politicaobrera.com Archivo de Política Obrera
Política Obrera › Febrero de 2021

Febrero de 2021

1 de febrero de 2021 · 218 notas

Notas de este número

1 de febrero de 2021
“Ya no estoy aquí”, o el viaje transformador de Ulises

En La Odisea, de Homero, Ulises emprende un viaje y en ese transcurso la travesía lo transforma. Luego de haber hecho la guerra en Troya y volver a Itaca, Ulises comprueba esa transformación. Tal vez se podría decir algo parecido sobre el Ulises de Ya no estoy aquí, la película mexicana preseleccionada para el Oscar; un film muy hermoso, extraño, que renueva el cine hecho en Latinoamérica, Argentina incluida, sobre los sectores de la clase trabajadora más postergados, fuera del pobrismo, la exaltación de la violencia o las miradas condescendientes. En una zona de barrios populares, semejantes a las villas porteñas por sus pasillos, del norte de Monterrey, se desarrolla un movimiento que reúne a diferentes bandas unidas por las precarias condiciones en las que viven y por la música y el baile, dominado por una cumbia ralentizada colombiana. “Rebajada”, le dicen. Ulises lidera la banda Los Terkos, protege a sus miembros, baila con ellos. Un incidente con el cartel narcotraficante, que entrega dádivas como bolsones de alimentos, lo lleva a Nueva York, lejos de los suyos. Viaja. Sin saber inglés, trabaja. Se relaciona. Es golpeado. A una chica, de ascendencia china e hija del dueño de un supermercado, le enseña los secretos de su baile, aunque ella no entienda. Vuelve. El viaje ha transformado a Ulises. El tiempo de su ausencia transformó el puerto, Monterrey, desde donde partió. Entonces, todo ha cambiado. Protagonizada por actores no profesionales, se trata de un film que hay que ver. Es la primera película del director y su protagonista. El retrato su las peripecias de un sector social que linda con la clase obrera se realiza con las mejores herramientas narrativas. Dos consejos: programar los subtítulos en español para un film cuyos diálogos son realizados en el español de Monterrey. Mirar hasta luego de terminados los subtítulos.

2 de febrero de 2021
Tucumán: a tres meses del femicidio de Paola Tacacho

El 30 de enero se cumplieron tres meses del femicidio de Paola Tacacho, la joven docente de inglés que, tras 5 años de sufrir acoso por parte de un exalumno -y realizar 20 denuncias-, fue asesinada brutalmente. Su caso conmovió a la provincia, que ya había sido sacudida en las semanas previas por los femicidios de dos niñas. El crimen de Paola volvió a poner al descubierto el régimen de impunidad y violencia contra las mujeres que proviene del propio Estado. Por la acción de la familia de Paola, que se movilizó inmediatamente y averiguó por sus propios medios todo el derrotero de la joven ante la justicia, saltaron a la luz las numerosos denuncias que Paola había realizado y su cajoneo, bajo la responsabilidad de fiscales y jueces. En 2017, el fiscal López Ávila había pedido la elevación a juicio, pero el juez Pisa lo rechazó por falta de pruebas, a pesar de las numerosas denuncias de Paola, para ´no malgastar´ recursos del Estado. En las restantes causas, la actuación de la justicia fue similar. En el desenlace atroz, están comprometidos la casi totalidad de jueces, fiscales y secretarías de la Corte Suprema, ante los cuales acudió Paola. Por detrás de todas estas maniobras, estaba la familia del acosador y femicida. El hermano, Ronald Parada Parejas, es un empresario allegado al poder político. Fue directivo de uno de los clubes más importantes de la provincia, adjudicatario de distintas obras públicas e integró el grupo empresario que años atrás se hizo cargo de un ingenio quebrado, el San Juan, y que cuya gestión dejó deudas impagas a trabajadores y cañeros, al igual que con los préstamos realizados por el estado provincial para ponerlo en funcionamiento. Esta radiografía del carácter descompuesto y criminal del poder judicial llevó a que desde la familia y de las organizaciones del movimiento de mujeres se levante la consigna de la remoción del juez Pisa y su juicio político. Sospechosamente, cuando se levantó este reclamo, se conoció un pedido de renuncia -condicionada a cobrar su jubilación como juez- formulado por Pisa unas semanas antes. La movilización y la indignación popular provocaron que Manzur no pudiera aceptar la renuncia hasta el momento y que la legislatura tenga que dar curso a los pedidos de juicio político. Con el fin del receso de enero se dará a conocer el descargo realizado por el juez y la comisión de juicio político deberá tomar la decisión de si formula la acusación o no. Sabiendo que están en curso todas las maniobras políticas para tratar de cerrar el caso, y que quede en pie todo el muro de impunidad, es que la familia de Paola convocó a un acto y marcha este 30 de enero. Pese a las vacaciones y al clima desfavorable tuvo lugar una importante jornada de lucha que volvió a reinstalar los reclamos de Justicia por Paola. Tuvo la virtud también de converger con otras víctimas y familiares de víctimas. A mediados de enero se produjo otro caso similar al de Paola, donde la víctima fue el hermano de la joven acosada y hostigada. Marcos Montenegro Cano, un conocido basquetbolista, fue asesinado cuando enfrentó al hostigador de su hermana. El asesino ya tenía 17 causas en la justicia y proviene de una familia con influencias. Nadia Cano se hizo presente en la movilización y denunció la protección de los jueces, bajo la acción del gobierno, a los poderosos. La convergencia de las víctimas y familiares y la movilización es el camino que hay que seguir. Este 26 de febrero se cumplirá el 15° aniversario del crimen de Paulina Lebbos. Esa fecha se ha convertido en la jornada anual de lucha contra la impunidad. Preparemos una masiva convocatoria por justicia por todas las víctimas para fortalecer la organización y coordinación independiente del Estado.

2 de febrero de 2021
Reapertura de escuelas: preparemos la huelga en defensa de la vida y la educación

El Gobierno Nacional, con el concurso de los gobernadores y sectores de la oposición macrista-larretista, se encuentran en una cruzada por “reabrir las escuelas”, cuando Argentina atraviesa un rebrote de coronavirus y promedia 10 mil casos diarios. Contra toda la evidencia a nivel internacional, Alberto Fernández ha dictado que el regreso a las clases presenciales es “prioritario” y que se iniciarán en marzo. Por su parte, el gobierno porteño anticipó el retorno a las aulas para el 17 de febrero próximo. Esto cuando la orientación ´reaperturista´ está fracasando en todo el mundo, azotado por nuevas cepas y rebrotes. Angela Merkel ha señalado que “Alemania no está en condiciones” de reabrir sus escuelas por lo que significaría en materia de propagación del covid (Página/12, 31/1). En Estados Unidos, los docentes de Chicago, el tercer distrito más grande del país, más de 20 mil docentes votaron contra la presencialidad y preparan una huelga general, que incluye el reclamo de la vacunación para todo el personal. En Brasil, los docentes de San Pablo y Rio de Janeiro declararon la huelga contra el regreso a las clases presenciales. En Madrid, luego de abrir escuelas, los casos se han disparado en un 175 % (El País, 27/1). En Gran Bretaña, el violento rebrote forzó al ´aperturista´ Boris Johnson a suspender las clases hasta, por lo menos, el próximo 8 de marzo. En nuestro país, hay dos millones de personas que fueron infectadas y cerca de 50.000 muertos a causa del virus. El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, pronosticó que la “segunda ola” de covid se producirá en marzo, justamente cuando se pretende retomar la educación de manera presencial. El desastre sanitario y social está anunciado. La cuestión del regreso a la presencialidad en las escuelas se ha convertido en un tema que excede por mucho a la cuestión educativa en sí misma. Si hubiera algún interés genuino de los gobernantes por “la educación de los chicos”, se hubieran volcado los recursos necesarios, en principio, para garantizar la educación virtual durante todo el año anterior. Por las carencias, se terminó excluyendo del sistema educativo a millones de niños. En ese tiempo, tampoco se implementó un plan de obras de infraestuctura escolar para preparar a los establecimientos educativos para un posible retorno presencial; ni hablar de haber atendido los reclamos de los trabajadores de la educación en materia salarial y laboral. Nada de esto ha ocurrido. La realidad es que el “retorno a las aulas” forma parte de las exigencias de la burguesía y el capital para levantar todas las restricciones y limitaciones a la circulación que el estado tuvo que tomar para evitar el desmadre sanitario. La escuela, para el régimen, es el “depósito” de los niños y niñas de la clase obrera para que sus padres y madres puedan retomar su actividad laboral. Presencialidad "cuidada" Las direcciones de los sindicatos ligados al gobierno se encuentran militando el “regreso seguro a las aulas”, en determinadas “condiciones”: plan de vacunación, obras de infraestructura, nombramiento de personal, etc. La cuestión salarial es abiertamente omitida, cuando los bolsillos de los docentes (como el resto de los trabajadores) han perdido como en la guerra contra la inflación. El salario básico a nivel nacional que cobra un docente es de $27.500. CTERA ha planteado en un documento que el regreso a las clases presenciales debe ser “consensuado” en las reuniones de la paritaria nacional, a realizarse en febrero. No cuentan, sin embargo, con ningún mandato de base para tomar decisiones. El gobierno, por su parte, no ha garantizado ninguna “condición”. No hay todavía ningún docente vacunado en el país, debido a la escasez de vacunas, los protocolos son inviables de cumplir en los edificios escolares y las obras brillan por su ausencia. En definitiva, las condiciones son “las que hay” y “a las aulas” ha como de lugar. Es claro entonces que el reclamo de “condiciones seguras” cae en saco roto, en un gobierno que ha priorizado el pago de la deuda, el subsidio a las patronales y el recorte de gastos sociales (IFE), ajustando salarios y jubilaciones. ¡Pero sobre todo porque el gobierno ya ha fijado el inicio del ciclo lectivo! ¿Cómo se puede debatir un protocolo o “condiciones” para el regreso con el regreso ya anunciado a las aulas? Estamos frente a una extorsión política contra la docencia, que debe ser superada mediante una lucha decisiva y firme. La medida más “segura” que hoy tienen docentes, estudiantes y la comunidad educativa para protegerse del contagio es organizar la huelga contra el regreso a la presencialidad en las actuales condiciones, en defensa de la vida y la salud. Sin vacunación, sin condiciones edilicias, ni obras, la presencialidad potenciará el contagio entre los trabajadores, incluyendo el uso del transporte público. En las seccionales combativas y anti burocráticas está planteado el desafío de organizar un movimiento de lucha que quiebre la extorsión gubernamental de “regresar” (como sea) a las aulas y ganar al conjunto de la comunidad educativa a una lucha común, que debe incluir a los auxiliares que realizan las tareas de higiene y mantenimiento de las escuelas. No inicio Este es el camino que ya se empezó a recorrer en diferentes provincias del país. En Orán, Salta, una asamblea autoconvocada de docentes votó el no inicio de clases y se preparan asambleas en otras localidades. En Mendoza, el gremio SUTE le ha informado a las familias a través de una carta pública, que si no hay respuestas por la recomposición salarial y obras de infraestucra escolar, “así no iniciamos”. El Frente Gremial Docente en Chaco, también plantea el no inicio de clases si el gobierno no cumple con lo firmado en la última paritaria. En Neuquén, por estas horas, también se debate la convocatoria a la huelga en reuniones de delegados y asambleas de ATEN. En Tucumán, los docentes autoconvocados preparan un congreso provincial de delegados para fines de Febrero para votar medidas de lucha. En Capital Federal, UTE decretó una ´retención de tareas´ y Ademys definirá acciones contra el intento aperturista de Larreta. En la provincia de Buenos Aires, el SUTEBA de La Matanza tendrá una asamblea la semana que viene para preparar medidas junto al resto de las seccionales combativas. Discutamos y organicemos la huelga general educativa.

