Diciembre de 2023

El último fin de semana de noviembre se realizó en Parque Sarmiento, CABA, el Primavera Sound Buenos Aires 2023, organizado por las productoras Dale Play Live, Pop Art Music y Move Concerts. Muchos señalaron el hecho de que se ocupara un espacio público para un evento comercial de estas características, que reunió a 50 mil personas en cada noche. Los funcionarios porteños se ampararon en el hecho de que era el único espacio en la Ciudad apto para el tipo de espectáculo que se ofrecería, que tuvo cuatro escenarios simultáneos y gran despliegue de oferta gastronómica. El abono para las dos noches -que encabezaron algunas de las grandes bandas internacionales de rock y numerosos artistas locales- costaba 80 dólares al tipo de cambio paralelo. El año pasado se utilizaron terrenos descampados ubicados en Costanera Sur. El hecho es que se desconoce el canon que pagaron los organizadores -si es que pagaron algo- porque el secretario de Deportes porteño, Carlos “Chapa” Retegui, esgrimió que “hay un impacto positivo vinculado a estos festivales, que tiene que ver con los ingresos que generan por turismo, hotelería y gastronomía. Nos pidieron el Parque porque era el único espacio posible para hacerlo” (Clarín, 27/11). Sin embargo, los dos escenarios principales se montaron sobre la pista de atletismo, única en CABA “que cumple con las normas de calidad de la Federación Internacional de Atletismo. Necesita cuidados específicos y es la segunda en su tipo en un espacio público, junto a la de Parque Chacabuco“ (ídem). Es decir, el “impacto positivo” sobre el negocio hotelero y gastronómico tiene su contrapartida en el “impacto negativo” sobre el patrimonio público. Pero esta privatización temporaria del Parque Sarmiento, en rigor, se suma a otras privatizaciones de carácter permanente dentro del mismo: el predio cuenta con más de 18 de sus 74 hectáreas concesionadas a privados. “Doce hectáreas están explotadas por privados a través de adjudicaciones directas no sometidas a ninguna instancia de participación ciudadana ni a instancias de competencia de ofertas”, denuncia Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad. La legislación porteña prohíbe la privatización de parques, plazas, plazoletas y todo espacio verde de uso público, esté parquizado, jardinizado o no. Esto se burla diariamente. Actualmente funcionan cuatro concesiones: Belgrano Athletic Club construyó canchas de rugby y usufructúa 6,5 hectáreas bajo el vaporoso formato de “permiso de uso no exclusivo”. Por otro lado, Sebastián Battaglia (ex jugador y ex DT de Boca Juniors) tiene canchas de fútbol y una concesión recientemente ampliada. El ex preparador físico de la tenista Gabriela Sabattini, Omar Carminatti, tiene allí canchas de tenis. Y la Asociación de Ciclismo de Buenos Aires tiene allí su centro integral para la iniciación, práctica, entrenamiento y difusión del deporte. “A estos usos se suman espacios destinados a gastronomía” (íbidem). El “impacto positivo” de los negocios hoteleros y gastronómicos que celebran los funcionarios porteños demuestra que el norte estratégico de la ´autonomía porteña´ sigue siendo aquel que señalara Domingo Cavallo hace 20 años atrás: convertir a Buenos Aires en la capital turística, cultural y financiera del Mercosur.

Los trabajadores de Alijor cobraron el miércoles la deuda salarial que la empresa mantenía con ellos, correspondiente a la primera quincena de noviembre. La patronal había alegado no tener plata para realizar el pago, lo que desencadenó que los trabajadores dejaran de prestar tareas el martes de la semana pasada. Alijor produce panificados de la marca La Salteña en su planta del Parque Industrial OKS de Garín, en el corazón de la Zona Norte, en la localidad de Escobar. Según los trabajadores, la fábrica viene “a los tumbos” hace meses: dejó de comprar mercadería para que funcione el comedor de Planta, dejó de comprar insumos para los trabajadores, dejó de proveer la ropa de trabajo, y por último, empezó a discontinuar los pagos. Los dueños de la empresa, la familia Biderman, se caracterizan por un manejo de la empresa: apenas declarada la huelga, el presidente de la misma publicó un comunicado anunciando el cierre final de sus actividades. Una maniobra que se repitió varias veces, pero que está vez no surtió efecto sobre el espíritu huelguístico de los trabajadores, que en vez de aflojar le sostuvieron la huelga hasta el final. En el acta en el Ministerio, firmada por los delegados el día martes pasado, exactamente tras siete días de paro, la empresa se comprometió a abonar el miércoles a primera hora. Además, se firmó el compromiso en tiempo y forma de los futuros pagos – algo que la patronal difícilmente cumpla. En conflictos anteriores, la empresa no ha descontado las horas de huelga, tal vez con la idea de no reabrir otro escenario de conflicto. Está por verse si la patronal se atreve a descontar las horas de una huelga que se provocó enteramente por su irresponsabilidad. LEER MÁS: Siete días de huelga en Alijor Las amenazas de la patronal no intimidan a los trabajadores. Por Pablo Busch, 28/11/2023.

El exconsejero de Seguridad Nacional y exsecretario de Estado de Estados Unidos (1969/77), falleció el miércoles pasado del mismo modo que muchos criminales y torturadores de Argentina –sin juicio penal y sin condena-. Locuaz y activo, apoyó con el silencio lo que él hizo sistemáticamente en vida, la guerra genocida del estado sionista contra el pueblo de Gaza, el uso de bombas de fósforo y de armas químicas. Desde Jerusalem envió sus condolencias uno de sus discípulos más aventajados –Benjamín Netanyahu-. Kissinger se hizo conocer mundialmente por el impulso que dio a las dictaduras genocidas en América Latina. El derrocamiento de Salvador Allende por Augusto Pinochet fue armado durante cuatro años, desde el atentado y asesinato del general René Schneider para evitar que el triunfo electoral de la Unidad Popular de Chile fuera reconocido por el Congreso. En cuanto a Argentina, llamó a los militares a “hacer las cosas pronto y rápido”, para visitar el país, en 1978, en ocasión del Mundial de Fútbol. Dos años más tarde, cuenta Eduardo Amadeo, un peronista convertido al macrismo, Kissinger le pidió dos entradas para ver a Boca, como canje por un servicio prestado al Banco Provincia. La intervención de Kissinger en Argentina, Chile y el conjunto de América del Sur, retrata perfectamente los objetivos y métodos políticos que se impuso. Desde antes del ‘cordobazo’, Uruguay, Chile y Bolivia conocieron un ascenso político de masas que en determinado momento se convirtió en revolucionario. En todos estos países se habían ensayado métodos políticos de contención de la marea obrera dentro del ámbito constitucional o de las fuerzas en presencia. El Frente Amplio, en Uruguay, el nacionalismo cívico-militar en Bolivia, la UP en Chile, el retorno de Perón en Argentina. La variedad de las corrientes políticas mencionadas demostraba que no se trataba de ‘una operación soviética’ en la región. Por el contrario, la visita de Fidel Castro a Chile, en 1971, para apoyar al gobierno de la UP y llamar a la oposición de izquierda a respetar el marco establecido, despejaban cualquier duda acerca de un inminente asalto comunista. El temor era el desarrollo de una corriente revolucionaria de masas en una clase obrera en franco ascenso. Kissinger fue, por sobre todas las cosas, un contrarrevolucionario. En un momento llegó a decir que de no haber sido por “un accidente de nacimiento”, en una familia judía, habría sido un SS antisemita. La época de llegada de Kissinger al gobierno coincide con el definitivo final del ascenso económico de la posguerra. Es el comienzo de la declinación norteamericana. Bajo la presidencia de Richard Nixon, cuando HK era consejero de Seguridad Nacional, Estados Unidos declara, en agosto de 1971, el fin de la convertibilidad del dólar. Estuvo precedido por el levantamiento del Mayo Francés y la Primavera de Praga (1968). En abril de 1974 estalla la Revolución de los Claveles, en Portugal, que debuta con la completa disolución del aparato estatal como consecuencia de la intervención de masas. A finales del año, Kissinger informa a las autoridades de las principales potencias europeas de la intención de Estados Unidos de invadir Portugal. Sólo la intervención extrema del presidente francés Giscard D’Estaing evita ese extremo contra la promesa de una contención de la Revolución por medio de una reconstrucción de las Fuerzas Armadas apoyada por los partidos Socialista y Comunista. La guerra revolucionaria en Vietnam fue el acontecimiento vertebral de esa época. Antes de resignarse a buscar un acuerdo de paz con el gobierno comunista de Vietnam del Norte, Nixon y Kissinger sometieron al pueblo de Vietnam y del conjunto de Indochina a una guerra despiadada, con armas químicas y bombas de napalm. Cuando las tratativas para un acuerdo ya estaban en desarrollo, Kissinger ordenó un bombardeo implacable contra Cambodia, de dos años de duración, que terminó con la vida de 40 mil civiles. Los acuerdos de paz fueron un intento de salida ordenada del Ejército de Estados Unidos de Vietnam, que terminó en un fracaso monumental: dejó 58 mil soldados norteamericanos muertos y una huida desesperada de Saigón, la capital de Vietnam del Sur, que luego se repetiría con la partida de Biden de Afganistán. La derrota norteamericana en Vietnam, la primera derrota en la historia de Estados Unidos, dejó una llaga en el establishment militar del imperialismo norteamericano, que se ha convertido en más lacerante en lugar de cicatrizarse. Kissinger dio un impulso final al armamento misilístico, convencido de que era necesario trabajar en la hipótesis de una victoria en una guerra nuclear. Cuando se vio obligado a firmar un acuerdo de control de estas armas con la Unión Soviética -unos 2.500 misiles con cabezas nucleares cada uno-, se le atribuyó haber alcanzado “un equilibrio estratégico disuasivo”. El propósito, en realidad, fue obtener un período de tiempo para romper todos los equilibrios con armas más potentes y precisas. Es lo que hará Ronald Reagan en la década de los ‘80 con “la guerra de las estrellas”, o sea las instalaciones de bases misilísticas en el espacio. Se le atribuye a Kissinger la intención de recrear un equilibrio mundial del tipo que estableció el Tratado de Viena, en 1815, a instancias del ‘Premier’ Metternich, de Austria, luego de las derrotas de Napoleón. Era una tentativa de restauración del antiguo orden de legitimidad monárquica. Ese equilibrio fue barrido por las revoluciones europeas de 1848, en Viena, Berlín y París, y ‘restaurado’ por dos napoleones –Luis Napolén y Bismarck-. Lejos de derrotar a un Napoleón, sin embargo, el imperialismo norteamericano acaba de ser derrotado por un ejército de campesinos en harapos. Metternich tenía atrás de él a la Inglaterra moderna, en camino a convertirse en imperialista, y a la retrógrada monarquía zarista, su aliada. Los Estados Unidos de los 70 eran un imperialismo en retroceso, afectado por una grave crisis política, y un fuerte levantamiento de la juventud. Kissinger (este es un capítulo aparte) buscó minar, sin lograrlo, las tendencias que llevarían a la Unión Europea. Para preservar un ‘equilibrio’ harto precario, Kissinger necesitó el apoyo de las burocracias contrarrevolucionarias de Moscú y Pekin – las cuales atravesaban sus propios ‘desequilibrios’ que se manifestarían en la disolución de la URSS y en la gran penetración del capitalismo en China. La guerra de Vietnam ofreció a Nixon-Kissinger la oportunidad de un acuerdo ‘histórico’ con China – con el mismísimo Mao Tse Tung, atrapado en la gigantesca crisis interna de la Revolución Cultural. Como consecuencia del enfrentamiento con la burocracia rusa, que apoyaba a la oposición a Mao en China, Mao abandonó el apoyo a la guerra de Vietnam contra el imperialismo. Culminaba un enfrentamiento de más de una década, que estuvo por provocar una guerra por disputas fronterizas entre ambos ‘países socialistas’. El establecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y la China Popular; el reconocimiento del lugar de la China Popular en el Consejo de Seguridad de la ONU; la ruptura diplomática con Taiwán; esto le dio a Kissinger la estatura de “estratega”, cuando era en realidad una retirada estratégica de autopreservación. Este acuerdo abriría a China el acceso al mercado mundial y ofrecería a la burocracia una salida a una crisis terminal, mediante una restauración capitalista piloteada, hasta hoy, por el inmenso aparato del estado chino. Henry Kissinger jugó un papel fundamental en un suceso que hoy tiene enorme actualidad. En octubre de 1973, Israel enfrentó un ataque sorpresa por parte de Egipto y Siria, que estuvo a punto de destruir a las fuerzas armadas sionistas en el campo de batalla. Los Servicios Secretos de Israel no habían dado crédito a los informes de una inminente acción militar. El objetivo declarado de Egipto y Siria era recuperar los territorios ocupados por Israel en la guerra de junio de 1967. Un enorme puente aéreo de provisiones militares evitó la derrota militar y permitió dar vuelta la guerra a favor de Israel, que ocupó la península del Sinaí y llegó a Suez y a las cercanías de la capital. La intervención de la URSS salvó del derrumbe a los regímenes de Egipto y Siria, y forzó a un acuerdo que más tarde llevaría a las relaciones diplomáticas entre Egipto e Israel. La criminalidad de Kissinger ha sido puesta de manifiesto en estos días, en especial las masacres -hasta 300 mil muertos- en la guerra de secesión entre lo que hoy son Pakistán y Bangladesh. Kissinger apoyó las masacres del régimen paquistaní, un aliado de China. Pero en el conjunto de la historia, el personaje es insignificante. Vivió bajo la sombra del patriciado norteamericano, que nunca lo recogió en sus filas como un igual. Importa insertarlo en el período de decadencia del imperialismo norteamericano, que a su muerte es aún más manifiesto. Kissinger no se atrevió a ir a Oslo a recoger el Noble de la Paz, que recibió junto al negociador vietnamita Le Duc Tho. Temía que un escenario de tanto cinismo provocara un repudio popular sin precedentes. Simplemente rechazó el Premio. LEER MÁS: Biden en Kiev, la amenaza de un choque nuclear De la “guerra de desgaste” al choque en gran escala. Por Jorge Altamira, 21/02/2023. La guerra imperialista mundial, una crisis humanitaria Exposición de Jorge Altamira en la Facultad de Filosofía y Letras (UBA), 30/9/22. Por Jorge Altamira, 05/10/2022. Asesinatos en Texas, una metáfora de Estados Unidos Una guerra civil encubierta. Por Jorge Altamira, 27/05/2022. El imperialismo yanqui y el golpe genocida Por Marcela Poblete, 24/03/2021.

Sin que haya transcurrido una sola hora de finalizada la tregua entre Hamás y el Estado de Israel, este último retomó los bombardeos sobre la población indefensa de Gaza al sur y norte de la Franja aniquilando 180 palestinos e hiriendo a otros 589. Según el sionismo se trató de “200 objetivos militares”. Una nueva masacre. La tregua no ha permitido recomponer en absoluto la catástrofe del sistema de salud de Gaza, con la mayoría de sus hospitales fuera de funcionamiento –solo quedan tres con limitada capacidad-, sin combustible ni insumos médicos disponibles. Israel ya volvió a prohibir los accesos de ayuda humanitaria desde el lado egipcio a la Franja “hasta nuevo aviso”. El fin de la “tregua” (continuaron los asesinatos y arrestos de palestinos durante todos los siete días) con estos furiosos bombardeos retrata que el sionismo no ha tenido hasta el momento intención alguna de cese de fuego completo y proceder al intercambio de todos los rehenes. Anuncia que "está comprometido con lograr los objetivos de la guerra", es decir, desplazar mediante bombas a toda la población palestina al desierto del Sinaí. El sionismo alega que Hamás no ha presentado hasta ahora una lista de rehenes que pueda permitir una nueva extensión de la tregua. El secretario de Estado de Estados Unidos ha secundado esta acusación, resaltando nuevamente que Israel tiene el “derecho a defenderse” –lleva asesinados 15000 palestinos, y casi la mitad son niños. En una perfidia de aseveración, dice que “ha tomado medidas para proteger a los civiles gazatíes en áreas de seguridad”, que no impidieron que en escasos minutos sean masacrados dos centenares de palestinos. Egipto, quien junto con Qatar y EEUU intermediaron para pactar la tregua, ha señalado en un comunicado firmado por su Ministerio de Exteriores que “condena de manera enérgica el colapso de la tregua y los nuevos bombardeos violentos y operaciones militares israelíes contra la Franja de Gaza (...) y lo considera como un grave revés y una subestimación por parte de Israel de todos los esfuerzos de los últimos días para extender la tregua". Por su parte, Hamás ha culpado a Israel del fin de la tregua por rechazar su última oferta de liberación de rehenes, enviado a través de mediadores qataríes y egipcios proponiendo iniciar una discusión sobre qué concesiones estaría dispuesto a hacer Israel a cambio de la liberación de rehenes ancianos. De las aproximadamente 240 personas secuestradas el 7 de octubre en el ataque de Hamás en el sur de Israel y llevadas a la Franja de Gaza, 137 siguen detenidas allí, según las autoridades israelíes que no por ello dejan de arrojar toneladas de bombas. LEER MÁS: “Israel arrestó a casi tantos palestinos como liberó durante la tregua” Por Norberto Malaj, 29/11/2023. Gaza: de las treguas ‘fake’ a la ampliación de la guerra del Estado sionista Por Jorge Altamira, 28/11/2023.

Javier Milei disfrazó con tecnicismos, en estas horas, el propósito de demoler a discreción los salarios, jubilaciones y gastos sociales, con el pretexto de la necesidad imperiosa de rescatar la economía. Ha calculado el tiempo para este experimento en un año y medio o dos. Milei presenta como una herencia “residual” el escenario de alta inflación con recesión que le deja el kirchnerismo. Ocurre, sin embargo, que parte de esa herencia la pone en el beneficio del inventario, la que se refiere a la indexación instantánea de la deuda del Tesoro y del Banco Central, que se encuentra en manos de los grandes capitales locales y foráneos. La inflación que promete, de aquí en más, no será sólo “residual”. Por un lado, porque anuncia una devaluación que llevará a un salto extraordinario en los precios, en primer lugar, de los alimentos. Lo mismo ocurrirá con la dolarización de los combustibles y tarifas de servicios públicos. El tarifazo no tiene nada de “liberal”, porque esos servicios corresponden a monopolios –sus precios son regulados por el Estado, en base a contratos de concesión leoninos-. La letra de esos contratos dolariza las tarifas. El libreto de los bancos La parte “heredada” tiene que ver con lo que Milei repite como loro: “tenemos que desarmar la bomba de las Leliqs”, es decir, la deuda que el Banco Central tomó con los bancos privados, para mantener elevada la tasa de interés. Los depósitos en los bancos corresponden mayormente a fondos de inversión y grandes corporaciones. La crisis con la ‘bomba’ de las Leliqs y con la deuda del Tesoro aún no ha sido resuelta, como lo demuestra el aparcamiento de esa deuda en cuentas de 24 horas, o sea de rápida salida del sistema. De los 25 billones de pesos de esta deuda del Central con los bancos, ya el 60% de la misma vence diariamente. La salida súbita de estas renovaciones de deuda desataría una inmediata corrida cambiaria y una hiperinflación. Es una espada de Damocles sobre el gobierno en ciernes. Milei no enfrenta, por ahora, un peligro de estanflación sino de hiperinflación. De acuerdo a los medios, Milei y Caputo han vuelto de un viaje a Washington, pagado por un financista sionista, con una mano adelante y otra atrás. Tampoco trajeron dólares para que el Central asista a los importadores para pagar la deuda comercial, del orden de los 50 mil millones de dólares. La canciller en carpeta, Diana Mondino, se atrevió incluso a decir que esa deuda sería privada. El Central no ha salido del inmovilismo: seguirá emitiendo moneda para pagar los intereses de su propia deuda con los bancos y sus grandes clientes. En una reunión con los bancos de ADEBA, Caputo aseguró que el régimen de Leliqs va a continuar, ¿por qué será que los banqueros no le creen? Golpe de estado económico Caputo-Milei, se comenta, tendrían la intención de canjear la deuda de Leliqs y pases por deuda con el Tesoro nacional, que ya ronda los 440 mil millones de dólares; pasaría entonces a los 500 mil millones. En esta encerrona, Milei-Caputo han colocado todas las fichas en el “super ajuste fiscal’. Un ajuste fiscal para salir de un derrumbe que no es fiscal sino financiero. Tarea imposible, por eso el ajuste contra salarios, jubilaciones, prestaciones sociales y de salud, deberán ir acompañadas de una fuerte inflación. Estamos ante la versión Milei del plan de los economistas de Massa. Consideradas en su conjunto, las condiciones del debut del gobierno de Milei son explosivas. El “golpe de estado económico” que anunciará después de su asunción no conseguirá resolver las cuestiones estratégicas que interesan a la burguesía – por caso, el levantamiento del cepo y la libertad de remisión de utilidades, que han sido aplazadas indefinidamente. Mientras tanto, las masas continuarán pagando, con infinitas privaciones.

Los trabajadores de Mondelez —ex Terrabusi— han votado en asambleas iniciar un trabajo a reglamento. Consiste en que cada trabajador realice las tareas de un solo puesto: La empresa quiere reducir la dotación de trabajadores por línea. La Comisión Interna (un frente entre el PJ y el PCR) plantea un bloqueo de portones. Los trabajadores denunciaron que la reducción de puestos de la empresa implica una reducción de los tiempos de descanso y realizar tareas de dos o tres puestos de trabajo. Desde la introducción de dos nuevas líneas, una para fabricar Oreo y otra para fabricar Lincoln, la patronal busca armar la dotación de las nuevas líneas con dotaciones de todas las demás líneas. El Sindicato de la Alimentación de Buenos Aires de Rodolfo Daer y la Comisión Interna habían aceptado la propuesta patronal, los trabajadores la rechazaron. Desde el día lunes pasado los trabajadores realizan una tarea cada uno. La patronal tuvo que parar la producción de las nuevas líneas Oreo y Lincoln por falta de dotación. Es necesario contratar a nuevos trabajadores La Comisión Interna atribuye el envalentonamiento patronal al triunfo de Milei. Penayo, el secetario general, denuncia un “cambio de actitud de parte de la empresa”. La multinacional alimenticia Mondelez viene llevando adelante un crecimiento sostenido de su producción. Desde la pandemia lleva adelante una reducción de personal que ha reforzado la precarización del trabajo del conjunto del personal, además de más trabajadores temporarios -con contratos a seis meses o un año de plazo- y tercerizados, que llevan adelante tareas fuera de convenio. Para sostener este crecimiento productivo fue necesario un esquema permanente de horas extras de sus trabajadores, de lunes a lunes. Todo este avance de la flexibilidad laboral en la planta se ha dado bajo el gobierno de Alberto Fernández, al cual la Comisión Interna del PCR y el STIA han apoyado hasta el hartazgo, manteniendo una paz social permanente con la empresa. La reforma laboral de hecho llevada adelante por Mondelez bajo el gobierno de Massa preparó la que pretenderá hacer bajo el gobierno de Milei.

Cuando la guerra se inició las tropas sionistas forzaron, mediante bombardeos masivos (tonelaje de bombas mayor a Hiroshima), el desplazamiento en masa de la población gazatí al Sur de la Franja; alegaron que su interés era ´protegerla’. Ahora, descaradamente, tras un fin abrupto de la tregua establecida para canjear rehenes por prisioneros, está bombardeando el Sur sin ninguna clase de restricciones. Una nueva ola de masacres, en especial a costa de los niños. ¿Adónde quiere llevarla ahora? El gabinete de Guerra insiste en el propósito de desplazar a la población gazatí al desierto del Sinaí, en territorio egipcio. Es la lógica que preside esta guerra de genocidio y el objetivo de terminar con la milicia de Hamas, uno por uno. La variante que se adjudica a Estados Unidos, sin el menor fundamento ni la menor evidencia, de entregar la Franja a la Autoridad Palestina, obligaría al estado sionista a renunciar a los territorios que ocupa en Cisjordania. El alto mando de las FFAA de Israel interpreta lo ocurrido con el asalto de Hamas el 7 de octubre pasado como un “cambio de paradigma”. Desde el río Jordán hasta el Mediterráneo debe prevalecer la soberanía israelí. Esta postura sin retorno ha abierto, sí, una crisis en el Departamento de Estado de Biden, donde se multiplican las renuncias y las advertencias acerca de que esta ‘solución final’ a la cuestión palestina haría estallar al Medio Oriente –de inmediato o a medio término-. En Israel corre una declaración “para que el desplazamiento de los residentes de Gaza no sea temporal, sino permanente, acompañado de peticiones de un nuevo asentamiento israelí en el enclave de ´Katif´ que existía antes de la retirada de los asentamientos y soldados de Gaza por parte de Israel en 2005 o de un asentamiento israelí. en otras zonas de la Franja de Gaza” (Haaretz, 30/11). El cinismo de la petición es obvio: meter en un 10% del territorio a la población que no entraba en su dimensión geográfica actual. La ruptura de la tregua que estaba vigente para canjear rehenes por prisioneros en las cárceles sionistas, obliga al gobierno de Netanyahu a rescatar vivos a los rehenes que restan, unos 150, en su mayor parte personal militar. Circula una evaluación de que Hamas ha sido desalojada de sus túneles y escondrijos en el Norte, pero aún queda por hacerlo en el Sur. La guerrilla palestina se las sigue arreglando para lanzar sus cohetes rudimentarios sobre territorio israelí. Las matanzas de palestinos en Cisjordania comprometerán seguramente a la guerrilla de Hizbolá en la guerra. Arabia Saudita intenta comprar la neutralidad de Irán, mediante la oferta de un gigantesco préstamo internacional. Pero dentro de Irak no cesan los ataques a las bases norteamericanas, por parte de agrupaciones guerrilleras que reclaman el retiro de Estados Unidos del país. La crisis de la tregua puso de manifiesto la responsabilidad de los bombardeos de Israel por la muerte de rehenes israelíes. Netanyahu se niega a negociar la entrega de los cadáveres por parte de Hamas, para que reciban una sepultura de la familia. Mientras tanto la Knesset, el parlamento israelí, aprobó el 8 de noviembre una enmienda a la ley terrorista que criminaliza la “identificación” de cualquier contenido en redes sociales con Hamas. El diario Haaretz denuncia la implantación de una severa censura previa, lo que indica el temor, infundado o no, de que una parte de la población israelí no tolere semejante derramamiento de sangre y el sacrifico de sus compatriotas retenidos. El asesinato de periodistas en la guerra supera de lejos el medio centenar. Hace mucho tiempo ya que el aparato de Seguridad de Israel ha puesto entre ojos a los trabajadores de prensa. La enmienda estará vigente por dos años, con la opción de extenderla y agregar otros grupos a la lista. La ley aborda el “terrorismo del lobo solitario” y la identificación de personas no afiliadas a ningún grupo mediante la ‘supervisión’ de contenidos en línea. La medida ha producido “docenas de acusaciones escandalosas”. La inteligencia sionista usa “herramientas intrusivas de vigilancia contra individuos", afirmó Zoabi Nareman Shehade Zoabi, abogado de Adalah, una organización de derechos humanos y centro legal con sede en Israel (Al Jazeera, 2/12). "Tememos que esta medida tenga como objetivo ampliar aún más la capacidad del Estado para encerrar a los palestinos como medio de silenciarlos" (ídem). De la liberación por intercambio con rehenes, a la cárcel de nuevo o a la muerte. También la Asociación por los Derechos Civiles en Israel (ACRI), con sede en Tel Aviv, denunció que la medida es un grave ataque a la libertad de expresión. Adalah, con sede en Haifa, la calificó como “una de las medidas legislativas más intrusivas y draconianas jamás aprobadas por la Knesset israelí, ya que somete los pensamientos a castigo penal” (ídem, 2/12). Israel amenaza con extender el régimen de cárcel a cielo abierto a toda la Palestina histórica: “Israel ha arrestado a aproximadamente un millón de palestinos desde que ocupó Jerusalén Este, la Franja de Gaza y Cisjordania en 1967, según un informe de las Naciones Unidas publicado el año pasado” (Maziar Motamedi, Al Jazeera, 29/11). Es decir, uno de cada cinco palestinos o al menos un miembro de cada familia palestina fue encarcelado en su vida. Ni EE.UU., el país con la mayor población carcelaria del planeta, ni ningún otro país del mundo, tiene una proporción de encarcelamientos equivalente a la de Israel. La ´democracia´ sionista supera a cualquier otro país en posesión de cárceles por habitante (incluyendo los ´territorios´ palestinos). Al mismo tiempo se acaba de revelar un fenómeno sustancial: “Trescientos mil israelíes se han ido al exterior desde el 7/10”, por un lado, para desertar de sus obligaciones con el ejército (Gilbert Doctorow), por el otro, para salir de un territorio asediado por la guerra permanente de su propio Estado. Según Vladimir Splovyov, del Sunday Evening, “si se proyecta este número de deserciones sobre la población general de Israel y se lo compara con quienes abandonaron Rusia para no ir a la guerra de Ucrania desde el 22 de febrero de 2022 (cuando se decretó un enrolamiento masivo) en proporción deberían haberse marchado 4.5 millones de rusos -entre 10 y 15 veces más de los que emigraron por ese motivo-. La conclusión ineludible es que los rusos son mucho más patriotas que los israelíes” (ídem). La ‘conclusión’ de Splovyov es torpe: ni Putin ni Netanyahu están librando guerras patrióticas progresivas. El mundo enfrenta un escenario de guerras imperialistas que debe ser abolido mediante la revolución socialista.

La dirección de ATE convocó a una conferencia de prensa para anunciar el inicio de “una nueva etapa”. El secretario general, Rodolfo Aguiar, abrió con el anuncio de los cinco puntos acordados en la directiva, resumidos en: 1) pedir una audiencia con el presidente electo y “exigir conocer el alcance” de la ley de reforma del Estado, 2) sostener el “alerta y movilización” y el lunes 11 organizar protestas y radios abiertas en todas las dependencias del Estado Nacional, 3) si la ley fuera perjudicial para los y las estatales, entonces movilizar el mismo 11 al Congreso, 4) convocar a la unidad de las tres centrales sindicales y, 5) solicitar audiencias con los bloques del Congreso “para que conozcan nuestras propuestas”. El plan de unidad, diálogo y medidas sectoriales pretende enfrentar “un recorte que supera lo que exigía el FMI”, según Aguiar, que “significa que se elimina la inversión pública, que bajan a cero los giros a las provincias pero que además es un recorte a los subsidios a la energía y al transporte por lo tanto aumento de luz, gas, transporte, se afectan las partidas salariales y de jubilaciones, de los programas sociales”. Aguiar denuncia “esta devaluación que ya estamos sufriendo y de la que nadie se hace cargo”. Pero, ¿dónde estaba la ATE Unidad? Haciendo campaña por Massa. Lo que abandonaron unidos, tanto Capital como Nación, fue la consigna de “ningún estatal por debajo de la línea de pobreza”. Mientras Daniel Catalano, secretario general de Capital “Unidad”, plantea ir en busca de nuestras compañeras y compañeros de la CGT y de las dos CTA, unidad con los movimientos sociales, uno de los convocados, el “compañero” Andrés Rodríguez ya “pidió paciencia y afirmó que la CGT debe «garantizar la gobernabilidad» de Milei” (mundogremial.com 24/11). Como tarea preparatoria para enfrentar a Milei, Aguiar y Catalano convocan a los “mariscales de la entrega y la derrota”, sus propios socios en estos últimos cuatro años, si no más. No se les ocurre ni vislumbran que es necesario cambiar el propio escenario sindical. Convocan a una cúpula desgastada por traiciones e intereses comunes con las patronales, en tanto empresarios. La victoria de Milei plantea, antes que nada, cambiar el escenario a partir de la reacción de las bases y de las decisiones que tomen en asambleas soberanas. Catalano diseñó un frente patronal con los gobernadores para defender el acceso de estos a fondos discrecionales de Nación y participar en los ‘retornos’ de la obra pública. La burocracia de ATE se apresta a dibujar el camino de las derrotas. La preocupación de fondo de esta casta sindical es no ser barrida por una acción histórica de masas en respuesta al golpe económico de Milei y de las grandes patronales. En estos términos se presentan ahora, en la etapa de propaganda, agitación y organización que prepare la respuesta de los trabajadores.

En el día de ayer el Polo Obrero Tendencia se movilizó para reclamar la entrega de los alimentos secos para los meses de verano ante las diferentes reparticiones del estado: municipios, gobernaciones y el ministerio de Desarrollo Social . Los funcionarios salientes no han realizado aún las compras ni han previsto alternativas tras el cierre en octubre de las entregas. En los desocupados se siente la inflación descontrolada; en esta semana el aceite paso de $800 el litro a $1.500. El Polo Tendencia llevó a la calle el reclamo del aguinaldo de fin de año, que el gobierno saliente tampoco ha confirmado y también colocó la urgencia de un aumento en los montos de los planes sociales, así como también la apertura de fuentes de trabajo ante el párate de la economía y las changas. Aguante bajo la lluvia En la ciudad de Buenos Aires, una importante columna se concentró desde las 10 hs. en el Obelisco, a pesar de la intensa tormenta. Los compañeros marcharon decididamente por la Avenida 9 de Julio hasta el Ministerio de Desarrollo Social. Esta columna aguerrida de miles de compañeros llegó a la puerta del edificio que estaba acordonado por la fuerza policial ya al tanto de la audiencia que tenía nuestra organización. El cordón se reforzó con policía de la Ciudad. TN y La Nación+ informaron que el “despeje” de la 9 de julio era parte de la política del gobierno entrante. La movilización se desarrolló hasta colocarse sobre la calle Moreno. En la intersección de Moreno y la 9 de Julio la infantería empujó a la columna hacia atrás, un movimiento superfluo que no despejó ningún carril extra a los automovilistas. A pesar de que la tormenta se hacía más intensa, los compañeros y el grueso de la columna se mantenían firmes en la calle, bancando la resolución del reclamo y haciendo presión para que los funcionarios recibieran a una delegación. El ministerio se puso en contacto con Eva Gutiérrez para ofrecer un compromiso de entrega de alimentos y una reunión para avanzar con los detalles el día lunes 4 al mediodía, donde también se verá un cronograma de compras y entregas de productos, la situación del aguinaldo y de los aumentos. La columna empapada para esa hora mostró una gran fortaleza bajo la tormenta y un estado de ánimo destacable. "No está aún confirmado el pago del aguinaldo de fin de año, ni un aumento en el monto del Potenciar Trabajo, que ha sido devorado por la carestía.”, "llamamos a discutir y preparar medidas de conjunto", comentó Eva Gutiérrez para uno de los medios presentes. Entre los compañeros, el debate sobre el rumbo del gobierno saliente recorrió toda la jornada. Con la conclusión de no tener ninguna expectativa, ya que estamos viendo cómo el futuro gobierno va a cumplir con los tenedores de la deuda pública, de la deuda externa y con el FMI, y va a continuar con el ajuste y apriete a los trabajadores, ni hablar los desocupados. La jornada de lucha fue fundamental ya que no podemos permitir que los comedores no tengan mercadería hasta marzo. En la fecha se movilizaron también las provincias de San Juan, Córdoba, Jujuy, Tucumán, Mendoza -donde sufrimos amenazas de la policía-, Chaco -en Castelli y Concepción del Bermejo-, en Pergamino, en Salta -donde se sumó la localidad de Mosconi-, en Misiones, entre algunos lugares destacados. Desde el Polo Tendencia llamamos a luchar, organizarse, debatir en cada barrio, recorriendo con nuestro periódico y materiales, llamando a los compañeros a la lucha y poniendo claridad sobre el ajuste actual y el que prepara el próximo gobierno.

Leyendo las notas que salieron sobre las elecciones en Boca, ninguna habla de lo fundamental: rechazar la intervención de la Justicia en las elecciones de los socios. Ningún análisis puede partir de otro lugar. Lo que está pasando es un avance de los grupos que quieren privatizar los clubes, hacerlos Sociedades Anónimas para que sean un negocio para empresas privadas. No se puede limitar una nota a decir que ambas listas son “dos alas empresariales” o a informar las “acusaciones que se harían” entre una lista y la otra como podría hacerlo cualquier diario de "información", pero no un periódico de un partido revolucionario. Tenemos una jueza, Debora Abrevaya, que decidió, en base a testimonios truchos y números falsos, sacarle a los socios de Boca la elección del presidente del Club. Lo importante es rechazar esto y apoyar las autoconvocatorias que hubo y va a haber de los socios para defender las elecciones. No nombrar esto por miedo a quedar pegados a la lista de Riquelme es imperdonable. Frases del estilo de “Riquelme acusaría a Macri de tal cosa y Macri a Riquelme de tal otra” no importan. No interesa de qué se acusan mutuamente las listas. Se trata de ver los hechos como son: la lista de Macri, con apoyo de la Justicia manejada por Angelici y sus amigos, suspendió las elecciones. Los socios se autoconvocaron para rechazar esto… ¿y Política Obrera solamente va a decir que son dos grupos empresariales? ¿Realmente importa si fueron 13.000 o 5.000 los socios o si Macri le pidió a Riquelme que traiga a un jugador de Catar? No está en discusión eso, es totalmente secundario. En ninguna elección de ningún tipo hay que permitir que intervenga la Justicia burguesa en nombre de nada para limitar el voto de los socios o de a quien le corresponda votar y punto. Los socios de Boca vamos a ir a La Boca a movilizarnos el domingo a las 16 hs. No para apoyar a una lista, sino para defender las elecciones. Si Política Obrera se limita a “informar” que tenemos “dos alas empresariales” en las elecciones, se va a quedar afuera. No a la intervención de la Justicia. No a las Sociedades Anónimas, en defensa de los Clubes. Defensa incondicional del derecho al voto de los socios.

Lo que sigue es una declaración del exjuez camarista de la Seguridad Social Luis René Herrero ante la designación de Rodolfo Barra como Procurador del Tesoro en la gestión de Javier Milei. *Cuando Rodolfo Barra fue ministro de Justicia, el ex presidente Carlos Menen dictó el primer DNU "post" reforma constitucional de 1994 (N°2.302/1994; BO 28/12/1994), en el cual ordenó a "cinco fueros" nacionales y federales -incluida la Corte Suprema- "suspender y/o paralizar" por 120 dias el dictado de sentencias previsionales (?), resoluciones administrativas (ANSES), demandas previsionales, reclamos administrativos, recursos judiciales y administrativos, etc. La Sala 2 de la CFSS por sentencia de fecha 13/02/1995 lo declaró "nulo de nulidad absoluta e insanable" (los demás fueros lo cumplieron a pie juntillas), por violar la división de poderes, el derecho a la jurisdicción, la defensa en juicio, el debido proceso, de peticionar a las autoridades, etc. El tribunal citó el art 16 de la Declaración de lis Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que reza: "Toda sociedad en la cual la garantia de lis derechos no este asegurada y la separación de poderes determinada, no tiene Constitución”. El Sr. Ministro de Justicia amenazó con la destitución a los jueces que suscribieron la sentencia, (Dr Emilio Fernández y Luis Herrero; el Dr Juan José Etala se hallaba fuera del pais). Le contestó al Sr Ministro el Dr Germán J. Bidart Campos desde el derecho constitucional, en su brillante glosa: “La justicia independiente invalida un DNU que no era tal y resultaba inconstitucional”. Recordar no es agraviar, es aportar a la defensa de las instituciones de la República y al Estado de Derecho, con patriotismo y honestidad intelectual.*

El 24 de noviembre de 2023, León Gieco publicó en su canal de Youtube una bellísima versión en tres idiomas contra la guerra en la franja de Gaza, acompañada por Gastón Saied representando a la comunidad judía y Nuri Nardelli de la orden sufí Al-Herrahi, que la interpretó en árabe. En dicho vídeo León Gieco declara que “nosotros hacemos estas cosas porque tenemos la posibilidad de hacerlas. Porque mucha gente como un taxista, un albañil o un carpintero puede sentir la misma impotencia al ver los horrores de la guerra y no poder hacer nada. Nosotros algo hacemos, aunque sabemos que esto no va a cambiar absolutamente nada, porque la guerra habla otro idioma. Pero respecto a esa impotencia, cantar esta canción por la paz en hebreo, en árabe y en castellano, me parece que, justamente en este momento, tiene una razón de ser”. La iniciativa de Gieco es un llamado a la confraternización entre el pueblo palestino y el pueblo judío no sionista o antisionista, en la versión de la política leninista contra las guerras de opresión. La iniciativa de esta versión en los tres idiomas fue del Ensamble Alma sufí, dirigido por Sami Sebastián; este grupo musical tiene el fin de promover la paz y la tolerancia. Sin embargo, el concepto abstracto de la paz es la ausencia de conflictos bélicos y no lo que necesita la humanidad: erradicar la explotación del hombre por el hombre. Para el genocida Benjamin Netanyahu la paz significa la no resistencia de Palestina (actualmente liderada por Hamas) para exterminar a sus originarios. Por eso los grandes revolucionarios, constructores de partidos verdaderamente socialistas y soñadores de un mundo sin opresores ni oprimidos, ¡son los únicos partidarios consecuentes de la paz mundial! Esta versión de «Solo le pido a Dios» le dio una belleza estética a la obra única que emociona, afirmando el concepto del abuelo materno de quien escribe estas líneas: “los pueblos nunca quieren las guerras”. Alma Sufi ft. Leon Gieco "Solo le pido a Dios" Sólo le pido a Dios «Solo le pido a Dios», el tema más emblemático de León Gieco y uno de los más importantes del Rock Nacional, fue compuesto en 1978 en la casa de sus padres. Según sus declaraciones, estaba probando melodías con su guitarra y armónica primero; luego, comenzó a tirar frases que terminaron formando la canción. Su padre fue la primera persona en escucharla, y al terminar, le vaticinó que iba a recorrer el mundo, como terminó sucediendo. Si bien es una letra sencilla, tiene metáforas muy fuertes aunque se tiñe de una plegaria, también tiene un mensaje anticlerical “que no me abofeteen la otra mejilla”. La estrofa “La guerra es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente” expone de manera clara cómo el capitalismo divide a los trabajadores para poder dominarlos. El sionismo se presenta como un ejemplo evidente de este fenómeno, ya que creó el Estado de Israel con la intención de cooptar al pueblo judío y separarlo de la clase obrera para frenar la revolución mundial. Pasado el tiempo, ya instalado de nuevo en Buenos Aires y habiendo terminado de grabar el álbum «4° LP», apareció el bandoneonista Dino Saluzzi diciendo que su hija le dijo que Gieco lo llamó para que fuera a grabar. Entonces, para no quedar mal, le dijo que grabara un tema muy fácil. Hicieron dos grabaciones y, al escuchar la segunda, justo cuando se presionó Play, abrió la puerta ni más ni menos que Charly García, quien se quedó extasiado escuchando el tema y dijo que tenía que ir en el disco. En un principio lo pusieron como “bonus track” pero cuando lo escuchó el dueño de la discográfica pidió que vaya en la pista 1 del lado A. Su salida al público tuvo sus dificultades durante los nefastos años de la dictadura, ya que, citado por el ejército, un general le dijo que no podía componer una canción de paz en época de guerra, porque se estaba a punto de entrar en guerra con Chile. Anteriormente en el gobierno de Isabelita, en noviembre de 1974, ya había sido detenido debido al asesinato del comisario Villar por parte de Montoneros, al cual Perón le había encomendado la tarea de “combatir la subversión”. Le adjudicaban este asesinato porque se había emitido en TV el tema «John, el cowboy», donde cuenta la historia de un cowboy que libera un pueblo matando a un comisario. Una de las primera veces que presentó en público «Solo le pido a Dios» fue volviendo del exilio en 1980, en un recital solidario para la Universidad de Luján. Pero luego fue citado por el genocida Montes, quien sacando un revólver de su escritorio, le advirtió que no volviera a cantar canciones de ese estilo, porque si no le volaría la cabeza. Luego de haber grabado ese disco, Gieco se exilió en Los Ángeles, pero el tema se empezó a popularizar en la juventud contra la dictadura. Sin embargo, en la guerra de Malvinas, se transformó en un himno en contra del gobierno militar que ya llegaba a su fin y fue prácticamente estrenada por Mercedes Sosa en su vuelta luego del exilio en 1982. Este tema fue grabado en unas 350 versiones, incluyendo varios idiomas además del español (quechua, ruso, armenio, árabe, portugués, sueco, francés, hebreo, inglés) e interpretada por artistas de la talla de Mercedes Sosa, don Sixto Palavecino, Joan Manuel Serrat, Ana Belén, Víctor Manuel, Pete Seeger, entre otros. Política Obrera al menos desde que tenía el sello de Partido Obrero en movilizaciones y actos canta al compás de «Solo le pido a Dios»: “Vamo' vamo' Peo, Vamo Peo. // Vamo' que no bajamo' las banderas, // vamos con la izquierda verdadera // para que gobierne en todo el mundo la clase obrera”.

La Corte Suprema rechazó en duros términos el fallo de casación que había convalidado la absolución en primera instancia de Luciano Benjamín Menéndez por la ocupación y vaciamiento de la empresa constructora Mackentor, radicada en Córdoba, durante la dictadura miliar. La Corte calificó de arbitraria la sentencia que rechazó la apelación de los damnificados y ordenó la redacción de un nuevo fallo acorde al dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que afirma que “…el Estado argentino es internacionalmente responsable por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica […], propiedad privada y protección judicial”. Asimismo, la CIDH ordena al Estado argentino “declarar la nulidad de la quiebra y de la sentencia de la mega causa de La Perla en el tramo Mackentor”, investigar a los responsables y reparar a las víctimas. Desde un sitio inesperado, se ha propinado un golpe a la camarilla negacionista que conduce la vicepresidenta confirmada, Victoria Villarruel, y por supuesto el inminente presidente de Argentina. El pronunciamiento de la Corte lleva la firma de sus cuatro miembros -es unánime-, incluídos sus propios negacionistas agazapados. Los medios de comunicación no han advertido la contribución de la decisión de la Corte al desarrollo de la crisis política. Muestra la falta de maduración de la perspectiva fascistizante en Argentina, desde su tribunal más alto. Horacio Rosatti había bajado línea antes de las elecciones con un llamado a “la unidad nacional”. La Corte Suprema ha dado por probado que mediante la ocupación de las sedes de Córdoba y Buenos Aires de Mackentor, el secuestro de directivos y empleados y la intervención judicial a cargo del coronel Rodolfo Batistella, dispuesta por el entonces juez federal, Adolfo Zamboni Ledesma, “se concretó la transferencia ilegal de los principales activos de la referida firma” a “empresas amigas del poder militar”, mientras los integrantes y directivos de Mackentor se encontraban privados de su libertad y eran sometidos a torturas. Entre las empresas apuntadas como beneficiadas por la usurpación de Mackentor se encuentra Supercemento, entonces propiedad del fallecido Franco Macri. Villarruel, Mauricio Macri y el designado Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, deben estar tomando nota. Barra pretendió, en los 90, que Carlos Menem impusiera ‘las reformas estructurales’ por medio de decretos de necesidad y urgencia. Mackentor era una empresa constructora de porte, con intervención en la obra pública. Los genocidas -que repartían su tiempo entre la represión al activismo, los campos de tortura y la delincuencia económica- ocuparon Mackentor bajo el argumento de que la compañía financiaba a Montoneros. Dieron cobertura legal a la maniobra, mientras sus directivos y empleados eran secuestrados y torturados. Cuatro abogados de la empresa permanecen desaparecidos hasta el día de hoy. Entre los activos que los militares repartieron entre sus cómplices empresarios se encontraban la fábrica de Tubos para Conductos de Alta Presión, la obra del “Segundo Acueducto Villa María-San Francisco” y los campos que Mackentor tenía en Santiago del Estero. La denuncia de los exdueños de Mackentor se tramitó en la ´mega causa´ La Perla, el mayor campo de concentración que funcionó en Córdoba. El principal accionista de la empresa, Natalio Kejner, declaró en el juicio: “Me negaba a operar con las lógicas corruptas de la Cámara Argentina de la Construcción”, que se repartían las obras públicas. Destacó que en Mackentor “todos eran accionistas, mis empleados y mi personal directivo, por eso nos trataron de subversivos”. El pedido de reparación económica fue rechazado por el tribunal. El encubrimiento judicial se extendió hasta el día de hoy. Las victimas del Caso Mackentor hace un año que se presentaron al Jury de Enjuiciamiento de la Provincia de Córdoba, le notificaron del Informe de Fondo 293/21 de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y le pidieron que investigue la conducta de la jueza que declaró la quiebra de Mackentor, en los años 90, “en pleno conocimiento de que los créditos con los que se peticionó la quiebra provenían de crímenes de Lesa Humanidad”. Ese reclamo tampoco prosperó. Por el contrario, se puso de relieve una larga cadena de encubrimientos. Los abogados de Mackentor denunciaron “Legisladores que integran el Jury [tribunal de juicio político] que no cumplen con un mandato de investigar del más alto tribunal de América en DD.HH. [la CIDH], fiscales que se niegan a investigar esas conductas ilegales de los integrantes del Jury. Un fiscal General que se niega a investigar la conducta omisiva de un Fiscal en lo Penal económico. Una vicepresidenta de la Legislatura de Córdoba que se niega a abrir una investigación sobre la conducta de legisladores que integran el Jury de Enjuiciamiento”. El caso Mackentor expone la genética corrupta, podrida, de la ´patria contratista´ -la de ´la causa de los cuadernos´- y la completa complicidad jurídica de la ´democracia´ con los jueces y actos de la dictadura. El fallo de la Corte, a 46 años de los hechos, coloca en el tapete la completa impunidad que gozan los crímenes de los genocidas hasta hoy. La eficacia judicial del pronunciamiento de la Corte es nula; desde el punto de vista político abre un potencial campo de conflicto. Milei tiene la potestad de proponer al quinto miembro del Tribunal, y seguramente intentará ampliar el número de sus miembros. Buscará hacer ‘la gran Trump’: asegurarse una Corte de derecha por varias décadas.

Las grandes ´estrellas´ de las campañas de bombardeos israelíes sobre Gaza son los F-16. Este avión militar de la compañía Lockheed sólo lo poseen, en Medio Oriente, el estado sionista, Egipto y dos emiratos del golfo pérsico (Bahrein y E.A.U.). Turquía, Arabia Saudita y otros países pugnan desde hace años por tenerlos. Las toneladas de bombas ´superinteligentes´ que descargan esos aviones, destruyen Gaza y segan la vida de los gazatíes -y en forma muy especial de sus niños- son también producto de la industria armamentística norteamericana. “Armas y armamentos han estado llegando a Israel mediante aviones C-17 y aviones comerciales estadounidenses prácticamente desde el 8 de octubre. El Washington Post informó que 15.000 bombas y 57.000 proyectiles de artillería (155 mm) llegaron por vía aérea, una cifra consistente con la cantidad estimada de municiones gastadas en la campaña de ocho semanas y la capacidad de carga del avión. Los suministros menos urgentes llegan en barcos menos glamurosos y de mayor capacidad”, informa Zoran Kusovac (Al Jazeera, 3/12). “A medida que ahora se reanudó la campaña de bombardeos, los medios revelaron los tipos de bombas enviadas a Israel, centrándose principalmente en las pesadas especializadas ´destructoras de búnkeres´. El informe afirma que se enviaron 100 bombas BLU-109. Algunos medios especularon que esta entrega podría significar un cambio de táctica contra Hamas, pero no hay nada de qué entusiasmarse. La BLU-109 de 900 kg (2000 lb) no es más que una ´bomba tonta´ con paredes exteriores más gruesas que las bombas de uso general, que le ayudan a penetrar más profundamente en la tierra o a través de capas más gruesas de hormigón de refuerzo antes de explotar. La bomba MK84 de uso general de la clase de peso correspondiente transporta 430 kg (950 lb) de explosivos, mientras que los ´destructores de búnkeres´ pesan 240 kg (530 lb)” (ídem). “El BLU-109, que cuesta a los contribuyentes estadounidenses 65.000 dólares cada uno frente a los 16.000 dólares del MK84, es de poca utilidad para Israel como bomba tonta. Para que sea eficaz y capaz de alcanzar objetivos con precisión, es necesario actualizarlo con una unidad principal de guía láser mucho más costosa y una unidad de cola de control. Según los mismos informes, EE.UU. entregó 3.000 kits JDAM que convierten bombas tontas en armas inteligentes. Además de 100 destructores de búnkeres, las entregas estadounidenses supuestamente incluyeron dos tamaños de bombas tontas de uso general: 5.400 MK84 -900 kg (2.000 lb)- y 5.000 MK82 -450 kg (1.000 lb)- y 1.000 bombas GBU-39 de pequeño diámetro guiadas con precisión- 150 kg (300 libras)”. La provisión de estas últimas bombas de ´precisión´ respondería a la ´preocupación´ de Antony Blinken, el secretario de estado yanqui, sobre “los niveles masivos de pérdida de vidas civiles y la escala de desplazamientos que vimos en el norte de Gaza que no deberían repetirse en el sur”. Con ironía dice Zoran Kusovac, “supuestamente Blinken recibió garantías israelíes de que intentarían matar a menos civiles, pero el número de víctimas en las primeras 24 horas de nuevos combates, con casi 200 muertos en el bombardeo, deja poco lugar para el optimismo” (ídem). EE.UU. es también el proveedor de las bombas incendiarias de fósforo blanco que se han usado ahora en Gaza y antes en las guerras de 2006 y en 1982 en el Líbano. Israel y EE.UU. violan de este modo el Protocolo III de Naciones Unidas sobre ciertas armas convencionales que prohíben el uso de fósforo blanco cerca de poblaciones civiles (Stephen Semier (Information Clearing House Info, 29/11). Por todo esto Human Rights Watch ha llamado a un embargo de armas a Israel; aun cuando el embargo se formula en forma igualitaria contra las organizaciones guerrilleras palestinas que ni remotamente tienen la capacidad de adquirir equipamiento equivalente. “El apoyo incondicional de Biden a la ofensiva militar israelí y la cesión de todo tipo de armamento previsiblemente da lugar a los resultados conocidos. Se trata de un castigo colectivo sobre la población civil, con la intencionalidad de atacar escuelas, hospitales y viviendas, donde muere un niño cada 10 minutos, descripto como el ´infierno sobre la tierra´ por líderes de Naciones Unidas” (ídem).

En el medio de una aceleración de la inflación causada por tarifazos varios y devaluaciones, las patronales de la salud privada anunciaron que no pagarán los aumentos paritarios pactados recientemente con FATSA porque el "acuerdo no fue homologado por el Ministerio de Trabajo" (infobae.com, 30/11). Las paritarias en cuotas firmadas por la burocracia de enero a diciembre de este año no superan el 140% cuando la inflación acumulada tendrá un piso de 180% que podría ser más según la magnitud del golpe devaluatorio y liberación de tarifas que anuncia el presidente electo (Milei). La provocación abierta de las patronales motivó que la burocracia de sanidad (ATSA) declare un "estado de alerta y movilización" para evitar que los obreros deliberen y vayan a la huelga en defensa del salario y las paritarias. En este marco general, los trabajadores de la Clínica Provincial, apoyándose en la crisis abierta entre las patronales y la burocracia, decidieron en asamblea parar por 12 horas el 1 de diciembre en reclamo del pago de salarios atrasados (mes de octubre), por la percepción de salarios del 1º al 4º día hábil de cada mes y por el cumplimiento de los acuerdos salariales paritarios. El pago de los salarios en cuotas es una política sistemática de la patronal de la Provincial, que practica desde hace más de un año y medio con la complicidad de la burocracia de ATSA seccional oeste. Esta situación, en el marco de una aceleración de la inflación, afecta terriblemente la vida cotidiana de las familias de los trabajadores, que no pueden satisfacer sus necesidades más elementales como el pago de alquileres y la alimentación misma. La empresa refiere no poder pagar los salarios porque las obras sociales retacean los pagos. Sin embargo, la Clínica explota de trabajo y están cerrando un acuerdo de exclusividad con IOMA. Con la misma mecánica, las cámaras empresarias como CEMPRA y ADECRA arguyen no poder pagar los aumentos paritarios firmados en reclamo de mayores subsidios del estado (FESCAS), exenciones impositivas (reducción de cargas patronales) y de un tarifazo en los precios de las prestaciones que oscilan entre el 50% y 60%. Rodeemos de solidaridad está lucha en defensa del salario y de las paritarias. Por la cancelación de todas las deudas salariales y por el pago de los salarios en tiempo y forma.

Mientras la atención está colocada en la conformación del futuro gabinete y las primeras medidas económicas de Javier Milei, que ya ha anunciado un recorte de 15 puntos en gasto público y dos años de estanflación, el gobierno saliente de los Fernández-Massa ha presentado un proyecto de Presupuesto 2024 que implica un ajuste severo en distintas áreas y, particularmente, en educación. El proyecto prevé una inflación del 70% para el año que viene, una cifra irrisoria y mentirosa que no se condice con la escalada en curso. Durante los últimos años, la subestimación de los niveles de inflación en el presupuesto ha servido para presentar como supuestos “aumentos” lo que en verdad eran ajustes reales en el gasto. En el caso de la educación, en esta oportunidad ni siquiera se han tomado el trabajo de encubrirlo. Se establece un incremento del 60 % nominal de los recursos destinados al Ministerio de Educación con respecto a 2023. Contra una inflación ficticia del 70 %, esto ya supone un recorte del 10 %. Pero, si como indican las estimaciones privadas, el aumento de precios duplicara o incluso triplicara esa cifra, el ajuste sería sencillamente brutal. El proyecto también plantea una caída en la participación del área educativa en el presupuesto nacional: recibirá un 5,34 % de los recursos, un monto menor al magro 6 % que obtuvo en 2023 (Infobae, 1/12). Actualmente, la inversión nacional en educación representa alrededor del 25% del presupuesto educativo público; el 75 % restante corresponde a las provincias, que son las encargadas de sostener económicamente la educación primaria y secundaria. En cambio, las universidades públicas dependen por completo del financiamiento nacional: más del 80 % del presupuesto universitario proviene del Estado nacional, a lo que se añaden los famosos “recursos propios”, obtenidos a partir de una creciente privatización (posgrados arancelados, acuerdos con empresas, etc.) En este cuadro, las universidades y los colegios preuniversitarios nacionales serán los más afectados por el ajuste planteado. Teniendo en cuenta que el grueso del presupuesto universitario se destina al pago de salarios, se torna claro que este recorte será pagado sobre todo por los docentes y no docentes, cuyos ingresos ya se han degradado fuertemente en estos años producto de las paritarias a la baja. Antes del ballotage, distintos sectores políticos, incluidos los rectores nucleados en el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), presentaron el voto a Massa como una “defensa de los derechos” contra la avanzada de Milei. Sin embargo, no ha sido necesario que LLA asuma el poder para que la motosierra empiece a funcionar. El gobierno actual se despide con un mazazo a la educación y, particularmente, a los trabajadores universitarios. Milei tiene previsto profundizar el camino de ajuste y privatización, empezando por la reducción del Ministerio a Secretaría, que quedará a cargo de Horacio Torrendel, oriundo de la educación privada y clerical, y con experiencia en las gestiones de Macri y Larreta en la CABA. Los estudiantes y los trabajadores de la educación tenemos un gran desafío por delante. La defensa de las universidades nacionales y, en general, de la educación pública, gratuita, laica y de calidad requiere que nos pongamos de pie. Impulsemos charlas y asambleas para debatir y organizarnos. Quebremos la parálisis de las dirigencias sindicales mediante las autoconvocatorias y resolviendo medidas de lucha. Al futuro gobierno no le será sencillo aplicar su agenda antieducativa si nos encuentra movilizados y en acción.

En las últimas horas, el presidente electo Javier Milei, a través de sus redes sociales anunció la designación de Rodolfo Barra como Procurador General de la Nación, es decir jefe de los abogados del Estado. Barra tuvo un paso notorio por la función pública dos décadas atrás. Fue miembro de la Corte Suprema de Justicia entre 1989 y 1993 y ministro de Justicia entre 1993 y 1996, bajo el gobierno de Carlos Menem. Ingresó al máximo tribunal gracias a la ampliación de sus miembros promovida por el entonces presidente peronista, que le garantizó al poder ejecutivo la mayoría automática y el control del poder judicial. En su paso por el ministerio, fue artífice de los decretos de necesidad y urgencia que paralizaron los reclamos y los juicios de los jubilados con el ANSES, como así también suspendió la movilidad jubilatoria y el cumplimiento de las sentencias pendientes de pago. Un aspecto destacado fue la tentativa de aplicar la “Ley Mordaza” ante las crecientes críticas contra el gobierno buscaba censurar a los medios de comunicaciones y a las organizaciones políticas y sindicales independientes con el aumento de las penas por calumnias e injurias. Para sacarlo de la línea de fuego, el riojano lo nombró presidente del Directorio del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos. Volvió a la primera plana poco después, en el gobierno de la Alianza, cuando fue designado al frente de la Auditoría General de la Nación, cargo que ocupó entre diciembre de 1999 y febrero del 2002. Cuando saltó a la palestra de la mano de Menem, Página/12 hizo público su paso por la organización nazi “Movimiento Nacionalista Tacuara”, en la que participó del intento de incendio de una sinagoga. Más tarde, en 1974, participó de la intervención de la UBA de Alberto Ottalagano, otro fascista confeso. Barra pidió “disculpas” por su afinidad con el nazismo. En 2018 reapareció en la escena pública a partir de su militancia en el Opus Dei, como promotor y orador en contra del derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Al conocerse su designación como procurador, la DAIA recordó las denuncias y también sus pedidos de disculpas “por sus horrorosas conductas y manifestaciones cuando era joven”. Se olvidó del fascismo activo de Barra en edad bien adulta.

Recientemente, una nota publicada en La Nación (29/11) puso el foco, mediante entrevistas a docentes y profesionales, del crecimiento de la demanda de atención en salud mental en los colegios de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de un botón de muestra que permite entender un fenómeno geográficamente más amplio: la agudización de problemáticas vinculares, familiares, y subjetivas, que llevan a un crecimiento alarmante de casos de suicidio y autolesiones en adolescentes, entre otras expresiones de sufrimiento. Son tragedias que se anuncian previamente (a veces de forma más ruidosa, otras no tanto), pero que, sin embargo, muestran la impotencia de los Estados en la promoción de la salud y la prevención de daños. En la Ciudad de Buenos Aires, los Equipos de Orientación Escolar, de composición interdisciplinaria, se encuentran en una franca desventaja numérica. Cuentan con escasos equipos por distritos, uno por cada 20 escuelas: esto es solo un profesional por cada 900 niñas, niños y adolescentes. Esto hace que los conflictos sólo puedan abordarse superficialmente, siendo necesarias derivaciones a un sistema de salud ya colapsado. Las áreas primarias de los Centros de Salud y Acción Comunitaria (CESAC) y los hospitales generales no cuentan con turnos, o los otorgan con 6 meses de demora. No estamos sólo frente a una cuestión de falta de personal sanitario. La pauperización social creciente mella los vínculos entre padres e hijos, restando cada vez más tiempo para la contención, la escucha y el cuidado. Esa energía hoy se vuelca a jornadas laborales extensas, para cubrir necesidades básicas como la alimentación o la vivienda. Otro elemento central son los efectos de la pandemia. En 2022, la detección de vulneraciones a los derechos de chicos y chicas en edad escolar había aumentado un 130% con respecto a los niveles pre pandémicos. Es un elemento que se combina con el uso cada vez mayor de pantallas. Las redes sociales, los videojuegos, tan útiles en su momento para la comunicación y el entretenimiento durante la pandemia, hoy son causa de retraimiento social, ansiedad y depresión. Los propios desarrolladores de estas plataformas buscan que las modalidades de interacción produzcan esa dependencia. Resulta importante atender no sólo a los avances científicos que alertan sobre estos fenómenos, sino también a la voz de los adolescentes que admiten sin sarcasmo y cada vez con más padecimiento “no poder dejar de viciar”. Visibilizar esta problemática, que tiene en su otra cara el lucro incesante de corporaciones transnacionales, debe abrir la discusión acerca de cómo recuperar los lazos sociales en disgregación, cómo los trabajadores de la salud y la educación podemos generar un planteo que restituya nuevamente el valor de la reunión, la palabra y la escucha libre, la mirada y el disfrute por el juego con otros. Comenzar experiencias que aborden este padecimiento desde un lugar creativo debe ser el puntapié inicial para que la educación y la salud se levanten como motores del lazo social y su transformación.

Finalmente, este 30 de noviembre el taller San José del subte eligió a su delegado. La elección, convocada por el sindicato del subte, AGTSyP, consagró a Matías Cisneros, de ATM y Política Obrera, por 8 votos contra 1 de la lista impulsada por Christian Paletti, integrante de la minoría en la directiva de AGTSYP y miembro del aparato del Partido Obrero. El taller cuenta con un total de 30 trabajadores. Como señalamos en artículos anteriores , la elección, en su fecha original, debió ser suspendida ante una provocación montada por el responsable de la lista ahora perdidosa. En aquella oportunidad, hace un mes atrás, Paletti quiso bloquear el voto de diferentes trabajadores del taller, con el argumento de que no eran afiliados a la AGTSYP. Con ello, pretendía desconocer un principio elemental de la organización obrera de base – la elección de los delegados por el colectivo de sus compañeros, con independencia de su afiliación gremial o calificación. Así fue siempre en el sindicato del subte. Al querer colocar una cuña divisionista al interior del taller, el aparato del PO, que orienta a Paletti, quiso introducir su propia impronta expulsiva entre los trabajadores del subte. Esa maniobra fue rechazada por un número importante de compañeros. Cuando Paletti percibió que su lista resultaría derrotada, intentó primero un acuerdo con la UTA para conseguir votos de sus afiliados en el taller. Como los destinatarios de esa maniobra lo ignoraron, Paletti se jugó a boicotear la elección, con vistas a futuras impugnaciones. La unidad de los trabajadores y el programa de reivindicaciones Para entender este desenlace, hay que recorrer lo ocurrido en los últimos años en el taller. Hace 2 años atrás, en la elección de delegados, por primera vez existió una lista de oposición. Quien hoy resultó electo delegado sólo obtuvo un voto, frente a 7 de la lista de Paletti y dos abstenciones. Pero el taller fue sacando conclusiones: de la existencia de una asamblea de todos los trabajadores por sus reivindicaciones, pasó a constituirse una camarilla cerrada en torno de sus propios intereses, alimentando intrigas y divisiones al interior del taller. El punto más alto de esta política expulsiva fue la exclusión de Cisneros de la “asamblea” organizada por esta camarilla; la “razón” fue el rechazo de Cisneros a la realización de tareas contaminantes en el taller – en vez de extender este criterio al conjunto de los trabajadores de San José, el grupo ahora derrotado intentó excluir al compañero denunciante. Desde el aislamiento inicial, nuestra templanza en el rechazo a estos ataques conquistó simpatías, y comenzamos un agrupamiento a partir de un programa. La lucha contra el asbesto fue un eje fundamental. La salud de los trabajadores es atacada por tareas que no tienen protocolos seguros de trabajo. Todavía se encuentran en el taller elementos que contienen asbesto y, por supuesto, está pendiente la concreción de la limpieza industrial y el sistema de filtrado y recambio de aire. Por otro lado, hicimos un eje en la denuncia de vaciamiento del taller, acompañada por el reclamo de herramientas, repuestos y falta de personal de limpieza. En un taller inundado de ratas, nunca se abandonó la pelea por la desinfección. El empoderamiento del taller estuvo acompañado de una lucha singular, hubo que superar el “no se puede” de la representación anterior por el “¿por dónde empezamos?”. Esto fue fundamental para combatir la desmoralización que impulsa la empresa. El apoyo de los trabajadores del taller Rancagua colaboró en la superación del aislamiento que venía sufriendo el taller San José. Pero la victoria más importante contra este obstáculo fue el acercamiento que tuvimos hacia las medidas de lucha que impulsaron los trabajadores de tráfico de la C. También trabajamos activamente por la unidad entre los compañeros que manejan las formaciones y aquellos que las reparan y le realizan mantenimiento. Por último, todo este programa estuvo acompañado del trabajo diario al interior del taller. Aunque el candidato opositor, ahora electo delegado, contaba con cuatro días de licencia por tareas gremiales -por ser integrante de la Revisora de Cuentas del sindicato- tuvo una activa presencia cotidiana en el taller, en contraste con los anteriores representantes gremiales. De todo este programa -contaminación, vaciamiento del taller- la camarilla que ostentaba tener al delegado entre sus filas nunca dijo nada. Su campaña estuvo centrada en atacar a Cisneros. No se puede encontrar en su campaña algún material que levante una reivindicación de conjunto. Solo la descalificación al opositor y la reivindicación del principio burocrático de que “sólo votan los afiliados al sindicato”, con el propósito de manipular la elección y retener el delegado. Los desafíos La primera tarea que tenemos por delante es poner en pie una asamblea representativa del taller. El hilo conductor de esa tarea será un programa de reivindicaciones y un plan de acción, en conexión con el cuerpo de delegados y con la agenda general de lucha del subte. Junto a la lucha contra la contaminación y el vaciamiento del taller, está planteada la defensa del salario, en un escenario hiperinflacionario. En el cuerpo de delegados, pondremos de manifiesto el agotamiento de la política salarial de la actual conducción de AGTSyP – con paritarias en cuotas que corren por detrás de la inflación. Esa pérdida salarial es una formidable presión en favor de los planteos flexibilizadores sobre nuestras conquistas históricas (jornada de seis horas). El lugar conquistado como delegado será una voz en favor de la recuperación del salario, la defensa del convenio y la necesidad del doble franco, todo lo cual plantea la lucha por un reagrupamiento y una dirección clasista en el sindicato del subte. Reforzaremos las acciones unitarias con el tráfico de la C, el Rancagua y demás talleres. Pero como se puede leer en estas líneas, tenemos algunas ideas para saber “por dónde empezamos”.

La semana pasada se anunció el cierre de una de las plantas de SanCor ubicada en San Guillermo, Santa Fe. Los 30 trabajadores que quedaron en la calle producían 70 mil litros diarios de leche destinados a la elaboración de quesos blandos. La planta estuvo paralizada por falta de materia prima desde el año 2017, hasta junio de este año, donde mediante la firma de un convenio con Aristeo S.A, se comenzó a poner en funcionamiento. A través de un comunicado, SanCor notificó el cierre de la planta debido a “una medida gremial que está paralizando la actividad productiva y comercial”. Lo concreto es que los trabajadores denuncian que la planta en realidad estaba paralizada nuevamente por la falta de insumos, y no por la medida de fuerza que consiste en una retención de tareas en las seis plantas que han quedado en pie (de las 14 que fueron parte de la conformación de la cooperativa). Los trabajadores vienen soportando un ataque brutal contra sus condiciones de vida desde hace más de seis años, en una clara intención de debilitar y desgastar a los que todavía no arreglaron un retiro “voluntario”. Los trabajadores que quedan sufren un descuento promedio de 25% de sus salarios y la retención de aportes a la jubilación y obra social. El pago, según cada planta, además, se produce en dos o tres cuotas. Muchos de los compañeros denuncian que cobran diez mil pesos por mes, sosteniendo esta situación para no perder el derecho a reclamar una indemnización. A pesar de que esto se viene dando desde hace años, SanCor arremete, en el mismo comunicado, contra las medidas gremiales. "Hoy la capacidad de pago de salarios por parte de la empresa se ve limitada, de manera creciente, como consecuencia de las medidas de fuerza gremiales”. Para finalizar, advierten a la totalidad de los trabajadores de SanCor que resisten con salarios de miseria que "lo único que pueden esperar, en caso de no reanudar las actividades, será la cesación de la producción y que ya no haya trabajo". En el año 2017, bajo el gobierno de Macri, se reformó el convenio de los trabajadores lácteos. El eje de la reforma fue instalar un régimen de presentismo y asistencia, polifuncionalidad de tareas y contratos parciales por fines de semana. Atilra, en ese momento, se dedicó a realizar asambleas informativas, con la arenga de “aguantar hasta el 2019”. Muchos derechos adquiridos fueron barridos de un plumazo, con la promesa de que esto serviría para rescatar a los trabajadores de SanCor a través de un fideicomiso con empresarios ligados al kirchnerismo, como José Urtubey. Seis años después, SanCor se encuentra al borde del abismo mientras que los trabajadores lácteos oscilan entre la superexplotación y la miseria. La situación del fideicomiso se encuentra empantanada. El comunicado de SanCor se refiere a esto, acusando al gremio Atilra por utilizar el reclamo de un fideicomiso “sin actividad previa ni capital suficiente” como excusa para llevar adelante las medidas de fuerza. En la misma línea, denuncian que “lo que no puede explicar (Atilra) es por qué avala el plan de los empresarios interesados, que dejaba de lado a cerca de mil empleados del total de la plantilla laboral de SanCor". Este párrafo refiere a un dictamen de la Comisión Nacional de Valores (CNV) donde se detalla que “la firma posee 1.549 empleados. En el supuesto de incorporación de todas las unidades operativas industriales, la cantidad de empleados serían únicamente 650. Por lo tanto, habría un total de trabajadores desafectados de 899”. Esos trabajadores “desafectados” quedarían bajo dependencia de la cooperativa, “mientras el Ministerio de Trabajo arbitra alternativas de subsidios”. A esto, hay que sumarles los 514 trabajadores que acordaron el retiro voluntario anticipado, a quienes se les pagó en cuentagotas una indemnización que terminó devorada por la inflación. A todo esto, el gremio de Atilra, también lanzó su propio comunicado. En el mismo, denuncian a la empresa “por quedarse con el dinero de las y los trabajadores”. En el mismo sentido, afirman que van a denunciar penalmente a SanCor por evasión fiscal y por incumplir con las disposiciones legales y salariales. Agradecen la “solidaridad de los compañeros lecheros de todo el país”, y notifican que a los trabajadores de SanCor “se les está procediendo a liquidar las sumas apuntadas”. Un comunicado que pinta de cuerpo entero a una burocracia entreguista. Ni una palabra para esas casi mil familias que se quedarían sin trabajo. Pero no solo eso, sino que las medidas de fuerza, como la retención de tareas, son solamente en las plantas de SanCor, sin llevar el conflicto a las diferentes plantas lecheras de todo el país, lo cual demostraría una verdadera solidaridad en defensa de los trabajadores de SanCor. La burocracia sindical de Atilra se apresta a un nuevo “aguantar hasta 2027”, a expensas del salario y de la salud de los trabajadores, rotos por la precarización.

Durante la madrugada del lunes choferes de colectivos de la empresa de transporte Vía Bariloche bloquearon la entrada de la base de Cipolletti, denunciando 35 despidos. Los trabajadores prestan servicios para la empresa “Cole” que realiza su recorrido en ciudad de Neuquén. Estos despidos se dieron luego de que los trabajadores exigieran a la UTA la convocatoria a elecciones de delegados. En la mañana del lunes resistieron y enfrentaron la agresión de una patota que intentó desalojarlos, sin lograr su objetivo. Se trataría de empleados de la empresa de seguridad "Fénix", cuyo dueño sería también un empresario del transporte. Según explicaron los trabajadores, en un primer momento la patronal largó 17 despidos y luego, los siguientes, fueron a cuentagotas, de dos o tres choferes, hasta llegar a los 35. Los compañeros destacan que el conflicto tiene un móvil político persecutorio, ya que dos de ellos quisieron postularse para ser delegados y participar de las elecciones que se realizarían hoy. Tras la intervención de la Fiscalía, se convocó a los trabajadores a una reunión para el próximo jueves y se levantó el bloqueo. El Estado, los empresarios y las burocracias sindicales que han lucrado con el transporte urbano e interurbano de la región del Alto Valle de Río Negro y Neuquén tienen de rehenes tanto a los usuarios y a los trabajadores, que han visto pulverizados sus salarios y también sus garantías laborables y sindicales, que ha creado un escenario explosivo.

Las terminales automotrices se preparan para una caída mayor de la producción para 2024. Las exportaciones comenzaron a caer durante el 2023. Los informes de ADEFA -la cámara empresaria- señalan que, en octubre, se exportaron 28.563 unidades, casi un 25% menos que el mismo mes del año anterior. Las patronales se preparan para achicar los planteles. Los “retiros voluntarios”, los adelantamientos de las vacaciones y las jubilaciones anticipan despidos masivos En Córdoba, Renault-Nissan abrió una lista de retiros voluntarios de su planta de Santa Isabel de 450 trabajadores (sobre un plantel de 1.600); también Mercedes Benz de La Matanza abrió una lista de retiros voluntarios a la que se habrían acogido, según el propio SMATA, unos 140 trabajadores de una planta de 2.000 operarios. La planta de Ford en Pacheco adelantó vacaciones correspondientes al 2024, y en la vecina VW, que a principios del 2023 picaba adelante en la producción -incluso había incorporado trabajadores- se proyecta bajar un 10% como mínimo la producción diaria del 2024, y llevó adelante un proceso de jubilación anticipada para trabajadores de 59 años en adelante. En total se retiraron cerca de 60 empleados. Iveco de Córdoba directamente ya despidió (por legajos) a 66 trabajadores. Motivos económicos y políticos Las patronales aducen no contar con dólares para sus operaciones comerciales con el exterior. El agravamiento de la inflación del último semestre y la falta de divisas llevaron a Massa a restringir la entrega de permisos de importación de partes. En Argentina cada empresa debe pedirle permiso al gobierno para importar componentes, aunque cuente con los dólares para hacerlo. Luego de las elecciones Massa directamente cerró completamente las importaciones de piezas e insumos para la industria automotriz (Auto-blog, 29/11), lo que aceleró las decisiones de las grandes patronales de empezar con estos despidos encubiertos. El nuevo gobierno tiene previsto un congelamiento del Mercosur y una restricción del intercambio comercial con Brasil. Estas grandes terminales plantean una mayor devaluación, subsidios y quitas de retenciones. Plantean el acuerdo de convenios integrales por empresa cuyo modelo es Toyota. La burocracia del SMATA, desde los años 90, ha sido vanguardia en la habiltación de la flexibilidad laboral, aceptando la fragmentación de las vacaciones, la polivalencia funcional, los turnos rotativos y el famoso “banco de horas” que permite extender la jornada si lo requiere la producción. También han contribuido con la fuerte tercerización de la actividad eliminando, de hecho, las tareas de maestranza, logística e incluso mantenimiento, de los convenios. “Con el SMATA y la UOM a la cabeza, los gremios industriales le reclamaron a Alberto Fernández no firmar el acuerdo entre el Mercosur y la UE” (Info Gremiales, 4/12). A seis días de la asunción, la burocracia sindical impulsa este reclamo de las patronales. Los trabajadores del SMATA y los trabajadores de las autopartistas de la UOM ya tienen un adelanto de lo que será la política de la burocracia sindical en el próximo período.

El gabinete improvisado por Javier Milei es un rejunte de ex funcionarios de los dos bloques capitalistas. Son los que han gobernado la Argentina en las últimas décadas, sin distinción de “grieta”. El rejunte no convierte al gabinete en ciernes en un gobierno de coalición. Milei ha recogido los escombros de dos bloques en disolución –el radical-macrismo y el pejotakirchnerismo. Macri se encargó de aclarar que Caputo, Bullrich y Petri asumen sus cargos a título “personal”. A esta altura, sin embargo, ni el PRO ni Juntos por el Cambio cuentan con la mínima consistencia para autorizar o desautorizar a nadie. El tándem Milei-Bullrich no sólo identifica a la futura gestión de Seguridad con el gatillo fácil y la doctrina Chocobar. El futuro gobierno está asociado a la defensa incondicional del genocidio sionista en Gaza. En reconocimiento de ello, la DAIA bendijo la presencia del ex menemista Rodolfo Barra, frecuentador del nazismo en su adolescencia y del lopezrreguismo de la triple A en su adultez. Ahora será Procurador del Tesoro. Mientras tanto, Milei salía a reunir voluntades en el PJ, arrimadas por Guillermo Francos, ex sciolista y ex empleado del grupo Eurnekian. Guillermo Ferraro, ex funcionario de Menem y Cafiero, piloteará la tentativa de abrir el mercado de obra pública al capital internacional. La vertiente pejotista del gabinete incluirá a funcionarios del actual gobierno: es el caso de la massista Flavia Royón, actual secretaría de Energía y futura titular de Minería, y ex funcionaria del gobernador salteño de Massa, Gustavo Sáenz. Otro funcionario actual, Daniel Scioli, continuará siendo embajador en Brasil. En la AFIP, suena un abogado de los estudios de la UIA. En YPF, Milei ha colocado a un hombre de Techint, que reclama, como toda la industria petrolera, la pronta liberación de precios de los combustibles junto a la libertad para la remisión de utilidades –o sea, el levantamiento del cepo. Milei colocó a un sobrino de Menem al frente de Diputados y a un ganadero formoseño en Senadores, los dos de LLA. Pero la voz de aura para ello la dio nada más y nada menos que Cristina Kirchner, cuando señaló que la nominación de sus partidarios en la línea sucesoria era un derecho reservado del próximo Poder Ejecutivo. CFK dejó entreabireta la puerta a los acuerdos parlamentarios con los ´libertarios´. Esos acuerdos comienzan a pergeñarse con la nueva ´liga de gobernadores´ pejotista bancada por Francos. Los lobbys capitalistas Mientras tanto, Luis Caputo, el antiguo comisionista de fondos internacionales, no ha conseguido financiamiento internacional. En el interín, los bancos locales han aparcado las Leliq en una cuenta de 24 horas. Milei-Caputo han aplazado el levantamiento del cepo indefinidamente. La Cámara norteamericana, la AmCham, ha pedido “garantías” de pago de la deuda comercial por importaciones, que ya suma 56.000 millones de dólares, al precio del dólar oficial al momento de la transacción. Reforzando este apriete, Ford, Mondelez y otras se han lanzado a una escalada de suspensiones y despidos. Milei ha llenado los casilleros con los agentes del gran capital, pero sus grandes bancos y corporaciones tienen a su gabinete bajo pronóstico reservado. Ajuste En estas condiciones, la carta que jugará Milei en su asunción vendrá con una devaluación del 80-100% en el dólar oficial, y un ajuste fiscal que tendrá como eje a un tarifazo. A nadie escapa que la liberación de precios y tarifas disparará la inflación a niveles explosivos, pero ello constituye una parte fundamental del ajuste fiscal, en primer lugar, en el rubro jubilatorio, cuya movilidad no contempla al índice de inflación. Un reciente estudio demuestra que el gobierno de los Fernandez-Massa consiguió reducir en cinco puntos la participación del sector público en el PBI, gracias a la reducción del gasto previsional (Infobae, 4/12). Si a ello se añade un freno a los salarios docentes y estatales, una parte de la motosierra funcionará en modo massista. A ello se añadirá una “ley ómnibus” con diferentes alcances. En el plano laboral, apunta a un seguro de desempleo ´optativo´ en lugar de las indemnizaciones, pero principalmente, a establecer un régimen de impunidad para las violaciones del derecho laboral –lo que la UIA llama la “industria del juicio”. La burocracia sindical va por la ruta del pejotismo –o sea, explora la colaboración política con Milei. ATE y CTA apuestan al “frente común” con los gobernadores pejotistas, justamente cuando esos gobernadores ensayan una aproximación al nuevo gobierno. El eje de esa aproximación es la defensa de las prebendas capitalistas (es lo que acaba de conseguirse, por caso, para los subsidios a la electrónica fueguina). La CGT marcha por atrás de la realidad, porque los aumentazos ´pre Milei´ en todos los productos de primera necesidad han dejado a las paritarias en cuotas patas para arriba. A esta situación se suman los despidos en grandes corporaciones, y los que podría acarrear la ley ómnibus para los estatales. El gabinete Milei anticipa una guerra a los trabajadores, que obliga a la urgente deliberación y organización en los lugares de trabajo. Hay que preparar los choques decisivos que se vienen, entre el gobierno y y sus aliados políticos, por un lado, y la clase obrera, del otro.

“La gobernabilidad la va a dar el peronismo”, no vaciló en declarar Guillermo Francos, el armador del gobierno de Milei y próximo ministro de Interior. El mismo Francos es un miembro selecto de la “casta”. Ha sido funcionario de Menem y Cavallo, representante de Alberto Fernández en el Banco Interamericano de Desarrollo, empleado vitalicio de la Corporación América, el conglomerado de Ernesto Eurnekian, que creó su emporio de la teta del Estado. El menemo-kirchnerista Scioli seguirá como embajador en Brasil. Milei lo acompañó en la campaña electoral contra Macri, en 2015. La massista Flavia Royón pasará de ministra de Energía de los Fernández a ministra de Minería de Milei. La une con ambos gobiernos la entrega del litio. Lisandro Catalán, funcionario de Martín Soria, el ultra K del Ministerio de Justicia, pasa a viceministro de Interior del nuevo gobierno. Lo mismo ocurrirá con varios asesores de Vilma Ibarra, secretaria legal y ex esposa de Alberto Fernández. Los gobernadores del peronismo, con el salteño massista Gustavo Sáenz al frente, han comenzado a tejer acuerdos con el presidente ‘libertario’. Milei le ha dado el Ministerio de Justicia a Cúneo Libarona, defensor de Eurnekian en la causa de los Cuadernos de la Corrupción, por coimas a Cristina Fernández. El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, también ha sido empleado de Eurnekian. Milei ha contactado al kirchnerista Rafael Bielsa, también de la Corporación América. La ‘casta’ en pleno festival. La encargada de la represión y fanática de las Taser, Patricia Bullrich, fue reclutada por Milei de Juntos por el Cargo –la típica definición de la “casta”. Osvaldo Giordano, inventor de las AFJP, menemista de Cavallo, ha sido designado para liquidar los regímenes jubilatorios especiales, como el de los docentes, y la Anses. Asistimos a la mayor estafa al electorado de toda la historia de Argentina. Milei ha distribuido el poder entre el peronismo integralista, la corriente católica en que reviste el Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra. La “política” ha copado el gobierno –ella no pagará ningún ‘ajuste’. El principal planteo de la campaña ‘libertaria’ ha terminado en el lugar de donde nunca salió: el tacho de los papeles higiénicos. El propósito de este régimen de ultra “casta” es poder cometer el mayor de los delitos constitucionales. El flamante presidente apunta a enviar al Congreso una “ley ómnibus”, o sea, un paquete de diversos proyectos de leyes que debe ser aprobado sin modificaciones. En los subterráneos del paquete se encontrarán las ‘reformas’ que destruirán los derechos laborales y previsionales, o incluso un tratado de libre comercio con Estados Unidos para poder exportar litio a ese país. Es la aspiración de máxima de Techint, que ha impuesto a un hombre de ese grupo en la dirección de YPF. De aprobarse esa ley ómnibus, Milei gobernará sin control legislativo. En caso de no lograrlo, reclamará una delegación de facultades legislativas del Congreso al Ejecutivo. Este programa de cerrojo, secretismo y ocultamiento llevará el etiquetado frontal de ‘libertario’. Milei debuta con un planteo desafiante para el conjunto de los trabajadores, no importa cómo hayan votado en el balotaje. La ‘casta’ sindical no demorará en tejer un acuerdo con el ‘libertario’ como lo hizo con Menem. La clase obrera enfrenta un desafío estratégico. Es necesario un debate urgente en las filas obreras, que caracterice adecuadamente la nueva situación y establezca líneas de acción. A través de asambleas, plenarios y autoconvocatorias, hay que ofrecer una respuesta. Antes de que llegue al Congreso la ley ómnibus, la devaluación del peso y los tarifazos conmoverán a los trabajadores y plantearán la perspectiva de una huelga general.

Un artículo publicado en Política Obrera el domingo pasado denuncia que nuestra posición fijada en notas anteriores desconoce la avanzada privatizadora de Macri, con la ayuda de la justicia interventora, en la figura de la hoy apartada jueza Debora Abrevaya. El texto llama a rechazar la presencia y/o el voto a la agrupación “Pasion + Gestión”; o sea, apoyar a la que encabeza Riquelme. Sin refutar la caracterización que nuestro artículo hace sobre ambas listas, o por lo menos sobre la del oficialismo, es negativo llamar a votar a esta lista conformada por empresarios, funcionarios peronistas y de la burocracia de APUBA. Son enemigos de clase de la clase obrera. Partir de la base de que la oposición trae bajo el brazo la intromisión de capitales privados del exterior es desconocer por completo el carácter ultracapitalista de la gestión actual del club, al decir “Lo que está pasando es un avance de los grupos que quieren privatizar los clubes, hacerlos Sociedades Anónimas para que sean un negocio para empresas privadas”. ¿Quiere decir que en la actualidad no es un negocio para empresas privadas? El fútbol constituye uno de los mayores negocios capitalistas internacionales. Lo es, y muy rentable. La disputa está en quiénes van a lucrar con el club a partir del cambio de presidente. La disputa por la dirección en el club de fútbol más importante de Argentina es una réplica de la disputa política nacional. Quienes, como Néstor Pitrola, han llamado a votar a Sergio Massa, ahora lo hacen por Juan Román Riquelme. El exjugador ha tomado el desafío en esos términos Boca tiene un organismo que toma las decisiones más importantes, como las referidas al equipo profesional de fútbol masculino, cuyos integrantes no fueron votados para ese cargo o su designación ni siquiera fue puesta a opinión de los socios, como lo es el Consejo del Fútbol, que tiene potestad de armar los planteles, negociar las compras, ventas y renovaciones de jugadores, contrataciones o despidos de entrenadores, incluso se los hace responsable en varias ocasiones de elegir las formaciones titulares y dar indicaciones puertas adentro de los vestuarios. Ha sido este concejo el que bancó a Sebastián Villa hasta que fue condenado por violencia de género y quedó excluido por el protocolo de género, preestablecido para estos casos. Esto no se entiende de otra manera que la defensa de intereses referidos al valor del jugador, algo netamente comercial. Este organismo responde directamente a Román: cualquier parecido con la gerencia capitalista que colocaría Macri es pura coincidencia. Las suspensiones de comicios deportivos son frecuentes en las disputas para ganar la dirección de las instituciones. Solo entre el 2022 y 2023 se suspendieron y/o pospusieron elecciones por medidas judiciales en Vélez, San Lorenzo, Independiente, Rosario Central y Unión. Varias de ellas justificadas, por denuncias de irregularidades en el padrón, al igual que pasa hoy en Boca. Lo que hace relevante la situación actual en el club de la Ribera es justamente que la disputa política nacional se traslada a estas elecciones: nosotros hemos marcado los perfilamientos de las agrupaciones con los candidatos de la última elección presidencial y sus partidos. La formación del gabinete de Milei mezcla macristas, massistas, peronistas y kirchneristas. Es una coalición entre el enemigo principal y el enemigo secundario, o entre el peor y los menos malos. El compañero Julián llama “autoconvocatoria” a una movilización, objetivamente muy concurrida, encabezada por Riquelme, quien también fue el único orador y su intervención cerró la jornada. No se puede desconocer el rechazo masivo de hinchas a la suspensión de las elecciones y el temor a la intervención judicial; la gestión de Ameal-Riquelme arrastra fracasos y escándalos, no es defendida en general por los socios, sino que es colocada adrede como una alternativa ante esta amenaza de apertura a inversionistas. Algo que, para que ocurra, Milei deberá introducir en la ley ómnibus que proyecta enviar al Congreso. Significa la continuidad de los métodos con los que se lucra en la actualidad y el retroceso del socio respecto a las decisiones, por ejemplo, la cuota, que lleva un aumento de casi el 350 % en menos de un año y medio. También implica seguir con la presencia en las tribunas de la primera línea “histórica” de la 12, condenados judicialmente en varias ocasiones relacionadas con la violencia en las canchas, sin que esto quiera decir que un eventual triunfo de la oposición los barrería de La Bombonera. La anulación de la cláusula que convierte en elitistas a las elecciones debería estar en discusión entre los que defienden la democracia interna del club, ya que actualmente sólo se pueden presentar quienes tienen para poner como garantía bienes, capitales o seguros que cubran el 5 % del patrimonio neto de los activos del club. La jueza Abrevaya ha aceptado este lunes la recusación de Ameal-Riquelme y se apartó de la causa. Tras el sorteo, la causa quedó en manos de Analia Romero, social Nº 196.379 y habilitada para votar, quien ya se ha excusado por esos motivos. Quien la suceda deberá decidir si rectifica lo hecho por su antecesora, retrotrae la suspensión y abre la posibilidad de que se pueda votar el único domingo disponible de lo que resta del 2023, el 17 de diciembre, si una cláusula del estatuto referida a la modificación de la fecha electoral no lo impide. Es esto o ratificar la medida y patear la disputa para marzo de 2024, luego de la feria judicial. En el medio se producirá la asunción del nuevo gobierno. El socio de Boca puede elegir la variable que quiera. Nosotros tenemos la tarea de caracterizar las alternativas y alertar que, en ninguno de los casos, está representada la democracia o la recuperación del club para los socios, porque cada uno representa a un sector distinto de especuladores. Defender el derecho a elegir entre estos dos no construye una alternativa clasista. La lucha contra las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) será un desafío importante para los trabajadores fanáticos del fútbol argentino, una lucha que debería formar parte del conjunto de la lucha de los trabajadores contra el paquete reaccionario de Milei.

En el comienzo de la semana pasada fueron detenidos tres policías que pertenecen a la Comisaría Primera de San Fernando. En el marco de la misma causa también fueron detenidas otras tres personas, todos acusados de integrar una banda que robaba motos en la zona y vendía excarcelaciones. Entre los detenidos, un oficial de ´la Bonaerense´ apostado en este municipio. La DDI de San Isidro fue la que allanó la Comisaría 1° de San Fernando para detener a tres colegas, entre ellos, el jefe de calle de esta seccional y un sargento. Se los acusa de liberar detenidos a cambio de sumas millonarias. Los otros detenidos son acusados de cometer robos de motos en el distrito y sus alrededores, amparados por la impunidad que les garantizan desde la fuerza. El fiscal Andrés Zárate del Departamento Judicial de San Isidro lleva adelante la investigación. El relato de la gestión de los Andreotti sobre el municipio “modelo en seguridad” es cartón pintado: la inseguridad, el narcotráfico, hechos de violencia y asesinatos van en un aumento acelerado al compás de la crisis general que golpea fuerte en los barrios. El reforzamiento en seguridad por parte del municipio y el desembarco de las fuerzas federales con el comando unificado del conurbano (C.U.C.) no hace frente a la situación de inseguridad que crece mes a mes. La responsabilidad es absolutamente del Estado en todas sus variables, incluida ´la Bonaerense´ de Sergio Berni, claro que, como en este caso queda expuesto, organiza ella misma, con sus autoridades a la cabeza, los robos y la venta de droga. La investigación debe ser extensiva a las más altas autoridades, también del municipio y su enorme sistema de cámaras de seguridad -que poco hacen frente a los delitos diarios-, como a los organismos garantes de la “transparencia” en los procesos: Fiscalías y Juzgados de Instrucción. La liberación sistemática de detenidos no es algo que pueda hacerse a escondidas de todo el mundo, sino que al contrario requiere una organización y vínculos que penetren en varias áreas del Estado. Un dato curioso es que este hecho lleva casi una semana y no ha sido levantado por ninguno de los diarios zonales y locales que suelen tener las noticias policiales a la orden del día. Solamente ha sido reproducido por La Nación (29/11). Los próximos gobiernos, el nacional tanto como la continuidad de Kicillof, van a necesitar la participación de las fuerzas represivas para aplicar un golpe de estado económico contra los trabajadores. Los “mano dura” de Berni y Patricia Bullrich se apoyarán en estas fuerzas corruptas e insertas en todas las mafias: el rol que ocuparán estas les garantizará aún más impunidad.

Cuando 10 años atrás Bergoglio fue ungido jefe del Vaticano, Pablo Rieznik caracterizó que su ascenso al papado podía ser comparado con el de los Kirchner en Argentina. O sea, lo que en Argentina resultó un recurso excepcional para salvar el orden capitalista nativo valdría para explicar el salvataje de la principal institución eclesial del planeta, en la picota por las denuncias masivas de pedofilia y escándalos financieros de gran alcance. Pues bien, pasada la primera década del papado, “Francisco empeoró la división de la Iglesia y aumentó las probabilidades de una escisión” (Ross Douthat, La Nación, 3/12); “la autoridad papal (de Francisco) está cada vez más débil”. La pregunta que se formula es: “¿Podrá Francisco mantener unida a la Iglesia Católica?” (ídem). El papado de Francisco ha sido un híbrido de simulaciones de ataques a derecha -en materia de ´aperturas´ hacia temas espinosos en que la Iglesia se mostró siempre intransigente, como divorcio y homosexualidad- y frenos a su ala ´izquierda´: recientemente “el Vaticano intentó poner límites a los experimentos de los obispos alemanes, la principal fracción progresista, mediante una carta en la que afirma que ninguna reforma que tengan contemplada los alemanes podrá cambiar la doctrina de la Iglesia Católica acerca del sacerdocio sólo para varones y la inmoralidad de las relaciones entre personas del mismo sexo” (ídem). Según explica la periodista Elizabetta Piqué, “el Papa a lo largo de sus diez años de pontificado siempre habló de la importancia de la misericordia y se mantuvo en silencio, dando la otra mejilla, ante los ataques”. Lo cierto es que ahora la crítica, por lo menos de dos cardenales estadounidenses, cabeza de una ´escuela´ ultramontana con redes de alcance mundial, coloca “bajo riesgo el sínodo sobre sinodalidad, la gran apuesta de su pontificado” (La Nación, 3/12). Frente a estas críticas Bergoglio adoptó sanciones que, sin embargo, fueron consideradas “demasiado leves”. Recién después de una sesión del sínodo, Francisco removió al obispo Strickland de Tyler, Texas, “que se la pasaba atacando en sus redes sociales al Papa” e impuso “una pena administrativo-económica” al cardenal Raymond Leo Burke, cabeza más visible del ala más intransigente de la derecha eclesiástica. Burke vive en un “departamento de 400 metros cuadrados que ocupa en la Vía de la Conciliazione”, en el corazón del Vaticano. Bergoglio no le quitó, no obstante, “sus prerrogativas cardenalicias, es decir, su derecho a participar en el cónclave”. “Un cardenal de la curia que también habló off the record -según informa Elizabetta Piqué- ´Burke pasó la raya varias veces. Si hubiera tratado así a cualquiera de los papas anteriores, habría sido cesado mucho antes´”. Otro vaticanista va más lejos: “lo más paradójico es que el Papa le está pagando un sueldo y le está dando una casa de lujo donde recibe a los más acérrimos opositores a Francisco. La medida del Papa es de lo más suave, porque no lo está dimitiendo, no le está quitando el honor del cardenalato, no lo está degradando, no le está prohibiendo hablar” (ídem). Cuando esta fracción de la iglesia ataca a Francisco como ´hereje´ expresa una tendencia fascistizante que se condice, precisamente en EE. UU., con la corriente más recalcitrante de la burguesía que busca el retorno de Trump y que dentro de la iglesia norteamericana es partidaria de reandar el camino de los golpes sufridos por esta iglesia, tras la ola de pederastía que la sacudió en los últimos 20 años. La iglesia católica de EE. UU. se ha recuperado, relativamente, a base de la levantada de cabeza de su ala más derechista. De modo que la derecha eclesiástica azuza ahora al ala izquierda: en Alemania, principal asiento del ´progresismo´, “en 2022, sólo había 48 seminaristas nuevos para una iglesia que todavía atiende a 21 millones de católicos que se identifican como tales, mientras que EE. UU., con sus 73 millones de católicos, tienen casi 3 mil seminaristas en formación” (NYT, citado). Las líneas de enfrentamiento en la iglesia se van modelando en función de las tendencias a la guerra mundial y la fascistización. Su futuro está condicionado por este período de crisis de régimen, guerras, rebeliones populares y revoluciones. LEER MÁS: ¿Rebelión en la curia romana? Por Norberto Malaj, 19/01/2023. Algo huele mal en el Vaticano: corrupción y crisis en la Santa Sede Por El Be, 29/11/2022. Iglesia: una nueva denuncia de encubrimiento de abusos sexuales en España y Argentina Por Joaquín Antúnez, 05/02/2022. Los milagros del Vaticano Por Norberto Malaj, 26/09/2020.

Mientras el magnate Elon Musk posteaba el martes en su red social X un video de Javier Milei citando a Milton Fridman y los lugares comunes de los beneficios de la “libertad”, el sindicato más representativo de Dinamarca anunciaba que se sumaba a la huelga que sostienen sindicatos suecos contra Tesla , por la negativa de la empresa a firmar un convenio colectivo con los 130 mecánicos afiliados a IF Metal, que trabajan en los servicios de posventa y reparación de los autos de la marca. Hoy, la Confederación de Sindicatos de Noruega, una de las más importante de ese país nórdico, anunció que daba su apoyo a la huelga. El reclamo por la sindicalización de 130 mecánicos suecos se ha transformado en una huelga general internacional contra Tesla. Desde el sindicato danés informaron que “concretamente esto significa que los trabajadores portuarios y los camioneros -afiliados a 3F- no recibirán ni transportarán automóviles Tesla en Suecia". La medida, que entrará en vigor dentro de dos semanas, implicará que los estibadores y conductores afiliados al sindicato danés no recibirán ni transportarán los coches de Tesla que vayan a Suecia (Infobae 5/12). Por su parte, desde la Central Noruega expresaron en un comunicado la solidaridad con los trabajadores suecos: "Nuestros compañeros de IF Metal tienen nuestro apoyo total en el conflicto con Tesla. Luchan contra una empresa enemiga de los sindicatos en nombre de todos los trabajadores. Tesla debe aceptar de forma inmediata las exigencias de IF Metal", declaró el secretario general del sindicato, Jørn Eggum. La central noruega dio como plazo a Tesla el 20 de diciembre. En caso de prolongarse el conflicto sueco, realizarán acciones concretas. "Esta es una clara señal a Tesla de que no podrá transportar Teslas suecos a través de Noruega. En ese caso se enfrentarán a acciones, tomaremos todas las medidas necesarias para que funcione", afirmó Eggum (lavanguardia.com, 6/12). Hasta el momento la única respuesta por parte de Tesla, más allá de un twit de Musk, catalogando la medida de “locura”, fue una demanda al Estado sueco y al servicio postal del país, por la parálisis en la entrega de patentes de los nuevos vehículos. La respuesta del servicio postal sueco señala que sus trabajadores están a derecho y que Tesla tiene “todo el derecho a que su caso se demuestre ante los tribunales” (Blomberg). El frente abierto con el conjunto de sindicatos nórdicos se transforma en el principal del magnate sudafricano porque deja expuesta, en uno de sus principales mercados, la estrategia de producción global mediante la cual se desarrolla Tesla; la superexplotación y la precarización sustentada en un rechazo absoluto a cualquier tipo de sindicalización de sus empleados, principalmente en sus plantas en Asia, aunque también en EE. UU. En el marco de este conflicto, Tesla acaba de lanzar un nuevo modelo que intenta competir en el mercado norteamericano con las pick-up convencionales. Este modelo tuvo dos años de retraso y un precio exorbitante, USD 100 000. Las reseñas de los medios especializados no son buenas. Tesla viene de perder UDS 145.000 millones de su valor, por la volatilidad de los mercados a futuro de los vehículos eléctricos y por la suba de la tasa de interés, que ha disparado los costos de poseer un vehículo en general a nivel mundial. A esto se suma una percepción de los accionistas del sector que parecen estar despertando a la idea “de que las decenas de miles de millones de dólares invertidos en VE pueden ser destructivas de valor en lugar de aumentar el valor” (Infobae 2/11.) Las medidas que adelantan el conjunto de sindicatos nórdicos seguramente repercutirán en otros países y no hay señales, por el momento, de que Tesla retroceda en su posición. La característica del holding global de Elon Musk no es la innovación tecnológica, sino su férrea política antiobrera.

Al ejército de ocupación sionista poco le importan incluso los rehenes israelíes en poder de Hamás. Desde mediados de noviembre, “según un informe de The Wall Street Journal del lunes, que cita a un funcionario estadounidense, Israel terminó de ensamblar al menos cinco grandes bombas de agua de mar a un kilómetro y medio al norte del campo de refugiados de al-Shati, en el norte de Gaza. Las bombas pueden extraer agua del mar Mediterráneo y mover miles de metros cúbicos por hora, lo que les permite inundar la red de túneles en cuestión de semanas, según el informe” (Middle East Eye, 5/12). Las primeras víctimas serán con seguridad los rehenes israelíes. Israel está empeñado en imponer un castigo colectivo al pueblo palestino de dimensiones gigantescas. Jason Lee, director de Save the Children en Gaza, señala que “en lugar de garantizar la seguridad y la supervivencia de las familias, las órdenes de Israel de mudarse de norte a sur sólo les dan la opción de morir de otra manera, en otro lugar. Lo que he visto y oído durante mi estancia en Gaza confirmó mi creencia de que allí no existe nada parecido a una ´zona segura´” (Al Jazeera, 4/12). El mismo medio destaca que “el ejército israelí no ha mostrado grandes logros militares”, lo que se expresa en que Israel no ha podido exhibir un solo dirigente capturado de Hamás o del gobierno de Gaza, lo “único que hemos visto es una terrible catástrofe humanitaria”, dice Hamdah Salhut, informando desde la “ocupada Jerusalén Oriental. Las fuerzas de seguridad israelíes también continuaron sus incursiones en la ocupada Cisjordania durante la noche y la madrugada del lunes” (ídem). Las tropas sionistas operan en toda Palestina, destruyendo casa por casa, barrio por barrio. En Cisjordania 5.000 olivares -principal fuente de sustento en la región- han sido destruidos por colonos sionistas en los últimos 60 días. “A menudo se describe a Gaza como la prisión al aire libre más grande del mundo. Pero ni siquiera esta descripción hace justicia al alcance de la brutalidad de Israel. Lo que Israel está haciendo en Gaza es mucho peor: es un proyecto dedicado únicamente al castigo colectivo de toda una población que se ha atrevido a resistir”, dice Tariq Kenney-Shawa en Middle East Eye (3/12). El asalto del 7/10, cuando Hamás invadió las defensas israelíes, saqueó bases militares y tomó brevemente el control de varios asentamientos, contra el brutal bloqueo sionista de la franja que rige hace casi 17 años. Este bloqueo ha devastado la economía de Gaza y provocó lo que Naciones Unidas ha denominado ´desdesarrollo´, una situación en la que el desarrollo no sólo se impide, sino que se revierte. Esto ha dejado a casi la mitad de la población desempleada, con una tasa que supera el 70 por ciento entre los jóvenes. Para muchos palestinos en Gaza, la vida es una lucha por la supervivencia. “Entre 2007 y 2010, las autoridades israelíes mantuvieron un recuento de calorías de las necesidades nutricionales de los palestinos para garantizar que solo recibieran el mínimo indispensable de alimentos para evitar la hambruna. Y solo en los primeros seis meses de 2023, a casi 400 niños de Gaza se les negó el permiso para ir a la Cisjordania ocupada para recibir atención médica urgente” (ídem). La presente guerra no es sólo una represalia por lo del 7/10. Israel llevó a cabo prolongados ataques militares contra Gaza en 2008-09, 2012, 2014 y 2021, matando a miles de personas y exacerbando las ya terribles condiciones de vida al paralizar la infraestructura del territorio. Antes aún de la presente barbarie, “casas, escuelas y hospitales han sido destruidos, mientras que los intentos de reconstrucción se han visto obstaculizados por la negativa de Israel a permitir la entrada de materiales de construcción, como acero y cemento, a Gaza”. Desde 2014 cuando Israel atacó la única central eléctrica de Gaza, la franja venía sufriendo una crisis energética que sólo permitía un suministro de electricidad de una media de 13 horas al día (ídem). Ahora Gaza no conoce hace casi dos meses ni la energía eléctrica, ni suministro de agua potable, etc. Se impone una movilización enérgica de carácter mundial para detener esta catástrofe barbárica. Por el cese inmediato del fuego, fuera las tropas sionistas de Gaza y de Cisjordania, libertad a los presos palestinos, por una campaña internacional en defensa de los derechos del pueblo palestino.

