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Enero de 2023

3 de enero de 2023 · 161 notas

Notas de este número

3 de enero de 2023
Los trabajadores de INTA vuelven al paro por aumento de salarios y paritarias genuinas

Los trabajadores del INTA de todo el país, con más de 300 representaciones en todas las provincias, volvieron a parar los pasados 28 y29 de diciembre, completando casi tres meses de lucha por aumentos de salarios y paritarias genuinas. Los paros generales dejaron al desnudo el desguace del INTA, la destrucción de sus principales pilares institucionales y la licuación de los salarios de sus casi 7.000 trabajadores. El vaciamiento del INTA afecta a la cartera de proyectos y los planes de gestión y trabajo de corto y mediano plazo de todas las unidades y centros regionales, que comienzan un peligrosa deriva que profundiza la desestructuración de todo el Instituto. La misma presidencia del INTA elevó un documento, con barras y franjas comparativas, que evidencian la caída de la partida destinada a sueldos del personal y recursos para becas y programas, frente al crecimiento nominal del resto de las partidas presupuestarias relacionadas con el presupuesto operativo (pago de bienes y servicios, equipamientos, proveedores, todo tipo de insumos, combustibles, alquileres, etc.) a más de la mitad. Sin embargo, este documento es un manotazo de ahogado, que intenta disimular una gestión interna directamente anclada al presupuesto nacional 2023, un presupuesto antiobrero y fondomonetarista, cuya variable principal serán los salarios. Obviamente, la presidencia del INTA no ha tenido la menor respuesta del gobierno, como tampoco la obtuvieron las “gestiones” de la ´mesa técnica´ (una 'mesa' paritaria ultracerrada y blindada a los trabajadores y paritarios genuinos), que ha diseñado un sistema de parches y arreglos a corto plazo en un intento por frenar el aumento del descontento. En este sentido, los paros llamados por APINTA, muy activados por los trabajados de ATE Castelar y delegados y delegadas de las provincias, deben dar lugar a una agitación por los reclamos centrales y la huelga por tiempo determinado para conseguirlos. Aumento de salarios del 100% en una sola cuota. Basta de paritarias truchas: por paritarias transparentes y genuinas, con paritarios elegidos por la base y las asambleas generales, que durante este 2023 serán la moneda más corriente y que más se cotice en INTA y en el resto del movimiento obrero.

3 de enero de 2023
Cortes de luz y tarifazos en Año Nuevo

Pasada la medianoche, durante las primeras horas del flamante 2023, gran parte de la ciudad de Buenos Aires sufrió un corte total del suministro eléctrico. La causa habría sido un globo de pirotecnia que impactó sobre los transformadores de la subestación Perito Moreno, ocasionando un corto circuito. Fueron afectadas 189.630 viviendas, según informó Edesur. El gobierno nacional anunció rápidamente nuevas multas para la empresa Edesur, que no tienen ningún efecto. “Estas multas se sumarían al total de sanciones por 687 millones de pesos a Edesur, aplicadas desde septiembre” (Infobae, 1/1). Recientemente sancionó a las distribuidoras eléctricas Edesur y Edenor, como consecuencia de cortes y demora en la reposición del servicio a más de 570.000 clientes durante el pasado 10 y 11 de diciembre en el área metropolitana. También hubo cortes en la ciudad de La Plata en noviembre, en otras ciudades en marzo. Entre el 27 de diciembre y el 4 de enero, cerca de 1 millón de personas sufrieron cortes por parte de Edesur, con multas de 400 millones. Varios intendentes del conurbano se han pronunciado por una quita de la concesión a la empresa italiana Enel, que desde los 90, con su privatización, tomó el control de la empresa. La crítica de estos barones del PJ apunta a una renovación privatista. Edesur, en su defensa, argumenta que el problema anida en la falta de actualización de las tarifas al consumidor. Abierta la disputa por las concesiones, el propio gobierno a través de los veedores del ENRE denunciaron que las empresas disponen de sólo el 50% de cuadrillas de mantenimiento que realmente se necesitan. El Ministerio de Trabajo, al menos, no estuvo enterado cuando los compañeros despedidos de EMA, tercerizada de Edesur, a fines del 2021 salían a reclamar su reincorporación. Las “multas” que agita el ENRE son para la tribuna, una coartada para estirar la paciencia de los trabajadores y defender el negociado capitalista con los servicios energéticos. Lo que está en marcha es un tarifazo generalizado contra salarios que la burocracia y las patronales han "pisado" en las paritarias. LEER MÁS: Millonario perdón de deuda para Edenor y Edesur: una asociación ilícita Por Fede Fernández. El turno de los tarifazos Nota de tapa de Política Obrera N°58 edición impresa. Cortes de luz: no son sólo Edenor y Edesur Por Valentina Viglieca.

3 de enero de 2023
Juntos por el Cambio expone las contrarreformas educativas del capital

Según el diario Clarín, en Juntos por el Cambio “Todas las corrientes de la coalición acordaron seis ejes sobre educación que deberá respetar cualquier candidato si llega a la Presidencia” (27/12). El planteo apunta, por supuesto, hacia las elecciones presidenciales y hacia el gran capital y el FMI, que vienen agitando sistemáticamente la necesidad de una ‘reforma educativa’ –en realidad, una verdadera contrarreforma. Lo difundido es un refrito del llamado “Plan Maestro”, impulsado durante el gobierno de Macri, en sus aspectos centrales, combatidos por el movimiento docente y estudiantil. En cuanto a estos ‘ejes’, Cambiemos afirma que estamos ante “una verdadera tragedia educativa que pone en jaque el derecho a la educación”, de la que se excluyen a pesar de gobernar CABA una década y media y otros distritos. Se señala que “la decisión de cerrar las escuelas durante un año y medio dispuesta por el gobierno nacional no hizo más que visibilizar y agravar la decadencia de la educación argentina”. Larreta fue un abanderado de la “inmunidad de rebaño” del Covid para los niños y jóvenes, exponiéndolos al contagio y a las consecuencias a largo plazo para la salud producto de la infección (Covid largo). El rebrote en curso encuentra a macristas y peronistas en un ´frente único´ contra los aislamientos preventivos ante la circulación del virus. La hipocresía alcanza su máximo nivel cuando Cambiemos denuncia un “financiamiento educativo escaso, inflexible y discontinuo”, mientras vienen de votar con el peronismo un ajuste brutal, de al menos 15%, en las partidas para Educación del Presupuesto 2023, según las exigencias impuestas por el FMI para el pago de la deuda. Todo esto convierte en una simple estafa planteos como “ampliar la cobertura del nivel inicial para chicos de hogares más vulnerables” o un “plan nacional de alfabetización”. Juntos por el Cambio representa, en realidad, el sector más determinado en avanzar con la mercantilización de la educación pública –Macri viene de regalar pasajes a Qatar a miembros de escuelas privadas regenteadas por quienes fueron funcionarios del macrismo y feroces promotores del levantamiento del aislamiento en las escuelas. Pero no todo es mentira, porque los ajustadores seriales de la educación quieren que “la parte de Nación que va a las provincias en programas nacionales (por ejemplo, Conectar Igualdad) estén supeditadas al cumplimiento de determinados indicadores previamente establecidos”. Bajo términos pomposos se propone una extorsión presupuestaria especialmente contra los trabajadores de la educación. La docencia y sus derechos son el blanco de ataque predilecto de este documento que plantea “Evaluar y acreditar los institutos donde se forman los docentes, evaluar también a los maestros en ejercicio, desarrollar un registro nacional de docentes con su historia profesional y su desempeño”. Esto es lo que intentó implementar el macrismo en su extinto “Plan Maestro”, estableciendo un “ranking de escuelas” en función de los resultados de evaluaciones estandarizadas. Para ello sumó a su gobierno a empresarios del rubro, como el inefable Sánchez Zinny, que se dedican a vender y ejecutar estas pruebas, que docentes y estudiantes boicotearon masivamente. Es por ello que Clarín informa de una ‘divergencia’ en Cambiemos sobre su implementación. Pichetto, por ejemplo, propone cerrar más de 1.000 Institutos de Formación Docente, mientras que los radicales promoverían una ‘readecuación’ de la oferta formativa. Kicillof, por lo pronto, se ha adelantado con el desmantelamiento de la Formación Básica en Artística (FOBA) para los terciarios artísticos de Buenos Aires. El salario docente, con básicos de pobreza y plagado de cifras en negro, no tiene absolutamente ninguna mención, ni tampoco las desgastantes jornadas laborales, el desguace de las obras sociales docentes e incluso el ataque al régimen jubilatorio, por si quedaban dudas del carácter antidocente de la coalición cambiemista. En CABA se desarrolla un laboratorio de las contrarreformas educativas al servicio de las patronales con las llamadas “pasantías” y la disolución del Estatuto Docente. La cuestión central de toda esta reforma antieducativa es lo referente a la ‘educación y trabajo’ en donde se propone “carreras más cortas y flexibles orientadas a las necesidades del desarrollo socio-productivo de cada región”, “una política federal de formación para la empleabilidad de mediano y largo plazo” y la creación de una institución que “fije los estándares, monitoree las necesidades y evalúe a las ofertas y oferentes en tiempo real”. Todo esto apunta a que los conocimientos deben estar pautados por las grandes patronales ‘regionales’, es decir, formar, según corresponda, para las corporaciones sojeras, mineras, petroleras, la “patria contratista” o de la especulación financiera. Todo esto es un entrenamiento temporal, circunstancial, precarizado de acuerdo a las necesidades del capital y, en definitiva, opuesto a una formación politécnica e integral. Esta ‘propuesta’ es una nueva advertencia sobre la contrarreforma que el FMI y el gran capital pretenden sobre la educación y que ya se encuentra en marcha impulsada por oficialistas y opositores, bajo el acompañamiento de la burocracia sindical. La docencia en lucha debe sumar a la creciente pelea por defender el salario la discusión de un programa que presente una salida a la crisis educativa bajo la orientación social de los trabajadores.

3 de enero de 2023
La burocracia de ATE Provincia entrega el salario
Hipólito Demo · Pablo Chanquet - Tribuna Estatal Tendencia en la Lista Magenta de Niñez ATE

Dos días antes del fin de año se realizò la paritaria para los trabajadores estatales enmarcados en la ley 10.430 de la provincia de Buenos Aires, que abarca a la administracion central, salud, auxiliares de educacion, etc. Una vez más, la direcciòn de ATE Provincia y las seccionales oficialistas se sentaron sin mandato de los trabajadores a decidir sobre los salarios y a dejar de lado reclamos de suma importancia, sin llamado a asambleas, plenarios de delegados, ni ninguna otra instancia de deliberaciòn y decisión colectiva. Un conjunto de trabajadoras y trabajadores de distintos sectores (estatales, salud y educación enmarcados en la 10.430) de los distritos de Almirante Brown y Lomas de Zamora, apoyados por sus seccionales, definieron en asamblea movilizar a la paritaria en el Ministerio de Trabajo en La Plata, en reclamo de un salario igual a la canasta familiar ($227.000 según INDEC), un bono de fin de año de $100.000, continuidad laboral y pase a planta de todxs lxs precarizados, entre otros. Participaron distintas juntas internas, delegadas/os y activistas de la regiòn. Mientras adentro del Ministerio de Trabajo se realizaba la paritaria, en la calle se realizó una radio abierta donde se expusieron los reclamos, denunciando la inacciòn de la direccion del gremio. Adentro del Ministerio, por su parte, los dirigentes de ATE pactaban a puertas cerradas un 7 % a diciembre, sin bono de fin de año. La propaganda que hace la dirección Verde-Anusate es que, de diciembre 2021 a diciembre 2022, hubo un aumento salarial promedio del 97%, y que esto significò “ganarle a la inflaciòn”. Es mentira. Por ejemplo, el aumento mencionado del 7% se aplica sobre un sueldo basico de ¡$21.182 para un trabajador con un régimen de 30 horas, categoria 10 y 13 años de antigüedad!. Significa un “aumento” de 1.482 pesos. Está claro que estos aumentos corren por detràs de la inflaciòn real y que lo demás son dibujos. Impulsemos asambleas en todos los sectores, la deliberaciòn y la huelga, con autoconvocatorias allì donde las direcciones sindicales no lo hagan. Las y los trabajadores enfrentamos una realidad crítica.

3 de enero de 2023
Jujuy: la campaña financiera avanza a paso firme

Política Obrera y la Tendencia del Polo Obrero arrancan este 2023 con un importante objetivo financiero para afrontar los desafíos políticos y las luchas que nos depara este año. Casi con la totalidad de la planificación de los internos, estamos frente a la campaña financiera más importante de la regional. Actualmente hemos superado el 50% del objetivo trazado y tenemos muchos compromisos de aportes para enero, y todavía un padrón que recorrer. La autoridad que hemos conquistado en un año plagado de luchas, contra los ajustes del gobierno nacional y provincial, contra la persecución a los luchadores y contra el armado de causas, las luchas de los trabajadores que se ha filtrado de la malla de contención de las burocracias sindicales, nos ha abierto una periferia de compañeros que discuten con nosotros. De la campaña han aportado o están en vísperas de hacerlo trabajadores docentes, de la salud, estatales, como grandes frentes obreros a seguir. Un signo de interés ha sido la lucha por recuperar nuestra legalidad y también así poder dar un salto en nuestra intervención política. Los compañeros y la periferia han reaccionado positivamente sumándose a la campaña y también a la conquista de los recursos económicos que insume la misma, en una provincia que por la legislación vigente condiciona muchísimo la posibilidad de obtener una personería. Próximamente vamos a estar realizando una gira por todos los distritos para discutir y presentar a Política Obrera, la Tendencia del Partido Obrero, que recupera el programa y los métodos históricos con los que nuestra fuerza política se organiza hace más de 50 años. Uno de los aspectos más importantes a destacar es, como en las previas campañas, las importantes actividades especiales del Polo Obrero Tendencia. Estas actividades, además del objetivo lógico de juntar los recursos tan necesarios para los desafíos que tenemos por delante, sirven como radio de extensión de influencia territorial y también de toma de contactos de trabajadores. Los brindis en los núcleos del Polo T junto a estas actividades financieras han reforzado los vínculos con vecinos de las barriadas, donde intervinimos durante el año por los reclamos acuciantes como el agua, la luz, la urbanización de los asentamientos, por la recolección de residuos, etc. Los compromisos y aportes traducen una referencia política. Otro punto a destacar se dio en los núcleos del interior, donde de las actividades especiales han participado y colaborado muchos compañeros vinculados al trabajo rural: compañeros cosecheros del citrus, en las fincas de caña de azúcar, trabajadores del tabaco (en temporada), lo que abre la puerta a un trabajo de seguimiento y organización de los mismos por sus reclamos. Como podemos ver, la Campaña Financiera no es sólo es una campaña para conquistar los necesarios recursos económicos para intervenir en las luchas y conflictos, sino una campaña política de promoción y de asimilación de nuevos compañeros a las tareas de partido, una campaña de agitación política sobre los contactos y la periferia para acercarlos a nuestras posiciones y establecer nuevos contactos y relaciones. Tenemos el desafío de llegar al 100% del objetivo y también de extender nuestra llegada con el periódico a nuestra periferia y el seguimiento de varios frentes obreros, con el desafío de reforzar nuestras filas partidarias y la militancia: contra el ajuste, por trabajo genuino, por un salario equivalente a la canasta familiar y por el no pago de la deuda.

3 de enero de 2023
Juicios políticos, el aperitivo de la campaña electoral

La reunión de Alberto Fernández con los gobernadores para “avanzar” con la destitución del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti reveló una orfandad política insuperable. No pudo sumar a los gobernadores de Rio Negro, Neuquén, Misiones y Salta, que sin embargo se habían pronunciado contra el fallo de la Corte que avaló el reclamo de CABA por la coparticipación, pero no acompañaron luego el amague de ´desacato´. También ´se borró´ el chubutense Mariano Arcioni, que, al igual que el salteño Sáenz, se referencia en el ministro Sergio Massa. La ´gran esperanza blanca´ del Frente de Todos mantiene un hermético silencio frente a la iniciativa presidencial. Un año atrás, frente a un planteo de remoción de los cortesanos por ´lawfare’, Massa había señalado que era un tema que “no podemos hablar livianamente”, porque “la Corte es uno de los poderes del Estado” (Infobae, 9/2/22). El presidente depositó la responsabilidad de preparar el texto político que presentó a los gobernadores al ministro de Justicia, Martín Soria, en lugar de apelar a funcionarios de su propio riñón, como Vilma Ibarra y Juan Manuel Olmos. “En términos políticos, la intervención de Soria implica que el kirchnerismo está al frente de la iniciativa, a pesar de que desde Brasil ayer [Alberto Fernández] negó haber actuado a instancias de Cristina” (Clarín, 3/12). Fernández echó a rodar una bola que nadie quiere recoger. JxC había pedido, antes, el juicio político contra el Presidente. Ambos bloques vienen martillándose balas de fogueo. Así como el amague de desacato a la Corte derivó en el recule de un bono para resarcir a Rodríguez Larreta, JxC tampoco tiene una intención sería de derribar a AF. El FMI y el Departamento de Estado desaconsejan aventurar desacatos y juicios políticos, dado el precario armado político del país, y encauzar una salida electoral. Tampoco se pusieron en marcha iniciativas para definir el contenido concreto de las denuncias por las revelaciones contra jueces, fiscales y funcionarios macristas por el viaje a Lago Escondido, a cuenta de Clarín. Las asociaciones ilícitas por ´inferencia´, ´casuística´ o ´deducción´, han marcado la temporada primavera-verano 2022/2023. El ministro de Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro, jura que los chats y audios son falsos o, al menos, que fueron ´editados´. A D´Alessandro, dicen desde el gobierno de CABA, nadie le pidió la renuncia porque “le creen”, pero esperan que se vaya solo (“Aseguran que el alcalde está esperando un gesto de D’Alessandro: que dé un paso al costado para no forzar un pedido de renuncia”, La Nación, 30/12). Mucho se ha escrito sobre la inviabilidad del juicio político a unos y otros debido a la improbabilidad de reunir los dos tercios necesarios de los votos. La realidad es que el kirchnerismo no tiene la voluntad de aglutinar masa para voltear a la Corte. La principal interesada en hacerle morder el llano a Rosatti, Cristina Fernández, en su discurso frente a un módico auditorio reunido en Avellaneda días atrás, postergó cualquier manifestación “contra las mafias judiciales” recién para el próximo 24 de Marzo. LEER MÁS: Cristina Kirchner escenifica la crisis del gobierno en un estadio Por Jacyn. Los mariscales del peronismo Por Jorge Altamira.

3 de enero de 2023
Bolivia: levantamiento de la oligarquía cruceña y la derecha

Diversos manifestantes del departamento agrícola de Santa Cruz sostienen los bloqueos de las rutas que conectan a Bolivia con Brasil, con la amenaza de paralizar el comercio nacional de alimentos, animales y cereales hacia ese país e incluso hacia el resto del interior. Las protestas reclaman la liberación del gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Además de Camacho, tienen procesos abiertos por “sedición” el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y el rector de la UAGRM, Vicente Cuellar. “El año comenzó en Santa Cruz con al menos cuatro rutas bloqueadas”, señala el diario cruceño El Deber y agrega que “la medida de protesta cuenta con el apoyo de los camioneros del transporte pesado que respaldan la determinación de los cívicos de impedir la salida de productos e insumos al resto del país”. De nuevo, irrumpe una secesión del departamento de Santa Cruz, con apoyo de la oligarquía andina. Las protestas, protagonizadas desde hace seis días por las autoridades locales y seguidores del gobernador Luis Fernando Camacho, se expresaron también en movilizaciones a la jefatura de Policía, un “paro cívico departamental de 24 horas” y la embestida contra edificios públicos. Rómulo Calvo afirmó que “tenemos un mandato de nuestra asamblea de que nada sale de Santa Cruz y eso es lo que vamos a hacer”. Por su parte, el presidente de la Asociación de Transporte Pesado Internacional de la región, Marcelo Cruz, sostuvo que “ningún grano, animal o insumo de las fábricas debe salir de Santa Cruz hacia el resto del país. Se están reforzando los puntos de bloqueo”. Se trata de la región que es la principal productora de soja, caña de azúcar, trigo, arroz, maíz y ganado del país. Cruz también afirmó que “no tiene que salir plata de los cruceños ahora, ahora nos toca a nosotros que esa plata se quede aquí, que la protejamos nosotros”. Los bloqueos podrían mermar el suministro de alimentos a otras partes del país y las destinadas a las exportaciones que parten de una región que es el bastión económico del país y que aporta el 31% del PBI; en un momento, además, en que Bolivia enfrenta un gran déficit fiscal y bajas reservas. Los diarios cruceños, afines al gobierno local, denuncian la existencia de 209 heridos, de distinta gravedad, y cerca de 100 detenidos. Asimismo, afirman que la Justicia ya sentenció a 11 personas por la quema de la sede de la Fiscalía. Hubo otros 9 edificios públicos más incendiados, incluida la gobernación. Los dirigentes locales denuncian “autoatentados” del gobierno nacional del MAS. El día de ayer sesionó la Asamblea Legislativa Departamental, que, ante los “hechos represivos, violentos, criminales, y vulneradores de los Derechos Humanos llevados adelante por la Policía”, resolvió “revisar la continuidad de los recursos económicos y bienes departamentales que hayan sido otorgados a la Policía Boliviana”. La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) publicó un comunicado en el que sostiene que “el golpe de Estado de 2019 nunca existió” y califica de “secuestro” a la detención de Camacho. El gobierno del MAS viene pidiendo que se elija otro gobernador en Santa Cruz. Esto fue rechazado por el vicegobernador de la región, Mario Aguilera. El presidente de la Asamblea Legislativa, Zvonko Matkovic, también rechazó la posibilidad de que Camacho sea depuesto. El analista boliviano Paul Antonio Coca asegura que “el MAS apuesta por un vacío de poder y una sucesión constitucional departamental”. Entiende que este escenario provocará el estallido de “pugnas internas” en Creemos (la organización que lidera Camacho) para el control de la Gobernación. El gobernador cruceño fue detenido el 28 de diciembre por orden de la Fiscalía General del Estado de Bolivia, la cual ordenó la prisión preventiva para el gobernador de Santa Cruz por un período de seis meses. Está acusado de terrorismo por su participación en el caso denominado "golpe de Estado I" contra el expresidente Evo Morales. La prisión preventiva de Camacho se dictaminó debido a que la fiscalía consideró que “existe el riesgo de fuga” y “obstaculización del proceso de investigación”. Luego de conocida la detención de Camacho, distintos grupos de cruceños salieron a tratar de impedir que se lo llevaran de la ciudad; bloquearon aeropuertos y carreteras. El gobernador, finalmente, fue evacuado en helicóptero. Aunque Camacho fue conocido como el principal instigador del golpe de Estado de 2019, su detención se produjo recién dos años después. Por los mismos sucesos fue detenida en marzo de 2021 Jeanine Áñez (ex presidenta de facto) y dos de sus exministros, condenados a diez años de prisión. La medida no fue impulsada por el MAS, sino que fue la deriva de la denuncia judicial de una exdiputada masista. Los condenados eran responsables de las masacres de Senkata y Sacaba. El próximo jueves, una corte federal dictará sentencia contra Arturo Murillo (exministro de Gobierno durante el mandato de facto de Áñez), quien se declaró culpable de soborno internacional y lavado de dinero. La figura de Camacho tomó impulso a partir de su agitación golpista del 2019. Su llegada a la gobernación de Santa Cruz fue producto del pacto del Movimiento Al Socialismo (como su líder, Evo Morales, en el exilio) y el gobierno de facto de Añez, para convocar a las elecciones del 2020, habilitando la presentación de las nuevas figuras que levantaron cabeza con el golpe. “El acuerdo no se limita a restablecer las condiciones de la elección del 20 de octubre pasado, pues autoriza la presentación de nuevas fuerzas o listas, para habilitar una candidatura ‘bolsonarista’, en referencia al fascista cruceño, Fernando Camacho, el preferido del fascista brasileño. La agitación política fascista ganaría de este modo un nuevo escenario” (El Movimiento Al Socialismo “legaliza al gobierno de facto, Política Obrera, 26/11/19). Las elecciones representaron un duro retroceso para el MAS en Cochabamba y en Santa Cruz de la Sierra. Camacho fue elegido con el 55,64% de los votos, frente al 38,17% que obtuvo el MAS. El golpe de 2019 tuvo una clara inspiración del entonces presidente brasilero, Jair Bolsonaro. Distintos medios revelaron pruebas de reuniones y conversaciones entre Camacho y el excanciller de Brasil, Araujo, previo al golpe. Distintos analistas señalan que la detención de Camacho podría ser la consecuencia de choques internos entre las distintas fracciones del MAS (una liderada por el presidente Luis Arce, otra por el expresidente Evo Morales). Arce podía “enfrentarse al jefe de su partido o directamente ir con todo contra Luis Fernando Camacho. Y optó obviamente por ir con todo contra Luis Fernando Camacho” (Ámbito, 03/01). Es que Arce venía de conceder al gobernador cruceño el reclamo por la fijación de la fecha del censo poblacional. Mientras que el gobierno nacional quería que se realizara después de las próximas elecciones generales (a mediados del 2025), la oposición cruceña reclamaba su anticipación. Esto debido a que el censo ajustará el número de bancas parlamentarias según el nuevo recuento, así como las transferencias presupuestarias desde el gobierno central a las regiones según su población. En ambas cuestiones, Santa Cruz aumentaría su participación. La cuestión del censo representa un episodio más en la disputa de la rica región y los reclamos de “federalización” de la burguesía cruceña. La disputa por el calendario del censo desató una ola de protestas en Santa Cruz, que incluyó cortes y bloqueos de rutas. Finalmente, el presidente Arce terminó cediendo a las presiones. Evo Morales, aprovechó para criticar a Arce por esta concesión. “El presidente Arce quiso dar una señal al sector más a la izquierda dentro del partido, mostrando firmeza y contradiciendo las acusaciones que le hace dicho sector de ser débil y de pactar con la derecha. Esto, con el propósito de erosionar el ascendiente de Morales sobre la facción más dura y posicionarse así mejor como candidato para reelegirse como presidente por el MAS en el 2025” (El mostrador, 03/01).

3 de enero de 2023
Brasil: Lula asume en un escenario explosivo

Los primeros decretos de Lula, a poco de asumir, derogaron las medidas más resonantes del bolsonarismo, como son las facilidades para la compra de armas, el restablecimiento del Fondo Amazonia y el retiro del programa de privatizaciones de empresas como Petrobras, Correios y la Empresa Brasileña de Comunicación. La exención de impuestos federales sobre los combustibles se ha extendido por 60 días y una posible extensión semestral o anual. También se viabiliza el pago de $600 reales del Bolsa Família. La ceremonia de asunción, en el Palacio de Planalto, reflejó el amplio apoyo internacional con que cuenta el nuevo mandatario. Participaron alrededor de 160 delegaciones de todo el mundo, 19 presidentes, la ministra del Interior de Estados Unidos y el vicepresidente de China. A nivel local, unas 300.000 personas viajaron a la capital desde alejadas regiones del país para acompañar la toma de posesión. El discurso de Lula fue vitoreado por la multitud y replicado modestamente puertas adentro. La bolsa de Sao Paulo, al día siguiente, abrió con una caída del 3% y el real se depreció un 1.5 %. El cambio de frente de Bolsonaro a Lula, operado por la burguesía local y los gobiernos de Biden y de la UE, no se manifestó en los ‘mercados’. Lula pasó de una cárcel en Curitiba al Palacio Planalto cuando las grandes patronales advirtieron que Bolsonaro había llevado a Brasil a una catástrofe. En la larga mesa que Lula compartió durante su discurso a la sesión conjunta del Congreso, se encontraba la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Rosa Weber, con cuyo voto Lula fue a prisión, y su propio vice, figura clave en el golpe que derrocó a Dilma Roussef. Mientras Lula cumplía con la obligación de discursear ante el Parlamento, seguían en el lugar los ‘piquetes’ bolsonaristas instalados frente a diversas sedes de las fuerzas armadas, para pedir que ejecuten un golpe. El discurso de Lula tradujo, con relativa fidelidad, la ilusión política del nuevo gobierno. Lula denunció al gobierno de Bolsonaro como pocas veces lo había hecho con anterioridad ante una platea que había dado su respaldo al fascista nonato y que ahora se ha concertado para apoyar las medidas que reclama la nueva administración. El abrazo de una destacada ministra de Bolsonaro, que enseguida presentó la renuncia al partido del ex mandatario, fue correspondido por Lula. Lula ha aumentado de 25 a 37 los ministerios de su gabinete, con el propósito de dar cabida a un frente que va del Psol, la izquierda arribista, a gran parte de la bancada de la triple B -Bala, Biblia, Buey- y aceptado el régimen de “presupuesto secreto” que goza cada parlamentario para financiar iniciativas propias, algo que fue validado por el Tribunal Superior. Hay que concluir de todo esto que Lula piensa que la derecha brasileña, luego de la experiencia con Bolsonaro, se ha convertido, como un acto evangélico, a la democracia. Esta es la ilusión que Lula necesita para gobernar, y la ilusión que marcará el derrumbe de su gobierno. Contra lo que reitera el macrismo endógeno, para los ‘gurúes’ brasileños la situación del país es comprometida. “Las condiciones financieras externas no son tan buenas, las materias primas están cayendo y el desempleo, aunque alto, está por debajo del nivel de equilibrio”, señala la Folha de Sao Paulo. El gobierno de Bolsonaro ha dejado un déficit fiscal encubierto y la contrapartida de un gran endeudamiento. Es en lo que insiste el FMI. Del otro lado, los años bolsonaristas han aumentado escandalosamente los índices de pobreza. La inflación no es mayor debido a una política de altísimas tasas de interés que hace las delicias del capital financiero. Gran parte de los 350 mil millones de dólares de las reservas del Banco Central tienen como contrapartida una deuda pública que supera el ciento por ciento del PBI, o sea que es cuatro veces mayor, y una fuerte presencia del capital extranjero en la Bolsa de Sao Paulo. Cualquier paso en falso del mercado mundial o del gobierno brasileño tiene la capacidad de crear las condiciones de un default en tiempo récord. Hace algunos meses, Henrique Meirelles, ex presidente de Banco de Boston y ex presidente del BC de Brasil, bajo Lula, denunció que la gestión bolsonarista ha dejado un déficit fiscal de 400 mil millones de reales (ochenta mil millones de dólares); más de 4 puntos del PBI brasilero. Paulo Vieira da Cunha, quien fuera vicepresidente del Banco Central de Brasil en el gobierno de Lula 2006-2008, ofreció un pronóstico severo: “el eje del problema es la deuda doméstica en reales. En ese caso, como es una deuda doméstica, esa deuda se puede inflacionar. Eso resultaría en una crisis macroeconómica y del mercado financiero brasileño, como el de la Argentina (...). Todo eso crearía una crisis institucional muy grande.” Lula tiene que enfrentar, y lo dice, algo mucho más grave: 36 millones de personas en situación de hambre. No ha insinuado siquiera que pretenda encarar esta crisis afectando las ganancias o prerrogativas del gran capital o de los grandes acreedores del Estado. Tampoco una consagración de derechos sociales y laborales, sino a las “políticas públicas”, como el aumento del gasto social y, en primer lugar, la elevación del Bolsa Familia y del salario mínimo. Es un planteo frágil, que será sacrificado a término, como ya ocurrió a partir del gobierno de Dilma Roussef, como consecuencia de la crisis fiscal. “Para el próximo año, hay cerca de un 2% del PBI, en gasto, que no está en el presupuesto”, señaló un economista. Antes de asumir, Lula había logrado la aprobación de una enmienda constitucional con las fuerzas parlamentarias que gobernaron con Bolsonaro, para que la “Bolsa Familia” no se encuentre limitada por el tope del gasto público que había colocado el gobierno anterior –lo mismo incrementos del salario mínimo. Lula anunció también medidas que no suenan bien a los capitales bursátiles, como el reforzamiento del Banco de Desarrollo y el de préstamos personales y a la vivienda (la Caixa). Asimismo, ha frenado varias privatizaciones en carpeta. Estas medidas y la designación de un presidente de Petrobrás que se ha pronunciado en contra de alinear los precios internos del petróleo con los internacionales, explican el derrumbe con que la Bolsa saludó la inauguración del mandato. “Fue un discurso pobre en cuanto al contenido programático, dejando claro que utilizará BNDES, Caixa y autarquías para inducir gasto público sin ingresos”, señaló un directivo de fondos de inversión brasileño. Para el corresponsal de Clarín, es “un cinturón de seguridad para una bomba social que de no haberse garantizado habría condenado al nuevo gobierno a nacer muerto”. Estas escaramuzas reflejan las contradicciones propias de la burguesía local, no un choque ‘ideológico’ con los nuevos administradores. Desde el fin del segundo mandato de Lula, Brasil se ha desindustrializado relativamente, por la tenaza de las exportaciones agroindustriales a China y las importaciones de manufacturas de China. Durante los últimos años “la industria perdió protagonismo, se 'primarizó', y el lobby de la agroindustria alcanzó un poder de propuesta y de veto insoslayable” (Clarín). Lula plantea una reindustrialización de la burguesía paulista, por medio de financiamiento público y medidas de protección. Para esto cuenta con el apoyo de EEUU y la UE, que la ven como un freno relativo a la penetración China, quien se ha convertido en la primera potencia inversora y comercial en América Latina. Lula ha insinuado, en sus discursos, esta crisis, haciendo referencia a la necesidad de recuperar presencia internacional, reactivar Mercosur y Unasur, y avanzar en el retrasado acuerdo comercial con la Unión Europea. Bolsonaro abandonó el país antes de terminar su mandato. Al embarcarse a Estados Unidos, donde se juntó con el expresidente Donald Trump, sólo fue despedido por tres ministros de su propio gobierno. Enfrentará una serie de causas judiciales que tiene abiertas en su contra, junto a varios de sus funcionarios y familiares. Entre ellas, se encuentra el mal manejo de la pandemia, con un saldo de 700 mil muertos. Las brigadas bolsonaristas aún mantienen sus acampes en las puertas de los cuarteles, con el aval de las Fuerzas Armadas. Lula no ha contado con el apoyo de las fuerzas armadas para desalojarlas. El retorno de Lula al gobierno no es, de ningún modo, el fin del bolsonarismo, que ha construido tentativamente el escenario para recurrir al golpe de Estado, apenas la gestión actual quede atrapada en sus contradicciones. La Folha de San Pablo reveló a fines de noviembre que los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas habían decidido abandonar sus cargos antes de la asunción de Lula de manera sorpresiva. Dos exministros de Defensa lo calificaron como “un gesto de insubordinación” hacia las nuevas autoridades. Los Fernández depositan enormes expectativas en la gestión de Lula. Lula le habría dicho a AF que “lo iba a ayudar”. El propósito es crear un entramado internacional, por lo menos latinoamericano, que inyecte aire a la campaña que proyectan Massa y Cristina Kirchner. Hasta nuevo aviso, cuentan con el apoyo del FMI. LEER MÁS Brasil: acciones golpistas de las bandas de Bolsonaro LEER MÁS Brasil: Bolsonaro oficializa el “golpismo postelectoral”

3 de enero de 2023
D´Alessandro “se toma licencia”

Marcelo D´Alessandro, el ministro de Seguridad del gobierno porteño convidado a la ´escapada´ de Lago Escondido junto a jueces y fiscales, presentó un pedido de “licencia indeterminada”. “Pueden ser 60 días, 90 o quien sabe”, dijo en una conferencia de prensa acotada a tres preguntas. Se atribuyó, en esta despedida que puede ser hasta luego, una “baja récord del delito” en la Ciudad. La “licencia” de D´Alessandro se produce en medio del escándalo de los chats, presuntamente sustraídos de su propio teléfono. En el capítulo más reciente de la saga, el ministro intercambia mensajes con el secretario del presidente de la Corte Suprema, donde se exponen varios delitos, entre ellos tráfico de influencias y sobornos. La aventura patagónica fue solo una muestra del maridaje entre la Corte Suprema y el ´larretismo´. “Necesito tomar una licencia y también preparar una defensa contra estas acusaciones”, sostuvo el ministro. Es claro que tiene que “prepararla” ya que en estas declaraciones denuncio espionaje y al mismo tiempo una falsificación de los chats, una defensa temeraria. D´Alessandro, se ve, confía en que la prueba será impugnada por su origen espúreo y no será sometida a ningún peritaje. “Entramos en la era de la posverdad, no importa que es verdad y que es mentira”, balbuceó en su despedida. Días atrás, más precisamente el 31 de diciembre le había asegurado a La Nación que no tenía motivos para renunciar. “¿Por qué debería? ¿Qué hice mal yo, un viaje?”, se atajó. El mismo diario consignaba que el gobierno porteño, que públicamente lo sostenía, esperaba que finalmente diera este paso al costado, sin atravesar el trauma de ordenar su despido. Interna "Todos saben de los últimos días, donde estamos siendo objeto de una operación infame de grupos de tarea que realizan espionaje sobre las personas y montan situaciones que no son reales", declaro D´alessandro en la conferencia de hoy, sin aclarar si se referia al gobierno nacional o a sus ´colegas´ del PRO. El macrismo, a través de Cristian Ritondo, presentó un pedido de informes, apuntando por el espionaje al gobierno nacional y a la propia AFI, donde se menciona la participación de Milani. Elisa Carrió le recriminó a Larreta que “no sostener a funcionarios acosados por las mismas mafias que asesinaron a Nisman, con escuchas falsas e ilegales, no habla muy bien del gobernante que no sostiene al funcionario, ni enfrenta a las mafias". Sin embargo, otra versión, sostenida por Página/12, en cambio, apunta a la interna de Cambiemos. El diario oficialista desliza que esta filtración se trataría de un “vuelto” del sector de Patricia Bullrich, en respuesta a las denuncias contra su alfil, Gerardo Milman, por sus dichos en los días previos al intento de magnicio contra Cristina Kirchner (“Cuando la maten yo ya voy a estar camino a la costa”). Semanas atrás, Carlos Pagni, desde otra vereda política, señalaba a “Jaime” Stiuso por el affaire de los chats, en una “guerra de espías” por el control del aparato de inteligencia del próximo gobierno de JxC. La posición de que el espionaje afectara “derechos individuales” se revela como un acto de encubrimiento. El derecho a la privacidad debería proteger al ciudadano frente a la prepotencia del Estado. Aun así, esa privacidad es violada todos los días por organismos estatales y privados, con los fines más diversos. En cambio, las “intimidades” reveladas en el asunto de los chats de D´Alesandro afectan al funcionamiento del Estado., ya que se trata es de una conspiración de funcionarios, jueces y empresarios. El espionaje, como otros en el pasado, ha destapado una olla de descomposición y de “asociaciones ilícitas” a un lado y otro de la grieta.

4 de enero de 2023
El juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa

A poco de cumplirse el tercer aniversario de su muerte, este lunes comenzó el juicio oral contra ocho de los rugbiers acusados de matar a Fernando Báez Sosa, de 18 años, en la puerta del boliche Le Brique, en Villa Gesell, el 18 de enero de 2020. Los acusados (Máximo Thomsen, de 23 años; Luciano Pertossi, de 21; Ciro Pertossi, de 22; Lucas Pertossi, de 23; Ayrton Viollaz, de 23; Enzo Comelli, de 22; Matías Benicelli, de 23 y Blas Cinalli, de 21) están imputados por “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”, lo que prevé la condena de prisión perpetua. La querella de la familia de Fernando es liderada por el ´mediático´ abogado Fernando Burlando. Los primeros testimonios presentados por la acusación -entre ellos, el de la mamá de la víctima- fueron demoledores. Por su parte, la defensa de los imputados reiteró planteos de nulidad que ya habían sido rechazados en instancias previas. Su estrategia está centrada en el pacto de silencio que sellaron los rugbiers ante a las pruebas abrumadoras en su contra, incluidos numerosos testigos y videos registrados tanto por los propios rugbiers como por las cámaras de seguridad. Hijos del poder Todos los imputados se criaron en la ciudad de Zárate. Compartieron colegios y club -Club Náutico Arsenal de Zárate- desde los ocho años. Son todos hijos de personas ´influyentes´ de la pequeñoburguesía de la ciudad. Máximo Thomsen es hijo de la ex secretaria de Obras Públicas del municipio, la arquitecta Rosalía Zárate. Los hermanos Pertossi son hijos de Mauro Pertossi, supervisor de producción de la transnacional automotriz Toyota. También están detenidos los primos Lucas Fidel Pertossi y Alejo Milanesi. Según diferentes testimonios divulgados luego de que se hiciera público el asesinato -que ahora nuevamente se repiten en el estrado judicial-, este grupo de jóvenes eran conocidos en la zona por protagonizar en forma corriente peleas y ataques en patota, sin haber sido molestados ni una vez. “Negro de mierda” era el insulto que, según los primeros testigos de la masacre de Fernando, repetían los asesinos. La impunidad de los hijos del poder. Frente a las movilizaciones de amigos y vecinos exigiendo justicia por Fernando, cinco días después del asesinato, las autoridades policiales de Villa Gesell, bajo la supervisión del inefable Sergio Berni, clausuraron el boliche Le Brique, el lugar donde se iniciaron las agresiones. La razón de la clausura fue "por infracción al artículo 5 de la Ley de nocturnidad N°14.050 que prohíbe la venta, expendio o suministro de bebidas alcohólicas en vasos, copas o similar, que superen los trescientos cincuenta (350) mililitros de capacidad" (Clarín, 23/01/20). Una payasada, para descomprimir la bronca. En cambio, los policías y Berni no tuvieron el ´recaudo´ de analizar el comportamiento del personal de seguridad y establecer las posibles responsabilidades penales y civiles que les competen. Al día de hoy, sin embargo, las puertas de Le Brique siguen cerradas. Justicia por Fernando A Fernando lo mató una patota que actuó con la impunidad a la que estaba acostumbrada, al amparo de bolicheros y autoridades de una ciudad turística que alienta la degradación de la juventud como sinónimo de diversión. Los primeros testimonios fueron estremecedores. Los padres y amigos de Fernando mostraron una enorme entereza. El capitalismo reduce las relaciones humanas a lazos mercantilizados. Las personas se convierten en una “cosa”, despojada de subjetividad. Las relaciones de opresión que el capitalismo impone no pueden ser difuminadas en conceptos abstractos del tipo "masculinidades tóxicas", como las que pusieron a rodar ´analistas´ de diferentes palos. El asesinato de Fernando es el emergente de esta estructura material y moral descompuesta; se impone ofrecer una salida revolucionaria y socialista a la juventud y los trabajadores. LEER MÁS: Disparemos contra la masculinidad Por Emiliano Monje.

4 de enero de 2023
Portuarios de Rosario: “Todos adentro, o ninguno labura”
Carlos Blanco · José Tablada

Están de paro indeterminado desde mediados de diciembre. La huelga estalló cuando desde el SUPA plantearon la revisión paritaria por la estampida inflacionaria. Era una cláusula que habían acordado con la patronal Terminal Puerto Rosario (TPR). La TPR tiene la concesión portuaria y está integrada en partes iguales entre Vicentín (Agroexportadora Santafesina en default) y el grupo multinacional chileno Ultramar. Frente al reclamo salarial, la patronal no sólo respondió con despidos masivos, sino que subió la apuesta planteando modificar el Convenio Portuario aumentando la jornada laboral de 6 a 8 horas. Por otro lado, la patronal trató de utilizar el conflicto para reclamarle al Gobierno Provincial que haga las inversiones necesarias en los muelles que, en realidad, le correspondería hacer por contrato a la propia patronal. Actualmente están operativo 2 de los 3 muelles y la falta de inversiones pone en riesgo de muerte a los propios trabajadores por la continua erosión del agua en los muelles. En estas condiciones de constantes provocaciones y ataques de la patronal estalló la huelga indefinida, con piquetes en la entrada al Puerto Rosario y la ocupación de sus instalaciones. La patronal despidió, retrasó el pago de salarios y descontó los días de paro. Con el puerto en huelga, la Asamblea portuaria resolvió movilizarse con sus familiares al centro del poder político. El jueves 17 de diciembre, los trabajadores ocuparon el Concejo Deliberante de la Ciudad marchando luego a la Municipalidad y a la delegación del gobierno provincial, en Rosario. Cuando iban a entrar en la Municipalidad de Rosario, les cerraron las puertas, produciéndose un forcejeo. Estos hechos circunstanciales fueron titulares de los medios de prensa y aprovechados por la patronal y el gobierno para atacar la huelga y la enorme lucha de los portuarios. Llegaron a asociar estos hechos, calificados de “vandálicos”, con la inseguridad por los asesinatos y la violencia narco que domina la Ciudad. Cómo sigue Nuevamente fue noticia central en los medios de prensa una reciente movilización de los portuarios, pero en esta oportunidad marcharon sobre el Sindicato, donde no pudieron entrar por la presencia de patovicas. Fueron a rechazar la posición de la conducción del SUPA en esta etapa del conflicto y a reclamar la continuidad de la huelga. ¿Qué está en discusión? El 28 de diciembre pasado, el Ministerio de Trabajo Nacional dictó una nueva conciliación obligatoria retrotrayendo el conflicto con todos los despedidos adentro (que, a esa altura del conflicto, habían pasado de varios cientos a 25 y finalmente reducidos en la última propuesta de la patronal a 5). Sin embargo, cuando van a retomar el trabajo, la patronal desconoce la conciliación obligatoria y no permite el ingreso de esos 5 obreros con el argumento de que fueron despedidos con causa (por hechos de violencia a directivos de la TPR y a guardias de seguridad). La conducción del SUPA, sin el mandato de los trabajadores, establece un preacuerdo aceptando el argumento patronal con respecto a los 5 despedidos. Explicaron que no se puede hacer nada porque son despidos con causa y que el Sindicato había conseguido lo máximo, es decir,que les paguen las indemnizaciones y otros beneficios. Que no se podía seguir un conflicto que involucraba a todos por 5 que habían sido despedidos con causa. El rechazo a esta posición fue contundente y produjo una rebelión de las bases portuarias que se movilizaron durante el mediodía del lunes al Sindicato. En la Asamblea de la tarde se ratificó esta posición. “Todos adentro o nadie labura”. La Asamblea aprobó con aplausos masivos la continuidad de la huelga. Se defendió a la Asamblea el lugar donde se debe resolver, rechazando la propuesta de la conducción del SUPA de hacer una votación en urnas (con el argumento de que no hay una participación mayoritaria). En la Asamblea, en el piquete, los compañeros reafirmaban “que si se deja pasar el despido de 5, luego serán 15, 50 y después vendrán por el convenio imponiendo las 8 horas y otros ataques de las patronales”. Este martes 3 hubo una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo, donde todavía no se dio a conocer la información que seguramente se va a bajar en una Asamblea hoy miércoles. La patronal quiere derrotar la lucha mediante el aislamiento, los descuentos salariales, el desgaste y las amenazas. Los propios dirigentes del SUPA plantearon la posibilidad de que fueran judicializados los 5 despedidos (como está ocurriendo en el Puerto de Bs. As.). La vía para quebrarle el brazo a esta patronal negrera es fortaleciendo la huelga, la enorme lucha de los portuarios rosarinos. El paro nacional que habían anunciado los dirigentes de la Federación Nacional Portuaria no se concretó a pesar de que ellos mismos habían denunciado que el ataque al convenio en Rosario, de imponerse, abriría el camino a la reforma laboral en todo el gremio. El paro indeterminado del SUPA Rosario solamente se mantuvo en el puerto rosarino, siendo levantado luego de unos días en las 9 terminales del departamento Rosario, donde tiene jurisdicción la Seccional local. Es necesario nacionalizar la pelea parando todos los puertos del país, llamando al apoyo de todos los gremios vinculados al Puerto como Aceiteros y Recibidores de Grano e impulsar, simultáneamente, un gran movimiento popular de apoyo. Son muchos los estibadores que viven en Tablada, un barrio popular pegado al Puerto.

4 de enero de 2023
Covid, “emergencia sanitaria” y sexta ola

En el marco del alza de casos de Covid en nuestro país, el Ministerio de Salud de la Nación oficializó este viernes la extensión de la emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre de 2023. Sin embargo, mientras se extiende la sexta ola en todo el país, se reducen los testeos en los hospitales y sanatorios y no existen medidas de protección para evitar el aumento de los contagios. El último reporte semanal del Ministerio de Salud, publicado el 1 de enero del año nuevo, arroja que en la última semana de 2022 se registraron 72.558 nuevos casos -un incremento del 17% en una semana- y 47 fallecidos en todo el país. La cifra de contagios se da por descontado que es muchísimo mayor, porque no hay centros de testeos ni se reportan los resultados de los test hogareños. La directora nacional de Epidemiología e Información Estratégica del Ministerio de Salud, Analia Rearte, remarcó que el "SARS-CoV-2 con estas nuevas variantes es un virus tremendamente transmisible", por lo cual recomendó "la vacunación" como base para la prevención, además de los cuidados específicos como el uso adecuado de barbijo en espacios cerrados (Telam, 3/01). Actualmente son 402 los internados oficialmente con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje del 40,7% de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado del país. Más del 80 % de los fallecidos tenía comorbilidades. De ellos, 32 tenían aplicada al menos una dosis de refuerzo, aunque solo tres la habían recibido en los últimos cuatro meses, confirmando la efectividad decreciente de las vacunas. “Emergencia sanitaria”: qué significa El Decreto 863 de extensión de la emergencia sanitaria implica que se volverá a aplicar un mecanismo especial de matriculación y/o certificación en el reclutamiento de personal médico, junto a la reasignación de partidas presupuestarias con el objetivo de "fortalecer la infraestructura sanitaria en diferentes puntos mediante la instalación y funcionamiento de hospitales de campaña o modulares". También implica el llamado a trabajar a personal jubilado. Nada que tenga que ver con aplicar alguna medida sanitaria preventiva para evitar el aumento de los contagios. ¿Qué sucede en los hospitales y sanatorios de la ciudad de Buenos Aires? Según el reporte del Ministerio de Salud de la Ciudad, en la última semana se registraron 7.595 casos y 9 fallecidos. El consejo federal de la salud (COFESA), integrado por funcionarios de las provincias y presidido por Carla Vizzotti, dispuso hace exactamente un año atrás que sólo algunas personas puedan testearse en forma gratuita en los centros de salud públicos. En CABA los testeos se limitan a mayores de 50 años, personas gestantes o que presentan comorbilidades, trabajadores esenciales, trabajadores y residentes en instituciones de larga estadía y convivientes con personas de riesgo. Todos los demás, salvo alguna excepción que el médico considere, no serán testeados. Las prepagas y obras sociales adoptaron el mismo criterio. Esto explica el aumento de la comercialización de los autotest de 2.500 a 15.000 vendidos en un solo día, pico registrado el 23 de diciembre pasado. Un autotest ronda entre $1.600 y $1.800. La resolución del Consejo Federal de Salud contradice a la OMS, que frente al alza de casos en China recomienda el seguimiento riguroso de la situación epidemiológica (ver https://www.who.int/es/news/item/30-12-2022-who-meets-with-chinese-officials-on-current-covid-19-situation ). El testeo a sólo un sector de la población implica que otros cuadros con algún síntoma compatible no sean tratados como Covid y por tanto la cantidad real de contagios podría ser mayor, mientras el virus circula solapado en cuadros considerados como gripales o resfríos. El grado de positividad en los casos testeados alcanza el 50 %. En relación con las medidas de bioseguridad, se han extendido recomendaciones del uso de barbijo en lugares cerrados, pero no su obligatoriedad. Los contagios aumentan entre los trabajadores y las trabajadoras de la salud y la población en general, que utiliza subtes y colectivos con gran aglomeración de personas sin protección. Para que las recomendaciones puedan cumplirse en los lugares de trabajo, se depende de que se dispongan los elementos de bioseguridad por parte de las patronales (que los escatiman) o de la provisión del propio trabajador. No se ha contratado personal para reforzar el sistema sanitario frente a la sexta ola de Covid y remplazar al personal enfermo. Esto implica una sobrecarga de trabajo. La extensión de la declaración de emergencia sanitaria, en este marco, es afín a las patronales privadas de la salud, ya que les permite sobrecargar de trabajo al personal y embolsar los subsidios (primero ATP, luego REPRO y ahora FESCAS). Tanto el gobierno nacional como el de la Ciudad de Buenos Aires sostienen la política de convivencia con el virus. Es necesario recuperar las medidas de cuidados sanitarios: testeo a toda la población que tenga síntomas compatibles con Covid, volver a implementar el uso obligatorio de barbijos en lugares cerrados, que se disponga de los elementos de bioseguridad en los lugares de trabajo, incorporación de personal y ampliación de horarios y centros de testeo. LEER MÁS Una resolución de los Fernández abole el Covid como enfermedad profesional LEER MÁS Covid en niños y niñas: baja inmunización, secuelas y vulnerabilidad social

4 de enero de 2023
Reconocimiento a la lucha de los familiares contra la impunidad

Los periodistas del programa Sangre Fría, que se transmite por canal 10, en la última edición de 2022 entregaron un reconocimiento a nuestra compañera Natalia Gutiérrez por su acompañamiento a familiares de víctimas de la impunidad. Destacaron su presencia constante en las distintas instancias de lucha y el apoyo a las familias. Una delegación de luchadoras la acompañó al programa; otros familiares saludaron el galardón en las redes sociales. Las compañeras sintieron que, en ese reconocimiento a Nati, está representada su lucha. También reconocen a Política Obrera, no sólo por el acompañamiento incondicional a los distintos casos, sino por la orientación que brinda para enfrentar al Estado y sus instituciones y sostener la organización independiente a casi 17 años de las primeras marchas, que se iniciaron con motivo del crimen de Paulina Lebbos. La organización de familiares que luchan contra la impunidad y el gatillo fácil tiene un importante protagonismo en la provincia. Pese a los distintos intentos de cooptación por parte del Estado se mantiene firme en las calles y está presente en las distintas luchas del movimiento de mujeres, de la diversidad y en los distintos reclamos populares. Ha obtenido condena a femicidas, abusadores, hijos del poder, policías asesinos y responsables de distintos crímenes. En todos los casos enfrentó la complicidad, por acción u omisión, de la justicia y del gobierno. En Tucumán, el Ministerio Público Fiscal y la Corte Suprema están timoneados por Jaldo, Manzur y el PJ. Este importante cierre de 2022 debe ser el puntapié para preparar las luchas que se vienen. El próximo 26 de febrero, cuando se cumplen 17 años del crimen impune de Paulina, nos proponemos preparar una gran jornada de lucha, como todos los años, que coloque el reclamo por el juicio y castigo al encubridor principal, el ex gobernador Alperovich, y que continúe la investigación para llegar a los autores materiales. Una parte de los encubridores ya fue condenada como resultado de la lucha, pero la justicia mantiene una suerte de ´punto final´ y no avanza contra quienes el tribunal ordenó investigar –al propio Alperovich, al hijo del ex secretario de Seguridad y a una veintena más de personas-. Tenemos que preparar también una fuerte denuncia y movilización contra la absolución del policía Mauro Navarro, asesino de Miguel Reyes Pérez. Fue condenado a perpetua y la Corte Suprema de la provincia lo acaba de absolver. Detrás de esta medida hay un pacto del gobierno provincial con la policía, en la previsión de un año caliente por el ajuste y la lucha contra la creciente miseria y descomposición de las instituciones del Estado. El 24 de marzo también será otro escenario de lucha contra la impunidad de ayer y de hoy. El reconocimiento a nuestra compañera es un acicate para las próximas batallas.

4 de enero de 2023
Qué hay detrás de la masacre de 500 soldados rusos

Entre las noticias internacionales de principios de año, la más resonante ha sido el ataque a una instalación de tropas rusas en la ciudad Makiivka. De acuerdo al estado mayor del ejército de Ucrania, que no ha reivindicado el bombardeo, la acción ha dejado quinientos soldados muertos. El generalato ruso baja la cifra a menos de setenta. En cualquier caso ha sido un golpe enorme al alto mando y al gobierno de Rusia. Esto ocurre en el marco de continuos ataques con misiles contra la infraestructura de Ucrania por parte de Rusia. Ucrania y la OTAN afirman haber neutralizado esos ataques por medio del derribo de más del 90 % de los drones lanzadores. La masacre de Makiivka, en Donetsk, la zona ocupada por Rusia en la región del Donbass, ha reabierto una crisis política y renovado las críticas a la incapacidad del generalato ruso. El señalamiento más insistente es haber concentrado un alto número de conscriptos recién movilizados en un único espacio, en el que se habían acumulado, además, municiones y diversos tipos de armamentos. No hay evidencia, sin embargo, de que las denuncias logren el reemplazo del generalato en el terreno o del estado mayor en Moscú. El generalato ruso asegura que ha venido operando con fuerzas móviles reducidas desde que fue forzada a replegarse en la ciudad de Karkov, en el norte de la región, y en Kherson, al sur. Lo más importante es, sin embargo, otra cosa. El ataque fue realizado por siete cohetes guiados Himar, seis de los cuales alcanzaron el blanco en rápida secuencia. Ucrania no reivindicó la autoría del ataque, para no poner al descubierto algo esencial: que esos cohetes fueron lanzados por personal norteamericano y de la OTAN y compañías militares privadas que operan dentro y fuera de Ucrania. Admitir esta responsabilidad convertiría a la guerra en un conflicto abierto, o directo, no interpuesto, entre Rusia, de un lado, y Estados Unidos y la UE, del otro. Los militares de Ucrania aún están siendo entrenados dentro de su país y en otros como Polonia, Rumania e incluso Alemania, en el manejo de esos cohetes guiados. La guerra ha desarrollado para muchos una conciencia nacional ucraniana, pero es sólo antirrusa, o sea, subserviente del imperialismo internacional. En Ucrania se encuentra establecida una “estrategia de desconflictualización’. La OTAN y Rusia se advierten recíprocamente de cualquier acción que pueda ponerlos en una guerra directa. Es lo que viene ocurriendo desde hace más de una década en Siria, entre Rusia y Estados Unidos, por un lado, e Israel, por el otro. Israel avisa a Rusia antes de bombardear milicias iranianas en territorio sirio, para evitar un choque con Rusia. Luego del ascenso de Netanyahu al gobierno, el canciller sionista, Eli Cohen, tiene a su cargo el enlace entre Anthony Blinken, el ministro de exteriores de Estados Unidos, y Serguéi Lavrov, de Rusia. El temor ahora es que Rusia pueda replicar a la masacre de Makiivka atacando las instalaciones norteamericanas en Ucrania o en la frontera. El ataque a Makiivka, como otros ataques anteriores en territorio ruso, incluso a 200 km de Moscú, es lo que podría provocar que la guerra “escape de control”, como temen algunos. No es lo que ha de ocurrir ahora, como tampoco ocurrió cuando operadores de la OTAN dinamitaron el gasoducto Nordstream I y el puente que une el territorio ruso a la península de Crimea. 36 horas después del ataque, el mencionado Cohen hizo su debut como canciller con una reunión con Lavrov, donde fue tratado el asunto. La guerra se ha salido de los carriles, de todos modos. En toda la geografía mundial ha iniciado o profundizado otros conflictos geopolíticos, e incluso provocado reversiones de alianzas. Para algunos medios, por ejemplo, el cambio de gobierno en Israel no importa tanto como un giro del centroizquierda hacia la derecha o ultraderecha, sino que importa como un cambio de frente -de la OTAN a Rusia. Es que la guerra ha llevado a una ruptura del acuerdo de contención nuclear de Irán y a la posibilidad de que ello derive en un ataque de parte de Israel. Para contener este escenario derivado de la guerra, Netanyahu ha planteado la necesidad de un acuerdo en Ucrania. Putin sigue siendo la única casamentera que opera en el Cercano Oriente. Para diferentes observadores de la OTAN, la continuidad de la guerra tiene otra consecuencia: debilita la capacidad de Estados Unidos para enfrentar a China. La acentuación de la crisis económica y la carestía en Europa, que ha desatado fuertes movimientos huelguísticos, es otro factor que justifica la necesidad de un acuerdo. La bandera del fin de la guerra, no hay que engañarse, es blandida para tornarla más destructiva, material y políticamente. El Consejo Editorial del Financial Times aboga por una campaña militar de expulsión del ejército ruso del Donbass. Dice que sólo eso permitiría reunir las condiciones para la reintegración de las zonas ‘prorrusas’ al gobierno facistoide de Ucrania. Biden ha reiterado en forma pública el propósito de imponer un cambio de régimen en Rusia. Lo hizo en ocasión de la visita de Zelensky a Washington, para advertir que no cuenta con el apoyo de Alemania y Francia. En el Pentágono, el jefe del estado mayor conjunto, general Milley, ha señalado que la oportunidad para iniciar negociaciones oficiales a fin de cesar la guerra es ahora, como consecuencia de lo que caracterizó como las victorias de Ucrania en las zonas ocupadas por Rusia. Para el ministro de Defensa de Gran Bretaña también es necesario “desescalar el conflicto”, pero pone como condición para negociar que antes Rusia se retire del Donbass. Las bombas de humo se lanzan con la misma frecuencia que las letales. La masacre de Makiivka y la provisión de misiles Patriot a Ucrania (que también serán manejados por personal norteamericano) forman parte, de acuerdo a esta ‘lógica’, de la política de paz de la OTAN. La misma lógica preside la reanudación de los ejercicios de la brigada aerotransportada de Estados Unidos que se ha instalado en Rumania –el país con la mayor frontera con Ucrania-. “Si queremos un acuerdo para poner fin a la guerra, escalemos la guerra”. Putin nunca ha renegado de las negociaciones, que para él deben ser “sin condiciones”. Entiende que “los objetivos rusos en Ucrania han sido sólidamente alcanzados”. No debe ser exactamente así, sin embargo, porque entretanto ha movilizado a 300.000 soldados y generalizado la conscripción militar. Para Putin no hay retorno a la situación internacional anterior a la guerra: la globalización está enterrada y la política internacional se caracterizará por enfrentamientos entre bloques y por rupturas subsecuentes de ellos. Stenmaier, el presidente de Alemania, y Ángela Merkel, la ex primera ministra, han confirmado las sospechas de Putin cuando declararon, recientemente, que la diplomacia de paz que ejercieron en Ucrania, en la última década, fue un truco para dar tiempo a la OTAN a rearmar el ejército de Ucrania. En cualquier caso, el sometimiento de un país, en este caso Ucrania, a un país extranjero, es un factor de guerras continuas. Va en contra de los intereses internacionales comunes del proletariado y los explotados de Rusia y de Ucrania. En la parte ocupada, Putin ejerce la política que sigue en Rusia: capitalista, clerical, chauvinista, misógina y autocrática. Putin advierte, acertadamente, que el imperialismo pretende terminar con Rusia como existe hoy. Es lo que pretendió hace más de un siglo cuando catorce ejércitos extranjeros invadieron a la Rusia bolchevique. La disolución estatal era el destino inevitable que el zarismo, históricamente agotado, le reservaba a Rusia. Rusia no ha sido ni es una nación; bajo el nombre de Rusia el zarismo había amalgamado numerosas naciones bajo el yugo de la autocracia. El bolchevismo le dio a Rusia un carácter nacional, pero de una forma singular, como parte de una unión internacional de naciones de carácter socialista. Ucrania ganó su status nacional cuando Rusia obtuvo el suyo. La Revolución de Octubre, que nació como parte de una revolución internacional, fue la única vía histórica para realizar la autonomía nacional de Rusia y de las nacionalidades oprimidas por el zarismo. La pretensión de Putin de volver a una fantasmagórica nación opresora de naciones, como bajo el zarismo, equivale a un retroceso a la barbarie. La tendencia al escalamiento de la guerra de la OTAN y Rusia en Ucrania se extiende a la geografía internacional y por otro lado a la geografía social. La guerra de Estados Unidos contra Corea y contra China, en 1950-53, sirvió para levantar mediante la demanda armamentista la economía mundial. Aceleró su unificación bajo la batuta, imponente en ese entonces, del capital y el Estado norteamericano. Ahora va a ocurrir lo contrario con un imperialismo en retroceso, tres cuartas partes de los estados en default, derrumbes institucionales y tendencias políticas fascistas. Poner fin a la guerra es el ítem estratégico número uno de la clase obrera internacional.

4 de enero de 2023
El espionaje ilegal y las trenzas de Rossati con el macrismo

La podredumbre alrededor del espionaje ilegal y los servicios de inteligencia se incrementa con el transcurso de los primeros días del 2023. El ministro de Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro -uno de los convidados a la ´escapada´ a Lago Escondido, ahora de licencia del cargo por tiempo indeterminado- ha denunciado al diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade. Lo acusa de ventilar los chats que aluden a sus relaciones de negocios con funcionarios del poder judicial. Para D´Alessandro, Tailhade es parte de los servicios de inteligencia. El contragolpe cambiemista se trasladó también al Congreso Nacional. En la comisión parlamentaria bicameral de control de los servicios de inteligencia (AFI), los macristas solicitaron informes sobre la existencia de una base de la AFI en El Dorado, Misiones, desde donde se habría hecho el hackeo a D’Alessandro o, alternativamente, desde Paraguay mediante el software israelí ‘Pegasus,’ un software que ya ha sido empleado para el espionaje político en números países y que, casualmente, fue adquirido por el gobierno argentino durante el mandato de Macri. Según informan Clarín y La Nación, el pedido de informe de los macristas incluyó específicamente conocer el rol de César Milani, ex jefe del Ejército y ex director de Inteligencia de esa fuerza, en la AFI, el de su mano derecha y coronel retirado Marcelo Granitto -un antiguo simpatizantes de los ‘carapintadas’- y de otros cuatro coroneles retirados que habrían sido incorporados como Personal Civil de Inteligencia. Elisa Carrió, confidente de la embajada norteamericana, asegura que Milani y su pandilla se llevaron consigo todo el equipo para la intervención de comunicaciones comprado a Israel. Agustín Rossi, interventor de la AFI y ex Ministro de Defensa, rechazó todo esto porque, dijo, no “existen registros” al respecto. En cambio, sí habría confirmado que forman parte de la AFI dos personas que actuaron como espías de las Fuerzas Armadas: Ramiro Gómez Riera y Roberto Adrián Román. La respuesta motivó nuevos pedidos de informe de los macristas sobre la pertenencia de otros cuatro coroneles (todos con nombre y apellido)) retirados en los servicios de inteligencia. Denuncian, en definitiva, la existencia de “una mesa militar” con Milani a la cabeza dentro de la AFI, que sería la responsable de un espionaje ilegal sobre D’Alessandro. La defensa de Rossi no contentó a Milani, quien por Twitter dijo que “podría advertir tan burda estrategia y ser mucho más claro y tajante en sus contestaciones”. También afirmó que Granitto forma parte del Ministerio de Defensa, que Rossi llevó a la AFI a Román y Gómez Riera, aunque estos no serían militares. “Evidentemente no estoy en la AFI, porque si estuviera no le hubieran gatillado en la cabeza a la vicepresidenta como si nada”, se ofuscó el ex represor de la dictadura. En su momento, fue elegido para encabezar una reorganización de los servicios con base en las fuerzas armadas, luego de que los K rompieran con Antonio “Jaime” Stiuso. Milani dicta actualmente cursos de ‘defensa´ en el Instituto Patria. Por su parte, desde Página/12 reportan que todo se trata de un contraespionaje dentro de Juntos por el Cambio, parte de la feroz interna entre Larreta-Bullrich y el propio Macri, de quien recuerdan su trayectoria en materia de espionaje ilegal, que debutó con el “Fino” Palacios, y de quien, ya en el gobierno nacional, no se salvaron Larreta, Vidal ni sus hermanas y otros políticos y familiares. Señalan también que el único macrista que no firmó los pedidos de informes en la comisión bicameral del Congreso fue Gerardo Milman, hombre de Bullrich y denunciado en el Congreso por el ministro larretista D´Alessandro. LEER MÁS: D´Alessandro “se toma licencia” Por Fede Fernández. Sobre la causa del viaje de jueces y funcionarios a lago Escondido Por Elena Florín.

4 de enero de 2023
Se nos fue Ricky Budassi, el querido "Caballo"
Daniel Ospital

Esta tarde, cuatro días antes de cumplir 66 años, murió Ricardo Budassi, "el Caballo". Luego de curarse hace cuatro años de un cáncer, el ladino mal volvió y se lo llevó en unos pocos días. Vinculado con la UJS desde 1979, fue uno de los concurrentes al plenario de fundación del Partido Obrero en noviembre del 82. También estuvo en la columna que armamos el 14 de ese mes en la movilización contra la Dictadura. Hicimos actos improvisados con habladas, subidos a los hombros de algún compañero, y peleamos un lugar entre los oradores de los partidos burgueses en esa jornada de lucha popular, subiendo por los caños que sostenían el escenario. Fue el mayor afiliador de la campaña de enero-marzo de 1983 por la legalidad del PO. Fue miembro de la dirección del Comité Regional Córdoba entre el 83 y el 84. Era un tipo directo, irónico y alegre como pocos, ingenioso para poner sobrenombres y resumir hechos; eludía los adornos, las palabras de más. De gran energía y determinación, todo lo hacía para que saliera bien, uno podía darle una tarea y olvidarse, sabiendo que estaría hecha en el tiempo mínimo necesario o menos. Se mudó a Villa María cuando se casó. Allí tuvo tres hijas que hoy lo lloran y ejerció muchos años su profesión de licenciado en Psicología. Y tuvo tiempo para dar cursos de astronomía, filosofía, computación, para estudiar dos años y ser árbitro de fútbol, viajar a varios lugares del mundo. Tenía la humanidad elevada del curioso inagotable. Un día grabó y me mandó en tiempo real un video de varios minutos por los sótanos de una favela de Río de Janeiro dominada por el "Comando Vermelho". En determinado momento se apareció un Kapanga de los narcos y logró zafar huyendo por las callejuelas, todo en tiempo real. No le tocó, pero hubiera sido un excelente oficial de operaciones del Ejército Rojo, si le hubiera tocado vivir ese tiempo. Doy fe de eso, por las cosas que vivimos juntos y los resultados de otras. Dejó el partido, pero siempre estuvo dispuesto a colaborar con él para lo que fuera: campañas electorales (fue candidato en varias), financieras, charlas, rondas de medios, etcétera. Los que tuvimos la fortuna de ser sus amigos por más de cuarenta años ya lo extrañamos. Una parte de mi vida y mis memorias están desde hoy más solas y tristes.

5 de enero de 2023
Reanudan paros, bloqueos y protestas en Perú

Por segundo día consecutivo las calles vuelven a estar colmadas de manifestantes en contra del gobierno de Dina Boluarte. Exigen su renuncia, el juicio a los responsables de la represión (que dejó un saldo de casi 30 muertos y centenares de heridos), la libertad del expresidente Pedro Castillo, nuevas elecciones y una Asamblea Constituyente. La destitución y el arresto de Castillo, a principios de diciembre, dieron lugar a manifestaciones en distintas ciudades, acompañadas, en algunos casos, con paros por tiempo indefinido y cortes de rutas. En estos momentos se encuentran bloqueadas 33 carreteras a nivel nacional. Hace dos días debió renunciar el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) de Perú, Juan Carlos Liendo, luego de calificar públicamente a las protestas como “insurgencia terrorista”. Los bloqueos en la región andina se han extendido a otras regiones. Desde Cuzco se dio inicio a una movilización con destino a la ciudad de Sicuani, la segunda más poblada de la zona. Entre los bloqueos de carreteras se encuentra el de la importante ruta interoceánica. También en Huancayo y Lima hubo manifestaciones. La Policía Nacional intervino para evitar que la marcha se acerque al Palacio Legislativo, con gases lacrimógenos. En Abancay, la policía detuvo al dirigente del comité de lucha, Milán Knezvich. Desde las organizaciones barriales y sindicales se lanzó la convocatoria a una huelga general por tiempo indeterminado. Las regiones donde esta acción se está haciendo efectiva son Arequipa, Puno, Cusco, Moquegua, Apurímac, Tacna, Madre de Dios, Pucallpa y diversos sindicatos de Ayacucho. La Central General de Trabajadores de Perú (CGTP) se limitó a expresar su “solidaridad” con las manifestaciones y un repudio a la represión. En Lima, algunos de sus dirigentes estuvieron en la cabecera de la movilización. La Policía Nacional había convocado a una “marcha por la paz” a través de sus redes sociales -una contramarcha de los sectores derechistas en defensa del gobierno de Boluarte. Entre los manifestantes hubo militares y policías retirados y dirigentes políticos de la derecha. También lograron convocar a un contingente de comerciantes que se manifestaron contra el cierre de sus negocios debido a las protestas. Las fuerzas de centroizquierda y las que responden a Pedro Castillo no han impulsado ningún tipo de convocatoria. Se han apresurado a presentar una denuncia constitucional contra Dina Boluarte por las muertes de la represión. Tanto la presidenta como algunos de sus funcionarios son acusados de “homicidio calificado” ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso por la parlamentaria Ruth Luque (Cambio Democrático). La fuerza de Castillo, Perú Libre, intentará interpelar en el Congreso a los ministros del Interior, Víctor Rojas, y de Relaciones Exteriores, Ana Gervasi. La interpelación a Rojas se basa en el cuestionamiento al accionar policial durante las represiones a las protestas. El argumento contra Gervasi es la decisión que tomó de declarar persona “non grata” al embajador de México en Perú, Pablo Monroy. Por su parte, desde la Alianza Popular piden la renuncia del ministro de Educación, Óscar Becerra, por frases ofensivas contra la comunidad LGTBI. La derecha, por su parte, presentó un proyecto de reforma constitucional para recortar, por única vez, el mandato de los presidentes de las entidades electorales. El proyecto fue presentado por la congresista derechista Roselli Amuruz, de la fuerza Avanza País, con el objetivo de que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyan su mandato el próximo mes de abril. El proyecto amenaza con abrir una crisis entre el Poder Legislativo y el Judicial. Los miembros del JNE, según las normas, son designados por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, mientras que el jefe de la ONPE es elegido por la Junta Nacional de Justicia. El JNE calificó la propuesta legislativa como una injerencia en las decisiones autónomas de la máxima instancia del Poder Judicial. LEER MÁS Perú: el Congreso vota la prórroga de un gobierno usurpador

5 de enero de 2023
Larreta y la burocracia médica postergan las paritarias

No por esperada, la noticia dejó de impactar en el ánimo de los trabajadores de la Salud. Larreta y las burocracias de Médicos Municipales, Federación de Profesionales y Sutecba decidieron tomarse un largo descanso de verano para retomar las negociaciones paritarias en marzo próximo. Esto confirma que los aumentos arrancados con la lucha en el mes de noviembre fueron solo un suspiro. La paritaria postergada venció en diciembre pasado. Entretanto, la Salud debe enfrentar una nueva oleada de casos de Covid y una escasez creciente de personal y de turnos de atención. La inflación de diciembre fue superior al 5%, y en enero y febrero entrarán en vigencia los aumentos en la luz y el gas, y las mismas prepagas, cuando ya subió el transporte. El cobro lastimoso del aguinaldo recordó a todos el carácter fraudulento de la hoja salarial, plagada de sumas no remunerativas. La mesa de negociación por los derechos laborales de las concurrencias naufragó frente a la decisión inamovible del gobierno porteño de desmantelar el sistema público de formación profesional. La masa de cargos que se pierde no será reemplazada por puestos de residencia, porque el gobierno está jugado a la privatización de la capacitación especializada y al cierre de los hospitales históricos, particularmente en salud mental. La baja del piso del puntaje necesario para ingresar a la carrera profesional obedece al propósito de compensar la deserción masiva que produce el empeoramiento laboral. La situación alarmante de los centros de salud del área del Hospital Piñero retrata otra faceta de esta crisis: el CeSAC 31 de Bajo Flores debió cerrar por problemas edilicios, el 24 de Villa Soldati por cuestiones de seguridad. Dos médicas residentes fueron atacadas en la puerta del centro y les gatillaron. La situación del CeSAC 24 es un reflejo de lo que vive el barrio, transformado en una zona liberada, responsabilidad que los gobiernos porteño y nacional se disputan entre sí. Tras la denuncia y la movilización de los trabajadores, se alcanzó una solución precaria con la reposición de la presencia de Gendarmería. La política acordada entre Larreta y las burocracias de AMM, Federación y Sutecba, plantea la necesidad de recuperar las autoconvocatorias, como únicas organizadoras de las luchas. Es necesario impulsar asambleas y plenarios en todos los efectores, los pliegos de reivindicaciones comunes a todos los sectores y el voto de medidas de acción. La principal conquista del movimiento autoconvocado, el reconocimiento de su propia fuerza y de su capacidad de lucha y organización independiente, sigue viva en la conciencia de los trabajadores.

5 de enero de 2023
En Argentina la malnutrición ya llega a la mitad de los niños

Durante la última semana del año 2022 se publicaron una serie de estudios sociales con foco en la alimentación de niños y jóvenes donde se reveló un aumento en todos los índices. En el estudio presentado por Barrios de Pie a través de su universidad popular se muestra que el 49% de los niños presentan sobrepeso, obesidad o baja estatura y el 40% de ellos no llega a consumir las 4 comidas diarias. Con lo que la malnutrición creció un 5% del año 2019 a hoy. El foco de este crecimiento está en las villas y barrios populares, pero tampoco es exclusivo de estos sectores. El informe presentado por la organización oficialista es acompañado por un estudio médico de profesionales que incluyó 40.000 casos de estudio y abarcó 16 provincias. Se realizó siguiendo las técnicas antropométricas y de detección de malnutrición de la Sociedad Argentina de Pediatría y el Ministerio de Salud de la Nación. El trabajo fue elevado al presidente Alberto Fernández y a su ministra de Desarrollo Social. Se distingue entre el crecimiento de los índices el sobrepeso que llega al 21%, la obesidad 24,5% y el déficit en el peso 3,2%. La desnutrición crónica y la baja talla llegan al 7%, subiendo para los menores de 2 años al 20% y en la franja de 2 a 6 años al 9%. Marcos Caviglia, unos de los médicos entrevistados aclaró sobre el informe: “Se evidencia así un aumento marcado de la malnutrición con respecto a los datos previos a la pandemia” y agregó “Los altos índices de malnutrición tienen relación directa con el tipo de alimentación de las familias de los barrios vulnerables, altas en hidratos de carbono complejos y grasas saturadas y baja en frutas, verduras y carnes magras”. En estas fechas la ministra de Desarrollo Tolosa Paz está bajo la mira de las organizaciones sociales por las demoras en la entrega de alimentos para los comedores (en particular en las provincias del Norte) y el no cumplimiento de una canasta de alimentos que aporte las proteínas adecuadas para una alimentación sana. Sobre la canasta de alimentos que llega desde el Ministerio informaron: “no cubre los requerimientos nutricionales necesarios para un desarrollo y crecimientos adecuados y para mantener una salud óptima”. Lo que alarma a los expertos es que la malnutrición ya no abarca el cuadro clásico de desnutrición y baja talla, sino que emerge, con el exceso de nutrientes de baja calidad, el sobrepeso en etapas tempranas del desarrollo de niños y niñas. Esto impacta negativamente en el sistema inmune con una mayor cantidad de infecciones, en la baja de la capacidad intelectual, del aprendizaje, en los problemas respiratorios, gastrointestinales, hepáticos, la reducción de la capacidad para la actividad física y la tendencia a la depresión y a la ansiedad. Al ahondar sobre las características de los alimentos que llegan a los hogares, solo el 17% de las familias come carne o huevo una vez al día, que es lo recomendado. Y el 30% lo hace una vez por semana o menos. Las verduras solo llegan al 14% de los hogares diariamente y al 44% semanalmente, y lo mismo pasa con las frutas. Para el caso de los lácteos sube al 25% el consumo diario. En suma, la caída en los nutrientes esenciales para las familias llega al 50% y como contracara el consumo de alimentos nutricionalmente pobres subió un 35%, consolidando un exceso en hidratos de carbono como la papa, la batata, el arroz y los fideos.

5 de enero de 2023
Millonario perdón de deuda para Edenor y Edesur: una asociación ilícita

En el último día hábil del 2022, el Ministerio de Economía y las distribuidoras eléctricas llegaron a un "acuerdo" de "refinanciación" de la enorme deuda que estas acumularon con Cammesa, la compañía público-privada que compra la energía y luego la vende a las distribuidoras en todo el país. El total de esa deuda es de 486 mil millones de pesos, de la que Edenor y Edesur concentran la mitad, 219 mil millones. De esos 219 mil millones, finalmente, sólo deberán pagar 80 mil millones, en 96 cuotas (8 años) y con una tasa subsidiada, por debajo de las proyecciones inflacionarias. Se eliminaron, además, los intereses punitorios que se habían acumulado. El resto de distribuidores del interior llegaron a "acuerdos" similares. “Es un día histórico por la cantidad de acuerdos que hemos firmado para regularizar las deudas con Cammesa. Esto es clave para la sostenibilidad del sistema, un aspecto en el que el ministro Sergio Massa hizo hincapié desde el primer momento en el que iniciamos su gestión”, dijo la secretaria de Energía, la massista Flavia Royón (La Nación, 3/1). La "sostenibilidad del sistema" es una estafa monumental a los usuarios y trabajadores. El sistema eléctrico, tras las privatizaciones de los 90´ y su sostenimiento por todos los gobiernos desde entonces, succionaron recursos megamillonarios del Estado. Las “tarifas subsidadas” fueron un subsidio indirecto a la burguesía industrial, por la vía de un cálculo disminuido de la canasta familiar a la hora de pagar salarios. Los desequilibrios acumulados se traducen ahora en tarifazos y aumentos que no corresponden a ningún cálculo de costos. El "sistema" se divide en tres tramos: la generación (hidroeléctricas, tecnología eólica, carbón, gas, etc.), la transmisión, donde entra Cammesa y la distribución regional (Edenor, Edesur, etc.). En todos los niveles los dueños son los mismos y las tres patas funcionan bajo un mismo interés de privatización y ganancia. La propia Cammesa, aunque con dirección estatal (Secretaría de Energía), cotiza en Bolsa y su paquete accionario se compone en un 80% por agentes privados y un 20% por el Estado Argentino. El ´massismo´ ha soldado un sólido vínculo de negocios con estos intereses. Tarifazos El "perdón" de la deuda incluye la garantía de un tarifazo. La acumulación de 486 mil millones sin pagar por parte de las distribuidoras significó una extorsión económica para aumentar las tarifas. Edenor y Edesur adujeron que, sin el aumento debido, no pudieron hacer frente durante todo el 2022 a la mayoría de los pagos, por lo que recibieron la electricidad gratis y, por supuesto, no se privaron de cobrar. El "ente estatal" admitió durante meses este "pagadiós", lo que luego en ninguna circunstancia se replica con los usuarios. La política de "reducción de subsidios" que promueven Massa y el FMI se ha traducido en este monumental subsidio. En un informe del año pasado, se señala a Edenor, la empresa adquirida por los socios de Massa, los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano, como la empresa argentina que más se valorizó desde la llegada del "superministro” al cargo de Economía, aumentando el valor de su acción casi un 50%, mientras la empresa mantenía con Cammesa una elevada deuda. Por lo tanto se descontaban los servicios de Massa para trabar un acuerdo de este tipo y el tarifazo que se viene. Una verdadera asociación (ilícita) entre los dueños de las privatizadas y el Estado argentino. El acuerdo incluye un "compromiso de no volver a endeudarse", un nuevo papel mojado. El acuerdo y la ruta de nuevos tarifazos debutaron con el corte masivo de luz que afectó a 200.000 usuarios durante el Año Nuevo. Con la quiebra del Estado argentino bajo el peso de la deuda, la política de subsidios a las privatizadas será reemplazada -se pretende- por el “pago pleno” de la tarifa, lo que no anula, como se ve acá, nuevos rescates para las empresas. Esa “tarifa plena”, a diferencia del criterio con que se trata a las distribuidoras, no tiene ninguna relación con la evolución del salario y las paritarias, lo que conlleva que el porcentaje que destina un trabajador a los servicios sea cada vez mayor, no con el costo de la generación y transporte de la electricidad sino con el precio internacional, comercial, que los capitalistas del sector apuntan a embolsar. El nuevo esquema plantea aumentos del 40% para el sector vulnerable, 80% para "ingresos medios" y un aumento sin techo para los usuarios con "ingresos altos". VER EL SIGUIENTE VIDEO: "Palos a los que se quedan sin luz, y plata para los que nos dejan sin Luz". Editroial Político Semanal de Marcelo Ramal Publicado en el Canal de YouTube de Política Obrera el 17/02/2023. LEER MÁS: Cortes de luz y tarifazos en Año Nuevo Por Maxi S. Cortés. El turno de los tarifazos Nota de tapa de Política Obrera N°58 edición impresa.

5 de enero de 2023
Santa Fe: secta católica secuestra a nena de 12 años para que no aborte

En los últimos días quedó expuesta la realidad que enfrentan las mujeres e infancias de la provincia de Santa Fe al querer acceder a la interrupción del embarazo . Una menor de 12 años no pudo acceder a la práctica porque fue retenida por una organización antiderechos católica llamada Grávida. La gravedad del caso es que tanto la niña como su madre estaban bajo la protección del Estado provincial, incluso meses antes fueron acompañadas por el ministerio de Género por violencia familiar perpetrada por Gustavo Miguel A., autor de los abusos. La interrupción del embarazo fue solicitada por la niña y respaldada por su madre. La última semana del año les gestionaron el turno, agendada para este lunes 2 de enero en el Hospital Iturraspe. El último contacto que mantuvieron con el Estado y el equipo del nosocomio fue el viernes. Cuando no se presentaron y no se logró contactarlas, se solicitó a la Unidad Jefas del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe que interviniera. Mientras, la fiscal Alejandra Del Río Ayala confirmó que Gustavo Miguel A. fue detenido ese mismo día, y se encargó de realizar las medidas para encontrar a la víctima, informó El Litoral. La familia habría sido contactada por religiosos de Garibaldi, su pueblo, y llevadas a una casa de Grávida, donde estuvieron al menos 24 horas encerradas, lo que les impidió llegar al turno acordado. Desde el ministerio de Género y desde el área de Niñez, nada se dijo hasta que la noticia se filtró a los medios mientras ambas estaban desaparecidas. Tras un requerimiento fiscal, desde Grávida confirmaron que la menor y su madre estaban en la sede que tienen en el centro de Santa Fe. El caso muestra las dificultades y tormentos por los que tienen que atravesar las personas que quieren acceder a la práctica. En primer lugar, la información de la situación se filtró desde el Iturraspe, el efector donde se referencian todos los casos de más de 14 semanas que está plagado de objetores, lo que implica una doble vulnerabilidad por la condición de vida de estas personas y por no mantener el secreto y los cuidados necesarios. Es el mismo hospital donde falleció Ana María Acevedo por no poder acceder a un aborto por su tratamiento oncológico. En segundo lugar, la impunidad que manejan estas instituciones al intervenir en casos que involucran la salud pública y la vida de una menor violentada, impunidad garantizada por el Estado provincial que poco hizo para hacer cumplir la ley y que permite que las organizaciones antiderechos trabajen tranquilas. La situación es más grave si se considera que no se resolvió la diferencia territorial en el acceso en la provincia, siendo el centro norte una región casi abandonada. Los casos que llegan terminan en los efectores santafesinos que sufrieron un desmantelamiento de los equipos de trabajo tanto de salud sexual y reproductiva como también del personal que atendía a la diversidad sexual. Las mujeres siguen desconociendo el alcance de la ley y sus derechos porque no se hizo nunca promoción de los lugares amigables que la garantizaban. En todo el territorio el acceso es complicado. De hecho, hay una chica presa en Casilda por un aborto espontáneo lo que muestra que tampoco hay acceso a la atención integral de la salud ni anticonceptivos disponibles en los efectores. Incluso Nación presentó un llamado de atención por la cantidad de denuncias y consultas para consejerías porque no saben adonde ir: en el privado no hay ninguna intervención por parte del Ministerio para garantizar que se cumpla la ley y quiénes consultan con obra social dan vueltas por todos lados hasta que resuelven en el público. El gobierno de la Provincia emitió un comunicado vergonzante en el que se excusó con el buen accionar en el caso y por el respeto a la integridad de dos personas que terminaron sin acceder a la práctica y retenidas por una organización privada, ultracatólica, con mucha injerencia en casos de estas características. El escrito, publicado desde el área de Niñez, admite que la organización “sacó de la esfera del Estado” a la madre y a la menor, lo que clarifica que no tuvieron control sobre la integridad de estas personas. Las respuestas del movimiento de mujeres se centran en la responsabilidad de Grávida y su accionar, pero el caso ejemplifica el accionar del Estado y las brutalidades a las que expone a las personas que quieren acceder a la interrupción de su embarazo. Todas las violencias posibles se han ejercido contra la menor y su madre, en una cadena de vulneración de derechos garantizadas por el Estado, desde su condición humilde, los abusos sufridos, la exposición y la retención en una institución. Será un tema central en la agenda y reclamos de este año.

