda caída de ingresos y miles de empresas cerradas y creciente desocupación. Luego parcialmente compensado por el boom inmobiliario. La extensión del crédito facilitó subas en el precio de los inmuebles de todo el Estado. Gran parte de este desarrollo fue financiado por hipotecas subprimes con leoninos conceptos en letra chica a favor de los bancos, que producían aumentos de los pagos iniciales que luego adicionaban el capital o incluían suba de tasas de interés. Las subas de los pagos mensuales de las hipotecas fueron las primeras señales de la actual crisis inmobiliaria, la peor desde 1930. Los altos niveles de desocupación, en el estado se eleva al 11,2 por ciento por encima de la media nacional del 9,5 por ciento tiene una directa incidencia en el alto nivel de desalojos, el mayor del país. Las cifras del primer semestre revelan un aumento de los desalojados respecto al año pasado, que suman 1,9 millones de familias en los primero seis meses en todo el país, California participa con el 21 por ciento. Los masivos recortes del gasto "son solo el comienzo" "Negativos efectos", y "se espera que dañe a una amplia banda de residentes del estado y reduzca la recuperación estatal de la presente profunda recesión." Según Wall Street Journal son algunos de los efectos de las medidas adoptadas (WSJ, 22/7). Pero según Sacramento Bee "este presupuesto es solo el comienzo", ya que la pregunta ahora es que "tipo de cirugía llevará a un más robusta recuperación de largo plazo". El presupuesto "es un acto de equilibrio" entre los contribuyentes. Y las propuestas aprobadas apuntan hacia reducciones de partidas dirigidos a los sectores de menores recursos o desempleados. El monto de ayudas es el mismo que el presupuesto de hace 30 años."Los ciegos, viejos y discapacitados tienen las remuneraciones recortadas. Subsidios para seguros de salud para niños de trabajadores o padres pobres han sido reducidas. Matriculas en las universidades del estado han sido aumentadas entre el 10 y 20 por ciento este año. Jardines de infantes de 12 escuelas han sido congelados.... El resultado clases de mayor tiempo, menos días de clase, menos ayuda para estudiantes con problemas" (26/7). Se ha impuesto un masivo recorte en educación que lleva a que el "Distrito unificado de Los Angeles, el segundo más grande del país, emitió avisos preliminares de despidos de 9.000 miembros, incluidos maestros" (Reuters, 15/6). Una espiral descendente sin final El gasto del Estado en el año fiscal que se inicia el 1º de julio es de unos 84.000 millones de dólares, "será 8.000 millones menos que el del año anterior y 19.000 millones menos que el de dos años antes. Los recortes del presupuesto ha sido gracias a que "lobystas trabajaban con legisladores" en defensa de intereses petroleros informa Sacramento Bee. Ya se habían dejado de lado propuestas de representantes demócratas de "incrementar impuestos a los cigarrillos de 1,5 dólares por paquete", que los votantes apoyan según encuestas. Y otra que incluía impuestos "a la extracción de petroleo". Pero. Shwarzenegger amenazó con su poder de veto y "no firmar ningún aumento de impuestos" (26/7). "..Casi se aprueba un alquiler de tierras para extracción petrolera en la costa de Santa Barbara para recaudar 100 millones este año y entre 1.000 y 4.000 millones durante todo el contrato. A instancias de Schwarzenegger fue incluido en el presupuesto final..." sin el pago de impuestos. "El gobernador dijo que... permitir extracciones en plataformas existentes" generan más ganancias de ingresos para el Estado (íbidem). La caída de la actividad económica que padece el mayor estado por población y producto de Estados Unidos es la resultante de la crisis financiera originada en Wall Street (hipotecas subprime). Los salvajes recortes presupuestarios tienen una salida en mayores impuestos a los principales grupos económicos como el debate del parlamento revela. Los recortes presupuestarios que acordaron Republicanos y Democratas "son otra vía" para facilitar mayores beneficios a los grandes grupos económicos y en perjuicio de amplios sectores de la población. A pesar de la amplia oposición (64%) a las medidas de recortes de ayuda social y mayor endeudamiento que impulsaba el gobernador en la consulta de mayo pasado ahora con la complicidad de ambas bancadas se logra imponer recortes masivos de ayuda social. Nicolás Roveri