Los trabajadores de Mondelez -ex Terrabusi- vienen realizando trabajo a reglamento, que consiste en que cada trabajador realice las tareas de un solo puesto, desde el lunes 27 de noviembre, en oposición a la reducción de la dotación de trabajadores por línea que intenta llevar adelante la empresa. La medida fue tomada a pesar del rechazo sistemático de la Comisión Interna -un frente entre el PJ y el PCR- a llevar adelante cualquier medida de fuerza, más allá de algún bloqueo de portones. Los trabajadores denunciaron públicamente que la reducción de puestos de la empresa implica una reducción de los tiempos de descanso, llevando a trabajadores a realizar tareas de dos o tres puestos de trabajo. Según informan desde la planta, la patronal no ha cubierto los puestos necesarios y la producción está parada de hecho en cuatro líneas de producción. Desde un comunicado difundido por la comisión interna el martes, informaron que “frente al intento de la empresa de imponer arbitrariamente las modificaciones del 3 por 1 que la representación gremial y los trabajadores hemos rechazado contundentemente en asamblea, la representación gremial, tanto la Comisión Interna como el STIA, impulsó el trabajo a reglamento votado por la mayoría de los compañeros, defendiendo el Convenio Colectivo de Trabajo. Ante esta situación llegó la intervención del Ministerio de Trabajo, dictando la conciliación obligatoria por 15 días y ver si pueden acercar posiciones en este conflicto abierto. En el día de mañana hay una reunión entre las partes (Ministerio de Trabajo, la dirección de la empresa, el STIA y la Comisión Interna). Es importante que los tres turnos continuemos unidos y en estado de alerta, y evaluar cada paso en este periodo de conciliación.” Lo que no informó hasta el momento la comisión interna es bajo qué modalidad se retomó la producción luego de la conciliación obligatoria: si con la modificación de la patronal, que implica la eliminación de puestos, o con los puestos previos a esta modificación. Hace unas semanas, Jorge Penayo, miembro por décadas de la actual comisión interna, había señalado que el avance patronal respondía al envalentonamiento por el advenimiento del nuevo gobierno. La producción en Mondelez, sin embargo, viene creciendo de forma sostenida hace tiempo y las condiciones de trabajo son cada vez más duras para los trabajadores, bajo los gobiernos nacionales y populares.

Una vez más, la Legislatura provincial se apresta a modificar, en un trámite exprés, leyes preexistentes que protegen al medio ambiente, en beneficio de los pulpos petroleros y mineros, como ya había ocurrido con el levantamiento de la veda a la actividad hidrocarburífera en el golfo de San Matías . Esta vez se trata de las leyes 279 de Tierras, a la ley 4.941 (Código de procedimientos mineros), la 3.900 (Regalías Mineras) y la 4.738 (creación del COPEAM-Consejo Provincial de Evaluación Ambiental Minera). Este paquete se aprobó el 17 de noviembre en primera vuelta y el 7 de diciembre está previsto darle sanción definitiva. Los legisladores que concluyen su mandato le hacen el trabajo sucio al próximo gobierno: el 8 asumen las nuevas autoridades. La reforma de la ley de tierras agrega la actividad minera a las actividades pastoril, agrícola y forestal que hasta ahora contemplaba la norma para el acceso a tierras fiscales. La reforma amplía la denominación a tierras fiscales rurales. En suma, son cinco millones de hectáreas de tierras fiscales las que están en juego. Significa que, a partir de ahora, se podrá rematar territorios fiscales para uso de las empresas mineras. Muchas de esas tierras están habitadas por familias mapuche y pequeños agricultores. La ley 29785 vigente otorga el derecho a una “consulta previa, libre e informada” a las comunidades originarias cuando sus derechos colectivos estén afectados. No sólo no se realizó ninguna consulta: en lugar de ello, serán desalojados. La COPEAM, por otra parte, pasará a perder la prerrogativa del veto sobre los emprendimientos mineros. Las empresas favorecidas con estas reformas tienen nombre y apellido: son Calcatreu -oro y plata-, Amarillo Grande -uranio-, la incipiente extracción de Litio, la producción de Hidrógeno Verde y las exploraciones petroleras cerca de Vaca Muerta. La Meseta de Somuncurá, que es la reserva más grande de la provincia y la segunda más grande del país después de los Esteros del Iberá, fue incluida en las negociaciones con la empresa australiana Fortescue, a la que se le concedieron 625.000 hectáreas para instalar parques eólicos para la producción de Hidrógeno Verde. Por otra parte, la reforma de la ley de Regalías consiste en que la Provincia se quedará con el 75 % y los Municipios y Comisiones de Fomento con el 25 %, a condición de que no pretendan imponer otros gravámenes a las mineras. Los intendentes no se han pronunciado al respecto. Estas reformas claramente favorecen la “reconversión productiva” que tanto impulsaron los gobiernos de Juntos Somos Rio Negro, acompañados por todo el arco político que integró el Gran Acuerdo Rionegrino, donde estuvo el kirchnerismo representado por Martin Doñate. La “reconversión productiva” reemplaza la tradicional producción de manzanas y peras por cianuro, fracking y contaminación. La massista Flavia Royón, Secretaria de Energía del gobierno de los Fernández, asumirá en la próxima Secretaria de Minería del gobierno Milei. Ambos gobiernos tienen en común la defensa de los intereses de los pulpos mineros. Las asambleas ambientalistas provinciales, las comunidades originarias y el activismo en general se movilizarán el 5, 6 y 7 de diciembre a Viedma contra esta reforma y en reclamo por el agua y la tierra.

La semana pasada, el presidente venezolano Nicolás Maduro movilizó tropas del Ejército a una ciudad cercana a los límites del Esequibo, una zona que reclama al país vecino de Guyana. El ministro de Defensa venezolano, Vladimiro Padrino López, amenazó: “estamos listos para defender [el Esequibo] hasta la última gota de sangre y sudor”. Del otro lado de la frontera, el presidente guyanés Irfaan Ali respondió que “las Fuerzas de Defensa de Guyana están en alerta máxima”. En estos días, una delegación militar estadounidense visitó el país para discutir “procesos para mejorar la preparación militar y las capacidades de ambos países para responder a amenazas a la seguridad”, según difundió la embajada en Georgetown (capital guyana). Brasil, que tiene límites fronterizos en el norte con ambos países, ordenó “promover una mayor presencia militar” en la zona. Venezuela amenaza recuperar por la fuerza una provincia por la que viene litigando desde 1899. Se trata de 160.000 kilómetros cuadrados que representan tres cuartas partes del territorio de Guyana y contiene la mayor parte de sus riquezas. Guyana posee mayores reservas petrolíferas que Kuwait y su PBI viene experimentando un crecimiento sideral – 29% el año pasado. El gobierno de Maduro realizó recientemente un referéndum por esta disputa: afirma que votaron 10 millones de personas y que más del 90% se pronunció por la anexión. Otros observadores desmienten ese nivel de participación. Amenaza de guerra El Financial Times asegura que “cualquier conflicto militar en la región montañosa y selvática del Esequibo favorecería enormemente a Venezuela, cuyas fuerzas armadas equipadas por Rusia superan con creces en número y armamento a las diminutas fuerzas de defensa de Guyana”. Pero un analista del mismo medio explica que esa ventaja se vería totalmente eclipsada porque “Estados Unidos y Brasil rápidamente acudirían en defensa de la pequeña nación con ayuda militar”. Otros medios extienden ese apoyo al Reino Unido, al grupo Caricom (comunidad de Estados del Caribe), e incluso a Cuba y China. Para el británico The Economist, una invasión de Venezuela sería “un suicidio militar”. Las razones, sin embargo, no serían sólo militares: la operación requeriría “un financiamiento ausente” e implicaría, por otro lado, el aislamiento total de Venezuela. “Una invasión real cerraría la puerta a nuevas negociaciones con Estados Unidos y obligaría a la administración Biden a volver a imponer sanciones al sector petrolero”. La prensa mundial se ha inclinado a caracterizar la amenaza venezolana como un operativo de distracción. El referéndum por la recuperación del Esequibo fue lanzado al día siguiente de que la oposición celebrara comicios internos para unificar la candidatura, luego de años de división, para las elecciones presidenciales que deberían realizarse el próximo año. Tanto las fuerzas políticas que participaron en esa elección como los observadores internacionales aseguraron que se trató de un éxito rotundo, con una participación de 2,4 millones de electores, y consagró a María Corina Machado con el 95% de los votos. El imperialismo lo consideró un duro golpe para el gobierno de Venezuela. De cumplirse el acuerdo de Barbados que Maduro selló con la oposición, el oficialismo debería fijar la fecha de las elecciones presidenciales para 2024 y habilitar a Machado para la disputa. Crisis interna Algunos analistas especulan que el operativo Guyana serviría de pretexto para suspender las elecciones presidenciales. Otros afirman que se pondrá en marcha una intensa campaña de agitación nacionalista, como la que rodeó al referéndum. La comparación de la situación venezolana más repetida en estos días fue con la de Argentina en 1982, cuando el gobierno de Leopoldo Galtieri ocupó Malvinas en un intento desesperado por sostener una dictadura militar que se derrumbaba. El referéndum habría funcionado, en sí mismo, como una prueba piloto para sondear la propia “capacidad del gobierno para involucrar a su maquinaria política y movilizar a los votantes”. En esos términos, habría fracasado. Por otra parte, ha levantado una bandera que constituye un desafío para la oposición derechista. Ésta se ha declarado favorable al reclamo por el Esequibo, aunque ha rechazado la realización del referéndum. El jefe opositor Gerardo Blyde denunció al secretario de la OEA por su parcialidad en el asunto a favor del Guyana y aseguró que “el Esequibo es un asunto de Estado que nos involucra a todos los venezolanos más allá de quien ejerza el poder”. Sin embargo, otro sector de la oposición recordó que la renuncia al reclamo de la soberanía sobre el Esequibo partió del gobierno del mismísimo Hugo Chávez, incluso por influencia de Fidel Castro. En su época de diputada, Machado había pedido la interpelación al entonces canciller Nicolás Maduro debido a que el gobierno guyano decía que había notificado a Venezuela que ampliaría su plataforma continental, sin que el gobierno tomara medidas al respecto. La situación se mantuvo inalterable hasta que en el año 2015 el gigante petrolero norteamericano ExxonMobil realizó una serie de descubrimientos masivos frente a la costa de Guyana, algunos de los cuales se encuentran en aguas que Venezuela reclama. Hoy operan en ese territorio las principales petroleras occidentales. Ahora, Machado asegura que el referendo pone en riesgo la defensa de Venezuela en la Corte Interamericana de Justicia (CIJ) de la ONU. Ese tribunal ordenó al gobierno venezolano abstenerse de “tomar cualquier acción” que altere el status quo de la región del Esequibo. Maduro anunció la creación de una nueva provincia en el territorio del conflicto y nombró como autoridad provisoria al mayor general Alexis Rodríguez Cabello, diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), quien operará desde Tumeremo, a 100 kilómetros de el Esequibo. Además de la movilización militar, el chavismo ordenó levantar un mapa de exploración y explotación de los recursos petroleros y propuso al Parlamento la redacción de una ley que prohíba las concesiones petroleras entregadas por Guyana. “Les damos tres meses a las empresas que están explotando recursos ahí sin permiso de Venezuela que se pongan a derecho”, aseguró Maduro. Escalada El gobierno madurista ha aprovechado el clima belicista para emitir órdenes de captura contra dirigentes opositores y ex funcionarios chavistas. El fiscal Tarek William Saab denunció una conspiración de la petrolera Exxon Mobile para sabotear el referéndum. “Entre los señalados hay varios colaboradores cercanos de la candidata unitaria de la oposición María Corina Machado como Henry Alviárez, coordinador nacional de su partido Vente Venezuela, Claudia Macero, encargada de las comunicaciones, Roberto Abdul, Pedro Urruchutu, David Smolanksy y Yon Goicochea. En la lista también se incluyó a los principales enemigos del gobierno en las redes sociales, los ex ministros de Comunicaciones y Turismo de Chávez y Maduro, Andrés Izarra, Energía y Petróleo y expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, que estos días han enfilado en contra del madurismo” (Clarín, ídem). El ministro de Defensa venezolano, Vladímir Padrino López, aclaró, sin embargo, que la disputa fronteriza “no es una guerra, por ahora”. Bharrat Jagdeo, vicepresidente de Guyana, dijo que no cree que el gobierno venezolano se lance a una guerra, pero que “tenemos que estar muy atentos (…) porque el liderazgo venezolano se ha mostrado muy impredecible”. El Financial Times (01/11), en una nota del consejo editorial, sostiene que “la apuesta de Biden por Venezuela ha fracasado” y reclama que “a menos que Maduro cambie de rumbo antes de la fecha límite de finales de noviembre, Estados Unidos debería restituir las sanciones a Venezuela, a pesar de las posibles consecuencias para el mercado petrolero (donde se cuestiona la capacidad de Venezuela para aumentar rápidamente la producción) y el flujo de refugiados. No hacerlo dañaría gravemente la credibilidad de Washington como defensor de los derechos humanos y la democracia. También sería una traición al derecho de Machado a luchar en las elecciones y a la valiente (y cada vez más asediada) oposición democrática del país”. LEER MÁS: Venezuela: la oposición se reagrupa, Maduro inhabilita, Washington supervisa Por El Be, 15/07/2023.

En el día de ayer se debía realizar el juicio en el Juzgado Contravencional N°3 contra nuestra compañera Vicky Mendez Torrez, dirigente de Política Obrera y del Polo Obrero Tendencia, y otro compañero de la FOB Libertaria, José María Díaz. Iban a ser juzgados por una marcha y jornada de lucha que se realizó el 9 de diciembre de 2021. Sin embargo, los acusados fueron notificados ¡hace menos de una semana! Nunca habían sido citados a declarar, ni convocados, ni pudieron tomar conocimiento de los avances del proceso, en una causa a punto de prescribir. Aquella fue una jornada de lucha provincial donde se movilizaron prácticamente casi todas las organizaciones sociales de Jujuy. La policía labró entonces un acta contravencional contra los compañeros de manera completamente arbitraria, parcial, y negando la posibilidad del derecho a reclamar. Finalmente, y ante la denuncia de las graves irregularidades que tuvo la causa, la falta de pruebas y la arbitrariedad con que se manejaron, el juzgado resolvió desestimar la causa y pasarla a archivo. Una herramienta de persecución constante El gobierno de Morales se ha valido del Código Contravencional reaccionario creado por el PJ y puesto en vigencia por el radicalismo, como un mecanismo de persecución sistemática contra los luchadores y contra cualquiera que pretenda reclamar algo en la provincia. El gobierno lo ha utilizado desde que asumió Morales, en 2015, pero sobre todo después de la reforma de la constitución de este año, cuando fueron procesados cientos de luchadores en toda la provincia, y a la totalidad de los referentes de las organizaciones sociales, políticas y sindicales que no responden al gobierno. Su objetivo es tener a todos los activistas bajo amenaza. Cuando el gobierno logró -con apoyo del PJ, el gobierno nacional y la burocracia sindical- contener la lucha contra la reforma constitucional y levantar los cortes de ruta de las comunidades originarias, rápidamente pasó a disponer una bateria de citaciones y procesamientos contravencionales -y en algunos casos, penales- contra manifestantes, trabajadores y activistas o a apurar las causas que ya estaban abiertas. Este mecanismo se inauguró con Milagro Sala, en cuyo caso el gobierno apeló a causas que estaban prescritas o residuales para sostener y justificar su detención. El gobierno ha exportado ese mecanismo a todos los activistas y luchadores en la provincia. La lucha continúa El gobernador electo Sadir ha manifestado que va a colaborar con el gobierno nacional. El gobierno pretende el “control de la calle” frente a un escenario explosivo e hiperinflación. En este escenario, la lucha por la defensas de todas las conquistas, los derechos laborales, el salario, las jubilaciones y el derecho a un trabajo genuino, tienen que sumarse a una lucha por la anulación del código contravencional reaccionario y contra la persecución a los luchadores.

Los trabajadores de la Clínica Provincial de Merlo cumplen su quinto día de paro en reclamo del pago de salarios adeudados (octubre y noviembre), en rechazo al pago de salarios en cuotas y por el cumplimiento de los aumentos salariales acordados en paritarias. La huelga es activa y se renueva diariamente en asamblea. Ayer, los trabajadores cortaron por dos horas la Av. Cámpora y hoy se hicieron piquetes de persuasión invitando a todos los compañeros a sumarse a la permanencia en la puerta de la empresa y también se informaba a los pacientes los motivos de la lucha. El martes 5 la patronal hizo circular entre los trabajadores una "Carta Abierta" dirigida a IOMA con el claro objetivo de dividir al colectivo obrero y quebrar la huelga en curso. En dicha carta la patronal reclama el pago de la facturación de septiembre y hace responsable a Kicillof y Homero Giles de la "crítica situación financiera por la que atraviesa la Clínica", de las deudas salariales, del pago de los salarios en cuotas y de la imposibilidad de cumplir con los “compromisos paritarios”. Lo que no dice la patronal es que ya está en marcha la “desregulación” de las tarifas que cobran a los afiliados de las obras sociales porque desde hace mucho tiempo se impusieron copagos obligatorios que oscilan entre el 20% y el 25% del valor total de la prestación médica. En síntesis: la patronal se presenta como una “víctima” de la situación y no como la responsable directa de los atrasos salariales, de la violación de la legislación laboral y del convenio colectivo de trabajo y de la escalada de los precios. Un punto importante de la "Carta Abierta" es que la patronal reconoce un secreto a voces: la firma de un convenio de exclusividad entre IOMA y la Clínica que, naturalmente, incrementó la facturación y la ganancia empresaria. Esto es reconocido por la patronal cuando afirma que “la Clínica Privada Provincial de Merlo ha celebrado con ustedes un contrato directo de prestaciones desde marzo del corriente año. Esta situación fue motivo de estímulo luego de tiempos muy difíciles atravesados por la pandemia y por condiciones de incertidumbre económica”. Este apetecible “contrato directo” que fue motivo de celebración por parte de la patronal no derramó hacia los trabajadores que desde hace dos años vienen soportando, en un marco de creciente inflación, el cobro de los salarios en cómodas cuotas ante la mirada cómplice de la dirección burocrática de ATSA seccional oeste. La lucha por la defensa de los salarios y el convenio está atravesada por una lucha más de fondo en el campo de la patronal y en la presión que ejerce para exigir una desregulación total en materia de tarifas para incrementar súbitamente la tasa de ganancia del sector. Esto pondría al sistema de salud sostenido por las obras sociales sindicales ante una crisis financiera enorme o el recorte drástico de prestaciones médicas para los afiliados. La situación de la Clínica Provincial no es un hecho aislado. La página de Facebook de ATSA seccional oeste nos ilustra acerca de los crecientes conflictos en el gremio en torno al rechazo del pago de salarios en cuotas y desconocimiento del convenio de trabajo. El mes pasado, por ejemplo, los trabajadores del Sanatorio San Justo pararon y cortaron Juan Manuel de Rosas. En octubre, los trabajadores de la Casa Hospital San Juan de Dios se declararon en asamblea permanente contra despidos arbitrarios y en defensa del convenio colectivo de trabajo. Y la lista sigue: Sanatorio Sarmiento, Clínica Constituyentes, Sanatorio San José Obrero, Sanatorio AMTA, Clínica Santa Rita, Sanatorio Bernal, etc. Ante este ataque de conjunto de las patronales contra el salario y el convenio, la burocracia de FATSA y ATSA (Daer), responden dividiendo la fuerza de los trabajadores con el clásico “estado de alerta y movilización” cuyo único objetivo es impedir que se pongan de pie asambleas de base para deliberar y votar un paro nacional de advertencia en el camino de la huelga general. En el marco del golpe de Estado económico que prepara el gobierno de Milei, con los restos de JxC y sectores del peronismo, estas luchas obreras son importantísimas porque templan y preparan a masas de trabajadores y activistas para enfrentar los ajustes a la salud, las privatizaciones, despidos y reformas laborales que promete Milei-Macri y el FMI. Ante la posibilidad de nuevas pandemias y crisis sanitarias llamamos a todo el pueblo de Merlo y a todas las organizaciones obreras, sindicatos, comisiones internas y activistas a apoyar y acompañar esta lucha de los trabajadores de la salud privada. Su triunfo será un triunfo de toda la clase obrera y el pueblo.

En la última sesión extraordinaria de la Legislatura provincial antes de que juren los nuevos legisladores, se aprobaron el presupuesto 2024 y otros proyectos. Entre ellos, una ley del diputado Luis Cabana, del bloque del PJ, para la creación de un “Coseguro Complementario de Salud”. Cabana es además secretario general de UPCN. El argumento que dio el diputado es que, cuando un afiliado a la obra social de la provincia (ISJ Instituto de Seguros de Jujuy), tiene que recurrir a una intervención quirúrgica o a una atención de mediana o alta complejidad, la obra social no cubre todos los gastos y el paciente debe abonar un plus o ‘coseguro’ de miles de pesos. Para subsanar esto, el legislador propone que todos los trabajadores estatales de Jujuy tengan un nuevo descuento salarial todos los meses para cubrir los gastos de una eventual intervención que requiera. En vez de discutir el vaciamiento de la obra social de la provincia, manejada por el oficialismo de turno como una ´caja negra de la política´, el legislador ha optado por un nuevo descuento compulsivo a todos los estatales y adherentes de la provincia. El Instituto de Seguros de Jujuy corre la misma suerte que el resto de las obras sociales en el país, que son vaciadas y sus recursos utilizados para otros fines que no son la atención de la salud de sus afiliados. No hay rendiciones de su recaudación ni del uso de sus recursos. Este vaciamiento ha llevado, por ejemplo, a que varios colegios profesionales, decididan suspender la atención de los afiliados de ISJ, como ocurrió este año entre los meses de julio y agosto, sólo por citar el ultimo caso. Se estima que la nueva caja recaudará entre 180 a 250 millones por mes y será manejada nuevamente por funcionarios del gobierno provincial. Ademas, la ley no establece tampoco que los afiliados vayan a ser atendidos en lo sucesivo en todas las prestaciones sin necesidad de abonar ningún ‘plus’ o ‘coseguro’ adicional. Cabana esbozó una tibia defensa aludiendo que su proyecto había sido elaborado para afrontar las dificultades de la pandemia y que el oficialismo lo trata fuera de contexto. En realidad, son claros los guiños de parte del PJ para continuar la sociedad política que han mantenido estos últimos ocho años con Morales. En este pequeño acto ha quedado demostrada la continuidad de la relación entre el PJ y la UCR en la provincia y el rol de la burocracia sindical como soporte del régimen. Debemos sacarnos de encima a toda la burocracia sindical cómplice de estos ataques.

Las elecciones en Boca ya recorren un camino que ha superado largamente la disputa por la dirección de un club de fútbol. Los sectores sociales que apoyaron a la derecha ruegan que Macri gane las elecciones, los que apoyaron a los que perdieron el ballotage ahora han encontrado en Riquelme el “nuevo Massa” que le ponga freno a la “privatización” y a la derecha macrista. Algunos dirigentes de izquierda (sin pudor alguno) apoyan al nuevo Massa y se han anotado en las movilizaciones pro Riquelme. Propagandizan su participación en una clara muestra de desbarranque político porque los dos principales contendientes en la elección de Boca están muy lejos de apoyar un club social con real participación de los hinchas. Es un retorno agravado al apoyo parlamentario que dieron a Tinelli-Lammens para el negocio inmobiliario en Boedo. He escrito largamente sobre el tema tanto en las elecciones de Boca y reitero: para ser presidente de Boca hay que estar asociado a un fuerte grupo o grupos capitalistas que cuenten con el aval financiero del 5% de los activos del club. Aun cuando Boca formalmente es un club “social y deportivo”, tiene los mismos requisitos “privados” que los grandes clubes de España, como el Barcelona y el Real de Madrid. Aunque sobre Boca opinan todos los futboleros del país, los que decidirán el futuro del club son muy pocos pues en Boca hay un voto calificado que los contendientes defienden. Posiblemente solo si votaran todos los socios se podría ver cuál es la verdadera decisión de quienes tienen la divisa del club. Pocos votan En las elecciones del 2019, sobre un padrón de activos de 84 000 socios sólo votaron 38.663, en lo que se consideró la participación “más activa de la historia boquense”. Veinte mil lo hicieron por la formula encabezada por Riquelme. El Estatuto del club, en su artículo 6, establece que “el número de socios es ilimitado”, pero el artículo 19 reglamenta que los socios adherentes “tendrán prioridad para pasar a las demás categorías”. El articulo 9 señala que “la CD fijará periódicamente el cupo para esta categoría conforme la política de ingreso, la capacidad del estadio y las altas y bajas que se produzcan”. Boca cuenta, entre socios activos, vitalicios, adherentes del interior y exterior, con un padrón de 314.000 personas. Boca cuenta con un estadio de una capacidad habilitada de sólo 57.200 espectadores -River, de 84.567. El socio de Boca, para entrar a la cancha, tiene que ser activo y, para ser “activo”, tiene que esperar que haya una baja vegetativa de activos, que haya activos que se borren del club o que la Comisión Directiva apruebe su ingreso aun sabiendo de la limitación del ingreso a la cancha . Los 13.000 socios adherentes que pasaron a activos y que hoy están en litigio en la Justicia son el resultado de esta discriminación. Ha sido utilizada por Macri, bajo la administración Angelici, y ahora por la administración Riquelme. Los adherentes, por otra parte, sufren una verdadera extorsión si quieren ver a Boca. Pueden acceder a la cancha si hay entradas “remanentes”, pero como escasean, recurren a las entradas de “protocolo”, el nombre de las entradas gratis que se le dan a la barra brava de Boca y que ya ocupan una tribuna entera. La misma barra se las vende a los adherentes al doble de su valor -un negocio millonario que nadie denunció bajo la administración Macri y menos aún en la de Riquelme. Nada indica que el propósito de ninguno de los dos candidatos sea quitarle el carácter ultracapitalista de la gestión boquense. Nadie habla de un voto pleno de todos los afiliados, nadie habla de eliminar los requisitos financieros para presentarse a elecciones (hoy ser presidente de Boca tiene mayores obstáculos que para ser presidente de la Nación). Nadie habla de retacear el poder mafioso de la barra brava. Las elecciones pueden ser en diciembre o, si sigue el litigio, realizarse en marzo pero solo decidirá un sector ultra minoritario de los socios de Boca y, naturalmente, el Poder Judicial, ahora bajo el gobierno Milei. LEER MÁS: Acerca del artículo “Sobre elecciones en Boca” Por Juan Arrecegor, 06/12/2023. Elecciones en Boca: entre Macri-Milei y Riquelme-Massa Por Juan Ferro, 17/11/2023.

En el quinto juicio de la causa que juzga los crímenes de la dictadura cometidos en el circuito ABO (Atlético-Banco-Olimpo), el tribunal integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Nicolás Toselli, condenó a 25 años de prisión a cuatro de los cinco imputados: el ex subcomisario en la Superintendencia de Seguridad Federal Carlos Infantino, el ex comandante segundo jefe del Destacamento 1 de Gendarmería Hugo Luis Medina, el ex primer alférez Sergio Raúl Nazario y el ex gendarme Miguel Lugo. Asimismo, absolvió al ex sargento Miguel Pepe. También rechazó el pedido de los querellantes de incluir -en base al derecho a la verdad de las víctimas- los hechos que se le imputaban al subcomisario José Ahmed Estrada, fallecido un mes antes del inicio del juicio oral que comenzó en junio del año pasado. Los acusados enfrentaban un juicio oral y público por primera vez. Resultaron condenados por los cargos de secuestros, tormentos y delitos contra la integridad sexual de 385 víctimas. Fueron absueltos de los cargos de homicidio, lo que evitó que fueran condenados a perpetua. En el caso de Pepe, que salió libre, uno de los testigos lo reconoció como uno de los torturadores, pero el tribunal lo consideró prueba insuficiente. Ahmed, quien se desempeñaba en la Dirección General de Inteligencia y en el Departamento de Situación Subversiva de la fuerza y tenía autoridad sobre los tres centros clandestinos del circuito ABO, murió impune, sin ser juzgado. Muchos de los casos que se debatieron en este tramo llegaron a juicio por primera vez. Entre ellos, el de nuestro compañero Pablo Rieznik, quien fue testigo, muchos años atrás, pero por el caso de otra víctima, Juan Carlos Higa, a quien conoció durante el cautiverio. El testimonio de Rieznik fue un alegato contra la impunidad y una reivindicación de la generación revolucionaria que la dictadura intentó aniquilar. Muchas otras víctimas, por otra parte, deberán seguir esperando: al cierre de las audiencias testimoniales, la Fiscalía presentó un pedido de ampliación de acusaciones por otras 200 víctimas que quedaron afuera del debate. El tribunal, no obstante, rechazó el pedido. Los casos serán presentados, entonces, ante el Juzgado Federal número 3, a cargo de Daniel Rafecas, que es quien lleva la causa. El juicio por el circuito ABO se realizó en 2011. Es de esperar que un nuevo juicio demore al menos otro lustro, si es que alguno de los acusados sigue vivo para entonces. De acuerdo al fallo de este tribunal, en el hipotético caso de que no haya a quién acusar, tampoco se establecería la verdad histórica ni reparación alguna para esos casos. Habrá que ver, por otra parte, como ccntinúan los juicios por los crímenes de la dictadura bajo el gobierno Milei. Hasta ahora, se han desarrollado a cuentagotas, por tramos, con numerosas absoluciones, condenas retaceadas y la abrumadora mayoría de los acusados y condenados -octagenarios o nonagenarios- en sus domicilios. La Corte ha dado señales de que los procesos continuarán, todavía a este ritmo cansino, al rechazar las absoluciones en el caso Mackentor . El Atlético funcionó en la división Suministros de la Policía Federal Argentina. El Banco se ubicaba en la división Cuatrerismo de la policía de la provincia de Buenos Aires, en el partido de La Matanza. El Olimpo, de la división Mantenimiento de la Policía Federal Argentina. Se comprobó el funcionamiento de este circuito represivo desde principios de 1977 hasta los primeros meses de 1979. En el caso de Pablo Rieznik , permaneció secuestrado entre el 25 y el 31 de mayo de 1977. Era ya entonces un reconocido dirigente de la FUBA y de Política Obrera. Durante su cautiverio, fue torturado con saña. Su liberación fue resultado de una enorme campaña internacional, en la que la Unión de Estudiantes de Francia (UNEF) tuvo una destacada intervención, que amenazó con ocupar la embajada argentina si Pablo no aparecía. Su compañera en aquel momento, también militante y con dos pequeños hijos a cuestas, removió cielo y tierra, recorriendo embajadas y despachos. Fue una movilización excepcional. Tras recobrar su libertad, Pablo y su familia se exiliaron en Brasil, donde continuó su actividad revolucionaria. Los genocidas condenados eran miembros de Gendarmería, la fuerza represiva que, tiempo después, se convertiría en el instrumento predilecto de los gobiernos democráticos contra las luchas obreras y los piquetes.

Se han dado a conocer los resultados de las evaluaciones estandarizadas PISA en todo el mundo y las hechas por estudiantes de la Argentina en el año 2022, las cuales están organizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Las pruebas PISA miden conocimientos y “habilidades” de alumnos de 15 años en adelante en Matemática, Lengua y Ciencias. Según fuentes oficiales, hicieron las evaluaciones unos 12 mil estudiantes de 15 años cursando 7° grado o más, pertenecientes a 460 escuelas de todo el país. A su vez, los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza organizaron por su parte las evaluaciones. El formato fue, por primera vez, enteramente digital, en un país donde el 60% de los adolescentes son pobres y no tienen acceso a dispositivos electrónicos ni conectividad. Estas evaluaciones se realizan bajo los parámetros educativos establecidos por el imperialismo, que fomenta la mercantilización de la educación para que esta se adapte enteramente a las necesidades del mercado, por eso habla de “habilidades”, es decir, la formación que requieren circunstancialmente las empresas para que los estudiantes, futuros proletarios, se desempeñen en la actividad laboral, caracterizada por una pauperización creciente. En las pruebas, a los alumnos se le presentan casos “de la vida real” en forma estandarizada, lo cual supone una preparación descontextualizada. Pruebas de este tipo y sus resultados han tenido el objeto de proponer “ranking de escuelas” atando determinado nivel de presupuesto. Resultados en Argentina y en el mundo Dicho esto, los resultados desnudaron una dura realidad educativa. Según el informe oficial de la OCDE, Argentina obtuvo en Matemática el puesto 66 sobre un total de 81 países -anteúltimo puesto en Sudamérica-, lo que significa que 7 de cada 10 alumnos (el 73%) no pudieron resolver un cálculo matemático básico para su edad. En Lengua, más de la mitad (el 55%) no pudo “identificar la idea principal en un texto de extensión moderada, encontrar información basada en criterios explícitos ni reflexionar sobre el propósito y la forma de los textos”. En Lectura y Ciencias, 5 de cada 10 estudiantes argentinos no alcanzaron los estándares mínimos. Los resultados son alarmantes y confirman una tendencia de al menos dos décadas de crisis, sólo considerando los propios resultados de las PISA. El saliente gobierno de Alberto Fernández emitió un inescrutable comunicado anunciando los resultados de las PISA y destacando que, con respecto a la evaluación de 2018, “presentaron para Argentina estabilidad en los resultados en las áreas de Matemática y Lectura y una mejora en Ciencias”. Para el gobierno saliente, ante las caídas en los resultados en toda América Latina y a nivel global, se debe celebrar que Argentina exhiba “estabilidad”. Desde el 2000 a la fecha, los resultados de las PISA en Argentina han estado siempre por debajo de los resultados promedio de América Latina. El informe oficial de PISA dice: “Los resultados promedio de la Argentina en 2022 fueron casi los mismos que en 2018″. Efectivamente, el rendimiento medio en los países de la OCDE cayó 15 puntos en Matemática y 10 puntos en Lectura – siempre desde niveles superiores a los que se registraron en Argentina. Esto se ha justificado por la pandemia, pero según la propia OCDE, “los resultados de PISA 2022 apuntan a una clara tendencia global: muestran una caída en el desempeño de los estudiantes sin precedentes en la historia del informe”. La educación bajo el capitalismo se hunde. Otro dato de los resultados en Argentina muestra que los estudiantes provenientes de hogares humildes mejoraron levemente su desempeño con respecto al 2018 y también con respecto a quienes provienen de clases medias/altas, que se mantuvieron en el mismo nivel. Los diarios dicen que “Hay desconcierto entre los especialistas sobre el resultado de los alumnos con más carencias”, desconociendo olímpicamente la infatigable labor docente durante la pandemia y actualmente bajo las terribles condiciones actuales (salarios de hambre, falta de insumos, techos que se desploman, sobrecarga laboral, falta de equipos de orientación escolar, etc). Todas estas demandas son permanentemente levantadas por las luchas docentes en todo el país, con huelgas y movilizaciones que obtienen como respuesta ataques represivos y descuentos de salarios con el concurso activo de la burocracia sindical de CTERA. El fracaso educativo, revelado por las pruebas PISA, es responsabilidad exclusiva de los gobiernos hambreadores y súbditos del FMI, que se han encargado de degradar sistemáticamente la escuela pública. Ninguna respuesta a esta crisis aguda en la educación integra el extenso paquete de leyes que Milei pretenden sancionar luego de asumir. Los “ajustes” anunciados, por el contrario, profundizaran esa realidad, comenzando por los devaluados salarios docentes. LEER MÁS: Las evaluaciones estandarizadas realizadas por la Unesco Por Ana Belinco, 03/12/2021.

Cuatrocientas familias trabajadoras han quedado en la calle por el vaciamiento de la clínica Los Virreyes ubicada en calle Ciudad de La Paz al 1157, barrio de Belgrano, ciudad de Buenos Aires. Desde el jueves 7 de diciembre están defendiendo sus puestos de trabajo mediante la ocupación del edificio y bloqueando las puertas para evitar su vaciamiento. Desde 2016 vienen sufriendo descuentos y pagos en cuotas de los salarios. No cobran salario desde el mes de octubre del corriente año. La clínica es de Víctor Santa María, el burócrata sindical-empresario del sindicato de encargados, Suterh, dueño de Página 12 y presidente del PJ de CABA. No es un hecho aislado. Un tendal de clínicas atraviesa situaciones similares en toda la provincia de Buenos Aires. La crisis económica y la pandemia han agudizado la quiebra del sistema sanitario. El ataque a la salud es pilar de una orientación capitalista de fondo contra los derechos y condiciones de vida de la población trabajadora. Distintas agrupaciones opositoras a la actual conducción celeste del sindicato de la sanidad (Atsa) se han acercado para rodear de solidaridad la ocupación. Desde Tribuna de Salud - Política Obrera nos hacemos presentes y llamamos a la más amplia solidaridad con esta lucha.

La pseudo calma que caracterizó a los mercados financieros paralelos, luego del balotaje, fue atribuida por la mayoría de los especialistas al abandono de la dolarización monetaria, por parte de Milei. Desde esos comicios, sin embargo, se ha desatado un alza furiosa de precios; se estima la inflación de noviembre en un 12%, aproximadamente, y del 20% en diciembre, con tendencia a la suba. De otro lado, los bancos se han ido deshaciendo de sus tenencias de Leliq –las letras de deuda del Banco Central con el sistema financiero-. La movida obedece a que Milei y el ministro Caputo le han informado a los bancos que no van a renovar los vencimientos. Se trata de una suma superior a los 25 billones de pesos, con una tasa de retorno anual superior al 200%, que ha sido convertida por los bancos en “pases pasivos”, también una deuda del BCRA, pero con vencimiento diario. Una suerte de Puerta 12. Esto significa que se podrían transformar en pesos en efectivo en forma inmediata para salir a comprar divisas en los mercados paralelos. Sería el escenario de la hiperinflación y de una desvalorización política del nuevo gobierno más rápida que la moneda. La misma operación, bajo el gobierno de Macri, también ejecutada por Caputo, aunque con cifras de deuda muy inferiores a las actuales, desató el ciclo inflacionario que caracteriza a Argentina, acompañada con una pérdida de reservas internacionales del orden de los 40 mil millones de dólares. Las columnas financieras de los principales diarios reflejan la honda división que ha provocado esta perspectiva en los círculos empresariales y en los organismos internacionales. Los padrinos de Milei advierten que el edificio financiero expone rajaduras peligrosas. Una larga nota en Clarín, el viernes 8, asegura que “Milei y Caputo terminaron de cerrar el plan económico”. Los términos del plan se inscriben en una perspectiva hiperinflacionaria, sin necesidad de dar marcha atrás hacia una dolarización. El plan arranca con el planteo de convertir la deuda del Banco Central, nominada en pesos, en deuda del Tesoro Nacional en dólares. Agregaría unos 30 mil millones de dólares a una deuda que supera los 400 mil millones de dólares, sin la menor capacidad de pago. Los mentideros financieros aseguran que los bancos locales rechazarán la propuesta. Por otro lado, el mentado plan rescata un planteo muy antiguo, que es convertir las Letras Intransferibles en dólares -un pagadiós para financiar al Tesoro- en bonos de la deuda pública, que se colocarían en el mercado de capitales. El informe de Clarín llama a esta operación “mejorar el balance del BCRA”. La insolvencia del Estado, recargado con nuevos títulos de deuda, adquiriría ribetes fantasmagóricos, lo cual sería una razón para que no encuentre demanda en el mercado. Este manoseo financiero sería un fuerte incentivo para comprar divisas en los mercados paralelos y desatar una megadevaluación. Los autores del plan confían, sin embargo, que un fuerte ajuste fiscal sea un aliciente para obtener financiamiento del exterior. En principio, una quimera, incluso si contempla cláusulas leoninas, porque podrían ser objetadas en sede judicial, pero por sobre todo porque el nuevo gobierno no ofrece garantías políticas de estabilidad mientras aplica un monumental ajuste. Por eso, la búsqueda de “un préstamo puente” en el exterior, se limitaría, según Clarín, a los 3 mil millones de dólares. La conciencia del nuevo oficialismo acerca del carácter catastrófico de este plan se pone en evidencia en la cautela que se le atribuye a la hora de devaluar el peso en el mercado de cambios y en la decisión de mantener el cepo. La devaluación se haría por etapas hasta marzo o abril. Es obvio que esto no haría más que acentuar la especulación contra el peso y reforzar una tendencia a la recesión. El primer tiempo del gobierno de Milei se engarza con el último tiempo del de Massa – control de los cambios, mantenimiento del cepo, impago de la deuda comercial de alrededor de 40 mil millones de dólares efectivos en concepto de créditos de importación. Las ‘paradas’ fabriles del verano se convertirán en parate industrial. El plan en cuestión advierte de un asunto fundamental, que es la continuación de la política de Guzmán y de Massa de desvalorizar salarios y jubilaciones, no mediante un ajuste nominal, sino por medio de la inflación, que ya raya con la hiperinflación. En efecto, el dúo Milei-Caputo se propone prorrogar el Presupuesto 2023, lo que significa aumento de ingresos fiscales por el aumento de los precios y caída de gastos de jubilación y salarios mediante el mecanismo confiscatorio de la inflación. Con este método, el nuevo gobierno se propone obtener una reducción del gasto fiscal del orden del 5,5 % del PBI en pesos –el equivalente a, aproximadamente, 30 mil millones de dólares-. El gobierno de Milei, calificado como “débil” por la prensa, se apresta a ejecutar una cirugía mayor. Cuenta con explotar la complicidad y también el desconcierto de la oposición. Por eso se empeña en un compromiso extraordinario con la OTAN y con la guerra del estado sionista, para que cualquier ataque a sus planes sea interpretado como una agresión a un pilar en construcción del imperialismo mundial. Por cuerda separada, el plan incentiva el aumento de la tarifa de combustibles -para ponerla a nivel internacional- y el arancel de prepagas. Salud y combustible y minería son los dos grandes ‘lobbys’ del gobierno Milei. La conversión de las Leliq en deuda del Tesoro perjudica esencialmente a los bancos públicos, que tienen la mayor porción del mercado. Dentro del sistema bancario soportarán la mayor carga del ajuste. En cuanto a la banca privada, es ilustrativo lo que ocurre con el Banco Macro, con fuertes negocios en el litio, en especial en Salta. La burguesía local no opera en marcos estancos, pues está fuertemente entrelazada con otros segmentos de la economía y del capital internacional. Es evidente para cualquiera que la oposición, que tampoco sabe si lo es, no se ha tomado el menor interés en criticar lo que se ha ido conociendo del plan. El temor principal de la oposición, en especial el krichnerismo, no es Milei sino la reacción popular. Como ocurriera bajo el gobierno de Macri, apuntará su objetivo a las parlamentarias de 2025. La operación será mucho más difícil esta vez, por las condiciones sociales explosivas, principalmente. Esto determinará su conducta en el Congreso, cuando Milei presente su ley ómnibus, y frente a las devaluaciones y tarifazos que pasarán ignorados por el poder legislativo. El “cambio de época” que anuncia la llegada ‘libertaria’ al gobierno va a ser muy diferente a la que vislumbran sus secuaces. LEER MÁS: ¿“Estanflación” o hiperinflación? Por Marcelo Ramal, 02/12/2023.

Este miércoles, Elvio Dalto, de 46 años, trabajador de la fábrica Rigolleau, falleció por asfixia en el momento en que se encontraba en una fosa realizando tareas por fuera de su oficio -soldador- para cubrir a un compañero. Un camión de carga volcó la carga total en la fosa donde se encontraba Elvio, produciendo su muerte instantáneamente. Mientras retiraba el cuerpo, la fiscal a cargo dictaminó que la fábrica no detuviera la producción. Cuando la familia fue a reconocer y retirar el cuerpo nadie se acercó y todo seguía funcionando como si nada hubiera ocurrido. En junio de 2020, otro trabajador de Rigolleau, Víctor Villalba, de 37 años de edad, fue aplastado por una bolsa de yeso de más de 1000 kg. La de Elvio es la segunda muerte que se produce dentro de la fábrica en dos años y medio. En febrero de este año un extrabajador de la fábrica escribió para Política Obrera un artículo donde denunciaba las condiciones de flexibilidad, inseguridad y riesgo extremo a las que son sometidos los obreros de Rigolleau, haciendo una analogía con las condiciones de trabajo de industrias de principios de siglo. La complicidad y el silencio de tumba de la burocracia del SOIVA y del Ministerio de Trabajo frente a esta muerte y a la flexibilidad laboral en la fábrica delatan su posición de sirvientes de este régimen. Es necesaria una asamblea autoconvocada por parte de los trabajadores, con la perspectiva de un paro por tiempo indeterminado, en defensa de sus vidas y las de sus compañeros, hasta que se garanticen las condiciones de seguridad. Es también una necesidad imperiosa recuperar los sindicatos de manos de las burocracias, para la defensa de la calidad de vida y la vida misma de los compañeros. Este lunes asumirá una vez más la “casta” del régimen. Traen entre manos uno de los ataques más furiosos contra la clase trabajadora: pretenden darle un marco legal a la destrucción total del salario y de los derechos laborales. Lo que anuncian estas medidas son cientos de Elvio y Víctor más, para la voracidad de las patronales y el capital financiero. La clase obrera enfrenta un desafío estratégico. Es necesario un debate urgente que caracterice la situación de barbarie a la que nos arrastra este sistema de muerte.

El aumento del 30 % en las naftas, dispuesto durante el último día hábil del gobierno saliente, reforzará decisivamente la remarcación imparable de precios de las últimas semanas. Pero más allá de la conmoción económica, importa su significado político: estamos ante una señal contundente de la colaboración política entre el gobierno de los dos Fernández y Massa con el de Milei. Aunque el primer aumento fue dispuesto por las petroleras privadas -Shell arrancó con una suba del 30 %-, YPF reforzó el tarifazo. La gestión camporista de YPF ha dado otro paso en la dolarización de los combustibles y en la eliminación de “la tarifa criolla” para el mercado interno. Le ha sacado de encima a Milei parte de la “mochila” del tarifazo petrolero. Los aumentos seguirán en los próximos días y semanas con el pretexto de la devaluación del tipo de cambio comercial. De este modo, uno de los pasos decisivos del ´golpe de estado económico´ fue descargado por los “nacionales y populares” que se van. Un precio alto por la peronización del gabinete de Milei. El ministro y el pasante La colaboración política con el ajustazo estuvo coordinada, según informan los diarios, en un encuentro confidencial entre Massa y Milei que tuvo lugar el domingo pasado. En esa reunión, los dos exrivales electorales repasaron otros momentos cooperativos cuando el massismo, por ejemplo, le facilitó candidaturas a Milei para que pudiera armar las listas municipales de LLA. Otra cuestión central del encuentro fue la continuidad de funcionarios estratégicos de Massa en el gobierno “libertario”. Entre ellos se mencionó a Guillermo Michel, el actual jefe de aduanas, que coordina con la UIA el ingreso y el pago de insumos importados, y del actual ¡secretario de Hacienda!, Raúl Rigo. Michel, sin embargo, no sería de la partida. El funcionario con mayores probabilidades de seguir es, nada menos, el actual jefe de asesores del ministerio de Economía, Leonardo Madcur. El hilo económico de esta transición es la decisión de Milei de seguir licuando el valor de las jubilaciones, salarios y gastos sociales por medio de un mayor impulso a la inflación. Milei ha recibido estudios de funcionarios del FMI acerca de cómo repartir la carga el “impuesto inflacionario” entre un abanico más amplio de la población. El hilo conductor de este acuerdo no es administrativo. El corazón del golpe económico pasa, por un lado, por una devaluación del peso y la liberación general de precios y tarifas, de un lado, y la desindexación de salarios y jubilaciones, del otro. Será una versión acelerada del ajuste massista-kirchnerista, que licuó el gasto social y previsional por vía inflacionaria durante todos estos años. El aumentazo “del último día” en las naftas es un traje a medida de los intereses capitalistas. En cambio, al gobierno saliente no se le ocurrió despedirse con un aumento de salarios docentes o estatales, incluso cuando la carestía, en diciembre, no será inferior al 20% y en enero al 30 por ciento. Los compromisos paritarios firmados´ por el estado con vistas a febrero o marzo no contemplan el escenario hiperinflacionario en curso. Según lo que trascendió en estos días, la ley ómnibus que Milei se dispone a enviar al Congreso contemplaría un congelamiento de los salarios del Estado y hasta la suspensión de la movilidad jubilatoria. Pero ya se está anunciando la salida de un decreto de necesidad y urgencia. Argentina asiste a un verdadero golpe de estado y a la tentativa de instaurar un estado de excepción. La transición de los Fernández-Massa-Milei no es solamente un toma y daca, aunque seguramente habrá mucho de esto. Sergio Massa, por de pronto, ha decidido devolver la autonomía al Frente Renovador para que pueda convertirse en un aliado de LLA en el parlamento. Todas las fracciones capitalistas coinciden en la necesidad de un ´ajuste´ violento, con el pretexto de alcanzar el “equilibrio macroeconómico”. Pero detrás de esta fraseología se esconde lo siguiente: obtener un fuerte superávit comercial, por medio de una recesión, para pagar los intereses y parte de los vencimientos de la deuda externa que renegociara Martín Guzmán. Se espera, de este modo, revalorizar esa deuda, bajar el riesgo país y emprender un nuevo ciclo de endeudamiento. La explosión de la crisis está servida. LEER MÁS: ¿“Estanflación” o hiperinflación? Por Marcelo Ramal, 02/12/2023. Combustibles, la crisis que anticipa el megatarifazo Camporistas y massistas diseñan el régimen económico del gobierno que viene. Por Marcelo Ramal, 30/10/2023.

Por tercera vez en su historia desde la Segunda Guerra Mundial, el secretario general de Naciones Unidas invocó el artículo 99 de su carta orgánica para advertir que “la paz y la seguridad internacionales” están amenazadas. Un día después, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas trató el pedido del cese del fuego inmediato en Gaza, a lo que EE.UU. hizo valer su poder de veto. Antonio Guterres denuncia el “inminente colapso total del orden público debido a las condiciones desesperadas” en Gaza. Aun asi, el pedido “provocó la furia del canciller israelí, Eli Cohen, quien acusó a Guterres de ser un ´peligro para la paz mundial´ y de brindar ´apoyo a la organización terrorista Hamas´” (La Nación, 8/12). La barbarie sionista en Gaza y en Cisjordania -donde desde principios de año han sido asesinados 473 palestinos por efectivos israelíes- ha impulsado inmensas movilizaciones internacionales en solidaridad con el pueblo palestino. Como ha sido denunciado, “el ritmo de matanza de palestinos por parte de Israel ha tenido pocos precedentes en este siglo. Barrios enteros han sido arrasados; hospitales atacados; 1,7 millones han sido desplazados; y el hambre se ha utilizado como arma de guerra. En lugar de responsabilizar al Israel del apartheid, Occidente ha seguido armándolo y dándole cobertura política a su genocidio” (The Bullet, 8/12). El viernes Netanyahu amenazó a Hezbolla, “si decidiera iniciar una guerra conjunta, en poco tiempo convertiría Beirut y el sur del Líbano en Gaza y Khan Yunis”. Mientras tanto, los colonos que gobiernan Israel se han lanzado al asalto del Monte del Templo en Jerusalén. El jueves “la policía israelí dio luz verde a una marcha de extrema derecha para exigir el 'pleno control judío' sobre el Monte del Templo” (Sam Sokol, Haaretz, 5/12). En el Monte del Templo se asienta la famosa mezquita Al Aqsa bajo control de Waqf. La derecha sionista quiere arrancarle el control del Monte a esta fundación islámica. Uno de los grupos ultraderechistas, Beyadenu, que organizó la marcha, declaró: "No ganaremos esta guerra sólo en Gaza" y criticó a "los nazis y sus amigos en el Waqf" (sic). Al amparo de la guerra, Israel acaba de aprobar un nuevo asentamiento ilegal en Jerusalén Oriental ocupada que comprende 1.738 unidades de vivienda. Los colonos que usurpan la tierra palestina en Cisjordania arrancan olivares y hostigan palestinos sin ningún subterfugio. El ministerio de Seguridad de Israel bajo la conducción del colono fascista Ben-Gvir “repartió armas como caramelos” en los asentamientos “a personas sin ningún entrenamiento”. Todo esto provocó la renuncia, en disconformidad, del jefe del Departamento de Licencias de Armas de Fuego (Haaretz, 4/12). En uno de sus mortales raids aéreos, en el campo de refugiados de Jabalia, en el norte de Gaza, Israel mató a decenas de personas, incluidos 22 familiares del reportero de Al Jazeera, Moamen Al Sharafi. En el norte de Gaza, el centro de ambulancias fue detenido debido al agotamiento del combustible para los vehículos y al cierre de los hospitales. Está imposibilitada así la evacuación de heridos y muertos, según afirmó la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina. LEER MÁS: Palestina: el fin de la ‘tregua’ y la segunda fase de la guerra de exterminio Por Norberto Malaj, 02/12/2023.

La conmemoración activa de las jornadas del 19 y 20 de Diciembre de 2001, debe añadir a la agenda de reivindicaciones en Argentina dos temas fundamentales de la agenda internacional: el cese de la guerra en Ucrania y Gaza y el retiro incondicional del ejército sionista de la Franja. El gobierno de Javier Milei reposa sobre dos grandes apoyos internacionales –el del imperialismo norteamericano y el del estado sionista-. Los agentes de la Cámara de Comercio Americana, de un lado, y los del Mossad, del otro, pueblan las filas del gabinete del nuevo gobierno. Milei y su camarilla son muy concientes de que el destino de su tentativa de gobierno depende de esos apoyos internacionales. Es exactamente por eso que Volodimir Zelensky emprenderá un arriesgado viaje a Buenos Aires y que Jair Bolsonaro revista como invitado especial. Sólo falta para la ceremonia de asunción Benjamín Netanyahu. La guerra del sionismo contra el pueblo palestino -en Gaza, Cisjordania y territorio israelí- figura entre los mayores crímenes de lesa humanidad perpetrados por el imperialismo mundial. Este crímen ha desencadenado manifestaciones gigantescas en el mundo entero. En Argentina estamos en deuda con los luchadores de estos países. La neutralidad fingida del peronismo en una y otra guerra ha sido usada por las burocracias sindicales y políticas dominantes para sacar a esas guerras de nuestra lucha. Sergio Massa tomó posición a favor del estado sionista como prenda para asegurar su fallido intento de llegar al gobierno. El 19 y 20 de diciembre debemos reparar esta situación. Debemos poner al frente de la moviliización, la solidaridad con el pueblo palestino; el reclamo del cese del fuego en Gaza; y la exigencia del retiro de la fuerza de ocupación sionista de todos los territorios de Palestina; la condena a la OTAN y a la Rusia de Putin y el cese de la guerra en Ucrania. Otorgar a la movilización del 19 y 20 un carácter internacionalista ayudaría enormemente a la lucha contra el gobierno de Milei, que representa a la reacción política aliada a los partidos de la ‘casta’. Llevaría nuestra lucha al escenario internacional, y sin duda al de América Latina. Nos permitirá enfrentar la nueva etapa política con un alcance estratégico. Para el desarrollo de la conciencia y de la organización de los trabajadores, es fundamental. En el resto del mundo, los gobiernos han emprendido una represión sin precedentes contra quienes se manifiestan contra la guerra de exterminio del sionismo. Contra los trabajadores y contra las instituciones académicas. Lo mismo debemos esperar de Milei. Las acusaciones de antisemitismo, lo que se ha convertido en práctica regular de los sectores antisemitas, serán usadas como arma privilegiada. Quienes defienden a los que secuestraron y asesinaron a miles de luchadores judíos en Argentina, por parte de la dictadura, se pondrán a la cabeza de este macartismo de nuevo cuño. Manifestar contra la barbarie del sionismo en Gaza es fundamental para cualquier luchador por la democracia. Adelante, compañeras y compañeros. Nos vemos en la lucha. Política Obrera 8/12/2023 LEER MÁS: Barbarie en Gaza 1,8 millones de palestinos sin hogar. Por Norberto Malaj, 06/12/2023. DAIA ataca a AMSAFE Rosario por denunciar el genocidio contra el pueblo palestino Por Muni Finkelstein, 16/11/2023.

El discurso de asunción de Jorge Macri ante la Legislatura porteña dejó en claro las prioridades del jefe de Gobierno. Prometió restringir el derecho a la protesta callejera. Señaló que va a garantizar “derechos y libertades”. El derecho a la protesta, amenazó, quedará sujeto al de circular, trabajar, estudiar y pasear (sic). "La Ciudad necesita decirles basta al caos y a los piquetes (…) De estas garantías he estado hablando con el presidente Javier Milei y con Patricia Bullrich. Vamos a trabajar en equipo para garantizar esas libertades, las de todos”, remarcó. En un escenario hiperinflacionario y de destrucción de los salarios, el jefe de Gobierno hizo hincapié en “recuperar el orden”. Waldo Wolff -un elemento del Mossad que prometió que la Ciudad dejará de ser “la capital del piquete”- será el ministro de Seguridad. También supo decir que “tocar a un policía nunca más va a ser gratis, como lo fue en 2017”, en alusión a la movilización popular que logró frenar la reforma jubilatoria durante el gobierno del otro Macri. Por enfrentar el intento de desalojo de la Plaza Congreso, los luchadores César Arakaki, Daniel Ruiz y Sebastián Romero fueron procesados y condenados. Otro fuerte indicador del carácter férreamente antiobrero es el nombramiento de Roberto García Moritán al frente del Ministerio de Desarrollo Económico, justamente el hombre que proyectó “dinamitar” el Ministerio de Desarrollo Social. Macri reforzó la idea de “el cambio de concepto de reincidencia por el de reiterancia”, una figura aplicada en Mendoza, como fundamental para “combatir el delito”. El cambio no es menor: la reincidencia es sobre un delito que tuvo condena, la reiterancia aplica sobre uno que no la tuvo. Es una modificación que da mano libre para perseguir a los luchadores. Macri, Bullrich, Milei, García Moritán: fervientes partidarios de la mano dura, el gatillo fácil y la doctrina Chocobar. Lo del jefe de Gobierno se inscribe en la política de guerra contra la clase obrera. Relevo Jorge Macri se deslindó de las gestiones de Horacio Rodríguez Larreta, a quien ignoró olímpicamente en su discurso. Larreta había alentado la candidatura del radical Martín Lousteau, como parte de su frustrado lanzamiento presidencial. “La gestión no vive de los éxitos del pasado. No necesariamente lo que fue una solución hace algunos años vuelve a serlo en el presente”, dijo Macri en su discurso a la Legislatura. Su antecesor, eso sí, le legó un reguero de tarifazos (subte, estacionamiento medido, VTV, etc). Ingrato, Macri tampoco le agradeció a la saliente ministra de Educación Soledad Acuña -aliada de Larreta- por haber firmado paritarias muy por debajo de la inflación. Trabajo allanado para Mercedes Miguel, quien fuera secretaria de Innovación y Calidad Educativa durante la gestión de Mauricio Macri. Para los trabajadores, Macri anunció palo y palo. Dijo que se prepara a pedir el control del fuero laboral porteño, lo que significa un respaldo para atacar los derechos de los y las trabajadoras de la Ciudad desde una Justicia laboral adepta. Privatización de la Ciudad Pablo Bereciatura, ex funcionario de la gestión de Macri (Mauricio), nombrado ministro de Infraestructura, junto a Ignacio Baistrocchi, proveniente de la gestión de Vicente López, tendrán la tarea de avanzar sobre los espacios públicos de la Ciudad y apuntalar los negociados inmobiliarios. Macri intimó a la Legislatura a “la revisión del Código Urbanístico para proteger a los barrios”. La intimación viene de un especialista en no respetar el código urbano y conseguir excepciones, lo que hizo de Vicente López el distrito con menos verde del conurbano. Viene a la Capital a profundizar la política de negociados inmobiliarios, beneficiar a las constructoras y seguir expulsando trabajadores por el precio imposible de los alquileres. La revisión que propone habilitaría el desarrollo de una ciudad no para quienes la habitamos o trabajamos en ella sino para el turismo y los beneficios a la Cámara de la Construcción. El gobierno del primo Macri refuerza la necesidad de que nos organicemos tanto los trabajadores que vivimos en la Ciudad como los que entramos todos los días a trabajar aquí. Vamos a defender los puestos de trabajo y el salario, la educación, la salud y el espacio públicos con organización y movilización.

Horas antes de dejar el cargo en Economía, Sergio Massa aprobó dos resoluciones de la Secretaría de Minería, la 1685/2023 y 1697/2023, mediante las cuales, se les otorga un beneficio especial a dos proyectos mineros instalados en la provincia de Salta. Mediante estas resoluciones, los proyectos mineros podrán acceder con “libre disponibilidad del 20 % de las divisas obtenidas en exportaciones vinculadas con el proyecto para: pagos de capital e intereses de deudas comerciales o financieras con el exterior; giro de utilidades y dividendos que correspondan a balances cerrados y auditados; repatriación de inversiones directas de no residentes” (Ámbito Financiero). Este beneficio especial está encuadrado en el marco del Régimen de Fomento de Inversión para las Exportaciones, para aquellas empresas que inviertan más de u$s 100 millones. Uno de los proyectos es el de Posco Argentina, que construirá una mina de litio y dos plantas de proceso, como parte de la fase 1 del Proyecto Sal de Oro, ubicado en el Salar del Hombre Muerto, en el límite entre las provincias de Salta y Catamarca, con una inversión de u$s 1.005 millones. Mientras que el segundo proyecto es el de Rincón Mining –adquirido el año pasado por Río Tinto-, que consiste en la extracción y procesamiento de litio en el salar de Rincón, también en Salta. El capital de desarrollo inicial comprometido a través de este régimen es de u$s 1241 millones, para la instalación de una planta de 50.000 toneladas de carbonato de litio, a ser montada en etapas. La iniciativa incluye la construcción de una planta comercial con una capacidad inicial de 3.000 toneladas por año de producción de carbonato de litio grado batería. La continuidad de los negocios capitalistas en la minería es una de las caraterísticas pincipales de “la transición” de gobierno. El gobernador de Salta, Gustavo Saenz, un fiel representante de los intereses mineros, ha logrado que Flavia Royon, ex secretaria de Energía de los Fernández, sea designada a la secretaría de Minería de Nación por Javier Milei. Royón ya ha sido secretaria de esa cartera en la Provincia. Ducha en el oficio, defiende como propios los intereses de las camarillas empresariales, como Techint y los grupos mineros. Quienes, de cara a un balotaje, hace 20 días, le dijeron a los trabajadores que representaban dos proyectos antagónicos, hoy acomodan sus intereses. En Salta el presidente de REMNSa (la S.A. provincial encargada de operar los negocios mineros), bajo la presidencia de Alberto Castillo, otrora saencista y massista, candidato a diputado nacional de JxC, dijo que “el gobierno de Milei es prominería y no va ser un obstáculo para el desarrollo”. (Aries 27/11/23). Trabajadores y capitalistas En los últimos dos años, no se ha dejado de repetir que, con la explotación del litio, Salta “saldría de la pobreza”, y que el beneficio y el progreso para los trabajadores serían invalorables. Sin embargo, en dos años, lo que creció es el nivel de informalidad laboral. Los 16 mil puestos de trabajo que se atribuyen al “boom minero” están vinculados a empresas tercerizadas que contratan por tres y seis meses a los trabajadores, salarios por debajo de la línea de la pobreza. Los obreros mineros con regímenes de trabajo de 20x10 están encuadrados en el convenio de UOCRA y no de AOMA, con sueldos mucho menores a los que les corresponden por la rama, sin la indumentaria adecuada y con decenas de reclamos por incumplimientos que ya derivaron en medidas de fuerza. El beneficio ha sido siempre para las empresas y sus gobiernos. El verdadero antagonismo que crece es entre las necesidades que tenemos los trabajadores y los beneficios capitalistas y sus burócratas en los sindicatos y en los gobiernos. En las próximas horas Javier Milei asume el gobierno pero lo hará con el viejo *staff * de la casta que ha frustrado durante décadas las aspiraciones de la clase obrera.

El pasado jueves 7, el trabajador municipal Carlos Cano falleció producto de una descarga eléctrica mientras podaba un árbol. Carlos, perteneciente al área de Parques y Paseos del municipio, fue enviado a realizar dicha tarea a pesar de la tormenta de aquella mañana. Parques y Paseos depende de la Secretaría de Servicios Públicos, que conduce Sebastián García. Ostenta el triste récord de ser la secretaria que concentra la mayor cantidad de trabajadores precarios, las malas condiciones y falta de herramientas. Los vecinos venían denunciando la necesidad de podar el árbol hace más de un año por encontrarse el tendido eléctrico comprometido al haberse enredado con sus ramas. Esta era una tarea que correspondía a Edesur, que nunca se hizo presente. En ese marco, el municipio de Quilmes envió a Carlos sin las herramientas de protección adecuadas y sin la menor coordinación con la empresa de electricidad para que anulara el servicio en la zona hasta terminada la tarea. Las condiciones de trabajo de los municipales, precarias y a destajo, hicieron que el compañero terminara podando cerca de la línea de media tensión. La falta de personal y de camiones ayudaron a que esta tarea fuera realizada en las peores condiciones posibles. Sus compañeros denunciaron que estas condiciones son permanentes y que Carlos era un comprometido trabajador del municipio, que ejercía sus tareas con el mayor de los profesionalismos. Estas declaraciones colocan al municipio y a Edesur en el centro de las responsabilidades políticas del hecho. Los sindicatos municipales (ATE, STMQ) no hacen nada por resguardar la integridad de los trabajadores, al punto que ni siquiera convocaron una jornada de “luto” por el compañero fallecido, sin importar su afiliación sindical. Es necesaria una deliberación del conjunto de los trabajadores municipales, mediante asambleas, para impulsar la lucha por las condiciones de seguridad e higiene, incluyendo la incorporación inmediata del plantel necesario para brindar el mejor servicio defendiendo la integridad de sus trabajadores.

Neike, neike, neike, el grito del capanga va resonando/¡Neike! ¡Neike!/ Fantasma de la noche que no acabó./Noche mala que camina hacia el alba de la esperanza,/día bueno que forjarán los hombres de corazón./ El autor de la galopa que inmortalizó hace casi 70 años la vida amarga de los obreros de los yerbatales -con la violenta y lujosa paleta de colores de la selva misionera- fue Ramón Ayala, que murió la madrugada de este 8 de diciembre a sus 96. Dicen que el Che cantaba “El mensú” en los fogones de Sierra Maestra. Ramón Ayala fue poeta, músico, intérprete, artista plástico, y un humorista y seductor irreductible –“la mujer es el acontecimiento más bello del planeta”, decía sin ningún temor a los cerrojos de la corrección política-. Pero, sobre todo, Ayala fue uno de los grandes creadores de la música litoraleña por casi un siglo (comenzó a componer a los 14). Nació en 1927 frente al río Paraná, en el pueblo de Garupá, a 15 kilómetros de Posadas, el mayor de cinco hermanos. Tras la muerte del padre, cónsul argentino en el sur de Brasil, la familia quedó sin recursos, vivió de prestado en una casa embrujada, y finalmente se trasladó a Buenos Aires. Ayala se convirtió en un niño changuero en Dock Sud para ayudar a parar la olla a una madre guitarrera y compositora, que supo transferir a sus hijos esos dones. “Hay que hacerle caso al cuerpo. Si no le hacés caso al cuerpo, estás perdido”, sostenía para explicar por qué la mudanza a la gran ciudad no borró un registro más sensorial que melancólico del poderoso sol, los ríos, la tierra colorada, la selva y los personajes que poblaron la infancia. Toda la obra de Ayala está instalada en esos paisajes y en las vivencias de ese entonces. “Soy de verdad, y puedo enseñar a vivir la vida”, dijo de muchos modos cuando ya se había convertido, pasados los 80, en un personaje de culto. Tal vez por eso sus más de 300 canciones se fueron abriendo paso sin la asistencia de las grandes disqueras hasta convertirse en parte del cancionero popular. En toda su obra estalla la exuberancia de la selva misionera, los misterios del monte chaqueño, la omnipresencia del río, la cadencia del agua, los pájaros, los peces, el sol brutal. Escenarios de colores rotundos donde, se llore la soledad o se recuerde una historia dulce de amor, Ayala nunca se olvida de incorporar la brutalidad de las condiciones de vida de quienes los habitan. Ayala describe con el fulgor y la grandilocuencia tropical del habla litoraleña la potencia de la naturaleza. Admira los capullos blancos del algodón, “el dolor sin fin” del urutaú, al lapacho “solito en el monte”, a la fortaleza de los quebrachos. “Algo se mueve en el fondo del Chaco Boreal/Sombras de bueyes y carro buscando el confín/Lenta mortaja de luna sobre el cachapé/Muerto el gigante del monte en su viaje final”. Así llora a los troncos vencidos. Pero aunque se deslumbre con los colores, los sonidos, los olores, los pliegues poderosos de la Naturaleza, Ayala va más allá, se abre con sensibilidad de orfebre a una segunda condición, la del cronista tiernísimo de la vida de los oprimidos. En el mar verde de los yerbatales, Ayala ve a los mensúes y la crueldad de los capataces. En el mar blanco del algodón, al cosechero que cruza en su canoa el Paraná en busca del sueño inalcanzable de “un ranchito borracho de luna y amor”. “El alba pesa en el cuerpo del cosechero dormido/Y el algodón de sus sueños le va tejiendo el destino”, dice. En el cementerio de los quebrachales, más le duelen, lo indignan, lo rebelan, los hacheros, los cachapeceros, los jangaderos, Pilincho Pernera, el chico que cosecha naranjas –“a veces digo la puta cuando me acogota el yugo”-, los pescadores. Abandonados a su suerte, la tierra, el agua y los animales son la compañía más leal a los trabajadores. Con certeza poética Ayala bautiza al soberbio dorado como “el pan del agua” que le da a los pescadores “su amigo, el río Paraná”. “Pescador del río bravo/Canoero, canoero/Nacido entre los sauzales/A orillitas del Paraná” Todos los oficios de esos hombres curtidos por el sol y el trabajo tienen su oración. A todos los obreros acuna su canto. Para él -que ha escrito esos enormes versos al paisaje- no hay paisaje más conmocionante que el paisaje humano. Y eso lo convierte en un poeta mayor. “La poesía es atrapar la vida con una red de palabras. De acuerdo a cómo esté hecha la red, o sea el conocimiento, uno atrapa la vida; y hay que atraparla con una buena red”, dijo una vez. La aguda conciencia de los males de este mundo no le impedían tener un humor relampagueante: “Me acaban de llamar de la Universidad de Misiones para avisarme que me dieron un doctorado Honoris Causa. De modo que está usted hablando con un doctor. ¿Qué le duele?”, le preguntó en una entrevista a Patricia Kolesnicov, pulverizando la solemnidad del honoris causa en un instante. Ayala dijo que su meta era “llegar al corazón del pueblo”. Hoy, que partió Ramón, su música ya está fundida con aquellos a quienes la dedicó.

Javier Milei quiso imprimirle a su discurso inaugural un tono épico. “Venimos”, dijo, “a terminar con cien años de decadencia”. Milei prometió volver a los tiempos de una Argentina que sólo existe en la mitología de la oligarquía de la bosta – como la calificó Sarmiento. Pero la Argentina de Roca, una criatura del capital financiero internacional, muy tempranamente soportó un colapso. En los años 80 del siglo XIX, los tatarabuelos políticos de Milei armaron una gigantesca operación de endeudamiento, vehiculizada a través de un régimen de “libre circulación de monedas” emitidas por bancos privados. La crisis de 1890, resultado de esa especulación, forzó a un ajuste brutal: un millón de inmigrantes tuvieron que retornar a sus países donde reinaba la miseria. Fue la Argentina del “fraude patriótico”, antes de que se inventara el término. En los años del liberalismo, Argentina era una sucursal de la City de Londres y, cuando volvió al gobierno, en la década del 30 del siglo pasado, se convirtió, con el concurso de otro Roca, el hijo, en “la piedra más preciosa de la corona de Su Majestad”. Palabras de Walter Runciman, Lord inglés. Este es el pedigrí del nuevo presidente de Argentina. Déficit fiscal Milei presentó los números de la bancarrota financiera del Estado, con una deuda del Banco Central que representa el 10 % del PBI y otro 5 % correspondiente al déficit del Tesoro. De este último, sin embargo, el 3 % corresponde al pago de los intereses de deuda. Por lo tanto, trece de los quince puntos del PBI corresponden a una hipoteca financiera que es resultado de un sistemático proceso de endeudamiento. Por caso, es lo que ha ocurrido con la compra de títulos de deuda en pesos del Tesoro, por parte del Banco Central, que en el último año representó unos 12.500 millones de dólares. Este rescate a los acreedores de deuda comporta un 2.5 % del PBI, casi todo el déficit “operativo” del Estado. Cuando Milei dijo que el ajuste lo hará “el Estado” y no “el sector privado”, lo único que quiso decir es que salarios, jubilaciones, gastos educativos o sanitarios serán exprimidos hasta el final para cumplir con la factura del gran capital, donde incluyó a la remisión de utilidades de las empresas y a la deuda por importaciones. Mientras tanto, los pesos estacionados por las grandes corporaciones capitalistas en el sistema bancario local, a causa del cepo, reciben la generosa recompensa de las Leliqs. El Banco Central ha sobrevivido a la defunción libertaria para honrar esos compromisos con el capital. La prohibición de emitir sólo regirá para los gastos corrientes, que serán brutalmente ajustados. Milei agitó el fantasma de un temible rodrigazo, con la advertencia que podría alcanzar el “15.000 % anual”. Una forma curiosa de presentar, como mal menor, a su propio rodrigazo, que en los próximos dos meses podría acumular una suba de precios del 50 %. En medio de disquisiciones sobre los “rezagos monetarios”, el impostor escondió la razón fundamental de ese cimbronazo de precios, que es la devaluación de la moneda que será anunciada en las próximas horas. En cambio, sí admitió el ´sinceramiento de tarifas´, ya anticipado por la gerencia massista-camporista de YPF hace 48 horas atrás. Ante ese salto de precios, existen versiones de una prórroga del presupuesto 2023, sin ajuste por inflación. Milei, lograría, de ese modo, una versión acelerada del ajuste massista, cuyo eje ha sido -y lo seguirá siendo- la miseria previsional. Visto de conjunto, el “libertario” ha presentado un plan de guerra a las masas y salvataje del capital a través de la acción despótica del Estado. El Central continuará emitiendo moneda para los pasivos remunerados, no para los jubilados; los salarios serán convenientemente “pisados”, también por resolución oficial. Para su plan, Milei reclamó “implementación inmediata” y “sin discusiones”, un emplazamiento al Congreso ante la alternativa de un gobierno por decreto. La amenaza servirá de excusa para que radicales, macristas y peronistas sumen a una posible mayoría para la “ley ómnibus”. Es lo que un viejo lobo del recinto, Emilio Monzó, le anticipó a los periodistas minutos antes de la asunción de Milei. Para completar la invocación a la fuerza del Estado, Milei no se privó de alertar contra las huelgas y piquetes. La caricatura del liberalismo decimonónico blandió la carta del régimen de excepción con bastón presidencial, el mismo que Cristina le elogió, esta mañana, con inusitada calidez. Default Después de tanta altisonancia, Milei puso de manifiesto, sin quererlo, el impasse de su planteo económico y político. Aunque reiteró que “no tenemos plata”, fue claro que, en el momento del discurso en que hizo referencia a ello, el término correcto era otro: “no tenemos financiamiento”. El socorro de fondos internacionales, tan meneado en estos días, estuvo ausente del discurso. En cambio, Milei se encargó de advertir que la deuda total, a la que estimó en 520.000 millones de dólares, plantea vencimientos inmediatos impagables. La cuestión del financiamiento se encuentra asociada a una nueva reestructuración de deuda. El monumental ajuste sólo será la condición para poner en marcha está operación financiera, que está en la mira de los fondos internacionales que tienen acreencias con la Argentina. Ante algunos miles de personas, el discípulo autoproclamado de “la generación de 1837” ha volado muy bajo: le ha declarado la guerra a la clase obrera, para improvisar un salvataje de la gran burguesía y del capital financiero internacional. LEER MÁS: Milei anuncia el rodrigazo y se codea con la internacional fascista Por Jorge Altamira, 10/12/2023. Milei-Caputo anuncian plan económico hiperinflacionario Navidades libertarias. Por Jorge Altamira, 08/12/2023. VER EL SIGUIENTE VIDEO: "Milei anuncia el rodrigazo" | Columna de Jorge Altamira en Letras del Paraná (10/12/23) Publicado en el canal de YouTube de Política Obrera.

En el *rally *de elecciones que se desenvolvieron durante el 2023, Maximiiano Pullaro fue elegido gobernador en la provincia de Santa Fe por una abrumadora avalancha de votos. Pullaro encabezó un frente conformado por macristas, la UCR, el partido socialista, entre otros, “Unidos para Cambiar Santa Fe”. Pullaro es una de las caras de lo que quedó de Juntos por el Cambio, luego de la explosión política que generó, primero, el acuerdo de Macri-Bullrich con Milei de cara al balotaje, y, luego, el desacuerdo entre estos mismos protagonistas cuando se planteó la formación del gabinete de Milei. Pullaro fue ministro de Seguridad del fallecido exgobernador Miguel Lifschitz, nada menos que en Santa Fe, durante el periodo 2015-2019, bajo el extinto Frente Progresista. El principal asunto del gobierno entrante se ubica en tema seguridad. La proliferación del delito organizado ha dado un salto en la provincia. Durante los cuatro años de gobierno de Perotti las cifras crecieron período tras periodo, en lo que respecta a homicidios y delitos vinculados o conexos, como la venta de estupefacientes. Quien asumió el mando en 2019 bajo el lema “Paz y orden” tuvo cuatro ministros de Seguridad distintos, todos con distintas orientaciones. Lo mismo con los distintos jefes de policía, que fueron renunciando a medida que se hacían públicas irregularidades en su desempeño. La vinculación entre asociaciones ilícitas destinadas al narcotráfico, el sistema inmobiliario y bancario junto con el estado provincial nunca ha sido más manifiesta que en la actualidad -empresarios, fiscales y legisladores involucrados-. Pullaro ha hecho campaña haciendo alarde de su gestión ministerial. Aboga por la mancomunidad de fuerzas federales y provinciales, y la construcción de cárceles para condenados de alto riesgo. En este cuadro, saludó fervorosamente la designación de Patricia Bullrich en la cartera nacional. Por otra parte, y de cara al grueso de trabajadores estatales y docentes, ha sellado cualquier posibilidad de emitir un bono o aumentos de fin de año, y la necesidad de cerrar la paritaria docente y estatal del año 2024 en enero. Ante la “duda” acerca del estado de las cuentas de la provinica, anunció que recortará los gastos. Pullaro contará con mayoría absoluta en la cámara de diputados, ya que “Unidos” logró 28 escaños de los 50. Se estima que convocará a sesiones extraordinarias para discutir, por ejemplo, una nueva emergencia en seguridad. La relación que Pullaro establezca con el el ejecutivo nacional aún es una incógnita. Santa Fe, la mayor exportadora de aceite y harina de soja, enfrenta el conflicto entre el ruralismo, sobre quien recaen las retenciones a la exportación, y la industria de exportación. La provincia es un jugador fundamental en cuanto al destino de la Hidrovía, que Milei pretende entregar a capitales belgas en desmedro de los chinos. Está también fuertemente interesada en la firma del acuerdo comerical Mercosur-Unión Europea. El rodrigazo que anunciará Milei, por otra parte, provocará una fuerte recesión en la industria y un encarecimiento extraordinario de los insumos de importación que necesita la economía provincial. El punto primero de la agenda de Pullaro será el enfrentamiento con Amsafe por el convenio colectivo y la intención de Milei de derogar el régimen de jubilación de los docentes. LEER MÁS: Realineamientos políticos en Santa Fe Por Agustín Fernández, 28/10/2023.

La Coordinadora de Limoneros Autoconvocados conquistó 2.500 beneficios para el período intercosecha. Son 1.500 planes provinciales intercosecha, 2.500 ayudas alimentarias y la promesa de entrega de una canasta navideña. Los planes intercosecha que entrega la nación por medio de la UATRE no llegaron a los 20.000 trabajadores del limón, cuando en la temporada trabajan alrededor de 40 mil. Los planes nacionales solo llegan a aquellos que están registrados, y que hayan trabajado determinada cantidad de meses y/o días, y a pesar de ello muchos, miles, quedan fuera de padrón. En ese marco, la Coordinadora desde que se formó ha venido dando la pelea para que el subsidio llegue a todos los obreros limoneros, cualquiera sea su condición. Sobre esa base, se hizo un reclamo al gobierno de Manzur primero y luego cuando se hizo el recambio de gobierno, a Jaldo. En el mes de octubre, con el método de asambleas y plenarios provinciales, los compañeros presentaron el reclamo. Frente a la reticencia del gobierno para recibir a los dirigentes de la Coordinadora, se resolvieron acciones en la ruta. En la última fase de las negociaciones, cuando el gobierno, con el apoyo de la burocracia de la UATRE, intentó dar marcha atrás con el reconocimiento de un padrón con 2.500 obreros limoneros de la Coordinadora, la respuesta fue convocar a 12 asambleas al costado de distintas rutas nacionales y provinciales. La amenaza de cortes masivos, en una provincia donde ya comenzó el ajuste contra miles de trabajadores precarizados de las comunas, municipios y de la provincia que están siendo cesanteados, obligaron al gobierno a retroceder y otorgar los reclamos citados más arriba en la nota, que implican una duplicación de los planes intercosecha provinciales y más del triple de mercadería respecto a lo conquistado el año pasado. Todo este proceso de reclamo y lucha reivindicativa ha dado lugar a distintos agrupamientos de base de obreros limoneros que hasta el momento la Coordinadora no había llegado. Ahora, la mesa de delegados de la Coordinadora ha decidido convocar para el próximo viernes 22 de diciembre a un Congreso provincial en la localidad Santa Lucía, donde tenemos abierta la lucha por la recuperación de la seccional de la UATRE que funciona en esa localidad. Asambleas en los pueblos y plenarios zonales elegirán a sus delegados, incluyendo los nuevos agrupamientos. El Congreso debatirá las medidas que el nuevo gobierno nacional haya dispuesto para esa fecha y preparará un nuevo plan de lucha para el mes de febrero, cuando se acabe el subsidio intercosecha otorgado por el gobierno y se inicie la discusión paritaria que deberá definir el monto del jornal de los obreros del limón para la temporada 2024. LEER MÁS: El voto de los obreros del limón a Milei y a Massa Tucumán. Por Daniel Blanco y Jacyn, 24/11/2023. UATRE Santa Lucía Tucumán. Contra el fraude y la intervención burocrática, se afirma la lucha por elecciones democráticas. Por Diego Carrazán, 15/11/2023.

Javier Milei no se anduvo con vueltas en el discurso que pronunció en las escalinatas del Congreso. Anunció un ajuste de 100 mil millones de dólares sobre las espaldas de los trabajadores. “No hay alternativa”, dijo, “eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes”. Calificó a este derrumbe social como una “estanflación” y hasta “un mal trago”. Se trata en realidad de una depresión económica instigada por el propósito de pagar la deuda financiera del Estado mediante una gigantesca redistribución de ingresos, impuesta desde el Estado con un rodrigazo. ¿Qué es lo que se va a pagar de inmediato? “Más de 30 mil millones de dólares con los importadores, 10 mil millones de dólares por las utilidades retenidas a las empresas extranjeras, la deuda de YPF y el Banco Central suman 25 mil millones y la deuda pendiente del Tesoro de 35 mil millones de dólares adicionales”. Milei, sin embargo, no dijo lo fundamental: la intención de pagar esa deuda a 350/370 pesos el dólar, luego de que él devalúe el peso a 700/800 el dólar. Mientras el empleo, los pobres y los indigentes deberán pasar por un río de sudor y lágrimas, todas esas compañías habrán obtenido una ganancia gigantesca mediante la especulación contra la moneda nacional. La estafa que tiene en la cabeza Milei la ejecutó Cavallo, en 1982, cuando era presidente del Banco Central de la dictadura. A través del Estado, Milei pretende imponer un enorme sacrificio al “sector privado” más numeroso de Argentina –los trabajadores-. El Estado nunca sufre un ajuste, por la simple razón de que no desarrolla una actividad productiva, no crea valor, ni acumula valor. El ajuste es siempre ‘privado’, en este caso la masa de la clase obrera. Por esta razón, la explanada del Congreso no le inspiró ninguna propuesta para actualizar salarios y jubilaciones de acuerdo a lo que será una hiperinflación. Javier Milei no viene a contener ningún rodrigazo en ciernes – viene a desarrollarlo a fondo. ¿Qué es un rodrigazo? Una megadevaluación; Milei va a devaluar por decreto el peso ¡en un 70%! ¿Qué otra cosa es un rodrigazo? Dolarizar tarifas de combustibles, servicios, prepagas, transporte – es lo que hizo, precisamente Celestino Rodrigo a principios de junio de 1975. Rodrigo, como Milei, pretendía abrir una ‘nueva etapa’, y lo logró. Fue la instauración de la dictadura militar. Rodrigo tuvo que enfrentar una crisis financiera minúscula en comparación con la actual. El gran capital exige esta dolarización para reanudar un ciclo de inversiones, porque la dolarización le asegura, en principio, una altísima rentabilidad. La megadevaluación no viene a resolver problemas del comercio exterior –sean exportaciones como importaciones-. La devaluación en ciernes no pretende equilibrar el comercio exterior, sino desequilibrarlo a favor de un superávit comercial que permita pagar la deuda financiera. Argentina tiene, por cierto, un régimen estatal económico y administrativo desastroso, pero la crisis no es fiscal sino financiera. Milei no admitió esta caracterización, pero le puso el número a esta crisis financiera: 550 mil millones de dólares a tasas altas y plazos breves. El propósito es financiero: es inducir un cambio de dólares por pesos muy baratos. Es una maniobra especulativa, a la cual es aficionado él mismo y su ministro de Economía – el mesadinerista Luis Caputo. Milei ha calculado, en su discurso, que el ‘javierazo’ desatará una inflación altísima durante más de un año y hasta dos. En su versión, la responsabilidad la tiene el “rezago”, como denomina a la emisión de dinero pasada. Es una versión interesada: la hiperinflación alemana de 1923 fue paralizada en semanas. En Argentina llevará dos años porque la política del nuevo ‘mandatario’ de las patronales es inflacionaria. Para varios seguidores de Milei, el propósito de disminuir esta deuda gigantesca con superávits fiscales es simplemente un desatino, ni qué decir de cancelarla por completo. El único que lo logró, a instancias del FMI, fue el dictador rumano Ceaucescu, en 1988, y por eso terminó fusilado, con su esposa. En el discurso apocalíptico de inauguración de mandato, Milei no se refirió ni aludió a salarios, jubilaciones, paritarias: pretende mandar a la masa del trabajo a las filas de los planes sociales. Como es sabido, los ‘libertarios’ quieren ganar la “batalla cultural” al socialismo; el kirchnerismo quería hacerlo en beneficio de la “tercera posición” y “la patria es el otro”. El ‘otro’ volvió a votarle en contra. Lo de Milei es el combate al “colectivismo empobrecedor”, sin reparar en los números del capitalismo: el 1 % de la población mundial concentra el 60 % de los ingresos, el 10 % el 2 por ciento de los mismos. ¡En Estados Unidos baja la expectativa de vida en medio de un progreso enorme de la ciencia de la salud! En muchos países, la tendencia a la pauperización es absoluta. La cruzada de Milei contra el socialismo no es ‘económica’: es una cruzada política y militar internacional. Por eso se rodeó de la española Vox, de Zelensky, de Bolsonaro y, si hubiera podido, de Netanyahu, alguien acusado de desfalco del famoso estado en beneficio propio. El flamante presidente recurrió al viejo artificio del “muro de Berlín”, cuando Alemania vive, por primera vez, como consecuencia de la guerra, un proceso de desindustrialización y un ascenso del neofascismo, segunda fuerza nacional. Los muros crecen por doquier: en la frontera mexicano-norteamericana; en Gaza. El Mediterráneo se ha convertido en algo más que en un muro: en una fosa para centenares de miles de seres humanos. Milei saluda la masacre del pueblo gazatí, en apoyo de lo menos libertario que se pueda imaginar: la derecha fundamentalista sionista, asistida por el estado, con el pretexto de ocuparse de los estudios talmúdicos. En otro pasaje de la arenga, Milei reivindicó a “la generación del 37”, hasta ahora un patrimonio ideológico del socialismo de Juan B. Justo, para decir que lo que vino después fue la Constitución nacional. La definitiva, la de 1860, fue acompañada por la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay, al servicio del imperialismo británico. La guerra consagró la secesión definitiva de América del sur. Como ocurre con el sionismo, la Argentina de los Mitre, junto al imperio de Brasil y el liberalismo oriental, segaron la vida un millón de paraguayos. En la misma década, en el norte del continente, Abraham Lincoln conducía una guerra contra la secesión nacional y contra la esclavitud. Los destinos paralelos del sur y del norte no han podido ser más divergentes. Milei es un sudista norteamericano, para quien la liberación de los esclavos constituye un atentado a la propiedad privada. En distintos tramos de su discurso, Milei exhibió la agresividad más extrema contra las luchas sociales, al mismo tiempo que prometía más pobreza y más hambre, y ofrecía sudor y lágrimas. Como escribió nuestra compañera Patricia Urones en X, Milei no abre ninguna etapa, es el final de las anteriores. LEER MÁS: Un fraude histórico y político desde la explanada del Congreso Por Marcelo Ramal, 10/12/2023. Milei-Caputo anuncian plan económico hiperinflacionario Navidades libertarias. Por Jorge Altamira, 08/12/2023. VER EL SIGUIENTE VIDEO: "Milei anuncia el rodrigazo" | Columna de Jorge Altamira en Letras del Paraná (10/12/23) Publicado en el canal de YouTube de Política Obrera.

Luego de 6 días de paro con piquetes de persuasión y cortes de calles, la burocracia de ATSA, en forma unilateral, resolvió levantar la huelga a cambio del pago de los salarios de octubre. Los activistas fueron informados del levantamiento del paro por teléfono. Este método de la burocracia contrasta fuertemente con la sana costumbre que iban forjando los trabajadores y activistas de discutir y resolver colectivamente los problemas sindicales y políticos. El pago de los salarios de noviembre y el reclamo del pago de los salarios en tiempo y forma se “encausó” en una audiencia en el Ministerio de Trabajo sede Morón. Durante el desarrollo de la huelga emergió con claridad la disputa de fondo que envuelve la política de la patronal de pagar los salarios en cuotas e incumplir con la legislación laboral y convenio colectivo de sanidad. La patronal pugna por recomponer tasa de ganancia y para ello presionaba por aumento de subsidios (FESCAS) al saliente gobierno de los Fernández-Massa. Luego, en marzo de este año, adhirió a la campaña del gobierno de Kicillof de transformar a la Clínica en proveedor exclusivo (contrato directo) de servicios de salud a la mayor obra social de América Latina (IOMA). El acuerdo consistía en sacar del medio a FEMEBA y establecer precios y condiciones de prestación directamente con IOMA. El “contrato directo” fue calificado por la patronal como muy “estimulante (…) luego de tiempos muy difíciles atravesados por la pandemia y por condiciones de incertidumbre económica”. No es para menos porque la patronal se apropiaba de parte de la tajada que se llevaba FEMEBA y transformaba a la Clínica en un proveedor exclusivo de IOMA lo que se traduce en mayor facturación. Ahora, en el marco del ascenso del gobierno de Milei-Macri, la patronal pugna por aplicar un tarifazo en los servicios de salud, otra vez, para recomponer tasa de ganancia. En toda esta puja entre las patronales entre sí y entre ellas y el gobierno, los trabajadores son convidados de piedras y recae sobre ellos la crisis general del sistema de salud en su conjunto a través del desconocimiento del convenio de trabajo de sanidad, el pago de salarios en cuotas e incluso con despidos como está ocurriendo en la clínica Los Virreyes . El conflicto salarial sigue abierto. La patronal, ante los reclamos obreros, repite como el loro la chapucería de Milei: “No hay plata”. Sin embargo, la patronal recibe subsidios millonarios y cobra suculentos copagos a todos los afiliados de obras sociales que se atienden en la clínica. Plata hay y trabajo hay. Hay que revertir el orden de prioridades sociales en el sistema de salud: primero los salarios y las condiciones de trabajo de los trabajadores que son la columna vertebral, la cabeza y los brazos que sostienen la salud de la población trabajadora. A lo largo de este conflicto y de los conflictos anteriores, fue penetrando en la conciencia de amplias franjas de trabajadores la importancia de contar con de delegados de comisión interna para organizar desde abajo todos y cada uno de los reclamos de los trabajadores. Hace 4 años que la burocracia retacea esta demanda política de los activistas con el claro objetivo de impedir el potencial desarrollo de un cuerpo de delegados antiburocrático y de lucha que, naturalmente, escaparía del control de la dirección burocrática de ATSA (D´Andrea). Este reclamo político emergió durante la huelga y fue discutido con la dirección de ATSA cara a cara y hasta hubo carteles reclamando elección de delegados. LEER MÁS: Merlo: la huelga de los trabajadores de la Clínica Provincial no cede Por Julio Gudiño, 07/12/2023.

La crisis en la salud privada avanza a pasos agigantados. Un ejemplos de esto es la situación de la Clínica de Los Virreyes, ubicada en el barrio de Belgrano. La patronal ha anunciado el cierre, lo que dejaría en la calle a 400 familias. Dese el jueves 7 de diciembre los trabajadores y trabajadoras se encuentran defendiendo sus puestos de trabajo mediante la ocupación del edificio y el bloqueo de sus puertas para evitar su vaciamiento. Denuncian que, desde el 2016, vienen sufriendo descuentos y pagos en cuotas de los salarios y que la patronal adeuda los sueldos de octubre y noviembre del corriente año. En el año 2022, la clínica fue comprada por el grupo Octubre, que pertenece a Víctor Santa María, el burócrata sindical-empresario del sindicato de encargados, Suterh, dueño de Página 12 y presidente del PJ porteño, sin producir ninguna mejora a la situación que ya venían atravesando. Por el contrario, el cambio de manos ha empeorado las condiciones de trabajo. El establecimiento viene atravesando un vaciamiento generalizado. Ya no cuenta con insumos ni con medicación suficiente para atender a los usuarios y usuarias, hay pocos médicos y médicas debido a que la mayoría renuncia y las terapias se fueron vaciando. La patronal no ha esgrimido ningún motivo claro. Tampoco presentó un recurso preventivo de crisis. Ha hecho correr la versión de que va a abonar todas las indemnizaciones, lo que fue recibido con desconfianza por los trabajadores, dados los reiterados incumplimientos salariales. Muchos de ellos tienen de entre 15 y 20 años de antigüedad y no quieren perder sus puestos de trabajo de la noche a la mañana. Una posibilidad que se rumorea es que la patronal quiere sacarse de encima al personal que se encuentra bajo el convenio de Sanidad y tomar nuevo personal bajo el convenio de encargados de edificios (Suterh), con otras condiciones laborales y con el impedimento de afiliación al sindicato. Los trabajadores refieren que ya hay personal que trabaja en la clínica bajo esta modalidad. Este lunes 11 se realizará una audiencia con el ministerio de Trabajo. Estas audiencias ya se vienen realizando hace tiempo y no han resuelto la situación, dado que la patronal incumple sistemáticamente los compromisos acordados. La ocupación de la clínica, refrendada en asamblea, se mantiene todo el fin de semana en reclamo de una respuesta y en defensa de los puestos de trabajo. El cobro de las indemnizaciones, en cambio, son pan para hoy y hambre para mañana. Si la patronal aduce problemas económicos, primero que abra sus libros contables al escrutinio de la asamblea. La situación de la Clínica de los Virreyes no es un hecho aislado. Un tendal de clínicas atraviesa situaciones similares en toda la provincia de Buenos Aires. En CABA, se suman el Centro Gallego y otros establecimientos más, cuyas patronales abonan los salarios en cuotas. Hace unos días, patronales de las prepagas se han negado a pagar el aumento salarial correspondiente a noviembre acordado en paritarias bajo el pretexto de que el acuerdo no fue homologado, lo que ha desatado asambleas, como en el Sanatorio Güemes, Medicus, Finochietto, Otamendi, entre otros. Se trata de una extorsión patronal para presionar por cuantiosos aumentos de las cuotas de las prepagas. La valiente ocupación impulsada por los propios trabajadores y trabajadoras supera los intentos de calmar las aguas. Da cuenta de la predisposición a luchar, toda una señal de cara al cambio de gobierno. La crisis económica y la pandemia han agudizado la quiebra del sistema sanitario. Esta se descarga enteramente sobre la espalda de las familias trabajadoras. El ataque a la salud es pilar de una orientación capitalista de fondo contra los derechos y condiciones de vida de la población. En un sistema en el que las pandemias y epidemias están a la orden del día, el cierre de un establecimiento de salud es un crimen contra la clase obrera. Es necesaria la más amplia solidaridad con esta lucha, organizar acciones en apoyo y colaborar económicamente para costear la medida y garantizar la mayor participación. La difusión y acompañamiento en la puerta en estas horas decisivas, sobre todo el día lunes desde la mañana, horario en el que se realizará la audiencia, son cruciales. Todo el apoyo a la ocupación de la Clínica de los Virreyes. LEER MÁS: No al vaciamiento de la clínica Virreyes, viva la ocupación de las y los trabajadores Por Daniela Magoc, 08/12/2023.

En un ataque aéreo, el miércoles, en su ciudad natal, Shujayea, en el norte de Gaza, murió Refaat Alareer, el renombrado poeta y académico considerado "la voz de Gaza" (Al Jazeera, 8/12). Según el grupo de derechos humanos Euro-Med Monitor, Alareer murió junto a su hermano, su hermana y cuatro de sus hijos, cuando un ataque aéreo israelí "apuntó quirúrgicamente al apartamento" donde se alojaba. Alareer, de 44 años, era un destacado profesor de la Universidad Islámica de Gaza y uno de los líderes de una joven generación de autores en el enclave. Desde que el ejército israelí comenzó su incesante bombardeo de la Franja de Gaza, Alareer permaneció en su ciudad, la que describía como “el epítome de la resurrección que se niega a arrodillarse ante la barbarie de Israel” (ídem). Publicaba periódicamente actualizaciones de la región describiendo cómo los intensos bombardeos estaban destruyendo hogares, negocios y vidas palestinas. “Son indescriptibles las brutalidades”, dijo Alareer en una entrevista en el podcast The Electronic Intifada, mientras se escuchaba de fondo el sonido de fuertes explosiones. “No importa cuántos tweets o transmisiones en vivo veas, la realidad sobre el terreno es mucho más terrible que en las redes sociales... No merecemos esto. No somos animales como piensan los israelíes. Nuestros niños merecen algo mejor”, dijo. Semanas antes de su muerte, Alareer dijo en una publicación en X que si moría la noticia debería convertirse en “un cuento”. El pueblo de Gaza llora hoy su muerte. “Después de los ataques sin precedentes de Hamas contra Israel el 7 de octubre, en una entrevista con la BBC, Alareer dijo que los ataques fueron ´exactamente como el Levantamiento del Gueto de Varsovia´, enojando a muchos grupos judíos en todo el mundo —informa Al Jazeera-. Ahmed Bedier, de la ONG United Voices for America, dijo que las entrevistas periódicas de Alareer en estaciones de televisión y programas de radio, donde describía lo que estaba sucediendo en Gaza y la Cisjordania ocupada a audiencias occidentales, eran la razón principal por la que ´[el ejército israelí] quería silenciarlo´”. El ejército israelí está matando deliberadamente a periodistas y académicos palestinos. Cuatro días antes de que mataran al Dr. Alareer, el profesor Sufian Tayeh, destacado investigador en matemáticas físicas y aplicadas y presidente de la Universidad Islámica de Gaza, donde Alareer enseñaba, fue asesinado junto con su familia en otro ataque aéreo israelí. LEER MÁS: Gaza: EE.UU. veta en el Consejo de Seguridad cese del fuego Por Norberto Malaj, 09/12/2023.

El viernes 8 varios miles de personas formaron un enorme mosaico con sus cuerpos, representando el dolor de las víctimas de los ataques israelíes contra Gaza. La representación incluyó una referencia al famoso cuadro de Pablo Picasso, Guernica, al igual que el cartel que anunciaba el evento. El acto fue organizado por la Iniciativa Ciudadana Guernica-Palestina, en la que participan sindicatos y diversas organizaciones políticas. Se llevó a cabo en la plaza del mercado de la ciudad vasca, donde en abril de 1937 aviones enviados por la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini bombardearon a civiles, matando a cientos, en apoyo al general Franco y sus fuerzas fascistas durante la Guerra Civil Española. El ataque fue considerado el primer ataque aéreo militar a gran escala contra civiles indefensos y horrorizó a la opinión pública mundial. Desde entonces esta práctica barbárica se hizo norma bajo nuestra época de descomposición y putrefacción del capital: desde Argelia en los años 50; Vietnam en los 60/70; ahora, en la guerra de exterminio sionista contra Gaza. LEER MÁS: Gaza: EE.UU. veta en el Consejo de Seguridad cese del fuego Por Norberto Malaj, 09/12/2023. Gaza y Guernica: dos experimentos de destrucción masiva La pequeña Guernica. Por Eugenia Cabral, 21/11/2023.

En una fecha marcada por la toma de posesión de Milei como Presidente de la Nación, también asumieron otros mandatarios en las provincias. Por caso, el electo gobernador por la provincia de Santa Fe, el radical Maximiliano Pullaro. Como es de costumbre, dio los lineamientos políticos de su gestión que comienza ante la legislatura provincial. Pullaro no tuvo reparo en denunciar la “herencia” -déficit fiscal y deuda flotante- legada por el saliente mandatario peronista Omar Perotti. Sin ahondar en números ni proporciones, repitió como un Padre Nuestro la necesidad de desenvolver un gobierno de “compromiso“ y “austero”, que estará inserto en un escenario nacional de absoluta incertidumbre. Sucede que la orientación recesiva del gobierno de Milei plantea un interrogante sobre el conglomerado productivo de la provincia, que representa el 25 % de las exportaciones totales y es la segunda en importancia en el país. Desde este punto de vista, también atribuyó un “notable deterioro institucional” al régimen político nacional, lo que en otros términos es la inquietud sobre la gobernabilidad del golpe de Estado económico. Lo que no dijo, no obstante, es que ese mismo “deterioro” se ha expuesto de una forma nunca vista en el Estado provincial del cual será titular. Los últimos cuatro años de gobierno han sido una vidriera de los contubernios que vinculan el delito organizado, el poder judicial y funcionarios políticos. Delito organizado Sobre el tema inseguridad, ha relanzado las recetas “clásicas” en torno a la prevención del delito: 180 patrulleros en Rosario, 80 en la ciudad de Santa Fe,y los que sean necesarios en el resto de las localidades importantes. Asimismo, prometió sortear la falta de comando único en las investigaciones penales, donde el Ministerio Público de la Acusación y la policía corren por carriles separados. La policía tiene arma reglamentaria y, acorde a la ley, la utilizará, enfatizó. Lo que nada dijo es que efectivamente la policía ejerce la violencia, pero no para desarmar a las bandas narco, sino para generalizar el gatillo fácil. Prosiguiendo, se deslizaron promesas de adecuar las normativas vigentes en los procesos judiciales (penales y civiles) acorde a las demandas de la sociedad. Nada dijo de los “delincuentes de guante blanco” –el capital inmobiliario, bancario y financiero, que hace negocios extraordinarios blanqueando los recursos provenientes del narcotráfico-. El ahora mandatario se relame en construir una cárcel exclusivamente para alojar condenados de alto perfil y la aplicación de un régimen especial para los delincuentes que trabajen “home office” desde el calabozo, una pretensión que liquida las garantías básicas de cualquier reo. No tiene ninguna originalidad su planteo, cuyos resultados ya son conocidos y han sido ineficaces para lograr sus propósitos. Todo lo contrario: han deparado una profundización de la acción despótica del Estado contra toda la población que está privada de su libertad, donde, enfatizamos, la mayoría absoluta ha cometido crímenes comunes contra la propiedad. Como zanahoria de todo este edificio de castigos, ha instado a que el narcomenudeo y sus delitos conexos pasen a la justicia provincial, junto a la sanción de una ley de inteligencia provincial e implora que los legisladores dicten leyes sobre el juicio por jurados para los crímenes graves. Este paquete es coronado con una crítica al Poder Judicial, al que Pullaro tilda de caro e ineficiente, apuntando a la composición de la Corte Suprema provincial. El 80 % de sus miembros ha superado la edad límite para permanecer en el cargo. Se perfila como un frente de crisis entre poderes, ya que la corte podría ser renuente a una reforma constitucional. Economía y tarifazos Si nos atenemos a los discursos inaugurales del ejecutivo nacional y provincial, la relación entre estos no será desde ningún punto de vista diáfana. Se vislumbran choques y contradicciones entre intereses capitalistas de distinta calaña. La política de acabar con la obra pública de fondos nacionales ha puesto en la picota el empleo de 40.000 santafesinos que Pullaro repudió. El superávit comercial que pretende Milei, para revalorizar la deuda pública y avanzar sobre un nuevo ciclo de endeudamiento, choca con la producción provincial que desea aumentar su productividad y verse libre de exportar sin cepo, sin retenciones ni cupos al exterior. En esa línea se dirige el radical que pretende insertar a Santa Fe en las “cadenas globales de valor” ante un prometedor año 2024 para la energía, agroindustria y la minería, en especial, el litio. Esta inserción que, por ejemplo, tiene a COFCO (de pertenencia China) como una de sus principales exportadoras, chocará con la alineación directa sobre el imperialismo norteamericano que pregona Milei. Este pretende expulsar a los capitales chinos de posiciones importantes, en un cuadro de guerras donde su hegemonía está puesta en duda. Lo mismo sobre la hidrovía, donde el mandatario reclamó formar parte de los órganos que decidan sobre el futuro de esta. En lo que ambos mandatarios están de acuerdo es en no tolerar ningún tipo de bloqueo a empresas, anticipando la reacción que el plan motosierra y los despidos van a provocar. Dentro de la austeridad prometida, Pullaro la atribuye a que el cuadro tarifario de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) está deliberadamente atrasado y carece de financiamiento. Lo mismo con el transporte de pasajeros, que es uno de los más caros del país y que este año ha reflejado aumentos en más de tres oportunidades. Nuevamente Pullaro y Milei no tienen diferencias: está planteado un tarifazo. También sobre el déficit de la Caja de Jubilaciones de la provincia, la cual es la encargada de pagar las prestaciones a docentes, estatales, donde asegura que habrá reformas. Mientras tanto, promete convocar a la paritaria docente en enero, para garantizar los 180 días de clases arrancando desde el 26 de febrero. De esto se desprende la incógnita de si podrá contener el movimiento que, a pesar de la burocracia pejotista de AMSAFE, logró desatar las huelgas más importantes de los últimos años. Sobre estas bases se inaugura uno de los nuevos gobiernos provinciales, que anticipan crisis por arriba y ataque a las condiciones de vidas de los trabajadores. Asumimos el compromiso militante de discutirlas con el activismo y la clase obrera. LEER MÁS: Maximiliano Pullaro inaugura mandato con un desafío a la docencia Por Agustín Fernández, 10/12/2023.