5 de enero de 2023
La Matanza: docentes autoconvocadas de nivel inicial se movilizan por medidas de protección
Mariela Arri

Impulsado por docentes del Jardín 949 de Isidro Casanova, un nutrido grupo de docentes y auxiliares de diferentes jardines del distrito, se autoconvocaron en la jefatura regional y en el Consejo Escolar del distrito. Participaron agrupaciones de la Multicolor y una delegación del SUTEBA Matanza, aunque el sindicato no fue convocante, ni tampoco difundió la acción hacia el resto de la docencia. El Nivel Inicial y la docencia en general, vienen siendo blanco de ataques, denuncias sin pruebas y escraches. En el Jardín 949, se terminó exponiendo la integridad física de las maestras y auxiliares del establecimiento, luego de que algunas familias denunciaran a un auxiliar por el supuesto abuso a un alumno. Terminaron prendiendo fuego en la escuela, mientras las docentes no podían salir del edificio. Las compañeras presentaron a las autoridades un petitorio exigiendo al Estado que garantice "el cuidado, la atención y el resguardo de los niños y niñas vulnerados en sus derechos". La desintegración que sufren las familias, a causa de la crisis social, termina explotando en situaciones de conflicto que se manifiestan a diario en los jardines de infantes. Entre otros puntos, las docentes reclaman que, ante la formulación de las denuncias, el Estado releve inmediatamente al personal de las escuelas para preservarlos de posible agresiones, exigir que un equipo técnico interdisciplinario (abogados, psicólogos, peritos, psicólogos) intervenga en la investigación para esclarecer la denuncia realizada, y la realización de una conferencia de prensa para explicar a los medios los resultados de la investigación y esclarecer lo que haya sucedido. Por último, también se propuso "demandar a las familias por calumnias e injurias, falsos testimonios, daños y perjuicios en el caso que los hechos denunciados no hayan ocurrido en las instituciones educativas". La respuesta de las autoridades ante todos los pedidos fueron promesas vacías. Las inspectoras del nivel intervienen, no en función de resolver alguna de todas las problemáticas planteadas, sino para inculcar el miedo ("no digas nada", "que esto no salga del jardín") y silenciar los reclamos que hace años vienen planteando las compañeras. La dirección del SUTEBA Matanza, que actúa en común con inspección, pretendió -sin éxito- apropiarse de la movilización. La secretaria general, Daniela Sposato, fue increpada por la falta de convocatoria del sindicato a acciones de lucha y por su nulo acompañamiento en otro tipo de circunstancias similares, como la del Jardín 1.000 de Virrey del Pino. Varias maestras plantearon que, en estas condiciones de desprotección, "no se pueden empezar las clases en marzo de 2023" y que no se puede volver a las aulas hasta que no liberen a compañeros que hoy están detenidos sin pruebas. La Celeste, frente a esta serie de cuestionamientos, prometió una "movilización para febrero" para intentar descomprimir la bronca. Que en periodo de vacaciones, docentes y auxiliares se movilicen muestra el estado de hartazgo que recorre a la docencia por las paupérrimas condiciones de trabajo que deben soportar, ante la inacción de las autoridades y los sindicatos.

5 de enero de 2023
Merlo: Menéndez militariza el hospital Eva Perón y despide activistas para derrotar la huelga

En la madrugada del 4 de enero, cuando los trabajadores se disponían a poner en pie una asamblea para decidir los pasos a seguir, la Intendencia ordenó militarizar el hospital y despedir a los dirigentes de la huelga. Un centenar de policías bonaerenses, Infantería y del grupo GAD se apostaron en sectores estratégicos adentro y en los alrededores del Hospital. La entrada principal fue vallada por la policía y los pacientes que solicitaban ser atendidos en el servicio de Guardia, por ejemplo, eran requisados y entraba solo la persona convaleciente y sus familiares quedaban del otro lado de las vallas. El operativo represivo oficial fue acompañado por las conocidas fuerzas de choque “privadas”, al servicio del mejor postor. Estas fuerzas de choque eran asiduamente utilizadas por el othacehísmo para atacar cuanta lucha popular surja en el distrito como fueron los casos de las asambleas populares en 2001 y la lucha de los estudiantes universitarios contra el cierre del Centro Universitario de Merlo en 2008. La lucha de los trabajadores del Eva Perón cobra vuelo a partir de la gigantesca autoconvocatoria de médicos residentes y concurrentes de CABA que le impusieron a Larreta y a la burocracia sindical la reapertura de las paritarias y un salario de bolsillo de 210 mil pesos para el residente que se inicia. Así, comenzaron las asambleas de médicos residentes en el Eva Perón y las primeras luchas en unidad entre el personal técnico y médicos. La pelea que venían dando los sectores de Imágenes, Laboratorio y Rayos apuntaba a mejorar las condiciones de trabajo, salarios de indigencia que percibían y el pase a planta de todo el personal precarizado. Los 13 días de huelga fueron sostenidos casi en su totalidad por los activistas. El sindicato de Municipales de Merlo acompañó algunas acciones en la puerta del Hospital e hizo las denuncias correspondientes ante el Ministerio de Trabajo. Durante el desarrollo de la huelga, varios activistas comprendieron que para ganar era fundamental unir a todos los trabajadores del gremio en una única lucha y por ello comenzaron a plantear la iniciativa de convocar a plenarios delegados de todas las dependencias y a los residentes. Esta orientación fue combatida por la dirección del sindicato que ante la realidad de los despidos plantea la vía muerta de la Justicia laboral. Las patoteadas de los Menéndez contra los luchadores se producen en el marco de un reguero de luchas de la Salud en todo el país y cuando asoma un rebrote de Covid 19. El objetivo estratégico es aleccionar a los trabajadores por medio de despidos y con represión para abortar toda posibilidad de futuras luchas en el sector de Salud. Esta pretensión del gobierno municipal es una misión imposible porque la crisis social que golpea a los trabajadores es el gran catalizador de las luchas en curso. Más temprano que tarde, los trabajadores de la Salud municipales, así como todos los municipales, serán parte de las grandes luchas por venir por un salario igual a la canasta familiar y contra la precarización laboral, y no vamos a empezar de cero sino de la experiencia acumulada por medio de derrotas y victorias. Desde Política Obrera Merlo llamamos a toda la población a rechazar la militarización del Hospital y los despidos, así como también convocamos a todas las organizaciones sindicales, políticas y culturales, a solidarizarse con la lucha de los trabajadores de la Salud del Eva Perón. LEER MÁS: Merlo: huelga indefinida en los hospitales municipales Hospitales Municipales de Merlo: la huelga indefinida entra en su 5º día

5 de enero de 2023
Syngenta al gobierno, una proeza de China

El escándalo de Lago Escondido se cargó también al asesor de la presidencia, Julián Leunda. Esto no motivará ningún juicio político contra Fernández. El 1º de febrero asumirá su reemplazante, el exCEO Antonio Aracre. Aracre renunció a la dirección ejecutiva de la empresa agroquímica más grande del planeta, Syngenta, de capitales chinos. El pulpo se desarrolló en el negocio de las semillas, absorbiendo a otras grandes empresas del sector (Nidera Semillas), y se extendió al rubro de agroquímicos (fertilizantes y plaguicidas). Durante 2020 tuvo ventas por U$S 23.100 millones. El único accionista de Syngenta es la empresa estatal China National Chemical Corp, la mayor compañía química a nivel mundial. En Argentina, Syngenta se ha posicionado como líder indiscutido de la provisión de agroquímicos, desplazando en el podio a Bayer-Monsanto. Compiten en la producción de agrotóxicos como el glifosato. El acercamiento del exCEO de la empresa china al gobierno viene desde hace años. Algunos medios han atribuido a Aracre la invención de nada menos que la propuesta del “dólar-soja” –de donde el agro deriva los ingresos para comprar semillas y químicos. De acuerdo a Ámbito (12/10/22), Aracre, un amigo del ex ministro Guzmán, “tiene buen vínculo con el ministro de Economía, Sergio Massa”. Hace un tiempo afirmó que “yo hablo con Martín Guzmán, hablo con Sergio Massa y con Wado. Me he juntado con Larreta, con Vidal”, y también con Macri. En cada entrevista, Aracre se ha posicionado como un campeón del “desdoblamiento cambiario”, uno comercial y otro financiero, como paso previo a un mercado único de cambio. Los sojeros reclaman el mercado único sin transiciones. Aracre ingresa al gobierno cuando arrecia la campaña de Biden contra la presencia de China en América Latina. Estados Unidos pretende remodelar la cadena de producción con el sur del continente, lo que afectaría a las exportaciones industriales de China. Este choque internacional talla fuerte en las internas de los bloques patronales. El comercio fuertemente deficitario de Argentina con China, que China pretende compensar con inversiones en infraestructura (Ruta de la Seda), afecta a grupos fundamentales como Techint, decididamente aliado a Estados Unidos. La agroindustria, en cambio, está atada estructuralmente al mercado chino. Estados Unidos ha lanzado un enorme programa de subsidios internos que desplaza del mercado norteamericano a la competencia extranjera. Una de sus consecuencias es cerrar la importación de litio desde Argentina, donde hay grandes inversiones de China. Aracre, advertido de esta circunstancia, buscará neutralizar la ofensiva norteamericana y trazar un delicado equilibrio entre los interés en pugna. Es así que planteó “destrabar un poco la política” y “arribar a acuerdos básicos” (El Cronista, 4/1). En la misma onda que el sojero Grobocopatel, Aracre está interesado por la “economía popular”. Ha propuesto armar “una red entre empresarios, organizaciones y voluntarios con este desafío de crear comunidades autosustentables, especialmente en el conurbano, y así empezar a pensar en una provincia más inclusiva”. Para ello, destacó la importancia de “la creación de cooperativas en los barrios donde más evidente sea la presencia de esta población vulnerable para lograr cierto tipo de proceso de industrialización básico”. De la mano de esto, el ahora exCEO de Syngenta es un campeón de la “reforma laboral”. También de la “educativa” –para “encontrar un laburo rápido”. La ventaja de los asesores, si son prudentes con sus ‘chats’, es que a diferencia de los ministros no deben responder al Congreso. Un prochino en el gobierno muestra los malabares de la diplomacia de la República Popular.

5 de enero de 2023
Uruguay: un gobierno jaqueado por escándalos vota una reforma jubilatoria antiobrera

El Senado de Uruguay acaba de votar la reforma jubilatoria enviada por el gobierno de Lacalle Pou, el que ingresará a la cámara de diputados a mediados de febrero. El gobierno espera completar la aprobación de la ley a mediados del año 2023. La reforma consiste en incrementar la edad de retiro de los trabajadores a los 65 años, mientras que rebaja la fórmula de cálculo de las futuras jubilaciones y al mismo tiempo obliga a todos los asalariados a volcar parte de sus aportes a una administradora previsional privada (AFAP). Es un triunfo parcial para un gobierno que viene en caída en las encuestas de opinión pública, luego de diversos escándalos y golpes políticos sufridos en el curso del año 2022. Hay que recordar que el año comenzó con un referéndum en torno a una “ley de urgente consideración” (LUC) que intentaba generar un marco para un ataque al movimiento obrero; a fines de marzo el gobierno logró evitar la derogación de 135 artículos de esa LUC por un escaso 1%. Tras la votación, Lacalle Pou proclamó que iría por la reforma de la seguridad social, buscando alinear a todos los partidos de la coalición derechista, que vacilaban al respecto. El referéndum se dio en un marco de apoyo prácticamente unánime a Lacalle por parte de las distintas fracciones burguesas, en una situación de boom de exportaciones a China y con precios internacionales record para los productos agropecuarios. Sin embargo, el año culmina con un enlentecimiento de la economía, especialmente de las exportaciones, un estancamiento en la producción y crecientes quejas por el llamado “atraso cambiario” (demandas de devaluación de la moneda, que se ha apreciado frente al dólar). Algunas fracciones de la pequeña burguesía (como el grupo “Un solo Uruguay”, en el que se organizan pequeños comerciantes y productores rurales) han tomado un talante crítico respecto al gobierno, que se manifiesta incluso en la oposición de USU a la reforma jubilatoria. “Un solo Uruguay” había ganado la elección del representante empresarial en el Banco de Previsión Social (BPS) contra todas las grandes cámaras patronales –pese a que el Frente Amplio le había dado su apoyo a la lista del gran capital. En términos generales se mantiene un apoyo al gobierno de parte de la mayoría de la clase capitalista (una reciente encuesta del semanario Búsqueda entre altos ejecutivos y empresarios determinó que un 73% apoyaba la gestión del gobierno). La coalición derechista que triunfó en 2019 es muy heterogénea –expresa las contradicciones y las disputas intercapitalistas– pero ha logrado mantenerse unida al menos hasta ahora. Más allá de algunos amagues de disidencia del partido Cabildo Abierto (liderado por el ex Comandante del Ejército Manini Ríos), y de una profunda crisis en el Partido Colorado, todos los socios derechistas apuntan a mantenerse unidos al menos hasta las elecciones e incluso especulan con la posibilidad de presentarse en 2024 en forma unida en un “lema electoral” común (aunque no es muy probable). Se podría decir más que nunca que no los une el amor sino el espanto. La aprobación de la reforma jubilatoria es precisamente un mandato del capital financiero y de la burguesía de conjunto, que demanda se destinen más recursos del Estado a garantizar el pago de la deuda externa y a los subsidios a los capitalistas. Lacalle Pou ha logrado en plena pandemia reducir el gasto estatal y el déficit de las finanzas públicas, ganando el aplauso del FMI. Sin embargo, el gobierno y en particular el presidente Lacalle han sido duramente golpeados por episodios de corrupción, en particular el descubrimiento de que el jefe de la custodia presidencial lideraba una banda criminal desde la propia casa de gobierno –y con fuertes ramificaciones hacia la Policía y otros organismos estatales. Todos los días aparecen nuevas derivaciones y denuncias, que ponen en jaque al gobierno. Han debido renunciar varios altos jerarcas de la policía, y recientemente también debió renunciar la vicecanciller por otro escándalo en torno a un pasaporte entregado a un narcotraficante que está prófugo. Por otra parte, son coincidentes todas las encuestas en cuanto a la caída de apoyo a Lacalle y al gobierno. En este contexto, el gobierno está jugado a cumplir con su anuncio de marzo y sacar adelante la reforma jubilatoria. Fracasar en este terreno lo colocaría como un gobierno acabado, y aceleraría la crisis política. La “oposición” frenteamplista La aprobación de esta ley reaccionaria, en un cuadro político de creciente desprestigio del gobierno, sólo puede ser posible gracias a la colaboración de la “oposición”. En el Senado el Frente Amplio se ha negado a votar la ley “en general”, aunque le ha dado aprobación a una veintena de artículos (en un proyecto que tenía más de 300). La oposición centroizquierdista tuvo un intenso debate respecto a cómo comportarse en el parlamento, en tanto algunas fracciones pretendían rechazar la totalidad del articulado e incluso retirarse de sala al momento de la votación, planteo que contó con el apoyo de 1/3 de su plenario nacional (y buena parte de los representantes de “comités de base”). Desde el ala derecha vinculada a Danilo Astori (ex vicepresidente y ex ministro de Economía en los gobiernos del FA), pero también desde el MPP de Mujica y desde el propio Partido Comunista, se ha impulsado y acordado un planteo que busca enfrentar los planteos de hacer una oposición más decidida. El PCU es la corriente mayoritaria hoy en la central sindical PIT-CNT, en la cual está aliada a sectores de la derecha del FA, y viene asegurando una estrategia que contiene la movilización de masas y pretende canalizar todas las protestas en el marco de las elecciones de 2024. Hay que recordar que tanto Astori como Mujica fueron de los primeros en plantear el aumento de la edad de retiro, ya en los meses previos a las elecciones de 2019. Incluso ya en 2014 el programa de gobierno del Frente Amplio planteaba el aumento progresivo de la edad jubilatoria. También durante quince años de supuesto “progresismo”, se mantuvo vigente el régimen mixto (que incluye la privatización parcial del sistema previsional). Recientemente, el senador Mario Bergara (posible precandidato por el ala derecha del FA) recordó que el programa de la coalición de centroizquierda no incluye la eliminación de las AFAP (administradoras privadas). Bergara también centra la crítica en que el proyecto del gobierno descarga todo el costo sobre los asalariados, aunque no expresa como buscaría “repartir” el costo con los empresarios. Durante los gobiernos frenteamplistas, los aportes patronales fueron reducidos del 12% al 7,5%, y se generaron más exoneraciones impositivas; actualmente, más del 26% de los aportes patronales están exonerados, sobre todo para grandes multinacionales y empresas instaladas en zonas francas. Dentro del Frente Amplio se está conformando un bloque en torno al Partido Socialista, que plantea la eliminación de las AFAP y que critica que el aporte obrero duplica el aporte empresarial (a diferencia de lo que sucede a nivel internacional e incluso regional), pero olvida denunciar al propio Frente Amplio que mantuvo e incluso agravó esta situación. El PS viene atravesando una larga crisis, a partir de que su ala derecha fue desplazada de la secretaría general y de la mayoría de su dirección, lo cual ha provocado una sangría de dirigentes. Recientemente, se hizo pública la renuncia del ex candidato presidencial del FA, Daniel Martínez. Tanto la Juventud Socialista como los sectores sindicales que permanecen en el partido, han adoptado un discurso “anticapitalista” y declaran rechazar la mera “restauración del ciclo progresista”, y su planteo de “construcción de una corriente socialista en el movimiento social y de un espacio político poscapitalista (…) dentro del Frente Amplio” equivale a postularse como rueda de auxilio y rastrillo electoral de izquierda al servicio de la dirección burguesa del FA. El PS está encolumnado detrás de la actual Intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, la cual no levanta ningún planteo “poscapitalista” sino que defiende mantener las AFAP (jubilación privada). Mientras el gobierno votaba la reforma jubilatoria, José Mujica se venía reuniendo en secreto con Lacalle, y a partir de ese acercamiento se anuncia que el ex presidente frenteamplista concurrirá a la asunción de Lula junto al presidente uruguayo. El gesto de Mujica es un intento de bajar las tendencias a la polarización, de más está decir que Mujica no necesitaba la invitación de Lacalle porque ya estaba invitado por el propio Lula. “Pepe” Mujica ha publicado hace poco un libro junto al expresidente Julio María Sanguinetti (colorado), y se postula como un apoyo para restablecer las deterioradas relaciones de Lacalle con sus socios en la región (generada por la pretensión de acordar un TLC con China o integrar a Uruguay al acuerdo Transpacífico). Lucha de tendencias en el PIT-CNT El 15 de noviembre, en el marco de un paro parcial y una marcha del PIT-CNT contra la reforma jubilatoria, hizo uso de la palabra la compañera Karina Sosa –hace poco electa presidenta del sindicato del BPS, ATSS. La oratoria de ATSS fue resistida por la mayoría del PIT-CNT, aunque finalmente no pudo ser impedida (se impuso por 15 votos a 14, y varias abstenciones). El sindicato del BPS viene llevando una campaña contra la reforma jubilatoria y contra el mantenimiento de las AFAP, y no descarta la posibilidad de impulsar un plebiscito a través de una reforma constitucional en 2024 para intentar derogar el régimen de jubilación privada. En su discurso frente a miles de trabajadores movilizados, Karina Sosa reivindicó “la huelga” como el camino para enfrentar la reforma del gobierno. A comienzos de diciembre, en la Mesa Representativa del PIT-CNT, algunos sindicatos propusieron votar un paro general de 48 horas y un plan de movilización para enfrentar la reforma, y también preparar la posibilidad de un plebiscito constitucional. El planteo fue rechazado por la mayoría de la central sindical. Algunos de los sindicatos que impulsaron este planteo, también realizaron un acto frente al Ministerio de Trabajo –con el planteo de unificación de las luchas en curso, y también agitando la necesidad de un plan de lucha contra el gobierno. Aunque algún sindicato dirigido por el PS apoyó esta moción (en particular, FANCAP, sindicato de trabajadores de la petrolera ANCAP) los sindicatos mocionantes no están dirigidos por corrientes del FA en su mayoría. El debate instalado en los sindicatos sigue siendo confuso y puede resultar abusivo hablar de “lucha de tendencias” en tanto no existe un bloque definido que impulse en forma clara y sistemática una campaña dirigida a la base del movimiento obrero para quebrar la parálisis que impone la dirección frenteamplista. Sin embargo, es innegable que esta deliberación incipiente expresa en forma deformada una tendencia que anida en la base sindical y en la juventud, y que ya se ha expresado recientemente en la huelga educativa. ¿Huelga general? Este año estalló una importante lucha estudiantil y docente, que surgió superando los bloqueos de las direcciones frenteamplistas (y en particular del PCU). Los centros de formación docente de todo el país (magisterio, profesorado) salieron a la lucha contra la reforma anti-educativa del gobierno. Se produjeron ocupaciones estudiantiles (apoyadas por docentes) en localidades del interior donde no existen hace años gremios de estudiantes, y por supuesto también en Montevideo. La lucha contagió a los docentes de secundaria, y a la Universidad. La burocracia del PCU se oponía a la huelga, pero durante un breve período no pudo evitarla. El activismo de los gremios estudiantiles y los sindicatos docentes debate la posibilidad de no iniciar las clases en marzo, para enfrentar la reforma de la enseñanza y ahora también la reforma jubilatoria (que comenzará a ser tratada en la cámara de diputados a fines de febrero). El debate en la cúpula sindical en torno a la “huelga”, al “paro general de 48 horas” o el “plan de lucha”, es otra expresión de las tendencias a la lucha que emergen desde abajo, pese a las direcciones sometidas al FA. La burocracia frenteamplista les opone la convocatoria a mediados de 2023 de un “nuevo Congreso del Pueblo”, donde busca generar una “alianza más amplia” al servicio de una acumulación electoral en 2024. Los dirigentes mayoritarios del PIT-CNT plantean que el gobierno debe “pagar el costo político” de aplicar la reforma jubilatoria, en otras palabras: no se plantean derrotar el paquete del gobierno sino explotar electoralmente la indignación que genera en los explotados… mientras lo dejan pasar garantizando la parálisis del movimiento obrero. La discusión de un posible plebiscito en 2024 que defienden ATSS y algunos sindicatos, es atacado desde el FA y la dirección del PIT-CNT, con el argumento de que lo más importante es garantizar un triunfo electoral del FA. El Frente Amplio quiere volver a ganar el apoyo del gran capital y el imperialismo, y debe mostrar a los banqueros que no se somete a presiones sindicales incluso si eso lo beneficiara electoralmente. Al contrario de lo que espera la dirección actual del PS, que es un FA más a la izquierda, todo el proceso “progresista” latinoamericano muestra a una centroizquierda más derechizada y más sometida al imperialismo que nunca. El PT de Uruguay viene llevando una intensa campaña contra la reforma jubilatoria, y colocando el planteo de la huelga general para derrotarla, así como para enfrentar la reforma educativa reaccionaria. El año 2023 se plantea como el escenario de una intensa deliberación en las organizaciones de masas, y de grandes enfrentamientos con el gobierno de Lacalle Pou. Al calor de estas luchas, es necesario poner en pie una alternativa obrera y socialista, que de expresión consciente a las tendencias de la clase obrera a la lucha contra el régimen social y político capitalista. LEER MÁS La “contrarreforma” educativa en Uruguay: la demolición de la enseñanza secundaria LEER MÁS Uruguay: por un inmediato paro general y un plan de lucha

6 de enero de 2023
Concejo Deliberante de La Matanza: el FIT-U, Espinoza y JxC votan “regular” el glifosato bajo control de los contaminadores

En la última sesión del Concejo Deliberante se aprobó con el voto del conjunto de las fuerzas políticas una ordenanza que “regula” el uso de los agrotóxicos en el distrito de La Matanza – a una distancia de 1.100 mts. En la zona de Virrey del Pino se ha comprobado, con diversos estudios médicos, que los vecinos tienen glifosato en sangre, a causa de las fumigaciones de campos sojeros que se realizan en zonas lindantes a las viviendas. La población es lisa y llanamente envenenada. Desde entonces una asamblea de vecinos autoconvocados se encuentra en lucha para defender la salud de la población. El libro “Con la Soja al Cuello 2021” de la Dra. Stella Benítez expone que el Glifosato, el 2,4D y el Paraquat, tres de los principales herbicidas utilizados para los cultivos de soja transgénica, pueden generar efectos que “incluyen intoxicaciones agudas y crónicas que pueden darse a dosis pequeñas por un tiempo prolongado y afectar el sistema nervioso, el sistema hormonal, interferir en la fertilidad y la reproducción y producir cáncer. Son un ejemplo distintos tipos de cánceres, disrupciones en el sistema endocrino y el mal de Parkinson”. Recientemente el gobierno de Alberto Fernández designó a Antonio Aracre, ex CEO de Syngenta, como su jefe de Asesores. Esta empresa es proveedora de semillas y pesticidas al agronegocio y ha recibido numerosas denuncias por utilizar atrazina, un herbicida que puede tener efectos nocivos sobre el sistema endocrino de las personas. El gobierno “nacional y popular” viene de beneficiar a esta empresa y a Bayer-Monsanto con la habilitación de la libre comercialización del trigo transgénico HB4, que utiliza un agrotóxico 15 veces más dañino para la salud de la población que el propio glifosato. Los concejales del FIT-U han votado a favor de la regulación del agrotóxico. El concejal Juan Romero del PO (o) había sostenido lo contrario en una entrevista en el Diario NCO (28/12/22): “Nosotros, conceptualmente, del Partido Obrero, Frente de Izquierda, somos partidarios de la prohibición de la utilización de los agrotóxicos, de todos los agrotóxicos, no solo el glifosato”. El proyecto de ordenanza que presentaron los concejales del FIT-U a votación, sin embargo, proponía un perímetro de 3.500 mts. para la fumigación (N° 1416). La ordenanza aprobada fue consensuada por el conjunto de las fuerzas políticas del Consejo Deliberante, el 15 de noviembre del año pasado. Establece el límite de fumigación en los 1.095 mts. de la población. El organismo de control de la ordenanza será la “Subscretaria general de ambiente y desarrollo sustentable”, o sea el propio municipio, el principal promotor -junto con el gobierno nacional y provincial- del uso de agroquímicos. La ordenanza no prevé ningún tipo de reparación para los vecinos afectados por los agroquímicos y deja indemnes a los responsables de haberlos contaminados. El FIT-U se sumó al acuerdo político con las fuerzas del oficialismo y la oposición macrista. En su intervención, el Concejal del PO (o) valoró “enormemente” (sic) la ordenanza y hasta agradeció a los concejales del PJ y los macristas. El presidente del bloque del Frente de Todos en el Consejo Deliberante, Rolando “Rolo” Galván, celebró la aprobación del proyecto por unanimidad y resaltó que “hay que rescatar la decisión política del intendente de llevar adelante una ordenanza que va a ser ejemplo en la provincia de Buenos Aires” (El 1 Digital, 29/12). El FIT-U se ha unido a un pacto en el Concejo Deliberante promovido por la intendencia de La Matanza. Luego de un insistente cacareo ‘ambientalista’ ha votado la regulación del uso del glifosato bajo la supervisión de los contaminadores.

6 de enero de 2023
Fernando Báez Sosa: el juicio que conmueve al país

El juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa ha capturado la atención popular. Los medios siguen minuciosamente las alternativas de las audiencias que se desarrollan en Dolores. Está previsto que el debate se extienda por lo menos un mes. En febrero de 2020, pocos días después del ataque que le costó la vida, una multitud se reunió en Congreso para reclamar justicia. El crimen de Fernando conmovió seguramente por varias razones – la cobardía del ataque, la ausencia de remordimiento de los agresores, su posición acomodada. Actualmente están detenidos en un pabellón especial, separados del resto de los presos. La patota que agredió y mató a Fernando era conocida en Zárate, su ciudad natal, por sus recurrentes peleas. Hijos de funcionarios y empresarios, se conducían con la más completa impunidad. Los primeros testigos que declararon ante el tribunal -amigos de Fernando, un taxista, un chica que intentó reanimarlo, personal de seguridad del boliche Le Brique, un kiosquero, policías-, sumados a los videos de celulares y cámaras de seguridad, han sido demoledores. Según las crónicas, hasta el personal de custodia se sintió afectado por los relatos que se escucharon. Los acusados, en cambio, mantuvieron una actitud desafiante. Están previstas 177 declaraciones. Los ocho rugbiers son juzgados por el delito de "homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas". La pena que pueden enfrentar es la de reclusión perpetua. Además, serán juzgados por las lesiones sufridas por cinco amigos de Fernando que intentaron socorrerlo durante el ataque. Todo habría comenzado con una pelea dentro del boliche. De acuerdo a los testimonios, uno de los amigos que se encontraban con Fernando fue agredido por los rugbiers en la pista de baile. Se produjo un intercambio de algunos golpes y tironeos entre ambos grupos, hasta que los patovicas de seguridad los separaron y desalojaron del lugar. Afuera del boliche, los testigos coinciden en que Fernando fue emboscado. “A este negro de mierda me lo llevo de trofeo", dijeron por lo menos dos testigos haberle oído decir a uno de los agresores. La querella de la familia de Fernando acusa una matanza planificada. La defensa reclama que se especifique el rol de cada uno de los acusados en dicho ´plan´; de lo contrario, esgrime, estos no saben de qué se los acusa. Los defensores también han planteado la nulidad del juicio por la difusión del caso en los medios -la difusión de la identidad de los detenidos habría inducido determinados testimonios- y otras supuestas irregularidades. Por ejemplo, no haberles exhibido a los atacantes las filmaciones al momento de haberles tomado la primera declaración. Las impugnaciones fueron rechazadas por los jueces. Subsidiariamente, intentarán demostrar que se trató de una riña y que no se puede discernir quién o quiénes aplicaron finalmente los golpes mortales. Eventualmente, podrían intentar descargar el mayor peso sobre Máximo Thomsen, uno de los acusados más comprometidos, sindicado como cabecilla del grupo y autor de varias patadas en la cabeza de Fernando. Cabe agregar que la defensa no ha vacilado en apelar a todo tipo de chicanas, al punto de sugerir ´mala praxis´ durante los intentos de reanimamiento que un policía y una adolescente practicaron sobre el cuerpo inerte de Fernando hasta la llegada de la ambulancia. En varias de sus interpelaciones, el defensor de los rugbiers sugirió que mediaron sustancias o bebidas que alteraron a los involucrados, como una forma de intentar atenuar la responsabilidad de sus pupilos. Si la acusación de la familia prospera, en cambio, el rol de cada uno de los acusados es secundario. A todos, tanto a los que pegaron como a los que ´custodiaron´ la golpiza o agredieron a quienes intentaron mediar, les cabrá la coautoría del homicidio. No hubo una gresca en las afueras del boliche Le Brique sino una masacre. LEER MÁS: El juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa Por Ana Belinco.

6 de enero de 2023
La disputa por la coparticipación se fue de mambo

Han pasado seis meses desde que la Corte modificó la estructura del Consejo de la Magistratura, cuatro meses del atentado contra Cristina Kirchner y dos de la condena en el juicio por Vialidad. En ese mismo espacio de tiempo, CFK alteró la representación del Senado en la Magistratura, Luis Juez apeló ese cambio en la Corte, la Corte lo designó Consejero y el Senado ignoró esa sentencia. Enseguida después la Corte cambió el porcentaje de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, Alberto Fernández desoyó el fallo y luego de este amague reculó depositando el dinero en bonos y no en dinero, con perjuicio evidente para la administración porteña. En este marco de “guerra entre poderes”, que siempre dejó de lado a Sergio Massa, cuyas referencias son Nueva York y el FMI, aparecieron los ‘chats’ de los visitantes a Lago Escondido, que ponían de manifiesto un contubernio ‘sottoterra’ entre macristas, jueces, funcionarios de Larreta y hasta un asesor de Fernández – todos cobijados por el grupo Clarín. Cuando la copa se encontraba llena, otro ‘hackeo’ descubrió las comunicaciones ‘non sanctas’ entre el vocero del presidente de la Corte y los cortesanos porteños de Larreta para orientarlos en la disputa parlamentaria por la mencionada coparticipación y por la representación del Senado en el Consejo de la Magistratura. De pasó volvió a estallar la estafa del acarreo de autos en la Ciudad y el monopolio de las playas de estacionamiento, seguida de una crisis de gabinete local. Por cuerda separada, los representantes judiciales de CFK exigían a la jueza Capuchetti la unificación de causas por el atentado y aseguraban poder demostrar la responsabilidad que les correspondían a Gerardo Millman, un acompañante de Patricia Bullrich, y a Caputo, un negociante macrista en lo ocurrido en la noche del 1 de septiembre. Como Marcelo D’Alessandro, el funcionario más ‘chateado’ en los ‘hackeos’, es ministro de Seguridad de Larreta, los K no dudaron en demandar que sea investigado por el atentado ocurrido en la jurisdicción de la policía de la Ciudad. JxC y el diario Clarín no perdieron el tiempo en denunciar que todo este trapisondeo era el resultado de una “mesa militar” en la AFI, bajo la jefatura del ex jefe de Inteligencia del Ejército, César Milani. Esto desató una disputa entre Milani y el jefe de la AFI, Agustin Rossi. El ex militar reprocha al albertista no haber salido en su defensa frente a los ataques. El intercambio de fogueos permitió que la opinión pública se enterara de que, bajo el gobierno de los derechos humanos, centenares de militares retirados operan desde el ministerio de Defensa y en la AFI – antiguos carapintadas de Seineldin y acusados de masacres en la represión al asalto al cuartel de Tablada en febrero de 1989. A fuerza de ‘hackear’ adversarios, los operadores del kirchnerismo se encontraron ellos mismo hackeados. Carlos Pagni no tuvo reparos en citar a un investigador norteamericano para denunciar que el gobernador de Santiago del Estero y su mujer, vicepresidenta del Senado, están involucrados en el narcotráfico y en el ingreso del Primer Comando Capital en Argentina, una organización que opera desde cárceles brasileñas. Tampoco se ha privado de mencionar que Rosatti, el presidente de la Corte, tiene al narco, o sea a Zamora, en su mira. En la contraofensiva de JxC reapareció el histórico espía ‘Jaime’ Stiuso, que pasó la información de la existencia de una ‘mesa militar’ en la AFI al Pro. La división en el frente oficial -peronismo, FdT- encontró su réplica en el bloque contrario. El vapuleado D’Alessandro tuvo que pedir ‘licencia’ para que no lo echen; el procurador de la Ciudad se encuentra en una situación similar. La relación mafiosa de funcionarios porteños con la Corte desató, además, una serie de choques y escisiones, tanto en el Pro como en la UCR. La política de los oficialismos -kirchneristas y macristas- se ha convertido en una operación de espionaje. La división es general. En este contexto, a Alberto Fernández se le ocurrió plantear el juicio político a la Corte – en gran parte, advertimos, para madrugar al macrismo, ya listo para pedir lo mismo contra él, por tanto celular pinchado. Sergio Massa, que todos los días debe emitir billones de pesos para pagar intereses de Leliqs o comprar bonos de la deuda pública por medio del Banco Central, ha vuelto a pedir que lo dejen fuera del balurdo. Es también lo que más desean los dos Fernández, para que no les estalle en vacaciones una corrida cambiaria. El juicio político no puede prosperar en el Congreso, porque el oficialismo no tiene la posibilidad de reunir los dos tercios de los votos en Diputados. No es, tampoco, lo que importa al gobierno: el propósito es legitimar los ‘hackeos’, o sea probar su veracidad mediante la investigación que encarará la comisión parlamentaria para reclamar el Juicio Político. Todo esto podría ser una extorsión para mejorar la situación judicial de CFK, tanto en la apelación por Vialidad como en otros procesos que enfrenta. Arriesga convertir a la campaña electoral en el escenario de una disgregación política. En este aquelarre hay algo que es verdaderamente real. Las instituciones del Estado y los partidos que responden a los intereses del capitalismo se han convertido, como nunca, en antros de conspiración política. Rosatti y la Corte son culpables; lo es la mafia de Lago Escondido; lo es el kirchnerismo y su cortejo de militares reaccionarios; lo son las estafas económicas de CFK, Macri, Larreta, De Vido, los contratistas de obras públicas, los Sturzenneger y los Massa – pagadores de una deuda usuraria con el sacrificio del pueblo. LEER MÁS: D´Alessandro “se toma licencia” Por Fede Fernández. El espionaje ilegal y las trenzas de Rossati con el macrismo Por Emiliano Fabris.

6 de enero de 2023
Synthon: primera victoria y respuesta de la patronal
Roberto Vila

El fin de año culminó con una primera victoria de los trabajadores de Synthon, que venían acumulando desde septiembre 14 días de paro total de la planta, con la modalidad de 48 horas semanales y de un quite de colaboración que mantenía una de las dos plantas de producción permanentemente al 50% de la capacidad o detenida en el resto de los días y que obligó a reprogramar para marzo la fecha de entrega de la producción que debía terminarse en diciembre. La empresa finalmente accedió a modificar la fórmula para la liquidación de vacaciones con la modalidad que los trabajadores reclamaban y empezará a aplicarla en el mes que corre, un avance importante debido a los altos montos de las liquidaciones para quienes realizaron horas extras en el último semestre y también para quienes tienen adicionales variables como porcentaje de turno, sábados y domingos, etc. Es significativo porque la empresa pretendía una paz social hasta el 31 de marzo para aceptar la nueva fórmula, exigencia que fue en reiteradas ocasiones rechazada por la base porque le garantizaba a la patronal cumplir con el nuevo “programa de entrega de la producción ahora en marzo”. El error de liquidación en las vacaciones, sin embargo, no fue reconocido por la empresa por lo que no hubo acuerdo para los retroactivos de dos años que reclamaba la comisión interna y que representaban en algunos casos montos elevadísimos. Simultáneamente se firmó un bono anual de $157.563 a pagar antes del 14 de enero, que es en realidad la actualización anual del bono conseguido en 2020 y que incluía cláusula de “actualización anual por inflación”. El bono no formaba parte del conflicto, sin embargo es un punto que la empresa no se animó a tocar para no sumar disconformidad en el resto de los trabajadores que lo cobran, como los “fuera de convenio”, que en muchos casos carnerearon la medida de fuerza. No hubo respuestas positivas en ningunos de los demás reclamos (retroactivos por vacaciones, plantillas mínimas, encuadramiento a convenio de tercerizados, ni mucho menos por el pago de las horas caídas durante el conflicto) por lo que la medida de fuerza no fue levantada. Durante enero se está realizando en la planta la “parada anual de mantenimiento” y la empresa otorgó compulsivamente las vacaciones a todo el personal operativo durante esa fecha, lo que dificulta la continuidad de los paros semanales y los bloqueos, no así del quite de colaboración que seguirá realizándose en mantenimiento y con algunos otros compañeros que tienen menos días de vacaciones. La asamblea del 28/12 votó esa continuidad y autoconvocarse ni bien termine la parada anual de planta para continuar la medida. La empresa aprovechó el *impasse *que generó con las vacaciones colectivas y despidió hasta ahora a 3 compañeros contratados que hacían tareas habituales de planta, uno de ellos con 2 años de antigüedad, los otros con 1 año (los tres con la modalidad de “no renovación”). Ninguno de ellos afiliado, justamente por temor a que no “renueven”. Sumado a ello la empresa de tercerizados de limpieza amenazó con trasladar a todos los compañeros a otro lugar de trabajo, otro método de despido encubierto que sufren permanentemente los tercerizados. Esta situación pone sobre la mesa nuevamente la cuestión del pase a planta permanente para todos los precarizados, reclamo que la comisión interna rechaza por una cuestión “táctica” y la directiva porque el único interés que tiene con los tercerizados es quedarse con la cuota sindical, que tendrían garantizada con el “pase a convenio” independientemente de quien realice la tarea. El silencio de Directiva e Interna ante los despidos y ante la amenaza de traslado es atronador. La cuestión de los precarizados es general en todas las plantas, una medida de fuerza colectiva de los químicos del cordón debería fortalecer este reclamo y el resto de los reclamos de cada fábrica. Es lo que se discutió en la asamblea del 28 y ahora, con los despidos y amenazas, deberá ser punto central en la próxima asamblea.

6 de enero de 2023
Reino Unido: una "huelga general de facto"

En diciembre, en Reino Unido, 1,5 millones de trabajadores fueron a la huelga. En el año nuevo 2023, esta tendencia seguirá en crecimiento. Muchos medios de comunicación describen la situación como una "huelga general de facto", debido a que varios sindicatos evalúan coordinar acciones. Desde 1926 que no se ve una situación igual. El gobierno de Rishi Sunak amenaza con declarar “servicios esenciales” varios de los sectores que protagonizan el movimiento, incluyendo trabajadores de la salud, ferroviarios, docentes, bomberos y agentes de migraciones. Las huelgas serían declaradas ilegales si no se garantizan “dotaciones mínimas” y las represalias podrían incluir el despido. La inflación -y el consiguiente aumento del costo de vida- provocada por la guerra imperialista de la OTAN en Ucrania y las malas condiciones de trabajo son el principal detonante. La inflación alcanza el 10,7% en Inglaterra, pero arrima al 15% en Gales y Escocia. Es la más alta de los últimos 40 años. Los trabajadores del archipiélago británico reclaman un aumento salarial que sobrepase la inflación. El gobierno responde con una cantinela que los trabajadores argentinos conocemos de memoria, a saber: que el aumento de salarios sería inflacionario. Incluso intervino para boicotear una oferta de las patronales ferroviarias que, sin satisfacer el reclamo obrero, se colocaba un poco por encima de la media de 5 puntos que ha establecido como política de ajuste salarial. Un portavoz del gobierno afirmó que si hay un aumento salarial de dos dígitos solamente alimentará la inflación. Lo que genera la inflación no son los salarios, por supuesto, sino el desequilibrio que la guerra ha introducido en la economía mundial. Sectores capitalistas, en cambio, están embolsando ganancias siderales con la “oportunidad” que les ofrece la masacre. Las huelgas británicas, como otras que recorren Europa, son manifestaciones primarias del movimiento obrero frente a la conflagración imperialista. Una encuesta de opinión de YouGov mostró que el 66 % de los encuestados apoyaba a las enfermeras en huelga y sólo el 28 % se oponía a ellas y que 58% estaba a favor de las demandas de los bomberos y apenas el 33% en contra. Otra encuesta, realizada por Savanta ComRes, encontró que el 43 % está a favor de las huelgas ferroviarias y sólo el 36% se opuso. Este respaldo popular encierra una bomba política. Una agenda de huelgas A partir del 3 de enero, los trabajadores ferroviarios de la RMT y ASLEF iniciarán los cinco primeros días de paro nacional. Se calcula que 80.000 trenes serán cancelados esta semana debido a que se paralizará la mayoría de los servicios ferroviarios en todo el país. Los miembros del Sindicato de Servicios Públicos y Comerciales (PCS) que trabajan como oficiales de tránsito y operadores de salas de control en el suroeste de Inglaterra y West Midlands también lanzaron dos días de huelga en todas las regiones, el 3 y el 4 de enero. Mientras tanto, el 9 de enero, la Asociación Médica Británica comenzará a votar si 45.000 médicos jóvenes en toda Inglaterra van al paro. En salud, se preparan para otra ronda huelguíistica, con paros de trabajadores de servicios de ambulancia en Inglaterra el 11 y 23 de enero organizadas por Unison y otra serie de huelgas de RCN el 18 y 19 de enero. Cabe destacar que el secretario de salud, Steve Barclay, trató de limitar el aumento salarial anual. Barclay, propone apenas un aumento del 2%.Los especialistas advierten que esta propuesta de hambre puede llevar a una gran lucha de todo el sector público de salud. Por su parte, el 10 de enero, decenas de miles de profesores del Instituto Educativo de Escocia harán una huelga, junto con miembros de la Asociación Escocesa de Profesores de Secundaria. La burocracia sindical busca dosificar las medidas, pero el Reino Unido es un polvorín. LEER MÁS Reino Unido: avanza el calendario de huelgas Diciembre en Reino Unido: “Un calendario lleno de huelgas”

6 de enero de 2023
La Matanza: docentes autoconvocadas de nivel inicial se movilizan por medidas de protección
Mariela Arri

Impulsado por docentes del Jardín 949 de Isidro Casanova, un nutrido grupo de docentes y auxiliares de diferentes jardines del distrito, se autoconvocaron en la jefatura regional y en el Consejo Escolar del distrito. Participaron agrupaciones de la Multicolor y una delegación del Suteba Matanza, aunque el sindicato no fue convocante, ni tampoco difundió la acción hacia el resto de la docencia. El Nivel Inicial y la docencia en general, vienen siendo blanco ataques, denuncias sin pruebas y escraches. En el Jardín 949, se terminó exponiendo la integridad física de las maestras y auxiliares del establecimiento, luego de que algunas familias denunciaran a un auxiliar por el supuesto abuso a un alumno. Terminaron prendiendo fuego en la escuela, mientras las docentes no podían salir del edificio. Las compañeras presentaron a las autoridades un petitorio exigiendo al Estado que garantice "el cuidado, la atención y el resguardo de los niños y niñas vulnerados en sus derechos". La desintegración que sufren las familias, a causa de la crisis social, termina explotando en situaciones de conflicto que se manifiestan a diario en los jardines de infantes. Entre otros puntos, las docentes reclaman que, ante la formulación de las denuncias, el Estado releve inmediatamente al personal de las escuelas para preservarlos de posible agresiones, exigir que un equipo técnico interdisciplinario (abogados, psicólogos, peritos, psicólogos) intervenga en la investigación para esclarecer la denuncia realizada, y la realización de una conferencia de prensa para explicar a los medios los resultados de la investigación y esclarecer lo que haya sucedido. Por último, también se propuso "demandar a las familias por calumnias injurias, falsos testimonios, daños y perjuicios en el caso que los hechos denunciados no hayan ocurrido en las instituciones educativas". La respuesta de las autoridades ante todos los pedidos fueron promesas vacías. Las inspectoras del nivel intervienen, no en función de resolver alguna de todas las problemáticas planteadas, sino para inculcar el miedo ("no digas nada", "que esto no salga del jardín") y silenciar los reclamos que hace años vienen planteando las compañeras La dirección del Suteba Matanza, que actúa en común con inspección, pretendió -sin éxito- apropiarse de la movilización. La secretaria general de Suteba La Matanza, Daniela Sposato, fue increpada por la falta de convocatoria del sindicato a acciones de lucha y por su nulo acompañamiento en otro tipo de circunstancias similares, como la del Jardín 1.000 de Virrey del Pino. Varias maestras plantearon que, en estas condiciones de desprotección, "no se pueden empezar las clases en marzo de 2023" y que no se puede volver a las aulas hasta que no liberen a compañeros que hoy están detenidos sin pruebas. La celeste, frente a esta serie de cuestionamientos, prometió una "movilización para febrero" para intentar descomprimir la bronca. Que en periodo de vacaciones, docentes y auxiliares se movilicen muestra el estado de hartazgo que recorre a la docencia por las paupérrimas condiciones de trabajo que deben soportar, ante la inacción de las autoridades y los sindicatos.

7 de enero de 2023
Israel: el nuevo gobierno declara la guerra a la Corte

Acaba de asumir un nuevo gobierno israeli encabezado de nuevo por Binyamin ´Bibi´ Netanyahu, luego de un corto interregno de una coalición capitaneada por un partido formado de ex generales de las FDI (fuerzas armadas israelíes), que llevaba los restos de la izquierda sionista como furgón de cola. La nueva coalición gobernante repite muchos actores y socios anteriores, pero representa un salto de calidad: los partidos de la ultraderecha han logrado una preponderancia sin precedentes, como se refleja en el reparto de los ministerios. Estos sectores de ultraderecha llevan ventaja sobre los otros miembros de coalición a pesar de constituir una minoría parlamentaria. La oposición denuncia que el nuevo gobierno pretende de conjunto un “cambio de régimen” (Haaretz, 4/1), una acusación justa pero parcial. El fascismo israelí, como todo fascismo, es peculiar. En comparación con el fascismo italiano clásico, el israelí es profundamente religioso, esencialmente mesiánico. Ata la profecía de la llegada del mesías a la perspectiva de limpiar la tierra de Israel (cuyo territorio excede las fronteras del actual Estado) de ´okupas´, para que el pueblo judío pueda heredarla. Del mismo modo, tiene en la mira la construcción de un nuevo templo encima de las ruinas de la mezquita de Al-Aqsa, en Jerusalén. Se diferencia de la ortodoxia no sionista principalmente porque ambos hitos (la “herencia” de la tierra y la construcción del nuevo templo) no se delegan exclusivamente al accionar divino; no se trata de esperar pasivamente la llegada del Mesías, sino de poner manos a la obra para realizar las tareas previas. Traducido, brinda una legitimación religiosa para la eventual ´limpieza étnica´ en los territorios ocupados. Comparado con el caso alemán, el fascismo israelí no gira en torno a la idea de raza. En cambio, la identidad judía es definida estrictamente dentro de los límites de la halajá , la ley religiosa. En ese punto, no tiene diferencias con la ortodoxia, pero a diferencia de ésta, se propone copar el Estado israelí para reformar sus instituciones y contenido legal para remodelarlo de acuerdo a la halajá . Su estrategia con respecto a los palestinos consiste en desintegrarlos económica, social y políticamente, lo cual incluye masacrar sistemáticamente a su activismo y organizaciones. El Estado sionista ha establecido acuerdos con la burocracia palestina -tanto con Al Fatah como con Hamas-, que colabora en la represión en los territorios que ella administra. La desintegración política tuvo muchas etapas y una lenta evolución. Su resultado actual es un pueblo palestino dividido en su participación y vida política, primero, entre los palestinos que han sido desplazados afuera de la Palestina histórica; segundo, con los que han quedado dentro de las fronteras formales de Israel; tercero, con quienes permanecen dentro de los territorios ocupados desde 1967; y ahora, entre quienes viven en Gaza y Cisjordania (de manera muy reciente Netanyahu ha actuado militarmente para evitar una reconciliación entre Fatah y Hamas). Es un proceso de atomización progresiva que ha sido impulsado a través del tiempo por la totalidad del arco político israelí, pero son los fascistas quienes se pronuncian deseosos de llevarlo a fondo. El patrón de asentamiento de colonias en Cisjordania, colocadas en puntos geográficos clave, que cortan la comunicación entre pueblos palestinos o su acceso al agua, etc., apuntan a ahogar la vida social y económica en Cisjordania. Sin hablar por supuesto del robo de tierras para instalar colonias o bases militares, el acoso constante a los agricultores palestinos, las redadas nocturnas y el ´gatillo fácil´ que sucede prácticamente a diario. En este sentido, la anexión formal de Cisjordania (objetivo gritado a viva voz por la ultraderecha israelí), sin la concesión de ciudadanía a los palestinos, constituye un paso más. Los mismos fines persigue el bloqueo económico a Gaza, que ya lleva casi década y media. Los palestinos de estos territorios han sido prácticamente reemplazados en su papel histórico de mano de obra barata en Israel por la importación de trabajadores semi esclavos del sudeste asiático. Una vez hecha imposible la vida dentro de los bantustanes de Gaza y Cisjordania, se apuesta a la limpieza étnica por desplazamiento, como si fuera la “voluntad propia” de su población. En esto se diferencia con el régimen de Apartheid en Sudáfrica. Cuando éste pretendía prolongar de manera indefinida la segregación racial, el fascismo sionista apunta a empeorar progresivamente las condiciones de vida de los palestinos para eventualmente no dejar otra opción que el desplazamiento o verse sometidos a la condición de extranjeros en su propia tierra. Es una suerte de genocidio en cámara lenta. La ultraderecha ha logrado avances significativos en el control del aparato estatal, lo que la deja en posición de avanzar en el programa hasta aquí descrito y hacer pasar una legislación que altere radicalmente la vida dentro de Israel y las condiciones de los palestinos. Israel, presentado por sus propagandistas como un ´enclave europeo´ en Medio Oriente, carece de una Constitución y ningún sector político israelí tiene interés alguno en avanzar en proceso constituyente alguno por el momento. En su lugar, la legislación en Israel se basa en una serie de “leyes básicas”, para cuya aprobación, derogación o alteración, sólo se necesita de mayoría simple en el Parlamento. Las “leyes básicas” no son un conjunto de leyes aprobadas junto con la fundación del estado, sino que se fueron ´acumulando´ a través de décadas. En otras palabras, cada gobierno, que cuenta de entrada con una mayoría parlamentaria, tiene manos prácticamente libres para hacerlas y deshacerlas. El único mecanismo de contrabalance a esta situación es el veto de la Corte Suprema, si esta considera que una ley contradice una ley básica anterior. Pero, en ausencia de un texto constituyente, el criterio de la Corte con respecto a leyes que cambian sustancialmente la vida política y social siempre ha sido discrecional. Por ejemplo, no hizo objeción alguna a la última ley básica, impulsada por Netanyahu y aprobada en 2018, la nefasta “Ley de Estado-Nación”, la cual establece que el Estado israelí no es un estado para los ciudadanos israelíes sino para el pueblo judío. Estamos ante un caso anómalo en el cual el contenido nacional (en el sentido legal) de un Estado no se condice con su ciudadanía efectiva: un tercio de la población israelí no es judía (mayoritariamente son palestinos) y la gran mayoría de los judíos no son israelíes ni tienen planes de serlo. Esta ley le da ´marco jurídico´ no sólo a la actual discriminación contra los palestinos con ciudadanía israelí (por ejemplo, en materia de servicios públicos), sino también para futuras diferenciaciones formales en materia de derechos en su contra. No obstante, toda la coalición derechista -cada partido esgrimiendo sus razones y causas legales particulares- confluye en el proyecto de una reforma legal que recorte significativamente el poder de la Corte Suprema. Con la desaparición de este contrapeso, cualquier iniciativa por parte del ejecutivo, no importa cuán abiertamente contradiga las reglas o principios de un régimen democrático, solamente quedaría como obstáculo el humor y los pareceres de quien habite la Casa Blanca, principal soporte del régimen israelí. Los sectores que esperan largamente para imponer la ley religiosa como ley estatal necesitan de esta alteración del equilibrio de los poderes, ya que no tienen perspectiva alguna, por el momento, de poder hacer pie dentro del poder judicial y menos aún de constituir una mayoría. En otras palabras, la reforma judicial que viene fogoneando la nueva coalición le abrirá las puertas a la imposición del oscurantismo religioso a toda la sociedad. Esto retrata una regresión brutal del sionismo, que pasó de ser un proyecto de integración de los judíos a la modernidad a una admiración por lo bajo del régimen de los ayatolas en Irán. Irremediablemente, la marcha del Estado de Israel hacia una teocracia ahondará las grietas con la vida judía diaspórica, que tiene sensibilidades y aspiraciones muy diferentes. No es casual que, por primera vez, un partido religioso se haya hecho con el control del ministerio que regula la relación con las comunidades diaspóricas y que haya expresado su deseo de alterar la Ley de Retorno, apuntando a limitar la inmigración de judíos de extracción menos observante (Infobae, 2/1). La ultraderecha también se hizo con la cartera del Ministerio de Seguridad, por primera vez, colocando allí al colono fascista y kahanista confeso, Itamar Ben Gvir. Como no podía ser de otra manera, inauguró su cargo con una enorme provocación, paseándose rodeado de un ejército de policías por la explanada de la mezquita de Al-Aqsa, lo mismo que 20 años atrás desató la Segunda Intifada. El nivel de provocación es tal que ha desencadenado una ola de cr{iticas a nivel mundial, incluso de parte de EEUU (Haaretz, 3/1). Esto no es todo lo que la ultraderecha ha conseguido por primera vez. En concreto, como solución de compromiso con el Likud, éste se quedó con el Ministerio de Defensa, pero se le retiró el control de organismos encargados de la administración civil en los territorios ocupados de Cisjordania, lo cual incluye la gestión y definición de terrenos, que pasa a ser controlado por Bezalel Smotrich, un colono militante del robo de tierras (Israel Hayom, 12/5). Este salto en la larga evolución del Estado israelí hacia un régimen de tipo fascista se explica por la propia dinámica de largo plazo. Se trata de una estructura emplazada para ejercer una guerra eterna y permanente contra una población originaria hasta su neutralización como sujeto político. La contradicción de esta función fundamental con cualquier pretensión democrática o progresiva determina que estas últimas, tarde o temprano, deben ser desechadas por el Estado, del mismo modo que a un diamante en bruto le son retiradas las impurezas para alcanzar su forma final. Para avanzar en la tarea histórica de desintegración del pueblo palestino, el Estado israelí necesariamente debe también alterar el régimen de vida interno para con los judíos, reforzando la opresión y las características oscurantistas y chauvinistas. La fascistización del estado siempre va de la mano con la fascistización de la sociedad, la búsqueda por formar un ´nuevo tipo´ de judío (proceso que comenzó hace muchas décadas), capaz de llevar adelante las nefastas tareas que le encarga el Estado fascistizante, que a su vez lo buscará imponer por sobre los judíos realmente existentes dentro y fuera de Israel. Esto tenderá a producir un quiebre con las comunidades diaspóricas o en su defecto una mayor desarticulación de estas. LEER MÁS Israel: cien mil personas ganaron las calles

7 de enero de 2023
Portuarios de Rosario: semana de lucha por todos los despedidos

El lunes pasado los trabajadores portuarios de la Terminal Puerto Rosario (TPR), se movilizaron hasta las puertas de su sindicato, el SUPA, para exigirle que profundice las medidas de lucha por la reincorporación de los despedidos y contra la ´reforma laboral´ que pretenden introducir las patronales. Los obreros de TPR exigen la realización de una asamblea. La cúpula del gremio, apremiada por la movilización de las bases, montó un verdadero operativo represivo. Una patota de la burocracia y 50 policías se hicieron presentes. Valientemente, los trabajadores se mantuvieron firmes hasta reunirse con los representantes del sindicato. Estos prometieron “seguir la lucha” hasta que todos los obreros sean reincorporados, una promesa que no vale nada. En la víspera, el secretario general del SUPA afirmaba a los medios que los despidos eran “con causa” y que nada podía hacer por ellos. Uno de los compañeros despedidos se encadenó en los portones de ingreso al puerto con un bidón de nafta y amenazó con prenderse fuego si no lo reincorporan a su puesto de trabajo. Vicentin y Ultramar, concesionarios del puerto, han echado a rodar esta ofensiva como parte de un plan de flexibilización. El SUPA está ansioso por cerrar el conflicto y no seguir alimentando el activismo que se ha organizado independientemente de él. A medida que los días pasan, las patronales automotrices, agro exportadoras, la UIA, entre otras, pusieron el grito en el cielo por las perdidas millonarias que trae la paralización del puerto. Exportar desde otros puertos de la Provincia de Buenos Aires desmanda un costo mucho mayor. Plan de flexibilización Si bien hace más de un mes que los trabajadores del puerto de Rosario están movilizados, la semana pasada hubo una escalada en el conflicto. Lo que agudizó la situación fue la conciliación obligatoria que decretó la ministra de trabajo, Kelly Olmos, tras la huelga indefinida que declaró el SUPA. Con la conciliación obligatoria en la mano, los estibadores despedidos se presentaron en las puertas de la TPR para empezar su jornada de trabajo. La respuesta de Vicentin y Ultramar fue no dejarlos entrar. Lo que procura la patronal es imponer una flexibilización laboral, aumentar las horas de trabajo, llevarlas de 6 a 8 horas y con ello eliminar un turno completo ¡Viva la lucha de los portuarios! ¡Por un paro general de todos los puertos del cordón industrial, hasta vencer! LEER MÁS Portuarios de Rosario: “Todos adentro, o ninguno labura”

7 de enero de 2023
Ciudad de Buenos Aires: no al cierre del CeSAC 31

El cierre de la salita en el barrio Ilia (CeSAC 31) refleja la decadencia en la que se encuentra actualmente la salud pública. La falta de mantenimiento edilicio y la ausencia del personal de seguridad ponen en riesgo la integridad física de los trabajadores y las familias de los vecinos en el barrio. Atentan, además, con el cierre de varias salitas que se encuentran en la misma situación de precariedad laboral y abandono por parte de las autoridades gubernamentales. Los trabajadores y vecinos se encuentran en una situación muy preocupante y de suma urgencia, debido a las negativas constantes a los reclamos enviados a las entidades correspondientes, que hicieron caso omiso de los mismos. Se puede ver a simple vista el deterioro de las instalaciones, la falta de mantenimiento estructural, las constantes goteras y la mala instalación del cableado eléctrico, que ponen en peligro constante a los profesionales de la salud, expuestos a riesgos que dificultan la normalidad de la atención sanitaria: tuvieron que fraccionar los horarios de atención, para resguardar su integridad y la de sus pacientes, teniendo en su historial varios accidentes sufridos por las malas condiciones en las que se encuentran las instalaciones eléctricas. En el edificio de la salita también funciona un Centro Infantil y una Biblioteca. Ésta última se encuentra todavía en peores condiciones, teniendo en su interior una notable invasión de hongos y deterioro en general, tanto en el piso como en las paredes, a causa de las goteras y el encierro durante la cuarentena. Sumado a esto cabe mencionar que los pisos superiores del edificio funcionan como viviendas familiares, algo que no es muy común en las instalaciones edilicias de las salitas barriales. Está situación agrava enormemente la insalubridad en el barrio. Los vecinos se manifestaron demostrando mucha indignación en la mirada de los niños que se acercaron al lugar. Un abuelo que se refirió como "nazis" a los funcionarios del Gobierno de la Ciudad y hubo hasta lágrimas por parte de algunas madres y vecinos al enterarse del cierre total de la salita, que constituye una parte indispensable para los trabajadores y familias del lugar. Los militantes de Política Obrera nos acercamos para llevar nuestro apoyo y solidaridad a estos reclamos que nos parecen fundamentales y de mucha importancia para las familias. En los barrios obreros, que ya sufren de carencias generalizadas, esta situación desintegra enormemente la estabilidad y el crecimiento en los barrios que precisan de estas instalaciones que, para muchos, son la única fuente de atención sanitaria para sus familias. Los trabajadores de la salita manifestaron que la situación es incierta y que no tienen certezas sobre el plan de acción para la reparación de las instalaciones o la relocalización y afirmaron su interés por seguir brindando la atención de calidad e integral en un espacio seguro. Desde Política Obrera nos solidarizamos y nos ponemos a disposición con la lucha de los vecinos y los trabajadores para hacer los reclamos pertinentes y para que el Gobierno de la Ciudad comience un plan de obras y de saneamiento, para reabrir la salita del barrió Illía CeSAC 31, que forma parte indispensable y fundamental de la atención sanitaria a las familias del lugar.

7 de enero de 2023
“Regímenes especiales”, bajo la lupa del FMI

Desde el primer momento en la mesa de negociaciones con el FMI, las jubilaciones fueron un tema recurrente. Un informe elaborado a pedido del gobierno “alerta” sobre un déficit de $162.000 millones de los llamados “regímenes especiales”. Los ”regímenes especiales” corresponden a sectores con condiciones jubilatorias diferentes a las generales, como ser los requerimientos de la edad, los años de servicio menores para acceder a la jubilación. Los trabajadores que gozan de este tipo de regímenes aportan entre 2 y 7 puntos más que el resto. El informe -difundido por Clarín, 5/1- fue encargado a raíz de los compromisos con el FMI. Fue realizado por la Facultad de Ciencias Económicas a pedido de la Secretaria de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo. El mismo analiza el flujo de fondos de dichos regímenes, administrado por la ANSES. El documento en cuestión contiene proyecciones sobre las cotizaciones (aportes personales y contribuciones patronales) y beneficios del Poder Judicial, docentes universitarios, docentes no universitarios, trabajadores del YCRT (Yacimiento Carbonífero de Rio Turbio), trabajadores de Luz y Fuerza, investigadores científicos y técnicos, y el servicio exterior de la Nación. El objetivo, dicen, era obtener información precisa sobre las obligaciones e ingresos para establecer las necesidades en el corto y mediano plazo. Los casos analizados fueron los de los docentes universitarios y no universitarios, científicos e investigadores, Luz y Fuerza, servicio exterior , judiciales y trabajadores de YCRT. El déficit proyectado con esta fórmula de todos los regímenes es de $ 162.000 millones en 2023 que se incrementa año tras año hasta llegar a $ 688.000 millones en 2055. Según la conclusión del informe, a medida que aumenta la población que accede a los beneficios, el déficit es mayor. Los datos que surgen muestran que la razón número uno del desfinanciamiento del régimen previsional es, desde la época Menen-Cavallo, la reducción de los aportes patronales del 33 % al 13 %, mantenida por todos los gobiernos de turno. Según el staff del FMI, “el Ministerio de Trabajo en colaboración con la Universidad de Buenos Aires está finalizando un estudio (finales de diciembre del 2022) para facilitar la determinación de opciones para fortalecer la equidad y sostenibilidad del sistema, incluyendo una reducción de la fragmentación”. Se prepara el zarpazo y la ´unificación´ del sistema previsional bajo un régimen de miseria generalizada. Esto es reforzado en otro capítulo, donde el staff del Fondo señala: “como el gasto público fue mayor al acordado para el 2022, el gobierno deberá aplicar un ajuste fiscal mayor al previsto para cumplir los planes previstos”. La ´salida´ del Fondo apunta a recrear las condiciones para un nuevo desembarco de los fondos de pensión, las viejas AFJP, por la vía de la extorsión económica – por fuera de quienes tengan la posibilidad de reservar un fondo de capitalización, habrá, a lo sumo, una pensión asistencial a la vejez. Frente a esto, la burocracia sindical de todo pelaje mira para otro lado porque se ha convertido en una espada del Fondo Monetario. La defensa de los regímenes especiales es fundamental. Necesitamos una agitación que prepare una acción unificada, incluida la huelga general, contra su disolución, en defensa de las jubilaciones, por la jubilación mínima igual al costo de la canasta familiar y el restablecimiento del 82% móvil. LEER MÁS Qué representa la actualización trimestral de los ´regímenes especiales´ LEER MÁS Confiscación jubilatoria: de los Macri y de los Fernández-Massa, bajo la batuta del FMI

7 de enero de 2023
Bahía Blanca: sigue la lucha de trabajadores de la salud

La filial local de CICOP resolvió en asamblea un paro de 72 hs de todo el sistema sanitario municipal, con epicentro en el Hospital, el cual tuvo un gran acatamiento. Convocaron a una concurrida movilización frente al Municipio, a la cual se plegó también el Suteba Bahía Blanca con una jornada de protesta. Una vez concluido el paro, una asamblea debatió entre seguir con paros escalonados o lanzar un paro por tiempo indeterminado. Por mayoría, se resolvió convocar a un paro de 96 hs para la última semana del año. El Municipio convoco a los dirigentes de CICOP para una nueva reunión, sin nuevas ofertas salariales y “planteos referidos al desgaste laboral, el reconocimiento a residentes y la mesa de diálogo sobre la carrera de salud profesional municipal”. Luego, una nueva asamblea resolvió por mayoría suspender transitoriamente las medidas. Entre los reclamos del personal de Salud figuran un sueldo básico de ingresante por encima de la canasta básica, un aumento de bonificación del 35% para residentes y la adhesión al beneficio de desgaste laboral para profesionales municipales. La CICOP reclama una paritaria con el municipio que hasta el momento debatía unilateralmente con el sindicato de trabajadores municipales (STM), dirigido por una burocracia vinculada a Sergio Massa. Ésta ha firmado todas las paritarias a la baja con el intendente Gay, de Juntos por el Cambio, y boicotea la lucha de los trabajadores de salud del Hospital. El levantamiento de las medidas, sin ofertas concretas para considerar, representa una gran concesión al Municipio, luego de las enormes medidas de lucha emprendidas. Desde abajo, crece la tendencia a la huelga indefinida. Este camino, luego de varios paros realizados, aparece como el más apropiado para luchar contra el ajuste en oposición a continuar nuevos paros escalonados y el desgaste que conllevan. Pero lo fundamental es la necesidad de unir al conjunto de los trabajadores de la salud municipal y construir una asamblea interhospitalaria y de todas las unidades sanitarias para unificar los reclamos y la lucha. Nuevas protestas El 2023 arrancó con una movilización autoconvocada de trabajadores de la guardia del Hospital Penna, reclamando por la falta de personal y los bajos salarios. Los trabajadores plantean duplicar la planta y elevar el salario por una guardia de 24 horas a $32.873. Tanto el gobierno municipal como el provincial son responsables de esta profunda crisis sanitaria. Han agobiado a los trabajadores de la salud durante la pandemia -producto también de las nulas y menguantes medidas de aislamiento social- y han recortado sistemáticamente el presupuesto que la salud pública y sus trabajadores necesitan. El propósito es común: atender el pago de la deuda pública a usureros y el FMI. Las prioridades para los partidos patronales que gobiernan están contundentemente del lado opuesto al salario y las necesidades sanitarias de la mayoría. La salida vendrá de la mano de continuar y profundizar la lucha, que requiere de organizar la unidad de los trabajadores de la salud en asambleas y plenarios de base.

7 de enero de 2023
El Amazonas, el fascismo y la guerra

El nuevo presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva ha nombrado al frente del Ministerio de Medio Ambiente a la Diputada Federal por el Estado de San Pablo Marina Silva. La cartera pasó a llamarse Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y, según O Globo, la flamante ministra ya anunció la creación de un puñado de nuevas secretarías como la Secretaría Extraordinaria de Lucha contra la Deforestación y la Secretaría de Bioeconomía y recursos genéticos entre otras. También ha adelantado que volverá a poner en pie los dispositivos de control de deforestación vaciados durante el mandato de Bolsonaro. El nombramiento de Marina se produjo luego del rechazo al cargo de la derrotada candidata por el MDB Simone Tebet, una representante del agronegocio oriunda del Mato Grosso del Sur. Silva, incluso, debió sortear el rechazo de algunos diputados petistas ligados al negocio agrícola. Maliciosamente, la Folha de San Pablo afirmó que la ministra no tardará en tener problemas dentro del mismo gabinete de un partido esencialmente “desarrollista” y que “glorifica a Petrobras y sus combustibles fósiles, conglomerados agrícolas e hidroeléctricas en la Amazonía”. Más allá de las diferencias de los “propios”, Silva tendrá más problemas entre los ajenos. Sucede que la política de vía libre a la ocupación de tierras fiscales en el Amazonas junto con el incentivo al enfrentamiento a las comunidades indígenas y de campesinos que viven en el Amazonas, por parte del fascista Bolsonaro, ha envalentonado a las bandas delictivas que las materializan y a la burguesía del negocio agrario y ganadero que las planifica. La esencia del voto de estos sectores asediados por la política de guerra civil del gobierno anterior está en la expectativa de que ambos Silva terminen con el flagelo. La gestión de Marina al frente de la cartera de Ambiente será una gestión de crisis. El Amazonas, un ecosistema socio-ambiental La región del Amazonas comprende un paisaje de Selva Pluvial a lo largo de la cuenca del rio Amazonas. Está ubicada en la parte septentrional de América del Sur y su superficie es de aproximadamente 7 millones de kilómetros cuadrados. La parte que corresponde a Brasil, llamada Amazonas Legal para su monitoreo, es de aproximadamente 5 millones. Su condición de mayor reserva de biodiversidad la convierte, por un lado, en una gran contenedora de carbono, principal componente de la materia orgánica y, por otro, en importante núcleo de diversidad genética, fundamental para la supervivencia de las especies. La presencia predominante de flora la convierte en la productora del 20% del oxígeno del planeta. Todo esto hace de la selva un regulador de las temperaturas y las lluvias y un nicho de conocimiento sin fronteras para los seres humanos. Según los sitios de Mongabay y del Instituto Nacional de Pesquizas Espaciales (INPE), desde la década del ´70 hasta aquí, el “Amazonas legal” perdió 807.000 km2 por las deforestaciones. El ritmo más intensivo de este período se produjo en la década del ´90 con un ritmo promedio de 15 mil km2 por año llegando al pico de 28 mil km2 perdidos en el año 2004. Aunque la deforestación se desaceleró desde el 2004 hasta hoy, con un incremento notable durante el gobierno de Jair Bolsonaro, la misma ha mantenido niveles promedio de 10 mil km2 anuales. Un importante estudio ha mostrado la asociación entre el desarrollo de bandas delictivas y la deforestación, cuyos negocios son variados y van desde la venta de especies exóticas (vegetales y animales) hasta la expulsión de comunidades de campesinos e indígenas y la ocupación de tierras que luego son utilizadas para la producción agrícola y ganadera. El desarrollo de la minería ilegal, que está contaminando la cuenca con mercurio, es otro canal de desarrollo para estos grupos. Los ingresos por este negocio se calculan en alrededor de 1.000 millones de dólares anuales. El régimen fascista de Bolsonaro consolidó lazos con estas bandas por medio de las fuerzas armadas. Aquí yace la base material de los lazos de su gobierno con estas bandas. Pero la parte del león se la lleva el capital ligado al negocio agro ganadero. En las últimas dos décadas, la producción de soja se triplicó, las exportaciones de carne vacuna se multiplicaron por ocho y se ha incrementado también la exportación de carnes porcinas. Sobre el avance en selva desde 1990 -y antes- hasta la actualidad, se ha montado un enorme complejo productor primario de carnes y soja que puso a Brasil en el podio de estos rubros. El crecimiento de la economía de China fue el motor principal de esta metamorfosis productiva en la región selvática. Los capitales europeos y norteamericanos son importantes actores en la reconversión de la selva en complejo exportador. Es en este contexto social en el cual deben analizarse los fracasos, más que los aciertos, de la política ambiental, así como las crisis que enfrentará la futura ministra. Frentepopulismo Marina Silva se ligó en sus inicios a la lucha de los caucheros liderada por el histórico activista Francisco Alves Méndes, más conocido como Chico Mendes, en el Estado de Acre, contra la tala indiscriminada que liquidaba la fuente de trabajo de los seringueiros . Más tarde colaboró en la fundación de la Central Única de Trabajadores y luego del PT en el mismo Estado. Con una larga carrera parlamentaria, fue nombrada Ministra de Ambiente durante el primer y segundo mandato de Lula, hasta que renunció en 2008. Su renuncia se produjo en el contexto del Plan de Aceleración del crecimiento desplegado por el gobierno de Lula en 2007. El PAC planificaba la construcción de grandes carreteras, refacción y construcción de puertos y aeropuertos y la construcción de megaproyectos de centrales hidroeléctricas en las distintas trazas de la cuenca del río Amazonas. La ministra se fue en medio de fuertes polémicas por sus trabas a la aprobación del megaproyecto hidroeléctrico del Río Madeira. Lula afirmo en ese momento que “No podemos pensar en la Amazonía como un santuario de la humanidad”. El despliegue del programa puso en agenda la privatización de las tierras de la selva ocupadas ilegalmente. En un decreto del ejecutivo, Medida Provisoria 458, que luego se convirtió en Ley en junio de 2009, el gobierno del PT convirtió en propiedad legal 67 millones de hectáreas o casi 700.000 km2 de tierra que podían ser vendidas en el término de 3 años. Aun estando contra la ley, Marina Silva saludó que el presidente hubiera vetado el articulado de la misma que refería a que las empresas pudieran ser beneficiarias de la legalización de tenencias. Sin embargo esta tenencia podía lograrse luego con la compra. La vuelta de Marina al PT no es más que la confirmación de un oportunismo alejado de cualquier convicción medioambiental. El derrotero desde el Partido Verde, pasando por el Partido Socialista de Brasil y llegando a la construcción de su propio aparato (REDE) solo fue un intento de “hacer leña del árbol caído”. Su política ambiental no se despegará de los lineamientos internacionales en la materia: mayor monitoreo y poder de policía para castigar el delito de deforestación. Pero la mayor herramienta de esta política, las fuerzas de seguridad, son las mayores implicadas en este andamiaje y las encargadas de garantizar su desarrollo. En el negocio ilegal de la tala y el oro, que incluye tráfico de drogas y armas, hay implicada también una estructura financiera, encargada de blanquear los flujos de dinero que aceitan el circuito. Cualquier iniciativa en este marco llevará a violentos choques. La selva y la guerra Lo dicho hasta aquí refuta la idea de la prensa burguesa europea y norteamericana acerca de que Marina “impuso condiciones” a Lula antes de su nombramiento. En todo caso, la misma burguesía brasileña creyó conveniente su nombramiento para reparar lazos con la UE: “En la sociedad hay un ala rural modernizada y grandes empresarios ilustrados que se han convertido a la causa del calentamiento global. Incluso es probable que lleguen flujos financieros más sustanciales desde el extranjero para apoyar el desarrollo sostenible” (Folha, 2/01). La visita de Lula a la COP 27 para retractarse de sus dichos en tiempos del PAC y prometer acerca de la “deforestación 0”, debe leerse en este sentido. Pero el capital imperialista quiere algo más que promesas: “para salvar la selva, Lula debe convencer a Pekín de adoptar medidas efectivas que garanticen el rastreo del origen de la soja y la carne que le compra a Brasil.” (NYT, 3/3). El capital norteamericano es el más interesado en el reforzamiento de las sanciones a lo que llama el “ecosistema ilegal” del Amazonas. Oculta que este “ecosistema” es la primera forma que tiene el capital para apropiarse de lo que no le pertenece. También oculta que la privatización de tierras en la selva y los megaproyectos del PAC impulsados por el PT lo han beneficiado. La discusión sobre los métodos con los que debe abordarse la cuestión ambiental, que no es más que la discusión entre destrucción caótica o regulada del medio ambiente, esconde una disputa por las riquezas potenciales del Amazonas. En el marco de la guerra de Rusia con la OTAN y de la disputa internacional entre EEUU y China, la cuestión del Amazonas está siendo utilizada para lograr un cambio de frente por parte del gobierno de Lula. Bolsonaro ha tenido una posición de abierto apoyo a Rusia, mientras que Lula, sin sacar los pies del plato, ha llamado a la “paz”, esto ha sido suficiente para que la OTAN se ilusione. El fracaso de la COP 27 en los compromisos de reducción de la emisión de Carbono para 2030 estuvo directamente asociado al desarrollo de la economía de guerra. Lejos de las ilusiones de Marina Silva y de su estrategia de frente popular para evitar un “desastre mayor” en el Amazonas, la crisis internacional y la guerra por un lado, y la crisis nacional y los enfrentamientos con las bandas fascistas por otro, acentuarán la deforestación, el acaparamiento y ahora más, las tendencias al desarrollo de la minería ilegal y la producción energética (petróleo e hidro-electricidad). Sucede que la destrucción del ecosistema proviene de las entrañas del capital que, en épocas de guerra, lleva a la catástrofe. LEER MÁS Argentina y el cambio climático: de granero del mundo a desierto LEER MÁS Cambio climático, colapso civilizatorio, ecosocialismo y marxismo

8 de enero de 2023
Golpe trumpista en Brasil

Mientras se escriben estas líneas, bandas bolsonaristas invaden el Congreso Nacional, el Tribunal Supremo y el Palacio Presidencial de Planalto. Los 'piquetes' y acampes bolsonaristas se mantuvieron frente a los cuarteles durante la asunción de Lula y en los días subsiguientes con la complicidad de las mismas fuerzas armadas. Desde esos acampes partió la horda de fascistas para atacar las sedes de gobierno, el congreso y justicia. Desde antes de la derrota electoral de Bolsonaro, el bolsonarismo se preparó para repetir un 'asalto al Capitolio' a la brasileña. El ajustado resultado electoral, dijimos en Política Obrera, sería aprovechado para consumar una intentona golpista. El alto mando desairó la designación de un ministro civil en Defensa. El nombramiento, por parte de Lula, de una ministra de Turismo ligada a las milicias de Rio de Janeiro, que asesinaron a la concejala Marielle Franco, no sirvió como disuasorio. El ministro de Defensa, José Múcio, había anunciado que los campamentos se levantarían el pasado viernes. “Sin embargo, dice O'Globo, lo que se vio fue todo lo contrario. Además de no poder expulsar a los manifestantes, el gobierno tuvo que llamar a la Fuerza Nacional para reforzar la seguridad en la Esplanada dos Ministérios”. El Ejército canceló dos operativos para desmantelar el campamento bolsonarista - para “evitar enfrentamientos”. Voceros del Ejército aseguraron que apostaban por “una salida reconciliada, lenta y gradual”. No parece haber sido esa la intención. Las autoridades políticas, judiciales y militares tenían pleno conocimiento de los preparativos bolsonaristas desde el pasado viernes. Desde aquel día, los campamentos bolsonaristas comenzaron a recibir un nuevo flujo de manifestantes, con decenas de autobuses repletos. Entre el viernes y el sábado, bandas fascistas fueron 'in crescendo' en provocaciones y demostraciones de fuerza en distintas ciudades, ante la inacción cómplice de las fuerzas represivas. Los medios en Brasil aseguran que los golpistas que invadieron el Congreso lo hicieron ante la inacción cómplice de las fuerzas de seguridad que responden al Distrito Federal. Ibaneis Rocha, bolsonarista gobernador del DF, es señalado como principal responsable del intento de golpe de Estado. También se señala en esta connivencia a la Policía Legislativa del Congreso. Ante la complicidad de las fuerzas del Distrito Federal, el ministro de Justicia Fávio Dino autorizó a la Fuerza Nacional a intervenir. Desde Política Obrera hemos denunciado todo el recorrido golpista del bolsonarismo. Llamamos a las organizaciones obreras de Argentina a abandonar una hora antes los lugares de trabajo y marchar a Plaza de Mayo y a la embajada de Brasil contra el golpe. 08/01/23 LEER MÁS Brasil: Lula asume en un escenario explosivo LEER MÁS Golpe en Brasil: el operativo encubrimiento

8 de enero de 2023
El Capitolio brasileño, solamente el comienzo

Es difícil imaginar una acción más anunciada que el golpe lumpen policial que se descerrajó en la tarde de hoy en Brasilia. Desde hace largas semanas está instalado en Brasilia un acampe bolsonarista, frente a las puertas del comando general del ejército. Aunque su función declarada es la de "reclamarle a los militares un golpe", está archidemostrado que el camping fascista es una usina de provocaciones y atentados. En diciembre pasado, se frustró un megaatentado en el aeropuerto de Brasilia, con explosivos que solo podían provenir de los arsenales del ejército. Las investigaciones judiciales apuntaron al acampe facho como usina del atentado. A despecho de ello, el gobierno solo ha "instado" a levantar el campamento, naturalmente, sin resultados. Desde las entrañas del estado Pero para que la crisis diera el salto que se produjo hoy, la agitación golpista debía empalmar directamente con una fracción del aparato estatal. Es lo que ocurrió en estas horas: los observadores superficiales aluden a la "pasividad" de la policía militar local. Fue mucho más que eso. Hay que recordar, en primer lugar, que la seguridad del distrito federal fue confiada… al ex ministro de justicia de Bolsonaro. Este ministro, Anderson Torres, se "tomó" el fin de semana en los Estados Unidos, actual residencia de Bolsonaro. Ayer, sábado, la policía brasiliense fue "licenciada"; simultáneamente, llegaban a la capital centenares de micros de todo el país. Ya el domingo, los escasos efectivos policiales se aplicaron a "acompañar"(sic) a la manifestación fascista, simulando una "represión" estéril horas después. Ahora, Lula ha decretado la intervención federal del distrito federal… "en el área seguridad", o sea, rescatando al gobernador que puso su seguridad en manos del bolsonarismo. Los gobernadores, "solidarios", le han ofrecido al presidente sus propios efectivos policiales, igualmente inficionados por la escoria bolsonarista. El golpe trumpista y policial ha derrumbado prematuramente la pretensión de la "democracia" brasileña -y de su izquierda- respecto de la asimilación "institucional" del bolsonarismo o de una parte de él. Brasilia, en verdad, es solo un botón de muestra: en el nuevo gabinete brasileño, han conseguido cargos quienes -como la ministra de Turismo- cuenta con lazos probados con los milicianos, las claques que ofrecen "seguridad barrial" en combinación con el narcodelito y la policía. El golpe lumpen policial de este domingo es solo un comienzo. El escenario golpista ha quedado instalado, de cara a las contradicciones explosivas que enfrenta Brasil. Los "demócratas" se han enfrentado al espejo de su propia impotencia. Es urgente la movilización continental contra el golpismo. LEER MÁS Golpe trumpista en Brasil LEER MÁS La “marcha sobre Brasilia” y las fuerzas armadas

9 de enero de 2023
Prepagas: aumentos desde febrero y cobro de copagos

A partir del mes de febrero comenzará a regir el nuevo índice de aumentos de las cuotas de las prepagas, de acuerdo a lo dispuesto por el decreto 743/22. En este sentido, se comenzó a difundir un formulario desde la Superintendencia de Servicios de Salud para que completen los afiliados y afiliadas. De esta forma, se aplicará el aumento de forma segmentada, dependiendo de los ingresos de los usuarios y usuarias. Aumentos 2023 El nuevo índice de aumentos dispuestos según el decreto es el siguiente: para quienes perciban ingresos de bolsillo inferiores a 6 salarios mínimos (SMVM) —hoy $371.718— la cuota se ajustará el 4,91 %, equivalente al 90 % de la variación de los salarios formales según el RIPTE (Remuneración Imponible de Trabajadores Estables), y para quienes perciben más de 6 SMVM, el valor de la cuota se incrementa el 8,21%, según la variación del Índice de Costos de Salud. Se estima que las prepagas cuentan con 6 millones de beneficiarios (titular y grupo familiar) de los cuales un 20 % son voluntarios o "directos puros" y el resto corresponde a trabajadores que derivan sus aportes a una obra social que tiene convenio con las prepagas. Con este aumento, un plan familiar medio de un matrimonio con dos hijos menores podría rondar entre los $70.000 y los $90.000 mensuales, que irán variando de manera diferente, según si superan o no los 6 SMVM. (Clarin 01/01/2023). Se incrementan las prestaciones con copago A su vez, el decreto establece que las prepagas deberán ofrecer planes de salud con copagos, a precios que tengan un valor de por lo menos un 25 % más bajos que los valores de los planes de salud sin copagos. Es decir, aquellos en los que los pacientes no deben pagar ningún tipo de adicional para atenderse con los profesionales y especialistas de su cartilla. Según el decreto, los planes con copagos deben ofrecer a los afiliados “idénticos” servicios que los que no requieren pagos adicionales. La proliferación de estos planes con copagos se explica por la caída de la demanda de prepagas, como consecuencia del derrumbe del poder adquisitivo de los salarios. Según los registros del INDEC, por la mayor informalidad y aumento de los costos de los planes de salud, disminuyó la población que cuenta con la cobertura de una obra social o medicina privada (Clarín 29/12/2022). El problema de raíz Con este nuevo índice, las patronales de la salud privada se garantizan un año de aumentos recaudando jugosos beneficios. A esto se agregan los subsidios que consiguen por parte del Estado (Programa Nacional de Fortalecimiento de los Equipos de Salud para la Calidad y la Seguridad-FESCAS). La crisis económica y la profundización de la precarización laboral capitalista, detonada al máximo con la pandemia, han contribuido a la caída de los aportes a la seguridad social. Como contrapartida, aumentó la demanda en el sector público, que ya viene sobrecargado y que debe afrontar con menos recursos que en 2020 la sexta ola de Covid en nuestro país. En este cuadro de situación, la lucha en defensa de los salarios y por el acceso a la salud de toda la población trabajadora se nos impone como una prioridad.