2 de febrero de 2021
Huelgas docentes en Brasil contra las clases presenciales

En medio del recrudecimiento de contagios y muertes a causa del coronavirus y de la aparición de una nueva cepa en el estado de Amazonas, tanto el gobierno de Bolsonaro como muchos de los gobernadores e intendentes de Brasil han resuelto, de cualquier manera, dar inicio al ciclo lectivo con clases presenciales para los primeros días de febrero. Trece estados del país ya fijaron fecha de regreso a las escuelas, mientras que otros 13 aún no decidieron si las clases serán virtuales o presenciales. En el caso del estado de Roraima, aún no se definió la modalidad. Esto ha sido respondido por los docentes con huelgas en los principales estados del país. San Pablo El gobernador de San Pablo, João Doria, del PSDB, es uno de los que propician el regreso de los chicos a las escuelas, a pesar de que el estado se encuentra en ´fase naranja´ y muchos municipios incluso en fase roja, volviendo a tomar medidas restrictivas. En el caso de San Pablo, el presidente del tribunal de Justicia dejó sin efecto este viernes 29 un mandato judicial que impedía la vuelta a clases, dictando la obligación de los padres de llevar a sus hijos a la escuela “bajo pena de ser responsabilizados en la justicia” (Portal Terra, 29/1). Un día antes, debido al agravamiento de la pandemia, la jueza Simone Gomes Rodrigues Casoretti había suspendido el decreto del gobernador Doria, de diciembre pasado, que autorizaba el retorno a las clases presenciales en las escuelas públicas y privadas. La decisión de la jueza fue en respuesta a una acción civil pública impulsada por los sindicatos docentes FEPESP y APEOESP, CPP y AFUSE. Frente a este nuevo atropello a la salud y a la vida, el sindicato de profesores de las escuelas públicas de San Pablo (APEOESP) votó en asamblea el inicio de la huelga y el no inicio de clases presenciales hasta que todos los docentes estén vacunados. Hasta el momento, no existe ningún plan en el Ministerio de Salud para priorizar a los docentes en la primera etapa de la inmunización. El FEPESP -sindicato de docentes de escuelas privadas-, asimismo, está discutiendo qué medidas de resistencia impulsará frente al inminente reinicio, aunque en principio es favorable a la presenciabilidad si a los docentes se los habilitan para intervenir en el control o fiscalización sobre el cumplimiento de los protocolos. “Queremos discutir las condiciones efectivas de cumplimiento de los protocolos establecidos en el decreto gubernamental” (comunicado sindical del 29/1). Algo que, a renglón seguido, el propio dirigente de la FEPESP Celso Napolitano muestra ser casi imposible de llevar a la práctica, ya que como "los docentes (de las escuelas privadas) corren riesgos de ser despedidos, tienen menos condiciones de denunciar el incumplimiento de los protocolos en las escuelas". Por el contrario, el retorno a clases presenciales fue festejado por Benjamin Ribeiro, presidente de la asociación que representa a los establecimientos educativos privados de élite, que ve en esta medida criminal un restablecimiento del negocio altamente lucrativo de la enseñanza privada, después de meses de paralización. En varios países de Europa, la mutación del nuevo coronavirus llevó a la suspensión del regreso a las aulas. “Especialistas ven grandes chances de transmisión mayor con el aumento de la circulación de la comunidad escolar, incluyendo profesores, funcionarios y familias de los alumnos.” (ibídem). Río de Janeiro, docentes y choferes En asamblea virtual realizada el viernes 29 de enero, el Sindicato de Profesores de Educación de Rio de Janeiro (SEPE) de la red estadual (provincial) decidió, por 89% de votos a favor, iniciar la “huelga por la vida” contra la decisión del gobernador interino Claudio Castro (el gobernador Wilson Witzel está preso por corrupción) de retornar a las clases presenciales. Al igual que los docentes paulistas, votaron retornar a las escuelas solamente cuando todos hayan recibido la vacuna. Al día siguiente (30/1), la asamblea de los profesores de la red municipal de enseñanza también votó por la huelga. El comunicado del SEPE sostiene “la posición contraria a la vuelta del trabajo presencial en las unidades escolares como forma de resguardar la salud de los profesores, de los alumnos y de la población en general”. Una nueva asamblea fue convocada para el próximo 11 de febrero. El sindicato denunció como criminal el retorno presencial cuando hay una "segunda ola de pico de contagios y muertes". Los choferes de ómnibus de la BRT, que transporta alrededor de 170 mil trabajadores diariamente (antes de la pandemia eran 340 mil pasajeros), y uno de los gremios más castigados por el covid, con decenas de choferes contagiados y muertos, entraron en huelga desde la mañana del lunes 1 de febrero por el atraso en el cobro de sus salarios. Los choferes del transporte público de Rio de Janeiro fueron incluidos en la categoría de trabajadores esenciales, pero esto no les garantizó cobrar sus salarios en tiempo y forma. El recientemente electo intendente de la capital carioca, Eduardo Paes (DEM), salió a atacar los choferes huelguistas por ´perjudicar a la población´, en rescate del consorcio capitalista que administra estas líneas de transporte, únicas responsables de la crisis que atraviesa. La empresa propuso al gobierno municipal resolver la situación poniendo menos unidades en la calle, recortando horas de la jornada laboral y bajando los salarios de sus empleados. Una excelente oportunidad para que los trabajadores pidan la apertura de los libros de la empresa. Desde la madrugada del lunes, los huelguistas organizaron piquetes en todas las cabeceras para impedir la salida de las unidades conducidas por personal jerárquico y rompehuelgas. Frente a un cuadro de catástrofe humanitaria provocada por la pandemia que ha llevado al Brasil a ser el segundo país en cantidad absoluta de muertes y el tercero en cantidad de contagiados, detrás de Estados Unidos e India, la política de sabotaje criminal por parte del gobierno de Bolsonaro a las medidas sanitarias y sociales más elementales de prevención y combate al covid-19, fue la gran responsable de la barbarie actual. Los docentes, trabajadores de la salud y el conjunto de los trabajadores en plena actividad en pandemia han colocado la huelga general en la agenda para ponerle fin a este gobierno genocida, disponer las medidas y protocolos necesarios para preservar la salud y la vida de la población y enfrentar como clase independiente frente al Estado y a las patronales y gobiernos "aperturistas" a la peste del siglo XXI.

2 de febrero de 2021
Tucumán: el regreso presencial a las aulas de Lichtmajer y Trotta es criminal

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, en su paso por Tucumán, anunció el inicio de las clases para el 1 de marzo y una inversión de $2.700 millones para acondicionar las escuelas; además, que los docentes serían vacunados prioritariamente para garantizar el regreso. Por su parte, el ministerio de Salud local anunciaba que, si la curva bajaba a los 50 casos diarios, no había problemas para volver a clases. Para completar el ´operativo de regreso´, se iniciaron las discusiones salariales con las burocracias de los sindicatos que integran el Frente de Gremios Docentes. Al día de la fecha, sin embargo, a un mes del pretendido retorno presencial, las escuelas no han recibido un peso del dinero anunciado, los docentes no vamos a ser vacunados antes de la fecha prevista y la ministra de Salud de la provincia ha sostenido, ahora, que no es requisito para el retorno a las escuelas. Si se tienen presentes las previsiones de todos los infectólogos, la vuelta a las escuelas es una imposición criminal: en el otoño-invierno, vamos a asistir a una ´segunda ola´de contagios que va a causar estragos. No hay inversión extraordinaria en infraestructura escolar por la pandemia ni por asomo. Por el contrario, se ha reducido porcentualmente la partida presupuestaria para educación. Las burocracias docentes están buscando abrir paso a una conciliación con el gobierno, que anunció que iniciará la discusión salarial con el Frente Gremial este martes 2 de febrero. Con migajas, cuotas y promesas salariales a futuro, se buscará abrir paso al retorno. En ese marco, se realizó días atrás un plenario de agrupaciones convocado por una agrupación opositora en Atep, que contó con la presencia de sindicatos que no han sido convocados a discutir salario con el gobierno, agrupaciones y poca docencia de base. Los convocantes estaban interesados, sobre todo, en fortalecer su eventual presentación a las elecciones en ATEP. El debate, sin embargo, desbordó esos propósitos estrechos. Finalmente se aprobó la convocatoria a una huelga por tiempo indeterminado y a una marcha para el 10 de febrero próximo, para reclamar determinadas condiciones para el retorno. Los representantes de los autoconvocados de la docencia fueron quienes presentaron la moción de la huelga por tiempo indefinido. En lo inmediato, está en agenda la convocatoria de un conjunto de reuniones y asambleas de delegados para organizar estas medidas y realizar un diagnóstico de la situación de la pandemia – esta semana ha fallecido un docente técnico. Está prevista la realización de un congreso de base con mandatos de asambleas para el 20 de febrero.

2 de febrero de 2021
Santa Fe: completamos las afiliaciones en Granadero Baigorria
Ciro Nicoba

Ya alcanzado el total de afiliaciones exigido por la justicia electoral en Capitán Bermúdez, la UJS de Rosario y la militancia del Cordón Industrial santafesino suma otro municipio estratégico en el epicentro industrial: Granadero Baigorria. Baigorria concentra en mayor grado todas las dificultades que un partido revolucionario debe enfrentar a la hora de debatir en la puerta de los vecinos, algo que es diferente a nuestro vínculo con activistas, luchadores y organizaciones obreras del Cordón. Los vecinos manifiestan un descreimiento en la política o en “los políticos” en general y, en consecuencia, desconfianza a la hora de aportar los datos personales requeridos para la afiliación. Este panorama nos colocó frente a dos obstáculos: 1- teníamos que “despegarnos” de los partidos de la burguesía, 2- teníamos que inspirar confianza a quienes no reconocían al partido ni a sus referentes. Estas dificultades nos empujaron a politizar un debate que a priori se presentaba como la lucha contra una proscripción -del Estado o la Justicia electoral- a los partidos ‘chicos’ que no habían logrado superar las PASO. Una perspectiva administrativa del problema, que fuimos revirtiendo con el paso de los días. Precisamente, para no ser colocados en la misma bolsa, salimos a explicar cuál es nuestro método frente a la crisis del régimen: la organización colectiva en los lugares de trabajo y en los barrios, la asamblea y la movilización contra los gobiernos y las patronales. Nos declaramos en contra de ‘la política’, entendida como gestión del aparato estatal capitalista, y defendimos la lucha como método para la consecución de todos los reclamos pendientes en la clase obrera. Recogimos una enorme empatía al reivindicar al gremio aceitero que arrancó un salario igual a la canasta básica familiar con el método de la huelga general, la asamblea y el piquete en puerta de fábrica. Explicamos que pretendemos utilizar las elecciones como tribuna de agitación socialista que procure amplificar nuestra voz y nuestra intervención. Hicimos entender al vecino que apoyar al Partido Obrero (Tendencia) significa apoyar un método frente a la crisis. Al mismo tiempo, como militantes, entendimos a la afiliación como un resultado lógico que debía hallarse tras arribar a un entendimiento común junto al vecino. Fueron los obreros de diversas ramas -como petroquímicos y aceiteros- y los trabajadores del Hospital Eva Perón quienes reconocieron al partido por su intervención en importantes luchas de la historia reciente y accedieron prontamente a darnos su apoyo completando una afiliación y comprando un periódico. Por otro lado, los desocupados y los trabajadores ultra precarizados de las barriadas en la mayoría de los casos oían por primera vez el nombre de Partido Obrero. Pese a no referenciarnos, en los lugares más populosos de Baigorria hablar de lucha nos colocó en una misma sintonía: en barrio San Fernando, una joven pareja nos comentó la experiencia exitosa de haber cortado la calle junto a sus vecinos para exigir que la municipalidad pavimente la calle. De allí en más, en cada intervención nombramos la experiencia de San Fernando. Sin dudas, el mejor recurso con el que cuenta la militancia del Partido Obrero Tendencia para inspirar confianza es la oratoria. Busquemos el intercambio: preguntarle al vecino cómo percibe la crisis ha funcionado como puntapié para el desarrollo de planteos de carácter socialista. Exprimamos la constante formación política de nuestras filas, mostremos la portada del periódico y defendamos sus planteos. Hablar el lenguaje de la lucha nos permitió una mayor colocación de periódicos en las casas, nos granjeó la simpatía de los trabajadores de Baigorria y nos brindó el mayor número de afiliaciones.