El golpe militar del 24 de marzo de 1976 tuvo el propósito de asestar un golpe estratégico a la clase obrera, que había transitado un enorme ascenso revolucionario desde el Cordobazo hasta la huelga general de las Coordinadoras Obreras posterior al Rodrigazo. La democracia había agotado sus recursos políticos, en especial, claro, el retorno de Perón. El golpe fue impulsado activamente por todas las fracciones de la burguesía y por el stalinismo. Caracterizaciones Una caracterización inicial del golpe, por parte de Política Obrera, que será su hilo conductor hasta el final, decía que “el golpe militar no pudo cerrar definitivamente la crisis abierta con las huelgas de junio y julio de 1975” (Adelante!, N° 14, 01/04/77). Los partidos políticos 'democráticos' de la burguesía (peronismo, radicalismo, partidos provinciales y el partido comunista) fueron un sostén de la dictadura desde el día uno. La consigna de guerra de estos partidos fue proferida por el jefe de la UCR, Ricardo Balbín, que llamó a los militares a “poner fin a la guerrilla fabril”. Las gobernaciones de la mayoría de las provincias y los municipios fueron entregadas a dirigentes estas fuerzas, mientras que una gran parte de los intendentes fueron ratificados en sus cargos. Según el general José Rogelio Villarreal, designado por Videla al frente de la Secretaría General de la Presidencia, “nosotros dejamos en el ejercicio del poder municipal a muchos intendentes que eran políticos. Cuando del análisis que se hizo el intendente había tenido un desempeño honorable, no se movió a ninguno, del partido que fuera”. Además, otros cargos fueron entregados a esas fuerzas, en carácter de embajadores, asesores y funcionarios de distinto orden. El golpe genocida fue una verdadera motosierra social y humana, que integró a la mayor parte de la ‘casta’. Con el correr del tiempo aparecerían otros colaboradores políticos, que buscaban una transición pactada del régimen militar, o sea su continuidad. La mayoría de las fuerzas políticas entendía esta integración de las fuerzas 'democráticas' al gobierno dictatorial como una concesión de la Junta Militar y una demostración de sus pretensiones democráticas. El Partido Comunista (PC) sostenía que el golpe obedeció a una situación de “vacío de poder”; en esto coincidía el PST , o sea la corriente morenista. Para Política Obrera, el proletariado no había sufrido una derrota estratégica. Por eso mismo, el gobierno militar entendía necesario “conservar las estructuras de contención existentes – partidos, justicialismo, PC. Les reclama que continúen cumpliendo su función en las nuevas condiciones, subordinados a la iniciativa política de los militares” (Adelante! N°2, 12/05/76). PO explicaba también que “la prensa burguesa -pero de manera muy especial la stalinista- insisten en adjudicarle al gobierno propósitos democratizantes, planes de rehabilitación de los partidos políticos, 'apertura' hacia todos los sectores políticos, que de ninguna manera el gobierno ha encarado o anunciado”, debido a que la 'apertura' no era más que “un gesto ceremonial hacia quienes apoyan incondicionalmente al gobierno” (Adelante! N° 3, 02/06/76). Planes En noviembre de 1976 la fracción de los “blandos” o “moderados”, encabezada por Videla, presentó al interior de las FFAA un proyecto reservado llamado Plan de Acción Política de la Propuesta de Unión Nacional. El mismo que advertía que “en nuestro país existe una suerte de 'Ley Política'” por la cual los gobiernos militares deben legitimarse en dos o tres años, o “entregar el poder a sus opositores, tal como ocurriera en 1958, 1963 y 1973”. El texto confesaba la transitoriedad de la nueva situación política y de la dictadura. Se trata del núcleo duro de la caracterización concreta de la situación histórica que se había creado. El plan diseñaba un plazo para la realización de un referéndum para establecer una 'institucionalización'. El presidente de la transición debería ser designado mediante un acuerdo cívico-militar y la convocatoria a una Convención Constituyente. Esta Constituyente debía crear también un “Cuarto Poder”, el militar, que controlara a los otros tres poderes constitucionales. Para Política Obrera, este plan “revela en sus propios términos el 'impasse' de los 'moderados' ya que el gobierno no tiene ningún punto de apoyo para una burda 'apertura' continuista, esto debido a la belicosidad obrera y al hundimiento de los partidos tradicionales. Lo que se presenta como una propuesta 'aperturista' no tiene en realidad nada de democrática y constituye por esto mismo una prueba del impasse gubernamental” (Adelante! N°12, 15/12/76). El proyecto de los “moderados”, de todas maneras, chocó contra la posición de la otra fracción de las FFAA, los llamados “duros”. En un documento interno (conocido con posterioridad a la dictadura) reclamaba descartar a “los partidos políticos preexistentes [que] no son aptos para encarar la descendencia del PRN (Proceso de Reorganización Nacional)” y proponía estructurar “un movimiento cívico-militar, suprapartidario y suprasectorial, consustanciado con los grandes objetivos nacionales implementados por las FFAA”. Entre 1976 y 1977 esta fracción presentó dos proyectos reservados: uno de ellos (el Plan Nueva República) sostenía que “un cambio realmente profundo y renovador sólo podrá efectuarse y consolidarse en un periodo que no podrá ser menor a los doce o quince años”; el otro (llamado “Proyecto Nacional”) establecía para el “proceso de institucionalización” un “horizonte temporal” en el año 2000. Esta división entre “duros” y “blandos” despertó expectativas en una apertura comandada por los “blandos”. La separación tajante entre “duros” y “blandos” escondía una confusión, cuando el objetivo de todo el régimen militar era imponer una derrota estratégica de la clase obrera. Pero la contradicción de las diferentes fracciones de las FFAA dio como resultado un juego de suma cero. Los militares veían empantanada su 'salida institucional' al tiempo que el período reservado para la dictadura se iba agotando. El imperialismo norteamericano sufría el retroceso de su derrota en Vietnam; Nixon se había visto forzado a reconocer a China; en 1978 estallaría la guerra civil en Nicaragua y los militares brasileños empezaban a recoger las velas para una transición pseudo constitucional. Para Política Obrera, “la crisis en las FFAA tiene una importancia mayúscula para los trabajadores. Una brusca aceleración de este proceso replantearía toda la situación creada el 24 de marzo. Pero esta crisis tiene que madurar aún” (Adelante!, ídem). A un año del golpe, los medios comienzan a reflejar una creciente disconformidad de diversos sectores de la burguesía. En su artículo “La prensa es barómetro de la situación”, Política Obrera explica que esos sectores “consideran necesario un plan de apertura política, porque su inmovilismo [del régimen militar] lo conduce a la crisis” (Adelante!, 01/04/77). Según entendía PO, “esto es sólo la primera etapa de la crisis política, pues basta leer las divergencias siderales entre las distintas propuestas burguesas para medir la brecha que se va abriendo en el seno del poder” (Adelante!, ídem). Las presiones por una ‘apertura’ pronto comenzaron a llegar también desde el seno del imperialismo. El presidente norteamericano Jimmy Carter comenzó a impulsar la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Argentina. Para Política Obrera, “la posición de Carter puede resumirse como una advertencia dirigida al ala ‘dura’, en el sentido de que la situación internacional de imperialismo no es compatible con el sostenimiento a un segundo Pinochet (...)”. En este cuadro de situación, con el creciente descontento de la clase obrera que se manifestaba con huelgas en diferentes ramas de la industria (metalúrgicos, mecánicos, Luz y Fuerza), PO concluía que “la perspectiva más probable es que el gobierno se verá obligado a encarar una política de ‘apertura’, aunque el hecho manifiesto es que no tienen ninguna” (Adelante!, ídem). Una nueva fase de la crisis militar se planteó con la puja por la sucesión de Videla, que debía llevarse a cabo en 1978 según el acuerdo de las tres fuerzas militares. Otra amenaza, incluso más grande, era la bomba de tiempo de la crisis económica. Política Obrera había pronosticado en su primer número bajo la dictadura que “debido a la no derrota directa de la clase obrera, debido a la situación de compromiso entre los altos mandos y debido al desquicio que provocará el plan Martínez de Hoz (continuación de los de Rodrigo y Mondelli), es inevitable una crisis de corto plazo en el seno de la Junta Militar. El factor que irá quebrando el precario equilibrio actual es el plan económico” (Adelante N°1, 14/04/76). LEER MÁS: 40 años de democracia Entrevista a Jorge Altamira en “Hablemos de política”, con Analía Machuca, por Radio Aries, Salta, 6/10/2023. Publicada en políticaobrera.com el 10/10/2023. El “fracaso de la democracia” de Gabriel Solano, un repudio al marxismo y al socialismo Por Jacyn, 11/05/2023. Izquierda, democracia y dictadura: nuestra respuesta al PSTU Por Jacyn, 20/05/2020. VER EL SIGUIENTE VIDEO: Jorge Altamira en Salta 40 de años de democracia Publicado en el canal de YouTube de Política Obrera, 07/10/2023.

Luego de una extensa sequía, desde hace varios meses, debido a las lluvias en Brasil, el río Paraná ha crecido enormemente. En algunas ciudades ya se ha declarado el nivel de alerta, como por ejemplo en la ciudad de Reconquista en el norte de la provincia (El Litoral, 13/11). En otras, como en la ciudad de Santa Fe, el río está casi al límite del nivel de evacuación. En el caso de Rosario, el Instituto Nacional del Agua pronosticó para la próxima semana una altura cercana a los cinco metros. “Estaríamos llegando a la etapa de alerta para el puerto local” (Radio Nacional Rosario, 6/12). Para colmo de males, en su reporte de previsión semestral, del Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático, estimó que la provincia de Santa Fe sentirá con fuerza el efecto de El Niño durante el verano, con lluvias por encima de la media. Primeras inundaciones Más allá de las cuestiones técnicas de medición o pronósticos, los barrios costeros de la ciudad de Santa Fe están sufriendo las primeras consecuencias de la entrada de agua a sus barrios. El barrio “La Vuelta del Paraguayo" es el sector más afectado al momento. Allí, varias familias sufrieron la entrada de agua a sus viviendas. Para las familias que accedieron a ser trasladadas, el intendente saliente, Emilio Jatón, de Unidos para Cambiar Santa Fe, construyó unos módulos precarios de madera y chapa. Como retrató el diario El Litoral, las familias que habitan los módulos viven en un total estado de hacinamiento. Además, reclaman un cerco perimetral alrededor de las viviendas, debido a que las mismas están literalmente a la vera de la ruta nacional 168. Por otro lado, señalan que la Municipalidad no quiere construir más módulos para nuevos vecinos, incluso, indicaron que se corre el rumor de que los quieren trasladar a un centro de evacuados. Los damnificados se oponen a irse lejos del barrio por miedo a que en sus casas los ladrones roben sus pertenencias. Otro de los sectores afectados es la zona de “La Boca”, en el distrito costero de Alto Verde. En las últimas horas, vecinos del distrito costero afirmaron que en el paraje “La Boca” hay una zona inundable donde el agua está ganando terreno y quedó aislada. Otro barrio que se vio afectado es Colastiné Sur. En ese lugar, 40 familias se vieron obligadas a abandonar sus viviendas por el desborde de la laguna Ramírez. Estos vecinos señalan que la Municipalidad de Santa Fe “los abandonó" (Aire de Santa Fe, 6/12). Las inundaciones en Santa Fe, sobre todo en la ciudad, tienen una carga simbólica impresionante desde el día que el río Salado tapó media capital durante el gobierno de Reutemann. La causal no es sólo climática, sino el fruto del abandono de los barrios populares por todas las gestiones locales y provinciales. Por otro lado, son la consecuencia del saqueo capitalista del medio ambiente: tierras que no pueden absorber más agua por los agroquímicos y el monocultivo, los humedales destruidos por los incendios, etc. Es decir, se debe buscar las responsabilidades en un régimen social que nos lleva a la barbarie.

La plataforma sueca de producción y distribución de música en streaming anunció a principios de diciembre un recorte que afectará a alrededor del 17% de la plantilla, lo que significa el despido de más de 1.500 trabajadores. Alegaron que la decisión se sustenta en “el impacto de la desaceleración del crecimiento y el encarecimiento del costo de capital, según ha explicado Daniel Ek, consejero delegado de la compañía.” (elpais.com 4/12). Estos despidos se suman a los de principios de año, cuando la empresa se desprendió del 6% de su planta, lo que marcó el despido de unos 588 empleados y a los de junio cuando se deshizo de otros 200 trabajadores. Actualmente, cuenta con unos 9 mil empleados y con 220 millones de suscriptores que pagan su abono mensual. El argumento para pasar la motosierra por casi el 25% de su personal no se sustenta en la caída de las ganancias. “En el tercer trimestre de 2023, la empresa logró ingresos operativos de 32 millones de euros, impulsados por un mayor margen bruto, el aumento de precios en sus servicios de "streaming" y el crecimiento de suscriptores en todas las regiones. La compañía previó que su número de oyentes mensuales alcanzaría los 601 millones para finales de diciembre.” (baenegocios.com 4/12). Cínicamente, el director ejecutivo señaló que asumía “que, para muchos, una reducción de este tamaño parecerá sorprendentemente grande dado el reciente balance positivo. Debatimos hacer reducciones menores en 2024 y 2025. Pero considerando la brecha entre el estado de nuestro objetivo financiero y los costos de las operaciones actuales, decidí que una acción sustancial para ajustar los costos era la mejor opción", afirmó el director ejecutivo Daniel Ek (ídem) La plataforma había apostado a producciones propias de Podcast y otros productos, que compitan con los productos de las discográficas que “se comen casi el 80% de lo que ingresa” de las suscripciones en concepto de derechos de autor. Esta estrategia entró en crisis con la suba de interés de los créditos con los que habían planificado el financiamiento de estas producciones, que contaban con el personal contratado en los años de pandemia y también “la firma de contratos con figuras públicas relevantes como Barack Obama o el principie Harry y su esposa, Meghan Markle. La plataforma pagó 25 millones de dólares por grabar 12 episodios con los duques de Sussex” (elpais.com 4/12). El despido de 1500 trabajadores de la plataforma no serán los últimos, ya que adelantaron que planean hacer “reducciones menores en los dos años que vienen”. LEER MÁS: Las compañías Tech se deshacen de miles de trabajadores Los "inversores" rascan el fondo de la olla. Por Littio, 25/01/2023.

El pasado 30 de noviembre el rector Boretto de la Universidad Nacional de Córdoba, se reunió con representantes de la filial local de la DAIA para impulsar una presión internacional por la liberación de los rehenes que tiene Hamas en su poder. Pero no sólo eso. Otro punto que se trató en la reunión es el compromiso que establece la universidad con la construcción de “espacios seguros, libres de violencia y discriminación”. Pasado al limpio, toda expresión dentro de la comunidad educativa que se refiera al accionar del Estado sionista como una masacre y un genocidio puede ser objeto de persecución por parte de las autoridades universitarias. Esta campaña de la DAIA de pactar acuerdos de persecución con las universidades, tiene como antecedente un comunicado donde repudia supuestas expresiones “antisemitas” en la UBA. Luego de haberse reunido con el decano de la facultad de Filosofía y Letras, se resolvió que se tomarán acciones preventivas y se sistematizaría un sistema de denuncias de casos de “antisemitismo”. Los estudiantes universitarios -y el movimiento estudiantil en general- tiene que tomar nota de esto. No se puede obviar el hecho de que el accionar del Estado sionista es propio de un proceso genocida. Casi dos millones de personas en Franja de Gaza se han quedado sin hogar y en ciudades completamente destruidas. El número de muertos asciende a 18 mil personas, de los cuales su gran mayoría son mujeres y niños. El acuerdo entre la UNC y la DAIA tiene que ser visto como un acuerdo con genocidas. Desde la juventud de Política Obrera y como estudiantes de Humanidades de la UNC hacemos nuestro más enérgico repudio a este pacto e impulsamos a la comunidad universitaria a solidarizarse internacionalmente con la causa del pueblo palestino, como lo vienen haciendo estudiantes de todo el mundo. LEER MÁS: Rodolfo Barra, un nazi sostenido por la DAIA Por Nahuel BA, 04/12/2023. La DAIA y el lobby sionista en una campaña de censura masiva Por Olga Cristóbal, 11/11/2023.

La petroquímica de capitales sauditas SABIC, una de las principales fabricantes de productos químicos, fertilizantes, plásticos y metales del mundo, acaba de anunciarle a sus trabajadores directos el cierre de su planta de Tortuguitas y el abandono de las operaciones en el país. La justificación que dio la empresa fue que, luego de un análisis riguroso de la situación macroeconómica de la Argentina, concluyeron que la producción local sería inviable por los próximos años. SABIC es el principal proveedor de precursores plásticos para la industria autopartista local y, aunque en menor medida, para la industria de electrodomésticos de línea blanca. En la planta de Tortuguitas empleaba a veinticinco trabajadores de producción bajo convenio del sindicato plástico, veinticinco administrativos fuera de convenio y aproximadamente cincuenta tercerizados, entre actividades de maestranza, seguridad, logística y mantenimiento. Desde septiembre pasado, la producción bajó a cuatro días por semana, suspendiendo al personal con goce de sueldo. En marzo de este año, Ámbito Financiero (28/3) había informado sobre rumores de cierre de la planta. Según fuentes citadas por el medio, el principal problema eran las dificultades con las SIRA (la autorización para importar cualquier producto). El gobierno de los Fernández y Massa les destrabó las SIRA para no levantar polvareda antes de las PASO, pero era obvio que se trataba de una maniobra transitoria. El cierre de la fábrica, en las primeras horas del gobierno de Milei, es un botón de muestra de la conexión entre las condiciones generadas por el gobierno peronista saliente y las perspectivas del “libertario” entrante. Un punto a tener en cuenta es la metodología de despidos encubiertos que podrá caracterizar a la etapa, y que de fondo desmiente la cantinela de los “costos laborales altos” con los que se quiere traficar una reforma laboral. SABIC anunció el pago del 150% de las indemnizaciones correspondientes más bonos y adicionales correspondientes a los trabajadores de producción, bajo el eufemismo de “retiro voluntario”. La burocracia del sindicato plástico (UOYEP) participó, sin emitir opinión, de la reunión en la que la patronal informó el cierre. Tampoco abrieron la boca luego de la reunión, avalan con su silencio la metodología de los despidos “bien pagados”. En la industria automotriz los recortes de personal se dan hace años bajo esta metodología de los “retiros voluntarios” y jubilaciones anticipadas, y en los últimos meses se están acelerando. Mercedes Benz y Nissan-Renault abrieron retiros voluntarios y prejubilaciones. Ford adelantó vacaciones y Volkswagen (Pacheco) anunció que habrá una reducción en la producción del 2024, y también viene llevando adelante jubilaciones anticipadas. Un cálculo hecho por el propio SMATA, indica que por cada puesto que se pierde de forma directa en las líneas de producción de las terminales, significa la pérdida de otros cinco de la cadena productiva del sector (autopartistas, logística, etc.). La burocracia de los sindicatos industriales garantiza, por el momento, que los despidos pasen camuflados.

El Grupo Mirgor dio a conocer a sus trabajadores de la planta de Tierra del Fuego que daría por finalizada las tareas de los contratados, dejaría de darle trabajo a los PPD (personal de producción discontinua) y suspendería a los trabajadores efectivos a partir del 1 de diciembre. El anuncio, según los voceros de la empresa, está relacionado con la imposibilidad de la empresa de abastecerse de insumos importados, por lo que se paraliza la producción de celulares, monitores y televisores. La empresa alegó que los certificados SIRA (Sistema Integral de Recaudación y Administración de Aduanas), requeridos para operaciones de importación, no se encuentran aprobados. Los anuncios de Mirgor se dan al mismo tiempo que otras empresas adoptan retiros voluntarios (Nissan Renault), paradas completas de producción (Ford, VW), suspensiones y hasta cierres definitivos (Sabic). Otras empresas radicadas en el parque industrial de Río Grande seguirán en la misma linea que Morgor. Es el caso de Newsan, otra ensambladora de electrodomésticos, que viene despidiendo sistemáticamente a activistas de sus fábricas. “Según los trabajadores, es el mismo sindicato de la Unión Obrera Metalúrgica el que marca a los trabajadores más combativos para que sean despedidos por la firma” (Perfil.com.ar). El ataque de la patronal de Mirgor se apoya de la profunda precariedad laboral a la que fueron sometidos los trabajadores metalúrgicos en los últimos años. La modalidad de contratación de los PPD -“personal de producción discontinua”- fue creada por las empresas para adecuar los contratos de los trabajadores a la discontinuidad de la producción de las cadenas de montaje de la industria metalúrgica de Tierra del Fuego, que se caracteriza por grandes movimientos. Los trabajadores efectivos tienden a ser una minoría, mientras que los contratados “a plazo fijo” de las agencias y los PPDs son amplia mayoría. Este régimen de profunda precarización laboral fue impulsado por los gobiernos provinciales de la Tierra del Fuego y aceptado por la UOM fueguina. La flexibilidad laboral se completa con un régimen de premios al presentismo y a la producción, que los trabajadores efectivos suspendidos difícilmente cobrarán. Los medios locales anuncian que las suspensiones de los efectivos se pagarán tan solo al 70%. La radicación de las empresas en el Parque Industrial de Río Grande está promovida por un régimen de promoción industrial nacional eximiendo a las empresas de pagar los aranceles de los insumos que importan y el IVA de los productos finales que venden. De este modo, Tierra del Fuego tiene cerca de 20 plantas productivas, más de 40 líneas de inserción automática de fabricación de placas electrónicas para una capacidad instalada de más de 22 millones de unidades anuales. Fabrica para marcas internacionales como Samsung, Motorola, LG, Philips, TCL y otras. Este régimen de promoción industrial ha sido cuestionado en distintas ocasiones por Javier Milei. En una asamblea realizada en una de las plantas del Grupo Mirgor, “los delegados indicaron que se reunieron con la empresa “porque se han manejado un montón de rumores y venimos a plantear lo que va a suceder. Tuvimos una reunión donde nos comunican que por falta de insumos no van a ser renovados los compañeros contratados ni los PPD. Los efectivos van a estar suspendidos a partir del 1 de diciembre”. Según indicaron, los PPD y los efectivos no continuarían su tarea cotidiana a partir del viernes. “Hoy hay mucho material, pero con la dotación actual, en dos meses liquidamos ese material, entonces no hay material para todo el tiempo que requiere esperar que se habiliten los dólares para comprar material. Hoy no hay dólares en el país y si los hubiera hay que ver si se los destina a la industria y eso va a depender mucho del gobierno que venga”. En este sentido, advirtieron que “hay muchos proveedores en Mirgor que se bajaron y esto quiere decir que no le van a mandar material hasta que les paguen y el material tarda 180 días en llegar a la isla. Producto de ello se da la caída muy abrupta y esto está pasando en todo el parque. Mirgor tiene más de 300 proveedores y ya hay más de 20 que se bajaron. Hay políticas que sabemos que se van a dejar de aplicar y son las discusiones que tendremos que dar adelante el próximo año”. “Los efectivos tenemos que debatir porque es una decisión que hay que discutir por una propuesta que bajó la empresa. No sabemos si el premio se va a pagar”. El parazo industrial y la complicidad de la burocracia sindical, preanuncia un escenario de grandes luchas en la provincia fueguina.

Durante sus primeros años, la dictadura combinó una represión a gran escala con la colaboración, abierta o velada, de los partidos 'democráticos'. Para Política Obrera, “esto significa que la conformación del gobierno militar tiene como base un conjunto de divergencias políticas y económicas burguesas, momentáneamente aplazadas ante la emergencia de la lucha de clases. (…) Es a partir de esta situación que las Fuerzas Armadas se han vuelto la organización política más sensible de la burguesía, pues toda la presión de las diversas clases sociales se vuelca sobre ellas en forma directa” (“Se acelera la descomposición política de la dictadura”, Política Obrera N° 301, 02/10/79). A mediados de 1977, Política Obrera explicaba que “no existe un plan económico común a la burguesía, y el Ministerio de Economía no puede dar un paso adelante sin desatar nuevos choques y fricciones” (Tribuna N° 16, junio de 1977). Así se van produciendo los realineamientos: Videla apoya el programa de Martínez de Hoz y cuenta con el apoyo de los partidos liberales. Massera ‘converge’ con el desarrollismo” (Tribuna N° 18, agosto de 1977). Los choques entre las camarillas militares se volvieron explosivas. En abril fue secuestrado el ex jefe de la presidencia de Lanusse, Edgardo Sajón; en mayo, el mismo ex presidente de facto Lanusse fue arrestado. En agosto fue secuestrado el embajador en Venezuela, Hidalgo Solá; en agosto fue secuestrado el director del periódico videlista Última Clave, Rodolfo Fernández Pondal; entre varios otros. Política Obrera explicaba que “Solá constituía una de las piezas claves en la estructuración del ‘diálogo’ prometido por el videlismo y tendiente a lograr una base de apoyo a la trenza en el poder; oficiaba de ‘puente’ entre la dictadura y los partidos, básicamente, el radicalismo y el peronismo”. Su secuestro era una expresión del “colosal regravamiento de la crisis política en que se debate el actual gobierno” (Tribuna, ídem). Impasse Para PO era claro que tanto los “duros” como los “blandos” representaban dos variantes de la reacción contrarrevolucionaria. Sostenía que “a la luz de este enfoque, las divergencias (entre las fracciones militares) son de grado, lo que de ningún modo atenúa la gravedad de estas” (“La estrategia de la burguesía”, Tribuna, 04/02/78). Pero Política Obrera explicaba que la resistencia a la línea ‘aperturista’ era de dos órdenes: “por una parte, el conjunto de la burguesía es consciente que la combinación de radicalización obrera y crisis económica hace imposible un régimen representativo, por limitado que sea desde el punto de vista democrático general. Por ello se pronuncian por una ‘convergencia cívico-militar’ de la cual Videla sería el líder. Pero, por otra parte, dentro de las FFAA existe una poderosa corriente contraria a iniciar un proceso con desemboque constitucional. Uno de los aspectos más importantes de la crisis política presente es, justamente, esta contradicción entre la tendencia predominante en la burguesía como clase y las FF.AA. como centro político del régimen burgués”. A comienzos de 1978, la dictadura todavía no había logrado consensuar un ‘plan político’. En ese año, Harguindeguy (ministro del Interior) sostenía que el plan que tenían en discusión se ejecutaría, por lo menos, en dos planes de cuatro años cada uno. El ministro de Planeamiento, Díaz Bessone, por su parte, hablaba de un plazo no menor a los diez años. Viola, por otra parte, sostenía que la dictadura, después de la apertura, dejaría establecidas “garantías” de participación de los militares en el poder. Política Obrera planteaba que, a pesar de sus diferencias, “todas las fracciones militares coinciden en perpetuarse una década en el gobierno, digitar las próximas ‘instituciones republicanas’ y asegurar su continuidad del control militar sobre la ‘Nueva República’” (“Quince años de dictadura para desangrar a los trabajadores”, Tribuna N° 22, 28/12/77). 1978: la crisis de sucesión Desde el 24 de marzo de 1976, el gobierno fue erigido mediante un precario compromiso entre las tres ramas de las Fuerzas Armadas, que reflejaban deformadamente los que tenían lugar en cada una de ellas. En este pacto, la cúspide del gobierno quedó en manos de una Junta Militar. Por otra parte, la presidencia, de carácter rotativo, se encontraría subordinada a la Junta. Todo este esquema reflejaba el frágil equilibrio entre las fracciones de las FF.AA. La cuestión del sucesor de Videla generaba grandes rispideces. La desconfianza del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea entre sí iba en crecimiento. La oposición a Videla proponía separar los cargos de presidente y de miembro de la Junta Militar. Política Obrera caracterizó que “la necesidad de independizar al Poder Ejecutivo de la Junta Militar se deriva naturalmente de la necesidad de evitar el estado de deliberación en las FF.AA. y de separar el proceso de selección de los mandos, de las maniobras de orden político. Pero la introducción de un Poder Ejecutivo con la totalidad de los poderes de la Constitución está en contradicción con la naturaleza esencialmente militar del poder político actual y sólo podría ser aceptado en caso de existir un programa político que unifique a las FF.AA.” (“Frente Único contra la miseria y la represión”, Tribuna N° 20, 22/10/77). Para la sucesión, el Ejército proponía nuevamente a Videla. Finalmente, se estableció un acuerdo de compromiso: Videla sería nuevamente presidente de la Nación hasta 1981 pero debía pasar a retiro; su cargo de comandante en jefe y miembro de la Junta serían asumidos por Viola; por su parte, Massera y Agosti también se retirarían; la independencia del Poder Ejecutivo sería reducida, la Junta ampliaría sus poderes para designar altos funcionarios. Dentro del propio Ejército, un tercio de los generales se opuso a la designación de Viola. Inmediatamente a su nueva asunción, la Junta ordenó a Videla “desalentar inequívocamente toda expectativa” relacionada con el “diálogo” con los partidos. En otras palabras, mientras las fracciones de las FF.AA. se neutralizaban entre sí mediante un mecanismo de controles y limitaciones mutuos, quedaba sepultada la salida de la 'institucionalización'. La renuncia del general Villarreal y su equipo a la Secretaría General de la Presidencia era la señal del fracaso de la fracción 'institucionalista'. Pero sus opositores también vieron rápidamente defraudadas sus expectativas: en octubre de 1978, la Fuerza Aérea redactó un documento interno (dado a conocer con posterioridad) titulado “Necesidad de dinamizar el Proceso de Reorganización Nacional”, donde denunciaban que la dictadura “pareciera haberse detenido. Es como si [...] una aparente parálisis (la) hubiera afectado”. Los partidos tradicionales de la burguesía aseguraban que la designación de Videla, el “blando”, confirmaba un rumbo hacia la transición democrática ('institucionalización'). Dentro de la izquierda, el PST afirmaba que "este mes (marzo de 1978), al cumplirse el aniversario del gobierno militar, hablará el general Videla. Confirmaremos, seguramente, que las autoridades buscan a su modo una apertura política. Nosotros confiamos que el pueblo trabajador cerrará la brecha que existe entre la retaceada apertura político-militar y una verdadera salida democrática". Para el Partido Comunista “a la clase obrera no le convienen el debilitamiento del sector democrático del gobierno y las FF.AA. sino su robustecimiento”. La expectativa democrática en la dictadura, por parte de estos partidos, seguía inquebrantable dos años después del golpe Política Obrera, en cambio, sostenía que “no hay brechas democráticas progresivas (como plantean los liberales, el PC y el PST) causadas por un cambio en la relación de fuerzas: hay sí, una crisis política progresiva que tiende hacia la creación de una situación revolucionaria. Dejar de lado esta perspectiva es adaptarse a la ‘apertura institucionalización’ de la dictadura, tratar de obtener un lugar bajo el alero de los militares” (Política Obrera, ídem). Con respecto a la elección de Videla, aseguraba que “no sólo no es el punto de partida de un desenvolvimiento orgánico de la 'institucionalización' sino que potencialmente ha agudizado la crisis y el impasse militar” (“Nuevo esquema de poder: la dictadura intenta perpetuarse”, Política Obrera N°). Según caracterizaba PO, era el fracaso de los objetivos que se había trazado la dictadura el que la empujaba hacia el camino de la “institucionalización”. “No es contradictorio, decía, la búsqueda de este camino con la inexistencia de un plan político unitario de la burguesía. Es que la ‘institucionalización’ está siendo impuesta, no como parte de un plan premeditado de la dictadura, sino por la presión de la crisis” (“Situación política”, Política Obrera N° 286, 08/07/78). Como conclusión, Política Obrera afirmaba que “el combate por la democracia política, como por todas las reivindicaciones de la población oprimida contra la miseria y el terror tiene una única salida realmente democrática: la liquidación de la dictadura y la imposición de una Asamblea Constituyente soberana, elegida sobre la base del sufragio universal” (Política Obrera 287, 21/08/78). LEER MÁS: Política Obrera en la transición 1983 (Parte I) 40 años del retorno a la democracia. Por El Be, 11/12/2023.

La celebración del aniversario de la rebelión popular del 2001 ha desencadenado un debate político. Será la primera movilización bajo el gobierno de Javier Milei. Por lo pronto, el viernes próximo, en la sede del sindicato de la UBA, AGD, se ha convocado a una reunión ´amplia´ de coordinación. Ya hubo un primer intercambio en la reunión plenaria del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Política Obrera, difundió hace unos días una carta abierta dirigida a los luchadores, para incluir consignas por el cese al bombardeo en Gaza, el apoyo incondicional a la resistencia Palestina y el repudio de la guerra en Ucrania, a la OTAN y la Rusia de Putin. El golpe de Estado económico contra la clase obrera que urde Milei busca apoyarse políticamente en el imperialismo norteamericano y en su baluarte sionista. La ceremonia de asunción presidencial escenificó ese nuevo alineamiento internacional, especialmente por la presencia del ucraniano Volodimir Zelensky y la del canciller israelí, junto a otros representantes de la derecha internacional, como Jair Bolsonaro y la delegación del partido franquista VOX. Milei, en materia de seguridad, se ha rodeado de funcionarios con fuertes vínculos con los servicios de inteligencia israelíes. En el debate, las intervenciones del FITU y del NMAS estuvieron marcadas por la necesidad de “ampliar la unidad”, lo cual, según manifestaron algunos, implicaría excluir la protesta por la masacre en Gaza. La convocatoria al peronismo a “luchar contra Milei” finge desconocer la colaboración que ya se encuentra en marcha. La rutinaria exigencia a las centrales sindicales para “que convoquen a un paro y un plan de lucha” -como lo planteó en su carta el “Encuentro Sindical Combativo” (PO-MST-IS)- pretende revivir un cadáver. El 20 de diciembre tenemos que enfrentar al gobierno de Milei con un planteo político estratégico. LEER MÁS: Milei anuncia el rodrigazo y se codea con la internacional fascista Por Jorge Altamira, 10/12/2023. El 19 y 20 de diciembre movilicémonos por el cese del fuego en Gaza y en Ucrania y por el retiro del ejército sionista de todos los territorios ocupados Carta abierta de Política Obrera a los luchadores y a las organizaciones, 09/12/2023.

El domingo, Javier Milei pronunció su mensaje inaugural de espaldas al Congreso. De ese modo, puso de manifiesto la pretensión de establecer un gobierno plebiscitario. Pero en la Plaza de los Dos Congresos lo escuchaba un público escaso -unos 10 a 15.000 manifestantes. La posterior recorrida en el auto descapotado, por la avenida Rivadavia, fue acompañada por raleadas filas de seguidores. Ya en la Plaza de Mayo, el cómputo más generoso de concurrencia informó unas 25.000 personas. Desde el borde de la Rosada, la movilización se extendía poco más allá de la Pirámide de Mayo. No tuvo comparación, por caso, con las marchas del 24 de marzo, cuando las columnas se extienden hasta la 9 de Julio. Algún cronista televisivo se animó a señalar que “el marco” (sic) no daba para una arenga de Milei a la Plaza. Entre las personas entrevistadas por los cronistas, abundaban los visitantes del interior -Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos- que aprovecharon el feriado largo para un ´programa completo´ en CABA, con asunción presidencial incluida. Algunos observadores señalaron que fue la asunción presidencial menos masiva de los 40 años de democracia, incluyendo a la de Mauricio Macri. La raleada concurrencia del domingo es un dato que no puede ser ignorado, a la hora de caracterizar al gobierno y a la situación política. La pretensión de un gobierno plebiscitario recibió un revés –ni qué decir de las especulaciones acerca de un fascismo criollo. Lo ocurrido este domingo no se compara, por ejemplo, con las manifestaciones que reclamaron el fin de las retenciones en el 2008. Esta debilidad ha tenido otras manifestaciones, como el fiasco de la candidatura de Marra en Capital, que le permitió a Santoro realizar la mejor elección distrital del peronismo en las últimas dos décadas. Lo mismo puede decirse de la candidatura de Píparo en la provincia de Buenos Aires. En un plano más general, Milei ha comenzado a padecer el espejismo del balotaje, algo que, por derecha y por izquierda, caracteriza a los gobiernos del continente que triunfaron en segunda vuelta sin dejar de ser minoritarios de origen. En las PASO y la primera vuelta, Milei no superó al 30% de los votos emitidos, apenas un poco más del 20% del padrón electoral. La pobre presencia popular del domingo entra en contradicción con el discurso de los medios de comunicación -lo que antes Milei denominaba “micrófonos ensobrados”- acerca de que el gobierno de Milei cuenta con un gran respaldo. Ahora, tendrá que vérselas con los anuncios de devaluación, tarifazos y la demolición de salarios y jubilaciones. LEER MÁS: Un fraude histórico y político desde la explanada del Congreso Por Marcelo Ramal, 10/12/2023. Milei anuncia el rodrigazo y se codea con la internacional fascista Por Jorge Altamira, 10/12/2023.

Con dos horas de demora en relación a lo previsto, Luis Caputo se despachó con un discurso que, pasado en limpio, sólo anunció una devaluación superior al 100% y un tarifazo en los servicios públicos. Como loro, Caputo repitió que la crisis argentina tiene su causa en el déficit fiscal “y no en el endeudamiento”. De este modo, el ministro comisionista, autor del “bono a cien años”, actúa en defensa de su clientela. Porque la causa evidente de la quiebra del Estado en la Argentina es su deuda usuraria, y el déficit fiscal es su consecuencia. Como lo reconoció el propio Milei, 13 de los 15 puntos del déficit actual corresponden al pago de intereses. Sólo los servicios de la presente deuda pública representarán en los próximos años un promedio de 20 a 25.000 millones de dólares anuales -de dos a tres veces el déficit operativo del Estado. La pretensión de sostener a esa hipoteca usuraria recortando salarios y jubilaciones conducirá a una catástrofe social, pero no resolverá la crisis financiera de Argentina. Caputo lo sabe mejor que nadie. Después del diagnóstico encubridor, Caputo calló más de lo que dijo, seguramente porque no tiene otras salidas a la vista. Principalmente, ninguneó rigurosamente a la cuestión de los “pasivos remunerados del Banco Central” (Leliqs y pases), para los cuales no tiene solución a la vista. La “salida” meneada en estos días, que es el reemplazo de esa deuda por la emisión de otra deuda con el Tesoro nacional, soslaya una cuestión central: la desvalorización galopante de la actual deuda del Tesoro, que tiene que ser rescatada…¡por el Banco Central!. El impasse no puede ser mayor: la devaluación no frenará la dolarización de activos, porque los especuladores la interpretarán como la puerta de entrada a una escalada de nuevas devaluaciones; la corrida resultante será moderada con la continuidad del “odiado” cepo. En una manifestación grosera de intervencionismo estatal, Caputo anunció un impuesto del 30% a las importaciones y una suba de retenciones. Solo con este se ha ganado una crisis política mayúscula con las patronales. El ministro-comisionista, que se lamentó por la “emisión monetaria”, le ocultó a toda la Argentina que el Banco Central seguirá emitiendo fantásticamente, para pagar los intereses de las Leliqs a los bancos privados y para continuar interviniendo en el mercado de deuda. Ese es el parasitismo que pagarán, con padecimientos y recortes, trabajadores, jubilados y desocupados. LEER MÁS: La asunción de Milei y la calle Por Marcelo Ramal, 12/12/2023. Un fraude histórico y político desde la explanada del Congreso Por Marcelo Ramal, 10/12/2023. Milei anuncia el rodrigazo y se codea con la internacional fascista Por Jorge Altamira, 10/12/2023. Milei-Caputo anuncian plan económico hiperinflacionario Navidades libertarias. Por Jorge Altamira, 08/12/2023.

La prensa mundial, incluso israelí, reprodujo una investigación del The Washington Post que demostró que “Israel utilizó municiones de fósforo blanco fabricadas en Estados Unidos en un ataque en el sur del Líbano en octubre, que hirió al menos a nueve civiles (…) La investigación del Post examinó fragmentos de proyectiles encontrados en la pequeña aldea libanesa de Dhayra y también se basó en los testimonios de los residentes. Según los habitantes de Dhayra, el bombardeo del pueblo el 16 de octubre duró horas y les impidió salir de sus casas hasta el día siguiente” (Haaretz, 11/12). El fósforo blanco es una sustancia que se enciende en cuanto entra en contacto con el oxígeno y puede alcanzar temperaturas extremadamente altas. Cuando entra en contacto con la piel, puede provocar quemaduras graves, daños potencialmente mortales en los órganos internos y daños respiratorios. Según la investigación de WP “un funcionario de defensa estadounidense dijo que estaban al tanto de los informes sobre el ataque (con fósforo) (…) A finales de octubre, Associated Press informó que Amnistía Internacional tenía pruebas de tres casos más en los que las FDI dispararon proyectiles de fósforo blanco en la zona fronteriza libanesa, pero en estos casos no había pruebas de daños a civiles” (ídem). El 13 de octubre, Human Rights Watch acusó a Israel de utilizar municiones de fósforo blanco en sus operaciones militares en Gaza y el Líbano, que Israel negó. Ya en 2017 el periodista israelí Gedeón Levy acusaba a los sionistas de ser “La nación de las bombas de racimo” (Haaretz, 10/8/17). Con este título Levy denunciaba que “Israel quiere matar a tanta gente inocente como sea posible... un escalofriante informe explicaba que el establishment de defensa prefirió un cañón de fabricación israelí que aún no se había probado a uno alemán, simplemente para eludir la prohibición internacional de las bombas de racimo” (ídem). “Más de 100 estados firmaron el tratado internacional que prohíbe el uso de bombas de racimo; Israel, como siempre, no es uno de ellos” (ídem). LEER MÁS: Gaza: EE.UU. veta en el Consejo de Seguridad cese del fuego Por Norberto Malaj, 09/12/2023. La guerra contra Gaza con las armas de Estados Unidos Un niño asesinado cada 10 minutos. Por Norberto Malaj, 03/12/2023. Manifestantes en California impiden que un barco militar parta hacia Israel Mientras el Pentágono confirma que ya está actuando en Gaza, Las movilizaciones propalestinas en EE.UU. recuerdan a las de Vietnam. Por Norberto Malaj, 05/11/2023. Israel bombardea Gaza y El Líbano con fósforo blanco Por Olga Cristóbal, 17/10/2023.

En 1979 la disgregación del frente militar era cada vez más pronunciada. En el segundo aniversario del golpe, el gobierno militar había anunciado que “las Fuerzas Armadas se encuentran elaborando las bases políticas que permitirán a la Nación transitar el camino de la democracia”. Un año después, sin embargo, el planteo se encontraba en un impasse. Los mandos militares sostenían que seguían tratando de “compatibilizar los puntos de vista encontrados”. El conflicto más estridente era el que enfrentaba a Massera con Videla. Pero no era el único. En septiembre se produjo el levantamiento de una fracción del Ejército comandada por Luciano Benjamín Menéndez. La de Menéndez era una reacción al impasse de la dictadura, con el fin de endurecer aún más la política del régimen. En sus propias palabras, denunciaba que no se había erradicado “definitivamente la subversión”, por lo que el régimen estaba cayendo en la “confusión, desaliento y pérdida de confianza”. El diario La Nación (8 de julio) sostenía en un editorial que “esa conciencia (de la dictadura) en cuanto a que el inmovilismo es, políticamente, una sepultura, es la que... determina algunos de los movimientos realizados en estos días por el gobierno militar”, en referencia a la multiplicación de los contactos entre militares de diversas fuerzas y dirigentes de los partidos políticos 'democráticos'. Se trataba de una maniobra reaccionaria de salvataje que los 'liberales' e izquierdistas calificaban como algo progresivo. La burocracia sindical se aprestaba al “diálogo”. Por otra parte, el fracaso para lograr una reactivación de la economía era notorio. Debido al aumento de la carestía, se produjeron grandes huelgas en la industria automotriz de Córdoba, en grandes fábricas del Gran Buenos Aires (en Alpargatas, en Santa Rosa, en Galileo), un paro parcial se produjo el 27 de abril, un paro ferroviario el 22 de mayo, una huelga de Textil Oeste y muchas otras (la gran mayoría triunfantes). Eran movimientos de base a los que la burocracia sindical daba la espalda. Las luchas obreras empalmaban con un creciente descontento de las clases medias por la recesión económica. Las presiones nacionales e internacionales contra la dictadura eran cada vez mayores. Particularmente, la situación latinoamericana era desfavorable para la dictadura a partir de la caída de Somoza. El imperialismo comenzó a presionar en todo el continente para acelerar las 'institucionalizaciones' de los regímenes militares. Sólo las dictaduras argentina y chilena no habían definido aún su plan de salida. La visita de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) a Buenos Aires, fruto de un acuerdo entre el presidente Carter y Videla, tenía como objetivo presionar para que se acelere este plan “institucionalizador”. Hacia finales de 1979 la dictadura hizo públicas las “Bases políticas de las Fuerzas Armadas para el Proceso de Reorganización Nacional”, un documento consensuado en un compromiso de las tres fuerzas. Su objetivo, según decía, era “asegurar la posterior instauración de una democracia republicana, representativa y federal adecuada a la realidad y exigencia de evolución y progreso del pueblo argentino”. Por otra parte, las “bases” otorgaban a las FFAA un papel de árbitro general de la situación en el futuro régimen, con poder de veto y de censura. Finalmente, la dictadura planteaba permanecer en el poder al menos hasta 1987. La publicación de las “bases” fueron un revés para las fuerzas 'democráticas' y para la izquierda democratizante. El año 1980 se inició con la convocatoria al “diálogo político”, como llamó la prensa de aquella época a la serie de reuniones de la dictadura con las distintas fracciones de los partidos 'democráticos' para coordinar la transición, en la cual Videla aseguró que habría de “transitar un largo camino”. Todas las fuerzas 'democráticas' aceptaron participar del diálogo con la dictadura. Junio de 1980: más de 20 “interlocutores” desfilaron por el Ministerio del Interior. El “diálogo” no representaba en sí una novedad, más que en un aspecto formal. Los partidos que concurrieron al diálogo en 1980 eran los mismos que habían dialogado con la Secretaría General de la Presidencia desde 1976 en adelante. Su interlocutor más importante siguió siendo el radicalismo, seguido de sectores del peronismo y distintos partidos provinciales. El Partido Comunista, por su parte, dio a conocer una “Propuesta a la Nación”, para conformar un gobierno cívico-militar de transición. Política Obrera sostenía por entonces que había que rechazar las ilusiones en el “diálogo” con la dictadura y que había que “aprovechar el empuje que provocará la crisis para poner en pie de lucha a las organizaciones de masas, sindicatos y centros de estudiantes". 1980: “primer acto de una crisis política” En este cuadro tuvo lugar una quiebra financiera, que se expresó en una devaluación de la moneda. Política Obrera caracterizó que expresaba el “primer acto de una crisis política”. En el lapso de pocos días quebraron la segunda financiera del país (Promosur) y el tercer banco (BIR). A esto le siguió una cadena de quiebras de empresas de primer orden y el hundimiento de economías regionales enteras. Era el colapso del plan Martínez de Hoz, que se expresaba en una disparada de la inflación, crisis industrial, fuga de capitales y aumento exponencial de la deuda. La crisis hizo estallar las disputas entre las distintas fracciones de la burguesía y de las Fuerzas Armadas. Una ola de pronunciamientos de casi todas las cámaras empresarias contra la política del gobierno, junto a la creciente fuga de capitales, ponía en evidencia la ruptura de la burguesía con Martínez de Hoz. Los partidos 'democráticos' se esforzaron por no hacer olas. Balbín, de la UCR, apenas llegó a referirse al tema diciendo que “ha sido una mala nota”. “Para la burguesía se impone la necesidad de una alteración del rumbo”, aseguraba Política Obrera (26/07/80). La burocracia sindical, por su parte, intentaba encauzar el descontento obrero con paros aislados. Los reclamos de los movimientos de derechos humanos y libertades democráticas experimentaban un gran crecimiento y un apoyo general. El gobierno se veía amenazado por todas partes. El imperialismo aumentaba la presión para una pronta “institucionalización”. Dentro de las FFAA, por otra parte, el sector de los “duros” temía que cualquier apertura significara una demostración de retirada de la dictadura. La caracterización de Política Obrera era que, desde el comienzo, “los militares dejaron en claro su intención de fundar una 'nueva República', un nuevo ordenamiento histórico del Estado burgués; es decir, reflotaban la vieja problemática sin solución de la burguesía argentina de cómo instaurar un Estado 'fuerte' capaz de enfrentar y regimentar a las masas y superar la crisis económica y política crónicas”. El Consejo Empresario Argentino apoyaba esa orientación y sostenía que “sólo después que se hayan sentado las bases para la reorganización política de la Nación y procedido a la renovación, tanto estructural cuanto de protagonistas en el ámbito de las entidades partidarias, será posible que un adecuado gradualismo venga a reconstruir las instituciones”. Pero el desenvolvimiento de esta crisis volteó, primero, el plan de la dictadura de perpetuarse en el poder por otra década y, segundo, el plan de “transición-continuista” con las Fuerzas Armadas institucionalizadas con árbitros del régimen democrático. Política Obrera caracterizaba que “la crisis económica sin solución que ha repercutido en una disgregación de la base burguesa de la dictadura; el ascenso de masas a nivel latinoamericano y mundial y la marcha de la 'institucionalización' de las dictaduras del continente están convirtiendo en anacrónica a la dictadura argentina, la última en instalarse; y el acrecentamiento de la resistencia de la clase obrera que no pudo ser aplastada con el golpe, al que se suma una creciente tendencia a la radicalización antidictatorial de la clase media (como se evidencia en el crecimiento de las movilizaciones democráticas por los presos), son los factores que mantienen empantanados al gobierno y que llevan implícita la amenaza de una creciente disgregación para las Fuerzas Armadas. Esta situación de impasse es la que ha dividido a los milicos desde sus inicios es entre 'duros' y mal llamados 'blandos' o videlistas, con toda una serie de matices intermedios. Los 'duros' no ven otra salida a la situación que provocar un aplastamiento aún mayor y total del movimiento obrero y de sus conquistas para sentar las bases de un 'Estado fuerte'. Pero esta tendencia ya ha sido superada por la lucha de clases. Significaría de hecho aplicar un nuevo golpe de estado contra las masas, en condiciones internacionales desfavorables y con la burguesía dividida. Es un planteo anacrónico, por eso fracasó el golpe de Menéndez” (“Se acelera la descomposición política de la dictadura”, Política Obrera). LEER MÁS: Política Obrera ante la transición democrática (Parte II) 40 años del retorno a la democracia. Por El Be, 12/12/2023.

Los dirigentes de Política Obrera Jorge Altamira, Marcelo Ramal y Patricia Urones ofrecerán este jueves, a las 15, una conferencia de prensa para referirse a las medidas económicas anunciadas por el gobierno. “En una confesión brutal del impasse oficial, Caputo anunció una devaluación superior al 80 %, un tarifazo en los servicios públicos, una híper para los próximos meses, una recesión y la licuación de salarios, jubilaciones y asistencia social, pero aun así, no arrimó, ni por asomo, una salida a la crisis mortal de la economía argentina. Porque la causa evidente de la quiebra del Estado en la Argentina es su deuda usuraria, y el déficit fiscal es su consecuencia: 13 de los 15 puntos del déficit actual corresponden al pago de intereses. Sólo los servicios de la presente deuda pública representarán en los próximos años un promedio de 20 a 25.000 millones de dólares anuales (de dos a tres veces el déficit operativo del Estado). La catástrofe social que sobrevendrá a las medidas anunciadas no resolverá la crisis financiera de Argentina”, señaló Altamira. “Se han diferido anuncios referidos a las Leliqs y pases, para los cuales el gobierno no tiene solución a la vista. La posibilidad de reemplazar esa deuda por la emisión de otra deuda con el Tesoro nacional, en un cuadro de quebranto, no abrirá el acceso al financiamiento externo”. La devaluación anunciada es la puerta de entrada a una escalada de nuevas devaluaciones. El gobierno no reúne las condiciones para levantar el cepo, ni bajar impuestos, ni reducir las retenciones. El plan ´motosierra´ ha redundado en el más completo inmovilismo. Se han creado las condiciones para una crisis política mayúscula”, concluyó Marcelo Ramal. La cita este este jueves 14, a las 15 horas, en el local central de Política Obrera. LEER MÁS: Caputo Kaput: megadevaluación y tarifazos Estatismo brutal. Por Marcelo Ramal, 12/12/2023. Milei anuncia el rodrigazo y se codea con la internacional fascista Por Jorge Altamira, 10/12/2023.

Los anuncios de medidas económicas del gobierno ‘libertario’ no apuntan a prevenir un Rodrigazo, sino, por el contrario, a desencadenarlo. Se parecen como gotas de agua a lo que hizo el gobierno peronista en junio de 1975: megadevaluación y tarifazos, en especial en los combustibles. Desatan una espiral inflacionaria, de ningún modo la contienen. Con un agravante: en los años de Isabel Perón, Celestino Rodrigo y Antonio Cafiero, la deuda externa era de 4.000 millones de dólares y la deuda pública no estaba indexada. La devaluación del 70 % del peso significa automáticamente el aumento en esa proporción de la deuda en pesos del Tesoro, porque se ajusta por dólar y/o inflación. Calculada alternativamente aumentará en forma descomunal con la tasa de inflación prevista para los próximo tres meses, del 130 por ciento. Anualizada, supera el 5.000 por ciento. Con un poquito más de nafta al fuego, llegaríamos a la tasa absurda del 15.000 % que fantaseó Milei en su discurso plebiscitario de inauguración del mandato. Es cierto que la devaluación afecta a las Leliq, que no gozan de cláusula de ajuste, pero Caputo anunció también una suba confiscatoria de la tasa de interés. En todo caso, los banqueros tienen la opción de convertir las Leliqs en dólares, lo que llevaría la cotización a niveles inimaginables en los mercados financieros paralelos. Es que la función del rodrigazo ha sido y vuelve a ser la redistribución regresiva del ingreso nacional en una escala colosal. Aumenta en forma disparatada la tasa de interés de los sectores capitalistas beneficiados y golpea en igual forma el precio de la fuerza de trabajo. La decisión de suprimir el ajuste retrasado de las jubilaciones, por un monto decidido en forma arbitraria por el gobierno, alcanza niveles de saqueo. Hay que recordar que las jubilaciones fueron estatizadas por Martínez de Hoz con el propósito de reducir o eliminar los aportes patronales y convertirlas en una obligación del Tesoro financiada por impuestos. Ahora se suprime esta obligación. La redistribución regresiva del ingreso nacional significa que entrará muchísima “plata” a las arcas del capital y saldrá otro tanto de “plata” del bolsillo de los jubilados. La subordinación de las jubilaciones a decretos de necesidad y urgencia del Ejecutivo equivale a un golpe de Estado económico. Luego de producir lo que, según Clarín, es un dólar “recontraalto”, Milei-Caputo continúan, sin embargo, con el cepo. Es que, si no fuera así, la cotización de las divisas extranjeras se iría a las nubes. La razón es que el Banco Central ha asumido una deuda adicional a las Leliq: la deuda comercial de los importadores, por alrededor de 40.000 millones de dólares. Se trata, en realidad, de una deuda ‘bizarra’, porque el importador no es el Estado, sino compañías privadas. El compromiso asumido por el Central es devolver los dólares de importación conseguidos por los privados a un tipo de cambio de 350 pesos. Con la suba del dólar importación a 1.050 pesos, el Central deberá suplir dólares a los importadores a un precio 700 pesos superior. La pérdida será registrada en la emisión monetaria que el libertario ‘que supimos conseguir’ juró suprimir para siempre. Cuando se trata del capital, la “plata” siempre aparece; los importadores obtendrán una ganancia de cambio del ciento por ciento. Por el ingreso de dólares de la exportación y por las diferencias de cambio a favor de los acreedores comerciales del Central y de los acreedores financieros del Tesoro, el gobierno libertario terminará emitiendo más moneda que sus antecesores populistas. Ese exceso de circulante será absorbido por el Banco Central a cambio de mayor deuda financiera. La crisis de endeudamiento del Estado ha hecho metástasis, afecta a todo el cuerpo social. El gobierno libertario debuta con una crisis política inminente, que tendrá por escenario de un lado el Congreso e incluso el Poder Judicial, y del otro lado a los trabajadores. Los juicios contra los atropellos jubilatorios ocuparán todo el año que se inicia. Las medidas anunciadas -megadevaluación, impuestos a importaciones y retenciones a exportaciones, cepo- afectan de inmediato el comercio con el Mercosur y bloquean la firma de un acuerdo de comercio con la Unión Europea. El pedido del ingreso de Argentina a la OCDE quedará en un cajón. La renovada intervención del Estado en el comercio exterior y en el movimiento de capitales es incompatible con las normas de esas organizaciones. Las retenciones a la industria automotriz afectarán a uno de los sectores que perfilaban más dinámicos en el comercio exterior. Cepo mediante, los dólares de la agroindustria de exportación quedarán guardados en las cajas de las aceiteras en el exterior, no en las reservas del Banco Central. El golpe contra los trabajadores cubiertos por la asistencia social es sencillamente colosal. Los aumentos por asignaciones, alimentos y trabajo son considerablemente inferiores a la inflación actual y aún más a la proyectada. La inminencia de las fiestas impulsará la deliberación en los barrios. Pero hay otros dos puntos disruptivos estratégicos. De un lado, el anuncio de que volverá el impuesto a los salarios; del otro, el golpe sufrido por todos los acuerdos paritarios. En el Rodrigazo de Celestino, la cuestión de las paritarias, anuladas por Isabel Perón, desató una huelga general de las Coordinadoras Obreras. La burocracia de los sindicatos no podrá dejar de lado este punto; incluso si no fuera así, sería suficiente que menos de una decena de sindicatos tome la iniciativa para que las paritarias, los salarios y el impuesto al salario se conviertan en una agenda nacional. Por estas horas, se debe estar desarrollando un ajetreo de negociaciones para bloquear o neutralizar este reclamo entre el ala peronista del gobierno libertario y la burocracia de la CGT. Las reivindicaciones que se vislumbran de esta situación y de esta crisis son: aumento del 100 % de salarios, jubilaciones y asistencia social; rechazo a la reimplantación del impuesto a los salarios; acelerada convocatoria de paritarias para pactar salarios en función de la hiperinflación que está proyectada. LEER MÁS: Caputo Kaput: megadevaluación y tarifazos Estatismo brutal. Por Marcelo Ramal, 12/12/2023. Milei anuncia el rodrigazo y se codea con la internacional fascista Por Jorge Altamira, 10/12/2023.

El día 12 de diciembre se realizaron las elecciones para renovar el cuerpo de delegados del SITAS, el Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud de Tucumán. Las elecciones estuvieron atravesadas por el escenario político y económico que viven los trabajadores en general y en particular el sector de la salud, con salarios promedio que no superan la canasta de pobreza y condiciones laborales cada vez más penosas. El sector de la salud este año ha realizado numerosas acciones de lucha. A principios de año, realizó un paro de consultorios por tiempo indeterminado que fue levantado por la conducción, con una serie de maniobras ante el anuncio de Jaldo -en ese momento gobernador interino- de que aprobaría una modificación en la Ley de Carrera Sanitaria. Ante este solo anuncio, toda la Comisión Directiva salió a festejarlo como un “triunfo histórico”, destacando que los salarios iban a elevarse, satisfaciendo los reclamos salariales por los que los trabajadores de la salud venían luchando. Al poco tiempo, se comprobó, fue un fiasco absoluto: en su reglamentación, el gobierno planteó que la aplicación sería gradual y en función de los recursos que disponga la provincia –hasta ahora, significó actualizar un 10 % de los coeficientes salariales-. Frente a ese panorama y frente a los cuestionamientos que surgían de las propias asambleas de base, la directiva volvió a maniobrar procurando reacomodarse, planteando que se volviera a los paros de consultorio, una acción a esta altura completamente desgastante e inocua para poder arrancar al gobierno un aumento que colocara los básicos salariales por encima de la canasta de pobreza. La conducción, mientras el SITAS volvía a un escenario conflictivo, volvió a reivindicar como método para lograr los reclamos la política de “diálogo” y conciliación con el gobierno de turno. De esa manera, se hicieron presente cuando Jaldo asumió a fines de octubre su mandato como gobernador y posteriormente acordar en el marco de la revisión paritaria, en lugar de una actualización salarial, un bono miserable de 40.000 a pagar en diciembre y enero, un aumento del 5 % de la Ley de Carrera Sanitaria e Ítem Zona y Mala praxis -que solo afecta al sector médico de la salud-. Con estas chauchas y monedas dieron por finalizado el año. Todos estos hechos dieron lugar a cuestionamientos y a que se instalara el debate a la hora de definir qué tipo de cuerpo de delegados necesita un gremio y cuál debería ser su metodología para organizar a los trabajadores. La comisión directiva planteó que los delegados que se iban a elegir debían fortalecer a la conducción y representarla ante los trabajadores, un planteo de aparato, propio de todas las burocracias. En contraposición, desde los sectores combativos y el activismo se impulsó una campaña, para presentar elegir a compañeros luchadores que defiendan una postura de independencia frente al gobierno y las autoridades sanitarias y representen a los trabajadores frente a la conducción sindical, defendiendo una postura de unidad y lucha de los trabajadores para arrancar los reclamos. Estas dos concepciones dieron lugar a que la comisión directiva buscaran impedir la presentación de reconocidos luchadores. Así, mediante una resolución ilegal, burocrática, resolvieron que los tres compañeros del hospital del Carmen y del CAPS Curubeto que se habían postulado como candidatos estaban impedidos de hacerlo, con la excusa de que dichos compañeros estaban de licencia médica. Una resolución que viola el estatuto del SITAS e incluso la ley de Asociaciones Sindicales vigente. Esta medida representa un salto en el proceso de burocratización de la actual conducción. Al proscribir a los compañeros, a sabiendas de que eran compañeros vinculados a Política Obrera, no tuvieron empacho en dejar esos lugares sin representación de base y, con toda saña, lanzaron una campaña atacando las notas que se publican digitalmente en el periódico Política Obrera, metiendo fichas maccartistas contra las posturas que los compañeros han venido sosteniendo durante todo este tiempo frente a los procesos de luchas en curso. Todas estas provocaciones fueron denunciadas judicialmente y dieron lugar a una campaña de pronunciamientos repudiando el accionar antidemocrático de la directiva. A pesar de estas medidas de la directiva, no pudieron impedir que, en toda una serie de hospitales, policlínicas y CAPS, terminaran siendo electos compañeros independientes y luchadores, que repudian el accionar burocrático de la conducción y su política conciliadora con el gobierno. La elección en general tuvo una participación importante en todos los hospitales, principalmente en el interior de la provincia donde, en el último periodo, se votaron las posturas más combativas. Otro dato que se destaca fue la participación de muchos trabajadores de otros gremios -ya que en esta instancia podían participar afiliados o no- principalmente del gremio ATSA, que no hace sino reflejar el descontento de esos sectores con un sindicato que es manejado con métodos gansteriles, y donde varios de sus dirigentes no solo son funcionarios del gobierno, sino que también están siendo investigados por diversas acciones delictivas vinculadas al narcotráfico. En el caso del Hospital del Carmen y el Caps Curubeto se concretaron igualmente las elecciones y se eligieron a los compañeros proscriptos. De hecho, ha quedado conformado un bloque de delegados combativo que tiene planteado coordinar su accionar para poner de pie al SITAS frente a las políticas que están en curso y las reivindicaciones pendientes. LEER MÁS: Tucumán: la conducción del SITAS levanta el paro de Salud Por Mocha Soria y Daniel Blanco, 09/07/2023.

El lunes pasado se realizó una audiencia virtual convocada por el Ministerio de Trabajo. Reunió a los abogados de ATSA, la delegada de la clínica y los abogados de Santa María, secretario general del Suterh. Una delegación importante de trabajadores y trabajadoras de la clínica, delegados de ATSA de otras comisiones internas y delegaciones de organizaciones políticas se convocaron en la puerta del establecimiento. Durante la espera se fueron desarrollando debates entre los trabajadores y trabajadoras, entre los cuales tomaron resonancia la propuesta de lanzar un fondo de huelga, incorporar trabajadores como veedores en la reunión y la defensa de los puestos de trabajo. Finalmente, de la audiencia participaron las partes inicialmente convocadas. Una vez finalizada la reunión, un informe de la delegación de ATSA notificó que la patronal afirmó su posición de cerrar la Clínica Virreyes a partir del día lunes 18 y proceder al pago de las indemnizaciones. Asimismo, quedó planteada una nueva audiencia para el viernes 15, con modalidad presencial, ante la cual algunos trabajadores plantearon concurrir. Mientras tanto, la patronal aprieta con el argumento de que quien no tome servicio no cobraría indemnización, ni tendría posibilidad de ser recontratado cuando la clínica cambie de firma (algo que tampoco fue confirmado por la patronal en la audiencia). Desde el sindicato, se planteó mantener la ocupación hasta que se paguen las indemnizaciones prometidas por la patronal. Pero los trabajadores desconfían de las promesas de Santa María quien, desde que tomó el control de la clínica, ha profundizado la crisis al punto de estar adeudando sueldos desde mediados de octubre; los salarios venían siendo pagados en cuotas. El reclamo de los puestos de trabajo tiene un trasfondo de conjunto: el escenario nacional apunta a una hiperinflación y recesión. Las indemnizaciones se escurren de las manos al calor del aumento del costo de vida. Trabajadores y trabajadoras de entre 15 y 20 años de antigüedad deberán enfrentarse nuevamente con la búsqueda de trabajo, en un mercado laboral retraído. Esta comprensión es la que da fuerza al reclamo de mantener los puestos laborales. La campaña de colecta económica por medio de un fondo de huelga ya está circulando, es para ayudar a que todos los trabajadores y trabajadoras puedan participar de la lucha. Es fundamental que el conflicto se rodee de solidaridad trascendiendo a otros lugares de trabajo y en el barrio, impulsando el fondo de huelga y acercándose con delegaciones y difundiendo masivamente. Todo el apoyo a los trabajadores y trabajadoras de la Clínica Virreyes. Colaborá con el fondo de lucha CBU: 1910226755122600440621 LEER MÁS: Clínica de los Virreyes, ocupada en defensa de los puestos de trabajo Por Daniela Magoc, 10/12/2023.

A menos de un mes de que el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, deba asumir su cargo, la fiscalía lanzó una nueva iniciativa para bloquear su llegada a la presidencia. El Ministerio Público exigió anular las elecciones del 25 de junio y 20 de agosto que consagraron la victoria del Movimiento Semilla, de Arévalo, aduciendo “anomalías” en las actas finales del cierre de escrutinio. Se trata del más reciente episodio de una ofensiva que lleva al menos seis meses para evitar que Arévalo llegue a la jura presidencial, lo que llevó al dirigente del Movimiento Semilla a calificarlo como un “golpe de estado en slow-motion” (cámara lenta). El jefe de la unidad anticorrupción de la fiscalía general de Guatemala, Rafael Curruchiche, aseguró que “en nuestro particular punto de vista, [las elecciones] deberían ser anuladas”. La fiscal Leonor Morales, quien encabeza esta iniciativa de anulación bajo la tutela de la fiscal general, Consuelo Porras, aseguró que ahora el Tribunal Superior Electoral (TSE) debería tomar una decisión respecto del pedido de anulación. Este Tribunal había formado parte de las maniobras de la fiscalía cuando suspendió al partido de Arévalo poco antes de ser este elegido presidente. Pero en las últimas semanas el TSE se ha debilitado. Hace algunos días, el Congreso de Guatemala (con mayoría oficialista y anti Arévalo) despojó de su inmunidad a cuatro jueces del tribunal electoral y al menos tres de ellos abandonaron el país por temor a ser arrestados. La presidenta del TSE, de todas maneras, aseguró que “los resultados están validados, están oficializados y son inalterables” y que “los funcionarios electos deben tomar posesión” el próximo 15 de enero. La magistrada aclaró que sólo una sentencia de la Corte de Constitucionalidad (el máximo ente judicial de Guatemala) tiene facultad para hacer que el TSE anule las elecciones. La Corte no ha realizado declaración alguna, aunque es sabido que está compuesta íntegramente por adversarios de Arévalo. En total, la fiscalía cuenta con tres causas para arrestar a Arévalo, por lo que insiste con la suspensión de su inmunidad. Entre sus últimas acciones, el Ministerio Público solicitó el retiro de inmunidad de Arévalo, ordenó el arresto de cinco miembros de Movimiento Semilla, realizó 31 allanamientos y emitió otras 27 órdenes de captura de ese partido para imputarlos por un caso de daños al patrimonio, a raíz de su supuesta participación en una toma estudiantil. Luego de esos allanamientos, la fiscalía alegó que las actas confiscadas mostraban que los resultados tenían irregularidades y, por lo tanto, eran nulos. El frente golpista cuenta con la participación de amplios sectores de la política guatemalteca: entre ellos se encuentra el actual presidente Alejandro Giammattei y su colaborador Miguel Martínez, a quienes todos señalan como cómplices del golpe, aunque el mandatario intenta desvincularse amparándose en la división de poderes. La presidencia incluso emitió un comunicado rechazando lo que denominó “pronunciamientos apresurados de algunos actores de la comunidad internacional” contra las acciones de la fiscalía. También están en el bloque golpista la mayoría de los diputados, varios jueces y magistrados y sectores de la oligarquía. El País asegura que “los militares de oficio, advertidos por el Comando Sur de Estados Unidos, permanecen al margen de las refriegas políticas, salvo un puñado —que se cuentan con los dedos de una mano—, integrantes de la camarilla de Giammattei y Miguel Martínez”. En apoyo a que la asunción de Arévalo se haga efectiva se ha pronunciado insistentemente el gobierno de Estados Unidos. “La inestabilidad en Guatemala, asegura el Financial Times, es de particular preocupación para Estados Unidos, ya que el país es una de las mayores fuentes de inmigrantes que llegan sin visas a la frontera sur de Estados Unidos”. Como represalia contra los golpistas, recientemente la administración Biden ordenó ampliar las restricciones de visas, de 25 que había realizado en un primer momento a casi 300 la última semana. Entre los guatemaltecos incluidos hay más de 100 miembros del Congreso. Aunque el Departamento de Estado emitió un comunicado anunciando esas restricciones a los “responsables o cómplices (de) socavar la democracia y el Estado de derecho” en Guatemala, no difundió los nombres de los funcionarios sobre los que pesan las sanciones. La Unión Europea y la OEA también salieron a condenar “el intento de golpe de Estado” y aseguraron que se encuentran “contemplando” tomar medidas. Para el Wall Street Journal, “la investigación publicada [por la fiscalía guatemalteca] el viernes amenaza con alimentar más protestas e inestabilidad política”. Es que la ofensiva de las fuerzas tradicionales del régimen político para boicotear la asunción de Arévalo tuvo como respuesta, a mediados de octubre, una oleada creciente de movilizaciones populares y un paro nacional que exigían la renuncia de Consuelo Porras y otros funcionarios golpistas. Durante varias semanas se mantuvieron más de 120 cortes de rutas en todo el país por iniciativa de las autoridades indígenas, junto con una protesta permanente frente a la sede del Ministerio Público. Actualmente las protestas entraron en reflujo, pero se mantienen acampes y vigilias en la capital del país. Entrevistado por un medio internacional, un líder indígena de Huehuetenango, del altiplano occidental de Guatemala, aseguró que “nuestra lucha hoy es por el poco de democracia que nos queda”. El diario El País calificó esta última ofensiva de la fiscalía como “kamikaze”. Igualmente lo entiende un analista que aseguró que el Ministerio Público está en modo “quemar los barcos”. Si esta última movida golpista fracasa, el gobierno de Arévalo se encontrará, de todas maneras, fuertemente debilitado. Pero las fuerzas tradicionales, por otra parte, sufren su propia bancarrota. El Congreso que deberá asumir estará fragmentado, ya que las fuerzas políticas históricas se han partido en varias fracciones. El agotamiento de estos partidos es lo que explica el ascenso del ´outsider´ Arévalo, que se presentó como un “activista anticorrupción” y se alzó así con el 58 % de los votos en agosto pasado. LEER MÁS: Crisis, movilización y golpe judicial en Guatemala Por El Be, 23/11/2023.

La Cámara Civil de Apelaciones finalmente dio respuesta favorable al pedido del oficialismo boquense y revocó la cautelar que había suspendido provisoriamente los comicios, previstos quince días atrás. La oposición declaró finalmente que acepta el fallo. Los socios de Boca, por lo tanto, votarán el próximo domingo 17 de diciembre en la Bombonera, de 8 a 18 horas, entre las dos listas oficializadas. Son casi 100.000 hinchas, incluidos los aproximados 13.000 asociados que habían sido cuestionados por la oposición por el supuesto pase irregular de la categoría adherente a la de activo. La oposición descartó presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, de resultado incierto, ante el riesgo de que su política intervencionista y la dilación del proceso electoral sepulte sus chances y agrave la crisis xeneize. Riquelme se anotó este fallo como una victoria propia, ya que su campaña se basó principalmente en acusar a la oposición de querer intervenir judicialmente el club y boicotear las elecciones para su beneficio. La acusa de ser vehículo de intereses privatizadores. Su contrincante, Ibarra, ha salido a declarar en el medio afín TyC Sport que ahora hay que ir a votar. La justicia: de interventora a sufragista La Cámara de Apelaciones revocó la medida cautelar, entre otras razones, aduciendo que los 13.000 hinchas cuestionados no fueron llamados a prestar testimonio por la jueza y que, en caso de querer hacerlo, eso pospondría demasiado los comicios, por lo que debería, en todo caso, continuar luego de las elecciones. La continuidad de la causa judicial sobre el tema de fondo dependerá, en buena medida, del resultado del domingo. Como señalamos anteriormente, la suspensión de elecciones deportivas por parte de la justicia es algo común en la disputa por hacerse con las dirigencias. Lo que llevó este conflicto a la tapa de los diarios fue que la disputa nacional se trasladó a estos comicios: los intereses en puja de ambos lados y los apoyos y acercamientos con los partidos que disputaron las elecciones presidenciales politizaron este proceso, tomando de rehenes a los socios. Los asociados de Boca, gane quien gane este fin de semana, no serán un poco más “dueños” de su club, ni tendrán más derechos sobre las decisiones que se tomen, tampoco será un club más democrático. Quienes sostienen lo contrario desconocen el rol de las dirigencias del fútbol en el capitalismo. Ambas listas disputan quiénes y de qué manera lucrarán con el club a partir de 2024. El socio activo de Boca -una categoría minoritaria entre los socios- es libre de elegir entre una y otra. Una eventual victoria de la lista Riquelme-Ameal frente a Macri-Ibarra será presentada por algunos como una “revancha del peronismo”. En su apoyo se alinean Claudio “Chiqui” Tapia, la 12, funcionarios peronistas del conurbano, empresarios, burócratas del sindicato no docente de la UBA y hasta Néstor Pitrola. Resta saber quién se alzará ganador en los comicios del Club de la Ribera. Lo cierto es que una verdadera resistencia a las privatizaciones, las SAD (Sociedades Anónimas Deportivas) y las intervenciones deberá surgir de la autoconvocatoria real de los trabajadores hinchas del fútbol, ya que los dirigentes que se vinculan con el poder de turno y las empresas lo único que disputarán es su tajada en el negocio. LEER MÁS: Elecciones en Boca: muchos opinan, votan pocos FIT-U: de Boedo a Caminito. Por Juan Ferro, 07/12/2023.

El lobby sionista norteamericano que abarca desde el gobierno de Joe Biden y el senador “progresista” Bernie Sanders -en la derecha del Partido Demócrata que se opone al alto el fuego en Gaza- hasta la totalidad del Partido Republicano pasando por el Congreso Judío Mundial y el AIPAC, un poderoso grupo de presión sionista en Estados Unidos, están ejecutando una embestida a muerte contra la libertad de expresión en general y en las universidades norteamericanas en particular. La caza de brujas es una respuesta violentísima contra el viraje de la mayoría de los menores de 35 años en apoyo a la causa palestina y en contra del genocidio ejecutado por el Estado de Israel con el apoyo militar y financiero de Estados Unidos y la Unión Europea, entre otros. Esta persecución tiene como antecedente la campaña sistemática de los republicanos y la derecha religiosa contra los planes de estudio que revisan la historia del esclavismo y los crímenes raciales en Estados Unidos, el colonialismo, la “discriminación positiva” y los derechos de las mujeres y de las minorías sexogenéricas. Paren el genocidio, viva la intifada, Palestina libre desde el río hasta el mar, son las consignas que dominan las movilizaciones callejeras y también en los campus universitarios. La magnitud de la rebelión estudiantil contra la política de Biden en Medio Oriente y contra el Estado de Israel está siendo comparada con el enorme movimiento juvenil que en los años 70 nació en las universidades norteamericanas contra la guerra de Vietnam. Pero, además, se ha extendido a numerosas escuelas secundarias. Muchas de las movilizaciones están encabezadas por agrupaciones de judíos antisionistas. En represalia, durante los últimos dos meses, universidades y colegios de todo el país han tomado medidas para prohibir grupos de estudiantes como Estudiantes por la Justicia en Palestina (SJP) y Voz Judía por la Paz. Además, los estudiantes han sido suspendidos y se les cancelaron ofertas de trabajo. De paso cañazo, la gobernadora demócrata de Nueva York, Kathy Hochul, ha amenazado con retirar la financiación estatal si los rectores de las universidades no “denuncian el antisemitismo y los llamamientos al genocidio” en los campus. Si bien hasta ahora la campaña se ha centrado en las universidades, se extiende cada vez más a las escuelas secundarias (WSWS, 11/12). Los sionistas utilizan el caballito de batalla de los “ataques a estudiantes judíos”: una absoluta patraña. Es verdad que muchos estudiantes judíos de los campus alegan sentirse inseguros, en un contexto en el que un simple eslogan como “no a la guerra” se considera una amenaza (EP, 5/12). Pero los únicos estudiantes que han sido atacados violentamente en los campus en los últimos dos meses son estudiantes palestinos y propalestinos, y tres estudiantes universitarios palestinos que fueron baleados en Vermont. La persecución subió de grado la semana pasada cuando las rectoras de tres prestigiosas universidades -Harvard, Pensilvania y MIT- debieron comparecer ante un comité del Senado controlado por los republicanos aunque la citación recibió el apoyo de Joe Biden a través de una carta y de un sector de legisladores demócratas también. La audiencia fue dirigida por Elise Stefanick, representante republicana de la ultraderecha cristiana, hasta ayer no más antisemita, que convirtió los llamados de algunos estudiantes a la “intifada” (un término referido al levantamiento palestino contra el ocupante israelí) en una exhortación a cometer “un genocidio contra los judíos en Israel y en el mundo”. La afirmación de que utilizar la palabra “intifada” equivale a pedir el exterminio de los judíos no es menos falsa que la equiparación de la oposición al sionismo con el antisemitismo. La pregunta que dominó un interrogatorio que nada debería envidiarle al Comité de Actividades Antinorteamericanas de la década del 40 impulsado por Mac Carthy fue si el código de conducta de esas casas de estudios permitía la permanencia de organizaciones, estudiantes y docentes que “llamaran al genocidio de los judíos”. Stefanik, ex alumna de Harvard, se enfrentó con la rectora de la universidad, Claudine Gay, y le preguntó si tomaría medidas significativas contra los estudiantes que usan la expresión pública "desde el río hasta el mar, Palestina será libre" o "intifada". Gay respondió: "Está en desacuerdo con los valores de Harvard, pero abrazamos un compromiso con la libre expresión, incluso de opiniones que sean objetables, ofensivas y odiosas”. La rectora del MIT, Sally Kornbluth, que es judía, dijo que el llamado a la intifada ("genocidio de judíos" fue la pregunta textual) no viola el código de conducta de la institución pero argumentó que tampoco había escuchado un llamado al genocidio de judíos en el campus. Más tarde, le preguntaron si había escuchado llamados a una intifada, y respondió: "Escuché cánticos que pueden ser antisemitas, dependiendo del contexto". Liz Magill, rectora de la Universidad de Pensilvania, también dijo que categorizar las expresiones públicas como acoso o violencia depende de su contexto. La rectora del MIT explicó que le resultaba difícil acusar de antisemitas a los estudiantes propalestinos porque muchos eran judíos. Las tres se disculparon por haber “demorado” en condenar más vigorosamente “los actos terroristas de Hamas”. ¿Cuántos profesores conservadores hay en cada uno de los claustros? quiso saber el representante de Carolina del Sur Joe Wilson, también republicano. Las rectoras contestaron que no se les pregunta a los docentes por su ideología, a lo que Wilson respondió que ahí radicaba precisamente el problema Las respuestas de las tres rectoras fueron consideradas “tibias, legalistas y evasivas” por la prensa. Legisladores de ambos partidos, las organizaciones sionistas y gran parte de los financistas de las universidades directamente las acusaron de cómplices de un llamado a un nuevo holocausto y pidieron que fueran removidas del cargo. El viernes, una carta firmada por más de 70 congresistas republicanos y demócratas pidió a los consejos de administración de Harvard, Penn y el MIT que las destituyeran. En Pensilvania, varios donantes anunciaron que retirarían sus ayudas si Liz Magill no cesaba en su cargo a pesar de que había prometido revisar el código de conducta de la institución. El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, se sumó a los pedidos de renuncia. Magill ya había sido blanco de donantes de alto perfil. A mediados de octubre, el multimillonario Marc Rowan denunció a Magill por no cancelar una conferencia de literatura palestina y pidió a los donantes universitarios que retiraran su financiación a la institución. El multimillonario Ronald S. Lauder y el administrador de fondos de cobertura multimillonarios Ross L. Stevens también han respaldado tales llamados. Magill volvió a pedir disculpas pero no alcanzó. El MIT, en cambio, respaldó a su presidenta. También el órgano rector de Harvard “apoyó firmemente” a la presidenta Gay “después de varios días de silencio e intensa presión pública. Bajo el fuego de algunos de los principales patrocinadores financieros de la universidad, destacados ex alumnos judíos y legisladores” (NYT, 12/11). La decisión estuvo precedida por una carta de respaldo de 600 profesores de Harvard. Gay es la primera mujer negra en ser rectora de Harvard, una “prominencia trascendental para una universidad que trata de limpiar una larga historia de segregación y racismo” (WSJ, 12/12). Sin embargo, el respaldo a Gay incluye una grave amenaza a docentes y estudiantes. La declaración de respaldo “también sirvió para subrayar que la universidad tendría tolerancia cero con las protestas estudiantiles que interrumpan las clases” (idem). "Defendemos el discurso abierto y la libertad académica", dijo la Corporación Harvard en su comunicado. "Y estamos unidos en nuestra firme convicción de que no se tolerarán los llamados a la violencia contra nuestros estudiantes ni las interrupciones en la experiencia del aula". La polémica sobre el antisemitismo “podría dar envión a los intentos de los republicanos por desfinanciar y restringir el acceso a las universidades públicas, sobre todo en los estados donde el Partido Republicano controla la legislatura” (NYT, 10/11). Según un relevamiento del diario The Chronicle of Higher Education, en total, este año más de 20 estados aprobaron o analizaron proyectos para restringir prácticas de contratación basadas en la identidad o programas de diversidad, igualdad e inclusión en las universidades. LEER MÁS: La Feria de Frankfurt canceló un homenaje a una escritora palestina que denuncia la ocupación israelí Limpieza étnica por otros medios. Por Olga Cristóbal, 19/10/2023. La persecución política contra Roger Waters Por Qué hay detrás del muro. Por Mauri Colón, 13/06/2023. VER LA SIGUIENTE ENTREVISTA: Olga Cristóbal: «La liberación de los presos políticos palestinos y la tregua son un triunfo de la resistencia». Entrevista a la dirigente de Política en el programa "Mate al Rey", conducido por Gustavo Burgos Velázquez y emitido por el canal de YouTube de la revista "El Porteño" de Valparaísp-Chile, emitido el 24/11/2023 Publicado en el portal de noticias "Resúmen Latinoamericano-La otra cara de las noticias de Ámerica y el Tercer Mundo", 26/11/2023. Publicado además en la página de FB Nacional de Política Obrera.

Milei participó de la celebración de Janucá, organizada por la DAIA, entre otros, para pedir por “los secuestrados, los soldados israelíes y la pronta recuperación de los heridos”. En la cobertura de la TV Pública, los voceros de la DAIA ratificaron el “derecho a la defensa” que es como se denomina a la guerra de exterminio del Estado de Israel sobre Gaza y el pueblo palestino, con más de 18.000 muertos -más de la mitad son niños y mujeres. En el evento, Milei se mostró escoltado por los ministros de Seguridad de Nación, Patricia Bullrich, y CABA, Waldo Wolff, ambos de íntimos contactos con el sionismo, el Mossad y la CIA. Wolff -actual vicepresidente de la DAIA- encabeza furiosos ataques contra todas las manifestaciones en apoyo al pueblo palestino, en nombre del “antisemitismo”. Ha afirmado que “la izquierda argentina no tiene nada que envidiarle a los nazis”. El alineamienrto de Milei con el sionismo es incuestionable. Ha anunciado el traslado de la embajada argentina en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, siguiendo los pasos de Donald Trump. El nuevo embajador será Axel Wahnish, a quien Milei define como su “consejero espiritual desde hace varios años”. El canciller israelí Eli Cohen felicitó personalmente a Milei por esta decisión en una reunión que mantuvieron, junto a familiares de argentinos secuestrados el 7 de octubre, horas antes de la asunción presidencial. La presencia de Cohen es una señal de la jerarquía que el sionismo le atribuye al nuevo gobierno. El canciller sionista agradeció a Milei por “su firme apoyo a Israel en su lucha contra el terrorismo y su intención de declarar a Hamas como organización terrorista” (Infobae, 10/12). Es muy claro que Milei busca un punto de apoyo internacional en el imperialismo estadounidense y el sionismo. La política represiva del nuevo gobierno pondrá el foco en las “manifestaciones judeofóbicas”, es decir, en toda forma de expresión de solidaridad con Gaza. DAIA es un activo promotor de la censura, al punto que condonó al nazi Rodolfo Barra, flamante Procurador General de la Nación, quien promete legalizar la censura contra toda crítica al Estado de Israel y avanzar en la criminalización de los disensos. Los partidos de la burguesía aprobaron por unanimidad una norma que tipifica cualquier crítica al Estado de Israel como “antisemita”. Otro aspecto de esta campaña se ha comenzado a observar con concentraciones y marchas callejeras prosionistas en la Ciudad de Buenos Aires –a las cuales, dicho sea de paso, ningún funcionario cuestiona por ´interrumpir el tránsito´. En lo inmediato, el gobierno de Milei ha plasmado su apoyo incondicional a Israel absteniéndose en las Naciones Unidas de votar ante la moción que proponía un “alto el fuego humanitario e inmediato en Gaza”, finalmente aprobada por 153 votos a favor, 10 en contra (Israel y EEUU) y 23 abstenciones. El 20 de diciembre, marchemos para repudiar esta criminal posición, por el cese inmediato de los bombardeos en Gaza y el retiro de todas las tropas sionistas. LEER MÁS: Milei anuncia el rodrigazo y se codea con la internacional fascista Por Jorge Altamira, 10/12/2023. El 19 y 20 de diciembre movilicémonos por el cese del fuego en Gaza y en Ucrania y por el retiro del ejército sionista de todos los territorios ocupados Carta abierta a los luchadores y a las organizaciones, 09/12/2023. Gaza: EE.UU. veta en el Consejo de Seguridad cese del fuego Por Norberto Malaj, 09/12/2023.

En su local del barrio de Almagro, Política Obrera realizó una conferencia de prensa donde se denunciaron las medidas económicas anunciadas por el gobierno. Junto a Jorge Altamira y Marcelo Ramal, estuvieron presentes Patricia Urones, candidata a vicepresidente en las recientes elecciones, y Valentina Viglieca, delegada estatal y ex candidata de Política Obrera en CABA. Marcelo Ramal señaló que “Milei y Caputo han consumado un golpe de Estado económico contra trabajadores y jubilados, que se pretende justificar con un argumento peculiar: en nombre de querer evitar una ‘hiperinflación’, el propio gobierno la desencadena, con una devaluación del 110% y tarifazos masivos. El ataque se completa con la eliminación de la movilidad jubilatoria, que es la condición que le ha puesto el FMI a Caputo para recomponer el acuerdo entre la Argentina y el organismo”. Jorge Altamira aseguró que “asistimos a una redistribución de ingresos contra el trabajo y a favor del capital de características pocas veces alcanzada en la historia argentina. Pero el gobierno miente cuando afirma que ese sacrificio popular permitirá reestablecer un equilibrio económico. El paquete oficial agravará la bancarrota del Estado, porque la deuda pública indexada con la inflación o con el dólar terminará duplicándose como resultado del ‘rodrigazo’ oficial. En suma, las medidas de Caputo son el anticipo de una crisis económica y política”. Valentina Viglieca, por su parte, denunció que “el cese de trabajadores contratados en el Estado, también anunciado por Caputo, puede tener graves consecuencias en términos de despidos, habida cuenta de la importante precarización que cunde entre los estatales”. Patricia Urones, por su parte, señaló que “a renglón siguiente de las medidas económicas antiobreras, tenemos a la ministra Bullrich propugnando un protocolo contra la protesta social.” En el cierre, los dirigentes de Política Obrera señalaron: “Vamos a explicarle al pueblo argentino que esta confiscación social no abre ninguna perspectiva, sino que nos conduce a un hundimiento mayor. Con esa perspectiva, nos movilizaremos el próximo 20 de diciembre, donde levantaremos otra gran reivindicación política: la defensa de la causa palestina, y la denuncia de la masacre que perpetra el Estado sionista sobre Gaza”.

A mediados de 1980, la base de apoyo de la dictadura se socavaba aceleradamente. Política Obrera explicaba que “la ola de pronunciamientos de la casi totalidad de las cámaras empresarias (MIA, CRA, etc) y la fuga de capitales al exterior, evidencian la creciente ruptura de la burguesía con Martínez de Hoz. Para la burguesía se impone la necesidad de una alteración de rumbo”. En su análisis, la crisis económica se entrelazaba con la crisis política, debido a que “la alteración del plan económico implica un cambio en la correlación de fuerzas en la que se sustenta, lo que lleva a un proceso de lucha entre las diversas fracciones burguesas y militares” (Política Obrera N° 311, 28/06/80). Realineamientos políticos PO explicaba en sus páginas que “no queremos decir que la catastrófica situación económica no tenga salida teóricamente bajo el régimen dictatorial. Pero sí, que este plan no da para más y que cualquier otro plan burgués de alternativa significa una nueva rediscusión de las relaciones entre los diversos grupos y clases (en particular con el imperialismo), lo que pone en marcha una agudización de la lucha de clases. Un nuevo plan económico estaría sustentado sobre un nuevo conjunto de fuerzas políticas y sociales, diferente al de la tranza de Martínez de Hoz” (Ídem). A partir de esta clarificación, PO concluía que “es en este marco que aparece la posición opositora de los partidos burgueses (peronismo, desarrollismo, UCR, etc) y de la iglesia”. Comenzaba a configurarse un frente opositor, que un año más tarde dará nacimiento a la “Multipartidaria”. En su análisis, estos “opositores” a la dictadura no representaban, en absoluto, un ariete de la lucha democrática, sino más bien lo contrario: “la 'oposición' burguesa, si bien levanta el tono de sus reclamos, se mantiene aún subordinada al régimen militar. Esto porque teme abrir una brecha que dé lugar a una irrupción independiente de las masas. Por eso no reclaman que la dictadura se vaya y elecciones inmediatas. Tratan de presionar por una salida 'institucional', por el inicio de un gobierno de 'transición' donde ella esté directamente representada. Los partidos burgueses han definido su programa como el de la 'convergencia' con sectores de las fuerzas armadas para armar una 'salida' en 1984. El título de este artículo planteaba “Ni 1984, ni 1988. Organizar la movilización para echar a la dictadura” (Política Obrera N° 311, 28/06/80). Este proceso se desarrollaba no sin contradicciones. “Para el imperialismo y la burguesía, el régimen militar sigue siendo, con todo, su régimen, principalmente porque rechaza cualquier experimento constitucional en los viejos moldes. Pero (…) lo que importa no son los límites que la burguesía pretende poner a su descontento sino cómo éste puede ser aprovechado por las masas para imponer una vasta movilización nacional, cuya dirección debe ganar” (“El carácter de la situación”, Política Obrera 315, 15/10/80). Sucesión y crisis En octubre de 1980 fue electo Viola fue electo para reemplazar a Videla a comienzos del siguiente año. La elección había sido presentada como un trámite por la prensa y los partidos tradicionales. La misma, sin embargo, fue turbulenta. Política Obrera reconoció en este episodio una expresión significativa del conjunto de la etapa política. En su periódico señaló que “la crisis para nombrar 'sucesor' es una refractación de la crisis económica y de la escisión que ésta ha producido en la burguesía. (…) Con el núcleo fundamental de la burguesía en disgregación segura, y recomposición incierta, no es viable ningún plan político continuista que pretenda apoyarse en una coalición sólida de fuerzas políticas”. Y concluía: “la crisis política actual expresa el principio de viraje que la caracteriza respecto a 1976”. La designación de Viola era una ratificación del rumbo continuista de la dictadura; sin embargo “las condiciones políticas generales y la relación entre las distintas clases y el gobierno no es la misma”. El objetivo era impulsar un continuismo institucional, es decir, “no basado en un caudillo, o en una camarilla militar especial, sino en una coalición de fuerzas políticas”. La preocupación de Viola, por lo tanto, era la reunificación de la burguesía en el apoyo a la dictadura. (“Qué representa Viola”, Política Obrera 315, 15/10/80). El quebranto económico se transformó rápidamente en una depresión con un aumento exponencial de la desocupación. A mediados de año, Política Obrera señalaba que “al cabo de dos meses, se ha quebrado el frente de sustentación del gobierno de Viola (el que, a su vez, era una recomposición de la ruptura del frente que había sostenido a Videla hasta 1980)”. Y agregaba que “está planteada una crisis política mayor que, en las condiciones de la dictadura, significa una crisis de poder. Lo que está planteado para los explotadores es una alteración de rumbo de la dictadura, incluso su suplantación. La base del gobierno de Viola se ha reducido en extremo y no cuenta con el apoyo de ningún sector que no esté conspirando por otro lado; la división del gabinete es completa. Está planteada la posibilidad del golpe militar” (“Una crisis de poder” 16 de julio de 1981). La dictadura se encontraba entonces en el peor escenario posible. PO lo resumía en que “el régimen militar ha perdido la iniciativa política, pero conserva el poder”. Esa iniciativa “tiende a ser tomada por los elementos descontentos de la burguesía y por los políticos democratizantes. Pero este bloque no tiene el poder ni lucha por él. La iniciativa que la situación les ha puesto en las manos les quema como brasa ardiente” (Ídem). Las movilizaciones de familiares de desaparecidos contaban ya con decenas de miles. Para Política Obrera, la tarea del momento era una campaña por un paro nacional. La Multipartidaria Los partidos 'democráticos' de la burguesía pegaron un giro al calor de la crisis. El radicalismo, que se había negado sistemáticamente a cualquier entendimiento interpartidario con el argumento de que había que evitar el antagonismo entre civiles y militares, convocó a mediados de 1981 a una reunión “multisectorial”. A la misma acudieron el desarrollismo, el radicalismo y la CGT. Balbín sostenía que “estamos al borde del abismo”. El giro también era del desarrollismo (frondicismo), que fue un sostén de la dictadura desde el comienzo y que incluso tenía ministros en el gobierno. Política Obrera explicaba que “se pone en evidencia que los hilos de la multisectorial se mueven desde el gobierno militar y los cuarteles. La multisectorial aparece como una bisagra entre las fuerzas políticas de las burguesía y la FF.AA”. En relación al peronismo, afirmaba que “a través del acuerdo multisectorial se abriría también la oportunidad para un replanteo de la 'institucionalización' del peronismo, estrategia alentada desde adentro y fuera del peronismo desde 1955 en adelante. Es decir, lograr que el peronismo sea finalmente dominado por el sector más orgánicamente ligado a los militares, y declaradamente partidario de aceptar la vigencia de un régimen constitucional mutilado” (“Multipartidaria: que la dictadura nos saque de la crisis”, Política Obrera N° 322, 16/07/81). En julio de 1981 se formalizó la creación de la Multipartidaria con un comunicado de prensa publicado en los principales diarios firmado por la Junta Política Convocante integrada por la Federación Demócrata Cristiana, el MID, el Partido Intransigente, el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical. El texto sentenciaba que “damos por iniciada la etapa de transición hacia la democracia, objetivo que constituye nuestra decisión intransferible e irrevocable”. Algunos medios calificaron su surgimiento como el hecho político más importante desde el golpe de Estado de 1976. Pero “la finalidad inconfesable de la 'Multi', decía PO, es defender a Viola contra un golpe militar de derecha”. Política Obrera explicaba que “el armado de un puente entre los partidos y Viola pretende ser un primer paso para acercar a una fracción de la opinión pública a la idea de la transacción con la dictadura. Los partidos de la 'Multi' ya habrían dado garantías a la Junta de que no tocarán la cuestión desaparecidos, en una iniciativa que vendría del ex senador [Luis] León”. Ricardo Balbín declaraba que “las FF. AA tienen que considerar esto [la Multipartidaria] como un elemento de ayuda al éxito del Proceso”. De otra parte, Conrado Storani, integrante del Movimiento de Renovación y Cambio que lideraba Raúl Alfonsín dentro de la UCR, explicaba que “la explosión social tendrá que ser conducida por la Multipartidaria para impedir el caos”. Federico Robledo, del peronismo, sostenía que la Multipartidaria debía dar paso a “un gobierno de unión nacional, que integre un poder ejecutivo de coalición constituido por el poder militar y los partidos políticos”. La Multipartidaria buscaba que el “diálogo” con la dictadura abriera una negociación a una “institucionalización”. Pero el tiempo de la Multipartidaria todavía aun no había llegado. Política Obrera explicaba que “el fracaso para armar rápidamente una multisectorial está indicando que en las filas de la burguesía no existe ningún gran impulso a favor del frente opositor. La burguesía golpeada por la crisis prefiere maniobrar dentro del gobierno (Alsogaray 'asesora' a Viola, la UIA está en el gabinete, así como una parte del ruralismo). En lugar de alterar esta relación de fuerzas mediante una enérgica agitación, la Multi se limita a vegetar”. “La 'Multi' es por esto, decía PO, una maniobra distraccionista, ya que no tiene viabilidad, ni subjetiva (no quieren el poder), ni objetiva (la transferencia del gobierno a los 'civiles' no aglutina a la mayoría de la patronal). La perspectiva de la 'Multi' se reduce a esto: que las masas hagan el trabajo 'sucio' de crear una situación revolucionaria a partir de la presente crisis política, forzando a la burguesía a recurrir a los partidos como recurso último para salvar al Estado burgués. La clase obrera debe hacer prevalecer su independencia respecto del frente patronal”.

Javier Milei, en su discurso de asunción, ha dejado claro a todos los argentinos que aquel Rodrigazo de 1975 que desató la hiper inflación quedará chico ante el “Javierazo” que él mismo pretende realizar. Sus objetivos son una declaración de guerra contra los trabajadores: devaluar salarios y jubilaciones, redolarizar las tarifas de combustibles y servicios públicos, achicar puestos de trabajo en el Estado y reemplazar las paritarias por acuerdos de empresa. Estamos ante un verdadero golpe de Estado económico contra los trabajadores. Milei solo expresa los intereses del gran capital que exige un superávit comercial que permita pagar la impagable deuda externa –más de 500 mil millones de dólares. La clase obrera y los explotados de este país, más temprano que tarde, van a enfrentar estos brutales planes antiobreros. Nuestro partido, Política Obrera, trabajará incansablemente por una linea de acción de los trabajadores, impulsando asambleas, plenarios y autoconvocatorias, para darle una respuesta obrera y socialista a la crisis –como sucedió en el 75- está planteada una huelga general, Nuestro partido lucha por una salida a la crisis humanitaria del capital –la revolución socialista. Las reivindicaciones inmediatas: 1) aumento del 100 % de salarios, jubilaciones y asistencia social; 2) rechazo a la reimplantación del impuesto a los salarios; 3) acelerada convocatoria de paritarias para pactar salarios en función de la hiperinflación. Es en nombre de este programa que llamamos a los trabajadores, jóvenes y mujeres a apoyar con su aporte nuestra campaña financiera de fin de año. Necesitamos los recursos económicos para desarrollar el partido capaz de llevarnos a la victoria –nuestra organización, nuestra prensa, nuestros medios de comunicación, las escuelas de formación política, para llegar a millones con nuestras ideas. Para luchar contra el golpe de Estado económico contra los trabajadores, pedimos tu colaboración.