9 de enero de 2023
Chile: los indultos de Boric

Luego de diez meses de gobierno, el presidente chileno Gabriel Boric decretó un indulto para 12 presos de la rebelión chilena y para un ex guerrillero del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Entre los indultados se encuentra el emblemático preso político Jordano Santander, cuyo proceso y condena se convirtieron en un emblema de la farsa judicial y del montaje de causas orquestadas contra los activistas de la revuelta ( https://politicaobrera.com/6464-que-el-mundo-entero-sepa-que-hay-luchadores-chilenos-que-salieron-a-luchar-y-que-ahora-estan-pagando-con-carcel ). Varios de los indultados son jóvenes luchadores de entre 21 y 23 años. La presión del movimiento por la liberación de los presos de la revuelta viene siendo una piedra en el zapato para Boric, incluso desde antes de asumir la presidencia. La política represiva de su antecesor, el derechista Sebastián Piñera, arrojó un saldo de 3000 presos políticos. Según el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, sólo entre octubre del 2019 y marzo del 2020, más de 11.300 personas fueron detenidas y cerca de 2.500 encarcelados. Por su parte, el Ministerio Público informó que hasta el 6 de diciembre de 2020 fueron detenidas 28.210 personas. De éstas, 5.084 fueron "formalizadas", 648 se mantuvieron bajo prisión preventiva y 725 fueron condenadas por “desórdenes” o “daños a la propiedad privada”. Desde entonces, nació un movimiento por la libertad de los presos de la revuelta que fue adquiriendo una fuerza masiva en todo el país y una resonancia internacional, especialmente entre los jóvenes. En cada marcha, reunión, acto o concierto, se convirtió en infaltable el canto “no estamos todos, faltan los presos”. Los juicios contra los presos de la revuelta se caracterizaron por las condenas sin pruebas y basadas exclusivamente en los testimonios de agentes de las fuerzas represivas. En el caso del preso político Jordano Santander, fue condenado a 7 años y 4 meses de cárcel por “homicidio frustrado”. La única 'prueba' fue la declaración de un miembro de la Policía de Investigaciones, quien aseguró que “percibió en los ojos de Jordano el ánimo homicida”. Este único elemento le bastó a la justicia para dictar su sentencia. Los organismos de Derechos Humanos han dejado constancia de la generalización de la forma de “prisión preventiva” a partir de la revuelta, que mantuvo detenidos a numerosos manifestantes durante años sin juicio ni condena. El propio Estado se constituyó en querellante en más de 100 causas contra luchadores. Para estos procesos, se recurrió a la represiva Ley de Seguridad del Estado, actualizada por última vez por la dictadura pinochetista, que tipifica casi cualquier acto de manifestación política como ‘terrorista’. No fueron pocos los que denunciaron torturas e intentos forzados de arrancar 'confesiones'. La represión dejó, por otra parte, más de 400 personas con pérdidas oculares y cerca de 60 luchadores asesinados. Ante la cantidad de denuncias públicas por esta situación, en diciembre del 2020, senadores de la oposición presentaron en el Senado un proyecto de ley de indulto a los presos de la rebelión (que posteriormente fue mutando a una amnistía, con una amplitud más acotada). El presidente de aquel momento, Sebastián Piñera, había anunciado su veto a una posible aprobación de la ley. El proyecto no llegó nunca a ser tratado bajo la presidencia de Piñera ni, luego, bajo el de Boric. Al comienzo de su campaña electoral, en 2020, el entonces candidato frenteamplista lanzó la promesa de liberar a los presos de la rebelión popular. Esta misma promesa, sin embargo, desapareció de los discursos de campaña luego de la primera vuelta presidencial, ante el resultado ajustado con el derechista José Antonio Kast, que se impuso en esa instancia. Incluso, Boric vio la necesidad de despegarse de esa posibilidad señalando que el indulto por ningún motivo puede beneficiar a los manifestantes que protagonizaron “acciones violentas”, mucho menos cuando éstas fueron contra la policía chilena, los carabineros. Luego de su triunfo con un 55.87 %, el presidente electo realizó un acto en Plaza Dignidad (la plaza emblema de la rebelión), donde una multitud le recordó a coro aquella promesa de comienzos de su campaña. En ese entonces, Boric se limitó a responder “he hablado con las familias”. Durante los primeros meses de mandato, el gobierno anunció la intención de “acelerar” el tratamiento del proyecto de amnistía en el Senado. Según el entonces secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson, la decisión de tratar este proyecto apuntaba a “revisar y sanar ciertas heridas que dejó el estallido en la sociedad”. Poco tiempo después, le correspondió a la vocera de gobierno Camila Vallejo anunciar públicamente que estaba descartado que el proyecto tomara un carácter de urgencia. Los presos y sus familiares expresaron su bronca con el gobierno y el incumplimiento de sus promesas. Luego de varios meses sin avances con el proyecto de ley y con sectores de su propio espacio político lanzando reclamos públicos al respecto, Boric decretó los 13 indultos. Éstos fueron recibidos con festejos por parte de algunas asociaciones de familiares de estos presos. Dirigentes del Partido Comunista (integrante de la coalición oficialista) caracterizaron los indultos como un gesto que “reivindica la protesta social”. Otros sectores, incluso de la propia coalición gobernante, reclamaron por el carácter limitado de la medida: “no es un error que el presidente cumpla con su palabra. El error es no seguir indultando, hay más familias que esperan“, dijo al periódico El Mercurio la diputada oficialista Claudia Mix. Los indultos de Boric llegan en medio de un derrumbe de su imagen y de un nuevo descalabro económico y sanitario. La derecha fascista le ha arrebatado la iniciativa política e impuso su agenda. Como parte de ese proceso, el gobierno aumentó el presupuesto de las fuerzas represivas y convocó a la oposición fascista a una mesa de negociaciones por la cuestión de la ‘seguridad en las calles’ (el caballo de batalla para aumentar la infraestructura represiva). Esta derecha dirige actualmente la puesta en marcha de la nueva Asamblea constituyente. Los sectores derechistas salieron a la ofensiva contra el gobierno por los indultos. En primer lugar, se retiraron de la mesa de la seguridad a la cual los habían convocado, argumentando que Boric estaba indultando a los “delincuentes”. Luego, anunciaron el lanzamiento de una arremetida judicial contra el gobierno. Se trataría de “acusaciones constitucionales” contra diferentes funcionarios; entre ellos, la Ministra de Justicia, Marcela Ríos. La presidenta del Partido Socialista (parte del gobierno), Paulina Vodanovic, declaró que “las acusaciones constitucionales progresivamente se están utilizando para presionar al gobierno”. La presión, sin embargo, tuvo un resultado inmediato. Antes de que se llegara a presentar cualquier acusación, Boric anunció la salida del gobierno de su Jefe de Gabinete y de la Ministra de Justicia, a quienes solicitó su renuncia. Con la entrega de sus ministros, Boric envalentonó aun más a la derecha. Plantean la revocación de los indultos y no descartan una acusación constitucional contra el propio presidente. La inefable Camila Vallejo, del Partido Comunista, se apresuró en salir a anunciar en los medios que no habrá más indultos. En la actualidad existen diferencias de cálculos sobre la cantidad de luchadores que aún continúan detenidos desde la rebelión. Se estima que son 211 las personas que aún se encuentran privadas de su libertad. De ellas, 144 se encuentran en prisión preventiva y otras 67 tienen sentencias firmes. El Estado aún sigue siendo querellante en cientos de causas contra manifestantes. Los casos de torturas, violaciones y asesinatos a manos de carabineros durante la represión, se mantienen impunes. El gobierno de Boric se prepara para más defecciones ante la derecha. La ofensiva fascista debe ser enfrentada en las calles, con asambleas y movilización popular. Hoy más que nunca: ¡No estamos todos, faltan los presos! LEER MÁS Chile: Boric y la derecha intentan reeditar a Pinochet

9 de enero de 2023
Campaña Financiera: paso adelante en Salta

Después de un retraso inicial en la planificación y el lanzamiento de la Campaña Financiera en la regional, en base a una discusión política dimos un salto en las últimas dos semanas del mes de diciembre. Pasamos de un 9 % de nuestro objetivo a 15 días de su lanzamiento, a un 25 % en las semanas del cobro del aguinaldo y el bono de fin de año. Ya hacia la primera semana de enero, duplicamos la cantidad de ingresos, alcanzando el 50 % de nuestro objetivo. Este salto significó un avance tanto en el aspecto político como en el financiero. Tenemos como desafío mantener este impulso en el último tramo de la campaña. Nuestro objetivo es ambicioso desde el punto de vista del carácter obrero y estratégico de las relaciones de nuestro padrón de campaña financiera. Desarrollos políticos La campaña significa un progreso en términos políticos con un centenar de aportes ingresados. Entre ellos, se destacan más de 20 aportes provenientes de docentes autoconvocados. Los principales activistas y luchadores de la docencia han contribuido a la campaña y restan todavía muchos compromisos. Lo propio ocurre entre los compañeros precarizados que se organizan en el Polo Obrero Tendencia, con más de 30 aportes individuales hasta ahora. También se realizaron cinco actividades colectivas, como loterías, rifas y colectas. Ingresaron también aportes muy valiosos de trabajadores estatales, de comercio, UTA, docentes universitarios, trabajadores de prensa. Las relaciones en frentes estratégicos incluyen obreros rurales, trabajadores del tabaco, mineros y de la salud. La regional San Martín, con compañeros en Mosconi, Tartagal y Aguaray, se ha destacado por su progreso en la consecución de aportes. San Martín está en el norte provincial y es uno de los departamentos más empobrecidos, como consecuencia de la explotación de hidrocarburos y, ahora, del monocultivo. Por otra parte, con su sistema de salud y servicios en general completamente vaciados. Tenemos en curso la campaña en Orán, con aportes valiosos que han ingresado de docentes y compañeros desocupados. Además, allí los compañeros del Polo Obrero Tendencia de Colonia Santa Rosa impulsaron una rifa exitosa en su recaudación y también en su movilización política. Tenemos todavía pendiente como desafío llegar más lejos con nuestra campaña en Orán, con debates políticos abiertos con viejos compañeros y nuevas relaciones. Una campaña financiera tiene por naturaleza un objetivo económico, pero vincula los objetivos financieros con los propósitos políticos que perseguimos. En lo inmediato, el desarrollo y triunfo de una coordinación de trabajadores estatales, con docentes, trabajadores de la salud, municipales y ordenanzas en toda la provincia por la defensa del salario, el pase a planta permanente y el reequipamiento de hospitales. Pero también, sin dudas, preparar en términos financieros nuestra intervención en el escenario electoral próximo, con elecciones adelantadas en Salta. Debemos explotar esta campaña como un escenario para afianzar nuestras relaciones con los principales activistas y luchadores. Con ellos hemos discutido también la necesidad de la construcción de un partido de trabajadores militante en el escenario de una guerra de características mundiales y sus consecuencias devastadoras contra el medio ambiente y la humanidad toda. Todavía tenemos un largo trecho por recorrer para alcanzar el triunfo de nuestros objetivos. Recoger los compromisos que tenemos y agotar la visita de nuestros padrones implicará un nuevo salto de la campaña, para cumplimentar los objetivos políticos y financieros que nos trazamos.

9 de enero de 2023
Comercio: el bono de fin de año agitó las aguas

El pago del bono de $24.000 decretado por el gobierno antes de fin de año agitó las aguas en la rama de comercio. En los supermercados y otros lugares de trabajo aún no se ha pagado. En el caso de los call center, podría ser tomado a cuentas de futuros aumentos y perdería así su carácter de bonificación para convertirse en un ´adelanto´ salarial. Las patronales argumentan dificultades financieras para poder pagarlo. La Cámara Argentina de Comercios y Servicios presentó una nota formal ante el Ministerio de Trabajo pidiendo su diferimiento. Días antes del decreto del gobierno, las grandes cadenas de supermercados -Carrefour, Changomas, Vea/Easy, Coto y Dia%- otorgaron el tradicional ´bono de fin de año´ por $30.000 en órdenes de compra en sus propias empresas. Ahora se niegan a pagar los $24.000 contantes y sonantes dispuestos por el decreto nacional. En varias seccionales del sindicato la presión de las bases se hizo sentir. En hípermercados como Makro Avellaneda y Vital CABA, la burocracia tuvo que convocar a asambleas que contaron con alta participación de trabajadores. En el caso de los call center, hay empresas donde aún no se ha pagado, como ACC y Next en CABA. Sin embargo, como indica un comunicado emitido por la Federación de Comercio (26/12/2022), el bono será tenido en cuenta de futuros aumentos por paritarias. Los trabajadores mercantiles, en muchos casos, debemos sobrevivir con salarios que no superan la línea de indigencia. Según un trabajo de la consultora Synopsis, en el año 2022, Cavalieri tiene el mérito de haber consagrado el acuerdo más bajo del país, con 10,8 puntos por debajo de la suba de precios según el índice de precios al consumidor En estas horas Armando Cavalieri se encuentra negociando la cláusula de revisión de la paritaria 2022-2023 con cierre en abril. Pide un aumento del 50,5 %, para redondear un 110 % anualizado, que no es tal pues se paga en infinitas cuotas que van a la zaga de la inflación mensual. El pago de un bono de $24.000 es obvio que no significa una dificultad para patronales que vienen embolsando cifras millonarias por la carestía. El reclamo del pago para todos los mercantiles de forma íntegra y sin descuentos es punta de lanza para la organización en nuestros lugares de trabajo, impulsando asambleas donde se pueda expresar no solo el reclamo de paritaria, sino de todas las reivindicaciones postergadas en cada sector de los mercantiles y de cada lugar de trabajo.

9 de enero de 2023
La “marcha sobre Brasilia” y las fuerzas armadas

El punto central del asalto a la explanada de los tres poderes en Brasilia es el papel o la responsabilidad que le ha cabido en los hechos a las Fuerzas Armadas. La convergencia de 170 ómnibus, el domingo 8, en la capital de Brasil, no solamente no fue sigilosa ni encubierta: fue anunciada con anticipación por los mismos grupos de asalto que desvalijaron y destrozaron los edificios que albergan a la Presidencia, el Congreso y el Tribunal Superior de Justicia, no hubo necesidad de que lo advirtieran los servicios de inteligencia. Antes de la asunción del nuevo gobierno, había sido detenido un individuo con una carga de explosivos suficiente para hacer volar varias manzanas. Los acampes bolsonaristas frente a los cuarteles no se levantaron desde el 30 de octubre, cuando se celebró el segundo turno electoral. La “marcha sobre Brasilia” no fue menos numerosa que la “marcha sobre Roma”, hace cien años, que estuvo floja en números de asistentes, pero poderosa en conexiones políticas que llegaban hasta el trono. Lo mismo se puede decir de “la marcha sobre Kiev” –el golpe de la plaza Maidan que volteó el gobierno prorruso e inició la guerra que hoy se encuentra en pleno desarrollo-. El asalto a Brasilia fue llevado a cabo a la luz del día y contó, en primer lugar, con la complicidad del gobierno de ese distrito federal. Dos ministros del gobierno Lula, el de Defensa y el de Justicia, Mucio y Dino, visitaron los acampes insurrectos 48 horas antes de los atropellos, para celebrar el ejercicio democrático de las divergencias políticas. Como destaca el diario brasileño más importante, Valor Económico, propiedad de la red Globo, la guardia presidencial y otras fuerzas del ejército que se alojan en el subsuelo de la sede del Ejecutivo se abstuvieron de cumplir con la más elemental de sus obligaciones. De modo que el asalto para reclamar un golpe de Estado fue, él mismo, un golpe de Estado. El alto mando militar no se ha pronunciado; su omisión es otra acción golpista. Futuras investigaciones determinarán la naturaleza exacta de las responsabilidades del caso y su alcance político. Los acampes y los acosos han alcanzado a las refinerías y depósitos de petróleo, un asunto de máxima seguridad nacional, sin que las Fuerzas Armadas se hayan mosqueado hasta el momento. Es lo que viene denunciando la Federacion de Sindicatos Petroleros. La auditoría de las policías del Estado de Sao Paulo ha advertido acerca de una réplica de lo ocurrido en Brasilia y denunciado la inacción del gobernador bolsonarista, Tarcisio Freitas. Lo mismo ocurre en el Estado de Paraná, capital Curitiba. Ni Lula ni cualquier otro funcionario de gobierno ha apuntado las responsabilidades en las Fuerzas Armadas, mientras aluden a un financiamiento de los sediciosos, como si se tratara de una mafia privada. El recambio de mandos que tuvo lugar con la asunción del nuevo gobierno fue extremadamente tenso. Las FF. AA. y en especial el Ejército no han asimilado bien la derrota del proyecto político que pusieron en pie mediante la detención de Lula y el apoyo para que Bolsonaro llegara a la presidencia. Seis mil militares acompañaron la gestión del evangélico fascista. Los mandos militares se vieron como la única representación real del Estado en el cuadro de crisis agravada de Brasil –con una deuda impagable y una miseria creciente-. El propósito de liquidar los medios universitarios e intelectuales y los mismos sindicatos no avanzó realmente, incluso si se logró imponer una reforma laboral que atomiza a la fuerza de trabajo. Los mandos miitares tampoco asimilaron el cambio de frente de la burguesía, en primer lugar de Trump a Biden, y luego rescatando a Lula como último recurso frente a la crisis. Esos mandos fracasaron con la promoción del golpe fascistoide en Bolivia y con la continuidad del gobierno macrista. Ahora asisten, con relativa impotencia, a su agente, Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz de la Sierra, por sedición golpista. El asalto a Brasilia va acompañado con los bloqueos territoriales en Bolivia y con la campaña de tinte golpista contra el chileno Boric, con el pretexto de un indulto que dictó en beneficio de los encarcelados por participar en la rebelión popular de octubre de 2018. El golpe contra Castillo en Perú, monitoreado por las fuerzas armadas fujimoristas, ha acentuado una crisis ya descomunal en América Latina, como se manifiesta en el gigantesco problema migratorio. La atribución de los desmanes bolsonaristas al desvarío de turbas con intereses creados es un despropósito; esta sedición, al igual que las milicias paramilitares instaladas en Río de Janeiro, tiene que ver con un replanteo en las Fuerzas Armadas, que tiene ya varios años. La minimización política de qué ocurre, mediante el recurso de inflar su coreografía, ha servido al gobierno de Lula y a sus agentes en los sindicatos para no responder a los asaltos mediante una huelga general. El ministro de Trabajo, Marinho, ex secretario general de la CUT, y la CUT misma, han brillado por su ausencia. Convocar a las masas contra un golpe fascista es un exponente supremo de convicción democrática, pero Lula no está para ‘asustar’ a la Bolsa, que ya le pegó algunos ‘golpes de mercado’. Lo ocurrido el domingo es la culminación de operaciones similares ejecutadas en los últimos tres años. Expone el hilo conductor de una crisis profunda, que deberá avanzar como consecuencia de los grandes desequilibrios económicos. Trotsky advirtió, lúcidamente como siempre, acerca de la nula resistencia que hubo en España contra el golpe fracasado del general Sanjurjo, en 1932. Fue el clarinete del que encabezaría Franco sólo cuatro años más tarde, desatando la guerra civil. LEER MÁS Brasil: Lula asume en un escenario explosivo LEER MÁS Golpe trumpista en Brasil LEER MÁS Golpe en Brasil: el operativo encubrimiento

10 de enero de 2023
Jorge Altamira: “Se juega el futuro político de Argentina en el futuro político de Brasil”

El lunes 9 de enero, Política obrera se movilizó a la embajada de Brasil en la Ciudad de Buenos Aires para repudiar el golpe trumpista de Bolsonaro. Hablaron Mariano Hermida, Eva Gutiérrez y Jorge Altamira, cuyo discurso transcribimos a continuación Compañeras y compañeros, No han pasado 24 horas desde el asalto del día de ayer a las principales sedes del gobierno brasileño. La lucha contra los golpes de Estado no admite dilaciones y no admite treguas porque abren el camino a la componenda y a la victoria de los golpes de Estado. Lo ocurrido ayer en Brasil es absolutamente extraordinario. Se tomó por asalto la sede del gobierno con pleno conocimiento por parte de la Policía y con pleno conocimiento por parte del Ejército. El asalto de ayer en Brasilia fue anunciado por el bolsonarismo y en las redes sociales, y no hubo ninguna fuerza que se movilizara en Brasil para impedir lo que podría ser una suerte de Marcha sobre Roma, o sea, una marcha sobre Brasilia como aquella que Mussolini, hace exactamente 100 años, encaró en Italia y abrió el camino al fascismo europeo. Se han tomado algunas medidas por parte de algunos funcionarios judiciales debido a que el Distrito Federal donde ocurrieron estos hechos tiene un gobierno propio, como nosotros lo tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, cuya seguridad está a cargo de la policía porteña. Entonces se ha ido a intervenir a lo que allá sería la policía porteña y al ministro de Seguridad del Distrito Federal. Lo que no se dice es que la guardia del Ejército que está acuartelada en el subsuelo de los tres poderes, para defenderlo en cualquier circunstancia, en el día de ayer no movió un pelo. Hasta el día de hoy se desconoce por qué el comandante del Ejército no movilizó a la Guardia Presidencial que se encuentra permanentemente en Brasilia para enfrentar estas situaciones. ¿Qué nos describe esto? Esto nos describe un golpe de Estado. No nos describe solamente una turba que pide un golpe de Estado. Nos describe un golpe de Estado con todas sus conexiones. Es un hecho de una gravedad inusitada, porque hace tres semanas tuvimos un golpe de Estado en Perú , que derrocó a un presidente constitucional. En este momento tenemos una movilización sediciosa en el principal departamento de Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, contra el gobierno boliviano. Santa Cruz de la Sierra y su gobierno fueron la base de operaciones de Bolsonaro para derrocar al gobierno del MAS en Bolivia e instaurar la dictadura de Añez. Todo esto forma parte de un entorno general golpista en América Latina. En otra época tuvimos un golpe de Estado en Uruguay, y el gobierno nacional y popular de ese entonces no dijo nada. Después tuvo un golpe de Estado en Chile, con Pinochet ,y el gobierno nacional y popular tampoco dijo nada. Esto terminó con el derrocamiento del gobierno nacional y popular que no decía nada, y la instauración de la dictadura de Videla. Al movilizarnos contra el golpismo estamos defendiendo los derechos más elementales de los trabajadores: poder ir de la casa al trabajo y del trabajo a la casa en libertad; de ser explotados en libertad; de que les revienten el sueldo en libertad; y de que los precaricen en libertad. Porque si los trabajadores también pierden la libertad, nunca más van a recuperar el sueldo; nunca más van a recuperar las condiciones laborales; y nunca más van a recuperar absolutamente nada. Ese es el significado político de este acto. No importa todavía el número de la concurrencia. Importan los principios políticos que están en juego para millones y millones de trabajadores. A ustedes les va a parecer un atrevimiento, pero hoy debió haber una marcha de la Confederación General del Trabajo a la embajada de Brasil. Una Confederación General del Trabajo saliendo una hora antes de las jornadas de trabajo para venir acá y decirles a los explotadores y fascistas de Brasil que no vamos a tolerar que en las fronteras de Argentina se instaure el fascismo. Éste es el significado de éste acto. Ésta es la lucha que está en juego. Compañeras y compañeros, el golpe prosigue. En este momento siguen los acampes en las refinerías y depósitos de petróleo de Petrobras y no hay nadie que los desaloje. Lo acaba de denunciar la Federación de Sindicatos de Petroleros de Brasil. Es decir que están apostando fuerte. Las Fuerzas Armadas y su alto mando militar no se han pronunciado. El alto mando militar brasileño tiene la responsabilidad de todo lo que está ocurriendo en la región. El comandante en jefe de las fuerzas de ocupación de América Latina en Haití es un brasileño (Augusto Heleno, N.R.), que se transformó en jefe de la Casa Militar del gobierno Bolsonaro, y fue quién organizó el golpe de Estado que, eventualmente, llevó a Bolsonaro al poder. La última vez que estuve aquí fue para denunciar como golpe de Estado al llamado ‘juicio político contra Dilma Rousseff, que se hizo bajo las órdenes de las Fuerzas Armadas de Brasil. De ninguna manera fue un procedimiento parlamentario independiente y constitucional. En aquel momento chocamos con opiniones adversas a las nuestras, pero la prueba definitiva de que fue un golpe de Estado es que Bolsonaro terminó llegando a la presidencia de Brasil. El motivo del golpismo en Brasil no es como dice Clarín y los columnistas de Clarín, que Brasil está dividido en dos. De ninguna manera. El golpe de Estado en Brasil es porque las Fuerzas Armadas brasileñas fracasaron bajo el gobierno de Bolsonaro y son conscientes de las consecuencias que tiene esta derrota. Lo metieron a Bolsonaro al gobierno e instalaron a 6 mil militares en puestos oficiales en el gobierno para emprender una limpieza profunda de los derechos democráticos en Brasil: liquidar la autonomía universitaria; aprobar una reforma laboral que termina con todos los derechos de los trabajadores; y continuar con una reforma previsional que ya venía de los gobiernos anteriores. Es decir remodelar completamente Brasil, destruir sus sindicatos y destruir la vida política independiente. Pero han fracasado. La derrota de Bolsonaro es el fracaso del mayor intento de las Fuerzas Armadas de Brasil por transformarse en el eje del gobierno luego de la dictadura militar que se instauró en 1964. Señalamos esto para explicar por qué estamos acá y por qué llamamos a volver a acá otra vez. Se juega el futuro político de Argentina en el futuro político de Brasil. Brasil es el eje de América Latina. Esto hay que derrotarlo. Y la derrota tiene que ser por medio de la lucha de los trabajadores. Acá termino con un concepto de fuerte crítica. Una de las grandes conquistas de la caída de la anterior dictadura militar en Brasil fue la organización y la aparición de la Central Única de Trabajadores, la CUT. Sindicatos completamente nuevos. Hoy la CUT está integrada al Estado. Hoy el secretario general de la Central, Luiz Marinho, es ministro del Trabajo de Lula, y ayer la única palabra que no se escuchó en Brasil fue la palabra de Marinho y los secretarios generales de la Central Única de Trabajadores de Brasil. No ha habido una movilización. No ha habido una convocatoria. Hoy probablemente haya un acto del PT en Brasilia. Pero no hay huelga general. Es nuestro deber proponer la idea de que contra el golpe debe haber una huelga general. Además, la mayor parte de los golpes de América Latina son precedidos por un pregolpe: el bombardeo en la Plaza de Mayo en el año 1955 preparó el golpe de septiembre que derrocó a Perón; y el golpe de la aviación argentina en diciembre de 1975 precedió al golpe de Videla en mayo de 1976. Ahora este acto golpista es la preparación y precedente de otros golpes. Es lo que hay que combatir con la huelga. En el año 1975, en diciembre, nuestra organización llamó a la huelga general contra el golpe de Cappellini, advirtiendo que si no había una huelga general y Cappellini no iba preso y los militares no eran derrotados, íbamos a tener la dictadura de Videla. El arma de la huelga general es fundamental. Es el arma de los derechos. Es el arma de las conquistas que nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros mismos nos empeñamos en defender. Eso es lo que tiene que inspirar. Es lo que nos inspira Perú, que ha declarado la huelga indefinida en las zonas andinas. Y por eso la lucha contra el golpe en Perú, es una batalla que sigue empeñada y que por eso tiene una perspectiva. Éste es el significado de nuestro acto, y llamamos a volver a esta embajada como símbolo de la defensa de los derechos democráticos en Brasil, contra el golpismo, contra el fascismo, contra el bolsonarismo y contra el golpe de Estado militar de las Fuerzas Armadas brasileñas. Gracias. LEER MÁS Enfrentemos al golpismo en América Latina

10 de enero de 2023
Golpe en Brasil: el operativo encubrimiento

“El mercado financiero no se estremece tras actos terroristas en Brasilia”, tituló el diario brasileño O Globo. Se trata de la reacción contraria a la que tuvieron para recibir la reciente asunción de Lula a la presidencia, el pasado 1 de enero. Lula realizó un encuentro “en defensa de la democracia” en el Palacio del Planalto con los representantes de todos los bloques políticos, incluyendo a los bolsonaristas. Entre ellos, estuvieron Tarcísio de Freitas, gobernador de São Paulo, y Celina Leão, gobernadora interina del Distrito Federal luego de la destitución de Ibaneis Rocha por su complicidad con el golpe. Para Lula, los asaltantes “posiblemente sean víctimas, sean masas de maniobra”. A renglón seguido aseguró que no serán “autoritarios con nadie en nombre de la defensa de la democracia” y apuntó contra quienes financiaron los campamentos en las puertas de los cuarteles y los viajes de los de los amotinados. El señalamiento de la complicidad de la Policía y el Ejército no fue acompañado de nombres concretos. El ministro de Justicia, Flávio Dino, mitigó la responsabilidad del ministro de Defensa, José Múcio, en la liberación del terreno para la asonada. Exculpándose a sí mismo en su calidad de ministro de Seguridad señalo: “quiero hacer una defensa vehemente de la sinceridad del ministro Múcio al comandar una de las áreas más difíciles del gobierno, dadas las circunstancias y la historia brasileña. Él optó por el camino del diálogo y no puede ser condenado por eso”. A los golpistas que fueron arrestados “in situ”, el ministro los calificó de “vándalos”, no de golpistas, y se preocupó para que paguen los daños económicos que hayan generado los destrozos dentro de los edificios públicos. Dino felicitó a las Fuerzas Armadas por “no embarcarse en el canto demoníaco del golpe de Estado”, como si la tarea del ejército sea mantenerse neutral ante un golpe “contra la Constitución”. Entre los involucrados fueron señalados numerosos bolsonaristas de tercera línea. Entre ellos un sobrino de Bolsonaro, los presidentes de los directorios municipales de Monte Azul y Montes Claro (Minas Gerais), una diputada del Partido Liberal, un ex asesor del ministerio de Defensa, concejales de diversos distritos, así como militares retirados y ex funcionarios de rango menor del gobierno de Bolsonaro. Acerca de las figuras de primera y segunda línea, nada. El presidente del PL, Valdemar Costa Neto, anunció que los afiliados que participaron en las protestas serán expulsados. El rechazo al golpe es moneda común de los golpistas, desde Bolsonaro hacia abajo, para evitar un proceso judicial. La intervención federal no resuelve, sino que deja planteado con más fuerza, el problema del Ejército. Hasta el momento no se emitió ninguna declaración de condena al golpe de parte de los altos mandos de la fuerza. El diario Valor Económico señaló que “la invasión de los tres poderes no sólo contó con la connivencia del gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha, sino también del Ejército brasileño”, y agregó: “si la inacción de la Policía Militar del Distrito Federal puede resolverse con una intervención del Distrito Federal (…), la inacción de las fuerzas del Ejército depende de la acción del comandante del Ejército”. Según Globo, “los comandantes Júlio Cesar de Arruda (Ejército), Marcos Sampaio Olsen (Marina) y Marcelo Kanitz Damasceno (Aeronáutica) buscaron presentar justificaciones al ministro de Defensa, José Múcio. El principal argumento fue que tenían información de que la policía del Distrito Federal actuaría con prontitud para contener a los golpistas, lo que no sucedió”. El ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ordenó el levantamiento de los campamentos golpistas de todos los cuarteles. En todo el país se desmovilizaron 34 campamentos golpistas, pero no se realizó ni un solo arresto. Los golpistas tuvieron tiempo de juntar sus cosas ordenadamente y retirarse del lugar sin inconvenientes. En diversos distritos, el desmantelamiento de los campamentos se produjo mediante la negociación entre la Policía y los acampantes. Fue el caso del Estado de São Paulo y de la Amazonía. El gobernador de São Paulo ordenó el desalojo pacífico. Moraes, había determinado la “detención en flagrancia” de los acampantes. Funcionarios de São Paulo dijeron que “cumpliremos con la orden judicial. Ahora, la forma en que se cumplirá será el diferencial aquí en São Paulo. Es una orientación de nuestro gobernador (Tarcísio de Freitas) para que esto se haga de manera pacífica y así se hará”. En la Amazonía, la seguridad de la gobernación debió levantar los campamentos sin ningún tipo de apoyo del Ejército. LEER MÁS Brasil: Lula asume en un escenario explosivo LEER MÁS Golpe trumpista en Brasil

10 de enero de 2023
EE.UU: golpe palaciego de los trumpistas en la Cámara de Representantes

En la Cámara de Diputados de EE.UU se vivió una crisis que no sucedía desde hace más de 160 años. Sus integrantes debieron recurrir a 15 votaciones para elegir al representante de este órgano, ya que el Partido Republicano -que tiene la mayoría por solo nueve escaños- no lograba reunir los votos necesarios producto de disidencias internas. Llegaron a ser 20 diputados de la ‘ultraderecha’ que boicotearon a Kevin McCarthy, propuesto por la mayoría republicana, a quien consideran ´servil´ a las investigaciones y acusaciones contra Donald Trump por el asalto al Capitolio, 2 años atrás. El órgano se mantuvo paralizado los cuatro días que demoraron las votaciones. El grupo de diputados republicanos que se agrupa en lo que se conoce como “Freedom Caucus”, sucesor del derechista “Tea Party”, no reconocen el triunfo electoral de Biden y varios de sus integrantes estaban presenten durante el asalto al Capitolio. Después de unos días, Trump llamó a apoyar a McCarthy pero los propios diputados trumpistas continuaban votando en contra. McCarthy fue finalmente electo pero diversos medios lo calificaron como una derrota sin atenuantes y como el presidente más débil que tendrá la Cámara en la historia de EE.UU. Debió acceder a muchas concesiones a los ultras como que se necesiten pocos votos para removerlo; que se incremente su representación en las comisiones importantes; proponer una ley que limite el término de los mandatos de los congresistas y otra sobre seguridad en la frontera (grupos fascistas como “Veterans on Patrol” ya están arrestando inmigrantes en la frontera con México). Días después de la elección de McCarthy , se produjo un intento de golpe de Estado en Brasil, con Bolsonaro de espectador en uno de los hoteles de Trump en La Florida. La victoria de los trumpistas augura una parálisis completa en la Cámara de Diputados. Con la mayoría demócrata en el Senado, esta configuración amenaza de un nuevo cierre del gobierno, situación que supone la suspensión de los servicios públicos no esenciales ante la falta de aprobación de los presupuestos federales, una situación ha sido frecuente en los últimos 40 años. El Congreso de EE.UU. debe aprobar en el próximo periodo la elevación del techo de la deuda pública, sin lo cual ingresaría en default, hundiendo las Bolsas y desatando una nueva bancarrota financiera internacional. Los republicanos extorsionan su aprobación exigiendo recortes de gasto público –a excepción claro del presupuesto para la guerra y amenazan con una serie de investigaciones sobre la gestión de Biden de la pandemia y de la retirada de Afganistán. El golpe trumpista en la Cámara de Diputados tiene lugar luego de que un comité del congreso de EE.UU. investigara la participación de Trump en el asalto al Capitolio y, en sus conclusiones, pidió al Departamento de Justicia del Gobierno de Biden que impute penalmente al republicano –un proceso que avanza con enorme lentitud- y exhortó al Congreso a que impida que Trump pueda presentarse de nuevo en las elecciones de 2024. Esto, junto a la desobediencia de sus diputados para votar a McCarthy, fue presentado como un signo de un supuesto debilitamiento político de Trump, que ya lanzó su campaña presidencial para el 2024. Los golpistas actúan, sin embargo, abiertamente bajo connivencia permanente de los “demócratas”.

10 de enero de 2023
Tiroteo en escuela primaria de Estados Unidos y la guerra

El pasado viernes 6 de enero, durante la clase de primer grado de una escuela primaria en Newport News, Virginia, Estados Unidos, un niño de seis años disparó a su maestra, dejándola al borde de la muerte. Según el informe policial, no se trató de un accidente. El hecho generó conmoción en todo el mundo. Los tiroteos en escuelas batieron un nuevo rédord en Estados Unidos en 2022, con 257 casos hasta octubre. Pero la participación de un niño de 6 años generó el mayor de los desconciertos. “De ninguna manera creo que estuviéramos completamente preparados para que un estudiante de seis años trajera un arma a la escuela y le disparara a su maestra”, dijo George Parker, el superintendente de Newport News. “Ninguno de nosotros tiene ninguna información sobre cómo lidiar con algo como esto”, afirmó el jefe de la policía del distrito. La primaria Richneck, el establecimiento donde sucedió el tiroteo, recibe 600 alumnos y cuenta con un dispositivo de detector de metales. Pero “no todos los alumnos son escaneados. Y menos los de seis años” (Niusdiario.es). Los directivos escolares han suspendido las clases desde entonces. El hecho ha causado gran conmoción entre padres de familia, estudiantes y la población general. El foco de la investigación policial ahora está puesto en la responsabilidad de los padres del niño, con la posibilidad de acusarlos por delito y quitarles la custodia del niño. El informe policial explicó que el arma 9 mm. que el niño llevó a la escuela fue comprada legalmente por su madre. Las redes sociales estallaron nuevamente contra la tenencia de armas. Muchos usuarios apuntaron a la vicegobernadora de Virginia, Winsome Sears. Aclamada como la primera mujer negra en ser elegida para el cargo, Sears es veterana de la Infantería de Marina de Estados Unidos y miembro del partido Republicano. Realizó su campaña política posando con un rifle de alto calibre para promover el uso de armas de fuego. El disparo realizado por este niño forma parte de una seguidilla histórica de tiroteos y asesinatos ocurridos en las escuelas de Estados Unidos. El último ocurrió en el mes de mayo de 2022, donde un hombre asesinó con arma de fuego a 19 alumnos y 2 maestras de la localidad de Texas. Según información oficial, se contabilizan 16 incidentes en escuelas protagonizados por menores de 10 años desde 1970 en Estados Unidos. Algunos medios recordaron que, hace 23 años un niño de seis años mató de un disparo a su maestra en Michigan. A la par del incremento de las agresiones en las escuelas, se suma el aumento de casos de niños pequeños que acceden a armas cargadas y se disparan a sí mismos u otros en los hogares y otros entornos, según el investigador Webster (Niusdiario.es). La salud mental de las infancias se encuentra en riesgo. Es un hecho común en los países en guerra. La ONG World Vision, a propósito de la situación en Ucrania, señala que la guerra está causando estragos en la salud mental de los niños, con secuelas físicas y emocionales de gravedad. Se "enfrentan a la muerte, a ser heridos y a ver interrumpida su educación" (Europapress.es). La campaña contra el uso de armas lleva a un callejón sin salida en un país que se encuentra en guerra contra todo el mundo. El Estado norteamericano es el principal exhibicionista de su capacidad armisticia, del fomento a la guerra en Europa y al desarrollo de una guerra contra China, sede de las operaciones bélicas. Un Estado que se encuentra en guerra permanente sólo puede sostenerse a condición de involucrar al conjunto de su población en la guerra, convirtiendo al país y a las escuelas en un campo de batalla. A esto se suma el ataque sin precedentes a las condiciones laborales y el crecimiento de la desocupación, así como la escalada de la violencia policial, principalmente hacia la población negra. Los involucrados en las agresiones escolares actúan en el marco de un Estado en guerra, y de ataque a los trabajadores y sus condiciones de vida.

10 de enero de 2023
Los lobbys capitalistas en el puerto de Rosario

El conflicto en el puerto de Rosario va más allá de lo laboral. En el trasfondo de la situación, se desarrolla una lucha de lobbys capitalistas por su control, el más importante del país en volumen de exportación. Actualmente lo administra el Ente Administrador del Puerto de Rosario (Enapro). Su directorio está conformado por representantes de las patronales que operan en el puerto, de la Municipalidad de Rosario y del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA). El presidente del Enapro es Guillermo Miguel, designado por el gobernador Omar Perotti cuando asumió la gobernación. Cuando Miguel tomó posesión del cargo, dejó sin efecto la extensión por 25 años, hasta 2057, de la terminal multipropósito otorgado a Terminales Puerto Rosario (TPR), la actual concesionaria. Este fue uno de los primeros cortocircuitos entre Miguel y Vicentin y el holding chileno, Ultramar, dueños de TPR. El Enapro le reclama a la empresa de capitales argentinos-chilenos que se haga cargo del mantenimiento de los muelles que explota. Según los trabajadores del puerto y otros allegados a la actividad portuaria, el puerto se cae a pedazos. Vicentin y Ultramar no quieren poner ni un peso en mantenimiento y le reclaman al Estado que sea el que desembolse el dinero. Por otro lado, TPR adeuda una considerable suma por el cánon que tiene que pagar a la provincia por el usufructo del puerto. Entre tires y aflojes, en medio del actual conflicto por los despidos, el Enapro decide sacar de su directorio a TPR. La excusa fueron los incumplimientos antes mencionados. En cambio, ingresó un representante de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), según cuentan las crónicas periodísticas, propiciado por el propio Miguel. No es inocente esta elección. La Bolsa mantiene una disputa con Vicentin, luego de que la exportadora se declarara en default por 1.400 millones de dólares. También se sumaba Juan Manuel Ondarcuhú, dueño de Servicios Portuarios (Sepor), el grupo empresario que tiene las terminales graneleras VI y VII en la ciudad de Rosario. Ondarcuhú, es un viejo conocido del mundo portuario. El mismo fue uno de los imputados en la causa, que involucró al ex líder del Sindicato Marítimos Unidos (SOMU), Omar “Caballo” Suárez, donde fueron embargados por una cifra de 200 millones de pesos en una causa de lavado de activos. Según afirman varios periódicos, esta nueva configuración del directorio del Enapro busca darle músculo en las continuas luchas contra TPR. Tanto Vicentin como Ultramar vieron en esto una maniobra hostil a sus intereses. En diciembre, al mismo momento que el secretario general de SUPA le reclamaba a Perotti que le remueva la concesión a TPR, Sepor desembarcó para operar en el Puerto de General San Martín, otro de los puertos importantes del Cordón Industrial. Esto fue entendido como parte de un plan para quedarse con el Puerto de Rosario. LEER MÁS Rosario: huelga por tiempo indeterminado y ocupación del Puerto

10 de enero de 2023
Campaña Financiera: último esfuerzo para alcanzar los objetivos fijados
Comisión de organización

Mientras se apagan los festejos de las fiestas y las multitudinarias movilizaciones por la victoria de la selección argentina, el año nuevo nos presenta varias batallas que libra la clase obrera, anticipo de lo que vendrá. Están movilizados y en huelga por tiempo indeterminado los portuarios de Rosario, libran una enorme lucha los químicos del Cordón de San Lorenzo, siguen las repercusiones de la gran lucha de la Salud, ahora con centro en Bahía Blanca y Tucumán; y comienzan paros los trabajadores del INTA. La clase obrera librará grandes luchas en 2023. Acompañando estas luchas y ayudando a su organización, se desarrolla el último tramo de nuestra campaña financiera, que lleva reunido un 70% de los objetivos financieros, con respuestas importantes entre los docentes primarios, secundarios, universitarios y estatales de todo el país; entre metalúrgicos, con aportes de grandes plantas; entre los trabajadores del transporte en el Subte, en la UTA y en ferroviarios; en alimentación, textiles, telefónicos, mineros, azucareros. Se destacan muchos aportes provenientes de la Salud, en todo el país, como resultado de un salto en su conciencia política al calor de las grandes luchas que esos trabajadores libraron este año. Una experiencia similar recorren los trabajadores del citrus del NOA, que han arrancado conquistas importantes al gobierno provincial de Tucumán con sus movilizaciones. Dentro de la campaña merece una importante consideración la campaña del Polo Obrero Tendencia, que ha discutido en todas sus asambleas, en todo el país, actividades por la campaña financiera y que además está realizando centenares de pequeños aportes nominales de enorme valor político, en un año que los ha puesto en pie de guerra frente al recorte de los beneficios arrancados con las luchas. Tramo final Falta dar algunos pasos finales para la culminación de la campaña. Aún nos queda por visitar un extenso nuevo padrón de relaciones que Política Obrera ha creado en sus tres años de existencia. En la campaña, además, estamos recogiendo adhesiones de la vieja periferia histórica del PO que, pasado un tiempo prudencial, ha podido sopesar con más claridad la naturaleza de las diferencias políticas con el aparato que nos expulsó. En las dos semanas siguientes será decisiva la visita a ese importante padrón. Se han realizado plenarios de organización en varias regionales, estableciendo concretamente el número de visitas por zonas y el remate de los compromisos asumidos. A pesar de la inmensa crisis económica para los trabajadores, casi no hay rechazos ni en los sindicatos ni entre los trabajadores desocupados. La finalización exitosa de nuestra campaña nos dotará de los recursos que necesitamos para las tareas de agitación nacional, para mantener la salida regular de nuestro periódico impreso y, en general, para la financiación de nuestra actividad militante, que incluye nuevos desafíos entre ellos el de constituirnos legalmente como partido nacional. Dediquemos estas próximas semanas a un último esfuerzo para fortalecer la capacidad de Política Obrera de llegar a millones de trabajadores.

11 de enero de 2023
China colapsa

El desmantelamiento completo de la política de Covid cero en China, reclamado insistentemente por el capital internacional, está provocando una verdadera catástrofe humanitaria en el país asiático. Entre las medidas del gobierno chino para eliminar protocolos y cuarentenas, se hizo oficial la apertura de las fronteras a extranjeros. También se espera, para fines de mes, una oleada de viajes internos con motivo del Año Nuevo chino. La OMS, que en su momento felicitó al gobierno chino por el levantamiento de las medidas de cuarentena, ha hecho sonar la alarma. Los medios internacionales, que 'denunciaban' las restricciones sanitarias en China, hoy encabezan las denuncias al gobierno de Xi Jinping por ocultar las cifras de muertos que trajo esa apertura. Los datos del horror El hecho que mejor refleja la situación china es el colapso de los crematorios. Las morgues y los crematorios están saturados. En Pekin, la lista de espera promedio de los crematorios es de hasta diez días. Estas reciben permanentemente muertos desde los hospitales y, cada vez más, desde las casas particulares. Muchas familias denuncian por redes sociales que los cadáveres en descomposición de sus familiares no están pudiendo ser retirados de las casas. Se han pedido voluntarios para colaborar con el armado de morgues ambulatorias aledañas a los hospitales. Las morgues improvisadas también se están organizando en Pekin. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China dejó filtrar a la prensa internacional que sólo en los primeros veinte días de apertura se contagiaron unos 250 millones de personas. En ciudades como Zhejiang se contagian cerca de un millón de personas por día. Todas estas cifras son sólo estimaciones, porque el gobierno de Xi Jinping dio instrucciones a la Comisión Nacional de Salud de dejar de reportar las muertes y llegó a informar apenas unos “60 mil infectados en todo el país”. Según el New York Times, sólo el 20 de diciembre se infectaron 37 millones de chinos. El Asia Times afirma que el 80 % de los 22 millones de habitantes de Pekin están infectados. En Shangai la cifra llegaría al 75 %. El epidemiólogo y ex jefe científico de los Centros chinos para el control y prevención de enfermedades, Zeng Guang, considera que la cifra actual de infectados ya superó los 250 millones y se encuentra cercana a los 600 millones. El Time publicó esta semana que entre 5.000 y 9.000 muertos habrá por día en lo que seguirá de enero y que, para finales de mes, podría llegar a los 25.000 muertes por día. (time.com/6242070/covid-china-deaths-eplainer y time.com/6245029/china-covid-information) Los médicos y enfermeras y los trabajadores de salud en general, pero también los trabajadores estatales, tienen órdenes de trabajar incluso contagiados y con síntomas. Ante la baja de muchos contagiados con síntomas graves, el gobierno ha comenzado a convocar a los jubilados a reforzar los hospitales. Algunos gobiernos locales han alentado a sus habitantes a completar una encuesta on line para mantener un registro de la tasa de infección territorial. Las cifras son alarmantes. En la ciudad de Sichan, el número de infectados está superando el 80 %. Otra cifra alarmante es que, además de la alta contagiosidad entre ancianos, los niños y bebés son otro sector de la población con alto nivel de contagio. La llamada tripledemia del hemisferio norte (Covid, gripe e influenza), sin perjuicio de que exista, se ha transformado en una excusa para esconder las cifras reales de los muertos por Covid. Así lo hizo EE. UU. y así lo está comenzando a hacer China, que sella cadáveres bajo motivos de otro carácter sin vincularlos al contagio por Covid. El colapso del sistema de salud La situación de los hospitales es catastrófica. Según el Strait Times, en ciudades como Changán, las farmacias ya no cuentan con fármacos paliativos de los síntomas del Covid (como paracetamol, antiinflamatorios o jarabes para la tos). Según la agencia AFP, los contagiados mueren haciendo largas filas para ingresar en los hospitales y las salas de esperas se encuentran abarrotadas con hasta incluso más de 300 personas en su interior, sin respetar ningún tipo de protocolo, como la distancia. Los gimnasios y otros centros deportivos han comenzado a habilitarse como centros de salud ambulatorios. En Hangzhou, el gobierno local está pidiendo conductores voluntarios para acercar a los enfermos críticos que se encuentran en sus casas. También hay un colapso de la demanda de respiradores domésticos, último recurso de las familias con capacidad de endeudamiento o con dinero. Las industrias de artefactos médicos están colapsados, pero también han aumentado considerablemente los precios de los ibuprofenos, medidores de saturación de oxigeno y presión. Las farmacias han aumentado los precios de todo lo que tiene que ver con paliativos al Covid. Las unidades de cuidados intensivos no reciben más pacientes. Han comenzado a rechazar las ambulancias. Lo peor está por venir A pesar de esta ola explosiva, el gobierno acaba de habilitar el turismo interno e internacional. Con motivo del Año Nuevo chino, a fines de mes, se pronostica una mayor movilidad de la población. China espera 2.000 millones de viajes con la apertura de sus fronteras. Los protocolos para los viajeros son cero. Nada de PCR negativos ni cuarentenas, puesto que Salud ha levantado el decreto que tipifica al Covid como una enfermedad de tipo A (es decir, altamente infecciosa y peligrosa). Las reservas de viajes en grandes hoteles -como el Phuket, en Hong Kong- elevaron sus cifras en un 250% apenas anunciadas las nulas restricciones de ingreso al país. Para esas fechas se espera también que grandes masas de obreros industriales regresen a sus hogares en provincias rurales. Con ellos, la pandemia llegaría a los pueblos y campos que no cuentan con infraestructura sanitaria para atender a la población. Como contrapartida a la apertura, los países europeos están aumentando las restricciones y controles de los viajeros provenientes de China. Hasta ahora, la subvariante Omicron más letal registrada en China es la BF.7. Sin embargo, el gobierno chino no ha aportado los registros de las secuencias genéticas de las muestras tomadas de pacientes (o sea, no registran las nuevas mutaciones que están surgiendo). El mismo Tedros Adhanan, quien dirige la OMS y que había felicitado la iniciativa de Xi de levantar la cuarentena, ahora usa al Times para pedir "transparencia en el nivel de enfermos y muertos y protocolos para los extranjeros que viajen a China". También la Unión Europea va a discutir protocolos para los viajeros europeos que regresen de China. Otro ‘preocupado’ es el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, quien en conversación con el ministro de asuntos exteriores de China, Wang Yi, pidió transparencia sobre la cantidad de contagiados y enfermos. Como lo hizo el New York Times, Blinken critica de China lo que llama una apertura brusca, Nike y Apple están reviendo la continuidad de su producción en China. El colapso económico La idea de que la apertura china iba a mejorar los números económicos está siendo rotundamente desmentida. La bestial tasa de contagios y muertos está creando numerosos problemas en la industria manufacturera y en la cadena de suministro. Es el caso de los puertos de Shenzhen, donde, paradójicamente, se han levantado todos los protocolos en sus rutas para que los camiones con mercancía lleguen a los barcos lo más rápido posible. Los cuatro días de viaje hasta el puerto respetando aduanas, controles y cuarentenas, ahora toma un día. Sin embargo, producto de los contagios se disparó la ausencia de conductores. Tesla, Walmart y Apple no consiguen trabajadores en estas condiciones. Tesla suspendió su producción en Shanghai por los problemas de la cadena de suministros. Algunos capitales industriales han amenazado con mudarse a Vietnam, India o Camboya (señalando que en esta última pueden conseguir mano de obra por la mitad de los sueldos que pagan en China). El desarrollo manufacturero tiene una relación estrecha con el crecimiento, que ya no volverá a llegar a los dos dígitos del PIB. El 5.5 % de crecimiento que se había propuesto Xi Jinping roza la ficción. Se calcula que será cercano apenas al 3 %. Quienes sí han recibido una satisfacción son los capitales occidentales del petróleo, que podrán exportar combustibles a los puertos chinos. China compraba el 20 % del petróleo mundial. En el caso del gas, la moneda tiene otra cara. Para Europa, un aumento en la demanda por parte de China significaría un aumento en el costo en plena crisis energética en invierno. Los bancos centrales han anunciado un aumento de algunos tipos de tasas de intereses. El Estado viene rescatando, contradictoriamente, a las industrias golpeadas por la pandemia. Combatir la catástrofe La crisis humanitaria de la pandemia no sólo dejará a millones de muertos en China, sino que también, al igual que como pasó en Estados Unidos y en Europa, dejará un a cientos de miles (sino a millones) de trabajadores discapacitados por las secuelas del Covid. En EE. UU. los trabajadores discapacitados, según cifras del gobierno, superan los cuatro millones. Esta es la continuación de una catástrofe humanitaria que comenzó en 2019 y en que, según la revista Nature, el Covid fue la principal causa de muerte entre los años 2020 y 2021 a nivel mundial (nature.com/articles/s41586-022-05522-2 ). El mismo artículo estima que para el 2023 tomará relevancia la variante VoC, que evade mejor el sistema inmunitario de las personas y causa síntomas más rápidos y graves, y con una transmisión mucho más ‘eficaz’ (nature.com/articles/d41586-022-04476-9 ). La ‘inmunidad de rebaño’ y el ‘ajuste’ del gasto en salud lleva a una catástrofe social. LEER MÁS: Pandemia: el desastre humanitario que amenaza a China China: protestas, covid y derrumbe económico El régimen chino juega con “la inmunidad de rebaño”

11 de enero de 2023
Perú: se intensifica la represión del gobierno de las Fuerzas Armadas

Las calles peruanas vuelven a estar colmadas de manifestantes exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Desde la destitución de Pedro Castillo una mayoría de la población reclama por la libertad del ex presidente, nuevas elecciones, una Asamblea Constituyente y el juicio a los responsables de la represión, que ya arroja más de 40 muertos. Las protestas en el sur del país incluyen paros por tiempo indefinido y cortes de rutas. En la región de Puno, el gobierno impuso el toque de queda, mientras el conjunto del país se mantiene bajo “estado de emergencia” desde diciembre. La represión en Juliaca, con un saldo de 18 muertos, volvió a encender la mecha de las protestas: 53 piquetes en seis regiones: Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa, Madre de Dios y Amazonas. Diversos aeropuertos se encuentran cerrados. Se han instalado ollas populares. Desde las regiones más alejadas, numerosas movilizaciones marchan a la capital del país. El primer ministro Alberto Otárola declaró que “no vamos a permitir que esta asonada llegue a Lima y debilite al Gobierno”. Organizaciones barriales y sindicales lanzaron la convocatoria a una huelga general por tiempo indeterminado, que se está haciendo efectiva en Arequipa, Puno, Cusco, Moquegua, Apurímac, Tacna, Madre de Dios, Pucallpa y diversos sindicatos de Ayacucho. La Central General de Trabajadores de Perú (CGTP) se limitó a expresar su “solidaridad” con las manifestaciones y un repudio a la represión. Desde su cuenta de Twitter, informó que no participarán de la “mesa de diálogo” que fue convocada por el gobierno de cara a un Acuerdo Nacional. Las fuerzas de centroizquierda y las que responden a Pedro Castillo no han impulsado ningún tipo de convocatoria. Han presentado una denuncia constitucional contra Dina Boluarte por las muertes de la represión. La Fiscalía de la Nación ya formalizó recientemente la investigación contra la presidenta y varios de sus ministros por delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves” por las 46 muertes y cientos de heridos en las protestas de diciembre y enero. En el Congreso, la fuerza de Castillo, Perú Libre, intentará interpelar a diversos ministros del gobierno de Boluarte. Sin embargo, la mayoría de las bancadas están en manos de la derecha. Otárola acaba de recibir en el Congreso un voto de confianza para ser ratificado en el cargo. En su discurso, saludó el “honor y gloria para la Policía y las Fuerzas Armadas” y atacó a “quienes son los responsables de la toma de instituciones públicas”. La ratificación del gobierno responde a una exigencia del alto mando militar fujimorista. Boluarte es una presidenta golpista. LEER MÁS Reanudan paros, bloqueos y protestas en Perú

11 de enero de 2023
Demos pelea a los tarifazos

Mientras el kirchnerismo se enfrasca en un intento sin futuro de enjuiciar políticamente a la Corte, y mientras el macrismo-radicales se esfuerza por encubrir a sus funcionarios y a jueces, comprometidos en conspiraciones judiciales y extrajudiciales bajo la conducción del grupo Clarín, la máquina del tarifazo se ha puesto a trabajar las 24 horas al día. El costo de la tarifa de gas subirá un mínimo del 120 % y superará en promedio el 150 %. Para los hogares de menor consumo podría llegar, en el próximo invierno, a 4.000 pesos mensuales. Este aumento no incluye la distribución ni el transporte, que tendrán sus tarifazos respectivos. Un sector de los beneficiarios de este tarifazo, Edenor y Edesur, obtendrá una reducción del 60 % de su deuda con el Estado, de 219.600 a 80.210 millones de pesos, que además serán refinanciados a ocho años con tasas de interés subsidiadas. Este regalo enorme explica la suba de las acciones de las gasíferas en la Bolsa, que tanto entusiasma a los especuladores. Se valoriza Edesur, cuyo dueño italiano, Enel, ha anunciado el propósito de ponerla en venta. La insidia periodística recuerda, día por medio, que los Massa son socios de Edenor, comprada a precio de regalo por Vila y Manzano. Intermediarios financieros, este dúo está buscando venderla a precio superior. El 25 % de la tarifa del servicio corresponde a impuestos. O sea que más allá de las generadoras, distribuidoras y transportistas, representa una póliza de seguro para los acreedores del Estado. El servicio de gas es premiado también con una indexación mensual de tarifas, como ya se ha decidido para las prepagas, el transporte y otros, como los combustibles. En estas condiciones, Sergio Massa pretende que las paritarias no superen un tope del 60 % para los aumentos de salarios. La violencia del ‘ajuste’ nacional y popular no tiene precedentes. Es un punto de acuerdo con el FMI, los bancos, los macristas y los radicales. Esta andanada de golpes contra los trabajadores no ha sacado al gobierno de la tenaza de la deuda pública. Por el contrario, aunque se encuentra indexada a inflación o devaluación, sus tenedores se desprenden de ella porque advierten la llegada de un default. Es así que el Banco Central, Anses y Banco Nación acumulan la mayor parte de estos papeles, que compraron con mayor emisión de moneda. La deuda pública, en dólares y pesos, tanto de Nación como de provincias y municipios, de empresas estatales y privadas ha tetanizado al Estado y a toda la estructura económica y social de Argentina. Los tarifazos que abruman al pueblo no resuelven ninguno de los problemas planteados. Los tarifazos indexados plantean una lucha decisiva. Anular esos tarifazos y abrir las cuentas de las empresas. Organizar una huelga general por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, por una jornada de ocho horas diarias y cuarenta semanales. Es el camino que han emprendido los trabajadores de la salud y los portuarios, y que ha abierto nuevas perspectivas.

11 de enero de 2023
Rebelión en el Puerto de Rosario

“Viva la huelga portuaria. Todos adentro. Abajo la reforma laboral.” Estas son las consignas principales de la enorme lucha de los portuarios rosarinos. Desde diciembre, los trabajadores mantienen paralizado el puerto por estos reclamos. Fue la respuesta que votaron en asamblea frente a los despidos masivos, la negativa a un reajuste salarial y a los intentos por modificar el régimen laboral, llevando la jornada de trabajo de 6 a 8 horas, como inicio de una reforma laboral más general. El paro por tiempo indeterminado es sostenido por la base y los luchadores y todas las resoluciones se toman en asambleas. El desarrollo de este aguerrido movimiento de lucha se tuvo que enfrentar tanto a la patronal como a la propia conducción del SUPA, que desconoce las resoluciones de las asambleas. A espalda de los trabajadores, la burocracia del sindicato redactó con la patronal y el Ministerio de Trabajo de la Nación un acuerdo que anunció como el fin del conflicto. La asamblea lo rechazó masivamente porque mantenían el despido de 5 compañeros, algunos de ellos reconocidos luchadores y críticos de la política de la burocracia del SUPA. Allí mismo se votó la continuidad de la huelga. Aybar, el secretario general del SUPA, comenzó a bajar los mismos argumentos de la patronal, acusando a los compañeros despedidos de violentos, de que fueron echados con causa y de que el sindicato daba por terminado el conflicto. Llamó a la vuelta al trabajo y se sumó a la política de la patronal de amenazas sobre los huelguistas y los piquetes, presionando sobre el resto de los estibadores para que retomen el trabajo. Sin embargo, el primer día que tenían que retornar no ingresó nadie. Los piquetes de convencimiento en la puerta y la agitación del conflicto ayudaron a mantener el paro. El propio lunes al mediodía se realizó, en el piquete principal de 27 y Circunvalación, una convocatoria a las diferentes organizaciones. Estuvieron presentes directivos de sindicatos como Aceiteros de Rosario, ATE Rosario, Amsafe Rosario, Siprus y Fesprosa; delegados de diferentes lugares de trabajo, agrupaciones políticas y de desocupados. Carlos Blanco, de la Junta Interna del Hospital Baigorria y de Política Obrera, reivindicó la huelga señalando “que es una lucha de fondo, estratégica, de la clase obrera porque la Agro Sojera Vicentín que comanda el grupo que tiene la concesión del Puerto está desarrollando el programa de todas las patronales, de toda la clase capitalista, que es atacar los convenios, imponer la reforma laboral, destruir los salarios y fundamentalmente atacar la organización de los trabajadores”. Denunció “la complicidad de la burocracia sindical, de la CGT, que no mueve un dedo y de Perotti y del Ministerio de Trabajo Nacional que avalan los despidos”. Finalmente planteó la necesidad de "reforzar los piquetes con una acción masiva" y puso a consideración la propuesta de "impulsar un paro regional”. La posición del SUPA, totalmente hostil a la huelga, refuerza las tareas de fortalecer los piquetes y desarrollar un fondo de huelga, entre los sindicatos y fábricas con comisiones internas solidarias, centralizado en la asamblea. LEER MÁS Portuarios de Rosario: semana de lucha por todos los despedidos

11 de enero de 2023
Lucha de los trabajadores de la Salud en Chubut

Mientras el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, y la ministra Vizotti celebraban un acto provincial por la salud, los médicos de la provincia junto al resto del personal iniciaban una huelga de 48 horas entre el lunes 9 y el martes 10. Reclaman aumento salarial, la dotación de mayor cantidad de personal y presupuesto para el sostenimiento de una atención de calidad. Según denuncian los médicos, los salarios para los ingresantes, de $140.000, son los más bajos del país, por lo cual los jóvenes eligen otros destinos para buscar trabajo. El enorme atraso responde a que los acuerdos del año pasado, por ejemplo, reforzaron puntos del salario conformado como es la antigüedad, afectando a los ingresantes. Reclaman 100 % de aumento al básico. El resto del personal de salud (técnicos, enfermeros) anunció un paro para el 17 de enero y retención de tareas de 11 a 14 horas los días 17, 24 y 31. Reclaman un aumento del 50 % al básico y un aumento del valor de la hora guardia activa y pasiva profesional, técnica, auxiliar técnica y operativa promedio al 150 %. También plantean la reapertura de la paritaria para discutir el conjunto del convenio de trabajo. Los reclamos de los trabajadores retratan un colapso del sistema público de salud de Chubut. Según denuncian los trabajadores, el hospital zonal, el más importante de la provincia, carece de hematólogo, neumólogo, cirujano proctólogo, entre otros especialistas. Tampoco se realizan biopsias percutáneas ni estudios urológicos. Tampoco funciona el refractómetro (insumo utilizado para medir la graduación de anteojos) por lo que no se efectúan cirugías de cataratas, entre otros. La ola blanca de la lucha de la salud no se toma vacaciones.

11 de enero de 2023
Zabaleta y la Cámpora se dan con todo

El retorno de Juan Zabaleta a la intendencia de Hurlingham detonó una crisis con La Cámpora, que se había hecho cargo de la gestión del municipio cuando el jefe comunal pasó al Ministerio de Desarrollo Social en reemplazo de Daniel Arroyo. Zabaleta mantenía una relación crítica con la agrupación de Máximo Kirchner, que los tuvo al borde de la ruptura en 2021. Finalmente, la sangre no llegó al río. Más tarde, Zabaleta y el camporismo local sellaron un precario acuerdo a instancias de Alberto Fernández, cuando el presidente lo convocó para integrar el gabinete nacional y el hasta entonces presidente del Concejo Deliberante, Damián Selci, se hizo cargo interinamente de la intendencia. En ese lapso, las tiranteces entre ambas camarillas no aflojaron: Zabaleta le retaceó la asistencia social a sus suplentes y estos recibieron el auxilio de Martín Rodríguez, el segundo a cargo del PAMI. En su regreso a su pago chico, Zabaleta desplazó a cuatro funcionarios del gabinete nombrados por Selci. Le siguieron 11 renuncias más, solidarias con los funcionarios que habían sido echados. Le reprochan “persecución política contra peronistas”. Los cruces de acusaciones y chicanas siguieron. El bloque de concejales del Frente de Todos tiene 12 integrantes, de los cuales cuatro responden a Zabaleta y los ocho restantes a La Cámpora y aliados. Juntos por el Cambio, por su parte, tiene ocho miembros. A principios de diciembre, La Cámpora convocó a una sesión para votar las autoridades del Concejo Deliberante. Su intención era reponer a Selci en la presidencia. Sin embargo, en aquella sesión, los cuatro integrantes del bloque oficialista que responden a Zabaleta y la bancada de Juntos por el Cambio se pusieron de acuerdo para no dar quórum y la sesión, finalmente, se cayó. Esa jugada impidió el regreso de Selci al Concejo Deliberante como presidente. La crisis en Hurlighman podría servir de adelanto del sainete peronista en la estratégica provincia de Buenos Aires hacia las próximas elecciones. La capacidad del cristinismo de digitar las listas locales se ha resentido luego del ´renunciamiento´ de su jefa. Varios intendentes han manifestado -abierta o solapadamente- sus pretensiones de ir a las PASO contra la agrupación de Máximo K para definir las candidaturas municipales. Por su parte, los trabajadores municipales pudieron ver que esta grieta, a la hora de pagar los salarios, no existe: pagos con retraso, un salario básico de $30.000, trabajo precarizado, incluso con mano de obra reclutada entre los desocupados que reciben planes asistenciales, entre otros, situación que cuenta con la venia del sindicato municipal dirigido por Nito Bertinat. LEER MÁS: La vuelta de Zabaleta a Hurlingham Por Eva Gutiérrez, 13/10/2022. La salida de Zabaleta de Desarrollo Social Por El Be, 12/10/2022. El adelanto electoral sobre la mesa Desbande del gabinete. Por Jacyn, 09/10/2022. La llegada de Zabaleta a Desarrollo Social Por Eva Gutiérrez y Leonardo Perna, 02/08/2021.

11 de enero de 2023
Pronunciamientos de ADIUNT y ATE Cultura contra la tentativa golpista en Brasil

ADIUNT Desde la ADIUNT repudiamos el golpe de Estado en Brasil perpetrado por bandas armadas bolsonaristas con la complicidad de autoridades políticas, judiciales y militares. Toda nuestra solidaridad con las y los trabajadores de Brasil, en particular la docencia del vecino país. Estamos unidos en las movilizaciones contra los planes de ajuste salarial, en la educación y salud públicas. Ante el ajuste del FMI que llevan adelante los gobiernos, profundicemos las luchas en defensas de los derechos laborales y previsionales. ATE Cultura: “Rechazamos el golpe de Bolsonaro en Brasil, con la complicidad de las Fuerzas Armadas” Bolsonaro ha sido responsable por la destrucción de numerosas conquistas obreras y por casi un millón de muertos por la pandemia y es el cómplice político de las milicias que asesinaron a Marielle Franco y a decenas de activistas campesinos en el Amazonas. Como trabajadores/as de la Cultura, nos preocupa también la destrucción del patrimonio cultural que hicieron los bolsonaristas durante el intento de golpe. Esa destrucción implica además censura fascista. Alertamos que cualquier ataque a los y las trabajadoras en la región nos afecta directamente en Argentina y denunciamos la injerencia del FMI en cada uno de estos intentos. Llamamos a nuestros compañeros y compañeras a defender los derechos democráticos con los métodos de la clase trabajadora.

11 de enero de 2023
Laferrere: Espinoza y Kicillof reprimen y desalojan a 400 familias

El lunes 9, en horas de la tarde, unas 400 familias fueron desalojadas del Barrio La Resistencia, ubicado a la altura de la Ruta 21 y Carlos Casares, en la localidad de Gregorio de Laferrere. La policía de Kicillof y el Intendente Espinoza arremetió con balas de goma contra adultos, niños, mujeres embarazadas y adultos mayores. Además actuaron civiles armados no identificados. Como se pudo ver en algunos videos difundidos por los compañeros, se trató de una verdadera cacería, que terminó con heridos y varios detenidos. En el desalojo actuó la UFI a cargo del fiscal Matías Folino. Con esta, es la séptima represión que sufren los vecinos en los últimos meses. La anterior había ocurrido el 20 de octubre de 2022. Desde entonces se había iniciado una ´mesa de diálogo´ con autoridades del gobierno que, sin embargo, no cumplieron con dar respuesta a las demandas que les fueron planteadas. En las horas posteriores al desalojo, policías con armas cortas y largas entraron de manera ilegal a las casas del barrio La Palangana, ubicado en frente de La Resistencia. Los vecinos denunciaron en sus redes sociales: “Se están llevando vecinos presos, heridos y no sabemos de su destino. Hacemos responsable al gobierno municipal de Espinoza, a la policía de Sergio Berni y al gobierno provincial de Axel Kicillof de tal violación de los derechos humanos”. En La Matanza, según datos oficiales, hay 122 barrios “vulnerables”, en los que viven más de 52.000 familias obreras, que se reparten en unas 1.800 hectáreas en todas las localidades. Se trata del distrito que tiene mayor déficit habitacional de la provincia de Buenos Aires. Los gobiernos nacional, provincial y municipal siguen la hoja de ruta del ajuste que les dicta el FMI, podando lo destinado a atender la crisis social y habitacional. Los vecinos afectados se encuentran preparando una movilización al Municipio, para los próximos días, para repudiar la represión, pedir la libertad de todos los detenidos y con el reclamo de “Tierra para vivir”.

11 de enero de 2023
Bono de fin de año en Sanidad: organicemos el reclamo para que lo cobren todos los trabajadores y trabajadoras
Soledad Domínguez · Valeria Lucrecia Gómez

En el transcurso de las últimas dos semanas se ha ido abonando el bono de fin de año decretado por el gobierno nacional. Abundan las irregularidades. Pese a que la fecha de pago estaba estipulada para diciembre, hay establecimientos que lo cobraron el 5 de enero y otros que recién lo están cobrando esta semana. Algunos establecimientos, como el sanatorio Güemes, aún no lo han cobrado. A la demora en el pago se suma el hecho de que un gran número de trabajadores y trabajadoras no lo cobraron o cobraron menos del monto estipulado. Esto está generando una deliberación en los trabajadores y las trabajadoras, porque resulta que la mayoría de los sueldos de Sanidad apenas alcanzan los $150.000-$160.000, por lo que los trabajadores y trabajadoras nos vemos obligados a trabajar feriados y hacer horas extras para llegar mejor a fin de mes. A esto hay que agregar que, en el marco de la sexta ola de Covid, las patronales no han tomado personal, ofreciendo extras a las y los compañeros para cubrir los puestos de los compañeros y compañeras enfermos/as. Lo mismo sucede con las vacaciones. A su vez, hay una cantidad de trabajadores y trabajadoras que realizan jornada part time que cobraron proporcionales, es decir que, incluso cobrando por debajo de los $185.000 y no llegando a los $161.000, cobraron significativamente menos que los $24.000 estipulados por el decreto. Las patronales abonaron como quisieron el bono, brindando escasa información a los y las trabajadoras. El rol de la conducción Celeste y Blanca del sindicato, cuyo dirigente Hector Daer fue uno de los negociadores y mentores del bono, fue de complicidad absoluta. Pese a que el decreto establece el pago en diciembre se encargó de difundir que el pago podía hacerse en los primeros días de enero. Brindaron escasa información transmitiendo "tranquilidad", cuando ya los trabajadores veníamos alertando sobre las irregularidades. La lucha por el bono es sumamente necesaria y urgente para poder paliar la pobreza en la que las y los trabajadores nos encontramos sumergidos, pero también es cierto que un bono no subsana nuestra inequitativa realidad, con salarios a la baja que no rozan siquiera la canasta básica familiar (valorada hoy en $270.000). No es más que un paliativo a un sueldo precario. Debemos encarar, también, una fuerte lucha por nuestros salarios que han quedado muy por debajo de la pobreza y que la lucha por el bono nos sirva como impulso o motor de lucha y resistencia, de cara a la revisión paritaria de febrero, para así lograr un sueldo digno. La situación está generando malestar en los compañeros y compañeras. Repudiamos las irregularidades en el pago del bono y exigimos que las patronales abonen a todos los trabajadores y trabajadoras de la sanidad el bono de fin de año. Exigimos también paritarias acorde al costo de vida real. Organicemos acciones, asambleas, reuniones, para conquistar este reclamo.

11 de enero de 2023
La “contrarreforma” educativa en Uruguay: la demolición de la enseñanza secundaria

Estado de situación A finales de setiembre de 2022, se difundieron datos alarmantes: según información publicada por el Instituto Nacional de Estadística de Uruguay y recogida por varios medios de prensa, cerca del 20 % de los niños y adolescentes (entre 0 y 17 años) son pobres, es decir, en su familia los ingresos son inferiores a $43.000 para una familia tipo de 3 personas ( https://www.elobservador.com.uy/nota/fuerte-suba-de-la-pobreza-infantil-que-llego-al-22-5-durante-el-primer-semestre--202292918629 ). Recientemente, el poder ejecutivo fijó el salario mínimo a enero de 2023 en $21.107 y medio millón de trabajadores cobra menos de $25.000, a los que se suman los 170.000 desocupados (según cifras del Instituto Cuesta Duarte, vinculado al PIT-CNT). Unos 400.000 estudiantes de enseñanza media sufren “inseguridad alimentaria” y, según datos de 2019, el 18 % de los estudiantes adolescentes debía cuidar a sus hermanos menores (las cifras aumentan hasta el 70 % en los adolescentes y jóvenes que “ni estudian, ni trabajan”). Hay unos 60.000 docentes de los cuales el 70 % solo trabaja para el Estado (unos 43.000 maestros y profesores). De este número, 8 de cada 10 son mujeres y la mayoría de ellas entre los 30 y los 54 años de edad. Según cifras oficiales (del Instituto Nacional de Evaluación Educativa), la mayor parte de las licencias médicas son por motivos psicológicos y articulares, estableciendo una relación entre los recursos disponibles para desempeñar las funciones, la estabilidad laboral y las mejores condiciones laborales en la disminución de enfermedades. En cuanto a los planes y programas aplicados el que corresponde a Ciclo Básico (Plan 2006) ha aumentado los niveles de egreso y ha disminuído la deserción (según el Monitor Educativo Liceal de ANEP). La “crisis educativa” no es otra cosa que una expresión de la crisis capitalista mundial, que amenaza permanentemente la supervivencia de miles de niños y jóvenes. La educación del futuro Es en este contexto, en el marco de una crisis mundial y guerras imperialistas, con los coletazos de la pandemia, que el gobierno comenzó a hacer público el contenido de su política educativa. A través de la llamada "transformación educativa", el gobierno de coalición de derecha está imponiendo un plan de desfinanciamiento del presupuesto educativo, a través del recorte de un acumulado bianual del presupuesto total de unos 151 millones de dólares, al tiempo que adquirió una deuda con el BID de U$S40 millones solo para la financiación de la EBI. En este sentido, se eliminaron más de 60.000 horas docentes entre la enseñanza secundaria y técnica, es decir, unas 3.000 unidades docentes. El correlato académico de este desmantelamiento es la "Educación Básica Integrada" (E.B.I.), una experiencia que elimina el carácter propedéutico del ciclo básico, pilar de la continuidad educativa de los estudiantes. Supone una reducción del tiempo pedagógico y de contenidos para los estudiantes: se eliminan parcialmente de la currícula las ciencias y las artes, a las cuales se las sustituye por talleres “optativos” dentro de esas áreas. La enseñanza “centrada en el alumno” priva a miles de estudiantes de las herramientas teóricas para adentrarse en el saber socialmente acumulado. Lógicamente, se flexibilizan las condiciones para la aprobación y acreditación de los cursos (se elimina la repetición en dos de los tres niveles), planteando a la evaluación como una sumatoria de pruebas y actividades. Al ritmo de enunciados altisonantes -"educación para saber ser", "saber hacer"-, pretenden reinstalar como una novedad la vieja enseñanza por competencias -y su vuelta de tuerca noventera, el enfoque STEAM+-, que en sus varias décadas de existencia no ha logrado imponerse dentro de la academia. La currícula de formación docente es el claro ejemplo de este desmantelamiento: se reducen significativamente las asignaturas con los contenidos específicos de cada profesorado, se eliminan aquellas de contenido pedagógico y se introducen varias que apuntan al conocimiento organizacional y a la gestión de las instituciones educativas. Estos enfoques cuentan con el impulso de la OCDE, el BID y otros organismos internacionales, fomentan un enfoque empresarial de “gestión” de la educación, estando ausente en el debate la concepción de sujeto pedagógico en relación a la institucionalidad. Las autoridades de la educación elaboraron un discurso basado en un falso diálogo, a través de una campaña de recorridas por diversas regiones, que no logró convocar a la población, que se tornó en una esmirriada movilización de militantes de los partidos de gobierno y de mandos medios de la ANEP. Fueron lugar, además, de manifestaciones de centros de estudiantes y de sindicatos de la educación, con consignas contra la “transformación educativa” y reivindicando un necesario aumento presupuestal. Sobre las problemáticas sociales derivadas de la bancarrota capitalista no se enuncia una sola palabra. La respuesta de la juventud y los trabajadores La vanguardia de la lucha fueron los estudiantes, que desarrollaron una huelga con ocupación de centros educativos (llegando a ocupar 27 de los 32 centros de formación docente del país), marchas y grandes movilizaciones. Incluso, en la perspectiva 2023, hay centros de estudiantes de formación docente (como el del Instituto de Profesores Artigas), que tienen resuelta la conformación de un Comité de Huelga. Además de los sindicatos, varias asociaciones de docentes han mostrado su rechazo. Incluso las Asambleas Técnico Docentes (organismos de carácter institucional en el que participan los docentes de todo el país) rechazaron por abrumadora mayoría los documentos que hacían pública parte de la estructura de la reforma. Para la aplicación de estas medidas, el gobierno debió imponer una doble derrota al sindicato docente: por un lado a la huelga de Ades Montevideo (filial de la FENAPES, que nuclea poco menos de la mitad de los docentes de secundaria sindicalizados del país) y por otro, con un acuerdo de rebaja salarial. En ambos casos, en el camino contó con la burocracia sindical, que impuso un cepo al proceso de lucha en curso, que eclosionó en el mes de octubre con una masiva huelga en la universidad y la enseñanza secundaria de Montevideo, que se sumaron a los estudiantes. Para que la perspectiva sea de lucha, es necesario denunciar el accionar de la burocracia sindical que opera como una contención de la lucha, que termina por garantizar la aplicación de la política del gobierno; a través de la fragmentación de las luchas en el tiempo y de la plataforma reivindicativa, una receta para la derrota. Momentáneamente, han logrado imponer un freno a las tendencias a la lucha que se desarrollan a nivel de Montevideo y otras zonas del país, a partir de encolumnar al sindicato hacia una perspectiva de victoria del Frente Amplio en 2024. El "progresismo" ha sido, por su parte, impulsor de políticas educativas del mismo orden, formulando incluso acuerdos multipartidarios durante el gobierno de Mujica. El acuerdo salarial firmado en el 2022 -exhibido como una victoria frente al gobierno y a la izquierda del sindicato- no llega a cubrir el aumento constante de los precios de bienes y servicios. No existe cláusula gatillo frente a un aumento exponencial de la inflación y contiene, eso sí, una cláusula de paz. El reconocimiento salarial de las horas trabajadas a varios cargos no compromete el enorme ahorro presupuestal que significó el recorte de miles de horas de trabajo y el desempleo que este supuso. Los trabajadores de la educación y el movimiento obrero en general enfrentamos un ataque histórico a la educación pública, que implica su demolición y privatización. En perspectiva futura, implica extraer las conclusiones de estos procesos: el embate del gobierno sólo puede ser enfrentado con una organizada y denodada lucha, que demuestre la posibilidad de superación de las actuales condiciones y de la actual dirección. Implica la discusión en todos los lugares de trabajo de un plan de lucha que sume, a la reivindicación salarial, las condiciones de trabajo y estudio; el robo que implica la reforma de las jubilaciones en curso necesita un método de intervención que supere a las fragmentaciones y a los personeros de la paz sindical.

12 de enero de 2023
Massa y la burocracia sindical, juntos en la demolición del salario

Sergio Massa acaba de pactar con una decena de grandes sindicatos una paritaria anual del 60% “con revisión”. Entre ellos, se encuentran la UTA, Bancarios, Textiles, la UOCRA, Comercio, Smata, Sanidad y UPCN. Es un conjunto de sindicatos privados fundamentales, de un lado, y, en el caso de UPCN, el gremio que marca la referencia de las paritarias estatales en todo el país. Según informa el diario Infobae, Bancarios ya estaría discutiendo su paritaria sobre esta base. El acuerdo “del 60%” viene acompañado de un parloteo oficial dirigido a presentar una inflación “en baja”. Pero el propio gobierno tiene previstos tarifazos del 120 al 150% en el gas para el mes de febrero, y un horizonte indexatorio para todos los servicios públicos en el curso del año. En el plano de los alimentos, los “precios justos” son la pantalla de una remarcación furibunda de los “no justos”, como se aprecia en cualquier chino o supermercado. Estos precios regulados, con seguridad, comienzan a alimentar otro operativo –el de la inflación “autopercibida”, consistente en computar a los precios regulados en el índice de inflación, aun cuando son productos de oferta acotada y que desaparecen de las góndolas en cuestión de minutos. La hoguera inflacionaria se reaviva todo el tiempo con la fabulosa emisión de moneda para rescatar a la deuda pública en pesos –una operación en abierta crisis, pues los especuladores privados se están retirando masivamente de sus tenencias. La dolarización de esa gigantesca masa monetaria plantea una nueva vuelta de tuerca devaluatoria, que se insinúa en estos días con la corrida del dólar paralelo. La desaceleración inflacionaria, en suma, es un “relato”. Precios y salarios La inflación en curso, por lo tanto, es un rescate permanente de los beneficios del capital, a costa del trabajo. A despecho de esta realidad, la burocracia sindical ha ´comprado´ la tesis patronal que coloca a los salarios en el banquillo de la “espiral inflacionaria”. El Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, en su informe de octubre pasado, alude a “la aceleración de la carrera precios-salarios”, una carrera agotadora y sin ninguna perspectiva de aminorar en el corto plazo”. Pero mientras el estado y los capitalistas redoblen la escalada remarcatoria, el deber de las organizaciones obreras es defender el salario. La burocracia, desde los gordos hasta los kirchneristas, hacen lo contrario: para frenar la “agotadora” carrera, aceptan la desindexación de los salarios –ello, mientras el gobierno prevé la indexación sistemática de la deuda pública, del tipo de cambio y de las tarifas. La operación en curso tiene dos claros objetivos: el primero, consolidar la fantástica caída de salarios y jubilaciones operada en los últimos años. De acuerdo al Mirador del Trabajo y la Economía de la Universidad de Rosario, en los últimos siete años cada trabajador perdió en promedio unos tres millones de pesos, equivalentes al 20% de un salario medio. El segundo objetivo del gobierno es despejar, al menos en el primer semestre del año, el horizonte de cláusulas de reajuste o gatillo en las paritarias. Si después la inflación se acelera, la reapertura de ajustes paritarios llegará tarde y con una nueva caída ya cristalizada en el salario real. Al operativo antiobrero del gobierno y de la burocracia, es necesario enfrentarlo con un programa claro: el primer reclamo de toda paritaria es un aumento de emergencia del 100%, para comenzar a recuperar el salario perdido; en segundo lugar, los porcentuales de aumento deben corresponder a la inflación real, y no a una mentirosa “expectativa a la baja” que nadie suscribe –los consultores privados estiman una inflación del 80-90% para 2023. Como los portuarios de Rosario y los trabajadores de la Salud de todo el país, el camino es la autoconvocatoria, la asamblea y la huelga, para derrotar esta tentativa de liquidación del salario.

12 de enero de 2023
Despidos en Acindar Tablada

Se han producido tres despidos en Acindar, la metalúrgica más importante de La Matanza, ubicada en la localidad de La Tablada. La planta cuenta con 281 trabajadores de planta y más de un centenar por contrato o tercerizados. Los trabajadores despedidos tenían cuatro años y medio de antigüedad y se encontraban en condición de contratados. El régimen de contratos por agencia es la modalidad que utilizan cada vez más empresas para mantener en la precariedad a trabajadores durante años, sin nunca pasarlos a planta permanente. Bajo esta vía, cuando los contratos vencen, las patronales, cuando así lo deciden, sencillamente no renuevan los contratos, dejando a los trabajadores en la calle. Acindar Tablada ha cerrado el año en alza en materia productiva, acumulando jugosas ganancias. La comisión interna de la fábrica -alineada con la conducción de la UOM local- dejó correr los días y tardíamente convocó a una asamblea. Un sector importante de trabajadores sostuvo la posición de realizar medidas de fuerza para luchar por la reincorporación de los compañeros. Pero desde que se ejecutaron los despidos, los delegados afines a la conducción se dedicaron a meter miedo, con amenazas, para no tener un enfrentamiento con la patronal y terminó prevaleciendo la posición de solamente realizar las acciones legales correspondientes en el Ministerio de Trabajo. La empresa, como era de esperar, ratificó los despidos en las audiencias que se han desarrollado. En las últimas semanas también se han producido despidos en otras metalúrgicas del distrito, pero la UOM local no realizó ningún tipo de acción concreta para enfrentarlos. Esteban Cabello, actual secretario general de la Seccional Matanza, desde marzo de 2022. se abrió paso a la conducción prometiendo una “renovación de la dirigencia gremial”. La realidad es que no han cambiado las condiciones laborales de los metalúrgicos de La Matanza.

12 de enero de 2023
La detención de "Chapito" Guzmán y el narcoestado

El 5 de enero, en la región de Culiacán, México, tuvo lugar la detención de Ovidio Guzmán, hijo del poderoso narco “Chapo” Guzmán. El operativo culminó en un feroz enfrentamiento que dejo 29 muertos. Guzmán Jr. fue capturado en un operativo conjunto del Ejército y la Guardia Nacional que involucró a casi un millar de hombres, incluyendo equipos de élite, carros blindados y helicópteros UH-60 Black Hawk. Luego de la detención de Ovidio, el Cartel procedió a bloquear todos los accesos a la ciudad con piquetes de autos incendiados y produjo una balacera en el aeropuerto, cuando intentó ‘voltear’ a tiros el avión que se trasladaba detenido a Guzmán Jr. a la ciudad de México, al mismo penal donde estuvo detenido su padre, el Chapo, en 2015 y logró fugarse. El Chapo Guzmán finalmente fue recapturado y extraditado a EEUU, donde cumple una condena de prisión de por vida. Ovidio Guzmán López es uno de los 18 hijos que tiene el Chapo, pero dentro del Cartel no es el más poderoso, sino su medio hermano, Iván Archivaldo Guzmán Salazar. En 2019, logró liberar a Ovidio mediante una acción espectacular que se conoció como el ‘Culiacanazo’. Esta nueva detención de Ovidio se produce días antes de que Biden visitara México, en el marco de la Cumbre de los Líderes de América del Norte. Ovidio y su Cartel son el principal traficante de fentanilo a EEUU, una droga sintética 50 veces más poderosa que la heroina y que esta produciendo estragos, con miles de muertes por sobredosis. La prensa especuló con que la extradición de Chapo Guzmán ponía fin a una época de violencia. La realidad ha sido muy distinta, con la proliferación de nuevos carteles y la diversificación de los mismos. La detención de los ‘capos’ de los carteles no eliminan toda la estructura criminal sino que promueve nuevos ascensos y nuevas disputas por el territorio con otros carteles. Es lo que ha ocurrido siempre y ahora se repite luego de la detención del Chapo: hay disputas en varias ciudades de México y EEUU entre diversos carteles por el control del territorio. Narcoestado A "Chapito" se le dictó prisión preventiva, mientras se sustancia el pedido de extradición por parte de EE.UU. Rápidamente un juez hizo lugar a un amparo doble para evitar la extradición express y que quede incomunicado. Según un artículo de Alejandro Hope publicado en Infobae (9/1), la justicia no ha construido ninguna investigación seria para mantener detenido a Ovidio Guzmán. Destaca que hubo un gran despliegue policial militar, pero que no un plan para desarmar la estructura narco. El secretario de la gobernación de México, Adán Augusto López, declaró que a Ovidio se lo detuvo “en flagrancia por varios delitos como posesión de armas, tentativa de homicidio y otras causas que no podría compartir mayor información”. El blindaje politico-judicial sobre los narcos demuestra el entrelazamiento del poder político con el crimen organizado. El ‘combate al narcotrafico’ se ha revelado como una excusa para reforzar los presupuestos militares, el manejo discrecional de los mismos y darle mayor poder al Estado en el control y represión del pueblo trabajador. El narco en Mexico se ha convertido en mucho más que simplemente tráfico de drogas: interviene en la trata de personas, crímenes por encargo, el control del flujo migratorio en las zonas que dominan, el blanqueo de capitales a través del cual sostiene una parte de la población que ha quedado fuera del circuito productivo, etc. Las operaciones militares en Colombia y las de la DEA no han disminuido la producción de drogas. Han sido el ariete para una avanzada de intervención política en la región, mientras han terminado cobijando los negocios de los carteles. Desde ya este no es un fenómeno exclusivamente mexicano sino que recorre a todos los Estados y sus propios organismos. El principal ´combatiente´ contra el narcotrafico, EEUU, es el principal importador de drogas. La violencia de la banda de los ‘monos’ en Rosario o el flujo narco en el norte salteño son también ejemplos de la penetracion del narcotrafico en el Estado. En un reciente articulo (La Nación, 5/1), Carlos Pagni expone vínculos del narco con el gobernador de Santiago del Estero, provincia que sería el eje del narcotrafico en Argentina; y recuerda la denuncia de Arroyo Salgado al Fiscal Scapolan por el liderazgo de una banda de policías narcos y la protección que recibió por parte del entorno de Cristian Ritondo, solo por nombrar dos ejemplos. Los carpetazos y filtraciones han llevado a la luz los vínculos del narco con la politica patronal, su amparo y su financiamiento. Una salida a esta masacre social Hoy el narco se ha convertido en una de las patas del régimen político y social en este cuadro de descomposición. Es el narcotrafico una de las actividades “económicas” que ha sostenido y ha salido al rescate de los bancos luego de la crisis financiera de 2008. Los bancos se han logrado sostener por el ingreso de liquidez de actividades ilegales como el narcotrafico. El vinculo del narco con el Estado, banqueros y empresarios demuestra el grado de fusión de este tipo de organización al aparato del estado burgués y el cuadro en descomposición plantea la reorganización social sobre nuevas bases para defender la vida de los trabajadores, las verdaderas víctimas de todo esto.