2 de febrero de 2021
Cómo se dice Ku Klux Klan en hebreo
Michael Sfard

Las milicias judías generalmente atacan de noche. En la gran tradición de los pogromos racistas, cuando cae la noche, bandas de colonos enmascarados descienden por las carreteras y pueblos de Cisjordania en busca de niños y niñas de la raza despreciada. Sus integrantes bloquean las carreteras para realizar "selecciones" e identificar automóviles con placas palestinas para poder atacar a los pasajeros. Ellos asaltan casas, rompen ventanas e incendian. Esto ha estado sucediendo todas las noches durante más de un mes, porque los amigos de Ahuvia Sandak, un joven que lamentablemente fue asesinado mientras era perseguido por la policía de Israel, decidieron que los palestinos deben pagar por su muerte. La organización de derechos humanos Yesh Din (de la que soy asesor legal) ha documentado hasta ahora 47 ataques nocturnos diferentes en las últimas semanas que han causado considerables daños materiales y han herido a al menos 14 personas. Cientos de alborotadores, pocas detenciones. Recientemente, una niña de 11 años resultó herida en la cabeza en su aldea, Madama, y se arrojaron piedras a la cara de un niño de 5 años en la autopista 60. El establecimiento de seguridad no brinda protección efectiva, las estaciones de televisión israelíes apenas lo informan y la mayoría de los israelíes son simplemente apáticos. El grupo Yesh Din WhatsApp, del cual soy miembro, comienza a vibrar todas las noches alrededor de las 7 u 8 p.m., con informes preliminares de los investigadores de campo de la organización, seguidos 30 a 60 minutos más tarde por una serie de videos y fotos. Otra familia cuyas ventanas se rompieron durante la cena, otro conductor palestino que casi muere en la carretera, otro automóvil incendiado por los alborotadores, más atascos de tráfico que impiden que los trabajadores lleguen a casa después de un día de trabajo. Al mismo tiempo que la violencia de los colonos aumenta, comienzan las transmisiones de noticias nocturnas. Pero los medios de comunicación israelíes no envían a sus equipos a las aldeas palestinas, ni siquiera a la autopista 60, la principal arteria de Cisjordania. Cuando los presentadores de noticias informan sobre los disturbios de los batallones de supremacistas judíos (y la mayoría no lo hace), lo hacen muy brevemente, a menos que los alborotadores ataquen a los policías o vuelquen las patrullas. Ahí es también cuando habrá arrestos masivos. Mientras las víctimas no sean judías, mientras las casas que están siendo asaltadas no tengan una mezuzá (1) en el dintel de la puerta, las noticias de última hora tendrán dificultades para transformarse en un informe completo. Pero la información está disponible para cualquiera que esté interesado: en las cuentas de redes sociales de organizaciones de derechos humanos o en sitios de noticias de "izquierda", incluido el de este periódico, se pueden ver imágenes de video aterradoras de pasajeros palestinos golpeados por rocas que rompen sus parabrisas mientras conducen. Se pueden ver fotos de casas después de que las bandas judías las asaltan, con fragmentos de vidrio esparcidos en la cocina y los dormitorios, y las huellas ensangrentadas de los heridos manchando el piso. También se pueden encontrar imágenes de niños heridos, de una niña con la nariz sangrando e hinchada, de un niño que apenas está en el jardín de infancia llorando en una ambulancia de la Media Luna Roja, con el rostro dañado y sangrando donde fue golpeado por una piedra. Y aunque hago todo lo posible por desterrar estos pensamientos de mi cabeza, las imágenes de estos niños y sus padres evocan otras imágenes. La mirada de terror en los ojos de aquellos que no tienen adónde correr y probablemente nadie que los proteja, me recuerda a fotografías de otros lugares y épocas. Imágenes de judíos. Otros judíos. Imágenes de las ventanas rotas de casas y tiendas judías. El solo pensamiento de que los descendientes de los perseguidos en aquellos tiempos hayan cruzado al otro lado de la roca y la ventana rota, ese pensamiento es espeluznante. Sería conveniente que todos averiguaran si el llamado ejército más fuerte de Oriente Medio no es capaz o no está tratando realmente de detener a este Ku Klux Klan hebreo. Al final del día, está claro que aquellos sujetos a la ocupación israelí han sido abandonados a la crueldad de los ocupantes, como resultado de la debilidad del ejército y las autoridades policiales. Los hechos sobre el terreno muestran que el establecimiento de seguridad no brinda protección efectiva, que las estaciones de televisión israelíes apenas informan eso, y que la mayoría de los israelíes, que no participan en estos ataques y probablemente incluso se oponen a ellos, son simplemente apáticos. La derecha va a ganar las próximas elecciones. Las encuestas de opinión pública dan la impresión que, desde una perspectiva política, se trata de una elección para el comité de la Cámara del Concilio de Judea y Samaria. Los medios se centran en las diferencias internas con respecto a la actitud hacia el primer ministro Benjamín Netanyahu, pero más allá de esta disputa sobre una persona específica (que sin duda es importante y tiene consecuencias reales), se debe decir la verdad: cuando se trata del conflicto israelí-palestino, la derecha colonialista ha creado una red de partidos que son clones ideológicos. Este es un movimiento brillante. Como un monopolio que instala filiales haciéndose pasar por competidores, que se lleva el dinero de los consumidores hartos de la marca líder. Por desgracia, el dinero acaba en el mismo bolsillo. El bolsillo que traquetea con la perpetuación de la ocupación, negando derechos a los ocupados, avanzando la anexión y el apartheid. No es de extrañar que ninguno de los líderes de los partidos "alternativos" se haya rasgado la ropa o se haya puesto cilicio y cenizas al ver a otros judíos asaltando brutalmente a los indefensos ocupados. Gideon Sa'ar, Naftali Bennett, Avigdor Lieberman (no tiene sentido ni siquiera mencionar a Bezalel Smotrich, quien una vez llamó a su chusma para bloquear las carreteras a los palestinos), no se atrevan a decir más tarde que “nuestras manos no han derramado esta sangre". El silencio significa abandono. Su silencio es escuchado por policías, soldados, oficiales, periodistas y todo el público israelí. Notas 1 Mezuzá: símbolo que los judíos religiosos colocan en los marcos de las puertas de acceso a sus viviendas. Traducción Norberto Malaj

2 de febrero de 2021
Brasil: reincorporan a Pedro Pablo ("Pepé”), fundador del sindicato y la federación del correo

Esta semana fue reincorporado a su puesto de trabajo en la Empresa de Correos y Telégrafos (ECT) de Minas Gerais, el fundador del sindicato de trabajadores del correo de dicha región y uno de los fundadores de la Federación Nacional de Trabajadores del Correo de Brasil (FENTECT, por sus siglas en portugués). El compañero Pedro Pablo, conocido por sus compañeros de lucha como “Pepe”, tiene un largo historial de combates contra las provocaciones patronales en el correo, es decir, del Estado. Es dirigente del agrupamiento Luta pelo Socialismo. El despido de “Pepé” fue un ataque contra la lucha y la organización independiente del gremio de correos de Minas Gerais. Fueron los trabajadores del correo, con la iniciativa fundamental de la seccional de Minas Gerais, quienes llevaron adelante, en agosto de 2020, la primera huelga general contra Bolsonaro en defensa del salario y contra la privatización del correo y el despido de miles de trabajadores. Aquella lucha fue derrotada tras la entrega de la burocracia petista. El gremio del Correo dio una ardua lucha por la reincorporación de “Pepé”. Esto significa una victoria para el conjunto de los trabajadores del sector y para la clase obrera brasileña en general. “Pepé” fue despedido por luchar y es reincorporado tras una lucha, esa es una conclusión fundamental. Teniendo en cuenta que, en estos días, Ford busca hacer pasar miles de despidos y retirarse del país, la defensa de los puestos de trabajo está en la lucha independiente de los trabajadores y en su organización. Los trabajadores del Correo ganan con la reincorporación de “Pepé” una de las tantas batallas que afrontan contra la privatización y contra el gobierno genocida de Bolsonaro. ¡No a la privatización del Correo! ¡Fuera Bolsonaro!

2 de febrero de 2021
La destrucción del salario familiar

Según los datos publicados por la Seguridad Social, correspondientes a octubre 2020, “ANSeS pagó 380.883 asignaciones por hijos menos a los trabajadores en relación de dependencia registrados que en igual mes de 2019. En tanto pagó 211.136 AUH más. Y si extendemos la comparación a fines de 2017, el contraste es muy superior" (Clarín, 30/1). Estos números tienen dos explicaciones fundamentales. La primera es la reducción de 200 mil puestos de trabajo formales, entre octubre de 2019 y de 2020. La otra es que la actualización de los topes para percibir el salario familiar (y otras asignaciones) fue actualizado, en 2020, sólo un 20%, muy por debajo de la inflación del mismo período que fue del 36,1%. Luego de las paritarias, muchos trabajadores dejaron de percibirlo. La sub-actualizacion de los topes de las asignaciones familiares opera del mismo modo que la sub-actualizacion del piso del ´Impuesto a las Ganancias´, produciéndose, en este caso, una doble confiscación – a medida que menos trabajadores perciben las asignaciones familiares, más trabajadores son alcanzados por el impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría. En diciembre de 2020, un trabajador con ingresos por debajo la línea de pobreza (establecida en $54.000) pagó el impuesto. Con la última actualización de diciembre, el tope fijado para este año para percibir las asignaciones familiares será de $77.664 – lo que, para la burocracia del estado, supone un ingreso familiar superior a $155.168. Basta que un solo miembro del grupo familiar perciba la suma de $77.664 para verse excluido del beneficio del salario familiar. A medida que sube el escalafón salarial, la asignación por hijo va disminuyendo hasta desaparecer; si un trabajador tiene un ingreso familiar inferior a $57.609 (como dijimos más arriba, basta que un miembro del grupo familiar perciba la mitad de esa suma para considerarse que la familia tiene ese ingreso), el salario familiar representa $3.717 – aproximadamente el 6,4% de su salario; si tiene un ingreso superior a $57.609 e inferior a $84.491, desciende a un 2,9% ($2.506); si el ingreso familiar es inferior a $97.548, representa el 1,5% ($1.514); en el límite de $155.148, apenas representa el 0,5% del salario ($779). Despidos La pérdida neta de 200 mil puestos de trabajo registrados es, en primer lugar, la prueba del fracaso del decreto de ´prohibición de despidos´ y de que el resquicio dejado a los sindicatos de la CGT para negociarlos operó como canilla libre. Pero un dato poco conocido es que, en la gran industria, una cantidad enorme de trabajadores fueron incorporados -aunque sea en forma eventual- para reemplazar al sector de operarios licenciados por pertenecer a los grupos de riesgo del Covid 19 o por tener hijos a cargo con las clases suspendidas. Es decir que contradictoriamente, la pandemia actuó como ´generadora´ de empleo, que en algunos casos llegó a representar el 20% de los planteles. Esto significa, por un lado, que la cifra de despidos en el sector privado es muy superior a los 200 mil que se dieron a conocer; y, por otro, que la modificación del decreto de la doble indemnización que fija un tope de 500 mil pesos, apunta a que los capitalistas puedan desvincular a los trabajadores más antiguos y mejor categorizados para quedarse con los eventuales que, en caso de una disminución productiva, podrán ser despedidos por monedas. Como se ve, los miles de millones destinados por el Gobierno al rescate de los capitalistas no fueron a parar a la protección del trabajo, sino a un incremento de la especulación y precarización. El crecimiento correlativo de la Asignación Universal por Hijo, que alcanza a hijos de trabajadores sin trabajo registrado (ni relación de dependencia ni monotributo) es una demostración del profundo proceso de destrucción de las condiciones de vida de la clase obrera. Lo mismo demuestran los 9 millones de inscriptos para el IFE.

2 de febrero de 2021
Tucumán: la salud sigue en pie de lucha

A final del año 2020 el gobierno intentó disipar el proceso de lucha que a lo largo de la pandemia desenvolvieron los trabajadores de la salud, por iniciativa del SITAS (sindicato que integra la Federación de Profesionales, FESPROSA, a nivel nacional) y, en muchos casos, por medio de autoconvocatorias en los hospitales más combativos de la provincia. El 30 de diciembre, el gobierno ofreció la extensión para enero, febrero y marzo de la cuota de 1.800 pesos del pago no remunerativo por la deuda de la cláusula gatillo del 2019, y promesas de abrir discusiones salariales en febrero. A la par de ello, se inició la vacunación del personal. Contra lo esperado por el gobierno, los trabajadores de la salud no se conformaron y adoptaron diversas medidas reclamando aumento salariales reales y otras medidas relativas a las condiciones laborales. El traslado y sumario a dos enfermeros del Hospital Centro de Salud por manifestarse por diferentes reclamos (salariales, licencias etc.) ante la ministra de Salud el 3 de diciembre pasado, fue un revulsivo que radicalizó al movimiento, en particular en el Centro de Salud, el segundo hospital más importante de la provincia, donde se han realizado medidas de fuerzas con paros, corte de calle y asambleas permanentes, reclamando la anulación de las sanciones y contra toda persecución a los trabajadores. Algunas acciones contaron con el apoyo de otros hospitales. Con ese escenario, el SITAS, contra sus pronósticos de volverse a encontrar luego de las vacaciones, se vio obligado a sostener durante todo enero un quite de colaboración por tiempo indeterminado, que en algunos casos se elevó a cese de actividades sin concurrencia. Si la defensa de los dos trabajadores sancionados fue un disparador de descontento, la cuestión salarial se ha transformado en el reclamo que motoriza las acciones de conjunto. Los salarios están congelados desde el 2019. Esto, durante la pandemia, se pretendió compensar con un ´bono estímulo´ que no llegó a todo el personal de salud y, quien lo cobró, percibió la última cuota en diciembre. Hoy muchos tienen doble empleo (en el sistema público y en el privado) y no llegan a cubrir la canasta básica. Además, al personal de salud le restringieron las vacaciones -a la gran mayoría sólo le aceptaron 10 días- y la vacuna, finalmente, solo la recibió un porcentaje mínimo de trabajadores que estuvieron en salas Covid o UTI. Al calor de todo esto, se fue conformando una suerte de coordinadora de sectores combativos, motorizada por Tribuna de la Salud y luchadores independiente de los principales hospitales, que por medio de resoluciones de asambleas, le han ido dando a las jornadas de lucha un carácter activo y procurando que asuman características de conjunto, hacia una huelga general. Ha sido desde este sector de donde han emergido los reclamos de convocatoria a interhospitalarias para balancear y orientar el proceso de lucha en curso. En esta última semana, hubo tres días de quite de colaboración y dos de huelga sin concurrencia. El jueves 28, desde los sectores combativos se le dio carácter activo a la huelga, con una caravana hacia el Siprosa (Sistema Provincial de Salud) en la que participaron delegaciones del hospital del Carmen, Avellaneda y Padilla y trabajadores de la salud en general. Ese día, además, desde Siprosa habían citado a declarar a los enfermeros sumariados del hospital centro de salud para que realicen su descargo. Esta acción tuvo una importante repercusión mediática y entre los trabajadores de la salud. En el acto hablaron distintos activistas que denunciaron las apremiantes condiciones económicas en las que se encuentra el personal de salud y plantearon una recomposición salarial acorde a la inflación sufrida; también se refirieron a las condiciones de la infraestructura de los hospitales y al desabastecimiento y abandono de la red periférica de salud que tiene sede en los barrios de la provincia. El gobierno, finalmente, dio señales de que daría marcha atrás con el traslado de los enfermeros. Quieren apagar el incendio con una gota de agua. Quizás confían en la colaboración de parte de la dirección del SITAS de apaciguar las cosas e integrarlos a la discusión paritaria. En cualquier caso, el SITAS ha anunciado para esta semana medidas “decrecientes”, esto es, solo un día de cese de actividades y el resto quite de colaboración. Esta conducta de sostener un plan de lucha con acciones decididas de manera unilateral, hace imprescindible la convocatoria de una nueva interhospitalaria con mandatos y que se le reconozca a los mandatos el peso de los principales hospitales que son los que finalmente sostienen las acciones de lucha. Entonces, asambleas en todos lados para recabar mandatos y preparar las condiciones de un plenario de bases de los trabajadores. Que los trabajadores decidan el curso a seguir y no las cúpulas conciliadoras y colaboracionistas con el gobierno.