Patricia Bullrich anunció un protocolo antipiquete que coloca a su gobierno por afuera de la legislación vigente en relación a las libertades y al derecho de reunión. Los anuncios habilitan, no ya al desalojo de manifestaciones o piquetes, sino también a impedir el agrupamiento o la llegada de manifestantes a las concentraciones. Bullrich, sin embargo, se ha despachado con todo esto, a sabiendas de que la seguridad de los diferentes distritos es atributo de los estados y las policías provinciales. La posibilidad de que las fuerzas federales intervengan en la seguridad provincial, como insinuó la ministra, la pone fuera de la ley y del orden constitucional. La continuidad de Patricia Bullrich en el cargo es un despropósito. La ciudadanía debe defender hasta las últimas consecuencias los derechos democráticos. Jorge Altamira, Marcelo Ramal. Para comunicarse: Jorge Altamira: 11 4423-7873 Marcelo Ramal: 11 5690-1943

La "brigada antipiquetera” está en la agenda de los gobiernos desde los primeros días de la presidencia de Duhalde. Hubo intentos de ponerla en acción en enero de 2002, pero el debut y su clausura tuvo que esperar al 26 de junio de ese año, cuando fueron asesinados Kosteki y Santillán, y baleados numerosos manifestantes por parte de francotiradores de la Policía Bonaerense. Una manifestación gigantesca al día siguiente, en un clima de intimidación y terror, puso fin a la acción de ‘la brigada’ y al propósito de reelección de Duhalde. En el levantamiento popular de 2001, el secretario de Seguridad de De la Rúa, Mathov, ordenó el despliegue de autos sin patentes para disparar sobre los manifestantes. La cúpula legalista de la Polícia Federal había sido purgada un año antes. Néstor Kirchner anunció el mismo propósito y lo bautizó con el nombre de “brigada antipiquetera”, en la Casa Rosada, a mediados de 2003. A finales de 2001 se había valido de ella, en Río Gallegos, para apalear a la Asamblea Popular de la ciudad. Kirchner engavetó enseguida el proyecto y prefirió ir a la cooptación de los Pérsico, Navarro, Grabois, Esteche y otros ‘revolucionarios’ de menor fuste. Cinco años después, Cristina Kirchner tuvo que soportar otros piquetes –de la Sociedad Rural y de la izquierda defensora de “los pequeños productores”-. Para los que eran auténticos movilizó a la tropa de Sergio Berni, que agredía en la Panamericana a los piqueteros como a los obreros de las grandes fábricas lindantes. Con el gobierno de Macri, entonces apoyado por Massa, se esperaba lo peor; su ministra de Seguridad era Patricia Bullrich, una delegada de los servicios de Argentina desde su primer pasaje por la Dirección de la Penitenciaría Federal. Pero la billetera prevaleció a los bastones: la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, regó con cuantioso dinero a los dirigentes ‘sociales’, en la búsqueda de la ‘paz social’. El planteo de Patricia Bullrich de prohibir las manifestaciones en las calles no es, sin embargo, un intento de retorno al pasado. La cooptación de dirigentes va a continuar, por supuesto, como lo muestra el ‘período de gracia’ que le ofrecieron a la ahora secretaria Juan Grabois y compañía. Tampoco la van a arredrar los límites que impone la ley para la intervención de las fuerzas federales en las provincias, o la violación de los tratados internacionales de derechos humanos que ha firmado Argentina. Hay, en la actualidad, un nuevo escenario, que no es tampoco estrictamente nuevo. El radical Gerardo Morales, en Jujuy, y el massista Gustavo Sáenz, en Salta, hicieron aprobar en sus legislaturas la prohibición de los cortes de calles por manifestaciones, con el voto o la abstención de la totalidad de las fuerzas políticas. El nuevo escenario es el Rodrigazo de Milei -una inflación del 30% mensual- acompañado del propósito de liquidar derechos previsionales y laborales. Bullrich ya ha recibido el apoyo de varios gobernadores para intervenir en la jurisdicción federal. Uno de ellos es el nombrado Gustavo Sáenz, el otro es el ultra kirchnerista Gerardo Zamora, de Santiago del Estero. El proyecto de Bullrich no se confina al control de la calle – también prevé contra el bloqueo de empresas, o sea que vulnera el derecho de huelga. El proyecto de Bullrich es, a la vez, una provocación y preventivo. La provocación apunta al próximo 20 de diciembre, en el que piensa desplegar un operativo ‘disuasivo’ contra el arribo de manifestantes, y ‘efectivo’ si, como ella parece suponer, la manifestación no es multitudinaria. La CGT y las “organizaciones sociales” observarían los resultados por TV. Con una demostración de fuerza ‘exitosa’, pretende dejar establecido un ‘precedente’ contra las movilizaciones que no dejarán de producirse frente a la hiperinflación, y frente a los cortes de luz que la vicepresidenta Villarruel juzgó “inevitables”. El escenario no se limita, sin embargo, a la profecía de que “el ajuste sólo entra con represión”. Aunque ni el régimen político de Argentina ni el gobierno de Milei sea “fascistas”, la corriente ‘libertaria’ tiene una impronta fascista. Por de pronto, presenta el derecho a la manifestación como un subterfugio del “colectivismo empobrecedor” y del “socialismo” para subvertir el “orden social”. Una parte de la gran patronal, a partir de Paolo Rocca, de Techint, caracteriza que la crisis social puede derivar en el fracaso de Milei y en un avance de “las fuerzas del mal”. Más precisamente, fantasean con que no hay que despilfarrar el potencial de movilización contrarrevolucionaria que, imaginan, anidaría en el núcleo duro de los votantes de Milei. Numerosas encuestas han demostrado lo contrario, que esos votantes han rechazado, repetidamente, un Rodrigazo. De todos modos, una columna especial ofrecida por el diario La Nación de hoy, viernes 16, sostiene que “la propuesta consiste en organizar la sociedad civil, ciudadanos y organizaciones no gubernamentales, para dar apoyo y sustento de gobernabilidad hasta tanto el nuevo líder (SIC) pueda afianzarse y superar los duros escollos que tendrá que atravesar”. Todo esto prueba algo que Política Obrera ha repetido durante 40 años: los lazos entre la dictadura militar y la democracia nunca se han roto, como lo prueba el nombramiento de Rodolfo Barra a la Procuración del Tesoro y de jueces de la dictadura al Consejo de la Magistratura. Finalmente, la guerra en Ucrania, pero por sobre todo la masacre del sionismo en Gaza, han reconfigurado el derecho internacional a la manifestación. Bullrich, por caso, prohibiría una manifestación contra las agresiones sionistas, y lo haría con el apoyo de Waldo Wolf, un sionista a cargo de la Seguridad en CABA. En toda Europa, Estados Unidos y en Australia hay una cruzada contra las manifestaciones en apoyo al pueblo palestino. Sully Braverman, la secretaria de Interior de Gran Bretaña desencadenó una campaña contra esas movilizaciones, aunque al final tuvo que renunciar al cargo. Lo mismo ocurre con Macron en Francia y con el Partido Popular y Vox en España. En EEUU se ha lanzado una campaña feroz contra las Universidades, como Harvard, para que repriman la lucha contra la masacre en Gaza, como un caso de antisemitismo. Bullrich pretende alinear a Argentina con esta ola represiva, en onda con el HIRA, el tratado elaborado por Trump y Netanyahu, que fue firmado por Felipé Sola y ratificado por el Congreso y varias legislaturas. En la transición a la llegada de Milei, Clarín y La Nación detectaron situaciones inusuales. De acuerdo a Clarín, la custodia de Milei estuvo a cargo de los servicios norteamericanos; para La Nación, el Mossad sionista esta instalado en aparato de Seguridad de Argentina y en varias policías provinciales. No se pueden caracterizar adecuadamente los pasos de Bullrich sin una atención a la situación en su conjunto. Más que nunca es necesario enfocar la política obrera como una acción de masas, con reivindicaciones y propósitos concretos. No se puede dar marchar atrás a la devaluación de Milei y la remarcación inflacionaria con slogans como “abajo la política de ajuste”. En esto no hay vuelta al escenario anterior. Lo que debemos plantear es un aumento del ciento por ciento en los salarios, las jubilaciones y la prestaciones sociales, y la convocatoria a paritarias inmediatas y de emergencia, por el ajuste quincenal de los salarios y todos los ingresos. Sobre esta base construir comites de acción y coordinadoras, para desatar todas las fuerzas elementales y organizadas del proletariado. LEER MÁS: El ´protocolo´ represivo de Patricia Bullrich es ilegal e inconstitucional Por Emiliano Fabris, 15/12/2023. Las “fuerzas del cielo” de Milei: una alianza estratégica con el Estado genocida de Israel Por Emiliano Fabris, 14/12/2023. Patricia Bullrich se coloca fuera de la ley Comunicado de prensa de Política Obrera, 14/12/2023. VER LA SIGUIENTES ENTREVISTA: Entrevista a Marcelo Ramal en "Bahía Hoy" La Brújula 24. Publicada en el canal de YouTube de Política Obrera.

Patricia Bullrich anució el establecimiento de un “protocolo de mantenimiento del orden público”. La cuestión represiva contra las movilizaciones sociales fue un eje de su campaña presidencial. Ahora desenvuelve sus aspiraciones desde el cargo en el Ministerio de Seguridad. El anuncio se hizo horas después de la brutal devaluación y de los tarifazos en los combustibles, sin actualización de salarios ni jubilaciones. El protocolo habilita a las cuatro fuerzas federales más el servicio penitenciario federal a intervenir frente a cortes, piquetes y bloqueos, sean parciales o totales. Como el protocolo es una resolución nacional, por el momento solo tiene injerencia sobre rutas nacionales, autopistas, puentes y ferrocarriles. En todo caso, las jurisdicciones deberían adherir a este protocolo, cuestión que aún no ha sucedido ni con la propia CABA, que tiene como ministro de seguridad al sionista Waldo Wolff, un reciente contendiente de Bullrich en la interna de JxC. Diego Kravetz, secretario de seguridad de CABA, aclaró que el protocolo de Bullrich "no es de aplicación obligatoria" por el resto de los distritos. En la gestión de Larreta en la Ciudad, cuando Bullrich ocupaba el mismo cargo en la presidencia de Macri, eran habituales los pases de facturas por la actitud ´tolerante´ del gobierno porteño frente a los piquetes. El protocolo promete choques y crisis políticas a diestra y siniestra. En algunas declaraciones en los medios, Bullrich señaló que las fuerzas federales estarían habilitadas a intervenir en caso de que no lo hicieran las fuerzas de seguridad existentes en la propia jurisdicción, como podría ser el caso de la policía de la Ciudad de Buenos Aires o la policía bonaerense. Es decir que sería una intervención de facto de esas propias fuerzas, una violación flagrante de la autonomía política de la jurisdicción en cuestión. Solo por esto, el “protocolo” es una aberración política y constitucional que, de aplicarse efectivamente, daría paso a disputas legales infinitas. El protocolo dice que aplicará, para su cumplimiento, una “mínima fuerza necesaria” pero que será “graduada” hasta liberar la via pública y “en proporción a la resistencia”. Esto es, en principio, piedra libre para reprimir sin “atenuantes” de ningún tipo. Kravetz cuestionó esto públicamente. Habrá que ver, entonces, hasta donde los gobernadores, intendentes y el propio jefe porteño están dispuestos a aplicarlo. El otro aspecto por el cual este protocolo choca con las normativas vigentes es precisamente las restricciones que impone a la libertad de manifestarse y movilizarse, presentes en la Constitución Nacional. Otorga una jerarquía legal al “derecho a circulación” por encima del derecho a la protesta, lo cual es una abominación legal. El protocolo impondría además sanciones económicas a las organizaciones que protesten para financiar al propio operativo encargado de reprimirlas, lo cual supondría una modificación del Código Penal. Supone, además, la identificación de las organizaciones y/o personas que participen de las manifestaciones y que lo hagan en forma recurrente. El protocolo dice que habilitará requisas en los trenes para identificar “palos y máscaras” y que significaría además un despliegue de agentes de proporciones inusitadas. Sabina Frederic, la ex ministra de Seguridad, dijo que esto era un blanqueo del “Proyecto X”, adoptado durante el gobierno de CFK. El protocolo se despacha con amenazas varias de, una vez identificados los manifestantes, deportar inmigrantes, retirar asistencia social, “personería jurídica” a los sindicatos e incluso la tenencia de hijos a las familias que participen de cortes de calles. La aplicación de todo esto no tiene el más mínimo detalle. El protocolo ya es una groseria cuando se refiere al “daño ambiental” que produciría la quema de un neumático, en el país de la megaminería, la sojizacion, los desmontes, la inundaciones y sequías recurrentes. Bullrich pretende sortear la intervención de la Justicia, disponer de un régimen de espionaje permanente sobre las organizaciones políticas y sociales y privatizar el costo del accionar policial. Apunta a crear un estado de excepción permanente para blindar el golpe de estado económico contra los trabajadores. El protocolo en cuestión es un adefesio jurídico cuya aplicabilidad por el momento es reservada a zonas muy concretas. Todo lo demás es una provocación a la clase obrera y a las movilizaciones democráticas. LEER MÁS: Bullrich fuera de la ley - represión y fascismo Por Jorge Altamira, 15/12/2023. Patricia Bullrich se coloca fuera de la ley Comunicado de prensa de Política Obrera 14/12/2023.

Hace unos días Cavalieri anunciaba con bombos y platillos la firma de un bono para algunos sectores de comercio. Se trata de una suma no remunerativa de $ 70.000 por única vez para trabajadores de supermercados y mayoristas y $ 100.000 para trabajadores de transportadoras de caudales. Un bono miserable considerando las ganancias millonarias que han obtenido las empresas, en parte gracias a la generosidad de la burocracia mercantil, que se encargó de que los salarios de los trabajadores se mantuvieran por debajo de la línea de pobreza en prácticamente todas su ramas y categorías. Los empleados de comercio suman aproximadamente 1,5 millón. Lo cobrarán apenas algunas decenas de miles. El bono no alcanza, por ejemplo, a los trabajadores de call center , los más precarizados y flexibilizados del gremio, quienes nuevamente quedamos con las manos vacías. Pero el bono es incluso una burla para los trabajadores que lo cobran, en primer lugar, porque no alcanza ni siquiera a compensar la carestía del último mes desatada por la devaluación. Apenas compensa la proporción del aguinaldo que perderemos a causa de los aumentos salariales bajo el concepto de “sumas no remunerativas”. El medio aguinaldo de diciembre, además, se calcula sobre la base del sueldo básico de septiembre, es decir, el 37% que terminaremos de recibir con el sueldo de diciembre no cuenta. El bono es un nuevo servicio de Cavalieri a las patronales. En comercio, este año cerramos una paritaria muy por debajo de la inflación, acumulando solo un 61,74% entre abril y diciembre del 2023. Queda por delante la discusión del acuerdo para el último trimestre (enero-marzo), pero Cavalieri no ha mostrado mucho apuro, mientras que en las góndolas las remarcaciones alcanza el 100% en algunos productos. Sabemos de antemano que cualquier aumento que arregle la burocracia será insuficiente para recuperarnos de la perdida salarial. Llegar a fin de mes se convirtió en una misión imposible. La situación se ve particularmente agravada por las recientes medidas anunciadas por el ministro de economía, Luis Caputo. La situación de millones de trabajadores que venimos aguantando las embestidas de los gobiernos, de la burocracia y de la patronal, empeorará enormemente. Que la bronca y la desesperación por no llegar a fin de mes se transformen en nuestro motor de organización. LEER MÁS: Cavalieri entrega las paritarias de comercio a cambio del ´bono Massa´ Por Pablo Busch, 05/09/2023.

1. Por la envergadura de la ofensiva militar; por el poder de fuego contra una población indefensa, el número de muertos y heridos y por el daño infringido al pueblo palestino -que perdió todo: escuelas, hospitales y viviendas reducidas a escombros-, por la demolición de la infraestructura civil; por la cercanía del invierno con la amenaza de enfermedades y epidemias; por todo esto la presente guerra constituye indudablemente la mayor tragedia sufrida por el pueblo palestino en los últimos 75 años desde la Nakba de 1948. Deja empequeñecidas las cinco guerras que llevó a cabo Israel contra Gaza desde que es gobernada por Hamas, en 2006; o las dos guerras del Líbano; ni hablar de las guerras “de los 6 días” o la de Iom Kippur. 2. La guerra de exterminio sionista contra Gaza constituye ya la mayor masacre del siglo XXI en un corto período. Constituye de este modo una expresión aguda de la época de guerras característica de este período histórico de extrema descomposición capitalista. 3. A diferencia de la Nakba —cuando el sionismo reinvidicó que libraba una “guerra de independencia”—, ahora la causa del pueblo palestino es infinitamente más reconocida y constituye una bandera de lucha desde las calles de toda Europa y el Medio Oriente hasta los campus universitarios y las calles de EE.UU. La comprensión de que el estado sionista es un gendarme alistado con el imperialismo mundial, se ha extendido al mundo entero. Por esto Palestina enfrenta a un abigarrado bloqueo del conjunto del imperialismo mundial, con el ´demócrata´ Biden a la cabeza, y las burguesías árabes —desde las potencias regionales más prooccidentales (Arabia Saudita, los emiratos del Golfo y Egipto), por un lado; a Turquía e Irán por el otro-. Con la sola excepción de los hutíes de Yemen, el nacionalismo árabe musulmán ha dejado la rebelión palestina en el más absoluto aislamiento para proteger esa plaza fuerte del imperialismo que se llama estado de Israel. 4. El asalto al Muro de la Ignominia, el 7/10 pasado, en la frontera sur de Israel constituyó un golpe disruptivo contra el statu quo de opresión nacional, confiscación territorial y discriminación política del pueblo palestino. De ahí el despliegue político y militar del imperialismo mundial para apoyar la guerra de limpieza étnica del gobierno racista que encabeza Netanyahu. Al mismo tiempo ha acentuado el movimiento de fascistización de los colonos sionista y las FFAA de Israel, enterrando al movimiento de democratización que reunió millones de personas en Israel y mostrando sus límites históricos insuperables. El desenvolvimiento del fascismo en Israel, pone al sionismo internacional en estado de coma, como lo demuestra la participaión de judíos en las manifestaciones contra la masacre en Gaza. De otro lado, ha abierto un período de movilización de masas en los estados árabes contra sus gobiernos, en lo que se perfila como una segunda edición de la llamada “primavera árabe” 5. La guerra de Gaza ha acelerado la expansión del proyecto de asentamientos ilegales en Cisjordania, con el propósito de instaurar un “Gran Israel”, que alcanza a los actuales territorios de Jordania. La masacre en Gaza es el prólogo de guerras nuevas y más sangrientas en la región, en especial Siria y Líbano. Amenaza con involucrar a nuevos protagonistas, en primer lugar Rusia, y a convertir, potencialmente la guerra en Ucrania en un escenario bélico único. 6. A pesar de su abrumadora superioridad militar, las fuerzas armadas sionistas no han logrado destruir, en dos meses y medio largos de bombardeos, a la resistencia palestina. Han sido, contra lo que afirma la prensa sionista, bombardeos a discreción (“dumb bombs”), o sea sin apuntar a objetivos predeterminados, salvo en el caso de asesinatos puntuales. Ha procedido a arrestos masivos, según Associated Press, 14.12) “en todo el norte de la Franja de Gaza, separando familias y obligando a los hombres a quedarse en ropa interior antes de transportar a algunos en camiones a un campo de detención en la playa, donde pasaron horas, en algunos casos días, sometidos al hambre y al frío” (Associated Press, 14/12). Los sionistas ocultan a la ciudadanía judeoisraelí la magnitud de los golpes que le ha propinado la resistencia y, también, la magnitud de sus bombardeos. Los militares sionistas muertos se cuentan por cientos. El ejército israelí reconoció más de 1500 heridos, pero el diario sionista Haaretz denunció, tras una recorrida por hospitales israelíes, que esta cifra debe multiplicarse como mínimo por tres. 7. La aspiración de Biden de reestablecer un remoto statu quo ante en Gaza, reponiendo a la Autoridad Palestina revela un *impasse *profundo del imperialismo. Según Associated Press “una encuesta de opinión entre los palestinos en tiempos de guerra publicada el miércoles muestra un aumento en el apoyo a Hamas, que parece haber aumentado, incluso en la devastada Franja de Gaza, así como un rechazo abrumador al presidente Mahmoud Abbas, respaldado por Occidente, con casi el 90 por ciento diciendo que debe dimitir” (13/12). La encuesta da resultados muy parecidos en Cisjordania. “Dado que los resultados de las encuestas indican una mayor erosión de la legitimidad de la Autoridad Palestina, en un momento en el que no hay un camino aparente hacia el reinicio de negociaciones creíbles sobre un Estado palestino, la opción predeterminada para la Gaza de posguerra es una ocupación israelí indefinida” (ídem). Para evitar el costo político y económico enorme de semejante ocupación, Estados Unidos deberá encontrar un Mandela palestino, o sea a un líder palestino dispuesto a jugar ese rol en las cárceles israelíes. ¡Liberar los presos! 8. Israel está bajo una ola de odio antipalestino sin parangón con el pasado. “No hay nadie en la sociedad árabe israelí —dice el periodista Gedeón Levy— que no se sienta impactado por las imágenes de la Franja de Gaza. Estas personas son sus hermanos, sus parientes y, a diferencia de los judíos israelíes, también están expuestos a la realidad en Gaza que los medios propagandistas e inútiles ocultan a los judíos. Pero los árabes israelíes no pueden protestar. El gobierno amenaza a esta comunidad más que cualquiera de sus predecesores, silenciando brutalmente su voz y encarcelando a algunos de sus miembros. Los árabes israelíes ahora viven con miedo al gobierno y a la chusma judía, como no habían experimentado desde la Nakba de 1947-48” (Haaretz, 13/12). “También en la sociedad judía israelí, además del apoyo abrumador a la guerra y a todos sus crímenes, hay ciertamente algunos que empiezan a comprender el horror que Israel está causando, pero aquí también la gente tiene miedo de hablar, por miedo al gobierno actual y de las masas. El resultado: una guerra sin oposición” (ídem). La ´democracia´ israelí es un pasadizo hacia el fascismo. 9. “La mayor palanca que Biden tiene sobre Netanyahu no es el uso continuo del veto a favor de Israel, sino el control de su inventario de municiones. Desde el estallido de la guerra, Israel ha estado recibiendo enormes cantidades de municiones y equipos de los estadounidenses. El problema es que el denso combate urbano es un consumidor notoriamente voraz de municiones y las FDI deben mantener un ojo abierto sobre el norte todo el tiempo. Si Israel finalmente se ve arrastrado a una guerra con Hezbollah, se necesitarán enormes cantidades de armamento avanzado …” (Amos Harel, Haaretz, 11/12). Israel es, en este sentido, un peón de la maquinaria criminal del imperialismo norteamericano. El Congreso de Estados Unidos acaba de votar el presupuesto de Defensa más alto de la historia. 10. Para detener la barbarie que se descarga sobre el pueblo palestino es necesaria una acción internacional de alcance histórico. Las reivindicaciones inmediatas de esta movilización son el cese inmediato de los bombardeos, el retiro de las tropas sionistas, la liberación de los presos palestinos en las cáceles. En tanto, los ataques del ejército sionista y los colonos armados, plantean el armamento de los palestinos de Cisjordania, que también debería ser el objeto de un apoyo internacional. El futuro de la región será determinados por esta lucha, por la movilización internacional y por el desarrollo que asuma la crisis en los estados capitalistas y en las guerras que libra la OTAN en Europa. La defensa de la OTAN, en nombre de la democracia, y el apoyo al pueblo palestino contra la masacre sionista, constituyen una marcada contradicción política, que la izquierda democratizante no hace más que profundizar. En esta lucha está en la agenda el más elemental de los derechos palestinos, que es el derecho al retorno de su territorio, viviendas y patrimonios confiscados. LEER MÁS: The Washington Post confirma que Israel usa bombas de fósforo (made in USA) Por Norberto Malaj, 13/12/2023. Gaza: EE.UU. veta en el Consejo de Seguridad cese del fuego Por Norberto Malaj, 09/12/2023. La guerra contra Gaza con las armas de Estados Unidos Un niño asesinado cada 10 minutos. Por Norberto Malaj, 03/12/2023. Palestina: el fin de la ‘tregua’ y la segunda fase de la guerra de exterminio Por Norberto Malaj, 02/12/2023.

En su primera semana, el gobierno de Milei ha desatado un verdadero golpe de estado económico contra trabajadores y jubilados. Las medidas anunciadas en estos días implican una fabulosa transferencia de ingresos del trabajo al capital. Devaluaron el peso en un 60%; decretaron otro tarifazo del 40% en las naftas, que no es el último. En enero, ponen en marcha las subas en la luz y en el gas. Milei y Caputo pusieron en marcha una hiperinflación. Entre diciembre y enero, la carestía no será inferior al 50%. El paquetazo para el “orden fiscal” acentuará todos los desequilibrios económicos. La deuda pública que se ajusta por dólar se va a duplicar. El déficit fiscal explotará. Banqueros, petroleros, cerealeras, ¡todos indexados al dólar! Las jubilaciones, en cambio, se van a desindexar. Los funcionarios justifican el Rodrigazo por “precios y tarifas atrasados”. Pero ¡no hay precio más “atrasado” que el de la fuerza de trabajo! Para los salarios, los funcionarios nos remiten a las paritarias. Pero muchas de ellas están convocadas para febrero o marzo. Milei congela los gastos sociales y los salarios al valor del presupuesto 2023. El gobierno prepara otros zarpazos contra los derechos laborales y previsionales. Frente a esto planteamos: Inmediato aumento del 100% en salarios, jubilaciones y asignaciones sociales. -Convocatoria adelantada a las paritarias, con ajuste quincenal de salarios. -Abajo la reimposición del impuesto al salario-ganancia. -Abajo las reformas jubilatorias y laborales. -Pleno derecho de huelga, manifestación y lucha. Movilizate, con este programa, con Política Obrera el próximo miércoles 20 de diciembre. Política Obrera 15/12/2023 LEER MÁS: Política Obrera denunció el “golpe de Estado económico de Caputo y Milei” Anunció que se movilizará el 20 de diciembre, 14/12/2023. El Rodrigazo de Javier ‘Celestino’ Milei Una redistribución negativa del ingreso descomunal. Por Jorge Altamira, 13/12/2023. El 19 y 20 de diciembre movilicémonos por el cese del fuego en Gaza y en Ucrania y por el retiro del ejército sionista de todos los territorios ocupados Carta abierta a los luchadores y a las organizaciones, 09/12/2023.

Luego de ocho meses, una fracción mayoritaria de las Fuerzas Armadas dio un golpe contra Viola y encumbró a Galtieri en la presidencia del país. Para Política Obrera, “la dictadura no tiene la iniciativa del 76. Tiene que revertir el curso de los acontecimientos, es decir, librar una batalla cuesta arriba. Los 8 meses de Viola produjeron la mayor división dentro de la dictadura desde 1976”. Galtieri llevó adelante una depuración en el gobierno, dando lugar a la formación de nuevas camarillas. PO sostenía que “el largo mes de dilaciones y de vacío de poder que caracterizó la lucha por destituir a Viola, y el hecho de que Galtieri no obtuvo los 3 años de mandato que pidió, revelan el elevado potencial de dislocación presente a nivel de la cúpula militar. (…) Es a partir de la cada vez mayor fragmentación del frente militar del 76 (Massera, Viola, Galtieri, Menéndez, etc) que se puede afirmar con seguridad que el de Galtieri no es el último golpe dentro del golpe” (“Gobierno de guerra contra los trabajadores”, Política Obrera N°326, 23/12/81). La Multipartidaria y la crisis de 1982 Durante toda esta crisis de la dictadura, la Multipartidaria vegetaba. PO explicaba que “a pesar suyo, a la Multipartidaria le fue ofrecida la posibilidad de convertirse en el centro de la situación política y de llenar el vacío político que se creó durante un mes por la crisis en la cúspide de la dictadura”, pero ésta se negó a aceptar ese rol. El papel reaccionario de la Mutipartidaria se veía claramente en un documento que emitieron entonces, donde sostenían que “la etapa de la subversión ha concluido porque, junto a la acción de las FFAA, existió el firme rechazo del pueblo”; con estas palabras la 'Multi' de los partidos 'democráticos' legitimaba el golpe y el genocidio de la dictadura. El partido comunista y el PST hacía un completo seguidismo a la Multipadtidaria. El PST sostenía que “nuestra corriente socialista, que no se hace ninguna ilusión sobre el accionar de la Multipartidaria, está dispuesta a ocupar un lugar en ella para intervenir en el necesario debate sobre la forma de alcanzar una salida democrática. Como se dice en la nota presentada a la Multipartidaria, 'reclamamos el derecho a cumplir nuestro deber de representantes de un sector de la clase obrera, de participar con serenidad y firmeza en el debate que se abra'” (“Existe el riesgo que la Multipartidaria se asiente sobre exclusiones y discriminaciones”, Editorial de “Opción” Nro 31, septiembre de 1981). El morenismo se prestaba así al campo de la contrarrevolución ‘democrática’. El gobierno de Galtieri se halló rápidamente en una situación desesperante. Política Obrera realizó un análisis de la situación, en marzo de 1982, donde explicaba que “un balance de los 60 días del gobierno de Galtieri nos lleva a estas dos conclusiones principales: 1) la nueva camarilla ha sido incapaz de revertir el proceso de disgregación política de la dictadura militar (en realidad lo ha acentuado de un modo fantástico); 2) el plan Alemann [Ministro de Economía] ha comenzado a entrar ya en una impasse, debiendo agravar el brutal antagonismo entre la dictadura y las masas laboriosas, incluso con la mayoría de la burguesía nacional. Está planteada, en nuestra opinión, una crisis mayor de gobierno, incluida la caída de Galtieri” (“El gobierno de Galtieri está acabado”, Política Obrera N° 327, 02/03/82). Incluso después de la caída de Viola la fracción militar gobernante seguía sosteniendo que no se iría hasta 1984. El objetivo de mínima era pasar a tutores de un gobierno “constitucional”. Hacia esta tentativa fue la intentona de armar un partido oficial. La Multipartidaria seguía buscando un recambio gubernamental cimentado en un pacto político con las FFAA. El gobierno de Galtieri tenía en sus planes, según había admitido al Financial Times , retomar el control de la crisis económica y política. Política Obrera anticipaba que si este plan “es reventado por los trabajadores, o no consigue superar sus propias contradicciones, Galtieri habrá de terminar peor que Viola” (ídem). Por esa misma fecha (principios de marzo) PO explicaba que “la dictadura está tratando de canalizar sus contradicciones hacia una aventura en el exterior, de la mano del títere Reagan. El régimen militar se está metiendo hasta la coronilla en El Salvador y Centroamérica, cuando no consigue de manera alguna salir de Bolivia” (ídem). Un mes después, desesperado por el paro nacional del 30 de marzo que le asestó un golpe demoledor , la dictadura se lanzó a una aventura en Malvinas . Gobierno de Bignone Si el paro del 30 de marzo hirió de muerte a la dictadura, el desprestigio de la dictadura por su accionar con la guerra de Malvinas representaba el desbarranque final del gobierno de facto. La cuestión de las responsabilidades políticas y militares por la derrota en la guerra abrió una feroz lucha entre las fracciones militares. La prensa comenzó a “filtrar” las torturas y vejaciones que sufrieron miles de soldados a manos de sus superiores en las islas. Galtieri fue rápidamente desplazado del gobierno y reemplazado por Bignone. Luego de la capitulación de las Fuerzas Armadas, la Multipartidaria pidió “serenidad” frente a la derrota y se apresuró a pactar con la dictadura un “gobierno de transición”. Política Obrera sostenía que “nadie, ni en el país ni en el extranjero, vacila en afirmar que el 'Proceso' está muerto, y que la dictadura militar es un cadáver político. El mismo régimen que iba a 'reorganizar la nación' y 'refundar la república' tiene que salir desesperadamente a pedir un mínimo de crédito a las viejas representaciones políticas para mantenerse penosamente en pie. Esto evidencia que, a través de la actual crisis política, es toda la línea del gorilismo militar de las últimas tres décadas (entreguismo económico, disciplinamiento y despolitización del movimiento obrero) la que ha entrado en bancarrota (“La dictadura en descomposición, la Multipartidaria a su rescate”, Política Obrera N° 331, 15/07/82) Entre las preocupaciones de las distintas camarillas militares por la cuestión de la 'institucionalización' se encontraba el problema de las responsabilidades de los militares por los crímenes cometidos en esos años. “El planteo de la Aeronáutica, decía Política Obrera, que postulaba un plan inmediato hacia la 'institucionalización', implicaba, de algún modo, el peligro de que algunos sectores militares quedaran expuestos como 'chivos emisarios'. La camarilla del Ejército -que no difiere en cuanto hay que buscar un salvavidas en la 'institucionalización'- lo rechazó por entender que una 'apertura' que no estuviera rígidamente controlada podría introducir el enjuiciamiento de la casta militar” (ídem). Entre estos dos planteos de 'institucionalización', la Multipartidaria se inclinó a apoyar el del Ejército. “La Multi, decía Política Obrera, ha dejado de ser el frente de la patronal nacional golpeada por la dictadura proimperialista y tiende a transformarse en el frente de recambio de la democracia proimperialista ante una dictadura desgastada por sus choques imprevistos con el imperialismo”. Su verdadera naturaleza se revelaba en que “no es una correa de transmisión 'deformada' de las masas, sino una guardiana de la estabilidad del Estado y de las relaciones con el imperialismo”. Presionados por la crisis, el gobierno decidió levantar la veda política y diversos partidos se lanzaron a realizar actos y encuentros. Política Obrera contaba que, en el acto del Partido Comunista en el Luna Park, “mientras la gente gritaba 'se va a acabar la dictadura militar', el orador principal planteaba un 'convenio cívico-militar' para evitar la caída de la dictadura. En algunos casos (actos de Alfonsín y de Intransigencia Peronista) esto demuestra el abismo que separa a los partidos patronales de las masas, hecho que se revela incluso en relación a sus propios partidarios”. PO concluía que “ninguno de estos actos está concebido como plataforma o punto de apoyo para una nueva etapa de lucha”, sino que estaban orientados a contener las movilizaciones y luchas de las masas. La 'salida anticipada' contra las masas Estas movilizaciones iban en pleno crecimiento. El 5 de octubre, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo junto a otros organismos encabezaron una “marcha por la vida”, de la que Política Obrera participó activamente. La movilización reunió unas 25.000 manifestantes en Plaza de Mayo. El PC no participó de la movilización (según la cúpula del PC, en el Luna Park habían concentrado unos 25.000 militantes, que no se vieron en la Plaza). El PST, sin dar explicaciones, también boicoteó la marcha. Ambos temían que una 'desestabilización' abortara los contubernios de la Multipartidaria. Las movilizaciones iban de la mano de una recomposición de los cuerpos de delegados en las fábricas, y la burocracia sindical se veía obligada a convocar acciones aisladas para descomprimir el descontento. En este cuadro, PO explicaba que, a pesar de todo el esfuerzo de la Multipartidaria por pactar con la dictadura, “la 'institucionalización' no camina”. Y agregaba que “lejos de permitirle a la dictadura salir de la crisis y manejar a su antojo la salida 'democrática', la crisis se agrava cada día más y aleja la posibilidad de un traspaso 'ordenado y concertado' del gobierno por parte de los militares” (“Por qué se discute la caída de Bignone”, Política Obrera N°333, 12/10/82). La Nación explicaba por esos días que “el diálogo que hace cuatro meses se entabló entre Bignone y las dirigencias políticas parece extinguirse en una pesada atmósfera de desconfianza”. PO sentenciaba que “el plan político elaborado hace cuatro meses con vistas a elecciones condicionadas en 1984 se encuentra hoy prácticamente agotado” (“Se está buscando desesperadamente un plan político de recambio”, Política Obrera N° 334, 06/11/82). El hundimiento de la dictadura aceleraba las componendas de los partidos 'democráticos' con los militares. Entre las negociaciones, los militares buscaban garantizarse una amnistía general. Política Obrera explicaba que “la pretensión de mantener la salida 'institucional' para 1984 tratando de condicionarla a una 'concertación' (desaparecidos, Malvinas, negociados, etc) no va más, está empantanada”. La dictadura ya no tenía más margen de maniobra ni estaba en condiciones de imponer su salida 'continuista'. “El conjunto de la clase burguesa, decía PO, está buscando desesperadamente un plan político de recambio. La gran mayoría de los partidos burgueses y un conjunto de analistas políticos (…) reclaman que se convoque a elecciones anticipadas para junio del 83” (ídem). La 'salida anticipada' para 1983 no era, como trataban de presentarla los partidos de la burguesía, una salida 'democrática'. Para Política Obrera, “se prepara un frente político con una fracción de recambio de las Fuerzas Armadas, destinada a impedir el desmoronamiento del régimen y a sostenerlo hasta la fecha de las elecciones. Lo real es que no hay proceso democrático alguno mientras se mantenga en pie la dictadura, pues ella se ha convertido en un gran factor de inestabilidad contrarrevolucionaria y de condicionamiento antidemocrático. Al igual que en Bolivia, una 'concertación' en torno a elecciones 'anticipadas' mantendría en pie al aparato militarista contrarrevolucionario y afectaría sólo a los elementos descontrolados” (ídem). La burguesía quería garantizarse que quedara en pie el edificio montado por la dictadura en materia de leyes, del Poder Judicial, etc. El drigente radical Juan Carlos Pugliese expresó su preocupación por arribar a una concertación en estos términos: “Creo que no se puede proponer que las Fuerzas Armadas se vayan en desbande como si fuesen las de Batista”. Unos días después, una votación simbólica realizada en la ONU sobre las negociaciones de paz por Malvinas reveló la orientación del imperialismo. Política Obrera explicó que “para el departamento de Estado, la voltereta diplomática [de la ONU] está 'atada' al surgimiento de un futuro gobierno 'institucional'. En esta dirección apuntan no sólo los yanquis: la propia diplomacia inglesa se ocupó de resaltar que las negociaciones serían 'menos duras' con un gobierno constitucional. De aquí resulta claro que la estrategia del imperialismo frente a la crisis mayúscula de la dictadura es la 'institucionalización', lo que explica, además, el rol relevante que están teniendo en las negociaciones los hombres de la Multipartidaria: el embajador argentino en norteamérica es un hombre del alfonsinismo y, en las recientes tratativas, otro hombre de la Multi –Vanoli– operó como un virtual canciller paralelo” (“En la ONU se votó la propuesta de los yanquis y la Multipartidaria”, PO 334). Quedaba claro que el imperialismo y la burguesía veían inviable una continuidad de la dictadura y conspiraban para una salida 'institucional'. Pero para el morenismo (que en ese entonces había cambiado el nombre de PST a MAS) la salida 'institucional' daba motivos de ilusiones: “claro que alguien puede preguntarse, sostenían Visconti en un reportaje del periódico del MAS (Nº1), por qué razón entonces el pueblo debe abrir expectativas sobre la contienda electoral. La contienda electoral, en definitiva, permite a los trabajadores tomar parte de las luchas por seguir explicando y desarrollando nuestras ideas”. “De esta manera, refutaba Política Obrera “se oculta el extraordinario dispositivo burgués antidemocrático de la dictadura y todo el falso seudo-democratismo de la institucionalización. El MAS no plantea 'abajo la dictadura'. Ésta es la fisonomía del 'liberalismo' burgués” (“MAS burgués y proimperialista” PO 334). Acerca de la Multipartidaria, el MAS sostenía que “no tiene agravios y sí profunda solidaridad con todas las fuerzas democráticas que exigen la recuperación del estado de derecho”. PO sostenía que “desde Alsogaray hasta la Multipartidara, pasando por el PC, todos sostienen la vuelta al estado de derecho, que no es ni remotamente un planteo democrático, ni de desmantelamiento de la dictadura, sino una forma disimulada de legalización de gran parte del andamiaje jurídico, político, represivo montado estos años, revistiéndolo de un ropaje democrático formal” (ídem). Política Obrera sostenía que “el gobierno militar se está preparando para un recambio acelerado. Primero pensó que se podía armar sobra la base de un compromiso con las actuales direcciones peronistas y radical, o con dirigentes sindicales. Esto está superado por la lucha interna en los partidos. Es por eso que ahora comienza a adelantar las fechas del cierre del padrón” (Prensa Obrera 18 de diciembre de 1982). La mayoría de la burguesía argentina empujaba también en esa misma dirección. “Existe una importante corriente del gran capital, decía PO, que no quiere que el gobierno militar siga, sino que se vaya. Entiende que la permanencia caótica de éste en el poder compromete sus intereses y posiciones. Que si hay que operar un cambio hacia los partidos, cuanto más claro y nítido sea ese paso, mejor. El mecanismo autodestructivo se desarmaría porque los dirigentes sindicales burocráticos y políticos patronales, al pasar de la oposición al poder, asumirían la defensa oficial del Estado contra los reclamos de los trabajadores” (ídem). La 'institucionalización', sin embargo, tenía su dificultad. La dictadura debía retirarse lo antes posible, pero sin que se produjera un desbande. Política Obrera explicaba que “todo el problema del cambio inmediato es que sea ejecutado en orden, problema que igual se plantea para un cambio a diez meses –con el agravante de que dentro de diez meses la situación va a estar peor. Esta dificultad de una transición en orden y legítima es lo que exaspera tanto a los comentaristas de la prensa burguesa, que se quejan contra todo el mundo, cuando el problema es la hondura de la crisis económica y política capitalista”. La prensa presentaba a la 'salida anticipada' como un triunfo de las fuerzas 'democráticas' contra las pretensiones de la dictadura de estirar los tiempos hasta 1984. PO sostenía que “la salida adelantada, y aún la inmediata, es tan reaccionaria como la del 84. Lo que importa no es el tiempo sino el contenido de esa transición. Preservar el poder militar, dejar a la camarilla militarista como el poder detrás de trono, mantener los compromisos con el imperialismo. El asunto no es 'elecciones ya', que es como algunos entienden el 'que se vayan ya', sino 'fuera la dictadura', para imponer la democracia política sobre bases radicalmente distintas” (ídem). LEER MÁS: Política Obrera ante la transición democrática (Parte IV) 40 años del retorno a la democracia. Por El Be, 14/12/2023.

Este domingo se realizarán las elecciones del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Si bien 44 mil socios están habilitados para votar, se estima una participación que no llegaría al 50%. Se presentan cuatro listas, todas con un perfil ´opositor´, aunque en realidad son todos desprendimientos de un oficialismo: Matías Lammens-Marcelo Tinelli. Ninguna encuesta arroja una tendencia clara del voto. La quiebra del oficialismo es el principal dato. La gestión Lammens-Tinelli, que llegó a ganar la primera Libertadores de la institución, hoy no pueden pisar el club y son insultados partido tras partido por los hinchas. En San Lorenzo se produjo un proceso de enormes negociados vinculados a representantes y jugadores, que disparó el nivel de endeudamiento y amenaza con la quiebra económica del club, hoy judicializado por innumerables incumplimientos contractuales. El más destacado es el de Lucas Menossi, un volante llegado de Tigre a quien por jugar 6 meses en el club se le firmó un contrato de 4 millones de dólares. En los últimos años San Lorenzo pasó de contratar ´estrellas´ y jugadores de moda a un brutal ´sincericidio´ económico, recortó el plantel y prácticamente se las arregla con juveniles. Esa situación llevó a que el año pasado el club esté en zona de descenso. La ´caída´ de Lammens y Tinelli obedece, además, a razones políticas. Tras los primeros ´exitosos´ años de su gestión, el tándem se aventuró a ir por la AFA y la administración de la liga local, lo que terminó en el famoso “38 a 38”. Ese enfrentamiento -con derrota- le fue cobrado a San Lorenzo y a todo el bloque que se formó tras la candidatura de Tinelli. Matías Lammens eligió el fracaso desde otro sector, sumándose al ´albertismo´, en su integración como Ministro de Deportes bajo el anterior gobierno. Hoy es legislador en CABA por Unión por la Patria. Lo dicho, las 4 listas se presentan con un furioso discurso contra el oficialismo, incluso la que lleva en su candidatura a Sergio Constantino, el actual secretario del Club y funcionario del PRO. Marcelo Moretti, un viejo socio de Tinelli, se presenta como el candidato con “billetera” y ha logrado sumar a exjugadores a su lista como Néstor Ortigoza. Por su parte, Constantino sumó a Sebastián Torrico. Según los estatutos del club ningún exempleado del Club durante los últimos 5 años puede ocupar cargos políticos. Los otros dos candidatos, Cesar Francis y Marcelo Culotta, también cuentan con empresarios, del Banco Provincia, el primero, y de la empresa despegar.com, el segundo. La administración del club San Lorenzo es un centro de disputa de negociados capitalistas. Estadio Además de la gestión del fútbol, el otro tema en estas elecciones es el futuro del estadio de San Lorenzo, prometido en Boedo por la gestión saliente y habiendo logrado una ´rezonificación´ casi unánime que emitió la legislatura de CABA. Esa rezonificación resultó una estafa a los hinchas y socios de San Lorenzo, la cual habilita “zonas comerciales” y compromete la existencia de un estadio a la puesta en pie de distintos núcleos de negocios empresariales. Se trataría de un enorme avance en la privatización de los clubes, cuando todos se juramentan defender las “sociedades civiles” contra las SAD, porque le otorga a una empresa la administración del estadio, lo que ya sucede con muchos clubes de fútbol. El candidato Moretti anunció un principio de acuerdo con una empresa Kioshi para la construcción de un estadio ´365´ -disponible para eventos todos los días del año-. La administración capitalista destruye a los clubes.

Luego de más de una semana de ocupación, los trabajadores de sanidad de la Clínica de los Virreyes movilizaron al Ministerio de Trabajo en busca de una solución al conflicto. La movilización fue en el marco de una nueva audiencia y fue votada en una asamblea realizada el día 14. En la misma, además, se resolvió sumar dos veedores representantes de la asamblea para participar de la comitiva junto al pedido de que el sindicato (ATSA BS. AS.) garantice una movilización en las puertas del Ministerio. Los trabajadores y trabajadoras luchan por el sostenimiento de sus fuentes laborales contra el vaciamiento de la clínica que desde hace varios meses lleva adelante el actual dueño, Víctor Santa María, dueño del Grupo Octubre. Pero, además, luchan contra el silencio de los grandes medios hegemónicos, como por ejemplo Página12, IP noticias, Canal 9, pertenecientes todos a Santa María. La audiencia Al momento del ingreso al Ministerio, el mandato votado en asamblea fue desconocido por los representantes de Sanidad y se impidió el ingreso de los veedores. Los trabajadores allí presentes intentaron entonces presentar una nota escrita con sus reclamos, la cual tampoco fue recibida. Al finalizar la audiencia, la comitiva que participó de la reunión en el Ministerio de Trabajo expuso lo discutido en una asamblea realizada en las puertas de la clínica. El sindicato se negó a convocar una movilización de todo el gremio al ministerio; convocó, en cambio, una movilización a la clínica. La patronal pretende el traspaso de la clínica bajo el mando de Osperyh (Obra Social de Personal de Edificios, Rentas y Horizontal) para mantener los 400 puestos de trabajo, contratando a los trabajadores y trabajadoras bajo otro convenio (según lo informado sería UTEDYC, el que corresponde para trabajadores y trabajadoras de entidades civiles y deportivas) y con contratos a convenir de forma individual, proponiendo que el que decida no continuar bajo esta modalidad puede decidir irse, no quedando claro si es por medio del pago de la indemnización o bajo arreglos voluntarios con la patronal. Según el acta de la reunión, se mantendría la antigüedad. Aunque se mantendrían también las mismas condiciones laborales, trabajadores y trabajadoras manifiestan que Osperyh sobreexige de tareas y prohíbe la sindicalización en las clínicas a su cargo. Otra preocupación es cómo impactaría salarialmente y en las negociaciones paritarias el cambio de convenio. El punto más importante de este acuerdo es que de esta forma no se cerraría la Clínica y se mantendrían los puestos de trabajo, lo cual representa un logro parcial, producto de la lucha de las y los trabajadores. Las condiciones de este acuerdo, sin embargo, podrían implicar una mayor precarización laboral que representa un jugoso beneficio para las patronales a costa de los trabajadores. La propuesta de la patronal apunta, además, a quebrar la unidad de lucha. La decisión de aceptar o no este contrato, así como de esperar el cobro de una indemnización (sin garantías de que efectivamente se abone), son decisiones difíciles que este momento deben tomar los trabajadores y las trabajadoras. Mientras tanto, la deuda salarial continúa: a fines de esta semana se cobró la parte adeudada del sueldo de octubre, faltando aún lo correspondiente al sueldo de noviembre (el cuál la patronal se comprometió a abonar entre el 18 y el 21 de diciembre). El aguinaldo se abonaría el 15 de enero de 2024. Cómo sigue el conflicto La medida continúa hasta que se pague todo lo adeudado. El día viernes 22 de diciembre se realizará una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo. Frente a los intentos de dividir el conflicto, es necesaria la máxima unidad, en principio para que se abone todo lo adeudado, luego para tomar las decisiones acerca de cómo seguir. Pero la unidad no se logra en abstracto, las asambleas sirven y ayudan a resolver de forma colectiva, son un organismo soberano de las y los trabajadores. La asamblea y la lucha, junto con la unidad de acción, son las herramientas conquistadas para enfrentar los nuevos atropellos que querrá imponer la patronal. Llamamos a rodear de apoyo a la toma de la Clínica de los Virreyes. Fondo de Huelga: CBU: 1910226755122600440621 LEER MÁS: Continúa la ocupación de Clínica Virreyes contra el cierre Por la defensa de los puestos de trabajo. Por Hika, 13/12/2023.

“Las fuerzas israelíes derribaron las tiendas de campaña de los palestinos desplazados fuera del hospital Kamal Adwan el sábado, aplastando vivas a las personas, según informes en vivo de Al Jazeera en árabe. La organización añadió que recibieron testimonios de médicos en Gaza en el lugar que confirmaron que las fuerzas israelíes enterraron y aplastaron a los palestinos antes de retirarse. El monitor dijo que algunos de los palestinos desplazados fueron ´enterrados y aplastados vivos´ y pidió una investigación independiente sobre el incidente” (Middle East Eye, 16/12). ¿Cómo no sorprenderse entonces ante la afirmación de un medio centroizquierdista como The Guardian que afirmó días atrás que “el mundo enfrenta un 'mayor riesgo' de atrocidades masivas debido a la inacción global”. Según el medio inglés “la comunidad internacional ha renunciado a los esfuerzos de intervención para detener atrocidades masivas”, poniendo un signo igual entre las supuestas ´atrocidades´ de Hamas y las verdaderas de los sionistas. ¡Como si la acción guerrillera contra el sionismo opresor del 7/10 no hubiese tenido lugar en medio del constante sojuzgamiento y asedio contra el sufrido pueblo gazatí; por lo cual constituyó una acción de autodefensa legítima, de carácter antiimperialista y democrática elemental. Jonathan Cook, un conocido periodista independiente de origen inglés salió al cruce de los planteos de The Guardian . Cook denuncia a Israel por “el genocidio más atroz de los tiempos modernos: la masacre sostenida durante dos meses de civiles palestinos en Gaza y la destrucción sin sentido de la gran mayoría de sus hogares para expulsar a los supervivientes de Gaza y llevarlos a Egipto …Más de 100.000 viviendas han quedado inhabitables. Unos 2,3 millones de palestinos han sido apiñados en un espacio diminuto y cada vez más reducido, cerca de la frontera con Egipto, sin agua, alimentos ni combustible …un acto combinado de genocidio y limpieza étnica, el más intenso, visible e industrial (utilizando las armas más modernas y poderosas disponibles) que se recuerde” ( https://www.declassifieduk.org ). Cook llama la atención sobre las ´atrocidades´ que ocupan la atención de la prensa amarilla como las matanzas masivas de civiles en Siria o Ucrania, o el internamiento de más de un millón de uigures y otros musulmanes en China, seguidos por crímenes de guerra en Etiopía o la reanudación de la limpieza étnica en la provincia sudanesa de Darfur, 20 años después del inicio del genocidio allí; pero se pregunta “¿Notas algo significativo en esta lista? Incluye sólo atrocidades masivas cometidas por aquellos que no están firmemente dentro de la esfera de subordinación imperial estadounidense … La masacre masiva de civiles en Gaza se debe a que EE.UU. ha suministrado muchas de las bombas de gran potencia que arrasan los rascacielos de Gaza y matan a sus niños. La matanza se produce porque EE.UU. ha enviado buques de guerra a la región para intimidar a los estados árabes vecinos y a los grupos militantes para que permanezcan en silencio mientras los civiles de Gaza son asesinados” (ídem). “La matanza está ocurriendo porque durante décadas Washington ha apoyado al ejército de Israel con la mayor parte del presupuesto de ayuda exterior de Estados Unidos y ha permitido que Israel utilice los territorios palestinos como un laboratorio rentable de prueba de nuevos sistemas de armas, técnicas de vigilancia y tecnología cibernética” (ídem). “Notoriamente ausente de la lista de preocupaciones citadas por The Guardian sobre la propagación de atrocidades está el sufrimiento de Yemen, donde Arabia Saudita ha estado librando una guerra genocida durante años. En promedio, cuatro niños yemeníes han sido asesinados o mutilados cada día durante los últimos ocho años por las atrocidades sauditas”, la segunda nación vasalla de EE.UU. en Medio Oriente, después de Israel. LEER MÁS: La guerra sionista contra Palestina: 10 semanas, 10 reflexiones Por Norberto Malaj, 15/12/2023. Barbarie en Gaza 1,8 millones de palestinos sin hogar. Por Norberto Malaj, 06/12/2023.

Las movilizaciones contra la dictadura adquirieron un carácter de masas. En diciembre de 1982, se realizó un gran paro general. Días después, unos 150.000 manifestantes colmaron la Plaza de Mayo. La Multipartidaria, que había convocado la marcha, trató de evitar sin éxito que ésta se dirigiera a la Casa Rosada y luego maniobró para acelerar su dispersión. Luego de que la dictadura desatara una represión contra las columnas, los dirigentes de la 'Multi' aseguraron que los “disturbios” fueron provocados por extremistas de “ambos signos”. Las jornadas de diciembre del 82 habían sepultado la capacidad de la Junta Militar para imponer un continuismo. Los partidos burgueses concurrieron entonces a Olivos para “dialogar”, o sea acordar el aspecto “instrumental” de la “institucionalización” y establecer un cronograma electoral. Política Obrera explicó que “desde el momento en que la cuestión 'instrumental' significa convalidar la permanencia del gobierno militar por otro año, el apoyo al 'cronograma' convierte a los partidos patronales en cómplices de la dictadura y de su política”. (Prensa Obrera, “Contubernio de la Multipartidaria con la Junta Militar”). La 'Multi' salió de la reunión esgrimiendo como carta de triunfo que las elecciones se realizarían sin proscripciones, desconociendo que seguía la censura, la represión militar y miles de exiliados políticos. La crisis económica llegaba al paroxismo y la dictadura apenas podía mantenerse en pie. Las movilizaciones eran masivas y se desarrollaban en todo el movimiento obrero paros y acciones de lucha por sus demandas. Política Obrera preguntaba “¿Por qué no cae?” la dictadura, y se respondía: “si, a pesar de la enorme crisis, la dictadura sigue en pie, ello se debe a la coalición de hecho, informal, porosa, invisible pero omnipresente, entre el gobierno y la Multi, junto con la burocracia sindical. Se trata, por cierto, de un equilibrio inestable”. El ascenso de Alfonsín Ante una crisis inminente, el gobierno reclamó el urgente socorro de la Miltipartidaria. Pero la 'Multi' se encontraba paralizada y dividida. En este cuadro de situación emerge la figura de Raúl Alfonsín. Prensa Obrera explicó que “sin ostentar la representación de la dirección de su partido, sin ser invitado a pronunciarse, Alfonsín (….) viene a romper la indecisión de la Multipartidaria y a proclamar bien en alto que hay que llegar a un acuerdo con el régimen militar (“Alfonsín se sacó la careta”, Prensa Obrera N° 3, 14/01/83). Raúl Alfonsín era el jefe de la fracción Renovación y Cambio de la UCR. Desde 1980 se encontró entre los interlocutores del “diálogo” convocado por la Junta Militar. Pero fue la guerra de Malvinas la que catapultó su liderazgo. Luego de un apoyo inicial a la aventura, pegó un vuelco para alinearse con la postura de Estados Unidos: en mayo, antes del desembarco de las tropas inglesas en las islas, se inclinó por la sustitución de la Junta Militar por un gobierno de “unidad nacional” que firmara el retiro de las tropas argentinas de las islas. En el informe de situación política presentado al III Congreso de Política Obrera, realizado en la clandestinidad en diciembre 1982, se sostenía que “Alfonsín fue catapultado por el imperialismo, en oportunidad de la guerra de las Malvinas, cuando se lanzó a una campaña para el reemplazo inmediato del régimen militar. Con esto se colocó como un elemento dispuesto a insertar el proceso ‘democratizante’ en una renegociación con el imperialismo yanqui” (“Se realizó el III Congreso de Política Obrera”, Política Obrera Nº 335, 28/12/82). Un artículo posterior retomará este análisis, argumentando que “Alfonsín ha logrado convertirse en el representante 'popular' del imperialismo porque fue el primer político burgués que vio que, a partir de Malvinas, había que tirarse a fondo contra la camarilla militar, ya que ésta había perdido la confianza del amo extranjero. (...) Ante el conjunto de las Fuerzas Armadas, Alfonsín se presenta como el hombre capaz de hacer una depuración política con suficiente respaldo internacional, de manera de levantar la hipoteca que pesa sobre el conjunto de la institución militar por lo de Malvinas y los desaparecidos. La 'audacia' de Alfonsín le ha servido para embaucar a una innumerable cantidad de izquierdistas y demócratas, lo que le ha permitido valorizarse ante el imperialismo como candidato popular. Esos izquierdistas y demócratas, por su lado, no han comprendido que la 'depuración' de Alfonsín es un salvavidas tendido al conjunto del aparato represivo y un sustituto de la investigación y castigo que reclama el país. Aún más importante, no se ha comprendido el contenido económico-social del alfonsinismo, quien se presenta como el ejecutor nacional del programa del FMI y de la banca -con quienes, ni por asomo, ha planteado romper” (“Prensa Obrera N° 25, 21/07/83). En el informe del III Congreso, además, se agregaba que “es evidente que (Alfonsín) cuenta con un gran apoyo financiero, que le permite realizar una campaña muy costosa. Por los ‘equipos económicos’ que lo rodean se puede ver claramente su vinculación con la burguesía industrial y con el gran capital bancario con intereses en la exportación industrial”. Por otra parte, “el fenómeno alfonsinista es un intento relativamente audaz de explotar la declinación del peronismo y su aguda división interna. Se daría la posibilidad inédita de una derrota electoral del peronismo”, porque también “puede canalizar electoralmente a la pequeña burguesía y a una buena parte del proletariado”. El informe concluía que “sería simplemente un crimen agotar la caracterización del alfonsinismo como una corriente democratizante en la forma, y ocultar su carácter proimperialista en el contenido”. A fines de marzo del 83, Alfonsín daría una entrevista periodística donde demostró, con números en la mano, que al menos la cuarta parte de la deuda externa era fraudulenta. Pero, detrás de esta 'denuncia' se preocupó por dejar bien en claro que, aún así, había que pagarla íntegramente. Dos meses después, el dirigente radical denunciaba lo que llamó el “pacto militar-sindical”; es decir, la tentativa del peronismo y de la burocracia sindical de llegar a una amnistía para los genocidas de la dictadura. El Partido Obrero respondió que “por más que se tiren con cascotes, Alfonsín y Lorenzo (Miguel) no representan más que las variantes de un mismo y gran pacto: el pacto del conjunto de los partidos patronales y de los burócratas sindicales con el régimen militar. Por otra parte, agregaba, “los Alfonsín y los Miguel, así como sus emisarios, se pasean por Europa y los Estados Unidos, en giras políticas cuya esencia es ésta: garantizar al imperialismo la intangibilidad de sus intereses económicos, así como de los compromisos diplomáticos fundamentales anudados por la dictadura” (“La política patronal en descomposición”, Prensa Obrera N° 15, 06/05/83). A mediados de año, la dictadura acordó que la elección presidencial se realizaría de manera indirecta, en el Colegio Electoral. Prensa Obrera denunció: “con excepción del balbinismo histórico (Pugliese), el resto de los radicales (Alfonsín, De La Rua) y otros políticos derechistas declararon que podrían no votar por el candidato que estuviera en primer lugar y que podrían armar coaliciones para birlarle el triunfo en el colegio electoral. La ley electoral muestra cuál era la carta del alfonsinismo cuando se largó contra el pacto sindical-militar: poder jugar su propia candidatura por medio del colegio electoral”. Toda la cuestión del colegio electoral debía permitir al imperialismo, justamente, lograr una transacción a favor del candidato que mejor pueda emprender esa depuración y cumplir con las exigencias de la banca” (“Los rumores de golpe son espuma”, Prensa Obrera N° 23, 07/07/83). Alfonsín se empeñó en una frenética retórica 'izquierdista' durante las internas que debían definir el candidato de cada partido. Prensa Obrera advertía que “cuando un candidato patronal actúa con estos procedimientos quiere decir que no teme ser atacado por 'rojo' por los medios de difusión del gran capital y del Estado. Señal de que su 'izquierdismo' es puramente electoral y fachada”. Entre sus propuestas de campaña, el dirigente radical habló de una “ley de defensa de la democracia”, para sustituir el estado de sitio previsto en la Constitución por una ley antiterrorista. El Partido Obrero señaló que “Alfonsín pretende hacer creer que la dictadura eliminó a unas 30.000 personas (…) por defectos de la legislación. Se olvida que Balbín pedía aplastar la 'guerrilla fabril' y que se dio todo el apoyo a las intervenciones fascistas a las provincias y universidades bajo el gobierno anterior” (Prensa Obrera N° 20, 16/06/83). PO explicará también que “el dirigente radical necesita dar una imagen antimilitarista y de izquierda y, más aún, embaucar para esa causa a muchos antimilitaristas e izquierdistas” (“La demagogia alfonsinista”, Prensa Obrera N° 21, 23/06/83). Finalmente, mientras que en las elecciones de la interna peronista se impuso la candidatura de Ítalo Luder, Alfonsín se alzó con el triunfo de la interna radical, imponiéndose sobre la fracción balbinista. Prensa Obrera lo calificó entonces como “el candidato democrático de imperialismo”. La izquierda El Partido Obrero se había lanzado a una intensísima campaña de afiliaciones para conquistar su personería electoral. En un lapso de tiempo breve, obtuvo 57.200 afiliaciones, poco más de las necesarias para poder legalizarse. En su prensa sostuvo que “no nos cansaremos de repetir que cuando se logra una *perfomance *de este tipo es porque está reunidos dos elementos: un planteo correcto que los trabajadores toman como propio, y una militancia de elevada calidad. La conquista del reconocimiento legal en todo el país habrá de permitirnos estar presentes en todas las fases de la confrontación de ideas y de programas que caracteriza al presente período político. Por sobre todas las cosas, la legalidad ha de ser uno de los instrumentos que deben permitirnos el reagrupamiento político de la clase obrera como clase frente a las otras clases de la sociedad y, particularmente, frente a los explotadores” (“Misión cumplida: ahora una nueva etapa”, Prensa Obrera N° 10, 25/03/83). A principios de septiembre, el PO sostendrá que “la posibilidad de un frente político-electoral ente el MAS y el PARTIDO OBRERO se ha convertido en un hecho de carácter objetivo. Esto quiere decir que se presenta como una tendencia de la propia realidad política, y no sólo como la opinión de éste o aquél sobre la convergencias o divergencias entre nuestros partidos”. Entre los factores para esta situación objetiva, el PO mencionaba “la necesidad de oponer candidaturas obreras y clasistas a las candidaturas burguesas proimperialistas -necesidad que en lugar de debilitarse se ha reforzado con la decisión del PC y de las organizaciones socialistas de votar al peronismo” (“A la dirección, congresales, afiliados y simpatizantes del MAS”, Prensa Obrera N° 30, 05/09/83). A pesar de la campaña de pronunciamientos de luchadores y activistas obreros que llevó adelante el PO, el MAS tenía otra perspectiva. En un volante que sacaron por aquella fecha, sostenían que “el MAS convoca, IGUAL QUE PERÓN EN 1946, a formar un partido que lucha por (SIC) los trabajadores”. El frente MAS-PO finalmente no se concretó. El PO explicó que el frente “no tuvo lugar por el empecinamiento del MAS en querer monopolizar las candidaturas del frente y dejar al PO en calidad de apoyo de los candidatos del MAS. (….). La tozudez por imponer sus candidaturas con carácter exclusivo delata la condición electoralista del MAS, interesada por encima de todo por conquistar alguna banca parlamentaria y peor aun, conseguir esa banca sin compromisos políticos de ningún carácter” (Prensa Obrera N° 32, 22/09/83). El PO se presentó finalmente con las candidaturas de Gregorio Flores y Cata Guanini, mientras que el MAS lo hizo con las de Luis Zamora y Silvia Díaz. Autoamnistía Poco antes de dejar el poder, la dictadura dictó una serie de leyes reaccionarias. Además de firmar un contrato de entrega del país a la banca imperialista, despachó luego una ley de autoamnistía y una ley contra la sedición que institucionalizaba el secuestro, la tortura y la violación de todas las garantías ciudadanas. En el caso de la ley de amnistía la dictadura fue tan lejos como se podía ir en la materia. Se garantizaba la impunidad de cualquier crimen ejecutado al servicio del régimen y se impedía la liberación de cualquier preso, incluso de los que no tenían proceso o de los que ya habían sido absueltos. Se dio un plazo de 48 horas para que los jueces que tenían a su cargo la investigación de secuestros pasen el expediente a la cámara, que debería archivarlos sin más trámites. La ley "antisediciosa", por otra parte, autorizaba a retener ciudadanos incomunicados por más de diez días, allanar sin autorización judicial, violar teléfonos, correspondencia y domicilio. “La dictadura, decía Prensa Obrera, no ha buscado congraciarse con ningún sector opositor y ha presentado la ley más reaccionaria de todas las variantes que se le habían sugerido”. Frente a esto, denunciaba que “la sanción de estas leyes ha sido posible porque los llamados partidos democráticos han pactado con la dictadura en lugar de luchar para echarla. El régimen militar ha dictado esta legislación en su momento de mayor debilidad, pero lo ha hecho gracias a la burocracia sindical que frena la huelga general y a los políticos burgueses que se niegan a echar a la dictadura y a permitir que haya elecciones en un clima de libertad, sin estado de sitio, sin presos ni exiliados. Los verdaderos responsables de todo esto son los políticos burgueses democratizantes”. La ley de autoamnistía era la frutilla del postre de la 'institucionalización' pactada entre las fuerzas 'democráticas' y la dictadura. “Los ‘demócraras’, decía PO, salieron a pronunciarse contra esta ley, pero la crítica de estos partidos a la ley de amnistía consiste básicamente en lo siguiente: los militares no se pueden autoperdonar, la amnistía es resorte del Congreso. Se deja traslucir muy claramente que se considera inviable una ley tan alevosa, pero que ellos se encargarán de otra más potable. Por eso todas las críticas burguesas son pura hipocresía. Es evidente que en el futuro se pretenderá dictar una ley de amnistía y presentarla favorablemente en contraste con la actual. Lo mismo ocurrirá con la ley antisediciosa, como lo demuestra que Alfonsín ya anunció su ley antiterrorista” (“Abajo la 'amnistía'”, Prensa Obrera N° 33, 29/09/83). Se anticipaba, de esta manera, lo que luego serían las leyes de impunidad del alfonsinismo. LEER MÁS: Política Obrera ante la transición democrática (Parte V) 40 años del retorno a la democracia. Por El Be, 15/12/2023.

Se cumplen 30 años del “santiagueñazo”, una rebelión popular que derivó en la renuncia del gobernador peronista Fernando Lobo y en la intervención federal de la provincia por parte del gobierno nacional de Menem. La pueblada dejó en llamas –literal- la casa de gobierno, los tribunales, la cámara de diputados y las mansiones de las principales figuras políticas del momento, tanto oficialistas como opositores –“la casta”-. Las movilizaciones, que también se propagaron al interior de la provincia, enfrentaron la salvaje represión de la policía y la gendarmería. De la intervención estuvo a cargo el ahora excandidato a presidente Juan Schiaretti, un hombre de Cavallo. El origen del “santiagueñazo” ofrece lecciones políticas simplemente impresionantes. La chispa que desató la ira popular fue una “ley ómnibus” que declaró en "disponibilidad" a todos los empleados estatales, despidió a quienes tuvieran menos de un año de antigüedad y bajó los salarios a los niveles de dos años atrás. Le sucedía a una deuda salarial con empleados públicos de tres meses. Este “paquetazo” fue la respuesta a un quebranto fiscal en la provincia, pero que el pueblo correctamente asignaba a la corrupción de la obra pública y a un desfalco por un endeudamiento público inusitado. Esta bancarrota económica fue producto directo del “plan Cavallo”. Para sostener la convertibilidad engrosando la deuda pública nacional y el déficit originado por la privatización de las jubilaciones, a las provincias se le transfirieron íntegramente los gastos en educación y salud. Se les retiró un 15% de los recursos coparticipables, los mismos que Milei insinúa quitar en el próximo periodo. Los impuestazos golpearon brutalmente al consumo y a los salarios, engrosando la carestía. El marco político de esta pueblada estuvo caracterizado por movilizaciones y huelgas que databan de, por los menos, dos años. No fue, en absoluto, un rayo en cielo sereno. El 3 de octubre del 93, ganaba la UCR en la provincia con el 43% de los votos, consagrando como diputado a un destacado dirigente e intendente de Santiago del Estero, José Zavalía. Éste llamaba públicamente a “derrocar a Menem” y a “la lucha armada para defender la soberanía nacional”. Esta demagogia se terminó prontamente cuando Zavalía suscribió el pacto Menem-Alfonsin y fue la suya una de las mansiones incendiadas durante la pueblada –poco duraron las ilusiones electorales. A la semana, renunciaba el gobernador del PJ Carlos Mujica, amenazado por la posibilidad de un juicio político en su contra. Las medidas de “ajuste” quedaron en manos de su vicegobernador, Fernando Lobo, quien al aplicarlas desataría la gigantesca movilización popular del “santiagueñazo” y su posterior renuncia. Menem, que venía a su vez de triunfar en las elecciones legislativas del 3 de octubre, propuso al congreso nacional la intervención federal de la provincia, recibiendo el apoyo del Frente Grande, en donde recalaban Pino Solanas, Graciela Fernández Meijidee, el PCR, el MST y la centroizquierda de CTA de Santiago del Estero, cuya orientación fue la de vaciar las perspectivas abiertas por la rebelión popular. Con la intervención, se avanzaría en la implementación de todas las medidas de austeridad contra el pueblo. En el 97, las elecciones volverían a ser ganadas por el peronismo pero con una abstención electoral del 45%. A pesar de esto, es indudable que el Santiagueñazo tuvo una enorme profundidad política. En Prensa Obrera de aquel entonces, se la caracterizó en un artículo de Jorge Altamira como “el Cordobazo de los 90”. Se trató de la primera movilización popular bajo la democracia que barrió enteramente con el elenco político capitalista establecido en la provincia, a pesar de que venían de recibir importantes caudales de votos en las elecciones. Al Santiagueñazo le sucedieron una serie de puebladas y rebeliones populares en Cutral Co, Plaza Huincul, Tartagal y otras localidades del interior en respuesta a los despidos en masa por las privatizaciones menemistas, y que culminarían el 19 y 20 de diciembre de 2001 con el “Argentinazo”. Milei y sus socios macristas y peronistas no desconocen en absoluto estos hechos, por eso menean “protocolos” represivos para impedir la movilización popular, de dudosa aplicabilidad. Cuando asistimos a la implementación de un nuevo golpe de estado económico, con devaluaciones, tarifazos, hiperinflación, recortes de gastos sociales, las lecciones de las gestas políticas de la clase obrera son fundamentales. Una poderosa lección del “Santiagueñazo” es la importancia fundamental de construir una dirección política obrera y revolucionaria para batallar por una verdadera salida a la furia popular que, tarde o temprano, se desencadena.

La vigésimo octava edición de la Conferencia de las Partes ha finalizado sin penas ni gloria. Ni todo el dinero destinado a “propaganda e imagen” (puesta en escena) ha alcanzado para compensar el carácter insignificante que ha adquirido esta conferencia para torcer el curso de los acontecimientos. Los majestuosos salones de plenarios y exposiciones, que alojaron a más de 80 mil personas; las coloridas pantallas acompañadas de colores verdes y azules brillantes con imágenes de agua, plantas, bosques; las aplicaciones para guiar y ordenar a las delegaciones presentes y la presencia intensiva de la conferencia en las redes sociales, contrastaron con la relevancia de lo discutido y acordado. Ni la prensa burguesa nacional le ha dado importancia, al cubrir la cumbre con periodistas no especializados y agencias de noticias tercerizadas. Este estado de cosas contrasta con los titulares de esa misma prensa, extraídos de las declaraciones del propio Simon Stiel, Secretario Ejecutivo de la CMNUCC (Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático) y que caracterizan el balance global como un “Histórico acuerdo…”. La justificación de este adjetivo es interesante por parte del funcionario: “Si bien no pasamos la página de la era de los combustibles fósiles en Dubai, este resultado es el principio del fin” (unfccc.int, 13-12). Lo que es una continuidad, se entiende como una ruptura. El “comienzo del fin” se justificaría en el hecho de que, por primera vez, el balance reconoce la necesidad de “Hacer una transición que se aleje (away from) de los combustibles fósiles en los sistemas energéticos” (1). Sin embargo, la polémica suscitada alrededor de la cuestión expresa el enorme *impasse *del capital para combatir el calentamiento global. El *impasse *está determinado, como ya lo hemos señalado en otra nota por la nueva oleada de inversiones en el rubro empujada por la guerra entre la OTAN y Rusia en Ucrania de un lado, y la guerra genocida llevada a cabo por el estado sionista de Israel contra Palestina, que amenaza extender el conflicto a la región mas rica en hidrocarburos del planeta. Acuerdo de “mitigación” Los análisis se han centrado en la discusión acerca de las medidas a tomar respecto de los combustibles fósiles olvidando un problema más elemental. El balance implica un retroceso respecto de la caracterización que el sexto informe de la CMNUCC hace del calentamiento global. Mientras en el sexto informe se imputa el calentamiento global a las emisiones GEI y, principalmente, a la quema de combustibles fósiles, en el acuerdo firmado esta semana se hace una vaga referencia a “las actividades humanas, principalmente a las emisiones de gases de efecto invernadero” (2), sin más especificaciones -la segunda actividad es la actividad industrial, cuestión que siquiera es “mencionada” ni ha sido tratada por la COP-. La omisión no es ingenua, en las reuniones previas entre el cuestionado presidente de la conferencia, el Sultan Al Jaber, y los funcionarios de la CMNUCC, el director de la mayor compañía petrolera emiratí, cuestionó que la ciencia haya demostrado la incidencia de la quema de combustibles fósiles en el cambio climático. La omisión, en el apartado de la caracterización del problema, da lugar al desconocimiento por parte de los países, de la prioridad de trabajar sobre los combustibles fósiles. De hecho, el eje fundamental, ha sido puesto en la triplicación de la capacidad de las energías renovables, un objetivo de dudoso cumplimiento en el corto plazo por la falta de financiamiento, cómo veremos en la próxima nota. De lo que sí se ha hablado, es de eliminar los combustibles basados en carbón, en una clara señal de ataque a China, que junto con India representan los mayores consumidores de este mineral. Sin embargo, la prensa londinense no para de señalar a los estadistas europeos que China “esta ganando” la carrera en la transición energética, en una clara advertencia a los monopolios de las renovables. Sin embargo, y a pesar de todas las limitaciones antes enumeradas, el “odioso” punto de los combustibles fósiles suscitó fuertes enfrentamientos, expresados en las palabras de Stiel cuando hizo referencia a que todas las partes discutieron hasta las comas y los puntos. El Secretario General de la ONU, António Guterrez, se pronunció por la “eliminación gradual” de los combustibles. Las discusiones sobre si en la cláusula de marras se ponía la palabra “abandono” ( phase out ) o alejamiento ( away from ) partió a la mitad la COP. Es cierto que el grupo de países mas vulnerables al calentamiento global y al aumento del nivel del mar, los pequeños estados insulares, se encuentran en serio riesgo de extinción, y esto se ha notado en las conferencias de alto nivel de los primeros dos días, donde expresaron los discursos más críticos hacia la utilización del petróleo. Pero detrás del ataque a la industria petrolera se haya una industria que se encuentra en crecimiento, la de “las renovables”. La presencia de “cabilderos” como ha llamado la prensa a los lobistas del petróleo, no ha sido más importante que la presencia de lobistas de la industria de tecnología energética eólica, solar, del hidrógeno verde o la dudosa energía nuclear. El mismo director ejecutivo de Exxon, Darren Woods, quien hizo presencia por primera vez en una COP, se quejó de que las conversaciones sobre la transición se enfocaron demasiado en las renovables. Exxon prefiere, al igual que el bloque de las petroleras y los gobiernos que las representan, que se hable de “reducción de emisiones”. Para esta fracción del capital, la industria petrolera todavía tiene “mucho para aportar”: reduciendo las emisiones de CO2 y metano en el proceso industrial; desarrollando combustibles “mas verdes” como el gas y desarrollando tecnología de captura de carbono. En esto, Estados Unidos coincide con Rusia, que llama a esta estrategia “neutralidad tecnológica”: que cada país, haga su aporte a nivel nacional al combate al cambio climático, sobre la base de “sus posibilidades tecnológicas”. Algo que finalmente ha sido incorporado en el balance. Impasse Finalmente, en su discurso de clausura, Stiel libró el “abandono” de los combustibles fósiles a la voluntad del capital, cuando sentenció que “la lógica política y económica es cada vez más insuperable” haciendo referencia a que las pérdidas de vidas y económicas generadas por los desastres naturales y los subsidios ineficientes a los combustibles que, finalmente son un recurso natural no renovable y que cada vez cuesta más extraer, no se comparan con los beneficios económicos y sociales que proporciona una energía más verde. Pero la lógica del capitalista no funciona de esa manera, y la COP ha sido una expresión de esa lógica. La fracción del capital ligada a la renta petrolera luchará por sobrevivir. De otro lado, el contexto mundial de guerra, no ha aplacado sino, por el contrario, ha estimulado la producción y quema de combustibles. La guerra misma implica la emisión innecesaria de CO2 llevada al paroxismo, porque es una “actividad” cuyo objetivo es la disputa por la dominación de unos Estados por otros. Los verdaderos acontecimientos históricos están asociados a fuertes cambios de tendencia, como la revolución francesa y la norteamericana, que abrieron el paso a los regímenes democráticos, la primera guerra mundial y la revolución rusa, que abrieron el período de transición histórica del capitalismo al socialismo o la guerra de Vietnam y la crisis del petróleo, que anunciaron el comienzo de la decadencia norteamericana. Los acuerdos que dieron inicio a la ONU, expresaron el comienzo de un nuevo orden mundial caracterizado por la dirección política norteamericana en alianza con el decadente imperialismo europeo y, de un modo más general, de la necesidad de mantener el timón de la política mundial en manos de la burguesía (gobernabilidad) en un período de transición. La CMNUCC no ha nacido de la necesidad de transformar este orden de cosas, sino del carácter objetivo de la crisis climática y de la creciente conciencia por revertirla. Ha nacido para cooptar a las mentes más sensibles a esta crisis. Pero como burocracia al servicio de los intereses capitalistas, simplemente no puede dar salida a esta crisis. Lejos de ser un “acontecimiento histórico”, el acuerdo de la COP 28 es la expresión del *impasse *del capitalismo para resolver todas las problemáticas de la sociedad del siglo XXI. Notas 1- https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2023_L17_adv.pdf (p. 5) 2-Ídem, p. 3. LEER MÁS: Crisis del medio ambiente: no es un problema de liderazgo Por Patricia Urones, 17/09/2023. COP 28: de los intentos de cooperación internacional a la guerra mundial Por Patricia Urones, 04/08/2023.

Las medias tomadas por el gobierno Nacional para “evitar la crisis” han adquirido una velocidad vertiginosa y generado consecuencias catastróficas para los trabajadores. Advertimos que en el discurso inaugural del gobierno se produjo un viraje que pasó de “el ajuste lo va a pagar la política” a “no hay plata, el ajuste lo va pagar el Estado”. No es un simple cambio de sujeto, sino la vieja tesis y relato que culpabiliza a los trabajadores de la crisis, así fue en el pasado con las empresas del Estado deficitarias, por sus trabajadores y no por la corrupción de los funcionarios que asaltaban sus arcas para “otros pagos”, tanto territoriales como contables, y la solución entonces propuesta fue privatizar y todo lo que debiera ser estatal pasó a manos privadas. Ahora en el presente, con fundamentos similares, se pretende que los Ministerios son elefantes que hay que achicar. Otro tanto sucede en la órbita privada, los empresarios de la Unión Industrial Argentina, reclaman facilidades para “desprenderse” del personal sin indemnización, se ha mentado el modelo de la UOCRA como el ideal, consiste en que a cada trabajador le descuenten 12% de su sueldo para el Fondo de Cese Laboral, a cobrar al final de la obra o en caso de despido o sea la empresa se ahorra el pago de la indemnización, y el trabajador cobra lo que antes a él le descontaron. Por supuesto que para evitar posteriores juicios laborales necesitan aprobar una reforma laboral que permita esto y otras formas de flexibilidad laboral que arrase con otros derechos. Un proyecto de supuesta “Modernización del Trabajo” está en carpeta del nuevo gobierno, se pretende aplicar una vieja receta del FMI, reforma laboral, pero también jubilatoria con el objetivo de bajar el gasto del Estado como solución a la crisis. Mientras este plan se teje en el Congreso con acuerdos de gobernabilidad que viabilicen derogaciones y reformas de ley, el Ministro Caputo, anunció una devaluación oficial del 120 %. Para quienes vivimos de nuestro trabajo nos ha asestado un golpe histórico, en minutos nuestro salario paso a valer la mitad. Un shock devaluatorio que desencadeno una corrida en los precios de alimentos con subas de hasta el 140 %, a los que se deberá sumar el 80% que tuvieron los combustibles, acumulados en solo una semana y que prometen continuar la semana que viene. Ha provocado una desorganización de la economía resumida en la frase “no hay precio” para los bienes y servicios. La devaluación es supuestamente una forma de evitar la hiperinflación que se llevó puesto nuestro sueldo y ahorros, la remarcación impacta directamente en insumos importados esenciales para la salud e industria. Por lo tanto, el efecto bola de nieve está lejos de detenerse. Un sector que, si se vio beneficiado, además de los agroexportadores, son los banqueros quienes se reunieron con el Ministro de economía y a su término presentaron como un éxito, el principio de solución a la bomba de las Leliqs, no tardo en revelarse en un gran negocio para los tenedores de vieron duplicar su valor por la garantía en dólares de esos títulos. Por lo tanto, la deuda del Banco Central se duplicó con la misma velocidad que licuo nuestro salario. Ellos si ganaron y ganarán más con el aumento de la tasa de interés. Mientras todo sube, jubilaciones y salarios siguen congelados, desde el Ministerio de Seguridad, se lanza un protocolo anticonstitucional antipiquetes, prometen ya sin metáforas reprimir toda protesta social, y como si fuera poco, también aplicar literalmente la frase de “el que las hace las paga” pero a quienes protesten ya que el costo del operativo de seguridad sería trasladado a los individuos que participen en ellas u organizaciones sociales y gremiales eso si con un ticket, así el Ministerio factura. Esta no es la única factura que pretenden que paguemos los trabajadores, quienes no somos responsables de la crisis. En nombre de nuestros intereses y en la actual situación es urgente el reclamo por apertura de las paritarias, para una recomposición inmediata de salarios y jubilaciones. Paritarias ya Aumento del bono legislativo Renovación de los contratos de cámara antes de fin de año Pasé a planta permanente de los y las trabajadoras contratadas Abramos el debate y organicemos nuestros reclamos. LEER MÁS: ATE: ¿A quién beneficia un frente de burócratas, gobernadores, parlamentarios y empresarios? Por Valentina Viglieca, 02/12/2023. ATE: un plenario general de delegados para enterrar la lucha Por Valentina Viglieca, 29/11/2023. Legislatura bonaerense: los ñoquis y los trabajadores reales Por Juan Ferro, 05/10/2023.

Entrevistamos a Modesto, enfermero de la Clínica de los Virreyes que lleva diez días de ocupación de la empresa en defensa de sus puestos de trabajo y contra su vaciamiento. ¿Cuál es la situación actual del conflicto? Venimos de un conflicto laboral por falta e incumplimiento de pago de salarios desde hace más de dos años, agudizado en estos últimos 4 meses por incumplimientos reiterados a pesar de que el conflicto fue denunciado y está siendo manejado por el gremio en el ministerio de trabajo. Al día de la fecha estamos en un punto reflexión y de quiebre. Por un lado, el lunes pasado (12 de diciembre) se llevó una audiencia en el Ministerio de Trabajo donde se persistía en el cierre inminente de la clínica. Previamente a la misma, el sábado, en una asamblea Autoconvocada por los trabajadores, se le había pedido explicaciones al secretario gremial acerca del estado de las negociaciones y la agenda y , según ellos la daban por entendido que todos sabíamos de qué se trataba. Respondimos que no y que en una asamblea anterior se habían generado tres puntos a tratar 1, PRESERVACIÓN DE NUESTRA FUENTE DE TRABAJO, 2, regularización de sueldos atrasados, 3 y si no había posibilidades de ninguna de las anteriores, retrasar las negociaciones para después de las fiestas de fin de año. Pasó el tiempo, el gremio no informaba nada y tampoco generaba diálogo directo con las y los trabajadores. Entonces hubo una nueva audiencia para el viernes pasado en la Secretaría de Trabajo, por tal motivo, los trabajadores insistimos en la organización de una nueva asamblea general para reafirmar agenda y objetivos, esto se aceptó a regañadientes. La asamblea estuvo plagada de gente del gremio que intentó en todo momento boicotear y ningunear la organización obrera, aun así se llevó adelante para ratificar los puntos mencionados anteriormente, se generó el primer documento que fue firmado por una mayoría de los presentes en la asamblea y se pidió al gremio que dejen ingresar como veedores a dos trabajadores que no tienen participación en el gremio. Llegó el viernes y nos presentamos en el Ministerio de Trabajo, llegaron los negociadores del gremio y empresariales pero no se permitió el ingreso de los dos veedores nombrados en asamblea. Luego, por primera vez en el conflicto, el sindicato llamó a asamblea en la clínica después de la audiencia. Nos comunicaron que la clínica no iba a cerrar y que por fin Víctor Santa María blanqueaba su situación y se hacía cargo de la clínica bajo su convenio de trabajo. Nos dan dos alternativas: 1° Permanencia en el puesto de trabajo, reconocimiento de antigüedad e igual sueldo, pero que luego se equipara al convenio de OSPERYH. 2° Para los que no quieran continuar en el trabajo se genera un proceso de indemnizaciones cuyo marco legal estaría discutiéndose en una nueva audiencia el día viernes próximo (22 de diciembre). ¿Cómo se están organizando los trabajadores para enfrentar el conflicto? La iniciativa siempre salió de nosotros, el respaldo del gremio fue tibio. Actualmente estamos en una toma pacífica de la clínica y cuidamos el patrimonio para que no continúe el vaciamiento. Hacemos vigilia por turnos respetando el turno de trabajo. Hay muy buena disciplina. Gracias a las organizaciones políticas de izquierda y gremios que se solidarizaron pudimos armar un fondo de ayuda para poder asistir a los más necesitados. Nuestro gremio no supo paliar esta contingencia. ¿Qué medidas van a realizar en caso de no tener una solución favorable a corto plazo? Continuamos con la toma, aún no se conversó sobre cómo continuar si no hay soluciones. Creo que todas y todos estamos agotados después de 3 meses de huelga y, luego del anuncio de cierre que se produjo a principios de diciembre el trauma se agravó. ¿Cómo podemos colaborar desde afuera, para apoyar la lucha? La difusión de nuestro problema es el talón de Aquiles que tienen nuestros victimarios, dado que, tanto Daer como Víctor Santa María son figuras públicas y disque defensores de la clase trabajadora, y siempre sospechamos que no querían que esté conflicto no salga en los medios Y lo lograron en cierta medida, pero gracias a los compañeros que pusieron empeño trabajando en las RRSS y a la difusión de partidos políticos de izquierda, organizaciones estudiantiles, y gremiales disidentes pudimos romper ese cerco mediático. LEER MÁS: Clínica de los Virreyes: días decisivos Por Daniela Magoc, Claudia Jati y Nico Ramos, 16/12/2023.

Este jueves, Reporteros Sin Fronteras (RSF) dio a conocer un informe donde señala que desde el 7 de octubre, 17 periodistas han sido asesinados en el marco del brutal genocidio perpetrado por Israel contra la resistencia palestina. En este número solo se engloba a los comunicadores que perdieron la vida en el ejercicio de su profesión. De ellos, 13 murieron en Palestina y otros 3 en Líbano. El restante fue asesinado por Hamas en Israel durante el ataque militar especial. La organización internacional denuncia una “masacre sin precedentes”. Presentando más precisiones, el informe destaca que los datos corresponden hasta el primero de diciembre. Y agrega que si se cuentan a todos los periodistas asesinados en la guerra de aniquilamiento llevada contra la Franja de Gaza, incluidos aquellos cuya muerte no se puede relacionar a la cobertura del conflicto o por su profesión, la cifra asciende a los 63 –54 de esos sólo en Gaza-. Número que también confirma el Comité para la Protección de los Periodistas. Es decir, casi un periodista muerto por día. Cabe destacar que siguiendo esta tendencia en cualquier momento que esté leyendo este artículo el número habrá aumentado. Por ejemplo ayer, un periodista de la cadena qatarí de televisión Al Jazeera fue asesinado y otro resultó herido por un misil disparado en Khan Younis, en el sur de Gaza. Algunas entidades, sin embargo, señalan un número mayor. Es el caso de la Oficina de Prensa de Gaza, que da como número de 86 periodistas asesinados sólo en territorio gazatí. RSF presentó en octubre ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) una denuncia por crímenes de guerra por el asesinato de nueve periodistas palestinos y un israelí, además de la destrucción “deliberada" de los edificios que albergaban a más de 50 medios de comunicación en Gaza. Es la tercera vez desde 2018 que RSF eleva una denuncia ante el TPI por los crímenes cometidos contra periodistas en la Franja. (El País, 14/12) El periodista Alfonso Bauluz, presidente de RSF señala que: “Tenemos serios motivos para pensar que Israel ataca a periodistas palestinos como objetivos militares". Solo está frase pone de manifiesto la envergadura del genocidio en Gaza. Cualquier persona que muestre una versión diferente a la versión ”oficial“ del Estado sionista es enemigo del régimen de Netanyahu. LEER MÁS: “El genocidio más atroz de los tiempos modernos” Israel barre tiendas de campaña de refugiados y aplasta vivas a las personas. Por Norberto Malaj, 16/12/2023. Palestina: guerra reaccionaria, guerra nacional, guerra civil Por Olga Cristóbal, 24/10/2023.

Han pasado apenas siete días de la asunción del Javier Milei a la presidencia, pero para los columnistas de los diarios de este domingo han causado “sorpresa” entre los votantes más humildes de la LLA el alcance perjudicial de las medidas económicas tomadas por el gobierno. Son un porcentaje de quienes se encuentran por debajo de la línea de pobreza; los jubilados que han visto saqueados sus ingresos por los ajustes confiscatorios del kirchnerismo –sistemáticamente inferiores a la tasa de inflación- así como un conjunto de trabajadores del comercio rápido y obreros de la industria, en especial los que están en negro. El aumento de la cotización del dólar en un 120% (devaluación del 60% del peso) y lo mismo de las naftas (hasta el final de diciembre), ha generado una remarcación de precios, que el mismo mandatario libertario estimó, públicamente, del 1% diario y del 3500% anualizada. Agregó, para mejor entendimiento, que este ritmo hiperinflacionario se mantendría por lo menos hasta marzo. Más allá de esto, los funcionarios del gobierno han anunciado que buscarán el restablecimiento del impuesto al salario y la desindexación de salarios y jubilaciones. Los votantes populares de Milei habían pensado, por el contrario, que la factura descomunal que ha caído sobre ellos la pagaría “la casta”. Uno de los columnistas dominicales asegura que Massa hubiera tenido que hacer lo mismo. Por de pronto, el candidato derrotado ha aportado su cuota de funcionarios al nuevo gobierno – en la Aduana, en el Indec, en la Minería-; el encargado de Massa para negociar con el FMI, es ahora el que ha designado Milei para la misma tarea. Cuneo Libarona, el flamante ministro de Justicia, ha decidido apartar a la Oficina Anticorrupción de la querella en los juicios contra Cristina Kirchner “El golpe de estado económico”, que Política Obrera ha venido advirtiendo desde hace meses, como el resultado inevitable de las elecciones, es denunciado ahora por falta de “anclaje”. Para muchos de sus promotores, el Rodrigazo de Milei no tendría una ‘contención’. Para los libertarios escépticos, Milei se vería forzado a devaluar el peso de nuevo a más tardar en abril. Para un comentarista económico de la televisión esta contingencia marcaría el fin de la experiencia macrista-libertaria. Es que, en efecto, el golpe económico del nuevo gobierno es fuertemente inflacionario. Mantiene vigente la indexación de la totalidad de la deuda pública. Como el pago de los intereses de esta deuda requiere una emisión monetaria descomunal, se ve obligado a incorporarla como nueva deuda de capital. El asunto es que la deuda pública se acerca a los 600 mil millones de dólares. Como el valor del PBI de Argentina ha caído en picada como consecuencia de la inflación, el porcentaje de deuda sobre PBI representa un 150 por ciento. A diferencia de otros ‘planes de estabilización’, el golpe libertario no incluye reestructuración de la deuda del Estado ni quita en su monto nominal. El escenario hiperinflacionario está servido. Hay que agregar algo no menor: el gobierno va a pagar a los importadores una deuda por 40 mil millones de dólares, al tipo de cambio de 800 pesos, cuando fue contraída, bajo Massa, a 350 pesos. Como no tiene los dólares necesarios para el caso, recurre a la emisión de un bono por ese monto, que tiene incorporada la devaluación en beneficio de esos importadores. La explosión de este conjunto de contradicciones tiene fecha. Mientras tanto el despojo de magnitud a los trabajadores es inminente. Jubilaciones y salarios necesitan una actualización inmediata, lo mismo la provisión de alimentos a los comedores populares. El gobierno, que se jacta de promover una recesión de alcance inédito, podría valerse de una ola de despidos para frenar los reclamos de aumentos de salarios. Es un escenario que, lejos de bajar los cambios en cuanto a inflación, podría añadir más leña al fuego. Sea como fuere, está planteada una confrontación de gran alcance entre el gobierno y las patronales, de un lado, y el conjunto de los trabajadores, del otro. En lugar de promover un paro inmediato de la CGT, que es por un lado prematuro y por el otro negativo, porque la burocracia sindical está del lado de los defensores del golpe económico y de “la gobernabilidad”, corresponde desarrollar una agitación por un aumento del ciento por ciento de los salarios, jubilaciones y prestaciones sociales y por su ajuste quincenal. Los viejos acuerdos paritarios han caducado; la necesidad de nuevas paritarias debe servir para impulsar que el pliego de reivindicaciones sea discutido y votado en asambleas. A De la Rúa le llevó entre año y medio y dos agotar la expectativa de sus electores; al gobierno del 1% diario de inflación podría costarle mucho llegar a tanto. La llegada de Milei al gobierno ha sido presentada por sus partidarios y por la mayoría de sus aliados como “una nueva era” o como “un cambio de época”. Las ilusiones, pocos lo desconocen, forman parte de la condición humana. Pero en un punto esta ilusión podría convertirse en cierta, si provoca una reacción histórica de los trabajadores. Las grandes acciones de las masas en la historia de la humanidad no han ocurrido en forma gradual. Todo lo contrario: como una reacción sin precedentes contra el desplazamiento extremo del campo capitalista hacia el otro extremo. LEER MÁS: 20 de diciembre: por aumento general del 100% de salarios, jubilaciones y asignaciones sociales Impulsemos autoconvocatorias, plenarios y coordinaciones de lucha. Apoyo incondicional a la lucha del pueblo palestino, 17/12/2023. El Rodrigazo de Javier ‘Celestino’ Milei Una redistribución negativa del ingreso descomunal. Por Jorge Altamira, 13/12/2023.

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, ha lanzado una serie de iniciativas concretas en su primera semana al mando del Ejecutivo. Con eje en tema seguridad, encomendó a la Legislatura una batería de normas. Algunas ya han sido aprobadas por ambas cámaras y están a la espera de ser promulgadas. Entre éstas, una nueva versión de la emergencia en seguridad y una reforma del servicio penitenciario -de las cuales se desconoce al momento de que se trata concretamente ya que aún no han sido publicadas-. Pero si es posible posicionarse ante la adhesión a la ley nacional 26.052 que permite la desfederalización parcial en la investigación y enjuiciamiento por la comisión de delitos vigentes por la ley de estupefacientes. La misma permite que las provincias que así lo pretendan incorporen a su competencia la persecución sobre algunos popularmente llamados “delitos menores” que contiene la ley nacional 23.737. En concreto, permite que las jurisdicciones provinciales abran causas por la famosa tenencia de estupefacientes ya sea para consumo propio y/o para su comercialización en mínimas cantidades, hasta el supuesto de la posesión “accidental”. Para llevar a cabo esta labor, serán transferidos recursos desde el Estado Nacional hacia el provincial, para garantizar su cometido configurando una suerte de caja ad hoc . Por lo tanto, estamos frente a un verdadero mamarracho político. Ahora la policía de la provincia -involucrada hasta el tuétano con los hechos narco- será la encargada de ejecutar las investigaciones contra los consumidores o “bunkers” orientadas por el Ministerio Público de la Acusación -que tiene antecedentes de fiscales depuestos de sus cargos por cohecho involucrados en asociaciones ilícitas-. La legislatura le ha otorgado al mismo Estado provincial y sus instituciones corruptas (cuyo entrelazamiento con el crimen organizado se manifiesta en cada caso) las facultades para “luchar contra él”. Un despropósito. Recordemos el caso del senador Armando Traferri, un leading case en la materia: los legisladores votaron en contra de sacarle sus fueros para someterlo al proceso penal y fue defendido con uñas y dientes por todo el arco político para evitar un “efecto dominó” sobre estos mismos. Entre otros argumentos, el oficialismo insistió en que esta norma permitirá que las fuerzas de seguridad ingresen a los barrios. Lo cual es redundante, porque esto ya sucede, y no han sido desbaratadas ninguna de las redes que dicen combatir, sino todo lo contrario. La orientación es clara: militarización de los barrios, castigos a la juventud y sobre los sectores más avasallados, expuestos por el derrumbe social actual. No por nada Pullaro saludó la designación de Bullrich como Ministra de Seguridad, a la cual ya le requirió -aparentemente con éxito- la asistencia de más fuerzas federales en el territorio provincial. Como contraprestación, el gobernador ha saludado el protocolo antipiquetes, y que lo ejecutará hasta que redacte uno propio. La lucha contra el narcotráfico esta totalmente ligada a las condiciones de vida de la clase trabajadora. Este negocio ha incorporado a centenares de personas, que, en la gran mayoría de los casos, se prestan a estas para lograr un ingreso. Son quienes, si no carecen de trabajo, tienen salarios de miseria y nulos derechos laborales, ante una carestía inconmensurable. Tampoco acceden a servicios básicos, en barrios superpoblados y marginados, donde son “reclutados”. El consumo ya no es problemático, se ha esparcido en la sociedad endémicamente. Expresa la decadencia de una organización social. En la cadena de responsabilidades, Pullaro, al igual que sus antecesores, busca cortar el hilo por lo más delgado. Mientras tanto, el capital inmobiliario y financiero, que han tenido un desarrollo sin precedentes en la provincia, y los puertos privados, donde bajo distintas modalidades ingresan cargamentos de droga, son impunes de la destrucción social que conlleva el envenenamiento que pergeñan. El carácter de clase del delito se vislumbra en su forma más pura. LEER MÁS: Bullrich fuera de la ley - represión y fascismo Por Jorge Altamira, 15/12/2023. El discurso de asunción de Pullaro Por Agustín Fernández, 11/12/2023. Maximiliano Pullaro inaugura mandato con un desafío a la docencia Por Agustín Fernández, 10/12/2023. Rosario, una crisis imparable Por Agustín Fernández, 03/03/2023.

El temporal de las últimas 24 horas hizo desastres en el área metropolitana. El mayor desastre se produjo en Bahía Blanca, donde el colapso del techo del club Bahiense del Norte, donde se desarrollaba un festival de patín, arrojó 13 muertos. La ciudad se encuentra colapsada. Decenas de miles de familias se encuentran sin luz. Las primeras informaciones indican que demoraría varios días reestablecer el servicio. Hay al menos 400 evacuados, un tendal de árboles caídos y roturas en casas y comercios. Muchos comerciantes se atrincheraron en sus locales por temor a que se produzcan saqueos, un rumor que comenzó a circular con insistencia desde la madrugada. Milei y Kicillof se harían presentes en estas horas, pero hasta ahora no realizaron anuncios concretos en materia de ayuda a los damnificados. Hubo al menos otros dos muertos, hasta ahora confirmados, en las localidades de Moreno y Coronel Rosales, una ciudad vecina a Bahía Blanca. Se estiman por estas horas que unos 500 mil hogares se quedaron sin luz. Muchas familias quedaron incomunicadas. En la Ciudad de Buenos Aires se registraron al menos 500 llamados de auxilio durante primeras horas de la mañana. El temporal dejó todo tipo de destrozos y se suspendieron un centenar de vuelos. El desastre pudo haber sido todavía mayor, ya que no se adoptaron medidas de seguridad especiales a pesar de que el fenómeno que se abatió esta madrugada había sido observado por el Servicio Meteorológico Nacional desde hacía al menos una semana, en una noche de eventos masivos al aire libre. La peor parte la llevaron los asistentes a la fiesta Bresh, en el club GEBA, donde hubo 15 heridos por el derrumbe de estructuras y la voladura de objetos. “La tormenta con vientos de hasta 100 km/h que esta madrugada terminó con lesionados y daños materiales en la provincia y la ciudad de Buenos Aires se empezó a formar la semana pasada y no fue la única en los últimos días”, relata La Nación (17/12). La semana pasada hubo tormentas vinculadas a este fenómeno que afectaron más la zona del centro y el sur bonaerense, como Olavarría. La mayor peligrosidad, señalan desde el SMN, estuvo asociada con la densidad poblacional y las estructuras edilicias y eléctricas, no tanto con la fuerza de las tormentas. “El frente de tormenta se venía observando en el radar y, con esa información, desde la semana pasada se fueron difundiendo las alertas como insumo para la toma de decisión de los organismos encargados de la protección civil”. Sin embargo, no hubo anuncios ni se adoptaron medidas específicas, a pesar de que el nivel naranja en el sistema de alerta temprana del SMN significa que hay que prepararse, no solo informarse (nivel amarillo) porque “se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente” (LN, ídem). Entre otras medidas, los protocolos indican llamar a la población a permanecer en construcciones cerradas y no hacer actividades al aire libre. Las alertas fueron olímpicamente ignoradas para no alterar el cronograma de espectáculos y eventos que caracterizan la cercanía de las Fiestas y el inicio de la temporada de verano. Inmediata ayuda a los afectados. Declaración de emergencia en las zonas más afectadas: provisión de agua y alimentos, generadores eléctrícos para paliar las consecuencias de los cortes de luz. Establecimiento de las responsabilidades civiles y políticas por las muertes ocurridas. LEER MÁS: Santa Fe: de la sequía a las inundaciones Por Mauri Colón, 12/12/2023. Crisis del medio ambiente: no es un problema de liderazgo Por Patricia Urones, 17/09/2023. Cambio Climático y el Niño, un desafío político para los trabajadores Por Patricia Urones, 01/06/2023.

“Durante un combate en Shuyaia, en el norte de Gaza, el ejército identificó erróneamente a tres rehenes israelíes como una amenaza. Como resultado, las tropas dispararon contra ellos y murieron” dice el informe del Ejército de Israel que admite que fusiló “por error” a Yotam Haim, Samar Talalka y Alon Lulu Shamriz. Los tres jóvenes, todos en la veintena, salieron de un edificio, desnudos de la cintura para arriba, pidiendo ayuda en hebreo. Portaban una bandera blanca casera para dejar claro que se estaban entregando. Aun así, el ejército de Israel “los consideró una amenaza” (sic) y los mató a tiros al grito de “¡terroristas!”. Según la investigación militar, un francotirador israelí identificó a los jóvenes como “tres figuras sospechosas” y creyó que eran una trampa de Hamas. En principio mató a dos y un tercero, herido y atropellado, huyó hacia dentro del edificio del que procedía. Según el informe, otros soldados que estaban en la zona declararon que se escuchó que alguien gritaba “Ayuda” en hebreo. Pero cuando el herido volvió a salir gritando en hebreo, lo remataron. Más claro: los rehenes que habían sobrevivido dos meses -bajo los bombardeos y la hambruna- al cuidado de Hamas, fueron asesinados en minutos apenas pidieron ayuda al Ejército israelí. Ante los cadáveres, el comandante del batallón “se dio cuenta de que la apariencia del tercer hombre era inusual” y los llevaron a Israel para identificarlos. Ocurrió el viernes en el barrio Shejaiya de la ciudad de Gaza, donde los israelíes también mataron a decenas de palestinos “desnudos y desarmados” (textual del informe castrense) ante la sospecha de que fueran miembros de Hamas. El documento oficial reconoce que en los últimos días los sionistas no encontraron en el barrio de Shejaiya ningún civil pero sí a por lo menos a 38 “agentes terroristas palestinos que iban vestidos de civil, a menudo desarmados” (sic). Obviamente, los mataron. "Las fuerzas en Gaza están todo el tiempo enfrentando emboscadas, la presión es extrema", justificó el general Daniel Hagari, vocero del Ejército. El informe reconoce también que el día anterior las tropas habían encontrado en un edificio vecino pintadas en aerosol que decían “Ayuda, tres rehenes” en hebreo y SOS en inglés. El Ejército israelí supone que los jóvenes se escaparon del cautiverio o que Hamas “los abandonó” al retirarse de la zona. La máquina de guerra sionista, entrenada en masacrar campos de refugiados, escuelas y hospitales sin pestañear, no se detiene aunque jóvenes semidesnudos le griten en su idioma. Tampoco las leyes internacionales que obligan a respetar la rendición expresada por una bandera blanca significan nada para Israel, que suma las denuncias como criminal de guerra desde su fundación. Finalmente, es la obediente aplicación del protocolo Aníbal, que indica que los rehenes israelíes en poder del enemigo no deben sobrevivir. El ejército reconoció esta semana que más del 10 por ciento de los soldados que están muriendo en Gaza lo hacen por fuego amigo (El País 16/12). Tratando de morigerar el escándalo, el comunicado militar expresó su "fuerte arrepentimiento por el trágico incidente". Sin embargo, la protección estatal contra los crímenes de guerra es absoluta, incluso en este caso: "Son nuestros rehenes, son nuestros soldados. En primer lugar, vamos a ayudar a estos soldados. No van a ser castigados: cometieron un error, cometieron un error", reiteró el teniente coronel Richard Hecht. Estas muertes elevan a 22 el número de rehenes fallecidos confirmados, de un total de unas 250 personas que fueron llevadas por las milicias palestinas a la Franja de Gaza. De ellas, 110 fueron liberadas y 129 permanecen cautivas sin que se sepa si están vivas. Inmediatamente, las familias de los rehenes hicieron un piquete en la autopista frente a la sede central del ejército israelí. Exigen un alto el fuego que permita el intercambio por prisioneros palestinos incluso “con sangre en sus manos”. “Los queremos de regreso vivos y no en bolsas”, gritaban. Fuera del Museo de Arte de Tel Aviv, en la que se conoce como la "plaza de los rehenes, cientos de personas se congregaron en torno a la medianoche con pancartas como “No hay victoria sin el regreso de los rehenes” y coreando lemas como “Todos” y “Hasta el último”. “Los rehenes no están en la agenda del Gobierno”, lamenta Guy Levy, que vive en el kibutz Nahal Oz y acompaña a familias amigas. Netanyahu, en su opinión, está más pendiente de los “fascistas de los colonos” que de los “abandonados en Gaza”. “El día más feliz no será cuando Netanyahu dimita, no. Será cuando lo entierren” (idem). La conmoción por el asesinato de los rehenes se suma a las declaraciones de Hadas Dagan, publicadas por el Canal 12 de Israel. Dagan es la única sobreviviente de una casa donde estaban 14 personas, entre habitantes del Kibbutz Be'eri y milicianos el 7 de octubre. Dagan rompió el silencio para corroborar lo que ya han descripto otros testigos, incluidos altos jefes militares sionistas. Durante la llegada de las fuerzas israelíes, se produjo un feroz intercambio de disparos, dijo, seguido de un ataque israelí con misiles. Estas revelaciones se suman a un creciente cuerpo de evidencia de que el ejército israelí mató a cautivos en el kibutz Be'eri y otros asentamientos, en lo que es la ya mencionada implementación de la Directiva Aníbal, el protocolo militar en el que se mata a los cautivos israelíes para evitar que los palestinos logren intercambio de prisioneros. La insoportable limpieza étnica ejecutada contra los palestinos en Gaza, Cisjordania y Jerusalén por el gobierno fascista de Netanhayu no tiene ninguna relación con la argüida protección ni de los judíos en general ni de los israelíes en particular. Es la embestida sin escrúpulos y por fuera de toda legalidad de un Estado ocupante, al que los militares de Estados Unidos no titubean en definir como “un portaaviones” de los intereses imperialistas en Medio Oriente. LEER MÁS: La guerra sionista contra Palestina: 10 semanas, 10 reflexiones Por Norberto Malaj, 15/12/2023. Gaza: nuevos testimonios desmienten las "fake news" del sionismo acerca del 7 de octubre Por Norberto Malaj, 09/11/2023. Quién mató a civiles israelíes La Directiva Hannibal en acción. Por Olga Cristóbal, 31/10/2023. Israel mató a sus propios ciudadanos Para rescatar las posiciones en manos de los palestinos tanto el 7 de octubre como los días siguientes. Por Olga Cristóbal, 29/10/2023.