12 de enero de 2023
Puerto de Rosario: la huelga se mantiene firme

Hasta ahora los intentos por quebrar la lucha de los portuarios rosarinos han fracasado. Los piquetes frente a los portones, la movilización de familiares, el apoyo de las organizaciones y, fundamentalmente, la continuidad de la huelga resuelta en una Asambleas que había convocado la propia conducción del Sindicato -donde resultó desautorizada- , representan una fuerza disuasiva al retorno al trabajo. Desde que la burocracia del SUPA firmó, sin el aval de los trabajadores, un acta poniendo fin al conflicto con 5 compañeros despedidos, los llamados a que retomen el trabajo fueron de fracaso en fracaso. Así ocurrió desde el lunes 9, cuando la patronal convocó a volver al trabajo y no se presentó nadie. Hoy, miércoles a la mañana, la conducción del SUPA convocó a una asamblea en el sindicato para tratar de organizar el ingreso y romper la huelga; también amenazaron a los estibadores eventuales con que ya no serían convocados nuevamente. Para reforzar esta política, mandaron a la policía para garantizar la seguridad de los que fueran a retomar el laburo. El punto clave es que nadie se presentó a trabajar. Una victoria de la huelga. Los medios de comunicación masivos de Rosario cubrieron esta situación. Allí los voceros de los huelguistas volvieron a explicar los motivos de la huelga, la importancia del reclamo de reincorporación de los 5 compañeros; pudieron mostrar que la lucha está respaldada por muchos trabajadores que estaban presentes en el piquete y que tienen el aval de la asamblea, que fue donde se resolvió la continuidad. Ante la pregunta de los periodistas sobre si había una interna sindical, respondieron haciendo un llamado al secretario general del SUPA a que venga al piquete a defender junto con todos los trabajadores la reincorporación de los despedidos. Igualmente hicieron un llamado al gobernador Perotti a que intervenga en la resolución positiva del conflicto. La cita es una hora antes de los ingresos en los 4 turnos en el piquete para fortalecer esta enorme lucha. LEER MÁS Rebelión en el Puerto de Rosario

12 de enero de 2023
El conflicto del peaje, un adelanto de la reforma laboral

La empresa Autopistas de Buenos Aires (Aubasa), gestionada por el gobierno provincial, se encuentra en un enfrentamiento con el SUTPA, el sindicato de trabajadores de peajes que conduce Florencia Cañabate, afín a Facundo Moyano, quien maneja el sindicato como si fuera de su propiedad. El aspecto central de la disputa está en el objetivo de avanzar en una reconversión tecnológica de los puestos manuales de las cabinas. “El plan [de la empresa] supone que de las 44 barreras operadas manualmente solo queden 26 y reconvertir 18 vías manuales a dedicadas. Estas son monitoreadas de manera remota en las tres estaciones de peaje más críticas del corredor: Samborombón, La Huella y Maipú” (La Nación, 11/1). Según el SUTPA, el cambio se está llevando delante de manera unilateral por parte de la empresa y no estaría garantizada la continuidad laboral de los trabajadores, ya que no hay “un plan de reconversión que contemple y contenga a los trabajadores”. Además, el sindicato viene reclamando hace tiempo la efectivización de unos 100 empleados y por el incumplimiento de medidas de seguridad e higiene. Al frente de la empresa provincial está Ricardo Lissalde, un antiguo aliado de Sergio Massa. Enfrentó 22 paros entre 2022 y lo que va de 2023. La empresa pasó de tener superávit en 2019, a necesitar unos 500 millones de pesos mensuales del gobierno provincial para funcionar. Moyano Jr. hizo su ´aporte´ con la firma a repetición de paritarias a la baja. En rechazo al plan flexibilizador de Aubasa, el SUTPA sostuvo una huelga por tiempo indeterminado durante 6 días en las estaciones de peaje de la autopista Buenos Aires-La Plata y en las rutas hacia la Costa Atlántica (2, 11, 63, 56 y 74). Durante los primeros días de enero, los automovilistas que partían de vacaciones se encontraron con las barreras levantadas. El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria pero el sindicato rechazó la medida. La respuesta del gobierno provincial fue pedirle al Ministerio de Trabajo la quita de la personería al sindicato. “Pedir la cancelación de la personería es pedir que desaparezca un sindicato. Ni (Mauricio) Macri se animó a tanto. Hay que remitirse a la dictadura militar para encontrar algo semejante” (Página/12, 7/1), le respondió Facundo Moyano a su “compañero” del Frente de TODOS, Axel Kicillof. La CGT también sacó un comunicado en repudio. AUBASA en esos días, envió cartas documento amenazando con descontar los días de huelga para amedrentar a los trabajadores. La burocracia se sirvió de este choque en su tenida con el ´kicillof-cristinismo´. Finalmente, Kicillof tuvo que retirar el pedido de cancelación de la personería gremial y hasta las multas que pretendía colocarle al sindicato. Fue el principal punto del acta, que hizo que se establezca un primer acuerdo entre la empresa y el sindicato, luego de aceptar levantar las medidas de fuerza. El acuerdo firmado incluye avanzar en el traspaso de método de monitoreo y una reconversión de 158 trabajadores. Habrá una nueva audiencia el 20 de de enero. La incógnita acerca da la preservación de esos puestos de trabajo sigue abierta. LEER MÁS La estatización de las autopistas: ¿otro caso Vicentín? LEER MÁS Facundo Moyano agita una reforma laboral LEER MÁS Peajes: Facundo Moyano y AUSA, un pie en cada lado de la grieta

12 de enero de 2023
Israel: un régimen talibán

En 1986, un rabino norteamericano-israelí, Meir Kahane, obtuvo un escaño en la Knesset, el parlamento israelí. Predicaba una política xenófoba contra el pueblo palestino. El estado sionista tomó entonces distancias y, en 1988, sancionó una “ley contra el racismo”, destituyó a Kahane y prohibió su partido. El kahanismo, sin embargo, hoy está más vivo que nunca. Una formación política que reclama su herencia, dirigida por un colono de la Cisjordania ocupada, Ben Gvir, se ha hecho del estratégico ministerio de Seguridad Nacional. Para el diario Haaretz (23.12) es “una amenaza mayor para la sociedad israelí que lo que Kahane fue alguna vez”. Ben Gvir ha prohibido la bandera palestina en el espacio público –incluidos los territorios ocupados bajo control de la Autoridad Palestina (AP). El periodista israelí Guideón Levy denunció un plan de Ben Gvir de “un escenario horrible: 400 autobuses deportarán el próximo año a 200.000 árabes israelíes, con el pretexto de una guerra en el norte” (íd., 16/10). Por otro lado, en los territorios ocupados, la Autoridad Palestina se encuentra al borde “no solo de la ruina financiera y la quiebra, sino de la deslegitimación política” (Alon Pinkas, íd., 9/1). Ben Gvir la ha emprendido también contra los judíos críticos del gobierno, en la ciudad israelí de Beersheva, donde una manifestación laica judía fue reprimida con una violencia inusitada. Haaretz editorializó: Ben Gvir “Terminará (provocando) un derramamiento de sangre” –entre judíos, título textual, 11/1. Ilán Pappé, el reconocido historiador obligado hace años a salir de Israel, sostiene que “No sería exagerado definir a Benjamín Netanyahu como el miembro menos extremista de este gobierno” (The Bullet, 10/1). Según Guideón Levy “la derecha de Ben-Gvir es mucho más extrema y violenta que cualquiera en Europa hoy” (ídem, 16/10). Del sionismo laico al terrorismo teocrático Deben destacarse de la nueva situación israelí dos aspectos. Por un lado, que el ejército -antes relativamente ajeno a los lobbies religiosos- se encuentra ahora colonizado por la comunidad haredí (los judíos ultra-ortodoxos), y fundamentalmente de aquellos que pueblan las colonias en tierras expropiadas a los palestinos en Cisjordania. Según Pappé, “Este grupo también es (hoy) la columna vertebral del comando del servicio secreto israelí y domina el cuadro de oficiales superiores en el ejército” (íd.citado). Por el otro, como ya se explicó en estas páginas (Israel: el nuevo gobierno declara la guerra a la Corte, 7/1) esos mismos lobbies quieren terminar con cualquier intromisión de la Corte de Justicia de Israel en asuntos de orden militar (especialmente sobre los territorios ocupados), educativo y religioso. O sea que el sionismo teocrático se hizo de los resortes fundamentales del Estado. Los judíos religiosos-ortodoxos han tenido poco que ver con el movimiento sionista. Meir Kahane, en la década de 1980, “negaba validez al estado secular”. Denunciaba que “los únicos verdaderos racistas eran los sionistas seculares”. El cuadro descripto indica que “el electorado ha cambiado desde mediados de la década de 1980. Para muchos oídos, las ideas de Ben-Gvir no suenan tan radicales como las de Kahane en la década de 1980” (ídem). “El hecho de que hoy en día los autodenominados sionistas liberales hablen de ´reducir la ocupación´, reconociendo así su inevitabilidad e incluso su legitimidad, es un ejemplo sorprendente de cómo ha cambiado el discurso” (ídem). Sería errado, sin embargo, ´culpar´ de todo esto a la exclusiva labor de la derecha religiosa sionista. A la inversa, como afirmó el ya citado Guideón Levy, “la izquierda sionista es la fundadora de los colonos, David Ben-Gurion y Ephraim Katzir fueron los que planearon envenenar los pozos palestinos, no el violento punk Ben-Gvir. ¿El “oasis democrático”? Desde 1948, Israel es el asiento del más prolongado y mayor apartheid existente contra otro pueblo en el mundo. Por otro lado, su devenir histórico demuestra que no resultó tampoco la “tierra prometida”. La inmensa mayoría de los judíos continúa viviendo en la diáspora. Israel, formada por inmigrantes, registra desde hace tiempo una emigración neta. En efecto, “el principal demógrafo del país, el profesor emérito Sergio Della Pergola, dice que el porcentaje de olim que se marcha es mucho mayor que el de los nativos israelíes” (Haaretz, 6/1). “Si bien Israel siempre está dispuesto a publicar datos sobre la cantidad de nuevos inmigrantes que se mudan al país cada año, falta algo en esas estadísticas: cuántos de los olim no lograron establecerse en Israel y finalmente optaron por irse”. Hay un “término bastante contundente que usan los israelíes para describir a quienes abandonan el estado judío, es “yordim”, de la palabra hebrea ´descender´” (ídem). Mientras niega la ciudadanía a los no judíos, Israel mantiene el reconocimiento de ella para los judíos que adoptan la nacionalidad del país al que emigran. Sionismo, marxismo, antisemitismo No es casual que el sionismo en nuestros días se apoye en expresiones de ultraderecha urbi et orbi: Trump, Bolsonaro, el fascista Modi de la India, etc. –todos ellos sostenidos en fuerzas ultrarreaccionarias y antisemitas. Como explicó Leib Erlej en Política Obrera (7/1), amenaza llevar al judaísmo a una ruptura, entre sus expresiones no observantes y/o laicas y aquellos enancados ahora en la cima del Estado sionista. Las fracciones ultraortodoxas religiosas pretenden que sólo accedan al “derecho al retorno” los judíos que pasen por el tamiz de la halajá (leyes religiosas). Como se ve, un sionismo espejo del mundo talibán: los judíos africanos, por ejemplo, son cuestionados porque no serían "puros". El presidente de la Agencia encargada de la emigración, Doron Almog, declaró que “sería un grave error que el gobierno israelí limitara la elegibilidad para la ciudadanía modificando la Ley del Retorno” (Judy Maltz, Haaretz, 8/1). A la inversa de lo que propone la nueva coalición de gobierno, señala que “debería considerarse expandir los criterios para que más personas de ascendencia judía califiquen para la ciudadanía” (ídem). Por otro lado, las principales organizaciones judías del mundo dijeron que “cualquier cambio unilateral en la Ley del Retorno amenazaría con romper los lazos” (ídem). El ministro de Integración, Ofir Sofer, del partido de extrema derecha Sionismo Religioso, insistió que “el gobierno está decidido a seguir adelante con los cambios a la Ley de Retorno. Los acuerdos de la nueva coalición estipulan que el gobierno promoverá una legislación que otorgue al Gran Rabinato el control exclusivo sobre las conversiones… sólo éstas valdrán a efectos de la ciudadanía” (ídem). En Israel jamás existió el matrimonio civil. Sólo rige el religioso. La nueva coalición derechista anunció que castigará las relaciones homosexuales. Siguen discriminados los judíos sefaradíes (oriundos mayormente del mundo árabe) –siempre la fuerza de trabajo judía más explotada. El ´progresismo´ sionista inició la cruzada contra el pueblo palestino y sometió al país a los dictados de las leyes religiosas. Ahora el sionismo ultramontano se propone llevar a fondo la "limpieza étnica" palestina y amenaza con transformar el país en una teocracia judeo-talibán. LEER MÁS Israel: cien mil personas ganaron las calles

12 de enero de 2023
La burocracia peronista proclama la candidatura de Massa
Comité Editorial

Sergio Massa acaba de pactar con una decena de grandes sindicatos una paritaria anual del 60%. Agrega una cláusula de “revisión” para el caso de que la inflación supere el porcentaje. Entre las burocracias que adhieren se encuentran la UTA, Bancarios, Textiles, la UOCRA, Comercio, Smata, Sanidad y UPCN. O sea que incluye a burócratas massistas, albertistas y cristinistas. Es un conjunto de sindicatos del sector privado, de un lado, y, en el caso de UPCN, del gremio que marca la referencia de las paritarias estatales en todo el país. Según asegura Infobae, Bancarios ya estaría discutiendo su paritaria sobre esta base. El acuerdo “del 60%” tiene lugar cuando el gobierno tiene previstos tarifazos del 120 al 150% en el gas para el mes de febrero, y un horizonte indexatorio para todos los servicios públicos y privados en el curso del año. En el plano de los alimentos, los “precios justos” son la pantalla de una remarcación furibunda de los que están fuera de esa lista, como se aprecia en cualquier chino o supermercado. Esta segmentación de precios fue puesta en práctica con el propósito de “desdoblar” el índice que sigue el Indec. Desde el ministerio de Economía se ha adelantado varias veces la opinión de que el índice corriente no es adecuado para medir la inflación en el consumo. Atando cabos, el 60% que avanza Massa podría ser calzado con un índice fictico que marque precisamente ese porcentaje. En las paritarias se discutiría sobre un índice de ‘precios justos’. Nada que no haya intentado Guillermo Moreno, ni diferente a los diversos índices de precios que se contabiliizan en Estados Unidos. El acuerdo entre el ministro de Washington y las burocracias que visitan la embajada norteamericana en Buenos Aires contempla partir el 60% en dos tramos de 30 y eventualmente en cuatro de quince. Como la revisión se haría luego de efectivizar la última cuota de este aumento, el salario sufriría una nueva devaluación si, como se prevé, la inflación no baja del 95% que marca en la actualidad. La “revisión” completaría la diferencia en el 60% y el costo de vida real, pero de ningún modo compensaría el poder adquisitivo perdido en el trrayecto. Massa incita a este acuerdo a sabiendas que la emisión monetaria desde que él llegó a Economía bate récords. De un lado por el pago de los intereses de las Leliq, del otro por la compra incesante de títulos públicos en pesos por parte del Banco Central. Esto ocurre debido a que el Banco compra los bonos del estado de los que se desprenden los acreedores. A la luz de esto, el acuerdo del 60% busca disfrazar políticamente una fuerte desvalorización de salarios. Massa descuenta una fuerte caída del consumo como consecuencia de la recesión que advierten el Banco Mundial como el Forum Económico Mundial que se reúne en Davos, Suiza. Massa buscará ganar la candidatura del Frente de Todos a Presidente contrariando a los óraculos – o sea con caída de ingresos y recesión en lugar de ascenso económico y equilibrio de las variables estratégicas. El Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, en su informe de octubre pasado, señala “la aceleración de la carrera precios-salarios, … una carrera agotadora y sin ninguna perspectiva de aminorar en el corto plazo”. La burocracia, desde los gordos hasta los kirchneristas aceptan la desindexación de los salarios, mientras el gobierno indexa las tarifas de las prepagas, el transporte, el dólar, la deuda pública y el tipo de cambio, y desdobla el valor del peso según cada rubro de exportación. De acuerdo al Mirador del Trabajo y la Economía de la Universidad de Rosario, en los últimos siete años cada trabajador perdió en promedio unos tres millones de pesos, equivalentes al 20% de un salario medio. Los nacionales y populares buscan alcanzar un “equilibrio macroeconómico”, mediante un desequilibrio negativo de salarios e ingresos del trabajo. Esta es la plataforma política con la que el peronismo y todas sus corrientes pretenden transitar el “año electoral”.

13 de enero de 2023
La entretela de las “sesiones extraordinarias”

A nadie escapa que el proyecto insignia de la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso -el juicio político a la Corte- no tiene chances de avanzar. Pero la escalada contra el máximo tribunal se ha desinflado bastante antes de que se empiecen a contar los votos de Juntos por el Cambio. Ocurre que el proyecto nunca pasó del apoyo de once gobernadores, y se han caído varios significativos o que formaban parte de la denuncia inicial – es el caso del entrerriano Bordet, que ayer organizó una fuerte demostración política junto a Massa. En la mesa de dinero que lleva el nombre de “gabinete económico”, y que sólo trabaja para el rescate de una deuda pública cada vez más desquiciada, el juicio a la Corte es un pulgar para abajo. Los “impulsores” del proyecto lo saben perfectamente. Por eso, en el propio temario de las extraordinarias han incluido una modificación de la ley de presupuesto, para compensar -con impuestos o con deuda- los mayores recursos que el gobierno nacional deberá cederle a la Ciudad. Más allá del juicio a la Corte, las extraordinarias incluyen una ristra de proyectos también relacionados con la Justicia, como el nombramiento del fiscal Rafecas en el cargo de procurador -bloqueado por los K desde hace tres años- y otra reforma del Consejo de la Magistratura. El otro paquete JxC y federales anunciaron que boicotearán las extraordinarias mientras el gobierno insista con el juicio a la Corte. En el paquete oficial, sin embargo, hay otros proyectos, relacionados con la agenda de Massa, o sea la del FMI. El más importante de ellos es el blanqueo para los capitales no declarados en Estados Unidos. Aunque no exige la repatriación de los fondos, varios observadores señalan que el blanqueo sólo tendría posibilidades bajo el próximo gobierno. Otro proyecto, de menor alcance, que permite cobrar los servicios profesionales al dólar libre; marca la tendencia devaluatoria de conjunto. Finalmente, está el proyecto que crea los recursos para pagarle a la CABA, de máximo interés para Larreta – pero no así para los macristas que torpedean su candidatura. En el oficialismo, algunos se relamen con una división de la oposición a la hora de tratar estos proyectos. Por caso, Schiaretti y Urtubey han anticipado la formación de un frente electoral. No han declarado, sin embargo, que el propósito sería servir de bandeja al mismísimo Sergio Massa. Massa ya ha anudado un pacto con la burocracia sindical para “desindexar” los salarios por medio de paritarias que tengan un tope, en cuotas, del 60 por ciento. A la luz de todo lo anterior, ¿cuál es la función del llamado a extraordinarias? Para el kirchnerismo es poder desarrollar una agitación que exponga los lazos entre la Corte, Comodoro Py, el macrismo y el larretismo, promovidos por el grupo Clarín y millonarios extranjeros. De este modo se busca dar una épica al gobierno de los tarifazos y de los negociados con Lázaro Báez y José López. El peligro para el oficialismo es que está agitación desnude la red de espionaje armada por el gobierno y, al mismo tiempo, precipite una corrida cambiaria que parece haber comenzado. LEER MÁS: El “círculo rojo” desautoriza el juicio a la Corte Por Marcelo Ramal. La disputa por la coparticipación se fue de mambo Por Jorge Altamira. El espionaje ilegal y las trenzas de Rossati con el macrismo Por Emiliano Fabris.

13 de enero de 2023
“El conflicto de la coparticipación lo armaron, pero ahora no logran parar los carpetazos”

Jorge Altamira fue miembro fundador del Partido Obrero y debido a su expulsión creó Política Obrera. Con NU habló de política y del 2023. Política Obrera estuvo en la Embajada de Brasil y se manifestó en contra de la toma del Congreso en Brasilia. ¿En qué consistió el acto? Pronunciamos unos discursos en donde repudiamos al golpe y llamamos a movilizarnos. Esto no se termina el día de la toma del Congreso. ¿Por qué cree que pudo ser posible la toma del Congreso brasileño? Muy sencillo. El Ejército sabía perfectamente todo lo que iba a ocurrir. Y no tomó ninguna disposición porque o está de acuerdo o está paralizado internamente. Es muy grave lo que aconteció. La Guardia Presidencial, que se encuentra en la sede de trabajo de Lula y que es una unidad del Ejército, no recibió ninguna orden para intervenir y defender al Presidente. En Argentina, nosotros tenemos una Guardia en la Rosada y es la primera línea de defensa del Ejecutivo. Cuando habla de una posible parálisis interna dentro del Ejército, ¿a qué se refiere? Es una situación muy incierta. Lula asumió hace muy poco y con muchísimo apoyo internacional. Y hay divergencias dentro del Ejército. Una parte consideró que había que esperar para manifestarse. Y otra es la que invadió el Congreso. Se dividieron, pero los primeros no iban a reprimir a los que asaltaron el Poder Legislativo. La situación sigue siendo tensa. Hay acampes frente a destilerías y refinerías. Eso es muy peligroso. Los combustibles son máxima seguridad nacional. Y el Ejército deja que acampen y que amenacen a los trabajadores. En pocas palabras, las Fuerzas Armadas no han asimilado la derrota de Bolsonaro, gobierno armado por ellos. ¿Ve algún paralelismo con lo que sucedió en el Capitolio en Estados Unidos en el 2021? Indudablemente. Y a su vez, ambos sucesos tienen una similitud con la marcha de Mussolini sobre Roma. Y esto fue hace 100 años. Tampoco es que inventaron la pólvora. Estos movimientos se parecen unos a otros. Y de vuelta, hay que poner el eje en el Ejército. Es muy importante para cualquier país. El Ejército sobrevive a todos los gobiernos. Es una institución permanente. Y en un momento dado, se consideran a ellos mismos el Estado. Esta acción en Brasil empezó con el golpe a Dilma Rousseff y el posterior encarcelamiento de Lula. Y creyó que con Bolsonaro iba a lograr imponerse. Pero ahora no tiene política y ha fracasado. Esto también se puede trasladar a lo que está ocurriendo en Perú y Bolivia. Hay una crisis en América Latina. Pasando a la Argentina, usted dijo que el conflicto de la coparticipación es la lucha de intereses privados. ¿Qué quiso decir? El Fondo Monetario Internacional (FMI) cobra de sobrecarga de intereses mucho más que Larreta. Entonces, uno se debería enojar con el FMI. Este conflicto lo armaron, pero ahora no logran parar los carpetazos. Es difícil saber quiénes exactamente lo iniciaron. Algunos dicen que Macri está intentando desprestigiar a Larreta para poder quedarse con la candidatura de Juntos por el Cambio (JxC). Por otro lado, esto parece venir de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por el tema de los hackeos. Cuando a mí me hackearon en la época de Alfonsín, no encontraron nada. Ningún viaje a Lago Escondido, ni nada. En ese sentido, el hackeo que permitió conocer ese viaje es posititvo. El punto es que se están matando entre ellos y de esta forma, exponen una podredumbre generalizada. Este año, se celebran las elecciones. ¿Cómo ve posicionada a la izquierda? Hay que aclarar que en las elecciones pasadas, la izquierda no mejoró. Lo que sucedió es que perdieron estrepitosamente en Salta y Mendoza y eso lo compensaron con un alto porcentaje de votos en Jujuy. Esto resultó en un diputado más en el Congreso. Y muchos votos que tenía en el interior del país se perdieron. Pero crecieron en el Gran Buenos Aires. Y esto les permitió tener concejales. Ha habido un desplazamiento en los votos. La izquierda hoy no es un factor político. ¿Por qué? La Argentina es un país sumamente desequilibrado. No puede pagar su deuda. Tiene una inflación brutal. Hay cada vez más pobreza. Aumenta la precariedad laboral. Y crece la recesión. Es una gran crisis. En este contexto, ¿la izquierda tiene características que permiten verla como una alternativa? No las tiene porque está en el detalle de ver si mete o no un diputado más. No hay un planteo de poder. En la elección anterior, le pidieron a la gente ser al menos la tercera fuerza. Las personas quieren ser impulsadas. No al revés. Uno tiene que impartir directivas. Ofrecer una salida. No pedir favores. ¿Y cuál va a ser el rol de la Política Obrera? Ocurre lo siguiente. Hace ya cuatro años, nos expulsaron del Partido Obrero. Cuando termine la feria, vamos a anunciar nuestra personería nacional. Eso significa que vamos a ir con candidatos propios en numerosas provincias. Calculamos que vamos a estar presentes en el 77% del padrón. Y nosotros no vamos a ir a pedir nada. Vamos a ofrecer todo. Hoy, lo primordial es informar a los trabajadores sobre qué instrumentos deben usar para enfrentar esta situación. Me refiero a huelgas y tomas en las fábricas. Vamos a denunciar la burocracia de la Confederación General de Trabajo (CGT). En resumen, vamos a presentar un planteamiento político que abra un nuevo horizonte en esta crisis que va a terminar en las calles. LEER MÁS: La disputa por la coparticipación se fue de mambo Por Jorge Altamira.

13 de enero de 2023
Lunes 16: movilización al municipio de La Matanza por tierra y vivienda y contra la represión

Por iniciativa de los vecinos de los barrios “La Resistencia” y “La Palangana”, ubicados en Gregorio de Laferrere, organizaciones barriales, sociales, de derechos humanos y políticas nos movilizaremos el próximo lunes 16 a la municipalidad de La Matanza. La convocatoria llega luego de la feroz represión y desalojo de los vecinos en los barrios mencionados, a principios de semana. El problema de la falta de tierras y viviendas populares es de enorme magnitud. Esa es la situación por la que atraviesan más de 220.000 familias de la provincia de Buenos Aires, distribuidos en más de 122 barrios “vulnerables”. La Matanza ocupa el primer puesto del podio de la ´emergencia habitacional´. Las ocupaciones de tierra son ampliamente extendidas. Hay asentamientos muy numerosos en Rafael Castillo, con más de 500 familias; en la Reserva Natural de Ciudad Evita y en Villa Constructora, donde hay más de 60 familias sobre Peribebuy y Alcorta. Sobre la ruta 1001, en el límite entre Rafael Castillo y González Catán, más de 1.000 familias sufren el hostigamiento policial y la quema de casillas de forma permanente. Más de 430 familias del Barrio Los Ceibos de Gonzalez Catán, en las intersecciones de Benialvo y Sanabria, se encuentran en lucha por viviendas populares. El alto precio de los alquileres y la utilización de los terrenos públicos para negocios de especulación inmobiliaria expulsan a miles de trabajadores a los márgenes del distrito, incluso a lugares contaminados, no aptos para ser habitados. La única respuesta que ofrecen Fernando Espinoza y Axel Kicillof a esta crisis habitacional y social es el accionar sistemático represivo de la policía bonaerense, arrasando con los barrios y persiguiendo con causas judiciales a los vecinos que reclaman viviendas. No hay planes de viviendas del municipio. En el presupuesto municipal para el 2023 que fue aprobado por mayoría en el Concejo Deliberante, se estableció, por el contrario, un recorte en las partidas destinadas a los gastos sociales. La movilización de los barrios del próximo lunes reclamará el cese de la represión y los desalojos, y por la inmediata libertad de los vecinos que aún continúan detenidos por luchar. Entre los principales reclamos se encuentra la exigencia de la apertura de los catastros municipales y sus tierras ociosas para asignar “tierra para vivir” al barrio La Resistencia y a los vecinos que necesiten su lugar para desarrollar a sus familias, y realiza un llamado a la más amplia unidad de los barrios para luchar en común por tierras y viviendas. Desde Política Obrera y el Polo Obrero Tendencia nos haremos presente en la movilización para acompañar los reclamos que están planteados.

13 de enero de 2023
Villa Mascardi: una “mesa de diálogo” luego de la represión y el desalojo

El jueves 12 de enero se reunió la Mesa de Diálogo entre las comunidades mapuche y funcionarios de los gobiernos nacional y provincial. Después del desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu producido en Villa Mascardi el 4 de octubre pasado con la intervención del Comando Unificado de Fuerzas Federales -y que culminó con las detenciones de siete mujeres-, el 14 de diciembre el gobierno nacional propuso esta reunión que finalmente se concretó ayer. Fueron invitados autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Parques Nacionales, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el Gobierno de Río Negro, el Parlamento Mapuche de Río Negro y otros referentes de comunidades vinculados directamente con el conflicto y también de Chubut. Las expectativas de las organizaciones mapuche incluían la libertad de las detenidas, la desmilitarización y restitución del territorio en Lago Mascardi. Aún continúan presas las mujeres detenidas durante el desalojo. El inicio del juicio por usurpación comenzará en febrero. El encuentro se produjo en la ex ESMA y duró cuatro horas. Por fuera del predio, para repudiar la reunión, se concentraron los partidarios del milico carapintada Gómez Centurión, el ex militar de tendencias fascistoides, que dirige un núcleo de activistas en Bariloche. También estuvo el presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi, Diego Frutos. Denunciaban que los ´vecinos´ no habían sido invitados. El resultado de la reunión de ayer deja mucho que desear. Las concesiones fueron mínimas – la preservación del rewe (sitio sagrado) ubicado en uno de los predios de Parques Nacionales para la realización de rituales. No se avanzó, en cambio, respecto del resto del territorio en disputa, siete hectáreas en total, ni sobre la libertad de las presas ni la desmilitarización de la zona. Se acordó una nueva reunión recién para el 31 de enero. El gobierno nac & pop combina palo con zanahoria. Por su lado el gobierno provincial -cada vez más cercano a la oposición- anunció que gestionará una reunión con los vecinos de Villa Mascardi. Desde el 2017, cuando fue asesinado Rafael Nahuel el 25 de noviembre por los prefectos del grupo Albatros, se desarrollaron varias “Mesas de Diálogo” que no resultaron en nada. Hay intereses irreconciliables entre las comunidades sin tierra y los propietarios de una de las zonas más lindas y cotizadas de la región. Los ´vecinos´ son agitados por intereses inmobiliarios, comerciales y turísticos que encabezan el acaparamiento de tierras de la zona. LEER MÁS: Villa Mascardi: la embestida contra los mapuches sigue adelante Cacería de mapuches en Bariloche Desalojo en Villa Mascardi Mascardi: la mano de la Gendarmería y del Pro detrás de las ocupaciones de predios

13 de enero de 2023
Tucumán: preparemos la lucha por el salario docente

La docencia tucumana, como en todo el país, tiene los salarios por el piso. La burocracia de ATEP, como Ctera a nivel nacional, en las paritarias 2022, arregló un aumento en cuotas muy por debajo de la inflación. A fin de de año aceptó un bono de $60.000 a pagarse en tres partes (diciembre, enero y febrero). Sin embargo, la inflación incesante, los tarifazos, el carácter no remunerativo de los bonos, que mantiene planchado el básico, han caldeado los ánimos de la docencia. Frente a este clima, y buscando frenar cualquier proceso de lucha que haga olas en las próximas elecciones provinciales que serán en mayo, el gobierno busca normalizar la situación de ATEP. El sindicato quedó acéfalo luego de un proceso eleccionario fraudulento. La junta electoral proscribió la lista de autoconvocados, entre otras, y solo permitió que participen las variantes burocráticas. Estas tenían numerosas irregularidades. La lista apadrinada por el vicegobernador Jaldo y encabezada por Hugo Brito en este escenario proscriptivo resultó ganadora, desplazando a David Toledo, el burócrata que contaba con el respaldo de Manzur. Frente a este resultado, la Junta Electoral, obedeciendo órdenes de Toledo, anuló las elecciones y convocó a votar nuevamente. Brito y su lista fueron impedidos de asumir. Esto dio lugar a presentaciones ante el Ministerio de Trabajo y la Justicia, y a una pelea sobre la jurisdicción del conflicto. Sin una resolución de fondo, el sindicato fue ocupado en diciembre por la lista de Brito que se proclama como la nueva conducción. Cuentan con la venia del gobierno, que parece haberle soltado la mano a Toledo. Con la expectativa que pueda generar este recambio en las bases docentes, buscan descomprimir el descontento y que le depositen confianza para las negociaciones paritarias. El gobierno buscará cerrar rápido la paritaria para tener el terreno allanado en las elecciones. Desde docentes autoconvocados tenemos que advertir al conjunto de la docencia de esta maniobra y plantear la necesidad de poner en pie las asambleas una vez que se retorne a las escuelas. Nuestro pliego de reivindicaciones debe incluir el reclamo de un aumento salarial que cubra la canasta familiar, por el blanqueo de todas las cifras no remunerativas, por una indexación salarial mensual, por mayor presupuesto para educación. La preparación del no inicio de clases es clave para derrotar al gobierno y su política de ataque al salario y de brutal ajuste sobre la educación y de otras áreas vitales. LEER MÁS: Paritaria nacional docente: el gobierno y la burocracia sindical le dan otro mazazo al salario Por Mariano Hermida, 02/12/2022. Tucumán: recambio burocrático en ATEP Por Diego Carrazán y Raquel Grassino, 18/05/2022.

13 de enero de 2023
Tucumán: se relanza la huelga por tiempo indefinido de la Salud

El 11 de enero finalmente concluyó la conciliación obligatoria frente al paro por tiempo indeterminado resuelto por las bases del SITAS. La dirección del sindicato de la Salud no dudó en acatarla sin siquiera llamar a una asamblea interhospitaria. Se trataba a las claras de una maniobra del gobierno para evitar que la marea blanca se extienda, desautorizando a toda la burocracia. Hasta sectores de ATSA, cuya dirigencia está completamente vendida, habían comenzado a parar. Como era de esperarse, durante la conciliación el gobierno no realizó ningún tipo de ofrecimiento salarial. Sólo ofreció "tratar" algunos aspectos de la carrera sanitaria. El gobierno pretendía extenderla 15 días más, pero la dirigencia decidió, esta vez, rechazarla producto de la indignación que recorre las bases. El día de la finalización de la conciliación el SITAS convocó a una reunión de delegados. El debate estuvo centrado en cómo se desarrolla el paro por tiempo indeterminado ya votado en todas las asambleas y “suspendido” por la conducción del gremio frente a la conciliación obligatoria. Compañeros delegados de Política Obrera plantearon la necesidad de convocar una asamblea interhospitalaria con mandatos de asamblea para coordinar las acciones de lucha y poner en discusión la conformación de un comité de huelga que se constituya en la dirección de la lucha. En respuesta a este planteo, la directiva planteó que tiene la potestad de decidir que modalidad se toma (paro con o sin concurrencia, paro informático, etc.). Se pretende llegar, con esta política ´administrada´, a febrero, cuando se inician las discusiones paritarias. El gobierno, valiéndose de todas estas vacilaciones, ha enviado a los directores de los hospitales y CAPS una nota solicitando listado de los afiliados al SITAS que adhieran a las medidas de fuerza, con un claro objetivo de apriete y amedrentamiento. Frente a este panorama, urge discutir de qué manera se ponen en pie iniciativas que saquen el conflicto a las calles y sumen el apoyo de la población. El cuadro de vaciamiento de la salud pública golpea a todos. Las largas colas para conseguir turnos y las horas de espera en las guardias los fines de semana forman parte del paisaje cotidiano. Si ganan los trabajadores de la Salud, ganamos todos. Tenemos que preparar las condiciones para una interhospitaria y para eso es fundamental que las asambleas se pronuncien por su realización. Estos pasos irán forjando en la vía de los hechos un comité de huelga que permita extender la marea blanca a todo el país. LEER MÁS Tucumán: la dirigencia del SITAS contra los trabajadores de la salud

13 de enero de 2023
Portuarios de Rosario: “Tenemos la convicción de que esta se la vamos a ganar”
Corresponsal

Durante la mañana del viernes 13, se llevó a cabo una reunión en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe con trabajadores del puerto de Rosario, que se encuentran en lucha y mantienen bloqueados todos sus accesos. Fueron citados los cinco compañeros despedidos. Una vez finalizada la audiencia, retornaron al piquete, donde informaron a la asamblea de lo acontecido en la reunión con los funcionarios. Entrevistamos a Luis, uno de los compañeros informantes. ¿Podes comentarnos como fue la situación? L: La empresa no argumenta otra cosa que no sea más de lo mismo. Nos hizo un ofrecimiento para incentivarnos a tomar un dinero. Ante los ojos del ministerio, nosotros les dijimos que por más que pongan 100 millones de pesos a cada uno, nosotros no nos vamos a doblegar. Nosotros nos manejamos bajo una asamblea que es soberana, dónde las decisiones no las tomamos cinco personas, sino que las tomamos entre todos. Entendemos que vienen por una reforma laboral que no nos va a perjudicar solo a nosotros, sino a todos los sectores industriales. Le dije que claramente prefiero sentarme en mi casa, sentarme en la vereda de mi casa con mis hijos y que le digan “mirá a este pelotudo, lo echó a la mierda la empresa TPR”, pero nunca me van a decir que fui un traidor, ni ninguno de mis compañeros. Acá nosotros lo que estamos manteniendo es una decisión de conjunto, con mucha fuerza y la vamos a mantener hasta las últimas circunstancias. En la asamblea se pudo observar que el movimiento de lucha es muy fuerte , ¿vos cómo lo ves? L: Nosotros entendimos desde el día uno cuáles eran las intenciones de la empresa, porque no puede ser que la empresa esté perdiendo millones de dólares en multas, que el puerto se convierta en un puerto sucio, que las cargas se estén pudriendo, mantener un puerto inhabilitado por sólo cinco personas, nosotros entendimos que esto era rarísimo. Entonces el plan de lucha nuestro fue mantenernos siempre en la misma postura. Sabíamos que la empresa nos iba a tratar de pegar de todos lados, pero nosotros tenemos la convicción de que esta se la vamos a ganar, con el apoyo de todas las agrupaciones, de todos los sindicatos, haciéndonos fuertes, siempre tuvimos presente de que la unidad hace la fuerza, siempre nos manejamos así. Si vos me preguntas a mí, yo le dejaría un mensaje a todos los trabajadores y a todas las agrupaciones, de que nosotros seguimos firmes con estas convicciones y realmente necesitamos el apoyo de todos, porque lo que nos está pasando ahora a nosotros le puede perjudicar a los demás sectores. ¿La conducción del SUPA que posición tomó? L: Nosotros ahora estamos teniendo un problema con la empresa. Entendemos que el sindicato nos soltó la mano; pero el gremio, como digo siempre, somos todos. La fuerza nuestra va a doblegar a cualquier empresario y a cualquier sindicato, lo importante es que mantengamos la fuerza entre los compañeros, saber a qué nos vamos a enfrentar. Si vos me preguntas si el sindicato nos desamparó, sí, quedamos solos peleando. Pero así tengamos el resguardo del mejor abogado, acá la que decide siempre es la gente. Mientras nosotros nos mantengamos con esta fuerza no va a haber nada que nos pueda doblegar. ¿Algo más que quieras agregar? L: Quiero dejar en claro que acá nos están acusando de “violentos”, por “violencia de género”, pero no tienen ninguna prueba para denunciarnos, ni tampoco hay ninguna causa contra nosotros. Cuando se dan este tipo de luchas es entendible que te quieran pegar de todos lados. Son todas falacias que están diciendo los medios y que está diciendo la empresa y nuestro secretario general. Claramente si nosotros tuviéramos alguna causa de algo, hoy deberíamos estar detenidos. LEER MÁS Puerto de Rosario: la huelga se mantiene firme LEER MÁS Rebelión en el Puerto de Rosario

13 de enero de 2023
Rio Negro: abajo la persecución laboral y sindical contra Cecilia Chavero

Cecilia Chavero es secretaria adjunta del sindicato ASSPUR, la Asociación Sindical de la Salud Pública de Rio Negro. Es abogada y personal administrativo del hospital de Cipolletti. Cecilia viene sufriendo diversos atropellos, violencia laboral y maltrato cotidiano en su ámbito laboral. La gestión hospitalaria la tildó de ´golpista´, en una ocasión le arrebataron volantes sindicales que repartía entre el personal y en junio de 2021 fue arbitrariamente trasladada como secretaria al Servicio de Anatomía Patológica del hospital. El hostigamiento no cesa. Se trata de una dirigente gremial muy activa que estuvo a la cabeza de todas las movilizaciones de los trabajadores de la salud a lo largo de 2022. El sistema hospitalario de Río Negro viene en franco deterioro. El éxodo profesional aumenta cada día por los magros salarios y la sobrecarga laboral. Los hospitales de alta complejidad están siendo vaciados. Faltan insumos, no hay turnos, no hay especialistas. El maltrato al personal se refleja en la dificultad para obtener licencias o en que se les corten las vacaciones. No hay concursos ni nombramientos. No se les reconoce la formación profesional. Los profesionales residentes reclaman ser considerados personal de planta y no becarios, cobrar aguinaldo y vacaciones pagas. Denuncian la sobrecarga laboral refiriendo que llegan a trabajar cien horas a la semana. Basta de persecución a quienes se organizan y luchan por un sistema de salud pública, gratuita y universal para todos los trabajadores.

15 de enero de 2023
El “deshielo” feminista del PO oficial, una catástrofe climática (política)

El trabajo presentado por Natalia Casola para la revista Descentrada de la Universidad de La Plata aborda la historia del Partido Obrero desde el punto de vista del feminismo liberal o “de Estado”. La pretensión de la autora es desentramar las dificultades para incorporar la “problemática de las mujeres y de género” en el Partido Obrero. La reseña que realiza sobre esas “dificultades” es harto reveladora, pues el PO rechazó desde el vamos a la llamada “perspectiva de género” que la autora reivindica. En cambio, en las citas del PO recogidas por Casola aparece expuesto un punto de vista antagónico -el que une la lucha contra la opresión a la mujer a la lucha de clases en su conjunto y a la unidad de los explotados, mujeres y hombres. La cuestión de “genero”, que hoy invocan hasta los acuerdos con el FMI, es, por el contrario, una tentativa de convertir los agravios a la mujer en una cuña entre los explotados –mujeres contra hombres. Con tono de reproche, Casola destaca en el PO una “cultura de la delimitación” que lo condujo a priorizar el objetivo de diferenciación y denuncia del movimiento de mujeres y del feminismo por considerarlo “policlasista” y “burgués”, antes que a construir alianzas sobre la base de acuerdos existentes”. El texto de Casola advierte, sin embargo, un “deshielo” en las posiciones del PO actual, lo cual constituye el principal aporte de su artículo y el objeto de esta respuesta. El “deshielo” describe el pasaje, insuficiente para Casola, del marxismo al feminismo, o a la ‘ideología de género’ del aparato oficial. Para Casola, la “escisión” del Partido (expulsiones) desató una tendencia de “revisión del pasado”, de “deshielo”, que ella misma constata en las entrevistas a representantes de esos agrupamientos. El recalentamiento feminista ha provocado el deshielo del marxismo, no solamente en el PO oficial sino, desde siempre, en los grupos del FIT-U en su conjunto. En su relato, Casola cita que : “El sábado 14 (marzo de 1998) se reunió la Mesa organizativa del Plenario autoconvocado de la Mujer trabajadora, cita Casola, de la que participaron las dirigentas Nora Biaggio, Vanina Biasi, Virginia Villanueva, Silvia Jayo e Ileana Celotto”. De aquella fundación del PDT formaron parte, desde luego, Nora Biaggio y Silvia Jayo, pero también Olga Cristobal y Norma Giménez, entre otras compañeras, que años más tarde conformaron la Tendencia en el PO, Política Obrera. Para Casola, la falta de “perspectiva de género” en el PO responde a un “liderazgo masculino” que se extendió por décadas y a un “techo de cristal”, donde no se promovía la militancia femenina. La dirección del partido habría invisibilizado la cuestión de la mujer. La intervención política en el movimiento de la mujer no habría partido de una convicción programática histórica y de un debate de su nueva actualidad, y sólo habría sido una acción política reciente. La necesidad de delimitar posiciones con las corrientes femeninas que adoptan un planteo identitario y excluyente de la lucha de clases no habría sido la posición real de las compañeras que organizaron el PdT, sino un intento de ganar legitimidad para no colisionar con la dirección. Casola podría decir lo mismo de la cuestión de las drogas: para no colisionar se planteaba una lucha contra la drogadicción en el movimiento popular, pero en realidad era un ocultamiento del planteo favorable al consumo recreativo. Paso seguido, desde un enfoque identitario, señala que los militantes varones serían los opresores de sus compañeras y éstas, por compartir los planteos o por un efecto reflejo, de la opresión de otras mujeres. El “saldar cuentas” con los hombres de la clase y del partido, para Casola, sería la redistribución de las tareas domésticas. Un punto ‘interesante’, porque para la investigadora del Conicet el partido debe intervenir en la vida familiar, o sea regimentarla, cuando lo apropiado es desarrollar una conciencia de clase que modifique y hasta revolucione la convivencia y la vida cotidiana. Para Casola, el salto cualitativo social que permite la práctica militante, debe imponerse desde arriba, lo cual transforma a un partido en un aparato. Casola, en esa línea, termina reivindicando la regimentación estatal: así, atribuye la promoción de voceras partidarias… a la ley de cupo femenino, a la que caracteriza como “norma fundamental”. Desvaloriza, de este modo, a las luchadoras que conquistaron un lugar político por medio de la lucha. La investigadora ni siquiera insinúa una adhesión al planteo de socializar el trabajo doméstico, a partir de una colectivización planificada de los servicios de consumo y la escolarización gratuita, incluidas las empresas, desde la primerísima infancia. En lugar de una transformación social, Casola recurre al trillado cambio de las autopercepciones de unos a otros. El texto de Casola, por eso le dedicamos este artículo, es un saludo a la evolución anti-marxista del PO, en este caso en la cuestión de la mujer. A su modo, aporta a entender el contenido a la violación del derecho de tendencia y las expulsiones en el Partido Obrero. Política Obrera, desde sus primeros años, reivindicó la trayectoria y las posiciones programáticas del marxismo sobre la cuestión de la mujer. Es una necedad sostener lo contrario. Otra cosa es la capacidad para formar una tendencia organizada en la lucha femenina, que depende del estado de fuerzas de nuestro grupo. En esto se incluye la organización de la juventud, limitada en gran parte a la estudiantil, e incluso la organización en los sindicatos. A partir del 8vo Encuentro Nacional de Mujeres en Tucumán, el trabajo fue relativamente sistemático. En todos esos eventos reiteramos dos cosas: la adopción de planes de lucha y la diferenciación del feminismo a-clasista. La organización de una tendencia entre los desocupados ocurrió en 1999/2000. En ese Encuentro de la Mujer planteamos: “De un extremo al otro del país, las mujeres oprimidas se levantan para hacer frente a este sistema degradante de hambre y explotación de un puñado de monopolios capitalistas. Allí están las piqueteras y fogoneras de Cutral Co, de Tartagal, las luchadoras contra el ‘gatillo fácil’ y sus crímenes impunes, las Madres que hicieron frente al genocidio militar, las docentes de Neuquén, las obreras del pescado de la Costa Atlántica, las protagonistas de las puebladas y las ollas populares, las que respaldaron con su presencia masiva las ocupaciones de Fiat y Atlántida. Miles de mujeres en todo el país abandonan las cuatro paredes de su casa para luchar por sus reivindicaciones. Esto constituye un salto político y social fundamental para toda la clase trabajadora”. Poco a poco en nuestro país se fue gestando el movimiento de mujeres más poderoso de las últimas décadas: el movimiento piquetero. Tras la quiebra del Estado, la miseria y la desocupación fueron en su mayoría mujeres jefas de hogar quienes se pusieron al frente en la lucha política. Ya por el 2003, las mujeres de la Asamblea Nacional de Trabajadores hicieron lo que a Casola le horroriza: partieron de una franca delimitación con las mujeres del régimen, que promulgaban la igualdad de género, y elaboraron un extenso programa de reivindicaciones, planteándose la cuestión del poder. Esto está en la raíz de la fundación del PDT, no una “búsqueda identitaria” como argumenta la autora. Naturalmente, nuestra formación política no puede sino hundir sus raíces en ese “despertar político” de cientos de miles de trabajadoras. A contrapelo de lo que reniega Casola, esta lucha confronta con el feminismo que encuentra una cuestión netamente cultural. Es una evasión explícita de la cuestión social; toda sustitución de la cuestión de clase en una problemática humana, es en principio retrógrada. En lugar de orientar a la mujer a encerrar sus reivindicaciones en el cuadro del status, hay que ganarla para la lucha universal del proletariado por la abolición del capitalismo. El programa de la mujer trabajadora orienta en esta dirección. A Casola la complace que el ++aparato del PO haya torcido el rumbo. Esta es la función política de su artículo. En cierto sentido, un artículo oportuno, porque corre el velo de la desnaturalización del Partido Obrero, que su aparato actual oculta. La izquierda y su debacle Desde la crisis del PO hasta acá, compartimos con Casola, se ha intensificado este “deshielo” feminista y el reniego del pasado. El PDT ha hecho de la “mixtura” con el feminismo su propia política - un vuelco a la colaboración de clases. El movimiento de la mujer se ha convertido en multitudinario e internacional como consecuencia de la incorporación masiva al trabajo de millones de mujeres y, de otro lado, como consecuencia del empeoramiento creciente de las condiciones laborales y de vida, que invade el ámbito laboral y todos los poros de la vida social. Es, de todos modos, un informe frente popular, cuya dirección circunstancial es francamente defensora de la democracia capitalista. La izquierda tipo FIT-U es furgón de cola de estas direcciones, tanto en el plano ideológico como en el político. En los últimos Encuentros ha ido atrás del kirchnerismo marca Grabois (algo interesante de remarcar, porque la corriente de Grabois es clerical y papista). Casola ha puesto por escrito, a su modo, lo que el aparato aún pretende escamotear. LEER MÁS: Por qué una fraccion pública del Partido Obrero Documento presentado el 11 de junio de 2019. Por Jorge Altamira, Marcelo Ramal, Juan Ferro, Daniel Blanco, Julio Quintana, Pablo Busch, Pablo Viñas. Aprobado por unanimidad en una asamblea nacional de militantes del Partido Obrero, realizada el 23 de junio de 2019 en la Ciudad de Buenos Aires.

15 de enero de 2023
Reguero de huelgas en Europa

Como hemos seguido atentamente, desde las páginas de Política Obrera , desde que estalló la Guerra Imperialista de la OTAN, Europa se convirtió en un polvorín de huelgas. En su gran mayoría, las impulsa la carestía de vida y el reclamo de mejoras en las condiciones de trabajo. Reino Unido, el epicentro El proceso de huelgas tiene su punto más álgido en Reino Unido. Muchos hablan de una “huelga general de facto” , El gobierno busca cortar el proceso de huelgas declarando los “servicios esenciales” y llamando en auxilio a la burocracia sindical. Esta semana, los ferroviarios realizaron un nuevo paro de 96 horas. Alrededor de 40.000 obreros desataron la más dura de las interrupciones ferroviarias en más de 30 años. De otro lado, 25.000 trabajadores de ambulancias realizaron una segunda jornada de huelga por salarios y condiciones de trabajo; sólo atendieron los casos más urgentes. Este conjunto de trabajadores viene luchando desde diciembre y se planea más acciones hasta finales de enero. Advierten que la huelga se puede extender a todo el sistema público de salud. Los docentes escoceses efectuaron un paro de 48 horas el martes y miércoles pasados - el Instituto Educativo de Escocia (EIS), NASUWT, la Asociación Escocesa de Maestros de Secundaria (SSTA) y la Asociación de Directores y Diputados (AHDS). Se estima que ocho de cada 10 docentes en Escocia fueron a la huelga. A todas estas acciones se sumarán los trabajadores estatales y comerciales. Los estatales votaron ir al paro en 124 departamentos gubernamentales. La fecha sería el 1 de febrero. El sindicato de Servicios Públicos y Comerciales (PCS), es el sexto más grande de Gran Bretaña, se calcula que 100.000 de sus miembros irán al paro, tras una votación que aprobó la medida con un 51%. España, otro foco Los trabajadores de Air Nostrum estuvieron en lucha entre el 26 de diciembre y el 3 de enero. Se calcula que fueron 211 los vuelos cancelados. El Sindicato Sepla indica que se determinó la medida debido a la poca voluntad de la patronal para discutir aumentos de salarios. La compañía se niega a tratar temas que afectan gravemente a su régimen de trabajo. En Cataluña, los docentes salen a las calles el 25 y 26 de enero. La medida de fuerza se lleva adelante en conjunto con los médicos y el sindicato de estudiantes de Cataluña. La acción se da después de constatar “la falta de compromiso y de resolución del Departamento de Educación a la hora de llegar a un acuerdo con las fuerzas sindicales”, según ha informado la Intersindical que organiza la jornada. Entre las principales reivindicaciones, los docentes piden revertir los recortes, negociar el calendario del curso, un pacto de estabilidad del personal interino y la vuelta de los sexenios con ciertas condiciones. Andalucía, Cataluña, Aragón, la Comunidad Valenciana, Extremadura y Madrid han anunciado jornadas de huelga de médicos durante el mes de enero. Son las primeras huelgas desde la pandemia. Los médicos piden aumentos de salarios y cuestiones relacionadas con mejoras en sus condiciones laborales. En Madrid, la huelga general indefinida será a partir del 12 de enero. En Cataluña, el sindicato mayoritario convocó una huelga para el 25 y 26 de enero. Mientras tanto, en la Comunidad Valenciana los médicos están convocados al paro los días 17 y 18. En Andalucía, los médicos y pediatras de atención declararon la huelga general indefinida desde el 20 de enero. En Aragón, el Comité de Crisis de Atención Primaria ha aprobado un calendario de movilizaciones que culminará en una huelga los días 23 y 24 de enero. Por su parte, el Sindicato Médico de Extremadura ha decidido fijar una huelga en Atención Primaria y Hospitalaria para los días 26 y 27 de enero. Además, unos 15.000 trabajadores y trabajadoras de la limpieza de Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo van a la huelga a partir del martes 10 de enero, por nueve días, por su convenio colectivo, caducado desde el final de 2021. Afectará a hospitales y centros de salud, residencias y centros de mayores; colegios, institutos y universidad; consejerías y ayuntamientos; juzgados y delegaciones ministeriales; naves industriales y oficinas bancarias, mercados y medios de comunicación. En San Sebastián, los empleados textiles acaban de cerrar la huelga tras 19 días de paro. Los textiles de Guipuzkoa han conseguido “un acuerdo histórico”, según el sindicato ELA. El convenio suscrito tiene una vigencia desde el 2010 al 2025 y recoge, entre otros aspectos, actualización de las tablas salariales en un 14,1%, “lo que equivale a la suma de la inflación de esos años”. También incluye “incrementos salariales desde el 2022 al 2025 que garantizan el mantenimiento del poder adquisitivo". Francia en el camino de Reino Unido El pasado lunes, Emmanuel Macron, presentó una reforma previsional para aumentar la edad para jubilarse. Varias centrales sindicales ya convocaron a la huelga el 19 de enero. Los convocantes son: CFDT, CGT, FO, CFTC, Unsa, FSU, CFE-CGC y Solidaires, es decir, las 8 centrales sindicales más relevantes del país. Esperan que asistan un millón de manifestantes. Francia se suma a grandes movilizaciones, junto a los vecinos británicos. Asímismo, los médicos galos fueron a huelga el 26 de diciembre y el 2 de enero pasados, pero posteriormente decidieron prolongarla hasta el 8 de enero. Reuniendo a cerca de 15.000 médicos que ejercen en el ámbito privado, según su portavoz, la psiquiatra Noëlle Cariclet, el colectivo pide en particular que se duplique el precio de la consulta, para establecerlo en 50 euros, frente a los 25 actuales. Estos son algunos de los procesos huelguísticos que se desarrollan en Europa, pero, como podemos observar, las huelgas se desparraman como un reguero de pólvora por el continente. A medida que avanza la guerra, más trabajadores se enfrentan a las patronales, al Estado y al gobierno en defensa de sus condiciones de vida. LEER MÁS: Reino Unido: una "huelga general de facto" Por Mauri Colón, 06/01/2023. Reino Unido: avanza el calendario de huelgas Los trabajadores enfrentan al gobierno, las fuerzas armadas y la burocracia sindical. Por Joaquín Antúnez, 24/12/2022. Reino Unido: el gobierno amenaza con militarizar las huelgas La guerra imperialista y la clase obrera. Por Joaquín Antúnez, 06/12/2022. Huelga de transportes en París y Londres La clase obrera en el escenario de la guerra mundial. Por Pablo Busch, 10/11/2022. Huelga general en Grecia y Bélgica La clase obrera europea en el escenario de la guerra mundial. Por Pablo Busch, 09/11/2022. Huelgas en Europa Por Mauri Colón, 04/08/2022.

15 de enero de 2023
Colombia: intento de magnicidio contra Francia Márquez

El martes pasado, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, denunció que fue víctima de un intento de asesinato. En concreto, los agentes de seguridad encargados de la custodia encontraron 7 kg de explosivos de alta capacidad de destrucción al costado de la ruta donde debía pasar Márquez para volver a su vivienda. Personal de inteligencia y seguridad concluyó que, por las características y ubicación de los explosivos, se trató de un evidente atentado contra la vida de la vicepresidenta. En sus redes sociales, la Márquez publicó el informe del hallazgo y manifestó que esto representa un “nuevo intento de atentar contra su vida”. En 2019, fue objeto de un ataque con granadas y ráfagas de fusil en el departamento de Cauca, donde aún reside. Márquez argumentó que aquel atentado fue una respuesta a su activismo ambiental, cuando se enfrentaba contra la minería legal e ilegal. Rápidamente, el gobierno colombiano, recogió la solidaridad de varios sectores de la política. Si bien las autoridades colombianas no han mencionado a quién le atribuyen el atentado, tanto Márquez como el presidente Gustavo Petro sostienen que el ataque pretendería socavar un posible acuerdo de paz que con las fuerzas paramilitares y algunos cárteles narcos que operan en el país. El trasfondo En Cauca, se encuentran activas las disidencias de las FARC, que no se acogieron al acuerdo de paz en el pasado, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). En principio, el ELN formó parte del cese al fuego bilateral proclamado por Petro en la víspera de año nuevo. Pero, más tarde, el ELN desmintió al gobierno alegando que el cese al fuego no formó parte de la primera ronda de negociaciones de paz que sostienen con delegados del Ejecutivo. En respuesta, el ministerio de seguridad, ordenó retomar la persecución contra los 3.500 guerrilleros de la organización. Por otro lado, los esfuerzos de paz generaron críticas de las facciones de derecha. Muchas de estas facciones tienen grupos armados que están vinculados, en general, al narcotráfico y a los intereses empresariales. Estos grupos desangran al país. Colombia, sufre el incesante asesinato de todo tipo de líderes sociales y ambientalistas. La región del Cauca, donde reside Márquez, es una de las más golpeadas, debido a que es un punto estratégico para las rutas del narcotráfico por su salida al Pacífico. Estos asesinatos fueron amparados, en gran medida, por los gobiernos conservadores ligados al uribismo. El gobierno de Petro y Francia Márquez no ha desarticulado el poder, ni ha tocado los intereses de estas bandas. Sin embargo, éstas son hostiles al actual gobierno nacional. Según el último informe de la ONG Human Right Watch, el año pasado en Colombia se retrocedió a los mismos niveles de violencia que se tenían antes del proceso de cese del conflicto con la extinta guerrilla de las FARC, en 2016. Este aumento fue debido a que las bandas ligadas al Narco-Estado fueron usadas como fuerzas de tercerización de la represión por el Estado Colombiano y los empresarios. LEER MÁS: Colombia: Petro, la victoria del "capitalismo progresista" Por Jorge Altamira Colombia: los “falsos positivos” eran órdenes del gobierno de Uribe Por Ana Belinco Colombia: 2020 registró el mayor número de crímenes políticos para/estatales Por Emiliano Monge

15 de enero de 2023
Perú: crece la represión, crecen las protestas

Los cortes de ruta en Perú registraron el viernes su cifra más alta desde que se desencadenaron las protestas por la destitución del ex presidente Pedro Castillo en diciembre pasado. La Superintendencia del Transporte informó un crecimiento de las protestas en los últimos días. “Entre la noche de ayer y esta mañana, los puntos de tránsito interrumpido pasaron de 87 a 100, se tomaron dos vías nacionales más, y las regiones involucradas subieron a 11”. La población movilizada reclama la renuncia de la presidenta Dina Boluarte (en el cargo desde la destitución de Castillo), la disolución del Congreso, la libertad del ex presidente y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Paro por tiempo indefinido Las movilizaciones callejeras se llevan adelante en el marco de un paro por tiempo indefinido que mantiene un importante acatamiento en el sur del país. En la región de Cusco, las protestas impusieron la suspensión de diversos servicios de transporte mediante cortes y bloqueos. Luego de un intento por tomar el aeropuerto Velasco Astete, donde hubo enfrentamientos con la policía, el Ministerio de Transporte anunció la interrupción temporal del servicio de vuelos. Allí también el ferrocarril trasandino comunicó la suspensión de un trayecto de su recorrido, cuyas vías que se encuentran tomadas por manifestantes. El sector minero se encuentra fuertemente afectado. Se han bloqueado quince accesos directos a la mina Antapaccay, por lo que no salen ni entran carros. Los bloqueos se extienden a todo el Corredor Minero del Sur, que atraviesa las regiones de Arequipa, Apurímac y Cusco. Debido a esto, tres empresas mineras han dejado de transportar concentrado de cobre. La empresa MMG, en Las Bambas, y la Minera Antapaccay también confirmaron que el transporte de mineral fue suspendido debido a los piquetes. En la región de Madre de Dios, donde una movilización derechista desalojó un bloqueo en el puente Billinghurst, miles de mineros pararon y se movilizaron para recuperar el bloqueo del puente. Ante esta situación, el Gobierno Regional de Madre de Dios suspendió sus actividades laborales el pasado viernes. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe) denunció que los bloqueos ponen “en grave riesgo el 30 % de la producción de cobre del país”, debido a que se impide el funcionamiento de empresas mineras como Las Bambas, Hudbay y Glencore. Las empresas del transporte interprovincial informaron que están trasladando menos del 50% de los pasajeros de lo que era habitual y acusaron pérdidas de hasta 30 millones de soles diarios. Segunda “marcha de los cuatro suyos” Las protestas tienen su punto más alto en el sur del país. En la región de Puno hubo más de 30 cortes. En Cusco se reportaron 18 bloqueos, incluida la autopista Pacaycasa-Huacarpay. En la región de Madre de Dios se realizaron diversos cortes sobre la carretera Urcos-Puente Iñapari, en la frontera con Brasil. El tramo sur de una de las rutas nacionales más importantes del país, la carretera Longitudinal de la Sierra Sur, conoció innumerables cortes a lo largo de su trayecto, al igual que la Longitudinal de la Selva Norte y la Panamericana Sur. Otros puntos de piquetes se realizaron en Tacna, cortando también las fronteras con Chile y Bolivia. Las protestas llegaron a Lima, donde se realizaron movilizaciones y nuevos intentos por llegar al Congreso. Para los próximos días se está convocando a la llamada “Segunda marcha de los cuatro suyos” en la capital del país, como una réplica a la masiva “marcha de los cuatro suyos” de julio del 2000 contra el gobierno de Alberto Fujimori. La marcha de los “suyos” representa una convocatoria a las comunidades aymaras y quechuas del país, ya que los “suyos” eran las cuatro regiones en que se había dividido el Imperio Inca. El Comando de Lucha Popular de Arequipa anunció que se plegará a esta gran marcha. Lo mismo el Consejo Consultivo de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas, el cual informó que numerosos campesinos peruanos se vienen organizando para llegar a Lima en el marco de esta movilización. La participación de las comunidades aymaras va pleno en crecimiento. Se pronostica que pueden llegar a Lima unos 50.000 pobladores. Ya llegaron al lugar los primeros grupos de ronderos, guardias de autodefensa campesinas de comunidades aymaras y quechuas. Allí también se encuentra Santos Saavedra, el presidente de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas. En diversas regiones las protestas fueron atizadas con la confirmación de la muerte de un menor de edad, producto de la represión policial. Es el quinto menor de edad en ser asesinado por las fuerzas represivas desde el inicio de las protestas. Uno de los dirigentes de las manifestaciones en la región de Anta, Remo Candia, fue recientemente asesinado por la policía. "Hijo, hasta luego, muy pronto estaremos contigo, vete tranquilo que nosotros estaremos luchando con tus compañeros de Anta" dijo Leopolda Guevara, madre de Candia, en un acto de despedida que se convirtió en un mitin político con una multitud de luchadores de Anta y La Convención que se acercaron al lugar. Gobierno en crisis Desde el gobierno arrojan un manto de sospechas sobre el financiamiento de las movilizaciones. La presidenta Boluarte denunció a los “líderes de izquierda" por "azuzar las protestas”. En ese marco, el gobierno detuvo en Ayacucho a Rocío Leandro Melgar (conocida como la 'camarada Cusi'), por supuesta participación en atentados con el grupo guerrillero Sendero Luminoso en las décadas de los 80 y 90. Rocío Leandro Melgar es actualmente la presidenta del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho. Asimismo, el gobierno apunta al ex presidente boliviano, Evo Morales, como 'instigador' de las protestas en Perú. Recientemente, el gobierno de Boluarte decidió la salida de la embajadora peruana en Bolivia, sin nombrar reemplazante. El gobierno de Boluarte se encuentra sumido en una gran inestabilidad política interna. En la última semana presentaron su renuncia los ministros de trabajo y de la mujer, con fuertes críticas a la presidenta. Ambos plantearon la necesidad de adelantar las elecciones para este año, ante la falta de perspectivas políticas del gobierno actual para sostenerse en el poder. Entretanto, Boluarte reclama al Congreso la sanción definitiva del adelantamiento electoral para 2024. Este adelanto electoral para abril del 2024 fue aprobado en el pasado mes de diciembre, pero, debido a que se trata de una reforma constitucional, debe ser aprobado nuevamente en una segunda votación en la legislatura. La próxima sesión que debe hacer esta votación se reunirá recién el próximo mes de marzo, por lo que el gobierno discute la posibilidad de adelantar esa sesión para el mes que viene. El gobierno ha tomado nota de que las protestas en Perú, en crecimiento, no darán tregua ni se adaptarán a los tiempos del calendario electoral. LEER MÁS Perú: se intensifica la represión del gobierno de las Fuerzas Armadas

15 de enero de 2023
14 años sin el “Bocha” Sokol

Alejandro “bocha” Sokol, nació en enero de 1960, en Hurlingham, provincia de Buenos Aires. El miércoles pasado, se cumplieron 14 años de su deceso, su partida se dio tan solo a semanas de su cumpleaños número 49. Alejandro es catalogado por muchos como el último héroe del Rock Nacional debido a su sencillez, su calidez y su sensibilidad, además de haber formado parte de dos bandas de culto de la música nacional: Sumo y Las Pelotas. A Alejandro, que de joven trabajó como pintor y en una fábrica de cajas de cartón, le iba a cambiar la vida cuando, en 1981, empezaba a forjar su carrera musical. En ese año, junto a Luca Prodan (voz), Ricardo Curtet (Guitarra), Germán Daffunchio (Guitarra) y Stephanie Nuttal (Batería), se convirtió en uno de los fundadores de la icónica banda de rock Sumo. La banda venía a patear el tablero musical con una propuesta distinta a todo lo que sonaba en el país durante esos años oscuros de dictadura y Guerra de Malvinas. Sorteando la censura y los ataques del gobierno militar, la banda liderada por Prodan se consagró como una de las más importantes del rock nacional en los años 80. Sokol se sumaría a tocar el Bajo, pero con la salida de Stephanie Nuttal, tomó el mando de la batería. Con Sumo, en octubre de 1983, grabó el emblemático disco "Corpiños en la madrugada", que originalmente salió como demo. Este trabajo contiene canciones como: “Mejor no hablar de ciertas cosas” (compuesta por el Indio Solari) “Una noche en New York City”; que después pasaría a llamarse: “La Rubia Tarada”, “Divididos por la Felicidad”, “Heroin”, entre otros hits que, después, se convertirán en clásicos del Rock Argentino. Pese a un metódico ascenso en la popularidad de la banda, el ciclo de Alejandro en Sumo duraría poco. Un año después, en 1984, luego de acusar a sus compañeros de banda de llevar una "vida desordenada" que lo afectaban en su salud, Sokol dejaría la banda. Años después declaró que si no se hubiera ido de Sumo habría muerto debido a los excesos en el consumo de drogas de la banda. Sigue andando como un buey En 1987, tras la muerte de Luca Prodan, que sentenció la disolusion de Sumo, junto a Germán Daffunchio (Guitarra y voz) y Alberto “Superman” Troglio (Batería), conformaron "Las Pelotas". Otra de las bandas que marcó la historia musical de nuestro país. En esta nueva etapa, nuestro homenajeado tomará el liderazgo de la banda, además de ser su voz y su compositor principal. Dueño de una sensibilidad única, que podía poner en música cada sentir del ser humano, junto a su desfachatez en su vida privada y en los escenarios, logró conquistar el corazón de la gente. La anécdota de cuando en 1995 los Rolling Stones vinieron a la Argentina lo pinta de cuerpo entero. “Alejandro, lo primero que hizo, fue usarle la pasarela a Mick Jagger. Lo perseguían los ‘negros’ y no lo podían agarrar. El chabón gambeteaba… Todo lo que nos prohibían que hiciéramos, él lo hizo en el primer show. En el segundo ya estaba tomando fernet con ellos”. Esto lo cuenta el trompetista Gillespi, en el documental dedicado a Sokol llamado “Solo”. Cosas como esta o su extrema humildad de quedarse a hablar con el público, le hicieron ganar el mote de “antihéroe del rock”. Formaría parte de Las Pelotas por 20 años. En ese tiempo grabó 8 discos (“Corderos en la noche”, “Máscaras de sal”, “Amor seco”, “La clave del éxito”, ”¿Para qué?”, “Todo por un polvo”, “Esperando el milagro” y “Basta”) y un sinfín de éxitos: “Capitán América”, “Shine”, “Sin Hilo”, “El cazador”, entre otros muchos más. Durante este tiempo, Las Pelotas debió conformar su propio estilo musical, para alejar los estigmas de ser unos "ex Sumo”. La otra banda que parió la disolución de Sumo, Divididos (Con Ricardo Mollo y Diego Arnedo), alcanzó bastante rápidamente una repercusión y un estilo propio. Jaqueado por problemas internos de la banda, pero por sobre todo por los recurrentes problemas de adicciones que se desencadenaron uno tras otro y tras un accidente automovilístico, Alejandro abandonaba Las Pelotas. En la última etapa de su vida, formó “El Vuelto S.A.”. Acompañado de su hijo Ismael, tocaron en bares pequeños de Córdoba y la Capital Federal. Su repertorio se basaba en versiones acústicas de temas de Pink Floyd, Bowie, Bob Marley, las bandas que inspiraron a Sokol durante su vida. Tenía planeado lanzar un disco en marzo de 2009, pero la muerte lo alcanzó un lunes 12 de enero de 2009, mientras esperaba un colectivo en Río Cuarto para volver a la Capital Federal. Así, el pibe laburante de barrio obrero que fundó dos bandas de culto del rock rioplatense dejó la vida, para convertirse en un mito. Alejandro por siempre, Shine, Shine, Shine.

16 de enero de 2023
Covid en niños y niñas: baja inmunización, secuelas y vulnerabilidad social

El Ministerio de Salud habilitó la tercera dosis de la vacuna contra el Covid para chicos menores de 3 años y mayores de 6 meses y sumó la cuarta dosis (o segundo refuerzo) para niños, niñas y adolescentes de entre los 3 y los 17 años. En el anuncio los funcionarios destacaron datos alarmantes sobre la baja inmunización en menores. Por otra parte, estudios arrojan las secuelas que les deja la infección y señalan a la pobreza y malnutrición infantil como agravantes. Baja inmunización y secuelas Desde el Ministerio de Salud informaron que “en niños de 3 a 4 años, que tienen habilitado ya el primer refuerzo, solamente el 3 % lo ha recibido” y que, “en la franja de 5 a 11 años, las coberturas con primer refuerzo son del 14 %, y del 38 % en adolescentes”. (argentina.gob.ar, 5/1). Desde el comienzo de la pandemia murió de Covid un menor cada tres días – 344 muertes en 1.035 días. De ese total, 24 muertes ocurrieron cuando la letalidad había bajado, entre junio de 2022 y el presente (Clarín, 6/1/). Recientemente se publicó un estudio en la revista Clinical Medicine, del grupo The Lancet Discovery Science, cuyo disparador fue la observación de tasas más altas de hospitalización de personas de 0 a 19 años desde la aparición de la variante Ómicron y sus subvariantes, junto con las persistentes disparidades en la vacunación. Argentina fue incluida en el estudio y aparece como uno de los países con mayor seroprevalencia de Covid -porcentaje de personas en una población que tienen los anticuerpos del virus-, en chicos, con 47,14 % del universo analizado. Los científicos atribuyen la mayor seroprevalencia a la “pobreza, más actividad al aire libre, menor educación y conocimiento de los padres sobre las medidas preventivas, hogares y escuelas superpoblados”. También la vinculan a “tasas más altas de comorbilidades, desnutrición, falta de instalaciones para la educación virtual, tasas de vacunación deficientes, cumplimiento deficiente de los confinamientos en entornos donde los medios de subsistencia dependen de los salarios diarios y sistemas de salud frágiles”. En nuestro país, el 49 % de los niños presentan sobrepeso, obesidad o baja estatura y el 40 % de ellos no llega a consumir las 4 comidas diarias la malnutrición creció un 5% entre 2019 y la actualidad . Hay 18 millones de personas pobres y 3,3 millones de indigentes en la Argentina, de acuerdo a un informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) publicado en diciembre del 2022. Una de las complicaciones que presentan niños y niñas que contraen Covid es el síndrome inflamatorio multisistémico, que causa la inflamación de órganos como el corazón, los pulmones, los riñones y el cerebro y también en la piel, los ojos o el tracto digestivo. También se ha detectado Covid prolongada o long-covid en niños y niñas. “Los pediatras reciben más consultas de casos de niños con síntomas persistentes, como fatiga general, falta de concentración, dolor de cabeza, después de que han tenido un cuadro leve o moderado de COVID-19. Incluso ya hay trabajos publicados de que el COVID puede aumentar el riesgo de que los chicos desarrollen diabetes tipo 2″, señala Angela Gentile, jefa de epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y miembro de la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas y de la Sociedad Argentina de Pediatría (Infobae, 10/1). Una salida de conjunto La vulnerabilidad social en la que se encuentra una gran parte de los niños niñas y adolescentes de nuestro país, en el marco del acuerdo con el FMI, se irá agravando en la medida en que siga el recorte de la asistencia social (planes sociales y provisiones para comedores). Los Cesacs -centros de salud a los que acude una gran cantidad de población de los barrios de la Capital Federal- cierran sus puertas porque no tienen garantizadas las condiciones mínimas para la atención. El combo vulnerabilidad social, ajuste y vaciamiento de la salud es explosivo. Luchemos por una salida de conjunto en defensa de la salud de la población trabajadora. LEER MÁS: Covid, “emergencia sanitaria” y sexta ola Por Soledad Domínguez La pandemia no quedó atrás Por Maxi S. Cortés Pandemia: las nuevas variantes de Ómicron y los efectos del Covid Por Florencia Suárez “Delta” y el “long COVID”, una catástrofe sanitaria en desarrollo Por Joaquín Antunez

16 de enero de 2023
Argentina y el cambio climático: de granero del mundo a desierto

En los últimos días, las páginas de la prensa se han poblado de informes sobre el estado de la producción en el campo. La merma en las cosechas de invierno de 2022, de las siembras de verano 2022-2023 y de los rendimientos, ha disparado la alarma de los capitalistas del sector. La sequía, que aún puede prolongarse y empeorar la situación, ya ocupa el primer punto de la agenda de la Mesa de Enlace, que ha pedido reunirse con Sergio Massa. También ha creído conveniente poner en debate el problema del cambio climático y la desertificación, lo que no quiso discutir en ocasión del debate de la Ley de Humedales, hace solo dos meses atrás. El Ministerio de Ambiente, bajo la dirección del ministro de Economía, colaborará en la implementación de un “paquete de medidas” para mitigar los daños que la sequía está provocando a las “regiones productoras”. Estamos ante la farsa de un Ministerio de Ambiente que reduce las “políticas públicas” al beneficio de un sector. La Niña y el cambio climático La Niña es un fenómeno caracterizado por el enfriamiento de las aguas oceánicas superficiales de la parte centro-oriental del Pacífico Ecuatorial. Este cambio es producido por modificaciones en la atmósfera, concretamente por el aumento en la intensidad de los vientos alisios. Es la fase fría de una dinámica atmosférica más global llamada “Niño Oscilación del Sur” (ENOS), que es la fase cálida. El fenómeno de La Niña afecta las costas del Ecuador, Perú y Chile, pero modifica la distribución de temperaturas y lluvias en zonas más amplias que van hacia el este, en Argentina, por ejemplo, y hacia el oeste del Pacífico, llegando hasta el cuerno de África. En Argentina, en el noreste tienden a registrarse precipitaciones por debajo de lo normal durante este evento. La Organización Mundial del Clima caracteriza que asistimos a un “triple fenómeno de La Niña”, ya que, habiendo comenzado en 2020, son tres temporadas consecutivas donde se sostiene la fase fría del ENOS. Desde 1950, es la tercera vez que esto sucede. Si bien su ocurrencia es normal, debemos ponerla en el contexto más general del cambio climático. Para darnos una idea, a pesar de que, como dijimos, representa la fase fría del Niño, tanto 2021 como 2022 “fueron (años) más cálidos que cualquier año anterior a 2015”. La persistencia de La Niña, junto con el contexto del recalentamiento global, llevan hasta su punto más tenso las condiciones que provocan sequías e inundaciones. Para ejemplificar el impacto de uno de estos efectos, tenemos que la zona oriental de África lleva cinco estaciones consecutivas de sequía. Hay más de 20 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria en Kenya, Somalía y Etiopía. Mes a mes, aumentan las posibilidades de que esta región se convierta en epicentro de una hambruna mundial. La guerra entre la OTAN y Rusia agrava esta situación al desquiciar las cadenas de suministro y empujar hacia arriba los precios de los alimentos, combustibles y fertilizantes. Para la ONU, la guerra es tipificada como una catástrofe ambiental de tipo artificial. Por otro lado, en el sureste asiático, la inusual intensidad de las lluvias monzónicas ha provocado desastrosas inundaciones como la de Pakistán. El impacto de la sequía en Argentina En nuestro país, la sequía afecta a la mayor parte del centro-norte del territorio, siendo la parte más afectada, con sequía severa, el noreste de la provincia de Buenos Aires, noreste de Córdoba y sur de Santa Fe y Entre Ríos. Según la Dirección Nacional de Riesgo y Emergencia Agropecuaria en su último informe, correspondiente a noviembre de 2022 -el de diciembre aún no ha sido publicado-, el stock bovino afectado es de 20 millones de cabezas; el cultivo de trigo fue alcanzado en 1 millón y medio de hectáreas y los hogares alcanzados por la sequía son 647.000. Este último número no contempla capitales de provincias y distritos aunque la sequía se extiende por la zona más populosa del país, el litoral del Plata. La sequía trae aparejados, además, los problemas relacionados con la calidad y cantidad del agua. San Juan, Tucumán y hasta el mismo conurbano bonaerense empiezan a sufrir la falta de agua por la baja de las napas. Los más afectados son los sectores más pobres, sin servicio de agua corriente y cuyas perforaciones, por lo general poco profundas, ya no sirven para extraer agua. No hay aún informes sanitarios acerca de cómo esta faltante puede estar afectando a la salud de la población. Se avecina una crisis La crisis climática, sin embargo, ha explotado por el lado de los intereses del capital agrario. Y es que se espera una caída del 30 % en la cosecha de la soja y el maíz y de un 10 % para el girasol, en un escenario que aún puede seguir empeorando. Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el Producto Bruto Agrícola podría caer un 30 % contando las bajas de la cosecha de invierno (trigo y cebada). Respecto de la campaña de 2021-2022, esta caída podría significar una pérdida en exportaciones de 14.000 millones de dólares, lo que impactaría en la recaudación fiscal por casi 5.000 millones. La campaña 2022-2023 de la soja sería la tercer peor campaña desde 2008, año en que se produjo la peor cosecha y que coincidió con la crisis de la resolución 125 (retenciones móviles). Las patronales del campo han creído conveniente poner en agenda el cambio climático, solo para cuantificar pérdidas y pasar a reclamar subsidios. Pero la sequía todavía puede convertirse en catástrofe. La muerte de bovinos y la merma de gestaciones producida por la falta de agua y forraje se suman a la ya golpeada reproducción de vacas producida por los incendios en Corrientes durante el verano pasado. La caída en la producción de alimentos puede convertirse en un balde de nafta al fuego de la inflación. En el granero del mundo, podríamos asistir a una crisis alimentaria. Ante la gravedad del asunto, el Ministerio de Ambiente ha decidido ponerse bajo la orden del Ministerio de Economía y este, bajo la de la Mesa de Enlace. Es necesario crear conciencia acerca de la importancia y de los efectos de la crisis climática entre los trabajadores, para organizarnos y enfrentar las catástrofes que se avecinan. LEER MÁS: Cambio climático, colapso civilizatorio, ecosocialismo y marxismo Por Jorge Altamira. Santiago del Estero: fondos verdes del clima y los negocios del gran capital sojero Por Melisa Campero.

16 de enero de 2023
Israel: cien mil personas ganaron las calles

El sábado 14 en Israel se movilizaron cien mil personas, según el Financial Times, contra el gobierno de ultraderecha. Sólo en Tel Aviv fueron 80 mil, “según fuentes policiales, un aumento de cuatro veces el número de la semana pasada”, a pesar “de las fuertes lluvias” (Haaretz, 15/1). Tampoco tuvo efecto el llamado de los judíos ortodoxos contra una jornada en día sábado. Las movilizaciones cuestionan el proyecto de transformar a la Corte y el sistema judicial en una ´escribanía` del Ejecutivo. La presidente de la Corte, Esther Hayut, declaró que la reforma es “una herida mortal para la democracia”. Lo que ocurre es muy instructivo, porque la iniciativa para que el Parlamento pueda cancelar las sentencias que anulan leyes votadas por mayoría, se convierte en ultrarreaccionaria sólo porque la ultraderecha controla la llamada Knesset. Las normas democráticas en un Estado capitalista tienen una naturaleza fluctuante según el gobierno que las adopte. Crisis en ciernes con las FF. AA. Un propósito fundamental de la reforma es “sacar a Netanyahu del proceso penal en su contra” por corruptelas. Para la prensa lo más importante serían “las implicancias inmediatas para la relación entre el Estado y las fuerzas armadas” (íd., 13/1). La reforma proyectada quita al Ministerio de Defensa el control de la Cisjordania palestina y lo somete al Ministerio de Finanzas. Que el “sistema judicial se subordine al poder legislativo, deshace el tejido familiar de las relaciones del gobierno con el ejército y afecta adversamente la línea de mando y su unidad”, declaró Aviv Kochavi, jefe saliente de las FF. AA. Este advirtió que no hablaba a título personal, sino de los altos mandos, incluido el nuevo jefe (íd., 13/1). Smotrich, el nuevo ministro de Defensa, respondió en el acto: “Israel -dijo- es un país con un ejército, no un ejército con un país”. Es el mismo ministro que declaró sin empacho: "soy un homófobo fascista, pero soy un hombre de palabra". Kochavi, es obvio, transmite dos preocupaciones: a) si se acepta la intromisión del establishment religioso y de los colonos extremistas en el ejército, se quebraría “la línea de mando y su unidad”. Kochavi declaró su preocupación por la “proliferación de llamados dentro del nuevo gobierno para recortar los fondos recibidos por la Autoridad Palestina y reducir la coordinación de seguridad con las agencias de la Autoridad Palestina en Cisjordania”. “Si no hubiera Autoridad Palestina -declaró-, las FF. AA. entrarían en acción dentro de los centros de las ciudades palestinas. El significado de esto sería que, a diferencia de lo que estas hacen hoy, el ejército tendría que imponer 'órdenes de batalla' en una escala inmensa” (ídem). La segunda preocupación es que el proyecto de reforma judicial eximiría a miles de jóvenes haredim (religiosos) del servicio militar. “¿No debería esperarse —dice Kochavi— una caída en la motivación entre aquellos que se alistan y sirven en el ejército, quienes serían discriminados en relación con los haredim?” (ídem). Cuando Kochavi, como muchos otros militares antes, declaró que pretenderá ingresar en la política israelí, el gobierno anunció que modificaría el plazo para ello de 3 a 5 años. La cuestión Intifada Netanyahu no es la primera vez que enfrenta movilizaciones masivas en contra suyo. Los manifestantes exhibieron símbolos nazis contra el gobierno –un tope histórico en la denuncia contra la derecha sionista-. Netanyahu se ha visto obligado a prohirilos, sin llegar a denunciarlo como antisemitismo. Sobre las movilizaciones del sábado último se han enancado antiguos socios de Netanyahu, entre ellos Benny Gantz, su último ministro de Defensa. De otro lado, sionistas laicos plantearon que “Sólo una verdadera asociación árabe-judía garantizará el éxito de las protestas”, declararon (Odeh Bisharat, íd., 16/1). Se refieren a los árabes que tienen ciudadanía israelí, no a los palestinos, ni mucho menos es una convocatoria para luchar por una República Palestina, que implica en primer lugar el derecho al retorno, único, democrático y socialista. El temor de las FF. AA., en particular, es que se acabe la “edad de oro de seguridad” que gozó el estado sionista “en las últimas cuatro décadas”. En la revista de las FF. AA., tres altos mandos escribieron: “ya no es así” (sic). “Parece una afirmación bastante trascendental, dado que este período incluyó dos intifadas y dos guerras en el Líbano. Pero los autores argumentan que todo es una cuestión de proporción. Durante estas décadas, escribieron, Israel disfrutó de tres privilegios: el hecho de que solo se enfrentaba a una amenaza de seguridad limitada; la hegemonía estadounidense, que se expresó en parte a través de un fuerte apoyo a Israel y lo que llamaron un ethos compartido en la sociedad israelí” (Amós Harel, íd., 16/1). Estos pilares habrían dejado de existir. La crisis mundial y la guerra mundial de la OTAN han hecho su trabajo de zapa. La cuestión palestina no es un asunto ‘israelí’, sino de carácter internacional. Para el columnista Anshel Pfeffer (íd., 12/1), se presenta “la amenaza de una explosión en Cisjordania” y/o “el desvanecimiento de la democracia israelí antes que estalle una guerra civil”. Es que las condiciones sociales en Israel se están también deteriorandO al compás de la crisis mundial. LEER MÁS Israel: un régimen talibán LEER MÁS Israel: el nuevo gobierno declara la guerra a la Corte

16 de enero de 2023
¿A quién le conviene la violencia en el puerto de Rosario?
Portuarios Unidos Rosario

Se fomenta que los trabajadores que estamos abandonados y sin un peso hace dos meses somos los que generamos la violencia y eso es una MENTIRA. MENTIRA orquestada por los patrones y sus perros falderos (Aybar, Beloso, Loza y los demás carneros que por ahora los acompañan). El gobierno mandó la policía a la puerta, pero no interviene porque así lo ordenó Perotti. RECORDEMOS: “El punto es resolver la situación de 5 trabajadores” (ministro de trabajo de Santa Fe, Juan Manuel Pusineri a cadena 3 Rosario 06/01/2023 | 08:48) ¡EL GOBIERNO SABE QUE ACÁ CON ESTOS CINCO HAY GATO ENCERRADO, POR ESO NO INTERVIENE Y EN CAMBIO EXIGE A TPR QUE REANUDE LAS TAREAS! Los que quieren que haya batuque son precisamente los PATRONES Y TRAIDORES QUE FOMENTAN LA VIOLENCIA. A esto hay que sumar a medios de comunicación que cobran por hacer ese trabajo, como por ejemplo Canal 3, Radio 2, Rosario 3 y otros pocos. Lo que quieren fomentar es que nos peleemos con la cana; NO DEBEMOS HACERLO. Lo que quieren es que cuestionemos al gobierno provincial de Perotti; NO DEBEMOS HACERLO. ¡SI TENEMOS NUESTRA VERDAD TAN CLARA NO NECESITAMOS LA VIOLENCIA! Van a seguir provocándonos. Van a seguir infiltrando gente como hicieron en la Municipalidad; NO DEBEMOS HACERLO. NADA DE VIOLENCIA QUE JUSTIFIQUE LO QUE ELLOS QUIEREN. Nosotros estamos plantados, ahora que César muestre lo que tiene, a ver si lo siguen como dice en los medios. Por eso está tan preocupado y quiere que los milicos nos metan garrote y hasta lo reclama abiertamente, más que los patrones mismos. Perotti sabe que lo que buscan TPR y Aybar es salir sin pagar lo que deben y traer a un grupo dudoso como los nicoleños de Servicios Portuarios. No somos violentos, somos trabajadores violentados y traicionados. ¡QUE TODOS LO SEPAN! RESPONDAMOS POR TODO LUGAR, EN TODO MOMENTO Y POR TODOS LOS MEDIOS. Con la redes sociales, boca a boca, con tiza y carbón si es necesario. Esa es nuestra opinión. “La única lucha que se pierde es la que se abandona” Por un SUPA Rosario para los trabajadores Todos o Ninguno Hasta la victoria final PORTUARIOS UNIDOS ROSARIO Asociación Civil Sin Fines de Lucro "Vamos por el SUPA pero para los trabajadores"

16 de enero de 2023
El morenismo y la dictadura

La respuesta a un participante en “Altamira Responde” ha generado “malestar” entre algunos de los seguidores del morenismo. Está referida a la caracterización del PST, la corriente dirigida por Nahuel Moreno, sobre la dictadura militar de Videla y Massera. La historia es conocida y Altamira no hace más que recordarla. ¿De qué se trata? De que el morenismo la calificó como una “dictablanda”, que debía ser distinguida de las de Pinochet en Chile y Bordaberry en Uruguay. Quienes se sintieron aludidos hicieron circular por Twitter el manojo de periódicos de Avanzada Socialista, el periódico del PST, entre 1972 y marzo de 1976. Como explica Altamira, el planteo formaba parte de una caracterización de conjunto. A saber: que el golpe de 1976 sería, como había ocurrido en el pasado, un interregno hacia una nueva convocatoria electoral. Isabelita había nombrado a un general del ala “liberal” al frente del Ejército -Jorge Rafael Videla- para reemplazar al general Numa Laplane, vinculado con la camarilla de José López Rega. A partir de aquí, el PST preveía una onda “democratizante”, institucionalizadora, lo mismo que los Montoneros, que legalizaron un Partido Auténtico, para participar en las elecciones que debían tener lugar en 1977, pero que la misma Isabel había adelantado para 1976. Para la corriente de Moreno, “la destitución del peronismo fue un hecho que los militares cumplieron a su manera (sic), después que la marea popular no alcanzó a hacerlo por la defección de sus dirigentes” (Cambio N°1, primera quincena de mayo de 1976). De este modo, Videla habría desplegado un operativo de sustitución de las masas en la concreción de un derrocamiento inevitable del gobierno de Isabel Perón. Nuestra corriente, Política Obrera, señaló que el desenlace de la huelga general de junio-julio de 1975, en rechazo al “rodrigazo”, daría paso a un golpe militar. La huelga había demostrado, por un lado, la incapacidad de gobierno del peronismo y, por el otro, la inmadurez política relativa del movimiento huelguístico para crear una alternativa de poder. Las Coordinadoras que habían impulsado y dirigido la huelga general comenzaron a disolverse. El golpe tendría características pinochetistas, para aplastar con métodos contrarrevolucionarios lo que había sido visto como una amenaza revolucionaria potencial. Para Moreno, en cambio, la represión de los militares sería dirigida contra la guerrilla, que ya se encontraba disminuida política y organizativamente. Lo demostró enseguida la terrible derrota del ERP en la tentativa de tomar los cuarteles de Monte Chingolo. Las primeras víctimas de los grupos de tareas del ejército, ahora dueños del poder, fueron activistas y delegados obreros, y comisiones internas enteras. El PST, sin embargo, no dejaría pasar oportunidad de condenar los atentados foquistas. Regularmente, su publicación hacía llegar “condolencias” a los familiares de los militares abatidos por la guerrilla. Enseguida después del golpe, el periódico (Avanzada Socialista) ilegalizado por la dictadura fue reemplazado por una publicación legal, primero llamada Cambio y luego, a partir del segundo número, La Yesca. Parte de los materiales que documentan este derrotero, es decir, los primeros números de Cambio-La Yesca, publicados en el crítico período que va de mayo a julio de 1976, se encuentran disponibles en el sitio del CEIP León Trotsky, el centro de estudios que anima el PTS. “Gobiernos militares” La caracterización del gobierno de Videla como una “dictablanda” es una de las definiciones centrales del primer número de Cambio, el único publicado con ese nombre, en la primera quincena de mayo de 1976. Bajo el apartado “Gobiernos militares”, destacado, se lee lo siguiente: “Los gobiernos de Chile y Uruguay siguen fielmente el modelo marcado por la dictadura militar brasileña, basado en una estrecha relación con el imperialismo norteamericano y una dura represión en el campo interno.” “Contrasta con este modelo el gobierno militar de Perú, que sigue una política nacionalista respecto de Estados Unidos y practica reformas económicas y sociales de corte populista.” “La experiencia argentina, como la de otros países latinoamericanos con gobiernos militares, no se ajusta exactamente a ninguno de estos dos modelos. El gobierno de Onganía, intimamente ligado a los capitales originarios del Norte, nunca alcanzó los niveles de represión de Brasil, Chile o Uruguay. El gobierno actual, a juzgar por sus declaraciones hasta el momento, tampoco se inclina (sic) por la política de 'sangre y fuego' que preconizan los regímenes más duros del continente.” En el editorial del primer número de La Yesca, luego de explicar el cambio de nombre por razones de patentes, se informa a los lectores sobre la continuidad de la publicación, en los siguientes términos: “LA YESCA va a seguir ejercitando su derecho a la libertad. Su permanencia será una prueba de que la brecha democrática se amplíe y que la libertad, esa libertad que le hizo decir al general Videla que no aspira a una prensa complaciente, se fortalezca.” Altamira no tenía a mano esta cita para ilustrar a su interlocutor en el programa “Responde”. En el mismo número, leemos: “en líneas generales, se ha respetado a los delegados obreros”, aunque “algunas detenciones, algunos despidos, ciertas amenazas y la persistencia de un terrorismo de ultraderecha, cuya autoría sigue sin establecerse (sic), dejan en pie la posibilidad de una persecución generalizada contra el activismo obrero”. Más adelante, en junio de 1976, la posición del PST no deja sombra de dudas: “LA YESCA considera (…) que existe y actúa una ultraderecha criminal (…) Y el gobierno argentino tiene la responsabilidad de investigarla, desnudarla y combatirla.” Altamira tampoco tenía ésta. La respuesta conceptual de Altamira a su interlocutor ha levantado una polvareda que, con estas citas, avergüenza a sus detractores. La publicación de Moreno lamentaba que la ilegalización del PST (como también a Política Obrera, el PRT y Montoneros) “contrasta fuertemente” con “el hecho de que en reiteradas declaraciones -del general Menéndez, del comandante Massera y del presidente Videla, entre otros- se haya ratificado el objetivo democrático” [del gobierno militar]. En el mismo apartado se califica como “un atenuante” y “un contrapeso” la parte de la ley que afirma que “la actividad político-partidaria debe ser anunciada con anterioridad”. El PST se quejaría, finalmente, por “la prohibición de partidos que nada tienen que ver con la guerrilla” (La Yesca N°1). Era un reclamo de legalidad bajo la dictadura de los grupos de tareas responsables de los 30.000 desaparecidos. ´Inclinaciones´, ´brechas´, ´objetivos democráticos´, ´atenuantes´: así caracterizaba a la dictadura genocida el grupo morenista, transcurridos varios meses después del golpe. En 1982, el mismo agrupamiento reclamaría que la autoamnistía que había establecido el último gobierno militar fuera extendida a todos los presos políticos. Ver video de Altamira Responde: “¿Es cierto que Nahuel Moreno expresó que lo de Videla era una dictablanda?” “Repudio a la guerrilla” La publicación del PST reclamaba que se dieran a conocer los nombres de los detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional -no así su libertad- en los siguientes términos: “Se sabe que una cantidad no precisada de ciudadanos han sido detenidos (sic) con posterioridad al movimiento militar (sic) de marzo. De algunos los nombres se conocen (…) De otros, en cambio, que son dirigentes obreros y políticos que nada tienen que ver ni con la subversión (sic) ni con la corrupción, no se sabe a ciencia cierta ni su cantidad (…).” (Cambio N°1) Esta distinción entre los detenidos con quienes “nada tienen que ver ni con la subversión ni con la corrupción” sería subrayada en aquel primer número de Cambio: “En las antípodas de toda corriente de opinión que luche por lograr una auténtica reorganización democrática del movimiento obrero se colocan, ahora y antes, los grupos guerrilleros cuyos crímenes políticos no hacen más que confundir y dar pretexto a la represión de los trabajadores, que nada tienen que ver con ellos.” “Nuestra repugnancia ante las bandas asesinas de ultraderecha, que aún hoy persisten en su acción, no puede hacernos callar todo el mal que han hecho y hacen los guerrilleros a la causa de los trabajadores.” Como se ve, el PST no sólo pretendía insertarse en la ´brecha democrática´ que atribuía al régimen de Videla: en la cita hay un puente ideológico con la misma dictadura. La lucha política contra el foquismo debe hacerse dentro de la clase obrera, como lo hizo en forma implacable Política Obrera, no concediendo a la justificación de la represión por parte de la dictadura. Poco después, frente al atentado explosivo contra la Superintendencia de la Policía Federal, el PST ´aportaba´ su análisis, que podría resumirse en la siguiente frase: “¿Qué móvil político animó a los autores? Es indudable, a juzgar por la orientación de la guerrilla, que uno de sus objetivos es lograr más represión. Lograr que el gobierno actual se convierta en una dictadura total, sin concesiones, tal como desde el campo opuesto pueden quererlo los pinochetistas o bordaberristas argentinos.” (La Yesca N°3, primera quincena de julio de 1976). Todavía en julio de 1976, para el PST no se había instalado en el país una “dictadura total” y los “pinochetistas y bordaberristas argentinos” no se encontraban en el poder. LEER MÁS: La izquierda (democratizante) y “los militares”: una historia breve Izquierda, democracia y dictadura: nuestra respuesta al PSTU 24 de marzo 1976-2020: Política Obrera bajo la dictadura, una escuela revolucionaria

16 de enero de 2023
Puerto de Rosario: abajo la represión

La patronal, el Estado y la burocracia del SUPA están utilizando todos los recursos a su alcance para tratar de quebrar esta histórica huelga del puerto de Rosario. Más de 40 días de paro, piquetes y marchas reclamando la reincorporación de cinco compañeros despedidos, en defensa de los salarios y en rechazo a la extensión de la jornada laboral de 6 a 8 horas y a la reforma laboral. Este lunes 16, en el turno de la mañana, las patronales hicieron que ingresen administrativos, jerárquicos y un grupo de eventuales; en este caso, bajo la amenaza de quedar en forma inmediata sin trabajo. La cuestión decisiva sigue siendo la huelga de los estibadores de planta, que son quienes tienen el manejo de las máquinas. Por eso metieron toda la presión en el horario de ingreso del turno de 12. Cayeron móviles y chatas de la policía, de prefectura y un fiscal. La concentración de los portuarios fue numerosa junto con sus familias. Se dispusieron en el portón, del lado de adentro y de afuera, haciendo una gran agitación defendiendo la huelga. Nadie trató de ingresar a trabajar. Fue ante este nuevo fracaso que la policía montó una provocación reprimiendo y atropellando con los escudos a los familiares, tirando gases, llevándose a tres compañeros detenidos. La asamblea que se realizó inmediatamente ratificó la continuidad de la huelga y reclamó la libertad de los tres compañeros. LEER MÁS Portuarios de Rosario: “Tenemos la convicción de que esta se la vamos a ganar” LEER MÁS ¿A quién le conviene la violencia en el puerto de Rosario?