3 de febrero de 2021
13 de febrero: Conferencia Nacional de Tribuna Docente (Tendencia)
Tribuna Docente - Tendencia - Nacional

El gobierno de Fernández, con el concurso de la oposición, guiados por la presión aperturista del capital, que apuesta a una "normalización" forzada, e inviable, de todas las actividades económicas, se han embarcado en una campaña furibunda por la vuelta a la presencialidad y la apertura de las aulas, amplificada por todos los medios de comunicación. Esto cuando no existe la más mínima condición para esta apertura y cuando todas las experiencias a nivel internacional han terminado en desastres sanitarios y ha desatado la rebelión de la docencia y hasta las propias familias (Estados Unidos, Alemania, España, Brasil, Gran Bretaña). Los funcionarios han lanzado una extorsión contra la docencia. “El 1 de marzo comenzarán las clases presenciales”, dice el Ministro de Educación Nicolás Trotta, para pretender luego que se discutan las “condiciones” y los “protocolos”. ¡Con una fecha de inicio ya impuesta! Es un chantaje que los trabajadores de la educación, en unidad con las familias trabajadoras, debemos rechazar. Esta campaña criminal no está motorizada por ningún interés pedagógico, ni de “socialización”. En realidad, se trata de colocar a la educación pública como un engranaje más del levantamiento de todas las medidas restrictivas y de circulación que se tomaron para evitar un desmadre sanitario. Ahora, con un rebrote de covid en pleno desarrollo (y nuevas cepas) se pretende exponer la vida de los docentes, estudiantes y de las de sus familias para volver a la “normalidad” que exigen los mercados. La CTERA se ha colocado del lado de la defensa de la presencialidad, pese a advertir que no existen condiciones epidemiológicas y sanitarias para el regreso, ni vacunación, ni infraestructura escolar. De lo que se trata, dicen, es de tener una “presencialidad cuidada”. ¡Pero es justamente lo que el gobierno no puede garantizar!. Está fuera de su radar convocar a la docencia a organizarse, a deliberar y a preparar una lucha. Una parte importante de la izquierda se ha subido al carro de la “presencialidad en condiciones seguras” para no “chocar con la comunidad”. Pero justamente de lo que se trata es de defender la vida y la salud de la docencia y de la propia comunidad, que sufrirá la consecuencia de los contagios y las muertes. Las especulaciones electorales deben dejarse de lado para organizar una huelga educativa que ponga por delante el cuidado vida y la salud de los trabajadores de la educación. Es la tendencia que se observa en Mendoza, entre los docentes autoconvocados de Tucumán y Salta. En Chaco y Neuquén están planteadas medidas de no inicio de clases. La docencia de Capital Federal va a acciones de lucha contra el intento aperturista de Rodríguez Larreta y en la Provincia de Buenos Aires los SUTEBAS Multicolor debatirán en asambleas medidas de acción. El salario ha acentuado estrepitosamente la condición ruinosa de vida de la docencia. En el último año, ha perdido contra la la inflación y el costo de vida, y se ha visto deteriorado su conformado, cuando los acuerdos ruinosos, cerrados por las burocracias tanto en nación como en las provincias, están ampliamente dominados por las sumas fijas y en negro. En la actualidad, el salario básico nacional docente es de $27.500. Ante una inflación galopante y tarifazos constantes, no hay bolsillo que aguante. Necesitamos reabrir de manera inmediata nuestra paritaria nacional para exigir un salario básico unificado nacional acorde a la canasta familiar, hoy valuada en $93.000 pesos. Es lo que han conquistado recientemente los trabajadores aceiteros, mediante una huelga general de 21 días y la coordinación con otros gremios. Es hora de ir por la recuperación de los salarios y las jubilaciones. La Conferencia de la Tendencia de Tribuna Docente, que contará con representaciones de casi todo el país, abordará estos problemas y discutirá un plan de acción y una campaña para intervenir en los sindicatos y en nuestros lugares de trabajo para defender todas nuestras reivindicaciones. Nos proponemos discutir también la intervención en los episodios electorales que tendrán lugar en los sindicatos docentes de distintas provincias a lo largo de este año desde la defensa del frente único antiburocrático, en la lucha por la defensa de las seccionales recuperadas en manos de los trabajadores y por la recuperación de los sindicatos hoy en manos de la burocracia. Y fundamentalmente, como desarrollamos una corriente revolucionaria y socialista al interior de la docencia. Invitamos a todos nuestros compañeros y compañeras de escuela a sumarse a esta lucha por el siguiente programa: Rechazamos la presencialidad. Por una huelga y el no inicio de clases en defensa de la vida y la educación. Que se garantice el acceso libre y gratuito a la vacunación para todos los compañeros y compañeras. Aumento de emergencia de salarios del 50%, la reapertura de la paritaria y un salario básico igual al costo de la canasta familiar. Paritarios electos en asamblea. Que nada se firme sin mandato. Provisión de conectividad y herramientas tecnológicas para la Educación Virtual y una plataforma única nacional. Derecho a la desconexión. Respeto a las condiciones laborales del Estatuto. Defensa de las jubilaciones y del 82 % móvil. Creación de todos los cargos faltantes. Actos públicos para la cobertura de los cargos sin docentes. Incorporación de todos los docentes de planes y programas precarios a los derechos del Estatuto del Docente. Garantía salarial para todos los docentes desocupados equivalente a un cargo. Plan de obras de infraestructura escolar planificado y fiscalizado por los trabajadores de la educación. Por la conformación de comités de seguridad e higiene en cada escuela, con poder de veto. Por un congreso de trabajadores y un plan de acción para conquistar todas nuestras demandas.

3 de febrero de 2021
Conquistamos el objetivo de afiliaciones en la 7ma sección electoral

La Tendencia del Partido Obrero dio un paso fundamental en la lucha por la legalidad: conquistamos el piso de afiliaciones en una de las dos secciones que exige la justicia electoral de la provincia de Buenos Aires. En veinte días, una brigada de militantes de distintas regionales de la provincia conquistó más de las 1.350 afiliaciones requeridads en la séptima sección electoral. Con base en Olavarría, se desarrolló una campaña que consistió, principalmente, en el timbreo puerta a puerta de los barrios de la ciudad y actividades en plazas y centros comerciales. La última semana la campaña se concentró en las barriadas de Azul, donde verificamos que la excelente recepción de los trabajadores a nuestra invitación a colaborar estaba ligada a la referencia histórica de nuestro partido a nivel nacional y local, donde los compañeros de la regional son una referencia de las luchas del distrito. La enorme mayoría de las afiliaciones conseguidas se concentraron en las barriadas obreras, donde pudimos conectar la necesidad de que nuestro partido tenga una voz en el proceso electoral para desarrollar un planteo de salida a la crisis para la clase obrera. Si bien la campaña tuvo como eje la denuncia del carácter antidemocrático de la legislación electoral, en muchos casos también pudimos desarrollar interesantes debates con trabajadores y activistas de diferentes frentes y barrios. Mas allá de un intento canallesco, por parte del aparato del oficialismo del PO, de intentar desacreditar nuestra campaña, la población de Olavarría y Azul recibió a las brigadas de militantes de la Tendencia con simpatía y solidaridad. Una campaña militante Una importante conclusión de esta fase de la campaña es que superamos los objetivos en base a un esfuerzo militante muy grande. Compañeros de distintas regionales de la provincia de Buenos Aires (Azul, Bahía Blanca, Mar del Plata, Tandil y del conurbano) que se instalaron desde el 10 de enero en Olavarría, en muchos casos en los días correspondientes a sus vacaciones o al terminar la jornada de trabajo semanal, y caminaron más de ocho horas por día, con jornadas que llegaron a superar los 38° de temperatura; al terminar las recorridas, pasábamos al trabajo administrativo de completar y chequear datos; finalmente, se balanceaba y se discutía de conjunto cómo encarar la siguiente jornada. Los debates políticos sobre la campaña por la legalidad contribuyeron mucho a conquistar el objetivo que nos propusimos, ya que nutrieron a cada compañero para pelear conscientemente cada afiliación solidaria a los trabajadores. La campaña en la 7ma sección concluye con mucho más que 1.350 afiliaciones – nos llevamos un gran capital político que será un impulso para conquistar nuestra legalidad.

3 de febrero de 2021
No hay ´condiciones seguras´ para la vuelta a las aulas: organicemos la huelga general educativa

El gobierno de la Ciudad, con el aval de Nación, pretende abrir las escuelas porteñas el 17 de febrero incorporando a toda la matrícula de la ciudad antes de fin de mes. Para llevar adelante ese objetivo, ha lanzado una campaña furibunda contra la docencia por los medios de comunicación. El país alcanzó los 2 millones de contagios y casi 50.000 muertos por Covid. En el caso de AMBA, las cifras diarias actuales son similares a las registradas en el ´pico´ de pandemia, durante el año pasado. La ocupación de camas en los establecimientos de salud de esta región, alcanzó un 60%. En estas condiciones y bajo el nombre de “socialización” se pretende exponer a docentes, estudiantes y familias al contagio, en medio del rebrote. En el caso de CABA, docentes y auxiliares de Escuelas de Verano han denunciado la existencia de contagios entre docentes y estudiantes, que están siendo ocultados por Larreta y Acuña, donde no se cumplen los protocolos para evitarlos: “profes con fiebre a quienes obligan a ir igual; auxiliares que presentan resultados positivos de coronavirus y autoridades que no aíslan a las burbujas ni avisan a los padres de los niños; termómetros que no funcionan y faltante de alcohol y agua” (Pagina 12, 31/1). La ´cruzada´ por el regreso a las aulas, que desarrollan los diferentes gobiernos, no responde a una necesidad pedagógica sino a un reclamo del capital que vio afectada su capacidad de producción (y reproducción) como resultado del aislamiento social y los protocolos. La vuelta a la modalidad presencial viene acompañada de la eliminación de las licencias por cuidado de menores a cargo. En otras palabras, la vuelta a la presencialidad, de docentes y estudiantes, a como dé lugar y “sin condiciones”, es la señal política definitiva de la voluntad de los gobiernos de ´normalizar´ la actividad económica a cualquier precio. El retorno a las aulas ha puesto sobre el tapete problemas estructurales de las escuelas públicas. Los edificios escolares no están preparados para cumplir las normas seguridad e higiene que requiere la crisis sanitaria. La falta de construcción de escuelas genera superpoblación en aulas; el ahogo presupuestario se traduce también en la falta de personal docente y auxiliares. La vacunación, en CABA, está en un impasse. El rechazo al ´retorno´ a la escuela crece entre docentes y padres. El gobierno tomó nota de esto y extorsiona a las familias con la posible pérdida de la vacante. Pese a esta amenaza, el movimiento de familias se extiende. Las y los docentes de la ciudad venimos de una experiencia de lucha muy importante durante el 2020. Se desarrollaron grandes asambleas distritales, se escribieron pronunciamientos, en algunos casos conjuntamente con las familias. Esta acción independiente, logró que fracasaran las burbujas a fines del año pasado, a las cuales asistieron sólo el 0,5 de la matrícula escolar. Debemos apoyarnos en esa experiencia de lucha para atravesar esta nueva etapa. El gobierno porteño se vale de la extorsión a docentes, estudiantes y familias, para forzar un regreso a las aulas sin condiciones. Es la punta de lanza contra otros sectores de trabajadores. Las exhortaciones a discutir las “condiciones de regreso” para que estas sean “seguras”, caen en un saco roto. Los sindicatos La burocracia de CTERA ha planteado que el regreso a las clases presenciales debe ser “consensuado” en las reuniones de la paritaria nacional previstas para este mes. No cuentan, sin embargo, con ningún mandato de base para tomar decisiones. Lo mismo ocurre con UTE, en CABA, que más allá de su impostura de convocar a una retención de tareas en lugar de llamar a la huelga sin convocatoria a ninguna instancia de deliberación de la docencia, de este modo, están dejando librada a cada escuela y a cada docente a su propia suerte. La búsqueda de “concesos” planteados por CTERA es la cobertura de una entregada. La conducción de Ademys denuncia las condiciones en las que se encuentra la escuela pública y ha llamado a asambleas, pero con el propósito de discutir las “condiciones de regreso”. Colocan la exigencia al estado de condiciones seguras, dejando atrás la consigna de “en pandemia no volvemos”. En este contexto, desde Tribuna Docente Tendencia entendemos que la única condición segura, para defender nuestra salud y vida que nos cabe a los y las trabajadores/as de la educación, estudiantes y familias es la de rechazar la presencialidad. Pongamos en pie, asambleas por escuelas y distritos para organizar la Huelga general educativa. Desde estos planteos y con esta perspectiva convocamos a participar de la asamblea unificada convocada por Ademys. En defensa de la vida de las familias trabajadoras rechazamos la vuelta a la presencialidad. Entrega de dispositivos tecnológicos y conectividad para estudiantes y docentes, para garantizar las clases virtuales. Otorgamiento de licencias para todos/as los/as trabajadores por cuidados de menores y familiares de riesgo. Aumento del presupuesto educativo, para la realización de obras escolares y construcción de escuelas, bajo control de familias docentes y estudiantes. Aumento salarial de emergencia del 50%. Apertura de las paritarias, por un salario igual a la canasta familiar.