El presente texto fue enviado a todas las organizaciones convocantes a la movilización del 20 de diciembre para la discusión de documento que se leerá en el acto que se realizará en Plaza de Mayo. En este 19 y 20 de diciembre, celebramos un nuevo aniversario de la rebelión popular. Tuvo lugar bajo el emblema “piquetes y cacerolas, la lucha es una sola”. Fue un levantamiento contra el estado de sitio declarado por Fernando de la Rúa y por el derecho a manifestar de día, a la medianoche y a la madrugada. Fue una insurgencia contra la confiscación de ingresos y de ahorros, como se repite ahora con una megadevaluación y una serie de tarifazos. Entonces el pueblo ganó las calles sin esperar las órdenes que nunca llegarían de los aparatos de los partidos y de la burocracia. Las calles de las principales ciudades del país se poblaron de Asambleas Populares. Como todo acontecimiento histórico, el Argentinazo marcó un hito y un derrotero. Las clases explotadoras y sus políticos, de la casta o libertarios, han vivido las últimas dos décadas bajo el acecho de una nueva rebelión popular. Las medidas anunciadas, primero por Javier Milei y luego por Luis Caputo, constituyen una de las mayores redistribuciones regresivas del ingreso nacional, una expropiación lisa y llana de la economía de los trabajadores. El único precio ‘relativo’ que no fue aumentado por este asalto económico es el de la fuerza de trabajo –activa y retirada-. Milei y Caputo han desencadenado una hiperinflación. La megadevaluación ha aumentado en un 120 % el valor en pesos de la deuda pública. Ha destruido el presupuesto fiscal y agravado el déficit potencial. El pago de intereses del Tesoro a la parasitocracia criolla ha crecido al punto que deberá ser refinanciada. Patricia Bullrich, la infortunada ministra de Trabajo de De la Rúa, no ha aprendido nada. Quiere repetir el escenario de represión de su antecesor en el cargo, el radical Mathov, condenado por las muertes que propiciaron las fuerzas federales de entonces, sin patentes a la vista. El protocolo de Bullrich tiene antecedentes. Es precedido por las leyes represivas sancionadas por gobernadores –como el radical Gerardo Morales en Jujuy y el massista Gustavo Sáenz en Salta-. Esta escalada represiva recoge los intentos que intentan imponer los gobiernos de la OTAN contra las manifestaciones multitudinarias en sus países en contra del genocidio sionista en Gaza. Responde a ese mismo propósito, que permita convertir a Argentina en un cómplice de la masacre palestina. El gobierno de Milei busca un punto de apoyo en esa línea internacional, como lo demuestran las designaciones en lugares centrales del aparato de Seguridad y Espionaje. Las burocracias sindicales de la CGT y de la CTA sólo han emitido expresiones de condolencia a las familias trabajadoras de Argentina. Al igual que en 2001, donde una y otra se expresaron en contra de la rebelión popular. Compañeras y compañeros: hace casi cincuenta años, el gobierno de Isabel Perón ponía en marcha un golpe de Estado económico que se conoce como “Rodrigazo”, acompañado de una clausura de las paritarias. En cuestión de horas y días, una huelga general autoconvocada desde los cuerpos de delegados de las grandes fábricas se extendió por el país. Es necesario recuperar esa tradición y poner la iniciativa política en manos de las asambleas, los delegados electos y las Coordinadoras de trabajadores. Los anuncios oficiales han encerrado al pueblo de Argentina en una cárcel económica y tirado las llaves. No hay vuelta atraś de esta confiscación social exponencial. Hay que mirar hacia adelante y de frente. Por aumento general del 100 % de salarios, jubilaciones y asignaciones sociales, como aumenta el dólar, la nafta, la luz y el gas, los alquileres, los servicios de salud, la educación. Convocatoria inmediata a paritarias. Abajo las reformas laborales y jubilatorias. Defensa irrestricta de las libertades democráticas y del derecho de huelga. Arresto y encarcelamiento a los ejecutores materiales e intelectuales de acciones represivas. Absolución inmediata de César Arakaki y Daniel Ruiz. Apoyo incondicional a la lucha del pueblo palestino. Cese inmediato del fuego en Gaza, retiro de las fuerzas armadas sionistas. Impulsemos autoconvocatorias, plenarios y coordinaciones de lucha, para decidir por nosotros mismos el camino a seguir y los métodos de lucha. LEER MÁS: El ´protocolo´ represivo de Patricia Bullrich es ilegal e inconstitucional Por Emiliano Fabris, 15/12/2023. 100% de aumento para salarios, jubilaciones y asignaciones sociales Defendamos las libertades y el derecho a luchar. Política Obrera, 15/12/2023. El debate por la movilización del 20 de diciembre Por Federico Fernández, 12/12/2023. El 19 y 20 de diciembre movilicémonos por el cese del fuego en Gaza y en Ucrania y por el retiro del ejército sionista de todos los territorios ocupados Carta abierta a los luchadores y a las organizaciones, 09/12/2023.

Con el 55,7 % (seis millones 890.000 votos) versus un 44,2 % fue rechazada la segunda propuesta constitucional durante el plebiscito de este domingo en Chile. La nueva propuesta había sido redactada por un Consejo Constitucional electo en mayo de este año. El órgano estaba compuesto y liderado mayoritariamente por la ultraderecha chilena, aunque respaldado por una comisión de ‘expertos’ de los partidos políticos con representación en el Congreso, es decir, con el respaldo del oficialismo. Sólo en tres de las trece regiones del país trasandino ganó la opción a favor del texto del Consejo: las regiones del Maule, Ñuble y La Araucanía (esta última el epicentro del conflicto mapuche). La Bolsa de Santiago recibió los resultados abriendo $9 (CLP) el dólar en relación al cierre del viernes pasado. La participación electoral de este domingo llegó al 84 % luego de que se restableciera la obligatoriedad del voto. Sin embargo, el número de solicitudes para excusarse legalmente para no asistir a las urnas se triplicó en relación a las elecciones anteriores. Este segundo proceso constitucional supone un golpe para el pinochetista y excandidato presidencial José Antonio Kast, no por su afán de cambiar la constitución de la dictadura, sino más bien por el quiebre que sufrió su fuerza política, el Partido Republicano. En principio, Kast se opuso a cualquier nuevo proceso constituyente y lideró la campaña por el Rechazo del plebiscito anterior, en un intento de reunificar a la derecha y presentarse como futuro presidenciable. Ante un inminente segundo proceso constitucional, los republicanos quedaron a cargo de la redacción de un nuevo borrador constitucional, tanto más fascista que la actual constitución. Pero el intento de reagrupamiento de la derecha terminó por fracasar este domingo. El amplio espectro de la derecha había planificado dar una conferencia de prensa en conjunto luego de los resultados de ayer. Sin embargo, Chile Vamos, la coalición de la ‘derecha vieja’ liderada antes por Piñera, reunió a la prensa por su parte y criticó la incapacidad de los republicanos de llegar a una constitución “de consenso” reagrupando a la oposición y su electorado. Hubo un caudal de votos no insignificante para el bodrio escrito por la derecha y, sin embargo, es un caudal desorganizado y sin líderes claros. Kast declararía más tarde que la derrota de este nuevo proyecto constitucional representaba el cansancio de la población chilena respecto del debate constitucional. “Hoy los chilenos han dicho de manera clara que prefieren continuar con la Constitución actual, cerrando esta larga discusión constitucional”, señaló en conferencia de prensa. En sintonía con lo declarado por Kast, Boric declaró en La Moneda que entendía el desgaste de la ciudadanía respecto del proceso constituyente y que durante su mandato “se cierra el proceso constitucional (porque) las urgencias son otras”. Asimismo señaló que mandató a su gabinete para retomar lo antes posible el trámite legislativo de la reforma de pensiones y otros puntos en la agenda como la seguridad en las calles. También el diputado Gonzalo Winter, de Convergencia Social (el partido de Boric), declaró ayer para CNN-Chile que una nueva constitución ya no es necesaria. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, no escondió su contento y festejó el cierre de los procesos plebiscitarios en favor de una menor incertidumbre para los empresarios e inversionistas. El Partido Comunista también llama a cerrar el debate constitucional. Lautaro Carmona, presidente del PC, declaró que “es evidente que no hay ninguna posibilidad en los años que le quedan al Gobierno de seguir adelante con un proceso más cuando hay dos años consecutivos de grandes desafíos electorales a nivel país”. El PC, aunque llamó a votar en contra de la constitución de Kast, no realizó ninguna medida de reagrupamiento y movilización en favor de su posición. O lo que es lo mismo, llamó a defender la vigencia de la constitución pinochetista. Para la Democracia Cristiana el saldo del proceso constituyente fue la división entre su ala oficial y el nuevo espacio Demócratas. La burguesía también se apresuró a declarar el fin de una etapa. Sebastián Edwards –uno de los miembros de la poderosa familia burguesa chilena que propició el golpe militar de 1973 y que son actualmente dueños de AFP y diversos medios de comunicación–, señaló para su periódico La Tercera que se “Demuestra que hay cansancio, hastío y el reconocimiento de que las cosas no estaban tan mal como se había dicho. (...) se ratifica que la Constitución de Ricardo Lagos y Pinochet reformada no era tan mala y que todo el proceso y la historia que genera ese cuerpo legal no era tan desastroso”. En diez meses más se llevarán adelante las elecciones municipales. Y aunque desde el Pacto por la Paz y Nueva Constitución de noviembre de 2019 todos los espacios políticos tradicionales se habían propuesto un realineamiento de fuerzas –utilizando los procesos constitucionales para mejorar su desempeño electoral–, lo cierto es que la fragmentación política de entonces sigue vigente. Hasta el domingo tanto Chile Vamos como el Partido Republicano habían estado discutiendo pactos electorales para diversas comunas e, incluso, acercar a los espacios de centro que no pudo dirigir la Democracia Cristiana. Ahora esa posibilidad queda en duda. Tampoco se ha dirimido el liderazgo de la derecha que hasta ayer se disputaba Kast, desde los republicanos Evelyn Matthei hasta Chile Vamos. La derechista Matthei había declarado para sí misma libertad de acción respecto del plebiscito, inclinándose hace unos meses por rechazar el proceso liderado por Kast y se sumó a él a último momento. El oficialismo no está mejor. El agrupamiento de la centroizquierda en torno a Boric fue fulgor y muerte. La imagen de Boric y el oficialismo sigue cayendo en las encuestas, especialmente durante los últimos meses en que se han destapado diversos casos de corrupción. No se descarta que Boric tenga que remover a su ministro de Vivienda esta semana. A tal punto ha llegado la falta de legitimidad del mamarracho frenteamplista, que los viejos concertacionistas como Ricardo Lagos y Michelle Bachelet han querido tomar el timón desde el costado. Incluso Bachelet ha sido sugerida como futura presidenciable. Atrás quedó el binomio Concertación-Chile Vamos, pero sus versiones renovadas, el Frente Amplio y el Partido Republicano, quienes parecían capitalizar las fuerzas de las manifestaciones populares de octubre, tanto como el abroquelamiento de la burguesía nacional, ambos han fracasado. El desánimo por las propuestas constitucionales escritas y la ausencia de la organización de las masas por unas y otras opciones es la que el propio gobierno y oposición construyeron con el Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución firmado en noviembre de 2019. La disputa por el poder sigue estando vigente para los trabajadores. LEER MÁS: Chile se prepara para votar el plebiscito constitucional Por El Be, 26/11/2023.

La pirotecnia verbal del presidente venezolano Nicolás Maduro, en relación al reclamo del territorio del Esequibo, han terminado en un revés político. Con la mediación de Lula da Silva, el pasado jueves se realizó una mesa de “diálogo” entre los gobiernos de los dos países en conflicto. La reunión, realizada en las islas caribeñas de San Vicente y las Granadinas y con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) y la Comunidad del Caribe (CARICOM) como anfitriones, dejó como resultado un acuerdo que establece que Venezuela y Guyana “directa o indirectamente no se amenazarán, ni utilizarán la fuerza mutuamente en ninguna circunstancia, incluidas las derivadas de cualquier controversia existente entre ambos Estados”. La tregua tiene una duración de tres meses y quedó acordada la continuación de nuevas reuniones en Brasil, sin fecha definida. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, actuará como “observador”. ¿Qué saldo dejó esta reunión? En los once puntos del documento suscripto por Caracas y Georgetown se sostiene que ambos países “cooperarán para evitar incidentes sobre el terreno que conduzcan a tensiones” y, en caso de que se produzca un hecho de este tipo, “se comunicarán inmediatamente entre sí”, con la CARICOM, con la CELAC y con el presidente brasileño para “contenerlo, revertirlo y evitar que se repita”. Estas palabras no ocultan el hecho de que el Comando Sur de Estados Unidos, que supervisa Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, ya se encuentra realizando operaciones de vuelo conjuntas con las Fuerzas de Defensa de Guyana. Por su parte, el secretario de Estado, Antony Blinken, dijo al presidente de Guyana que podía contar con el apoyo de Washington “para la soberanía de Guyana y nuestra sólida cooperación económica y de seguridad”. Maduro reclamaba que la disputa territorial, que se remonta a 1899, no se dirima en los tribunales internacionales. Los funcionarios guyaneses aseguraron que “la controversia está en la corte y a Guyana no la sacarán de allí”, agregando que “la corte va a tomar una decisión en dos o tres años, y eso no lo para nadie”. La prensa guyanesa elogió a su presidente, Irfaan Alí, resaltando que había salido desafiante y triunfante de la reunión. Maduro calificó la reunión de "fructífera, intensa, por momentos tensa, pero donde pudimos hablar con la verdad”. Para los analistas internacionales, la victoria que podría atribuirse a Maduro es la apertura de las negociaciones por el territorio. Poca cosa para un presidente que realizó un referéndum por la soberanía venezolana del territorio en disputa. El acuerdo, por caso, no contempla el tema petrolero, la cuestión más sensible de la disputa. Algunos analistas especulan con que “una vez que el petróleo guyanés ingrese en el mercado internacional, Venezuela tendrá dificultades en colocar su petróleo pesado que no puede competir con el dulce y liviano de la nación vecina” (Infobae 14/12). Lo cierto es que el gigante petrolero norteamericano Exxon Mobile y otras compañías seguirán explotando los recursos de la región. Lo mismo China, que tiene inversiones en los dos lados de la frontera. Crisis interna La maniobra para tapar el éxito de los comicios internos de la oposición venezolana ha tenido corto vuelo. Frente al pacto firmado, un sector de la oposición venezolana aprovechó para utilizar el reclamo del Esequibo contra el gobierno chavista. “Entregaron nuestro territorio”, aseguró en X (ex Twitter) un dirigente opositor. Por su parte, la principal dirigente opositora, María Corina Machado, volvió a la palestra con la apelación al Tribunal Superior de Justicia para que sea levantada la prohibición que pesa sobre ella para presentarse a elecciones presidenciales el próximo año. “La confirmación de su concurrencia al Supremo, dice el diario El País, la dio primero Estados Unidos, a través de la cuenta en la red social X de la embajada de ese país para Venezuela”. Desde esa cuenta se expresó que “aplaudimos a María Corina Machado y a los otros candidatos por su valentía y disposición para apelar sus inhabilitaciones. Ahora corresponde a los representantes de Nicolás Maduro demostrar su compromiso con unas elecciones competitivas e inclusivas”. Luego agregó que “continuaremos evaluando las sanciones basadas en avances significativos y tangibles, según el acuerdo de Barbados, para restaurar la democracia”. En conferencia de prensa, Machado aseguró que “estamos en medio de una negociación nacional e internacional muy compleja y difícil”. Y agregó que “Maduro y su régimen no se va a poder salir de la ruta electoral. Van a tener que cumplir con sus acuerdos y con la voluntad de todos los venezolanos”, refiriéndose a los acuerdos de Barbados que Maduro suscribió con la oposición y por la que Estados Unidos levantó una serie de sanciones. Machado presentó su apelación, según dijo, para no darle “excusas” al gobierno. Finalmente sentenció que “la pelota está del lado de Maduro”. LEER MÁS: La escalada de Venezuela contra Guyana Estados Unidos y Brasil se movilizan. Por El Be, 07/12/2023.

El viernes 15/12 se reunió la asamblea interclaustros de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. La asamblea parte de la propuesta de conformar una coordinadora que nuclee estudiantes, docentes, becarixs, investigadorxs y no docentes en contra del extractivismo, en defensa de la educación y la ciencia pública, iniciativa que se viene discutiendo desde las PASO de este año. La asamblea contó con un buen número de becarixs, estudiantes y docentes. Fue manifiesta la ausencia del centro de estudiantes de la facultad, de orientación kirchnerista. La asamblea se pronunció en contra del paquete de medidas del dúo Milei-Caputo, que representa un ataque directo contra los salarios y las condiciones de trabajo y cursada. El efecto inflacionario de la megadevaluación del peso ya ha provocado una avalancha de remarcaciones de precios y las consultoras privadas prevén que la inflación pueda llegar a ubicarse entre el 25 y 30% en diciembre y enero. Esto representa un golpe brutal al salario, la única mercancía que pretenden mantener planchada. Las federaciones universitarias han pactado un miserable 6% de aumento salarial para diciembre, 0% para enero y un 10% para febrero, lo que garantiza una pérdida salarial enorme para el sector en los próximos meses. El congelamiento del presupuesto educativo 2023 anuncia nuevos ataques al salario y pone en peligro directamente el funcionamiento de las universidades el año entrante. En enero, además, se suman los tarifazos en el transporte y los servicios, que tendrán un impacto importante en el encarecimiento general de la cursada, sobre todo para estudiantes y trabajadores que toman más de un medio de transporte para llegar a las facultades. En la asamblea se decidió realizar una actividad al inicio de la cursada de verano para denunciar esta situación. La asamblea debatió la necesidad de organizar instancias de coordinación tanto entre estudiantes y trabajadores de la universidad, como más allá, para dar una pelea de conjunto. Se recordaron algunas de las luchas históricas en las que la unión docente estudiantil logró revertir la avanzada privatizadora y ajustadora de los gobiernos sobre la educación y la ciencia públicas y consiguió importantes conquistas, con acciones de lucha como la toma del MinCyT de 2016 o la gran huelga universitaria de 2018. En ese sentido, se votó participar de la movilización del 20 de diciembre, a 22 años del Argentinazo, la primera manifestación contra el gobierno de Milei, contra el ajuste y el protocolo antimanifestaciones. Este es el camino que se debe retomar y replicar en cada una de las facultades: asambleas autoconvocadas, plenarios y coordinaciones progresivas de lucha. La AGD-UBA no ha llamado todavía a una asamblea general del gremio, que sería clave para debatir este escenario y resolver medidas de lucha. LEER MÁS: El debate por la movilización del 20 de diciembre Por Federico Fernández, 12/12/2023. Presupuesto educativo 2024: la motosierra ya está en marcha Por Patricia Lambruschini, 03/12/2023. Por una Autoconvocatoria en Exactas Universidad de Buenos Aires. Levantémonos en defensa de nuestra educación y la investigación. Por Niro, 31/08/2023.

El gobierno peronista catamarqueño no demoró en alinearse detrás de las medidas del gobierno nacional. En el mismo sentido lo hizo el presidente de la Unión Industrial Catamarqueña. Con un lenguaje encubridor coinciden en que el ajuste y los sacrificios serán del pueblo trabajador. Los trabajadores catamarqueños han sufrido un gran deterioro en sus condiciones de vida como producto de un sistemático ajuste salarial, agravado por el incremento de las tarifas y la inflación. Los trabajadores estatales, que terminan el año con un aumento anual de 68%, sostuvieron movilizaciones durante el segundo semestre a partir de movilizaciones autoconvocadas formando un frente de trabajadores estatales unidos, con representación en Vialidad, Instituto de Vivienda, entes de recaudación, trabajadores de la salud y reparticiones del Poder Ejecutivo. Los trabajadores judiciales salieron por su parte confrontando con el ajuste anunciado por el Ejecutivo. Las medidas de fuerza fueron alentadas por la propia corte provincial. El protocolo antipiquete del gobierno nacional y la política represiva del gobierno catamarqueño se combinan fundamentalmente contra los vecinos movilizados, desocupados y activistas sociambientales, en favor de la explotación de las mineras. Tras una década de gobierno kirchnerista-pj en la provincia, tenemos un saldo de más de 50 luchadores judicializados por estas causas. En contrapartida, la impunidad de las fuerzas represivas es una constante, al igual que las dilaciones en los juicios de la curia abusadora. Con este escenario se han producido distintas convocatorias de cara a la jornada del 20 de diciembre. Por un lado, la Coordinadora de Estudiantes en lucha, formada al calor del estudiantazo catamarqueño de principio de este 2023 en reclamo de mejoras de la infraestructura escolar frente al incesante calor, ha convocado a una manifestación el día 20D a la plaza central de la capital provincial. Con un pronunciamiento que denuncia el derrumbe educativo que implica la política nacional y provincial, llamando a defender el derecho a la educación y a la huelga y por el salario del pueblo trabajador. El FITu ha actuado disgregado. Tanto el PO oficial, como el MST (son las dos fuerza que conforman el FITu catamarqueño) han realizado convocatoria cada uno por su lado. Han dado la espalda a la convocatoria de la Coordinadora de Estudiantes, algo que no sorprende, es especial del PO oficial, que desde que se formó la Coordinadora se ha dedicado a hostilizarla con acciones maccartistas procurando separar al activismo independiente de los militantes de Política Obrera que ocupa una posición dirigente en dicha coordinadora. Desde Política Obrera nos sumamos a la jornada del 20D, adherimos a la convocatoria de la Coordinadora de Estudiantes en Lucha catamarqueña que llama a concentrarse en Plaza 25 de Mayo de la capital catamarqueña.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se ha presentado en sociedad con un mensaje de dos minutos y 18 segundos donde se arroga la “misión” de defender a las madres, niños y familias, mientras su gobierno lleva adelante un ajuste brutal de tales características que deja a más del 60% de la población y 70% de la niñez por debajo de la línea de pobreza. Sus declaraciónes sobre el corte de la asistencia social a quienes participen de cortes de calles apunta a amedrentar y limitar el derecho a la protesta. En cambio, estuvieron ausentes los reclamos que motivan esas movilizaciones –aguinaldo para los Potenciar Trabajo, el cronograma de entrega de mercadería y navideños para los comedores y merenderos que no reciben nada desde octubre, y quizas esa mercaderia recien llegue en marzo. Las amenazas represivas no serán una salida ni van a contener la protesta social que genera esta verdadera masacre social, cuando aún no han llegado los tarifazos de los servicios, el transporte y la asistencia social ha quedado por debajo de la indigencia. De un plumazo los trabajadores, los jubilados y las asignaciones sociales han visto licuados sus ingresos. El protocolo de la ministra Bullrich -que Pettovello complementa con sus propios anuncios represivos- retoma la línea que llevó a la masacre de Avellaneda de Duhalde y Aníbal Fernández, que concluyó, frente a la respuesta popular, con la entrega anticipada del gobierno. Este protocolo desconociendo las libertades de reunión, el derecho a reclamar, de organizarse, de transitar, anunciando requisas en estaciones y micros para identificar a los compañeros que cobran la asistencia social para sacárselo, transita el territorio de la ilegalidad. Los anuncios de Patricia Bullrich y Sandra Pettovello son de una ilegalidad absoluta y buscan mitigar la reacción de los trabajadores ante los atropellos en curso. Para enfrentar este ataque histórico hacia la clase obrera ocupada y desocupada, para impedir la confiscación de salarios, jubilaciones y asignaciones sociales, que pretende imponer una reforma laboral a favor de los intereses capitalistas y el FMI es necesario una respuesta de conjunto de los trabajadores organizados en autoconvocatorias, asambleas, plenarios, coordinadoras, etc. y discutir las acciones de organizacion y lucha y una salida que prepare una alternativa que se oponga a todos los atropellos. El 20 de diciembre llamamos a movilizarnos en todo el país, a ganar las calles por nuestras reivindicaciones. El 100%de aumento de salarios, jubilaciones y asignaciones sociales Abajo el protocolo represivo No a la criminalización de la protesta Entrega inmediata de alimentos a comedores y merenderos LEER MÁS: La gran pelea de los trabajadores aún no ha comenzado A una semana del golpe de estado económico. Por Jorge Altamira, 17/12/2023. 20 de diciembre: por aumento general del 100% de salarios, jubilaciones y asignaciones sociales Impulsemos autoconvocatorias, plenarios y coordinaciones de lucha. Apoyo incondicional a la lucha del pueblo palestino. Por Política Obrera, 17/12/2023. El ´protocolo´ represivo de Patricia Bullrich es ilegal e inconstitucional Por Emiliano Fabris, 15/12/2023.

A medida que transcurren las horas, se va conociendo más consecuencias de la brutal tormenta de viento y lluvia que registro ráfagas de más de 180 km/h y dejó a la ciudad destruida el sábado 16 de diciembre. El peor saldo ha sido el derrumbe de una pared del club Bahiense del Norte –en donde se formó Emanuel Ginobili- que causó la muerte de 13 bahienses durante un festival de patín, mientras que otros cinco siguen internados de gravedad. Es una de las mayores tragedias en la historia de la ciudad hasta el momento. La justicia ha iniciado una investigación para determinar los causales de las muertes. El Servicio Meteorológico Nacional había emitido oportunamente un “alerta naranja”. Otro club, cuyos techos se derrumbaron completamente, tenía prevista una cena con 250 personas solo una hora antes del temporal. La mayoría de los clubes quedaron destrozados. Una mujer de la cercana ciudad de Punta Alta también falleció a causa del temporal. Hubo más de 400 personas que debieron ser evacuadas producto de la voladura de techos en las viviendas y su inundación completa, ocasionando pérdidas totales. Hasta el momento, más de la mitad de la ciudad continúa sin energía eléctrica y el abastecimiento de agua es irregular. Miles de árboles fueron derrumbados, junto con carteles y otros elementos de gran porte, sobre casas, calles y automóviles. Hay escuelas completamente inundadas y con severas roturas. Tanto el Puerto como el Polo Petroquímico quedaron inoperativos. Muchos comerciantes se atrincheraron durante la tormenta para evitar saqueos y debieron reforzarse “patrullajes nocturnos”. Desde ya, no hay internet y los servicios de telefonía están colapsados. El intendente Federico Susbielles constituyó un comité de crisis y declaró la “emergencia sanitaria, alimentaria, social, ambiental, habitacional, de infraestructura, administrativa, económica y de servicios públicos”. Las fuerzas armadas, defensa civil, bomberos y policía de la ciudad y la zona fueron desplegadas para recoger todos los árboles y escombros, lo cual avanza muy lentamente. La cuestión de la recuperación de la energía eléctrica, cortada en toda la ciudad desde el sábado 16, es un tema crucial. Miles de familias tienen que comprar hielo para mantener la comida. Varios comercios han sufrido pérdidas millonarias. Periodistas difunden el alza indiscriminada en el precio de generadores de energía y hasta de los paquetes de velas. Lo cierto es que nada de esto fue facilitado por el Estado. El intendente disparó contra la proveedora mayorista de electricidad TRANSBA, insinuando que no estaría habilitando el ingreso de energía para recuperar el servicio, y que “quería ser escuchado y participar en la toma de decisiones”. De todas maneras, dijo que la empresa distribuidora EDES aún debía garantizar las condiciones del cableado. El domingo 17 llegaron a la ciudad comitivas encabezadas por presidente Milei y el gobernador Kicillof. De la reunión conjunta no se comunicó nada significativo. Consultado el día después, el vocero presidencial afirmó que “la ciudad no solicitó hasta el momento ayuda a Nación”. El intendente replicó que presentará un pedido de auxilio financiero. Por el momento, solo se han enviado desde el gobierno nacional cinco camiones cisterna con combustible y una estación móvil del YPF. Kicillof, declaró “estado de emergencia” para toda la provincia de Buenos Aires “a efectos de la realización de obras urgentes y la implementación de las acciones necesarias para solucionar o aliviar las consecuencias de desastre producidas, evitar las agravaciones humanitarias que de él pudieran derivarse y reparar los daños producidos o que se produzcan como consecuencia del fenómeno climatológico”. En principio, se enviarán a Bahía Blanca efectivos, maquinaria, alimentos, ropa y psicólogos. Los expertos en meteorología aún no han definido con precisión lo que ocurrió, hablándose tanto de una turbonada, tornados o tormentas de viento. Se vincula al fenómeno climático conocido como “El Niño”, recurrente en la Argentina desde el año 1961, y al propio cambio climático. Algunos señalaron que, en cualquier caso, serán más frecuentes en el próximo periodo. Hace no demasiado, otro temporal también azotó a la ciudad con inundaciones y voladura de techos. La realidad urbana en su conjunto no está adecuada en absoluto para enfrentar estos fenómenos de la naturaleza que seguirán sucediendo. Una experta señalo por los medios que “aún no existen, de manera generalizada, planes de contingencia para actuar ante las alertas por distintos fenómenos, como tormentas severas u olas de calor” (lanueva, 19/12). La Argentina posee un Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR) que, según otro experto “durante el gobierno anterior el SINAGIR fue discontinuado en sus funciones esenciales, y el actual no lo ha puesto en valor otra vez en estos días” (ídem) Investigación por las muertes en el Club Bahiense del Norte y determinación de responsabilidades civiles y políticas. Este cuadro de catástrofe plantea un gigantesco despliegue de recursos materiales y humanos. En primer lugar, para recomponer en forma urgente el 100% del servicio eléctrico y del agua. Deben conformarse cuadrillas extraordinarias de reparación y saneamiento de la vía pública, bajo convenio correspondiente, a cargo del Municipio. Al abastecimiento de los bienes más básicos –ropa, alimentos y agua- debe sumarse un plan de reconstrucción de todas las viviendas afectadas, a cargo del Estado. Esta urgencia choca, por supuesto, con la paralización completa de la obra pública –“no hay plata”- y, por supuesto, con el cuadro hiperinflacionario que hará más costoso todas las tareas de reconstrucción de viviendas y autos sufridas por los vecinos. Deberá ser garantizado mediante todas las reuniones, asambleas y manifestaciones de vecinos y trabajadores necesarias. LEER MÁS: No fue sólo el temporal Por Jacyn, 17/12/2023.

Frente al golpe de Estado económico impulsado por el gobierno entrante, el radical k Gerardo Zamora, gobernador de la provincia, ha decidido acoplarse a estas medidas imponiendo la paralización de las obras públicas, la no renovación de los contratos de trabajo que tengan menos de un año en la administración pública y los municipios. En paralelo, en la misma semana han sucedido despidos y suspensiones de trabajadores de la UTA, en la textil COTEMINA, y también de numerosos obreros de la construcción, especialmente en los municipios del interior de la provincia, dejando a centenares de familias sin trabajo. El anuncio se extendió a los aumentos de las tarifas de la luz, del transporte público de pasajeros de un 110%, que sumado a la escalada de los precios de los alimentos está agravando todo el cuadro de pobreza e indigencia de la población trabajadora. Si bien el gobernador Zamora no adhirió al protocolo represivo de Bullrich, lo viene aplicando en los hechos desde hace mucho tiempo, impidiendo los cortes, permitiendo las manifestaciones, pero estas no se pueden detener porque implica cortar la circulación. Frente a este panorama, se está organizando la jornada del 20, convocada por Política Obrera, el MST, C.U.B.A MTR, FDU, MTR, PO y CISADEMS –el principal sindicato docente de la provincia. En el debate se acordó marchar y luego hacer una radio abierta. En el debate de las posiciones políticas, el MST, el PO y otras organizaciones eran partidarias de que la marcha se detuviera en la sede de la CGT para pedirle una audiencia a una dirigencia que son simples empleados de Zamora y que es presidida por el actual diputado nacional José Gómez. Contra estas posturas, Política Obrera realizó una caracterización del escenario político de conjunto, destacó las reivindicaciones que debían presidir la jornada, denunció a la burocracia sindical y todas las políticas represivas en curso. Planteamos realizar la jornada a la tarde para permitir que trabajadores se pudieran hacer presente, pero la mayoría, dándole un sesgo puramente piqueteril a la marcha, decidieron hacerla a la mañana.

Mediante una convocatoria de ADIUNT, el sindicato de la docencia universitaria, el día lunes 18 se llevó adelante una reunión con organizaciones sociales y políticas para coordinar la marcha del 20 de diciembre. En la misma participó el PTS, MST, PO, Política Obrera, FOL, Marabunta, Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional, MTL, y posteriormente a la reunión anunció que también se sumaban Frente Popular Darío Santillán, William Cooke, Familiares de desaparecidos de Tucumán (FA.DE.TUC) y la Coordinadora de Limoneros Autoconvocados. Se acordó una movilización con tres consignas centrales: Contra el ajuste de Milei y el FMI, Abajo el protocolo de Bullrich, por aumento inmediato de los salarios, jubilaciones y asignaciones sociales. Luego otras consignas vinculadas al desprocesamiento a los luchadores y el apoyo incondicional al pueblo de Palestina. En el debate, tanto el MST como el PTS plantearon incluir la exigencia a las centrales sindicales de un paro nacional, pero no hubo acuerdo. Es claro que no se puede pedir nada a la burocracia sindical que ha colaborado con todos los gobiernos de turno y ahora solo se ha limitado a una queja por los dolores del ajuste, mientras negocia la defensa de sus privilegios. La lucha emergerá por la irrupción masiva desde abajo, de los trabajadores, y en esa perspectiva tendremos que coordinar con los sectores sindicales independientes y combativos e impulsar las autoconvocatorias que pasen por encima de la parálisis de la burocracia. También se acordó realizar una conferencia de prensa y se definió por consenso de todas las fuerzas presentes en la reunión que el punto de concentración del 20D sea a las 18 hs en la plaza Urquiza para marchar a la plaza Independencia, y una vez ahí realizar un acto donde tendrán uso de la palabra las organizaciones convocantes. A horas de haber hecho este acuerdo, el PO oficialista anunció que llamaban a marchar desde otro punto de encuentro y con un recorrido diferente. Un intento divisionista y sectario de diferenciarse de la convocatoria y marcha unitaria, pero es algo que no sorprende. En la propia reunión de coordinación los integrantes la unidad piquetera como el MTL y el MST señalaron (esto antes que llegara la delegación del PO a la reunión) que el PO en nombre de la "unidad" piquetera ya había convocado a una conferencia de prensa sin avisar a las organizaciones que integran ese bloque de organizaciones, sacando a luz la crisis que recorre no solo a la denominada Unidad Piquetera sino al conjunto del FITU, donde continúa desarrollándose una lucha faccional sin principios. En el curso de la tarde, se dio a conocer otra convocatoria, impulsada por un sector de la dirigencia sindical alineada con el gobierno provincial, como es la CCC y la CTA A, que también marcharán a plaza Independencia, pero en un horario diferente al de la marcha de los sectores combativos y de izquierda. También a la tarde se conocían las declaraciones del gobernador Jaldo desmarcándose del protocolo de la ministra Bullrich, señalando que como ha ocurrido en el pasado los manifestantes tienen derecho a manifestarse y expresarse y que en Tucumán no habrá represión. La nota distintiva la adoptó el nuevo intendente radical de la ciudad de Yerba Buena, quien mediante un decreto municipal adhirió al protocolo represivo del gobierno nacional. Desde hace dos días llueve sin cesar, a pesar de lo cual todo indica que el 20 de diciembre no será un aniversario del Argentinazo de los tradicionales, sino una masiva jornada en la clase obrera con y sin trabajo hará oír los reclamos contra el golpe de Estado económico que está en curso contra sus condiciones de vida.

Desde hace 14 días se conformó el espacio que organiza la jornada del próximo 20 de diciembre en la ciudad de Santa Fe. Con una mayoritaria composición de partidos y agrupaciones de izquierda, junto a organismos de DDHH, se ha concretado una movilización que llevará de la Plaza del Soldado a la Plaza de Mayo a las 17:30 horas. La misma tiene una convocatoria que titula “Abajo el ajuste de Milei-Caputo”, y que a renglón siguiente plantea los aumentos salariales, jubilatorios y asignaciones en un 100%, la derogación del impuesto al salario, no al protocolo represivo de Bullrich y la defensa irrestricta del derecho a la protesta. Asimismo, el cese del genocidio en Gaza, fuera el sionismo de Palestina. La convocatoria se dará en el cuadro nacional de movilizaciones que serán una primera pulseada con el gobierno del golpe de Estado económico que Milei quiere llevar hasta sus últimas consecuencias. Por caso, Pullaro también ha lanzado una campaña de intolerancia a las acciones de lucha y que promoverá un protocolo represivo propio en el futuro. Hacemos un llamamiento a todos los trabajadores de la ciudad, estudiantes y organizaciones a que se sumen a marchar al centro del poder político. La actividad culminará con una radio abierta, donde todos los que deseen manifestarse lo podrán hacer sin ningún tipo de limitación. Política Obrera hará uso de la palabra.

Este 20 de diciembre en Jujuy se realizará una gran movilización en un nuevo aniversario del Argentinazo, en un cuadro de crisis social, política y económica que se ha agudizado en estas últimas semanas. La provincia viene de protagonizar grandes luchas, como la histórica huelga de la docencia, las enormes movilizaciones contra la reforma constitucional, los cortes de las comunidades originarias por la defensa del territorio -que se terminó extendiendo a casi todas las ciudades de Jujuy- y las movilizaciones contra la represión y contra la criminalización de la protesta, entre las más destacadas. Preparativos y debates En las reuniones preparatorias, las diferentes organizaciones fueron fijando posición. Los referentes vinculados a los gremios estatales, que protagonizaron grandes luchas durante el año, postularon centrar la convocatoria en el aspecto conmemorativo, con el argumento de que un sector importante de la base de estos gremios y de la sociedad había votado a Milei. Este abordaje los puso inicialmente a la defensiva en un cuadro social explosivo. Sin embargo, el propio SEOM convocó a paros este miércoles y jueves en varios municipios por los despidos de trabajadores jornalizados que están llevando adelante los intendentes. Otro sector, de organizaciones vinculadas al kirchnerismo y el PJ, directamente cuestionaron salir a marchar a diez días de la asunción de Milei. Por el lado del FITU, el MST y el PTS no participaron de las reuniones de coordinación, Sí lo hicieron el Partido Obrero oficial e IS. Luego de dos jornadas de deliberación se logró acordar una marcha común que reclame contra el recorte de alimentos y la carestía, por la indexación de las jubilaciones y las asignaciones sociales, por el derecho a la protesta y la libertad de manifestarse, contra el ajuste y por el salario. Se acordó también realizar una marcha unitaria con oradores de cada organización al culminar la misma. Protocolo Bullrich: el modelo Morales El protocolo “antipiquetes” que Bullrich ha presentado en su nuevo rol de ministra tiene un antecedente en la provincia: el código contravencional que Gerardo Morales ha utilizado durante estos últimos ocho años contra los luchadores y contra cualquier protesta en la provincia, apelando al espionaje, la persecución, multas, detenciones, intervención de las personerías de las organizaciones sociales, etc. En la reforma de la constitución, Morales incorporó la prohibición expresa de cortes de ruta, calles y la toma de edificios públicos. El gobierno de la provincia ha hecho campaña publicitaria con la mano dura contra los trabajadores y para esto se ha valido de casi todos los recursos del Estado, en especial en el manejo discrecional de las leyes y de la justicia en función de sus propios intereses. Sin embargo, Morales, después de la brutal represión para imponer una reforma constitucional a espaldas de los jujeños, cavó su propia tumba política, ya que desde entonces no sólo ha perdido todas las elecciones, sino que han caído por el suelo su imagen y aspiraciones políticas. Ningún código contravencional reaccionario, ninguna justicia adicta al gobierno de turno ni ninguna arbitrariedad ha podido frenar una tendencia más general a la lucha de los trabajadores, grandes movilizaciones, paros, y este 20 de diciembre no será la excepción. LEER MÁS: Jujuy: cae una causa armada contra luchadores Por Iñaki Aldasoro, 07/12/2023. Coseguro médico: el PJ jujeño le entrega al gobierno radical una nueva caja Por Iñaki Aldasoro, 07/12/2023. Morales y el PJ votan a escondidas la contra reforma constitucional Por Iñaki Aldasoro, 16/06/2023.

Según informa The Bullet de Toronto, en Canadá, las principales empresas involucradas en suministrar equipamiento militar a Israel, entre éstas INKAS, L3 Harris, Lockheed Martin, ZIM y Geo-Spectrum Technologies (filial de Elbit), han visto interrumpidas sus operaciones por piquetes obreros. La última en sumarse ha sido la planta de fabricación de Mississauga del contratista de defensa Pratt & Whitney Canadá, un gigante aeroespacial que fabrica motores para aviones que el ejército israelí está utilizando para llevar a cabo su campaña de bombardeos. Las pancartas frente a la fábrica decían “Dejen de armar el apartheid” y “Embargo de armas a Israel ahora”. Pratt & Whitney se ha jactado de que su relación con el ejército israelí se remonta a 1947, antes de que se estableciera Israel. Actualmente, la empresa fabrica los motores de los aviones de combate F-15, F-16 y F-35 que la Fuerza Aérea de Israel utiliza para bombardear a los palestinos en Gaza. Pratt & Whitney Canada fabrica los motores que impulsan los vehículos aéreos no tripulados Heron TP (Eitan). Israel utiliza los drones para ataques aéreos, vigilancia y adquisición de objetivos. En 2015, Pratt & Whitney anunció un contrato de 15 años para dar servicio a la flota completa de aviones de combate F-15 y F-16 de la Fuerza Aérea de Israel, que llamó su “contrato de logística basado en el desempeño más completo y a más largo plazo”. El gobierno canadiense ha dado a Pratt & Whitney Canadá al menos 600 millones de dólares en préstamos sin intereses desde 2010. Canadá es firmante de la Convención que prohíbe el tráfico de armas a naciones que practican políticas violatorias de los derechos humanos, que como suele ocurrir violan todas las naciones en defensa del sagrado principio de que ´business are business´. El piquete en Pratt & Whitney Canada responde al llamado global emitido por 32 sindicatos palestinos para que se deje de armar a Israel. LEER MÁS: Ahora en Canadá: nuevo bloqueo de armas a Israel Por Norberto Malaj, 18/11/2023. Marchas por Gaza y contra el sionismo en todo el mundo Desde Europa, EE.UU., Asia. Por Norberto Malaj, 01/11/2023.

En los últimos días, el ministro de Gobierno Ricardo Villada manifestó, en medios locales, que su función principal era la de garantizar “la libertad de expresión y las manifestaciones” (Aries 14/12) y que, por tal motivo, no era necesario adherir al protocolo anunciado por Patricia Bullrich. Un cínico. En medio de la última gran huelga docente, en mayo pasado, el gobierno de Gustavo Sáenz promovió la votación exprés en la legislatura provincial del llamado “protocolo antipiquetes”. Un proyecto redactado hace años por la diputada renovadora Cristina Fiore, actual ministra de Educación en el gabinete de Sáenz, y reflotado por la pejotista Socorro Villamayor, luego del desalojo, represión y detención de 19 docentes a la vera de la Ruta Nacional N° 9, el 25 de mayo pasado. El proyecto se aprobó sobre tablas, con la abstención del bloque kirchnerista, una posición encubridora ya que aceptaron el tratamiento sobre tablas y no tuvieron ni la política, ni el coraje para rechazarlo. Cuando hay que defender el interés del capital, reprimir y desalojar trabajadores, el kirchnerismo también envía a la infantería. Sin embargo, fue el gigantesco repudio popular contra la represión a los docentes y la movilización contra la Ley Anti Piquetes, que obligó a Sáenz a derogar aspectos de la Ley, por ejemplo, la prohibición de movilizar sin autorización previa de la policía. Sáenz y sus ministros saben, por experiencia propia, que el protocolo antipiquete, en el marco de un Rodrigazo y de un golpe de Estado económico contra los trabajadores, es echar más leña al fuego de las movilizaciones y piquetes. Los mecanismos de blindaje del régimen político, en términos represivos, expresan el agotamiento de todas las instancias y los mecanismos previos de disuasión de los conflictos obreros, que ellos mismos suscitan, en una provincia con el 50% de la masa laboral en condiciones de precariedad y donde el 60% de los niños son pobres y no reúnen condiciones nutricionales básicas. La democracia burguesa muestra su verdadero rostro de dictadura de clase. La democracia burguesa es el régimen social que garantiza al capitalismo poder explotar a los obreros y no el idilio en donde todos nos medimos por igual. Esto explica por qué un organismo como la Legislatura provincial, con diputados electos por la población, ahora le niega a esa población que lo votó, su derecho a rebelarse contra ella. Esta cruzada represiva tiene su correlato, en el plano internacional, en el apoyo a la guerra de exterminio del sionismo contra el pueblo palestino –los gobiernos europeos han salido a prohibir las manifestaciones de solidaridad por Gaza. El gobierno de Milei se coloca en ese campo de giro represivo internacional. Los trabajadores, por experiencia propia, saben que a las medidas represivas y de ajuste se las combate y derrota con una mayor movilización y despliegue de fuerzas en los lugares de trabajo. Si además esa fuerza se eleva políticamente, con un programa de confrontación con el régimen y sus voceros, los trabajadores estarán en condiciones de disputar y dirigir el proceso político. De fondo lo que está en juego es, si se impone un golpe de Estado económico contra las condiciones de vida de las masas, en favor de los negocios capitalistas; o si nos imponemos los trabajadores defendiendo un aumento del 100% del salario, los puestos de trabajo, el acceso pleno a la salud, a la educación, a la vivienda, con una agenda propia de reivindicaciones. Empecemos a desarrollar esa fuerza mediante la deliberación, las asambleas, las autoconvocatorias y la coordinación con otros sectores de trabajadores, tal y como ya lo han hecho los docentes, enfermeros y municipales en nuestra provincia. LEER MÁS: El ´protocolo´ represivo de Patricia Bullrich es ilegal e inconstitucional Por Emiliano Fabris, 15/12/2023. Sáenz, Massa y la ´unidad nacional´ contra los trabajadores Por Violeta Gil, 29/08/2023. Sáenz obtiene de la Legislatura una “ley anti-protestas” Una expresión de pánico del gobernador recién reelecto. Por Julio Quintana, 02/06/2023.

Los trabajadores sociales del Hospital B. Moyano, desde antes de la asunción de Milei, vienen desarrollando una serie de acciones para visibilizar la crítica situación que el sector atraviesa por falta de profesionales para cubrir la demanda que exige la ley. Ante la falta de respuestas fue tomando impulso la decisión de la asamblea de votar medidas de acción directa. Asi se está llevando a cabo un paro activo una vez a la semana. Con radios abiertas; ruidazos; volanteadas; etc. En plena conmoción por la declaración de guerra económica a la clase obrera anunciada por Caputo, la asamblea de TS resolvió convocar a una asamblea general, de todo el hospital, para este martes 19/12. Algunos gremios adhirieron a la convocatoria. Desde la Agrupación Naranja Blanca en la AGIHM impulsamos y militamos la convocatoria. Llevaremos a la asamblea el planteo de movilizar este 20/12 por todas las reivindicaciones del momento: paritarias ya!; aumento del 100%; indexación según inflación; ningun despido en el Estado. LEER MÁS: Ante la política de arancelamiento y privatización de Milei, oponemos la lucha y la organización Por Silvia Allocati, Lucas García y Leo Torres, 22/11/2023.

El gobernador Sáenz ha puesto en marcha su propio golpe de Estado económico contra los trabajadores. Intenta ampararse en las medidas que ha tomado el gobierno nacional, que implican una regresión distributiva sin precedente para quienes vivimos de nuestro trabajo. Sáenz ha dado rienda suelta a la liberación de tarifas. Solo en las naftas el aumento fue del orden del 22%, lo que ya desató una ola de remarcaciones de precios en supermercados y grandes comercios. En el mercado central, denunciaron el aumento de hasta un 600% en verduras y frutas. Para el mes de enero, se prevé un nuevo tarifazo sobre los servicios, que arrancará con el aumento al gas y la electricidad. Anticipando el levantamiento de los subsidios, ENERGAS ha convocado a audiencia pública para el 8 de enero. En los próximos días harán lo propio las empresas locales. Desde ayer, rige en la capital de la provincia una reducción del servicio de colectivos: las empresas levantaron el servicio nocturno y reclaman un aumento del boleto de los actuales $110 a $509 para el transporte urbano. En el caso del transporte interurbano, el boleto podría rondar arriba de los $1.000. Se ha conocido ayer que el gobierno prepara un paquete de medidas que incluyen la prórroga del Presupuesto 2023 y de la Emergencia Económica y la Sociosanitaria en los departamentos San Martín, Orán y Rivadavia. También se anunciaron una revisión de contratos en moneda extranjera para renegociar a moneda nacional y la suspensión de la asistencia financiera a municipios, de la compra de bienes de uso y de las licitaciones de obra pública y el congelamiento de la pauta publicitaria por el plazo de seis meses. Sáenz se jacta de haber bajado los índices de pobreza, que sin embargo siguen arriba del 40%. Lo que no ha menguado, en cambio, es la sistemática confiscación a los trabajadores para beneficiar a los grandes capitalistas. Por ejemplo, las mineras del litio cuentan con la “libre disponibilidad del 20 % de las divisas obtenidas en exportaciones”. Recientemente el macrista Martín De Los Ríos, ministro de Producción del gabinete de Sáenz, anunció una línea de crédito de 60 millones de pesos para “apoyar al sector vitivinícola en momento de vendimia”. Los que nunca pierden son los agroexportadores, las mineras y los negociados capitalistas. Sí los trabajadores. Mientras Sáenz orienta su gobierno al rescate capitalista, las medidas anunciadas se complementan con el congelamiento inmediato de vacantes y contrataciones de personal y la promoción de retiros voluntarios y jubilaciones. Sáenz ha puesto un cepo completo al salario estatal. El ministro de Gobierno, Ricardo Villada, anticipó que continuarán las discusiones con la intergremial, pero sin ningún aumento a la vista, cuando los trabajadores hemos perdido solamente en esta semana un 50% del poder adquisitivo de nuestros salarios. En el caso de los municipios, se anticipa una escalada de crisis. El presidente del Foro de Intendentes anticipó que no cuentan con los recursos para pagar el aguinaldo, como antes pasó con los aumentos (irrisorios) de salario. Frente a este escenario, el golpe de Estado económico de Sáenz y los intendentes ha abierto una deliberación entre los trabajadores. Las medidas que han adoptado no son ninguna salida a la crisis. A la necesaria lucha para enfrentar este cuadro de confiscación, tarifazo e inflación, planteamos el aumento del 100% del salario, la inmediata equiparación del salario al costo de la canasta familiar -que ha sido bandera histórica de la docencia salteña- y por el conjunto de nuestras reivindicaciones. Hace falta más que nunca que los trabajadores de la provincia nos constituyamos en un factor político poderoso. LEER MÁS: Salta: “No hay plata”, excepto para los negocios mineros Por Violeta Gil, 09/12/2023.

Luego de los anuncios del ministro de Economía Luis Caputo, respecto a la quita de subsidios en el transporte, la federación patronal del transporte, FATAP, tomó la determinación de suspender la circulación de las frecuencias nocturnas, una medida que golpea a todo el interior del país. Por caso, en Salta, la empresa estatal de transporte, SAETA, anunció que adhería a la determinación de FATAP e hizo efectiva la suspensión de las líneas nocturnas la noche del viernes desde las 21:30. Informó, además, que las empresas concesionarias avanzarían en una quita de unidades del recorrido habitual, lo que implica en términos objetivos una merma de frecuencias durante el día. Los empresarios además ponen en tela de juicio el pago del aguinaldo a los trabajadores del transporte ya que, argumentan, ese dinero proviene de los subsidios nacionales. Están allanando el terreno para imponer suspensiones y despidos. Se trata de un verdadero lock out patronal, avalado por las autoridades nacionales y de la provincia. Un caso flagrante de incompatibilidad con el “derecho a circulación”. Entre los recursos nacionales y provinciales el transporte público en Salta está subsidiado en un 80%. Pero los subsidios jamás significaron mejores condiciones laborales y de servicio. Las empresas siempre supeditaron el pago del salario de los choferes al cobro del subsidio. Ahora, su intención es llevar el boleto a $509 en enero próximo. Es evidente el carácter parasitario de las empresas concesionarias y del sistema de transporte en su conjunto bajo este régimen. En 20 días, quieren imponer un tarifazo del 80% en el costo del boleto urbano. La masa de trabajadores y estudiantes que deben trasladarse a diario, desde localidades del valle como Rosario de Lerma, Quijano o Coronel Moldes deberán pagar por encima de los mil pesos cada boleto. La UTA local se declaró en estado de alerta y movilización. Un eufemismo para no dar cabida a la inmensa deliberación que se está desarrollando entre las bases, a pesar del ostracismo de la comisión directiva de UTA, que en los últimos años dejó proliferar los despidos persecutorios contra compañeros luchadores y activistas y la inestabilidad laboral con contratos basura y a término, mientras SAETA sale una vez más al rescate de las concesionarias del transporte para descargar el ajuste del gobierno nacional y provincial, contra los trabajadores. Es la manifestación local del golpe de Estado económico que han puesto en marcha Milei y su tropa, que asocia megadevaluación y tarifazos cuando el 45% de los trabajadores en la Argentina estamos por debajo de la línea de la pobreza. Estas medidas conducidas desde el propio Estado contra la población agravarán la miseria social. La defensa de los puestos de trabajo, sin que se afecte un peso del sueldo por la reducción de frecuencia; la estabilidad laboral, va a depender de la acción decidida de los trabajadores para enfrentar a las patronales y al conjunto del aparato del Estado, con un planteo político propio, que exponga el antagonismo en los intereses sociales que están en juego: la garantía de los negocios capitalistas a costa de la pobreza, la miseria y la inviabilidad de un servicio de transporte; o la defensa del salario, de los puestos de trabajo y de los derechos fundamentales que tenemos los trabajadores a acceder al transporte y a la movilidad. Un planteo propio debe incorporar la exigencia de un salario básico igual al costo de la canasta familiar con un aumento del 100% acorde a la megadevaluación que aplicó Caputo y Milei, terminar con los contratos basura y garantizar el pase a planta de la totalidad de los choferes y trabajadores del transporte; imponer la apertura de los libros contables de las empresas concesionarias para determinar con exactitud y bajo control obrero, cuánto han ganado las empresas durante décadas. Para impulsar este programa necesitamos un método, las autoconvocatorias y las asambleas de base, la coordinación de nuestros reclamos con el de centenares de miles de trabajadores de todo el país para derrotar el golpe de Estado económico de los Milei y Sáenz. LEER MÁS: Tartagal: las patronales del transporte arriesgan la vida de los trabajadores Por Violeta Gil, 08/10/2023. Choferes paran en el norte por el no pago de salarios Por Violeta Gil, 14/02/2023.

Finalmente se cumplieron los pronósticos y la fórmula Riquelme-Ameal derrotó a la encabezada por Ibarra-Macri, renovando el mandato del oficialismo hasta 2027. En el medio hubo una campaña caracterizada por las acusaciones cruzadas, denuncias, recusaciones y medidas judiciales, con causas e investigaciones que aún siguen abiertas. La participación fue la mayor en la historia de los comicios deportivos en Argentina. El temporal que azotó las horas previas generando destrozos en la ciudad no afectó la concurrencia cercana a los 50.000 hinchas. Milei había declarado en varias ocasiones su apoyo a la lista perdedora. La abultada diferencia evidencia una clara oposición a la avanzada privatizadora de las Sociedades Anónimas Deportivas promovidas por Macri y Milei. Esto fue explotado por Riquelme, haciendo campaña en defensa de que el club “siga como está”, es decir con las contradicciones enormes que presenta, con cientos de miles de asociados de los cuales sólo puede votar una minoría, y una institución que se rige por las normas de las sociedades civiles sin fines de lucro pero es a la vez la institución deportiva más capitalista del país. La crisis política en Boca no se cierra con la victoria de Román. La oposición no ha aclarado aún si continuará o no por la vía judicial con la denuncia de irregularidades en la gestión de Ameal. Riquelme tampoco ha sorteado la crisis deportiva que padece el equipo y su todavía provisorio cuerpo técnico ni ha zanjado el escándalo que involucra a su hermano por reventa de entradas. LEER MÁS: Boca vota el domingo Por Juan Arrecegor, 13/12/2023.

"Las cuatro fuerzas federales y el Servicio Penitenciario Federal van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales. La ley no se cumple a medias, se cumple o no se cumple." Como es conocido, esta frase corresponde a la señora Patricia Bullrich quien, una vez más, integra la plana ministerial de un gobierno. Se trata de una de las inagotables expresiones que conforman el “sentido común” impuesto sobre la base de una bien urdida y deliberada ignorancia a la que, cada vez más, es arrastrada la población en general y, muy especialmente, la clase que produce la riqueza. Más allá del vulgar palabrerío que lo inunda a todo, es necesario determinar con criterio científico jurídico si una legal intervención estatal frente a los aludidos cortes, piquetes o bloqueos se reduce, simplemente, a impedirlos, incluso, “a sangre y fuego”. Para ello es ineludible tener presente en qué contexto social opera esa tan amenazante manifestación. Los cada vez más multitudinarios “cortes, piquetes o bloqueos” que menciona la ministra están protagonizados por familias de trabajadoras y trabajadores ocupados y desocupados que, a consecuencia de la explotación de la que son objeto, adoptan esa histórica herramienta de lucha de la Clase que produce la riqueza social. Sin pretensiones de rigurosidad (que ante la magnitud evidente del colapso resultarían ridícula) lo único cierto es que, ya antes de las medidas económicas que entraron en vigencia hace días, aproximadamente un 50% de la población argentina era pobre. Incluso millones de trabajadoras y trabajadores formalmente ocupados ya percibían sueldos que no cubrían la canasta de subsistencia. Ha sido el propio gobierno quien ha admitido que las medidas económicas adoptadas exacerbarán la calamidad social vigente. Esa crisis humanitaria no es padecida “por todos” como suele señalarse con una hipocresía sin límites. Solamente afecta al Pueblo trabajador sea activo (ocupado y desocupado) o integrante de la clase pasiva. ¿Cómo hacer entonces para que, como lo señaló la ministra, en semejante contexto, “frente a cortes, piquetes o bloqueos” la ley no se cumpla a medias? Obviamente, en primer lugar se suprimiría toda controversia respecto de la legalidad de los “cortes, piquetes o bloqueos” si las relaciones sociales vigentes aseguraran DERECHOS FUNDAMENTALES como las condiciones dignas y equitativas de labor, la retribución justa, un verdadero salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, la participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección, protección contra el despido arbitrario, los beneficios de la seguridad social etc etc etc que consagra el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Tampoco tendría sentido efectuarse ninguna pregunta si el orden social imperante hiciera posible lo que establece el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos incorporada en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional. Esa Convención le garantiza a toda persona el derecho a “un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”, como el “…derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejes, y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. También sería sencilla la respuesta si, por ejemplo, los niños que viven en el país “granero del mundo” tuvieran asegurado su INTERÉS SUPERIOR, mediante el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales que les garantizan los artículos 3 y 4 de la Convención Sobre los Derechos del Niño también incorporado en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional. De ese modo esos niños no serían impulsados por el propio Estado a participar de las manifestaciones de protestas sociales que se tornan cada vez más intensas e inevitables. Sin contrariar el texto constitucional nadie puede soslayar que los aludidos DERECHOS FUNDAMENTALES son indisponibles y por ello “ están sustraídos tanto a las decisiones de la política como al mercado” y no son expropiables o limitables por otros sujetos, comenzando por el Estado… y constituyen la base de la moderna igualdad...Así, los derechos fundamentales se configuran como otros tantos vínculos sustanciales impuestos a la democracia política: vínculos negativos, generados por los derechos a la libertad, que ninguna mayoría puede violar; vínculos positivos, generados por los derechos sociales, que ninguna mayoría puede dejar de satisfacer." (*) Lo único concreto es que aquellos que invocan reiteradamente al régimen Republicano de Gobierno ignoran olímpicamente todo lo anterior y por ello no tienen siquiera en cuenta que, precisamente, en consonancia con el entramado Constitucional y Convencional vigente, la ley penal autoriza la sanción de una conducta solo si la misma reúne una serie de condiciones. Desconocer ello implica necesariamente exteriorizar una posición monárquica que atrasa 234 años ya que, sin mayores esfuerzos, puede ser emparentada con etapas históricas previas a la Revolución Francesa de 1789 que, derribó al Feudalismo. Es por eso que el Código Penal contiene normas prohibitivas y preceptos permisivos que deben ser relacionados dialécticamente y, sobre esa base, por imperio del artículo 1º Constitucional, unas y otros deben ser interpretados de un modo no contradictorio. Esa es la forma de receptar la tesis más antigua del pensamiento liberal según la cual el Derecho Penal tiene como fin prevenir situaciones “socialmente indeseables”. Sin embargo los “adalides” de “la libertad y la república” promueven un Derecho Penal autoritario que controvierte abiertamente a la Constitución Nacional y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos que consagran el fin pacificador que debe perseguir una correcta aplicación de la Ley Penal. Reproducen, una y otra vez, actitudes hostiles con relación a las multitudinarias manifestaciones sociales que representan la única respuesta que humanamente puede esperarse ante una irresistible agresión estatal que no ha sido provocada y, en ese marco de irracionalidad profundamente anti republicana, todos coinciden en que resulta aplicable el artículo 194 del Código Penal que textualmente establece: “El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años.” Esa es una de las tantas normas prohibitivas de la llamada parte especial (o Libro Segundo) del Código Penal. Para que como lo propone la Ministra de Seguridad de la Nación la ley no sea aplicada “a medias” debe tenerse presente que, como no podía ser de otra forma, el libro segundo está precedido por el libro primero (o la parte general) del Código Penal. Dentro de ella se encuentra el artículo 34 que consagra las causas de justificación (también llamados preceptos permisivos) que, salvo que el análisis se efectúe de un modo jurídicamente inconstitucional y tosco, de materializarse excluyen la antijuridicidad de una conducta y que, por ello, la misma no constituye un delito. Dice el referido artículo 34 del Código Penal : “No son punibles… inciso 3º El que causare un mal por evitar otro mayor inminente al que ha sido extraño…” Salvo que brutalmente se pretenda soslayar lo evidente, las crecientes muchedumbres que, ante la desesperante crisis social que los afecta, ocupan las calles actúan dentro de los márgenes de ese precepto permisivo. Es que, en el contexto de la aguda e irresistible crisis social vigente, los cortes, piquetes o bloqueos implican el ejercicio del Derecho Constitucional de peticionar a las autoridades (que si bien es cierto que puede colisionar con el de transitar libremente por el territorio argentino) es un último y desesperado recurso para evitar una severa e inminente afectación del Derecho Humano a la subsistencia digna. Sin margen para la duda el mal inminente que se intenta evitar mediante los cortes, piquetes o bloqueos que mencionó la ministra es infinitamente mayor que el que, de un modo eventual, puede causar el entorpecimiento del libre tránsito o el normal funcionamiento de un medio de transporte. En definitiva, quienes son estigmatizados como “piqueteras/os” o “planeras/os” actúan en los márgenes del Estado de Necesidad Justificante que consagra el inciso 3º del artículo 34 del Código Penal. Por ello la tan promocionada manifestación de la ministra de Seguridad de la Nación respecto de la aplicación de la ley solo será legalmente admisible si no se soslaya dicha causa de justificación de la conducta de quienes se pretende criminalizar. Ese es el único modo legalmente admisible de que la ley no se cumpla a medias. (*)(Luigi Ferrajoli derechos y garantías Ed. Trotta año 1994 pág. 23/24). LEER MÁS: El ´protocolo´ represivo de Patricia Bullrich es ilegal e inconstitucional Por Emiliano Fabris, 15/12/2023. Bullrich fuera de la ley - represión y fascismo Por Jorge Altamira, 15/12/2023. Patricia Bullrich se coloca fuera de la ley Comunicado de prensa de Política Obrera, 14/12/2023.

Nuestro partido Política Obrera se movilizará a Plaza de Mayo junto a otras organizaciones este 20 de diciembre, al cumplirse un nuevo aniversario de la rebelión popular de 2001. Sin duda, el marco político le imprime a la jornada un carácter especial. Será la primera movilización bajo el gobierno de Milei, en un cuadro social explosivo. A los convocantes nos reúne la reivindicación del Argentinazo y el repudio a la represión y al protocolo archirreaccionario de Patricia Bullrich, asimismo, ex funcionaria de aquel gobierno que tumbó el levantamiento popular dos décadas atrás. Pero más allá de esto, nuestra organización pondrá un acento especial en el apoyo a la lucha del pueblo palestino, por el cese de los bombardeos y el retiro de las tropas sionistas de Gaza. Lo consideramos una cuestión de primer orden en todos los planos. Por ese motivo lanzamos, días atrás, una carta abierta dirigida a todos los luchadores y organizaciones convocantes a la movilización de este miércoles para que el tema ocupe un lugar relevante en la convocatoria. Esto fue adoptado parcialmente por el resto de los convocantes. La cuestión de Gaza quedó reducida a una escueta consigna al final del documento que se leerá en Plaza de Mayo. El solo hecho de que el opresor sionista esté consumando el exterminio de un pueblo entero, asediado por las bombas y el hambre, sus ciudades reducidas a escombros y sometido al desalojo fuera de sus fronteras, debería ser motivo suficiente como para sublevar a cualquier luchador. Es un crimen contra la humanidad. El apoyo a Gaza contra el sionismo ocupa un lugar estratégico en la lucha de los trabajadores de todo el mundo y, en particular, aquí, en Argentina. En primer lugar porque el gobierno de Milei pretende proyectarse internacionalmente como un bastión de apoyo al sionismo en América Latina, un status que probablemente no haya alcanzado hasta ahora ningún otro gobierno del continente. El gobierno israelita comprende perfectamente esto. Considera la victoria de Milei como la victoria de un aliado incondicional. En plena guerra, el Estado sionista envió a su canciller Eli Cohen para acompañar la ceremonia de traspaso de mando y la asunción del nuevo mandatario. Fue una de las representaciones de mayor jerarquía en aquella ceremonia, junto a la presencia del presidente ucraniano Volodimir Zelensky, dos países en guerra. Ese giro en la política internacional de Argentina -su alineamiento sin ambages- es considerado por el imperialismo una de sus mayores ´conquistas´ del último periodo, caracterizado, sin embargo, por sus grandes retrocesos. Por su parte, Milei busca apoyarse en el eje EEUU-Israel-OTAN por razones de supervivencia política, no sólo ideológicas. Estamos ante un gobierno improvisado, surgido de la decadencia de los grandes partidos capitalistas tradicionales de nuestro país, que debe afrontar una de las mayores crisis nacionales de la historia. La cuestión de su gobernabilidad no ha sido zanjada. Por esa razón, apoyarse en el imperialismo y los agentes del sionismo ocupan lugares destacados en el gabinete, empezando por Bullrich y su par en la Ciudad, Waldo Wolff. El entrelazamiento del aparato represivo local con el Mossad es cada vez más acentuado. En su frustrado intento presidencial, Massa también había iniciado este giro y pretendía dejar atrás los simulacros de ´neutralidad´ que habían caracterizado a los últimos gobiernos peronistas. El apoyo al pueblo de Gaza es el eje de nuestra lucha porque la derrota de los masacradores es de una importancia estratégica para los luchadores de todo el mundo. El protocolo de Bullrich es hermano gemelo de los protocolos represivos que los gobiernos de los países imperialistas aplican contra las manifestaciones de apoyo a la causa palestina –desde los campus universitarios de Estados Unidos hasta las calles de Alemania y Francia, donde portar una bandera palestina se ha convertido en asunto penal. Todos los luchadores por la libertad debemos abrazar esta lucha. Por la derrota del imperialismo, por la caída de los gobiernos que desangran a sus pueblos en guerras imperialistas, por la unidad internacional de los explotados de todo el mundo. Este 20 de diciembre, Política Obrera marchará por el cese de los bombardeos y el retiro del sionismo en Gaza.

Nuevas investigaciones confirman que el Estado griego estuvo directamente involucrado en el hundimiento del barco pesquero Adriana, que transportaba 600 migrantes desde el norte de África. El hecho sucedió el pasado 14 de junio, cerca del puerto de Pylos, en el Mediterráneo griego. En su momento, las fuerzas navales griegas habían negado su responsabilidad y dijeron que la nave se había hundido por las condiciones precarias de la misma. Incluso, habían informado que habían intentado prestar ayuda a los tripulantes, pero estos no la aceptaron. Esta teoría fue rápidamente puesta en duda, en parte, porque la misma fuerza en intervenciones anteriores había actuado de forma totalmente contraria. Así, se inició una gran investigación para esclarecer el caso. En esa línea se inscribe el detallado informe realizado por NDR, The Guardian, Agencia de Investigación Forense y la organización griega Solomon, que llegaron a la conclusión de que el Adriana fue remolcado por la Guardia Costera Helénica hacia aguas italianas. Y que esta fue la causa que provocó que el barco se volcara. Estos resultados fueron confirmados por Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que en un documento concluyen que “el Adriana, un barco pesquero muy superpoblado (...) había iniciado su viaje desde Libia con unos 750 inmigrantes y solicitantes de asilo, incluidos niños, principalmente de Siria, Pakistán y Egipto. Solo 104 de los que estaban a bordo sobrevivieron y se recuperaron 82 cadáveres”. Los organismos de derechos humanos entrevistaron a sobrevivientes, familiares de desaparecidos, guardias costeros y policías griegos, con resultados más que reveladores. Encontraron que “en las 15 horas transcurridas entre la recepción de la primera alerta, el Adriana estaba en su región de búsqueda y rescate (de Grecia), y cuando se volcó, las autoridades griegas no lograron movilizar los recursos adecuados para un rescate”. Y más adelante afirman: “Las autoridades eran claramente conscientes de los indicadores de angustia, como el hacinamiento y la falta de alimentos y agua, en el Adriana y, según dijeron los supervivientes, sabían de los cadáveres a bordo y de las solicitudes de rescate”. Además, los sobrevivientes confirmaron que “una lancha patrullera de la Guardia Costera ató una cuerda al Adriana y tiró, lo que provocó que el barco se volcara. También alegaron que, después de que el barco se volcara, el barco de la Guardia Costera tardó en activar las operaciones de rescate, no logró maximizar el número de personas rescatadas y realizó maniobras peligrosas”. En definitiva, el informe desmiente todos los argumentos de las autoridades griegas. Lo que sucedió fue una masacre en el marco de la lucha contra la inmigración. En el último año, más de 20.000 personas se ahogaron en el Mediterráneo. Mientras Europa se convierte en una fortaleza contra los migrantes, los mares y las fronteras del Viejo Continente se convierten en la tumba de personas que escapan de la barbarie de sus países de origen. LEER MÁS: Naufragio en Grecia: otro crimen contra los migrantes Por Mauri Colón, 18/06/2023. Grecia: la derecha busca una propina electoral para alcanzar una mayoría absoluta El natural desbarranque de Syriza (MST) y Varoufakis. Por Jacyn, 30/05/2023.

El 22 de noviembre pasado, la patronal de Bridgestone se despachó con una veintena de despidos arbitrarios, lo que motivó la convocatoria a un paro por 24 horas del SUTNA en la planta de Llavallol. Horas antes de comenzar la medida de fuerza, el Ministerio de Trabajo dictó conciliación obligatoria por 15 días hábiles y el SUTNA la acató sin que mediara asamblea de fábrica. Estos nuevos despidos se suman a otro medio centenar que la empresa realizó en lo que va de 2023. Esto es parte de un plan de guerra de la multinacional japonesa, que apunta a imponer ritmos de producción infernales en el marco de las condiciones de trabajo insalubres denunciadas por el SUTNA y constatadas por el propio Ministerio de Trabajo. La patronal impidió el ingreso a los despedidos, violando la conciliación que “obliga” a la patronal a retrotraer la situación previa al conflicto. Además, la patronal hostigó a los despedidos durante la conciliación con cartas documento donde se “comunica sanciones que serán implementadas al vencimiento de la misma”. Acto seguido, el Ministerio extiende por 6 días hábiles más la conciliación obligatoria. Es claro que las patronales entienden el establecimiento del gobierno fondomonetarista de Milei-Macri como una oportunidad para avanzar contra las condiciones de trabajo, el salario y una mayor intensificación de los ritmos de producción. Es necesaria una lucha de conjunto por la reincorporación de los compañeros y por un convenio único de la industria del neumático, que la burocracia violeta de Wasiejko entregó hace años. LEER MÁS: Huelga en Bridgestone por 14 despidos Por Lucas Benedetto, 23/11/2023.

A mediados de noviembre, en el Jardín 923 de Loma Hermosa, un grupo de familiares acusó de abuso a un profesor e intentó lincharlo y agredió gravemente a personal de la institución. El profesor fue detenido de manera irregular y liberado luego de una movilización autoconvocada realizada al día siguiente. El SUTEBA Tres de Febrero entregó constancias a los que concurrían. En asamblea autoconvocada se convocó a un paro distrital y a una nueva concentración para el día siguiente. El paro autoconvocado tuvo una altísima adhesión, a pesar de que ningún gremio docente llamó a adherir y sólo ATE Tres de Febrero se sumó. El día del paro más de 200 docentes y auxiliares se movilizaron a la Jefatura Distrital, para reclamar a las autoridades educativas un pronunciamiento en defensa de los docentes frente a las acusaciones. La Jefatura publicó un comunicado que no reflejó ese pedido. Por su parte, algunos integrantes del grupo agresor siguieron difamando a los docentes por las redes y otros medios. Al día siguiente, un número importante de docentes intentó llevar el reclamo a la asamblea de Memoria y Balance de SUTEBA de 3dF, pero la burocracia le impidió participar. Este martes 2 se realizó en la Plaza de Caseros la tercera asamblea de docentes autoconvocados. Participaron 60 docentes de Tres de Febrero y otros distritos. Allí se informó que las clases en el jardín siguen suspendidas y algunos docentes de licencia. El profesor falsamente acusado se está recuperando de las agresiones físicas y psicológicas, sin ninguna asistencia psicológica y jurídica de parte de la DGCyE, a pesar de un protocolo que así lo establece. Una situación similar informaron maestras del Jardín 923 presentes: la ART les dio el alta, sin tener en cuenta la situación psicológica y desde Jefatura se las "invita" a que retomen tareas. La asamblea resolvió elaborar un petitorio. Desde la Tendencia Docente Clasista planteamos que los ataques a la docencia surgen desde el Estado, los gobiernos y partidos patronales que nos responsabilizan del fracaso educativo. Los docentes somos quienes diariamente estamos expuestos frente a las consecuencias del derrumbe económico y social. La situación de vulnerabilidad que atraviesan las comunidades educativas (indigencia, pobreza, abusos intrafamiliares) nos expone a denuncias sin sustento, en algunos casos impulsadas por punteros políticos, y a agresiones de toda índole. Las movilizaciones y paros que, a lo largo del año, surgieron en los distritos frente a esta situación llevaron a que el gobierno de Kicillof y los sindicatos elaboraran un protocolo de resguardo y reparación, como un intento de establecer una línea de protección a los docentes. Las denuncias y agresiones, sin embargo, siguen. Solo se aplican medidas parciales que son parches frente a la situación. Por su parte, SUTEBA rechazó durante todo el año convocar a un paro provincial. A través de las asambleas, la movilización y el debate los docentes sacaremos las mejores conclusiones para frenar las agresiones y luchar por los reclamos docentes y en defensa de la niñez y la escuela pública.

La estafa política de que el ajuste se haría sobre la “política” o la “casta” ha quedado expuesta. Se encuentra en marcha un golpe de Estado económico contra los trabajadores, expresado en aumento de tarifas, transporte, copagos en prepagas, alimentos y combustibles. La patronal de Telecom aporta su propio latigazo y reduce el salario quitando beneficios. Anula la bonificación de internet para quienes hacen Home Office, y deja correr el rumor sobre la eliminación de los planes para internet, televisión y móviles de los empleados, que tienen descuentos que rondan el 70 %. A esto debemos sumarle la supresión de la entrega de kits escolares, que el reintegro para las colonias de verano es de $60.000 -cuando su valor es $200.000- y la eliminación de la caja navideña. El salario es miserable e imposibilita mantener una familia todo un mes. No podemos pasar por alto que se vienen ahorrando millones por los pagos por única vez no contributivos, que demuelen las jubilaciones y los servicios sociales. Están hipotecando nuestro futuro. Indudablemente es necesaria la acción gremial para derrotar esta política. La dirección de Foetra, al momento, no ha sacado un comunicado rechazando este ajuste y rechazó movilizar al gremio este 20 a Plaza de Mayo contra el ajuste. Necesitamos debatir la situación entre compañeros. Necesitamos unir nuestras filas y expresar nuestro repudio a las medidas adoptadas por la patronal, mediante resoluciones de asambleas. LEER MÁS: Claudio Marín, reducción de la jornada y flexibilización laboral Por Flavio Pereyra, 24/10/2023.

La ministra Patricia Bullrich viene agotando desde hace 50 años uno de los esperpentos políticos más acabados de la política argentina. De la jotapé montonera en los 70 hasta la derecha liberal de Macri y ahora el gobierno “libertario” de Milei, sus acrobacias la han terminado colocando del lado del imperialismo norteamericano a rajatablas, pero además delata su origen de clase oligárquico hasta en mínimos detalles. O no tan mínimos tratándose del lenguaje. La expresión “El que las hace, las paga”, que acaba de usar para referirse a la represión de las manifestaciones sociales con corte de calles, rutas, puentes, lo usó la Inquisición española en el virreinato colonial del Río de la Plata en su persecución de las supuestas brujas poseídas por Satanás. Juicio y condena a “la Negra Inés” En octubre de 1702, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, la esclava de origen africano a la que llamaban “la Negra Inés” fue acusada por el terrateniente Francisco de Luna y Cárdenas de “pública hechicería y tratos con el demonio” y de “atentados criminales mediante encantamientos”, contra sí mismo y contra su esposa, Isabel de Vera y Aragón. La confesión de “la Negra Inés” será lograda con el horroroso método de la Inquisición española: la cárcel y el “potro” de tortura, es decir, un instrumento que estiraba las articulaciones del cuerpo al límite del descoyuntamiento. La esclava fue condenada a muerte, constituyéndose en el único caso en el virreinato del Río de la Plata que llegó a ese extremo de represión. Aunque tuvo un defensor de oficio, el odio de clase descargó sobre la esclava la culpabilidad por hechos indemostrables, cayendo en acusaciones absurdas, pero alguien tenía que pagar por la infelicidad del matrimonio Luna y Cárdenas-de Vera y Aragón. Según el expediente donde consta su juicio y condena, el 1 de diciembre de 1703 “la Negra Inés” fue paseada a lomo de burro por las calles de San Miguel de Tucumán y, en cada esquina, se la hacía parar mientras el pregonero oficial gritaba “¡Quien tal hace, tal paga!”, para producir temor al escarmiento que sufrirían los súbditos del virreinato si contradecían a la iglesia católica e instituciones coloniales, como la esclavitud y el latifundio. Finalmente, fue ejecutada por “garrote vil”, una cruel manera de hacerlo, y una vez muerta su cuerpo fue echado al fuego. Las brujas, al infierno. “Quien tal hace, tal paga” De la barbarie colonial hispana -que en el Río de la Plata se rompe, así sea limitadamente, en 1810, 1813 y 1816, además de la campaña americana del libertador General José de San Martín- a los días de los candidatos electrónicos del siglo XXI, el contexto social y cultural ha cambiado mucho. La esclavitud constitucionalmente no está permitida, pero existe el trabajo esclavo en talleres clandestinos. El latifundio de los terratenientes no cambió nunca, solo que ahora siembran soja en lugar de vacas y cereales. Las minas de oro y plata ya prácticamente se extinguieron, pero quedan yacimientos minerales, agua e incluso tierras para seguir “marchanteando”, como dijo el comandante Prado después de la “Conquista del desierto”. Y sobre todo queda la fuerza de trabajo de la población argentina que, cuando se convierte en desocupación o en precariedad, reclama sus derechos de supervivencia formando piquetes y cortando calles, desde los 90 hasta el presente, con sus 127 activistas asesinados durante estos años “democráticos”. Entonces aparece la oligarca capitalista y proimperialista Bullrich amenazando con la antigua fórmula de la Inquisición española (modernizada en su gramática para las redes sociales): “El que las hace, las paga”. ¿Hasta cuándo la tiene que pagar el pueblo, Bullrich? No me respondás, cualquiera sabe que el capitalismo es insaciable.

Vertiginoso aparenta el inicio de la gestión de Maximiliano Pullaro en la gobernación santafesina. Sucede que ha resuelto toda una serie de iniciativas en conjunto con la legislatura, prácticamente de inmediato. De esta manera, se va delineando la orientación política en una cartera en estado crítico y cuestionado. En otras palabras: ¿de qué se trata la lucha contra el delito organizado con la que hizo bandera durante las elecciones? Ley de emergencia pública Para ello ya se ha valido de la aprobación de la emergencia en seguridad. Tratada de forma express, la misma le confiere una serie de prerrogativas al Ejecutivo. Prácticamente la norma regula todo lo atinente al personal policial. En este sentido, la posibilidad de ejecutar mejoras en el equipamiento, como también de disponer mayores erogaciones en lo que respecta al ingreso de los oficiales. Sobre esta tesitura ya aumentó las llamadas horas OSPE que son los adicionales/horas extra, en más de un 100 %. Asimismo, se le confiere la potestad de reorganizar toda la estructura policial, a partir de las necesidades que requiera el plan de acción y un llamado a todo el personal “en retiro” para que vuelva en funciones, prometiendo ascensos extraordinarios. Por último, faculta la construcción de todos los establecimientos penitenciarios necesarios para alojar a 3.000 personas. En síntesis: poner la mayor cantidad posible de policías en las calles, con funciones preventivas. Pero es la misma institución que forma parte en todos los hechos de narcotráfico, con distintos tipos de participación. Perotti tuvo cuatro jefes policiales distintos, uno por cada año de gobierno, por antecedentes comprometedores. Pullaro, de esta manera, apunta a una “saturación” en los barrios, mediante una mayor cantidad de personal. El mismo tendrá nuevas competencias, ya que podrán intervenir en los “delitos menores” que contiene la Ley Nacional de Estupefacientes debido a la reciente adhesión de la provincia. La ley es famosa por haber sido catalogada como precursora de una “caja negra” en la policía bonaerense y de cuya corruptela nadie duda. El mismo Kicillof, en estos días, fundamentó derogar la ley de narcomenudeo en la provincia de Buenos Aires, ya que implicaba una actividad judicial donde solo el 10 % de las 90.000 causas en los últimos 4 años fueron resueltas. Por lo pronto, la fecha de inauguración de la cárcel federal en Coronda aún se desconoce. Se estima que se destinaría a los presos de “alto perfil”, término que no es para nada claro. Estaría dotada de una tecnología de vanguardia para impedir que estos lleven a cabo crímenes “home office”, ordenados desde las celdas. Pero es el mismo servicio penitenciario que permite y reglamenta de hecho el delito intramuros. A las condiciones deplorables de la inmensa mayoría de los reclusos, se le sumará la liquidación formal de las garantías en la ejecución de la pena. Las teorías de la resocialización del reo carecen de comprobación empírica, más aún, sucede todo lo contrario cuando esta se incrusta en una organización social decadente. La orientación judicial y punitiva choca con sus propios límites. Provincia y nación La relación entre Pullaro y Bullrich se auspiciaba armoniosa. Por el momento, inició con una serie de claroscuros. Este 18/12 la ministra arribó a la ciudad de Rosario para lanzar el “Plan Bandera” junto al mandatario. La excandidata presidencial referenció que desconocía la cantidad de fuerzas federales interviniendo en la provincia, y solo atinó a prometer el involucramiento del ejército “en la logística de la lucha contra el delito”. Con este eufemismo, plantea una nueva ilegalidad -la cual debutó con su protocolo antipiquetes-, al atribuirle funciones que jurídicamente el ejército no puede desarrollar. Solo la resolución de un Comité de Crisis validaría que el ejército tome cartas en el asunto interno, utilizando el ejercicio de la violencia. Hoy en día, no hay nada de esto. Por lo tanto, de ejecutar su planteamiento, ya no hablaríamos de la ilegalidad en la que incurre la funcionaria, sino en la comisión de graves delitos. Pullaro pretendía un comando unificado en él, monopolizando el direccionamiento de todos los agentes provinciales y federales durante un plazo determinado. Bullrich lo rechazó de plano y dilató cualquier otra precisión a futuras reuniones con el gobernador. Las dudas con respecto a la operatividad de esta estrategia invaden a la cartera provincial. Este desconcierto puede haberlo hecho cambiar de opinión a Pullaro, quien había celebrado el protocolo antipiquetes, para ahora criticarlo. Anunció que no reprimirá manifestaciones masivas. Por último, Bullrich prometió una reforma del art. 34 del código penal, donde se encuentra legislado el derecho de legítima defensa. Pretende una reforma reaccionaria, en el sentido de que contenga una enunciación que garantice la “doctrina Chocobar” y en su caso el gatillo fácil. De esta manera, se auguran mayores crisis y cortocircuitos que sobrevendrán en una situación política excepcional. LEER MÁS: Pullaro y la legislatura sancionan una impostura política Acerca de la adhesión a la ley 26.052 sobre la desfederalización parcial en la persecución de delitos de estupefacientes. Por Agustín Fernández, 17/12/2023.

En todo el país y en Salta, las jornadas del 19 y 20 de diciembre son una expresión viva aún en la retina de los trabajadores, sobre la inmensa rebelión de un pueblo contra las políticas de confiscación del gobierno de Fernando de la Rúa. Las consecuencias de las privatizaciones de Carlos Menem en la década de los 90 dejaron a miles de trabajadores en la calle. Así fueron tomando cuerpo, en las localidades de General Mosconi, en Tartagal y en todo el norte provincial, las primeras asambleas del movimiento piquetero que se organizaban desde los barrios hasta los lugares de trabajo, movidas por la necesidad de enfrentar el hambre. La consigna de “piquete y cacerola, la lucha es una sola”, puso a temblar al conjunto del régimen político que había gobernado con Menem y lo seguía haciendo con De la Rúa. A 22 años del Argentinazo, la continuidad histórica de ese régimen político, en un estado de decadencia, convoca a los explotados a desarrollar una movilización de masas y las fuerzas y conciencia necesarias para derrotarlo definitivamente. En vísperas de esta jornada, el massista Gustavo Sáenz anunció que acompañará las medidas anunciadas por Javier Milei y prepara su propio golpe de Estado económico contra los trabajadores. La prórroga del presupuesto 2023 es el anticipo de que el salario del conjunto de los estatales será enterrado, al igual que los recursos necesarios para la salud y la educación. Los departamentos del norte son sacudidos por decenas de despidos por la parálisis de la obra pública. Todo esto en un cuadro hiperinflacionario. Sáenz anunció que se corta cualquier ayuda a los municipios, lo que pone en duda incluso la continuidad de su propio funcionamiento. Los grandes grupos exportadores, los pools de siembra, los capitales mineros, los especuladores inmobiliarios, todos ellos seguirán gozando de la eximición del pago de impuestos, dejando en claro para qué intereses sociales realmente gobierna. Sáenz se declara un colaborador del Rodrigazo que descarga Milei contra los trabajadores; a cambio, Milei retrocedió con el cobro de retenciones a los productores regionales. Hace rato es aliado de Bullrich en su política represiva. Los anuncios de la ministra de Seguridad y las declaraciones de Pettovello, en vísperas del Argentinazo, tienen un asidero en Salta, donde ya existe una Ley Antihuelgas a instancias del gobernador. La inmensa rebelión popular que desató la aprobación de esa Ley, en medio de la huelga autoconvocada de la docencia, obligó a Sáenz a derogar los artículos anticonstitucionales y en la práctica no ha podido aplicarla. Sin embargo, son la expresión de que el conjunto del régimen político se juega a confrontar contra los sectores que no están dispuestos, en lo inmediato, a dejar pasar estas medidas de confiscación. En nombre de que serían sectores minoritarios, la apuesta significativa del gobierno es a aislar a los luchadores, ya que los sindicatos y las centrales obreras, todas ellas bajo direcciones burocráticas, no van a estar presentes. La jornada del 20 de diciembre es una prueba de fuerzas. El gobierno nacional ha desplegado un operativo de regimentación preventivo, para tratar de contener la fuerza inevitable que va a desatar la megadevaluación y la hiperinflación que en pocas horas se ha comido el 70 % del valor de los ingresos obreros, de una clase obrera ya empobrecida. Toda la claqué política, que junto con Massa delineó el rumbo de los acuerdos con el FMI, permanece en el gobierno ahora con Milei. Los compañeros de Política Obrera y los compañeros del Polo Obrero Tendencia participaremos de la movilización convocada por la Red de Familiares de Detenidos y desaparecidos en la última dictadura, que ha defendido como principio en su accionar político la independencia de los gobiernos. Bajo las consignas de un aumento general del 100 % de salarios, jubilaciones y asignaciones sociales; el rechazo a las reformas laborales y jubilatorias; la defensa irrestricta de las libertades democráticas y el derecho a huelga y el apoyo incondicional a la lucha del pueblo palestino. La unidad piquetera en nombre de la unidad estableció otra convocatoria, el FIT-U y sus partidos han quedado disueltos en un campo en el que omiten la responsabilidad de los gobiernos provinciales, el rol de la burocracia en los sindicatos por haber cogobernado con los verdugos y el de las corrientes piqueteras que oficiaron de funcionarios del gobierno “nacional y popular”, responsable del 45 % de pobres en Argentina. Los vínculos y el entrelazamiento político entre la “antigua” y la “nueva” política son muy profundos. También es profunda la confusión en la masa de los trabajadores. Necesitamos en este escenario establecer la mayor claridad entre las diferencias políticas que llevan a que el 20 de diciembre haya dos movilizaciones. LEER MÁS: Salta: Sáenz tiene su propio protocolo represivo contra los trabajadores A propósito del protocolo Bullrich. Por Violeta Gil, 19/12/2023. Sáenz se suma al rodrigazo de Milei Por Gabriela Jorge, 19/12/2023. Salta: “No hay plata”, excepto para los negocios mineros Por Violeta Gil, 09/12/2023.

El 30 de octubre de 1983, en las elecciones presidenciales el alfonsinismo protagonizó “un verdadero terremoto electoral”, como lo llamó Prensa Obrera. El resultado electoral El Partido Obrero dedicó cuantiosas páginas para caracterizar el triunfo de la UCR y la etapa política que se abría. “La victoria del radicalismo", decía Prensa Obrera, 2no significa que se haya llenado el vacío dejado por el peronismo (…) sino que ha comenzado un proceso de virajes amplios y bruscos en el panorama político del país. La certeza de que esto es así parte del hecho de que el alfonsinismo no tiene ningún planteamiento político audaz que le permita superar la experiencia de gobierno. En realidad, el alfonsinismo se ha transformado en el ocasional registro de la debacle del peronismo; es por eso ridícula su pretensión de convertirse en el 'tercer movimiento histórico'”. El PO se ocupó en destacar que el derrumbe del peronismo no encontraba recambio con un sustituto radical. “Las elecciones se han distinguido", decía Prensa Obrera, "por sobre todo por su connotación negativa (desintegración del electorado peronista y acoplamiento de otros sectores a la UCR para impedir la victoria del peronismo), y no por la entronización de un nuevo liderazgo”. Este hecho “alimenta en muchos líderes del peronismo (…) la expectativa de que podrán reconstituir rápidamente la fuerza de masas del peronismo”. La marea de votos radicales capturó a los votantes de todos los sectores. La izquierda no obtuvo nada de votos. El Partido Comunista había llamado a votar a la fórmula de la derecha peronista, Luder-Iglesias. El PO explicaba que “el agotamiento del peronismo no ha beneficiado, sin embargo, a la izquierda. Las propias huestes de ésta se fueron al alfonsinismo. La izquierda esperó durante varias décadas ser la heredera natural de la declinación del nacionalismo burgués, y a la hora de la verdad no ha podido retener su propio caudal electoral. Pero cuidado: bajo la rúbrica general de izquierda se esconde una realidad contradictoria, y las responsabilidades políticas son diferentes, incluso contrapuestas”. La responsabilidad de la izquierda en los magros resultados era inocultable. En el caso del Partido Comunista, fue “el bloqueo más grande para los trabajadores que buscaban una alternativa revolucionaria al derechismo y descomposición del justicialismo. Llamaron a votar al peronismo y a Iglesias, e incluso hicieron una campaña destinada a demostrar el carácter revolucionario de los derechistas. (...) Ayudaron a que muchos trabajadores peronistas no rompieran con los candidatos derechistas, aunque los afiliados del PC y de la izquierda peronista no hayan seguido a la propia dirección. (...) Como aparatos burocráticos y pequeñoburgueses, el PC y toda la izquierda peronista se plantearon la conquista de las masas por medio de la maniobra, insultando la inteligencia de los trabajadores. Estas dos fuerzas (y el FIP y los maoístas) representaron el ala izquierda del planteo regimentador de una de las fracciones del imperialismo”. Otro sector estaba constituido por el morenismo (MAS). Durante los últimos años había estado subordinada a la Multipartidaria, a la que pintó con los mejores elogios. En cuanto al movimiento de familiares de desaparecidos, al cual le dieron la espalda durante años, lanzaron una campaña por una “amnistía general e irrestricta” que abarcase tanto a los genocidas como a los presos políticos. El morenismo defendió estas posiciones en un boletín que llevó por nombre... “Aminstía”. PO sostuvo entonces que “el solo nombre de 'Amnistía' retrata de cuerpo y alma los objetivos divisionistas, contrarios y opuestos al movimiento de lucha democrática”. El morenismo bloqueó la alternativa de un frente político de la izquierda. “Lo común en el conjunto de esta izquierda, decía el PO, es su atadura a esquemas políticos pasados (vigencia del peronismo. vigencia del democratismo formal), por eso han dejado pasar el viraje de los trabajadores, que concluyó por ahora en el alfonsinismo. (…) La ausencia de un frente de izquierda permitió la llamada 'polarización', o mejor dicho el pasaje en masa de los descontentos del peronismo al alfonsinismo, y el congelamiento de muchos trabajadores peronistas en sus viejas posiciones (…). La izquierda, que en ningún caso tiene una base social revolucionaria, no quiso agudizar las divergencias políticas con los partidos burgueses sino aplanarlas. Tenían en vista la futura colaboración constitucional y de clases, antes que la necesidad de conquistar a las masas mediante una enérgica acción política”. El MAS se presentó a las elecciones con un planteo ultrademocratizante. “En un principio la muletilla electoral del MAS fue el socialismo democrático (¡a lo Felipe González!), luego la deuda externa (¡a lo Celso Furtado!). Pero nunca planteó la vía para un reagrupamiento político capaz de derrotar a las candidaturas patronales. Fue un planteo burgués de pies a cabeza”, sostuvo entonces Prensa Obrera. En el balance del desempeño propio, PO explicaba que “los ínfimos resultados electorales del Partido Obrero se inscriben en la situación política general de estas elecciones y de la izquierda. Pero, a diferencia del conjunto de la izquierda, el PO no tenía un asiento electoral previo (no participó en 1973) y fue el último partido reconocido, al punto que su campaña electoral recién comenzó a principios de octubre. Desde ya que fue el partido que intervino con menores recursos económicos. Por menor que haya sido la votación recibida por el Partido Obrero, el conjunto de la campaña electoral representó para nosotros un progreso (número de militantes, extensión nacional, difusión de posiciones, conquista de la legalidad), para el resto de los partidos de izquierda fue un retroceso respecto a 1973”. Por su parte, el balance que realizó el MAS provocó un verdadero desconcierto en sus filas. El periódico de la organización tardó 10 días en aparecer y en su primer artículo de balance confesaban que “a la gran mayoría del partido, a la casi totalidad, nos sorprendió el resultado electoral que obtuvimos”. Antes de los comicios estaba convencido de conseguir un mínimo de 250-300.000 votos y de conquistar por lo menos un diputado por la Provincia de Buenos Aires, según habían sostenido en las reuniones con la dirección del PO. Pero lo más llamativo para el Partido Obrero era que “la preocupación prioritaria de esa organización sea la evaluación de sus propios resultados y no el balance del proceso electoral en su conjunto. En lugar de comenzar preguntándose por qué se impusieron los candidatos burgueses y fue aplastada la izquierda, el MAS se dedica a indagar las razones de su 0,28%. Enfoca el análisis de los comicios desde el cerrado mundo de sus locales y no partiendo de los problemas, las tareas que estuvieron planteadas para la clase trabajadora. Esta desconexión con las necesidades políticas del conjunto de la vanguardia obrera los conduce a transformar el debate sobre el balance de las elecciones en un juicio respecto a los desacertados pronósticos de su dirección. Pero es imposible hacer un verdadero análisis de la experiencia del último período si todos los problemas políticos son reducidos a simples errores de previsión electoral”. Perspectivas El triunfo aplastante de Alfonsín abrió debates acerca de las perspectivas del futuro gobierno. La prensa burguesa mostraba un apoyo cerrado a la transición. Una parte de la izquierda se vio arrastrada por la euforia ‘democrática’. El MAS sostenía que había que “discutir si el voto a Alfonsín refleja el proceso de revolución democrática que estamos viviendo”, considerando que “las elecciones fueron una extraordinaria conquista de la clase obrera y el pueblo”. Así, “el MAS oculta que el imperialismo concibió y digitó el recambio político en frío de la dictadura y es el principal interesado en disfrazar la opresión de la nación con un ropaje constitucional. Calificando a las elecciones de 'conquista' popular, el MAS le presta un gran servicio al alfonsinismo que quiere presentarse como genuino representante de la voluntad popular, cuando en realidad fue potenciado como fuerza política y llevado al gobierno mediante un proceso rigurosamente controlado por el imperialismo”, sostenía Prensa Obrera. Por otra parte, el balance del MAS planteaba que las elecciones “han servido a la burguesía para tener instituciones de gobierno bien definidas (...) con dos grandes partidos que se vayan alternando en el poder”. Para PO, “se deduce de esto que la revolución democrática de Alfonsín se habría permitido consumar simultáneamente con una contrarrevolución democrática, dando vida a un régimen estable, sostenido en una rotación bipartidista, al estilo norteamericano”. El futuro gobierno de Alfonsín tenía planteadas un conjunto de cuestiones a resolver. “Debe someter a su control, decía PO, a todos los elementos políticos del Estado enfrentados por la descomposición de la dictadura. Debe dar una salida a la crisis militar; disciplinar a los aparatos sindicales desplazados por su triunfo, hacer frente a la cesación de pagos frente a la banca internacional y reactivar la economía, resolver la cuestión política de los secuestros y desapariciones, en fin, reestructurar todo el aparato del Estado desde el presupuesto a la organización de la educación y la salud. La subida de un gobierno constitucional no significa que ha cesado la crisis política, sino solamente que ha cambiado de forma, se trata de darle una salida a la parálisis del Estado”. Con referencia al enjuiciamiento a los responsables de los crímenes de la dictadura, “No nos cabe ninguna duda", decía Prensa Obrera, "que el alfonsinismo se va a esforzar por depurar a los elementos incontrolados del Estado [pero] el alfonsinismo no lo llevará adelante en forma consecuente por temor a provocar una desestabilización de otro orden del Estado burgués, es decir, que favorezca la lucha amplia de las masas. El alfonsinismo debe depurar hombres para salvar instituciones; militares para salvar a las camarillas militares; burócratas para salvar a la burocracia; jueces para salvar a la justicia. Pero lo que está en crisis (….), son las instituciones que se quieren preservar y no sólo los hombres que se quieren depurar”. Alfonsín todavía no había asumido el poder cuando reflotó la doctrina de los “excesos” de los militares. Prensa Obrera denunciaba que “el gobierno de Alfonsín se prepara para imponer una inmensa frustración en la cuestión de los derechos humanos. Es por eso, precisamente, que se ha afanado por repartir posiciones gubernamentales entre todos los progresistas burgueses en circulación (en el país o en el extranjero), y aún de algunos 'socialistas', ya que los va a necesitar como quinta columna en los movimientos de libertades, para conseguir su domesticación. Uno de estos 'social-progresistas' acaba de declarar que el haber sido, él mismo, víctima de secuestros no le impedirá colaborar desde posiciones gubernamentales en función de olvidar las experiencias pasadas”. Los voceros del gobierno se preocuparon en anticipar que no impulsarían ningún tipo de comisión investigadora parlamentaria de los crímenes de la dictadura. El Partido Obrero sostenía que “el problema de la acción de Madres y Familiares plantea problemas comunes a la lucha de todo movimiento de masas que se pretende subordinar al régimen burgués de tipo constitucional: es decir, convencerse de que este régimen solo funciona como agencia temporal del imperialismo en períodos de efervescencia de las masas, y de que sólo el reagrupamiento de los trabajadores en torno a una alternativa de poder llevará a la victoria de la democracia y de la emancipación nacional y social”. La cuestión del juzgamiento a los militares estuvo presente desde el día uno. En su discurso de asunción, Alfonsín aseguró que “se propiciará la anulación de la Ley de Amnistía dictada por el gobierno militar y se pondrá en manos de la Justicia la importante tarea de evitar la impunidad de los culpables”. Cinco días después convocó al Congreso a sesiones extraordinarias para derogar la Ley de Autoamnistía. El PO explicaba que “Alfonsín ha sabido dar traducción política y legal a la estrategia de la burguesía en el punto de los derechos humanos y de la responsabilidad de las cúpulas militares. Esta constatación no debe pasar inadvertida, ya que demuestra que las posiciones democratizantes dan respuesta a los problemas políticos que se le han presentado a la clase patronal como un todo y que son un instrumento válido para las propias fracciones burguesas que apoyaron al régimen militar”. El PO llamaba a dar una batalla por derrotar la “amnistía encubierta”. Caracterización En medio de la euforia alfonsinista, que arrastraba a la izquierda, el PO se empeñó en abrir una perspectiva independiente para las masas. Para el PO era importante la comprensión de las contradicciones del nuevo proceso que se abría y por lo tanto sus límites. A ese fin dedicó numerosos artículos en su periódico. Prensa Obrera sostuvo entonces que Alfonsín ”no plantea ningún tipo de transformación social”. Tampoco había “ninguna victoria popular; mucho menos en la Argentina se había abierto un nuevo rumbo histórico”. Con la victoria de Alfonsín, caracterizaba Prensa Obrera, “ha triunfado una de las tendencias de los explotadores, incluido el imperialismo (…) la victoria de Alfonsín ha puesto en marcha los planteamientos ‘democráticos’ del imperialismo, es decir el uso de la demagogia y de la represión prevista en la Constitución, con la finalidad de aplicar los planes burgueses exigidos por la crisis económica y el imperialismo”. El Partido Obrero sostuvo además que “no corresponde a la realidad afirmar que el nuevo gobierno es democrático-burgués, alegando sus diferencias con el régimen militar. En un país sometido, la característica principal de un gobierno democrático es la lucha que emprende por emancipar a la nación, y no el hecho de que actúe en el cuadro de normas constitucionales”. En síntesis, para el PO, “el nuevo gobierno no tiene la condición de democrático porque es, además, el fruto de un compromiso con la dictadura; las bases sociales y los aparatos políticos de ésta no serán desmantelados. El borrón y cuenta nueva no caracteriza a un gobierno democrático”. LEER MÁS: Política Obrera en la transición 1983 (Parte VI) 40 años del retorno a la democracia. Por El Be, 16/12/2023.