Con una concurrencia importante dio inicio la 10º UAC (Unión de Asambleas Ciudadanas). El temario discutido en 10 comisiones giró en torno al modelo agro-minero exportador, la contaminación urbana, la proyección que quiere darse a la UAC. El objetivo de estos encuentros, realizados cada tres meses, es el de potenciar las luchas contra los emprendimientos contaminantes. Este Encuentro se realizó en momentos de profundización de la bancarrota del sistema capitalista mundial y sus distintos modelos, ya sean nacionalistas o neoliberales. Modelos cuya proyección política o económica gira atada a la mayor rentabilidad de las empresas y se expresa en el saqueo de recursos no renovables, que comienzan a escasear y son más caros de explotar. Así, los agronegocios con los monocultivos de soja, caña de azúcar o tabaco, el uso de agroquímicos, la deforestación y el desalojo de las comunidades originarias y campesinas; la mega-minería a cielo abierto, las industrias contaminantes urbanas junto a las plantas transformadoras de energía que sacrifican el suelo, el agua, el aire y las condiciones de trabajo, salud y vida de la población, resultan del modo de explotación capitalista en general. Emprender cualquier iniciativa para frenar este avance destructivo significa integrar a los sectores sociales y sus organizaciones para resistir. Hablamos de una lucha anticapitalista, que ofrezca una salida bajo otra dirección social: la de los explotados laborales y ambientales. Tribuna Ambiental fue con su delegación y con este planteo de lucha nacional y provincial en septiembre, que junto a los ejes contra la mega-minería a cielo abierto (Pascualama, Agua Rica), sume a los agronegocios, la contaminación urbana, y una campaña contra Techint y las petroleras y contra la ley de ordenamiento territorial, un engendro provincial que supera a la ley de bosques nacional. Estos planteos lograron acuerdos. El 20 de septiembre, la UAC se movilizará contra el saqueo y la contaminación con los ejes mencionados. El 30 de septiembre lo hará la región de Cuyo (contra Pascualama, Agua Rica, nueva Central y proyecto San Jorge). La nueva UAC se realiza el 12 de diciembre en Córdoba. Tribuna Ambiental (Jujuy)

Los periodistas Víctor Hugo Morales y Mona Moncalvillo, y la diputada nacional y periodista Norma Morandini, se sumaron al reclamo por la reincorporación de los trabajadores de Radio Nacional, suspendidos 30 días por las autoridades de la emisora por ejercer el derecho constitucional a la huelga. Los dos primeros lo hicieron a través de sus firmas en un petitorio. Víctor Hugo también se solidarizó públicamente en su programa “La mañana”, de Radio Continental. El petitorio superó las 150 firmas, sin contar aún las que están llegando desde las filiales, donde recién comenzó a circular a finales de la semana pasada. La legisladora Morandini se comprometió a presentar en la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara Baja un proyecto de preocupación por la situación de los trabajadores de la radio, por el intento patronal de judicializar una protesta sindical como la que llevó al paro del 25 de junio. En tanto, la diputada nacional Silvana Giçudici, presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja, hizo llegar su solidaridad “frente al incomprensible conflicto desatado por las autoridades de Radio Nacional”. “Ante la gravedad de los hechos, invito a ustedes a asistir a la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara Baja, con el objeto que, una comisión de vuestra asociación, pueda visitarnos para relatar ante los diputados/as que la integramos al respecto de esta situación”, dijo la legisladora. Mientras tanto, Radio Nacional se niega a acatar la conciliación obligatoria que rige desde las 20 del 3 de julio, tal como lo ordenó la cartera laboral. Mientras la patronal busca ganar tiempo, continúa la lucha por el reingreso y crece la campaña de solidaridad a través de pronunciamientos y adhesiones. Pronunciamientos y adhesiones a gremioderadio@gmail.com. Siga la lucha de los trabajadores de Radio Nacional en el blog de Atrana: atrana.blogspot.com Corresponsal