3 de febrero de 2021
¡Por la huelga general contra la megaminería y el ajuste!

El anuncio del gobierno de Arcioni de que intentará darle tratamiento legislativo al proyecto de zonificación minero este viernes 5 de febrero mediante una sesión extraordinaria, enfrenta nuevamente el enconado repudio del pueblo chubutense, que se moviliza contra la megaminería y en defensa del agua desde hace dos décadas. La intentona se da sobre una provincia devastada por las políticas de ajuste y colapsada a nivel sanitario por las consecuencias de la pandemia. Mientras el gobierno paga religiosamente la deuda con los acreedores, y para ello se devengan automáticamente todos los meses millones de dólares de las regalías petroleras, a los trabajadores les deben aun el medio aguinaldo de junio, el de diciembre, varias masas salariales y las paritarias 2020; las escuelas se caen a pedazos y los hospitales y centros de salud se encuentran al límite pese a la heroica acción de sus trabajadores. A diferencia de otras oportunidades, este nuevo intento de avanzar con la megaminería se presenta como supuesta “salida” a la bancarrota económica y política del Estado provincial. Para cumplir con las obligaciones de deuda, se pretende una nueva reorganización social en la provincia descargando la crisis sobre el pueblo trabajador. Esa es la orden que bajan desde Nación Alberto Fernández y Cristina Fernández: la llamada “reestructuración del Estado”, es decir un ajuste feroz, y megaminería. Para ello han contado con la complicidad de la pseuda oposición, es decir del Partido Justicialista y Juntos por el Cambio, y sobre todo de la burocracia sindical, quienes han garantizado hasta el momento la gobernabilidad de Arcioni. Sin embargo, este plan desnudó la impotencia y la debilidad del gobierno para poder implementarlo. Esta entrega de los recursos provinciales a las mineras abre un abismo entre el régimen gobernante y la mayoría trabajadora. Por ese motivo, ha estallado en Chubut una feroz crisis política. Los que hoy se desmarcan del tratamiento de zonificación, como el PJ o parte de la burocracia sindical, sencillamente temen quedar, ellos también, bajo la picota de la reacción popular. Pero sus “repudios” no pasan de las palabras: no hacen nada para impulsar una lucha contra los confiscadores del agua y los ajustadores. Por eso, para derrotar al lobby minero y sus agentes políticos es necesaria la deliberación y una lucha de conjunto: llamamos a fortalecer y desarrollar asambleas populares en todo el territorio provincial para discutir una lucha hasta derrotar la tentativa del gobierno y la minera. La defensa del agua y la vida está íntimamente ligada a la lucha contra el putrefacto régimen político de las petroleras y mineras. Esta lucha debe ser el puntapié para una deliberación profunda de una salida en defensa de los trabajadores y el pueblo. Organicemos la huelga general en defensa de nuestros salarios, la educación, la salud, la vivienda y el agua mediante asambleas en los lugares de trabajo. Las burocracias, agentes del poder político no lo harán. ¡Paremos la provincia con movilizaciones, cortes de rutas y ocupaciones de dependencias estatales, como en 2018 y 2019! ¡Aprobación ya de la Iniciativa Popular contra la megaminería! ¡Por la huelga general y el Chubutazo contra la megaminería y el ajuste! ¡Fuera Arcioni, Sastre y la corrupta Legislatura!

3 de febrero de 2021
¿Cuándo se vacunará a los adultos mayores?

La incertidumbre reina entre los jubilados y adultos mayores sobre la eficacia y efectividad de las distintas vacunas para combatir la pandemia. Casi al mismo tiempo que la comunidad científica legitimaba la Sputnik V, varios países de Europa decidieron dejar de vacunar a los mayores de 65 años con la vacuna de AstraZeneca. El otro gran interrogante es cuándo llegará el turno de la vacunación para los adultos mayores. De los 48.000 fallecidos en nuestro país el 80% corresponden a ese grupo. En 2020, “la muerte en los geriátricos” ocupaban las tapas de los diarios. Hoy cientos de adultos mayores con enfermedades preexistentes no concurren a los centros de salud por temor al contagio. A muchos se les niega la asistencia si no presentan síntomas de covid-19. La vacunación a los adultos mayores es de primer orden, pero las dosis llegan en tandas mucho menores a las auguradas inicialmente por el gobierno argentino, en el marco de una disputa mundial por la vacuna – la Organización Mundial de la Salud informó que el 95% de las vacunas contra el coronavirus está en manos de diez estados. Después de la promesa del gobierno de colocar millones de dosis para fines de enero, han llegado tan sólo 820.000 dosis para inmunizar a apenas 410 mil personas. Los desafíos que enfrenta la vacunación nos conduce a pensar que pasará un largo tiempo para lograr los objetivos necesarios para frenar el virus ahora agudizado con la aparición de nuevas cepas y variantes. La escasez de las dosis y de jeringas, las tareas logísticas de almacenamiento, la conservación en frío, la falta de capacitación de personal idóneo, el registro de los vacunados y la distribución complican el panorama. PAMI ha lanzado un plan de vacunación para los residentes en geriátricos y el personal de salud de los mismos, pero los medios de comunicación solo muestran funcionarios y actrices con el brazo desnudo para esperar el pinchazo. Inundan con las noticias de todos los vacunados que habrá en un futuro cada vez más incierto. El gobierno ha convertido a la vacunación en el primer acto de su ambición electoral, que disfraza como una campaña para infundir confianza entre la población. A este ritmo, calculó un periodista, se tardarían, de todos modos, 13 años en inmunizar a la población -para los comicios de 2035. La falta de inversión en insumos, en elementos de protección, la ausencia de capacitación, los magros sueldos de los trabajadores de la salud, sumados a las infinitas horas de trabajo, son han sido y siguen siendo funcionales a la propagación del virus, especialmente contra los adultos mayores. Es necesaria la provisión gratuita de las vacunas y la distribución en residencias geriátricas, y en los centros de jubilados, bajo control de los trabajadores de la salud y organizaciones de jubilados. El PAMI debe ser dirigido por representantes electos y revocables de sus afiliados.

3 de febrero de 2021
Apoyemos la huelga del subte en defensa de los compañeros adultos mayores

Los trabajadores del subte acaban de ir al paro en defensa de la vida, en respuesta a la política criminal de la patronal y el gobierno de la Ciudad. El conflicto que derivó en el paro de tres horas de esta mañana se inició porque Metrovías, tras convocar a regresar al trabajo a compañeros con más de 60 años de edad, dando por terminada la licencia por población de riesgo de la que venían haciendo uso (por la edad), procedió a descontarle salarios a más de 30 trabajadores que rechazaron la vuelta forzosa. El sindicato AGTSyP denuncia la gravedad de la situación, con seis compañeros fallecidos por Covid en el ámbito del subte, de los cuales tres eran mayores de 60 años, a lo que debe agregarse que el número es aún mayor si se cuenta a los encargados fuera de convenio. Con relación a la población laboral del subte, se trata de un promedio muy superior al nacional y al del AMBA. La incorporación con fórceps y a como dé lugar de los trabajadores del transporte, es parte de la política criminal de apertura de la actividad económica impulsada por el gobierno nacional y el de la ciudad, sin importar que esto implique enviar a la población trabajadora al matadero. La patronal busca ampararse en la ambigüedad del DNU nacional que determina que la licencia establecida para mayores de 60 no corre si se trata de un “servicio esencial”, cuando éste plantea, explícitamente, a renglón siguiente que se consideran esenciales a los trabajadores de salud. La patronal “interpreta” que esenciales son también los trabajadores del transporte, como establece el DNU que impuso el ASPO. El sindicato lo rechaza planteando que esta excepción que pone en riesgo a los mayores de 60 solo es aplicable en el ámbito de la salud. Al margen de las interpretaciones, por encima de cualquier DNU, está la vida del trabajador, que está enfrentando una política capitalista defendida por ambos gobiernos. Como dice el propio comunicado de la empresa, los convocados han sido sólo los del sector de tráfico (conductores), lo que pone de manifiesto que estamos ante una prueba piloto; si logran imponerlo en ese sector, luego avanzarán sobre el resto. Se trata de una política criminal por parte de la misma empresa y el mismo gobierno de la ciudad que contaminaron con asbesto el subte cuando compraron las formaciones con este material expresamente prohibido. La patronal ya venía impulsando una campaña aperturista en consonancia con la política del os gobiernos nacional y porteño, planteando que había supuestas evidencias científicas de que el subte no era un ámbito de propagación -en contradicción con todas las recomendaciones de epidemiólogos y especialistas-, reclamando en comunicados que fueron levantados por varios medios, que se habilite el viaje de varios pasajeros por metro cuadrado, y, finalmente, en el ámbito laboral, presionando para ampliar turnos, romper burbujas de trabajo e incluso promoviendo retiros voluntarios de compañeros con licencias por riesgo. La situación que atraviesan los trabajadores del subte es parte de la política criminal que esta sufriendo toda la clase obrera, empezando por el ámbito educativo, con miles de trabajadores a los que el gobierno nacional dispuso eliminarles las licencias por cuidado de hijo, y la forzada reapertura escolar que impulsa que niños, auxiliares de escuela y docentes terminen envueltos en un foco de contagios cuando hay un intenso rebrote de la pandemia, para garantizar la “normalización” económica. En ese contexto el transporte por supuesto también es una pieza clave. Por ello la medida resuelta por el cuerpo de delegados de tráfico con la directiva de la AGTSyP debe ser apoyada por todos los trabajadores. Una política que debiera ser tomada por los sindicatos docentes, quedando planteada la necesidad de una respuesta coordinada. Que viva el paro del subte y sus reclamos. Defensa de las licencias en todos los lugares de trabajo. Abajo la política criminal de los capitalistas. Organicémonos y coordinemos la lucha para defender la vida.