Una multitud considerable —de entre 15 y 20.000 personas— acudió esta tarde a la convocatoria de este 20 de diciembre en conmemoración del Argentinazo, en repudio al protocolo represivo de Milei-Bullrich y por el retiro del ejército sionista de Gaza. La jornada estuvo signada por la amenaza represiva del gobierno. Montó desde temprano un operativo de grandes proporciones en los accesos a la Ciudad y en los alrededores de la Plaza de Mayo. Apeló a la extorsión lisa y llana contra los movimientos de desocupados, amenazando con interrumpir la asistencia social a quienes concurrieran a la marcha. Finalmente no se produjeron las refriegas largamente anunciadas, aunque fueron detenidos dos compañeros. En la Plaza se destacó un largo cordón de Gendarmería, intimidatorio, pero fracasó en el propósito de impedir el acto. La señora Bullrich debería reponer de su patrimonio el despilfarro de este desmesurado despliegue de la fuerza. En cuanto a la concurrencia, quizás no con la masividad de otras oportunidades, las organizaciones de desocupados aportaron, de todos modos, una presencia nutrida. Marcharon por avenida Belgrano y Diagonal Sur, tramo donde se destacó la mayor presencia policial. Los partidos y organizaciones gremiales, por otro lado, formaron sobre la Diagonal Norte. El gobierno había resuelto impedir el paso de la columna a través de la 9 de Julio. Será su único consuelo, porque finalmente se ocuparon completamente la Avenida de Mayo y ambas diagonales antes, durante y después del acto. La presencia sindical fue molecular. Se destacó el SUTNA, que aportó una delegación y encabezó la columna que ingresó a la Plaza por Diagonal Norte. ATE Capital no adhirió a la marcha, pero envió una delegación encabezada por su secretario general, Daniel Catalano. Se retiraron mucho antes de que comenzara el acto. La preparación de la marcha se consumió en interminables debates que abordaremos en otra ocasión. Desde el punto de vista político, el documento leído en la plaza recoge un rosario de denuncias contra el gobierno, incluso la colaboración del peronismo, y concluye con la exigencia de un “paro activo” a la burocracia sindical de la CGT. Este planteo marcó la tónica del texto. El planteo es un callejón sin salida, para un escenario en que todavía predomina un desconcierto político entre los trabajadores. La burocracia sindical tiene su propio tiempo y sus propios intereses. La iniciativa vendrá de abajo, de las masas y desde los lugares de trabajo. Otro aspecto de absoluta importancia como es la guerra de exterminio del sionismo en Gaza quedó relegado a una mención muy breve entre las consignas finales. El error estratégico en este caso es brutal, porque el gobierno de Milei forma parte del dispositivo político y militar del sionismo y el imperialismo norteamericano. Las organizaciones convocantes asumimos un desafío y el saldo fue positivo. El derecho a la protesta se hizo valer, a pesar de las bravuconadas de Bullrich. Sabemos, de todos modos, que no será su última provocación. Pero en el balance final de la jornada, la exministra de De la Rua y Macri salió escaldada. Tampoco será la última vez. Política Obrera participó con vigor tanto de la marcha como de sus preparativos. Movilizamos una combativa columna encabezada por sus dirigentes. El 2024 se vislumbra caliente... y no sólo por el cambio climático, que los libertarianos niegan. LEER MÁS: El protocolo Pettovello Por Eva Gutiérrez, 19/12/2023. El 20 de diciembre nos movilizamos por Gaza Por Jacyn, 19/12/2023. El protocolo Bullrich y el cumplimiento de la ley Por Pedro Justo, 19/12/2023. 20 de diciembre: por aumento general del 100% de salarios, jubilaciones y asignaciones sociales Impulsemos autoconvocatorias, plenarios y coordinaciones de lucha. Apoyo incondicional a la lucha del pueblo palestino. Por Política Obrera, 17/12/2023.

El decretazo anunciado por Milei en cadena nacional fue presentado como la “desregulación” o “desestatización de la vida económica". Por debajo de esa fachada, el DNU es un golpe brutal en favor de los intereses capitalistas. Su eje central es la derogación del derecho laboral, junto a un amplio programa de privatizaciones donde se destaca otra cuestión cara a los trabajadores -el sistema de salud. Detrás de un jeroglífico de leyes o artículos de leyes modificados o derogados, el decretazo habilita diferentes “nichos” de negocios. Cancela, por ejemplo, la atribución exclusiva del banco Nación para recibir depósitos judiciales, abriendo un jugoso filón para la banca privada. Convierte a las empresas estatales en sociedades anónimas, para pavimentar su privatización, y extiende la posibilidad de depositar sueldos en todas las aplicaciones digitales, para jolgorio de Mercado Pago y otros capitalistas del ramo. En el menú del decreto, sin embargo, todo eso es sólo la entrada; el plato principal es la sanción de una verdadera contrarrevolución laboral. El decreto: -Condiciona decisivamente el principio legal de la “norma más favorable al trabajador”, que podrá ser revisada y “reexaminada” por la justicia laboral. -Extiende de tres a ocho meses el período de prueba para todos los trabajadores; -Legaliza explícitamente a las modalidades de tercerización laboral, y condiciona la jornada laboral legal a los acuerdos que establezcan modalidades como los bancos de horas, las horas extras y otras formas de alargamiento de la jornada. -La indemnización por despido queda como una variante más del régimen laboral, donde se admitirá un “fondo de cese laboral” e incluso un “sistema privado de capitalización”, a elección de los empleadores. El decreto es todavía más contundente al anular derecho de huelga. Así, califica como “injuria laboral” (del trabajador) a los bloqueos u ocupaciones del lugar de trabajo, así como a cualquier medida que afecte “la libertad de trabajar”, en referencia a los piquetes de huelga. Las asambleas obreras, por su parte, no podrán “perjudicar la actividad laboral”, lo que las ilegaliza en horario de trabajo. Es un retorno a la restauración neoliberal o libertaria de la década – infame – de los años ’30. Todavía más brutal es el régimen que condiciona -y estrictamente proscribe- a las huelgas por la naturaleza de la actividad. El decretazo establece una categoría de actividades “esenciales”; donde revistan la salud, el transporte, la energía o la educación. Pero le agrega otra restricción, la que le cabe a las actividades de “importancia trascendental” (sic). Los sectores incluidos en este caso son: medicamentos, medios de comunicación, industrias continuas -siderurgia, aluminio, cemento-, todas las alimenticias, la minería, el agro, los bancos y las finanzas. ¿Queda algún sector donde se pueda hacer huelga?. Salud El decretazo le da un lugar particular a la “desregulación” de la salud. Establece la sujeción completa del sistema sanitario a las corporaciones capitalistas de la medicina prepaga. Por lo pronto, el DNU libera toda restricción para el monto de las cuotas de los asociados. Además, habilita a las prepagas a capturar aportes de asalariados en forma directa, sin la intermediación de las obras sociales. El decreto desregulador, en este caso, apunta a un “sistema único” bajo la égida del capital privado, con un seguro de salud con prestaciones mínimas y un escalonamiento asociado al pago de aranceles adicionales. Sin agotar la extensión de los más de 300 artículos, digamos que el DNU deja librados los alquileres a los acuerdos entre partes, en un marco hiperinflacionario –30% mensual. En otro gran filón capitalista, la minería, el DNU suprime los registros públicos en materia de reservas potenciales o en operación. “Judicialización” En el plano institucional, el DNU de Milei encierra una paradoja: el gran denostador de la casta se ha servido de una de las más siniestras creaciones de la casta de la política patronal de las últimas décadas, a saber, el régimen de decretos de necesidad y urgencia instituido por la constitución de 1994. Una vez sancionados por el Ejecutivo, los DNU solo necesitan de la aprobación de una de las dos cámaras del Congreso. Con este expediente, todos los presidentes de los últimos treinta años han usado y abusado de este recurso para gobernar con decretos. El DNU de Milei sólo sería una versión extrema de esta práctica. Apenas conocido el decretazo, abundaron las voces que descontaron su inconstitucionalidad o falta de pertinencia, ya que su sanción no sería ni “urgente” ni “necesaria”. Considerar que el decreto va a colisionar fatalmente en el Congreso o la Justicia es, en el mejor de los casos, una ingenuidad, y en el peor, un encubrimiento. El Congreso, en sus diferentes bloques, viene de ofrecerle a Milei una fuerte “prueba de afecto”, al evitar el bloqueo al protocolo ilegal de Bullrich, así como a sus aprestos represivos. Los “demócratas” de la oposición no abrieron la boca frente al régimen de intimidación pública armado contra la marcha del 20. Más concretamente, LLA viene de imponer las autoridades del Senado, con una mayoría apretada pero suficiente como para darle legalidad al DNU. En cuanto a la Corte, podría zanjar eventuales presentaciones con declaraciones parciales de inconstitucionalidad. Ello serviría para dejar a salvo la médula del decreto antiobrero. En la lista de los “judicializadores” del DNU, el primer lugar lo ocupa la burocracia de la CGT. Es el recurso para evitar una lucha y, por la vía del arbitraje judicial, abrir un rumbo de colaboración política. Ese libreto no excluye, naturalmente, el recurso del paro aislado. La derrota del decretazo, en cambio, exige una deliberación política y una enérgica iniciativa de abajo. El humor popular ha sido marcado por el cacerolazo de este miércoles, que se inició en los barrios de la Ciudad y concluyó con una movilización multitudinaria al Congreso. Esa inquietud por abajo no sólo la alimenta el decretazo: el “golpe económico” de Milei no sólo ha desatado un escenario hiperinflacionario. Las contradicciones económicas se han agravado, y abren un horizonte de nuevas devaluaciones y ataques al salario. Discutamos esta realidad en las organizaciones obreras, para preparar una lucha de alcance general. LEER MÁS: La más brutal reforma laboral Publicado en politicaobrera.com el 21/12/2023. Qué signfica el gobierno por decreto y cómo debemos enfrentarlo En una situación explosiva. Por Jorge Altamira, 21/12/2023.

En una primera lectura del ni necesario, ni urgente grotesco jurídico dictado por Milei, surgen las siguientes derogaciones y modificaciones al derecho del trabajo (individual, colectivo y de la seguridad social). Una virtual derogación del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. 1.- Deroga y desnaturaliza todo el régimen de regularización de empleo no registrado. 2.- Deroga la calificación de temeridad y malicia del no pago de las indemnizaciones por despidos y de acuerdos homologados. 3.- Modifica el régimen de acuerdos conciliatorios, de entrega de certificados de trabajo, de omisión del depósito de sumas retenidas a los trabajadores con destino a la seguridad social y a los sindicatos. 4.- Habilita la contratación de trabajadores rurales por parte de empresas de servicios eventuales. 5.- Deroga el agravamiento indemnizatorio frente a la falta de registración del personal de casas particulares. 6.- Excluye de la Ley de Contrato de Trabajo a los trabajadores truchos bajo contrato de servicios, obras y agencia. 7.- Destroza la regla del in dubio pro operario. 8.- Habilita a la renuncia de derechos provenientes del contrato individual de trabajo. 9.- Modifica el régimen de los retiros voluntarios, habilitando a la homologación de los acuerdos para evitar posteriores reclamos (cosa juzgada). 10.- Modifica el régimen de intermediación laboral del art. 29 LCT. 11.- Lleva el periodo de prueba a ocho meses. 12.- Elimina las obligaciones de los bancos con relación a las cuentas sueldo. 13.- Cuotas sindicales y solidarias: obliga al consentimiento expreso de cada trabajador. 14.- Modifica el régimen de responsabilidades del frente a la terciarización y subcontratación laboral previsto en el art. 136 LCT. 15.- Modifica el contenido que deben tener los recibos de sueldo. 16.- Modifica el régimen de licencia por maternidad. 17.- Flexibiliza el régimen de jornada de trabajo habilitando al banco de horas y horas extras sin otro límite que el de 12 horas entre jornada y jornada. 18.- Incorpora como causal de despido a los bloqueos y tomas de establecimiento. 19.- Modifica el régimen del art. 245 LCT reduciendo las indemnizaciones por despido. 20.- Arancela el despido indemnizatorio, pone la carga de la prueba de la discriminación en la víctima y prohíbe la reinstalación en el empleo. 21.- Reduce las indemnizaciones frente al reingreso del trabajador. 22.- Reduce los índices de actualización de los créditos laborales. 23.- Habilita al pago de las indemnizaciones hasta en 12 cuotas con una tasa reducida de actualización del crédito. 24.- Elimina la ultraactividad de las cláusulas obligacionales de los convenios colectivos de trabajo. 25.- Limita la libertad sindical restringiendo la realización de asambleas. 26.- Habilita a la sanción de las organizaciones sindicales frente a la realización de medidas de fuerza que afecten “la libertad de trabajo de los que no paran”, o frente a tomas o bloqueos de establecimiento. 27.- Desnaturaliza las bolsas de trabajo del personal agrario, permitiendo al patrón contratar a quien quiera. 28.- Deroga el estatuto de viajantes de comercio. 29.- Modifica la modalidad de teletrabajo prevista en la ley 27.555, alterando el régimen de tareas de cuidados, la reversibilidad de quien trabajaba antes presencial, y el de prestaciones transnacionales. 30.- Habilita a los “trabajadores independientes” a contratar hasta cinco “trabajadores independientes”, permitiendo el fraude laboral, excluyendo a los mismos de la protección del derecho laboral. 31.- Modifica todo el sistema relativo a la huelga en los servicios esenciales por lo cual casi todas las actividades están sometidas a una inadmisible reglamentación del derecho constitucional de huelga. 32.- Modifica el régimen de obras sociales sindicales permitiendo la actuación dentro del régimen de las leyes 23.660 y 23.661 a las empresas de medicina prepaga.

En la plaza principal de la capital catamarqueña confluyeron este 20 de diciembre diferentes convocatorias que se unificaron en una marcha y acto de cierre, con oradores de cada organización. El gobierno provincial dispuso su operativo policial a la medida del protocolo de Bullrich, desproporcionado y provocador. La concentración en la plaza principal de Catamarca contó con la presencia de trabajadores de la salud, el PO oficial, el MST, la organización social 17 de noviembre, la Coordinadora Estudiantil, Política Obrera y vecinos que se acercaron de manera autoconvocada. La manifestación reivindicó en su conjunto el derecho a la protesta, rechazó la judicialización de los luchadores y repudió el protocolo ilegal de la ministra Bullrich y el operativo provincial. La marcha se realizó sobre la calle alrededor de la plaza, acompañada por un injustificado cordón policial que se extendía sobre la vereda. La coordinación específica de las organizaciones para una actividad unificada contó con el consenso mayoritario de los convocantes, con excepción del PO oficial, que pretendió condicionar la participación en el uso de la palabra de la Coordinadora de Estudiantes, impugnando a un militante de Política Obrera quien integra el organismo estudiantil en calidad de presidente del centro de estudiantes del Instituto Superior de Artes y Comunicación. Por otra parte, las divergencias principales se concentraron en la orientación que se establecieron en los discursos. El llamado a los sindicatos burocráticos de la CGT y ATE a salir a las calles, por parte del PO oficial, por un lado, y el planteo de Política Obrera de profundizar la experiencia de las autoconvocatorias y las coordinadoras entre los trabajadores y estudiantes, orientadas a la organización de una lucha de conjunto. Luego de esta actividad y de la cadena nacional en la que se anunciaron los primeros DNU del gobierno nacional, la UTEP convocó a su propia manifestación un día después del 20D, en una plaza al margen del centro de la ciudad, a la medida de su capitulación política. Por su parte, ATE anunció una movilización para el próximo viernes 22, obligado por las circunstancias. Los trabajadores estatales cierran el año con el hundimiento de su salario, la incertidumbre del pago de aguinaldos en municipios y despidos de precarizados. El proceso de movilización nacional se expresa en Catamarca y se profundiza por la propia política del gobierno provincial. La intervención independiente de los sectores autoconvocados es necesaria para superar el bloqueo de las burocracias enquistadas en las organizaciones sindicales. LEER MÁS: El 20 de diciembre, Catamarca dirá presente Por Bruno Corzo, 19/12/2023.

La jornada del 20 de diciembre en Santiago del Estero estuvo trazada por las organizaciones CUBA-MTR, MST, PO, Política Obrera, FDU, William Cooke, MTR, Darío Santillán y CISADEMS (sindicato docente). La concentración tuvo lugar en una plaza céntrica, con una nutrida participación. Nos movilizamos por las calles del casco céntrico. En el trayecto, los cánticos denunciaban el ataque hacia los trabajadores por el gobierno del “libertario” Milei, en sintonía con la política del gobierno de Zamora. La marcha culminó con una radio abierta en la plaza principal de la ciudad. Los oradores de cada organización denunciaron el ajuste. Cisadems hizo la denuncia sobre los salarios de los docentes, que son de indigencia, el cese de designaciones y nombramientos de cargos del personal no docente (ordenanzas) suplidos por los trabajadores precarizados que deben cumplir las tareas por percibir un plan social. Por su parte, el MST y el PO saludaron el aniversario del 2001, coincidiendo en el planteo de reclamar a la CGT y a la CTA que convoquen a un paro. Nuestra intervención fue denunciar el golpe de eEstado económico contra los trabajadores, el protocolo de Bullrich y su condición de agentes del sionismo. Llamamos a dar un apoyo incondicional a la lucha del pueblo palestino. Ante este golpe de Estado económico, son necesarias las autonvocatorias y asambleas que lleven a la deliberación en un plan de acción en defensa del salario, el trabajo y el derecho a luchar. LEER MÁS: Santiago del Estero se moviliza este 20 de diciembre Por Valeria Morales, 19/12/2023.

Alrededor de 10 mil manifestantes se dieron cita a la convocatoria que realizó ADIUNT, el sindicato combativo de la docencia universitaria, en el aniversario del Argentinazo. Fueron de la partida el Frente Popular Darío Santillán, el Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional, Marabunta, FOL, Cuba MTR, MTL, la William Cooke, MST, PTS, PO, CCC, los sindicatos municipales de Aguilares y Simoca, la CCC, la Coordinadora de Limonero Autoconvocados, un núcleo de la docencia Autoconvocada, el grupo Tucumán por Palestina, y Política Obrera. Todo esto a pesar de la campaña de “miedo” que el gobierno nacional desplegó a través de los medios y redes. El día martes 19 se concretó una importante conferencia de prensa que fue cubierta por la mayoría y más importantes medios de comunicación de la provincia. El punto de partida fue la plaza Urquiza a ocho cuadras de la plaza Independencia. A medida que se marchaba, la gente de los bares y departamentos saludaban. Los vehículos tocaban bocina. El PO oficial marchó de un punto diferenciado, poniendo de relieve el cuadro de disolución de la Unidad Piquetera en la provincia. El escenario estaba relativamente distendido pues el gobernador sostuvo que no iba a haber represión, que no adhería al Protocolo del gobierno nacional, sin embargo, hubo un despliegue de fuerzas de operaciones especiales de la policía y el cuerpo motorizado. Al llegar a la plaza Independencia se concentraron las columnas y se dio comienzo al acto. Contrariando los pronósticos, el tiempo se descompuso a pesar de los cual todos los oradores hicieron uso de la palabra. El acto fue abierto por el dirigente de Política Obrera Daniel Blanco y luego los representantes de las demás organizaciones. La calidad del sonido permitió que los presentes escucharan los diversos planteos. Como hechos relevantes, solo desde Política Obrera y el orador de “Tucumán por Palestina” colocaron como cuestión clave la guerra y solidaridad con la rebelión Palestina. Los oradores del FIT U, por su parte, orientaron su discurso tras el reclamo a la burocracia de un paro nacional. La CCC desarrolló un poco de historia relativa al Argentinazo, pero omitiendo que ellos se negaron a movilizarse durante esas jornadas con el pretexto “de no hacerle el juego a la derecha”, la cual aseguraban entonces que estaba tramando un golpe para desplazar al gobierno de la Alianza. En el curso del día se tomó conocimiento de la presentación de parte de un legislador de JxC y otro de parte del bussismo para que la provincia sancionara su propio protocolo emulando a la nacional de Patricia Bullrich. Para adelantarse, el intendente radical de la ciudad de Yerba Buena mediante un decreto ya adhirió. La jornada culminó tarde y bajo la lluvia. Al poco tiempo se tomaba conocimiento de los cacerolazos en distintos puntos del país. Hoy en las redes se han publicado varias convocatorias confluyentes para que la plaza Independencia se vuelva a llenar de manifestantes repudiando el Protocolo y toda la política del nuevo gobierno dirigida a descargar la crisis sobre los hombros del pueblo trabajador. LEER MÁS: Tucumán: se prepara para una gran movilización el 20 de diciembre Por Anahí Rodríguez, 19/12/2023.

Como en todo el país, en Salta los trabajadores también nos movilizamos a 22 años del Argentinazo, pero con la particularidad de que se produjeron dos movilizaciones diferenciadas. La convocatoria de la red de derechos humanos, organizaciones sociales y políticas, que expresaba la independencia política del conjunto de los bloques de la burguesía, que son parte del golpe de Estado económico contra los trabajadores. Allí se ubica el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, que se comprometió a acompañar el brutal ajuste de Milei, con el congelamiento del salario de los estatales y la prórroga del presupuesto 2023. La burocracia de los sindicatos, fiel a su tradición, estuvo ausente de cualquier rechazo al Rodrigazo en curso. Por otro lado, se movilizó el FIT-U, disuelto detrás de la Unidad Piquetera, quienes en el último periodo ya habían conformado un bloque por el llamado a votar a Massa. Su convocatoria estuvo precedida por una conferencia común con bloques kirchneristas, del movimiento de mujeres y sectores de la burocracia sindical. En una expresión de enjuague de las responsabilidades del gobierno que arrastró a los trabajadores al 180% de inflación y la pérdida de los ingresos en el orden de un 40%. Consumaron aquí un bloque centrista que a nivel nacional no pudieron imponer. Política Obrera intervino en el terreno de independencia, contra el golpe de Estado económico; reivindicamos el derecho de los trabajadores y los pueblos a rebelarse contra los regímenes políticos que confiscan sus ingresos y arrastran a las masas a la pobreza y en nombre de la libertad y la democracia, masacran pueblos enteros, como el sionismo contra el pueblo palestino. Exigimos el retiro inmediato de las tropas israelíes de territorio palestino y la liberación de la totalidad de los presos palestinos en Israel. En las jornadas de hoy, los trabajadores anotamos la primera derrota de Milei y Bullrich. Su protocolo represivo fue enfrentado por cientos de trabajadores. El régimen en su conjunto toma nota, que el gobierno estará acosado por las movilizaciones, en vísperas de una irrupción de las masas, en el próximo período, contra las consecuencias brutales de este régimen. LEER MÁS: 20D en Salta: habrá dos jornadas, los sindicatos y centrales no estarán en ninguna Por Violeta Gil, 20/12/2023.

Una significativa movilización en el aniversario del 20 de diciembre del 2001 se desplazó desde la Plaza del Soldado, centro de la ciudad capital, hasta la Plaza de Mayo, donde se ubica casa de gobierno. Hubo medio millar de participantes, convocados por organizaciones de derechos humanos, Becarios Autoconvocados del Conicet, centros culturales como “El Birri” y partidos de izquierda. Se realizó un acto con micrófono abierto a todas las agrupaciones. Desde el micrófono, nuestro partido Política Obrera hizo un llamado a toda la clase obrera. El gobierno de Milei pretende hacer pasar un rodrigazo a costa del bolsillo de los trabajadores, un golpe de Estado económico anunciado con bombos y platillos. Fundamentan esta ofensiva contra el mundo del trabajo como un “sacrificio necesario” para evitar una hiperinflación, cuando en realidad es acicateada por las medidas de Caputo, lanzadas la semana pasada, donde la devaluación ha hecho estragos y todavía sobrevendrán los tarifazos. Asimismo, ningún despliegue policial rodeó la marcha. El mismo Pullaro probablemente haya tomado apunte de que se estaría ganando un problema mayor si aplicase un protocolo -el de Bullrich- cuya ilegalidad es manifiesta. Comprarse este problema es precipitar una crisis política que quieren evitar. Todos, en el uso de la palabra, hemos repudiado cualquier intentona represiva de los gobiernos de turno. Punto aparte pero no menos importante fue el furibundo rechazo a la masacre que sufre el pueblo de Gaza. La injerencia de Argentina con la entente de EEUU-Israel-OTAN es ingresar en el ámbito del imperialismo sin ningún tipo de reserva. La clase obrera argentina no quiere ser parte ni cómplice de las matanzas que se perpetran contra el pueblo palestino. En suma, desde Política Obrera planteamos que no hay tiempo para mirar para atrás. Los aumentos del 100% están a la orden del día. Apelamos a que la clase obrera tome la experiencia de lo que sucedió inmediatamente al rodrigazo: una huelga general autoconvocada que puso en vilo al gobierno peronista. LEER MÁS: El 20 de diciembre en Santa Fe Por Agustín Fernández, 19/12/2023.

Este 20 de diciembre, a 22 años del Argentinazo, se produjo una importante movilización en la capital jujeña, con réplicas en las principales ciudades del interior. Se terminó conformando una sola movilización para la tarde, ya que la organización, Tupaj Katari que dirige el Perro Santillán -que había convocado movilizar a la mañana- terminó sumándose a la convocatoria unitaria de la tarde. Atentos a lo que sucedía en las inmediaciones de Plaza de Mayo, las columnas se fueron acercando a Plaza Belgrano para marchar. Bajo una custodia policial mínima, la movilización se produjo con total normalidad, marchando por las calles del centro y haciendo públicos nuestros reclamos. En términos generales, la marcha fue acompañada por los vecinos que se encontraban en el centro. La movilización se organizó por bloques: primero los gremios que convocaron (CEDEMS SEOM APUAP) y organismos de derechos humanos, comunidades originarias, el Frente de lucha Piquetero (una fracción de la Unidad Piquetera), donde marcho el PO Oficial; la Coordinadora de Organizaciones Sociales (FOL, Darío Santillán y Polo Obrero Tendencia/Política Obrera), la CCC, el resto de los partidos del FIT U (PTS, MST e IS) y, cerrando las columnas, la Tupaj Katari y la comisión de derechos humanos. Los grandes ausentes de la jornada fueron las organizaciones vinculadas al kirchnerismo. A diferencia de la movilización nacional, en Jujuy participaron la organización de la marcha. Marcharon algunos referentes, pero prácticamente sin identificaciones y diluidos en algunas columnas. La marcha fue una instancia importante para vencer la campaña de miedo instalada desde hace días por los medios de comunicación, sumado al anuncio de un DNU reaccionario que pretende liquidar conquistas y derechos. Logramos vencer las resistencias y garantizar una marcha numerosa y vencer el planteo de realizar el acto sin movilización. Al llegar a la plaza se largó la lluvia por lo que solo se llegó a leer el documento y las consignas acordadas en común en la explanada de la casa de gobierno. Los compañeros de Politica Obrera seguimos con la idea de clarificar nuestra posición y nos quedamos para desenvolver nuestros planteos, denunciando el golpe de Estado económico, el ataque a los trabajadores y jubilados, la devaluación del peso y las medidas que apuntan a una hiperinflación, todo agravado con los anuncios del DNU de Milei, y un protocolo antipiquete que fracaso en su debut de impedir la enorme movilización ocurrida en Buenos Aires. Pocas horas después de la marcha se producían los primeros cacerolazos repudiando el DNU, que tuvo algunos ecos en la provincia en bocinazos de algunos autos en horas de la noche. La movilización del 20 -y los posteriores cacerolazos- fueron un primer paso. La lucha continúa. LEER MÁS: El 20 en Jujuy salimos a las calles de nuevo Por Iñaki Aldasoro, 19/12/2023.

Después de cuatro años de actividad política ininterrumpida en el distrito, y en el marco de un ataque sin precedentes a las condiciones de vida de las masas laboriosas, expresado en el DNU emitido por el gobierno nacional, una megadevaluación y una inflación del 20% -verdadero golpe de Estado económico contra los trabajadores-, Política Obrera de La Matanza inaugura su local central, en pleno centro de la localidad de San Justo. La inauguración se llevará a cabo el viernes 22 de diciembre, a las 18 hs, en Arieta 3121 of 6, a pocos metros de la Plaza San Martín. Será también la ocasión del tradicional brindis de fin de año de nuestro partido. El local llevará el nombre de “Centro Cultural José Alonso", en homenaje al compañero fallecido a principios de este año y que desarrolló una incansable tarea militante como constructor del partido. Contaremos con la presencia del dirigente nacional, Jorge Altamira, quien hará uso de la palabra. Habrá, además, números artísticos. Política Obrera abre su local central en La Matanza para todos los trabajadores del distrito que quieran organizarse para enfrentar los planes de miseria del gobierno y el FMI, y llevar sus luchas a la victoria.

La escalada sionista sobre Gaza -y Cisjordania- no cede. Israel se propuso una política de ´tierra arrasada´. “Un mes después de iniciada la guerra, el ejército ya había lanzado el equivalente a dos bombas nucleares” sobre Gaza (Al Jazeera, 16/12); “Israel está llevando la política de tierra arrasada a un nuevo nivel” (ídem). En el gobierno hay todo un sector que alienta un proceso de recolonización de tierras en Gaza, rehabilitando asentamientos que fueron abandonados en el 2005; confinando a los 2,3 millones de gazatíes a vivir como conejos en una conejera carcelaria bajo cerrojo sionista. Especialistas internacionales opinan que “una ocupación sin fin provocará a Gaza en lugar de calmarla” (Haaretz, 18/12). En la diplomacia imperialista mundial circula la conclusión de que extirpar a Hamas de Gaza será una tarea imposible. Ni hablar de ´reestablecer´ la autoridad de la gerentocracia de Abbas y Al Fatah. La guerra ha llevado a la conclusión de que la dirección actual de la OLP-Autoridad Palestina es un cadáver, no solo para Gaza –también para Cisjordania. En la arena política palestina está abierto un debate sobre la posguerra. Hamas se orienta a reclamar un lugar dirigente dentro de la OLP. A su turno, dentro de la OLP levanta cabeza un “polo representado por un grupo de altos funcionarios de Fatah, entre ellos Jibril Rajoub, Marwan Barghouti, Nasser al-Qudwa, Hamada Farana, que forman parte del bloque que lleva mucho tiempo exigiendo reformas en la estructura de la OLP, incluida la incorporación de Hamás, y principalmente, el fin del largo mandato de Mahmoud Abbas” (Haaretz, 16/12). Como dijimos, en estas páginas, se busca un Mandela palestino La clave de este recambio y de un plan tentativo de ´pacificación´ depende a su vez de un recambio en la dirección del Estado sionista. Si bien la cabeza de Netanyahu podría caer, nada indica que el establishment internacionlista de las grandes compañías israelíes haya reunido la capacidad para desplazar a los colonos y la teocracia sionista. Palestina requeriría una fuerte inyección de recursos para la reconstrucción, que podría servir para cimentar un acuerdo entre esos grandes capitales y la élite palestina. Los especialistas que propugnan un “plan Marshall” financiado por “Estados Unidos, la Unión Europea y los aliados de Medio Oriente para las dos partes de Palestina: Gaza y Cisjordania” reconocen que EE.UU. está más exhausto que nunca: “mantiene una deuda nacional que se acerca a los 34 billones de dólares”, por lejos la más grande de la historia (ídem citado). Un impasse sangriento en condiciones de un imperialismo en declinación histórica. LEER MÁS: “El genocidio más atroz de los tiempos modernos” Israel barre tiendas de campaña de refugiados y aplasta vivas a las personas. Por Norberto Malaj, 16/12/2023. La guerra sionista contra Palestina: 10 semanas, 10 reflexiones Por Norberto Malaj, 15/12/2023.

Claudio Marín, secretario general de FOETRA, rechazó movilizarse el 20 de diciembre contra el ajuste, argumentando la estrategia de “acumular fuerzas”. ¿Esperamos sentados? Los aumentos de tarifas, transporte, prepagas, alimentos y combustibles destruyen el salario. Jorge Macri, intendente de CABA, declaró estar “atento al hambre en la clase media”. Los gobernadores sacaron del ajuste sus “economías regionales”, eufemismo de los negocios y empresarios locales, y negocian la vuelta del impuesto al salario. Los productores agrarios amenazan con cortes de rutas, y las aceiteras con no liquidar sus exportaciones. ¿Y nosotros? La pérdida de poder adquisitivo es brutal, y pretenden una reforma laboral reaccionaria. Debemos actuar para derrotar el plan de hambre. Sin embargo, en un verano caliente, las centrales sindicales y sindicatos se llaman a cuarteles de invierno. Son un pilar de la gobernabilidad y el ajuste. El pase de facturas por el voto sólo sirve para dividirnos e inmovilizarnos. Debemos unirnos para construir asambleas y convocatorias por el salario. La estabilidad laboral se conquista mediante la lucha, de ninguna manera permitiendo la licuación salarial. Nuestra agrupación marchó el 20/12 contra el ajuste y la política de terror sobre quienes defienden su derecho a comer. Será un activo en nuestra propia defensa. LEER MÁS: El ajuste en Telecom Por Guido Fuentes, 20/12/2023.

La movilización del 20 de diciembre se presentó como la primera puesta en escena de los luchadores populares del país. Una oportunidad para que la clase obrera se manifiestara no sólo en contra del paquete de ataque al pueblo del gobierno. Si no también en contra de la guerra de la OTAN y Rusia en Ucrania o contra el genocidio del gobierno de Israel sobre el pueblo palestino que lleva asesinados más de 20 mil personas. Estos planteos resultaron particularmente oportunos. El gobierno había recibido en la asunción presidencial al presidente Zelensky para brindar todo el apoyo a la OTAN comandada por EEUU en la guerra de Ucrania. Un día después se hizo presente en el acto de festividad judía de Jánuca haciendo aún más claro el alineamiento con la embajada de Israel y su total apoyo a la masacre del pueblo gazati. Milei se rodeó de todo el arco derechista internacional como el partido Vox de España o Bolsonaro de Brasil. El alineamiento no correspondía solo a las necesidades para renegociar los cancelamientos de deuda internacional, sino también a la necesidad de un plafón de respaldo para montar el protocolo represivo que ha presentado Patricia Bullrich junto a Waldo Wolff -vicepresidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas y Ministro de Seguridad de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires. Con el apoyo del FMI, los servicios de inteligencia de Israel pretenden blindarse y obtener apoyo contra el pueblo que buscará defenderse contra este golpe de Estado económico que quieren imponer. En definitiva, es la hoja de ruta del FMI la que sigue y hubiera seguido también un gobierno de Massa como afirmó el ex Viceministro de Economía. Gabriel Rubinstein,quien aseguró a los medios que también “iba a haber ajuste de impuestos” si ganaban ellos, “eso era inevitable” (Clarín, 13/12). La adaptación del peronismo al plan del gobierno es total. La CGT difundió por redes su comunicado sobre el paquete de medidas que anunció el Ministro Caputo. A nadie sorprendió su “compromiso de gobernabilidad” y el pedido de diálogo para con el Presidente Milei. La casta de la CGT discute con el gobierno del mismo lado del mostrador que los empresarios la crisis económica. La burocracia sindical estatal que no ha escrito ni un mensaje de X -ex Twitter- aún no ha terminado de negociar cuántos despidos. Horas antes de la difusión del comunicado que tardó dos horas en llegar al activismo obrero, decíamos en nuestro diario online que el gobierno se aprestaba a desatar un espiral inflacionario que licuaría el salario, con tarifazos y una megadevaluación para pulverizar el salario y había puesto una bomba en la mesa de la burocracia. Las paritarias terminaron por quedar vetustas y basta que un puñado de gremios inicie los reclamos por el salario para que se coloque como agenda nacional. En este contexto este alineamiento internacional del gobierno de Milei debe ser denunciado como parte de la lucha política de la clase obrera. Es un golpe estratégico al protocolo represivo que el gobierno quiere construir para sostener su “gobernabilidad”. Esto se estuvo debatiendo en las reuniones organizativas previas a la movilización del 20 de diciembre. El Frente de Izquierda Unidad, lejos de compartir esta caracterización, y como en los últimos años, le pide a la burocracia sindical un paro. Una forma de desentenderse de la preparación y organización autoconvocada de asambleas y acciones en los sindicatos y barrios; una forma crítica-cínica de aportar “gobernabilidad”. Quizás por eso y en continuidad con su campaña electoral planteó en las reuniones abandonar una consigna internacionalista como la de denunciar el genocidio de Israel al pueblo de Gaza. No olvidemos que en la Legislatura porteña acordaron con Juntos por el cambio, el peronismo y el gobierno de Israel, votar la resolución que señala como antisemita a cualquier persona o institución que critique al gobierno de Israel. La renuncia socialista del Frente de Izquierda-Unidad fue en pos de defender una “marcha unitaria” con el kirchnerismo, quien no acuerda con la denuncia del genocidio del gobierno de Israel, como todo el peronismo. Los lazos comunicantes con el imperialismo y la OTAN son proporcionales a los lazos que unen a las gobernaciones provinciales, municipales, burocracia sindical del peronismo con el nuevo gobierno, o con el plan motosierra de Caputo. En la movilización del 20 de diciembre hubo un importante contingente de organizaciones sociales, políticas y parte de la población que así lo entiendió necesario. La delimitación política es la base de la preparación de la lucha porque mediante la clarificación se sortean las trampas de los capitalistas y sus aliados dentro de las filas del movimiento obrero como son la burocracia sindical o los partidos de conciliación de clase como el peronismo. LEER MÁS: 20 de diciembre: nos movilizamos por el Argentinazo y contra la represión Por Jacyn, 20/12/2023. El debate por la movilización del 20 de diciembre Por Federico Fernández, 12/12/2023.

La aplicación del ‘protocolo’ represivo y el DNU anunciado por Milei en la noche de ayer han modificado, en principio, el conjunto de la situación política. El gobierno ha lanzado una verdadera ofensiva. El aparato de Estado libertario está forzado a imprimirle una velocidad excepcional si, digamos, pretende repetir la proporción de un policía por cada dos manifestantes para impedir la marcha del 24 de Marzo dentro de tres meses. Algunos de los centenares de puntos del DNU ilustran el alcance de esta ofensiva. De un plumazo ha privatizado el sistema de salud y liberado las tarifas. El salto deja atrás todos los proyectos precedentes de coordinación entre los diferentes subsistemas existentes para alcanzar ese mismo propósito. El beneficio es para cinco prepagas y para las compañías de seguros que no demorarán en ofrecer un contrato de riesgo de salud. Una norma en apariencia anodina -el retiro de subsidios para combatir el fuego- da piedra libre a la apropiación privada de los humedales, un enorme bocado para el gran capital agrario, en abierto desmedro del medio ambiente. La derogación de la ley de tierras, que limita mentirosamente el acceso del capital extranjero, apurará rápidamente el remate de tierras fiscales, en especial en la Patagonia, en beneficio de capitales internacionales, como el caso del emir de Qatar, que está primero en la lista de financistas de Hamas. El DNU equivale, en buena parte, a un listado de negociados en estado de espera que han entrado en fase de ejecución. La presión por derogar de inmediato la ley de alquileres es significativa, porque el mayor problema de la locación de viviendas no es el conflicto arrendador-arrendatario, sino la hiperinflación. Milei prefirió en este caso el atropello a la prudencia, para dejar clara la finalidad de defender la propiedad privada a cualquier precio. Ha introducido, además, en esta derogación, una cláusula que da curso legal al dólar , en línea con “la competencia entre monedas” y la misma “dolarización”. En cuanto a la eliminación del “compre nacional”, el propósito no es poner fin a los curros que habilitaba este sistema cartelizado, sino desarrollar curros de mucha mayor escala. El acuerdo Mercosur-UE se encuentra condicionado, precisamente, a la exigencia europea de acceder al mercado de licitaciones públicas suramericano. Lo mismo ocurre con el planteo de Milei de que la obra pública sea financiada por capitales financieros, con garantía del Estado. Estados Unidos tiene, por el contrario, un sistema proteccionista poderoso de las compras del Estado, a lo que Biden ha agregado un Acuerdo de Impuestos que grava todas las importaciones que no estén suscriptas a una cadena de producción controlada por una empresa estadounidense o radicada en ese país. La cuestión previsional tiene su destino sellado: la camarilla ‘libertaria’ la convertirá en una pensión a la vejez, con remuneraciones de indigencia. La reforma laboral, sin embargo, ha quedado a medio camino. Enormemente perjudicial para los trabajadores, al modificar negativamente las indemnizaciones, los tiempos de prueba y los horarios extra de labor, deja para más adelante el propósito de abolir los convenios por industria e incluso la instauración de los contratos individuales (sin embargo, el artículo 86 del DNU altera al articulo 6 de la ley 14.250. En tanto antes un convenio seguía vigente cuando no había acuerdo para modificarlo, ahora esa vigencia queda supeditada a un acuerdo explícito entre patronal y sindicato y, de no haberlo, a una resolución del Poder Ejecutivo. Sería el fin de la ultraactividad). Esta operación en dos tiempos obedece a la intención de manejar las paritarias vigentes que están afectadas por un escenario hiperinflacionario. Pero en sintonía con el “protocolo” ha derogado el derecho de huelga –asambleas, piquetes de fábrica, manifestaciones en calles y rutas-. Antonio Boggiano (h), un cavernario del “libertarianismo”, ha pedido espacio en La Nación para profetizar que “Vamos a una tormenta” e invocar que un “Dios nos guarde de un nuevo fracaso”. La ofensiva de Milei revela a un gobierno en estado de pańico. El escorpión y el cocodrilo Por otra vía, no menos ilegal, Milei ha subido la deuda pública en mucho más que el ciento por ciento (se ajusta al dólar, que subió un 120 por ciento). En cuanto a ilegalidad, ha designado a un presidente del Banco Central sin enviar el diploma al Senado, y lo ha sentado, en un abierto acto libertaricida, en las reuniones del gabinete. Este amigo de Caputo, de nombre Bausili, ha decidido fijar la tasa de interés que deben cobrar los bancos a sus clientes. Un caso de ‘socialismo’ explícito. Pero el decreto compensa esta intervención populista con una transferencia a la banca privada de los depósitos judiciales: el financiamiento más barato en la plaza. Milei ha puesto la mira en la privatización de la banca pública, una creación de sus ancestros -Carlos Pellegrini-, para que el Estado pueda salir al rescate de los bancos privados. El paquete del DNU ha debilitado aun más la posición del sistema bancario en la economía nacional. Durante todo el año preelectoral los bancos intentaron evitar esta salida -por eso votaron a Massa-, pero han fracasado. Con esta percepción, los brasileños decidieron vender el banco Itaú al Macro, que se quedó con el fardo de las Leliq. Milei y Caputo le han sacado a los bancos el jugoso beneficio de las Leliq, a cambio de títulos o deuda del Tesoro. La deuda del Tesoro, entre devaluación y transferencias del Central, ha pasado del equivalente a 120.000 millones de dólares a 200.000 millones de dólares. Esto signifca un aumento enorme de la erogación de intereses, por parte del Tesoro, o sea, un aumento brutal del famoso déficit público. Este diseño demuestra que toda la política libertaria se resume en ajustar el presupuesto público en cifras nunca vistas, que Milei cuantificó en el 15 % del PBI, o 75.000 millones de dólares, o sea 65 billones de pesos. Con el pasaje del déficit ‘cuasi fiscal’ al Tesoro, el contribuyente se hace cargo del fardo de esta hipoteca. Como la tarea es imposible, el Estado deberá recurrir a nuevo financiamiento o postergación de pagos por cifras inverosímiles. En estas condiciones, pasar de la hiper a una inflación ‘normal’ implicará una depresión económica sin precedentes. Varios consultores aseguran que en marzo-abril será necesaria una nueva devaluación del peso. El conjunto del edificio social y político de Argentina ha entrado en un colapso aun más severo que el previsto antes de las elecciones. Régimen político Ese colapso se habrá de manifestar en el Congreso. El mecanismo perverso de los DNU permitirá que un decreto derogue leyes y sancione leyes nuevas. El gobierno, con aliados, tiene mayoría en la bicameral que tiene que ratificar el decretazo. En nombre de no comprometer la ‘gobernabilidad’, los partidos opositores se ampararán en las complicaciones para derogar los DNU, que de ese modo serán sancionados. Esta complicidad no será gratuita, porque pondrá en la picota la credibilidad del Parlamento, agravará la situación financiera de las provincias y, en un marco hiperinflacionario, podría producir la emisión de monedas provinciales. El DNU ha provocado críticas airadas entre los liberales de derecha. Daniel Sabsay, luego de calificar al decreto como “una locura”, se interrogó: “¿Si le bajan todo qué van a hacer?”. Agregó: “No recuerdo una cosa así, ni en la época de Menem, ni el gobierno militar con la CAL, se animaron a hacer algo así. Arrasa con todo de la noche a la mañana, sin que se discuta nada”. Sabsay caracteriza el decreto como un intento de “plebiscitar su gobierno”. Advierte con esto una supresión de facto o de jure del Congreso. En el señalamiento de lo que sería una aventura, se manifiesta un potencial aislamiento político terminal del gobierno. Este impasse llevaría a un improbable intento de negociación política por parte de Guillermo Francos, el ministro del Interior. Pero no pasaría de un cuarto intermedio. En cuanto a los sindicatos, un redactor de La Nación dice que “Apuntan a que las paritarias sean cortas y con cláusula gatillo”. Hasta mayo se “habilitaría el ajuste automático por inflación”. En el pasado reciente, este método paritario llevó a una desvalorización del 30 % de los salarios, porque la inflación subsiguiente era mayor que la que se tomó como índice de ajuste. Seis millones de trabajadores no registrados y autónomos carecerían incluso de esta protección. En este escenario, la línea de partida de la burocracia de la CGT es una ‘tregua’ hasta mitad de año. Las Coordinadoras Obreras Toda la ofensiva del gobierno apunta a infligir una derrota a la clase obrera y a reducirla al inmovilismo. No es sólo un asunto de paritarias o convenios, sino todo el ataque a derechos políticos y sociales, que necesita del apoyo firme de la burguesía y de un armado político internacional, que Milei construye con el imperialismo de la OTAN y el sionismo. La respuesta a esta ofensiva no va a partir, de ninguna manera, del armado político-sindical anacrónico que domina al movimiento obrero y las organizaciones sociales. La marcha del 20 de diciembre fue recibida por las direcciones de estos aparatos con rechazo y hostilidad. A su debido momento, estos aparatos se reacomodarán para contener las luchas que procederán de lo profundo de los trabajadores. Otro aspecto de este escenario es el voto a Milei de parte, especialmente, de los trabajadores más explotados, castigados o desprotegidos, como repudio, precisamente, a esos aparatos. No alcanza con señalarles que la cuarta o tercera parte del gobierno de Milei está compuesto por massistas, peronistas y hasta kirchneristas. Es necesario abordar a este sector desde afuera de esos aparatos, para salir del desconcierto que pusieron de manifiesto las últimas elecciones, con candidatos reaccionarios por partida cuadrúple. El abordaje de la propaganda, la agitación y la organización en este escenario explosivo y confuso a la vez debe partir de lo elemental: a la devaluación y a la hiperinflación responder con un aumento del ciento por ciento de salarios, jubilaciones e ingresos sociales. Las convocatorias paritarias sólo importan como instancia para exigir que el petitorio sindical sea discutido y aprobado por asambleas y plenarios con mandatos de base. La táctica política debe centrarse en el punto fuerte de una lucha, incluso si parece pequeño. Hay una vasta red de activistas, delegados y, en algunos casos, direcciones sindicales, que son el producto del levantamiento popular de hace dos décadas y de otras luchas recientes (salud, prensa, docentes, transporte, portuarios). Sobre la base de una plataforma de lucha deben reunirse en Coordinadoras Obreras, como el primer factor dinámico de la situación presente, con capacidad de potenciar toda la crisis. Deben ocupar el primer lugar en la lucha contra el aventurado intento de implantar una semidictadura semibonapartista, por parte de aquellos mismos que fueron derrocados el 19 y 20 de diciembre de 2001. Las Coordinadoras deben propagandizar la lucha contra las guerras imperialistas y contra la masacre del pueblo palestino. El reclamo de “Un paro nacional de la CGT” es una perfecta abstracción; en torno a la CGT no transcurre ningún movimiento de masas. Levantada como consigna de sectores combativos es un intento de absolverse a sí mismos de la carencia de una política concreta. En 2013, en torno a la seccional FATE del SUTNA, se impulsó una coordinación obrera que atrajo la atención de toda la clase. Eso ocurrió con los luchadores del Subte a partir de 2002. En todas las provincias -Neuquén, Santa Fe, Tucumán, Jujuy- tuvieron lugar grandes luchas a partir de un núcleo concentrado de fuerzas en determinados sindicatos o empresas. Para mover al mundo no se puede abarcarlo; alcanza con una palanca en el punto cierto del planeta. LEER MÁS: Una contrarrevolución laboral con forma de decreto Por Marcelo Ramal, 21/12/2023. 20 de diciembre: nos movilizamos por el Argentinazo y contra la represión Por Jacyn, 20/12/2023.

La información, difundida como parte de una investigación del periódico Het Laatste Nieuws (HLN), sostiene que miles de jóvenes belgas embarazadas fuera del matrimonio entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y los años 80 fueron internadas en centros gestionados por la Iglesia en Flandes. En esos centros, fueron sometidas a todo tipo de maltratos y a veces abusadas sexualmente aún estando embarazadas, dieron a luz bajo control de párrocos y monjas. Aunque las denuncias comenzaron en 2015, HLN publicó nuevos testimonios de mujeres obligadas a abandonar a sus bebés recién nacidos y de adultos adoptados que afirman que fueron “vendidos” por la iglesia a las familias adoptivas. En la mayoría de los casos se trataba de jóvenes solteras cuyos padres querían ocultar el embarazo. En esa última situación contactaban a las órdenes religiosas para que ellos encontraran familias dispuestas a adoptar. Una víctima relató que unas monjas la llevaron al hospital a dar a luz. En el recinto la sometieron a una “esterilización forzada” y su hija fue “vendida” por varias decenas de miles de francos belgas. Los bebés, apenas nacidos, eran entregados a familias sin el consentimiento de sus madres. Esas familias pagaban sumas considerables para la época, entre 10.000 y 30.000 francos belgas, que no iban a las jóvenes madres sino que se quedaba la propia Iglesia. Las jóvenes que parían bajo supervisión de religiosos eran esterilizadas durante el parto para que no volvieran a quedar embarazadas. Se estima en unos 17 millones de dólares el dinero que habría obtenido la Iglesia flamenca vendiendo esos niños durante cuatro décadas. La conferencia episcopal belga pidió “una investigación externa para determinar las responsabilidades reales”. El vocero de la iglesia católica belga, Tommy Scholtes, dijo que “repetimos las excusas presentadas en 2015”. Con un cinismo acuñado durante siglos, Scholtes rechazó la versión de la venta de los bebés al nacer. “No eran niños comprados. No aceptamos la expresión”, dijo, y agregó que “las familias en espera de adopción agradecían a las religiosas cuando recibían al bebé, y contribuían financieramente al funcionamiento de las comunidades religiosas”. Para él no era una compra venta aunque se entregara dinero luego de que los recién nacidos quedaran en manos de esas personas. El proceso de reunificación entre madres e hijos “es hoy extremadamente complicado dado que muchos de los documentos han sido destruidos”, según HLN. Más claro, esos centros religiosos, que dependen directamente de los obispados, destruyeron las carpetas de internación de las mujeres y los documentos de adopción. Esta historia no puede causar sorpresa. Una investigación oficial demostró que unas 90 000 niñas y mujeres solteras fueron recluidas en Hogares para Madres y Bebés de la Iglesia Católica irlandesa y en los Asilos de la Magdalena. Allí eran esclavizadas, sometidas a trabajos forzados, y las embarazadas obligadas a dar a sus hijos en adopción. El último hogar cerró sus puertas en 1998. En esos centros religiosos, y en los que encerraban a niños huérfanos, fueron halladas cientos de fosas comunes. Muchos murieron de hambre, de frío o producto de las golpizas. En España, alrededor de 300.000 bebés fueron robados a sus madres y vendidos a parejas sin hijos durante y después de la dictadura franquista, hasta entrados los años 90. “Mientras que en los primeros años de la dictadura franquista la motivación era ideológica, el robo de niños pronto se convirtió en un negocio lucrativo del que participaban médicos, abogados y, sobre todo, la Iglesia católica” (DW 22/8/23). En la Argentina, el Movimiento Familiar Cristiano fue la organización -avalada por el Episcopado- que se ocupó de entregar a las familias de apropiadores los bebés hijos de desaparecidas nacidos en los campos de concentración. La nieta recuperada Laura Catalina De Sanctis Ovando, cuando declaró en el juicio del Plan Sistemático de Robo de Bebés, mostró una carta de su apropiadora donde esta le contaba que la había visitado una persona del MFC y le había prometido que el bebé que le entregarían era “sanito”. La Iglesia Católica es una organización delincuencial urbi et orbi. Son los mismos que en nombre de la vida han condenado y condenan a muerte a mujeres y niñas embarazadas, obligadas a un aborto clandestino. Son los que con el mismo argumento prohibieron durante varias décadas el uso de preservativos, en plena epidemia del sida. Son los mismos que dijeron que los negros podían esclavizarse porque no tenían alma y se tomaron casi un milenio para decidir que las mujeres sí la tenían. Esa barbarie medieval, sin embargo, convive con una poderosa organización capitalista que abarca desde la fábrica Fiat hasta “la fábrica de armas Pietro Beretta Ltda (tal vez la industria armamentística más poderosa del orbe) es controlada por Beretta Holding SpA, y que es el accionista mayoritario después de Gussalli Ugo Beretta, y el IOR (Instituto para las Obras de Religión). Esta información, conocida en 2017, fue desmentida por el Vaticano. Sin embargo, recién en julio de 2022, el Vaticano anunció que impulsará una política de inversiones “éticas y sostenibles”, que prevé el cierre de cuentas en el extranjero y la prohibición de invertir en los sectores de armas y de defensa. LEER MÁS: Algo huele mal en el Vaticano: corrupción y crisis en la Santa Sede Por El Be, 29/11/2022. Comité eclesiástico revela más de 300 mil abusos pedófilos en Francia Por Emiliano Monge, 06/10/2021. Una docena de obispos argentinos, denunciados por encubrir violadores Por Olga Cristóbal, 16/06/2021.

A poco de cumplirse una semana del devastador temporal, un 30 % de la ciudad aún no ha recuperado la energía eléctrica. Según cifras oficiales, se derrumbaron más de 10 000 árboles sobre la vía pública, el tendido eléctrico y otro tanto sucedió con postes de cemento de media tensión. La empresa distribuidora EDES anunció la llegada de cuadrillas de la zona y contratación de subcontratistas pero desde las barriadas más humildes se denuncia que no están presentes y además se ve afectado el abastecimiento del agua. El otro grave aspecto del temporal es la situación de destrucción de viviendas en barriadas enteras de la periferia, en donde aún no llegaron las cuadrillas o siquiera la asistencia social del Municipio, como es el caso de Villa Bordeu, Spurr y Villa Talleres. Según el Municipio, gobernado por UxP, hay más de 10 mil familias en barrios vulnerables que fueron afectadas por el temporal y un total de 60 000 bahienses, ante lo cual el gobierno municipal anunció la construcción de “módulos básicos de 20 metros cuadrados, con 4 tirantes” (lanueva,21/12) –un cuartito provisorio-, que no llegan todavía al millar. El intendente Susbielles instó a las grandes firmas proveedoras de chapa del país a que prioricen el envío de productos a Bahía “por razones humanitarias”, siendo Techint el único proveedor en la Argentina. No hay ninguna chapa de Techint por el momento. El gobierno provincial envió 3 000 chapas, que ya fueron agotadas. Ante la falta de luz, se propagan los robos en las casas que debieron ser deshabitadas. Las colectas solidarias se han extendido por toda la ciudad, solicitando alimentos, colchones, velas y materiales de construcción. Política Obrera está organizando una en su local. Si no fuera por ellas, la situación seria aun peor y su propagación refleja al mismo tiempo la completa insuficiencia en la asistencia estatal. El Municipio ha abierto una “inscripción de voluntarios” cuando debería proceder a una contratación extraordinaria de personal para todas las tareas de asistencia, sin que esto se contraponga con acciones voluntarias. “No hay plata” El gobierno municipal informó que se requerirían para comenzar la reconstrucción de la ciudad unos $30 000 millones de pesos –el 75% del presupuesto municipal del 2023- de los cuales $10 000 fueron solicitados al gobierno nacional. En manos del Tesoro Nacional existen partidas de los fondos coparticipables de las provincias que son reservados para situaciones de emergencias, pero todavía no se ha confirmado transferencia alguna. Paola Ariente, subsecretaria de Hábitat, informó que la respuesta del gobierno nacional fue “no hay plata”. Alerta argentinos, no habrá plata aunque un temporal destruya una ciudad. En la legislatura bonaerense se acaba de aprobar un paquete de ayuda de 200 millones de pesos –un 0,6% de lo necesario. Susbielles, que viene de ocupar la presidencia del Consorcio de gestión del Puerto de la ciudad –el cual se encuentra operativo y presto a seguir exportando toneladas de cereales-, se despachó informando que las empresas multinacionales del Polo Petroquímico y el Puerto no habían hecho contribución financiera alguna hasta el momento y que, en caso de no obtener una respuesta en 24 hs, consideraría enviar un proyecto de tasa excepcional al Concejo Deliberante, en donde no tiene mayoría y le acaban de birlar la presidencia del organismo una alianza de JxC con libertarios. Al día siguiente, se informó de una “agenda de reuniones” entre el intendente y los pulpos de la cual se conocerán novedades recién la semana próxima. Mientras tanto, el Concejo Deliberante va a tratar un aumento de las tasas municipales, muchas de las cuales recaen sobre los trabajadores. No debiera dejar de mencionarse que las empresas de telefonía celular e internet han dejado sin cobertura a miles de familias, que están completamente incomunicadas. Ante la catástrofe que vivimos, queda en evidencia la completa incompatibilidad del régimen social capitalista, que prioriza el lucro privado por encima de las necesidades populares. Todo el gran capital de la ciudad debiera y sus ganancias debieran ser objeto de una tasa extraordinaria para disponer de los recursos extraordinarios que se necesitan. Una colecta organizada por Emanuel Ginobili probablemente sea el aporte más importante que se reciba. En las barriadas comienzan a realizarse asambleas y reuniones para exigir una asistencia integral e inmediata. Es el camino a desarrollar. LEER MÁS: Bahía Blanca: la catástrofe después del temporal Por Emiliano Fabris, 19/12/2023. No fue sólo el temporal Por Jacyn, 17/12/2023.

Miles de manifestantes de distintas agrupaciones sociales se movilizaron el miércoles pasado desde Casa de Gobierno provincial y se encolumnaron por Avenida Argentina para culminar con un acto en la multitrocha. La movilización comenzó a ganar las calles a partir de las 18 hs.. Se expresó a favor del derecho a protestar y en contra del protocolo antipiquetes lanzado esta semana por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Política Obrera Neuquén estuvo presente agitando nuestras consignas y piqueteando nuestro periódico. Nuestras posiciones tuvieron una buena recepción entre los manifestantes y vecinos que se encontraban sobre las veredas aplaudiendo y observando la marcha. LEER MÁS: 20 de diciembre: por aumento general del 100% de salarios, jubilaciones y asignaciones sociales Impulsemos autoconvocatorias, plenarios y coordinaciones de lucha. Apoyo incondicional a la lucha del pueblo palestino. Publicado en políticaobera.com el 17/12/2023.

Dentro del decretazo, Milei anunció medidas en relación al sistema de salud que implican un brutal ataque al acceso de la salud por parte de la clase obrera, como la eliminación de las restricciones de precios a la industria prepaga, la incorporación de las empresas de medicina prepaga al régimen de obras sociales y la implementación de precios diferenciales para los planes prestacionales según franjas etarias. Según estas medidas, por un lado, cada afiliado/a podrá decidir a qué empresa destinar la totalidad de sus aportes, sin pasar por una obra social. Hasta el momento, los usuarios y usuarias de las prepagas derivaban sus aportes a una obra social sindical, que se quedaba con un porcentaje antes de girar los fondos a la prepaga. De acuerdo al decreto, esa intermediación no existirá más. Esto coloca en un pie de igualdad a las empresas de medicina privada con las obras sociales. Actualmente, muchos trabajadores y trabajadoras derivan sus aportes a una obra social que tiene convenio con una prepaga, pagando, si así lo requiere, la diferencia entre el costo del plan y el aporte que se descuenta del salario. Lo que queda por verse es si las prepagas otorgarán la cobertura al trabajador y su grupo familiar con el aporte obligatorio o cobrarán algún adicional para alcanzar el costo del plan médico, o fijarán planes diferenciados, cubriendo como mínimo el Plan Médico Obligatorio. Todo indicaría que se impondrá el pago de un extra, además de los aportes derivados y el recorte de los planes para quienes no puedan pagar demás. A su vez, el DNU deroga el decreto 743/22 que había fijado por 18 meses un tope máximo el 90% del Índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) para el aumento de la cuota mensual de los afiliados que ganan hasta seis salarios mínimos (Clarín, 20/12), es decir libera el aumento de las cuotas de las prepagas. En relación a esto, Claudio Belocopitt, en entrevistas radiales, confirmó que los aumentos serian entre 40% y 50 %. Además, adelantó que se reuniría con los referentes de la Unión Argentina de Salud (UAS) para “definir prácticas para salir de una situación que es extremadamente alarmante de manera ordenada” (Página/12, 21/12). Afiliados y afiliadas a prepagas ya están recibiendo los mails que anuncian los aumentos. Las medidas anunciadas apuntan al arancelamiento de la salud y a su privatización. Puede ser que la medida impacte en una nueva reconfiguración del sistema de salud, por el cual afiliados de prepagas vuelvan a las obras sociales sindicales (que atraviesan un vaciamiento) o que se mantengan en planes más bajos. En ambos casos, para poder acceder a prestaciones que no cubran los planes, deberán abonar los copagos, algo que ya está instalado. La crisis de la salud se va a agravar a medida que avance la crisis sobre el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras porque los aportes van a ser cada vez menores. La recesión y el desempleo van dejando a trabajadores y trabajadoras fuera de cobertura. En este contexto el sistema de salud salud público, ya sobrecargado, deberá atender a más usuarios y usuarias que vayan quedando fuera del régimen de obras sociales y prepagas. Se impone en la agenda la necesidad de impartirle una derrota al decretazo antiobrero de Milei, derrota que no vendrá de la burocracia sindical, responsable del vaciamiento de las obras sociales y que busca analizar el DNU y darle tiempo al gobierno, si no de las autoconvocatorias, como las que se vienen realizando desde el 20 de diciembre. LEER MÁS: Qué signfica el gobierno por decreto y cómo debemos enfrentarlo En una situación explosiva. Por Jorge Altamira, 21/12/2023. Una contrarrevolución laboral con forma de decreto Por Marcelo Ramal, 21/12/2023.

Dentro del extenso DNU anunciado por Milei el 20 de diciembre, el TITULO XI está dedicado al sector Salud. Además de derogar el decreto 743/22 que establecía un tope máximo en el esquema de aumentos de la medicina prepaga, y de derogar la ley 27113 que declaraba de interés nacional a los laboratorios públicos dedicados a la investigación y producción de medicamentos, vacunas e insumos médicos, también incluye una serie de derogaciones y modificaciones que afectan el ejercicio de la profesión farmacéutica. Algunos de esos cambios priorizan las ganancias comerciales de determinados grupos económicos en detrimento de la salud de los pacientes. Mercantilizan la salud, desvalorizando el rol del farmacéutico. El artículo 313 del DNU lo deja bien en claro. los medicamentos de venta libre, que luego de una gran lucha se había logrado que se quitaran de las “góndolas autoservicio” para pasar a ser entregados con asesoramiento profesional en mano en mostrador, pasan a venderse por fuera del canal farmacéutico. Supermercados, kioscos, vendedores ambulantes, Mercado Libre, por ejemplo; podrá comercializarlos cualquiera sin formación, en forma legal, sin control sobre las condiciones de almacenamiento adecuadas (luz, temperatura, humedad) que pueden afectar la calidad del producto; lugares donde se fraccionan los blisters por unidad, perdiéndose la trazabilidad del lote y su fecha de vencimiento. Ahora esa exposición al riesgo de la salud pasa a ser legalizada por el propio Estado, sólo quedando bajo dispensa exclusivamente en farmacias los medicamentos que requieren receta médica, a pesar de que un medicamento de venta libre incorrectamente utilizado puede ser letal o generar efectos adversos graves. La clínica del Dr. Cureta El decreto también habilita que las farmacias puedan constituirse ahora mediante cualquier figura jurídica permitida por la legislación vigente. Además, ya no prohíbe la instalación de otros rubros junto con las farmacias, como las ópticas, y hasta permitiría tener dentro de la farmacia o anexados a la misma, nada más y nada menos que consultorios médicos u odontológicos. La ley 17.565 (ley que regula el ejercicio de la profesión farmacéutica) buscaba proteger la salud de los pacientes de actos antiéticos, para que la persona reciba el tratamiento más conveniente a su caso, y no el más rentable. Pero no solo se habilitó el combo “consultorio-farmacia”, contratando o asociándose a otros profesionales, sino que se liberaron los títulos. Cuando un profesional tenía más de un título, y era además de farmacéutico, médico, odontólogo o bioquímico, no podía ejercer en simultáneo ambas profesiones por cuestiones éticas. Ahora, puede ejercer al mismo tiempo todas ellas. El mismo profesional que te receta el medicamento, luego te lo vende. Poliempleo a la carta para las grandes cadenas Hasta ahora, los farmacéuticos directores técnicos, debían bloquear el título en una sola farmacia. Es decir, solo podían ser directores técnicos en un único establecimiento y por eso se les paga un plus, el ítem “bloqueo de título” . El artículo 320 del decreto permite ahora ser director técnico en varias farmacias al mismo tiempo y no pone ningún tope máximo de direcciones técnicas ni de carga horaria total por persona. En esos casos, el empleador se ahorraría de pagar el bloqueo del título, que es un porcentaje importante del sueldo. Si no hay un tope máximo de direcciones técnicas para un mismo profesional, es muy probable que tengamos farmacéuticos “fantasmas” que figuran nombrados en los papeles (requisito indispensable para habilitar una farmacia) pero que no están presencialmente en su lugar de trabajo. Incluso derogaron el artículo que obligaba a nombrar un DT interino si el DT oficial se ausentaba por más de 24 horas, por ejemplo, por enfermedad (artículo 27, ley 17565). Y agregaron la posibilidad de que, en ausencia del director técnico y del farmacéutico auxiliar, ahora los asistentes de ventas puedan también dispensar medicamentos de venta bajo receta si el DT los autoriza, cuando antes -en ausencia de los farmacéuticos- solo podían dispensar medicamentos de venta libre, accesorios y suplementos dietarios. La no presencialidad del profesional por figurar en varios establecimientos en simultáneo, reemplazando la atención en mostrador por asistentes sin posibilidad de consultar con el profesional, pone en riesgo la salud de la población para ahorrarle dinero a las patronales. Un farmacéutico sin bloqueo de título es más barato que uno con bloqueo. Y un asistente de ventas obviamente cobra mucho menos por no tener título universitario habilitante. Pero, sobre todo, está pensado por otro motivo: la lucha de las grandes cadenas que desean aterrizar en la codiciada provincia de Buenos Aires. Hasta ahora, las sociedades anónimas tienen vedado su acceso a provincia. Pero si se les permitiera acceder, la demanda de boticarios superaría con creces la oferta de profesionales: por lo tanto, la habilitación a ser director técnico en más de una farmacia serviría para tapar ese déficit y permitir una invasión de sucursales, ya que sigue siendo requisito contratar un director técnico para habilitar una farmacia. Estos cambios son importantes para los grandes pulpos capitalistas que quieren instalarse en provincia, como Farmacity, una empresa casualmente afin al macrismo, el sector de ´la casta´ más beneficiado por los libertarios. Este DNU pone en riesgo la salud de la población. Facilita la incorporación de medicamentos truchos o adulterados cuando se sale por fuera del canal farmacéutico. La venta de medicamentos en kioskos, estaciones de servicio, etc, no es una novedad: en la década ´neoliberal´ de los 90, Domingo Cavallo hizo lo mismo mediante un decreto. Ya lo vivimos –y ya sabemos que el resultado fue tan malo que hubo que dar marcha atrás-. Solo beneficiaba a los fabricantes de los medicamentos pero no disminuía los costos para el público. Al quitar ahora el financiamiento a la producción pública de fármacos, tampoco se va a lograr el acceso a medicamentos más económicos. La producción pública de fármacos también es importante para producir medicamentos menos rentables que los privados deciden dejar de fabricar pero que son necesarios para ciertos pacientes. Salvo la prescripción de las recetas por nombre genérico, que ya existía de antes, solo que ahora ya no se acompaña de marca sugerida optativamente, y la modernización mediante sistemas de recetas digitales y electrónicas, desde un punto de vista general representa un gran retroceso en cuestiones sanitarias. Este DNU atenta contra la salud de la población, contra la profesión farmacéutica y contra un modelo de farmacia profesional transformándola en farmacias shopping. LEER MÁS: Salud: la ley Belocopitt Por Daniela Magoc, 22/12/2023. Qué signfica el gobierno por decreto y cómo debemos enfrentarlo En una situación explosiva. Por Jorge Altamira, 21/12/2023. Una contrarrevolución laboral con forma de decreto Por Marcelo Ramal, 21/12/2023.

El día 21 de diciembre tuvo lugar frente a Patio Olmos el primer cacerolazo en Córdoba contra el DNU del gobierno nacional. La concurrencia fue masiva: según el diario La Voz participaron 3.000 personas, pero teniendo en cuenta que se llenó la explanada de Patio Olmos y se ocupó la calle, sin duda fue un número mayor. A medida que fue aumentando la concurrencia, empezó a llegar la policía de Córdoba, y comenzó a reprimir a los manifestantes. La represión dejó varios heridos y al menos cinco detenidos. Luego de la represión y las detenciones una columna de autoconvocados se dirigió a Tribunales II para exigir su inmediata liberación. El gobierno de Llaryora viene preparando la escalada represiva desde comienzos de 2023, con aumento de presupuestos para el aparato represivo y la dotación de pistolas taser y armas largas ´no letales´, siendo pionero en la criminalización de la protesta como es el caso de los 27 estudiantes procesados desde 2018 y las recientes causas abiertas contra referentes de organizaciones sociales y gremiales. En un cuadro de grandes movilizaciones autoconvocadas en todo el país, hay que enfrentar la represión con la organización de todos los sectores de la clase obrera. Desde la Juventud de Política Obrera exigimos la libertad de los detenidos del cacerolazo. Basta de presos por luchar. Invitamos a la asamblea abierta que va a tener lugar el viernes 22, a las 17hs, en la plaza Intendencia. LEER MÁS: Cacerolazo en Córdoba: Masiva concurrencia respondida con represión y detenidos Publicado en la cuenta de Instagram de la Juventud de Política Obrera de Córdoba, 21/12/2023.

Pablo Sulic y Marina Laguna han sido separados de sus cargos a raíz de denuncias que alegan ‘acoso laboral’ y otros motivos. La denunciante, Silvina Añez, es quien en su momento ocupó el rol de rectora de la misma escuela y hoy ejerce la docencia. Otro caso tuvo lugar este año mediante la misma metodología con la misma persona denunciando a Daniel Tinte, otro docente de trayectoria en la institución –alegando violencia de género– . Bajo un cuadro similar al actual fue expulsado para luego, finalmente, ser sobreseído en la causa. No obstante, la Dirección General de Educación Superior no le permite su retorno a las aulas. Mientras tanto, aun existiendo un fallo judicial a su favor, Tinte se halla completamente excluido del establecimiento. Persecución política Los tres profesores han sido referentes del movimiento docente-estudiantil de la Escuela tomando siempre la posta ante los diversos agravios perpetrados por el Estado provincial, por intermedio de camarillas encabezadas por rectores al seno de la institución educativa cuyas políticas de gestión han estado caracterizadas por ser persecutorias y arbitrarias en todo sentido: exigencias del pago de "la cooperadora" a estudiantes o no se los inscribía, designaciones a dedo de profesores afines a la camarilla rectoral de turno y expulsivos cambios de horarios de comisiones de cursada impuestos de forma repentina al estudiantado, entre otros agravios, signaron tales gestiones. Sulic, Laguna y Tinte han estado a la cabeza del combate contra las intentonas de los rectores Mevoras y Añez viabilizando a partir de asambleas autoconvocadas un Consejo Directivo compuesto por estudiantes y docentes –incorporando incluso al TAP (Trayecto Artístico Profesional), la carrera que la DGES quería excluir bajo el pretexto de que no califica como Educación Formal– y hasta una Comisión de Hacienda que ponía en manos de la comunidad educativa el control de las finanzas de la Escuela: todo lo absolutamente contrario a la política persecutoria, y en toda la línea arbitraria, promovida por los mencionados rectores. Las denuncias han tenido lugar, a modo de represalias, al fragor de la lucha del movimiento docente-estudiantil por la defensa de su Escuela. Dichas denuncias poseen, en simultáneo, un carácter punitivista (en tanto son falsas) y persecutorio (en tanto los referentes son excluidos de la institución educativa). Los afectados son la cabeza del movimiento. Ante esto, los estudiantes agraviados, así como manifestaron su desacuerdo en torno a la situación de Tinte, y como en anteriores años lo hicieron contra los rectores, se nuclearon en la institución para empapelar todo su frente con carteles y replicar su desacuerdo con consignas de solidaridad con la docencia y de repudio a las causas armadas en su contra. Esto fue hecho en el marco de la convocatoria asamblearia de la lista MUSA, nueva dirección electa del centro de estudiantes. La única resolución de ellos que se conoce es un comunicado público de rechazo a la expulsión de Laguna y Sulic exponiendo la ilegalidad de su carácter y la toma de medidas formales para que los estudiantes en calidad de libres perjudicados puedan rendir sus materias con profesores suplentes que los evalúen acorde a los criterios de los docentes hoy separados. La DGES, una instancia judicial paralela Queda claro que la DGES se ha constituido como una instancia judicial paralela que impide el retorno de un docente sobreseído en sede judicial; y avanza asimismo ahora contra otros dos miembros del plantel profesoral. A la vez, dicho órgano actualmente promueve un ‘’Acuerdo de convivencia’’ entre direcciones estudiantiles y autoridades donde ‘’cada uno acate qué hacer y qué no’’. Son, ambas, piezas complementarias de un mismo mecanismo censor y persecutorio, cuyo propósito es descabezar al movimiento de docentes y estudiantes forjado al calor de las luchas. Por autoconvocatorias en la EDM: la continuidad de los métodos históricos, de las asambleas que nos han permitido pasar a la ofensiva en pro de todas nuestras conquistas hasta aquí es vital. La victoria de la reincorporación de Sulic, Laguna y Tinte, en esa sintonía, es un primer paso para derrotar este modus operandi de aislamiento de los luchadores. LEER MÁS: Salta: la privatización en la escuela de música José Lo Giudice Por Miguel García, 14/10/2023. Salta: los estudiantes de la Escuela de Música enfrentan la avanzada antieducativa del gobernador Sáenz Por Miguel García, 22/11/2022.

La Procuración General de la Nación reconoció a la ONG cordobesa Portal de Belén y a un grupo que encabeza la actual ministra de Educación salteña, María Cristina Fiore Viñuales, la capacidad para cuestionar ante la Justicia la constitucionalidad de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Tanto el Portal de Belén como Fiore Viñuales dicen actuar “en representación de fetos” (sic). O sea, apelan a la imposible voz de un conjunto de células para avasallar el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo. No es casual que apelen a la “palabra de los fetos”: arrogarse la defensa de los fetos ha sido una vía efectiva para controlar los úteros de las mujeres. Los amparos presentados por el Portal de Belén y Fiore Viñuales afirman que la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo “produce una gravísima violación a los derechos fundamentales de la persona concebida”. Lo mismo hicieron otro medio centenar de ONG e individuos desde la aprobación de la IVE, pero a todos (menos estos) se les desconoció la capacidad de litigar. Este fallo sienta el precedente de que cualquier particular puede litigar para exigir la inconstitucionalidad de una ley, aunque no esté afectado concretamente. El fallo de la Procuración ocurre a días de que Rodolfo Barra, un antisemita del Opus Dei, asumió como procurador General de la Nación. La situación es escandalosa no solo porque Barra es un reconocido enemigo del derecho a decidir de las mujeres -intentó incluir una prohibición explícita del aborto en la Constitución del 94- sino porque es el abogado de la causa que encabeza Fiore Viñuales. A la vez, como procurador, es el jefe de los fiscales que deberían defender los intereses del Estado ante cualquier demanda. La abogada feminista Soledad Deza planteó la nulidad por semejante conflicto de intereses y denunció que “este dictamen, donde Barra es patrocinante y a la vez jefe de abogados del Estado, es una prueba de la subordinación de la Procuración General a los clientes del Procurador del Tesoro”. Deza pide la nulidad de todo lo actuado porque no existe una víctima - ¿los fetos?- que alegue que fue afectada por un aborto. “La judicialización conservadora tiene ese objetivo porque sabe que quien controla la vida del feto, controla también nuestras vidas”, objetó. Portal de Belén es una ONG clerical que viene litigando desde hace más de dos décadas contra las conquistas del movimiento de mujeres y de los grupos de la disidencia sexual. Intentó prohibir la distribución gratuita de anticonceptivos, el DIU y la venta de la anticoncepción de emergencia (píldora del día después) y misoprostol, el acceso a la IVE. En 2012, el Portal de Belén logró que la Justicia cordobesa suspendiera por 7 años el protocolo de abortos no punibles con una cautelar que exigía que se examinara su constitucionalidad. Esto significó que niñas embarazadas fueron obligadas a ser madres o tuvieron que ser sacadas subrepticiamente de la provincia para impedirlo. El embate de la Procuración forma parte de la tónica general de un gobierno que ha prometido anular el derecho al aborto apenas pueda por boca del mismo Javier Milei, que ha infectado de militantes antiabortistas todos los estamentos vinculados a Desarrollo Social, Salud y Educación. Mario Russo, el actual ministro de Salud de la Nación, tuvo a su cargo el área de Salud en los municipios de San Miguel y Morón. Durante su gestión el personal sanitario en El Palomar tenía indicación de denunciar a quienes llegaban con sospecha de aborto. Pablo de la Torre, secretario de Desarrollo Social, fue responsable de Salud y de Infancia y Familia del partido de San Miguel, en la provincia de Buenos Aires. Se jacta de haber vetado cualquier aborto en el distrito, también conocido por la protección judicial y policial de abusadores y golpeadores. Y por su extendida red de prostíbulos. Finalmente, la secretaria de Educación quedó a cargo de Carlos Torrendell, un agente de la Pontificia Universidad Católica, enemigo confeso de la ESI, del derecho al aborto y de la educación laica. El ataque masivo del gobierno a los derechos de las y los trabajadores incluyen los ataques a los derechos del movimiento de mujeres, de las personas LGTB y de la juventud. Son política de Estado. Del mismo modo, la defensa del derecho al aborto, a la ESI, etc., en ningún caso debe ser sectorial sino estar incluida, ser parte, del programa de lucha de los movimientos autoconvocados. El movimiento de mujeres debe cerrar filas con los trabajadores.

Un artículo de la edición digital de Clarín del viernes 22, advierte que el DNU de Milei “establece condiciones laborales que quedan fuera de la ley de contrato de trabajo”. La opacidad del título del artículo no debe llamar a engaño: se trata, ni más ni menos, que de la sanción del contrato individual entre la patronal y el trabajador. La ley de contrato de trabajo es reemplazada por el Código Civil y Comercial. El asalariado, sin perder la condición de fuerza de trabajo para el capital, se convierte en un emisor de factura por contratos de obra o servicio. Es la figura del facturero, que ha venido creciendo en Argentina como parte de una precarización de facto del trabajo, bajo la mirada complaciente de “la famosa CGT”. En estos contratos individuales, la patronal queda eximida de los aportes a la salud y a la Seguridad Social. Significa otro golpe mortal al sistema previsional. El autor del artículo describe bien de qué se trata: “Por ejemplo, en el caso de los trabajadores en relación de dependencia para un único empleador donde se obliga a los empleados a facturar mensualmente para no emitir recibo de haberes y de este modo eludir el pago de aportes y contribuciones de la empresa a la seguridad social”. Hay algo más profundo todavía, como es la destrucción del colectivo obrero y de la negociación colectiva. Para imponer esto, en Chile fue necesaria una dictadura como la de Pinochet, que en Argentina debería entrar en vigencia por medio de un paquete a todo nada, envuelto en un Decreto de Necesidad y Urgencia. La atomización de la clase obrera es el corazón del proyecto enviado por el gobierno libertario. Por eso mismo, elimina la llamada “ultraactividad”, que es el convenio vigente que sirve de base para una nueva negociación paritaria. La burocracia sindical mira pasar estos proyectos sin otra reacción que un recurso de queja, el miércoles 27, ante los Tribunales. Con toda la importancia gigantesca de la entrega de humedales, la extranjerización de las tierras, la privatización del sistema salud y la liberación del precio de las prestaciones, la privatización masiva de empresas; el núcleo de la ofensiva capitalista es la atomización de la clase obrera, para quebrar a la única fuerza que puede derrotar este golpe de estado económico y poner fin a la explotación y superexplotación capitalista. Por importantes que sean los pronunciamientos legislativos contra un DNU que es, por otra parte, manifiestamente inconstitucional, incluso en el marco de una Constitución que habilita este atropello a la democracia, la tendencia política del momento es que sea sancionado, con modificaciones absolutamente menores. Para la camarilla pinochetista, una derrota en el Congreso podría implicar el fin del gobierno. Esta extorsión con la ‘gobernabilidad’ es suficiente para que el esperpento libertario siga adelante, sin que importen las intervenciones de legisladores o judiciales. Es por todo esto que la burocracia sindical se ha dado la línea de dar ‘la pelea’ en el Congreso y los Tribunales. La consolidación de un gobierno de DNUs significaría un cambio de régimen político. Habilitar este paso hunde en la angustia y el bochorno a los republicanos ‘que supimos conseguir’; significaría la ruptura de lazos con los trabajadores organizados. Los “planes de lucha” mentirosos darían paso en no mucho tiempo a las huelgas y piquetes de fábrica. La burguesía liberal (peronista y antiperonista) advierte el peligro que enfrenta el conjunto del régimen político. El paquetazo de NyU se encuentra acosado por desafíos más inmediatos –una inflación mensual del 30% y una tendencia a la hiperinflación-. Esta sólo puede ser sosegada con un mayor endeudamiento de carácter forzoso, por la incapacidad de financiar el déficit fiscal que ha trepado, bajo Milei, del 5 al 15 por ciento. Esto ocurre por la transformación de las Leliq en deuda del Tesoro y el pago de intereses que demanda. La deuda pública se ha duplicado como consecuencia de la devaluación, ya que está indexada al dólar. Milei, al cabo de algunas semanas, se verá obligado a reestructurar esta deuda y a entrar en un choque final con los bancos. Nuestra posición es que debemos impulsar una campaña de pronunciamientos por un aumento del ciento por ciento de salarios, jubilaciones y otros ingresos, y por el desconocimiento del DNU por todos los medios de acción directa. Sobre esta plataforma, impulsamos la formación de Coordinadoras Obreras, cuando es más claro que nunca que el activismo combativo e independiente debe proclamar abiertamente que es necesario construir una dirección de la clase obrera. Las crisis parlamentarias o en el ámbito judicial; las represiones y los repudios que genera; en suma, toda acción o evento que despierte la indignación de las masas, debe servir para impulsar acciones de lucha. La iniciativa histórica no se encuentra en manos del gobierno pinochetista ‘democrático’, ni de la burguesía en su conjunto, sino de las masas. Enfrentamos una crisis de política y dirección en la clase obrera. LEER MÁS: Una contrarrevolución laboral con forma de decreto Por Marcelo Ramal, 21/12/2023. Qué signfica el gobierno por decreto y cómo debemos enfrentarlo En una situación explosiva. Por Jorge Altamira, 21/12/2023. VER EL SIGUIENTE VIDEO: Editorial de Jorge Altamira sobre los DNU: Pinochetismo "democrático" Publicado en el canal de YouTube de Política Obrera.

A partir de la movilización del 20 de diciembre y los cacerolazos que continuaron en todo el país, en diferentes medios de comunicación surgió la pregunta: ¿Por qué no marchan los piqueteros que fueron parte del último gobierno? Es que el Movimiento Evita de Pérsico y Menéndez, la CCC de Alderete, la UTEP de Juan Grabois, decidieron no movilizar durante estas semanas. No solo no marcharon el 20, tampoco ninguna de estas organizaciones realizó actos propios en conmemoración del 19 y 20 de diciembre del 2001. Estos mismos movimientos sociales, que fueron parte del gobierno de Alberto Fernández, se mantuvieron firmes en sus cargos durante todo el cambio de mando en el Ejecutivo del día 10 de diciembre y después. En un sincericidio para el portal Infobae uno de los piqueteros y exfuncionario se explayó: “hace más de cuatro años que no hacemos un piquete ¿por qué lo vamos a hacer hoy?”. Para corregirse sumó “rechazamos el protocolo antipiquetes de Bullrich. El derecho a la protesta tiene rango constitucional”. La realidad es que los contactos e intercambios con los funcionarios del Ministerio de Capital Humano y los piqueteros K son diarios. En particular con la Secretaria de Niñez y Familia a cargo de Pablo de la Torre un antiabortista cercano a la Iglesia. Desde el triunviro piquetero respaldaron la decisión de no marchar como una postura orgánica, “actuamos, en general de manera orgánica y nuestra idea es esperar a que Milei envíe el paquete de reformas o leyes al Congreso y después decidir”. La mega devaluación del peso y la inflación del 1 % diario no los conmueve. Para las bases volcaron la versión de que aguardan la postura que tenga la CGT al respecto de la bola de decretos firmados por el presidente Javier Milei. Regimentación y protocolo Estas mismas organizaciones durante toda la semana estuvieron atentas a aclarar que no eran parte de la partida ni de actos ni de concentraciones callejeras de ningún tipo. Pero que si había represión iban a prestar un asesoramiento legal a los reprimidos y detenidos, Juan Grabois conformó una ‘comisión veedora de derechos humanos’ para este fin. “Como personas comprometidas con el respeto irrestricto a los valores democráticos, sosteniendo una guardia de derechos e información”, en contraste sus bases pasaron los días en los barrios en el marco del trabajo bajo la economía popular. Bajo la excusa de “no caer en las provocaciones de Bullrich”, la decisión colocada es la de articular en la transición. Para algunos periodistas lo sugestivo de la situación es que ningún régimen de cooperativas ni de fondos hacia las mismas de parte del Ministerio es tocado en los 366 artículos del mega DNU firmado por Milei. Posterior al cacerolazo nacional, esta postura ante el protocolo fue ratificada por la CCC, CTA y organizaciones menores de la UTEP que se movilizaron por la vereda el día viernes; manteniéndose en lo pautado con la ministra de seguridad. La caminata por la vereda rodeó el ministerio ubicado en la esquina de Moreno y Avenida 9 de Julio. “La CCC expresa su enérgico repudio al decreto de necesidad y urgencia emitido por el presidente Javier Milei”, sostuvo Alderete. En la misma acción Alejandro Gramajo, nuevo secretario general de la UTEP, comentó que si bien había conmoción en la población aún seguían apostando a un dialogo con los funcionarios de Milei. Más allá de las cajas paralelas del ex Ministerio de Desarrollo Social, lo cierto es que en estos días de navidad y fin de año los almacenes de las organizaciones están vacíos. “Es una calamidad, por primera vez en 20 años no tenemos nada en esta fecha”, nos sinceró una de las referentes del Movimiento Evita en la Ciudad. A esto hay que sumarle que para los comedores, el circuito está cortado desde nación y las entregas se reanudarían en febrero-marzo y la poca asistencia que llega es desde municipios y gobernaciones. Los mismo pasa en el Polo (oficial) que llevó ollas vacías a la puerta del ministerio pidiendo una reunión con Sandra Pettovello. La presión a dar una respuesta es en momentos donde la canasta básica de alimentos se acerca a los $ 200 000 por familia, con alimentos que pasaron a tener una dinámica hiperinflacionaria como las carnes. En el ínterin la Policía de la Ciudad comienza su adaptación al protocolo antipiquetes mismo, conformando equipos especiales para la tarea y desde el gobierno de Milei anuncian que la factura por el costo del operativo del 20 de diciembre asciende a 60 millones de pesos y será pagada por las 14 organizaciones presentes. Estos costos se dispararían ya que tanto Nación como CABA monitorearán con cámaras de seguridad las 24 horas estaciones y esquinas claves. Entienden que las organizaciones dejarán de publicar sus citas con antelación, cuestión que obligará a que cuando se observen movimientos actúen con equipos preparados para desalojar los cortes. Es el “Comando Conjunto” que se hizo famoso por la presencia de Javier Milei durante la jornada del 20. LEER MÁS: La CGT ‘se moviliza’ El desgaste de las maniobras parlamentarias y tribunalicias. Por Jorge Altamira, 23/12/2023. Pinochetismo ‘democrático’ Abajo los paquetes de Milei-Caputo y de Milei-Sturzenegger. Por Jorge Altamira, 22/12/2023. Qué signfica el gobierno por decreto y cómo debemos enfrentarlo En una situación explosiva. Por Jorge Altamira, 21/12/2023. 20 de diciembre: nos movilizamos por el Argentinazo y contra la represión Por Jacyn, 20/12/2023. VER EL SIGUIENTE VIDEO: Editorial de Jorge Altamira sobre los DNU: Pinochetismo "democrático" Publicado en el canal de YouTube de Política Obrera, 22/12/2023.

Cuando aún no habían pasado unas decenas de horas del arribo a la presidencia de la Nación, el gobierno de Milei anunció una devaluación del 60% del peso, la decisión de desindexar jubilaciones, en primer lugar, y también los salarios. Para el propio ‘libertario’, las nuevas medidas, combinadas con una tendencia hipreinflacionaria precedente, habían llevado el aumento de los precios al 1 % diario. Ante este monumental zarpazo contra las condiciones de vida de las masas, la burocracia de la CGT se mostró impávida. Las direcciones sindicales lo mismo –se atuvieron a la dinámica de las negociaciones paritarias pautadas bajo el gobierno anterior-. Ninguna reclamó lo elemental, o sea un aumento del ciento por ciento de salarios y jubilaciones. Produjeron, a sabiendas, un enorme vacío de dirección en el movimiento obrero; la Asociación Bancaria anunció la obtención de un aumento del 40%, aunque a cuenta del convenio que debe discutirse en un par de semanas. La misma devaluación que desató la inflación del 1% diario para los trabajadores, fue un maná “del cielo” para el capital, que vio elevada la deuda del Tesoro con los bonistas en un 120 por ciento; sea porque está en dólares o porque se ajusta al dólar. Las acciones de las compañías radicadas en Argentina ‘vuelan’ en la Bolsa. Dos pesos, dos medidas –unas para el capital, otras para la fuerza de trabajo-. La necesidad del ‘ajuste fiscal’ que el gobierno ‘libertario’ ha anunciado como su meta histórica creció relativamente en la misma proporción, al elevar en forma drástica los intereses que forman parte del gasto fiscal. Además, con la transferencia de la deuda del Banco Central con los bancos a deuda del Tesoro con esos mismos bancos, el déficit fiscal potencial ha alcanzado el 15% del PBI, aproximadamente 70 mil millones de dólares. Este déficit no lo pagarán las prepagas, ni la Corporación América, Techint o Farmacity, sino los trabajadores. La CGT y la burocracia sindical “ni mu”. El anuncio del megadecreto de necesidad y urgencia tuvo sobre la burocracia un efecto contradictorio. Por una parte, la despabiló, por la otra, le sirvió para deshacerse de la agenda del aumento de salarios y jubilaciones del ciento por ciento, como marca la inflación oficial. Los observadores políticos y sindicales, ¡y no sólo ellos¡, han descuidado esta perversidad. El DNU ‘libertario’ se parece como dos gotas de agua a la política impuesta por la dictadura de Pinochet en Chile. Es pinochetismo al palo. Hace cincuenta años, los ‘libertarios’ de todo el mundo fogonearon el golpe de Pinochet y formaron parte de su gobierno. El DNU aniquila el derecho laboral, y por lo tanto los convenios colectivos de trabajo; anula el derecho de huelga; toma por asalto las Obras Sociales. Por medio de “un protocolo” anula el derecho de manifestación y establece un estado policial. Da piedra libre al aumento de tarifas de salud y de los alquileres. Cualquier imbécil se da cuenta que estas medidas, en plena disolución del valor de la moneda, no es más que una confiscación ‘a cielo abierto’. La CGT ha reaccionado a este paquete criminal, en especial porque incluye el arrebato del monopolio de la burocracia sindical de las Obras Sociales –una de sus ‘cajas’-. La ‘reacción’ consiste en una concentración frente a Tribunales, para apelar la constitucionalidad del DNU. Tendrá lugar en horas de trabajo, sin la declaración de una huelga parcial. Es una movilización del personal del aparato sindical. El objetivo es frenar el DNU, para que los proyectos de leyes y de derogación de leyes de este paquete se traten en un trámite legislativo corriente. La misma propuesta, pero efectuada por el bloque de la UCR y otros, deja ver otra hilacha, pues según los diarios, esa ‘oposición’ podría dar el visto bueno a los DNU, si el gobierno se compromete a que enseguida sean tratados como proyectos por separado. En simples palabras, la oposición de la UCR y centristas está buscando un pretexto, incluso inviable como procedimiento, para que la bicameral que trata los DNU los apruebe. En este esquema, esa comisión, cuyos miembros aún no han sido aun elegidos, se repartirían entre una mayoría dispuesta a dar aprobación al paquete pinochetista. La burocracia de la CGT ha hecho de los Tribunales y del Legislativo el campo de su acción; el lanzamiento de un paro –por supuesto que aislado– podría poner fin a las negociaciones en torno a la bicameral. Pero incluso si esta aprobara los DNU, el kirchnerismo y la burocracia cegetista insistirán en atacar las disposiciones del paquete de Milei en sede legislativa. Tienen la mirada puesta en las elecciones de 2025, para dar vuelta la derrota electoral reciente. La UCR y los bloques de centro, por su lado, no hacen más que repetir que apoyan el “contenido” del DNU, pero no su sanción por decreto. En última instancia, sacrificarían el ‘procedimiento’ para hacer valer la sustancia. La política de la CGT lleva al movimiento obrero, con toda conciencia, a una vía muerta. Incluso un paro aislado en las vacaciones podría pasar sin mayores consecuencias y servir para colgar botines hasta el otoño. El apoyo político a la movilización tribunalesca de la burocracia comprometería a quienes lo patrocinen. El desarrollo del pinochetismo en un cuadro democrático constituye una fuerte contradicción política. Es lo que advierte una mayoría abrumadora de constitucionalistas – sería cruzar el río hacia un cambio de régimen y la destrucción de los amortiguadores de la lucha de clases. Incluso el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha advertido al gobierno contra esta posibilidad. La embajada de Estados Unidos se encuentra operando activamente para que el gobierno no sea desautorizado por el Congreso, ni que el Congreso precipite una crisis de fondo del gobierno. Es indudable que Argentina atraviesa una situación excepcional que la clase obrera o incluso sus elementos más avanzados no alcanzan a discernir. Existe una tendencia a caracterizar el momento político con una mirada puesta en el retrovisor. En esta situación excepcional es necesario desarrollar las fuerzas elementales de la clase ante el crecimiento de la miseria social, y dejar de lado a los aparatos como pretendidos factores de movilización. Nuestro planteo es impulsar, por medio de la agitación y la organización, un conjunto de reivindicaciones transicionales. Aumento del 100 % de salarios y jubilaciones; ajuste quincenal; asambleas generales en los lugares de trabajo; defensa del derecho de huelga y manifestación y organización de piquetes contra la represión; desarrollo de Coordinadoras Obreras en la perspectiva de una huelga general; Abajo el gobierno pinochetista, por un gobierno de trabajadores. LEER MÁS: El triunvirato vaticano no saca los pies del plato Por Leonardo Perna, 23/12/2023. Pinochetismo ‘democrático’ Abajo los paquetes de Milei-Caputo y de Milei-Sturzenegger. Por Jorge Altamira, 22/12/2023. Qué signfica el gobierno por decreto y cómo debemos enfrentarlo En una situación explosiva. Por Jorge Altamira, 21/12/2023. VER EL SIGUIENTE VIDEO: Editorial de Jorge Altamira sobre los DNU: Pinochetismo "democrático" Publicado en el canal de YouTube de Política Obrera, 22/12/2023.

El barrio de Villa Bordeu de Bahía Blanca fue uno de los más afectados por el temporal del pasado sábado. A 6 días de lo ocurrido, siguen los postes de luz tirados en la calle y no hay ningún tipo de asistencia sanitaria ni alimentaria por parte de la municipalidad. Son los vecinos que con alguna motosierra o hachas están sacando los árboles que están sobre las casas o tumbados en las calles. La municipalidad no habilitó ningún centro de refugiados en el barrio. El más próximo era el club Olimpo a 8 kilómetros de distancia. El servicio de luz no se ha reestablecido y el agua en algunos sectores no llega. Los vecinos totalmente aislados del resto de la ciudad no pueden resolver lo más inmediato de la comida del día a día. Los precios han aumentado a valores prohibitivos: una bolsa de hielo o un litro de aceite cuestan $ 4.000. También el aislamiento pasa por las comunicaciones, no solo porque no hay energía para cargar los celulares, sino también los datos móviles perdieron la señal. Organización A los pocos días del temporal, militantes de Política Obrera recorrimos las barriadas periféricas para intercambiar sobre los efectos devastadores del temporal. Recibimos donaciones en nuestro local que entregamos con compañeros del Polo Obrero Tendencia. El jueves convocamos una reunión en el local del Polo Obrero Tendencia de Bordeu, luego de una recorrida el día anterior por las casas (o lo que queda de ellas) de los compañeros para intercambiar sobre esta situación. En la asamblea se acercaron alrededor de 15 vecinos, algunos en representación de toda la familia que se encontraban trabajando para despejar de ramas y árboles las casas. Luego de una breve introducción sobre la catástrofe social a la cual nos está llevando el gobierno, muchos compañeros expusieron lo más inmediato a resolver sobre la crisis que vive el barrio. Un punto en común de todas las intervenciones era el brutal abandono que hizo el estado en ese barrio, por supuesto desde antes del temporal y ahora también. Se debatió conformar un “comité de crisis” conformado por los trabajadores del barrio. Dada la gravedad de la situación se votó movilizarnos al municipio al día siguiente y convocar una asamblea barrial para el día martes 26 a las 17 hs. para debatir cómo seguimos. Movilización El viernes 22 se hicieron presentes en el municipio vecinos de Villa Bordeu acompañados por militantes de Política Obrera. Fuimos recibidos por Romina Pires, responsable de Políticas Sociales del nuevo gabinete de Federico Susbielles de UxP. Dijo no estar al tanto de la situación en Bordeu ya que “no habían recibido ningún WhatsApp”. El Municipio habilitó una página web para denunciar problemas en los barrios, cuando el 30% de ellos todavía no tiene luz ni internet. Con sus propias palabras ya puso de manifiesto que ni siquiera habían monitoreado la zona. Los vecinos plantearon las situaciones críticas que vive el barrio dejando en claro que el temporal se sumaba al estado de abandono total precedente. Se logró, gracias a la organización y movilización de los vecinos, un camión con mercadería, algunas garrafas, un camión cisterna con agua y la ampliación del horario de atención de la delegación municipal en el barrio. También se comprometieron con algunos “kits de reconstrucción” (4 tirantes, 5 chapas y clavos) para algunas familias, lo cual está muy lejos de las necesidades habitacionales que dejó el vendaval. Para varios vecinos fue una primera instancia de organización, apuntamos a masificar la asamblea vecinal del martes 26 a las 17 horas. para sacar un balance de lo actuado y debatir nuevas medidas. LEER MÁS: Bahía Blanca: por la asistencia inmediata integral para todas las familias afectadas Por Emiliano Fabris, 22/12/2023.

Convocada por distintas seccionales de ATE-CONICET (Córdoba, Bariloche, Posadas, Saavedra15 – en CABA-, Facultades de Exactas y Filo (UBA), así como delegados de Jujuy, La Plata y Corrientes-, el jueves 21/12 se realizó una asamblea nacional de trabajadores y trabajadoras del CONICET. Cerca de 200 compañeros/as de distintos puntos del país nos dimos cita virtual para compartir experiencias de lucha y organización de los distintos lugares de trabajo y resolver acciones frente al ataque del gobierno a los trabajadores de Ciencia y Técnica. La asamblea fijó como perspectiva principal de sus resoluciones la necesidad de una huelga general contra el DNU de Milei y el protocolo represivo de Bullrich. También resolvió la exigencia de la reapertura de las paritarias estatales y un ajuste salarial que supere la inflación, rechazo a las amenazas de despidos y el ajuste sobre el Estado, una exigencia a ATE y UPCN de un paro y plan de lucha por la reapertura de paritarias y contra los despidos, aguinaldo para becarios, efectivización de los ingresos 2022/2023 a carrera (pase a planta de investigadores), continuidad de los contratos para trabajadores administrativos que vencen a fin de año. Como medidas de acción, resolvió la participación en la Jornada de Lucha de ATE Nacional del 22/12 y evaluar la realización de una Jornada Nacional de Lucha de CONICET para la última semana de diciembre o la primera de enero por estos reclamos. En lo organizativo, convoca a organizarse por regionales/provincias para coordinar acciones con las regionales de ATE-CONICET convocantes de la asamblea, así como coordinar acciones con sectores estatales en lucha, docentes de todos los niveles y otros organismos de Ciencia y Técnica. El hecho de que la asamblea no fuera convocada por ATE-CONICET, sino por algunas de sus seccionales y delegados de distintos puntos del país expresa el nivel de parálisis de las direcciones de ATE. Por otra parte, el nivel de concurrencia y de intervenciones reflejan una disposición a enfrentar el golpe económico en Ciencia y Técnica. El desafío del sector más activo de los trabajadores de Ciencia y Técnica será impulsar y coordinar una lucha a nivel nacional, que ninguna dirección sindical hará. Debemos aprovechar el impulso de esta asamblea como primer paso en esa dirección: con convocatorias a partir de las seccionales en lucha y con autoconvocatorias por un aumento de emergencia de 120% (acorde a la devaluación del peso impulsada por Caputo), un ajuste quincenal de salarios y becas, no inferior a la inflación en curso, defensa del carácter exclusivo de las becas, que nos permita a los becarios vivir de nuestro trabajo como investigadores. LEER MÁS: CONICET: Asamblea Nacional de Becarixs votó medidas de lucha ATE levanta la movilización de manera inconsulta. Por Agustina Martelli, 30/11/2023. El CONICET, en la mira Por Federico Fernández, 28/11/2023.

En una declaración de estos días, el Sindicato de Aceiteros del Departamento de San Lorenzo y la Federación de Aceiteros denuncian en forma minuciosa que la “reforma laboral” inserta en el mega DNU 70 del gobierno de Milei destruye, en el conjunto y en el detalle, el Derecho Laboral vigente en Argentina, con independencia de todas sus limitaciones. El texto advierte que el decreto “amplía la calificación de servicios esenciales, incorporando supuestas 'actividades trascendentales', entre las que podría encontrarse la aceitera y la desmontadora de algodón, como modo de impedir o dificultar el ejercicio del derecho de huelga”. El DNU en cuestión, efectivamente, limita al extremo el derecho de huelga en la Salud, la Educación, el Transporte, las actividades estatales. En esas ramas, los sindicatos que declaren una huelga deberán asegurar el funcionamiento del servicio en un 70 a un 90 % de la actividad. Ocurre, sin embargo, que el mismo Milei ha anunciado que en los próximos DNU tiene la intención de establecer “la prohibición a la prohibición de las exportaciones”, lo que no se refiere solamente a la aplicación de normas que aseguren el abastecimiento del mercado interno, como ha ocurrido tradicionalmente con el trigo o el maíz, en forma errática con la carne y en algunas ocasiones con el petróleo –en este caso mediante el “barril criollo”, que diferenciaba el precio interno del correspondiente a exportación-. El propósito de los ‘libertarios’ es establecer una economía dolarizada con salarios y jubilaciones pesificados. En este caso, Milei ya adelantó que derogaría la indexación por inflación de unos y otras. La “prohibición de prohibir” apunta a algo diferente: la anulación del derecho de huelga en la industria de exportación. El caso típico es la soja y sus derivados –harina y aceite de soja-, los minerales, el petróleo, el litio y hasta los vinos y limones o el azúcar. Los sindicatos afectados serían, en primer lugar, los portuarios; le siguen los camioneros, recibidores de granos, petroleros y mineros, la industria automotriz o incluso la industria del pescado. Con la inclusión de estos rubros en la “esencialidad”, Argentina acompañaría a China y a Rusia en la represión generalizada del ejercicio de la huelga. La implicancia de esta derogación del derecho de huelga es decisiva en el desarrollo de la crisis que ha desatado el DNU. La burocracia de la CGT ha convocado a una manifestación de aparato para el miércoles próximo, con el propósito de frenar el DNU en los Tribunales y ejercer una presión para que el decreto sea vetado por la comisión bicameral en el Congreso. Lo que tiene a maltraer a la burocracia cegetista es el golpe que recibe por la libertad que el decreto otorga para abandonar las Obras Sociales y el traslado a la medicina privada. Es su punto de negociación. Con esta política no parará el DNU, que entra en vigencia el jueves que viene por simple transcurso del tiempo. Las prepagas han enviado en la Nochebuena las nuevas tarifas a sus afiliados –con un 40 % de aumento– sin esperar la entrada en vigencia del decreto. Una huelga hasta la derogación del DNU hubiera sido un golpe definitivo al DNU, no el paseo de verano al mediodía a Plaza Lavalle. Los sindicatos de la industria de exportación –estratégicos si los hay– deberían asumir su propia responsabilidad. Esto significa establecer un frente común, declararse en estado de asamblea permanente y declarar una huelga contra este DNU y los que se vienen. En distritos como el Noroeste debería establecerse un Comité Intersindical de Huelga de Mineros, Petroleros, Cítricos y Azucareros; en Córdoba, un comité de los sindicatos y obreros de las terminales y autopartistas; en Neuquén y la Patagonia, de petroleros y mineros; en el conurbano de Rosario, de aceiteros, recibidores de granos y portuarios. Además de la derogación del DNU, hay un reclamo insoslayable: el aumento del ciento por ciento de salarios y jubilaciones. A la objeción de que todos los mencionados son sindicatos de la CGT, señalamos lo siguiente: una cosa son los “planes de lucha” mentirosos de la CGT –fundamentalmente de aparato– con sus “paros” aislados, otra cosa es el desarrollo de Intersindicales por regiones, más proclives a que las masas las vean como instrumento de acción. Más allá de esto, es imperativo el desarrollo de Coordinadoras Interfabriles, más cercanas a los trabajadores, para organizar también a los obreros no sindicalizados, no registrados y a los monotributistas y trabajadores de clase media. La lucha que enfrenta la clase obrera de Argentina no es la “Cuesta del Portezuelo: un pasito aquí, otro más allá/ y un camino largo que baja y se pierde”. Son necesarios pasos decisivos y de conjunto de organización y huelga. El gobierno de Milei es una tropa de asalto contra la clase obrera y sus instituciones. Es esencialmente débil para semejante empresa, lo que busca compensar mediante la complicidad de los partidos tradicionales y el Congreso, las mediaciones de la embajada norteamericana y la burocracia sindical. Esta burocracia no solamente avaló todos los desmanes del gobierno peronista K contra el mundo del trabajo, sino que abordó la crisis final de este gobierno –desde la derrota electoral de 2021– mediante una absoluta pasividad. Es, históricamente, la CGT de todas las derrotas. La nueva etapa debe ser encarada por medio de una revolución de los métodos y direcciones políticas. LEER MÁS: La CGT ‘se moviliza’ El desgaste de las maniobras parlamentarias y tribunalicias. Por Jorge Altamira, 23/12/2023. Pinochetismo ‘democrático’ Abajo los paquetes de Milei-Caputo y de Milei-Sturzenegger. Por Jorge Altamira, 22/12/2023. Una contrarrevolución laboral con forma de decreto Por Marcelo Ramal, 21/12/2023. La más brutal reforma laboral Por Política Obrera, 21/12/2023.

