En Colombia ha estallado una crisis política en el sector más sensible de un Estado militarizado: sus fuerzas armadas. En medio de un escándalo, debió renunciar el comandante del ejército, general Mario Montoya, y fueron destituidos 27 militares -entre ellos tres generales- por algo sabido desde hace mucho: el asesinato de civiles, en su mayoría indigentes, para presentar después sus cadáveres como si se hubiera tratado de guerrilleros de las Farc abatidos en combate. Esa práctica miserable lleva años, y ahora se confirmaron otros once casos. Todo indica que la purga intenta impedir una extensión aún mayor del asunto, porque según diversas entidades defensoras de las libertades públicas los asesinados con ese método son centenares. Los tres generales, once coroneles, cuatro mayores, un capitán, un teniente, seis sargentos y un cabo destituidos operaban en los departamentos de Santander, Norte de Santander y Arauca, en la delicada zona de frontera con Venezuela; y en Antioquia, en el noroeste, un enclave particularmente fuerte del narcotráfico. De Antioquia es originario el presidente Alvaro Uribe, quien acumula un racimo de acusaciones por sus vínculos con narcotraficantes -en particular con el fallecido Pablo Escobar- en la época en que era gobernador de ese departamento. Pero no se trata de los destituidos y sólo de esas regiones, sino de una red criminal de represión que opera en todo el país. Ahora mismo hay otra treintena de denuncias por la desaparición y posterior asesinato de jóvenes pobres. Once de ellos fueron secuestrados por militares en los deprimidos barrios del sur de Bogotá, entre un día y un día y medio antes de que aparecieran muertos a 700 kilómetros de allí, en Ocaña, región del Catatumbo, Norte de Santander. Sus cadáveres, vestidos con uniformes de las Farc, fueron exhibidos por el ejército el 23 de septiembre. Esos once asesinatos han generado la crisis actual. Otro de los tantos casos que señalan una operatoria sistemática es el de Joaquín Castro, de 25 años, obrero fundidor, quien desapareció de su casa en Bogotá el 13 de enero y dos días después sus restos aparecieron en la morgue de Ocaña. El muchacho fue reportado como "muerto en combate". Ahora bien: entre Bogotá y Ocaña el viaje por tierra dura casi dos días, de modo que las víctimas han sido, seguramente, trasladadas en avión. Fuentes de la izquierda colombiana sospechan que algunos de los asesinados fueron llevados al lugar de su ejecución por medio de engaños, con promesas de trabajo. Esto es: se trata de una política de Estado, defendida en su momento por Uribe, por su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos (ambos son rivales encarnizados en la interna oficialista, porque Uribe busca su re-reelección y el otro quiere sucederlo) y hasta por la fraudulenta Defensoría del Pueblo, una oficina de delaciones. El asunto tiene particular gravedad porque la política represiva de Uribe, llamada eufemísticamente "de seguridad democrática", descansa en la imagen pública de las fuerzas armadas, corrompidas hasta la médula y vinculadas institucionalmente con las bandas paramilitares y con el narcotráfico. El escándalo estalla, además, cuando en buena parte del agro colombiano se vive un estado de sublevación campesina. La oposición, una bola sin manija La libertad de otro rehén de las Farc, obtenida gracias a una nueva deserción de un oficial guerrillero, ofrece un síntoma más de la disgregación y la descomposición política de la guerrilla en actividad más antigua de América Latina. Contradictoriamente, el desbande de las Farc hace emerger divisiones y pugnas internas en las fuerzas armadas, antes ocultas o disimuladas por las demostraciones de poderío militar de la guerrilla. Incluso, no sería extraño que el escándalo por el asesinato de civiles haya estallado porque jefes militares se delataron entre ellos. Ese ejército es una organización mafiosa, y las traiciones entre mafiosos son moneda corriente. Que lo diga, si no, el jefe de policía, general Oscar Naranjo, acorralado por denuncias de corrupción y casi aislado en su despacho. Los informes sobre sus trapisondas salieron en su mayoría desde el interior de la policía. Pese a los elevados índices de popularidad que Uribe mantiene en las ciudades (no en el agro), es un hombre golpeado. El levantamiento campesino y la crisis financiera que, por supuesto, también afectará a los grandes capitales volcados al narcotráfico, puede marcar no sólo su declive definitivo sino el de un régimen político que, con idas y venidas, se sobrevive a sí mismo desde 1948. La oposición, sin embargo, actúa como si Uribe y su banda fueran inconmovibles, aunque también entre esos opositores, y sobre todo en ellos, se dejan sentir las fracturas y las pugnas entre camarillas. Así, el ex presidente César Gaviria y los precandidatos presidenciales Rafael Pardo, del Partido Liberal, y Luis Garzón, del Polo Democrático, se han reunido en un intento de constituir un frente de centroderecha "contra la reelección del presidente, pero no anti-Uribe" ( Cambio , 12/9). Ese encuentro bastó para romper al Polo Democrático, cuya mesa de conducción dijo que su candidato fue ahí "a título personal". Una manera pusilánime e inútil de esquivar el bulto. Mientras tanto, otro ex presidente, Andrés Pastrana (quien en todo momento trata de mostrarse más pro-yanqui que Uribe), manifestó su predisposición a incorporarse al rejunte reaccionario con Gaviria, Pardo y Garzón, siempre que no se trate de "una coalición contra Uribe". Pastrana puede estar tranquilo: los otros son, como él, uribistas que no quieren la reelección, de modo que las camarillas puedan turnarse en el manejo de la torta. A todo esto, bien que limitadamente, la movilización campesina obligó a Uribe a retroceder: el presidente debió ir a la zona de conflicto, donde prometió a los líderes de la sublevación que su gobierno firmará la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, antigua exigencia del movimiento indio colombiano. Es un saludo a la bandera que deja pendiente el problema de los problemas: la propiedad de la tierra (el retroceso gubernamental está indicado por la distancia que media entre un saludo a la bandera y el fuego de metralla). Eso es tan así que, a pesar del anuncio, los campesinos indicaron que no abandonarán las rutas y, por su parte, el gobierno hizo saber que no retirará las tropas que tiene desplegadas en la región (paramilitares incluidos). La condición miserable de los políticos "opositores" queda a la vista en el hecho de que ninguno de ellos ha dado un solo paso por organizar una mínima movilización de respaldo a la lucha campesina. Más allá de alguna tibia declaración formal, frente a la rebelión agraria están todos con Uribe. O, mejor dicho, detrás de él, cobardemente, porque por muy lejos Uribe, semejante escoria, es el mejor de todos ellos a la hora de hacer frente a ese tipo de situaciones. La lucha de los explotados colombianos, como la de toda Latinoamérica, necesita encontrar su salida obrera y socialista.