3 de febrero de 2021
Una defensa vergonzante de la presencialidad

En diversas declaraciones a los medios y artículos en Prensa Obrera, la dirección del PO “oficial” se ha sumado, con sus argumentos, a la presión de todo un sector de la burguesía, en este caso mundial, a favor de un regreso presencial en los distintos niveles escolares. Esta presión, como hemos ya señalado en Política Obrera, no tiene nada que ver con un debate educativo. Es la señal más clara del fracaso capitalista para enfrentar la pandemia del coronavirus y un anuncio a viva voz de que el retorno completo a la circulación económica (acumulación de capital) no tiene consideración alguna sobre la salud y la vida de las poblaciones, cuyos contagios y muertes pasarían a integrar la hoja de balance del capitalismo, a igual título que las guerras de dominación. El reclamo “presencial” se da en un cuadro de ascenso de los contagios y, de una completa incertidumbre en relación al tiempo que llevará la campaña de vacunación, a los alcances de las vacunas y la duración de sus efectos. Los retrocesos de los gobiernos frente al fracaso de las aperturas, como se ha manifestado en Gran Bretaña, Alemania y Australia y, en especial, la respuesta internacional generalizada de los docentes contra la presencialidad, marcan un cuadro de lucha claramente conciente de lo que está en juego. Así lo prueban las huelgas de 20 mil docentes en Chicago, EEUU, y de los maestros de San Pablo y Rio de Janeiro, en Brasil, entre muchos otros. En Argentina los anuncios de inicio de clase para el 17 de febrero y el 1 de marzo por parte de los gobiernos de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires, respectivamente, son una “apretada” del poder político contra los docentes y todos los trabajadores. Estos regresos, según los gobiernos, son “incondicionales”, es decir que no están sujetos a un descenso contundente de infecciones, ni a la vacunación previa del personal educativo. O sea que toda la perorata de “protocolos”, “burbujas” y “distanciamiento” es una verborragia que esconde la incapacidad que el estado ha demostrado para luchar contra el virus. “Socialización” En el texto largo, sinuoso y tardío que Prensa Obrera dedicó al tema (Juan Winograd), no encontramos ninguna convocatoria a organizar la huelga contra la prepotencia de Larreta, Kicillof y los gobernadores, detrás de los cuales están Macri y Patricia Bullrich, de un lado, y los Fernández, del otro. No da respuesa a lo único que importa en este momento: ¿hay que volver a la presencialidad? En lugar de esto, el autor se dedica a reivindicar la educación y la “socialización”, o sea, abrir las aulas y amontonar a la población en un sistema de transporte vetusto y en lugares de trabajo que nunca respetaron las cláusulas de salubridad e higiene. Con un ojo puesto en el electorado conservador, Winograd pretende mostrar a su aparato político como un fánatico del orden educativo y social vigente - esto en medio de una organización social que no ofrece ninguna protección real frente a la pandemia y que computa a esta pandemia en el tablero de las decisiones especulativas que se toman en las bolsas de todo el mundo. La reivindicación de "la escuela", la “pedagogía” y la “socialización”, sin denunciar las trampas en que se han convertido como consecuencia de una pandemia y de una política que ha potenciado esa pandemia, es un fraude criminal. Es precisamente lo que hacen kirchneristas y macristas, que se han unido en reivindicar lo que nunca reivindicaron, la educación, cuando la presencialidad es una amenaza para los educadores, los educandos y sus familias. El aparato vuelve a su posición original frente a la pandemia, cuando repudió, con todo el FIT-U, el “aislamiento social” y la limitación del trabajo a las “actividades esenciales”. En efecto, así como en marzo pasado denunciaba el aislamiento social por la contradicción que representaba con el hacinamiento de millones de trabajadores, ahora se acuerda de "las familias trabajadoras" para justificar el retorno de sus hijos a la escuela. Los ricos estarían satisfechos con la enseñanza virtual, en los amplios recintos de sus viviendas y la compañía de niñeras. Pero es precisamente en las barriadas donde el peligro de contagio es mayor, no en las escuelas donde estudiaron los Macri o la Acuña. Son, además, los docentes y los auxiliares los que representan el interés de toda la clase obrera, por el lugar que ocupan en el proceso educativo. El aparato ha hecho suyo el argumento de las patronales cuando hay una huelga del transporte: “los perjudicados son quienes tienen que ir a trabajar”. ¿Quién decide? Según varios artículos de Prensa Obrera "la responsabilidad de abrir las escuelas es del gobierno nacional" (ver ediciones del 18/01 y 28/01). De un plumazo se cancela ¡desde la izquierda! el derecho a veto que tienen los docentes sobre las condiciones de trabajo, al igual que toda la clase obrera. Es el abc del sindicalismo, la razón última de todas las huelgas. Estos desatinos muestran las modificaciones de clase que se han producido en el aparato usurpador, de otro modo no se rifarían tan livianamente los principios de clase. Si alguien de la vieja guardia del aparato tiene guardado algún principio de clase, habrá una crisis a plazo. La lucha en torno a la presencialidad ha adquirido un voltaje político de magnitud en Estados Unidos, principalmente, aunque también en Brasil, porque ha expuesto varias fisuras: de Biden con la izquierda del partido demócrata, y entre esta izquierda y la burocracia de los sindicatos, por un lado contra los activistas docentes y la masa de enseñantes, por el otro. El aparato vuelve a ser ensombrecido por el dilema de siempre: ¿damos quórum o no? ¿votamos con los gobiernos, incluso en apoyo al sionismo, o no lo hacemos? El artículo de marras es un anuncio de que la fracción docente oficial ya ha tirado la toalla frente a Baradel: “no planteemos el boicot, pues al fin y al cabo somos defensores de la educación, o no?” La Multicolor, es nuestra posición, debería pronunciarse por el boicot al “presencialismo”, obviamente, hasta que no estén reunidas, como no lo están, las condiciones adecuadas. Esas condiciones no están en la actualidad, ni podrían estar en la fase actual de la pandemia; otra cosa será cuando se haya vacunado más de la mitad de la población, y los contagios hayan caído a un mínimo. Cualquiera sea la decisión del aparato de los sindicatos, planteamos seguir sosteniendo esta posición, por medio de la agitación, en función de todo el desarrollo ulterior de la crisis. En EEUU, los sindicatos recurren, en casos decisivos como estos, al referendo. ¿Por qué no llamar a los maestros y maestras, los profesores y profesoras, y los auxiliares a que voten?

3 de febrero de 2021
Protestas y huelgas en EEUU contra la presencialidad

La declaración de regreso a la presencialidad en las escuelas ha desatado, en Estados Unidos, una rebelión educativa. En Chicago, los docentes desoyeron el regreso a las aulas en tres oportunidades y es inminente la declaración de huelga. En California, con 6 millones de estudiantes de escuelas públicas-, el gobernador Gavin Newsom imploró la presencialidad, pero los sindicatos de maestros dicen que no volverán. El demócrata Newsom apeló al chantage anunció un incentivo de $ 2 mil millones de fondos adicionales para las escuela que reabran (Associated Press, 2/2). En Cincinnati, tras que un juez desestimara una demanda del sindicato de maestros, sólo un pequeño porcentaje de los estudiantes volvió a las aulas. En Nashua, New Hampshire, la junta escolar votó a favor de seguir con el aprendizaje desde casa para la mayoría de los estudiantes hasta que la ciudad cumpla con ciertos objetivos sobre infecciones, hospitalizaciones y pruebas de coronavirus. En Virginia, Fairfax, el sindicato dice que menos del 10% de los maestros sienten que es seguro regresar (AP, 2/2). En los distritos más grandes, incluidos Los Ángeles, San Diego y San Francisco, los gremios docentes dicen que “El virus domina en este momento y no tiene un calendario”. Los planes de vacunación son irreales, advirtió en una carta la Asociación de Maestros de California de 300.000 miembros. Joe Biden y los senadores republicanos proponen paquetes de estímulo para las escuelas que reabran. Entre las demandas del sindicato docente de Chicago para retornar a las clases, se encuentra que la tasa de positividad del coronavirus en el Estado de Illinois sea inferior al 3%, uso de máscaras y los protocolos de rastreo de casos y pruebas avanzadas para los miembros del personal. Además, priorizar a los maestros para la vacuna contra el coronavirus y permitir la inasistencia de los maestros con familiares médicamente vulnerables. El sindicato se ha opuesto a todas las propuestas de reapertura que las Escuelas Públicas de Chicago han ofrecido, a pesar de reunirse con funcionarios del distrito y de la ciudad más de 70 veces desde junio. La semana pasada, el sindicato de maestros se negó a regresar a las aulas después de que el 71% de sus miembros votaran a favor de continuar con el aprendizaje virtual. El distrito estatal amenazó con excluir a los maestros del aprendizaje remoto si no regresaban al aula, pero retiró la amenaza el lunes después de que el Sindicato de Maestros de Chicago planeara una huelga. El distrito evitó por poco lo que habría sido la segunda huelga del sindicato en menos de 16 meses. Ataques a los docentes En varios estados estánavanzando en la legislación para imponer la presencialidad. Una ley de Iowa, firmada el viernes por el gobernador Kim Reynolds (Rep.), requiere que los distritos ofrezcan presencialidad a tiempo completo a los padres que lo soliciten, con o sin vacunas. En Carolina del Norte, el gobernador demócrata Roy Cooper enfrenta la presión de los legisladores republicanos para reabrir más escuelas. En Carolina del Sur, se está llevando a cabo un proyecto bipartidista para que los estudiantes vuelvan a clase cinco días a la semana. Las autoridades de Washington DC solicitaron al Tribunal Superior que libre una orden para impedir no sólo que el sindicato de docentes entre en huelga sino incluso que “libre conversaciones” sobre la posibilidad de huelga entre sus miembros. El plan de la ciudad es que regrese el 45% de las clases presenciales (Washington Post, 1/1). Es la tercera vez que la ciudad intenta reabrir las escuelas, luego de fracasar en junio y diciembre pasados. La alcaldesa Browser declaró que “cuando tu jefe te dice que tenes que estar en el trabajo, ahí es donde debes estar” (WP, 1/1). Pero es la segunda semana consecutiva que los maestros de Chicago se negaron a regresar al salón de clases, lo que obligó al distrito a retrasar la educación en persona para más de 60.000 estudiantes, venciendo las presiones de Biden, el gobernador y la alcaldesa. Kathryn Person, profesora de secundaria en Chicago, dijo que “Si intentan tomar represalias, cuando eso suceda, nos declararemos en huelga”, dijo (Associated Press, 2/2).

3 de febrero de 2021
Enfermeros precarizados en centros de testeo y vacunatorios
Elisa Gallardo · Soledad Domínguez

La situación de los trabajadores y las trabajadoras del centro de testeo instalado por el Gobierno de la Ciudad en el aeropuerto de Ezeiza se caracteriza por la más completa precarización laboral. Los sueldos son de $43.000, pero la cuota del monotributo corre a cuenta de los trabajadores y trabajadoras. En otros centros de testeo, como es el caso de la Rural, la paga es incluso menor, apenas $36.000, en las mismas condiciones de contratación. El sueldo que la Ciudad paga a los trabajadores de la salud es miserable, empujándolo al pluriempleo, con todos los riesgos que conlleva. En los vacunatorios, por caso, la situación no es distinta: se abonan $36.000 bajo contratos de planta transitoria. Luego de las deducciones, el sueldo queda por debajo de los $30.000. A la precariedad salarial, se suma la extrema precariedad laboral. En Ezeiza trabajan dentro de containers hasta seis enfermeros y enfermeras juntos, sin espacio para respetar distanciamiento social, sin una bacha para lavarse las manos, principal recomendación para prevenir el COVID, y no cuentan con espacio para comer ni baños propios. El Gobierno de la Ciudad utiliza este tipo de contrataciones para desvalorizar el trabajo de enfermería, incluso contrata personas aún en formación con sueldos todavía más bajos, mientras se niega a reconocer a la carrera de enfermería como profesional, lo que significaría una mejora sustancial en los sueldos y condiciones de trabajo. La estadísticas demuestran un recrudecimiento de la pandemia, y aumento de los contagios. Esto se refleja también en los casos positivos que se detectan en los centros de testeos:de quienes vuelven en avión a Caba, el 3 por ciento de las personas testeadas, da positivo. Encaramos el recrudecimiento de la pandemia con trabajadores y trabajadoras de la salud agotados por las condiciones laborales a las cuales son expuestos. Es urgente que se mejoren las condiciones de trabajo, por el cumplimiento estricto de protocolos para la prevención del covid, pase a planta, salario mínimo igual al costo de la canasta familiar. Reconocimiento de enfermería como carrera profesional.

3 de febrero de 2021
Una crisis financiera entre cisnes negros y aprendices de brujo