El corazón del “decreto de necesidad y urgencia” (DNU) anunciado por Milei es imponer una contrarrevolución laboral y otorgar beneficios sin precedentes a los lobbys capitalistas. Declara caducos los convenios por industria y deja librada su vigencia a la decisión del poder Ejecutivo. Amplía el período de prueba de 3 a 8 meses. Abole el pago de horas extras y legaliza la tercerización y el trabajo precario. Condiciona el derecho del trabajador a litigar en la Justicia contra los atropellos de la patronal. Liquida el derecho de huelga, al colocar al 90% de las actividades como “esenciales” o “trascendentes”. Proscribe las ocupaciones de fábricas, piquetes y asambleas en horario de trabajo. Milei establece un estatuto de trabajo pinochetista. La ministra Bullrich redactó un protocolo represivo contra el derecho a luchar y movilizarse. El DNU privatiza el sistema de salud y autoriza aumentos descomunales de tarifas. Mientras tanto, los ministros de Milei anuncian que van a derogar la indexación de las jubilaciones. Y la devaluación brutal de la moneda, con el aumento de la inflación, redujeron los salarios y jubilaciones en un 60 por ciento. El DNU infame, que deroga o impone leyes por medio de un decreto, entra en vigencia el jueves 28. La respuesta de la CGT y CTA es una marcha a Tribunales y la expectativa, sin fundamentos, de que lo frene el Congreso. La CGT se ha inventado una excusa para no luchar contra el decretazo. Los activistas y los luchadores debemos autoconvocar a los trabajadores en sus fábricas, reparticiones, hospitales. Huelgas hasta la derogación del DNU. Por un 100% DE AUMENTO DE SALARIOS, JUBILACIONES Y ASIGNACIONES SOCIALES. -Contra el protocolo represivo de Bullrich y la defensa de las libertades democráticas, formemos piquetes obreros. Las medidas de Milei no son el exabrupto de un loco, son la estrategia de una clase, la clase capitalista. Cuenta con el apoyo de la embajada norteamericana. Abajo el régimen de decreto de Milei. Por un gobierno de trabajadores. Impulsemos la organización de asambleas, autoconvocatorias y coordinadoras obreras, para preparar una HUELGA GENERAL por un 100% de aumento y hasta derrotar el DNU pinochetista. LEER MÁS: Milei impulsa la derogación del derecho de huelga en toda la industria de exportación Aceiteros, portuarios, petroleros, mineros, industria automotriz. Por Jorge Altamira, 25/12/2023. La CGT ‘se moviliza’ El desgaste de las maniobras parlamentarias y tribunalicias. Por Jorge Altamira, 23/12/2023. Pinochetismo ‘democrático’ Abajo los paquetes de Milei-Caputo y de Milei-Sturzenegger. Por Jorge Altamira, 22/12/2023. Una contrarrevolución laboral con forma de decreto Por Marcelo Ramal, 21/12/2023.

De Alemania a Estados Unidos, los esfuerzos gubernamentales por amordazar a artistas e intelectuales solidarios con Palestina fracasan estrepitosamente. Masha Gessen es una escritora ruso-norteamericana, que ganó el prestigioso Premio Hanna Arendt 2023 de pensamiento político. Lo define un jurado internacional independiente y se concede a quienes “no temen entrar en el ámbito público exponiendo su opinión en debates políticos controvertidos”. Lo entrega la Fundación Heinrich Böll, afiliada a Los Verdes. La ceremonia debía realizarse el 15 de diciembre, pero fue cancelada en represalia a un artículo que Gessen publicó en la revista New Yorker, titulado “A la sombra del Holocausto”. Allí afirma que Gaza es un gueto, pero “no como el gueto judío de Venecia o un gueto urbano de Estados Unidos, sino como un gueto judío de un país de Europa del Este ocupado por la Alemania nazi”. Gessen también criticó la prohibición del gobierno alemán al movimiento BDS (Boicot, Desinversión, Sanciones), que impulsa el boicot a Israel por la ocupación de territorio palestino. Desde 2019 cualquier persona relacionada con el BDS, aunque solo haya firmado alguno de sus manifiestos, es objeto de críticas y cancelaciones. De inmediato, la Sociedad Germano-Israelí de la Ciudad-Estado de Bremen pidió la cancelación del premio, las autoridades acataron y la Fundación Heinrich Böll postergó la ceremonia y calificó de “inaceptable” la comparación entre Gaza y un gueto judío. El hecho generó una fuerte controversia. Samantha Rose Hill, tal vez la más importante biógrafa de Arendt, señaló: “Si siguen su propia lógica, la Fundación Heinrich Böll debe cancelar por completo el premio Hannah Arendt”. En la misma línea, Gessen recordó que Arendt fue una de las primeras personas que criticó a Israel y la creación de un Estado judío en Palestina que excluía a la población árabe. Dijo que, a pesar de la polémica, "ni un solo periodista alemán” se había puesto en contacto con ella. Finalmente, el premio fue entregado en la sede berlinesa de la Heinrich Böll ante numeroso público y Gessen dobló la apuesta. Recordó que, en el Holocausto, “no todos los judíos fueron asesinados en las cámaras de gas, 1,3 millones murieron de hambre y enfermedades; y Human Rights Watch ha comprobado que Israel utiliza el hambre como arma en esta guerra; esto es un crimen de guerra”. Gessen aseguró que “el ejército israelí tiene órdenes de no hacer prisioneros y le dispara a gente desarmada que se rinde”, en alusión al fusilamiento de tres rehenes israelíes, desarmados y con bandera blanca. Gessen concluyó: “El intento de silenciarme fracasó y logró todo lo contrario” (La Vanguardia 20/12). Alemania censura y sanciona toda crítica al gobierno de Netanyahu o declaraciones a favor de los derechos humanos de los palestinos. Este caso se suma a la sanción en la Feria del Libro de Fráncfort a la escritora palestina Adania Shibli, al abucheo en la inauguración de la feria contra el filósofo esloveno Slavoj Zizek, que se limitó a deplorar “el sufrimiento de los civiles en Gaza”. Hace unas semanas, se canceló una muestra de la artista sudafricana de origen judío Candice Breitz por sus “polémicas declaraciones” sobre Gaza. En noviembre se canceló la entrega de un galardón a la escritora anglo-alemana Sharon Dodua Otoo. Del otro lado del océano, en la ciudad de Seattle, Estados Unidos, un multitudinario festival del rapero Macklemore se convirtió en un acto de apoyo a Palestina. Después de las primeras canciones, Macklemore anticipó en el micrófono: “Me dijeron que me callara. Me dijeron que investigara, que volviera atrás, que es demasiado complejo para decir algo, ¿verdad? ¡Ser silencioso en este momento! No sé lo suficiente. Pero sé lo suficiente como para decir que esto es un genocidio." "Gente inocente en Gaza está siendo asesinada con nuestros dólares, y estas preciosas vidas son una extensión de nosotros", agregó, y responsabilizó a Biden por “cargarle un genocidio al pueblo norteamericano”. Macklemore proclamó que todos tienen derecho al respeto, a la vida y a la paz, y añadió que no hay mayor protección para sus amigos judíos que pedir el alto el fuego en Gaza. El cantante de 'Thrift Shop' había expresado previamente su apoyo a los palestinos en Instagram, donde dijo que no podía "permanecer en silencio por más tiempo" y que estaba “apoyando a las personas de todo el mundo que piden un alto el fuego”. LEER MÁS: Asesinato de periodistas en Palestina: “Una masacre sin precedentes” Por Mauri Colón, 17/12/2023. Caza de brujas en Harvard Por Olga Cristóbal, 14/12/2023. La Feria de Frankfurt canceló un homenaje a una escritora palestina que denuncia la ocupación israelí Limpieza étnica por otros medios. Por Olga Cristóbal, 19/10/2023. La persecución política contra Roger Waters Qué hay detrás del muro. Por Mauri Colón, 13/06/2023.

Las discusiones en la COP 28 fueron divididas en tres grandes ejes: el problema de la transición energética y la emisión de gases de efecto invernadero cuyo principal -aunque no único- responsable es la quema de combustibles fósiles; el problema del aggiornamento de los sistemas económicos, sociales y ecológicos al cambio climático y el problema del financiamiento. En el discurso oficial, estas tres temáticas son abordadas como las cuestiones referidas a mitigación, adaptación y aplicación respectivamente. Aunque es cierto que el abordaje de las grandes problemáticas de la sociedad debe hacerse atendiendo a sus diferentes aspectos, la trampa de la separación de la crisis ambiental en estos “tres cajones” oculta a los interesados la unidad de la misma crisis, a saber, que la crisis ambiental responde a una lógica determinada de reproducción de la sociedad, la lógica capitalista. La separación del problema de la energía por un lado y el abordaje de la gestión y control de los recursos naturales y culturales de otro, no pueden ser entendidos en su totalidad si no se arroja luz acerca de la esencia depredadora de este régimen social. Al igual que el fracaso en los mal llamados “esfuerzos” para mantener los objetivos de temperatura por debajo de los 2° para las próximas décadas, las iniciativas en pos de “aumentar la capacidad de adaptación y resiliencia” son estériles en el marco de la creciente privatización de los recursos naturales. Diremos, además, que una dirección política mundial, como la que “debatió” en la COP, que hecha leña al fuego de la guerra y ha hecho, salvo pocas excepciones, mutis respecto de la masacre llevada a adelante por el ejercito sionista en Gaza, es incapaz de dirigir ninguna transformación positiva en el metabolismo entre la sociedad y la naturaleza. ¿Qué se discutió sobre la cuestión de la adaptación? Al igual que la fijación de objetivos para la mitigación (mantener la temperatura por debajo de los 2° para las próximas décadas) el acuerdo de París, en 2015, también fijo los objetivos para la adaptación: mejorar la capacidad de adaptación, reforzar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático. A estos lineamientos generales del Objetivo Mundial de Adaptación, la conferencia de este año ha venido a darles carácter más concreto, estableciendo las temáticas y la metodología de trabajo. En su balance final, la COP ha recomendado el abordaje de la cuestión del agua; el uso del suelo; la salud; los ecosistemas y la biodiversidad; la infraestructura urbana; la pobreza y el patrimonio cultural. Cómo lo que esta en discusión, en última instancia, es cuál es la manera más sustentable de gestionar los recursos naturales y culturales, es notable que no se ponga en discusión un aspecto estratégico de este metabolismo, el proceso industrial propiamente dicho. La omisión responde a que nos acerca al punto estratégico de la crisis ambiental. En la industria capitalista no solo se quema combustible fósil a gran escala, también se desechan miles de litros de químicos contaminantes que, por medio de la escorrentía, arruinan la calidad de las masas de agua dulce. Se consumen también vidas de trabajadores que quedan totalmente inutilizados luego de 10 o 15 años de labor expuestos a estos químicos y a ritmos extenuantes para el cuerpo y la psiquis. Mirada de conjunto, la industria capitalista es una gran derrochadora de recursos naturales porque en su gran parte, se dedica a la producción de mercancías con escasa o nula utilidad para el desarrollo del individuo y de la humanidad: es lo que sucede con la producción de bienes de lujo o armamento. Del derroche, que es la producción a gran escala de todo, surge su rentabilidad y no de la utilidad de las mercancías que produce. Respecto de la cuestión del agua y la utilización de los suelos, la COP 28, al igual que con la cuestión energética, ha sido el escenario de operaciones de grandes lobys como Bayer-monsanto, Cargill, el monopolio de aguas y saneamiento francés Veolia, Nestle o empresas de aguas norteamericanas. El balance exhorta a las partes a reducir la escasez de agua por medio de la eficientización de su uso. Como la industria es dejada afuera del problema, se entiende que esta eficientización se refiere al riego y el consumo doméstico. En su balance de principios de año sobre el agua, la ONU aconseja alianzas de los estados con privados para avanzar en esta eficientización, dada la escasez crónica del recurso. Es lo que ha aplicado en nuestros pagos Wado de Pedro, cuando estableció acuerdos de colaboración con la estatal israelí Mekorot, que ha expropiado al pueblo palestino sus recursos hídricos. Mekorot se autoproclama campeona en innovación tecnológica orientada al ahorro del agua en todos los procesos. La presencia de Veolia y otras empresas estadounidenses se entiende en este contexto. La eficiencia en la utilización del recurso es entendida como su privatización. En cuanto a la utilización de los suelos, la conferencia llamó a una producción, distribución y consumo de alimentos resilientes al clima. A emplear métodos sustentables para la producción de alimentos. La “agricultura sostenible” fue incluso motivo de una declaración impulsada fuertemente por Francia y firmada por 134 países, que comprometió a las partes a incluir dentro de los planes de adaptación el punto de la agricultura y los sistemas alimentarios. También llamo a la Organización Mundial del Comercio a incluir la cuestión climática entre sus preocupaciones para “fortalecer el sistema de comercio multilateral basado en reglas”. En su alocución de la reunión plenaria de alto nivel, Macron llamo a crear mecanismos comerciales de sanción a los alimentos cuya producción consume carbono en exceso. También propuso tasas de interés más bajas para productos verdes (bajos en carbono) y más altas para productos marrones (altos en carbono). El presidente francés no solo siente la presión de los pequeños productores franceses que compiten en desigualdad de condiciones con los granos de Ucrania, Brasil o Argentina, Francia tiene importantes desarrollos tecnológicos en la agricultura regenerativa (“sustentable”). Pero nada dice la carta de la catástrofe que atraviesan los grandes países productores de alimentos relacionada a la contaminación de aguas, aire, tierra y seres humanos por glifosato. Macron no solo ha ocultado lo que amenaza transformarse en una crisis sanitaria, Francia, recientemente, se abstuvo en el debate de la Comisión Europea que extendió la autorización del uso del glifosato en la Unión. Un punto que se ha anotado Bayer- Monsanto, que se dio el lujo de presentarse en el foro de “empresas y filantropía” de la COP. La inclusión de la cuestión de la agricultura y la alimentación, ha sido introducida para legitimar las barreras arancelarias que Europa pone a la importación de estos productos, y para promover las “tecnologías” de los monopolios del agro. Por último, pero no menos importante, el marco de los objetivos mundiales de adaptación ha incluido el punto de la salud. La COP 28 incluyó entre los temas a abordar por la CMNUCC la cuestión de la interacción entre el clima y la salud físico-psíquica de los seres humanos. El problema fue abordado desde la perspectiva de los “servicios”, llamando a las partes a reestructurarlos sobre la resiliencia al clima. Esto significa, preparar a los sistemas sanitarios y ofrecer productos en línea con las problemáticas de salud relacionadas al cambio climático (epidemias, pandemias, enfermedades físicas y mentales). La carta se refirió a la pandemia como una forma de aprender de la necesidad de observar la salud humana, animal y de los ecosistemas como “una sola”. Lo que omitió es que, el conocimiento elaborado en las ciencias de la medicina, por esa pandemia al igual que las soluciones a las que arribó (la vacuna) redundaron en el beneficio de unos pocos laboratorios y en la competencia, y no la cooperación, de unos países contra otros, para obtener la vacuna. También omitió la responsabilidad de la producción ganadera a gran escala y el avance de la frontera agrícola en la propagación de virus que, de otra manera, permanecería en su hábitat ecosistémico natural. El abordaje de la incidencia del cambio climático en la salud, abstraído de la responsabilidad de la lógica capitalista en ese mismo cambio climático, profundiza la medicalización de la sociedad y no un viraje hacia una medicina preventiva y “sustentable”. La “adaptación” es a la privatización de los recursos naturales Entendida como la capacidad de hacer frente al cambio climático y recuperarse lo antes posible de los efectos del mismo, la adaptación es imposible dentro de la lógica del capital. El abordaje de la crisis hídrica no solo implica una reconversión de la producción en general (agrícola-ganadera, minera, industrial) eliminando aquellos rubros carentes de utilidad para la humanidad y “recortando” en el mismo acto el consumo de recursos naturales como el agua. También requiere de la eliminación del negocio privado de las aguas y saneamiento para extender las obras a la población más vulnerable y no rentable para los grandes monopolios del rubro. En el caso de la agricultura es necesario un fuerte gravamen a la rentabilidad del capital en general porque hay que lastimar intereses para detener el avance de la deforestación y dar lugar a la conservación de sumideros de un lado y desarrollar las mejores tecnologías de uso del suelo, eliminando simultáneamente el uso de métodos contaminantes del otro. Lo mismo sucede con el negocio de la salud que, para tener una mirada basada en prevenir las enfermedades y no en hacer negocio con ellas, debe pasar a la órbita pública, mandando a la quiebra a los grandes laboratorios y las empresas de servicios médicos. La lógica de la renta es contraria por naturaleza a las prácticas de ahorro de consumo de recursos naturales porque la producción capitalista es en esencia, derrochadora. Por el contrario, el aumento de la capacidad de “adaptación y resiliencia” al cambio climático, por medio de un consumo racional y planificado del agua y de los suelos o de un reforzamiento material y científico de los sistemas sanitarios, y todo esto con una “perspectiva inclusiva”, sólo es posible atacando al capital. En vez de esto, la COP utiliza la crisis hídrica, el desgaste de los suelos o la crisis sanitaria, para hacer de ellos un negocio. Pero la profundización de la privatización, aumentará las contradicciones entre la lógica del lucro y la supervivencia de la humanidad.

Los directores de los CCT-CONICET se reunieron con Salomone (supuesto futuro presidente del CONICET) y Capurro, presidenta interina del organismo. De dicha reunión ha circulado una minuta en la que se señala que las becas a otorgarse este año entrante, doctorales y posdoctorales, están en “veremos”. Por un lado se anunció que los resultados de la convocatoria 2023 estarán disponibles a mediados de enero, pero que dicho listado sólo supone un ordenamiento de mérito y no conlleva el otorgamiento de alguna de las 1300 becas doctorales previstas. Lo mismo sucederá con los resultados de las posdoctorales, las promociones de investigadores (independientes, principales y superiores) y los cargos técnicos CPA. En la minuta también se señala que se eliminará el financiamiento de becas en el extranjero para el año entrante, como así también se eliminará la prórroga de becas doctorales durante el período de adjudicación de la beca posdoctoral. Esta prórroga es de lo más común entre quienes terminan la beca de doctorado (31 de marzo de cada año) hasta el otorgamiento de la posdoctoral (de agosto en adelante) que permite seguir percibiendo un salario mientras continúa con su actividad en la Unidad Ejecutora. El impasse de los nombramientos efectivos caería en que no hay presupuesto y que todas las asignaciones quedarán pendientes de la existencia de presupuesto. Según indican las autoridades, el presupuesto 2024 (que sería una prórroga del 2023) alcanza para funcionar hasta junio-julio y sólo si los sueldos (que representan el 97% del presupuesto) se congelasen al valor de diciembre hasta junio-julio. La salida que propone la nueva dirección es similar a la lógica de la dirección saliente: ante un ajuste producto de aumentos presupuestarios ridículos, es necesario que el CONICET genere ingresos desde los privados. Todo un hilo de continuidad, no sólo reflejado en esto sino en el mantenimiento de las antiguas autoridades del CONICET. Estamos frente a una reorganización del CONICET, una reducción de su personal y una destrucción del salario en beneficio de generar un ahorro que permite cumplir con los compromisos de pago a los banqueros, capitales nacionales e internacionales que han lucrado con una deuda parasitaria, así como para garantizar un dólar alto a los exportadores. Por: Aumento del 100% de salario e indexación quincenal. Otorgamiento garantizado de las becas doctorales y posdoctorales. Abajo el recorte de las prórrogas de las becas doctorales. Efectivización de las promociones de investigadores y concursos de CPA. Presupuesto para desarrollar los lugares de trabajo y los equipos de investigación.

El viernes 22 de diciembre se realizó la inauguración del local central de Política Obrera de La Matanza, bautizado como Centro Cultural “José Alonso". Un hecho que representa un salto importante en nuestro desarrollo en esta parte del oeste bonaerense. Los trabajadores matanceros tienen una casa propia. El evento contó con la presencia de Jorge Altamira, quien en su intervención desarrolló la idea del “pinochetismo democrático” para caracterizar al gobierno de Milei. Desde esa óptica explicó que el gobierno de Milei pretende barrer con un decretazo toda la legislación laboral vigente para precarizar y atomizar a la clase obrera. Un verdadero golpe de Estado contra los trabajadores. Planteó la construcción de autoconvocatorias, coordinadoras obreras y la huelga general. En la inauguración descubrimos la placa con el nombre del local, que recuerda a un compañero que consagró su vida entera a la lucha por la construcción del partido revolucionario y por el socialismo, desde el seno mismo de la clase como dirigente del Sindicato Ceramista, adonde llegó por medio de una lucha firme contra la burocracia. Luego de las expulsiones de la camarilla que se apropió del Partido Obrero, en 2019, no lo dudó un instante y se pronunció a favor de la Tendencia y comenzó a militar de inmediato junto a nuestro primer grupo matancero. La inauguración contó con la presencia de músicos locales y dos narradoras que hicieron las delicias de la concurrencia con sus cuentos. También hubo buffet “a la gorra”. El local está ubicado en pleno centro de San Justo, en Arieta 3121 of 6, a pocos metros de la Plaza San Martín, y será un lugar de referencia para los trabajadores y explotados de la zona, un lugar donde reunirse, debatir y organizarse de cara a las enormes luchas que vendrán en el presente período.

En el marco de una inflación de más del 100%, de una ofensiva contra el derecho a huelga y el derecho a asamblea en el lugar de trabajo, y demás atropellos del megadecreto del día 20 de diciembre, el Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba (SEP) levantó el paro con movilización que estaba programado y anunciado para el martes 26. El conflicto había comenzado hace aproximadamente una semana cuando se puso en duda el pago, en el medio aguinaldo, de una actualización del 12% que ya había sido pactada con el anterior gobernador. La gestión provincial también pretendía un aumento en los aportes jubilatorios y de salud y un diferimiento al pago de jubilados. Todo esto puso al gremio en estado de alerta y se anunciaron una serie de asambleas y medidas que incluían un paro con movilización para el martes 26. La serie de ataques al salario no se llevaron a cabo por falta de quórum y el 12% será pagado, pero recién en el mes de enero. El gremio se apresuró a mostrar esto como una gran victoria y levantó todas las medidas de lucha, sin reparar en cómo la inflación reciente licuó salarios y jubilaciones. Es evidente la incapacidad de las direcciones gremiales para defender el salario y derrotar la ofensiva antiobrera del gobierno. Urge fomentar las asambleas de base y las coordinadoras para encarar esta tarea.

El secretario gremial del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA), Martín Morales, se expresó frente al DNU del gobierno -“pararemos todos los puertos”. Un artículo del DNU declara servicio esencial a las actividades portuarias y exportadoras. Los aceiteros denuncian que el artículo del DNU responde a un viejo reclamo de las patronales ( http://www.bichosdecampo.com , 23 de diciembre). En San Lorenzo se encuentran los puertos por donde sale la producción de la agroexportación, la caja de divisas más grande del país. “Esperaremos un poco, pero si las centrales no toman las decisiones que deben tomar, seremos los punteros en tomar las decisiones y pararemos todos los puertos del país. Se sabe todo lo que significa el parate de todos los puertos de la Nación, y empujaremos al resto para tomar el camino por donde hay que ir”, señaló el dirigente sindical. Estas declaraciones han ingresado como pan caliente en las mateadas de las y los trabajadores, grupos de whatsapp, reuniones y charlas. La deliberación crece minuto a minuto. Denuncian las reformas laborales como la eliminación del pago de horas extras a través del banco de horas, la eliminación de la indemnización y la pérdida de estabilidad laboral. El planteo de los aceiteros -piquete y paro en los puertos- echa luz en la deliberación abierta sobre los métodos y acciones que requiere el momento. Una agitación de propaganda revolucionaria en todos los centros de concentración obrera se hace vital día a día. 100% de aumento a salarios y jubilaciones. Derogación del DNU. Huelga general.

En una entrevista realizada en Radio Mitre el sábado pasado, el asesor económico de Milei y promotor del mega DNU, denunció a distintos organismos culturales por el desvío de fondos durante el gobierno de Alberto y Cristina Fernandez. El economista desplegó una serie de mentiras sobre las leyes que existen para la cultura y también argumentó que el Instituto Nacional del Teatro es una gran unidad básica de La Cámpora distribuída en cada provincia del país. Con semejante provocación y poniendo en cuestión la “transparencia” de los fondos, se busca dar rienda suelta al desfinanciamiento del organismo, lo que le valió el repudio generalizado del sector teatral independiente. El Instituto Nacional del Teatro es un organismo que fue creado luego de muchos años de movilización de teatristas independientes y se promulgó en el año 1997 durante la decadencia del gobierno menemista. Desde su creación, se impulsaba una organización de base, con asambleas y representantes elegidos por el voto de la comunidad, pero sufrió la regimentación del Estado “democrático”, lo que, con el correr de los años, desembocó en un proceso de burocratización interna. Sus ingresos, mayoritariamente provenientes del COMFER (Comité Federal de Radiodifusión) y de la Lotería Nacional son aprobados año a año en el Congreso a través de los presupuestos anuales y el Consejo de Dirección del organismo los destina a diferentes líneas de apoyo, subsidios o becas de manera federal de acuerdo a la normativa que establece la misma Ley N° 24.800. Todas acciones que quedan registradas en actas públicas. El crecimiento sistemático de la actividad teatral independiente en los últimos años junto al acrecentamiento de numerosos grupos, salas y teatristas que solicitan más ayuda para sostener su actividad a posteriori de la pandemia, agravaron los problemas financieros históricos del organismo. Por un lado, la recaudación que sostienen las “asignaciones específicas” para cultura se enfrentan a una menor recaudación impositiva debido al crecimiento de las plataformas por streaming, que no están reguladas como el resto del sector audiovisual. Por el otro, arrastra hace años un aumento paulatino de los gastos administrativos internos del organismo que actualmente se estiman en el 50% del presupuesto, cuando por ley no debería exceder el 10%. Este derrotero financiero se ha conjugado con las diferentes crisis que se desarrollaron con los directores ejecutivos que designa el gobierno de turno. Desde antes de la asunción de Macri, el entonces funcionario Guillermo Parodi (hijo de la reconocida cantante Teresa Parodi) había implementado una forma “legal” de ampliar sus facultades para saltear al Consejo de Dirección y decidir unilateralmente sobre las políticas generales y las contrataciones, en una disputa directa por los fondos. Esta maniobra ha sido mantenida por quienes lo sucedieron hasta hoy haciendo uso y abuso. La gestión que ha finalizado recientemente terminó con un organismo colapsado teniendo que decretar, antes de la asunción de Milei, el cierre de todas las líneas de subsidios para poder afrontar las deudas del último trimestre. Deudas que son descargadas sobre los teatristas independientes ya que reciben las ayudas para producir, girar espectáculos o sostener sus salas con retrasos de hasta un año. Es imperiosa una defensa integral del Instituto Nacional del Teatro, poniendo como eje el urgente reclamo por la duplicación del presupuesto destinado para las líneas de fomento, el aumento del 100% de los montos para los proyectos y también la democratización del organismo, retomando las principales bases que hicieron posible su creación, a través de la realización de asambleas en cada provincia que impulsen las políticas de quienes sostenemos y hacemos posible la existencia de la actividad en cada rincón del país.

Desde hace una década el salario real de los trabajadores de Argentina viene retrocediendo. En particular, el salario docente bonaerense cayó, según diversas fuentes, un tercio. A esta situación llegamos como consecuencia de las paritarias en cómodas cuotas que firmaba la burocracia del FUDB con los gobiernos provinciales de Scioli, Vidal y, ahora, Kicillof. Este cuadro de situación empeoró a la velocidad del rayo, con la megadevaluación de 120% del dólar y el naftazo decretado por Milei-Macri que desataron la híperinflación que está pulverizando literalmente los salarios y jubilaciones. De acuerdo a la última actualización paritaria, el salario del maestro de grado sin antigüedad es de 265 mil pesos cuando la canasta de pobreza a fines de 2023 ronda los 500 mil pesos. En enero de 2024 la canasta de pobreza seguirá dando saltos de gigante acicateada por los tarifazos en los servicios públicos (luz, gas, agua, transporte, etc). Ante esta situación de derrumbe social del salario y empobrecimiento masivo de los estatales, el gobierno de Kicillof le anticipó al FUDB que “no podrá cumplir con el compromiso de reabrir la negociación salarial antes de fin de año” porque “el ajuste nacional” ya “empezó a impactar sobre los ingresos bonaerenses”. La mesa de “monitoreo salarial” pasa para enero de 2024 (Eldia.com, 21/12/23). O sea, Kicillof se alinea con el ajuste de Milei-Macri. No es la primera vez que Kicillof se posiciona con los banqueros y contra los trabajadores. En enero de 2020 postergó una actualización del salario determinada por la cláusula gatillo arrancada a Vidal para pagar un vencimiento de deuda con el fondo de inversión Fidelity . La burocracia kirchnerista de los gremios del FUDB no salieron a enfrentar esta confiscación monumental al salario como tampoco están militando por la derrota del decretazo pinochetista de Milei-Macri que pretenden producir una contrarrevolución laboral de características históricas que, incluso, pretende prohibir el derecho a huelga (“educación servicio esencial”). Ahora, la dirección del SUTEBA y de la CTA-(T)-Yasky convoca a la movilización cegetista a Tribunales de Plaza Lavalle, sin paro, sin debate en asambleas, pretendiendo encarrilar la lucha por la caída del DNU por la vía muerta de “la pelea institucional”, a sabiendas que los aparatos del Estado, los gobernadores pejotistas y el conjunto de las fuerzas políticas patronales, acuerdan con el grueso del contenido del DNU, y buscarán rescatarlo por la vía parlamentaria. Desde Tendencia Docente Clasista planteamos: abajo el DNU pinochetista, aumento del 100% de salarios-jubilaciones- asignaciones sociales y su indexación quincenal, coordinadoras y autoconvocatorias para sobrepasar a la burocracia y su colaboracionismo. LEER MÁS: Congreso de SUTEBA: “resistiendo con aguante” a Kicillof Por Mariano Hermida, 24/11/2023.

La situación en la Vuelta del Paraguayo, uno de los tantos barrios costeros de la Ciudad de Santa Fe, no deja de empeorar. Además de las impresionantes inundaciones que asolan la barriada, se le sumó el corte del suministro eléctrico. Asimismo, los vecinos señalan que están aislados de la ciudad. Es decir, en caso de tener una urgencia, la única forma de llegar a algún centro de salud es mediante canoas o lanchas (vale destacar que el barrio no cuenta con atención primaria de salud, por lo que sí o sí tienen que salir del mismo). Sumado a los propios riesgos a la salud que implica la inundación, hay una invasión de animales que se escapan de la crecida, como lo son las yararás, los yacarés, entre otros, que pueden suponer un grave riesgo a la salud y la integridad física de los vecinos. Por otro lado, un estudio de la Universidad Nacional del Litoral dio positivo a leptospirosis en el agua que inunda el lugar (una enfermedad infecciosa potencialmente mortal). En una reveladora entrevista en el portal Santa Fe Plus, la vecina Agustina Schutt denunció: “Uno no pretende que lo atiendan como a un rey, pero sí que nos den las cosas básicas como la salud. Uno debe estar rogando para que entre una ambulancia o venga un médico. El señor Poletti (intendente de Santa Fe), dice que está asistiendo. Pero del otro lado, acá no (por el grupo de vecinos que están evacuados a la vera de la ruta)”. Cómo podemos observar, la situación es alarmante. La declaración de emergencia hídrica tanto del municipio como de la provincia llega tarde. Las nuevas autoridades durante toda la campaña electoral no hicieron mención al asunto cuando todo el mundo ya preveía que la crecida iba a llegar más pronto que tarde. A la Santa Fe de los millones para el puerto, los bulevares, las peatonales y las zonas comerciales que significan un brutal proceso de revalorización de estas zonas, se le oponen los barrios populares sin salud primaria, como La Vuelta del Paraguayo; otros sin agua potable, como varios barrios del norte. El Estado abandona los barrios para asegurar los negociados con las inmobiliarias y las constructoras.

El gobierno de Milei cumplió con la promesa de anunciar los despidos de trabajadoras y trabajadores estatales durante las fiestas. El viernes previo a la navidad y minutos después de que terminara la concentración de vereda de la Asociación Trabajadores del Estado circuló el borrador del DNU publicado en Boletín Oficial el 26/12. Como reguero de pólvora, el borrador estuvo en mano de los estatales y a la noche los medios de comunicación lo difundieron como real. Era real. ¿Qué dice el decreto 84/2023? Se despide a todos los contratados, cualquiera fuera su situación de revista, que ingresaron a partir del 1 de enero 2023. Se exceptúa a los contratados por leyes de protección especial, a los que hayan cambiado de modalidad pero tengan antigüedad en el organismo, aquellos quienes sus tareas sean indispensables para el funcionamiento de la jurisdicción. Se renueva por 90 días a todo el resto del personal del Estado (salvo la planta permanente). El decreto blanquea dos tandas de despidos por la vía de la “no renovación”. El número de ingresantes 2023 es pequeño debido a la resolución Batakis que Massa mantuvo firme. Por eso se adelantan a una nueva ola de despidos para fin de marzo 2024. Entre los que renuevan por 90 días hay trabajadores con 5, 10, 15 y hasta 20 años de antigüedad porque los concursos prometidos por los Fernández no se llevaron a cabo y los que sí, se hicieron en los últimos 12 meses. Los que concursaron no tienen cumplidos los requisitos para ser parte de la planta con estabilidad en el empleo público. La herencia es facilitadora de los despidos... otra vez. Más papistas que el papa Cuando se dio a conocer el protocolo de la ministra Bullrich, empezaron a circular propuestas de manifestación por las veredas y las redes sociales. Casi al mismo tiempo convocamos y movilizamos el 20 de diciembre cortando las diagonales hacia Plaza de Mayo. ATE Nacional no convocó siquiera con delegaciones como lo hizo Capital; llamaron a una jornada nacional de lucha para el 22 que en CABA tuvo cita en la Jefatura de Gabinete con una conferencia de prensa exprés. La concentración fue rodeada rápidamente por policías –al igual que el 20/12- pero en este caso la indicación fue acercarse a las veredas, no interrumpir el tránsito. La conducción, “por la seguridad de los compañeros”, resolvió no contradecir el protocolo al punto que más de un centenar de trabajadores permanecieron en las veredas de enfrente como quien espera el semáforo para cruzar. Muchos de los que habían cortado las calles el 20 a la tarde y en los cacerolazos de las noches subsiguientes se encontraban cortando veredas. Parece que es más seguro marchar con los vecinos que con la ATE de casi un siglo de vida. Mientras tanto en La Plata, ATE Provincia no logró que los trabajadores del Astillero Río Santiago obedecieran a Bullrich, ni a su secretario general. Haciendo caso a la tradición y la historia del movimiento obrero, bajaron a la calle y mantuvieron un corte total en la intersección de 7 y 50. En ambas medidas la mesa anunció la convocatoria a confluir con la CGT el 27, una concentración en la Plaza de Tribunales por la inconstitucionalidad del DNU a horas que entre en vigencia. En el mismo sentido ATE hizo una presentación judicial. La fecha del 27 dio una semana de tiempo para convalidar la devaluación y el golpe a las condiciones de vida y los ingresos de los y las trabajadoras. La inflación que ya carcomía el salario es un chiste al lado de los aumentos y tarifazos de la última semana y los que anunció el DNU pasado. La política de la CGT y de su círculo de influencia es la gobernabilidad del presidente Javier Milei porque no se tira un DNU y un protocolo con presentaciones legales. Eso lo sabe hasta el último de los trabajadores. Por estas horas las delegaciones de UPCN de distintos ministerios está confirmando que la asistencia de mañana es únicamente para delegados y delegadas y agradece la inquietud de los afiliados que quieren participar. Para algunos está más fresco que nunca como voló el atril durante el último paro de la burocracia. ¿Qué hacemos? En las movilizaciones y en los cacerolazos se escucha el cántico de “Paro general”, algunos le piden a la CGT y a las CTAs que convoquen al paro general. Entre ellos se encuentran las agrupaciones sindicales vinculadas al FITU y a la izquierda adaptada en general. Les piden el paro a las centrales obreras que permitieron la liquidación de los salarios, la precarización acelerada en las fábricas y en el Estado. Las conducciones burocráticas dueñas de tercerizadas y patrones de quienes debieran ser sus afiliados no van a organizar la huelga. Cualquier medida que surja de ellos irá en el sentido de salvaguardar sus intereses que hace mucho, mucho, muchísimo dejaron de ser los de la masa de trabajadoras y trabajadores. Organicémonos en las asambleas y autoconvocatorias. Clarifiquemos el nuevo corset que prepara la burocracia para nuestros reclamos. La lucha por los derechos que se lleve puesto el DNU se va a llevar con él a quienes priorizan la institucionalidad al salario. Este 27 vayamos a Tribunales por 100% de aumento de salarios, jubilaciones y asignaciones sociales. Por ningún despido, contra el protocolo represivo de Bullrich. Salgamos a las calles para tirar abajo los DNU.

El gobierno de Israel celebró las vísperas de Navidad con el asesinato de más de dos centenares de civiles en Gaza y Netanyahu dijo que estaban “intensificando” su campaña. Según el ejército sionista, unos 200 objetivos fueron alcanzados en un período de 24 horas. Los ataques aéreos y bombardeos de artillería en algunos casos exterminaron cuatro generaciones de una misma familia. Se concentraron en barrios residenciales como Bureij y Deir el-Balah, y los campos de refugiados Nuseirat y Jabalia. El ataque aéreo dirigido a una casa en el campo de refugiados de Jabalia provocó el asesinato de decenas de civiles y heridas a muchos otros. En los barrios de Sheikh Radwan y Shejaiya, los ataques tuvieron como objetivo viviendas residenciales. Un día antes, un ataque aéreo israelí mató a 76 miembros de una familia extendida, dijeron funcionarios de rescate. Los bombardeos y los disparos ininterrumpidos dificultaron la llegada de los equipos médicos. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital de los Mártires de Al-Aqsa. Los heridos -la mayoría mujeres y niños- yacen en el suelo y son operados sin anestesia ni analgésicos. Israel aseguró el viernes que controla casi totalmente el norte de la Franja, pues sus tropas se encuentran en "las etapas finales del control operativo", según el criminal de guerra y portavoz militar Daniel Hagari. Además mantienen la ofensiva en el sur de la Franja, en ciudades como Jan Yunisy. Muchos asesinatos tienen carácter selectivo: desde octubre han eliminado más de 300 miembros del personal médico, 32 oficiales de protección civil y 96 periodistas. En tanto, 42 trabajadores de la salud -incluidos directores de hospitales- y ocho periodistas fueron detenidos por las fuerzas israelíes. Alrededor de 1,9 millones de habitantes de Gaza, aproximadamente el 82% de la población, están desplazados. Más de 20.000 palestinos han sido asesinados desde octubre y por lo menos otras siete mil personas están bajo los escombros. De los 53.000 heridos, 5.000 morirán en los próximos días por falta de atención médica adecuada, afirma el Ministerio de salud gazatí. No hay hospitales operativos en el norte de Gaza, y sólo nueve centros sanitarios de todo el país funcionan parcialmente. Entre 20.000 y 25.000 muertos en una población de poco más de 2 millones significa que más de uno de cada cien gazatíes fue asesinado en los últimos dos meses y medio. Esto equivale a 3,3 millones de personas en Estados Unidos (WSWS 24/12). La campaña sionista en Gaza, dicen los expertos, es la más mortífera y destructiva de la historia reciente y supera el bombardeo aliado en Alemania en la Segunda Guerra Mundial. El genocidio cuenta con la intensa colaboración militar y política de Estados Unidos y la Unión Europea, y la complicidad de los países árabes y el “concierto de las naciones”, para usar una expresión cara a la ONU. Con la honrosa excepción de Yemen. Estados Unidos remite 4 millones de dólares anuales en ayuda militar a Israel. Desde octubre, aumentó de semana en semana sus envíos de armas. Le ha suministrado más de 5.000 municiones MK-84, un tipo de bomba que el Ejército sionista utiliza contra la población civil, según un análisis de evidencia visual que publicó The New York Times el viernes. Hasta el momento Israel ha lanzado 53.000 toneladas de bombas sobre la minúscula y superpoblada Franja de Gaza. Las bombas de una tonelada arrasaron toda la Franja, incluyendo la zona del sur, a la que Israel había ordenado que se desplazaran los civiles con el pretexto de darles seguridad. El periódico informó que escaneó imágenes de satélite del sur de Gaza en busca de cráteres resultantes de este tipo de bomba, de 13 metros de diámetro o más. La investigación identificó 208 cráteres de más de 13 metros “aunque es probable que muchos casos no hayan sido capturados”. Las Naciones Unidas han tolerado solo en las últimas tres décadas el asesinato de miles de palestinos, el bombardeo en distintas oportunidades de la población civil, la implantación de un sistema de apartheid, la construcción de un muro de más de 700 kilómetros y la extensión de la ocupación ilegal de territorio palestino, con demolición de viviendas, anexión de tierras y construcción de asentamientos. En 1993 había 247.000 colonos israelíes; en la actualidad son 700.000. El viernes, la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, demorada largamente por Estados Unidos, retiró la frase “cese del fuego” y se limita a solicitar “medidas urgentes para permitir inmediatamente el acceso humanitario seguro y sin obstáculos, y también para crear las condiciones para un cese sostenible de las hostilidades”. Una licencia para avanzar en el exterminio. Netanhayu admitió ayer que por lo menos 156 soldados israelíes -15 la última semana- han muerto en territorio gazatí, una información que coincide con las cifras informadas por las milicias palestinas, fuertes en el combate callejero. A pesar del masivo apoyo de los habitantes de Israel a la política de limpieza étnica, el creciente número de bajas y la ratificación de la muerte de más rehenes movilizó a varios miles de personas que pidieron el sábado a la noche la destitución del primer ministro, en Tel Aviv (LN; 25/12). Por las bombas o por el hambre Israel utiliza otra arma de guerra tan mortífera con los bombardeos, que es la hambruna y el bloqueo. Las condiciones en las que sobreviven las embarazadas y las que recién parieron son dantescas. La Nochebuena, una joven con su hija de una semana en brazos, explicó a Telesur que ni ella ni la bebé habían podido bañarse después del parto, que los olores son insoportables. La muchacha dijo que estaba hambrienta pero que lo que necesitaba era agua para ella y su hija. Esta situación está generalizada. Un informe de Naciones Unidas afirma que en Gaza “hay una ducha por cada 4.500 personas y un inodoro por cada 220”. Estas condiciones promueven la propagación de enfermedades infecciosas. El documento menciona más de 100.000 casos de diarrea, 50.000 en niños menores de cinco años, una tasa 25 veces superior a la que existía antes del ataque de Israel. El Ministerio de Sanidad palestino dijo que 50.000 mujeres embarazadas y unos 900.000 niños están gravemente desnutridos. “El hambre está asolando Gaza, y se espera que aumente la enfermedad en toda la Franja, más agudamente entre los niños, las mujeres embarazadas y lactantes, y las personas mayores”, escribió la ONU en un informe. La ONU informó que el 93% de la población se enfrenta a 'niveles de crisis de hambre', mientras que uno de cada cuatro hogares se encuentra en 'condiciones catastróficas' de inanición. El viernes, el secretario general Antonio Guterres reconoció que “cuatro de cada cinco de las personas más hambrientas de cualquier parte del mundo están en Gaza”. Arif Husain, director del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, dijo que la hambruna masiva en Gaza es la peor que ha visto en su vida. “No hay nada peor. Nunca he visto algo a la escala de lo que está ocurriendo en Gaza. Y a esta velocidad.” Esta semana, parte del gabinete israelí pidió explícitamente el vaciamiento de la Franja para instalar allí nuevas colonias judías. El ex primer ministro Olmert, en cambio, dijo que destruir a Hamas es inviable y pidió la imposición de una fuerza multinacional. Netanhayu huye hacia adelante. La Nochebuena, cientos de miles de personas se movilizaron en todo el mundo en solidaridad con Palestina, incluido Berlín, Irlanda, Escocia, Japón, Sudáfrica, Bangladesh y numerosas ciudades norteamericanas. En Holanda, 8000 pares de zapatitos fueron colocados en memoria de los niños asesinados. En la India, la policía reprimió una marcha de mujeres que denunciaba el genocidio. En Marruecos, varios cientos de miles marcharon exigiendo la ruptura de relaciones con Israel. En Finlandia, los manifestantes bloquearon barcos que llevaban armas a Israel mientras miles desfilaban en las congeladas calles de Helsinski.

La pretensión de superar al DNU de Milei con un recurso judicial -ese fue el propósito anunciado por la CGT en el día de hoy- duró exactamente quince minutos. Fue el tiempo transcurrido entre que los dirigentes presentaron el amparo en los Tribunales de CABA y la noticia de que un Juez del Trabajo había rechazado el recurso por improcedente. Mientras tanto, culminaba una marcha que había reunido a unas veinticinco mil personas reclutadas principalmente entre los llamados “cuerpos orgánicos” -es decir, el aparato sindical, directivos, delegados-. La relativa excepción a esa regla fueron algunos sindicatos estatales, de docentes y de salud, que hicieron un mayor esfuerzo de movilización. No podía ser de otra manera, porque la marcha fue en horario de trabajo y sin que se dispusiera ninguna medida de fuerza. En las horas previas a la marcha, fue muy ostensible la pretensión de la cúpula de la CGT de bajarle el precio a la ya degradada acción prevista para este miércoles. Por ese motivo, la presentación judicial no fue acompañada por discursos ni planteo alguno; apenas el himno nacional y la desconcentración. La represora Bullrich había saludado que la CGT pidiera permiso para marchar, una brutal concesión a un gobierno que cercena los derechos a expresarse y a movilizar. La “moderación” cegetista, desde luego, está asociada a las negociaciones que están en curso en torno del DNU y que incluyen a los opositores radicales, kirchneristas y pejotistas. El amparo de la burocracia sólo pedía la suspensión del capítulo laboral, una forma muy clara de buscar una contemporización con el decretazo antiobrero. En el documento que se leyó frente a Tribunales sostuvieron que “entre otras muchas medidas arbitrarias, anticonstitucionales y lesivas de un vasto número de derechos civiles, comerciales y sociales (el DNU) introduce una feroz reforma laboral regresiva, cuyo único objetivo es disciplinar a los trabajadores, cercenar la actividad sindical y solo privilegiar intereses empresariales", pero agregaban que "cualquier plan de Gobierno que exija modificación, derogación o creación de leyes debe, imprescindiblemente, pasar por el debate parlamentario". El documento insiste reiteradamente en que el gobierno tiene el derecho de impulsar “las iniciativas políticas que considere necesarias, pero siempre en el marco de la ley y el respeto a la división de poderes republicanos”. La CGT es partidaria de negociar la reforma laboral con el gobierno, a cambio de prebendas para el aparato. Juan Grabois salió a gritar a los medios “¿Dónde están los partidos de Unión por la Patria? ¿Dónde están nuestros dirigentes?”. Excluyó a la exvicepresidenta porque “le metieron una pistola en la cabeza”. El emisario papal finge desconocer que el peronismo se encuentra embarcado en las negociaciones palaciegas en torno al DNU. Para mañana, las centrales convocaron un Comité Central Confederal, donde se discutirán “los pasos a seguir”. Héctor Daer aseguró que "hay clima para un paro", pero no mencionó para cuándo; para la burocracia, hay que “ir adecuando los tiempos, estrategia y táctica” (Daer), sin decir en qué consiste esa ‘adecuación’. Según Clarín, “Javier Milei tomó nota de la postura dialoguista de la cúpula de la CGT” y asegura que “según pudo saber este diario de fuentes del oficialismo, desde la central obrera dieron garantías a los interlocutores que puso el Gobierno de que no habrá una convocatoria al paro ‘al menos hasta febrero ó marzo’. A Milei eso lo deja conforme”. A despecho de ello, el FIT-U se hizo presente para reclamarle a la burocracia “un paro activo nacional y un plan de lucha”. Este planteo esconde un inmovilismo catastrófico allí donde el FIT-U tiene una influencia o alguna representación. Es un amor no correspondido: los dirigentes de la CGT cancelaron reuniones previstas con dirigentes del aparato del PO para la “coordinación” de la marcha. Esto ocurre por enésima vez: la “unidad de clase” con Moyano y Grabois es una capitulación. Según Clarín, “la decisión también supone cierta intención de la conducción sindical de no cerrar todos los canales de diálogo con el gobierno de Milei”. El único mensaje de la CGT a Belliboni y Bregman fue indicarle el lugar donde debía ubicarse en la plaza, junto al pedido de que no se cante “por el paro general”. La consigna, de todos modos, se escuchó en varias ocasiones. Política Obrera concurrió con un claro propósito: difundir un mensaje político de desconfianza contra la burocracia sindical. Repartimos miles de volantes con el título: “Al DNU DE MILEI SOLO LO PARA UNA HUELGA GENERAL”. El material fue recibido en todas las columnas de manifestantes. A la salida de la marcha, tuvo lugar un grosero y provocador operativo represivo contra quienes se desconcentraban en Avenida Corrientes -principalmente, militantes de la UTEP y la CTA-. Varios manifestantes fueron detenidos. La marcha expuso el inmenso vacío que deja la política de la burocracia y de sus seguidores. La lucha contra el DNU deberá librarse desde la iniciativa de las fábricas, reparticiones, hospitales y escuelas. LEER MÁS: El “estado de excepción” y la huelga general Por Jorge Altamira, 27/12/2023. Al DNU de Milei sólo lo para una huelga general Desindexa salarios y jubilaciones, pero indexa 700.000 millones de dólares de deuda pública. Nota de tapa de la edición impresa de Política Obrera N° 85, 27/12/2023. La CGT ‘se moviliza’ El desgaste de las maniobras parlamentarias y tribunalicias. Por Jorge Altamira, 23/12/2023. El triunvirato vaticano no saca los pies del plato Por Leonardo Perna, 23/12/2023.

Javier Milei apeló a uno de sus posteos de trasnoche para comparar a su DNU con los contratos petroleros que Arturo Frondizi firmara a partir de 1958, también a través de decretos. Milei cita a Frondizi cuando este justifica el “quebrantamiento de la rutina administrativa” para firmar contratos con petroleras extranjeras sin licitación previa y “bajo la responsabilidad del presidente”. Milei llama a esos decretos los “DNU de Frondizi”, aunque en esos tiempos no existían los DNU. Los contratos de Frondizi fueron anulados algunos años después, entre otras cosas, por su manifiesta ilegalidad. Treinta años después, la democracia argentina, representada por Carlos Menem y Raúl Alfonsín, pactaba la reforma constitucional que le otorgaría legalidad a los decretazos, en nombre de la “necesidad” y la “urgencia” con el mismo argumento que había esgrimido Frondizi para justificar las concesiones petroleras en el discurso que cita Milei. Desde 1994, ningún DNU fue rechazado por el Congreso. Ahora, el impugnador de la ´casta´ encuentra su palanca de gobierno en uno de los productos más genuinos de la ´casta´: la tendencia al gobierno por decreto y principalmente en las cuestiones trascendentes. En la historia de la ´casta´ podría agregarse otra categoría de fraudes políticos, como es la de los pases de bando y los diputruchos, al modo de aquel que en 1992 ocupó una banca para votar la privatización del gas. No nos impacientemos: Milei recién empieza y la historia de su DNU nos traerá nuevas versiones de esos episodios. “Un poco” peronista Pero en su posteo Milei no sólo reivindica al decretazo de Frondizi, sino también su propósito -la aprobación de “los contratos petroleros, que fueron los pilares del despegue de su gobierno” (sic)-. Milei se aprovecha de la brevedad de los tuits para recortar la historia argentina y, por lo tanto, falsificarla. Los contratos petroleros de Frondizi, firmados en nombre del “autoabastecimiento” y de la superación del estrangulamiento externo, condujeron en pocos años a un nuevo impasse económico y político. Aunque las inversiones petroleras permitieron reemplazar importaciones de combustibles, tuvieron como contrapartida un reflujo fenomenal de divisas en concepto de remisión de utilidades y “deudas” con casas matrices. Lo mismo vale para otras inversiones extranjeras que Frondizi habilitó en nombre del ´desarrollo nacional´ y la industrialización. Hacia 1962, la Argentina desarrollista padecía una crisis de balanza de pagos y endeudamiento más aguda aún que la de 1958. La ´democracia´ argentina sólo se acordó de la ilegalidad de los contratos petroleros después del agotamiento del experimento frondicista. En 1963, el radical Illia anuló los contratos, pero resarció generosamente a los grupos petroleros involucrados. Seis décadas después, nos encontramos con un libertario que reivindica al desarrollismo, la alianza con el capital extranjero en nombre del “despegue” nacional”. Frondizi llamaba a su política un “nacionalismo en los fines” y llegó a la presidencia con el apoyo de Perón. Milei rinde tributo a esa tradición cuando afirma ser “un poco” peronista. En la devolución de gentilezas, Frondizi llevó al ministerio de Economía al abuelo político de Milei, Alvaro Alsogaray. Y el “compañero” Menem, a su hija María Julia y a otro mentor del actual presidente, Domingo Cavallo. Milei, en su posteo ´frondicista´, ha reiterado el lugar común de todas las castas de las últimas décadas: zafar del hipotecamiento nacional con un boom de exportaciones, en este caso, de los hidrocarburos. El antecedente más inmediato en la materia lo parió el camporismo, que urdió las concesiones petroleras de Vaca Muerta hace ya una década atrás. Pero esta historia no es demasiado diferente a la del frondicismo: el salto en la producción y el “ahorro de divisas” ha tenido como contrapartida a un régimen leonino de remisión de utilidades y endeudamiento con las propias filiales. El mayor superávit comercial de la historia argentina (2020-2022) ha sido fagocitado por el pago de deuda privada. Milei ha llegado tarde a la receta desarrollista y no solo por la reciente experiencia petrolera. Las exportaciones cerealeras, en crecimiento desde los años 90, reiteraron la promesa desarrollista de erradicar la crisis de pagos con el exterior. Pero los records de siembra, producción y exportación de cereales de las últimas décadas constituyen una nimiedad frente a la carga fabulosa del endeudamiento, que se acerca al 140 % del producto bruto interno. Un estallido exportador de minerales, agro o hidrocarburos sólo actuará como garantía de refinanciamiento de esa hipoteca. No hay nada de original en ello, pues la integración de Argentina al mercado mundial ha sido bajo la condición de criatura del capital financiero -ello, desde los tiempos de Roca, Juarez Celman y Pellegrini, los tiempos que idolatra Milei-. Como también lo hacía Massa, Milei promete la “liberación de Vaca Muerta”, o sea, un programa de concesiones todavía más leoninas a los monopolios petroleros, cuyo punto de partida es la dolarización de los precios y tarifas de los combustibles. También en este punto el libertario ha llegado tarde, porque el curso de la economía mundial, por un lado, y la feroz competencia de la energía alternativa, del otro, auguran una baja de los precios del gas y del petróleo, en tanto que la expansión de Vaca Muerta será a costa de mayores costos de extracción. La huelga general Al reivindicar al desarrollismo, Milei apunta a los descendientes directos e indirectos de Frondizi, es decir, los Lousteau, Massa y compañía, que dicen discrepar con la “forma” (el decretazo), pero no con su contenido. El libreto que se redacta es el de la aprobación del DNU. Pero Milei olvida un dato crucial de esta comparación histórica. Mientras la “casta” de la época (con burocracia sindical incluida) se mandaba a cuarteles de invierno frente a los decretazos de Frondizi, una nueva generación obrera protagonizaba huelgas generales portentosas, como la que se desató entre los petroleros y en el frigorífico Lisandro de la Torre. Como Milei, Frondizi le ofrendó al gran capital los beneficios de una escalada abierta contra la clase obrera, que fue enfrentada desde abajo. Las comparaciones históricas deben hacerse en todo su alcance, más allá de los posteos de trasnoche.

El mega decreto de necesidad y urgencia que dictó Milei a poco de asumir –un mamotreto de 366 artículos– ha desatado una furiosa pasión constitucional. Hay varios recursos de amparo para que la justicia contencioso-administrativa paralice la vigencia del decreto por medio de cautelares. En el Congreso, una mayoría de los representantes del pueblo ha declarado su apoyo al “contenido” del decreto, pero rechaza la “forma” de implementación. Una senadora, Carolina Losada, habría convertido en proyecto de ley los casi cuatrocientos artículos del DNU, para asegurar que éste siga los vericuetos del trámite legislativo (discusión en comisiones y aprobación por ambas Cámaras), en reemplazo de la orden ejecutiva. Al ajetreo se ha incorporado la CGT con su propio recurso de amparo. De acuerdo a la ley vigente, la 26.122/06, impulsada por Néstor Kirchner, los DNU entrar en vigor en ocho días luego de su publicación de no mediar un rechazo de la Comisión Bicameral del Congreso que debería validar esos decretos. La vigencia del DNU se producirá pasado mañana dado que esa Comisión no ha sido siquiera designada. Las prepagas de Salud se adelantaron incluso a esa bicameral no nata con el anuncio del aumento de las cuotas que autoriza el mamotreto en cuestión, el domingo de Nochebuena. El viernes, el mega DNU recibirá una aprobación ‘ficta’, no declarada como tal, o de hecho. Aunque conforme con la mencionada ley de 2006, esta forma de aprobación contradice en forma abierta un artículo explícito de la Constitución nacional. Javier Milei ha hecho oídos sordos a estos reclamos. Caracteriza, lo dice el DNU, que la emergencia nacional que atraviesa Argentina no admite dilaciones. Si entrara en un eventual conflicto con el Congreso convocaría, adelantó, a un plebiscito también por decreto. Para embarrar más la cancha a los legisladores, enviará al Congreso un proyecto de ley ómnibus para el tratamiento en sesiones extraordinarias, de modo que el decreto no sea molestado. No sabemos si se le ocurrió que el Congreso podría aprovechar esas sesiones para discutir el DNU fuera de agenda, invocando, además de esa emergencia nacional el uso del poder personal por parte de Milei. Argentina ha entrado en unas controversias de carácter sistémico que es típico de naciones que bordean situaciones revolucionarias o contrarrevolucionarias. Los columnistas de los diarios empiezan a referirse a la Alemania de la década del 20 del siglo pasado. Hacen mención, como en esa época, al “decisionismo” (concentración del poder en el Ejecutivo) y citan a Carl Schmitt, el teórico de esa modalidad despótica de gobierno. Schmitt se convirtió luego al nazismo e incluso intentó dar forma a un estado de derecho fascista (!!). Alemania atravesaba también años de inflación que desembocaron en una hiperinflación. Hace no mucho hicimos alusión a ese pasado desde estas páginas. En Argentina, desde la derrota electoral del kirchnerismo en 2021, dejó de existir el Poder Ejecutivo, “primero, gradualmente, luego en forma súbita”. El 19 de noviembre pasado no ganó Milei, sino que se terminó de caer el gobierno kirchnerista por su propio peso (o la falta de él). Milei está intentando ocupar una vacancia de poder. Este tipo de debates prospera por otro motivo más fundamental, que es la crisis de dirección de la clase obrera. Los recursos de amparo, las marchas a Tribunales por la vereda, las ‘conversaciones’ con los jefes de bancada y las politiquerías de otro tipo, tienen el propósito de evitar que el desenlace de la crisis lo protagonice una huelga general. El ‘parlamentarismo’ y el ‘sindicalismo’ son socios voluntarios de Milei y de su método ‘decisionista’. Los trabajadores, antes de sufrir las consecuencias de los DNU y otros proyectos ‘libertarios’, sufren ya la tormenta de una inflación del 1 % diario, sin que a la CGT se le mueva una pestaña. Ha dilatado las cosas de tal modo que un eventual paro nacional aislado tendrá lugar luego de Reyes, cuando el DNU ya haya desplegado gran parte de sus efectos, en particular en lo que atañe a tarifas de transporte, electricidad, gas y, de nuevo, la nafta y los combustibles. Esta estampida, sin embargo, podría convertirse en el detonante de una huelga general. El enfoque de quienes se proclaman en contra del sistema de gobierno por decreto es oponer la defensa del estado de derecho a lo que llaman “estado de excepción” –o sea, a un Estado que violenta los derechos constitucionales-. Incluso colocados a la izquierda del atropello ‘libertario’, constituyen una oposición retrógrada, porque defienden un status quo anterior, también caracterizado por el "estado de excepción”, que además no tiene retorno. El régimen constitucional en Argentina tiene la “excepción” adentro de su articulado a lo largo de una historia de décadas. Ha incorporado, desde el origen, la institución del estado de sitio y de la intervención federal a las provincias. Desde el golpe de 1930 del siglo pasado ha legitimado la acción de todos los gobiernos militares; en 1994, fueron inscriptos en la Constitución los decretos de necesidad y urgencia, que fueron los que usó Cavallo para imponer el corralito bancario y desató un levantamiento popular. La democracia entera puso las huellas digitales en la Reforma del 94. Se han dictado más DNU que leyes. El Banco Central, en estado de intervención permanente, ha sido el instrumento de confiscación de los ahorros e ingresos de los trabajadores de este país. Durante la cuarentena, el Tesoro y el Banco Central vaciaron las reservas del país para subsidiar a las grandes firmas y corporaciones, mientras suprimía el ajuste de las jubilaciones y reducía los salarios reales, en especial a los trabajadores de la Salud. Para los autores que más se han ocupado del “estado de excepción”, este va más allá de la suspensión de derechos constitucionales. Advierten contra toda una red de instituciones que reglamentan la vida social (la educación, la salud, la comunicación, el medio urbano) en un sistema de supervivencia. Esto nos saca de la superestructura jurídica y nos lleva a la caracterización del capitalismo en esta fase histórica. En realidad, el estado de excepción llega a su punto más alto en la guerra mundial contemporánea, impulsada por el estallido de las contradicciones capitalistas y por el imperialismo. El estado de excepción por antonomasia se manifiesta en Gaza, donde la vida elemental ha sido reemplazada por la muerte cruda. La fuerza motriz del estado de excepción como modo general de vida es el capitalismo en declinación, no una desviación jurídica del estado de derecho, ni un modo de vida social abstraído de la descomposición del capitalismo. Lo que distingue al gobierno de Milei de los antecesores no es el estado de excepción. El de Milei es un gobierno semibonapartista de derecha, que se apoya fuertemente en el imperialismo ante la debilidad crónica relativa de la burguesía nacional. Busca llenar el lugar político dejado por el peronismo en disolución. La violencia de las disposiciones de la reforma laboral muestran un contexto de preguerra civil. El DNU pretende eliminar de cuajo el derecho laboral. La clase obrera enfrenta este desafío con estructuras de dirección perimidas. A través de una lucha que será dura y tenaz deberá levantar una nueva organización obrera. Para eso es necesaria una dirección revolucionaria. Los ritmos de desenvolvimiento de esta crisis son muy singulares. De un lado, Milei y su cohorte explotan el factor sorpresa frente a una masa no preparada debidamente para el enfrentamiento. Del otro, la velocidad de la crisis sobre las masas se acelera. Solamente a través de la práctica, o sea, de la agitación y la organización, podremos determinar la madurez alcanzada para ciertos métodos de lucha, en especial la huelga general y la formación de Coordinadoras Intersindicales e Interfabriles.

La corte Suprema de Justicia de la Nación se declaró incompetente en la acción elevada por distintos organismos de DDHH contra la reforma constitucional de la provincia de Jujuy. El fallo lleva las firmas de los doctores Lorenzetti, Rosenkrantz, Rosatti y Maqueda. El máximo tribunal decidió remitir al Supremo Tribunal de Justicia de la provincia de Jujuy -un cuerpo integrado por funcionarios de Morales y que responde a todos sus designios- las actuaciones, para que sea este quien defina el tribunal que debería intervenir el proceso. Ponen al zorro a cuidar las gallinas. No es la primera vez que la Corte tiene una actitud sibilina sobre reclamos en Jujuy: el año pasado la Corte rechazó un recurso extraordinario presentado por la defensa de Milagro Sala, dejando por sentado una condena ‘tacita’ sobre ella . El pasado 10 de octubre la Corte había corrido traslado al Estado provincial sobre la acción declarativa de inconstitucionalidad, por lo que la justicia estableció un plazo de 60 días al gobierno de la provincia para presentar las pruebas correspondientes sobre lo actuado, como así también a los demandantes (Página12, 9/11). La Corte, con todas las pruebas en la mano, ha decidido remitírselas a los organismos de justicia provinciales y evitar fijar una posición. La Constitución reformada por Morales ha incluido artículos que chocan con derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional y Tratados internacionales, como por ejemplo el derecho de huelga, entre otros. La Corte Suprema se lava las manos cuando debería ser ella quien define si hay incompatibilidades con una ley superior. El fallo además da un golpe a la orientación democratizante que han adoptado una serie de sectores para enfrentar al gobierno de Morales, desde un sector del PJ, El Tercer Malón de la Paz y hasta la Intergremial, quienes en un momento de la lucha contra la reforma plantearon este cambio de orientación. Operativo distraer Diversos funcionarios radicales de Jujuy han salido a festejar la decisión de la Corte como un aval político a la reforma y la plena vigencia de la Constitución provincial. El fallo de la Corte sobre la reforma de la Constitución jujeña se produce en medio de una andanada de denuncias y planteos de inconstitucionalidad sobre el protocolo antipiquetes y el DNU reaccionario que emitió el gobierno de Milei. La Corte Suprema ya dio un adelanto de que no piensa reaccionar ni mucho menos intervenir en favor de los derechos y conquistas de los trabajadores y los jubilados argentinos, frente a uno de los mayores atropellos en décadas por parte del gobierno. El atajo judicial, que hoy levanta la burocracia de la CGT y es acompañada por un abanico de organizaciones desde las CTA al FIT-U, pretende generar una expectativa de que la justicia -o el parlamento- frene un ataque contra los trabajadores que solo podrá ser detenido por una huelga general. La experiencia jujeña demuestra que la casta judicial tiene intereses ajenos a los de los trabajadores. LEER MÁS: El “Tercer Malón de la Paz” en Buenos Aires Por Iñaki Aldasoro, 04/08/2023. Dónde está parada la lucha contra la pseudo Constitución de Morales Por Iñaki Aldasoro, 24/06/2023. Morales y el PJ votan a escondidas la contra reforma constitucional Por Iñaki Aldasoro, 16/06/2023.

A días de la Nochebuena, los trabajadores del sector de Atención al Cliente, Colocación de Pases y administrativos de las empresas GCO y AUSOL fueron informados de que a partir del 1 de enero serían “traspasados” a una empresa nueva. La tercerización laboral que se ejecutará desde el primer día del 2024 estará precedida por la firma de cada uno de los trabajadores, legalizando el movimiento precarizador de la patronal. El Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (SUTPA) garantiza, según la Secretaria General, Cañabate, en nombre de Facundo Moyano, el traspaso. Se anunció que se respetarán las antigüedades de cada trabajador y que, en caso de indemnizaciones, se le abonarán los años prestados en la actividad. La Secretaria General y su séquito defendieron el traspaso, no sin discusiones acaloradas y cruces con todo el plantel y sus representantes de base, argumentando que este sistema rige en todo el mundo laboral (nacional e internacional) y que la empresa madre de los dos accesos, oeste y norte, "quiere bajar nóminas". Cabe recordar que la mayoría accionaria de ambas empresas de peajes está bajo el control de la empresa Abertis, de capitales españoles, y el SUTPA está funcionando como su vocero. La compañía a la que se le adjudicó el ¨pliego¨ es una empresa cuyo origen se desconoce y su reputación es difícil de rastrear: Solutions Group. Las versiones van desde que sus dueños son capitales mexicanos hasta es que es propiedad de los Moyano y que la negociación se dio en persona por Hugo y Facundo, en su último viaje a España. El golpe de fin año que se está asestando contra los trabajadores pone en alerta a todo el conjunto de la actividad, siendo la tercerización el futuro de todos los sectores según lo anunciado en la asamblea. ¿Qué es la tercerización laboral? La tercerización laboral es un mecanismo que se inauguró con la llegada de los Kirchner en 2003, cuyo fin último y determinante es crear una red de servicios que hasta el momento ejecuta la empresa madre. De esta manera la empresa madre, en este caso GCO y AUSOL, subcontrata servicios de limpieza, de atención al cliente, de cajeros, de monitoreo de cámaras, de seguridad vial, entre otros, pagando a la tercerizada un canon por el servicio prestado. El empleado ya no pertenece a la empresa madre y se ejecuta un fraccionamiento del colectivo obrero, dividiéndolo no solo por actividades laborales cotidianas, sino también en sus relaciones de dependencia, que a partir del momento ya no será una y única, sino variada y múltiple. Cada sector pertenecerá a una empresa distinta, desligando a AUSOL y GCO de sus obligaciones y responsabilidades laborales y legales. Este último es uno de los objetivos centrales de la tercerización laboral: subcontratar empresas que sean responsables legalmente de los conflictos judiciales que los trabajadores realicen por fraude laboral, persecución gremial, mala liquidación de desvinculaciones y otros. La instauración de este sistema por parte del kirchnerismo tuvo como sostén a las burocracias de las distintas organizaciones gremiales, que se quedaban con la posibilidad de ser ellos mismos quienes armaran las firmas tercerizadas, quedando en ambos lados del mostrador: patronal y sindicato serían a partir de ese momento una misma cosa. La lucha contra la tercerización y la precarización laboral puso en jaque al gobierno K con el asesinato de Mariano Ferreyra, que inspiró a miles de luchadores a no bajar los brazos y encaminar un sendero de organización obrera socialista independiente del Estado y sus organizaciones. El decretazo de Javier Milei amplía la categoría legal de la tercerización y posibilita su implementación sin límites en todas las actividades económicas. Por otro lado, imposibilita el establecimiento de asambleas durante el horario laboral y la sanción de las huelgas en los sectores de transportes y sus derivados, afectando claramente el derecho a huelga. El golpe de Estado económico que se ejecuta bajo el actual gobierno pone un desafío por delante para todos los trabajadores de peajes y más allá de ellos. La tercerización no solo continúa, sino que crece con cada gobierno. La lucha contra la tercerización se actualiza.

Más de 7.000 personas se encuentran reportadas desaparecidas en Gaza, incluidos 4.900 niños y mujeres. Se cree casi sin lugar a dudas que los desaparecidos están atrapados bajo los edificios bombardeados. Los equipos de Defensa Civil en la Franja ya se encontraban muy deteriorados antes del inicio de la guerra. “El equipo que nosotros usamos estaba ya desvencijado —desde 2006 no tenía casi mantenimiento ni recibió refuerzos— y la Defensa Civil está trabajando casi sin herramientas”, le dijo a Al Jazeera el capitán Raed Saqr del Departamento de combate del fuego y rescate de la Defensa Civil de Gaza (28/12). “Este mes una declaración de la oficina de medios de Gaza denunció que el 80% de los vehículos de rescate y el equipamiento de Defensa Civil fueron destruidos por los bombardeos israelíes” (ídem). El ensañamiento con la Defensa Civil gazatí está en línea con la política de tierra arrasada de los sionistas: según fuentes de Naciones Unidas más de la mitad de las unidades habitacionales de Gaza, aproximadamente 313 mil, se encuentran destruidas o dañadas; 352 instituciones educativas fueron bombardeadas; 26 de los 35 hospitales de la franja están fuera de servicio; 102 ambulancias se encuentran destruidas o inactivas; 203 lugares religiosos se encuentran igualmente dañados o bombardeados. La guerra se extiende a la Cisjordania virtualmente ocupada por entero por las tropas sionistas. En las últimas horas Ramallah, la ciudad asiento de Abbas y la Autoridad Palestina, fue objeto de un asalto de decenas de vehículos blindados israelíes, matando e hiriendo a decenas de habitantes de la ciudad. “Aunque las incursiones israelíes no son inusuales en la Cisjordania ocupada, su escala, frecuencia e intensidad han aumentado en las últimas semanas” (ídem). “Tropas israelíes lanzaron un ataque coordinado durante la noche del miércoles contra 10 ciudades, incluidas Hebrón, Halhul, Nablus, Jenin, Tulkarem, el-Bireh, Jericó y, en particular, el centro de Ramallah. Las redadas, que continuaron hasta la madrugada del jueves, tenían como objetivo casas de cambio palestinas, dijeron los reporteros de Al Jazeera en el terreno. ´Esta fue una redada como nunca antes habíamos visto en el centro de Ramallah, como ninguna otra. Desde el 7 de octubre no hemos visto una redada de este tamaño´, dijo Imran Khan de Al Jazeera, informando desde cerca del lugar el jueves” (ídem). Según Mouin Rabbani, analista de Oriente Medio, la escalada de violencia en la Cisjordania ocupada es parte de una agenda de algunos funcionarios israelíes para "consolidar permanentemente" el dominio de Israel sobre el territorio palestino. "Quieren provocar deliberadamente a los palestinos para que busquen crear el mayor conflicto posible", dijo a Al Jazeera. “Incluso quieren provocar a las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina, porque en su opinión, si se involucraran en un conflicto, eso le daría a Israel un pretexto para simplemente eliminar a la Autoridad Palestina por completo” (ídem). La violencia en Cisjordania ha estallado desde que comenzó la guerra de Israel en la Franja de Gaza el 7 de octubre. En este tiempo, más de 300 personas han muerto en redadas y casi 4.800 palestinos han sido arrestados por Israel. LEER MÁS: Por bombas o por hambre, Israel y Estados Unidos avanzan con el genocidio palestino Por Olga Cristóbal, 26/12/2023.

Desde hace tiempo, el aparato del Partido Obrero ha venido alentando una alianza política con la burocracia de las organizaciones sociales y de la CGT. Un lugar privilegiado en la mira de esta política lo ocupaba Juan Grabois, con el cual Eduardo Belliboni tejía la posibilidad de un frente ‘de acción’ nada menos que para enfrentar al ministerio de Desarrollo Social del kirchnerismo. Lo mismo ocurría con Pablo Moyano, a quien cortejaban desde el Plenario Sindical Combativo. Todas las gestiones en este sentido terminaron en la nada después de que de un lado y de otro alentaron perspectivas positivas. En su afán de autobombo, los Solano y Pitrola se multiplicaron en desarrollar expectativas en una burocracia ‘social’ y sindical que opera como sostén de los gobiernos de turno, del aparato del Estado y, por supuesto, del capitalismo. De este entretejido oportunista nació la precaria consigna “por un movimiento popular con banderas socialistas”. Es cierto que con anterioridad este aparato había defendido en polémicas internas del PO que la pequeña burguesía podía ser el agente de una revolución socialista. “Todo tiene que ver con todo”. Yendo a la actualidad más inmediata, la semana pasada el periodista de BAE, Horacio Aranda Gamboa, tituló que “La Unidad Piquetera y la CGT sellarán ‘la unidad de la clase obrera’ contra el DNU de Milei”. Lo de “la unidad de la clase obrera”, el periodista lo pone en palabras de Belliboni. Para esto se había programado una reunión con la directiva cegetista a la que, según algunos medios, concurriría Néstor Pitrola. La campaña del PO oficial y del FIT-U -por un paro nacional y un plan de lucha de la CGT– concluía en una propuesta de arreglo con la burocacia sindical para ‘combatir’, supuestamente, la ofensiva anti-obrera de Milei. La reunión en cuestión no tuvo lugar, como estaba descontado, y la burocracia redujo su ‘plan de lucha’ a un trámite judicial en Tribunales, el cual transcurrió en la vereda, para no chocar con el protocolo represivo de Bullrich y Wolf. La Justicia rechazó la cautelar pedida por la burocracia y Milei impuso su veto a las demostraciones populares. El periodista Andrés Klipphan, de Infobae, relata que Belliboni le informó que “sí se mantienen las reuniones y contactos con otros dirigentes de la CGT ‘para la coordinación de las columnas para el mejor desenvolvimiento de la actividad prevista contra el decretazo presidencial’”. O sea que Belliboni no interpretó la suspensión de la reunión, ni la huída de la burocracia de Plaza Lavalle, como la expresión de una línea de acomodamiento de la CGT al gobierno, sino todo lo contrario. Klipphan cuenta que en los preparativo de la marcha a Tribunales “la idea fuerza es enviar delegaciones de cada movimiento que integra la UTEP pero sin marchar por la Ciudad de Buenos Aires para evitar que se aplique el Protocolo Antipiquetes…”. La CGT que debería llamar a un paro nacional, según el FIT-U, no está dispuesta a incurrir en una infracción contra Patricia Bullrich. La burocracia de la CGT replica la política de la llamada o supuesta oposición en el Congreso, que ha dejado pasar la aprobación tácita del DNU 70 y se apresta a votar la ley ómnibus que consagra un estado policial. Cualquiera de las dos –la CGT y el Congreso– tienen la capacidad de tirar abajo todos los decretazos ‘libertarios’, pero no están dispuestos a utilizarla para no abrir la puerta a una crisis política que sería terminal y a un impetuoso movimiento de masas. El año comenzará con súper tarifazos en el transporte, los servicios domiciliarios, alquileres y otro aumento de la nafta. Todas las perspectivas están abiertas, pero no en colaboración con la burocracia de la CGT ni expectativas democráticas en los partidos patronales. LEER MÁS: Marcha de la CGT: una “estrategia” que duró 15 minutos Por Marcelo Ramal y El Be, 27/12/2023. El “estado de excepción” y la huelga general Por Jorge Altamira, 27/12/2023.

Se realizó una manifestación para exigir la asistencia por luz, vivienda y alimentos para familias afectadas por el reciente temporal y contra el DNU antiobrero de Milei que reunió varios centenares de personas en Plaza Rivadavia, y culminó en puertas del Concejo Deliberante. La movilización fue debatida en una asamblea abierta, que convocaron la CTA en la que están agrupados las conducciones de SUTEBA y ADUNS (docentes universitarios) y el sindicato de músicos UmSur de la siguiente forma: “Frente a las medidas de desregulación dictaminadas por el decreto del día miércoles, que afectan a múltiples sectores de la sociedad, proponemos la necesidad de constituir un espacio de intercambio en común. Considerando que es mejor dar una respuesta que contenga a todos los afectados, que dar respuestas sectoriales…”. La reunión realizada en un teatro de la ciudad tuvo unos 100 asistentes. Además de las organizaciones convocantes, participaron los partidos del FITU, Política Obrera, René Salamanca, agrupaciones sindicales de la UNS y de la Asociación Argentina de Actores, miembros de Centros de Estudiantes de Humanidades de la UNS, de la Escuela de Teatro, Inquilinos Agrupados y de la Agrupación Político Sindical 1ro. de Mayo. Durante la asamblea se informó la adhesión del Sindicato de Aceiteros y Desmontadores. Luego de un debate, se establecieron las siguientes consignas para convocar al cacerolazo: “por un plan de asistencia y ayuda económica inmediata a las familias afectadas por el temporal, abajo el ajuste y el DNU, arriba los salarios y las jubilaciones, por trabajo genuino sin recorte de derechos, construyamos en unidad un paro nacional y un plan de lucha”. A ello se la adjunto otro texto encabezado por la consigna “¡Plata Hay! y exigiendo fondos presupuestarios al gobierno nacional para atender los destrozos causados por el temporal, al gobierno provincial para la reparación de las escuelas, una tasa municipal para las empresas del polo petroquímico y la campaña de fondos para ayudar al frigorífico recuperado INCOB, fuertemente dañado por el temporal. La CGT bahiense decidió no movilizar en la ciudad el miércoles 27, estableciendo que “no era el momento”, poniendo como excusa al temporal, como si el DNU de Milei no fuera obstáculo alguno para la asistencia a los damnificados y la reconstrucción de la ciudad. Esto fue criticado durante la reunión, junto con la política de “combatir” el DNI recurriendo a la justicia. Ante esta defección, la asamblea abierta tuvo el mérito de impulsar una movilización para salir a la calle contra el DNU y para exigir por la asistencia a las familias afectadas por el temporal. En paralelo al cacerolazo, se realizaron varios piquetes en distintos puntos de la ciudad que hoy todavía siguen sin luz. Sin embargo, y defendido por una mayoría de las organizaciones presentes –a excepción de Política Obrera- se levantó como consigna destacada la exigencia a la CGT de un “paro nacional y plan de lucha”, es decir, mantener una expectativa de que de la burocracia sindical podrá brotar una lucha consecuente por los intereses de la clase trabajadora. Por otra parte, como se puede apreciar, la asamblea fijo un pliego político más extenso que lo previsto en la convocatoria inicial –luchar contra el DNU- en forma de “consenso” entre la mayoría de las organizaciones presentes, en una reunión que no duro más de dos horas. Está convocada una nueva asamblea abierta para el 2 de enero, esta vez en la Plaza Rivadavia. De nuestra parte, llamamos a participar y promoveremos toda acción que permita darle centralidad a las reivindicaciones obreras cruciales del momento: 100% aumento de salarios, jubilaciones y asistencia social, abajo el DNU y la contrarreforma laboral. La asistencia inmediata por el temporal que se reclama en todas las barriadas afectadas. Por la preparación de una huelga general para luchar por ellas. LEER MÁS: Bahía Blanca: frente a la catástrofe social y el temporal: ¡organización! Por Marcos Di Benedetto, 23/12/2023.

El miércoles 27, una delegación de miembros del SEOM, sindicatos de municipales de Jujuy, junto al referente histórico del gremio Carlos “Perro” Santillán, se dirigían a participar de movilización de la CGT para presentar un amparo contra el DNU de Milei en el Palacio de Tribunales. Un retén de la Gendarmería a la altura de Zárate detuvo el micro y exigió su retorno inmediato a Jujuy, so pena de secuestrar el mismo e imponer una multa millonaria al propietario. El colectivo tenía todos los papeles y seguros para circular. Durante el operativo, tampoco se permitió que descendiera ningún integrante de la comitiva. Finalmente, fueron escoltados por vehículos de Gendarmería hasta la Estación terminal de ómnibus Dellepiane donde el micro quedó retenido. La demora, secuestro de un vehículo y su escolta por parte de Gendarmería resulta llamativo porque éste iba a participar de una jornada donde la CGT había solicitado previamente permiso a las autoridades para manifestarse y hasta había suscrito un seguro civil de $10 millones por si ocurría alguna eventualidad. Es decir, era una delegación que participaba de una actividad reconocida y avalada por Bullrich y sus secuaces. Es evidente que el objetivo supera el propio hecho en sí mismo y pretende instalar un cuadro de disuasión de las movilizaciones y marchas en medio de un ajuste brutal sobre los trabajadores. El gobierno nacional viene aplicando el reaccionario protocolo antipiquetes aún más lejos de las normas que el propio protocolo dispone, como el impedimento a la libre circulación dentro del territorio y la detención o demora de personas ante la presunción de que van a participar de una movilización o reclamo -esto fue muy claro el 20 de diciembre con los retenes policiales que detenían colectivos urbanos y pedían documentos a los pasajeros presuntamente ‘manifestantes o piqueteros’. Desde ya que este accionar no puede ser disociado del cuadro político de conjunto, del derrumbe del peronismo y la intentona de Milei de gobernar por decreto. No es producto de que estamos frente a un estado de excepción o métodos de una dictadura como caracterizan algunas organizaciones, sino al propio Estado de derecho bajo el cuadro de descomposición final del régimen. Desde Política Obrera repudiamos la detención y demora de la delegación del SEOM, nos solidarizamos con todos ellos y con todos los que han sufrido los atropellos policiales en el operativo El avasallamiento de las libertades individuales, incluida una de las más importantes que es el derecho de protesta, no puede ser negociada con el régimen político que busca cercenarla, sino combatida abiertamente por parte de los trabajadores -que deberán superar los límites de las actuales direcciones- mediante la huelga general para imponer todos sus reclamos. LEER MÁS: Marcha de la CGT: una “estrategia” que duró 15 minutos Por Marcelo Ramal y El Be, 27/12/2023. Al DNU de Milei sólo lo para una huelga general Desindexa salarios y jubilaciones, pero indexa 700.000 millones de dólares de deuda pública. Nota de tapa de la edición impresa de Política Obrera N°85, 4° año, 2° época, 25/12/2023.

El reciente proyecto de “Ley ómnibus” presentado por Milei al Congreso representa la liquidación de los organismos estatales de cultura, lisa y llanamente. Cierra el Instituto Nacional del Teatro (INT) y el Fondo Nacional de las Artes (FNA), creados por las correspondientes leyes y habiendo sido nombrados los respectivos directores: Mariano Stolkiner (INT) y Javier Torre (FNA). En los casos del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Instituto Nacional de la Música (INAMU) y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) se propone el “desfinanciamiento”. Confiscación de aportes Los denominados “organismos integrados de cultura” del Estado nacional se financian, básicamente, con dinero procedente de la misma producción cultural. Hay dos casos testigo. El INCAA percibe un 25 % proveniente de ENACOM, fondo que se suprimiría, quedándole el fondo que se forma con el 10 % sobre cada entrada al cine que, en lo concreto, es la parte de dinero más jugosa. En cuanto al FNA, salvo en casos excepcionales, no recibe aportes del Tesoro de la Nación y la Secretaría de Cultura realiza un aporte minoritario. Se trata de un ente autárquico considerado como “el banco de los artistas”, cuyos fondos mayoritarios están constituidos por el aporte del “Dominio Público Pagante” (DPP). Este gravamen procede de la reproducción de obras (musicales, literarias, plásticas, gráficas, etcétera) cuyos autores lleven ya 70 años de fallecidos, cuando su derecho de autor privado ha caducado y la obra ha pasado al dominio público; se recauda por medio de los organismos de gestión colectiva, o directamente por el FNA, con un valor que oscila del 0,3 al 3% del valor comercial de las obras. O sea, prácticamente los creadores artísticos serían los principales accionistas del FNA. ¿Adónde iría a parar, entonces, el dinero que se ganan con su trabajo los artistas y escritores, del cual una parte se usa para sostener los organismos de cultura? Si no retroalimentan a los organismos e instituciones estatales creados por ley o decreto que, a su vez, sostienen la actividad, significa que el dinero recaudado iría a engordar los bolsillos de empresarios, mediante organismos del Estado que se los asignaría fundándose en esta “Ley ómnibus” u otra que sea creada con tal propósito. Los bancos y la cultura No contenta con todo esto, la “Ley Ómnibus” atribuye a los bancos privados el otorgamiento de los créditos que antes asignaba el INCAA, por ejemplo. O sea, la recaudación del 10 % sobre las entradas al cine ingresarían en un banco que, luego, otorgaría un crédito al mismo sujeto (actores, actrices, guionistas, directores, productores) que ha aportado a ese fondo, con intereses “a tasa de mercado”. En la actividad literaria, la derogación de la ley 25.542 dictamina la supresión del precio de venta uniforme de los libros. Implica que no habría manera de establecer cuál es el porcentaje de derecho que podría cobrar el autor sobre el precio de tapa. Habitualmente ese derecho se pacta entre la editorial y el autor, aunque en realidad la editorial impone el porcentaje -que ha ido descendiendo desde el histórico 10 % a un 8 y hasta un 6 %-, pero al menos queda fijo una vez acordado. Tampoco lo beneficia al pequeño editor, el cual quedaría a merced de la categoría de precios que establezcan los monopolios editoriales y, en especial, sin poder controlar a qué precio vende cada librería sus ediciones, ello siempre y cuando pudiera seguir produciéndolas, dadas las condiciones que imperarían en la adquisición de insumos gráficos a partir del DNU. Si a ello le sumamos el ataque contra las bibliotecas populares y las ediciones a cargo de la CONABIP, el horizonte es de analfabetismo literario absoluto para las masas de trabajadores y sus familias. Organizarnos para luchar Obviamente, la privatización de la actividad artística y literaria y la confiscación de los haberes de los trabajadores de este sector se encuadra en la política de “golpe de Estado económico” que ha decidido imponer el gobierno de Milei. Si se aplicara, solo podrían sobrevivir las grandes “industrias culturales” es decir, los monopolios del sector. El problema es que, al igual que en el resto de los sectores gremiales, nos encontramos con la burocratización de las direcciones gremiales o, en algunos sectores, con su inexistencia. La atomización propia de la actividad cultural, en especial de la independiente, donde no hay “establecimientos productivos” con muchos empleados, así sea con contratos precarios, como en las empresas televisivas y cinematográficas, conspira contra la organización gremial. A esto hay que sumarle que las asociaciones y gremios existentes han venido colaborando por omisión o de hecho en la degradación o en la pérdida de derechos laborales. Por tanto, no hay vía más segura que la autoconvocatoria, las asambleas y las marchas, pero también exigir pronunciamientos urgentes a las gremiales de artistas y escritores. ¡Repudiemos la “Ley ómnibus” y el DNU! ¡Defendamos el sostenimiento estatal de los organismos de cultura! LEER MÁS: Las provocaciones de Sturzenegger sobre el Instituto Nacional del Teatro Por Pablo V, 26/12/2023.

Mientras todavía no se había terminado de desconcentrar la movilización de la CGT a Tribunales, el dirigente del Sindicato de Comercio Armando Cavalieri ya estaba reunido con los ministros del gobierno para manifestarle la “adhesión” de su sindicato al reemplazo del régimen de indemnizaciones por el fondo de cese laboral que está incluido en el DNU y cuyo modelo rige actualmente para la UOCRA. Cavalieri se reunió con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y con el secretario de Trabajo, Omar Yasin. El significado político de este anuncio consiste en que revela que la burocracia de la CGT tiene canales abiertos con el gobierno. En A24, Omar Plaini justificó la movida de Cavallieri en la autonomía de cada sindicato. Si es así, no hay interés en una acción colectiva de los trabajadores contra los decretazos ‘libertarios’. Esto significa que los 1,3 millones de trabajadores bajo el convenio de comercio ingresarán a partir de enero, cuando se discute el convenio, al régimen de “cese laboral” de la UOCRA, en la que los patrones aportan a un fondo, que es cobrado por el trabajador a la hora del despido o del fin del contrato. El régimen facilita el despido arbitrario o “sin causa”, o sea que sirve como arma de la patronal contra la lucha de los trabajadores. También serviría para incrementar la rotatividad laboral, en especial ahora que los decretazos han elevado el período de prueba a nueve meses. La destrucción del régimen actual de indemnizaciones de los mercantiles es el fruto de un largo trabajo de las patronales y de la burocracia de Cavalieri. Previamente “’ya se venía conversando con los empresarios cómo incorporar este esquema al convenio y se acordó conversarlo en las paritarias en enero’, indicaron desde el sindicato” (Clarín, 28/12) El aval de Cavalieri a la agenda de Milei tiene como trasfondo el interés del sindicato de hacerse de la cuantiosa caja que representará el Fondo de Cese Laboral más los intereses. Al respecto, el DNU del gobierno establece que los empleadores podrán optar por contratar un sistema privado de capitalización a su costo, a fin de solventar la indemnización prevista en el presente artículo y/o la suma que libremente se pacte entre las partes. Por eso, señala Clarín “la discusión en Comercio se concentra en especial en el porcentaje del aporte efectivo que deberán realizar los empleadores del sector para nutrir el fondo del nuevo esquema indemnizatorio”. Cavalieri avanza con la destrucción de las indemnizaciones de los trabajadores en defensa de una caja, para también abrir las negociaciones por otra caja sindical: la de los “aportes solidarios” de los no afiliados. Los sindicalistas trasladaron “su preocupación” por el artículo del polémico DNU de Milei que obliga a que los trabajadores firmen su consentimiento al descuento y que pone límites a la renovación de la cuota solidaria. LEER MÁS: Cavalieri firma un bono para la patronal Por Carmen Álvarez, 15/12/2023. La burocracia sindical se prepara para ser parte del próximo gobierno Por Juan Ferro, 15/09/2023.

La decisión de transferir al Tesoro nacional los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad del Anses implica una confiscación inédita sobre los recursos jubilatorios. El FGS fue creado en oportunidad de la nacionalización de las AFJP, con los activos en las que éstas habían invertido los recursos jubilatorios. Aunque se invocaba al Fondo como “sustento” del sistema jubilatorio, lo cierto es que el kirchnerismo y el macrismo utilizaron sus recursos para diferentes rescates al capital (créditos blandos), para eximir al Tesoro de diferentes gastos sociales y, principalmente, para el sostenimiento de la deuda pública. Ahora, la ley ómnibus implica la apropiación definitiva de esos recursos, en favor de un Estado que los usará para cancelar deuda pública o como garantía de nuevos endeudamientos. Más del 70% de los recursos del FGS están colocados actualmente en títulos de deuda del Estado. La ley ómnibus prevé, en otro de sus artículos, “la consolidación de la deuda del sector público”. En el caso del FGS, implicará que el Estado dará por canceladas sus acreencias contra el Tesoro. Un periodista de Clarín, Ezequiel Burgo, califica a esta compensación como un mero “asiento contable”(28.12), asumiendo que se trata de una “deuda intra estado”. Desconoce, de este modo, que los fondos prestados por el FGS al Estado provienen de aportes jubilatorios. La “consolidación de deudas”, por lo tanto, es un gigantesco pagadiós respecto de esos recursos. El libertario, por lo tanto, ha consumado en su ley ómnibus una gigantesca estatización de fondos, para luego repudiar la deuda que el Estado sostenía con el Fondo del Anses. En la mira del capital financiero, se encuentra otro botín del FGS: las acciones que detenta en grandes corporaciones privadas -entre otras, Clarín, Techint, Molinos, Edenor y Ledesma, y cuyo origen son las inversiones bursátiles que habían realizado los fondos de pensión privados. Miseria previsional, jubilación privada Desde el punto de vista de los gastos jubilatorios, la expropiación del ahorro previsional acentúa hasta un extremo la dependencia de los haberes respecto de los recursos corrientes del Estado. Bajo esas condiciones, el haber jubilatorio queda condenado a resultar, más que nunca, una miserable pensión asistencial. Por eso, la decisión de confiscar el FGS es inseparable de la desindexación de las jubilaciones, otra de las medidas cruciales de la ley ómnibus. En los cálculos de ajuste fiscal presentados para el año 2024, el gobierno prevé reducir el gasto previsional en medio punto del PBI, como resultado de la eliminación de la movilidad y de la aplicación de aumentos por decreto. La “asimilación” del gasto previsional al presupuesto corriente culmina un derrotero iniciado por Martinez de Hoz y continuado por todos los gobiernos capitalistas de los últimos 40 años. Uno de sus hitos fundamentales fue la reducción de los aportes previsionales, ejecutada por el cavallomenemismo y que ningún gobierno posterior retrotrajo. A nadie escapa que este capítulo de la ley ómnibus reabre el filón capitalista de la jubilación privada, que está en la mira de los fondos internacionales que han tenido a Luis Caputo como asesor. La ley enviada al Congreso, en definitiva, transfiere 60.000 millones de dólares de los fondos jubilatorios al capital y su Estado. LEER MÁS: Al DNU de Milei sólo lo para una huelga general Desindexa salarios y jubilaciones, pero indexa 700.000 millones de dólares de deuda pública. Nota de tapa de la edición impresa de Política Obrera N°85, año 4°, 2° época, 25/12/2023. Qué signfica el gobierno por decreto y cómo debemos enfrentarlo En una situación explosiva. Por Jorge Altamira, 21/12/2023.

Un periodista de La Nación describe implacablemente cual es la situación política que se ha creado a partir de la presentación de la ley ómnibus en el Congreso nacional. El columnista se interroga sobre la conducta que tendrá la oposición en relación al megaproyecto de ley. Y no duda en señalar que, a esa “oposición balcanizada”, el gobierno le ha ofrecido “una llave para cerrar desde adentro las puertas del Congreso”. ¡Cerrar el Congreso desde adentro! En efecto: a nadie escapa que la aprobación de la ley ómnibus comportaría una sesión extraordinaria de poderes en favor del Ejecutivo, en principio, por dos años. Para el período posterior, la propia Ley ómnibus prevé una reforma electoral que podría llevar -por el régimen de votación uninominal- a una mayoría absoluta en favor del oficialismo, en un escenario político-electoral caracterizado por un unicato represivo. La aprobación de la ley, además, deja en manos de la camarilla de Milei-Caputo el manejo completo de las operaciones de deuda, desde la reestructuración de la actual hasta la adopción de nuevos préstamos. En el plano político, la ley ómnibus cancela las garantías constitucionales de expresión y reunión, y habilita al presidente a autorizar el ingreso de tropas extranjeras al territorio -es la integración de facto de Argentina al campo político de la OTAN, en el marco de una guerra internacional en ascenso. La votación de la ley ómnibus, en definitiva, implicaría la autoanulación del Congreso por un plazo indefinido. Para la circunstancia de un rechazo, Milei ha amenazado a la oposición con un plebiscito, cuyo resultado, sin embargo, no tiene de ningún modo asegurado. Una reciente encuesta de opinión en la emblemática Matanza registra un grado de aprobación de sólo el 30% para el nuevo gobierno, demasiado bajo para solamente veinte días de gestión. En el horizonte cercano, esa misma población deberá afrontar tarifazos en el transporte y en los servicios públicos de entre el 300 y 400%. Como ya ocurriera con el DNU, la publicación de la ley ómnibus ha dado lugar a un desfile de censuras y preocupaciones por parte de constitucionalistas y otros expertos. Detrás de la bulla, sin embargo, los aparatos políticos y sindicales que fueron desafiados por Milei han sido extremadamente contemplativos. El macrismo, del propio Macri a Santilli, pasando por Vidal, ha cerrado filas en el apoyo al DNU y a la ley ómnibus. En el radicalismo, Rodrigo Loredo, un peso pesado de su bloque de diputados, ha “protestado”, no contra los superpoderes por dos años, sino por la pretensión de extenderlos por otro bienio más. Entre los gobernadores, el catamarqueño Raúl Jalil, de Unión por la Patria, anticipó su ´disposición al diálogo´, a caballo de las expectativas en las inversiones mineras. Se ha creado, así, una situación política excepcional. Milei se las ha arreglado para arrinconar a la oposición patronal–“o el Congreso se autocancela, o lo cierro yo”. Pero el chantajista carece de gobernadores e intendentes, y cuenta con una bancada minoritaria, además del retroceso en la consideración popular. La base de su extorsión es el carácter catastrófico de la crisis, que encierra la amenaza de un colapso económico y, principalmente, de una rebelión popular. Parado sobre la cornisa, Milei se presenta ante el conjunto de los aparatos e intereses capitalistas como la última carta frente al abismo social y político. A nadie escapa, sin embargo, que ese abismo puede tener como partero al propio Milei, a la luz del actual derrotero de hiperinflación, aumento del endeudamiento, por un lado, y de la crisis social, por el otro. CGT En el escenario de los aparatos bajo libertad vigilada, ocupa un lugar central la CGT, que viene de protagonizar un revés manifiesto —la marcha y la judicialización del DNU han concluido en un fiasco. Ahora, ha concebido un paro nacional a un mes vista, con el propósito de influir a otro de los poderes del Estado —el parlamento. En el “mientras tanto”, un sindicato estratégico, el de los empleados de comercio, ya abrazó la liquidación de las indemnizaciones por despido, dando por vigente al DNU que comenzará a regir en pocas horas. La extorsión de Milei sólo podrá ser quebrada por la fuerza elemental de la clase obrera, que debe ser convocada a la deliberación y a la autoconvocatoria. El próximo episodio de la confiscación —los megatarifazos— volverán a sacudir la estantería por abajo. El reclamo del 100% de aumento de salarios, la anulación de los decretazos y leyes antiobreras; la vigencia incondicional del derecho de huelga, movilización y expresión son las reivindicaciones cruciales en la preparación del único recurso que puede terminar con esta tentativa antiobrera: la huelga general. LEER MÁS: Marcha de la CGT: una “estrategia” que duró 15 minutos Por Marcelo Ramal y El Be, 27/12/2023. El “estado de excepción” y la huelga general Por Jorge Altamira, 27/12/2023. Qué signfica el gobierno por decreto y cómo debemos enfrentarlo En una situación explosiva. Por Jorge Altamira, 21/12/2023.

La entrada en vigencia del DNU 70/23 el día de mañana y el envío a extraordinarias del proyecto de ley Ómnibus ponen en jaque a todo el régimen político. La vigencia del DNU ocurrirá como consecuencia de la flagrante omisión del Congreso que ni siquiera ha intentado constituir la Bicameral que trata de esos decretos, a pesar de la representación ínfima del gobierno ‘libertario’ en el parlamento. La aprobación tácita de los DNU fue establecida por el gobierno de Néstor Kirchner y la mayoría parlamentaria constituida por el Frente para la Victoria y la UCR. La extensión de los proyectos de ley del DNU 70 –compuesto de 364 artículos– convierten al sistema político en un régimen de poder personal. El proyecto de ley ómnibus refuerza este carácter de poder personal, porque solicita al Congreso la transferencia de los poderes legislativos al Ejecutivo por dos años, con la posibilidad de extenderlo a cuatro años, o sea a la totalidad del mandato presidencial. Este proyecto, que debe tratarse en un mes aborda toda la legislación relevante de Argentina, incluídos los Códigos Civil y Penal. En su lista de privatizaciones de empresas públicas incluye al Banco Nación, a YPF y a Arsat. Con el banco Provincia, el Nación es el más relevante para la financiación de la burguesía local tomada en su conjunto. YPF es la compañía con mayor potencial de capitalización del país; Arsat es la proveedora de satélites –el mayor logro tecnológico nacional. El proyecto ómnibus –más de 660 artículos– altera la organización económica de Argentina. Entre sus normas figura el pasaje del Fondo de Sustentabilidad de ANSES al Tesoro, lo cual significa, de un lado, la venta del patrimonio de acciones en empresas privadas del Fondo –en especial en Techint – y la confiscación de su elevada tenencia de deuda pública; su efecto inmediato es elevar la cotización de los títulos de deuda pública en circulación. Se trata de un ataque frontal al sistema previsional, que sufre al mismo tiempo la suspensión del ajuste de las prestaciones jubilatorias en un escenario hiperinflacionario. El mamotreto enviado a Diputados altera la ley de administración financiera, que impone, en su versión actual, la obligación de obtener una ventaja para el Tesoro nacional en los casos de reestucturaciones de deuda, como precisamente intentará hacer Milei. Es una delicia para los acreedores nacionales e internacionales. En función de este cambio en la administración financiera, el gobierno anunció la emisión de un bono de “deuda perpetua”, con el propósito de pagar en forma integral la indemnización reclamada por un fondo buitre, en la justicia de Nueva York, por la estatización parcial de YPF en 2015. La factura es de 16 mil millones de dólares y el resarcimiento tiene lugar cuando ese fondo había anunciado la disposición a reducir esa deuda en un 80% debido a la evidencia de que Argentina no tenía condiciones para pagarla con un saldo negativo de reservas internacionales. El aval del Congreso a semejante operación podría reservar a quienes estén dispuestos a votarlo un largo período de cárcel en el futuro por estafa al Estado. Este escenario político-financiero demuestra que Argentina ha pasado a ser gobernada por lobbys capitalistas, nacionales e internacionales, que han instalado a sus funcionarios en las reparticiones estatales. Esto vale desde BlackRock, la Corporación América o Techint, hasta lo massistas Vila-Manzano y la familia Caputo, que han transferido su apoyo del viejo al nuevo gobierno. Un aspecto aparentemente menor del proyecto “Bases para la recuperación de la libertad en Argentina”, descripto en su introducción, es que, a diferencia de la Constitución Nacional, reserva la libertad para los habitantes del país, y no “para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”. Es un proyecto de discriminación social contra la inmigración, esto en un país despoblado. A diferencia de Alberdi, para quien “gobernar es poblar”, para Milei es lo contrario. Alberdi, por cierto, llegó tarde, poque para ese entonces la tierra en Argentina estaba, a diferencia de Estados Unidos, repartida entre grandes latifundistas. El mismo propósito tiene Milei, cuyo propósito es licitar la Patagonia, el norte argentino, la cordillera y los humedales. El objetivo explícito del proyecto enviado al Congreso es instaurar un Estado policial, con la prohibición de manifestación, anulación del derecho de huelga en la totalidad de servicios e industria y el derecho al gatillo fácil ejemplificado en el caso Chocobar. A Milei-Bullrich se le habían adelantado el gobernador de Salta y el ex gobernador de Jujuy. En la cabeza de los autores, al menos, el escenario de Argentina sería de guerra civil –efectiva o potencial. Los acompañantes de Milei, Bullrich, Sturzenegger y otros, ya han sido derrocados en dos oportunidades, bajo De la Rua y bajo Macri; la tercera es la vencida. La reacción a este golpe de Estado de parte de los bloques opositores del Congreso en condiciones de ratificar el DNU 70 y aprobar el engendro ómnibus, ha sido de connivencia. Han salido en fila india a pontificar acerca de los “aspectos positivos o novedosos” de esos mamotretos, lo mismo que los progrmas de La Nación+ y TN. Rodrigo de Loredo, el jefe de la bancada de la UCR, admitió incluso que la cesión de facultades legislativas al Ejecutivo podría extenderse a 2027. Como escribió ácidamente un columnista destacado de La Nación, “Milei ofrece a la oposición una llave para cerrar desde adentro las puertas del Congreso”. En efecto, Milei ha diseñado un conflicto de poderes para el caso de que no se ratifique el DNU y no se apruebe el 90% del proyecto ómnibus. Se trata de una extorsión política, que apunta a poner al Parlamento del lado de ‘la subversión’. Con una inflación que, a partir de enero, se convertirá en 1.5/2.0% diaria, el rechazo al planteo totalizante y totalitario del Ejecutivo podría reproducir un diciembre de 2001, pero con participación fundamental de la clase obrera. La polarización definida en estos términos ha llevado a Miguel Pichetto, ex kirchnerista y ex macrista, a romper con Juntos por el Cambio, para no avalar el cambio de régimen político que pretende Milei. Es el sector de la burguesía que advierte contra el aventurerismo de los libertarios, capaz de poner al régimen político en un callejón sin salida. El progresismo criollo se ha dividido también en los mismos términos, a partir de quienes entienden que hay que reivindicar las ‘cosas positivas’ del proyecto libertario para evitar una confrontación social y política en las calles y lugares de trabajo. Un protagonista oculto en estos eventos es la embajada norteamericana, el sionismo y el FMI, que buscarán a toda costa una fórmula de arreglo para salvar al gobierno de Milei. La respuesta de la burocracia de los sindicatos es un espejo del de la burguesía parlamentaria. Connivencia. Eso fue el paseo de los Tribunales y el acatamiento a la normativa represiva de Bullrich. Ahora, el Comité Central Confederal de la CGT se ha comprometido a un paro nacional para el 24 de enero –un largo mes por delante, en vacaciones (cuando las patronales pueden vaciar las fábricas), pero por sobre todo cuando debe finalizar el período de sesiones extraordinarias del Congreso. O sea, con la expectativa de tener un panorama político resuelto. Claro que, en el medio, lo que ocurra en el Congreso y en las góndolas de los supermercados puede sacudir toda la estantería social y política. La línea seguidista del FIT-U hacia la burocracia cegetista, plasmada en que diseñe y dirija un plan de lucha y un paro, ha quedado en el pantano. La posición de la directiva cegetista no fue desafiada o cuestionada en el Confederal, en contradicción con las resoluciones previas de algunos sindicatos de que irían a una huelga general contra la anulación del derecho de huelga. En enero se reunirán también algunas paritarias, en las que se deberá dirimir el golpe de la hiperinflación en los salarios y en los ajustes periódicos de los salarios. Con esta caracterización de conjunto de una enorme crisis de poder, la tarea de los luchadores será la de dar forma organizada y política a la manifestación de descontento popular hasta convertirla en “trend topic” entre los trabajadores. La crisis en desarrollo abarcará un período político. Por eso es necesaria una intensa preparación política, incluídos los métodos de lucha contra la represión y el Estado policial. LEER MÁS: Milei, un chantajista en medio de una crisis explosiva Por Marcelo Ramal, 28/12/2023. Una confiscación histórica a los recursos de los jubilados Por Marcelo Ramal, 28/12/2023. Ley Ómnibus: un atropello contra las libertades democráticas que no debe pasar Por El Be, 28/12/2023. El juicio a YPF y un fallo que desenmascara a los candidatos del FMI Por Marcelo Ramal, 10/09/2023.