17 de enero de 2023
Camioneros y “Precios Justos”, el lugar de la clase obrera en la crisis inflacionaria

Sergio Massa se ha fijado el propósito de reducir la tasa de inflación al 60% anual. Es, al menos, lo que estableció en el Presupuesto para 2023. Se trata de un truco al que han recurrido todos los gobiernos desde 1983. El Presupuesto que Martín Guzmán presentó a principios de 2022, se confeccionó con la hipótesis de una inflación del 21%, que luego corrigió al 45%, y que terminó siendo del 96,5%. El objetivo de la manipulación es poder usar en forma discrecional la mayor recaudación impositiva que resulta de la inflación real, por un lado, y de la desvalorización del gasto público, por el otro. Es cierto, sin embargo, que Massa necesita bajar la tasa de crecimiento de los precios por motivos importantes. Uno es evitar que la emisión monetaria desbocada, que se ha acentuado bajo su gestión, no se espiralice en una hiperinflación; otra es que no condene al oficialismo a un desastre electoral o incluso a la caída del gobierno. Una reducción de la tasa de inflación le permitiría también bajar el ritmo de devaluación del peso y aproximarse al objetivo de unificar el mercado de cambios. El planteo goza del apoyo del FMI y del capital internacional en general, como lo demuestra el crecimiento espectacular que ha tenido la deuda pública en un país que tiene la calificación de default. Ese aumento representa el financiamiento adicional que el gobierno ha obtenido del FMI, los nuevos créditos de organismos internacionales e incluso de China (uso del canje entre pesos y yuanes) y la compra de títulos públicos en pesos, que se ajustan por dólar o inflación, por parte de bancos, fondos comunes y fideicomisos. En este último caso, sin embargo, se registra una venta de esos títulos al Banco Central y otros bancos públicos, Anses y hasta provincias. Estos organismos han recogido la basura financiera del mercado, lo cual a tetanizado a las finanzas públicas. Con la perseverancia de un candidato eventual a la Presidencia apoyado por el FMI y el Tesoro de Estados Unidos, Massa viene preparando la madre de todas las crisis. Con el pretexto de alcanzar ese objetivo artificioso, Massa consiguió que una mayoría de la burocracia de la CGT se avenga a poner a las paritarias un techo del 60% anual –divididas en aumentos del 30% por semestre. La promesa de bajar la inflación arranca por desvalorizar primero el salario, cuyo poder adquisitivo ha caído un 30% en el último quinquenio. Por debajo de la superficie ocurre incluso algo más grave: el crecimiento de los obreros ‘factureros’, o sea trabajadores en relación de dependencia que cobran como monotributistas. La confiscación de la fuerza de trabajo ocurre por sobre todo en el proceso de producción, antes que en la distribución de ingresos. Bajo el gobierno nacional y popular tiene lugar una contrarrevolución social que supera al macrismo y a la misma dictadura militar. La noticia del día es, sin embargo, el supuesto control de precios que Massa había asignado al sindicato de Camioneros. El titular de la noticia suena radical –los obreros controlando a los patrones. El llamado control de precios es, de todos modos, un recurso largamente usado por el Estado cuando se propone enfrentar la inflación sin provocar una recesión o depresión de la economía. El propósito de reducir la inflación mediante el aumento de la tasa de interés, como ha venido haciendo el Banco Central, ha fracasado –ir más lejos por esta vía provocaría un derrumbe industrial. Visto de esta manera, la apelación al control de precios enfrenta a una parte de la burguesía industrial, de un lado, y el capital financiero, del otro. Massa se jacta, precisamente, de mantener el crecimiento de la producción y el empleo, y hasta desafía los pronósticos negativos que parten de las consultoras, el FMI o el Banco Mundial. La inflación, por otro lado, crea un beneficio extraordinario para el capital industrial, que adelanta la remarcación de precios con el argumento del costo de reposición. Para quienes importan insumos al precio del mercado oficial y venden luego la manufactura al del paralelo, la llamada ‘brecha cambiaria’ ha sido un filón enorme de beneficios. Es claro que se impone la necesidad de un control de precios que arranque desde la producción. Esto sólo puede hacerlo, objetivamente, la clase obrera. El control de precios de Massa es singular. Quienes adhieran al sistema de “precios justos”, que establece aumentos del 4% mensual, tendrán acceso prioritario a las divisas para importar. Se trata de un negociado. Esto, sin embargo, ha desatado una disputa entre los monopolios de proveedores y los supermercados. La razón es que los proveedores no reemplazan en tiempo y forma los productos bajo control que son arrebatados por la demanda de los consumidores. A la inflación se ha sumado el desabastecimiento. Los monopolios alimenticios derivan la producción a los comercios que no integran el sistema de ‘’precios justos”. Los supermercadistas se alinean en esta disputa con el gobierno, pero no al extremo de apoyar la intervención de Camioneros. Los Moyano no han sido llamados a controlar precios sino a informar sobre el abastecimiento. Se asiste a otra crisis de los castillos de naipes que arman Massa y su equipo, que visten a unos y desvisten a otros. Es el sistema de toma y daca, como ha ocurrido notoriamente con el ‘dólar-soja’ y ahora con el canje de “precios justos’ por divisas de importación. La burocracia de los Moyano añade a esta crisis su propia cosecha –la capacidad que esta función de control le da para extorsionar empresas, no sólo medianas sino grandes. Lo que tendremos de aquí en más es el “amague y recule” con que Cristina Kirchner caracterizó a su gobierno, al peronismo y a su corriente. Sin embargo, desde las entrañas de la propia crisis irrumpe la cuestión del control obrero de la producción. En este caso, la logística de los camioneros emerge como un factor poderoso para informar sobre la producción. Si este sistema se combinara con los trabajadores de cada gran empresa, se sentarían las bases de una planificación de la economía –no sólo en cuanto a abastecimiento, sino producción y necesidades de inversión. Una vez más se pone de manifiesto el carácter irremplazable de la clase obrera en el proceso de la producción social. La otra cara del derrumbe capitalista es la necesidad que crea de producir una reorganización económica bajo la dirección del proletariado. LEER MÁS Massa y la burocracia sindical, juntos en la demolición del salario La burocracia peronista proclama la candidatura de Massa

17 de enero de 2023
“Control de precios”, otra “grieta” de verano

Las recorridas de dirigentes del sindicato Camionero en los centros de distribución de alimentos ha desatado tanta polvareda como el intento de juicio a la Corte. Si de comparaciones se trata, puede anticiparse que el control de precios tendrá el mismo destino impotente que la larga de lista de audiencias que prepara el oficialismo en el Congreso contra el máximo tribunal. Por lo pronto, el gobierno ya ha dado marcha atrás con esta `colaboración´ sindical, según relatan los diarios de hoy. Pero el incidente sobre el “control de precios”, incluso a pesar de sus protagonistas, es ilustrativo sobre la crisis del programa económico oficial y, principalmente, de la impostura de la llamada “política de ingresos” (precios y salarios). Una pelea entre capitalistas Los denostados “controles de precios” del sindicato de Moyano no tuvieron lugar sobre las bocas de consumo. Las recorridas se desarrollaron en los centros de distribución , las playas que operan como conexión entre las grandes empresas alimenticias y los supermercados. Es en éstos últimos donde funciona el sistema de “precios justos”. El movimiento de camiones “constató” lo que cualquier consumidor percibe, a saber, que los productos con “precios justos” llegan a cuentagotas a los supermercados, y, por lo tanto, desaparecen en minutos de las góndolas. Mientras tanto, los monopolios alimenticios estoquean sus productos o los reenvían a bocas comerciales donde rigen precios sin regulación. En definitiva, el sistema de “precios justos” es sólo la pantalla de una política de remarcación sistemática de precios. Con seguridad, aporta a la “estadística” del índice de precios, que pasa a revistar en la categoría de inflación autopercibida . Los dirigentes de Camioneros no hicieron públicas estas maniobras patronales –solo insinuaron su existencia cuando la prensa derechista arremetió contra ellos. Actuaron, no como expresión de una acción obrera, sino como brazo del Estado, en el marco de una disputa entre capitalistas –en este caso, entre los supermercados “desabastecidos” y los pulpos alimentarios. A su turno, la patronal de la alimentación aduce el “incumplimiento” del gobierno, en su compromiso de proveerlos de dólares baratos para la importación de insumos. El capital industrial exige una corriente firme de divisas subsidiadas, que el gobierno no tiene condiciones de suministrar. El incidente de los precios ha puesto de manifiesto el fracaso de la política de freno a la inflación -para volver a abastecer, los capitalistas exigen a cambio una nueva remarcación general. Es lo que insinúa, por otra parte, la suba de los diferentes dólares financieros o paralelos, después de la emisión desenfrenada de pesos que puso en marcha Massa para rescatar a la deuda pública. Contra el movimiento obrero La presencia sindical y también del piqueterismo oficial en los controles de precios no ha aportado nada a mitigar la carestía, que es particularmente intensa en lo que tiene que ver con los alimentos. Por el contrario, la rápida retirada de los aparatos sindicales anuncia una nueva escalada de precios, que sólo tendrá como límite la contracción del consumo popular, como resultado de la caída de los salarios y las jubilaciones. La “escenificación” de los controles de precios quiere justificar al único cepo en el cual el gobierno está efectivamente empeñado –el de los salarios, con el concurso, en este caso protagónico, y no accesorio, de la burocracia de los sindicatos. Las recorridas a las centros de distribución tuvieron lugar en la misma semana en que el gobierno comenzó a anudar acuerdos para abrochar las paritarias 2023 en un 60% anual, cuando la inflación apunta al 90-100%. La demostración de que “vamos a controlar precios” es una coartada para justificar ese control sobre los salarios. A despecho de ello, el propio incidente de las playas de distribución reveló la incapacidad oficial para contener las contradicciones de su política, cuya resultante inevitable es el refuerzo de todas las tendencias inflacionarias y devaluatorias. LEER MÁS Camioneros y “Precios Justos”, el lugar de la clase obrera en la crisis inflacionaria Inflación “en descenso”, una operación politica contra los salarios y jubilaciones

17 de enero de 2023
“Factureros”, contrato laboral individual y contrarrevolución social

Según datos oficiales de la Dirección General de Estadísticas de la ciudad de Buenos Aires, uno de cada diez asalariados reviste como monotributista, aunque no sea un trabajador autónomo o cuentapropista. Reúne las condiciones de una relación de dependencia en una empresa determinada, pero no reviste como personal de planta permanente y factura por sus ´servicios´ a la patronal. No siempre se trata de trabajo deslocalizado o ´home office´. En muchos casos, son trabajadores que comparten espacio laboral con sus compañeros de modo permanente, introduciendo una diferenciación entre los inscriptos en una y otra forma de contratación. No gozan de los beneficios más elementales. En ciertas condiciones, el empleado pauta el pago de aguinaldo y vacaciones con la patronal, pero no es la regla, ni siquiera el caso más frecuente. El monotributo es la forma de contratación que más creció en los últimos años. Fue creado bajo el menemismo, en 1998, y se lo presentó como una variante más simple y menos gravosa para pequeños contribuyentes y cuentapropistas que el régimen de autónomos. Se generalizó rápidamente, por ejemplo, entre los ´colaboradores´ en el gremio de prensa. Estos ´factureros´ muchas veces son empleados (redactores, fotógrafos, camarógrafos, correctores) permanentes y de tiempo completo. Es la forma regular de contratación de las apps de delivery y de los franqueros en clínicas y hospitales. El monotributismo como tal remite al trabajo en diversos servicios. La condición de facturero de un asalariado constituye un fraude laboral por parte de la empresa. Los “factureros” porteños actualmente “totalizan 121.500 personas, equivalente al 10,6% del total de la población trabajadora. Un año atrás sumaban 93.500, el 8,5% del total. Es una suba interanual del 29,7%. Con relación a 2015, con un total de asalariados levemente mayor, este grupo de empelados pasó de 79.500 (6,6%) a 121.500( 10,6%): 52,8% más” (Clarín, 16/1). Según la Dirección porteña “un cálculo global de la población ocupada en la informalidad (en las categorías asalariada y cuenta propia) durante el tercer trimestre de 2022, oscila entre el 36,8% y el 30,1% ”. En cambio, en todo el país, el empleo asalariado formal no crece desde 2012 (Clarín, ídem). La condición de “facturero” en relación única de dependencia convive y se combina con otras formas de precarización laboral, entre las que se cuentan el contrato de locación -suman miles en el empleo público-, la contratación por agencia -frecuente en la industria- y la tercerización laboral. La generalización de la precariedad en el empleo no trajo aparejada ninguna mejora en el salario, desmintiendo a los ´gurúes´ del liberalismo económico, y del ´populismo´. Los salarios retrocedieron, desde 2017, un 25% en términos de poder de compra. El “facturerismo” creció bajo las barbas de la burocracia sindical, las paritarias y los sindicatos. El crecimiento del pseudo monotributismo entre los trabajadores asalariados en relación de dependencia plantea un cambio fundamental en las relaciones entre el capital y el trabajo. Establece la modalidad de contrato individual, en oposición al convenio colectivo. Es ilegal, ya que va contra lo establecido por la Ley de Contratos de Trabajo. Asimismo, es lo que impuso, en Brasil, la reforma laboral de Jair Bolsonaro y la de Rajoy y Pedro Sánchez en España. Constituye una contrarrevolución social. Por lo pronto, mientras no se encuentre legislado, el derecho laboral asiste al “facturero” a la hora de un despido; él mismo puede invocar esta irregularidad para considerarse despedido. La relación laboral encubierta puede demostrarse presentando una facturación regular a un mismo empleador por un periodo de tiempo relativamente continuo. Existe abundante jurisprudencia al respecto. Asimismo, a la patronal se le aplican las multas correspondientes, siempre y cuando el caso llegue a los tribunales del Trabajo. La mayoría se termina resolviendo por acuerdo en la instancia de mediación. Dado el bajo monto en general de las indemnizaciones, “las empresas prefieren el riesgo de un conflicto al costo de un contrato formal” (Clarín, íbidem). El trabajador, en cambio, corre el riesgo de ‘ensuciar’ su legajo para futuras contrataciones. La burocracia sindical no sólo no recoge la reivindicación de regularización laboral de los “factureros”. Su reclamo más frecuente se vincula con el recorte de prestaciones que ofrecen las obras sociales a los inscriptos ilegalmente en el monotributo o a un aumento del componente de las cargas sociales del impuesto. Por otra parte, los bonos o copagos que el monotributista abona a la obra social por las prestaciones de salud más elementales -una consulta, por ejemplo- arrancan en los mil pesos por cada una. A estos se le suman, en ocasiones, el cobro de “bonos solidarios”, mensuales, en caso de solicitar atención. Como anualmente el límite de facturación de los monotributistas se actualiza por debajo de la inflación, esto obliga a muchos trabajadores a inscribirse en una categoría más alta. El resultado es que el trabajador paga más, pero recibe menos. Además, muchas veces se le debe sumar el pago de Ingresos Brutos y, entre las categorías más altas, por supuesto, también el Impuesto a las Ganancias. Son “factureros” para la patronal, pero monotributistas para el fisco o los servicios de salud y jubilación. Los cimientos de una reforma laboral que establezca el contrato individual han sido colocados y abonados por todos los gobiernos de los últimos 40 años. Los capitalistas atacan con furia a la llamada “industria del juicio”, para liquidar la indemnización por despido o, en todo caso, su sustitución por un ´fondo de desempleo´ a cargo del trabajador, como el que existe en la industria de la construcción. Quieren contratar y despedir a su antojo. En contraposición al período histórico de reformas sociales, o de aquellas arrancadas por movilizaciones revolucionarias, como ocurrió en la última posguerra, se asiste a un período de contrarrevolución social. Rusia, China, otrora a la vanguardia de las conquistas sociales y laborales, han sido la vanguardia de esta contrarrevolución, como consecuencia de la restauración capitalista. LEER MÁS: Hospital Posadas: los trabajadores vuelven a parar Merlo: huelga indefinida en los hospitales municipales Por Julio G Qué hay detrás de la empresa estatal de software Por Littio La lucha por el pase a planta en la terminal de Santa Fe Por Mauri Colón Por una asamblea nacional de residentes, concurrentes y trabajadores de la salud Por Julián Asiner La campaña de Política Obrera por la huelga general de la Salud en Zona Sur Por Lucas Benvenuto El encuentro ´plurinacional´ de mujeres borró a las trabajadoras Por Soledad Domínguez CABA: acompañantes terapéuticos en lucha Por Juan Olivares Convocamos a Congresos abiertos para impulsar un Congreso de bases de todos los trabajadores Declaración del Polo Obrero (Tendencia) La Plata: trabajadores de la línea 148 en lucha por el pase a planta Por Yeti La situación de los trabajadore/as de la salud privada Por Soledad Dominguez Telefónicos: ¿Qué está en juego en estas elecciones? 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17 de enero de 2023
A 6 años del asesinato de Reyes en manos de la policía

Este 16 de enero se realizó la inauguración de un mural en memoria de Miguel Reyes Pérez, joven asesinado por la policía de Tucumán en la barriada de San Cayetano. Concurrieron familiares de víctimas del gatillo fácil y de la impunidad, vecinos y representantes de distintas organizaciones. Reyes era uno de los tantos jóvenes afectados por el consumo problemático de sustancias. La policía, valiéndose de esa situación, lo perseguía y obligaba a delinquir. Uno de los asesinos le había dicho a la madre que se lo entregaría en un cajón. Finalmente, eso es lo que sucedió. El 24 de diciembre de 2017, lo agarraron en la calle, le dispararon y le dieron un golpe mortal en la cabeza con la Itaca. Desde aquel momento, su familia llevó un arduo camino de lucha por justicia enfrentando al Estado, denunciando el gatillo fácil y la violencia policial. Sufrieron amenazas con la intención de acallarlos. Junto a los familiares de víctimas del gatillo fácil y de la impunidad, y de la mesa de apoyo de Justicia por Reyes integrada por organizaciones y medios alternativos, se arrancó el juicio a fines de 2021. El policía acusado, Mauro Navarro, fue condenado en primera instancia a perpetua. Sin embargo, a fines de diciembre, unos días antes de la feria judicial, la Corte Suprema de Justicia de la provincia resolvió su absolución y lo liberó. Los argumentos del dictamen van en la linea de la ´doctrina Chocobar´ sentando un grave precedente de impunidad. Se trata claramente de un fallo que cuenta con la venia del gobierno de Jaldo-Manzur y del PJ provincial. Estos son defensores a ultranza de la ley de contravenciones de la dictadura, declarada inconstitucional por la Corte Suprema de la Nación. Recientemente han aprobado una ley que da más prerrogativas a la policía en nombre de combatir el narcomenudeo. Se han multiplicado las fuerzas parapoliciales en los municipios. Frente a este reforzamiento represivo, la policía pidió como moneda de cambio la absolución de Navarro y tener zona liberada para el gatillo fácil. A seis años del asesinato de Reyes continúa más que nunca la lucha por justicia. La inauguración del mural es parte de las acciones que se emprenderán para dar vuelta este fallo de impunidad y como parte de la lucha frente a los distintos casos de gatillo fácil. En febrero, al terminar la feria judicial, encaremos un plan de lucha coordinado junto a todos los familiares de víctimas y organizaciones sociales para tirar abajo la absolución de Navarro. Miguel Reyes Pérez presente, ahora y siempre. LEER MÁS: Reconocimiento a la lucha de los familiares contra la impunidad Por Alejandra del Castillo. Tucumán: condenan a perpetua a uno de los policías asesinos de Miguel Reyes Pérez Por Alejandra del Castillo.

17 de enero de 2023
México-Estados Unidos-Canadá

En la ciudad de México se llevó a cabo la cumbre norteamericana de los mandatarios de EEUU, México y Canadá. La agenda oficial tuvo varios temas como el cambio climático y medio ambiente, la seguridad regional y el narcotráfico, la inclusión, pero los ejes centrales del debate han sido la política de migración y la asociación económica. Crisis humanitaria El tema migratorio ha sido uno de los puntos centrales del cónclave. El presidente mexicano AMLO agradeció a Biden por no haber “construido ni un solo metro de muro” a la barrera de concreto levantada por Trump. Biden, sin embargo, ha agudizado la crisis migratoria, amparándose en el Titulo 42, que permite bloquear las solicitudes de asilo legales y detener a migrantes ‘sin papeles’, con el pretexto del Covid y la pandemia. La mayoría de todos los deportados fueron devueltos a México. Washington ha aprobado un programa para que los migrantes de Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba inicien los trámites en los países de origen y cumplan con todas las formalidades para el ingreso a Estados Unidos. El límite de ingreso para quienes se acogen al derecho de asilo por razones económicas y humanitarias fue establecido en 30 mil personas por mes. Para el resto de trabajadores de Centroamérica que buscan emigrar a EEUU, Biden insistió en el reforzamiento de los canales ´formales´ para el pedido de asilo –el 70% son rechazados. EEUU pretende que Canadá también absorba un porcentaje del flujo de inmigrantes y que México siga funcionando como un estado tapón de la inmigración ilegal. A su vez, AMLO reclama una ley que blanquee y dé ciudadanía a 11 millones de trabajadores sin documentación en EEUU, de los cuales más de la mitad son mexicanos. La inflación, la pobreza, la destrucción de la industria, los bloqueos y las intervenciones militares, han desnudado que el problema de las migraciones, no solo en EEUU, traduce una crisis social y humanitaria que afecta a millones y millones de personas. Guerra comercial En la Cumbre se acordó el objetivo de reemplazar regionalmente, en un plazo determinado, el 25% de las importaciones desde sus socios, que llevan componentes de China. Esto incluye especialmente productos tecnológicos como chips y semiconductores. Recientemente ha votado una ley (Ley CHIPS) que habilita el desembolso de 52 mil millones de dólares para su desarrollo en la zona de Arizona. Estados Unidos intercede cuando China ha anunciado la construcción del “programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec” que representaría una alternativa al Canal de Panamá (UV.mx 19/5/22) y proyectos de energía y telecomunicaciones. EEUU pretende también explotar los recursos naturales de México, especialmente sus grandes reservas de litio, y de Canadá, uno de sus mayores proveedores de minerales. LEER MÁS: El agravamiento de la crisis migratoria en América Latina Por Sergio Escalas Migración: crisis humanitaria, descomposición capitalista Por Sergio Escalas

17 de enero de 2023
Hospital Posadas: los trabajadores vuelven a parar

Tras el vencimiento de la conciliación obligatoria, los trabajadores de la Salud del hospital Posadas llevarán a cabo una nueva huelga los días 17 y 18 de enero. Luego de tres meses de movilización, paros, asambleas y cortes enmarcados en un plan de lucha por la recomposición salarial en un 100%, por las recategorizaciones, el pase a planta y licencia por estrés, y frente al rechazo unánime por parte de los trabajadores de la Salud del acuerdo pactado por el gobierno y los gremios de ATE y UPCN, el día 15 de diciembre el gobierno dictó la conciliación obligatoria. Como era de esperarse, no existió en ese lapso de tiempo, ningún tipo de respuesta ante los reclamos planteados. Ante este impasse, la CICOP y el sindicato de trabajadores de la Salud han tenido que convocar a nuevos paros parciales. Los trabajadores siguen exigiendo un aumento salarial del 100% y el pase a planta de los contratados y monotributistas, que representan el 85% del Hospital. Frente a un panorama de suba exponencial de casos de Covid, el sistema de salud público y los derechos de los trabajadores están siendo severamente atacados por la política de ajuste del gobierno de los Fernández y el FMI. Massa viene de pactar con un conjunto de sindicatos importantes un tope del 60% para las paritarias de 2023, cuando están en agenda una serie de tarifazos en el gas y la luz. El candidato de la burocracia sindical largó su campaña. La lucha de los trabajadores del Hospital Posadas se enmarca en este escenario político y social, absolutamente convulsivo en el gremio de la Salud. LEER MÁS Hospital Posadas: "No puede ser que nosotros estemos ganando menos de $120.000"

17 de enero de 2023
Tercerizados de empresas de limpieza se movilizaron al Ministerio de Trabajo

Trabajadores de diferentes dependencias del sector público y privado vinculados a tareas de limpieza y maestranza, se concentraron este lunes en el Ministerio de Trabajo para exigir audiencia. Se hicieron presentes trabajadores de Aeroparque, Aerolíneas Argentinas, el Hospital Garrahan, Sanatorio Mitre, Hospital Italiano, Ministerio de Defensa, empresas automotrices y autopartistas, entre otras. Bajo la bandera “Maestranza en Lucha”, denuncian una fuerte flexibilización laboral y un básico que está por debajo de los $60.000. Reclaman el pago del bono de fin de año que les fue vedado. También denuncian a la directiva del Sindicato de Obreros de Maestranza (SOM) por la sistemática entrega de salarios, los acuerdos firmados a la baja y la falta de elecciones transparentes. En la movilización estuvieron presentes, dando su apoyo, trabajadores aeronáuticos, docentes, estatales, telefónicos y una delegación del Polo Tendencia. Emanuel, uno de los referentes, comentó: “Comenzamos de forma autoconvocada, el 27 de diciembre fue un estallido de indignación de muchos compañeros, que obviamente se encontraron con que no llegábamos a fin de mes. Que habíamos sido estafados con el tema del bono, que realmente fue la gota que rebalsó el vaso, que a nosotros no nos correspondía por los acuerdos que había firmado el SOMRA con la cámara empresarial. Pero esto se sumó a un montón de cuestiones que venían sucediendo hace mucho y que son características de nuestro rubro desde siempre como tercerizados. Es que la miseria del bono no hubiera sido necesaria si nosotros no tuviéramos el salario que tenemos, que hoy por hoy no llega a los sesenta mil pesos y que en mano llega con suerte a los ochenta mil pesos.” Bronca y organización “En las tercerizadas tenemos que luchar por cada pequeña cosa, desde los uniformes, los elementos de protección personal, el material de trabajo y cuestiones básicas como la organización. Porque apenas empezamos a organizarnos hubo compañeras que fueron trasladadas, despedidas, etc.”, dice Celeste, otra trabajadora. Yanina agrega: “Somos todos de distintas empresas. Venimos de hace muchos meses. En la pandemia también fuimos golpeados, fuimos uno de los rubros que peor la pasó. Nos decían ‘esenciales’ pero, como dicen las compañeras, éramos invisibles. Porque no se nos reconocía ni se cumplían las normas de seguridad e higiene y los protocolos. Estábamos entre 10 y 12 horas con el mismo barbijo. Ahora el último bono no nos lo dieron. Tuvimos una paritaria de solo el 40%. Es una vergüenza lo que cobramos.” La concentración frente al Ministerio se mantuvo hasta las 19 horas, donde luego de una deliberación, los más de 100 trabajadores presentes quedaron en volver a los lugares de trabajo para preparar una nueva convocatoria, ampliando el llamado a más empresas con la misma situación de precarización incorporada. La concentración frente al Ministerio se mantuvo hasta las 19 horas, donde luego de una deliberación, los más de 100 trabajadores presentes quedaron en volver a los lugares de trabajo para preparar una nueva convocatoria, ampliando el llamado a más empresas con la misma situación de precarización incorporada. LEER MÁS: Paro de los tercerizados en el Hospital Moyano Por Silvia Allocati JetLimp esclaviza a sus trabajadoras Por Bárbara Carrillo y Camila Pérez. Por el pago del 100% de los salarios en Limpiarg Por Mercedes Colou.

17 de enero de 2023
La Matanza: marchamos contra los desalojos y por tierra y vivienda

Desafiando un calor agobiante, una nutrida movilización recorrió este lunes las principales calles de San Justo, en repudio a la represión sufrida por los vecinos de los barrios “La Resistencia” y “La Palangana”, desalojados por la policía de Kicillof y el intendente Fernando Espinoza. Participaron compañeros de diferentes barrios que se encuentran en lucha por su loteo y urbanización, y más de una decena de organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos. Política Obrera participó con compañeros docentes y delegaciones de los barrios de Tablada, Dorrego, La Justina y Villa Celina. Las compañeras de los barrios concurrieron con carteles que reclamaban: “Plan de viviendas populares y obras públicas, bajo control de los trabajadores”, “No a los desalojos y la represión” y “Por un Congreso Obrero y la Huelga General”. La marcha comenzó con un piquete en la ruta 3, cortando la mano hacia Capital Federal, y luego se dirigió a la fiscalía general de San Justo. Allí una delegación de compañeras de los barrios de “La Palangana” y “La Resistencia” fueron recibidos por las autoridades. Les exigieron la investigación y la suspensión de los policías que protagonizaron una verdadera cacería durante el desalojo y al día siguiente, golpeando y deteniendo vecinos. Se exigió también el cese de la represión y el desprocesamiento de los compañeros que les iniciaron causas por defender su derecho a la tierra y la vivienda. Tina, referente del barrio “La Resistencia”, declaró en los medios locales que no es la primera vez que los vecinos sufren este tipo de atropellos. “Las siete u ocho veces que fuimos desalojados nos llevaron presos compañeros, donde la Policía también actuó de mala manera, como si estuviéramos en una época de agarrar a la gente y ensañarte con ella. Nuestros compañeros fueron hostigados, manoseados, torturados directamente” (El 1 Digital, 16/1). La movilización luego se dirigió hacia la Municipalidad de La Matanza, en la Plaza de San Justo, dónde se realizó un acto y se leyó un documento que denunció a Axel Kicillof y a Fernando Espinoza como responsables políticos de la represión y de la crisis habitacional, que en todo el país alcanza a cerca de 4 millones de personas”. Se reclamó “la declaración de utilidad social de los terrenos privados y ociosos”, la “expropiación de tierras aptas para construir viviendas populares, destinándolas para resolver los problemas habitacionales urgentes”. Los funcionarios municipales no quisieron recibir a ninguna delegación. La Matanza se encuentra a la cabeza del ranking provincial de distritos con mayor déficit de vivienda en toda la provincia de Buenos Aires, y de servicios básicos, como agua potable, cloacas y luz. El acceso a la tierra y la vivienda es incompatible con un régimen político y social que privilegia el pago de la deuda y que hunde a los trabajadores en la miseria, para cumplir con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. LEER MÁS Laferrere: Espinoza y Kicillof reprimen y desalojan a 400 familias LEER MÁS Lunes 16: movilización al municipio de La Matanza por tierra y vivienda y contra la represión

19 de enero de 2023
¿Rebelión en la curia romana?

Cuando Francisco Bergoglio se aproxima a cumplir 10 años como Papa, en el Vaticano se produjo la “erupción del volcán” –Elizabetta Piqué, corresponsal de La Nación en Roma, 14/1. La desencadenaron dos altos dignatarios fallecidos en el lapso de pocos días: el Papa emérito, el alemán Benedicto, quien murió el último día de 2022 y el cardenal Pell, el “´zar´ de las finanzas del Vaticano” (ídem) diez días después. La desaparición del germano Ratzinger, cuya sombra -según todos los vaticanistas- impidió el ejercicio pleno del papado a Francisco, resultó a éste no un ´alivio´ sino una pesadilla. Según publicó en un libro de memorias su secretario privado, el arzobispo alemán Georg Gänswein, Benedicto despreció siempre al jesuita. El libro suscitó un gran “revuelo” por el “rencor” contra Francisco y los ataques a su gestión. El libro “pareció volver a azuzar al ala conservadora de la Iglesia que espera que el pontificado reformista de Jorge Bergoglio termine lo antes posible” (ídem). La muerte del cardenal Pell desató una crisis mayor. El ex arzobispo emérito de Sydney, al que Francisco nombró en el consejo de cardenales consultores y más tarde primer prefecto de la nueva Secretaría de la Economía, esto es “´superministerio´ de Economía (...) para reordenar las finanzas y hacer limpieza” (ídem). Pell nunca ocultó su filiación al ala más reaccionaria de la curia. El ´tercermundista´ Francisco lo sostuvo a pesar que el australiano estaba acusado de abusos sexuales a menores. En un juicio en Melbourne, ya en funciones con Francisco, “se convirtió en el más alto funcionario del Vaticano involucrado en un proceso de este tipo. Luego de ser condenado en 2018 y 2019 en primer y segundo grado … a seis años de prisión, en abril de 2020 el Tribunal Judicial Supremo de Australia anuló esa sentencia” (ídem). Ahora tras su muerte vino a saberse que Pell “fue el autor de un ´Memorando´ secreto y con firma anónima que comenzó a circular en marzo pasado en vista de la futura elección del sucesor de Bergoglio, que causó gran zozobra. Pell en ese panfleto tachó de ´catástrofe´ el actual pontificado” (ídem). En medio de todo esto estalló “otro escándalo: una ex funcionaria del Vaticano denunció una ´diplomacia paralela a espaldas de Francisco´”: “La relacionista pública Francesca Chaouqui, condenada en julio de 2016 por la filtración de documentos reservados de la Santa Sede, denominada Vatileaks II … (y considerada) la ´mata-hari´ del Vaticano, fue citada a declarar en el maxijuicio por corrupción y malversación de fondos que está teniendo lugar en el Vaticano y puso en el banquillo, entre otros, al cardenal italiano Angelo Becciu” (íd., 13/1), un cardenal supuestamente afín a Bergoglio. Al parecer la fidelidad “al beato Pedro en la persona del Sumo Pontífice y sus sucesores” -según reza el juramento cardenalicio- vale menos que el ´amor eterno´ que se profesa en la Tierra. Salta a la vista así que la curia vaticana es una cueva de bandidos con sotana. Su función: en nombre del ´espíritu divino´ preservar el orden de la explotación y la resignación ante el ´reino´ terrenal: el único existente, el de la opresión capitalista. Como señaló muy tempranamente Pablo Rieznik cuando la asunción de Francisco, la tan mentada “reforma ´radical´ en la cúpula vaticana” debía caracterizarse como una operación a lo “gatopardo”. Diez años después se confirma que todas las ´reformas´ de Francisco nunca pasaron de un lavado de cara de la curia para evitar cualquier ataque en serio a las fechorías de una institución que se encuentra en demolición hace mucho tiempo. Como el papado de Bergoglio pasó sin pena ni gloria levanta cabeza el oscurantismo más retrógrado. Se trata de una tendencia más general asociada al fenómeno del trumpismo o del bolsonarismo y de la crisis mundial capitalista. En medio de la guerra OTAN-Rusia, Francisco y la curia vaticana no pueden hacer de ´equilibristas´ y se cocinan en su propia podredumbre. LEER MÁS: Algo huele mal en el Vaticano: corrupción y crisis en la Santa Sede Por El Be Los milagros del Vaticano Por Norberto Malaj Iglesia: una nueva denuncia de encubrimiento de abusos sexuales en España y Argentina Por Joaquín Antúnez

19 de enero de 2023
Trenes Argentinos : otro crimen contra la clase obrera

En la mañana del 18 de enero de 2023 en los talleres de Escalada, falleció de un paro cardiaco el obrero Oscar Núñez, de 50 años, en los brazos de sus compañeros que intentaron por todos los medios reanimarlo. La ambulancia llegó con un retraso de una hora y media ante la desesperación de sus compañeros. Oscar fue parte de los tercerizados que fueron incorporados a la planta permanente por la lucha de los compañeros de Mariano, hace más de una década. Oscar era un partícipe de larga data en la lista de la oposición combativa a la burocracia Verde. La trampa mortal estuvo largamente preparada por la insensibilidad patronal atada a su falta de prevención en la seguridad sanitaria que intenta, con un servicio contratado y despersonalizado de la empresa Vittal cubrirse las espaldas. Trenes Argentinos y el Estado Nacional comparten la política de no invertir ni un mango en la seguridad obrera ya que en un taller de trabajo donde interactúan más de 800 obreros existe la posibilidad de contingencias y accidentes de distinta gravedad puesto que se manejan herramientas de gran porte. Esto tampoco estuvo nunca en la preocupación de la agrupación Lista Verde que desde hace 70 años dirige la Unión Ferroviaria sin ninguna iniciativa de elección de Comisiones de Seguridad de ninguna especie, ni atendió el reclamo de la instalación en el predio de Escalada de una posta o servicio médico de urgencia. La construcción de una posta sanitaria de primeros auxilios es una necesidad que cae de madura y señala con un dedo acusador a una patronal que se destaca como incumplidora serial de las más elementales medidas de prevención y seguridad. Oscar merece el más sentido homenaje de todos los compañeros y eso se debe acompañar con el reclamo con firmas de todo el taller para instalar la posta médica de servicios urgentes “Oscar Núñez” para la atención obrera perentoria en el predio de los Talleres de Escalada. Ese debe ser nuestra lucha y homenaje a Oscar. En los talleres los obreros han decidido no realizar tareas el jueves 19 y viernes 20 hasta que la patronal establezca la colocación de una ambulancia de guardia permanente y que, según un rumor no confirmado, supuestamente la UF habría presentado una circular en ese sentido a la patronal, circular de cuya veracidad desconfían los obreros exigiendo que se haga pública la misma si es que realmente existió. En Escalada se sigue gestando “algo”. LEER MÁS: En los talleres de Escalada, algo se está gestando Por Lisandro Martinez

19 de enero de 2023
Provincia de Buenos Aires: la lucha por la vivienda, al tope de la agenda

Según un estudio del CONICET, el 54% de los hogares bonaerenses presenta algún tipo de déficit de vivienda. Representa a 2.215.720 hogares. Los datos han sido aportados por María Mercedes De Virgilio, doctora en Ciencias Sociales, especialista en estudios urbanos e investigadora del Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA), en base al Censo Nacional de Población y Vivienda. Si bien se basa en los datos disponibles, que aún son los de 2010, los especialistas descuentan que la situación ha empeorado severamente por varios factores. El más importante es que el nivel salarial medido en dólares ha disminuido (un 68% desde el 2012), mientras que la inflación subió, lo cuál hace más difícil acceder a un crédito y ni hablar de la posibilidad de ahorrar para soñar con la casa propia. Al alejarse esta posibilidad, ha subido la demanda de nuevos inquilinos, pero al haber una oferta reducida de unidades, los precios de los alquileres se han ido por las nubes. A la dolarización del mercado de viviendas usadas y el bajo nivel de los ingresos, se le suma la ausencia de crédito hipotecario accesible. Un informe de Presidencia de la Nación, de 2019, reveló el bajo nivel de crédito hipotecario que representa con respecto el PBI (producto bruto interno), colocando a Argentina en alrededor de un 6%, por detrás de países como Colombia, Brasil un 9%, Chile el 24% o el 77% en Estados Unidos. La falta de crédito ha llevado a un aumento en el porcentaje de hogares inquilinos, que en el país ya se ubica en valores cercanos al 20% (La Nación, 21/12/22). Según la última actualización del ReNaBap (Registro Nacional de Barrios Populares), en Argentina existen al menos 5.687 barrios populares, en donde viven más de 5 millones de personas. En la Provincia de Buenos Aires, son más de 1.900 villas y asentamientos en las que habitan más de 570.000 familias en “situación de emergencia”. Francisco Ferreiro, director general de Regiones de TECHO-Argentina, destaca que “cuando hablamos de emergencia, hablamos de familias que viven sobre piso de tierra, con materiales extremadamente precarios, para las cuales cada lluvia es una inundación. Son millones de personas expuestas a riesgos ambientales y riesgos ocasionales por las malas condiciones de conexión a servicios” (Clarín, 17/1). Hace una semana, se vino abajo un techo y cuatro niños murieron en el interior de El Jagüel, en Esteban Echeverría. El caso volvió a colocar en la palestra la cuestión habitacional. Según distintas organizaciones, Argentina tiene un déficit habitacional de aproximadamente 3,5 millones de viviendas. Sin embargo, Sergio Massa firmó la decisión administrativa 826/2022 que implicó un recorte de $50.000 millones al programa de planificación y desarrollo territorial que lleva adelante el Ministerio de Hábitat, el 23,51% de lo previsto originalmente. En Buenos Aires, la clase obrera es expulsada de los principales centros urbanos por el valor exorbitante de los alquileres y la imposibilidad de acceder a un terreno propio, hacia los márgenes de los distritos bonaerenses, llegando a tener que ocupar terrenos para poder armar, al menos, una casa precaria para albergar a sus familias. Ya son casi 2 mil villas y asentamientos en dónde viven más de medio millón de personas. Las ocupaciones de terrenos y las luchas por tierra y vivienda, son hace mucho tiempo, una moneda corriente en el conurbano. LEER MÁS: A dos años de la toma de Guernica: ni tierra ni vivienda Por Bárbara Carrillo La Matanza: marchamos contra los desalojos y por tierra y vivienda Por Mariano Hermida

19 de enero de 2023
Salarios: en 2022 el precio de la canasta básica le ganó a la inflación

El INDEC publicó esta semana un informe sobre la evolución de los precios y las canastas de pobreza e indigencia en el 2022. En el mes de diciembre la canasta de pobreza (Canasta Básica Total) subió a $152.515, aumentando un 103,8 % en el total del año y luego de subir un 4,5 % en su último mes. La canasta de indigencia (Canasta Básica Alimentaria) subió a 67.787$, acumulando otra variación anual por encima del cien por ciento y luego de una suba de 5 % en diciembre. Claro, esto aún no considera el impacto total de la inflación, la suba de tarifas, el aumento de alquileres y también la reciente corrida del dólar de estas semanas de enero. Estas subas se colocan por encima del índice de precios del consumidor (IPC) que acumulo en 2022 un 94,8 %, el más alto en 32 años. Se estima que, en el segundo semestre de 2022, la pobreza abarcó al 40,2 % de la población. Una suba de 3,7 puntos con relación al primer semestre del año. El gobierno de Alberto Fernández festejó que la inflación de diciembre fuera del 5,1 % y que la de todo el año quedara unas décimas por debajo del 100 %, a pesar duplicar la del 2021 del 50 %. Según el INDEC los aumentos acumulados más fuertes se encontraron en ropa y calzado por 121 %, restaurantes y hoteles 109 %, bienes y servicios 98 % y alimentos 95 %. El aumento en diciembre de “solo” 4,7 % en alimentos e indumentaria es presentado como un éxito del programa Precios Justos, que controla un listado de 1.000 productos de la canasta básica. Sin embargo, los especialistas consideran que lo que está detrás de la ´desaceleración´ es la merma del consumo. Existe un operativo para maquillar estos números. Los pulpos del sector alimentos desabastecen las góndolas y derivan sus productos hacia los puntos donde el acuerdo de “precios justos” no rige. Y como ya lo muestra el INDEC, exigen una nueva remarcación mientras especulan con la corrida del dólar. Con índices de indigencia históricos entre los trabajadores asalariados, la ´desaceleración´ de la inflación va de la mano de una nueva entrega salarial y una nueva ola devaluatoria. LEER MÁS: En Argentina la malnutrición ya llega a la mitad de los niños Por Leonardo Perna Inflación “en descenso”, una operación politica contra los salarios y jubilaciones Por Marcelo Ramal == “Control de precios”, otra “grieta” de verano ** Por Marcelo Ramal

19 de enero de 2023
Grandes huelgas de la Salud en España y Reino Unido

La salud pública en España está colapsada. Los aumentos de casos de enfermedades respiratorias en conjunto con la falta de personal médico, debido al recorte presupuestario y los magros salarios, son los responsables de la situación. En concreto, en España, los presupuestos votados en todas las regiones autonómicas para la salud primaria son insuficientes para garantizar la prestación de la atención médica. Se estima que se invertirán unos 1.808 euros por paciente en 2023, según la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). Este número se encuentra muy lejos de la media de la Unión Europea, de 2.244 euros por habitante. También se observa una marcada desigualdad territorial. Por ejemplo, Madrid invierte 1.446 euros por habitante, por debajo de los 2.133 euros de Asturias o los 2.130 euros de Euskadi. En la misma línea, los salarios del personal no han subido al ritmo de la inflación. Es por eso que muchos médicos prefieren atender en el sector privado o irse a otras regiones donde se pague mejor, dejando muchas zonas con falta de profesionales. Por otro lado, la crisis capitalista empuja cada vez a más sectores trabajadores al servicio público. Según la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), la atención, en los centros de atención primaria, ha aumentado un 40 %, con respecto al año 2019. Los médicos comentan que tienen que atender, muchas veces, hasta 60 pacientes por día. En resumen, esto ha impulsado a los trabajadores a ir a la huelga que, sin embargo, no tendrá carácter nacional. En Cataluña, el sindicato mayoritario convocó una huelga para el 25 y 26 de enero. Mientras tanto, en la Comunidad Valenciana los médicos están convocados al paro los días 17 y 18. En Andalucía, los médicos y pediatras de atención declararon la huelga general indefinida desde el 20 de enero. En Aragón, el Comité de Crisis de Atención Primaria ha aprobado un calendario de movilizaciones que culminará en una huelga los días 23 y 24 de enero. Por su parte, el Sindicato Médico de Extremadura ha decidido fijar una huelga en Atención Primaria y Hospitalaria para los días 26 y 27 de enero. Enfermeras de Reino Unido Miles de enfermeras iniciaron una huelga de 48 horas, este miércoles y jueves, para exigir salarios más altos y contra los recortes del presupuesto a la sanidad. Abarca a 55 hospitales del Servicio Nacional de Salud (NHS) de toda Inglaterra. Se espera una interrupción generalizada de todos los servicios. El gobierno conservador del Primer Ministro, Rishi Sunak, busca imponer de un relevante recorte salarial en términos reales a más de un millón de trabajadores. Le han dado al personal del NHS un promedio de 4,75 % de aumento, cuando la inflación llega al 14 %. La investigación realizada por el RCN muestra que el salario de una enfermera experimentada se ha derrumbado un 20 % desde 2010. El gobierno ha dejado en claro que no está dispuesto a cambiar la adjudicación salarial de este año, lo que va a aumentar la conflictividad. En los piquetes, las enfermeras dejaron en claro que su lucha es en defensa de la salud publica, mientras el ministerio de Salud británico las acusa de “poner en riesgo” la vida de los pacientes. Por su lugar, los trabajadores de ambulancias, se unirán a las enfermeras en una huelga el 6 de febrero en Inglaterra y Gales. Se espera que esa fecha se registre la huelga más grande del NHS en esta disputa, con 10.000 trabajadores de ambulancias, incluidos paramédicos, asistentes de atención de emergencia y operadores de llamadas en las calles. A medida que la inflación crece y los días pasan, la lucha de la sanidad en Reino Unido toma cada vez más fuerza. LEER MÁS: Reguero de huelgas en Europa Por Mauri Colón

19 de enero de 2023
Massa frente a otra corrida cambiaria

El anuncio de que el gobierno re-compraría deuda pública en dólares ha provocado mucho ruido. Sergio Massa, que no es economista, vuelve a aparecer ante la opinión pública, luego de los dólares soja y lograr que las importaciones se financien a seis meses de plazo, como un hábil operador financiero. Sin adiestramiento en el arte de la magia, saca sin embargo conejos de la galera. A una parte de la industria le prometió dólares en efectivo para importar, a cambio de una dudosa adhesión al sistema de “precios justos”, que cubren el 7% de los productos en las góndolas. Enganchó a la burocracia de la CGT para poner un tope del 60%, en dos cuotas semestrales, a los aumentos de salarios en paritarias. Con reservas en divisas que sólo alcanzan para un mes de importaciones, se largó con la iniciativa de gastar mil millones de dólares para comprar deuda de Argentina. El propósito, dice, es aumentar la cotización de la que fue emitida en dólares, para bajar la prima de riesgo del crédito internacional del país, que es 18 veces superior al de la tasa de interés a diez años de un bono del Tesoro norteamericano. La medida, inusitada para un país sin reservas internacionales, es una respuesta dudosamente hábil para una situación de pánico. Los dólares paralelos habían comenzado a crecer a una velocidad que no se conocía desde la semana previa a la corrida cambiaria que se llevó puesto al ex ministro Martín Guzmán. "El ‘blue’ iba cómodo al nivel de 400 pesos por dólar. En los dólares MEP y CCL, que se consiguen comprando con pesos bonos de la deuda o acciones, para luego venderlos contra dólares (que se reciben en el país o en el exterior) comenzaba a ocurrir lo mismo.". La recompra de deuda argentina en dólares emergió como un intento para detener esta nueva corrida, rascando la olla del Banco Central. La operación tiene el propósito de aumentar la cotización de la deuda en dólares, que en el último tiempo había pasado de 15 centavos a 30 centavos de dólar. El encarecimiento de estos bonos y de las acciones de empresas argentinas en el exterior deberían detener la corrida cambiaria: se necesitan más pesos para sacar dólares del país, mediante su compra en el MEP o en el CCL. Hace varias semanas que el Estado compra títulos del país en dólares, a través de Anses o mediante el uso de depósitos bancarios de provincias y municipios. Ahora la operación se hace pública, con recursos del Tesoro y del Banco Central. Es una operación peligrosa porque se recurre incluso a dinero privado en los bancos, que figuran como encajes. El Banco Central pondrá títulos de la deuda en dólares en lugar del efectivo que arrebata. De aquí en más necesitará que la cotización de esos títulos siga subiendo, porque de lo contrario arriesga una corrida bancaria. Hemos escrito desde estas páginas que el gobieno nacional y popular ha tetanizado las finanzas públicas, al llenar las arcas con sus propios títulos. Lo que la jerga cristinista llama “desendeudamiento”. El dinero de los contribuyentes, que financia a Anses y a provincias, y el dinero que emite el Banco Central, se convierte en acumulación de títulos (y en menor medida acciones) de baja cotización de mercado y de calificación negativa por parte de fondos, compañías de seguros y bancos. El conejo que saca ahora a relucir Massa se ve transitoriamente favorecido por un cambio momentaneo de tendencia a nivel internacional, que se manifiesta en la compra de deuda de los llamados países emergentes. En Argentina, hay un trasvasamiento de títulos de deuda en pesos a títulos en dólares; es una ‘fuga’ entre dos modalidades internas de endeudamiento. Los observadores ya advierten, sin embargo, que a 30 centavos de dólar, la deuda de Argentina se encuentra sobrevalorizada. Es interesante advertir que así como suben las acciones de YPF, por la suba del precio internacional del petróleo, o las eléctricas, debido al tarifazo, también lo hacen los bancos, con beneficios en retroceso, y transportistas por el mismo motivo. O sea que hay una onda de valorización ficticia. Lo que Massa cree que va a subir, probablemente baje. El FMI ha ayudado a la tendencia a la suba socorriendo a algunos de esos países. En Estados Unidos se descuenta que la tasa de interés de la Reserva Federal dejará de subir, y que los especuladores buscarán mayores rendimientos en los emergentes. Todo esto, en el marco de una guerra internacional, no pasa de ‘flashes’. También ‘ayuda’ que China haya liberado el uso de yuanes, por parte de Argentina, para pagar importaciones desde ese país. Pero la deuda mundial es enorme –los estados extranjeros, en especial los ‘emergentes’, adeudan a EEUU 12 billones de dólares. Después de cacarear que el ‘blue’ es un mercado irrelevante, al que concurren cuentapropistas, gerentes de empresas o turistas, Massa ha tenido que despojar al Tesoro y al Banco Central para frenarlo por el verano. Para detener la corrida en los mercados paralelos, Massa también ha subido la tasa de interés, un recurso para que el dinero quede en el país. Ha señalado su propósito de reducir la “brecha cambiaria”, entre el paralelo y el oficial, que es, en la actualidad, del ciento por ciento. Lo que le queda ahora es entonces subir el dólar oficial –lo contrario de lo que viene haciendo. Valorizar la deuda externa y subir las tasas de interés son dos medidas preparatorias de una devaluación del peso, en este caso en el mercado oficial. Se iría, de este modo, a un mercado de cambios único, como lo establece el acuerdo con el FMI. Todo esto sería proceder a “la gran Macri”, que devaluó a principios de 2016 y estableció un mercado único de cambios, sin contar con reservas en el Banco Central. El recurso de subir el valor de la deuda externa para detener la devaluación del dólar paralelo tiene la característica del parche. Puede disminuir la demanda de títulos en el MEP o en CCL, como ya ha ocurrido en el pasado, por un tiempo. Si, por ejemplo, la inflación se empina, las exportaciones se reducen por la sequía o tiene lugar un hecho político inconveniente (la crisis con la Corte), la demanda en esos mercados se reanimará. Quizás sea incluso inmediata. El gobierno y el Estado argentino han perdido hace mucho el control de sus propias decisiones. Esta aventura de los mil millones de dólares ha expuesto una realidad política nueva, pues las decisiones las toma un ministro de Economía, no la pareja Ejecutiva. Para algunos medios, este vaciamiento político puede incluso alentar una euforia especulativa, de parte de operadores que apuestan plata al cambio de gobierno. El traspaso del gobierno del país a Economía, a cargo de un ministro sin aparato ni votos propios, describe una transición política explosiva, porque además el dúo presidencial busca un choque de poderes con la Corte Suprema. CFK ha renunciado a ser candidata contra su propio gobierno y ha renunciado al recurso de la demagogia política contra su ministro de Economía, que se encarga de sacar conejos de la galera para postergar corridas cambiarias. Esto potencia la dependencia del gobierno de la burocracia de la CGT, que está encargada de evitar una huelga general. El hilo del equilibrio político no deja de adelgazar. LEER MÁS: Al “Plan Durar”… se le terminó el tiempo Por Marcelo Ramal La burocracia peronista proclama la candidatura de Massa Por Comité Editorial

19 de enero de 2023
Perú: hacia Lima y el paro nacional

La población de las regiones del sur y centro del país, donde se ubica el epicentro de las protestas, se han movilizado en caravanas hacia la capital nacional, en lo que los manifestantes han llamado “la toma de Lima”. Las movilizaciones se llevaron adelante a través de todo tipo de medios de transportes a mano (autos, camionetas, camiones, micros), para viajes que, en algunos casos, duraron más de 40 horas. “Vamos con la consigna de sacar a Dina Boluarte y que se cierre el Congreso, no sabemos cuánto tiempo estaremos allá”, declaró uno de los movilizados al diario La República de Perú. Desde la región de Puno partieron cerca de 7000 manifestantes rumbo a Lima. Se trata de una movilización numerosa, que representa una delegación del total de la población movilizada en la región. Las despedidas de aquellos que marcharon hacia la capital se convirtieron en verdaderos escenarios políticos, con grandes concentraciones de luchadores. Aquellos que partieron lo hicieron llevando frazadas, bidones de agua, galletitas. En los centros de partida y durante su trayecto, las caravanas recibieron el apoyo de la población, con donaciones de comida, pan, frutas e incluso dinero, para que puedan mantenerse en Lima el mayor tiempo posible. “No vamos a volver hasta que Dina Boluarte renuncie”, sostuvo otro manifestante. Las poblaciones de las comunidades que se quedaron en sus regiones declararon que, mientras sus paisanos se encuentren en Lima, ellos permanecerán bloqueando rutas y sosteniendo el paro por tiempo indefinido. La gran concentración de hoy coincide con el paro nacional que fue convocado por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la principal organización sindical peruana. En sus redes sociales, la central subió un comunicado que decía: “en costa, sierra y selva, nueva constitución, paro nacional, cívico y popular, por la inmediata renuncia de Boluarte y la mesa directiva del Congreso”. El paro fue convocado luego de que surgiera la convocatoria, desde una coordinación autoconvocada, a una masiva marcha sobre Lima para esa fecha. A las protestas se han sumado los estudiantes de diversas universidades. Numerosos estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano partieron desde Puno hacia Lima, donde se estableció unirse a los de otras universidades. En Lima, se tomó la Universidad Mayor de San Marcos en apoyo a la movilización y la Federación Universitaria de San Marcos realizó un llamado el conjunto de la comunidad universitaria a plegarse a la lucha. A través de sus redes sociales, la Federación exigió “una nueva Constitución mediante la convocatoria inmediata a una Asamblea Constituyente con participación popular y plena libertad política como parte de la lucha por la democratización de la sociedad peruana, en la que se restituya y amplíe los derechos fundamentales del pueblo”. Asamblea Constituyente La cuestión de la convocatoria a una Asamblea Constituyente ha ganado protagonismo en los últimos días. La Constituyente había sido agitada por el ex presidente Pedro Castillo durante su corto mandato. Luego de enviar, en el mes de abril, un proyecto legislativo con ese fin, el ex mandatario se bajó de la propuesta, lamentándose de que el Congreso no la aprobara. Con la destitución de Castillo en diciembre pasado, la cuestión de la Constituyente volvió al primer plano. Una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos publicada esta semana reflejó que casi un 70% de los peruanos apoyan esa convocatoria. Para los partidos del régimen, la variante de la Constituyente representa un último recurso al que aún no se plantearon echar mano. El diario El Comercial de Perú publicó una reciente editorial titulada “Impulsar una asamblea constituyente en las actuales circunstancias sería peligroso para el país”. Uno de los grandes obstáculos, plantea, es quién redactaría la nueva Constitución: “si los partidos políticos que hoy no generan mayores adhesiones entre los ciudadanos o si lo haría un grupo de independientes que, al carecer de disciplina partidaria, podrían apostar por agendas maximalistas que harían imposible el consenso”. Sin embargo, las variantes alternativas a la Constituyente se están agotando. El Congreso se ha terminado de empantanar por completo. El pasado lunes no logró alcanzar los votos necesarios para aprobar una reforma que, según los diarios, “parecía inocua y de la que se esperaba consenso”, como era la eliminación del voto de investidura para nuevos gabinetes ministeriales. El quiebre de la mayoría que había logrado obtener un sector del Congreso al momento de la votación del adelantamiento electoral para 2024 amenaza con hacer caer el proyecto en la segunda votación. En aquel entonces, se aprobó el proyecto con 93 votos. En la votación del lunes, no se llegó a los 87 (el piso necesario para la aprobación de proyectos parlamentarios de este tipo). Para las próximas semanas, el Congreso tiene en agenda una cantidad de reformas constitucionales de cara al próximo proceso electoral: el retorno a la bicameralidad y la renovación parcial del Congreso, entre ellos. Las bancadas que se opusieron a la reciente votación (Perú Libre, de Pedro Castillo, junto con Bloque Magisterial, Perú Bicentenario, Perú Democrático y Juntos por el Perú) sostuvieron que boicotearán las reformas constitucionales con el argumento de que el actual Parlamento no tiene legitimidad para realizar esos cambios. El sector del Bloque Magisterial se manifestó de acuerdo en aprobar en la segunda votación el adelanto electoral para el 2024, pero sólo a condición de que se incluya la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Uno de los congresistas de esta fuerza se preguntó “¿qué nos garantiza que hoy se vota sin tomar en cuenta a la calle y en el nuevo gobierno estalla nuevamente la crisis?”. Las fuerzas de derecha trinaron contra aquellos que están dejando “atado de pies y de manos al Congreso, al que se le exigen cambios, pero imposibilitado de hacerlos”. El crecimiento de las protestas llevó a una impasse en el Congreso. Este empantanamiento legislativo se convirtió en la espada de Damocles que pesa sobre el gobierno de Dina Boluarte. Si la segunda votación del adelantamiento electoral no prospera, quedará a la vía de un referéndum; una variante que la derecha fujimorista ve como peligrosa porque abre un campo de acción a la agitación política. La renuncia de Boluarte llevaría el empantanamiento a una situación explosiva. Los analistas políticos ya evalúan los escenarios posibles ante una eventual renuncia de la presidenta. Según la reglamentación peruana, ante un escenario de renuncia de la presidenta, el cargo debería ser asumido por el presidente del Congreso. En este caso, se trata de José Williams, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y actual militar retirado, miembro del fujimorista Avanza País. Williams carga con múltiples denuncias a lo largo de su carrera militar, entre ellas su participación en la masacre de Accomarca de 1985. Los medios han planteado que, en caso de renuncia de Boluarte, debería convocarse a una “mesa directiva”, una suerte de gobierno provisional. “La presencia en la jefatura del Estado de un general en situación de retiro proveniente del sector político al que más enfrentados están elevaría sin duda el encrespamiento de los radicales”, afirman los analistas locales. Otros analistas han definido la situación peruana como “la cuadratura del círculo”. Plantean que es más necesaria que nunca una serie de reformas constitucionales para mejorar la legitimidad del Congreso. Incluso plantean la necesidad de un adelantamiento electoral a 2023, con el cual “podrían descomprimir el clima actual de violencia”. Pero la cuadratura del círculo se mide en que todas las reformas posibles, incluido el adelantamiento electoral, pueden terminar empantanadas en el Congreso. El diario El Comercial relató su visión de la realidad “el Gobierno ya no da para más si no convoca pronto a elecciones. Si no lo hace, Boluarte tendría que renunciar y pasarle la papa caliente a José Williams o a quien lo suceda luego de que una coalición de izquierda y centro busque censurarlo y poner a alguien de centroizquierda. Mientras vemos esas imágenes de anarquía en vivo y en directo, las calles de varias ciudades importantes seguirán agitadas. En Lima habrá movilizaciones en las que confluyan limeños con los pocos contingentes que hayan llegado de regiones. El Congreso y Palacio de Gobierno serán los principales objetivos. Los más radicales del ‘establishment’ ansiarán un golpe militar”. En este cuadro Boluarte amplió el “estado de emergencia” y habilitó la intervención de militares contra las protestas. El desarrollo de los acontecimientos en “la toma de Lima” serán claves en el desenvolvimiento de la situación política. La pelota está en el campo de los trabajadores. LEER MÁS: Perú: crece la represión, crecen las protestas Por El Be

19 de enero de 2023
Panorama electoral en Río Negro

El 16 de abril tendrán lugar las elecciones para gobernador, vice y 46 legisladores -que se eligen por circuito y por lista sábana- en Río Negro. Votan 560 mil electores. Será una de las primeras elecciones provinciales de 2023, junto a las de Neuquén, Jujuy, La Pampa y Misiones. Se da por descontado el triunfo del oficialismo, Juntos Somos Río Negro, con el actual senador Alberto Weretilnek, su creador, como candidato a gobernador. La fórmula se completa con Pedro Pesatti, intendente de Viedma, como vicegobernador. Fue propuesto por Sergio Massa. En el apoyo a esta dupla convergerán el kirchnerismo encabezado por Martín Doñate -el candidato de CFK para ocupar una silla en el Consejo de la Magistratura por el Senado, trabado judicialmente y en conflicto con la Corte Suprema- y la UCR, dirigida por la camarilla de Lousteau-Yacobitti-Loredo. La alianza de Doñate con Weretilneck significó una ruptura con los hermanos Martín -ministro de Justicia de la Nación- y María Emilia Soria, intendenta de General Roca. Fueron recibidos por Alberto Fernández en la Casa Rosada, en una muestra de apoyo postrero. Juntos Somos Rio Negro, en definitiva, reuniría a la UCR y La Cámpora. Weretilnek fue electo vicegobernador en 2011 en la fórmula con Carlos Soria por el Frente para la Victoria, luego de décadas de hegemonía radical. Asumió como gobernador en 2012 luego de que Soria fuera asesinado por su mujer en la noche de Año Nuevo. Fue reelecto en 2015; en 2019 alternó con la actual gobernadora, Arabela Carreras, mientras él asumía la banca de senador nacional. Su origen político es el Frente Grande, la agrupación que fundó “Chacho” Álvarez hace más de 30 años. Weretilneck/JSRN fue el artífice de la transformación de la ´matriz productiva´ de la provincia. La producción frutícola fue desplazada por una alianza con los pulpos petroleros y mineros (hay yacimientos de litio, plata, oro, uranio). Hay planes de inversión para la producción de Hidrógeno Verde y la instalación de parques eólicos. Recientemente la provincia firmó un acuerdo con la empresa estatal israelí Mekorot para ´gestionar´ el agua de la provincia. Se ha trazado la instalación de un puerto exportador en el golfo de San Matías y la construcción de gasoductos para transportar gas y combustible de Vaca Muerta hasta el océano. También selló una alianza con poderosos capitales inmobiliarios y turísticos interesados en la región cordillerana. Esta plataforma le ha permitido doblegar al activismo ambiental de la provincia, que había arrancado una ley de protección del golfo de San Matías hacía muchos años, y avanzar en la expulsión de los pobladores mapuche y la militarización de Villa Mascardi. La oposición patronal se ha quedado sin base social alternativa. El éxito de la estrategia de Weretilnek puede apreciarse en la aprobación exprés de una reforma electoral que permite sumar colectoras, reforzando el carácter antidemocrático del sistema político de la provincia. En el Senado actuó, alternativamente, con el oficialismo y la oposición según las circunstancias. Las dos fuerzas históricas de Río Negro, el PJ y la UCR están en franca decadencia. El PJ oficial está reducido a la camarilla familiar de los Soria. Las internas del PJ rionegrino previstas para el 29 de enero se suspendieron. El FdT rionegrino ha quedado virtualmente desintegrado desde la derrota en las elecciones legislativas del 2021. En la UCR las cosas no son muy diferentes. El sector liderado por Marcelo Cascón, ex intendente de Bariloche, se niega a integrar Cambiemos Río Negro y acordó con el oficialismo. Cambiemos Río Negro quedó limitado al PRO y al ARI, dos sellos de goma. Por otra parte, Unidad Popular, el partido de Claudio Lozano, que en Rio Negro representa Rodolfo Aguiar, de ATE Nacional, probablemente vaya como colectora en la boleta de JSRN. Las huestes de Milei estarán representadas por Ariel Riveros, un politiquero que hasta 2018 pertenecía al FdT y después siguió a Pichetto en su aventura con JxC. Intentará cautivar a los sectores antimapuche y derechistas que pululan en Bariloche, la ciudad con más votantes de la provincia. En el campo de la izquierda se presentan el FITU y el Nuevo MAS. El Partido Socialista, que integró en la última elección ejecutiva la boleta del FpV, ha hecho un llamado a la unidad con los partidos de izquierda, que lo rechazó in limine. El sector vinculado a la burocracia de Unter se inclina por aliarse a Unidad Popular. Por su parte, el FITU y el Nuevo MAS presentan programas de carácter doctrinario, ´identitarios´, sin referencias a la crisis que domina a la Argentina. El PO hizo un acto de lanzamiento de candidaturas – postula al ex concejal Gabriel Musa. La conformación final de la lista es un interrogante. En 2021 se integró el MST, que en las PASO provinciales le ganó al resto del FITU nada menos que en Bariloche, la principal ciudad. El PO “oficial”, con varias décadas de actividad en la provincia, ha hecho concesiones significativas en términos de candidaturas a sus aliados, incluso en el frente docente, el más desarrollado. Política Obrera, sin personería provincial, desarrollará una intensa campaña política, de delimitación programática frente a las fuerzas en presencia. LEER MÁS: Frente al “año electoral” Por Dirección Nacional de Política Obrera, 13/12/2022. La burocracia peronista proclama la candidatura de Massa Por Comité Editorial, 12/01/2023. Río Negro: reforma electoral, el camino hacia el fraude político Por Mali Quintillán, 04/11/2022.

20 de enero de 2023
El “círculo rojo” desautoriza el juicio a la Corte

La escalada del binomio Alberto-Cristina contra la Corte Suprema ya había recibido sus buenos baldes de agua fría –en primer lugar, por la deserción de varios gobernadores pejotistas de la embestida inicial, cuando se produjo el fallo que le restituyó fondos a la CABA. Luego, el propio Alberto Fernández se encargó de licuar al pretendido juicio político, cuando anunció que enviaba a las “extraordinarias” un proyecto para juntarle los mangos a Larreta, o por la vía de un impuesto o de una nueva operación de deuda. El “juicio”, a esa altura, quedaba reducido a una agitación política concentrada en los salones del Congreso; no en las sesiones -que no reunirían el quorum necesario- sino en una seguidilla de audiencias públicas que recordarán algunos agravios del máximo tribunal – entre ellos, el 2x1 a los genocidas y las escuchas con los funcionarios larretistas. Este ajuste de cuentas retórico ganaría, por algunos días, la atención de los medios oficialistas. Pulgar para abajo Ocurre ahora que incluso esa campaña política ha recibido un golpe feroz, después del pronunciamiento de los dirigentes patronales más importantes del país contra el juicio a la Corte. El pronunciamiento llega cuando se descuenta que el juicio no será votado en el Congreso. Por lo tanto, el llamado empresarial apunta que el gobierno archive también a la agitación política contra la Corte. La advertencia a Alberto-Cristina debe medirse por la envergadura de los firmantes: están los máximos directivos de Acindar, Fiat (Ratazzi) y Ledesma; los representantes de J.P Morgan; de Swiss Medical, la mayor de las prepagas, junto a las cámaras y asociaciones patronales más poderosas, como la AEA y la Cámara de Comercio. Días antes, habían hecho lo propio la AmCham y la Cámara Argentina de Comercio. El pronunciamiento patronal califica al juicio como un “desatino institucional” que “pone en riesgo cualquier decisión de inversión”. Si de “inversión” se trata, la advertencia de la gran burguesía tiene lugar cuando tambalea la arquitectura financiera y monetaria de todo el régimen político. El superministro Massa apela al aventurerismo financiero para evitar una corrida cambiaria y postergar para adelante las contradicciones explosivas de su política. La emisión monetaria y también las exiguas reservas internacionales han sido puestas al servicio del rescate de la deuda pública. Un default no sería solamente el colapso del Estado y del gobierno, sino un golpe mortal para las aspiraciones del gran capital de acceso al crédito internacional. El horno, por lo tanto, no está para bollos: las patronales no quieren un cascoteo contra la Corte, en un país donde la perspectiva de un colapso económico, de una rebelión popular y de una disolución política del gobierno colocaría al rescate de los “derechos” del capital en manos de los jueces. Es lo que ocurrió, por ejemplo, después de la gran crisis de 2001/2002, cuando la Corte convalidó la confiscación de los ahorristas, por un lado, y la licuación de las deudas de los capitalistas, por el otro. (La memoria selectiva de los derechohumanistas que preparan las audiencias contra la Corte se han “olvidado” de ese atropello fundamental, al igual que el de todos los fallos contra el derecho del trabajo que tuvieron al kirchnerismo como fuerza promotora.) Crisis política Para Alberto-Cristina la agitación contra la Corte constituía una forma de disimular el vaciamiento político de su gestión, que ha quedado reducida al ministerio de maniobras de Sergio Massa. Este maniobrista arrancó el 2023 con dos botellas tiradas al mar: una, la incierta tentativa de frenar una corrida cambiaria; la otra, contener una huelga general en un escenario de carestía y tarifazos, en este caso, con la colaboración de la burocracia sindical. Mientras prepara la “agitación” contra la Corte, Cristina Kirchner convalida el ajuste monumental que su socio Massa está perpetrando contra trabajadores y jubilados. En esas condiciones, el panfleto empresarial es mucho más que una “opinión”: es un golpe mortal al único “plan político” que sostiene a las dos terceras partes de la coalición gobernante, y por lo tanto, un serio agravante de la crisis política. El tercero restante, Massa, camina sobre un hilo demasiado delgado. LEER MÁS: La entretela de las “sesiones extraordinarias” Por Marcelo Ramal. “El conflicto de la coparticipación lo armaron, pero ahora no logran parar los carpetazos” Entrevista a Jorge Altamira publicada en noticiasurbanas.com.ar el 13-1-2023. La disputa por la coparticipación se fue de mambo Por Jorge Altamira. Los K cumplen con la Corte con más ajustes y más impuestos Por Comité Editorial.

20 de enero de 2023
Puerto de Rosario: el levantamiento de la huelga
Emilio Blanco · José Tablada

El miércoles 18, en reuniones y asamblea, los portuarios resolvieron levantar una huelga histórica. Estos 40 días de paros dejaron una enorme experiencia de lucha. Fue un proceso de organización y de auto convocatoria de la huelga de los propios trabajadores, que tuvieron que enfrentarse (en el desarrollo de la lucha) a la patronal, el Estado, a la burocracia del Supa, a la policía y al gobierno. El origen del conflicto fue el desconocimiento por parte de la patronal del puerto (TPR-Vicentín / Ultramar) del reclamo de la revisión paritaria. La paritaria se había firmado en abril de 2022 y las diferentes cuotas no eran acumulativas sino sobre el sueldo de abril del año pasado, lo que significó la destrucción de los salarios por la enorme inflación. Hoy los sueldos son el 50% de lo que ganan los estibadores en otros puertos. Los trabajadores reclamaron la revisión salarial y la aplicación de una cláusula de reajuste automático de acuerdo a la inflación mensual. La huelga autoconvocada surgió por el descontento de la base portuaria con la política salarial de la conducción del Supa y por los métodos que utilizó para tratar de imponerla. Aybar, secretario general del Supa, bajó la propuesta de la patronal y, aunque fue rechazada en la asamblea convocada por el sindicato, igualmente la aceptó, desconociendo la votación. Este atropello de la burocracia del Supa y el rechazo de los estibadores dieron lugar al inicio de un plan de lucha que comenzó con un quite de colaboración y que luego llevó al paro del puerto. En esta situación la patronal se largó a una serie de provocaciones despidiendo laburantes y amenazando con aumentar la jornada laboral actual de 6 horas a 8 horas. Por su parte, la conducción del Supa realizó maniobras para tratar de tener el control del proceso de lucha que se estaba desarrollando y nuevamente se sentó a negociar con la patronal. Firmó un nuevo acuerdo a espaldas de los portuarios. En esa acta se planteaba completar un aumento salarial del 90%, pero sobre los salarios de abril de 2022; dejar de lado el cambio de la jornada laboral manteniendo las 6 horas y la reincorporación de 20 de los 25 despedidos. Una nueva Asamblea en el Sindicato rechazó este acuerdo por amplísima mayoría y resolvió continuar con la huelga reclamando la reincorporación de todos los despedidos. En el rechazo a los 5 despidos se estaba rechazando lo que podía venir con posterioridad –nuevas cesantías y avances con la reforma laboral. Es la propia burocracia de Aybar la que rompe con la base portuaria y con el movimiento huelguístico y se pasa abiertamente con la patronal para tratar de derrotar la huelga e imponer los despidos. Las dificultades en conseguir estos objetivos los llevaron a recurrir a la Justicia, al Gobierno y al Estado. El Ministerio de Trabajo de la Nación avaló los despidos. La justicia avanzó en la judicialización de los compañeros y la policía de Perotti reprimió a portuarios y familiares. Fue una huelga histórica no sólo por la cantidad de días sino, fundamentalmente, porque fue autoorganizada por los propios trabajadores con los métodos históricos de la clase obrera; las resoluciones en Asambleas, la movilización a los centros del poder político y los piquetes de convencimiento y organización. La fuerza de la huelga estuvo en la base portuaria, en la asamblea, en el piquete y en el apoyo de los familiares y organizaciones solidarias. La patronal, la burocracia de Aybar y el Estado usaron todos los recursos a su disposición para derrotarla. Hambrearon a las familias, dejando a los trabajadores dos meses sin cobrar los sueldos; con la represión policial, la detención de compañeros y recurrieron al desgaste y el aislamiento de la lucha. La solidaridad concreta estuvo en las organizaciones que intervinieron. Mientras que la CGT Regional estuvo jugada a la derrota de la huelga y la CTA Regional Rosario no hizo nada práctico, de lucha, que ayudara a darle un impulso más general a la huelga portuaria. Los cinco despedidos En el balance hay que señalar que estos despidos son un golpe sobre los luchadores y los trabajadores del Puerto, que la patronal va a aprovechar para tratar de imponer sus condiciones. En última instancias, lo que está en discusión es quién domina las condiciones de trabajo dentro del Puerto, si la patronal o los trabajadores. En este sentido, la organización interna es fundamental. Hace años que el Supa no convoca a elecciones de delegados – con renovaciones dudosas de mandato. Como así también es importante el agrupamiento de los luchadores. Los reclamos siguen pendientes: la cuestión salarial, con el reajuste automático, se van a volver a plantear en forma inmediata porque en marzo/abril tiene que ser convocada la paritaria de este año; además, por otro lado, está el reclamo del pase a planta de los eventuales entre otras reivindicaciones. Por el cierre de las causas a los compañeros detenidos Como parte de la presión sobre la huelga, fueron detenidos 3 compañeros que el jueves 19 fueron liberados y recibidos con el calor de la lucha por los portuarios, familiares y organizaciones. Sin embargo, quedaron causas abiertas y se les impusieron una serie de reglas de conducta por 90 días. Reclamamos el cierre de las causas a los compañeros. LEER MÁS: El significado de la huelga portuaria de Rosario Por Juan Ferro.

20 de enero de 2023
El significado de la huelga portuaria de Rosario

Acaba de finalizar una huelga obrera que se inscribe entre las grandes huelgas de los últimos años en Santa Fe. Hasta cierto punto, esta lucha empalma con la radicalización en los métodos de lucha obreros vistos en la fase final de la lucha del Sutna y en la de los trabajadores de la Salud neuquinos, los residentes y concurrentes porteños y las huelgas docentes autoconvocadas en la provincia de Buenos Aires. Todas estas manifestaciones tienen en común la desautorización de la burocracia sindical en sus diferentes variantes. Los portuarios, con sus más de 40 días de lucha, han dejado expuesta a los ojos del país la complicidad tanto del anterior gobierno de la provincia como del actual, sobre los fabulosos negociados y la corrupción que existe en el Puerto de Rosario, extensiva a la inmensa mayoría de los puertos privados de la provincia. El Puerto de Rosario está bajo control del Ente Administrador del Puerto de Rosario (ENAPRO) dependiente de la Provincia. El gobierno “socialista” concesionó el puerto a la empresa Vicentin,en ese momento la empresa estrella de la provincia. El conocido derrumbe de Vicentin trajo aparejado tambien el derrumbe del puerto de Rosario, la caída en las inversiones, una fuerte pérdida en la capacidad operativa y un proceso agudo de precarización laboral y ataque a las condiciones de trabajo y a los salarios de los más de 600 trabajadores del puerto. La huelga expuso además con mucha claridad el rol que juega la inmensa mayoría de la burocracia de los sindicatos portuarios, que en tiempos del menemismo aceptaron la privatización general de los puertos, a sabiendas de que esto significaba una pérdida sin precedentes de los convenios laborales. El SUPA de Rosario ha exhibido durante años ´excelentes relaciones´ con la concesionaria. Aceptaron, en nombre de la “defensa de los puestos de trabajo”, una caída pronunciada de los salarios (hoy casi un 35% menos que los salarios portuarios de Buenos Aires) y un sistema cada vez más ampliado de trabajadores precarizados, con un plantel enorme de contratados con salarios inferiores a los de planta permanente y con el Supa dirigiendo a su antojo los escasos pases a planta, factor que junto con la caída salarial son causa de un profundo malestar y que fueron los motores de la gran huelga. El disparador es algo que también se viene replicando en varios gremios, con distintas reacciones, frente a la licuación de los acuerdos paritarios frente a la inflación. No es casual que varios conflictos (Sutna, metalúrgicos, el mismo puerto) hayan estallado cuando se discuten las llamadas cláusulas de “revisión” que exponen brutalmente la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación. Esta “revisión” fue aceptada por Cesar Aybar, secretario general del SUPA, sin consulta alguna con la base del gremio. Además intentó imponerla por la fuerza, lo que desató todas las tensiones acumuladas entre los trabajadores. Las asambleas que rechazaron la revisión fueron muy radicalizadas y expulsaron a los dirigentes sindicales de las mismas; se fue creando, al calor de esa gran lucha, una dirección del conflicto que no viene de una tradición de izquierda sino de una base social que había impulsado anteriormente el ascenso del propio Aybar. Esa dirección surgida del conflicto se perfilaba como la verdadera dirección del gremio Esto puso en marcha todos los mecanismos del Estado para quebrarla, con la gestión combinada del Ministerio, la policía y la propia dirección del gremio, que “eligió” a los despedidos que eran la cabeza de la rebelión obrera. Conclusiones Esta gran huelga dejó planteadas: La lucha por terminar con la privatización de los puertos que implica anular las concesiones privadas , la estatización del comercio exterior y del Puerto de Rosario y que el puerto quede bajo control de los trabajadores, con representantes elegidos en asamblea, única manera de terminar con los negociados, el avance del narcotráfico y la precarización laboral. La defensa incondicional de un salario básico igual a la canasta familiar y la equiparación de los salarios del puerto de Rosario a los del puerto de Buenos Aires. Terminar con los “eventuales” eternos por el pase a planta de todos los contratados, La huelga destacó enormes activistas que hacen imprescindible la preparación de una organización y un programa para defender los salarios y las condiciones de trabajo y terminar con la actual dirección del gremio que ha actuado directamente como agente de la patronal y del Estado. LEER MÁS: Puerto de Rosario: el levantamiento de la huelga Por Emilio Blanco y José Tablada.