Empecemos por el principio. La directora general del FMI, Kristalina Georgieva, ha insistido en la necesidad de rescatar empresas, en este período de crisis excepcional de salud, sin importar su viabilidad económica. Sabe, mejor que nadie, que el 35% de ellas son “zombies”, o sea que su flujo de fondos está lejos de cubrir su elevado endeudamiento; pagan tasas del 7.5% de interés anual. Teme, precisamente, que una serie de quiebras arrastre a un número indefinido de acreedores. Es una forma de reconocer que el capitalismo, incluido especialmente el gran capital financiero, necesita la asistencia de una Unidad de Terapia Intensiva. Consecuente con ello, la Reserva Federal de Estados Unidos ha comprado títulos públicos y privados, incluidas acciones, por cuatro billones de dólares – expandiendo su abultado balance al doble de esa cifra, cuando antes de la crisis de 2007/8 no llegaba a los u$s400 mil millones. El Tesoro norteamericano ha expandido el déficit fiscal al 10% del PBI (u$s2,2 billones) y la deuda pública al 140% del mismo PBI – más de u$s27 billones. Lo mismo han hecho el Banco Central Europeo y en mayor medida aún el Banco de Japón. El fondo de cobertura (hedge fund) Melvin Capital, y muchos otros, no lo entendieron de la misma manera. Aprovecharon las facilidades financieras distribuidas para apostar al default de las compañías en crisis y eventualmente a la quiebra. Es así que se lanzaron a operaciones a la baja del valor accionario de GameStop, una productora de juegos de videos, que se vio superada por el entretenimiento on-line. Lo mismo ha ocurrido contra otras compañías en declive, como las de aviación civil o distribuidoras de películas, afectadas por las restricciones impuestas contra el coronavirus. Nokia, Varta, Blockbuster o Blackberry sufrieron apuestas bajistas similares (default), dada su notoria declinación en el mercado. Como se ve, no fueron los usuarios minoristas agrupados en un foro de Reddit, quienes primero sacudieron el avispero, que Georgieva y la FED pretendían resguardar a cualquier precio. Trescientos mil a principios de 2020, esta ola minorista ha reunido a más de un millón de apostadores. El aprendiz de brujo, como cuenta la fábula, recibió su propia medicina: los minoristas apostaron a la suba de GameStop, a sabiendas de que esto obligaría también al hedge fund Melvin Capital a comprar esas acciones, las mismas que estaba vendiendo, para poder devolverlas con la menor pérdida posible a su prestamista. Fueron estas compras desesperadas de Melvin Capital la causa principal de que la acción de GameStop subiera un 1800%, aunque hay algunas evidencias de que en la corrida se montó con fuerza BlackRock, el principal fondo acreedor de Argentina. Al final, Melvin Capital perdió el equivalente al 53% de sus activos, unos interesantes u$s6400 millones, y sólo sobrevivió por el rescate de emergencia de hedge funds rivales. Este tipo de sucesos deslumbra por su espectacularidad, pero es conocido en la historia financiera como el escenario final de un boom y la inminencia de un desplome sistémico. Por eso, las plataformas que vehiculizaron esta embestida cerraron las cuentas de los especuladores minoristas, aunque no han podido presentar ninguna evidencia de ilegalidad de las acciones emprendidas por ellos. Las consecuencias de las gigantescas operaciones de rescate oficial se manifiestan, incluso con mayor evidencia, en un fenómeno contrario, que es el alza inusitada del precio de las acciones, a pesar de que la tasa de utilidad operativa de las compañías no crece o simplemente retrocede. El nivel de cotización bursátil ha alcanzado un múltiplo elevadísimo sobre las ganancias y dividendos esperados, porque las acciones en circulación son recompradas, con esas utilidades, por las mismas compañías – con la reducción del stock accionario que genera. El caso de Tesla es paradigmático, porque su acción subió de 60 dólares a casi 900 en dos años, pero por sobre todo porque, con el actual nivel de ganancias, sólo podría recuperar este capital al cabo de 1600 años. Una “corrección” de los valores de Tesla, como se denomina a una baja de más del 10% de ese valor, desataría una hecatombe. En resumen, los “salvatajes” estatales han amplificado la dimensión de una bancarrota potencial a un nivel sin precedente histórico. Por último, GameStop, el conejillo de Indias de todo este manoseo de “riqueza” en papeles, ha vuelto a bajar, como era inevitable, porque los chicos ahora alquilan los juegos por internet, en lugar de comprarlos en la sucursal del barrio. Los grandes perjudicados de toda esta fanfarria capitalista son los trabajadores, los servicios de salud, la educación, que sufren un des-financiamiento brutal, mientras el capital financiero despilfarra los fondos del estado en verdaderas estafas. Cuando, sin embargo, aún no se había disipado el “affaire” StopGame, irrumpió con fuerza un asunto por lejos más grave: la especulación sobre los contratos de compra-venta de futuros de la plata, y también de la plata en metal; en las primeras horas del lunes 1, la onza del metal superó los 30 dólares, en una suba instantánea de casi el 12%. Las acciones de las compañías mineras subieron aún más. Las cuentas minoristas para operar con metales han crecido en forma súbita. El mercado diario de la plata mueve seis mil millones de dólares. La suba fue adjudicada al mismo foro minorista que hizo subir GameStop, con el propósito declarado de provocar un perjuicio a quienes estarían apostando a la baja del metal – HSBC y JP Morgan, los bancos que dominan también el mercado del oro. Esta puja se encuentra en desarrollo, pero según algunos observadores, incluiría la transferencia física del metal, no solamente la compensación de subas y de bajas en los mercados que negocian contratos. La adquisición de la plata en barra impediría que los bancos manipulen los mercados de papeles, a pesar del costo que significa almacenar metal. La proyección de esta puja afecta a todo el sistema, porque la cotización del oro y la plata se correlaciona en forma inversa con las monedas, las acciones y los títulos de deuda pública privada – si se disparan los primeros, se hunden los segundos, y viceversa. El acaparamiento de contratos de metales preciosos, por parte del JP Morgan, sirven para contener una huida de los mercados de deuda y de acciones hacia la plata y el oro, e incluso sostener la cotización del dólar, en medio de tanta emisión y déficits. Ese acaparamiento de mercado fue probado por una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos hace dos años, y resultó en una sanción de casi mil millones de dólares al banco. El banco no recibió cargos criminales, porque desligó las responsabilidades en sus operadores y vendedores. Si la especulación contra el fondo Melvin Capital ya provocó cierres de plataformas y un sinnúmero de restricciones contra minoristas “contreras” (“contrarians”, o sea de aquellos que van contra la tendencia del mercado), es imprevisible lo que podría ocurrir en lo que concierne a la plata y el oro. La interferencia regulatoria, desde prohibir la especulación a la baja hasta excluir a los ciudadanos del mercado, podría tener consecuencias explosivas. Lo mismo vale para la inacción. El Morgan especula a la baja de la cotización de los metales preciosos, por las razones generales ya expuestas, resguardado por la tenencia de física de esos metales, que lo protege de una maniobra alcista como ocurrió con GameStop. Ha quedado expuesto, de todos modos, un ataque a su monopolio del mercado de la plata, y eventualmente otros metales-dinero. La conclusión es clara: los Tesoros y los bancos centrales se enfrentan a un derrumbe de los mercados financieros, a través de mecanismos de mercado, que han sido dopados en forma artificial por el estado para prevenir ese mismo desplome que ahora sería más explosivo. La conjunción de este escenario financiero con la acentuación de contagios por la aparición de cepas más virulentas y una guerra económica y política abierta por las vacunas, pone a los regímenes políticos establecidos ante una encrucijada sistémica.

4 de febrero de 2021
A qué apunta una nueva chirinada policial

Un sector de la policía bonaerense, que en septiembre del año pasado protagonizó el apriete a la quinta de Olivos y la gobernación bonaerense, comenzó a agitar nuevamente a través de grupos de Facebook y WhatsApp, un petitorio de 21 puntos que va desde reclamos salariales hasta cuestiones relacionadas con las condiciones en la que desempeñan su actividad. Los uniformados anunciaron que retoman las protestas callejeras porque “lo prometido fueron falsas promesas”. Se concretarían el jueves 11 en Puente 12, Mar del Plata, Pinamar y otros puntos de la provincia y del conurbano bonaerense. Desde el entorno del ministro Berni, denunciaron que el petitorio es ilegal y que está motorizado por Cambiemos. Apuntaron en especial contra la abogada Florencia Arietto, exfuncionaria del ministerio de Seguridad de la Nación bajo la gestión de Patricia Bullrich. Arietto, en su cuenta de Twitter, escribió: "Es público que la policía bonaerense va a hacer un reclamo. Estemos atentos porque el kirchnerismo va a victimizarse diciendo que es una sublevación antidemocrática. Nada de eso será, solo personas que ponen el pecho en la calle todos los días pidiendo mejores salarios". Los funcionarios de Berni-Kicillofl adelantaron que no darán curso a los reclamos, porque “todo lo que pide este movimiento político, ya fue otorgado el año pasado por decisión de Kicillof, como los dos hospitales que se están por abrir, los patrulleros y equipamiento nuevo que ya llegó a los municipios, y la equiparación de los sueldos con el de la Fuerzas Federales” (Infobae, 2/2). En un comunicado de prensa agregaron que habrá un aumento escalonado hasta mayo próximo, ya que "la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, dispuso un incremento salarial del 25% para el personal integrante de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales dependientes del Ministerio de Seguridad. La mejora impactará sobre el total de haberes del personal de Policía Federal Argentina (PFA), Policía de Seguridad Argentina (PSA), Prefectura Naval Argentina (PNA) y Gendarmería Nacional (GN)". El comunicado oficial no atribuye a la agitación policial ninguna connotación política. La macrista Arietto es una notoria agitadora fascista. Busca evitar una confrontación con el macrismo, en momentos en que ambos tienen un frente único de hecho contra la resistencia de los docentes a la “presencialidad” escolar, y cuando Guzmán se manifiesta apurado por cerrar un acuerdo con el FMI, ante la imposibilidad de pagar los vencimientos de deuda con el Club de París en un par de semanas. De otro lado, necesita poner la tapa sobre el avispero de los salarios de la policía, para defender su línea de hachazos a las paritarias, en el marco de una previsión de inflación mentirosa del 29% anual. Arietto, Bullrich y Macri tuitean “a la gran Trump”, en la misma línea de los Bolsonaro, o sea para crear o desarrollar una milicia de derecha con base en sectores de la policía. El “montonerismo” adocenado, de saco y corbata, se queda en el molde porque en sus propias filas revistan otros con el mismo programa que las voceras de Mauricio, Sergio Berni y Gildo Insfrán, entre otros. En este cuadro concreto denunciamos la complicidad y la contemporización del gobierno y opositores patronales con los conatos trumpistas, y llamamos al movimiento obrero a defender con todos los recursos de la lucha un aumento de salarios, sin cuotas devaluadoras, que recomponga el poder adquisitivo al nivel de hace cuatro años. En la misma línea, convocamos a apoyar a maestros y maestras que luchan para que la escuela no se convierta en una trampa mortal de infecciones y contagios.

4 de febrero de 2021
Campaña financiera en Bahía Blanca: ¡se viene el torneo virtual de ajedrez!

En el marco de la campaña financiera, el equipo docente del Partido Obrero Tendencia de Bahía Blanca votó impulsar un torneo virtual para recaudar los recursos y, de paso, ayudar a mantener el funcionamiento del local del PO (T), ubicado a pocas cuadras del centro bahiense. La iniciativa surge de constatar la afición por este deporte entre muchos compañeros de la regional y también durante la propia campaña de afiliaciones en Olavarría, donde las extensas jornadas de recorridas en los barrios terminaban con alguna que otra partida improvisada entre planillas, credenciales y fotocopias. Por tratarse de un torneo virtual, la inscripción está abierta a todo el país. Con solo algunas horas de publicado el flyer en las redes, destacados ajedrecistas bahienses, que en su momento dieron su adhesión, se anotaron y pusieron a disposición para colaborar en la organización del encuentro. La propia difusión del torneo es una herramienta para dar a conocer a la Tendencia entre nuevos sectores obreros, explicando un rasgo fundamental que nos distingue de los partidos patronales: a nuestro partido lo bancan los laburantes, no el Estado o las empresas. El encuentro tendrá lugar el viernes 12 de febrero, a las 20hs. La plataforma que utilizaremos será lichess.org. La actividad está prevista para durar una hora en total, pero dependiendo la cantidad de inscriptos, puede ser que se extienda a una hora y media. Cada partida durará 5 minutos (por jugador) sin incremento lo que garantizará que todos puedan jugar al menos 5 o 6 partidas. Los premios serán de $2.000 para el 1er puesto y $1.000 para el 2do. El costo de inscripción es de solo $200. Para inscribirse hay que escribir un mensaje de WhatsApp al 2914633303. Balanceando esta actividad, nos proponemos dejarla fija al menos una vez por mes para costear los gastos corrientes que requiere nuestra lucha política.

4 de febrero de 2021
Olavarría: 1.350 afiliaciones en 20 días

Transcurridos 20 días de actividad en el Municipio de Olavarría, séptima sección electoral de la Provincia de Buenos Aires, podemos afirmar que la campaña por nuestra legalidad no es moco de pavo. Habiendo cumplido el objetivo de conquistar más de 1.350 afiliaciones, logramos superar el requisito legal de la justicia electoral. La actividad puerta a puerta nos permitió ver y sacar conclusiones del ánimo de trabajadores, jubilados y desocupados: rechazo al régimen, hartazgo de los partidos de la burguesía. Este elemento presenta, asimismo, una dificultad al momento de pedirle a los vecinos sus datos personales para completar la afiliación, ya que al tratarse de un partido político, quedamos encasillados dentro de “los partidos políticos son todos iguales”. Sin embargo, esto nos daba pie para desarrollar nuestros planteos y delimitarnos de los partidos de la burguesía, demostrando que somos un partido de trabajadores que reivindica los intereses de la clase obrera. Pese al hartazgo social, el apoyo y la solidaridad de los vecinos de Olavarría y Azul fue creciendo con el paso de los días. En las barriadas obreras, donde hemos conseguido mayor apoyo, nos enfrentamos a que muchos vecinos por primera vez escuchaban al Partido Obrero (Tendencia). Aun así, esto no era una traba para desarrollar qué estábamos haciendo; por el contrario, esos debates empujaron a politizar la discusión. Así también, el contacto con trabajadores de la industria del cemento, quienes reconocían el rol del Partido Obrero en la lucha, demostraban el interés de que el PO esté presente en el proceso electoral y también seguir manteniendo un contacto político. En un contexto pandémico y del aumento de los casos por COVID-19, la campaña de afiliaciones nos confronta con dificultades y obstáculos. No obstante, en el diálogo con los vecinos y trabajadores, explicamos el motivo de la campaña y las trabas burocráticas y sobre esta base hemos conquistado el apoyo de muchos sectores. Los debates e intercambios durante estos 20 días nos permitieron sacar conclusiones de la importancia de conquistar nuestra legalidad para colocar un planteo de salida a la crisis. Resulta importante comprender que conseguir nuestra legalidad supera la cuestión electoral y se enmarca en un contexto de crisis política y de retroceso político y programático de la izquierda. Es ahí donde nuestra actividad debe poner sobre la mesa la importancia de conseguir la legalidad de nuestro partido, para poder colocar nuestro programa y ampliar el campo de nuestra intervención política. Por todo esto, llevemos esta campaña a la victoria.