La nueva ley de pasantías, vigente desde diciembre del año pasado, ha resultado un golpe mortal para el régimen de pasantías. Luego de su sanción, las pasantías se han reducido en casi todas las universidades del país. La razón es que la nueva ley representó un gran avance en los contratos de este tipo. Generó un marco jurídico de protección a los pasantes y mejoró sus condiciones laborales. Redujo la semana laboral de 30 a 20 horas; una remuneración proporcional a las horas trabajadas en lugar de una "retribución en calidad de éstimulo" fijada libremente por las empresas; otorgó licencias por estudio; obra social según el convenio y la posibilidad de indemnizaciones en caso de incumplimiento del contrato por la empresa. Un relevamiento de Ieco (sitio del suplemento económico de Clarín) realizado entre 11 universidades estableció una baja en el número de acuerdos individuales durante el primer cuatrimestre del año, atribuyendo el hecho a "la cautela de las empresas frente a las exigencias de la nueva norma (Clarín, 19/7)". La nota oculta que las pasantías siempre fueron usadas como un mecanismo de contratación laboral encubierta. Las pasantías deformaban la formación laboral, que se convertía en un mecanismo de explotación de mano de obra descalificada. El costo de la educación universitaria pasaba a ser un subsidio para las empresas. Como contrapartida, la vieja ley dejaba en manos de las universidades un porcentual (alrededor del 20%) del sueldo de los pasantes (también limitado por la nueva ley). Por si fuese poco, la nueva ley ha entrado en escena en medio de la fenomenal crisis capitalista, "en un mercado laboral comprimido como contexto (ídem)". Asistimos a un lock-out patronal contra los pasantes. Por otro lado, en los últimos años se han multiplicado las Prácticas Preprofesionales Obligatorias (PPO), nuevos convenios que encubren la relación laboral con las empresas detrás del formato de una materia más de cursada (en vez de un salario, el pasante recibe una nota ¡puesta por su empleador!). Las patronales obtienen de esta forma trabajo gratuito, que es obligatorio. La universidad se ha puesto a entera disposición del lucro privado o del rescate de los capitalistas quebrados. Queda abierto el debate acerca de cçomo enfrentamos el lock-out patronal contra los pasantes. Deberemos unir la lucha por el derecho a una formación profesional en los lugares de trabajo, con la lucha por la prohibición de los despidos y el reparto de las horas de trabajo. Cristian Henkel

Una amenaza para tucumanos y santiagueños El gobierno de Tucumán se prepara para trasladar el depósito de residuos urbanos de Pacará Pintado. Allí se trasladan unas 800 toneladas diarias de basura. Pacará Pintado se encuentra a poco más de 50 cuadras de la Casa de Gobierno. El traslado será a Overá Pozo, a unos 40 kilómetros del centro tucumano y a pocos kilómetros del límite con la provincia de Santiago del Estero. Ambientalistas santiagueños alertaron acerca de un "nuevo peligro" y llaman "generar una movilización social, porque es un tema muy delicado". No está claro el aumento de costo que reclamara la empresa 9 de Julio, encargada de la recolección. Municipios y comunas exigen dinero al Ejecutivo para levantar sus basurales a cielo abierto y sumarlos a la montaña que será Overá Pozo. No al traslado de la basura a Overá Pozo. Asambleas en cada pueblo y municipio de Tucumán para debatir todos los problemas ambientales y especialmente los de la basura. Asamblea provincial de delegados con mandato para resolver dónde y cómo se tratará la basura de todo Tucumán. Estatización inmediata del servicio de recolección de basura, gestión y control vecinal y de trabajadores a la recolección y tratamiento de residuos. José Kobak