20 de enero de 2023
Francia: el desafío de una huelga indefinida contra la reforma previsional

Dos millones de personas se movilizaron ayer en toda Francia para rechazar la 'reforma previsional' del gobierno de Emmanuel Macron, en el marco de una huelga general convocada por las cinco centrales obreras. El proyecto oficial indica llevar a 64 años la edad de retiro y a 43 los años de aporte. Los cambios se aplicarían progresivamente a partir de 2027. La reforma previsional impulsada por Macron se vio postergada al menos en dos oportunidades – una, por enormes movilizaciones en 2019 y, luego, por la pandemia. Durante la campaña presidencial, Macron hizo una fuerte agitación de cara al balotaje, asegurando que iba a llevar a fondo su plan. Por eso dice que es uno de sus ´compromisos´ con el electorado que le dio la reelección. Hace caso omiso al abstencionismo récord, a su propia votación minoritaria en la primera vuelta y al rechazo que despertaba su contrincante, la fascistoide Marine Le Pen. El gobierno de Macron sólo recoge repudios. El hecho es que cerca del 70% de la población rechaza la reforma propuesta por el gobierno y un 60% apoya las huelgas y movilizaciones para frustrar el proyecto. Las centrales sindicales francesas convocaron de conjunto a la huelga nacional del jueves 19. Fue cumplida en todo el territorio nacional, llegando a paralizar durante horas los trenes nacionales e internacionales. En los aeropuertos, cerca del 20% de los vuelos internacionales fueron cancelados y las demás aerolíneas funcionaron con largas demoras. En París, la huelga la huelga tuvo un acatamiento cercano al 100% en todos los sectores estratégicos - transporte, fábricas, refinerías, y hasta la red eléctrica francesa RTE constató una fuerte reducción de la producción. Los subtes y colectivos solo funcionaron para garantizar el transporte a los manifestantes sin cobrar boleto. Los médicos y enfermeros cancelaron todos los turnos sin riesgo y se reprogramaron las intervenciones quirúrgicas. La mitad de las escuelas parisinas no pudieron abrir por la adhesión total de los docentes a la huelga, pero en general no hubo clases. Hay sindicatos policiales que se adhirieron al paro, con impacto en los dispositivos dispuestos para reprimir las movilizaciones. En todo el territorio se contabilizaron más de 200 movilizaciones. En París se movilizaron a la Plaza de la República 100 mil trabajadores y estudiantes. Los jóvenes coreaban “la juventud está protestando. Macron, estás acabado”. Macron había justificado la presentación de este proyecto señalando que el sistema actual no permitía asegurar los fondos de pensiones para las futuras generaciones, algo definido como “un pacto entre generaciones”. Lo que ha logrado es unir a viejos y jóvenes para voltear su proyecto reaccionario. El gobierno enfrenta un desafío en el parlamento porque el bloque derechista encolumnado con Le Pen, y la izquierda ´insumisa´ de Melenchon, han asegurado que votarán en contra. Los Republicanos, que cuentan con un pequeño grupo parlamentario, reclaman modificaciones al proyecto.. Como en las luchas pasadas, el movimiento obrero francés es consciente que solamente una huelga indefinida puede derrotar el proyecto. Todo el mundo es consciente de que esto enfrenta el obstáculo político de al burocracia sindical y de la mayor parte de la izquierda. Vuelve entonces un desafío ya clásico en Francia – la necesidad de comités de base y una coordinadora de la huelga general. La clase media asalariada ha participado de la huelga y de las manifestaciones, de modo que no se puede alegar que los obreros de la industria y el trasporte pelean “solos”. LEER MÁS: Reguero de huelgas en Europa Por Mauri Colón Una huelga navideña en Francia Por Joaquín Antúnez Huelga de los trabajadores de las refinerías paraliza Francia Por Mauri Colón

20 de enero de 2023
Israel: la Corte expulsa a ministro de Netanyahu

El nuevo gobierno de Netanyahu y su cohorte de religiosos pretenden liquidar el sistema judicial israelí. La Corte, frente al desafío, dobló, en principio, la apuesta. La Corte, en lo que se califica como una “sentencia explosiva” (Haaretz, 18/1) rechazó la designación de Arye Dery, presidente del Shas, de derecha clerical, para Salud e Interior, por parte de Netanyahu. Una acordada, firmada por 10 de sus 11 integrantes, cuestiona la designación, porque Dery “acumula delitos graves de corrupción". O sea, que no puede ocupar cargos públicos. La presidente de la Corte, Esther Hayut, “afirmó que Dery ´es una persona que ha sido condenada tres veces por delitos a lo largo de su vida´”. La Corte sostuvo que “no se debería haber permitido que Dery asumiera el cargo ya que prometió retirarse de la vida pública cuando fue sentenciado el año pasado, una promesa en la que se basó el tribunal para aprobar un acuerdo de culpabilidad por evasión y varios otros cargos junto a la fiscalía” (ídem). La Corte sostiene expresamente “que la reforma a la Ley Orgánica del Gobierno (que habilita el nombramiento) es inconstitucional” (ídem). La decisión es trascendente porque Netanyahu pretende que el parlamento tenga el derecho de derribar sentencias judiciales que contradigan la sanción de una ley. Priva a la Corte del control de constitucionalidad. El problema: "Netanyahu sabe que no habrá gobierno si Dery es descalificado", pontificó el ministro de Bienestar, Yaakov Margi, también del Shas. Legalmente el gobierno está acorralado. “La procuradora general Galia Baharav-Miara (que integra el sistema gubernamental) se opone al nombramiento de Dery y se ha negado a representar al gobierno de Netanyahu para pedirle al tribunal que rechace la petición” (ídem). El ´conflicto de poderes´ amenaza no sólo la coalición de gobierno.. Como se explicó en estas páginas la reforma sacudió al establishment militar. El bloque religioso y de los colonos pretende eximir del servicio militar a los cientos de miles de religiosos. Las “ieshivás” judías equivalen a las “madrazas” del islamismo. El alto mando militar sionista teme que la reforma exacerbe las tensiones en la Cisjordania, que se rompa la colaboración de la Autoridad Palestina con el ocupante israelí y que termine desencadenándose una nueva intifada. Detrás de la reforma judicial está el lobby sionista norteamericano afín a Trump. Según Eytan Avriel (íd, 15/1), la reforma judicial presentada por el ministro de Justicia, Yariv Levin, “aparentemente fue escrita por Kohelet Policy Forum, uno de los institutos de investigación mejor financiados de Israel, que promueve políticas nacionalistas y libertarias, y está financiado por dos multimillonarios estadounidense”. Se trata de una institución establecida hace 10 años, que “redactó la Ley del Estado-nación de 2018 y está muy activa en los avances de la legislación socioeconómica contra el salario mínimo, la vivienda pública, el control de alquileres y los derechos laborales” (ídem). Por La cuestión palestina ingresa al cuadro de la guerra mundial desatada por la Otan en Ucrania, Europa y Asia Central. El tablero de la guerra hace metástasis en todo el planeta. LEER MÁS: Israel: cien mil personas ganaron las calles Por Norberto Malaj. Israel: el nuevo gobierno declara la guerra a la Corte Por Leib Erlej.

20 de enero de 2023
El gobierno de La Rioja declara al litio “recurso natural estratégico”

El gobernador de La Rioja Ricardo Quintela promulgó la ley 10.608 que declara al litio y sus derivados como recursos naturales estratégicos. Con solo siete artículos, la ley establece en el segundo: “Declárase de Interés Público Provincial al estudio, investigación, prospección, exploración, explotación e industrialización del litio y a sus derivados y el agregado de valor a los productos obtenidos”. La norma permite al Estado disponer de las reservas y suspender por 120 días los permisos otorgados para cateo, prospección, exploración y concesiones mineras. Esto aplica al contrato que realizó con la minera canadiense Origen Resources. El año pasado, la provincia formó la empresa estatal Kallpa S.A.P.E.M. entre cuyos objetivos estaba la incursión en la extracción de litio. También firmó un memorándum de entendimiento con Y-TEC, la sección tecnológica de YPF, para avanzar en proyectos para desarrollar la cadena de valor del metal. Aunque no es de las provincias con más reservas, las cuales se concentran en Jujuy, Salta y Catamarca, la medida produjo el rechazo de los capitalistas. La UIA se declaró abiertamente en contra, mientras que la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y la Cámara de la Construcción (CAMARCO) criticaron la suspensión de los contratos porque generan “desconfianza” y minan la “seguridad jurídica” que creen necesaria para la llegada y desenvolvimiento de las inversiones (La Nación/ iProfesional). Sucede que se produjo en paralelo con la resolución 15/2023 del Ministerio de Economía que puso fin al reintegro a las exportaciones del mineral. Sergio Massa justificó su medida en el crecimiento exponencial de la demanda de esta materia prima y de sus precios. Por su parte, el kirchnerista Roberto Salvarezza, presidente del directorio de Y-TEC y de YPF Litio, saludó la medida, manteniendo el decoro, al plantear que era un importante paso para acelerar los procesos de exploración y justificándola en el hecho de que la canadiense no había avanzado en la misma. Oscar Parrilli, en paralelo, en una extensa nota de lamento sobre la ´generosidad´ fiscal del país, pidió más planificación y presencia del Estado “para distribuir la riqueza generada por estas actividades” (Página/12). Las afirmaciones de Parrilli fueron en la línea de Sergio Massa. Qué se está discutiendo La iniciativa del gobernador de La Rioja no es original. La provincia de Jujuy declaró al litio ´recurso estratégico´ en 2019 bajo el gobierno del radical Gerardo Morales. En Chile, la dictadura de Pinochet lo declaró recurso estratégico en 1976, lo que le da al Estado la potestad de exigir a las empresas determinados requisitos como, por ejemplo, desarrollar la cadena de valor en el país. Esto, sin embargo, puede no ser aplicado. Hoy en Chile, el litio es extraído por empresas privadas y la industrialización del mismo, que básicamente consiste en la producción de baterías para artículos electrónicos, no se desarrolló. En Bolivia, los salares son recursos fiscales y solo el Estado, por medio de Yacimientos de Litio Boliviano, puede extraer la salmuera. Para el desarrollo industrial del material, en cambio, sí está permitida la asociación con privados. Actualmente, Bolivia se ha asociado con empresas de capitales alemanes y chinos en esta segunda fase de la producción. Se ha llegado a plantear que la asociación con China, en desmedro de Estados Unidos, a principios de 2019, fue una de las motivaciones principales del golpe contra Evo. Finalmente, en México, el año pasado, las cámaras votaron una reforma de la ley minera que consolidaba el monopolio exclusivo del Estado en la explotación del mineral, por medio de la joven empresa LitioMx. La ley entró en colisión con los intereses del capital chino porque la empresa Ganfeng Lithium tiene uno de los dos permisos en la reserva que posee el país, La Ventana. Las disputas por el dominio del litio en el continente producen todo tipo de choques entre los capitalistas. En la cumbre del T-MEC que acaba de terminar, México acordó con Estados Unidos su ingreso al “Plan Sonora”, que prevé una inversión de US$48.000 millones y “apunta a fortalecer las cadenas de suministro del norteño estado con Estados Unidos y fomentar la fabricación de baterías y vehículos eléctricos, así como la construcción de grandes centrales de energía limpia” (bnamericas). Quiere decir que la “nacionalización” tuvo el objetivo de desplazar a China del control de las reservas, por Estados Unidos. En el marco de la guerra de Rusia con la OTAN, que se empieza a desplazar hacia China, el litio es una materia prima de valor fundamental. En este punto, los cambios de régimen en el control del recurso están orientados a los acuerdos de integración económica y a las alianzas que desarrollan los Estados por uno u otro bando en la guerra. La medida tomada por el gobernador de La Rioja favorecería los acuerdos que entabló con la tecnológica Y-Tec. La división Litio de YPF llegó tarde al reparto de reservas, que son principalmente monopolizadas por empresas canadienses, australianas, norteamericanas y chinas. Apenas logró un acuerdo en una reserva de Catamarca, en el límite con las reservas de La Rioja. Salvarezza ha insistido en la “necesidad” de desarrollar la industrialización del material: “Para un país como Argentina, que dispone de la segunda reserva mundial de gas no convencional y la segunda reserva de litio, es decir, que puede generar energía, significa una oportunidad” (Página/12). Sobre todo, el funcionario se ha referido a la especial “oportunidad” que brinda al respecto la guerra con Ucrania. Esta “industrialización”. que es una quimera en el marco de una extracción monopolizada por el capital extranjero que además posee el monopolio tecnológico, está en Por línea con los acuerdos estratégicos de Massa con Estados Unidos, cuyo objetivo es la conformación de una alianza con Brasil para “alimentar y abastecer de combustible al mundo”. Nos encontramos más cerca de una incursión en el negocio del litio por parte de las camarillas gobernantes que de una iniciativa de corte “desarrollista”. LEER MÁS: Rio Negro: de los perales al cianuro Por Elena Florín. El Litio y la guerra Por Catalina Rojo. El lobby del litio ingresa al gobierno Por Gabriela Jorge. En Salta aplauden a Batakis, la lobbista del litio Por Julio Quintana. Minera del Altiplano: AF declara a la minería actividad “esencial” y los trabajadores continúan el paro Por Fernanda Páez.

20 de enero de 2023
Comercio: Un convenio bien abajo de la inflación

De acuerdo a un comunicado de la Federación de Comercio (Faecys), el aumento paritario firmado por Cavallieri habría sido de arriba del ciento por ciento. La realidad es otra. Cavalieri firmó, para 2022, una paritaria del 59,5% -mucho menos en términos reales- porque se terminó de cobrar en diciembre. Esta paritaria dejó el básico de convenio para jornada completa en 140 mil pesos. Como no cubre el tramo "no remunerativa", no impacta sobre los adicionales de convenio, ni sobre las vacaciones, las horas extras y el aguinaldo. Las patronales lograron mantener congelados los valores de todos esos ítems en un año con 96% de inflación. Sobre esa base, la revisión de enero no cumplió con pasar el 59,5% al básico y que abarque todo concepto del salario. Simplemente se añadieron dos cuotas acumulativas – 13% en febrero y 9,9% en marzo. La contabilidad creativa de la burocracia: inclusive contabilizando los premios y otros ítems, reduce el aumento del 101% a un 82,4% nominal. Con estos números, se anuncia en los medios que el básico de convenio será de 180 mil pesos. Además de ser falso -la suma no remunerativa no es salario básico. Pero tampoco deja de ser una miseria. La canasta familiar acaricia los 400 mil pesos. Un punto importante es que Comercio es uno de los rubros que registra más trabajo a medio tiempo y ´factureros´. Para los empleados ‘part time’, el aumento es todavía menor, porque es proporcional a las horas trabajadas. Si se tiene en cuenta que la mayoría de ellos son empleados de ‘call center’, con jornada reducida por insalubridad, el pago proporcional de la paritaria es una doble confiscación. El derecho de guardería, conquistado en las huelgas de 1975 y reglamentado el año pasado luego de un fallo de la Corte Suprema, fue reemplazado por Cavalieri por una suma de $33.000, equivalente al 40% de lo que vale un salario del personal de cuidados. Ninguna guardería se construirá entonces en los establecimientos de comercio. El anuncio de “una paritaria superior a la inflación” encubre un retroceso fenomenal del salario, y expone una escisión sin retorno entre los intereses de la burocracia sindical y de los trabajadores. LEER MÁS: Comercio: el bono de fin de año agitó las aguas Por Cármen Álvarez Comercio: el bono de Cavalieri, una maniobra para destruir el salario Por Olga Céspedes y Bruno Díaz Comercio: por la reapertura inmediata de paritarias y un salario básico igual a la canasta familiar Por Bruno Díaz (Combativos Mercantiles)

20 de enero de 2023
No a los despidos en el Ministerio de Cultura

Las autoridades del Fondo Nacional de las Artes organismo dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación lleva adelante una política de violencia institucional y persecución a los y las trabajadoras que se coronó con el despido de dos compañeros en diciembre de 2022. Cuando se acercaban las fiestas les informaron que no les iban a renovar el contrato. Uno de ellos por relaciones personales consiguió moverse a otro organismo, la otra está decidida a pelear su reincorporación. Después de varias reuniones infructuosas y de que los funcionarios del ministro Tristán Bauer adujeran no poder intervenir, la Junta Interna de ATE Cultura y el cuerpo de delegados resolvieron una agenda de medidas para conquistar el puesto de trabajo y para instalar el fondo de lucha. En la acción del martes 17 se juntaron 60 mil pesos y varias juntas internas se comprometieron a colaborar, el objetivo es que no le ganen por cansancio ni por necesidad. Los cuatro espectáculos que sonaron fueron de trabajadores estatales, tres de Cultura y uno del ministerio de Trabajo. Entre las cantantes estaba la presidenta de un centro de estudiantes que viene de liderar las tomas de las escuelas contra el ajuste y las viandas nefastas de Larreta y Acuña. Trabajadores de distintos organismos se acercaron a comprar el almuerzo y se habían enterado gracias a la extendida afichada que se hizo en la zona los días previos. Desde el microfóno se denunció una y otra vez la política dentro del FNA pero también la situación en otros organismos estatales. Una política que empezó con la pandemia El maltrato laboral empezó con la pandemia, algunos compañeros prefirieron pedir pases a continuar trabajando bajo el régimen de acoso y destrato que se instauraba en el organismo. Hasta ese momento los ataques eran por parte de coordinadores y jefes pero con el retorno a la presencialidad el sistema de violencia se volvió más perverso. A algunos trabajadores se les solicitó que controlen y buchoneen a otros, no aceptar ser parte de la red de las autoridades puede costar el puesto de trabajo. Los videos policíacos circulan por grupos de WhatsApp. La gestión de Diana Saiegh logró romper la solidaridad entre compañeros, un baluarte del organismo que ni el macrismo había conseguido quebrar. Además, tiene demorados los concursos a planta y el ascenso vertical, todas mejoras en las condiciones laborales que nada le cuestan y que son políticas que mal que mal sí caminan- lentamente- en otros organismos. Ante la noticia de la jornada cultural y de lucha por el fondo de huelga llamaron solicitando que se levante a cambio de una reunión. La jornada se llevó a cabo exitosamente desde el punto de vista económico y varios trabajadores del organismo bajaron a acompañarnos. Delegados de más de 10 juntas internas tomaron la palabra y comprometieron su apoyo político y económico. La verdad es que empezar un año electoral con despidos es una muy mala señal para el Estado Nacional. Todos tenemos latente la tierra arrasada que dejó el macrismo y permitirse despidos meses antes de las urnas, en el marco del ajuste, los tarifazos y las elecciones es una advertencia de lo que vendrá. Por eso esta reincorporación es vital. Ganar es la otra advertencia, la de los trabajadores a la patronal. Un programa de los estatales discutido en asambleas Más allá de lo que sucede en el Ministerio de Cultura, la mayoría de los estatales nacionales habiendo cobrado un bono de 30 mil pesos junto al salario de diciembre seguimos sin superar la línea de pobreza. La inflación avanza y al precio de los alimentos se le suma el aumento en las tarifas de los servicios y el transporte. Andrés Rodríguez de UPCN ya salió a respaldar que la paritaria está bien como está, y ATE Nacional envió una nota para discutir salario pero se olvida de forma sistemática de convocar plenarios de delegados que debatan el monto y cómo arrancarlo. Ya se sabe que 2023 es el año para profundizar el ajuste. Las señales al FMI empezaron con el congelamiento de ingresos al Estado y van a continuar atacando aún más el salario y las condiciones laborales de los y las trabajadoras estatales. Por eso hace falta discutir un programa y un plan de lucha para conseguirlo. Como dijimos en la radio abierta: vamos por el pase a planta permanente de todos y todas las trabajadoras, por basta de tercerizaciones y trabajo en negro y por el salario igual al costo de la canasta familiar. LEER MÁS: Ministerio de Cultura: donde hay una necesidad, nace una lucha Por Valu Viglieca – Secretaria General Adjunta ATE Cultura. ATE Cultura: la lista combativa revalidó su mandato Por Valu Viglieca - Delegada de ATE Cultura.

22 de enero de 2023
A dónde va Cuba

Hace mucho que ya no se celebra en la Isla el triunfo revolucionario de enero de 1959, cuando el ejército rebelde de Fidel y el Che ingresó a La Habana. Ese legado histórico es hoy apenas una sombra. Hace mucho, también, que el castrismo abandonó toda referencia a la transformación socialista de Cuba y a la revolución latinoamericana. Acompañó todos los procesos de colaboración de clases que llevaron a grandes derrotas —Chile de Allende; Nicaragua. Antes, había desplegado una política foquista continental, que era un simulacro de internacionalismo socialista. Defendió la invasión de la burocracia de Rusia a Checoslovaquia, en el entendimiento de que frenaba una restauración capitalista en ese país, cuando la política restauracionista era impulsada desde el Kremlin, en función de los intereses generales de la burocracia moscovita. Cuando cayeron los regímenes stalinistas, a partir de un pacto entre Gorbachov y Reagan, Cuba se despegó de esa política. Fidel dijo que no seguiría el curso del viejo glacis soviético. Con el tiempo, el castrismo reivindicó la vía ´vietnamita` y/o china al capitalismo, en tanto conservaba el poder de la burocracia ‘comunista’. El curso de Cuba, sin embargo, difirió también de ese ´modelo´. Cuba no salió nunca del repliegue del ´período especial´, debido, por sobre todo, al fracaso de su aproximación política a Washington. Tras el sacudón de la llamada ´tarea reordenamiento´, primero, y la pandemia, después, “la magnitud de la crisis en curso es similar o muy próxima a la de los peores años de la severa crisis de los noventa” (Carmelo Mesa Lago —en adelante CML, en La Joven Cuba, 13/1). Desde “las reformas de los noventa el aumento de la desigualdad social y la pobreza” son ostentosas (Alina Bárbara López Hernández —en adelante ABLH, ídem, 16/1). Un reciente parte del ministerio de Salud cubano “informó a la población que, en el transcurso de este mes enero, en el Hospital Ginecobstétrico Diez de Octubre, de la provincia de La Habana, lamentablemente han fallecido ocho recién nacidos con bajo peso al nacer y prematuridad” (textual). La mayor de las Antillas está apenas por detrás de Puerto Rico en cuanto a emigración a EE.UU.: 2022 vivió “la mayor entrada de cubanos en EE.UU. en los últimos cuarenta años, que superó ampliamente a la ocurrida en 1980 a través del puerto de Mariel” (Mauricio De Miranda Parrondo —en adelante MMP, LJC, 20/1). Aunque México encabeza en términos absolutos la emigración a EE.UU., la proporción de cubanos que vive en EE.UU, en relación a la población, es la mayor de América Latina. El comercio exterior de Cuba, aún en medio de los peores años de crisis, fue siempre positivo. Cubría así, siquiera parcialmente, el pago de su enjundiosa deuda externa. Ahora “las últimas cifras de comercio exterior de bienes y servicios disponibles (años 2020 y 2021) muestran un balance negativo, porque las importaciones superan las exportaciones y ambas decrecen” (íd.). José L. Rodríguez, ex ministro de Economía, reconoció que “Cuba había renegociado favorablemente préstamos por 54.200 millones de dólares y había obtenido un 82% de condonación, pero a renglón seguido reconoció que después, desde 2016, no había sido posible sostener el pago de la deuda restante” (íd.). Para hacer frente a sus déficits de balanza de pagos, la burocracia alentó la entrada de “fondos buitres”. Ahora enfrenta “un litigio internacional relacionado con el impago de deudas adquiridas por fondos de inversión de alto riesgo en el mercado secundario” (íd.). Derrumbe de Salud y Educación Con relación a los estándares cubanos en educación y salud pública, “la crisis económica ha afectado notablemente a la educación y la salud, que habían sido históricamente los pilares de la política social” (MMP, íd.). Los primeros grandes golpes a las conquistas de la Revolución se iniciaron tras el ´período especial´. A mediados/fines de la primera década del siglo se inicia la “segunda —y profunda— estocada” contra el nivel de vida de las masas (ABLH). Desde “febrero de 2008, (se) recortan gastos y «gratuidades indebidas». Bajo la consigna «sin prisa pero sin pausas» “se constató que la prisa apuntaba… a medidas (que) afectaron a las personas y familias más pobres: cierre de 24 mil comedores obreros; aumento de la edad de jubilación en cinco años para hombres y mujeres; disminución de la edad de inicio laboral a quince años, es decir, las personas que empezaban a trabajar siendo adolescentes debían hacerlo durante medio siglo para tener derecho a una jubilación” (íd.). Según ABLH “durante el gobierno de Raúl Castro (2006-2018)” ocurre “el mayor recorte en la inversión de salud”. El régimen se jactaba, en cambio, de “la exportación de servicios médico-farmacéuticos”, y el turismo sanitario como “principal fuente de divisas del país” (íd.). El sector salud, en ese mismo período, no sólo se desfinanció: “la asistencia social para proteger a la población más pobre... fue reducida” (íd.). “Con la designación de Miguel Díaz-Canel” y el paquetazo de inicios del 2020 que eliminó el peso cubano y dolarizó virtualmente toda la economía, se produjo “el tiro de gracia”. Sus consecuencias: “aumento de la mortalidad general, infantil y materna; disminución sostenida de la natalidad; incremento del número de suicidios; crecimiento de la población carcelaria hasta ubicarse entre las mayores per cápita del planeta; un éxodo de proporciones dramáticas y acentuación de la desigualdad” (ABLH, íd.ant.). Contra lo que se difundió inicialmente, Cuba alcanzó bajo la pandemia registros de infecciones y muertes que estuvieron encima de la media de América Latina (CML, íd.). Restauracionismo ´a la cubana´ El largo bloqueo de Estados Unidos ha sido un factor crucial en el freno al desarrollo de las fuerzas productivas de Cuba. La burocracia enfrentó el bloqueo procurando acuerdos con los estados latinoamericanos —en particular con sus gobiernos nacionales y populares —, con países de la Unión Europea y con Vietnam, China y Rusia. El acercamiento de parte de Obama sembró ilusiones que fueron cortadas de cuajo, de un lado por parte del Congreso norteamericano y más tarde por Trump. Gente que se reclama de izquierda en Cuba sostiene que el gobierno no ha hecho lo suficiente para repetir la trayectoria de Vietnam o China, o articular una alianza económica con China. La burocracia ha sancionado, sin embargo, una frondosa legislación en el sentido reclamado. La relación con China se encuentra condicionada a la guerra comercial de parte de Estados Unidos. China y Rusia reclaman el pago de su deuda externa contraída en el pasado lejano y reciente. La industria farmacéutica cubana, una de las únicas en que la isla supo ubicarse en un lugar de vanguardia, se encuentra hoy en demolición —Cuba no satisface en la actualidad siquiera la producción de medicamentos para su mercado interno. China no suministra la materia prima para la elaboración de fármacos: exige a Cuba que salde antes sus deudas (CML, íd.). Vietnam tiene hace años en carpeta inversiones prometidas en la zona franca de Mariel. El resultado de este cuadro es un completo impasse. La burocracia se atrinchera, en particular, detrás del complejo de empresas bajo control de las FF.AA. — el complejo Gaesa, que tiene el control del comercio exterior y la asociación con la hotelería internacional. El sector pyme se ha desarrollado en un marco de completa desregulación laboral y negación de derechos sindicales. En este terreno Cuba se retrotrae a tiempos anteriores a la revolución de 1933. La mayoría de las medidas de la era Raúl Castro-Díaz Canel han agravado los problemas en forma exponencial, como lo muestran los índices sociales. Lo único que se ha incrementado es el parasitismo burocrático y el acoso represivo. A fines de los ´80, la ruptura económica y política de Rusia y el Comecom con Cuba implicó una sacudida impresionante: el PBI descendió casi un 40% en dos o tres años. La situación ahora es peor. Las movilizaciones de julio de 2021 fueron sólo la punta del iceberg. Catástrofe económica El desenvolvimiento de la economía cubana en los últimos 45 años sólo es comparable al de Haití. En los últimos 10 años el estancamiento es absoluto e incluso se retrocedió en varios renglones. “Por más de un decenio, incluyendo 2020-2021 (y también, en muchos casos, 2022, cuando hay cifras), virtualmente todos los indicadores económicos se deterioraron y en la mayoría estaban por debajo de 1989: el crecimiento del PIB promedio anual, la formación de capital bruto, la inflación, la liquidez monetaria, el índice de producción industrial, las tasas promedio anuales de los sectores agropecuario, azucarero y pescado-mariscos; la producción física agropecuaria y manufacturera, la producción de petróleo y gas natural” (CML, citado). Cuba ha vuelto a un promedio de 12 horas diarias de cortes de luz. Venezuela dejó de proveer petróleo. Hace 20 años que la Isla no incrementa su producción de petróleo y gas. El intento de sacarlo del mar vía inversiones de Brasil fracasó. En agosto pasado Cuba sufrió un incendio de proporciones gigantescas en el mayor depósito de combustibles del país, en la provincia de Matanzas. Todos los ojos se posaron en la responsabilidad de la burocracia: “en los últimos tres o cuatro años hubo una disminución ostensible de los mantenimientos programados al sistema de respuesta contra incendios y de las pruebas de comprobación de su efectividad” (“Matanzas. Radiografía de un incendio”, de ABLH, en LJC, 22/8/22). El accidente provocó la muerte de 17 personas, produjo un desastre ecológico y repercute hasta hoy en la caída del suministro eléctrico. La producción manufacturera de Cuba retrocedió en los principales rubros a menos de la décima parte de 1989: la de fertilizantes casi desapareció; la de textiles cayó un 80%. La de cemento a la mitad. El ex ministro antes citadopredijo “en 2022 que hasta 2024-2025 no se recuperaría el nivel del PIB de 2019 (que ya era muy bajo) —o sea, una pérdida de entre seis y siete años de crecimiento—, pero esto fue antes que se informara que el PIB creció 2% en 2022. Asumiendo que se cumple la proyección de un crecimiento de 3% en 2023, según el actual ministro Gil, la economía en este año estaría ocho puntos porcentuales por debajo del PIB de 2019. El PIB en 2019 se encontraba en un nivel muy bajo, pues en 2009-2018 solo creció —según la ONEI (oficina de estadísticas de Cuba, N.Mj.)— a un promedio anual de 2% frente a una meta de 5% a 6%, o sea, alrededor de un tercio” (ABLH, cit. al principio). Cuba perdió desde fines de los ´90 toda relevancia en el mercado mundial del azúcar —hasta fines de los ´60 supo ser su líder indiscutido. La producción actual de Cuba retrocedió más de 100 años. Tras el ´período especial´ Cuba desmanteló la que fue su nave ´insignia´ desde tiempos coloniales. La mayoría de los ingenios no ha recibido mantenimiento. El cierre de la mayoría de los ingenios provocó una ola de despidos y crisis en decenas de pueblos, especialmente en el Oriente. Este año el azúcar alcanzó precios extraordinarios en el mercado mundial. Cuba, sin embargo, no pudo aprovechar esta situación. En 2022/3 no habrá suficiente azúcar para el abastecimiento interno; Cuba la deberá importar para cumplir compromisos de exportación. Cuba no satisface sus necesidades alimenticias básicas. El campo cubano retrocedió como ningún otro en América Latina: siempre en relación a 1989, bajó un 50% la producción de leche, a la cuarta parte la pesca; la de huevos está estancada; igual las cabezas de ganado y la producción de arroz, etc. “De un total de once productos manufacturados clave en 2020-2021, cuatro estaban bajo el nivel de 1989 y los niveles de todos eran inferiores a las cimas de producción previas” (ídem). Una economía de ´servicios´ Con excepción de la ya señalada industria farmacéutica-biotecnológica, la burocracia abandonó hace rato toda intención de industrialización y/o de remoción del atraso del campo. La burocracia se orientó —especialmente desde el ´período especial´— hacia una economía de servicios, en especial la hotelera-turística. El estado se asoció a capitales españoles y de otros países y logró que esta actividad fuera hasta principios de la segunda década la principal fuente de divisas. En la actualidad, sigue inyectando en la construcción hotelera la mayor porción de la inversión pública. Se desatienden así los enormes déficits de la producción agraria e industrial, de infraestructura en caminos, transporte y vivienda. La actividad turística sufre un sistemático desplome que es anterior a la pandemia; ésta no ha hecho más que agravar un fenómeno preexistente. La economía de servicios provocó un drenaje constante de divisas. Por cada dólar que ingresa por turismo el gobierno debe erogar sesenta centavos en importación de bienes y alimentos para su sostenimiento. La ocupación de los hoteles ha mermado en forma permanente en los últimos 10 años. Todo esto ocurrió mucho antes que el Covid noqueara a la actividad. En 2022, con la actividad turística ´normalizada´, la cantidad de turistas fue la tercera parte respecto a mediados de la última década. Se estima que no se recuperará antes de 2025. Mucho antes que arribara el Covid, el turismo de República Dominicana y otros ´paraísos fiscales´ del Caribe habían desplazado a Cuba como polo turístico. Cuba jamás podría competir en ese plano con el gran capital. La actividad turística priorizada pasó al tercer lugar en el ingreso de divisas del país. El primero lo ocupan, en la actualidad, las ´misiones médicas especiales´. Pero Venezuela, luego Brasil y Bolivia, eliminaron o redujeron drásticamente los contratos con la Isla. Esas misiones nunca tuvieron un carácter ´socialista´ o solidario. A la burocracia la animó siempre un cálculo mercantil; algunos de los principales destinos de esas ´misiones´ son países árabes gobernados por califas. Estas ´misiones´ han sido denunciadas ante la ONU por trata de personas. No deja de ser cierto que esas ´misiones´ implicaron siempre una explotación de los profesionales de la salud; lo mismo ocurre con los salarios de empresas extranjeras en Cuba. El programa que había sellado Lula con el castrismo “pagaba 85% de los ingresos al gobierno, 10% a los médicos y 5% a la Organización Panamericana de la Salud” (ídem). Lula, en su vuelta al gobierno brasileño, ha declarado que no volverá a contratar a médicos cubanos. El ´servicio´ que tuvo el mayor salto en los últimos 10 años, como segunda fuente de ingreso de divisas, son las remesas del exilio cubano. Cuba se volvió ´remesa-dependiente´ de Miami. Buena parte de los negocios que se han abierto en Cuba son una especie de brazo comercial de la gusanera: los fondos que se giran o ingresan por diferentes vías a Cuba no contribuyen tan solo a sostener a familiares de los exiliados. Antes que la acción del Covid, las remesas habían sido afectadas por las sanciones de Trump. No obstante, se ha denunciado que el sistema de ´mulas´ que llevan dinero (y bienes también) a la Isla habría sorteado con holgura las restricciones. Ahora el gobierno cubano festeja el restablecimiento de los servicios de Western Union. La cuestión del partido A la luz del cuadro descripto es evidente que la burocracia castrista se encuentra acorralada y no evidencia capacidad de reacción. Esto pone en la agenda la necesidad de un partido obrero revolucionario en Cuba, que deberá, antes que nada, hacer un balance histórico de la Revolución y ofrecer un programa internacionalista, en el cuadro de la guerra de la Otan, que se extiende a Europa y Asia. El futuro de Cuba se librará en la arena de la revolución del subcontinente, por los Estados Unidos Socialistas de América Latina. LEER MÁS: El mito del socialismo en Cuba Por Juan León Ferrera (La Habana), Correo de Lectores, 08/11/2022. Nuevas movilizaciones en Cuba Por Joaquín Antúnez, 10/10/2022. Cuba: los apagones masivos Por Joaquín Antúnez, 26/07/2022. A un año del 11 de Julio. Comunicado de Comunistas Por Comunistas de Cuba, 11/07/2022. Cuba: libertad a los presos del 11J Por Joaquín Antúnez, 01/07/2022. Por qué hemos venido a la embajada de Cuba Discurso de Jorge Altamira en la manifestación de protesta por las condenas contra los manifestantes detenidos en la movilización del 11 de Julio del año pasado, 22/01/2022

22 de enero de 2023
Brasil: Lula destituye al comandante en jefe del Ejército

El general Julio César de Arruda fue destituido este sábado de su puesto al frente del Ejército brasileño. La decisión del presidente Lula da Silva fue tomada luego de dos reuniones que realizó con los comandantes de las tres fuerzas militares (Ejército, Marina y Aeronáutica) con posterioridad al asalto golpista del 8 de enero. En estas reuniones, Lula planteó que el alto mando procediera a una purga de militares bolsonaristas. Se encontró, sin embargo, con una resistencia del comandante del Ejército, designado por Bolsonaro y confirmado por el equipo de transición de Lula y, finalmente, por el mismo Presidente. A pesar de la probada componenda del alto mando militar con los golpistas, desde el 8 de enero Lula intentó evitar lo inevitable. La intransigencia de Arruda forzó su destitución al ratificar a un mando bolsonarista en un puesto clave como jefe de un batallón en el norte del país. Al nuevo comandante designado por Lula se le señalan la colaboración con el gobierno de Fernando Henrique Cardoso y la amistad con el vice de Lula, Gerardo Alckmin. Se alude menos, sin embargo, a su condición de colaborador de Edgardo Vilas Boas, el jefe del ejército que derrocó ‘parlamentariamente’ a Dilma Roussef y que forzó al Superior Tribunal Federal a dictar el encarcelamiento de Lula. Los medios califican la salida de Arruda como una “desmilitarización” del Estado. Del numeroso plantel de las Fuerzas Armadas, en retiro y activa, que pobló la administración Bolsonaro –unos seis mil militares–, se anunció el despido de 80 uniformados, que fuentes del ejército describen como una rotación de funciones. Según reveló el Washington Post, “cuando altos funcionarios de la administración Lula llegaron al cuartel general del Ejército el domingo por la noche con el objetivo de garantizar la detención de los insurgentes en el campamento, se encontraron frente a tanques y tres líneas militares” que les impidieron el paso. Conforme a distintas entrevistas realizadas a funcionarios del estado brasileño, Arruda le advirtió al ministro de Justicia, Flávio Dino, que “aquí no arrestarás a la gente”. Arruda, ratificado por Lula, fue asignado en el puesto por Bolsonaro días antes de que caducara su mandato. Con el paso de los días, las pruebas que se acumulaban acreditando el involucramiento del Ejército en el asalto golpista ya se habían vuelto abrumadoras. Desde un comienzo, la connivencia de las Fuerzas Armadas con los acampantes bolsonaristas en las puertas de los cuarteles eran largamente conocidas. La llegada de decenas de micros los días previos al asalto se llevaron a cabo a la luz del día y a la vista de las fuerzas represivas. En una reciente entrevista con GloboNews, el presidente de Brasil, Lula da Silva, se quejó de que ninguna de las numerosas agencias de inteligencia con que cuenta el Estado le advirtió acerca de los ataques. La interventora de Brasilia, la bolsonarista Cecilia Leao, designada por Tribunal Federal de Justicia (luego de la suspensión del gobernador electo Ibaneis Rocha por su complicidad con los golpistas), aseguró que el Ejército le impidió a su gobierno el desalojo de los acampantes que se encontraban en las puertas de los cuarteles reclamando un golpe. Un diputado bolsonarista, Carlos Victor de Carvalho, fue detenido acusado de haber financiado la asonada golpista. El abogado de Bolsonaro hizo una defensa acérrima del golpe del 8 de enero. En un texto emitido esta semana, aseguró que el asalto a Brasilia fue protagonizado por “movimientos sociales espontáneos realizados por la población”. La intransigencia de Arruda contra cualquier ofensiva anti-golpista se reveló con su negativa a anular el nombramiento de uno de los militares más allegados al ex presidente Jair Bolsonaro: el teniente coronel Mauro Cid. Este personaje fue un colaborador estrecho del gobierno de Bolsonaro y su nombramiento para el 1er Batallón de Acciones y Comandos, se haría efectiva en el mes de febrero. Cid es además investigado por la justicia por corrupción. Arruda se negó a anular su nombramiento y, según O Globo, aseguró que no aceptaría una orden de captura contra él. Arruda hizo que su destitución fuera inevitable. Algunos medios aseguran, sin embargo, que las destituciones de Lula, incluida la del jefe del Ejército, están lejos de una “desbolsonarización” de las Fuerzas Armadas. Entrevistada por los medios, la investigadora del Instituto de Ralaciones Internacionales y Defensa de la Universidad de Río de Janeiro, Adriana Marques, aseguró que las medidas “son insuficientes” debido al profundo arraigamiento del golpismo tanto en el ejército como en la policía brasileña. Con las destituciones realizadas hasta el momento, aseguró, “Lula no fue mucho más allá de lo previsto” y sostuvo que “las destituciones no han reducido la enorme autonomía que tienen los militares en Brasil, mucho mayor que en otras democracias”. El punto es que la llamada “desmilitarización” de Lula lleva a que los militares destituídos de ciertas funciones del Estado, al ser muchos de ellos militares activos, volverán a ocupar cargos en sus puestos originales en la Fuerzas Armadas. Los golpistas que Lula saca por la ventana entran por la puerta del Ejército. Es el caso del propio Cid, que, de no ser asignado a su nuevo puesto, seguirá fungiendo como teniente general del Ejército. Las Fuerzas Armadas tienen, además, una poderosa influencia en la elección de ministros, como es el caso del Ministro de Defensa, Flávio Dino. El golpismo en Brasil abarca, por otra parte, a numerosas instituciones y partidos brasileños, todos con fuertes lazos con el Ejército. Es el caso de la oficina de la Dirección de Seguridad Institucional (GSI, según sus siglas en portugués). Una investigación del diario Estadao reveló que el viernes anterior al ataque se había dado la orden de reforzar la seguridad de toda la zona del gobierno federal. Sin embargo, 20 horas antes del asalto, esa Dirección despidió por escrito al pelotón especializado de 36 hombres del Batallón Guardia Presidencial, que constituye la principal defensa en la zona. A la hora de los ataques del domingo, sólo existía una guardia normal, desprovista de los equipos adecuados. Un audio enviado por una de las asaltantes al Planalto explica cómo el Ejército alertó a los asaltantes acerca de cuándo debían retirarse para no ser atrapados por la intervención federal ordenada por Lula. Luego, en los mismos audios, relataba cómo el Ejército los “protegió y reguardó” en el Cuartel General de Brasilia. Los medios revelaron que una cantidad numerosa de los detenidos en la asonada golpista pertenecen a distintos partidos de la derecha asociados al bolsonarismo; muchos de ellos fueron candidatos para las últimas elecciones. El partido de Bolsonaro, el Partido Liberal (PL), aseguró que abrió procesos internos y que expulsará a los miembros que “comprobadamente” cometieron actos violentos. En los últimos días se produjeron expulsiones de afiliados en varios partidos como el PL, Ciudadanía, el PTB, Republicanos, PSD y PSDB. Sin embargo, el diario Folha de Sao Paulo aseguró que ninguno de los dirigentes de peso que tuvieron implicancias en la asonada golpista fueron sancionados, “ni siquiera los tres diputados electos que se convirtieron en objeto de una solicitud de investigación por parte de la Fiscalía General —André Fernandes (PL-Ceará), Clarissa Tércio (PP-Pernambuco) y Silvia Waiãpi (PL-Amapa)”. El diario destaca que “el Consejo de Ética de la Cámara tampoco recibió ninguna denuncia contra parlamentarios que hayan alentado actos extremistas”. Distintos parlamentarios del PT y otras fuerzas aliadas firmaron solicitudes para crear una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI). Sin embargo, el mismo Lula se ha bajado de esta posibilidad. En la entrevista con GloboNews, Lula explicó que la decisión recae en el Congreso, pero que, de ser consultado ante esta posibilidad, recomendará tanto a sus legisladores como al resto de las fuerzas que no apoyen una iniciativa de este tipo. Una líder opositora, la senadora Soraya Thronicke (União-MS), denunció en sus redes sociales la resistencia del gobierno de Lula a apoyar al CPI. Un día después de los atentados, los legisladores del PT habían presentado una solicitud para que se instalara en el Congreso una Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación integrada por diputados y senadores. Ahora, el propio líder de la bancada del PT, Zeca Dirceu, se bajó de la iniciativa, asegurando que “el Congreso necesita unidad ahora para enfrentar a los golpistas y terroristas”. Lula advierte la inconveniencia de una investigación parlamentaria controlada por una mayoría de derecha, y deposita sus expectativas en el Poder Judicial. En una reunión con los comandantes en jefe de las tres armas reclamó que las Fuerzas Armadas sancionaran a los cómplices de la conspiración golpista, en clara contradicción con la responsabilidad que les adjudicó en la entrevista de la red Globo. Los dirigentes del partido del Bolsonaro advirtieron que una comisión parlamentaria implicaría en la investigación del golpismo a los ministros de Justicia, Flávio Dino, y de Defensa, José Múcio, con vínculos con el alto mando, pero que gozan del firme respaldo de Lula. El diputado Evair Vieira de Melo (PP-ES) se encuentra recogiendo firmas en la cámara para establecer un CPI contra Flávio Dino. En la solicitud se destaca que el ministro tenía “un conocimiento previo y privilegiado” del ataque golpista. Los medios tampoco olvidaron de remarcar las conexiones de la ministra de Turismo, Daniela Carneiro, con las bandas narcos bolsonaristas de la Baixada Fluminense (Río de Janeiro). Por el momento, la responsabilidad de la investigación la tiene el Tribunal Superior de Justicia. El ministro del Tribunal, Alexandre de Moraes, ordenó la detención de Anderson Torres, ex Ministro de Justicia de Bolsonaro y encargado de la Secretaría de Seguridad Pública de Brasilia al momento de la asonada golpista. También determinó la detención del ex comandante de la Policía Militar del Distrito Federal, Fabio Augusto Vieira. Por otra parte, incluyó a Bolsonaro en la lista de investigados por el asalto del 8 de enero. El Tribunal Supremo ha sido el más activo en la tarea de desarticular las conspiraciones del bolsonarismo; esto luego de haber sido el que proscribió a Lula en 2018, bajo la presión del alto mando del Ejército. Algunos medios de comunicación han cuestionado la “extralimitación” del ministro Moraes, quien suspendió al gobernador de Brasilia, Rocha Ibaneis, lo cual fue calificado como una “medida inédita” por parte de la Justicia. “Es la primera vez que un magistrado aparta de su cargo a un jefe del Ejecutivo estatal sin una solicitud al efecto”, asegura la Folha de Sao Paulo. Moraes afirmó que la suspensión del gobernador “es necesaria para evitar que destruya pruebas”. Folha sostiene que “en la práctica, el respaldo de los demás magistrados del STF a la decisión de Moraes establece la jurisprudencia en el tribunal de que cualquier ministro puede, solo y sin ser provocado, apartar de su cargo a un gobernador elegido por la mayoría de la población de una unidad de la federación”. Los dos miembros que fueron nombrados por Bolsonaro se pronunciaron en contra de las decisiones de Moraes. La crisis política está más abierta que nunca, cuando aún no se ha cumplido el mes de la asunción de la Lula. El golpe que no fructificó el 8 de enero se tomó, sin embargo, su revancha en la reciente semana. El empresario Paulo Skaf, un bolsonarista, reunió un números elevado de votos para destituir al presidente Alencar de la Federación de Industriales de Sao Paulo – un lulista, hijo del fallecido vicepresidente de Lula, José Alencar, un empresario textil, abiertamente de derecha. LEER MÁS: Golpe en Brasil: el operativo encubrimiento Por El Be, 10/01/2023. La “marcha sobre Brasilia” y las fuerzas armadas Por Jorge Altamira, 09/01/2023. El Capitolio brasileño, solamente el comienzo Por Marcelo Ramal, 08/01/2023. Golpe trumpista en Brasil Declaración de Política Obrera, 08/01/2023.

22 de enero de 2023
Gran Bretaña: un gobierno débil lanzado a ilegalizar las huelgas

Las huelgas en Gran Bretaña están en crecimiento; se extiende de los servicios a la industria. Un 70% de la población, de acuerdo a los sondeos, apoya los reclamos salariales. La burocracia sindical ha intentado el aislamiento de las huelgas entre si. Mediante paros parciales y huelgas esporádicas. Persiste en combatir una coordinación de las huelgas y el llamado a una huelga general, incluso luego de haber verificado que el gobierno no da el brazo a torcer en el rechazo a las reivindicaciones. El Financial Times ha hecho una propuesta grotesca para conciliar los intereses en conflicto: adoptar el techo salarial del gobierno, acompañado de bonos. Argentina es una fuente de inspiración para el capital financiero internacional. El gobierno busca sancionar una Ley de Niveles Mínimos de Servicio (MSL, por sus siglas en inglés) para los sectores considerados “estratégicos” como la salud, la educación, el transporte, las guardias fronterizas y la energía. El proyecto habilita una acción judicial de las patronales contra quienes se declaren en huelga los sectores señalados. El paquete incluye la suba de las multas a los sindicatos que realicen huelgas 'ilegales' a un millón de libras esterlinas. Además, la notificación de acciones sindicales se extiende a 14 días y reducir el límite de seis meses para las huelgas votadas en los respectivos referendos. De igual manera, se pretende aumentar el mínimo de votos exigido a los sindicatos para considerar aprobadas las consultas para huelgas. El pasado 17/01, la Cámara de los Comunes ha dado el visto bueno a este proyecto anti-huelgas con 309 votos a favor y 249 en contra. La votación fue desafiada por una movilización de miles de personas a las puertas del parlamento. La burocracia sindical pretende dirimir el conflicto en sede judicial. Así lo ha anunciado el nuevo secretario general del Congreso de Sindicatos (TUC, en inglés), Paul Nowak. La burocracia se rehúsa a plantear la derogación de la ley que prohíbe las huelgas de solidaridad implementadas bajo el gobierno de Margaret Thatcher, y que luego el gobierno laborista no cuestionó. El nuevo gobierno de Sunak no ha logrado estabilizarse ni podrá hacerlo mientras exista un movimiento de huelgas tan extendido. Pat Cullen, secretaria general de las enfermeras, ha reempalzado la consigna de “aumento 5% por encima de la inflación”, por otro del 10%, que no iguala la inflación acumulada, menos aún compensa toda la pérdida salarial de los últimos meses. Como en Argentina, de nuevo, cuando la burocracia y el peronismo llamaron a esperar a las elecciones de 2019, para conseguir las reivindicaciones, la burocracia de los sindicatos de Gran Bretaña ha recogido el planteo de luchar por “un gobierno laborista”, para cuando venza el mandato del parlamento actual, en dos años. El laborismo es conciente de que el Reino Unido atraviesa una situación explosiva y que debe respaldar la guerra de la Otan en el continente. Incluso con un gobierno de la derecha del partido conservador, desarrolla una política de unidad nacional de facto, que pasa por sobre todo por liquidar el ascenso huelguístico. Pero la guerra misma ha agravado las condiciones sociales de las masas, afectadas por una carestía creciente – en particular el aumento de los alquileres y las tarifas de energía – y por el derrumbe del sistema de salud. El ajuste a la Thatcher, o sea la política a favor de la City de Londres, ha provocado un retroceso descomunal de la industria, de las diversas naciones del Reino y de las masas. Lo que queda por delante es el desarrollo de una situación prerrevolucionaria. LEER MÁS: Grandes huelgas de la Salud en España y Reino Unido Por Mauri Colón, 19/01/2023. Reino Unido: avanza el calendario de huelgas Por Joaquín Antúnez, 24/12/2022. Gran Bretaña en estado de huelga general Por Joaquín Antúnez, 19/12/2022.

22 de enero de 2023
Viva la lucha de los trabajadores franceses contra la reforma jubilatoria de Emmanuel Macron

Más de 1 millón de trabajadores, según el Ministerio del Interior, y 2 millones, según los organizadores, ganaron las calles en toda Francia desde el centro de París hasta ciudades como Burdeos, Toulouse, Marsella y Nantes en contra de la reforma previsional del Gobierno de Emmanuel Macron. El martes 10 de enero, la primera ministra de Francia Elisabeth Borne presentó un proyecto de ley sobre jubilaciones cuyo eje central es la elevación de la edad para jubilarse de 62 a 64 años. Además de los 43 años de aportes necesarios para acceder al beneficio. Esta reforma es una medida clave que el gobierno de Emmanuel Macron prometió en su campaña en abril, después de quedar en el intento sus pretensiones de reforma previsional ante la aparición del covid-19 en el 2020. Por primera vez después de una década, un conjunto de sindicatos que van desde la izquierda francesa más tradicional hasta sectores centristas, acordaron medidas en conjunto contra una reforma del gobierno. La presión de las bases se hizo sentir fuermentente. Un 68% de la población se pronunció en contra de esta reforma y un 58% apoya el movimiento huelguístico. Más de 200 ciudades se movilizaron en esta histórica jornada. El trabajador francés aún tiene en su imaginario colectivo la triunfante huelga de 1995 contra la reforma previsional del gobierno conservador de Jacques Chirac cuando, durante 3 semanas, los trabajadores paralizaron el país y lograron torcerle el brazo al gobierno. El panorama es una muestra clara del gran descontento del conjunto de la población. Los trenes y el metro paralizados, las escuelas con aulas vacías con un acatamiento al paro mayor al 70%, el sector de la salud y trabajadores de la energía que sumaron su apoyo, varias cadenas de comunicación apoyaron la protesta trasmitiendo solo música. Los controladores aéreos aportaron también a la jornada. Organizaciones juveniles y estudiantiles sumaron su solidaridad a la lucha con sus banderas. La respuesta de Macron, desde España, donde participaba de una cumbre bilateral, fue que la reforma seguirá adelante pese al disgusto popular. Los sindicatos anunciaron la continuidad de las movilizaciones y el llamado a una nueva medida, aunque ésta fue convocada recién para el 31 de enero. Es la misma política de desgaste que lleva adelante la burocracia sindical en todo Europa. La huelga general es escamoteada por la burocracia francesa, aunque los trabajadores ganarán nuevamente las calles en la fecha fijada del próximo paro. La conciencia de los trabajadores franceses es una muestra cabal de que el ataque a la jubilación es un ataque contra el conjunto de la clase obrera y de cuáles son los métodos para enfrentarla. La orientación del capitalismo en todo el mundo es convertir a las jubilaciones en una miserable pensión a la vejez. La lucha de los trabajadores franceses es nuestra lucha. El triunfo contra la reforma previsional en Francia es un triunfo para todos los trabajadores del mundo entero. LEER MÁS: Francia: el desafío de una huelga indefinida contra la reforma previsional Por Joaquín Antúnez, 20/01/2023.

22 de enero de 2023
Hospital Posadas: asamblea vota paro de 72 hs

El paro de 48 hs del martes 17 y miércoles 18 de enero en el Hospital Posadas fue ampliamente acatado a pesar de los aprietes por parte de la dirección del hospital. El paro había sido votado en asamblea a raíz del vencimiento de la conciliación obligatoria y luego de no recibir ningún tipo de respuesta del gobierno por sus reclamos. Los trabajadores llevan más de tres meses de lucha, con paros, movilizaciones, asambleas y cortes. Reclaman una recomposición salarial del 100% y un rechazo al acuerdo pactado por el gobierno con los gremios de ATE y UPCN. Las jornadas de paro comenzaron el martes con una concentración en el Hall central del hospital. Más tarde los trabajadores recorrieron las instalaciones para comentar sobre las medidas votadas en asamblea. El día miércoles 18 de enero se llevó adelante una nueva asamblea para delinear los pasos a seguir. Con el fin de socavar la huelga, esa dirección había anunciado servicios "esenciales" como forma de amenaza contra los trabajadores. Pegaron carteles en el sector donde fichan los trabajadores bajo la advertencia de que todo aquel que pertenezca a esos servicios corrían el riesgo de ser sancionado. También exigieron los datos de los trabajadores que se adherían a la huelga. Por su parte, las autoridades nacionales también aplicaron métodos extorsivos contra los trabajadores. La política de amedrentamiento no funcionó. La asamblea de trabajadores del hospital Posadas votó por unanimidad una nueva huelga por 72 horas para la semana que viene - 24, 25 y 26 de enero- ante "la ausencia absoluta de respuesta de las autoridades nacionales" (sic). Ante está situación, la federación sanitaria de la CTA, Fesprosa, CICOP y el Sindicato de Trabajadores de la Salud, se vieron obligados a convocar a paros parciales. Los trabajadores del Posadas siguen exigiendo por la recomposición salarial del 100%, el pase a planta de los contratados y monotributistas, que representan el 85% del Hospital, licencias por estrés, por las recategorizaciones en tiempo y forma, y un bono de 100 mil pesos frente al bono miserable de 30 mil pesos otorgado. Ante un cuadro de bancarrota financiera del Estado y la disposición del gobierno de avanzar con los planes de ajuste del FMI mediante devaluación, tarifazos y recorte presupuestario, las condiciones de vida de la clase trabajadora se agravan. La lucha de los trabajadores del Posadas, iniciada hace tres meses atrás por aumento salarial del 100%, por las recategorizaciones y el pedido de pase a planta permanente, se desarrolla en un escenario político y social agitado, atravesado por distintas luchas como la huelga indefinida en Tucumán y la huelga de salud en Chubut. Una vez más queda expresado que la marea blanca no cesa. LEER MÁS: Hospital Posadas: los trabajadores vuelven a parar Por Camila Alanis, 17/01/2023.

22 de enero de 2023
La CELAC en un continente explosivo

La Comunidad Latinoamericana y del Caribe (CELAC) fue concebida hace tres décadas para hacer un contrapeso a la Organización de Estados Americanos (OEA). Forma parte de la retórica de la Patria Grande, que denuncia a la OEA como el "ministerio de colonias" de Estados Unidos, sin dejar de formar parte de ella. Integra una amplia constelación de agrupamientos regionales, en el marco de la ONU y fuera de ella, para moderar las crisis internacionales cada vez más intensas que ocasiona la declinación y la agresividad del capital financiero internacional y de los Estados imperialistas. Al lado de la CELAC conviven la UNASUR, el bloque andino, la Comunidad Centroamericana y el Mercosur. Una novedad poderosa fue la creación del BRICS entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, al cual quiere adherir Argentina. Introdujo en la diplomacia latinoamericana a los dos Estados que confrontan con la OTAN la guerra internacional en desarrollo. El acta de bautismo de este pseudo latinoamericanismo, que no rompe con la OEA, fue la guerra librada por el gobierno de Ronald Reagan contra Nicaragua y contra la insurgencia salvadoreña. La mediación de un grupo de países de América Latina, encabezada por Raúl Alfonsín, puso de manifiesto la declinación de la hegemonía norteamericana en la región, en paralelo al final de las dictaduras militares. El propósito del bloque latinoamericano no fue, de ningún modo, confrontar con Estados Unidos, sino iniciar una ‘normalización’ política que reintegrara a Cuba al orden político de la región. En la CELAC se encuentra Cuba, excluida de la OEA en 1962. Esto da inicio a una larga temporada diplomática para levantar el bloqueo de EE. UU. a Cuba, en la que participaron dos Papas, y en la reapertura de relaciones diplomáticas entre los dos países, bajo el gobierno de Obama. Los objetivos estratégicos de la CELAC han fracasado en forma notoria e irreversible, pues al bloqueo contra Cuba, nunca levantado por Obama y reforzado por Trump, se han añadido las sanciones a Venezuela, incluida la confiscación de sus reservas de oro, y las sanciones contra Nicaragua. El régimen de Ortega, convertido en modelo ejemplar de la gran empresa y de Estados Unidos en la primera década del siglo, pasó a la condición de paria internacional, a partir del intento de abrir una interconexión entre Atlántico y Pacífico, por medio de inversiones de China y de la feroz confiscación de tierras campesinas que implicaba esa potencial ruta interoceánica. El latinoamericanismo tuvo su momento de fama bajo el gobierno de Hugo Chávez, cuando los precios internacionales de las materias primas agricolas y mineras alcanzaron niveles nunca vistos. La caja resultante fomentó la alianza Chávez-Kirchner-Lula-Correa-Evo-Raúl Castro, que se convirtió con el tiempo en una diplomacia de camarillas. La reversión de esos procesos, uno por uno, dejó en jirones ese nacionalismo continental. El gran proyecto de un gasoducto latinoamericano nunca vio la luz, pero en cambio prosperaron los negociados de infraestructura de la brasileña Odebrecht, impulsados por Lula, el PT y Petrobras bajo el paraguas de la UNASUR. Las enormes estafas denunciadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos desataron la conocida persecución judicial de sus responsables, que se quejaron de sufrir un “lawfare”. La UNASUR se tomó unas vacaciones sabáticas. El latinoamericanismo es presentado como una política de autonomía nacional, pero, en primer lugar, dentro de límites muy estrechos; la proyección internacional de ciertas empresas mexicanas o brasileñas ha retrocedido considerablemente. América Latina es una entidad política acogotada por la deuda pública en poder de BlackRock, Pimco, Templeton o Gramercy. El “gran hermano” no es otro que el FMI. De otro lado, el propósito de neutralizar a la Revolución Cubana por vía diplomática y comercial, o sea, abrirla a la inversión extranjera, equivale a hacer de este lado del globo lo hecho en la ex Unión Soviética y China. Lo mismo ocurre con las revoluciones centroamericanas del último cuarto del siglo pasado. Apunta, en definitiva, a borrar la tradición revolucionaria y doblegar políticamente a las masas, para asegurar que sean furgones de cola de las burguesías nacionales. La derecha latinoamericana, a su modo, ha adherido a estos planteos, por eso estará en pleno en la reunión que se inicia el lunes en Buenos Aires. El escenario de esta reunión está completamente fragmentado. El fracaso político-militar de Bolsonaro, en Brasil; el de Piñera, en Chile, que conoció la mayor rebelión popular de su historia; el del uribismo colombiano, luego de una huelga general intermitente a lo largo de 2020 y, finalmente, el fracaso del golpe bolsonarista en Bolivia, en 2021: todo esto representa una fisura estratégica en el control de América Latina por parte del imperialismo y las burguesías nacionales. El golpe militar que destituyó al peruano Pedro Castillo ha tenido una respuesta diversa de parte del otrora bloque bolivariano. López Obrador, el boliviano Arce, Alberto Fernández y Gustavo Petro denuncian ese golpe y reclaman un salvoconducto para Castillo; Lula, en cambio, saluda la preservación de la continuidad constitucional, o sea, el golpe. El conjunto de los Estados latinoamericanos enfrenta un escenario de default del cual no escapa, en última instancia, Estados Unidos, cuya deuda pública ha crecido exponencialmente como consecuencia de los rescates que ha emprendido para responder a la ola de quiebras en 2008 y la pandemia. Las contradicciones de la CELAC la condenan la inanidad. La cuestión de la guerra imperialista en Europa es un condicionante decisivo. La jefa del Pentagóno para el Cono Sur, la generala Richardson (conocida de los Fernández), ha declarado, en las vísperas, que China es el enemigo a abatir en América Latina. El mismo Pentágono ha reclamado que el armamento soviético y ruso que se encuentra en los arsenales latinoamericanos, por ejemplo Venezuela, Ecuador, posiblemente Bolivia, sea entregado a Ucrania a cambio de la recepción de armamento norteamericano. China, por el contrario, ha desplazado a Estados Unidos en la macroeconomía de la región. Varios países se han inscripto en el programa de la Ruta de la Seda, incluido el conservador Uruguay. Un acuerdo comercial del Mercosur con la Unión Europea habilitaría a otro rival de Estados Unidos y favorecería la política de China de acuerdos con la UE y especialmente con Alemania. Las burguesías latinoamericanas se encuentran escindidas entre proyanquis y prochinas en forma manifiesta. Es el gran punto de enfrentamiento de López Obrador y Biden. Un retorno republicano al gobierno de Estados Unidos acentuaría estos choques. La prensa confunde una reunión cruzada por conflictos internacionales y, por lo tanto, condenada a un fracaso, con un encuentro anodino. Estos conflictos parten al gobierno argentino en dos: la embajada norteamericana ha entronizado a Massa en el ministerio de Economía, bajo la tutela del FMI, con el apoyo de las automotrices y Techint, mientras los Fernández alientan inversiones chinas, anuncian el ingreso a la Ruta de la Seda, quieren ingresar en el BRIC y han convertido en préstamo una operación bancaria de pase con el Banco Central de la República Popular China. La CELAC no reúne condiciones ni capacidad para estabilizar la convulsiva situación latinoamericana. Biden la presiona para que repita la formación de una fuerza militar para ‘pacificar’ la explosiva situación de Haití, como lo había logrado Clinton en el pasado, para poner fin al gobierno popular de Arístide. De esa Minustah salieron el bolsonarista Augusto Heleno, comandante en jefe, y el recién designado comandante del Ejército brasileño, general Fava. Se trata de una política para devolver a las Fuerzas Armadas la capacidad de arbitraje frente a situaciones revolucionarias. Frente a esta incuestionable crisis geopolítica de régimen, la acumulación de fuerzas revolucionarias procede con lentitud. Esto ofrece espacios para transiciones políticas contradictorias. Las bases de la conciliación de clases, ya sea ‘democrática’ o ‘nacionalista’, se desintegran sin retorno. LEER MÁS: El Culebrón de las Américas Por Jorge Altamira, 31/05/2022. Bajo la tutela del Departamento de Estado: Fernández llama a retomar las relaciones con Maduro Por Javiera Sarraz, 24/04/2022. El presidente de la CELAC vota con Estados Unidos en la OEA Por Federico Fernández, 20/01/2022.

23 de enero de 2023
Las implicancias políticas del fracaso de recompra de deuda por parte de Massa

El anuncio de la recompra de bonos de la deuda externa de Argentina, por parte de Massa, desembocó en un fracaso de alto alcance político. No logró detener la desvalorización del peso en los mercados paralelos del dólar, e incluso fue seguido por una caída de la cotización de esa deuda. Para peor, enseguida se advirtió que pudo haber sido una maniobra conocida como “información privilegiada”, cuando quedó en evidencia que el día anterior al anuncio hubo una desmedida compra de los bonos que Massa quería hacer subir. Massa tampoco cumplió con la regla de manejar la operación con reserva -al revés, la hizo ostensiblemente pública- para que el Estado no sufriera un perjuicio con la compra de esos bonos. También se podría calificar, benévolamente, como una torpeza, anunciar una operación destinada a ganar la confianza de los gestores de deuda, cuando las entidades empresarias de mayor peso se encuentran denunciando al gobierno por violación del estado de derecho en el caso del juicio ‘interrupto’ a la Corte. Las recompras de deuda no se anuncian para evitar que los dueños de esa deuda y quienes operan en el mercado de deuda impulsen una suba en beneficio propio. Lo que en otras épocas y en otros países podría ocasionar la remoción del ministro de Economía y del directorio del Banco Central, en Argentina provocaría, en la actualidad, un desbande financiero. Es que Massa se ha hecho cargo del gobierno efectivo del país, en tanto la cotización del peso y la inflación son los combustibles más fogosos de una crisis política final. La gobernanza a cargo de un ministro es una manifestación extrema de la precariedad de un régimen político. Los tejes y manejes de los Fernández en el campo electoral o incluso en la diplomacia -caso CELAC- se encuentran subordinados a la capacidad de Massa de timonear la crisis. El FMI y el Tesoro norteamericano no reconocen como gobierno efectivo a los miembros del Poder Ejecutivo, sino que tramitan directamente en el Ministerio de Economía y el Banco Central. Lo mismo ocurre con los acreedores del Estado y los fondos especulativos. Algo como esto ocurrió con Cavallo en el gobierno de De la Rúa, no en el de Menem. Menem sobrevivió a la dimisión de Cavallo, en cambio De la Rúa lo siguió de inmediato en la fuga. Los mantos protectores de Massa, como el FMI, el Tesoro de USA y los fondos, como tampoco los solares, no cubren todo el cuerpo. La fuga de los tenedores de pesos hacia el dólar es continua. Una parte de ella ha sido destinada a la compra de bonos de la deuda externa –una forma de convertir pesos en dólares-. Han sido animados a ello por una maniobra siniestra de ANSES, que consiste en hacer lo mismo, pero para vender luego esos bonos e intentar contener la fuga de capitales. La plata que pierde ANSES es de los jubilados y los contribuyentes. La otra forma de fuga (comprar bonos y también acciones para revenderlos en las plazas extranjeras) fomenta en forma directa la desvalorización del peso. El Banco Central está llenando su cartera con títulos de la deuda pública en pesos, financiando de ese modo la corrida cambiaria. No se advierte, sin embargo, el diseño político de esta fuga, que por un lado podría ser la de forzar a Massa a proceder a un ajuste cambiario antes de lo que querría el ministro y su gente. Los condicionamientos electorales de Argentina compiten desfavorablemente con los ritmos más apresurados de la guerra internacional de la OTAN, que exigen un alineamiento más contundente de la periferia de la guerra contra Rusia. El choque entre Estados Unidos y Alemania por la provisión de tanques Leopard 2 es una señal de que la guerra entrará en una fase de confrontación de mayor alcance. Elon Musk no habla por hablar cuando advierte a la OTAN que no ataque la península de Crimea. Una amortización política adelantada de Massa abriría una corta posibilidad al cristinismo para intentar un “17 de Octubre” más módico que el del 45. Es lo que presume el llamado a una manifestación multitudinaria para el 24 de Marzo. La zancadilla golpista al peruano Castillo y el asalto a Brasilia -por parte de una fracción considerable de las Fuerzas Armadas-son un patrón de medida para Argentina. En Perú se desarrolla una insurrección indígena-campesina y en Brasil una purga de alcances políticos inciertos en el Ejército. El cotejo con las naciones vecinas puede servir para medir los alcances políticos de una nueva corrida cambiaria. No solamente el gobierno, sino toda una corriente del macrismo señala que, en contrapartida a todo esto, la economía crece y el empleo también. Las ganancias empresariales son altas, como consecuencia de una caída enorme del salario y del crecimiento inaudito del trabajo en negro. La inflación acicatea las ganancias por el remarcamiento de precios y el subsidio a las importaciones. La guerra ha creado una crisis de materias primas y elevado los precios. Estos elementos, sin embargo, no atenúan la crisis inflacionaria, sino que la agudizan. Es que la explotación de estas condiciones ventajosas para los negocios capitalistas plantean la necesidad de una normalización de la situación macroeconómica: devaluación y mercado único de cambios; dolarización de los precios; ajuste fiscal; consolidación de los bajos salarios y la precariedad laboral y eliminación de la carga previsional del Estado. Impuesta esta política, los resultados no deben ser necesariamente los esperados. Salvo una militarización de la economía de los países desarrollados y China y Rusia, el conjunto de la economía mundial enfrenta un desequilibrio económico explosivo, como consecuencia del endeudamiento ficticio promovido por la crisis de 2007/8 y 2010/12 y por el colapso laboral y financiero debido a la pandemia y, ahora, por la financiación de la guerra. En todo caso, la tentativa de ‘normalizar’ la economía argentina pasará por un estallido financiero de grandes proporciones y por un agravamiento aun mayor de las condiciones de las grandes masas del pueblo. La supervivencia del capitalismo transita por electroshocks cada vez más intensos. LEER MÁS: Massa frente a otra corrida cambiaria Por Jorge Altamira, 19/01/2023. Adónde va el plan "aguante" de Massa y CFK Por Jorge Altamira, 23/11/2022.

23 de enero de 2023
Revisión paritaria de Comercio: Cavalieri no dice la verdad

La burocracia del sindicato de Empleados de Comercio ha largado una campaña promocionando y festejando que obtuvo en su última revisión un aumento anual del 101 %, lo que empataría e incluso superaría a la inflación anual. La propia ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos (llamativamente presente en la firma de revisión paritaria) ha tomado como ejemplo a seguir el acuerdo entre Cavalleri y CAME, CAC, FAECIT y UDECA. Esta sola declaración amerita analizar qué hay detrás de este acuerdo que tanto satisface al gobierno. En primer lugar, el acuerdo establece un aumento global para los empleados de comercio del 82,4 %, 19 puntos por detrás de la inflación. La información del 101 % declarado por la burocracia de comercio no es cierta, porque para llegar a ese 101 % incluye adicionales como el presentismo, que representa el 8,33 % del básico. Todos los trabajadores saben que la condición para cobrarlo es la asistencia “perfecta”. No se debe faltar nunca pues si se falta aunque sea un solo día se elimina el 100 % del presentismo. Además de esta pérdida salarial para los empleados de comercio hay que destacar que en este aumento anual la burocracia les otorgó a todas las Cámaras patronales concesiones increíbles. Este 82,4 % anual está desglosado en la friolera de nueve cuotas. El primer tramo las patronales lo pagaron en siete cómodas cuotas hasta alcanzar el 59,5 %. La revisión firmada incorpora dos cuotas más, a saber, 13 % en febrero y 9 % en marzo, que completan ese 82,4 %. Cavalieri no publicita la letra chica del acta, pero hay que señalar que el 59,5 % otorgado durante el primer tramo de la paritaria continuará siendo de carácter ´no remunerativo´ hasta abril de 2023. Significa que todos los adicionales percibidos -tanto por presentismo como las especialidades de cajeros, vidrieras, chóferes o trabajadores de zonas desfavorables- no son incluidos en la proporcionalidad del sueldo anual complementario. Es decir que el 59 % de aumento global del primer tramo no se tomará en cuenta a los efectos del pago del aguinaldo 2023. Resta por ver qué ocurrirá con la revisión. La paritaria de Comercio, en un año, habrá licuado los sueldos de los empleados de comercio. El convenio de Comercio es un “buque insigna” de la flexibilidad laboral. Lo usan hoy las patronales de las terminales portuarias y las de las cosechadoras agrícolas, por las ventajas que les da las jornadas discontinuas; como así de toda industria y comercio que necesite discontinuar en horas su actividad o trabajar el domingo. El sueldo básico de los empleados de comercio está aún muy lejos de la canasta familiar. La burocracia pretende hacer pasar los adicionales como parte de los nuevos acuerdos. Lo que se tiene en materia de especialidades son conquistas históricas como la antigüedad, el reconocimiento de las “zonas desfavorables”, el adicional a los cajeros -quienes sufren la brutal presión del manejo del dinero-. Hay que erradicar definitivamente el premio al presentismo –que el 8,33 % sea incorporado directamente al básico, solo así quedaría a las claras el verdadero sueldo de los trabajadores. El 101 % de Cavalieri es una impostura. LEER MÁS: Comercio: Un convenio bien abajo de la inflación Por Pablo Busch, 20/01/2023. Massa y la burocracia sindical, juntos en la demolición del salario Por Marcelo Ramal, 12/01/2023. Comercio: el bono de fin de año agitó las aguas Por Carmen Álvarez, 09/01/2023. Inflación “en descenso”, una operación politica contra los salarios y jubilaciones Por Marcelo Ramal, 17/12/2022. Comercio: por la reapertura inmediata de paritarias y un salario básico igual a la canasta familiar Por Bruno Díaz (Combativos Mercantiles), 11/11/2022. Revisión paritaria en Comercio: mucho ruido y nada de aumento. Por Carmen Álvarez, 21/08/2022. Comercio: un acuerdo paritario oprobioso Por Olga Céspedes, 23/04/2022.

23 de enero de 2023
Ucrania: comienza la campaña de invierno

La guerra en Ucrania se encuentra a mitad de la campaña invernal. Desde hace unos días las temperaturas se elevaron y el suelo se descongeló. Hasta que estas bajen y el suelo se vuelva a congelar, nos encontraremos en una suerte de pausa operacional. Tanto para Ucrania como para Rusia, la temporada de invierno da una oportunidad de emprender operaciones ofensivas limitadas, con el objetivo para cada uno de mejorar sus posiciones tácticas de cara a la próxima primavera, cuando el suelo presentará condiciones ideales para grandes movimientos durante varios meses. Ambos bandos especulan con poder realizar grandes operaciones decisivas, pero lograr o no los objetivos tácticos del invierno puede facilitar o dificultar sus posibilidades de ello. Desde que el Gral. Surovikin asumió el mando de la totalidad de las fuerzas actuando en Ucrania, efectivamente logró estabilizar todos los frentes donde los ucranianos estaban llevando a cabo ofensivas el año pasado. Puso la cara para una retirada de la ribera occidental del río Dnieper, cediendo la ciudad de Jersón, pero como era ampliamente previsible, los ucranianos no fueron capaces de proseguir esa operación a través del río. En el norte de la región de Lugansk (esto es, al norte del río Donetsk), los ucranianos estaban continuando la ofensiva que comenzaron en Járkov, lograron hacerse de las ciudades de Izium y Liman (garantizando el flanco norte de las aún más importantes Slaviansk-Kramatorsk), pero los rusos se compactaron en una línea defensiva que corre de norte a sur, sobre la ruta que conecta las ciudades de Troitske, Svatove y Kremminna. La ´línea Svatove´ protege las rutas logísticas y el flanco norte de la ciudad capital de Lugansk; si los ucranianos hubiesen podido atravesar esta línea, de cara a la primavera se estarían encontrando con chances reales de sitiar la ciudad y avanzar por el sector norte del Donbass. No obstante, después de varios meses de intentos y muchas bajas, los rusos le quitaron a los ucranianos la iniciativa en este frente y son ellos los que contraatacan y se hacen de poblados, empujando a los segundos hacia el oeste. El empuje ruso bien puede tener el objetivo de recuperar las ciudades de Liman, Krupianks y en última instancia, Izyum, revirtiendo los avances ucranianos de finales del año pasado. En el óblast de Zaporiyia, los ucranianos evidentemente tuvieron que abortar por el momento la ofensiva en dirección del Mar de Azov, hacia ciudades costeras como Melitopol y Berdyansk. Ya habíamos escrito que esta ofensiva era la que más peligros presentaba para los rusos y de allí que priorizaron la defensa de este frente por sobre Jersón o Járkov. De haber tenido éxito, los ucranianos habrían podido cortar el puente terrestre a Crimea y aislar a las fuerzas rusas en Jersón y la península. La concentración de unidades rusas disuadió a los ucranianos y desde entonces los rusos han reforzado a sus unidades con reservistas movilizados y construido grandes líneas de fortificaciones y trincheras en profundidad, haciendo las chances de éxito ucranianas aún más pequeñas. La construcción de líneas defensivas es algo que los rusos continuaron y conectaron prácticamente en todos los frentes, estas incluso continúan hacia el óblast ruso de Belgorod. Evidentemente, no quieren correr ningún riesgo. Por último, en el frente del Donbass (esto es, la mayor parte de la región de Lugansk y Donetsk), los ucranianos no lograron detener el avance lento pero metódico de los rusos. Están a la ofensiva en todos los sectores del frente, desde Vugledar hasta Siversk. Particularmente en este frente, en las últimas semanas destacan los avances en el asalto hacia la ciudad de Bajmut. La importancia de esta ciudad y las implicancias operacionales de una toma rusa no pueden ser exageradas. Por su posición con respecto a las rutas que conectan con otras ciudades del frente y la retaguardia, Bahamut es considerada como la ´llave del Donbass´, su captura por parte de los rusos prácticamente condena a la actual línea defensiva ucraniana a un colapso. Los rusos llevan varios meses asaltando Bahamut, son las fuerzas de mercenarios del Wagner Group las encargadas de la tarea, para lo cual están utilizando de manera extensa los prisioneros reclutados hace unos meses. Se estima que el Wagner Group tiene una fuerza total de hasta 50.000 combatientes. Los rusos, al mismo tiempo que aplican presión frontal sobre la ciudad (lo cual acarrea grandes pérdidas de personal), todas estas semanas estuvieron tomando otros poblados que rodean a la misma, con la finalidad de cortar todas las vías de suministro y abrir más ángulos de ataque. Los propios ucranianos admiten estar sufriendo más pérdidas que los atacantes en la ciudad y sus alrededores. El valor de la ciudad y el empeoramiento de la situación a diario han forzado al mando ucraniano a rotar varias veces en poco tiempo las unidades apostadas en la zona y aumentar el número total. Para ello tuvieron que desviar unidades y equipo que habían concentrado para atacar en Zaporiyia y en la línea Svatove, lo cual explica la pérdida de iniciativa en ambos frentes. Un hito reciente en el ataque ruso contra Bajmut ha sido la toma de la ciudad minera de Soledar. Esta ciudad se encuentra a medio camino entre Bajmut (al sur) y SIversk (al norte). Esta línea defensiva era la mejor posición que tenían los ucranianos para detener la marcha de los rusos hacia la zona de Slaviansk-Kramatorsk y el último circuito urbano del Donbass. La línea Siversk-Bajmut ha sido cortada y es posible que los rusos tomen Siversk antes que Bajmut y procedan hacia el último rincón urbano importante del Donbass. No obstante, a pesar del significado político, este triunfo tiene implicancias limitadas con respecto a la marcha general de la guerra. Los ucranianos siguen movilizando población y la OTAN la sigue aprovisionando. Para terminar la guerra los rusos necesariamente tendrán que ampliar aún más sus operaciones y la dirigencia política y el mando militar han estado dando señales en ese sentido. Los rusos, en un movimiento un tanto sorpresivo, volvieron a realizar cambios en el comando de sus operaciones militares en Ucrania. Recordemos que recién en septiembre del año pasado los rusos formaron un comando unificado para sus fuerzas en la guerra, encabezado por el “General Armagedón” Surovikin. La novedad es que este último ha sido reemplazado en sus funciones en Ucrania por el Gral. Valeri Gerasimov, quien ya era Jefe del Estado Mayor ruso y Viceministro de Defensa, o sea, el único militar que supera en rango al propio Surovikin. A Gerasimov se le atribuye la responsabilidad por las reformas militares durante la última década y es considerado en gran estima. Su análogo ucraniano (y discípulo en épocas soviéticas), el Gral. Zaluzhny, lo ha elogiado públicamente en más de una ocasión además de asegurar haber estudiado detenidamente todo su trabajo teórico. Surovikin no ha sido despedido ni degradado, continuará como máximo responsable de las operaciones aéreas en el país invadido mientras que el Gral. Oleg Salyukov asume el mando superior de las unidades terrestres. Fuera del comando formado para las fuerzas en Ucrania, los mismos tres generales (entre otros) ya trabajan juntos en las mismas funciones análogas dentro del Estado Mayor ruso desde hace años. Esta reorganización del mando operacional sugiere que los rusos se preparan para volver a conducir grandes maniobras ofensivas, probablemente pasada la ´temporada del barro´, ya entrada la primavera en marzo o abril. Paralelamente, hasta el propio mando militar norteamericano reconoce que los rusos han movilizado efectivamente una cantidad cercana a la declarada (New York Post, 20/1). Estamos hablando de alrededor de 300.000 reservistas. Para equipar tal cantidad y reemplazar los equipos perdidos en combate, los rusos han movilizado a su industria militar y ampliado el output productivo entre un 30 y un 50 %, las metas para este año son superiores. En una reciente conferencia en el Ministerio de Defensa en diciembre, tanto Putin como Shoigu han expuesto públicamente los problemas organizacionales que encontraron a la hora de motorizar la movilización de reservistas, llamando a la necesidad de solucionarlos lo antes posible. La urgencia demostrada no tiene sentido a menos que estén planificando oleadas adicionales de movilizaciones. Los ucranianos mientras tanto retrasan en la medida de lo posible a los rusos en las líneas del Donbass, al mismo tiempo que intentan reconstituir el potencial ofensivo de sus fuerzas armadas. Han anunciado que durante los próximos meses hasta el comienzo de la primavera (cuando las condiciones del suelo vuelvan a ser propicias para operaciones ofensivas) estarán formando dos Cuerpos de Ejército a partir de brigadas existentes pero desgastadas, fusionadas en brigadas nuevas. Estos dos Cuerpos pueden tener una fuerza combinada aproximada de entre treinta mil a sesenta mil hombres, comparable a las fuerzas de ataque que Ucrania formó el año pasado para las ofensivas en Jersón y Járkov. El problema que tiene Ucrania por delante no es solamente cómo balancear las necesidades urgentes de frenar a los rusos con el objetivo de retomar la iniciativa, sino que estas nuevas unidades, además de entrenadas, tienen que ser equipadas. Los estadounidenses de manera pública llaman a los ucranianos a abandonar Bahamut (y la línea defensiva entera), ya que la cantidad de pérdidas que sufren ahí les impide acumular fuerzas para la próxima ofensiva (France 24, 20/1). La OTAN ha anunciado otra oleada de transferencias de armas para Ucrania. Como sucedió en otras ocasiones, esta nueva oleada agrega nuevos tipos de armamento que antes no estaban dispuestos a donar. En concreto, las grandes novedades son los tanques y demás vehículos blindados de diseño occidental. La decisión de comenzar a dar a Ucrania tanques occidentales no se explica por una ventaja de este tipo, sino que estos diseños tienen varias desventajas prácticas para el contexto de la guerra actual. Su peso promedio muy superior es inconveniente en el suelo barroso, Ucrania no tiene infraestructura de trenes capaz de transportarlos por el país, no tienen munición o repuestos en común con los sistemas que usan, ni tiene las instalaciones ni el know how para mantenerlos. Cada vez que uno de estos tanques se averíe o dañe, tendrán que arrastrarlo todo el camino hasta la frontera con Polonia. Esta decisión se debe a que la OTAN ya prácticamente agotó los stocks de tanques y blindados de diseño soviético de los países donantes y todo ese equipo ya ha sido destruido o deteriorado en combate. En términos de capacidades, son sistemas más anticuados que los análogos que los rusos están produciendo en masa. Por el momento, la cantidad de tanques prometida a los ucranianos es puramente simbólica y tiene el objetivo de forzar al país fabricante, Alemania, a dar luz verde al suministro de estos tanques (Leopard 2) por parte de otros países europeos en cantidades relevantes y, a la vez, asumir la totalidad de los costos de mantenimiento y reemplazo de los tanques donados. El Leopard 2 es el único tanque del cual se mantiene una línea de producción en funcionamiento en toda la UE. No obstante, la producción alemana no está a la altura de reemplazar los equipos donados en el corto plazo y ningún donante se quiere quedar sin flota de tanques. La presión a Alemania viene fundamentalmente de Polonia, los países bálticos, Gran Bretaña y Estados Unidos. El último lo hace con una finalidad oportunista, ve la chance de reemplazar los Leopard 2 donados por tanques norteamericanos Abrams. Los yanquis planean usar la guerra para desplazar a los rusos del mercado de energía europeo y a los alemanes del mercado de armas (Neue Zürcher Zeitung 22/1). Recordemos que los norteamericanos fueron partícipes necesarios y principales beneficiarios del operativo de voladura de los gasoductos que proveían gas ruso a Alemania, de esta manera terminaron obligando a esta última a comprar gas estadounidense, varias veces más caro. Con amigos así... Todas las señales apuntan a que la guerra seguirá escalando sin perspectiva de encontrar un techo. Las próximas ofensivas se darán en una escala mayor y provocarán una destrucción mayor a todo lo visto hasta ahora. LEER MÁS: Qué hay detrás de la masacre de 500 soldados rusos Por Jorge Altamira, 04/01/2023. Biden lleva a Zelensky a Washington para escalar la guerra Por Comité Editorial, 22/12/2022. De nuevo, adónde va la guerra Por Jorge Altamira, 20/12/2022. Ucrania: fuegos de artificio y fuegos reales Por Leib Erlej, 16/12/2022. Ucrania: pausa, negociaciones y preparaciones Por Leib Erlej, 29/11/2022.

23 de enero de 2023
SiPreBA obtuvo la personería gremial

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires -SiPreBA- logró arrancar al Ministerio de Trabajo la personaría gremial, luego de ganarle la compulsa de afiliados a la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA). La noticia fue publicada en el Boletín Oficial el lunes 23. La fundamentación de la resolución adoptada por la cartera dirigida por la ministra Kelly Olmos deja blanco sobre negro el fraude de la UTPBA, un cascarón vacío que en la última década firmó paritarias a la baja a repetición y abandonó cualquier organización de los trabajadores de prensa. SiPreBA nació en 2015, desde las redacciones de CABA, en un proceso de autoconvocatorias por la paritaria del gremio, que resultó una desautorización defnitiva de la burocracia. Los trabajadores debían enfrentar no solo a las patronales del sector: también a la UTPBA, una burocracia de personeros de las empresas, que permitió el avasallamiento del Estatuto del Periodista y de las condiciones laborales dentro de cada medio. Los trabajadores afiliados y las Comisiones Internas de delegados y delegadas -que son exclusivamente del SiPreBA, la UTPBA no tiene ni una- pelearon la personería desde el minuto uno y solicitaron una compulsa para verificar la representatividad real. El Ministerio de Trabajo dio vueltas largamente antes de admitir la compulsa. Finalmente, el Ministerio de Trabajo requirió las listas de afiliados a todos los sindicatos que intervienen en el gremio en empresas privadas, mixtas y públicas. La UTPBA, dice la resolución, “no ha acreditado afiliados cotizantes ni su cantidad” (BO Resolución 21/2023). Además, el SiPreBA no sólo presentó la documentación que corrobora que es el sindicato mayoritario frente a la UTPBA, sino que en Télam superó al SITRAPREN, el sindicato de empresa que interviene en la agencia de noticias. La resolución que otorga al SiPreBA la Personería Gremial definitiva es un golpe duro contra el cascarón vacío que es la UTPBA y sus burócratas enquistados. La burocracia dejó pasar los despidos masivos en Clarín en el año 2000 y todos los que le sucedieron después. Firmaron año tras años paritaria a la baja, vaciaron la Obra Social en favor de la desregulación y las prepagas -muchas veces asociadas a las propias empresas- y dejaron pasar la extensión de la jornada laboral, violando el Estatuto del Periodista, que contempla la jornada de 6 horas entre otros beneficios para la actividad. Las paritarias de hambre y la destrucción del salario La UTPBA viene de firmar en 2022 y hasta abril del 2023 una paritaria del 56 %. Al acuerdo más bajo de entre los firmados se le suma que las patronales han modificado la jornada laboral a 7 horas o más, con incrementos salariales acordados por fuera del convenio. La extensión de la jornada es una forma de cubrir los puestos de trabajo perdidos en los últimos años. El sistema de “colaboradores” encubre el fraude laboral sistemático, donde trabajadores que cumplen horario y todas las exigencias de un trabajador bajo convenio figuran como proveedores sin derecho a estabilidad laboral, vacaciones y obra social. En otros medios, se falsea el encuadramiento laboral para eludir los derechos de los trabajadores. En algunos medios se han negado a pagar el bono de los privados firmado por el gobierno en 24.000 pesos; en otros se adeudan los aportes patronales perjudicando la cobertura de salud y jubilatoria o directamente adeudan parte del aguinaldo. La UTPBA dejó estancado el salario del redactor en 115.775 pesos. Son salarios que obligan al multiempleo. SiPreBA se movilizó el 13 de enero último por la reapertura de la paritaria y por el reconocimiento de su representatividad. En el medio, los trabajadores de Olé lograron revertir los descuentos que Clarín le realizó a aquellos que participaron de un plan de lucha por aumento salarial. Todas las peleas que se presentan en el gremio son dirigidas por delegados electos en cada redacción. ¿Cuál es el antecedente en el gremio de prensa? En dos trabajos realizados respecto de la situación del gremio que realizó el propio sindicato se relevó que entre los años 2016 y 2017 se perdieron 1.800 puestos de trabajo. De ellos el 46,1 % fueron por despidos directos y el 53,9 % por retiros voluntarios o jubilaciones compulsivas. Esa merma de puestos de trabajo permite de hecho la extensión de la jornada de trabajo por sumas arregladas entre empleador y trabajador, o la instauración de las horas extras haciendo las jornadas interminables. En esos años cerraron DyN y Revista 23. Clarín y La Nación lograron deshacerse de trabajadores a través de retiros voluntarios y flexibilizar las condiciones de trabajo. Los salarios están por debajo de la línea de pobreza. La personería gremial otorgada al SiPreBA debe ser un jalón para tomar la agenda de los y las trabajadoras, recuperar los puestos de trabajo y la defensa del estatuto del periodista. LEER MÁS: Radio Nacional: la lucha por la canasta familiar y el pase a planta no cesa Por DeFe, 21/11/2022. Trabajadores de prensa: paros y asambleas por el salario Por Corresponsal, 01/06/2022. Proceso de lucha en el gremio de prensa Por Pablo Delgado, 23/12/2020.