Como sabemos, la novela de idas y vueltas de toda esta semana entre la cúpula de la CGT y Eduardo Belliboni terminó en un plantazo. Como trascendió durante el mediodía del martes, la CGT a través de Pablo Moyano tomó una precavida distancia del Polo Obrero -oficial- y su agrupamiento, cancelando a último momento una reunión para articular la movilización a Tribunales contra el DNU de Javier Milei. Con lo que la adhesión a este acto, como si sucedió con las dos CTAs y con la UTEP, no fue correspondida. Los medios recordaron el antecedente de junio del 2022 cuando en pleno gobierno de Alberto Fernández y en escalada inflacionaria, las cartas y reuniones del aparato del PO a la CGT pidiendo un paro general no llevaron a ningún lado. La CGT se mantuvo firmemente alineada con el gobierno del Frente de Todos. Diferentes fuentes desde el interior del edificio de calle Azopardo confirman que preferían ‘abrirse’ de cualquier organización conjunta con los piqueteros. También trascendía otra cuestión: una negociación con el gobierno sobre los puntos del megadecreto que preocupan a los gremios, las obras sociales y la recaudación de la cuota sindical. “Las centrales sindicales no pueden desaparecer del escenario”, respondió Eduardo Belliboni al ser consultado sobre el desplante. Y explicó que la cumbre con Moyano pautada en el Sindicato de Camioneros de la calle San Juan pasaría para la semana que viene. En Plaza Lavalle aseguró que tanto del DNU como la flamante Ley Ómnibus de Milei “ss como un perro que se muerde la cola. Siempre debe pasar por el parlamento”, colocando el pedido en el campo de la burocracia y los gobernadores que piden poder votar ellos mismos en el parlamento el paquetazo antiobrero. Juan Grabois también empujó en el mismo sentido. Planteando que la marcha a Tribunales debía estar encabeza por los referentes y diputados de los partidos políticos de Unión por la Patria, que obviamente no estuvieron en la movilización. Acto El breve acto del miércoles incluyó de parte de la CGT un cuidadoso armado, coordinado con Diego Kravetz de la Policía de la Ciudad, que no puso en riesgo el protocolo antipiquetes. Con un diagrama para las columnas, sindicatos y organizaciones sociales, la CGT reforzó el pacto pagando un seguro de caución por 10 millones pesos, un hecho inédito en la historia del sindicalismo argentino. "De ellos no nos responsabilizamos", agregó horas antes un importante dirigente sindical que aseguró que querían evitar una foto con los "troskos". "Nosotros no convocamos más que a nuestros cuadros gremiales”. La preocupación de los “gordos” es que no se cierre el canal de negociación abierto con la Casa Rosada. Desde adentro Gerardo Martínez de la UOCRA, alineado con Milei intenta dilatar o frenar cualquier medida de lucha. Este jueves el Confederal de la CGT resolvió respecto a llevar adelante un paro general o no, que por estas horas quedó para el 24 de enero. La larga espera cortaría la tregua entablada desde el 29 de mayo del 2019, su último paro general. En la conferencia de prensa, Héctor Daer profundizó la distancia con el arco piquetero: "no sé qué es Unidad Piquetera. Con nosotros está la UTEP con los que vamos a trabajar". Auditoria a la chilena Mientras la colaboración de la burocracia sindical es evidente, desde el Ministerio de Capital Humano se preparan para el lanzamiento de una auditoria sobre los planes sociales que comenzaría el 1 de enero y que podría llevar unos tres meses, relevando datos personales, de grupo familiar, etc. que se cruzarán con Anses y otros organismos. Mientras tanto, queda prorrogada la resolución de Sergio Massa respecto del pasaje del total de los planes a la ahora Secretaria de Trabajo. Una de las opciones sobre la mesa es un pasaje masivo hacia la órbita de los municipios, aunque Sandra Pettovello esperaría a finalizar antes la auditoria. Lo más firme es avanzar con una segmentación de los titulares en diferentes áreas según su tipo de contraprestación dando final al programa Potenciar Trabajo como se lo conoce. El esquema ubicaría que los titulares de 18 a 29 años (unos 450.000) pasen a Trabajo, que los que tengan más de 55 años se mantengan como trabajo comunitario en Desarrollo Social y aquellos que tengan estudios pendientes pasarán a la Secretaria de Educación. Un modelo similar al de Chile con el Registro Social de Hogares (RSH) que personaliza la ayuda social, e incluye la implementación de ‘acompañantes’ que tendrían cada uno unas 20 familias a cargo. Sin embargo, el optimismo entre las flamantes filas de funcionarios liberales se moderó ante la posibilidad de tener que incluir en breve lo que evalúan seria 1 millón de personas, que en estos momentos no tienen ninguna ayuda social y que entrarán en la pobreza extrema tras las medidas de ajuste del gobierno. LEER MÁS: Fracasó la “unidad de clase” de Belliboni y Pitrola con la burocracia de la CGT El llamado a un paro de la CGT, al servicio de una política colaboracionista. Por Comité Editorial, 28/12/2023. Marcha de la CGT: una “estrategia” que duró 15 minutos Por Marcelo Ramal y El Be, 27/12/2023. La CGT ‘se moviliza’ El desgaste de las maniobras parlamentarias y tribunalicias. Por Jorge Altamira, 23/12/2023. El triunvirato vaticano no saca los pies del plato Por Leonardo Perna, 23/12/2023.

La mega ley titulada “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” contiene varias modificaciones referidas a la educación. Ciertamente no establece un nuevo “punto de partida”, más bien se propone desarrollar hasta el final las tendencias actuales privatizadoras y vaciadoras que deterioran el proceso educativo. La ´baucherización ́ planteada en la campaña electoral como una reforma de “segunda generación” supone a un sistema público educativo arrasado, una tendencia de las últimas décadas que se pretende llevar hasta el final con esta “ley ómnibus”. Allí se plantea, entre otras cuestiones, eliminar la prohibición de que las universidades suscriban acuerdos que “impliquen ofertar educación como un servicio lucrativo o que alienten formas de mercantilización”, una modificación de la Ley de Educación Superior (1995) que, de todas formas, ya había catalogado a la educación como un ´servicio´. Sin esperar la existencia de un Milei o una ley de estas características, el conjunto del régimen universitario promueve, especialmente desde la sanción de la LES, una infinidad de convenios, ofertas y servicios lucrativos. La UBA, por ejemplo, recauda más recursos bajo estas formas que las que dependen del presupuesto nacional. Extranjeros La ´propuesta´ con más repercusión se centraliza en el arancelamiento universitario para los extranjeros. Es la punta del iceberg del arancelamiento generalizado. “Podrán establecer aranceles para los servicios de enseñanza de grado o de trayectos educativos para aquellos que no reúnan los requisitos previstos” -ser argentino o con residencia permanente. La residencia permanente requiere, como mínimo, dos años de residencia para los países del Mercosur y tres años para los extraMercosur. El deshilachado presupuesto universitario podría ´nutrirse´ de un arancelamiento para un sector de los estudiantes, al menos durante buena parte de su carrera. De nuevo, esta línea completamente discriminatoria y que alienta un discurso fascista contra el extranjero -al mismo tiempo que se le permite a las empresas imperialistas la compra de la totalidad de las tierras- ya tiene sus antecedentes en la propia Universidad. La UBA recientemente modificó la inscripción al CBC. Antes podía realizarse con cualquier documentación extranjera, mientras que ahora solicitan la “residencia transitoria”, un trámite que demora un año. La ley de Milei busca extender eso hasta la residencia permanente. Para la Universidad se plantea, además, la posibilidad de un “examen de ingreso”, lo que en el pasado funcionaba como un enorme filtro para el acceso educativo. Evaluaciones para todos Entre otras reformas la ley considera la realización de un “examen censar obligatorio” para “medir los aprendizajes adquiridos”. El estudiante tendría el “derecho de conocer y recibir una certificación del resultado”, lo que el gobierno sugiere que se pueda añadir “al curriculum”. Se busca reemplazar el título secundario, que por supuesto cuesta sus materias aprobar, por un “ranking” de estudiantes, totalmente influidos por las condiciones sociales en que se desarrolla esa educación. Los docentes, que también realizan con éxito una carrera para recibir su título, serán sometidos a un “proceso de evaluación continua”, lo que “permitiría publicar los resultados por escuela”. La ´rankizacion´ educativa coloca la responsabilidad del fracaso social en sus trabajadores y estudiantes, cuando el “evaluado” -y condenado- debería ser el Estado. En el caso de la Universidades, las mismas, ya no podrán autoevaluarse, y será necesario procesos externos a cargo de institutos como la CONEAU o de “otras entidades privadas”. La autonomía universitaria es pisoteada por una evaluación y por los criterios de un grupo de lobistas capitalistas, un proceso que tiene ya un amplio desarrollo. Este año, por ejemplo, la UBA, a instancias de la CONEAU, recortó miles de horas de las carreras de Medicina e Ingeniería por considerarlas “muy extensas”. Esos conocimientos pasan al posgrado arancelado. Más De conjunto esta ley es un ataque a todos los trabajadores. En materia educativa contiene más reformas como la habilitación del ́ homeschooling ́ o educación virtual desde el cuarto grado de la primaria, algo que hoy está reservado a mayores de 18. También permite el aporte de empresas a las cooperadoras y que estas puedan publicitarlo. Prohíbe, además, el acceso a la educación universitaria a los mayores de 25 que, sin terminar el secundario, puedan acreditar los conocimientos básicos. En cuanto al presupuesto -hoy directamente congelado- “se distribuye en función del número de estudiantes, tipo de carrera y otros criterios (sic) que se definan”. El ataque de Milei a la educación abre innumerables frentes de luchas. El gobierno considera, de todas formas, que la educación es un “servicio esencial” que tiene que respetar del 75 al 90% de su funcionamiento cuando se declare una medida de lucha. Es una prohibición al derecho elemental de luchar contra estos atropellos. Las Federaciones universitarias dirigidas por Franja Morada han señalado su ´preocupación´ por el recorte presupuestario que, estrictamente, se congela. Están dispuestos a negociar con el gobierno ese punto y dejar pasar todos los anteriores. El movimiento estudiantil independiente y de lucha, sin importar que sea verano, tiene todas las posibilidades de tomar la iniciativa.

El proyecto del gobierno que deberá tratar el Congreso en sesiones extraordinarias incluye en varios de sus artículos la criminalización de la protesta social, el cercenamiento de la libertad de reunión y carta blanca para la represión policial y el “gatillo fácil”. La Ley Ómnibus modifica el artículo 194 del Código Penal que estipula la pena para quien “impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad”. El proyecto eleva la pena: entre un año a tres años y medio de prisión (en lugar de la actual, que va de tres meses a dos años) y se convierte en prisión efectiva en la pena máxima, sin posibilidad de excarcelación. El objetivo del gobierno es aplicar este artículo para criminalizar los cortes de calle. La ley implica también un ataque directo contra la organización de los trabajadores. En su articulado incorpora una nueva figura: la del “organizador”. La definición del organizador es por demás amplia: implica a quien “convoque a otras personas a participar de la reunión”, “coordine a personas para llevar a cabo la reunión” y “provea cualquier tipo de medio material o logístico para la realización de la reunión”. Para todos se establece que “quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación” recibirán una pena mayor, que irá de los dos a los cinco años de prisión, incluso aunque no estén presentes en la protesta o reunión mencionada. La ley, por otra parte, coarta el derecho de reunión. En el artículo 331 se define como “'reunión' o 'manifestación' a la congregación intencional y temporal de tres (3) o más personas en un espacio público con el propósito del ejercicio de los derechos aludidos en la presente” y establece la obligatoriedad de notificar “fehacientemente ante el Ministerio de Seguridad de la Nación” toda “reunión o manifestación”. Sin embargo, el Ministerio podría “oponerse a la realización de la reunión o manifestación basándose en cuestiones que hagan a la seguridad de las personas o la seguridad nacional” y “podrá proponer modificaciones tanto de horario, ubicación o fecha de realización”. De acuerdo a este proyecto, las “manifestaciones espontáneas” deberían ser notificadas, lo cual es de por sí un completo contrasentido. Finalmente, el proyecto de Milei amplía los casos que deben ser interpretados como “legítima defensa” de las fuerzas represivas, modificando la ley actual que establece tener en cuenta la “proporcionalidad del medio empleado” por las fuerzas represivas. Con la nueva ley se establecería que “la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en favor de quien obra en cumplimiento de su deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”. Otro artículo establece que no será punible el efectivo que dispare por la espalda para evitar la huida de una persona. El artículo amplía este 'derecho' policial a “cuando una diferencia de edad, contextura física, experiencia en riña o el número de los agresores pudiera razonablemente hacer temer a quien se defiende por un daño a su integridad física o sexual” y a “quien se defendiere respecto de quien esgrimiera un arma falsa o de quien atacare con un arma mientras huye de la escena”.

Ante el anuncio de la CGT de convocar un paro para el 24 de enero próximo, el Partido Obrero oficial emitió un comunicado de prensa. En el mismo, Néstor Pitrola sostiene que “la noticia del Confederal de la CGT, llamando a un paro activo de 12 horas con movilización al Congreso el 24 de enero se inserta en el clima de repudio popular al ‘Rodrigazo’ devaluatorio que ha desatado una hiperinflación demoliendo salarios, jubilaciones y planes sociales”. La CGT sería, de acuerdo a Pitrola, una expresión de ese “clima de repudio popular”. El comunicado no denuncia que el paro fue convocado para dentro de un mes, a contramano de lo que plantea el “clima popular”. Durante la mayor parte del período en que sesione el Congreso en Extraordinarias, donde pueden desencadenarse grandes crisis políticas, la CGT estará llamando a esperar al 24 para manifestarse. A continuación, Pitrola señala que es en este marco que “hemos planteado en la convocatoria del 20 de diciembre con el Frente de Lucha Piquetero y el Plenario del Sindicalismo Combativo en la Plaza de Mayo el paro activo nacional y el plan de lucha. Luego vinieron los cacerolazos que también plantearon la necesidad de parar y luego la movilización del 27 a Tribunales. Creemos que esto tendría que haber tenido una continuidad inmediata”. Pitrola ve una línea de continuidad entre la movilización del 20 de diciembre y los cacerolazos que estallaron ese día con la movilización de 15 minutos de la CGT a Tribunales. El plantazo que le hizo la CGT a Pitrola y Belliboni no tuvo un acuse de recibo. Los dirigentes del PO oficial insisten con la “unidad de clase” con la burocracia sindical, que es, por el carácter de la burocracia y por su política, contraria a la unidad de clase. Pitrola concluye que “de todos modos el paro del 24 de enero será un gran punto de reagrupamiento para que millones de trabajadores en todo el país ganemos la calle para derrotar el plan ‘motosierra’, el DNU de Milei, el protocolo represivo de Bullrich y por supuesto rechazar la Ley Ómnibus”. Solano agrega que “esto debe ser solamente el punto de partida para una gran movilización de centenares de miles de trabajadores en la calle hasta derrotar los planes antiobreros del gobierno”. Pero el “punto de partida” la CGT lo ha pateado para la última semana de enero, es decir, cuando deba finalizar el período de sesiones extraordinarias. Allí donde la burocracia sindical realiza una maniobra para evitar una intervención independiente de la clase obrera, Solano y Pitrola ven lo contrario, el “punto de partida” de la lucha, por iniciativa de la burocracia. Lo que suceda antes del 24, cuando los tarifazos y la inflación descontrolada entre en colisión con los congelamientos de salarios y mientras el Congreso debata la Ley Óminbus, se encuentra fuera del radar de esta izquierda. La maniobra del paro aislado de la CGT puede quedar desdibujada frente al desarrollo de la crisis política y del humor popular mucho antes del 24. El PTS comparte la visión de Pitrola y Solano; no estamos ante un desvarío del aparato del PO sino ante la política de conjunto de sus socios. Un artículo de La Izquierda Diario señala que “la decisión de parar por parte de la CGT llega después de estas acciones [del 20 de diciembre] e implica una respuesta que, sin embargo, tiene que ser parte de un plan de lucha”. El PTS insiste con reclamar a la burocracia un “plan de lucha”, cuando es precisamente la dirección de un plan de lucha de la CGT el mayor obstáculo para una lucha real y consecuente. Para el PTS, la burocracia sindical no estaría maniobrando para evitar una intervención de los trabajadores sino que, en su concepción, “la decisión de la conducción sindical tradicional llega después de muchas dudas” (sic). El PTS parece no haberse enterado de que la CGT les “recomendó” a Belliboni y Pitrola que no canten por el paro general en la movilización a Tribunales. Para el MST, por su parte, “se trata de una convocatoria al paro nacional activo que llega tarde, pero a la vez, sale nada menos que un día después de la fuerte concentración de este miércoles 27 en Tribunales convocada por la CGT y las CTA, donde les reclamamos y cantamos con fuerza: ‘Paro, paro, paro. Paro general’, desde la izquierda, junto al sindicalismo combativo y los movimientos sociales”. El paro del 24 sería, en esta concepción, una conquista de la izquierda. Ninguna de las corrientes del FIT-U denuncia el carácter dilatorio de la convocatoria de la CGT y su intención de llevar adelante una maniobra contra los trabajadores. El FIT-U tiende un lazo entre las movilizaciones de la izquierda y los cacerolazos y la convocatoria lejana de la CGT, en un claro seguidismo a la burocracia sindical. Lo que está más que claro, en realidad, es que el paro de la CGT de ninguna manera “se inserta en el clima de repudio popular” sino que opera contra él.

Entre otros de sus cientos de objetivos a favor del capital, el DNU de Milei apunta a eliminar el precio único de los libros mediante el artículo 60 (incluido en el título 3 de Reorganización Económica, capítulo 1 de Desregulación económica) que promueve la eliminación de la Ley 25.542, de precio uniforme de venta al público de libros, también conocida como “Ley de Defensa de la Actividad Librera”. Esta ley establece que los editores, importadores o representantes de libros fijan un precio uniforme de venta al público (PVP) o consumidor final de los libros que edite o importe. Por lo tanto, los libros tienen el mismo precio en cualquier librería física. Del mismo modo acontece con las ediciones digitales. De darse, la eliminación de la ley implicaría enormes ganancias y ventajas para los supermercados y grandes cadenas que se impondrían mediante best sellers y distintas rebajas discrecionales, perjudicando especialmente a pequeñas librerías y editoriales independientes. Si el supermercado toma un libro que se vende muchísimo o dos y los pone muy baratos, porque maneja grandes volúmenes o porque eso le sirve como oferta, entonces las librerías venderán mucho menos. Según lo que sostienen desde la Feria De Editores (FED), en un principio se podrían dar ofertas de los grandes jugadores que pueden acceder a comprar mayor cantidad de unidades, por ende con mayores descuentos, y trasladan ese descuento al público. Ganan cuota de mercado, reducen drásticamente a los pequeños jugadores hasta hacerlos desaparecer y luego vuelven a subir los precios. Esto sucede con Amazon a nivel mundial, empresa que en un primer momento compró libros en cantidad y bajó los precios de venta, para luego de tener monopolizada la cuota de mercado mayoritaria, retirar los descuentos y fijar nuevos precios, ciclo que se observó en varios países. Lo que propone la derogación de esta ley es, en consecuencia, que cualquier librería, cadena de librerías o incluso grandes supermercados puedan poner el precio que consideran al libro, más allá de lo que sugiere el editor. Como consecuencia, significaría un golpe durísimo contra el acceso a la diversidad de títulos, o libros que no tienen tantos lectores y que pueden pasar años en los estantes, de difícil acceso para las mayorías. Argentina, España y México, entre los países de habla hispana, junto a Alemania, Corea del Sur, Italia, Japón y Noruega son algunos de los países que promueven al libro como bien cultural fundamental, bajo un consenso en común, que es la protección de pequeñas y medianas librerías. Para enfrentar el golpe de estado económico que implica esta avanzada anti obrera de Milei, que cuenta con la complicidad de la burocracia sindical, nuestros derechos únicamente los podemos conquistar y defender autoconvocándonos y organizándonos desde ahora, en forma independiente del Estado y de las grandes "industrias de la cultura". El norte actualmente marca luchar por un salario acorde a la canasta familiar, en la perspectiva de la huelga general, arrancándole al Estado el capital simbólico que forma parte de la riqueza social que es producida por los mismos trabajadores.

La guerra en Ucrania marcó el inicio de una nueva guerra mundial, que en este caso enfrenta a la OTAN, dirigida por EEUU y que agrupa a la Unión Europea, Israel, Australia, Japón y Vietnam, con el bloque de países "comunistas" (Rusia y China) y sus aliados. A priori, este bloque se organizaría en torno al BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica). En otros textos pueden encontrarse las pruebas de esta tesis, pero acá voy a partir de asumir que es cierta la tendencia a la guerra, y plantear cómo las medidas de Milei tienen sentido desde este punto de vista. En primer lugar, se explicaría así la 'sorprendente' obsesión que tiene Milei con tildar todo de 'comunismo', en un mundo donde ya no existe en rigor ningún estado comunista, ni ningún fantasma comunista recorriendo ningún continente. Milei busca preparar las condiciones para justificar esa guerra, que obviamente va a ser presentada como la única vía para instalar la 'democracia' en Asia, en oposición a regímenes 'comunistas' (China, Rusia). El argumento de que "no hay otra opción" tiene un futuro mucho más turbio que el que ya le dio Milei en Argentina. El gobierno de Milei apunta a convertir a Argentina, y a América Latina toda, en un gigantesco pool *de materias primas para el abastecimiento de la industria bélica de EEUU en esta guerra. La política de Milei no son solamente la desregulación económica y las privatizaciones en abstracto, es decir, a cualquiera que quiera comprarlas. No es *random : el plan es la entrega de los recursos estratégicos (desde el punto de vista de una inminente guerra mundial) a EEUU. Incluso es posible que EEUU haya negociado con Techint un plan de abastecimiento permanente de acero para la guerra ( ). Actualmente EEUU importa el acero desde China, pero es obvio que eso no puede seguir en el marco de la guerra. ¿Podría ser ese el motivo de que Techint haya sido ‘premiada’ con la jefatura de YPF? ( 2) No es casual, tampoco, la prohibición norteamericana a la instalación de capitales e inversiones chinas en Argentina. Esas inversiones 'prohibidas' (no legalmente pero si de facto) no fueron realizadas por capitales yankis. Simplemente no sucedieron. No es una disputa comercial o 'geopolítica'. Es la preparación del escenario de la guerra. (*3) También la perspectiva de la guerra mundial explicaría por qué, en un país sin huelgas de magnitud en los últimos años, el gobierno empieza prohibiendo las huelgas en la industria de exportación. ¿Por qué hacer algo tan drástico sin huelgas a la vista y apenas asumido el gobierno, y encima un gobierno que tiene (¡según el mismo!) tareas inmensas de las que ocuparse? Claro que el gobierno anticipa que, dada la envergadura del ataque contra la clase trabajadora que ha lanzado con el DNU, es de esperar una respuesta obrera. Pero eso no explica la especificidad de la industria de exportación. El escenario de la guerra, sí. También se explicaría así el establecimiento de un estado militar. En la guerra, es obvio que no se admiten contratiempos ni obstáculos. No existe en este punto una diferencia entre democracia y dictadura. Cualquiera de los dos regímenes, presentado un escenario de guerra mundial, necesita adoptar disciplina militar. Es una necesidad de la guerra. Si, por ejemplo, los trabajadores metalúrgicos decidieran iniciar una huelga durante la guerra, estarían bloqueando la capacidad de producción de armamento. Es claro que ningún estado puede permitir que eso suceda si quiere ganar la guerra. Lo mismo ocurre con el petróleo, el transporte, las comunicaciones, etc. También es parte de este plan de guerra la habilitación al ingreso de tropas extranjeras (norteamericanas, inglesas) al país a discreción de la firma del presidente. Milei se aseguró el apoyo de EEUU a la represión interna, y quiere convertir a Argentina en un enclave militar yanqui en el cono sur de Ámerica, precisamente para la guerra. Argentina es un país de peso en América Latina, pero además es el país con mayor presencia en la Antártida. El control del sur planetario queda así garantizado para EEUU y la OTAN a través del eje Argentina-Australia (lo que, a la vez, facilita potenciales ataques al sur africano (Sudáfrica está en el BRICS). La OTAN no puede encarar una guerra total contra Rusia y China a menos que se asegure las condiciones para ganar esa guerra. En concreto: independizar su propia economía de China; aislar política y económicamente a China y Rusia de África ( 4) y América Latina ( 5); asegurarse una cadena de suministros masiva y duradera para su industria bélica; garantizarse el control político de su población y de su "patio trasero", América Latina, 'limpiándola' de influencia China, libertades democráticas y luchas obreras. El aislamiento del bloque 'comunista' está prácticamente garantizado (Ucrania al oeste, Israel al sudoeste, Australia al sur, Japón y Vietnam al este, todos aliados de la OTAN). Una vez que el resto de los puntos queden resueltos, la OTAN esta lista para una guerra efectiva. Visto así, el gobierno de Milei significa un paso adelante hacia la guerra mundial. Este es el carácter estratégico, internacional, del gobierno de Milei. Es probable que Milei haya sido reclutado a este plan de guerra hace años. Eso explicaría, de paso, por qué se reunió con altos cargos de la Seguridad Nacional de EEUU entre la victoria electoral y la asunción (en su ÚNICO viaje internacional del período), y no con el Tesoro, petroleras, bancos, fondos de inversión, que parecerían mucho más importantes si el problema es económico y de inversiones, como suele presentarse. También explicaría el alineamiento de fierro con Israel y el apuro por apoyar la masacre en Gaza y mover la embajada a Jerusalén. Israel es un elemento fundamental en esta guerra y el que maneja los servicios de inteligencia y represión más sofisticados del planeta. Ningún estado va a la guerra a menos que su supervivencia esté en juego. Y, a la vez, dado que su supervivencia está en juego, ningún estado puede vacilar ni actuar con reservas si pretende ganar la guerra. Si el DNU llegara a encontrar obstáculos, inventaran otra vía. Esto quiere decir que no hay salidas parciales. El gobierno de Milei, el macrismo y el peronismo aliado tiene que ser volteado sin miramientos. Abajo el alineamiento con la OTAN. Abajo la guerra mundial. Fuera Milei, y todos sus aliados macristas y peronistas del gobierno. ( ) Las empresas productoras de armamento en EEUU, que en 'tiempos normales' producen a pedido, están planteando al estado yanqui la firma de contratos de producción permanente durante algunos años. ¿Quién toma esta decisión, excepto que se prepare para ir a la guerra? ( 2) Dato: las únicas actividades exportadoras cuyas retenciones no fueron aumentadas por Milei son, precisamente, hidrocarburos y litio, que son los que mas interés despiertan en EEUU. También es notorio que aumentará las retenciones a la soja, justito en el marco de la "desregulación": la soja se exporta a China. ( 3) Se trata principalmente de Atucha 3 y obras de infraestructura hidroeléctrica en el Sur. ( 4) Israel ocupa geográficamente la ÚNICA conexión terrestre entre Europa, Asia y áfrica. (*5) están sucediendo, ahora mismo, ensayos militares yankis e ingleses en la frontera con Venezuela, en Guyana. La guerra mundial ya está inserta en América Latina. ACLARACION: este texto fue escrito, excepto los (*), antes de la ley ómnibus. Puede que algunas cosas estén desactualizadas.

El 27/12 el intendente de Merlo, el kirchenerista Gustavo Menéndez, comunicó a través del secretario de Salud Pública, Dr. Murrone, que la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones cierra “a partir del 2 de enero” dejando en la calle a casi un centenar de trabajadores y sin atención médica profesional a 14.500 pacientes. Este ajustazo contra la salud pública conmovió las fibras más íntimas del pueblo trabajador y de los pacientes a tal punto que la convocatoria a manifestarse el 28/12, en las puertas del Palacio Municipal, fue casi al mismo tiempo de conocerse la noticia del cierre. En la autoconvocatoria hicieron punta los pacientes y se sumaron rápidamente el centenar de trabajadores despedidos de la Subsecretaría y los autoconvocados del Mástil que están en pie de lucha contra el decretazo pinochetista de Milei. Entre las manifestaciones de rechazo al cierre de la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones debemos destacar al cuerpo de Inspectores de Psicología Comunitaria y Psicología Social que “emitió criterio público contra la medida” y pidió una entrevista con Menéndez. La modalidad de PC y PS y los Equipos de Orientación Escolar son dependientes de la DGCyE pero en el trabajo territorial, en el distrito de Merlo, articulan en forma diaria con los servicios de salud disponibles en los territorios. Y como la demanda de salud en las barriadas crece sin cesar, los establecimientos educativos y los EOE necesitan contar con un fuerte sistema de salud para poder derivar y articular los tratamientos que correspondan de cientos de miles de niños y adolescentes que están siendo empobrecidos a la velocidad de la luz por las devaluaciones y tarifazos promovidos por Milei-Macri. Un punto particular en las diversas problemáticas de salud mental que emergen en las barriadas está vinculado directamente con las adicciones y sus repercusiones en la trayectoria vital del individuo y su entorno familiar. Los kirchneristas e izquierdistas que impulsan el “uso recreativo” de drogas y las “políticas públicas de reducción de daños” para quiénes “no manejen el consumo” han quedado en off side porque la motosierra de Menéndez arrasa con todo el gasto social. Esta política de agresión contra la salud pública no es ninguna novedad en el distrito. Cotidianamente los trabajadores de los hospitales municipales denuncian falta de insumos y de trabajadores y el cierre de servicios enteros. Esta política de vaciamiento de la salud es resistida por los trabajadores quiénes protagonizaron importantes luchas, incluida una huelga indefinida en el Eva Perón por salarios y contra la precarización laboral . El repudio popular y la convocatoria a movilizarse contra el cierre de Salud Mental fueron tan masivos que hicieron retroceder el ajustazo Menéndez en menos de 24 horas. Hoy, 28/12, el gobierno municipal anunció a los trabajadores del área que se renuevan todos los contratos y el servicio de salud no se cierra. No obstante, advertimos que la política de ajuste de “Motosierra Menéndez” sigue en pie porque plantea congelar el gasto social en todas las áreas municipales en el marco de un híperinflación en desarrollo lo que va a producir el hundimiento de los salarios reales de los trabajadores obligando a muchos profesionales a renunciar a la municipalidad. Este fenómeno es, en parte, lo que explica el cierre de servicios enteros en los hospitales y el cierre de decenas de Centros de Atención Primaria. Haber impedido el cierre de Salud Mental es, sin dudas, un triunfo de la movilización popular que debe ser usado como un mojón para reforzar la lucha contra el decretazo pinochetista y la contrarevolución laboral promovida por el gobierno de Milei-Macri. LEER MÁS: “Control de daños”, un régimen de hospitales psiquiátricos Por Julio G., 02/05/2022.

El mismo día de la movilización de la CGT contra el DNU, el líder del sindicato de comercio Armando Cavalieri se reunió con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario de Trabajo, Omar Yasín, para confirmarle que en enero incluirá la modificación del Convenio Colectivo de los empleados de comercio. En la reunión que mantuvieron dentro de cuatro paredes, sin discusión alguna con sus representados, el sindicalista logró que se corrija un artículo de la reforma laboral que afectaba las cuotas solidarias de los afiliados, para que los líderes del sindicato de empleados de comercio no pierdan esas millonarias arcas. A cambio de esa fuente de dinero, Cavalieri avala explícitamente la nueva modalidad de indemnización por despido prevista en el DNU con la creación de un Fondo de Cese Laboral como el de la UOCRA, advirtiendo que comenzará a regir tal modificación en el mes de enero. Fondo de Cese Dice el decreto: "Las partes podrán sustituir el presente régimen indemnizatorio por un fondo o sistema de cese laboral cuyo costo estará siempre a cargo del empleador, con un aporte mensual que no podrá ser superior al 8% de la remuneración computable. Los empleadores podrán optar por contratar un sistema privado de capitalización a su costo, a fin de solventar la indemnización prevista en el presente artículo y/o la suma que libremente se pacte entre las partes para el supuesto de desvinculación por mutuo acuerdo conforme artículo 241 de la presente ley". Se usaría el actual sistema que emplea la UOCRA. Este DNU viene a aplastar los derechos obtenidos mediante la lucha obrera. Afecta a nuestro convenio no solo por las indemnizaciones, sino también porque reduce la licencia por maternidad, alarga de 3 a 8 los meses a prueba por agencia para que la empresa efectivice a sus empleados, extiende la jornada a 12 horas laborales sin que sean consideradas como horas extras. Coronan esa enumeración de ataques prohibiendo las asambleas. Los 15 minutos de lucha contra el DNU son el botón de muestra de lo que piensa hacer la CGT con la guerra declarada a la clase obrera: defender sus intereses de casta. Las trabajadores y trabajadoras de comercio tenemos que depositar la confianza en nuestra propia fuerza, organizarnos en asambleas por empresa y plenarios zonales para rechazar la reforma laboral, por aumento de salario y contra el gobierno por DNU. LEER MÁS: Comercio: Cavalieri anuncia la adhesión al régimen de cese laboral del DNU La burocracia sindical se pliega al golpe de Milei. Por Pablo Busch, 28/12/2023. Cavalieri firma un bono para la patronal Por Carmen Álvarez, 15/12/2023.

Maximiliano Zalazar es uno de los referentes de la Comisión Interna de Granja Tres Arroyos, Planta La China, en la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay. Es delegado de planta y fue candidato a Secretario General del STIA de esa provincia, e impulsa hace años la organización de los trabajadores en la lista Naranja. En la planta avícola -una de las más grandes del país- trabajan más de mil trabajadores, con ritmos de producción extenuantes. Reproducimos a continuación la entrevista que le realizamos desde Política Obrera. PO: ¿Cómo tomaron los trabajadores de Granja Tres Arroyos las medidas del gobierno de Milei? ¿Qué debates hay entre los compañeros? MZ: Más allá que estamos en un lugar, en una ciudad bastante conservadora, donde no se ven muchos tipos de lucha, las tomaron muy mal. Respecto a los derechos laborales y todo lo que nos influenciaría a nosotros, lo tomaron muy mal. Y nos preguntan a nosotros, quieren saber cómo viene la lucha, qué es lo que se va a hacer y qué posición tendríamos que tomar como trabajadores adentro de la fábrica. Y también qué medidas iba a adoptar nuestro sindicato respecto a eso, ya que ninguno quiere perder los derechos que tenemos y menos por un tipo así que viene a adoptar este tipo de medidas de un día para el otro. Ahora que se están dando cuenta todos, la verdad que mal y con ganas de actuar, pero bueno esperando también. Los compañeros lo que quieren en nuestra planta, es debatir qué es lo que más nos perjudicaría a nosotros. Se ha llegado a plantear por parte de muchos compañeros una asamblea donde se intercambien pensamiento, opiniones y donde se les explique de parte de personas que estén empapadas en el tema que cómo viene la mano y en caso de haber algún tipo de lucha, cómo se actuarían desde el lugar que estamos. PO: En Entre Ríos, Milei saco más del 60% de los votos. En la fábrica debe haber muchos trabajadores que lo votaron. MZ: Realmente hubo muchos compañeros que se inclinaron para ese lado, cansados de los gobiernos que nos vienen gobernando sin tener algún tipo de avance siempre estancados. Ante la elección hablaban que había que votar a Milei, que había que votar un cambio que ya no daba para más pero bueno, hoy por hoy los escucho hablar y verdaderamente están arrepentidos de haberlo votado. Hay una fracción muy chica, muy pequeña de compañeros que son más que nada jóvenes, muy jóvenes, digamos, compañeros que no hace mucho que están en la fábrica que rondan los 20 años que siguen apoyando, que va a cambiar, que hay que darle la oportunidad. Son compañeros que quizá con poca experiencia política, quizá no han vivido demasiado las políticas que venimos acarreando estos años y bueno, y si se largan o se dejan llevar por palabras de este tipo de personas como Milei. PO: -Ustedes desde la comisión interna, ¿planean alguna iniciativa? MZ: El sindicato ni siquiera nos da la posibilidad de asesorarnos legalmente o de poner el abogado del sindicato, pero bueno, se le ha hecho llegar la inquietud y la idea es, si nuestro sindicato sigue sin responder o sin darnos ningún tipo de contestación o lo que sea, que es lo que está haciendo, es ir a la Federación. Los trabajadores nos han hecho llegar la inquietud que lo que no queremos es un bono, como se ha hablado en otros gremios, un bono no queremos y si hay que hacer algún tipo de lucha sea dentro de la fábrica, nosotros estamos a disposición de los compañeros y estamos para dar cualquier batalla. Desde lo que es el sindicato, desde lo que es Federación, no nos están dando ni pelota. Así que bueno, estamos en el aire, estamos peleando solos, venimos años peleándola solos. PO: ¿Creés que la Federación o la CGT van a hacer algo para voltear el DNU? MZ: Verdaderamente como viene la mano creo que no. Acá lo que pensamos nosotros es que que tenemos que hacernos fuerte y exigir somos nosotros, somos los trabajadores. Cada uno desde su puesto de trabajo, nosotros que somos los representantes dentro de la fábrica y los sindicatos. Hacer fuerza para que la federación, la CGT, que de una vez por todas se pongan las pilas y inicien algo. Si dejamos que la CGT o la federación determine o inicie una lucha y nosotros los trabajadores, las comisiones internas no hacemos nada y no le exigimos, lamentablemente para nosotros, no van a hacer nada. Creo que si nosotros no le exigimos van a dejar que pase lo que tenga que pasar. LEER MÁS: Un DNU contra las trabajadoras Elimina la doble indemnización por despido de las mujeres embarazadas y de las trabajadoras de casas particulares no registradas. Por Olga Cristóbal, 02/01/2024. El FIT-U saluda el paro aislado de la CGT para dentro de un mes Por El Be, 29/12/2023. Al DNU de Milei sólo lo para una huelga general Nota de tapa de Política Obrera N°85 edición impresa. Año 4 (2° época). Desindexa salarios y jubilaciones, pero indexa 700.000 millones de dólares de deuda pública. 25/12/2023. Una contrarrevolución laboral con forma de decreto Por Marcelo Ramal, 21/12/2023.

La llamada "Ley Ómnibus" que Milei mandó al Congreso, plantea en uno de sus artículos que los niños desde los 9 años puedan llevar adelante la escolaridad de manera virtual, quitando así la obligatoriedad de la presencialidad tal como lo establece la Ley de Educación. Es el artículo 550 del nefasto proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”. El mismo busca dejar sin efecto el artículo 109 de la ley de Educación Nacional 26.206 que menciona que los estudios a distancia están permitidos recién desde los 18 años en adelante (salvo en el caso de la modalidad rural). El artículo, que busca dejar por fuera toda posibilidad de socialización y fortalecimiento de vínculos entre pares, estudiantes y docentes, familia y escuela, dispone: “Los estudios a distancia híbridos como alternativa a la educación presencial a partir del segundo ciclo del nivel primario para menores de edad, jóvenes y adultos, podrán impartirse en las distintas modalidades educativas”. Es decir, se quita la obligatoriedad de asistir de manera presencial a la escuela a partir de los 8, 9 años. El presidente y todo el arco político, no ignoran que la escuela no sólo enseña contenidos sino que además es fundamental en la construcción de vínculos y subjetividades y muchas veces es quien media en situaciones de extrema vulnerabilidad dentro de los hogares de cada niño o niña. Por el contrario, lo saben y apuntan a borrar de la vida escolar todo aquello que impacte de manera positiva en la formación integral de los sujetos y de la sociedad en general. No olvidemos que la misma casta que gobierna hoy, en épocas de pandemia, es la que arrojó a alumnos, alumnas, docentes y auxiliares adentro de las escuelas a costa de la vida de las familias trabajadoras. Los docentes no nos cansamos de denunciar, llevando adelante un plan de lucha que ponga a salvo la salud y la vida y de poner a disposición de las familias todos nuestros recursos para que cada niño y niña pueda sostener en su casa las clases virtuales y el vínculo con la escuela. Y somos también los que hoy le ponemos el pecho a las consecuencias de un sistema educativo y un sistema de salud totalmente desfinanciados y en colapso que poco pudieron contener en aquel momento. Esta misma derecha que gobernó y gobierna, que promovía la presencialidad criminal, es la que hoy, seguramente por negocios millonarios con distintas plataformas virtuales, quiere las escuelas vacías. Estas medidas no sorprenden siendo que Milei en campaña anunció el sistema de vouchers para la educación, medida que claramente es rechazada por la comunidad educativa, pero que pretende pasar de manera progresiva como toda reforma educativa regresiva que se ha dado en CABA y que buscó reventar el estatuto docente. Desde Tendencia Docente Clasista, repudiamos fuertemente el DNU y la "Ley Ómnibus" que arrasan con los derechos adquiridos a través de la lucha y entendemos que la única forma de dar de baja este plan criminal es autoconvocandonos en asambleas y en las calles por la huelga general. ¡Abajo en DNU y la Ley Ómnibus! ¡Arriba los trabajadores! LEER MÁS: La educación en la ley ómnibus: vaciamiento, privatización y prohibición de huelga Por Federico Fernández, 28/12/2023.

El viernes 29 de diciembre, más de 500 farmacéuticos se movilizaron a Tribunales contra el DNU 70/2023. El decreto posibilita la venta de medicamentos de venta libre fuera de las farmacias, en lugares donde no hay profesionales ni personal capacitado para la dispensación de medicamentos. También permite que el profesional no esté presencialmente en las farmacias, poniendo en riesgo la salud de la población. Además, disminuye los puestos de trabajo de los profesionales, porque ya la figura del auxiliar de farmacia, que es el profesional que reemplaza al director técnico en su ausencia, no sería necesaria. El decreto ahora permite que los directores técnicos figuren en más de un establecimiento a la vez, lo que hace que efectivamente no puedan estar presentes en todos ellos pero también quita puestos de trabajo para otros colegas. Además de movilizar frente a Tribunales, representantes de la Federación Farmacéutica (Fefara) junto con la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) presentaron, en forma conjunta, una declaración de inconstitucionalidad del DNU y una medida cautelar a los fines de suspender los artículos del decreto que afectan a dichos sectores y a la salud de la población. La acción judicial quedó radicada en el juzgado federal contencioso administrativo nº3 a cargo del Dr Santiago Carrillo. Participaron en la concentración profesionales no sólo de CABA, también del Gran Buenos Aires y del interior del país, y el Centro de estudiantes de Farmacia y Bioquímica de la UBA. Varios farmacéuticos, que por cuestiones de distancia no pudieron concurrir, realizaron un paro simbólico de 12 a 13 hs, bajando las persianas, como gesto de apoyo a la protesta. También fuimos con nuestra agrupación, Tribuna de Salud Farmacia, donde denunciamos el negociado detrás de todas estas reformas que transfieren una gran masa de recursos de los trabajadores y jubilados hacia los grandes empresarios capitalistas. Nuestras consignas por la realización de asambleas, autoconvocatorias y coordinadoras obreras para preparar una huelga general que permita derrocar al DNU, también estuvieron presentes. Sigamos organizándonos y movilizándonos para vencer esta declaración de guerra contra la clase obrera. LEER MÁS: Desregulación farmacéutica: una receta menemista Por Claudia Jati, 22/12/2023. Salud: la ley Belocopitt Por Daniela Magoc, 22/12/2023. VER EL SIGUIENTE VIDEO: Intervención de Claudia Jati, activista de Tribuna de Salud-Farmacia, en la movilización de trabajadores farmacéuticos contra el DNU de Milei, 29/12/2023 Publicado en el Facebook Nacional de Política Obrera.

Este viernes 29/12, el titular de ATE presentó una denuncia en tribunales II por la presencia de la sargento de la policía de Córdoba, Claudia Melián, en la marcha del 20 de diciembre, con un disfraz de prensa y tomando fotografías a las organizaciones sociales. En un video del día de la marcha difundido en redes, se ve a la sargento tomando fotos y filmando a quienes encabezaban la movilización. Cuando la interceptan y le preguntan de qué medio era, contesta que es independiente. Sin embargo, claramente estaba haciendo trabajo de espionaje para la policía. Un caso similar sucedió en agosto, cuando un móvil de la policía subió a una plaza de Ciudad Universitaria para fotografiar a estudiantes que se encontraban realizando una olla popular reclamando la gratuidad del comedor universitario. La denuncia señala que este hecho representa la violación de la ley 25.520 que prohíbe la recolección de información por el hecho de fe religiosa, acciones privadas y actividad política. El dirigente de ATE señaló ante los medios que el accionar de la sargento no está aislado del resto del cuerpo policial; el ministerio de seguridad de la provincia tiene que dar explicaciones de esto. El gobierno de Córdoba, desde hace ya varios años pretende atomizar la movilización y las acciones de lucha por medio de la persecución y criminalización política a estudiantes, dirigentes sindicales y sociales, como la denuncia exprés que se realizó contra dirigentes de ATE y Unidad Piquetera a mediados de 2023. Sigue desde hace tiempo la misma línea que ahora pretende llevar adelante el gobierno nacional con la Ley “Omnibus”, desde agosto, cuando se produjeron saqueos marginales y el gobierno provincial dictó una orden que consideraba como potencialmente peligrosa la reunión pública de más de tres personas. Estos ataques deben ser respondidos por la organización independiente de los trabajadores, redoblando la movilización, en coordinadoras autoconvocadas. LEER MÁS: Cacerolazo en Córdoba: Llaryora responde con represión y detenidos Por Fabrizio, 22/12/2023. Cacerolazo en Córdoba: Masiva concurrencia respondida con represión y detenidos Publicado en la cuenta de Instagram de la Juventud de Política Obrera de Córdoba, 21/12/2023.

El triunfo de Alfonsín, decía Prensa Obrera, no era ninguna “victoria popular”, ni “mucho menos (...) había abierto un nuevo rumbo histórico”. Con la asunción del nuevo gobierno, no tardaron en derrumbarse las ilusiones democráticas alfonsinistas. Gabinete continuista La designación del gabinete de Alfonsín fue festejada por todos los medios de la burguesía. El mismo “está constituido, no ya por hombres de confianza de la patronal y el imperialismo, sino directamente por industriales y banqueros”. La burguesía se hacía con las palancas del Estado bajo el gobierno alfonsinista para gestionar su propio rescate. “En todos los campos”, explicaba PO, “Alfonsín ha colocado a un escogido y bien meditado equipo de industriales y banqueros. (...)Distintos voceros del radicalismo ya han dicho que 'no se puede esperar mucho' en el curso de 1984, pues el presupuesto está comprometido por compras ya firmadas, los intereses son muy altos y difícilmente bajen, y en materia de salarios no pueden haber aumentos masivos”. PO advirtió que entre los representantes de la burguesía Alfonsín había optado por un sector de industriales que “han estado particularmente vinculados a la dictadura bajo el gobierno de Viola, cuando se intentó aplicar una política de subsidios masivos para socorrer a la industria endeudada”. El gabinete era una refutación completa de las ilusiones 'democrátias' del nuevo gobierno, ni que hablar de la teoría de la “revolución democrática” que postulaba el MAS. PO reclamaba “que los progresistas que apoyan a Alfonsín (y hasta hay algunos con pretensiones marxistas) nos digan cómo un gabinete de banqueros e industriales concretará la independencia del país y subordinará los intereses económicos a los objetivos de la democracia política”. En ese sentido, “el gobierno de Alfonsín es un magnifico ejemplo de lo que es la institucionalización: un cambio de forma muy retaceado del régimen burgués para preservar su contenido y carácter. Bajo un aspecto democratizante gobierna ahora la clase que gobernó con la dictadura, y particularmente con Viola”. Democracia continuista Alfonsín había sido integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), de cuya fundación fue partícipe en 1975, y prometía para su gobierno una “reparación” para las víctimas de la represión. Su política reveló otra realidad. Sus voceros aseguraron, antes de asumir, que el gobierno no propiciaría ningún tipo de comisión investigadora parlamentaria. PO explicaba que “a pesar de que la investigación de lo ocurrido con las decenas de miles de desaparecidos no puede realizarse por vía judicial (ya que, como dice Madres, las pruebas del delito, los muertos, ha sido eliminada) sino que requiere una acción política que penetre los aparatos secretos del Estado, el alfonsinismo ha repetido que sigue considerando al problema una cuestión de policía, es decir, de trámite judicial” (Prensa Obrera N° 41, 01/12/83). El gobierno ya había rechazado el reclamo del retorno incondicional de los expatriados, la conmutación de las penas en el caso de los condenados o la liberación inmediata y publica de los secuestrados con vida. Una definición más clara sobre la posición del gobierno sobre este tema la dio quien había sido designado para el Ministerio del Interior, Antonio Troccoli, el cual distinguió “las responsabilidades de las conducciones, los altos mandos o por lo menos las juntas militares(...) de los excesos, que llevaron más allá las instrucciones o las órdenes recibidas, en cuyo caso la Justicia tendrá que examinar, juzgar y sancionar esos excesos” (La Nación 27/11/83). “La figura de los 'excesos'”, caracterizaba el Partido Obrero en diciembre de 1983, “está concebida para preparar una nueva 'ley de amnistía' que exonerará a todo el mundo menos a esos 'excedidos'”. Y agregaba que “cuando se deja en claro el alcance de la política del gobierno radical (...) queda muy claro que la proyectada depuración en las fuerzas armadas no es mas que una obligada limpieza ante el nivel alcanzado por la descomposición de la vieja camarilla militar(…). Se trata de salvar al Estado de sus propios hombres o representantes, o más precisamente exrepresentantes”. Que no se trataba de simples excesos ya lo había aclarado el propio exdictador Viola, quien había explicado que “las desapariciones son preferibles a los fusilamientos públicos. Un régimen militar provisorio no puede permitirse fusilar cinco mil personas. Esto crea problemas insolubles cuando llega el momento de devolverle el poder a los civiles” (Le Monde, 30/10/83). Prensa Obrera sostenía que “ahora se ha devuelto el poder a los civiles y el prodictatorial Troccoli agradecerá, como ya lo hizo, que los asesinatos no quedaran asentados en actas”. Trócoli adelantaba, antes de la asunción de Alfonsín, la que sería la línea del gobierno frente al reclamo de enjuiciamiento a los militares - “absolver al conjunto del aparato militar mediante el procedimiento de cargarle el chivo, de un lado, a los Massera, Videla, Agosti y dos o tres más, y del otro, a los Gordon, Paino y otros tantos delincuentes comunes asociados a la represión. Este procedimiento es tanto más atractivo para Alfonsín que la propia dictadura ha dado ya algunos pasos contra este conjunto de personajes, a través del juicio contra Massera y personas vinculadas a las tres 'A', o a través del informe Rattenbach sobre Malvinas”. El Partido Obrero denunciaba, por otra parte, que Alfonsín había incluso nombrado a militares de la dictadura para los cargos máximos de las Fuerzas Armadas, a pesar de las declaraciones del presidente de que éstas designaciones serían a militares que no tuvieran “antecedentes políticos”. El designado jefe del Estado Mayor de la Armada, contraalmirante Arrosa, había sido miembro del gabinete político de Massera, entre 1976 y 1979. “Este hombre”, decía PO, “sabe más sobre lo que ocurrió con los desaparecidos que todo lo que pueda sacar Alfonsín con la farsa de llevar a tres juntas militares ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas”. El nuevo jefe del ejército, por otra parte, era el general Arguindeguy, había sido jefe de escolta de Videla, y posteriormente, jefe directo en varias unidades militares; y el nuevo jefe del Estado Mayor conjunto era el general Fernandez Torres, quien fue interventor en la CGT en 1976-77 -el periodo de mayor represión contra el movimiento obrero. PO explicaba entonces que “Alfonsín decidió elegir al personal dirigente de las fuerzas armadas entre los militares en actividad, (aunque) tenía la opción de nombrar a militares retirados que hubieran sido expulsados por las camarillas que orquestaron el golpe del 76. Pero esto era muy 'irritativo'. La nueva cúpula militar sella una alianza, al menos transitoria, entre el gobierno constitucional y la dictadura”. Y concluía que “por lo que traslucen un articulo de La Voz (3/12) y otro de Tiempo (4/12), estos nombramientos habían sido elegidos en función de las relaciones de estos jefes con el radicalismo desde bastante tiempo atrás” (“Siguen los milicos del proceso”, Prensa Obrera N° 43, 15/12/83). Alfonsín y el Decreto 185/83 Dos días después de asumir, Alfonsín lanzó el decreto 185/83 que ordenaba someter a juicio a nueve de los diez militares que formaron parte de las distintas juntas de la dictadura. Lo esencial de la posición del gobierno era reconocer a la justicia militar como la sede donde debía tramitarse el juzgamiento de los militares comprometidos. PO explicaba que “el apoyo burgués a la legislación alfonsinista es el producto de la inmensa crisis que se ha ido desarrollando por el mar de crímenes, salvajismo y bestialidad que se está poniendo al descubierto” (Prensa Obrera N° 45, 12/01/84). El Partido Obrero publicó un artículo para analizar el decreto en cuestión y el cuadro de situación que planteaba. Allí señaló que “la decisión de someter a juicio a tres juntas militares de la dictadura, bajo la acusación de responsables de las atrocidades cometidas en los últimos siete años, tiene el suficiente impacto emocional como para obnubilar la visión de más de un argentino. Aunque la capitulación en Malvinas y los llamados 'ilícitos' sentaron en el banquillo de los reos a varios jefes militares en los últimos meses, el juzgamiento de las cúpulas de las fuerzas armadas no es un acontecimiento habitual bajo el Estado burgués, cuya seguridad como régimen social de explotación depende, en definitiva, de sus cuerpos armados. Es lógico, por todo esto, que muchos ciudadanos lleguen a interpretar las decisiones tomadas por Alfonsín el pasado martes como un acto de profunda reparación democrática”. Pero agregaba que “estamos en presencia, en realidad, de una estafa política sin precedentes en lo que respecta a la satisfacción de las reivindicaciones democráticas levantadas por la mayoría del país. Esta estafa se transforma, a su turno, en la evidencia más completa de que el gobierno radical es incapaz de dar solución al problema de las desapariciones y al del desmantelamiento del aparato del terror enquistado en el Estado y en los medios sociales de la gran burguesía” (“Los desaparecidos: que Alfonsín diga dónde están”, Prensa Obrera N° 43, 15/12/83). PO explicaba, por otra parte, que Alfonsín “ha tenido la audacia de poner a los acusados bajo la jurisdicción de la justicia militar. Los actuales miembros del Consejo encargado del juzgamiento son notorios colaboradores personales de los propios acusados”. Pero, agregaba, “no sólo es esto. Angel Robledo, ex ministro de Defensa y de Relaciones Exteriores del gobierno isabelino, ha dicho con todas las letras que la doctrina del 'aniquilamiento de la subversión' fue formulada por el gobierno peronista y por él mismo. Los planificadores y supervisores de la famosa metodología incluyen también al gobierno peronista, y esto desde 1973- 74 -cuando se planificaron los golpes contra Cámpora y Bidegain y el Navarrazo contra el gobernador de Córdoba, Obregón Cano. Las tres A han sido excluidas del periodo establecido por Alfonsín, y con esto se escamotea que el golpe de 1976 no fue otra cosa que la triple A llevada al gobierno” (ídem). Otro decreto de Alfonsín, por otra parte, ponía también en el banquillo de los acusados a los dirigentes montoneros. Para PO “el gobierno radical se vale del prejuicio de equidistancia de los extremismos para lanzar una ofensiva ideológica contra todos los que se oponen al régimen burgués por democrático que sea (y entre estos no están, paradójicamente, los montoneros, que si apoyan la democracia burguesa). El ataque a los montoneros también sirve a la camarilla militar para justificarse ante sus 'jueces' y, por sobre todo, sirve a la tesis de que no hay que ir a fondo en la cuestión de los desaparecidos para no afectar a las fuerzas armadas –recurso último contra subversión”. El gobierno y el movimiento de familiares “Alfonsín hizo lo posible para ganar a Madres (de Plaza de Mayo) y Familiares (de detenidos-desaparecidos) a su política”, decía Prensa Obrera; “hubo entrevistas, reuniones, sonrisas y presiones (de los intelectuales y profesionales que coexistieron precariamente con la dictadura y que ahora se integran al gobierno). Pero ese intento fracasó porque la política de Alfonsín no es más (como muy bien fue bautizada en los medios de derechos humanos) que una amnistía encubierta". Las Madres de Plaza de Mayo se pronunciaron en contra del proyecto del Ejecutivo. En un comunicado, que PO reprodujo en sus páginas, sostenían que “el proyecto de ley sobre reformas al Código de Justicia Militar, remitido al Congreso por el Poder Ejecutivo Nacional, es inadmisible política y jurídicamente (porque) resulta inaceptable que sean los militares quienes juzguen a sus pares, incursos en delitos de lesa humanidad”. A esto se agregaba la cuestión del artículo 9, el cual reforzaba el principio de la obediencia debida, lo cual significaba “la impunidad para los centenares de oficiales de las fuerzas armadas comprometidos con la represión ilegal, exceptuando a los miembros de las sucesivas juntas” (Madres de Plaza de Mayo, 02/01/84, reproducido en Prensa Obrera N° 45). A partir de este choque del gobierno con las organizaciones de derechos humanos, el alfonsinismo inició una política de hostigamiento con la intención de aislar a Madres y Familiares del resto de la población. Balance provisorio En marzo de 1984, el Partido Obrero realizaba un balance de los 100 días del gobierno alfonsinista y la lucha por los presos y desaparecidos. “Los testimonios que diariamente se revelan respecto de los 7 años de represión”, decía el artículo, “permiten armar una radiografía exacta de lo ocurrido en los centros clandestinos de detención, los nombres de los responsables, la articulación de los grupos de tareas. (…) Sea por la denuncia directa de sus víctimas, por la de sus familiares, o por los propios verdugos -como Vilariño y un buen número de suboficiales- es evidente que los resortes de la represión, los nombres de sus responsables y ejecutores son de perfecto conocimiento del Poder Ejecutivo”. Los juicios, sin embargo, se empantanaban en la Justicia Militar. Un comentario en el periódico Tiempo (12/03/84) explicaba que “suponiendo que (el consejo supremo de las FFAA) tome declaración a cada uno de los casos y conjeturando que саda caso cite a dos testigos, se tiene un total de 7500 días de trabajo ininterrumpido, lo que significa aproximadamente 20 años”. Por su parte, Ámbito Financiero (09/03/84) señala a su vez que los militares confiaban en “las dificultades de los acusadores para obtener pruebas”. Prensa Obrera explicaba entonces que “una elemental decisión política del gobierno constitucional de ruptura con el orden dictatorial hubiera implicado, ante un genocidio reconocido por todo el país, el encarcelamiento inmediato de los responsables y ejecutores del mismo. Pero los mecanismos puestos en marcha por el gobierno apuntan exactamente en el sentido opuesto: la camarilla es, en principio, inocente. Miles de ciudadanos deberán, durante años, comparecer para intentar probar lo contrario. Mientras tanto, los militares han contado y cuentan con toda libertad para consumar la destrucción de pruebas”. El cuadro general de impunidad que el gobierno había creado para los genocidas de la dictadura propiciaba el traspaso de la iniciativa a la camarilla militar. Esta camarilla, explicaba PO, “ha pasado ahora a una verdadera contraofensiva política: los Bussi, Menéndez y Roualdes (excarcelado en estos días), pusieron en marcha desde las oficinas del propio Comando en Jefe del Ejército una 'Comisión de Asesoramiento' a los militares involucrados en la 'guerra sucia'. Los mismos Menéndez y Bussi han vuelto a la escena, reivindicando por la radio y la prensa los crímenes dictatoriales”. El Partido Obrero llamaba entonces a las organizaciones de Familiares a tomar más que nunca la iniciativa frente al esquema de impunidad que se intentaba establecer. “El gobierno alfonsinista articuló un conjunto de maniobras destinadas, por una parte, a sostener la estructura represora del Estado capitalista, y, al mismo tiempo, a presentarse ante la población ejerciendo la 'reparación nacional', a través de sanciones circunscriptas a algunas de las excabezas de las FF.AA. Con este fin, creó una Comisión Nacional de Desaparecidos sin atributos ejecutivos ni judiciales, instituyó el fuero militar (para que las propias FFAA ejerzan la depuración de sus elementos más quemados) y, respecto de los presos políticos, transfirió toda decisión a la justicia ordinaria (integrada, en su casi totalidad. por los mismos jueces del proceso). “El alfonsinismo ha renunciado a toda determinación política en el esclarecimiento y juzgamiento de las desapariciones, entregando esta facultad a las propias instituciones del orden dictatorial (FFAA, jueces cómplices de la represión). El resultado de ello, a cien días de asumir, es la incolumidad del aparato represivo. Pero esto es incompatible con cualquier 'reparación con justicia': por eso, el gobierno no ha logrado recortar ni a lo más recalcitrante de la camarilla, que prepara su absolución junto a sus futuros 'fiscales', hace declaraciones públicas y se exhibe descaradamente en los lugares de veraneo. “El gobierno utilizó todo el peso de su 52% de votantes y de las expectativas depositadas en él, para intentar aislar al poderoso movimiento de lucha por los presos y desaparecidos, que denunció el remedo de justicia montado por el alfonsinismo. Hoy, a 100 días del 10 de diciembre, la supuesta reparación gubernamental puede verse en los hechos como una gran frustración. El agotamiento de las maniobras del gobierno, el debilitamiento de su iniciativa política, le plantea ahora a los movimientos de familiares la perspectiva de retomar un verdadero apoyo de masas por sus reclamos” (Marcelo Ramal, “100 días de gobierno alfonsinista y la lucha por los presos y desaparecidos”, Prensa Obrera N° 49, 15/03/84), El Partido Obrero, además, había entendido desde el principio a esta lucha de familiares como enlazada indisolublemente a la lucha general del conjunto de la clase obrera. Ya en diciembre del '83, días antes de la asunción del Alfonsín, planteaba que “ahora es más evidente que nunca que el destino de las reclamaciones de Madres y Familiares está ligado a la evolución de la propia experiencia de los trabajadores con el gobierno democratizante. Los reclamos de Madres y Familiares trascendieron desde el vamos el carácter 'sectorial', no podrían sino ser una reivindicación nacional, que hace al futuro de las masas y del país. La lucha por estas reivindicaciones bajo el nuevo gobierno servirá para el desenmascaramiento político de este y para la madurez de las masas. Pero es sólo con esta madurez y con la fusión del movimiento de Madres y Familiares con el proletariado independiente que puede obtenerse un triunfo real y definitivo. El problema de la acción de Madres y Familiares plantea problemas comunes a la lucha de todo movimiento de masas que se pretende subordinar al régimen burgués de tipo constitucional: es decir convencerse de que este régimen solo funciona como agencia temporal del imperialismo en periodos de efervescencia de las masas y de que sólo el reagrupamiento de los trabajadores en torno a una alternativa de poder propio llevará a la victoria de la democracia y de la emancipación nacional y social” (Prensa Obrera N° 41, 01/12/83). LEER MÁS: Política Obrera ante la transición democrática (Parte VII) 40 años del retorno a la democracia. Por El Be, 20/12/2023.

Los días viernes y sábado de la semana pasada, por la noche, un grupo de 70 vecinos se autoconvocó en el Mástil (centro de Merlo) para protestar en contra del DNU de Milei. Hombres y mujeres con sus hijos se arrimaron con cacharros y palos para hacer ruido. Los cánticos fueron “la patria no se vende”, “paro … paro… paro general” y “señor, señora, no sea indiferente, la casta no lo paga, lo paga nuestra gente”. El cacerolazo recogió la simpatía de los transeúntes y llamó la atención de los trabajadores. El Mástil es un punto de paso obligado de la mayoría de los colectivos que van hacia las barriadas populosas (Parque San Martín, Libertad, Pontevedra, Mariano Acosta). Los autoconvocados crearon un grupo de Whatsapp para todos aquellos que quisieran seguir participando de los cacerolazos contra el decreto pinochetista de Milei. En este marco, el día martes 26/12 se convocó a un “ruidazo” a las 5 de la tarde en la plaza central de Merlo. Se congregaron algunas decenas de manifestantes que llevaron adelante una enérgica actividad de denuncia contra el DNU, las privatizaciones y la pulverización de salarios y jubilaciones. Los auto-convocados repartieron volantes, charlaron con los miles de trabajadores que pasaban por el lugar, etc. Se abrió el micrófono a todos los que quisieran hablar. En la plaza se notó entre los transeúntes mucho mal humor social. Los tres encuentros se cerraron con la apertura del micrófono para todos los participantes. Política Obrera hizo uso de la palabra poniendo el énfasis en el ataque del DNU a los trabajadores y a no depositar ninguna confianza en que el poder judicial o el congreso paren el DNU. Planteamos que el punto estratégico del decretazo yace en la reforma laboral y que hay que impulsar unir a todas las luchas y coordinarlas para que a partir de allí se comience una campaña por la huelga general, única vía para derrotar el decretazo y el rodrigazo en curso. La apertura de la palabra a todos aquellos que quieran expresar sus ideas es un punto muy positivo de estos cacerolazos-ruidazos porque abren un espacio de deliberación. LEER MÁS: Una contrarrevolución laboral con forma de decreto Por Marcelo Ramal, 21/12/2023.

Ignacio Oesterheld es delegado de la Junta Interna de ATE del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Castelar. El Instituto está integrado por profesionales, investigadores, técnicos y personal de apoyo que hace años vienen denunciando el desguace presupuestario del INTA, cuyo objetivo es el “autofinanciamiento” por la vía de convenios con empresas privadas que convierta al Instituto en un vientre de alquiler del agronegocio. En noviembre, los trabajadores de INTA Castelar realizaron una asamblea general denunciando el bono trucho de Massa y reclamando un salario de $300.000 al básico. Reproducimos a continuación la entrevista que le realizamos a Ignacio desde Política Obrera. PO: ¿Qué opina del golpe económico que está llevando adelante el gobierno de Milei? IO: Considero que el ataque económico que hace Milei es brutal. Va a fondo y en tiempo récord; una cosa increíble. Y ataca a fondo a la clase obrera, a las condiciones de trabajo, no sólo las condiciones salariales de los trabajadores de todo el país, sino que es un ataque que va a llevar a un empobrecimiento general de la población. Tanto a trabajadores ocupados como desocupados y jubilados. Y que va a entregar recursos y derechos ganados que tenemos. Va a fondo. Y necesita la respuesta, contundente y lo más rápido posible, de la clase obrera organizada. PO: ¿Y cuál es tu opinión sobre la Ley Ómnibus, que afecta a los trabajadores estatales y los del INTA? IO: La Ley Ómnibus va más a fondo que el DNU incluso. Abre frentes en todos lados, pero sobre todo sigue avanzando sobre la clase obrera organizada, y en particular sobre los estatales, anulando derechos básicos que el menemismo recién en la última etapa logró atacar, como el tema de la estabilidad de los empleados públicos, donde todos los derechos que tenemos se van a pique. PO: La CGT convocó a un paro para el día 24 de enero ¿Qué opinión te merece un paro de estas características? IO: A mí me parece que es insuficiente y tardío. El paro está convocado por doce horas. Participamos hace días, el 27 de diciembre, de la movilización de la CGT. Ahí se evidenció que la clase obrera está con ánimos, está con ganas de salir a luchar. Hay cacerloazos en todos los barrios, en todas las plazas. La gente está indignada con lo que está sucediendo, tanto los que votaron en contra como los que votaron a favor de Milei. Todavía quedan, obviamente, algunos que tienen que hacer un proceso. Pero, en general, en pocos días de gobierno se está agotando una experiencia. Y yo creo que lo que está haciendo la CGT es tardío. Porque la Ley Ómnibus tenemos que agarrarla antes. No tenemos que dejar ni que llegue al Congreso. PO: ¿Pensás que se están dando las condiciones para que los trabajadores organicen una gran huelga general? IO: Totalmente. Yo creo que si se convocara a tiempo a un paro de 24 horas con una reivindicación clara, por ejemplo el rechazo al DNU o a la Ley Ómnibus, que si en ese paro no se resuelve se llamará a otro paro de 48 horas y entramos en una situación de esas, creo que tranquilamente la clase obrera puede hacer una huelga general hasta ganar. LEER MÁS: Un DNU contra las trabajadoras Elimina la doble indemnización por despido de las mujeres embarazadas y de las trabajadoras de casas particulares no registradas. Por Olga Cristóbal, 02/01/2024. El FIT-U saluda el paro aislado de la CGT para dentro de un mes Por El Be, 29/12/2023. Al DNU de Milei sólo lo para una huelga general Nota de tapa de Política Obrera N°85 edición impresa. Año 4 (2° época). Desindexa salarios y jubilaciones, pero indexa 700.000 millones de dólares de deuda pública. 25/12/2023. Una contrarrevolución laboral con forma de decreto Por Marcelo Ramal, 21/12/2023.

El día de ayer, 30 de diciembre, se cumplió un nuevo aniversario de la “Masacre de Cromañón”. En esa fecha, pero de 2004, el boliche “República de Cromañón” ardió en llamas debido a que la media sombra que recubría el techo del local fue alcanzada por una chispa de una bengala. A raíz de este hecho, 194 personas perdieron la vida, la mayoría por asfixia. El boliche en cuestión era administrado por Omar Chabán, un empresario muy conocido y exitoso en el ambiente del rock. Esa fatídica noche tocaba por tercera y última vez la banda en vertiginoso ascenso “Callejeros”, quienes esa jornada harían sonar "Rocanroles sin Destinos”, su último lanzamiento discográfico hasta ese momento. La complicidad estatal y empresarial al descubierto La consumación de Cromañón dejó todo un sistema social al desnudo. En primer lugar, evidenció la complicidad estatal a la hora de los controles de seguridad con los “capitalistas amigos". El local bailable, como otros tantos, no contaba con las más mínimas condiciones de seguridad ni para ir a disfrutar de un show, ni para ir a trabajar: salidas de emergencia, matafuegos, control de la capacidad de personas, falta de material ignífugo sobre los techos, etcétera, fueron algunos de los resultados que dejaron las pericias. La extensión de estas prácticas lo demuestra el hecho de que, posterior a la masacre, la mayoría de bares, pubs, boliches de la Capital Federal fueron clausurados. Ante la evidente conmoción que generó la noticia, rápidamente una gran maniobra política apuntalada por los medios de comunicación y la Justicia se impuso sobre la opinión pública. La maniobra consistía en responsabilizar a los músicos y al público presente. A los primeros, los condenaron con penas de 5 años —salvó a Patricio Fontanet quien recibió 7 años por ser líder de la banda. Por su parte, a Chabán, quien dio la órden de cerrar las puertas de emergencia con candados, autorizar la entrada de pirotecnia al recinto —lo que era un hábito en los recitales de rock de la época—, le dieron solamente 8 años. Un numeroso grupo de sobrevivientes y de familiares se opuso a la condena de la banda. El argumento de la Campaña era clara: Ni las bengalas, ni el Rocanrol, a los pibes los mató la corrupción. Poniendo en el centro de la escena la responsabilidad estatal, política y empresarial. La impunidad de los responsables políticos Con esta bandera, los sobrevivientes y familiares de las víctimas iniciaron una inclaudicable lucha por la condena a los responsables políticos y materiales. Más allá de que varios funcionarios menores quedaron en prisión, nunca se condenó al mayor responsable del hecho: el Jefe de gobierno, Aníbal Ibarra. Nuestro partido, en un artículo escrito por Luis Oviedo, denunciaba: “La Ciudad de Buenos Aires es gobernada por un verdadero ‘gobierno paralelo’ (en verdad, una asociación ilícita), que viola las normas, no realiza controles, deja pasar las infracciones y encubre a los infractores, y que, además, modificó en el año 2000 el Código de Planeamiento Urbano para facilitar la instalación de discos en zonas anteriormente prohibidas”. Y concluyó: “Ibarra es el responsable. No puede alegar desconocimiento. No sólo porque el funcionamiento de las discotecas era público, sino porque muchas de ellas eran dirigidas por 'amigos del poder' y otras tantas porque se encuentran en zonas concesionadas por el Gobierno de la Ciudad. Por si esto no bastara, 19 informes de la Defensoría del Pueblo entre 1999 y 2003 –es decir, bajo el gobierno aliancista en el cual Ibarra era legislador y luego, bajo su propio gobierno-, denunciaron todas estas violaciones”( Prensa Obrera, 5/1/05). Finalmente, la movilización popular echaría de su cargo a Ibarra. Esto, pese a la defensa a rajatabla del kirchnerismo y del propio Néstor Kirchner de sostenerlo en el cargo. Sin embargo, la Justicia lo eximió de cargos y responsabilidad por la masacre. El mismo Ibarra, más tarde, sería candidato a Jefe de gobierno por el Frente para la Victoria y con el gobierno de Alberto Fernández se convirtió en asesor jurídico de Miguel Pesce, en el Banco Central. A 19 años de la “Masacre de Cromañón”, los responsables políticos siguen libres. Cromañón no puso fin a la precariedad del trabajo cultural, sino que la extendió aún más. El golpe será más duro con el brutal ataque que plantea Javier Milei contra la cultura. Es por todo esto que la lucha sigue. Juicio y castigo a todos los responsables. Abajo la precarización del trabajo cultural. Como dice la canción de Callejeros: No olvidar, siempre resistir.

La disputa entre Guyana y Venezuela por la región del Esequibo se reavivó con el arribo de un buque de guerra británico a las costas caribeñas. El Reino Unido respalda en la disputa a Guyana, su excolonia sudamericana, a la cual un vocero de la cancillería británica definió como “un importante aliado regional y socio de la Commonwealth”. Guyana también cuenta con el apoyo de Estados Unidos. Junto a su presencia militar, el Reino Unido reclamó al gobierno de Venezuela el cese de lo que calificó como “injustificadas las acciones de Venezuela contra Guyana”. El gobierno chavista, sin embargo, había llegado recientemente a un acuerdo con su vecino, con la mediación del gobierno de Brasil y el visto bueno del secretario general de la ONU. Este acuerdo, llamado “Declaración de Argyle para el Diálogo y la Paz”, fue suscrito en las islas caribeñas de San Vicente y las Granadinas hace dos semanas. El presidente venezolano sostiene que la presencia del buque británico representa una “amenaza inaceptable” y una “ruptura” de los acuerdos El buque HMS Trent de la marina real es un patrullero de altura de clase River Batch 2 que está especializado en la “lucha contra la piratería, el contrabando y el terrorismo dotado de cañones y ametralladoras pesadas” (Clarín, 30/12). El gobierno británico aseguró que su buque no amarrará en ningún puerto de Guyana, pero aclaró que se trata de una “muestra de apoyo militar y diplomático” a su excolonia. El vicepresidente de Guyana, Bharrat Jagdeo, aseguró que se trata de una visita de “rutina” y algo “planificado desde hace mucho tiempo”. El presidente, Irfaan Ali, aseguró que Guyana “lleva mucho tiempo participando en asociaciones con Estados regionales e internacionales destinadas a mejorar la seguridad interna”. Maduro había realizado un referéndum nacional a principios de diciembre, en el cual el 90 % de quienes habría participado, unos 10 millones de venezolanos, votó a favor del reclamo por el Esequivo. La presencia del buque británico, sin embargo, se suma a las operaciones de vuelo que viene realizando el Comando Sur de Estados Unidos en conjunto con las Fuerzas de Defensa de Guyana, que se iniciaron luego del reclamo venezolano por el territorio. El gobierno chavista aseguró que “la presencia de la nave militar es extremadamente grave, ya que viene acompañada de declaraciones por parte de portavoces políticos y militares de quien fungió como despojador de la Guayana Esequiba”, y ordenó realizar inmediatamente un conjunto de maniobras con todas sus Fuerzas Armadas sobre el Caribe oriental del país, con proyección sobre el Océano Atlántico. Estas maniobras, según definió Maduro, son una “primera fase” de una “acción defensiva” ante lo que definió como una “provocación” y una “amenaza” para su país. Hasta el momento, las maniobras defensivas venezolanas cuentan con la participación de 5.600 militares en la frontera con Guyana, incluyendo “tres patrullas oceánicas, siete barcos lanzamisiles, 12 aviones Sukhoi y ocho vehículos anfibios” (Perfil, 29/12). La oposición venezolana agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) se sumó a rechazar “la presencia del buque de guerra británico en el territorio en reclamación, por tratarse de una acción provocadora e innecesaria” y aseguró que “desde la Plataforma Unitaria Democrática reiteramos que los venezolanos tenemos sólidos documentos jurídicos para defender nuestro territorio Esequibo”. También la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL) aseguró que “condena y rechaza” estas acciones. Por su parte, la principal opositora al régimen chavista, María Corina Machado, mantiene sus redes en silencio desde hace una semana. La maniobra británica llega luego de lo que los medios calificaron como un “triunfo diplomático” del gobierno chavista el canje de uno de los principales operadores financieros del régimen, Alex Saab, a cambio de un grupo de detenidos norteamericanos. Entre los liberados por Maduro se encuentran algunos exboinas verdes que participaron en el fracasado desembarco de la Operación Gedeón en 2020, que se realizó con la intención de derrocar al gobierno chavista. El canje se inserta en los acuerdos de Barbados que suscribió el gobierno venezolano con Estados Unidos. De cumplirse todo el acuerdo, Maduro debería convocar a elecciones en 2024 y permitir la llegada de observadores internacionales. La apelación judicial de María Corina Machado para levantar la prohibición que pesa sobre ella para presentarse a elecciones todavía se encuentra en suspenso. LEER MÁS: Cumbre Venezuela-Guyana: Maduro recula Por El Be, 18/12/2023. La escalada de Venezuela contra Guyana Estados Unidos y Brasil se movilizan. Por El Be, 07/12/2023. Venezuela: la oposición se reagrupa, Maduro inhabilita, Washington supervisa Por El Be, 15/07/2023.

En el marco general que representa el DNU de Milei y su avance privatizador sobre la cultura, también se encuentran en la mira las bibliotecas populares, siendo más de 1500 las que se encuentran en peligro, a lo largo y ancho del país. El apartado quinto de la “ley ómnibus” está dedicado exclusivamente a la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP). La afecta sobre todo la derogación del Fondo Especial que creaba la Ley 23.351. Desde la Comisión advierten el desfinanciamiento a las Bibliotecas Populares y la eliminación de la ayuda que el Estado otorga a esas asociaciones civiles. Dicho fondo está constituido por el gravamen sobre los impuestos a los premios efectivamente pagados en los juegos de azar. De este modo, el efecto de esta política impactaría con una contundencia enorme en contra su actividad. Como ejemplo de ella, se destaca el rol que la CONABIP juega, y con trascendencia, en el interior del país y en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Implica a bibliotecarias y bibliotecarios que integran las bibliotecas populares y que encuentran la oportunidad, en cada edición de la Feria del Libro de Buenos Aires, de viajar y comprar con descuento libros para los lectores de la comunidad. La Feria abre en un horario especial para estos libreros, que llevan en sus registros los pedidos de sus comunidades. Las bibliotecas populares constituyen un impulso para la promoción de la lectura, el acceso a la información, la difusión de la cultura y la inclusión social en todo el país, a través de la labor solidaria de más de 30.000 voluntarios, llegando a millones de usuarios. Al mismo tiempo, la ley elimina las tarifas reducidas a los servicios públicos para las bibliotecas populares así como los beneficios de gravamen fiscal. Algunos de los que se cancelan son la franquicia postal; la liberación de todo gravamen establecido en la ley de impuestos de sellos y la “subvención para el mantenimiento de las instalaciones, aumento del caudal bibliográfico, remuneración y perfeccionamiento del personal bibliotecario —profesional, auxiliar y de maestranza—, modernización del equipamiento y actualización del procesamiento técnico de materiales”. A su vez, se pretende la desaparición de la Junta Representativa, es decir, un órgano federal dentro de la Conabip. Hasta ahora, la Junta estaba compuesta “por un representante por provincia y uno por la Capital Federal”. La nueva ley directamente la elimina. El treinta de diciembre y bajo el lema "Defendamos las bibliotecas populares" se realizó la primera reunión virtual de bibliotecarios populares de Córdoba, Mendoza, Salta, Santa Fe, Catamarca, Neuquén, Pcia de Buenos Aires, CABA, entre otros lugares del país y con motivo de resolver los pasos a seguir en la organización y la lucha, mediante la elaboración de documentos, difusión, actividades de visibilización, aspectos jurídicos, en función del conjunto de sus reivindicaciones.

El proyecto de Milei pretende modificar la ley Nacional de Salud mental. De lograr su objetivo, se pondrán en riesgo las libertades individuales de las personas ante la presunción de una problemática de salud mental o de adicciones. La reforma producirá un significativo retroceso en materia de derechos humanos, al quedar las personas con padecimientos mentales y adicciones sujetas a la arbitrariedad de un juez que podrá ordenar la internación involuntaria, sin que exista riesgo cierto e inminente, sin que la persona sea evaluada por un equipo interdisciplinario y sólo acudiendo a su “convicción”. También, reduce las incumbencias de los equipos interdisciplinarios, limitando su intervención, al darle al abogado defensor la posibilidad de negarse a la externación, aunque haya desaparecido el riesgo cierto e inminente y desconociendo la opinión del equipo tratante. Otra limitación que pueden sufrir los trabajadores de la salud mental es la reducción de los equipos interdisciplinarios ya que, de aprobarse este proyecto, sólo será necesaria la firma de un psiquiatra o psicólogo. Además, coloca a la persona frente a la posibilidad de violación de su libertad ante un error personal profesional o institucional. Párrafo aparte merece la conformación del organismo de contralor de las políticas en Salud Mental, cuya conformación sería modificada y quedaría desdibujado su funcionamiento. Esto debido a que no sólo no la integrarán ni familiares, ni usuarios, ni mucho menos organizaciones profesionales de salud mental, sino que además ni siquiera será necesaria la intervención del Estado. Por otro lado, este proyecto sienta sus bases en la lógica manicomial (segregación social) de las instituciones totales como Hospitales Psiquiátricos y Comunidades terapéuticas, lugares donde se moldean cuerpos y almas. Quienes elaboraron el mismo muestra una ignorancia absoluta en la materia, ya que en su texto desconocen los tratados y acuerdos internacionales que el Estado Argentino asumió ante los diferentes organismos internacionales de los que forma parte y, por lo tanto, está obligado a cumplir. La ley de salud Mental 26657 produjo un verdadero cambio de paradigma, pasando del modelo hospitalocéntrico a un modelo de atención primaria en salud interdisciplinaria e intersectorial y desde una perspectiva de DDHH. Cabe destacar, sin embargo, que los gobiernos anteriores, por la vía de la desfinanciación sistemática de las políticas en salud mental, nunca llevaron adelante la implementación plena de la ley actual, dejando un terreno fértil para todo tipo de modificaciones y resultando funcionales al ataque del gobierno libertario. Todas las modificaciones reaccionarias en el campo de la salud mental están en sintonía y son un eslabón más en la cadena de ataques de conjunto y generalizados que el gobierno de Milei libra contra la salud pública, las libertades democráticas y la clase trabajadora. Los trabajadores de la salud mental tenemos hoy un rol histórico: debemos poner en pie asambleas de trabajadores, familiares y usuarios de todos los servicios de la salud mental, no sólo para debatir las implicancias de la reforma reaccionaria, sino para resolver cómo la enfrentamos.

Los Docentes Autoconvocados de San Luis resolvimos no hacer seguidismo a las burocracias. Por eso, decidimos no apoyar la última convocatoria de la CGT y CTA, para lo cual acordamos formar una columna independiente y volantear la marcha haciendo la delimitación con los convocantes, llevar nuestras consignas de “que el ajuste no lo pague el pueblo”, “abajo el DNU”, “abajo el protocolo antiprotesta”, “no al desdoblamiento de salarios”, “reapertura de paritarias”, “aumento del 100% a salarios, jubilaciones y ayudas sociales”, “ningún despido” y “Huelga general ya!” Anteriormente habíamos movilizado el 20 de diciembre, donde nos convocamos un gran número de trabajadores junto a organizaciones de toda índole. Allí se rechazó el ajuste en curso. Desde Docentes Autoconvocados denunciamos a las burocracias sindicales que en varios sindicatos llamaron a asamblea ese mismo día, con el fin de desmovilizar y bajar línea a fin de no quedar como patoteros frente al nuevo gobierno. ¿Quiénes somos? A partir de un movimiento de docentes autoconvocados que se puso de pie durante la pandemia en la capital sanluiseña, nos organizamos por redes y salimos en caravanas reclamando al gobierno de Alberto Rodríguez Saa la no presencialidad sin vacunas, que se garantizara a alumnos y docentes dispositivos y conectividad. A partir de estas acciones, se impulsó una organización independiente junto a colegas de Villa Mercedes, quienes también se autoconvocaron. Posteriormente, de conjunto fuimos poniendo de manifiesto por medio de petitorios y marchas el creciente descontento por nuestras condiciones laborales, y los bajos salarios y en simultáneo denunciamos la complicidad y parálisis de las burocracias. Con la asunción de Poggi, el nuevo gobernador, exfuncionario de Rodríguez Saa, macrista apoyado por Larreta, y el nuevo intendente de la capital, Gastón Hissa, alineado con Poggi, nada cambió favorablemente para el trabajador. Por el contrario, a días de su llegada al gobierno, anunció un paquete de medidas antiobreras en concordancia con la línea ultraderechista de Milei. Entre ellas, la más rechazada fue el desdoblamiento de los salarios de los empleados públicos. Asimismo, ocurrió en el sector municipal. La misma noche, luego de anoticiarnos de este golpe al bolsillo, convocamos desde Docentes Autoconvocados a concentrar en la zona céntrica el día siguiente. Allí nos encontramos con una gran cantidad de trabajadores de varios sectores, administración pública, feministas, jubilados, estudiantes, docentes. Cada sector tomó la palabra, contando la situación y llamando a la unidad de los trabajadores, y desde Docente Autoconvocados impulsamos volver a poner de pie una coordinadora Multisectorial de Autoconvocados. En esa concentración rechazamos de conjunto el protocolo antiprotesta de Bulrich denunciando que nos quieren hacer pasar el ajuste con represión. Luego de organizarnos realizamos una gran marcha, al grito de “unidad de los trabajadores” y resolvimos marchar el 20 de diciembre. Las amenazas no tardaron en llegar. Defendemos el movimiento multisectorial, que nació de los sectores autoconvocados de la docencia, de jubilados de diversos ámbitos, que nace como organización independiente, autónoma, frente al crecimiento de la miseria social. LEER MÁS: San Luis: Rodríguez Saá salta de bote Por Pablo Alejandro, 14/06/2023. San Luis: triunfazo de los jubilados docentes por el 82% móvil Por Amanda Arce y Pablo Alejandro, 05/06/2023. San Luis: los docentes enfrentan el avance privatizador Por Pablo Alejandro y Amanda A., 22/06/2022.

Natalia Rossi trabaja en Bagley Villa Mercedes, San Luis. Es delegada por cuarto mandato consecutivo de los trabajadores, en una de las fábricas más grandes del país, perteneciente al Grupo Arcor. Fue parte de la experiencia antiburocrática de la Lista Azul y Blanca. En el último tiempo, Natalia junto a otros compañeros de otras plantas viene impulsando la creación una nueva lista en la provincia, la Lista Naranja, que ha ganado elecciones de delegados en distintas fábricas. PO: En San Luis, en el balotaje, arrasó el voto por Milei. En tu fábrica, con una larga experiencia antiburocrática como Bagley ¿se expresó esta tendencia de voto? NR: Sí, acá en San Luis además se generó un hecho histórico: que fue elegido Poggi como nuevo gobernador, terminando con el gobierno de los Saa de más de 40 años. Hubo una tendencia a volcarse a lo nuevo, si bien Poggi ya había sido Gobernador, expresando la necesidad de votar a algo distinto para ver si era más esperanzador y si era la solución definitiva para tantos problemas que tenemos en Argentina a nivel económico. PO: ¿Creés que hay relación entre el rechazo a la burocracia de los sindicatos con el voto por el cambio a nivel provincial y luego a nivel nacional? NR: Creo que está ligado estrechamente. La gente está demostrando ya un hartazgo a los partidos políticos predominantes y a las instituciones que no se renuevan, que no cambian. De hecho, nosotros nos presentamos con la lista Naranja y todo este surgimiento de ideas que se están canalizando en estas expresiones nos terminó beneficiando. Y creo que también tiene sus razones la gente para demostrar e inclinarse a otras expresiones políticas. Creo que la sociedad ha perdido y ha ido transmutando y necesita encontrar nuevos líderes, necesita encontrar cambios de paradigmas, y bueno, muchas veces se están volcando a estas nuevas construcciones. Me parece que no todo lo viejo está mal pero hay algunos espacios políticos que por lo menos no coinciden con mi forma de hacer o plantear un futuro para mejorar las crisis sociales y económicas que tenemos como trabajadores, como seres humanos. Hay crisis ambientales, o sea, hay muchas cosas para replantearnos y me parece que deberíamos volvernos un poco más a otras formas de hacer política y no al autoritarismo y a la derecha que nos están proponiendo algunos sectores. PO: Los trabajadores tienen sus razones pero las medidas anunciadas por Milei son en líneas generales un ataque contra la clase obrera ¿Cómo repercutieron entre los trabajadores de Bagley? NR: Los compañeros en parte están como en un trance. Yo considero que muchos todavía no entienden todo lo que nos puede llegar a perjudicar al entrar en vigencia el DNU. Que, bueno, de hecho ya está. Pero en parte esta responsabilidad creo que es la falta de participación que nos han dado a las bases los sindicatos, las federaciones. Por eso te decía que la forma de hacer una política un poco más sustentable sería volver a permitirles y a generar la fuerza que tiene las bases y la participación de los trabajadores, en nuestro caso la parte sindical. De hecho, nosotros habíamos presentado en la última negociación de paritarias una nota para el sindicato de la alimentación pidiendo un congreso para que nos informaran cómo se vienen las negociaciones, dado de que ya las últimas paritarias no nos hacían partícipes y nos daban el resultado de la negociación por una nota y eso nos parecía completamente agraviante hacia nuestra representación dentro de la planta. Hoy vemos las consecuencias con este tipo de cosas porque los compañeros están sin conocimiento, no tenemos las formas aceitadas para poder trabajar, organizarnos y, bueno, justamente viene del mal manejo de tantos años de las burocracias sindicales. PO: Conociendo por experiencia esos manejos de los sindicatos, ¿crees que pueden impulsar una lucha real contra el DNU? ¿Qué opinas del paro nacional convocado para el 24 de enero? NR: Yo creo que la CGT está muy presionada por la opinión pública y lamentablemente lo va a usar como excusa para seguir en la inactividad que han tenido durante todos estos años. No van a hacer nada y lo peor de todo es que vamos a perder tiempo y la discusión que nosotros deberíamos estar planteando es la discusión sobre nuestros salarios que se vio fuertemente devaluada cuando impulsaron y blanquearon el dólar a 800 pesos. Entonces, creo que todo esto es una cortina de humo y vamos a tener que salir a pelear y organizarnos nosotros, los trabajadores de nuestras bases, como se han generado algunos focos combativos en distintas provincias. Me parece que es por ahí la manera. Nosotros estamos impulsando un petitorio a la Federación (FTIA). Mandamos una carta firmada con los delegados de distintas comisiones internas pidiéndole que atiendan las necesidades de una recomposición salarial para todos los trabajadores del sector de la alimentación y también el hecho de defender nuestros derechos. El que más creo que nos perjudica además de la posibilidad de cambiar las jornadas laborales y el banco de horas, es el hecho de no tener la posibilidad de hacer huelga. Creo que es un hecho gravísimo a nuestros derechos como trabajadores y no podemos esperar hasta el 24 para salir a defenderlos. LEER MÁS: Un DNU contra las trabajadoras Elimina la doble indemnización por despido de las mujeres embarazadas y de las trabajadoras de casas particulares no registradas. Por Olga Cristóbal, 02/01/2024. El FIT-U saluda el paro aislado de la CGT para dentro de un mes Por El Be, 29/12/2023. Al DNU de Milei sólo lo para una huelga general Nota de tapa de Política Obrera N°85 edición impresa. Año 4 (2° época). Desindexa salarios y jubilaciones, pero indexa 700.000 millones de dólares de deuda pública. 25/12/2023. Una contrarrevolución laboral con forma de decreto Por Marcelo Ramal, 21/12/2023.

Se han conocido en estos días dos decisiones judiciales favorables al gobierno y sus aliados políticos. Se trata de la anulación de la causa “Lago Escondido”, un cónclave clandestino de funcionarios, jueces y empresarios, y la que refiere a la “Gestapo Sindical”, otro organigrama, aparentemente continuado en el tiempo, dedicado al armado de causas a sindicalistas. Este es un respaldo al oficialismo que se da en medio de una discusión nacional sobre el carácter ´constitucional´ o legal del DNU y del conjunto de acciones que, por la vía de los hechos, va imponiendo el gobierno. Fue el juez federal Sebastian Ramos el encargado de rubricar la anulación de la causa por el viaje a “Lago Escondido”, ocurrido en octubre del 2022 en la mansión de Joseph Lewis, íntimo amigo de Macri y ´dueño´ del famoso lago cercado. Allí se reunieron los jueces Ercolini, Mahiques, Yadarola y Cayssials; el procurador porteño, el ex ministro de seguridad de la Ciudad y empresarios del grupo Clarín, entre otros. Todos ellos fueron acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público y aceptación de dádivas. La causa, que tuvo un avance en la justicia local de Bariloche fue direccionada al fuero federal, donde probablemente haya resuelto el tema otro habitué de la quinta de Lewis. Las ´razones´ para decretar la anulación refieren a que “existió una actividad de seguimiento irregular” y que “se trata de acciones que deben quedar en el ámbito de la privacidad”. El viaje habría sido una excursión al sur. Tanto el viaje como las facturaciones que hicieron estos jueces con fechas posteriores se encuentran totalmente probadas. El ´espionaje´ refiere a la difusión de conversaciones de chats donde se detalla efectivamente la estrategia para su defensa. El viaje en sí habría sido ´botoneado´ por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, a la que le prometen castigo en esas conversaciones. El actual ministro de Justicia, Cuneo Libarona, tiene una especial relación con uno de los jueces acusados en esta causa, Pablo Cayssials. Cayssials participa del fuero contencioso administrativo donde deberá resolverse la legalidad del DNU del gobierno. En cuanto a la ´Gestapo´, la “falta de mérito” pretende dar vuelta la página, aunque exista la apelación del fiscal. Esta causa, iniciada a fines del 2021 surgió de una serie de videos donde funcionarios de María Eugenia Vidal, junto a empresarios y servicios de inteligencia planificaban el armado y el seguimiento de causas judiciales, como el caso de “El Pata” Medina, absuelto de todas formas en noviembre. Fue el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi el encargado de absolver a los exfuncionarios de Vidal y los “exespías" de la AFI, Dario Biorci y Juan De Stéfano. Mientras tanto, la exgobernadora apoya con entusiasmo el DNU que, según sus palabras, “desregula la economía y se debería aprobar”. Estos primeros guiños de la justicia dan cuenta de un amplio trabajo en común con el gobierno. En 15 minutos, los jueces rechazaron el amparo de la CGT contra una parte del DNU, aunque la Corte Suprema anunció que se tomará un tiempo para “estudiarlo” en su conjunto. El poder judicial es un sostén de último recurso de un Estado que se prepara para enfrentar una enorme crisis. La Corte no querrá perder ese papel en la medida que la viabilidad política del plan del gobierno siga en cuestión. Horacio Rosatti, en una entrevista con Pagni, se ocupó de mencionar que los actos de gobierno deben considerar, además del contenido y el procedimiento, una ´razonabilidad´. LEER MÁS: Marcha de la CGT: una “estrategia” que duró 15 minutos Por Marcelo Ramal y El Be, 27/12/2023. La guerra judicial, después del balotaje Por Federico Fernández, 30/11/2023. La campaña electoral desciende a los “sótanos de la democracia” Por Jacyn, 09/11/2023.

Javier Milei le dio al mensaje de fin de año por cadena nacional el carácter de un ultimátum: intimó a los legisladores a “aprobar la ley ómnibus o rechazarla”, sin margen para modificaciones. Federico Sturzenegger señaló que “más allá de las reformas mismas, [el proyecto de ley] es una reconfiguración en la estructura del poder económico”. El eje de esa “reconfiguración” es la liquidación del derecho del trabajo. La ley es un guante a medida de ciertos *lobbys *capitalistas. La ley ´libertaria´ coloca a la clase obrera ante la mayor regimentación estatal (la eliminación del derecho de huelga), pero reserva las libertades para el capital. En favor de esta orientación, Milei ha colocado al Congreso ante un “tome o deje”. Ante la variante de un eventual rechazo del Congreso, el presidente volvió a agitar el fantasma de la “catástrofe económica” y la “hiperinflación”. Pero la apelación de Milei al abismo comienza a cansar y no sólo por la reiteración. Ocurre que la “hiper” se instala ahora como resultado de la política oficial, en primer lugar, de devaluación y tarifazos. Luego, por el estallido de la deuda en pesos, a partir del propio salto devaluatorio e inflacionario, y de la fabulosa emisión de moneda dirigida a pagar sus intereses. La inflación resultante ha vuelto a “abaratar” el dólar y las especulaciones sobre una nueva devaluación asoman. Santiago Fioriti, editorialista de Clarín, abre la posibilidad de una situación “dramática” para “marzo o abril” si la inflación persiste, con “salarios rezagados” y “la calle tornándose una pesadilla” (Clarín, 31.12). Milei asocia al inmovilismo con un colapso económico y una rebelión popular, las cuales, sin embargo, asoman como la consecuencia de su golpe de estado económico. El gobierno se sobrepone a su debilidad política -y a la caída de su ascendiente popular- con los métodos de un jugador o un especulador bursátil: redoblando la apuesta, o sea, la iniciativa. Al DNU y a la ley ómnibus se sumará ahora un nuevo paquete de reformas para atosigar al Congreso y a la oposición parlamentaria. La entrega Mientras los constitucionalistas y los políticos opositores fatigan los canales de televisión con las “inconstitucionalidades” e “irracionalidades” de las iniciativas oficiales, el DNU ya entró en vigencia por defol -el Congreso ni siquiera constituyó la comisión bicameral que debería dictaminar sobre su pertinencia-. El decretazo en vigor implica la potencial derogación de los convenios por industria (ultraactividad), la desregulación de alquileres y la puerta abierta para el remate de tierras y la deforestación por la vía de desmontes e incendios, entre otras disposiciones. La veintena de recursos judiciales presentados contra el DNU duermen el sueño de los juzgados. La Corte no abrió la feria para tratarlo; o sea que, de pronunciarse, lo hará después de que el Congreso se expida o incluso vote el DNU (la ley ómnibus prevé su aprobación en uno de los artículos). La oposición se ha parado frente a la escalada del gobierno en una perfecta pose de impotencia: sabe que la ley ómnibus comporta la anulación política del Congreso, pero marcha inexorablemente a “entregar los puntos”. Milei, en definitiva, no actúa por capricho, sino a cuenta de un planteo estratégico del gran capital nacional y extranjero. Al mismo tiempo, la Corte y la oposición temen que un derrape temprano del gobierno, en condiciones de un Congreso anulado, le abra paso a una lucha de clases abierta y sin la mediación de los aparatos de contención. A esta preocupación obedece, por ejemplo, la formación en Diputados de un interbloque de ajustadores “republicanos”, donde revistan desde Pichetto hasta López Murphy. El radicalismo ofrece, en términos generales, una variante de ese planteo. En el debate parlamentario que se viene, esa oposición le ofrecerá a Milei habilitarle las reformas reaccionarias de fondo -régimen laboral, deuda externa y una parte de las privatizaciones- a cambio de que el gobierno resigne otras y admita la sobrevivencia del Congreso. En este tome y daca, ingresan las divergencias que abre la ley ómnibus entre diferentes clanes capitalistas, por caso, en torno de las retenciones a la exportación y la administración de las concesiones petroleras y mineras, que Milei-Caputo quieren disputarle a las provincias. Un compromiso entre Milei y el parlamento, sin embargo, tiene pronóstico reservado: Milei sabe que llegó al gobierno sobre el enorme vacío político dejado por aparatos políticos en ruinas y no quiere asociarse a ellos. Por eso, explotará hasta las últimas consecuencias la carta de la extorsión plebiscitaria. Para completar el panorama, el mismo Fioriti nos informa de una impensada contribución a la gobernabilidad libertaria: la de Cristina Kirchner, quien desalentó la concurrencia de los dirigentes políticos camporistas a la manifestación de la CGT. El kirchnerismo-pejotismo ha exhumado la consigna “hay 2025”. Sabe que no podría capitalizar un derrumbe prematuro de Milei, porque la experiencia ruinosa de los Fernández y Massa se encuentra demasiado cercana. La “preparación electoral” para 2025 es el pretexto para no hacer olas en medio del golpe de estado económico. CGT La decisión de la burocracia sindical de convocar a un paro a un mes vista se inscribe por entero en la política de esta oposición con “tobillera electrónica”. Por sobre todas las cosas, la CGT ha querido tomarse todo el tiempo necesario para negociar el paro -y su eventual levantamiento- con el gobierno, algo que ya está ocurriendo. Las “razones” del aparato sindical no son la de los trabajadores. Es que el DNU liquida la legislación laboral y el derecho de huelga, pero no toca la ley de Asociación profesionales, es decir, el unicato que asegura el dominio de la “casta” al interior de los sindicatos. La cuestión se puso a prueba, de un modo práctico, en la negociación que condujo a que Cavalieri, el secretario vitalicio del sindicato de Comercio, adoptara el “fondo del cese laboral” a expensas de la indemnización por despido. Previamente, el burócrata le arrancó al gobierno una importante precisión: en el nuevo convenio, el ´aporte solidario´ de los trabajadores al gremio no requiere el “consentimiento explícito” del trabajador, según parecía indicarlo el DNU (Clarín, 31.12). Si esta concesión a Cavalieri se extiende a todos los sindicatos, la burocracia habrá logrado una cuestión fundamental; resta negociar el otro punto que afecta su caja, que es el de las obras sociales. La CGT, además, buscará eludir el camino del paro por una razón elemental: carga con la mochila irremontable de su desprestigio. Los trabajadores recelan mortalmente de la burocracia y de sus convocatorias a un punto muerto. Los compromisos que ya se están tejiendo entre la burocracia y el gobierno acentuarán esa desconfianza. El FIT-U transita las primeras semanas de Milei en el “apoyo crítico” a la CGT y sus anuncios de un semiparo aislado hacia la nada. Lo que nos muestra el escenario político, considerado en su conjunto, es una transición histórica de proyección explosiva. Milei ensaya un gobierno de poder personal, no sobre una fuerza política y social propia, sino sobre las ruinas del régimen existente y sus partidos. Los trabajadores, sin embargo, no recorrerán esa transición bajo el encuadre de los aparatos políticos y sindicales en descomposición. En esas condiciones, nuestra política apunta, en primer lugar, a clarificar el carácter explosivo del plan oficial para las masas. A partir de allí, necesitamos colocar las reivindicaciones cruciales: 100 % de aumento de salarios, jubilaciones y asignaciones sociales; adelantamiento de todas las paritarias, abajo el DNU y la ley ómnibus, defensa del derecho de huelga y de movilización. En tercer lugar, promover la constitución de autoconvocatorias, plenarios y coordinadoras, para la preparación de una lucha de conjunto y de huelgas parciales o regionales que la preparen. Al gobierno de Milei y sus camarillas capitalistas, opongámosle la lucha por un gobierno de trabajadores. LEER MÁS: El FIT-U saluda el paro aislado de la CGT para dentro de un mes Por El Be, 29/12/2023. Cómo abordamos esta crisis de poder excepcional El Congreso y la burocracia de la CGT capitulan ante las provocaciones de Milei. Por Jorge Altamira, 28/12/2023. Milei, un chantajista en medio de una crisis explosiva Por Marcelo Ramal, 28/12/2023.