Las masas hondureñas no ahorran sacrificios para movilizarse Según algunos analistas, Honduras sería un “cinturón geo-estratégico” de la región. Tiene fronteras con El Salvador y Nicaragua, salida tanto al mar Caribe como al Atlántico, y está a un tiro de la sede del Comando del Pentágono para el Mercosur, en el Estado de la Florida. En este marco, cuenta con una base militar norteamericana muy importante, no por el número de efectivos que alberga, sino por la enorme capacidad de su aeropuerto, que permite el aterrizaje de aviones de alta capacidad de cargamento. En síntesis, es una suerte de canal de Panamá y sirve para el despliegue rápido de tropas en el terreno. Solamente un ingenuo podría suponer que el imperialismo yanqui dejaría este territorio al arbitrio de un terrateniente que ha tomado medidas populares de gobierno y afilió su país al Alba. Los yanquis no pueden admitir la perspectiva de una unión centroamericana de esos tres países que son como uno –Honduras, El Salvador y Nicaragua. El Pentágono viene aleccionado por el gesto de independencia nacional del ecuatoriano Correa, que sacó del país a la base de Manta, tal como lo había prometido. El golpe gorila ha sido, en definitiva, una hechura del imperialismo. Los hechos posteriores lo han demostrado. La diplomacia norteamericana se ha puesto al servicio de asegurar la supervivencia de los golpistas. Los términos de la mediación del costarricense Arias lo dejan bien en claro: Zelaya volvería por un par de semanas, custodiado por un gabinete de gorilas e incluso observadores internacionales. Los gorilas mostraron su completa seguridad en el respaldo con que cuentan, cuando rechazaron semejante salida. La crisis, desde el vamos, nunca fue un asunto interno de Honduras. Lo ocurrido luego no podía ser más elocuente: los yanquis están instalando tres bases nuevas en Colombia. El paramilitar Uribe eligió este momento para denunciar que Venezuela regala armas suecas a las FARC y también presentó un video que muestra a un jefe de la guerrilla que asegura haber contribuido a financiar la campaña electoral de Correa. Lo que es cierto, sin embargo, documentado por la BBC de Gran Bretaña, es que hay instructores israelíes entrenando a las tropas colombianas –es decir que hay en marcha una preparación de guerra. Israel (y Taiwan) es el único Estado que ha reconocido a los gorilettis; ahora, se dice, lo haría Colombia. En Panamá, el flamante Presidente de derecha anunció desde su asunción, que se daba el objetivo de producir un viraje ideológico en América Latina. En resumen, asistimos a una batalla continental. La fantasía de una OEA de iguales, luego del levantamiento de la expulsión de Cuba, quedará como otra gran pieza del ilusionismo del nacionalismo burgués. ¿La sangre va a llegar al río, como amenazó con ocurrir cuando el para-Uribe bombardeó territorio de Ecuador? Al imperialismo no le interesa, pues toda la diplomacia mundial lo respalda en la política de ganar tiempo y de armar una ficción de salida democrática. Tampoco tiene grandes posibilidades, acosado como está en Irak y Afganistán, o bajo la mirada de China, que pretende incursionar por las materias primas de América Latina. Lo que importa, sin embargo, es defender los derechos nacionales hondureños y de América Latina – que pasa por el derrocamiento de la junta gorileta. De lo contrario, el imperialismo se servirá de cualquier capitulación para imponer su política. Según se puede apreciar en los videos, los trabajadores de Honduras están cruzando los “caminos verdes” del territorio (o sea fuera de la rutas) para sortear los retenes militares y gestar una marcha nacional contra el gorilaje. Es decir que las masas está buscando, sin medios ni orientación, producir una movilización revolucionaria. El acercamiento de Zelaya a la frontera ya dio lo que podía desde el punto de vista propagandístico. Es necesario que Venezuela, Nicaragua, El Salvador apoyen una lucha revolucionaria, con medios materiales y humanos –y con una orientación política: la constitución de una Federación Centraomericana que le abra las puertas a Costa Rica y Panamá. Nuestros nacionales y populares se juntaron en el Mecosur para prometer que no reconocerían las elecciones hondureñas que ha convocado el golpismo. Palabrerío. Complicidad con las maniobras para desgastar la lucha popular y diluir la crisis política. A los K les preocupa que los ‘destituyentes’ no tomen ningún gesto de apoyo real a la lucha popular hondureña como un ‘causus belli’ contra el ‘diálogo’ y el Consejo Económico y Social. Estos son los impostores que pretenden constituir un ‘campo nacional’ antagónico con los grandes intereses capitalistas. Farsantes. Jorge Altamira