23 de enero de 2023
La Corte Suprema contra la clase obrera

La intensa discusión de estos días en torno de la Corte Suprema dejó de lado un aspecto fundamental: los fallos que, en años recientes, han refrendado la contrarrevolución que los otros poderes del Estado y la burguesía emprendieron contra los derechos de la clase obrera. Lo ha hecho con la impunidad que le otorga la prohibición de juzgarla en razón del contenido de sus sentencias. El derecho laboral, por otra parte, no tiene garantía constitucional, de modo que el legislador puede darlo vuelta al derecho y al revés si reúne los votos en el Congreso. Los estudios de abogados que trabajan para las patronales han saludado el “retorno a la legalidad” del máximo tribunal en los últimos años. Se refieren a la decisión de los jueces de “acompañar” a las leyes laborales reformadas en el Congreso. Un caso flagrante es el de la reforma de la ley de Riesgos del Trabajo, que obliga al trabajador a pasar por el filtro de las “comisiones médicas" -manipuladas por las ART- y a litigar sólo en los tribunales locales donde ocurrió el siniestro, o sea, los fueros que están bajo la influencia directa de la patronal involucrada. En 2021, un trabajador impugnó este régimen (caso Pozobón contra Galeno) y la Corte declaró la “constitucionalidad” de las reformas a la legislación de riesgos del trabajo, redactadas por la UIA y bendecida por kirchneristas y macristas. Despidos encubiertos La Corte avaló otro avance sobre el derecho al trabajo: el desconocimiento de los derechos indemnizatorios, validando los “acuerdos de desvinculación” que se firman ante escribano público -ni siquiera ante el Ministerio de Trabajo-. Al advertir el despido encubierto, un trabajador recurrió a la Justicia, se consideró despedido y reclamó sus derechos indemnizatorios (caso Olivera contra BGH). La justicia en primera instancia y la Cámara Laboral avalaron el reclamo del trabajador, que luego fue revocado por la Corte. De este modo, fue consentida una de las prácticas actuales más extorsivas de las patronales: la que disfraza despidos sin causa a través de “acuerdos voluntarios”, imponiéndole al trabajador resarcimientos de miseria. Este fallo de la Corte es un antecedente para eliminar la indemnización por despido, una de las principales banderas de la reforma laboral que reclaman las patronales. Huelgas “legales” e ilegales Otro de los fallos emblemáticos es el que avaló el despido de un trabajador del Correo Argentino –Francisco Orellano- por haber participado de asambleas y medidas de fuerza que no contaron con el aval de los sindicatos oficiales. El fallo, en consecuencia, limita el derecho de huelga “a las organizaciones formales de los trabajadores”, castigando a las autoconvocatorias y huelgas resueltas por la base. La Corte ignora que la masa de trabajadores que entra en conflicto con las patronales está poco sindicalizada en numerosos casos. El sindicato no representa al colectivo en lucha ni puede condicionar el derecho constitucional de huelga. Estamos aquí ante un delito de prevaricato, como se denomina a la aplicación desnaturalizada de la ley. La Corte ha alegado que la huelga no avalada por la burocracia “obstaculiza el normal desarrollo de las actividades de producción de bienes o prestación de servicios”. Legalización del trabajo con factura En una reciente nota de Política Obrera nos referimos a la proliferación del trabajo con factura y monotributo, una modalidad que no solo desconoce la estabilidad laboral, sino que impone de hecho el contrato individual en oposición a los convenios colectivos. La “factura” es la consagración no escrita de la reforma laboral. La Corte, en un fallo de 2018, legalizó esta práctica precarizadora. En un juicio iniciado por un médico cirujano al Hospital Alemán, el profesional acreditó haber trabajado durante siete años en forma regular en ese centro de salud, aún cuando la patronal lo considerara como un mero “prestador de servicios”. La justicia laboral, en dos instancias, consideró que se trataba de una relación laboral fraudulentamente encubierta y ordenó el reconocimiento de los derechos indemnizatorios, pero la Corte revirtió esos fallos, reivindicando a la figura de la “locación de servicios” en el derecho argentino. Esa sentencia implicó un impulso decisivo a la práctica del monotributismo, que las patronales redoblaron a sabiendas de contar con este garante de última instancia en la Justicia. Los fallos que aquí citamos no son los únicos. Pero constituyen la columna vertebral de una contrarrevolución social, por lo que representan en sí mismos: legitimación del contrato individual; destrucción de los derechos resarcitorios en materia de accidentes laborales; ilegalización de las luchas obreras autoconvocadas. En el proyecto de ley que presentó el kirchnerismo para enjuiciar a la Corte ni se mencionan estos atropellos a la clase obrera. No podía ser de otra manera, porque el régimen político entero, sin “grietas”, avaló, en el Congreso o desde el Ejecutivo, este rumbo antiobrero. LEER MÁS: “Factureros”, contrato laboral individual y contrarrevolución social Por Jacyn, 17/01/2023. La Corte Suprema sanciona una condena ‘tácita’ contra Milagro Sala Por Iñaki Aldasoro, 17/12/2022. Moratoria, jubilaciones y FMI Por Joaquín Antúnez, 24/02/2022. La tutela política de Biden-FMI, Argentina en estado de asamblea Por Comité Editorial, 15/02/2022. Presupuesto: reducen las partidas para pagar las sentencias que favorecen a jubilados Por Charly Petrillo – Jubilados Clasistas, 17/09/2021. La reforma laboral que asoma Por Jacyn, 10/09/2021. Comisiones Médicas: la Corte Suprema y un dictamen pro patronal Por Juan Ferro, 08/09/2021. La impunidad de Blaquier Por Lautaro Brodsky, 11/07/2021. Jubilados: morirse de hambre por decreto Por Juan Ferro, 28/11/2020. Por el pago integral del medio aguinaldo Por Pablo Busch, 25/06/2020.

24 de enero de 2023
Maduro: “amague y recule”

Los bastidores de la reunión de la CELAC en Buenos Aires podrían resultar más significativos que el escenario oficial. La ausencia de la peruana Dina Boluarte es un reconocimiento de que su gobierno ha carecido de toda autoridad política desde el mismo día del golpe contra Castillo. Su presencia habría dejado en orsai al macrismo, que no vertió una palabra para condenar la matanza de los índigenas sublevados del altiplano del Perú. Más costosa hubiera sido su asistencia para el kirchnerismo, que habría debido mostrarse con ella en todas las ceremonias y reuniones privadas. Boluarte es el envase civil y femenino de un régimen sostenido por las Fuerzas Armadas. La cuestión peruana divide a los Fernández con Lula, pues los primeros reclaman la liberación de Castillo, en tanto que el otro ha condenado el ‘golpe incompetente’ del ex presidente y saludado la continuidad constitucional. No ha venido tampoco López Obrador, poco afecto a exponer las contradicciones de su gobierno en el exterior. AMLO quiere preservar la cadena de producción y suministros con Estados Unidos sin afectar las que México tiene establecidas con China. Por otro lado, es cómplice de una crisis migratoria humanitaria que debería estar en la agenda de la CELAC, si sus miembros no quieren que la reunión de presidentes se convierta en chiste. No han asomado las narices el ecuatoriano Lasso y el salvadoreño Bukerke, ocupados en una lucha criminal contra el narcotráfico. Son ausencias funcionales al gobierno argentino, que además de enfrentar denuncias de complicidad con el flagelo, tiene instalada una sucursal en la provincia de Santa Fe, en el norte de Argentina y en los conurbanos de casi todas las provincias. El lugar central que Fernández le ha dado a Evo Morales también expone la crisis polítia de la CELAC, pues el ex presidente es un rival público del actual presidente Arce. La Patria Grande escamotea contradicciones insuperables. La primera plana de los diarios y de toda la variedad de medios prefiere concentrarse en el venezolano Nicolás Maduro Moro. Hay razones para ello –dijo que venía y no lo hizo. El protofascismo liberal que encabezan Patricia Bullrich (“una candidata presidencial en armas” –según “un alto funcionario brasileño” citado por Clarín) y Javier Milei se atribuyen el mérito de haber forzado esta desistencia. Para “CNN Radio”, la cancelación de la visita de Maduro es una expresión de rechazo del “pueblo argentino” (textual). Maduro, sorprendentemente, ha acompañado esta versión de los hechos, al denunciar “un plan de agresiones contra nuestra delegación”. Atribuir al macrismo una capacidad de impedir la llegada de un mandatario extranjero a Argentina, en visita oficial, es admitir una crisis de poder. La conjetura de que Maduro podía enfrentar un problema de seguridad es admisible. Estados Unidos logró hace un tiempo secuestrar un avión venezolano, en Buenos Aires, con el pretexto de que era propiedad de una compañía iraní; también mantuvo retenida a su tripulación durante semanas. Las usinas fascistoides ya han presentado en Comodoro Py un reclamo para citar a Maduro a indagatoria por violación de derechos humanos y asesinatos políticos. Por algo similar, Pinochet fue detenido en Londres, en una escala de un viaje a China, y quedó retenido un larguísimo tiempo. Hay radicadas denuncias contra Maduro en la Corte Penal Internacional. El examen de los delitos políticos y la violación de derechos humanos se ha internacionalizado, aunque ni Estados Unidos, China o Rusia acepten esa jurisdicción. Mauricio Macri y Patricia Bullrich se han abrazado a un criminal serial, en la Cumbre del G20, en 2017. El jefe de la monarquía saudita, Mohamed bin Salman, que ordenó descuartizar a un compatriota en el consulado de Estambul, se paseó por Buenos Aires sin problemas, saludado por Trump, Putin, Xi Jinping y Ángela Merkel. Según las usinas de rumores, Massa estaría negociando por aquellas latitudes un préstamo ‘repo’ para solventar la deuda externa. La posibilidad de una indagtoria o incluso un arresto a Maduro no es menos expresiva de una crisis de poder en Argentina, sino mucho más, que los altercados o incidentes (no da para más) que puede ocasionar una marcha macrista. El Poder Judicial, en caso de actuar en esos términos, estaría inhabilitando la política internacional del gobierno -como ya ocurrió con el avión secuestrado- o como podría ocurrir con el Memorando con Irán votado por el Congreso. Lo que está en juego es mucho: Lula acaba de hacer de la reanudación de relaciones diplomáticas con Venezuela una cuestión de principios. Ha presentado el respeto a las soberanías nacionales como una condición de las relaciones internacionales, y dio como prueba de la consistencia de estas posiciones su repudio a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Todo el diseño de la Celac depende de ese principio, lo mismo que el relanzamiento de la Unasur -un proyecto de infraestructuras y militar- y hasta el establecimiento de una moneda digital para el comercio y las transacciones financieras internacionales. Lula traslada al plano de las relaciones exteriores lo que plantea frente a la crisis con las FF.AA. en Brasil: no deben interferir en las instituciones del Estado (ni el Estado interferir en ellas). Los hechos están probando, sin embargo, por enésima vez, que todos esos principios son una ficción: Ucrania se ha convertido en parte de la OTAN y las Fuerzas Armadas de Brasil han sido confirmadas por Lula como una institución corporativa –encargada de defender el orden público y la Constitución, cuando se reúnan condiciones de crisis revolucionaria. Lula mismo fue liberado de prisión y autorizado a pelear la Presidencia con la venia del alto mando militar, una vez que éste comprobó que la experiencia Bolsonaro había desarticulado el poder político y dividido a la corporación militar. El corresponsal de La Nación en Caracas pone en entredicho este ‘republicanismo’ en política exterior, pues sugiere que Maduro ha querido evitar que Lula y Fernández lo aprieten para que concerte con la oposición venezolana (“escuálidos”) la realización de elecciones libres y la liberación de presos. Biden, sin embargo, no ha levantado el bloqueo y las sanciones contra Venezuela –condiciones imprescindibles para dar legitimidad política a quienes apoyan este asedio y se oponen más que nadie a levantarlo. Maduro tampoco está dispuesto a asegurar esas concesiones políticas incondicionalmente, porque la preocupación central del régimen ex chavista es obtener una amnistía judicial y preservar la continuidad de la corporación militar que ha sustentado sin reparos al gobierno. La historia del chavismo es un reflejo exacerbado de todo el historial del nacionalismo civil o militar en toda la perfieria semicolonial, pues debuta como un poderoso movimiento de autonomía para terminar convirtiéndose en un verdugo de los trabajadores. En tanto expresión de una burguesía nacional presente o potencial tiene como constante histórica el disciplinamiento de la clase obrera. Mientras la CELAC deshojaba la margarita acerca de la asistencia de Maduro o de algún otro, en Venezuela se largaba una gran huelga de docentes, salud y trabajadores de industria, condenados a ingresos en pesos en una economía dolarizada. La economía bimonetaria que reivindican Cavallo, Melconian, Tetaz, pero hacia donde desemboca la política fondomonetarista actual, lleva a Venezuela. El trabajo en negro, el monotributismo, el ‘facturerismo’ e incluso los convenios que dividen una parte remunerativa y otra no remunerativa, va en la dirección de Venezuela, donde ‘prospera’ una economía popular que en Argentina todavía ‘aguanta’ en los 60 dólares mensuales, que en Venezuela oscila entre 6 y 10. Macri hospedó a los ‘poderosos’ del G-20 y celebró el momento en el Colón, para hundirse a partir de unos meses más tarde. Los Fernández, los Lula, los Boric celebran la más modesta CELAC en medio de un naufragio social económico y político. LEER MÁS: Mientras Argentina y Brasil se dolarizan, los Fernández y los Lula conversan sobre una moneda común Por Jorge Altamira, 24/01/2023. La CELAC en un continente explosivo Por Jorge Altamira, 22/01/2023. El Culebrón de las Américas Por Jorge Altamira, 31/05/2022. Bajo la tutela del Departamento de Estado: Fernández llama a retomar las relaciones con Maduro Por Javiera Sarraz, 24/04/2022. El presidente de la CELAC vota con Estados Unidos en la OEA Por Federico Fernández, 20/01/2022.

24 de enero de 2023
Salta: protestas contra el tarifazo

La crisis hídrica y el tarifazo eléctrico en el norte provincial, ha causado una importante reacción popular que ha puesto contra las cuerdas al gobierno de Sáenz. Desde diciembre del año pasado no han cesado las protestas de la población del departamento San Martín, que hace 45 días no tiene agua potable y es asistida con camiones tanque. En el caso de Orán, el impacto de la segmentación de la tarifa eléctrica impuesta a nivel nacional por el tándem Massa-Royón, sumado a un servicio con deficiencias crónicas, ha provocado una rebelión contra el tarifazo en el servicio y contra la prestataria privada Edesa. Maniobras políticas y el agua no aparece Bajo la crisis hídrica y después del fracaso de “rogar para que llueva” y descargar culpas en la sequía historia en curso, Sáenz tuvo que cambiar el director de la sociedad anónima estatal Aguas del Norte. Este cambio vino acompañado por el anuncio de una inversión en obras por más de 3 mil millones de pesos, que hasta ahora no se saben cuáles serán ni cuando comenzarán. El nuevo director de la empresa estatal, se ha remitido a promover el retaceo de un recurso y preparar las condiciones para una nueva avanzada en la colocación de medidores sobre buena parte de los usuarios. Ahora Sáenz ha puesto a andar el comité de emergencia hídrica creado por sus legisladores hace más de un mes, ante el fracaso del comité de emergencia departamental impulsado por saencistas y su socio radical e intendente de Tartagal, Mimessi; y el persistente reclamo de municipalización del servicio por parte de la pequeño burguesía local. Este comité provincial es coordinado por el titular del Ente Regulador Provincial (Enresp), el radical Carlos Saravia, quien en medio de la crisis en curso se niega a cobrarle a Aguas del Norte las multas correspondientes por el mal servicio; por otro lado, se hizo cargo del sistema de reparto de aguas, denunciado todos los días como un negociado para empresas de camiones y para los punteros que hacen un uso clientelar de la distribución. Orán arde contra el tarifazo de luz En el caso del tarifazo aplicado por Edesa, la primera reacción del gobierno fue solicitar al gobierno nacional que el límite de consumo se eleve un 50% para los departamentos San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria, por ser zonas de altas temperaturas. Es que por las temperaturas record de diciembre pasado, las tarifas de una importante capa de usuarios, sobre todo comerciantes y residencias con aires acondicionados, han tenido aumentos de hasta el 300% llegando a boletas de 100 mil pesos. Por otro lado, el gobernador ordenó desde el Enresp “auditar” los medidores de luz con la promesa de restituir eventuales cobros indebidos. Como la asamblea de usuarios conformada en Orán rechazó de plano estos planteos y prosiguió con sus protestas, y a la par su ex funcionaria y actual secretaria de energía de la Nación, Flavia Royón, ignoró olímpicamente el pedido provincial y anunció que proseguirá con el esquema de subas segmentadas, Sáenz se vio obligado a emitir varios decretos que establecen multas a Edesa por el mal servicio, la limitación del tarifazo a un 30% y una tarifa especial para el norte provincial, que sin embargo todavía no se sabe de cuánto será. Por esto mismo, los usuarios de Orán reclaman la caída de la segmentación y un descuento del 80% con respecto a la tarifa general y exigen la estatización bajo control de los usuarios. La crisis sigue abierta Las medidas que Sáenz ha tenido que tomar por decreto buscan más que nada descomprimir los reclamos de pequeños y medianos comerciantes y de un sector de asalariados que complementan sus magros salarios con alguna actividad comercial en su vivienda. El gobernador es muy consciente de los límites de sus maniobras ya que, por caso, el nivel de inversiones que requiere revertir la crisis hídrica y eléctrica en el norte provincial choca con la política de ´austeridad´ presupuestaria del FMI y, sobre todo, con la política de confiscación salarial para los trabajadores estatales –para quienes, en 2022, sus ingresos han quedado varios puntos por debajo de la inflación. También sabe que la resolución de los reclamos populares chocan directamente con los intereses capitalistas de Edesa y un amplio sector de proveedores y contratistas de Aguas del Norte. Por esto mismo ataca al movimiento de lucha acusando de estar influenciados por intereses políticos y ha comenzado a cooptar a sectores de las organizaciones piqueteras para que se retiren de las protestas. En el caso de la luz, los nuevos tarifazos ya programados pueden hacer trizas las maniobras del gobierno y reanimar el movimiento de lucha. Lo mismo sucede con la continuidad de las altas temperaturas durante lo que queda del verano. Edesa profundizará su política de vaciamiento en nombre de la escasez de recursos para mantener un servicio ya al borde del colapso. En el caso del agua, la emergencia hídrica sólo ha promovido la especulación capitalista de proveedores de camiones tanque y otros insumos, lo que se extenderá a los capitalistas que accedan a las concesiones de nuevas obras que, bajo la ley de emergencia, no necesitan pasar por un proceso de licitaciones. Pero a lo que más teme el gobernador Sáenz es que estas crisis y luchas se extiendan provincialmente y tiendan a confluir con la discusión de las paritarias estatales en febrero próximo, lo que podría imponer la tónica de la clase obrera a los reclamos contra los servicios de agua y luz, sumando el reclamo del salario y los métodos de la huelga. El hecho de que las luchas de los usuarios se desarrollen contra una empresa privada (Edesa) y otra estatal (Aguas del Norte), pone en la mesa que el problema no es el “tipo de gestión” sino su carácter capitalista, que sólo puede ser quebrado por una intervención de la clase obrera con su propio programa. La pertinencia de un congreso provincial de trabajadores para el desarrollo de esta lucha es completa. Una prestación adecuada de estos servicios públicos a los intereses de la gran masa laboriosa solo puede ser garantizada por un gobierno de trabajadores. LEER MÁS: Demos pelea a los tarifazos Nota de tapa de Política Obrera N°61 edición impresa. 11/01/2023. Las elecciones de un Estado Provincial en colapso permanente Por Julio Quintana, 27/12/2022. Salta: crisis hídrica en el norte provincial Por Olga Céspedes, 30/11/2022.

24 de enero de 2023
Trabajo los fines de semana: otro fallo clave contra la clase obrera

En medio de la feria judicial se ha dado a conocer un fallo de la jueza de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, Gabriela Carambia, en el cual rechaza el reclamo de un grupo de trabajadores de estaciones de servicio, quienes exigían que las horas trabajadas el fin de semana sean reconocidas como horas extras. En su sentencia, la jueza remarcó que el empleado cumplía funciones de lunes a lunes, de 14 a 22, con seis francos mensuales y que el reclamante "confunde los institutos del descanso semanal con el de las horas extras". Además, el fallo sostiene que el trabajo de los fines de semana "no siempre resulta tiempo extra de labor que deba ser pagado con recargos". Aunque ha pasado prácticamente desapercibido, el fallo "Carambia" reviste de una importancia capital para la clase obrera. Como señalamos en estas páginas, un punto nodal de la reforma laboral en curso no consiste solamente en hacer trabajar de lunes a lunes a los trabajadores, sino esencialmente en no pagar un peso extra por ello. El rechazo férreo de las patronales del Neumático al reclamo del pago de las horas al 200% tenía como orientación estratégica defender esa modalidad de trabajo continuo sin pagar un peso más. El fallo significa concretamente que, para una patronal, contratar un trabajador de lunes a viernes o de miércoles a domingo vale lo mismo, siempre y cuando no se superen las 48 horas semanales. Otorga una cobertura judicial determinante para los esquemas de trabajo que ya se llevan adelante tanto en las industrias como en otros establecimientos de trabajo (turnos rotativos, sistema americano, 6x2, 6x1, 4x2, etc). El derecho al descanso hebdomadario desde hace décadas le es vedado a todo un sector de la clase obrera, ahora con el visto bueno de la Justicia laboral. El fallo plantea que "Se paga con recargo el trabajo después de las 13 horas del día sábado y el domingo, siempre que además se excedan las 48 horas del descanso semanal". Aunque no se trata de una discusión legal sino política, hay que decir que la jueza hace la interpretación más favorable a la patronal del artículo 221 de la Ley de Contrato de Trabajo, según el cual "Queda prohibida la ocupación del trabajador desde las trece (13) horas del día sábado hasta las veinticuatro (24) del día domingo siguiente, salvo los casos de excepción que las leyes o reglamentaciones profesionales prevean, en cuyo caso el trabajador gozará de un descanso compensatorio de la misma duración, en la forma y oportunidad que fijen esas disposiciones". Los "casos de excepción" que se mencionan han pasado a ser la norma general. Por dar algunos ejemplos, en distintas plantas alimenticias, como Bimbo y Granix, las patronales han establecido -en acuerdo con la burocracia del STIA- un régimen de trabajo de domingo a viernes. El pago con recargo de las horas extras por trabajar el domingo no existe, a lo sumo otorgan solo una compensación económica menor. Lo mismo ocurre en el petróleo en Chubut: los trabajadores tienen un régimen de seis días de trabajo por dos de descanso, caiga como caiga. En otra fábrica, hoy cerrada, Cereal Tres Arroyos, la patronal tenía en cada línea distintos regímenes de trabajo: 6x1 (6 días de trabajo por uno de descanso), 4x2, 4x3 y 5x2. Está demostrado que estos descalabros que adaptan la jornada de trabajo semanal a las necesidades productivas tienen un efecto desorganizador en la vida social de la clase obrera y especialmente en su salud. Sin embargo, para el fallo no deben representar un costo adicional para las patronales siempre y cuando no superen las 48 horas semanales. La burocracia de los sindicatos comparte en el fondo la posición del fallo, puesto que ha permitido en miles de establecimientos de trabajo que se lleven a cabo, aunque reclame el pago de las horas como extras. El fallo Carambia, aunque pueda ser apelado, opera como un manto de legalidad para el avasallamiento generalizado del derecho al descanso del fin de semana, sin ni siquiera la obligación del pago extraordinario. La Corte Suprema, que es protagonista de la ´contrarrevolución laboral´ en curso, tendrá la última palabra. Como otros fallos de la Corte Suprema, el fallo Carambia es parte del sostén legal de una contrarrevolución social. Para algunas organizaciones que han basado en el legalismo su intervención en la clase obrera, el fallo Carambia es aleccionador. La defensa del derecho al descanso del fin de semana, a la jornada de ocho horas y al turno fijo, deben ser puntos centrales de un programa de la clase obrera en la etapa actual. LEER MÁS: La Corte Suprema contra la clase obrera Por Marcelo Ramal, 23/01/2023. Trabajadores de Maxipack luchan contra el intento de cambio de régimen laboral Por Lucas Benvenuto, 25/09/2022. Sutna: arrecian provocaciones de las patronales Por Pablo Busch, 20/08/2022. Córdoba: la lucha en Bagley contra la reforma laboral. Abajo el “sistema Weekend”. Por Pablo Busch, 06/07/2022. Gustavo Quiroga: un organizador de su clase Por Pablo Busch, 26/06/2022. Congreso Abierto del Polo (T): discutamos el cuarto turno laboral Por Catalina Rojo, 07/06/2022. SMATA: Toyota gana con la reforma del Convenio Colectivo Por Mercedes Colou, 01/10/2021. Nuevo régimen de trabajo en Toyota Por Pablo Busch, 29/09/2021. Que hay detrás de la reducción de jornada en Unilever Nueva Zelanda Por Pablo Busch, 01/12/2020.

24 de enero de 2023
Clínica Provincial de Merlo: no al pago de los salarios en cuotas

Una vez más la patronal incumple un acuerdo de cancelación de salarios adeudados, aguinaldo y bono de 24.000 pesos. Esta política salarial es un modus operandi de esta patronal, en el contexto de una pandemia que no terminó, de un vaciamiento de la salud pública que beneficia al sector privado y de fuertes subsidios por parte del Estado. Se aduce para este incumplimiento la crisis de la empresa. Sin embargo, no existe ningún recurso preventivo de crisis que habilite la cuotificación del salario. Esto pone a la patronal en la ilegalidad. Este vapuleo hacia los trabajadores de la Provincial se produce en el contexto de una alta inflación y de una fuerte pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Lo que explica que muchos de ellos se vean obligados a trabajar en dos y hasta tres instituciones de Salud distintas. El rol jugado por la dirección de ATSA Zona Oeste es de una colaboración abierta y manifiesta con la patronal. El secretario general D´ Andrea, también presidente del Partido Justicialista de Morón, ha tomado los argumentos de la patronal en cada una de las reuniones ante el Ministerio de Trabajo para atemorizar a los trabajadores: “no tiremos de la cuerda” dice el sindicato planteando que es mejor cobrar en cuotas a perder el trabajo. El hecho de que PAMI y IOMA paguen los servicios que la Clínica Provincial presta a sus afiliados, en forma atrasada, no implica la inviabilidad económica de la empresa, sino que es la excusa para retener los salarios de los 400 trabajadores. Esta masa salarial podría estar siendo retenida por la empresa privada o por el propio Estado en sus diversos niveles (gobierno nacional y gobierno provincial). De lo que no cabe duda es que la masa salarial retenida es utilizada para inversiones financieras en un contexto económico de fuerte suba de las tasas de interés. Los trabajadores no debemos ser rehenes de esta disputa entre el gobierno y las patronales. Tenemos que fijar nuestra propia política: pago de salarios en tiempo y forma, pago inmediato de salarios y aguinaldos adeudados, respeto íntegro del convenio colectivo de trabajo y el fin de la precarización laboral. D´Andrea se pasó con todo su bagaje al campo de la patronal y por tanto jamás va a promover la lucha por las reivindicaciones. En este punto, pedirle que “se ponga a la cabeza de la lucha”, como lo hace la izquierda adherida al FIT-U es una impostura. El camino a seguir es el que nos marcaron los médicos residentes y concurrentes de CABA: autoconvocatorias y asamblea general para fijar un pliego de reclamos y un plan de lucha para conquistarlo. LEER MÁS: Clínica Provincial de Merlo atrasa el pago de salarios y aguinaldo Por Julio G., 26/12/2022. Paros y acciones por el pago de salarios adeudados en clínicas de la zona Oeste Por Claudia P. y Soledad Domínguez, 18/07/2022. Clínica Provincial de Merlo: otra vez los trabajadores en pie de lucha Por Catalina Rojo, 15/07/2022. Paro de trabajadores de la Salud en Merlo Por Patricia U. y Julio G., 19/12/2020.

24 de enero de 2023
Perú: una dictadura militar, bajo cobertura civil

Más de 60 muertos y un millar de heridos por la represión no lograron amainar las protestas en Perú. Ya son cinco jornadas consecutivas de movilizaciones en Lima reclamando la renuncia de la presidenta Dima Boluarte, quien asumió el cargo tras la destitución de Pedro Castillo en diciembre pasado. Cada manifestación es en sí misma una demostración del enorme arrojo de la población peruana, que enfrenta la represión y las masacres policiales con determinación. El reclamo de renuncia de Boluarte es acompañado por la exigencia de la libertad al ex presidente Castillo, la renuncia de todo el gabinete de gobierno y de todo el Congreso, y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. La escalada represiva conoció un nuevo hito con la irrupción de la Policía Nacional en la Universidad de San Marcos el pasado sábado, deteniendo a estudiantes y a decenas de manifestantes provenientes del interior que allí se alojaban. La respuesta popular fue una inmediata convocatoria de la comunidad educativa a movilizarse en todo el país bajo el lema “Universitario de todo el Perú, unido”. También se produjo un fuerte aumento del caudal de movilizados desde las regiones del sur y centro del país hacia la capital, con delegaciones que incluyeron numerosos estudiantes. Distintas organizaciones y coordinadoras peruanas han declarado la huelga general, que se impone a través de más de 180 cortes de las principales rutas del país, en más de 27 provincias. El gobierno denuncia que la extensión de los bloqueos está comenzando a generar desabastecimiento en diversas regiones. Los cortes en el sur, donde se concentran gran parte de las protestas, afectan especialmente la producción minera. En las regiones de Ica y Puno, manifestantes irrumpieron en instalaciones de importantes agroexportadoras exigiendo el cese de la producción. Más de una decena de agroexportadoras decidieron suspender sus actividades. La parálisis de la Central de Trabajadores se vio superada por las autoconvocatorias y coordinadoras y, finalmente, la CGTP se limitó a convocar a un paro nacional que no aún tuvo continuidad. La crisis en el gobierno El gobierno de Boluarte cuenta con un único recurso para enfrentar la situación, que es la actuación de las fuerzas represivas. En los últimos días se dio a conocer la compra oficial de 665.000 equipos antimotines (granadas, gases lacrimógenos, balas de goma, etc). Pero la represión, hasta hora, sólo cumplió el papel de echar más combustible al fuego. El mes pasado el Congreso aprobó el adelantamiento de elecciones para abril del 2024, en lugar de la vigencia actual del mandato que vencería en 2026. Al tratarse de una reforma constitucional, requiere ser ratificada en segunda votación, en la siguiente sesión parlamentaria. El gobierno decidió adelantar esta segunda sesión para el 15 de febrero, debido a que el aumento constante de las protestas en las calles hace su situación cada vez más insostenible. El fiujimorismo se opuso a este adelantamiento por el temor a sesionar en medio de un mar de protestas. De todas maneras, las fuerzas que apoyan el proyecto de adelantamiento electoral estiman que ya no cuentan con los votos necesarios para su aprobación –los dos tercios. Las fuerzas de centroizquierda abogan para que el adelantamiento electoral se realice este año, y convocar una Asamblea Constituyente. Estas propuestas, sin embargo, tampoco lograrían un consenso en el Congreso por el momento. Con la legislación actual, el Congreso no puede hacer que se vaya Boluarte por vía electoral sin que con ella se vayan también todos los legisladores. Es decir, una renovación completa del Ejecutivo y del Parlamento. Por eso, están en carpeta una serie de reformas constitucionales que apuntan a la bicameralidad y a la renovación parcial de los parlamentarios. Las fuerzas derechistas buscan también acortar el mandato del Tribunal Supremo Electoral. Pero las sesiones del Congreso vienen fracasando en hacer aprobar cualquier reforma en las últimas semanas. El mayor temor de las fuerzas del régimen es que naufrague el proyecto de adelantamiento electoral. El diario La República de Perú concluye que “la salida a la crisis política se complica y el único camino legal que queda, para que se vayan todos, es la dimisión de Boluarte y que su sucesor convoque a un proceso electoral de inmediato”. El sucesor de Boluarte, el derechista José Williams, es más cuestionado que la actual presidenta. Por su parte, el periódico El Comercio reclama a los legisladores que ratifiquen el adelantamiento de elecciones que aprobaron en primera votación. Lo más probable es que el Congreso no logre reunir nuevamente los votos necesarios para ratificar el adelantamiento electoral del 2024. El Comercio sostiene que con esta variante “en las actuales circunstancias, las consecuencias serían impredecibles”. De no aprobarse el adelantamiento electoral, la renuncia de Boluarte se tornará inevitable. Sin un adelantamiento electoral, el gobierno perderá la posibilidad de jugar un papel de transición; no puede quedar hasta 2026. Una corriente de analistas políticos concluye que sólo queda mayor firmeza de parte del gobierno actual. Reclama a la presidenta remover todos los vestigios del gobierno de Castillo del Estado y asegurar un poder firme. El fujimorismo baraja otra salida. La congresista de derecha Maricarmen Alva sostuvo que “es momento para que saquen al Ejército a las calles” –un estado de sitio “en el marco de la democracia”. “Sí bien estamos en estado emergencia, el problema que no han salido las Fuerzas Armadas a las calles a apoyar realmente a la policía”, sostuvo la congresista. El desarrollo de un doble poder, mediante la formación de comités en todas las regiones y ciudades, es el desafío fundamental del momento. Es fatal cualquier expectativa de dirección en la CGTP. La insurrección indígena y campesina plantea esa organización. LEER MÁS: Perú: hacia Lima y el paro nacional Por El Be, 19/01/2023. Perú: crece la represión, crecen las protestas Por El Be, 15/01/2023. Perú: se intensifica la represión del gobierno de las Fuerzas Armadas Por El Be, 11/01/2023. Reanudan paros, bloqueos y protestas en Perú Por El Be, 05/01/2023. Perú: el Congreso vota la prórroga de un gobierno usurpador Por El Be, 21/12/2022. Perú: el interior del país se subleva contra la destitución de Castillo Por Comité Editorial, 13/12/2022. Perú: se multiplican las movilizaciones y una huelga indefinida Por El Be, 12/12/2022. Perú: masas de campesinos bajan a la costa Por Marcelo Ramal, 10/12/2022. Perú: “Un golpe incompetente” Por Jorge Altamira, 08/12/2022.

24 de enero de 2023
El campamento 2023 de la juventud de Política Obrera

La juventud de Política Obrera llevará adelante un curso de formación política en dos campamentos centrales: en Ramallo (Buenos Aires) entre el 18 y el 21 de febrero y en El Cadillal (Tucumán) entre el 24 y 26 del mismo mes. El eje del curso será “Las guerras imperialistas, las internacionales y la revolución socialista”. Se desarrollará a partir de tres charlas. La primera de ellas caracterizará al imperialismo como etapa de declinación histórica del capital, lo que se manifiesta en una lucha violenta y despiadada por el reparto del mundo. En oposición a quienes vieron en el imperialismo una tendencia armonizadora de las contradicciones capitalistas, el ala revolucionaria de la socialdemocracia caracterizó un período histórico de choques y convulsiones aún más agudos, de “guerras y revoluciones” (Lenin). El imperialismo y las guerras no constituían una “posibilidad”, sino el rumbo necesario de las contradicciones capitalistas. La primera guerra imperialista de alcance mundial será estudiada a través de las delimitaciones y luchas políticas suscitadas en la socialdemocracia. Caracterizaremos social y políticamente al derrumbe de la Segunda Internacional y las derivaciones revolucionarias de la guerra imperialista. La segunda clase se concentrará en la Segunda Guerra Mundial, cuyo estallido no solo se relaciona con las tensiones irresueltas de las rivalidades imperialistas, sino con un hecho histórico peculiar: la existencia de la Unión Soviética, incluso sometida a la usurpación de la burocracia stalinista. En este sentido, el fascismo –que emerge en el período entreguerra- será la expresión más aguda del interés de la burguesía por terminar con la amenaza de la revolución, apelando al exterminio y la liquidación de las organizaciones obreras. Abordaremos las grandes cuestiones políticas planteadas a los revolucionarios a causa de la segunda guerra: la defensa de la URSS, la política frente a las naciones ocupadas, la extorsion del imperialismo “democrático” sobre las organizaciones obreras. Estos debates jalonaron los años de formación de la IV Internacional, y varios de sus más valiosos documentos. La tercera y última clase abordará a la guerra internacional en desarrollo, y su marco histórico y político: una crisis mundial donde la restauración capitalista, planteada inicialmente como salida al régimen social imperante, terminará reproduciendo a escala ampliada las condiciones de esa crisis. Lejos de la nueva armonización (“globalización”) pronosticada por los apologistas del capital, nos encontraremos con un reforzamiento de todos los antagonismos preexistentes. El curso desarrollará un examen de las posiciones de la izquierda frente a la guerra imperialista, que ha recalado mayoritariamente en el apoyo a la OTAN -en nombre de la “causa nacional ucraniana”- y, en menor proporción, en la defensa de la camarilla capitalista putiniana. Esta última charla unirá el estudio de la crisis mundial al escenario convulsivo del continente, y las conclusiones en términos de programa y tareas. Invitamos a los jóvenes y luchadores a reservar un lugar en los campamentos que se vienen; muy pronto, tendremos los materiales necesarios para adelantar una lectura y prepararnos para el curso. Organicemos en todo el país las delegaciones y las actividades financieras necesarias para poder asegurar la concurrencia de los compañeros interesados. LEER MÁS: 50 años de la Unión de Juventudes por el Socialismo Por Fede Fernández, 28/12/2022. Declaración política de la Mesa Nacional de la UJS - Tendencia Por Unión de Juventudes por el Socialismo - Partido Obrero (Tendencia), 01/04/2020. Por una juventud socialista Declaración nacional de la UJS Tendencia, 27/12/2019.

24 de enero de 2023
Mientras Argentina y Brasil se dolarizan, los Fernández y los Lula conversan sobre una moneda común

Es obvio que ninguno de los asistentes a la reunión de la CELAC está pensando en una moneda común de los países latinoamericanos, ni tampoco Argentina-Brasil. Lo curioso es que se la invoque, sin mediación, cuando en Argentina se discute lo contrario: establecer un régimen bimonetario (peso-dólar) o directamente una dolarización. La deuda pública interna se encuentra enteramente ajustada al dólar; lo mismo ocurre con gran parte de los activos de Anses, Banco Central y provincias. En Venezuela hay régimen bimonetario de facto, pues el dólar circula, con mayor preponderancia incluso, en las transacciones internas. Panamá y Ecuador están dolarizadas. Para adoptar una moneda única es necesaria una homogeneidad histórica. La adopción de una moneda única por vía institucional o ‘desde arriba’, como ha ocurrido con el euro, ha servido para imponer una política de ajuste e incluso de deflación, contra los trabajadores. Por eso el tratado de Maastrich que la impuso fue rechazado en varios referendos. El establecimiento del euro fue una reacción a la dolarización de las monedas de los distintos países de Europa, donde la moneda norteamericana circulaba en forma paralela a las monedas nacionales (depósitos de eurodólares). La declaración de inconvertibilidad del dólar en 1971 desplomó el valor los activos europeos en esa moneda. La necesidad de contar con una moneda de reserva propia (circulación internacional) estaba fuera de las posibilidades de cada Estado separadamente. La adopción de una moneda única dio paso a una enorme especulación financiera, seguida de un enorme derrumbe. Aun hoy, el euro no funciona con la total capacidad de un equivalente de cambio general, como lo prueba la cotización muy diferente de las deudas públicas de los países de la zona euro y como lo demostraron los sucesivos socorros de la Reserva Federal norteamericana al Banco Central Europeo, en ocasión de diversas crisis internacionales. El balance contable del BCE y las deudas públicas nacionales demuestran que la zona euro se divide en una acreedora, Alemania, Escandinavia y los paraísos fiscales, y otra deudora, España, Italia, Portugal, en ocasiones Francia. La imposición ‘por arriba’ de una moneda común de parte de Argentina y Brasil, significa la adopción de presupuestos fiscales similares y el establecimiento de un Banco Central binacional o del Mercosur. La disparidad de estos instrumentos, en el caso del Mercosur, es abismal. Lo que los emparenta no es, sin embargo, un dato favorable –una deuda pública, la mayor parte dolarizada, de más del ciento por ciento del PBI. Si repudiaran la deuda concertadamente, podrían acelerar la adopción de una moneda común. Mientras esto no ocurra, hay que acumular dólares, no otra divisa. Aunque Brasil reivindica 300 mil millones de dólares en reservas, contra el stock cero de Argentina, su posición financiera no es de ningún modo excelente. La contrapartida de esas reservas son los capitales golondrinas atraídos por una tasa de interés del 13% anual, contra una inflación del 5 por ciento. Con una deuda externa de 1.5 billones de dólares y una déficit fiscal del 8% del PBI, equivalente a 250 mil millones de dólares, Brasil se ve obligado a ajustar mucho su tenso corset. Bajando el nivel de las aspiraciones o expectativas, queda la adopción de una moneda digital común para operaciones de comercio y de capitales bilaterales. Serviría para sustituir el dólar y para destinarlo a aumentar las reservas internacionales. Para Brasil, la moneda digital sería conveniente para que Argentina siga importando desde Brasil, cuando en la actualidad no tiene dólares. Permitiría además emitir crédito brasileño para Argentina, atado a importaciones brasileñas. Pero, ¡ay!, Argentina no tiene un tipo único de cambio sino una veintena; incluso para un casamiento monetario se necesita sólo dos. De lo contrario, Brasil se compraría una parte de la ‘brecha’ cambiaria de Argentina. Conclusión: para que la Patria Grande pueda tener una moneda transaccional común digital (o sea en el clearing entre bancos), Massa tendría que ‘megadevaluar’ el peso y adoptar un cambio único. El ímpetu que ha cobrado la narrativa de la moneda común está asociado a la guerra de la OTAN y el quiebre que las sanciones internacionales que ha impuesto ha provocado en las cadenas de producción. Sin el ‘patriotismo’ con que se encara en Suramérica, esto es lo mismo que están haciendo China y Rusia, y la India con cada uno de ellos. La dislocación del mercado mundial subirá otro peldaño considerable cuando se efectivicen los 53 defaults de deuda nacionales que anuncia la ‘respetadísima’ revista The Economist. Esa moneda común parcial debería jugar un papel social disciplinador, mediante equiparación de salarios y, más precisamente, de la tasa de explotación de la fuerza de trabajo entre los países; no es una cuestión monetaria, se trata de una lucha de clases. Una moneda común agudiza la competencia de capitales, o sea que los fuerza a exprimir una plusvalía mayor de la clase obrera. LEER MÁS: Maduro: “amague y recule” Por Jorge Altamira, 24/01/2023. La CELAC en un continente explosivo Por Jorge Altamira, 22/01/2023. El Culebrón de las Américas Por Jorge Altamira, 31/05/2022.

25 de enero de 2023
Las compañías Tech se deshacen de miles de trabajadores

Semanas atrás, en el marco del despido masivo en otras "bigtech", Alphabet (Google) había tenido una llamada de un gran accionista, TCI, un "hedge fund" que posee alrededor de 6.000 millones de dólares en acciones; para reducir su creciente plantilla y recortar los altos salarios pagados a los no ingenieros, pidió una "acción agresiva", que incluye un recorte drástico en la inversión a largo plazo de Google en automóviles sin conductor y un gran aumento en la política de recompra de acciones. Alegan que todo Silicon Valley ha visto problemas similares donde han contratado y compensado en exceso a las personas y están tomando medidas... pero Alphabet está haciendo lo contrario: incorporó más de 36.000 (una parte importante producto de una adquisición) trabajadores en los últimos 12 meses, elevando su plantilla en casi una cuarta parte, incluso cuando los ingresos por publicidad se redujeron drásticamente. También dicen que la disciplina de costos no había sido una “prioridad” hasta el año pasado. se quejó de que el último atracón de contrataciones había reducido el margen de utilidad operativa de la empresa del 39 % el año pasado al 32 % en el último trimestre, y que el salario medio del grupo, de casi 300.000 dólares, era dos tercios más alto que el de Microsoft ( https://www.ft.com/content/6daa5d29-8595-4630-a633-eb1f8b138446 ). Esta semana tomaron "cartas en el asunto" y en su mensaje titulado “Una decisión difícil para prepararnos para el futuro”, Sundar Pichai, cabeza de Alphabet, ha intentado explicar que en los últimos dos años la multinacional había acometido una política de contrataciones “para igualar y alimentar” el crecimiento espectacular experimentado en ese periodo. “Contratamos para una realidad económica diferente a la que afrontamos hoy”, manifestó, para anunciar 12.000 despidos. Además de las "Big", muchas empresas tecnológicas como Spotify, Riot Games, WeWork, etc´tera, también han acometido despidos. Según la web Layoffs.fyi, que hace un seguimiento de los despidos en el sector tecnológico, en los primeros 20 días de este año ya se han anunciado unos 39.000 despidos, que se suman a los 155.000 de 2022. En una industria que va de la mano, como es la de los chips, hace un año, cuando los precios de las acciones alcanzaron su punto máximo, era fácil creer que la industria de los chips había entrado en una nueva era. Se estaban abriendo nuevos mercados gigantes "desde dispositivos móviles hasta la nube, desde vehículos eléctricos hasta el metaverso", dijo en ese momento Sanjay Mehrotra, director ejecutivo del fabricante de chips de memoria Micron. Los problemas de la cadena de suministro habían causado una escasez generalizada de chips, elevando los precios... Pero al final, Qualcomm ha recortado un 25 % de su previsión de ingresos para el trimestre actual, ya que el menor gasto de los consumidores ha afectado las ventas de teléfonos inteligentes. El pronóstico se produjo cuando algunos de los principales fabricantes de chips emitieron proyecciones de ventas y ganancias sorprendentemente débiles y señalaron rondas de despidos. AMD advirtió que las ventas de procesadores para PC este trimestre caerían un 40 % con respecto al año pasado, con márgenes de ganancias sorprendentemente "débiles". Intel, que recortó las previsiones de ingresos nuevamente después de una gran reducción el trimestre anterior, señaló miles de despidos laborales por delante con un plan para recortar hasta $10.000 millones de sus costos para 2025 ( https://www.ft.com/content/1f310389-781b-4ffa-9393-e841cb0e8450 ). La ola de despidos afecta a todos los sectores que contratan empleados relacionados con la tecnología: retail, transporte, finanzas, criptomonedas, turismo y la lista sigue. Como se ve en el siguiente cuadro: Las empresas en general se escusan con "el marco de un cambio en el mundo de inversiones de capital de riesgo a nivel global y, como consecuencia, una reorganización de la estrategia..."( https://www.cronista.com/infotechnology/actualidad/volvieron-los-despidos-masivos-y-no-frenan-a-quienes-les-va-a-tocar/ ) La reversión parcial de la elevada prima de valoración de Big Tech fue una de las grandes historias del mercado de valores del año pasado. Este año, será la continua reducción del gasto del auge pandémico. Se espera que el crecimiento de los ingresos de las empresas más grandes (Alphabet, Amazon, Apple, Meta y Microsoft) disminuya a un 7 % este año, frente al 29 % dos años antes. "Ante tal desaceleración y después de una racha de contratación que se prolongó hasta bien entrado el año pasado, los recientes despidos en todo el sector parecen un primer paso prudente, aunque es “demasiado pronto para saber si serán suficientes”. El mensaje de las Big Tech para Wall Street: las empresas harán lo que sea necesario para proteger los márgenes mientras buscan su escala, diversidad geográfica y comercial y modelos comerciales arraigados para superar una recesión" ( https://www.ft.com/content/28f7e49f-09b3-407f-82f8-56683f5d0663 ). Para estos financistas que supimos conseguir, la "innovación", la prestación de servicios, la calidad de vida de sus trabajadores, etcétera, valen nada; se rasgan las vestiduras por mantener los márgenes de ganancia y las valuaciones en la Bolsa, el único real "incentivo" bajo el capitalismo en decadencia. Todo esto muestra también cómo estos desarrollos sólo fueron posibles gracias al "dinero barato" y toda la política de los bancos centrales, que ayudaron a "apalancar" a estos mastodontes y todo lo que de ellos depende y se interconecta. Gracias a ese nivel de especulación y apalancamiento es que se pudo desarrollar también una competencia feroz por la fuerza de trabajo, una de las mayores trabas para la organización colectiva en el sector, que estos últimos años ha comenzado a revertirse con las luchas importantes que se han desarrollado por la sindicalización, especialmente en EE. UU. En el marco de un recrudecimiento de la guerra de la OTAN y Rusia con la mira puesta en China, de la balcanización del mercado internacional, la pauperización de las condiciones de las masas y los despidos y salarios en caída, el intento de precarización continuo -que incluso podría verse potenciado por la implementación aún mayor de la IA- los trabajadores "tecnológicos" tenemos que reforzar la organización contra los despidos por venir y el intento por demoler nuestras condiciones de trabajo. LEER MÁS: Otro derrumbe de Wall Street Por Jorge Altamira, 16/06/2022. Elon Musk compra Twitter en medio de una guerra imperialista y una guerra espacial Por Jorge Altamira, 27/04/2022. Ola de huelgas en Estados Unidos Por Matias Melta, 21/04/2022. Nace el primer sindicato de Amazon en Estados Unidos Por Matias Melta, 04/04/2022. Estados Unidos: sindicalización, Biden y burocracia sindical Por Matias Melta, 06/03/2022. Economía política de la crisis y la crisis de la economía oficial Documento presentado en el 5to congreso Económico de San Petersburgo (SPEC), San Petersburgo, Rusia, 3 de abril de 2019. Por Savas Michael-Matsas, 22/09/2020.

25 de enero de 2023
Francia: la reforma jubilatoria y la guerra de la OTAN

El gobierno de Emmanuel Macron ha decidido avanzar con el proyecto de reforma previsional enviando la versión preliminar para su debate parlamentario, a pesar de las grandes movilizaciones en contra. Prevé aumentar los años de aportes -de 42 a 43- y elevar la edad jubilatoria de 62 a 64 para el año 2030. Empezará a ser debatido a partir del próximo 6 de febrero entre los diputados. Las centrales sindicales francesas, por su parte, han ratificado un nuevo paro activo de 24 horas para el 31 de enero. El gobierno aún debe conseguir los votos que le faltan para su tratamiento y aprobación, pues en las elecciones parlamentarias de junio pasado perdió la mayoría absoluta. En la actualidad, cuenta con 250 parlamentarios, entre propios y aliados, mientras que la oposición dispone de 327 bancas. Los Republicanos, que vienen de una mala elección, cuentan con 64 diputados y se han mostrado dispuestos a una negociación con el oficialismo. Estos votos le permitirían al gobierno aprobar su proyecto, así sea con reformas. Se especula también con la variante alternativa de una aprobación por decreto del Ejecutivo. Todo el proyecto del gobierno francés está justificado en las estimaciones del Consejo de Orientación de las Pensiones (COR), un organismo “independiente”, que señala al sistema previsional como deficitario. El déficit previsto para 2030, sin embargo, no superaría al 3 % del gasto en jubilaciones. Mientras tanto, la deuda externa francesa alcanza el 115 % del PBI. El gobierno ha intentado, mediante algunas “concesiones”, hacer más digerible la reforma, como una suba de las pensiones jubilatorias a 1.200 euros mensuales (el 85 % del salario mínimo). Lo cierto es que dichas pensiones se encuentran por debajo del aumento del costo de vida que han disparado la pandemia y la guerra de la OTAN. La austeridad previsional contrasta con los gastos de guerra. Macron ha declarado su intención de incrementar el gasto militar a 400.000 millones de euros para el período 2024-2030, más de un 30 % por encima del aplicado en 2019-2023. “Debemos estar preparados para guerras más brutales y numerosas”, dijo, ante el alto mando militar (WSJ, 20/01). Francia cuenta con 200.000 soldados activos, siendo el ejército más grande de la Unión Europea (UE) y el único que cuenta con armas nucleares. La reforma previsional, por lo tanto, se encuentra atada a la necesidad de sufragar a las necesidades de la guerra mundial. LEER MÁS: Viva la lucha de los trabajadores franceses contra la reforma jubilatoria de Emmanuel Macron Por Charly Petrillo – Jubilados Clasistas, 22/01/2023. Francia: el desafío de una huelga indefinida contra la reforma previsional Por Joaquín Antúnez, 20/01/2023. Huelga de transportes en París y Londres La clase obrera en el escenario de la guerra mundial. Por Pablo Busch, 10/11/2022. Francia: dos millones de trabajadores rechazan la reforma Por Emiliano (Belgrano), 20/12/2019.

25 de enero de 2023
Portugal: importante huelga nacional docente

El pasado lunes 16, los docentes de Portugal iniciaron una segunda ronda de huelga que tiene estipulado durar, al menos, 18 días. Exigen el fin de la inestabilidad profesional, contra la precariedad laboral y las horas extraordinarias no remuneradas, pidiendo más contratación y salarios más altos. También exigen jubilarse sin penalización después de 36 años de servicio. La huelga fue convocada por ocho organizaciones sindicales. Inicialmente, algunas de ellas entendían “que no era el momento” para llamar a la medida, pero debieron recular luego de la multitudinaria marcha nacional de 100.000 personas en Lisboa, catalogada como la más grande desde la Revolución de los Claveles en 1974. Actualmente, se están produciendo dos huelgas diferentes, convocadas por dos organizaciones (STOP y Fenprof). La primera decretó, desde el 9 de diciembre, la huelga indefinida. La medida abarca tanto a los docentes como al personal no docente. Por su parte, Fenprof, a la que se sumaron siete sindicatos, inició el pasado lunes una huelga por distritos hasta el 8 de febrero. El 10 se espera una manifestación nacional. Se calcula que desde 2009 los docentes han perdido el 20 % del poder adquisitivo de su salario, a causa de la inflación provocada por la guerra imperialista de la OTAN en Ucrania, que alcanzó el 9,6 % en 2022 –los precios de los alimentos subieron un 18,9 %-. El salario mensual medio, en la franja salarial más baja, es de aproximadamente 1.100 euros, pero los que se encuentran en la franja salarial más alta no están mucho mejor; se sitúan por debajo de los 2.000 euros. La canasta básica de alimentos, para una familia de cuatro personas, está arriba de los 3.000 euros mensuales. Por otra parte, fruto de las políticas de austeridad acordadas con la Unión Europea, los presupuestos para la educación pública han sido brutalmente recortados y devaluados. Apoyo popular y persecución política Según los sindicatos, la adhesión de los maestros es cercana al 80 %. Encuestas han revelado que el 59,5 % de la población apoya la lucha docente. El gobierno está utilizando todos los medios para cuestionar la “legalidad” de la huelga. Ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación y a la Inspección General de Educación que investiguen las cajas de financiación de huelgas. En 2018, ello le sirvió para frenar el paro de enfermeras, que fue considerado ilegal por haber recaudado fondos a través de las redes sociales. En las horas previas a la marcha en Lisboa, el gobierno recurrió a la policía para impedir que los autobuses de profesores llegaran a la capital para manifestarse. Por otra parte, Antonio Costa y João Costa, el Presidente y el ministro de Educación respectivamente, lanzaron una campaña de difamación de los docentes en los medios de comunicación. “Huelga atípica” o “daño irreparable a los estudiantes” son los tópicos que repiten los grandes medios. Asimismo, buscan presionar a los docentes a través de la Confederación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia (CONFAP), un nucleamiento derechista. El gobierno teme que esta huelga pueda inspirar al resto de la clase obrera portuguesa, precaria y con bajos salarios. En el último mes, portuarios y ferroviarios fueron a huelga. Los tripulantes de aviones serán los próximos en ese camino. LEER MÁS: Reguero de huelgas en Europa Por Mauri Colón, 15/01/2023. Huelgas en Europa Por Mauri Colón, 04/08/2022.

25 de enero de 2023
CELAC: el cierre sin gloria de una “cumbre” dividida y paralizada

La pomposa declaración de ¡100 puntos! aprobada por la CELAC en su jornada de cierre no pudo disimular la crisis política vertebral que atraviesa al continente, en el marco de una guerra internacional y del agravamiento de todos los antagonismos imperialistas. Uno de los mayores desaciertos de esa declaración final es caracterizar al continente como “Tierra de Paz”, una afirmación que pretende oponer a América Latina al escenario de la guerra, para postularla, enseguida, como reservorio de alimentos, minerales o energía (otra de los puntos de la ´declaración´). Los mandatarios omitieron, así, la monumental puja desatada en el continente en torno del acaparamiento de esos recursos naturales. Esa pelea, extremamente agravada por la guerra, enfrenta todo el tiempo a los intereses de Estados Unidos con los de China en el continente. En México, López Obrador ensaya un equilibrio imposible entre la articulación de México con el Norte, por un lado, y las relaciones tejidas con el gigante de Asia, del otro. En la misma línea, el derechista Lacalle Pou se quejó del carácter “ideológico” de la Cumbre, tal vez para justificarse él mismo por los acuerdos que anuda su gobierno con la ´comunista´ China. Los mandatarios fingieron ignorar ese escenario convulsivo, que conduce a golpes y crisis políticas recurrentes, para reivindicar en cambio el principio estéril de la ´no intervención´ entre países y de unos poderes del Estado sobre otros, justamente en momentos en que se han barrido todas esas fronteras. Para demostrarlo, estuvo la propia Cumbre y su anfitrión: Fernández no pudo asegurar que la visita de Maduro no culminara en una detención del venezolano ordenada por la justicia argentina, lo que hubiera devenido en una crisis internacional mayúscula. La declaración final saluda al “proceso de diálogo y negociación” entre el gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria (oposición) venezolana. Ese saludo diplomático omite, por un lado, la extorsión económica del imperialismo sobre el país bolivariano y, del otro, el papel regimentador y represor del chavismo en descomposición sobre la clase obrera de su país. El documento reclama “el levantamiento del bloqueo a Cuba”, una petición largamente reiterada y fracasada por parte de las burguesías continentales que comenzaron a reunirse en los años 80 para promover la “integración” de la isla al régimen económico y político del continente. Para los gobiernos de la región, esa asimilación representó siempre una vía de neutralización de la revolución cubana; hoy, se trata de borrar todo vestigio de aquella experiencia para atenazar a las masas a un nacionalismo continental que, en cualquier caso, se encuentra en completa crisis. La fase “dorada” del ascenso de los precios de las materias primas ha culminado hace rato: lo que domina el escenario continental es el peso monumental de las deudas externas, que condiciona a la región en su conjunto. Sobre este punto, el documento final sólo presentó una súplica, en favor de un rescate financiero internacional. El documento final optó por la diplomacia y la impostura para referirse a la degradación social del continente. Pide una “migración segura, ordenada y regular,“ como si ello pudiera serle exigido a la masa pauperizada de Centroamérica que hoy protagoniza esa gran crisis humanitaria. El planteo de “orden y regularidad”, en cambio, suena como un traje a la medida de las pretensiones de Biden, que deporta al 70 % de los migrantes con diversos bloqueos burocráticos. El documento se pronuncia “contra la precarización laboral que viven los jóvenes”, una forma de presentar a la degradación del trabajo como un “problema” de la nueva generación, en un continente donde la precarización ha avanzado a través de ´reformas laborales´ (Bolsonaro) y, alternativamente, de la liquidación de los convenios y de la llamada ´economía popular´, como ocurre en Argentina. En medio de la brutal represión en Perú, la cumbre se guardó de cualquier reproche o censura al gobierno de Boluarte. Según la prensa, la cuestión fue debatida entre bastidores y el reclamo por la libertad de Castillo fue abandonado a partir del rechazo de Lula y la diplomacia brasileña. La Cumbre, así, aseguró su silencio y connivencia para con la represión en Perú. La CELAC fue una gran operación de encubrimiento de la crisis continental. Su propio desarrollo, sin embargo, no pudo evitar del todo convertirla en un escenario -deformado- de esa crisis. LEER MÁS: Maduro: “amague y recule” Celac, un concierto de estados en crisis. Por Jorge Altamira, 24/01/2023. Mientras Argentina y Brasil se dolarizan, los Fernández y los Lula conversan sobre una moneda común Por Jorge Altamira, 24/01/2023. La CELAC en un continente explosivo Y una guerra mundial en desarrollo. Por Jorge Altamira, 22/01/2023.

25 de enero de 2023
Merlo: a un mes del levantamiento de la huelga del hospital Eva Perón

La aguerrida lucha de los trabajadores del hospital Eva Perón por mejoras salariales y laborales terminó con 17 despidos y la posibilidad de la profundización del vaciamiento y de la política de gerenciamiento impulsada por el intendente Menéndez. Un ejemplo concreto es el avance de la empresa Filippelli-Salazar en el servicio de laboratorio, que hace todos los trabajos, excepto la extracción de sangre. Menéndez enfrentó a los trabajadores con diversos métodos. Primero apostó a la división del movimiento de lucha separando, con el auxilio del Sindicato de Municipales, a los médicos residentes, que peleaban por pasar a la órbita provincial, de los técnicos y administrativos. La maniobra se concretó con éxito cuando, en medio del plan de lucha unificado, el gobierno municipal ofreció una mesa de negociación separada para el personal no médico. La dirección del STMM abrazó esta política aceptando un compás de espera. Esto fue un golpe para el movimiento porque quebró su unidad, vital para cualquier victoria. El gremio jamás preparó, desde el inicio de la lucha, la huelga indefinida. No hubo durante todo el conflicto un plenario de delegados con el fin de unir a todos los trabajadores del sector –en Merlo hay cuatro hospitales municipales, además del Eva Perón-. El segundo método utilizado por Menéndez fue típico del otacehísmo. Para derrotar la resistencia de los trabajadores en huelga, que ya había quedado reducida al sector de laboratorio, Menéndez envió a la policía y a la infantería a ocupar las instalaciones del hospital. Además, apostó en las inmediaciones del edificio a los barrabravas, con el fin de montar una provocación ante una eventual asamblea. En esta situación crítica y ante el reclamo de los activistas, la dirección del gremio se negó a convocar un paro general en repudio a la militarización. En la actualidad, el 80 % de los trabajadores de la salud municipales se reparten entre planta transitoria, monotributistas y cooperativistas. Sobre esta base, el gobierno municipal intentará profundizar el ajuste. La destrucción de la estructura sanitaria pública es un proceso generalizado. La lucha de los trabajadores de la salud es una resistencia objetiva a este vaciamiento. La política del municipio y de los gerenciadores alimentará nuevas luchas, que recogerán la experiencia de la huelga que los trabajadores del Eva Perón acaban de recorrer. LEER MÁS: Merlo: Menéndez militariza el hospital Eva Perón y despide activistas para derrotar la huelga Por Julio G., 05/01/2023. Hospitales Municipales de Merlo: la huelga indefinida entra en su 5º día Por Patricia U., 26/12/2022. Merlo: huelga indefinida en los hospitales municipales Por Julio G., 24/12/2022.

25 de enero de 2023
Domingo 29: 14 años de la desaparición seguida de muerte de Luciano Arruga

Familiares y amigos de Luciano Arruga convocan para este domingo 29 de enero, a partir de las 15, a una trasmisión audio visual en las esquinas de Indart y San Martín, en Lomas del Mirador, La Matanza. Se verá un corredor con intervenciones artísticas para recordar a Luciano. Se cumplen 14 años de la desaparición forzada seguida de muerte de Luciano. Salvo algunas actualizaciones, no hay novedades en la causa. La impunidad de los responsables materiales y políticos es la única respuesta. Luciano fue torturado, desaparecido y asesinado por negarse a robar para la policía bonaerense, un engranaje criminal del estado sigue intacto. Los casos de “gatillo fácil” son cada día más frecuentes en los barrios de La Matanza y detrás de ellos viene el encubrimiento, la impunidad y el sobreseimiento fácil. No es solo la policía sino el Estado capitalista que busca en los jóvenes mano de obra barata para el negocio de la criminalización, la delincuencia y la venta de drogas. Una gran rueda auxiliar desde la cual se blanquea dinero para rescatar a un sistema capitalista en ruinas. La actividad del próximo domingo 29 reclamará y denunciará la impunidad y la connivencia del Estado en la desaparición y muerte de Luciano. Desde Política Obrera y desde el Polo Obrero Tendencia nos haremos presentes para acompañar a los familiares y amigos. LEER MÁS: Luciano Arruga: 13 años de impunidad Por José Fernández, 27/01/2022. Marchas en todo el país contra el gatillo fácil Por Lautaro Brodsky, 28/08/2021. Luciano Arruga: 12 años de impunidad Por Nadia Filo, 31/01/2021. A 11 años de la desaparición de Luciano Arruga Por Vanina Rojas, 29/01/2020.

25 de enero de 2023
Desbarranca el “plan” Massa

Después de haber apelado a las escasas reservas del Banco Central para bajar el valor de los dólares financieros o paralelos, el gobierno se enfrenta ahora a otra corrida cambiaria. En cuestión de días, la aventura de Massa terminó financiando una nueva fuga de capitales. El fracaso de la tentativa de “estabilización de los mercados” está a la vista. Los “parches” y maniobras no pueden con la bancarrota financiera del Estado, donde la deuda pública representa el 120 % de la economía nacional. El dólar, de todos modos, no sube solo. Los mismos monopolios que dolarizan sus activos se apresuran a hacerlo con los precios, a través de una remarcación general. Los “precios justos”, apenas un puñado de productos en las góndolas, no pueden disimular el recrudecimiento de la inflación. Una inflación que cabalga, además, al compás de los tarifazos en el gas y en la luz; del aumento en las prepagas y del reajuste anual de los alquileres, que representa un 80 % más de lo que los inquilinos venían pagando. Pero la disparada del dólar y los precios tira abajo la mayor de las maniobras del superministro contra la clase obrera: la de presentar una inflación “en baja” y, con el concurso de la burocracia sindical, promover paritarias a la baja en 2023. Ese plan, “paritarias al 60 %”, empieza a crujir por todos lados, aun cuando varias direcciones sindicales se apresuraron a aceptarlo. El despiste del Plan Massa no es sólo económico. Golpea en el plexo a un gobierno virtualmente vaciado, que reposa en un “súperministro” sostenido por los favores del FMI y del Departamento de Estado. Por eso, la pretensión de hacer de Massa el candidato oficial tambalea junto a sus maniobras sin rumbo. Para la clase obrera, esto significa un claro llamado a la acción. Los que gobiernan querrán rescatar su “plan” fracasado a costa de un ataque brutal al salario, a los derechos laborales, a las jubilaciones y planes sociales. Es necesario discutir una acción de conjunto, una huelga general, para defender las reivindicaciones elementales. Y para colocar a la clase obrera como protagonista y salida frente al desastre al que nos llevan los gobiernos del capital. LEER MÁS: Las implicancias políticas del fracaso de recompra de deuda por parte de Massa Por Jorge Altamira, 23/01/2023.

26 de enero de 2023
Israel: cayó Deri, pero no la "reforma" judicial

El miércoles 18 la Corte Suprema de Israel cuestionó la designación de Aryeh Deri, viceprimer ministro y ministro de Interior y Sanidad, asumido sólo días antes. Deri es la principal figura del partido Shas, el más importante entre las fuerzas religiosas y pieza clave de la nueva coalición ultraderechista. La Corte lo cuestionó por no cumplir ningún “estándar de razonabilidad”: Deri fue juzgado y penado en tres oportunidades por graves delitos fiscales. El domingo 22 Netanyahu tuvo que echarlo. Netanyahu lo hizo “con el corazón encogido y con gran pesar” (sic). Haberlo preservado hubiese conducido a una crisis de poderes explosiva. El propio partido Shas que había amenazado con resistir la destitución la aceptó. El día anterior, una movilización democrática en casi todas las ciudades del país casi dobló la concurrencia que se había registrado una semana antes. El paso al costado de Deri no significa que la coalición ultraderechista-religiosa resigne su plan de reforma judicial: “nada menos que el intento del gobierno de vaciar la Corte Suprema del Estado, dando a la Knesset (el parlamento) la última palabra tanto en la legislación como en el control de las decisiones de los tribunales” (Louis Fishman, Haaretz, 23/1). Se trata de un virtual “golpe de Estado” como se expresó a viva voz en la calle. Si bien Deri sale del gabinete, su partido tiene otros miembros en cargos centrales y es altamente probable que el reemplazante sea alguien del mismo Shas o haya un enroque con otros partidos de la coalición. El gobierno quiere avanzar contra viento y marea con el plan de la ´reforma´ y necesita desmovilizar. El sábado 21 la marcha antigubernamental en Jerusalén, la ciudad más importante y llena de religiosos, sumó incluso a sectores de éstos (Haaretz, 22/1). La coalición derechista echó lastre para concentrar toda su artillería en la ´reforma´. De ahí que “el nuevo ministro de Asuntos de la Diáspora de Israel, Amichai Chikli, está tratando de restar importancia a los temores de un cambio repentino y drástico de la llamada «Cláusula de los Nietos» de la Ley del Retorno, que establece que cualquier persona con al menos un abuelo judío tiene derecho a la ciudadanía israelí automática” (The Jerusalem Post, 23/1). La coalición sionista-religiosa apunta a reforzar todas las características totalitarias del régimen político, no sólo contra los palestinos sino incluso contra los propios judíos israelíes. Un analista dice que “los conceptos ultranacionalistas y racistas de los miembros del gobierno son la expresión real y flagrante de una emulación del ultranacionalismo etnocéntrico de todo tipo, desde la república polaca antisemita de entre las dos guerras mundiales hasta la Turquía de Erdogan o la Hungría de Viktor Orban” (Dmitri Shumsky, Haaretz, 24/1). La teocratización del Estado sionista apunta a un reforzamiento represivo sin precedentes dentro de Israel. Barrer las prerrogativas de la Corte y recortar los resortes de la justicia implica anular el único contrapeso ´legal´ contra el parlamento unicameral y el gobierno que éste designa: de modo que lo transforma en un poder omnímodo. La Corte y los tribunales podían hasta ahora cuestionar las leyes y/o las decisiones del rabinato. Ahora éste y la Knesset no podrán ser cuestionados. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, un fascista confeso, agitó el temor de una guerra inminente en Gaza: “En tal escenario, solo hay una solución: fortalecer la policía y establecer una guardia nacional. Ben-Gvir pidió ´duplicar las fuerzas de la Policía Fronteriza, fundar un grupo de trabajo nacional y una rama militar voluntaria nacional y reclutar 10.000 soldados” (Jose Breiner, íd., 24/1). Como se ha señalado, Israel se asemeja cada vez más a los regímenes ´fundamentalistas´ de la región. El sionismo recurre a un nacionalismo teocrático, como nunca lo habían hecho hasta ahora los ´viejos´ sionistas. Estos defendían un principio de Estado secular y la separación del Estado de la religión (Teodoro Herzl). Ahora los religiosos se han enseñoreado del Estado, han activado la “homofobia y buscan activamente influir en la educación pública”. Atacan “las libertades seculares, las leyes que protegen a las mujeres … (promueven) un racismo institucionalizado” (L.Fishman, íd., 23/1). El establishment empresario teme que se “debilite al poder judicial”, alegando que ello podría acarrear “una caída en la calificación crediticia de Israel y una disminución de las inversiones extranjeras” (ídem). Los empresarios del poderoso sector tecnológico israelí se pronunciaron abiertamente contra la ´reforma´ y no impidieron que “sus empleados participen en una huelga de ´advertencia´ de una hora el martes, como parte de la lucha contra el plan de revisión judicial” (íd). Trabajadores de 130 empresas del sector tomaron esa iniciativa “contra el golpe de Estado” (id.). Netanyahu sabe que está en juego su propio pellejo. Según informa el periodista Chen Maanit, “el fiscal general de Israel Gali Baharav-Miara considerará declarar a Netanyahu no apto para el cargo” (íd., 22/1). Netanyahu “está siendo juzgado por fraude, soborno y abuso de confianza en un tribunal de distrito de Jerusalén”. Hace tres años que se le siguen varios juicios. Según Baharav-Miara “está obligado por el acuerdo de conflicto de intereses que firmó hace tres años” a toda una serie de restricciones legales. “Netanyahu —dice el fiscal general—tiene prohibido hacer nombramientos judiciales o involucrarse en asuntos legislativos que puedan afectar su juicio en curso” (ídem). Precisamente, la reforma judicial “tendrá el poder de promover (y/o remover) a los jueces involucrados en el juicio de Netanyahu” (íd.). Se ha abierto en Israel un conflicto de poderes nunca visto. La presidente de la Corte fue oradora central en el acto del sábado. El régimen sionista, que siempre se jactó de una aureola ´democrática´, inviabiliza ahora a la llamada ´división de poderes´. LEER MÁS: Israel: la Corte expulsa a ministro de Netanyahu ‘Una crisis de poderes’. Por Norberto Malaj, 20/01/2023. Israel: cien mil personas ganaron las calles Netanyahu quiere poner bajo su tutela a la Corte Suprema. Por Norberto Malaj, 16/01/2023. Israel: un régimen talibán Del mesiánico Meir Kahane al fascista Ben-Gvir. Por Norberto Malaj, 12/01/2023. Israel: el nuevo gobierno declara la guerra a la Corte Por Leib Erlej, 07/01/2023.

26 de enero de 2023
Tucumán: se ha relanzado la huelga indefinida de la salud

El 11 de enero se ha retomado el paro por tiempo indeterminado impulsado por el SITAS, con la modalidad de paro con concurrencia a los lugares de trabajo - es decir, sin atención al público, a excepción de las guardias y con paro informático. El paro por tiempo indefinido iniciado en diciembre sufrió un parate, cuando el gobierno y el Ministerio de Trabajo establecieron la conciliación obligatoria, que la dirección del SITAS acató de manera inmediata. De ese modo, abrió expectativas de alcanzar los reclamos salariales y laborales por medio de esa instancia. Pero la conciliación fue un fiasco. Quedó claro que su único objetivo era enfriar los ánimos y explotar el clima de distención de las fiestas de fin año, a sabiendas que en el mes de enero la mitad de personal sale de vacaciones. En todo el periodo de la conciliación, la directiva se limitó a realizar reuniones de delegados de carácter informativo. El estado de ánimo de los trabajadores no solo no se enfrió, sino que a partir de los delegados y activistas de los hospitales y centros de salud combativos se fue consolidando un bloque a favor de reiniciar el paro por tiempo indefinido. Fue en estos lugares donde se mantuvo la concreción de asambleas, calentando los motores. Vencida la conciliación, el 11 de enero se retomó el paro. En estos casi 15 días, el nivel de acatamiento es del 50 al 60% principalmente en los hospitales de gran concurrencia y algo menor en los centros de atención primaria que conforman la red periférica de la salud pública. El gobierno ha salido a un ataque mediático respecto de estas medidas de fuerza . El Ministro de Salud resaltó el “esfuerzo” que había hecho el gobierno en otorgar un bono, o sea un adicional no remunerativo que se cobró en tres partes. Señaló que el bono representaba un 94 % de aumento, y que el salario de bolsillo en diciembre llegaba a casi 200 mil pesos y el de los residentes a 250 mil. En conclusión, “no entendía” el por qué de las medidas de fuerza, anunciando que cualquier otro aumento se iba a discutir recién en las instancias paritarias. El ministro y el gobierno fueron repudiados por las redes sociales, donde se dieron a publicidad diversas boletas de sueldos. Allí, se desmintieron las afirmaciones del gobierno, mostrando que tanto profesionales como trabajadores de enfermería y otras especialidades ganan entre 107.000 y 134.000 pesos En simultáneo, el gobierno ha dado orden a los directivos de los hospitales y servicios para apretar al personal e informar quiénes se suman a las acciones de fuerza y cuál es su afiliación. El gobierno amenaza con no pagar los salarios y, desde ya, evitar que la huelga de SITAS se transforme en una huelga general de los trabajadores de la Salud. Los trabajadores afiliados a ATSA y otros pequeños sindicatos, han tomado la decisión de desafiliarse a sus organizaciones y sumarse al SITAS, para ponerse a resguardo y en constancia de que es desde este sindicato donde nacen las acciones de fuerza. La conducción del SITAS no ha hecho ninguna acción para organizar el paro por tiempo indeterminado. Se ha limitado a enviar comunicados por los medios, apostando a que las “bases” deben sostener el paro libradas a su suerte. Están jugados al desgaste y especulan en ser convocados a la discusión paritaria. En la última reunión de delegados realizada este miércoles, s han planteado que el paro no está funcionando, ya que el gobierno no ha dado ninguna señal de querer recibirlos para discutir los puntos reivindicativos, y que la adhesión al paro baja semana a semana –lo cual es falso. La conducción del SITAS esta jugada a desalentar la lucha. En paralelo, atacan a los delegados combativos que organizan y toman iniciativas para sostener y reforzar la huelga. La conducción del SITAS es consciente que en febrero retornan centenares de trabajadores de sus vacaciones, y que una discusión paritaria apoyada en una huelga indefinida va a poner al rojo vivo toda la situación salarial de diversos sindicatos. Hay hospitales como ocurre con el Kirchner -que desde que comenzó el conflicto se ha puesto a la vanguardia de la lucha, generando diferentes acciones para sumar a más trabajadores. En pleno enero, ya han realizado dos asambleas importantes y acciones dentro del hospital, ante el apriete de los jefes de servicio. No es casual que el Ministro de Salud Medina Ruiz junto a la diputada nacional Roxana Chalha (ex Ministra de Salud de Tucumán) haya elegido ese hospital para “visitar” en pleno enero. El bloque de delegados combativos se ha reforzado en distintas aéreas, reclamando que los plenarios de delegados, que la conducción convoca de un día para el otro, impidiendo la concurrencia con mandato, se convoquen con anticipación y se asista con mandatos de las asambleas de base. Para el mes de febrero se hace imperiosa la convocatoria a una asamblea general y la elección de un comité de huelga, así como las acciones de movilización para imponer los reclamos. LEER MÁS: Tucumán: se relanza la huelga por tiempo indefinido de la Salud Por Mocha Soria, 13/01/2023.

26 de enero de 2023
Incendio en Charlone: el gobierno es responsable

El día martes, en Charlone y Rosetti, barrio de Villa Ortuzar, se prendió fuego un predio donde vivían alrededor de 40 familias. Algunas de ellas son vecinas del barrio desde hace más de 20 años. Se calculan tres heridos; uno, de gravedad, está internado en el hospital Tornú. Según las primeras versiones, la causa del incendio que generó la destrucción total de las viviendas y posesiones de las familias habría sido un desperfecto eléctrico. Hace tiempo que estos vecinos vienen reclamando una solución al problema de la vivienda, junto a las denuncias por las precarias condiciones de habitabilidad y de los servicios. Llegaron a reclamar la colocación de medidores para cada unidad familiar en reiteradas oportunidades, sin solución alguna. Lo único que habilitó el gobierno fue un medidor para toda la propiedad. La sobrecarga eléctrica, parece haber estado en la base de esta tragedia evitable. Ya con los hechos consumados, tampoco ha habido respuesta alguna del GCBA. Desde el día del incendio, las familias se encuentran viviendo en la plaza 25 de Agosto, a dos cuadras del incendio, sin que haya otro apoyo que el de vecinos y organizaciones que han comenzado colectas de alimentos, colchones, ropa, pañales, etc. para atender lo más urgente. Estos hechos hunden sus raíces en la orientación social de la CABA. Buenos Aires es pródiga en negociados inmobiliarios impulsados por el Ejecutivo y votados o avalados por la Legislatura; es decir, con el apoyo del peronismo porteño. Las rezonificaciones constantes son el marco de legalidad para una política de especulación y expulsión de los vecinos. Es así que nos encontramos con inmuebles sin habitar y familias trabajadoras durmiendo en una plaza después de perderlo todo. El día 26 se ha convocado a las familias a una reunión en la Legislatura con el Instituto de Vivienda, a las 15 horas. Allí movilizarán las familias desde las 14:30 hs. Es fundamental rodear de solidaridad esta lucha, asociándola con otros sectores movilizados por el mismo problema y organizar una asamblea de damnificados con un claro reclamo: por un hogar en su barrio, Villa Ortuzar, con carácter permanente.

26 de enero de 2023
Los socialistas y el juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa

El juicio por el crimen de Villa Gesell, donde una violenta patota de rugbiers de Zárate asesinó al joven Fernando Báez Sosa, concentra la atención del conjunto del país. En estas horas, cuando exponen sus alegatos los fiscales, querellantes y defensores, el debate jurídico se concentra en una cuestión crucial; a saber, si le corresponde a los acusados la cadena perpetua, y si esa sanción extrema se hará extensiva a todos ellos. Los fiscales y los abogados de la familia de Fernando se han empeñado en demostrar que hubo una acción de patota que actuó con alevosía, y que hubo un plan criminal. Los últimos videos presentados por los querellantes refuerzan el planteo de la alevosía; en cambio, es más controvertida la tesis de una acción planificada. Del lado de la defensa se apuntará a presentar el asesinato como un hecho accidental en los marcos de una pelea entre dos grupos. Los defensores han presentado un conjunto de nulidades y chicanas que, de no prosperar en este tribunal, serán usadas en la apelación a los tribunales superiores. Dentro de unos años, y sin la conmoción popular que hoy rodea al juicio, buscarán lograr que se aminoren las penas que se dicten en primera instancia. Agitación política En la agitación política que rodea al juicio, se manifiestan diversas corrientes. La más notoria levanta la consigna “sin perpetua no hay justicia”. Algunas coberturas mediáticas mencionan la sórdida acogida que les esperaría a los futuros condenados en las cárceles. Esta referencia deja en evidencia el estado criminal que prevalece en el Sistema Penitenciario Federal. Algunos observadores periodísticos y judiciales se preguntan “qué va a pasar” si el tribunal no aplica la sanción máxima. ¿Una reforma penal a favor de un endurecimiento de penas? No es en torno a esto que se debate en Dolores, sino a las pruebas que acreditan una posición u otra. Violencias criminales ocurren todos los días, en especial el ‘gatillo fácil’, pero son ocultadas a la opinión pública o desaparecen rápido de las luminarias. Siempre hay “cárcel y bala” para un pequeño ladrón, aunque el punitivismo penal denuncie que hay una puerta giratoria que lo devuelve a la calle. Crimen y Estado En un texto enviado al periódico New York Dayly Tribune (1853) Marx señalaba: “Desde Caín el mundo no ha sido intimidado ni mejorado por el castigo”. Enseguida, polemiza sobre el delito con la filosofía alemana, que presenta a la pena como producto de la propia voluntad del criminal. Si éste, decían los hegelianos, ejerce su “derecho” a delinquir, la sociedad, con el castigo, defiende su derecho ´original`. Marx señalará que este punto de vista del delincuente como un “ser libre y autodeterminado”, no es más que una versión refinada de la ley del talión (“Ojo por ojo”..). El que mata, es matado. Y concluirá con esta reflexión: “¿qué estado de sociedad es aquel que no conoce mejor instrumento para su propia defensa que el verdugo y que proclama (…) su propia brutalidad como ley eterna? Esta refutación, por el jóven Marx, del “derecho abstracto” que reivindicaba la corriente neohegeliana, viene a cuento del asesinato de Fernando Báez Sosa. La condena que dictará el tribunal, de acuerdo a cómo interprete las pruebas exhibidas en el debate y la legislación penal vigente, no pondrá fin a las muertes provocadas por patotas. Eso no puede ocurrir en una sociedad en agonía, que celebra sus estertores con una violencia individual y política cada vez más brutal, y con la organización cada vez más sofisticada del delito. Esos estertores se manifiestan en la amenaza nuclear que encierra la guerra de la OTAN contra la Rusia proimperialista, por un lado, y la tensión con China y la mayor parte de los pueblos de la periferia semicolonial, del otro. Como socialistas, nuestra tarea no es jugar de suplentes del tribunal, ni defender una ‘aplicación correcta’ del código penal de los estados capitalistas o el - muchas veces- peor de las burocracias stalinistas y sus sucedáneos. Ese código penal defiende la gran propiedad y el régimen de explotación, y los privilegios de camarillas. Nuestra tarea es desnudar el carácter de clase de esa violencia, como una determinación inseparable de la sociedad en la que se ejerce. Es denunciar también la violencia judicial, en especial la que se organiza en los bastidores, para mantener libres a las grandes corporaciones estafadoras o a las llamadas ‘familias del poder”. El estado actual, tribunal y reo, no puede hacerse un juicio político a sí mismo. El conflicto de relatos del juicio contra el grupo que, con responsabilidades individuales a determinar, asesinó a Fernando Báez Sosa, está condicionado por los procesos que se siguen a Cristina Kirchner. Del lado oficial se describe a un tribunal que debe dictar sentencia apegado a las pruebas; por su parte, el lado ‘destituyente’ reivindica la soberanía del poder judicial y de sus sentencias. El abogado Fernando Burlando ya es presentado como futura compañía electoral de Massa. Fernando Báez será victimizado varias veces más todavía para servir al relato de uno y otro. Nuestro lugar, como socialistas, no es el de militar en el concierto estratégico del orden existente, sino enlazar las circunstancias de este juicio a una crisis de alcance general. LEER MÁS: Fernando Báez Sosa: el juicio que conmueve al país Por Jacyn, 06/01/2023. El juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa Por Ana Belinco, 04/01/2023.

27 de enero de 2023
Trenes Argentinos: Tres despedidos en menos de un año, en un mismo sector
Marcos A

En el sector de monitoreo (seguimiento de cámaras de seguridad) de Trenes Argentinos, las suspensiones arbitrarias son moneda corriente y la presencia del gremio para la mayoría no existe. Aún más grave es que en el centro de Once hubo tres despidos entre julio de 2022 y enero de este año. El gremio se dedicó a encubrir la situación, para que en la línea no se conociera. Los empleados del Centro de Monitoreo (que en su mayoría son jóvenes) pasan las jornadas en tensión permanente, analizando cada cuadro de imagen y reportando cada secuencia de forma preventiva. El régimen laboral es de 40 minutos por 20 de descanso, básicamente el máximo de lo que el cuerpo resiste en la tarea. A eso hay que sumarle que esos mismos 20 minutos son utilizados, por ejemplo, para almorzar. La entrega de uniformes es a destiempo y escasa. Para que en los centros de monitoreo la patronal no siga avanzando, los compañeros podrían avanzar en la organización de asambleas de sector, para luchar: • Por viandas y tiempo de refrigerio acorde con las necesidades • Entrega de uniformes en fecha y cantidad necesaria • Basta de suspensiones y despidos arbitrarios • Reincorporación de los despedidos • Jornadas de 6 hs por tarea insalubre • Salario básico igual a la canasta familiar hoy 227.392 pesos • Indexación mensual del salario, ante la inflación. LEER MÁS: Precariedad laboral para banderilleros y guardabarreras del ferrocarril Sarmiento Por Marcos y Lisandro Martínez, 26/11/2022. Despidos de ferroviarios: ¿una nueva estrategia de la lista verde? Por Lisandro Martínez, 19/11/2022.

27 de enero de 2023
Clínica Constituyentes: concentración ante la falta de pago de sueldos

El día jueves 26 de enero se realizó una concentración en la puerta de esta clínica frente a la falta de pago de salarios. Hace más de dos años que los trabajadores vienen realizando diferentes acciones para poder cobrar el sueldo en tiempo y forma. Muchos se ven empujados a trabajar en más de dos instituciones de salud. La clínica sigue funcionando aunque no cuenta con terapia intensiva, lo que manifiesta un claro vaciamiento de la institución. En la última asamblea se votó por unanimidad la toma de la clínica, ya que si bien el conflicto por la falta de pago de sueldos lleva más de dos años, en el mes de diciembre les depositaron 30 mil pesos y en el último mes otros 20 mil pesos. La clínica Constituyentes no se encuentra en una situación aislada, en la misma sintonía se encuentra la Provincial de Merlo. Frente a un escenario inflacionario y de pérdida de poder adquisitivo de los salarios, los trabajadores reciben su sueldo en cómodas cuotas. Desde la burocracia de ATSA, mantienen una complicidad manifiesta frente al incumplimiento del pago de salarios en tiempo y forma. La pandemia pronostica brotes de mayor envergadura, mientras el sistema de salud público se encuentra fuertemente atacado por la política de ajuste del gobierno de los Fernández y el FMI. Mientras tanto el sector privado se beneficia con grandes sumas de subsidios que recibe del estado. Ante esta situación, los trabajadores de la Constituyentes exigen el pago inmediato de salarios adeudados, El día viernes convocan nuevamente a asamblea para ratificar la toma del día lunes 30 de enero. Esta lucha por el pago inmediato de sueldos adeudados se enmarca en un contexto convulsivo, atravesado por la huelga indefinida en Tucumán, la huelga de salud en Chubut y, en la zona oeste, la huelga del hospital Posadas. Sigamos el camino que marcaron los residentes y concurrentes de CABA: autovonvocatorias y asamblea para delinear el pliego de reivindicaciones y un plan de acción para conquistarlo. LEER MÁS: Clínica Provincial de Merlo: no al pago de los salarios en cuotas Por Julio G., 24/01/2023. Sanidad: las patronales reciben subsidios, pero no pagan los salarios Por Mercedes Colou, 20/07/2022. Paros y acciones por el pago de salarios adeudados en clínicas de la zona Oeste Por Claudia P. y Soledad Domínguez, 18/07/2022.

27 de enero de 2023
Lula y CFK, un desencuentro

Finalmente la Vicepresidenta no pudo lograr la foto con Lula Da Silva en su paso por Argentina para asistir a la cumbre de la CELAC. CFK debió conformarse, en cambio, con las postales que le regalaron la hondureña Xiomara Castro, el colombiano Gustavo Petro y, por separado, el actual presidente boliviano Luis Arce y su antecesor, Evo Morales, ambos envueltos en un duro choque por la conducción política del gobierno y de su partido, el MAS. Las razones que se esgrimieron fueron varias. En principio, la disputa por la sede del encuentro – la Vice exigía que fuera en su despacho en el Senado, Lula ofrecía las instalaciones del Hotel Sheraton, donde se desarrollaba la cumbre. El brasilero acusaba una agenda apretada y razones de seguridad e infraestructura. De fondo, se encuentra la descomposición del gobierno “nacional y popular”, de la que Lula habría intentado zafar. Su anterior visita al país había ocurrido en diciembre de 2021, con motivo del Día de la Democracia, cuando CFK, Alberto Fernández y el entonces candidato en ciernes a la presidencia de Brasil compartieron un acto en una semipoblada Plaza de Mayo. Desde entonces, la crisis política no ha hecho otra cosa que agravarse. En estas horas, el “plan Massa” -como ha dado llamarse la improvisada agenda del ´súperministro´- está naufragando a ojos vista: luego de anunciar la recompra de deuda soberana por 1.000 millones de dólares con el propósito de achicar la brecha entre las cotizaciones oficiales y paralelas, el Banco Central no ha parado de perder reservas y el dólar blue alcanzó su máximo histórico. Al ´mago´ del Ministerio de Economía se le podrían acabar los conejos que alberga en la galera antes de la llegada del otoño, es decir, del inicio formal de la carrera electoral por la presidencia. Según versiones periodísticas, la tentativa por mantener el frente oficial unido explicaría el acompañamiento de las espadas legislativas del Frente Renovador al juicio político a la Corte. Sería el tributo para evitar una ruptura con el ala cristinista, aun al costo de la parálisis del Congreso y el bloqueo de ´leyes económicas´ que venía negociando con la oposición ( blanqueo y otras). “Los principales empresarios del país temen que la precaria política de Massa desbarranque como consecuencia de un alboroto institucional. Se refieren al asedio a la Justicia. Esos hombres de negocios, que tratan de respaldar a Massa disimulando sus carencias, creen que el agravamiento de esa lucha de poderes puede alterar variables sensibles como, por ejemplo, la cotización del dólar paralelo” (La Nación, 26/1). El cristinismo observó la cumbre de la CELAC como la plataforma de lanzamiento de Alberto Fernández a la reelección. Ningún representante de su tropa se mostró en Retiro. Por el contrario, “Wado” de Pedro se quejó airadamente por haber sido excluido, según su relato, del encuentro de Lula con representantes de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo. Lula tiene sus propias razones para evitar el entrevero, más allá de la simpatía personal que se le atribuye hacia Alberto Fernández. Durante las celebraciones por su elección, se calzó la visera con la inscripción “CFK 2023”. Se habría arrepentido de aquella efusividad, que lo embanderaba con una parcialidad del gobierno argentino. Sus asesores le habrían recordado la conveniencia de mantenerse al margen de los traspiés judiciales de CFK: la Vice argentina está acusada de encabezar una asociación ilícita, defraudación al Estado y lavado de dinero. También le habrían refrescado que el Departamento de Estado le bajó el pulgar a la ´embestida´ contra la Corte que encabeza el kirchnerismo, cuando Lula se dedica a tejer vínculos con el Supremo Tribunal de Justicia de su propio país – el mismo que colaboró con la destitución de Dilma Rousseff y luego ratificó la anulación de la condena que lo llevó a él mismo a la cárcel. Para los yanquis, el Poder Judicial ´independiente´ se ha convertido en el último árbitro de las democracias continentales en disolución. Ha tejido los lazos correspondientes para asegurar esa ´independencia´ de acuerdo a sus intereses, como ocurrió con el caso Odebrecht. En un continente convulsionado por las disputas entre Estados Unidos y China, rebeliones populares, crisis políticas, golpes y contragolpes de Estado, incluido el renovado protagonismo de las fuerzas armadas, el desencuentro entre CFK y Lula representa otro episodio de una cumbre marcada por el encubrimiento. LEER MÁS: CELAC: el cierre sin gloria de una “cumbre” dividida y paralizada Por Marcelo Ramal, 25/01/2023. Desbarranca el “plan” Massa Discutamos la huelga general. Nota de tapa de Política Obrera N°62 edición impresa, .25/01/2023. Las implicancias políticas del fracaso de recompra de deuda por parte de Massa Por Jorge Altamira, 23/01/2023. La CELAC en un continente explosivo Y una guerra mundial en desarrollo. Por Jorge Altamira, 22/01/2023. El “círculo rojo” desautoriza el juicio a la Corte Por Marcelo Ramal, 20/01/2023.

27 de enero de 2023
Nuevos crímenes del sionismo contra el pueblo palestino

El jueves el ejército sionista ingresó con bulldozers al campo de refugiados de Jenin, en la Cisjordania. Provocó una masacre: 9 palestinos murieron. En la incursión se gaseó un nosocomio. El nuevo gobierno está pasando de la agresión discursiva a las provocaciones. Esa coalición reúne a un conjunto de fuerzas ultraderechistas-religiosas partidarias del “Gran Israel”. En nombre de la Torá pretenden imponer una política de limpieza étnica que amplíe la Nakba (expulsión de palestinos) de 1948. Una de las fuerzas centrales de la coalición es el lobby de los colonos, casi medio millón de judíos religiosos -financiados por grandes multimillonarias yanquis trumpistas-, que se han asentado en la Cisjordania palestina y robado sus mejores tierras y cursos de agua. La derecha procolonos es la principal instigadora de la reforma judicial que contra viento y marea se propone el nuevo gobierno. “La corte, en particular, es ampliamente vista por la derecha israelí como un impedimento para el asentamiento judío en Cisjordania y para una visión expansiva del Gran Israel. El antagonismo entre el movimiento de los asentamientos, por un lado, y la Corte, por el otro, no es un fenómeno nuevo” (Susie Gelman, Haaretz, 26/1). Desde 1979 la Corte tendió a “prohibir el establecimiento de asentamientos en tierras privadas en los territorios ocupados”. Una y otra vez los colonos fueron avanzando sobre esas tierras: primero mediante amenazas, después ´comprándolas´; sobre todo aprovechando legislación que ese lobby arrancaba de la Knesset (parlamento). Precisamente en este proceso es que la Corte “desarrolló un enfoque más parecido al control judicial de EE. UU., a saber, la capacidad de anular leyes inconstitucionales (o de violar Leyes Fundamentales cuasiconstitucionales)” (ídem). Se entiende así la necesidad de esta derecha de barrer con la Corte y transformarla en un apéndice de la Knesset. Hasta ahora las grandes movilizaciones democráticas en Israel contra esa reforma muy limitadamente buscaron interesar a la minoría palestina-israelí. Sin embargo, la ofensiva de la derecha sionista contra el sistema judicial plantea como pocas veces antes una lucha común: “Neutralizar la corte a través de una legislación que permitiría a la Knesset anular sus decisiones no sería perjudicial solo para los derechos de los palestinos; limitaría la capacidad del poder judicial para proteger a las personas en Israel en una amplia gama de ejes, ya sea religión, género, capacidad o edad. Pero el conflicto palestino es la razón principal por la que la corte se convirtió en un objetivo para la derecha israelí” (ídem). Un objetivo central de la ´reforma´ es “eliminar las restricciones sobre la conducta de los soldados en los territorios y levantar los castigos para quienes las infrinjan. La defensa de los soldados ´rebeldes´, ya sea Elor Azaria en 2016 o el soldado que acosó a los activistas en Hebrón a fines de noviembre pasado, se relaciona con el conflicto; además de tener serias implicancias para la cadena de mando de las FDI y sus fundamentos morales” (ídem). No casualmente, la reforma ha sido rechazada por los altos mandos porque abriría las puertas a que los religiosos y/o los colonos operen como un mando alternativo. La coalición derechista no esconde “sus intenciones y planes audaces para legalizar los asentamientos hasta ahora no autorizados de Cisjordania”. En 2015 la Corte “ordenó la demolición de una sinagoga construida ilegalmente en el asentamiento de Givat Ze'ev”. Desde entonces los colonos denunciaron que “es inconcebible que un tribunal judío destruya una sinagoga” (ídem). Para estos sionistas, como ocurre en el mundo musulmán o cristiano con los ´fundamentalistas´, la ley ´divina´ está por encima de las leyes terrenales, que los religiosos observan como insuficientes para consagrar la opresión social y nacional de Palestina. Se trata de una ofensiva en regla que amenaza todo el cuadro de ´acuerdos´ con la Autoridad Palestina, de colaboración entre el sionismo y la burguesía palestina que tolera casi todos los atropellos. La tentativa de ampliar la Nakva de 1948 con una nueva y mayor limpieza étnica de Palestina amenaza con potenciar agudamente la inestabilidad de la región, en el cuadro de una guerra internacional. LEER MÁS: Israel: el sionismo adopta el apartheid teocrático Por Norberto Malaj, 27/12/2022. Israel: masacre contra niños y adolescentes palestinos Por Javiera Sarraz, 29/11/2022. Limpieza étnica: el programa del fascismo israelí Por Olga Cristóbal, 04/11/2022. Amnesty denuncia “apartheid” en Israel y los colonos forman milicias Por Norberto Malaj, 11/02/2022. La verdadera dimensión de la Nakba - Parte 2 Por Norberto Malaj, 14/12/2021. Nuevos documentos desclasificados sobre las masacres sionistas en 1948 La verdadera dimensión de la Nakba. Primera parte. Por Norberto Malaj, 10/12/2021. “El apartheid sionista es peor que una ocupación” Por Norberto Malaj, 19/01/2021. “El estado de Israel es un estado ocupante” Ofer Cassif, diputado del Partido Comunista de Israel, denunciando los crímenes del sionismo en la Knesset (parlamento). 02/07/2020.

27 de enero de 2023
La OMS discute el fin de la pandemia

El 27 de este mes, la OMS, volverá a reunirse para discutir “el fin de la pandemia”. Según detallaron funcionarios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se analizará qué impacto sigue teniendo el virus en la población y en los sistemas sanitarios. Desde febrero del año pasado el número de fallecidos por Covid-19 disminuyó casi un 90% para estancarse en entre 10.000 y 14.000 decesos semanales desde mediados de septiembre. La primera semana de 2023, se notificaron casi 11.500 muertes: el 40% de América, el 30% de Europa y el 30% de la región del Pacífico occidental. Pero China se encuentra atravesando una verdadera catástrofe: al menos 13.000 personas murieron entre el 13 y el 19 de enero. Esta cifra sólo refleja los fallecidos en los hospitales y se suma a los 60.000 muertos desde diciembre, con el fin de la política de Covid cero en el país. En las primeras tres semanas del nuevo año Australia ha registrado 1059 muertes oficiales a causa de Covid, con recuentos semanales de 271, 408 y 380. Superó en estos 21 días a las reportadas en todo el 2020, primer año de la pandemia (WSW, 22/01). Estos datos se encuentran relacionados con el fin de las políticas para enfrentar al Covid en el país. Qué implica la declaración de la OMS Declarar el fin de la pandemia implica el cese de la cooperación internacional en cuanto a la urgencia en la distribución de insumos esenciales y, también, de fondos especialmente destinados a reforzar la respuesta ante un evento que amenaza la salud pública más allá del país.. Esto, , en el marco de una feroz lucha por el monopolio del comercio de las vacunas, acicateada por la guerra imperialista. La declaración del fin de la pandemia legaliza lo que ya está sucediendo en el mundo: la política de convivencia con el virus. La inmunidad del rebaño aplicada por los gobiernos capitalistas está provocando la proliferación de nuevas variantes y subvariantes, por las cuales el virus evoluciona de formas más contagiosas. Actualmente surgieron dos nuevas subvariantes de Omicron: Kraken (o XBB.1.5), la más contagiosa hasta el momento según la OMS y Orthrus (CH.1.1), que apunta a convertirse en los próximos meses en una de las cepas dominantes de COVID 19. Mientras tanto se han reducido considerablemente los testeos. Las vacunas bivalentes, que se están aplicando hace 4 meses en el mundo y esta semana llegaron a Argentina, incluyen la cepa original de Wuhan y las cepas de variantes más nuevas como Omicron, BA.4 y BA.5. Pese a que las vacunas son la herramienta más importante para reducir los contagios y la enfermedad grave, las bivalentes podrían ser obsoletas para la reciente variante llamada Kraken. Las secuelas que deja el Covid aún se encuentran en estudio, pero algunas investigaciones señalan que alrededor del 10 al 20 % de las personas infectadas por Covid pueden desarrollar síntomas que pueden diagnosticarse como long Covid, o Covid prolongado. Se estima que más de 17 millones de personas en la región europea, pueden haberla experimentado durante los dos primeros años de la pandemia. (OMS, 7/12/2022). Recientes estudios de EEUU demuestran que en los primeros dos años de la pandemia, alrededor del 71 % de las personas que sufrían de Covid prolongado requerían tratamiento médico continuo. El capitalismo decreta un “fin de la pandemia” de acuerdo a sus intereses sociales, antagónicos a los de la mayoría que sigue padeciendo una espada de Damocles sobre su condición sanitaria. Fuentes : OMS: https://www.who.int/es , https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 OPS: https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/brote-enfermedad-por-coronavirus-covid-19 WSW: https://www.wsws.org/ Gavi (alianza mundial para las vacunas): https://www.gavi.org/vaccineswork/long-covid-has-had-brutal-effect-workforce-study-finds ONS: https://www.ons.gov.uk/ LEER MÁS: China colapsa Por Javiera Sarraz, 11/01/2023. Covid, “emergencia sanitaria” y sexta ola Por Soledad Domínguez, 04/01/2023. La pandemia no quedó atrás Por Maxi S. Cortés, 24/12/2022. De la pandemia a la endemia: piedra libre para un ataque a la vida de los trabajadores Por Florencia Suárez, 13/01/2022.

27 de enero de 2023
Subte: un bono y un “reglamento de huelga”

Acaba de anunciarse el otorgamiento de una suma no remunerativa por única vez y en tres cuotas (Enero-Junio-Diciembre) para los trabajadores del subte. El monto de cada cuota será del 33% del sueldo básico de cada mes correspondiente al cobro de la cuota. En las actas firmadas con el sindicato la empresa se compromete a rediscutir esta suma en el año 2024 para su renovación. En consecuencia, el paro de 2 horas que había sido votado en el plenario de delegados de Agtsyp, en reclamo de una compensación salarial, quedó suspendido hasta la próxima reunión del cuerpo de delegados, que deberá aprobar o rechazar dicha acta. Como parte del acuerdo la empresa reactivó un“reglamento de huelga” dirigido a la Agtsyp. El sindicato debe acatar 15 días de paz social y reuniones conciliatorias antes de tomar medidas de fuerza. Luego de transcurrido este periodo, las medidas deberán anunciarse con 5 días de antelación y las acciones a tomar no podrán bloquear el trabajo de los rompehuelgas. Las condiciones laborales y de salubridad en el subte se caracterizan por desatar, todo el tiempo, conflictos de diferente gravedad (accidentes, sanciones). El “reglamento” es un golpe letal a esas luchas, desatadas por una patronal que agrede “sin aviso”. Bono y salario Para quien percibe, por ejemplo, un salario básico de 200.000 pesos, el bono representará otro tanto al cabo de los tres meses en que será pago. Ocurre, sin embargo, que la inflación ya le ha erosionado una suma muy importante a esos mismos trabajadores. Es lo que pasa con los conductores, que en marzo acumularán una pérdida anual del orden de los 110.000 pesos a causa de la inflación y de los “escalonamientos” salariales que corren por detrás de ella. El bono, considerado en ese conjunto, es una variante de degradación del salario: el trabajador pierde una parte de su salario “verdadero”, y la patronal lo repone con un pago tardío, puntual –sólo en tres oportunidades- y que no ingresa en el cálculo de los futuros aumentos. Se suma a ello que las recuperaciones salariales terminan siendo confiscadas por el impuesto a las ganancias, que afecta con fuerza en las categorías más altas. La presión de los trabajadores Las discusiones entre el sindicato y la patronal para acordar este bono de fin de año tuvieron lugar en medio de una fuerte presión obrera, que los delegados transmitieron de diferentes modos. En plenarios, varios señalaron que la falta de una respuesta de lucha por parte del sindicato les quitaba autoridad sobre los compañeros de base. Bajo esa presión, el último plenario resolvió abandonar el método de paros por línea para aprobar un paro general de dos horas. La manifestación más importante de esta tensión salarial fue el mandato votado por la asamblea de tráfico C, que resolvió parar por el bono de fin de año y el bono reclamado a causa del cambio de empresa concesionaria. En Línea C se procesa una significativa deliberación de la base. Producto de la experiencia trazada en medio de la cuarentena en defensa de la salud y el posterior rechazo a trabajar con formaciones contaminadas con asbesto, los trabajadores se encuentran experimentando una unidad por abajo. Esta unidad tiene un punto de apoyo fundamental en la defensa de la salud. Pero evoluciona lentamente hacia otros aspectos, en este caso, el salarial. De este modo, los delegados de ambos sindicatos se ven empujados a actuar, incluso en oposición a sus propias direcciones. Esta situación no es exclusiva de la línea C. Los trabajadores de los talleres, estaciones y nocheros vienen dando pasos en este sentido. Se ha expresado una lucha sostenida contra el asbesto en la línea B con el taller Rancagua haciendo punta, y el rechazo al traslado de afectados por asbesto a tráfico de la H. Lo que se viene El plenario de delegados que deberá discutir el acuerdo del bono debe considerar la situación de conjunto en el subte. El vencimiento de la paritaria abrirá nuevamente el debate salarial, en medio de los esfuerzos oficiales –y los de las burocracias sindicales- por imponer una pauta paritaria con tope del 60%, en nombre de una supuesta (y mentirosa) “inflación en baja”. Lo cierto es que el escenario inflacionario vuelve a trepar para arriba y el tarifazo que se viene en el boleto del subte es la mejor demostración. Con el fin del verano entrarán en vigencia los nuevos cronogramas de servicios –con más exigencias, menos personal y fuertes riesgos contaminantes. Al respecto, los trabajadores de la línea B han votado el reclamo de reconocimiento de “situación de emergencia” por parte de la empresa y el gobierno, para que se reduzcan a 6 la cantidad de formaciones contaminadas por el asbesto y para reducir la exposición hasta la compra de formaciones nuevas. A su vez, en línea C está en marcha un plan de la empresa para poner en circulación 2 formaciones contaminadas, que los trabajadores de tráfico han rechazado categóricamente. El pliego de reivindicaciones que condujo a los paros en noviembre, por el doble franco sin aumentar la jornada, la incorporación de flota nueva sin asbesto y la incorporación de personal sigue vigente. Hay que sumarle la presión por los retiros voluntarios que ejerce la patronal, el reclamo jubilatorio por insalubridad y las recategorizaciones. No es una agenda para habilitar “reglamentos antihuelga” ni límite alguno al derecho a luchar. El plenario de delegados debe rechazar esa extorsión y prepararse para las luchas que vienen. LEER MÁS: Un balance de las elecciones del subte Por Matías Cisneros, 02/12/2022. Pianelli-Segovia pregonan “una lucha ciudadana”, para esquivar la preparación de una huelga general Reivindicaciones: desasbestización ya, doble franco, jubilación anticipada. Por Maxi S. Cortés, 26/11/2022. Los paros rotativos de una hora en el subte Hay elecciones sindicales el 29 de noviembre. Por Maxi S. Cortés, 24/11/2022. Subte: cómo arrancamos el doble franco y la eliminación del asbesto Adónde va el plan de lucha de Pianelli y Segovia. Por Matías Cisneros (con la colaboración de compañeros de ATM), 09/11/2022. Elecciones en el sindicato del subte: el desafío planteado Por Ramón Acuña (candidato a Sec. Organización), Jesica Palmisciano (candidata a Sec. Salud Laboral), Carlos Trejo (candidato a Sec. Previsión Social) y Matias Cisneros (candidato a Revisor de Cuentas), 14/10/2022. Sindicato del Subte: balance necesario Por Matías Cisneros, 28/09/2022.

29 de enero de 2023
Massa se ´devalúa´, la crisis política se acelera

La suba ininterrumpida de los dólares paralelos y financieros de los últimos días es mucho más que una perturbación cambiaria. Lo que asoma es el fracaso del “Plan Durar”, la tentativa de Sergio Massa de postergar una crisis financiera y monetaria terminal, de un lado, y de contener la escalada inflacionaria y el avance de la crisis social, por el otro. En la medida que el gobierno y su coalición política depositaron su suerte en ese “plan”, su desbarranque ha agravado la crisis política. Recompra, dolarización y saqueo La disparada del dólar llega dos semanas después de que el gobierno anunció que aplicaría 1.000 millones de dólares de las escasas reservas justamente para “manejar” la paridad cambiaria. Además de contener al dólar, el gobierno aspiraba a mejorar la cotización de los títulos que salía a comprar. Pero en muy pocos días el propósito oficial se fue a pique, agravando las condiciones de la corrida que se pretendió evitar. Algunas versiones insisten en que el gobierno quiere utilizar los títulos ´recomprados´ como garantía de un préstamo internacional, del orden de los 2.000-2.500 millones de dólares. Esa operación tropieza con la baja cotización de los títulos, que obligaría al gobierno a ofrecer una cifra tres veces superior a la que conseguiría con el préstamo. Pero incluso si el préstamo funcionara, no haría más que alimentar la imparable “dolarización de activos” que tiene lugar en la Argentina. En las grandes bancarrotas nacionales, los préstamos de urgencia han financiado la “dolarización” acelerada de los capitalistas antes del colapso. El gobierno, además, ha elevado fuertemente la tasa de interés – la que ofrece el Banco Central, cuando absorbe los pesos circulantes, y la que brinda el Tesoro para sus renovaciones de deuda. Sólo bajo esas condiciones está logrando refinanciar al Estado. Para la burguesía, sin embargo, esas colocaciones son sólo una pausa en la “dolarización” y así lo describe una conocida economista, cuando alude a “un sector privado que sigue aprovechando las tasas esperando en fila para acceder al dólar oficial, mientras desarman sus coberturas” (Marina Dal Poggetto, Perfil, 28/1). Por la vía de dos “ventanillas” del Banco Central, la gran burguesía obtiene beneficios extraordinarios del desmadre financiero del gobierno: en uno de los mostradores, el Central entrega los pesos que remuneran a la deuda en esa moneda y le paga a los exportadores de soja los dólares de $230; en el otro mostrador, le entrega dólares oficiales de $185 a los capitalistas, que luego remarcan sus precios de acuerdo al “blue”. La base social del “plan Massa” es el arco de intereses capitalistas que medra con el derrumbe financiero del Estado y la expoliación infinita de las masas. Inflación y crisis social El vertedero de todas estas contradicciones (y negocios) será una nueva disparada de la inflación, que en enero volverá a superar los cinco puntos y medio. No hay un mejor panorama para los meses que vienen, pues la remarcación de alimentos será acompañada de la suba de tarifas – a la eliminación de los subsidios, se sumarán aumentos “reales” en la distribución de energía. La escalada inflacionaria ha pulverizado las jubilaciones y las asignaciones familiares – las primeras, perdieron un 12% en términos reales a lo largo de 2022. Es esa confiscación la que explica el cumplimiento de la “meta” fiscal con el FMI. Pero una nueva disparada de precios pulveriza el palabrerío de Massa en torno de la supuesta “inflación en descenso” para 2023. Lo mismo ocurre con los acuerdos salariales que suponen una inflación del 60% para el año. El “Plan” Massa, por lo tanto, también flaquea en su capacidad de pilotear la crisis salarial y social, fogoneadas por la inflación acelerada y un escenario nuevamente recesivo. Crisis política Si el Plan “durar” no dura, se acelerará la variante del “ajuste cambiario” que el gobierno quería evitar hasta las elecciones. Queda planteada la cuestión de si ese desenlace convulsivo será piloteado por el propio Massa. Con todas las palancas del gobierno en manos del “superministro” del FMI, el despiste del plan Massa no solo cuestiona sus pretensiones electorales – también coloca al rojo vivo la crisis terminal del gobierno. Con el telón de fondo de la nueva corrida cambiaria y el fiasco massista, la lucha intestina en el gobierno se ha reavivado al extremo. Kirchneristas y albertistas se disputan los restos de una coalición política en ruinas. Mientras tanto, Alberto Fernandez improvisa la búsqueda de un eje de sustentación propio. Cree que puede encontrarlo en la diplomacia internacional, un terreno que lo obligará a establecer un alineamiento sin reservas en la guerra de la OTAN. Esa fue la agenda “no escrita” de las reuniones con Lula y el canciller alemán. Este 2023 de mayores estallidos inflacionarios y crisis políticas acentuará la deliberación y las luchas en las organizaciones obreras.

29 de enero de 2023
Bridgestone: asambleas y paro contra la escalada patronal

El despido de un compañero en la planta del neumático de Bridgestone tuvo como respuesta un contundente paro de actividades del SUTNA Lavallol, que se inició en el turno noche del pasado miércoles 25 y se continuó durante todo el jueves 26. El sindicato venía denunciando un conjunto de atropellos patronales: la negativa a pasar a planta a trabajadores tercerizados; las “fallas” en la liquidación del impuesto a las ganancias, siempre lesivas para los trabajadores, y el ocultamiento de los balances recientes – esto, con el propósito de ningunear el premio relacionado con las ganancias de la empresa. A la cabeza de estos reclamos, se encuentran las deficientes condiciones laborales de la planta, donde los compañeros son sometidos a altas cargas térmicas y tareas fuera de norma, lo que conduce a accidentes y enfermedades laborales recurrentes. Precisamente, fue en las vísperas de una inspección del ministerio de trabajo relacionada con estos reclamos sindicales cuando la patronal desató su provocación – el despido sin causa de un compañero. Después del paro, se realizaron asambleas en todos los turnos para discutir el rumbo a seguir. El próximo martes 31 está convocada una audiencia en el ministerio de trabajo. Las asambleas resolvieron que, de no contar con una respuesta favorable en esa audiencia, se adoptarán nuevas medidas gremiales de acción directa. La escalada patronal en Bridgestone demuestra que la patronal del neumático no ha renunciado a su objetivo estratégico de imponer un retroceso general en las condiciones salariales y laborales de los trabajadores y de golpear a su organización gremial. Apoyemos la lucha contra los despidos y todos los atropellos de la patronal de Bridgestone. LEER MÁS: SUTNA: conciliación obligatoria con los despedidos adentro Por Pablo Busch, 24/12/2022. Paro en Fate y Bridgestone Por Lucas Benvenuto, 20/12/2022. Sobre el paro de 24 horas del Sutna Por Julio G., 17/12/2022. 21 de diciembre, paro general de los trabajadores del neumático Abajo los despidos y los aprietes en Fate, Pirelli y Bridgestone. Por Lucas Benvenuto, 15/12/2022. Paro en Bridgestone Por Lucas Benvenuto, 10/12/2022.

29 de enero de 2023
Plenario metropolitano del Polo Obrero Tendencia aprueba plan de acción

Este sábado, delegados de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires del Polo Tendencia se reunieron en plenario para debatir la situación política y social y adoptar resoluciones de lucha y de organización. El plenario comenzó con la intervención de Eva Gutiérrez, donde describió de qué modo el desbarranque del plan económico oficial golpeaba a los trabajadores. Ello se expresa, entre otros atropellos, en la caída de salarios, jubilaciones y el monto de las asignaciones; en las miles de bajas en planes sociales anunciadas por el gobierno. Gutierrez planteó la necesidad de una acción conjunta de ocupados y desocupados para derrotar el plan antiobrero. En las intervenciones de los delegados de cada regional se volcaron informes e inquietudes. Recientemente, el gobierno ha dispuesto 160.000 bajas en los planes Potenciar Trabajo. Aunque se ha escudado en pretextos burocráticos –la “no actualización de datos” por parte de los beneficiarios- es indudable que esas bajas responden a una orientación definida. No sólo está en juego el ajuste fiscal para pagar la deuda: el recorte o eliminación de los planes es un propósito de toda la clase patronal y particularmente de aquella fracción que emplea a los compañeros más explotados. En esas circunstancias –por ejemplo el trabajo rural o temporario- el plan “compite” o eleva el piso de los salarios miserables que se pretenden pagar. La clase capitalista quiere reducir o bajar los planes para que no exista ningún piso al salario. La cuestión de los planes, por ello, se enlaza con toda la tendencia a precarizar el trabajo. Si bien en nuestra organización son pocos los compañeros que no lograron llevar adelante su actualización de datos, estamos en alerta ante posibles bajas arbitrarias. Reforzaremos la organización y la visita a todos los compañeros, para asegurar la defensa de su plan . El plenario consideró también la grave situación de los comedores y merenderos, que desde hace meses se encuentran sin asistencia oficial. Esto ocurre cuando arrecia la carestía en los alimentos y crece la demanda de compañeros que asisten para paliar el hambre. El plenario votó una agitación política sobre los barrios, denunciando la carestía creciente, la responsabilidad de la política oficial y el reclamo de asistencia incondicional y regular a todos los merenderos y comedores existentes en los barrios. Al mismo tiempo, redoblaremos la movilización sobre los municipios, con el objetivo de reclamar alimentos. El plenario votó una movilización nacional para la tercera semana de febrero, contra el hambre y por el derecho al trabajo. En cualquier caso, y mucho antes de esa instancia, responderemos de inmediato si sufrimos una oleada de bajas contra nuestros compañeros. La intervención de un delegado de la comunidad paraguaya colocó la preocupación acerca de la organización política de los migrantes. Se destacó la contradicción existente para tantos compañeros que cotidianamente, luchan contra los punteros y sus partidos y luego, en período electoral, son manipulados y extorsionados para votar a sus verdugos. Una tarea práctica importante, que el plenario resolvió, es una campaña para empadronar en el registro de electores a los compañeros migrantes. Formación política en el Polo El plenario discutió los cursos de formación, fundamentales para que los compañeros más activos de nuestras asambleas incorporen los planteos históricos de nuestra corriente. Ya está en desarrollo un curso sobre la concepción marxista del Estado y la Revolución en la zona oeste y uno que comenzará en febrero en la zona sur de la provincia. También se aprobó llevar la invitación al Campamento de la Juventud a todas las asambleas. El campamento se realizará en el camping de Ramallo y, junto a las actividades recreativas y deportivas, se desarrollará un curso sobre “Las guerras imperialistas y las internacionales obreras”. Se destacó también la necesidad de reforzar la colocación de nuestra prensa Política Obrera en los barrios. El cierre contó con la palabra de Marcelo Ramal, que desarrolló conclusiones sobre cada uno de los puntos debatidos y caracterizó el escenario por venir, de mayores luchas y definiciones políticas. Al culminar el plenario se votaron las resoluciones de lucha: la movilización inmediata si se plantea el no cobro total o parcial de los planes a comienzos de febrero; la gran jornada del 22 y la campaña de agitación en los barrios. Con estos puntos, se resolvió impulsar plenarios y asambleas en las regionales de todo el país.

29 de enero de 2023
Haiti, al borde de la disolucion y la barbarie

Cuando los 7.000 efectivos de la misión “de paz” de la ONU -llamada Minustah- se retiraron en 2017, tras 13 años de permanencia en el país, se dijo que Haití había sido ´normalizado´. En verdad, en ese largo período la fuerza ´pacificadora´ que integraron mayormente fuerzas armadas de Latinoamérica, bajo conducción de Brasil, fue acusada de todo tipo de delitos, desde violencia y abusos sexuales hasta la introducción del cólera (se comprobó que un contingente de tropas nepalesas fueron responsables: el cólera se cobró la vida de decenas de miles de haitianos en 2011-2012). En 2010 el país sufrió un huracán devastador que destruyó sus débiles infraestructuras básicas y provocó un tendal de casi 100.000 muertos. Sobre su final, la Minustah dejó instruido un cuerpo policial de 15.000 hombres. Desde entonces ese cuerpo se vio sistemáticamente desbordado frente al caos social imperante y la crónica inestabilidad política. Desde 2004, cuando los yanquis provocaron el golpe de Estado que destituyó al nacionalista Arístide, Haití se desbarrancó en una crisis crónica. En 2004, los gobiernos latinoamericanos, con Lula y Kirchner a la cabeza, aceptaron integrar la Minustah en reemplazo de las tropas yanquis que habían invadido el país y que los yanquis necesitaban en Medio Oriente. Desde que la Minustah se retiró de Haití, el país se debatió en crisis recurrentes. El actual primer ministro Ariel Henry sustituyó a Jovenel Moise, asesinado dos años atrás en un golpe palaciego. Desde entonces Ariel Henry se ha perpetuado en el gobierno y viene reclamando una nueva fuerza armada internacional para hacer frente a su incapacidad de control del país. Desde hace meses zonas enteras de la isla están bajo dominio de pandillas armadas. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, reclamó a la diplomacia internacional, en septiembre pasado, "examinar urgentemente la solicitud del gobierno haitiano de desplegar sin demora una fuerza armada internacional especializada para enfrentar la crisis humanitaria". Entonces, la terminal petrolera de Varreux, la más importante de Haití, permanecía bloqueada por bandas criminales. Lo mismo ocurría con el principal puerto del país, lo cual paralizaba toda la isla. En la ONU no ha habido acuerdo y ahora se habla de una intervención armada de los países del NAFTA, EE. UU., México y Canada, bajo dirección de la última, sin el patrocinio de la ONU. De Buenos Aires, Ariel Henry se llevó un apoyo a “los constantes esfuerzos del gobierno haitiano para ampliar aún más el consenso entre los actores políticos y la sociedad civil haitiana” y a su política, “con miras a hacer operativas las instituciones democráticas lo antes posible, tan pronto como el entorno de seguridad y los medios técnicos lo permitan”. En Puerto Príncipe, en cambio, lo recibió una movilización de efectivos policiales -once policías habían sido fulminados por bandas criminales- con una importante participación popular que, según los cables, procedió a ocupar el aeropuerto y varios edificios gubernamentales, impidiendo el aterrizaje del avión. La situación desesperante de Haití es una expresión aguda del agravamiento de todas las condiciones de la opresión imperialista del subcontinente. Toda América Latina debe mirarse en el espejo haitiano. LEER MÁS: Nuevo levantamiento en Haití El presidente títere pide ayuda ´humanitaria´ para aplastarlo. Por Javiera Sarraz, 12/10/2022. Haití: estado fallido, magnicidio y mercenarios colombianos y norteamericanos Por Emiliano Monge, 13/07/2021.

30 de enero de 2023
Después del incendio en Charlone: sin techo y sin respuestas

Luego del incendio que dejó sin hogar a 40 familias de Villa Ortúzar, el Estado no ha dado respuesta. La cita que había sido pautada con el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) en la Legislatura fue postergada para este lunes. Las familias pasan sus días entre un hotel por la noche, acampando en la plaza 25 de Agosto, o frente a sus casas incendiadas durante el día. Mientras no se sabe qué ofrecerá, el gobierno fue retirando las pocas cosas que dispuso –un gazebo, agua y algo de comida-. Algunas familias comentan que la "solución" que les plantearán es darles $240.000, no se sabe si en un solo pago o en tres cuotas. Es evidente que esto no es una solución, sino más bien una expulsión de las familias del barrio. Los damnificados plantean que, de no haber solución, realizarán un acampe en Charlone, frente al lugar donde vivían, reclamando la construcción de viviendas en el mismo predio o en el barrio, donde hay muchos terrenos y casas vacantes. Lo único que se interpone entre las familias y la necesidad de un hogar es el interés capitalista, apañado por el Estado, de priorizar la especulación inmobiliaria por sobre el derecho a la vivienda. LEER MÁS: Incendio en Charlone: el gobierno es responsable Por Hika, 26/01/2022.

30 de enero de 2023
China: el fin de la política Covid cero y sus consecuencias inmediatas

Como señalamos en estas páginas ( https://politicaobrera.com/8656-china-colapsa ), el desmantelamiento de la política de Covid cero en China está generando una verdadera catástrofe humanitaria. Se estima que el 80% de la población china contrajo Covid el último mes, es decir, 1.100 millones de personas. Aunque las cifras de fallecidos han sido manipuladas, expertos calculan que China podría alcanzar muy pronto los 36.000 fallecidos por día. Los datos oficiales sólo reflejan las muertes en los hospitales. Profesionales de la salud han informado de presiones oficiales para no incluir el Covid-19 en los certificados de defunción y las mediciones toman sólo a las personas que murieron directamente de insuficiencia respiratoria relacionada con el coronavirus. La cifra puede ser mayor. El alto número de contagios se conjuga con una baja tasa de vacunación y vacunas menos eficaces. Algunas provincias, incluidas Henan, Gansu, Qinghai y Yunnan, han alcanzado un pico de infecciones, propagándose el virus más rápidamente hacia las áreas rurales (Airfinity, 16/01). El colapso del sistema de salud ha llevado a las autoridades a conminar a los trabajadores a concurrir a hospitales y clínicas incluso presentando síntomas compatibles con el Covid. La propagación desenfrenada del virus en China, por sus dimensiones y la internacionalización de su economía, plantea un desafío mundial ya que se ha convertido en un gigantesco caldo de cultivo para nuevas mutaciones y subvariantes. La crisis no es sólo sanitaria El desmantelamiento de la política de Covid cero se aprecia en otros indicadores: las empresas que fabricaban kits de pruebas, que se aplicaban masivamente y eran la base de la política de seguimiento y sofocación del virus, han visto desplomarse su actividad. Se han registrado acciones de protestas contra despidos y por reclamos salariales en fábricas ubicadas en las ciudades de Chongqing y Hangzhou. La crisis del Covid se entrelaza con datos sociales y económicos alarmantes. El año pasado las muertes superaron en número a los nacimientos, por primera vez en seis décadas. Por otra parte, la economía china registró una tasa de crecimiento de sólo el 3 por ciento el año pasado, la más baja desde principios de la década de 1990. Mientras tanto, el viceprimer ministro de China, Liu He, en el Foro de Davos, mencionó que China estaba abierta a los negocios porque “la vida ha vuelto a la normalidad” (WSWS, 23/01). LEER MÁS: China colapsa Por Javiera Sarraz, 11/01/2023. Pandemia: el desastre humanitario que amenaza a China La ‘apertura’ desata una ola de infecciones y paraliza la economía. Por Javiera Sarraz, 17/12/2022. China: protestas, covid y derrumbe económico Por Javiera Sarraz, 29/11/2022. El régimen chino juega con “la inmunidad de rebaño” La reclama la pequeña burguesía restauracionista, en medio de huelgas obreras. Por Jorge Altamira, 29/!!/2022.

30 de enero de 2023
Medio Oriente: escalada de agresiones del régimen sionista

En las últimas 72 horas el régimen teocrático ultraderechista israelí lanzó un raid sin precedentes de intervenciones terroristas de vasto alcance en Irán, Siria y, por supuesto, Cisjordania y Gaza. No es la primera vez que los sionistas incursionan en Irán y Siria. El sábado, Israel destruyó una fábrica de sistemas de armas avanzados en la ciudad iraní de Isfahan utilizando drones suicidas. También atacó una refinería de petróleo en una zona industrial cerca de la ciudad noroccidental de Tabriz. Sólo en los tres últimos años Irán culpó a Israel de un ataque a su instalación nuclear subterránea de Natanz que dañó sus centrifugadoras, en abril de 2021. En 2020, Irán denunció a Israel por un ataque sofisticado que mató a su principal científico nuclear. Si el gobierno previo de Netanyahu se opuso a la reapertura de negociaciones que Biden impulsó con Irán para reestablecer el acuerdo nuclear de 2015 cancelado por Trump, ahora la nueva coalición de gobierno va por más. Está actuando por su cuenta para impedir todo acuerdo. El domingo, aviones israelíes lanzaron un ataque contra un convoy de camiones en la frontera entre Siria e Irak, según informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Dos meses antes, en noviembre, un convoy de camiones cisterna de combustible fue atacado por drones en la misma zona y medios afiliados a Hezbolá atribuyeron el ataque a Israel. El ingreso de la aviación sionista en el espacio aéreo sirio sólo es posible gracias al visto bueno de Rusia, que controla todo ese espacio. De paso, esto explica la equidistancia de los sionistas en el conflicto de la OTAN con Rusia. Con todo, lo más grave se vivió en los territorios. Desde el ataque suicida de un joven palestino a una sinagoga de Jerusalem, el jueves, “Israel ha registrado 35 casos de crímenes nacionalistas dirigidos a palestinos en Cisjordania, incluido arrojar piedras a automóviles y destrozar propiedades, principalmente en la región de Binyamin al norte de Jerusalén. No hubo arrestos en ningún caso” (Haaretz, 30/1). La columna vertebral de estos ataques son los colonos que pueblan los asentamientos. El ministro de seguridad de Israel acaba de darles virtual piedra libre para esos actos y para que los colonos se armen por su propia cuenta. Son los mismos colonos que agreden sistemáticamente los campos palestinos aledaños a las colonias, destruyen sus olivares y agreden a los campesinos. El año pasado se produjo “el asesinato de 146 palestinos en Cisjordania en 2022, según la organización de derechos humanos B'Tselem, la mayoría de ellos no combatientes”. En lo que va del 2023 suman “unas 30 personas” (Guideon Levy, íd., 30/1). Según este calificado periodista israelí “la incursión de Israel en Jenin (miércoles 25) creó el ataque terrorista del jueves que proclamó frustrar”. Ese atentado se produjo en una sinagoga del asentamiento de Neve Yaakov en Jerusalén Este, territorio palestino usurpado por los sionistas en años recientes. Khairi Alkam, el joven palestino de 21 años que perpetró el atentado y fue acribillado minutos después por tropas sionistas, “lleva el nombre de su abuelo, quien fue asesinado a puñaladas por un judío israelí en 1988. Según los miembros de su familia, llevó a cabo el tiroteo en la sinagoga como venganza” por el asesinato de otro familiar suyo, Mohammad Ali, de 17 años, del campo de refugiados de Shoafat, “quien cayó fusilado por fuerzas israelíes el miércoles previo porque “sospechaban que portaba un arma”. Esa sospecha contra el “adolescente era falsa” (Haaretz, 28/1). La vivienda de la familia de Khairi Alkam en Jerusalem fue acordonada, demolida e incautada. Toda la familia Khairi Alkam fue detenida. El sionismo teocrático ultraderechista opera bajo la consigna “Ojo por ojo y diente por diente”. En palabras de Guideon Levy: “operaciones de venganza que echarán leña al fuego. Cualquier castigo colectivo sólo agravará la situación, incluso si satisface el ansia de venganza de la derecha. ¿Arrestar a 42 miembros de la familia (de Khairi Alkam)? ¿Con qué fin, sino para satisfacer esta lujuria?” (ídem). LEER MÁS: Nuevos crímenes del sionismo contra el pueblo palestino Por Norberto Malaj, 27/01/2023. Israel: masacre contra niños y adolescentes palestinos Por Javiera Sarraz, 29/11/2022. Limpieza étnica: el programa del fascismo israelí Por Olga Cristóbal, 04/11/2022. Nueva agresión sionista en Gaza, con el ojo en Irán Por Jacyn, 07/08/2022. Cisjordania: entre el KKK sionista y el “polvorín al borde de la explosión” Por Norberto Malaj, 14/02/2022. El tablero del Medio Oriente en la confrontación de la OTAN contra Rusia Por Norberto Malaj, 22/01/2022. El asesinato de un científico iraní y el golpismo en la transición presidencial de Estados Unidos Por Jorge Altamira, 28/11/2020. ¿Cuál es la importancia del acuerdo Israel-EAU? Por Norberto Malaj, 25/08/2020. Líbano, Irak y Jordania se sublevan en masa Por Norberto Flexer, 21/01/2020.

30 de enero de 2023
Clínica Constituyentes: “Seguimos luchando por nuestros salarios y puestos de trabajo”
Eugenia y Camila

-Los trabajadores de la clínica Constituyentes se encuentran en lucha por el pago de salarios y aguinaldos adeudados y contra el vaciamiento. Este lunes 30 convocaron a una nueva concentración en la puerta de la clínica para visibilizar sus demandas. Política Obrera entrevistó a Sheila, trabajadora que nos dio su punto de vista sobre la marcha del conflicto. Contanos un poco sobre la situación en la clínica... -Soy empleada administrativa y trabajo hace casi 13 años en la clínica. También soy una de las tantas madres jefa de hogar que trabajamos en la clínica y el salario que percibimos es la única fuente de ingreso de nuestros hogares. La situación es de extrema gravedad, ya que nos deben, contando enero, siete meses de sueldo y tres aguinaldos. El último salario completo que cobramos fue el de junio, que lo cobramos en cuotas. Mientras tanto venimos percibiendo algunos pagos, mediante el subsidio del gobierno, el FESCAS, para las clínicas y centros de salud que están en emergencia. Es con eso que vamos subsistiendo, sumados algunos pagos parciales que realiza la empresa. La semana pasada fueron de $20.000, después de un mes sin haber aportado ni un centavo. El anterior cobro fue de 30.000, en diciembre, antes de las fiestas. Además de esta situación tenemos que hablar de una clínica completamente vacía, cada vez son más los sectores cerrados. Estamos trabajando sin terapia intensiva, que fue el último sector que se cerró. Ya se había cerrado neonatología, maternidad y además se ha dejado también de dar diferentes prestaciones y estudios a los pacientes. Venimos trabajando con una guardia mínima sin internar pacientes por falta de complejidad. No tenemos ni para hacer una ecografía. Se trabaja con un solo médico de guardia de lunes a domingo. Muchas veces estamos sin personal en distintos sectores, que es una de las excusas que ponen los empresarios que ahora están manejando la clínica. Dicen que, como nosotros no vamos a trabajar, ellos se ven obligados a cerrar sectores. Este es uno de los tantos pretextos que nos ponen. De los 400 compañeros que éramos cuando inició el conflicto, actualmente somos aproximadamente 280. Muchos renunciaron, se dieron por despedidos, se jubilaron o no están concurriendo a trabajar, se toman licencias para realizar otros trabajos. La patronal nos pide compromiso, que sigamos empujando para que la clínica no cierre, para que podamos seguir adelante, que es lo que nosotros queremos y por eso seguimos trabajando, pero no recibimos nada a cambio. Desde hace más de tres años que venimos con las medidas de fuerza y, por lo menos, tres o cuatro personas estuvieron administrando la clínica durante ese tiempo. Los delegados estuvieron luchando, pero hay que reconocer que se tardó mucho tiempo en reaccionar, por diferentes motivos y realidades, por miedo a perder la fuente laboral. ¿Qué papel está jugando ATSA? -El sindicato estuvo acompañando, pero siempre quedó ´ahí´. Desde la CGT, nunca nada, y desde el municipio, menos. Hemos ido a protestar ya que se habían comprometido a proveer de alimentos y una sola vez lo hicieron. El intendente estuvo en la clínica con el compromiso de mediar ante las autoridades competentes para gestionar distintos préstamos o facilidades, pero siempre para la empresa, y no para una ayuda real para los trabajadores y trabajadoras. ¿Cómo van a seguir? ¿Qué decidieron para el día lunes? -El día viernes se convocó a una nueva asamblea y se terminó votando una medida de protesta desde las 7 de la mañana hasta las 21 horas, en la puerta de la clínica, para no impedir la atención a los pacientes. Esta situación es gravísima e insostenible. Ellos quieren terminar de vaciar la clínica, eso nos deja afuera a todos nosotros. Seguiemos resistiendo y luchando por nuestros puestos de trabajo, por nuestros salarios, por lo que nos deben, por nuestra antigüedad y los derechos que tenemos y que nos corresponden. LEER MÁS: Clínica Constituyentes: concentración ante la falta de pago de sueldos Por Camila Alanis, 27/01/2023. Sanidad: las patronales reciben subsidios, pero no pagan los salarios Por Mercedes Colou, 20/07/2022. Paros y acciones por el pago de salarios adeudados en clínicas de la zona Oeste Por Claudia P. y Soledad Domínguez, 18/07/2022.

30 de enero de 2023
A 90 años de la llegada de Hitler al poder (parte I)

El 30 de enero de 1933, el líder del partido nazi, Adolf Hitler, fue nombrado Canciller del Reich en Alemania. El advenimiento del nazismo al poder en el país que contaba entonces con el proletariado más poderoso de Europa significó un golpe histórico contra la clase obrera mundial. Desde el poder, Hitler desató una política de destrucción de las organizaciones de trabajadores y de aplastamiento de la clase obrera. Su gobierno significaba la reacción política en toda la línea a nivel mundial, lo cual planteaba una amenaza directa para el Estado Obrero ruso. El proletariado alemán, sin embargo, no logró ofrecer una resistencia a la altura del combate. Se encontró desarmado y paralizado en el momento de su mayor desafío histórico. Una circunstancia que sólo se explica por la orientación política que siguieron el stalinismo y la Tercera Internacional (la organización de los partidos comunistas del mundo) después de la muerte de Lenin y de la expulsión de Trotsky. Alemania, año cero El 9 de noviembre de 1918, el canciller Max von Baden anunció la abdicación del Kaiser Guillermo II y de todos los príncipes y entregó el poder del gobierno al socialdemócrata Friedrich Ebert, dando inicio a la República de Weimar. La primera guerra había dejado al ejército desmantelado, pero incluso luego de la firma del armisticio se mantuvieron numerosos cuerpos armados (Freikorps), que se negaron a disolverse y sirvieron como fuerza de choque contra la clase obrera. Se estima que en la fase inicial de la República de Weimar había alrededor de 365 Freikorps, estimulados por el gobierno socialdemócrata para masacrar, entre otros, a la Liga Espartaco de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, que participó activamente de los levantamientos obreros de noviembre de 1918. Como represalia, sus líderes fueron asesinados por los freikorps. En enero de 1919, como reacción a los levantamientos obreros, se fundó en Munich (capital del Estado de Baviera) el Partido Obrero Alemán (DAP), una secta antisemita y nacionalista de derecha que un año después se refundaría bajo el nombre de Partido Obrero Nacional Socialista Alemán (más conocido como el partido nazi). La fundación del DAP no significó mucho en aquel entonces. Sus fundadores no estarían llamados a cumplir ningún papel en la historia posterior. Pronto abandonarían el partido o serían expulsados de él. El DAP nunca salió del estado de secta, a pesar de que buscaba empalmar con los sentimientos nacionalistas que habían sido acicateados por la guerra. Pero el nacionalismo, fuertemente arraigado en un sector de la población y agravado por la derrota en la guerra y el Tratado de Versalles, acababa de llevar al pueblo alemán a una carnicería humana sin precedentes. El nacionalismo cedía paso al ascenso del internacionalismo obrero, que cobraba impulso con la Revolución Rusa de 1917 y con el “bienio rojo” que se desplegaba en toda Europa. Los grupos nacionalistas y derechistas, apoyados por el ejército, lograrían importantes adhesiones, pero encontraban ahora un creciente contrapeso en el movimiento obrero revolucionario. Al igual que sucedería con el fascismo italiano, el nazismo debería esperar un reflujo de ese ascenso revolucionario para empezar a jugar un rol protagónico en la situación política. Las bases de aquel futuro movimiento de masas, sin embargo, se gestaron, precisamente, en esta etapa, como reacción al crecimiento de las luchas obreras. En 1920, en un mitin del DAP en Munich atrajo la atención un soldado desmovilizado llamado Adolf Hitler, que seguía manteniendo fuertes vínculos con el Ejército. Como espía del Ejército, Hitler se acercaba a grupos nacionalistas para evaluar el potencial que podían tener para la reacción derechista. Pronto se afilió al DAP como miembro número 555. La cifra, en realidad, era engañosa. Era común en las sectas de aquel entonces empezar a contar a los miembros a partir del número 501, para aparentar ser más numerosos de lo que en realidad eran. Los nazis sufrieron durante toda esta fase inicial una serie de choques internos y rupturas sin fin. Producto de ellas, Hitler tomó el mando de la organización en 1921. Su capacidad oratoria le granjeaba la admiración del público, pero su influencia se limitaba a la de un agitador de cervecerías. Se trataba, sin dudas, de una celebridad, pero una celebridad local, sin influencia fuera de Munich. Su actos violentos le garantizaban al partido nazi una presencia sostenida en la prensa diaria, aunque esta fuera negativa. La organización tenía su Sección de Gimnasia y Deportes, que era como se llamaba al brazo armado del partido que se ocupaba de irrumpir en mitines de otras fuerzas y protagonizar violentas batallas. La sección luego pasó a llamarse Sturmabteilung, que significa División de Tormentas (más conocidos por las siglas SA). Eran grupos entrenados, del cual participaban freikorps y miembros de las fuerzas armadas del Estado de Baviera (Reichswehr). El nazismo era la expresión alemana de movimientos fascistas que se fundaron en distintos países de Europa en este período, como el de Benito Mussolini en Italia o el de Gyula Gömbös en Hungría. El triunfo del fascismo italiano en 1922 daría a los nazis un primer aliento. La crisis de 1923 le daría otro. Crisis e hiperinflación A escala mundial, León Trotsky sostuvo en 1924 que existieron tres ocasiones en las que “la revolución proletaria alcanzó el punto en el que hacía falta un bisturí”. En Rusia, en octubre de 1917, en Italia, en septiembre de 1919, y en Alemania, en julio-noviembre de 1923. La situación revolucionaria de 1923 fue el producto de una crisis económica y política sin precedentes. El gobierno alemán había financiado su participación en la Primera Guerra Mundial emitiendo bonos de guerra y, con el fin del conflicto bélico, el país se encontró devastado, con sus reservas agotadas y con una elevada deuda estatal. En 1923, tropas coloniales francesas ocuparon la cuenca del Ruhr, principal centro de producción de carbón, hierro y acero en Alemania. El gobierno respondió con una política de “resistencia pasiva” que pronto entró en colapso. Alemania conoció, en este contexto, un período de fuerte presión inflacionaria. La hiperinflación alemana del 1923 fue una calamidad de alcance histórico. El dólar pasó de valer 12 marcos en 1919 a la estratosférica suma de 4.200.000.000.000 marcos alemanes en 1923. Era la destrucción completa de la moneda. El dinero perdió su función como medio de intercambio y el trueque se volvió una práctica frecuente. La producción se desplomó. Parte de la clase media se desintegró al ver esfumarse sus ahorros y sus pensiones, al tiempo que quebraron numerosos comercios. La desocupación se disparó y la desesperación más extrema se adueñó de la población. Tanto los comunistas como los nazis, ambos partidos recientemente fundados, conocieron un crecimiento en sus filas. Pero los primeros contaron con un ascenso vertiginoso de luchas obreras. Una ola de huelgas sacudió Alemania. Brotaron comités de fábrica y milicias obreras en todo el país. Cayó el gobierno del Canciller Wilhelm Cuno y fue reemplazado por una coalición entre el Partido Popular Alemán y la socialdemocracia, liderada por Gustav Strasemann. El gobierno alemán sostuvo entonces que “estamos sentados sobre un volcán y en el umbral de la revolución, a menos que consigamos mejorar la situación”. Strasemann sostuvo que “somos el último gobierno parlamentario burgués. Tras nosotros vendrán o los comunistas o los fascistas”. La Revolución Alemana de 1923 Para comprender el ascenso del nazismo al poder en 1933 es necesario referirse a la derrota de la Revolución Alemana de diez años antes. En un balance posterior, Trotsky explicaba que “en la capitulación histórica del partido comunista alemán y de la Internacional Comunista en 1923 está el origen del crecimiento del fascismo”. Según el líder de la Oposición de Izquierda, la ocupación del Ruhr por parte de Francia había llevado a su grado más alto a una “crisis de existencia” para la Nación y el Estado alemanes. El fracaso de la política del gobierno alemán de “resistencia pasiva” llevó al país entero a una situación catastrófica. A esto se sumaba “una crisis de la economía y particularmente de las finanzas del país; una crisis parlamentaria, una caída total de la confianza de la clase dirigente en sí misma; una desintegración de la socialdemocracia y de los sindicatos; un crecimiento espontáneo de la influencia del Partido Comunista; un cambio importante de orientación de la pequeñoburguesía hacia el comunismo; una brutal caída de la moral de los fascistas”. Y agrega que “las fuerzas de los fascistas estaban monstruosamente exageradas y, en gran medida, estaban paralizadas. En todo caso, después de julio-agosto, los fascistas estaban seriamente desmoralizados”. Los “consejos de fábrica” crecían con fuerza y funcionaban como verdaderos soviets. Los obreros abandonaban en masa a la socialdemocracia y se pasaban a las filas del comunismo o ponían sus expectativas en él. Se formaron numerosas “centurias proletarias” (milicias), con las cuales se organizó una manifestación armada de 25.000 trabajadores el 1° de Mayo en Berlín. El KPD tenía una creciente influencia en el movimiento obrero, donde se destacaba el trabajo en el sindicato metalúrgico, con 1.600.000 trabajadores bajo la influencia del comunismo. En ese momento hacía falta en el partido un agudo giro táctico: “había que mostrarle a las masas, y antes que nada al partido mismo, que se trataba ahora de la preparación inmediata de la toma del poder”. Trotsky propuso entonces, en la dirección de la Tercera Internacional, poner fecha a la insurrección alemana y comenzar a prepararla, se ofreció, incluso, para participar en ella, todo lo cual fue rechazado por Zinoviev, el Presidente del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista, que mantenía una alianza con Kamenev y Stalin contra Trotsky. Este grupo rechazaba la propuesta de pasar a la ofensiva y era hostil a los consejos de fábrica que funcionaban como verdaderos soviets (Trotsky dirá más adelante que la Internacional quería “crear (otros) soviets por telégrafo”). En ese entonces, la URSS sufría un proceso de burocratización que consolidaría a Stalin en el poder. El curso de la revolución alemana tendría un impacto directo en la batalla que la Oposición de Izquierda libraba contra esa burocratización. La orientación que Trotsky intentará dar en aquel entonces al Partido Comunista Alemán (KPD) chocará con las vacilaciones de la dirección de la Tercera Internacional (Comintern), en manos de Zinoviev-Stalin. La dirección del KPD tampoco estaba a la altura. Las bandas paramilitares del gobierno socialdemócrata habían asesinado en 1919 a los grandes dirigentes del partido, Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht. Los dirigentes que les sucedieron carecían de la talla de aquellos. En 1921, una política ultraizquierdista había llevado al partido a una insurrección, sin existir condiciones para ello, que pronto fue aplastada. A esto siguió una política de trabajo preparatorio (“la lucha por las masas”), pero que terminó llevando a un desvío de la dirección hacia posiciones conservadoras. En 1923, al calor de la crisis, la situación giraba bruscamente hacia la izquierda, pero este giro no estaba siendo acompañado por un giro táctico del partido: “la lucha cotidiana para conquistar a las masas absorbe toda la atención, crea su propia rutina en la táctica e impide ver los problemas estratégicos que se deducen de las modificaciones de la situación objetiva”. Entre sus conclusiones políticas sobre los acontecimientos de 1923, Trotsky explicaba que “lo más difícil para una dirección revolucionaria en nuestra época de giros bruscos es sentir el pulso de los acontecimientos políticos en el momento pertinente para captar cada giro brusco y cambiar el rumbo a tiempo”. En relación al Partido Comunista Alemán (el KPD), volvía sobre este punto: “es muy difícil para un partido revolucionario pasar de un período de agitación y de propaganda prolongada durante años, a una lucha directa por el poder a través de la organización de la insurrección armada. Este giro provoca, invariablemente, una crisis en el interior del partido. Todo comunista responsable debe prepararse para esto”. Como explicara también en relación a la Revolución Rusa, en los momentos decisivos, algunas semanas pueden decidir la suerte de la revolución por varios años. El Comité Central del KPD, dirigido por Heinrich Brandler, titubeaba ante los acontecimientos. Las vacilaciones de la dirección del KPD no eran más que un reflejo de las vacilaciones del Comintern, cuyo delegado en Alemania era Karl Radek. El KPD, a su vez, se encontraba dividido entre un ala de “izquierda” (Fischer, Maslow) y un ala de “derecha” (Brandler, Thallheimer). El cambio de táctica del KPD se realizó tardíamente y con vacilaciones. A instancias de la Internacional, en octubre el partido ingresó en los gobiernos socialdemócratas de izquierda de Sajonia y Turingia, con el objetivo de utilizarlos como bastiones para impulsar la insurrección en el resto del país. El gobierno decidió entonces la intervención militar de estas regiones. El KPD delineó un plan insurreccional: el levantamiento armado en todo el país a partir de una huelga general convocada por la conferencia de los consejos de fábrica del 21 de octubre, a propuesta de los comunistas, en defensa de Sajonia y Turingia. En pocas horas la insurrección se extendió a numerosos barrios obreros, donde se pusieron en pie barricadas y se sostuvieron combates con la policía. Pero la dirección del KPD se enredó en negociaciones con la socialdemocracia, la cual se negaba a seguir la política comunista del armamento obrero para defender Sajonia y Turingia. Finalmente, ante el fracaso de las negociaciones con los socialdemócratas, el KPD dio la orden de replegarse y abandonar los puestos de combate sin luchar. La orden llegó tarde a Hamburgo, donde la clase obrera tomó comisarías y varios puntos estratégicos de la ciudad y mantuvo una batalla armada en soledad contra las fuerzas represivas de Estado durante largas horas. La revolución alemana fue aplastada sin resistencia alguna por parte del KPD. Entre otros factores, la dirección del partido había exagerado terriblemente la fuerza que tenía el fascismo en esta etapa. Frente al fascismo, el KPD fijó una política defensiva y evitaba cualquier tipo de acción arriesgada, a pesar de que los comunistas contaban con el apoyo directo o la simpatía de la mayoría de la clase obrera. El fascismo no se erguía, en esta etapa, como un bloqueo para la toma del poder por parte de la clase obrera, como creía la dirección del KPD. Trotsky dirá más adelante que “ante el espectro del fascismo, el partido se negó a luchar”. La sobreestimación del fascismo por parte de la dirección comunista fue una de las causas del reforzamiento posterior de aquel. Revolución y contrarrevolución El fracaso de la revolución alemana de 1923 marcó un quiebre en la situación mundial en varios aspectos. Para los partidos comunistas, comenzó un período de reflujo generalizado. El capitalismo se dio los medios para alcanzar cierta estabilidad económica y política en Alemania. En Rusia, la derrota alemana aceleró el proceso de burocratización del Estado Obrero. Trotsky sostuvo que “los acontecimientos alemanes de 1923 marcaron el punto de inflexión que abrió un nuevo período posleniniano en el desarrollo de la Comintern”. La socialdemocracia alemana, que se había desmoronado como un castillo de naipes en la crisis de 1923, comenzó a recuperarse y, luego, a crecer, en gran medida a expensas de los comunistas. En las elecciones de mayo de 1924, el KPD obtuvo 3.700.000 votos. La cifra era un remanente del enorme influjo del partido comunista en las masas, que no haría otra cosa que retroceder en adelante, tanto en votos como en organización. Este retroceso sería, más adelante, aprovechado por Hitler y los nazis para asestar una derrota definitiva al movimiento obrero alemán. LEER MÁS: A 90 años de la llegada de Hitler al poder (parte II) Por El Be, 01/02/2023. A 100 años de la marcha sobre Roma: el nacimiento del fascismo (I). Parte Uno: el preludio. Por El Be, 27/10/2022. A 100 años de la marcha sobre Roma: el nacimiento del fascismo (II). Parte Dos: La derrota de la revolución. Por El Be, 28/10/2022. A 100 años de la marcha sobre Roma: el nacimiento del fascismo (III). Parte Tres: el ascenso del fascismo y la estrategia de la izquierda Por El Be, 29/10/2022. A 100 años de la marcha sobre Roma: el nacimiento del fascismo (IV - final). Parte Cuatro: el fascismo al asalto del poder. Por El Be, 01/11/2022. A 83 años de la "Kristallnacht" Por Norberto Malaj, 12/11/2021. El otro Núremberg Publicado en Sin Permiso 20/11/2020 y en Política Obrera Revista, Revista teórica del Partido Obrero Tendencia. Por Ángel Ferrero, 23/11/2020.

30 de enero de 2023
Tom Verlaine (1949-2023)

Tom Verlaine, poeta, guitarrista y cantante, fallecido este sábado a los 73 años, fue una figura fundamental del rock de las últimas décadas. Había nacido en Delaware con el nombre de Thomas Miller. En el colegio soldó amistad con Richard Meyers. Los dos amigos proyectaban una vida como escritores y aventureros. Inspirados en los poetas Paul Verlaine y Arthur Rimbaud (“Una temporada en el infierno”), cambiaron sus nombres a Tom Verlaine y Richard Hell respectivamente. Así se hicieron conocidos en Nueva York, donde desembarcaron a comienzos de los años 70. Verlaine ya había compuesto algunas canciones, de estilo folk. Se presentaba cada tanto con su guitarra acústica y aparentemente no se tomaba en serio iniciar una carrera musical. En cambio, a pesar de que todavía no sabía tocar una sola nota, Hell dice haber sido quien lo empujó a formar un grupo eléctrico, después de asistir a un show de los New York Dolls. Verlaine, el poeta, cedió y así nació la banda que finalmente sería conocida como Television, con la que grabaría dos álbumes insoslayables, Marquee Moon (1977) y Adventure (1978). La poesía de Verlaine se prolongó en los intrincados arreglos de guitarras eléctricas que escribió para que ejecutaran él y su compañero Richard Lloyd, un puesto para el que audicionaron Chris Stein (Blondie) y Dee Dee Ramone. El grupo creó un sonido propio a partir de la interacción entre ambos guitarristas. En escena, protagonizaban duelos que muchos califican de memorables. El estilo épico de las canciones, su ritmo nervioso, las escalas entretejidas y la lírica de Verlaine definieron la identidad de la banda. Atraparon la atención de un público poco numeroso, pero ferviente. Entre ellos, a Patti Smith -ella también una poeta que se introdujo en el rock-, con quien formó pareja y participó como guitarrista de sus primeros dos álbumes. Finalmente, la relación entre Verlaine y Hell acabó de manera tormentosa, un poco como la de los poetas simbolistas franceses a quienes rendían culto. El contraste entre sus personalidades había tocado un extremo. Verlaine era prácticamente abstemio, mientras Hell, en cambio, se había convertido en adicto. Verlaine era reflexivo. Hell, un provocador audaz. Pero sobre todo Hell no alcanzaba la estatura musical de su compañero. Antes de grabar el álbum debut de la banda fue reemplazado en el bajo por Fred Smith. El grupo se completaba con el baterista Billy Ficca. Television inauguró nada menos que la escena punk de Nueva York. Fueron ellos quienes convirtieron al CBGB´s en un reducto dedicado a la nueva escena, un alud que incluia a Patti Smith, Blondie, Ramones, Talking Heads y The Dead Boys, entre otros. Todas aquellas bandas cimentaron sus carreras tocando en ese local ignoto, inicialmente dedicado al blues, el country y el bluegrass, pero que luego pasaría a la historia por abrigar a lo mejor del rock de la época. Fueron ellos, Television, después de tocar ahí cuatro días a la semana durante seis meses junto Patti Smith y su banda, con gran suceso, quienes convencieron al dueño de darle cobijo permanente a los nuevos sonidos. “La escena definitivamente comenzó a crecer como una bola de nieve. El CBGB´s era sin duda el lugar donde estaban pasando las cosas, desde la primera vez que tocamos allí. Éramos realmente únicos. No había otra banda de rock´n´roll con el pelo corto en todo el mundo. No había otra banda de rock´n´roll con ropa rota. Todos todavía vestían purpurina y ropa de mujer. Éramos rufianes sin hogar, tocando una música potente, apasionada, agresiva y también lírica”, lo definió Hell (1). Nueva York era entonces una ciudad sórdida. Manhattan todavía no se había convertido en la meca de la especulación inmobiliaria. Y “Punk” era la revista que reflejaba aquella movida decadente y banal, comprometida y feroz. El concepto llegaría a Inglaterra de la mano de Malcolm McLaren, luego de conocer, precisamente, a Richard Hell en su paso por Nueva York. Se propuso trasladar su imagen y actitud a Londres. Plasmaría el concepto en un grupo llamado Sex Pistols. Television fue la pieza clave en la transición a una nueva época para la música rock. La carrera de Verlaine se prolongaría con diez discos solistas que sostendrían su estilo. Hubo también nuevas encarnaciones de Television, un tercer álbum en 1992, y numerosas giras y presentaciones con Jimmy Rip, un guitarrista neoyorquino radicado en Argentina, en reemplazo de Lloyd. Aunque el grupo no gozó de un gran éxito comercial en su momento, el sonido de Television se convirtió en una referencia ineludible para varias generaciones de músicos, de Sonic Youth a The Strokes. Verlaine fue parte y protagonista de una generación extraordinaria por su originalidad y creatividad. Su debut, Marquee Moon, alcanzó merecidamente la estatura de clásico. En la hipnótica canción de más de 10 minutos que abre ese álbum habita una voz -“I remember / how the darkness doubled...” (2)- que este fin de semana se apagó para siempre. (1) Citado en “Por favor, mátame”, de Legs McNeil y Gillian McCain (1996) (2) “Recuerdo cómo se dobló la oscuridad...”

30 de enero de 2023
Detienen a Facundo Jones Huala

En la madrugada de este 30 de enero fue detenido en El Bolsón Facundo Jones Huala. Lo encontraron en el quincho de una casa donde habría entrado para refugiarse. Curiosamente los medios periodísticos relatan que momentos antes había proferido gritos en la vía pública, llamando la atención de los vecinos. Se espera que Chile la transforme en alerta roja para habilitar la captura internacional y el correspondiente pedido de extradición. En febrero de 2022, la Corte suprema de Chile revocó la libertad condicional que le habían otorgado a Jones Huala, luego de haber sido juzgado y condenado por “hechos incendiarios y posesión ilegal de armas” de fuego en la Región de los Ríos, al sur de Chile. Ese juicio estuvo plagado de contradicciones y arbitrariedades: a todos los procesados, con excepción de Jones, los sobreseyeron. A Jones Huala, sin pruebas concluyentes en los hechos que se le imputaron, lo condenaron a a nueve años de prisión. Una muestra evidente de persecución política y criminalización de las protestas mapuche. El 15 de febrero de 2022 lo declararon prófugo, por no haberse presentado en los tribunales de Temuco. La detención de Jones Huala en el año 2017 dio lugar a movilizaciones protagonizadas por la Resistencia Cushamen, que cortó la ruta 40 para reclamar su libertad. Fue aquella represión brutal, encabezada por la ministra Bullrich, la que terminó con la vida de Santiago Maldonado. Ahora, la detención de Jones Huala ha conducido a una rápida comunicación y “cooperación” de tribunales argentinos y chilenos, para asegurar la extradición. Ese proceso, de todos modos, deberá seguir un conjunto de pasos. La detención y extradición de Jones Huala refrenda una orientación de conjunto, que siguen los Estados de ambos lados de la cordillera: defender los intereses capitalistas que necesitan eliminar a las comunidades originarias de los territorios, para lanzarse sin obstáculos a la depredación de los recursos naturales y la explotación inmobiliaria. Abajo la persecución a Jones Huala y a la comunidad mapuche, ¡Libertad! LEER MÁS: Chile: Boric y la derecha intentan reeditar a Pinochet Por Javiera Sarraz, 20/10/2022. Del asesinato de Rafael Nahuel al desalojo de Villa Mascardi Inauguremos el Encuentro de Mujeres con una marcha enorme. Por Myriam Álvarez, 08/10/2022. Santiago Maldonado: un crimen de Estado Por Joaquín Antúnez, 01/08/2022]. Qué intereses atraviesan al conflicto mapuche en la Comarca Andina y la Patagonia Por Elena Florín, 22/10/2021. Incendios intencionales para tapar fracasos judiciales Artículo publicado en tramas.ar, 20/10/21. Por Susana Lara, 21/10/2021. Campaña fascista contra los mapuches Por Elena Florín, 02/09/2021. ¡Desmilitarización del Wallamapu, libertad inmediata a lxs presxs políticxs Mapuche! Por Camila Millaray, 12/10/2020.

31 de enero de 2023
Bahía Blanca: la lucha de los trabajadores de ChangoMás

Los trabajadores del híper-supermercado ChangoMás de la ciudad –propiedad de Francisco De Narvaez- están desarrollando un plan de lucha por el incumplimiento del pago del bono de fin de año y otros reclamos por recategorizaciones y condiciones de trabajo. Como señalamos por este medio varias cadenas de supermercados se negaron a pagar el bono de fin de año decretado por el gobierno y argumentaron que este ya estaba comprendido en un bono habitual que se entrega por órdenes de compra en cada sucursal. Este incumplimiento no mereció palabra o sanción alguna por parte del gobierno. Se denuncia por los medios las gambetas a los ‘precios cuidados’; pero en los hechos, las patronales incumplen todo con completa impunidad. Tampoco el sindicato de Comercio tomó medidas, a pesar de que se desarrollaron numerosas y concurridas asambleas en varias sucursales. En este cuadro, los trabajadores de ChangoMás de Bahía Blanca resolvieron en asamblea una retención de tareas escalonada y alternada, que ya llegó a las cinco horas por turno y tiene previsto incrementarse en los próximos días. Una mayoría abrumadora de los compañeros se está plegando a la medida. La patronal echó lastre otorgando algunos reclamos, como el mejoramiento de las herramientas de trabajo en los sectores de caja (sillas, pistolas de código de barras) pero rechaza categóricamente pagar el bono. No se trata de ninguna dificultad económica, porque están contratando personal temporario para abrir el supermercado durante el desarrollo de las medidas. Existen otros reclamos como la ausencia de la categorización a los compañeros del sector de ventas y la falta de entrega de nuevos equipos de vestimenta (actualmente se sigue usando la de invierno). Esta lucha anticipa importantes reservas de lucha para defender el salario y las condiciones laborales, ante el cierre ruinoso que ha hecho Cavalieri con aumentos en infinitas cuotas, colmadas de cifras no remunerativas y adicionales. Los trabajadores de ChangoMás en Bahía vienen desarrollando un proceso de organización y lucha, motorizado por sus delegados de base. Un plenario de delegados de todos los supermercados sería el puntapié para coordinar nuevas acciones. LEER MÁS: Comercio: el bono de fin de año agitó las aguas Por Carmen Álvarez, 09/01/2023. Despido en Makro Bahía Blanca Por Corresponsal, 30/11/2022. Bahía Blanca: despido antisindical en Easy Por Corresponsal, 09/09/2022.

31 de enero de 2023
Afuera y adentro de Tribunales

El final de la feria judicial anticipa un escenario movido, tanto en los Tribunales como en la calle. Por un lado, los mentideros judiciales anuncian la reapertura de las causas relacionadas con los hoteles de la familia Kirchner, Hotesur y Los Sauces. La condena en primera instancia en el juicio por las obras de Vialidad alimentó el reclamo de los fiscales por activar estas otras causas. Alegan que, a través de la contratación de ´alojamiento´ ficticio en esos hoteles, se lavó el dinero de los ´retornos´ en beneficio de los K. Como respuesta a esta ofensiva, el kirchnerismo abrirá febrero con una movilización a los Tribunales, denunciando a la “mafia judicial”. Una acción de mayor envergadura, pero en la misma línea, se prepara para el próximo 24 de marzo. En las últimas semanas, comenzaron en el Congreso las reuniones de la comisión de Juicio Político, en torno del proyecto oficial que pretende juzgar al máximo tribunal. La saga continuará en febrero, con nuevas reuniones y audiencias públicas todavía más ruidosas. El activismo kirchnerista tiene cartón lleno, al menos, de acá a finales de marzo. Los límites políticos de estas acciones, sin embargo, están a la vista. Proscripción La campaña contra la justicia viene acompañada de un reclamo para “ponerle fin a la proscripción de Cristina”. Aunque no hay formalmente una proscripción, al no existir condena firme contra ella, el kirchnerismo y la propia CFK se refieren a otra cosa. “La militancia no puede hacer una campaña electoral dando explicaciones sobre las acusaciones en mi contra”, señaló la vice en el discurso donde se bajó de toda candidatura. Levantar esta hipoteca jurídica y política parece fuera del alcance del gobierno. Pero en su última entrevista, Máximo Kirchner presentó las cosas de otro modo: “si Cristina se presenta, le sale la condena firme en cinco minutos” –no es una defensa muy feliz de su madre, pues la presenta intimidada por la Corte. A renglón siguiente, Máximo reclamó que el presidente “se involucre más activamente” en la defensa de Cristina, sin indicar de qué modo lo haría. Existe un proyecto para ampliar la Corte a 25 miembros, con representantes de todas las provincias. Con la comprensión de que el juicio político a la Corte no prosperará, algunos camporistas ofrecen como alternativa esta licuación de la actual Corte a través de un DNU, alegando “la parálisis del Congreso”. Al igual que el juicio político, este proyecto tropieza con otra dificultad: la movida contra la Corte ha sido desautorizada por la ´crema´ de la burguesía argentina . Es el mismo gran capital que, junto al FMI, han depositado su “destino argentino” en las manos de Sergio Massa, convertido en superministro de un gobierno virtualmente vaciado. Massa mira para otro lado frente a la escalada contra la justicia –no quiere nuevos cimbronazos en un escenario de derrumbe financiero y monetario que pilotea malamente. ¡Pero el “plan” Massa cuenta con el respaldo cerrado de Cristina y Máximo! Se demostró semanas atrás con la aventura ruinosa de la recompra de la deuda pública, que la vicepresidenta avaló. El eje del actual régimen político transita por el acuerdo con el FMI y el rescate de la deuda. Los K, al igual que Alberto, han atenazado su destino al del “plan” Massa. Estos son los verdaderos límites de la agitación cristinista, la cual, al final de cuentas, podría reducir sus pretensiones a una extorsión particular: condicionar la campaña antijudicial a que se moderen las acusaciones en su contra. Un 24 de marzo no merece un destino tan mezquino. La otra estantería La agitación kirchnerista tendrá lugar mientras comienza a crujir la “otra” estantería: la que intentó ordenar Sergio Massa, sin otro resultado que una inflación en disparada y la recidiva de una corrida cambiaria. En medio de ese despiste, cabe preguntarse si la “gesta” que prepara Cristina para el 24 no la volvería a presentar como “oficialista-opositora”, demarcándose del gobierno y de un Massa cayendo en desgracia. Pero no es lo que está haciendo la primera plana sindical del kirchnerismo, que ´trabaja´ con Massa un plan de paritarias ´descendentes´, bajo el pretexto de una inexistente inflación también en baja. ATE Capital, además, participa del ´seguimiento´ de los precios justos, una turné mediática dirigida a embellecer la política de remarcación general de los alimentos. Pero la burocracia K está llegando tarde a esta colaboración política: en cualquier momento, Andrés Rodríguez, Catalano o Baradel tendrán que responder por la indignación de sus bases ante la pulverización del salario, antes que atender para la foto a los ´poderes concentrados´ o la `mafia judicial´. La crisis en torno de la justicia y la Corte no puede ser disuelta, sin embargo, en la denuncia acerca de su papel “distractivo”. El choque de poderes en curso ha mostrado hasta qué punto llega la descomposición del Estado y de sus instituciones. El kirchnerismo ha denunciado los vínculos de la Corte con empresarios y contratistas del macrismo –no abrió la boca, en cambio, para mostrar la unión de hierro entre la Corte y la clase capitalista para la liquidación del derecho del trabajo, a través de varios fallos estratégicos . Si el kirchnerismo calla en ese punto, es porque compartió y comparte esa orientación flexibilizadora. Del otro lado, se ha reflotado otro vínculo inocultable –entre el kirchnerismo y la burguesía ´contratista´. Se hace demasiado cuesta arriba presentar a ese derrotero de negocios como parte de una causa popular. Mientras tanto, el capital financiero reclama una tregua para que los dos lados de la “grieta”, después de octubre, se comprometan a reconocer sin “reperfilamientos” ni quitas a una deuda pública que representa el 120% del PBI. Esta es la ´verdad´ que une a cortesanos y anticortesanos. LEER MÁS: La Corte Suprema contra la clase obrera Lo que no tiene en cuenta el ‘juicio político’ K, por complicidad. Por Marcelo Ramal, 23/01/2023. El “círculo rojo” desautoriza el juicio a la Corte Por Marcelo Ramal, 20/01/2023. La entretela de las “sesiones extraordinarias” Por Marcelo Ramal, 13/01/2023.

31 de enero de 2023
El derrumbe del sistema de salud pública en CABA

El estado de descalabro del sistema de salud de la CABA resulta más que evidente. Un repaso de varias situaciones planteadas en diferentes hospitales así lo demuestra. En el Hospital Santojanni, el cierre de su guardia es un hecho de una gravedad inusitada. No hay que olvidar que la guardia de un hospital es la puerta de ingreso de los pacientes. Según argumenta la dirección del Hospital, esa medida respondería a obras de refrigeración del sector. Pero el cierre de una guardia dispara un achique hospitalario más general. Por eso, las guardias no se cierran, sino que se trasladan a otro espacio dentro de la misma institución. Resulta “llamativa” la falta de un plan de contingencia por parte del GCBA. La medida adoptada en el Santojanni despertó el repudio de varias organizaciones gremiales y un pedido de explicaciones de la filial de AMM (Asociación de Médicos Municipales). Podríamos mencionar también la situación del Hospital Argerich con personal administrativo insuficiente para hacer frente a la demanda de los usuarios (entrega de turnos, gestión de recursos) perjudicando su atención. El Hospital Fernández no cuenta con consultorios específicos para el abordaje de la atención ambulatoria en Salud Mental. A su turno, el Hospital Durand presenta un deterioro administrativo y carencia de una adecuada ventilación en muchos de los espacios de espera. Según difundieran los trabajadores del Hospital Pirovano, la pasada lluvia del 27 inundó el hall de entrada, por falta de mantenimiento edilicio. Mientras tanto, los trabajadores del Cesc 25 del Barrio Mujica decidieron cerrar el servicio, dado que las autoridades no dan respuesta a los problemas de inseguridad que sufren tantos trabajadores como usuarios. Más allá de este “paneo” por los hospitales, el denominador común en todos ellos es el deterioro salarial galopante para todo el personal. En materia de salud, la prioridad del gobierno capitalista de Massa es favorecer al mercado de la salud privada. El capital invertido en salud quiere hospitales en derrumbe y salarios de los trabajadores públicos de la salud también en picada: ello permite que la “industria de la salud” no soporte la competencia del hospital público, ni en materia de prestaciones ni –mucho menos- en el nivel de los salarios. La crisis del sistema de salud incide en la situación de la población en general, contribuyendo a la pauperización y a la miseria social general. En todos los centros de salud, crece la deliberación de trabajadores y pacientes. LEER MÁS: Ciudad de Buenos Aires: no al cierre del CeSAC 31 Por Yerko Angulo, 07/01/2023. Larreta y la burocracia médica postergan las paritarias Recuperemos el movimiento autoconvocado. Por Julián Asiner, 05/01/2023. CABA: martes, paros en Enfermería Por Silvia Allocati y Maxi S. Cortés, 05/12/2022. Hospitales en primavera: la huelga indefinida, un método en movimiento Por Lucía Guevara, 01/11/2022. Atención Primaria de la Salud: Larreta pergeña un traslado compulsivo de trabajadores para seguir vaciando los hospitales públicos Por Lucía Guevara, 15/08/2022. Los trabajadores de Salud mental se plantan contra el gobierno de Larreta Por Silvia Allocati - Secretaria Gremial de AGIHM, 23/07/2022. Trabajadores de la salud: por un plan de lucha en serio para derrotar a Larreta 200 mil pesos de inicial para la salud pública. Por Florencia Suárez y Lucía Guevara, 13/04/2022. No al cierre del servicio antirrábico del hospital Durand Por Corresponsal, 31/03/2022.

31 de enero de 2023
América Latina, otro escenario de la guerra imperialista

El Comando Sur de Estados Unidos ha lanzado una campaña para que los países latinoamericanos que cuentan con material ruso en sus arsenales lo envíen a Ucrania y lo reemplacen por suministros norteamericanos. El planteo fue rechazado, hasta ahora, por Brasil, Colombia y Argentina. Por su parte, Ecuador, Uruguay y el convulsionado Perú no se expidieron, pero tampoco manifestaron entusiasmo. Finalmente, los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, que completan la lista, mantienen lazos políticos y de solidaridad con Moscú. Las fuerzas armadas de estos nueve países cuentan desde cazas y aviones de ataque, pasando por helicópteros, artillería, vehículos blindados, armamento ligero y munición de origen ruso. A lo largo de estos años, Rusia se ha posicionado como proveedor de armamento en América Latina, disputando con otros vendedores mundiales como Estados Unidos, China o Francia. “El componente militar [de las actividades comerciales de Rusia] ha representado una amenaza en el ´patio trasero´ norteamericano y sus intereses particulares” (zona-militar.com, 6/5/22). El estallido de la guerra imperialista en Ucrania puso una pausa a negociaciones y proyectos en curso, obligando a los países de la región a diversificar sus proveedores. “Las sanciones (a Rusia) están funcionando porque están teniendo problemas para obtener repuestos y similares para mantener sus sistemas de armas operativos”, afirmó la general Laura Richardson, a cargo del Comando Sur de los Estados Unidos (zona-militar.com, 20/1). El interés yanqui en recuperar armamento ruso, aunque sea obsoleto, se debe a que condice con el material bélico que las fuerzas armadas ucranianas manejan desde la época de la Unión Soviética. Sus oficiales están entrenados en su uso. En cambio, la entrada en combate de los tanques alemanes Leopard 2 se verá demorada varios meses, fundamentalmente, por el tiempo que demanda la capacitación de los soldados. Por su parte, el gobierno de Brasil habría rechazado una solicitud de Alemania para suministrar diversos tipos de municiones empleadas por los tanques Leopard 1A5BR en manos de las Fuerzas Armadas de Brasil, de origen germano. La iniciativa de este ´enroque armamentístico´ fue lanzada por la misma Richardson en el ámbito del “Commander Series”, el foro que realiza el think tank ´Atlantic Council´. Debe enmarcarse en la disputa del imperialismo yanqui con Rusia y China por la ´influencia´ regional, cada vez más exacerbada. Richardson, precisamente, “hizo hincapié sobre la importancia de la región, así como los avances que han realizado China y Rusia en distintos ámbitos” (id). La presión yanqui es cada vez más intensa, pero los intereses comerciales que enlazan a las burguesías latinoamericanas con Rusia y China son muy robustos. El imperialismo pretende recuperar el terreno perdido. En la estrategia de Seguridad Nacional de 2022, el gobierno Biden dio prioridad a China e identificó a Rusia como “un desafío importante, pero localizado”. “El adversario número dos de Estados Unidos en la región es Rusia”, definió Richardson (Infobae, 26/1). Uno de los mercados involucrados en esa disputa es el de los fertilizantes empleados por el agronegocio en Brasil, los cuales en gran medida son importados de Rusia, principal productor a nivel mundial. Aún hoy, incluso después de las sanciones y a pesar de que Brasil importó un volumen menor en el año 2022, el balance comercial es favorable a Moscú entre ambas naciones. Por otra parte, 21 de los 31 países de la región han adherido a la “Nueva Ruta de la Seda”, una estrategia de desarrollo de infraestructura global lanzada por Beijing. China se ha convertido en el principal ´socio comercial´ de América Latina, desplazando a los norteamericanos, aunque estos, en la mayoría de los casos, mantienen su primacía en términos de inversión directa. “El coloso asiático invierte en infraestructuras críticas, advirtió Richardson, como puertos de aguas profundas, el espacio o las telecomunicaciones, con las redes 5G y la multinacional Huawei” (Infobae, 26/1). En la reunión de la Celac, celebrada hace pocos días en Buenos Aires, los presidentes latinoamericanos declararon al subcontinente “tierra de paz”. Como reservorio de alimentos, minerales y energía, las burguesías locales y sus mandaderos se ilusionan con las ´oportunidades´ que ofrece la masacre de la guerra, bajo la máscara de una política de ´no intervención´. La neutralidad de negocios, que por ahora las burguesías continentales logran mantener a salvo, choca con el agravamiento de la guerra internacional. Se encuentra en desarrollo una monumental puja por el subcontinente, que reforzará los choques y crisis políticas presentes. Ningún país puede sustraerse a la guerra mundial en curso. LEER MÁS: Celac: el cierre sin gloria de una “cumbre” dividida y paralizada Por Marcelo Ramal, 25/01/2023. La Celac en un continente explosivo. Y una guerra mundial en desarrollo Por Jorge Altamira, 22/01/2023. El Culebrón de las Américas Por Jorge Altamira, 31/05/2022. Bajo la tutela del Departamento de Estado: Fernández llama a retomar las relaciones con Maduro Por Javiera Sarraz, 24/04/2022. CONGRESO DE POLÍTICA OBRERA: Resolución sobre la guerra 18/04/2022. Biden: extendamos la guerra hasta Moscú Por Jorge Altamira, 28/03/2022. Congreso de Política Obrera (Partido Obrero Tendencia). Lineamientos para el debate sobre la situación mundial Por Mesa Ejecutiva de Politica Obrera, 21/01/2022, Los Fernández en “la Cumbre democrática” de Biden El paquete del FMI viene con cláusulas geopolíticas. Por Jorge Altamira, 08/12/2021. Mercosur, no los separa la pelota Por Jorge Altamira, 28/03/2021.