4 de febrero de 2021
Chubut: la Legislatura postergó tratamiento de zonificación minera

Pasado el mediodía se conoció la suspensión de la sesión extraordinaria de Legislatura prevista para este viernes a las 8 de la mañana en donde se pretendía tratar, entre otros temas, la zonificación minera. Según trascendió en distintos medios de comunicación, tendrían los votos necesarios para lograr dictamen de la comisión de Recursos Naturales pero el “poroteo” no aseguraría que al menos 14 legisladores le den el visto bueno mañana al proyecto. Asistimos a un nuevo fracaso del gobierno de Mariano Arcioni en cumplir las órdenes emanadas de Nación para aprobar la megaminería en la provincia. La amenaza de la rebelión popular volvió a imponerse sobre la enésima intentona del lobby minero. La improvisada y apurada sesión extraordinaria se anunció el 2 de febrero, luego de que el gobernador Arcioni, el vice Ricardo Sastre y el diputado pejotista Carlos Eliceche se reunieran en Casa de Gobierno con Alberto Fernández. Inmediatamente el movimiento “No a la Mina” convocó a asambleas en distintas localidades y se coordinó un contundente plan de lucha para paralizar la provincia este viernes, en caso de que el tratamiento de la zonificación siguiera su curso. Con antelación se convocó a una “Marcha Plurinacional” contra la megaminería en distintos puntos del país para esta tarde, con festivales en varias ciudades de Chubut y que se presagia será masiva. Como ocurrió en diciembre último, el PJ provincial y varios de sus dirigentes, oficialistas a nivel nacional pero pseudo oposición en Chubut, se manifestaron en contra del tratamiento del proyecto en sesión extraordinaria. No lo hicieron porque estén en contra de la megaminería, sino advirtiendo sin disimulo la inminencia de una rebelión popular de consecuencias imprevisibles. Ocurre que, a diferencia de otras oportunidades, esta nueva tentativa se da en una provincia devastada económica y socialmente y con el peligroso precedente de las rebeliones contra las políticas de ajuste en 2018 y 2019. El gobierno provincial adeuda a sus empleados el medio aguinaldo de junio y diciembre, varias masas salariales y no se sentó a discutir paritarias el año pasado. A ello se agrega el colapso sanitario por las consecuencias de la pandemia. En ese marco el Partido Obrero Tendencia viene desarrollando una campaña de agitación mediante volanteadas y pintadas en Trelew con la orientación de unir la lucha contra la megaminería con la defensa de los salarios, la salud, la educación y la vivienda. A la vez viene caracterizando la debilidad del gobierno, no solo para avanzar con la megaminería sino, para lograr imponer el plan de “reestructuración del Estado” -es decir, un feroz ajuste- ordenado por Nación para equilibrar las arcas asediadas por la fenomenal deuda que se paga con la devengación automática todos los meses de millones de dólares de las regalías petroleras. Algunos rumores indican que la sesión extraordinaria se llevará adelante, otros pronostican que podrían esperar al inicio de sesiones ordinarias en marzo. Tampoco debe descartarse que decidan evitar la confrontación y no traten el proyecto hasta después de las elecciones. Por lo pronto, en Legislatura se encuentra la Iniciativa Popular contra la megaminería con el respaldo de más de 30 mil firmas, cuyo plazo para su tratamiento se vence en abril. Las movilizaciones exigen su tratamiento y aprobación inmediata. El escenario sigue siendo latentemente convulsivo si a esta situación le agregamos la cuestión salarial, que volverá seguramente con mayor fuerza en los últimos días de febrero y principios de marzo. La rebelión popular sigue llamando a la puerta del pusilánime gobernador.

4 de febrero de 2021
La Unión Industrial impulsa la presencialidad, el FIT acompaña

La última columna semanal de La Nación dedicada al “mundo industrial” (entendido como el mundo de la patronal industrial) está dedicada a repasar las principales preocupaciones capitalistas frente a la pandemia. El texto arranca señalando que los socios de la UIA “quisieran poder comprar directamente las dosis (de vacunas) entre empresarios”. Es lo que viene reclamando la patronal brasileña desde hace varias semanas, alentada por Bolsonaro. Aunque la UIA no lo ve viable por ahora, su principal vocero, Funes de Rioja, se conformaría con que la central patronal “intervenga en la logística” (LN, 4.2). El propósito, se adivina, es sortear cualquier criterio vinculado a prioridades sanitarias y poder asegurar el “retorno integral al trabajo” en las grandes corporaciones. El segundo punto del pliego patronal, precisamente, se relaciona con el personal licenciado por razones de riesgo. Según informa el periodista, los objetivos del lobby patronal apuntan a devolver a las fábricas y oficinas a los que cuenten entre 60 y 65 años, y, alternativamente, reducir el “costo laboral” de los que se quedan en sus casas, por caso, pagando una prima de ART diferente a la de los que están en fábrica. En materia de castigo a los licenciados, Metrovías acaba de hacer punta, al establecer una discriminación salarial que llevó al sindicato del subte a resolver una huelga. Presencialidad Pero el programa de la UIA no se detiene ahí: a la hora de mencionar las licencias, se señala la preocupación “crucial” de los socios de la UIA: “entre los dispensados de ir a trabajar, están, por ejemplo, quienes tienen hijos que no van a clases por el Covid” (idem). Irónicamente -o no-, el columnista señala que las patronales industriales tendrán que “ir a hablar con el ministro Trotta” para “resolver” el punto, e incluso “con Baradel”. Queda muy claro cuál es el origen de la presión feroz para el retorno a la presencialidad en las escuelas, a pesar de que Argentina no baja de los 10.000 contagios y que la llegada de la vacuna se ha convertido en una incierta quimera. La única y verdadera razón de la campaña por el retorno inmediato a las clases presenciales es esta exigencia patronal, que necesita a la escuela, no como núcleo de aprendizaje, sino como engranaje en la rueda de la acumulación del capital. A caballo de esta presión feroz de la patronal, se acaba de subir Néstor Pitrola, que descubre la “pedagogía de la presencialidad”, luego de medio siglo de militancia, en pleno capitalismo decadente. Ha perdido de vista, además, que esta defensa de la presencialidad incluye a la enseñanza privada, que coloca al enseñante y al educando en la posición de mercancías, reproduciendo en términos sociales e ideológicos al régimen capitalista. La izquierda que se ha subido a este carro opone la presencialidad a la virtualidad, a la que emparenta con la privatización y precarización docentes. Pero entonces debería explicar porqué hoy los “reyes” de la precarización…están con la presencialidad a como dé lugar. La encrucijada del momento no es presencialidad vs. virtualidad, sino la preservación de la vida versus los contagios masivos, a cuenta del Estado y el capital. Funes de Rioja y Pitrola descubren la ‘pedagogía de la presencialidad’, cuando debieran preocuparse por la “pedagogía de la salud”. Por un lado, como muy bien señala el sociólogo Daniel Feierstein, “con un virus de transmisión aérea es inimaginable un protocolo escolar sensato”. (Pagina 12, 4/2). Por el otro, la insalubridad de los lugares de trabajo y el hacinamiento de la educación pública, juegan el mismo rol que la precariedad laboral, o sea reducir los costos del capital. En oposición a esta tendencia a la destrucción del sujeto social, levantamos el veto de los trabajadores a todo lo que amenace su salud, en este caso el retorno a las clases. A través de Trotta y Baradel, Funes de Rioja ya tiene a quienes tratarán de imponer la ‘pedagogía de la presencialidad’. Llamamos a la Multicolor docente y a la sección oficial de Tribuna Docente a rechazar esta pedagogía de la criminalidad, y a reforzar a la masa de trabajadores de la educación que defiende su vida, la de sus alumnos y familias.

5 de febrero de 2021
CABA: la lucha por la legalidad se abre camino entre la población migrante

Desde hace varios meses, la lucha por la legalidad es una tarea de primer orden para la militancia de la Tendencia del Partido Obrero: la necesidad de ganar un lugar en el escenario político-electoral al servicio de una estrategia revolucionaria y para exponer y difundir un programa de reivindicaciones transitorias obrera y socialistas. Es necesario disputar cada centímetro de espacio político para una agitación socialista. Las elecciones ya se han inscripto en el espacio político de 2021, como un subproducto de una crisis de poder. Haber alcanzado el objetivo en CABA de más de 4.000 adhesiones ha sido un insumo para redoblar los esfuerzos y llegar al objetivo de afiliaciones. La campaña de la legalidad de la Tendencia está empezando a avanzar entre el sector migrante de la población, que se encuentra con derechos limitados para participar de la vida política del país. Los extranjeros no nacionalizados tienden vedado afiliarse a un partido o votar en las elecciones presidenciales. En las comunas del sur de la Capital, donde se encuentran las villas más importantes (Villa 31, la 21-24, la 1-11-14, la 20, la 15), la población migrante se ubicaba, hace seis años, por encima del 20%. Entre las comunas mencionadas se encuentra el sector más explotado de la ciudad, una fuerza laboral ultra-precarizada. A los miles que aún no tenían tramitada su residencia, les fue negado el acceso al IFE, cuando los trámites legales se encontraban paralizados en su totalidad. Los migrantes extranjeros suelen ser el blanco de los ataques de los partidos del régimen a la hora de explicar la crisis económica, la desocupación o el crecimiento del delito. En esa sintonía, el gobierno de Macri promulgó un decreto anti-migratorio en 2017, que aún sigue en vigencia. No es casual, entonces, que la población extranjera sea la más asidua a darnos su afiliación. En las villas, en las asambleas del Polo Obrero Tendencia, la predisposición es total. La indignación es grande cuando se enteran de que la ley de partidos no les permite a los extranjeros afiliarse a un partido nacional ni aún teniendo la residencia permanente. En las actividades callejeras, algunos extranjeros que pretendían afiliarse vuelven a nuestra mesas con sus hijos (nacidos en el país) para que le hablemos de la afiliación. Otro ejemplo es el de las compañeras del Polo Obrero Tendencia, que lograron abrir una veta de desarrollo para la campaña de la legalidad: se lanzaron a afiliar a sus hijos, maridos, conocidos, vecinos, amigas, etc, de nacionalidad argentina. El cuerpo de delegados del Polo Obrero Tendencia resolvió redoblar los esfuerzos para que la campaña por la legalidad tome impulso en las villas. Las delegadas han afiliado a sus familias y amigas, abriendo padrones de hasta 15 o 20 afiliados cada una. Se discutió también sumarse a las actividades callejeras de la Tendencia y montar actividades en los alrededores de las villas para que la lucha por la legalidad llegue a todos los rincones de los barrios. La campaña será llevada a las asambleas para llevar a cabo el trabajo de padrón. En las villas tenemos una base importante sobre la que apoyarnos para nuestra agitación por la legalidad: las innumerables ollas populares que pusimos en pie durante la pandemia y que siguen funcionando cada semana. La campaña de adhesiones en las villas llevada a cabo el año pasado nos contactó con vecinos que hoy están movilizando y sosteniendo ollas populares en los barrios con el Polo Obrero Tendencia. Discutimos que en cada olla debemos tener nuestro material de agitación y fichas de afiliación. Es una campaña que debe llevarse a cabo con la mayor impronta política, ya que es moneda corriente en los barrios que los punteros impongan la afiliación a su partido a cambio de un plato de comida. La Tendencia del PO rechaza los métodos punteriles y llama a todos los trabajadores a dejar su afiliación a conciencia, en defensa de un programa de la clase obrera. LEER MÁS Olavarría: 1.350 afiliaciones en 20 días; escribe Belén Duaca

5 de febrero de 2021
La ciencia advierte contra la vuelta a clases

La enorme huelga de maestros y personal auxiliar en Chicago, Estados Unidos, ha generado un furibundo ataque contra los docentes de parte de las editoriales de toda afiliación política. Para el Chicago Tribune, Washington Post y el New York Times, entre otros, el rechazo al retorno a las clases, porque propagaría la pandemia, constituye un prejuicio “anticientífico”. El ambiente escolar, los docentes sin morbilidades y los niños y adolescentes son inmunes al virus. Esta sería la versión ‘científica’ desprejuiciada. La fundamentación científica de la inmunidad escolar es solamente un cuento, que difunden algunos cientistas por intereses creados, como ocurre con muchas recetas de consultorios privados o privatizadores. Se invocan a favor de la tesis de la inmunidad relativa los artículos publicados en el Journal of the American Medical Association (JAMA), una revista del Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos. Lo que se omite, sin embargo, es que esos artículos “no representan la posición oficial de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades” (Jamanetwork.net, 26/01). Incluso la Casa Blanca ha tenido que aclarar que los CDC “no han emitido recomendaciones ni requisitos formales sobre cómo pueden abrirse todas las escuelas del país. Hicieron un informe, como lo hacen con frecuencia, basado en una zona de Wisconsin” (WSWS, 02/02). Ocurre que al margen de este análisis publicado en JAMA, la enorme mayoría de los análisis e informes publicados en revistas científicas concluyen en lo contrario de lo que dice en que dice el ‘cientificismo’ de los grandes medios, a saber, que mantener las escuelas (y universidades) cerradas disminuye en gran medida la circulación del coronavirus. Un trabajo denominado COVID Monitor, dirigido por Rebekah Jones, recoge los datos de casos positivos que van cargando las familias, cruzándolos con un exhaustivo análisis los informes oficiales. De este modo, ha contabilizado más de 600 mil casos positivos, asociados a la reapertura escolar, desde agosto de 2020 en Estados Unidos. El peligro de la apertura escolar ha sido también observado por un estudio reciente, publicado por dos científicos, la Dra. Simona Bignami, de la Universidad de Montreal, y el Dr. John F. Sandberg, de la Universidad George Washington, que señala a los contagios en jóvenes de 10 a 19 años como un antecedente de un mayor caso de contagiados entre 30 a 49 años, concluyendo que son los hijos quienes infectan a los padres y no a la inversa. De esta manera, “la transmisión del COVID entre los niños en edad escolar no parece ser la consecuencia, sino un importante determinante del nivel general de contagio en las comunidades circundantes” (ídem). La revista Nature publicó en noviembre pasado un artículo que señalaba que “se ha comprobado que el cierre de escuelas en los Estados Unidos reduce la incidencia y la mortalidad del COVID-19 en aproximadamente un 60 por ciento” (ídem anterior). También la revista Science se inscribe en apoyo del cierre de escuelas al señalar “que limitar las reuniones sociales a 10 personas es el método más eficaz para contener la pandemia, seguido de cerca por el cierre de escuelas y universidades, y luego por el cierre de ´la mayoría de los negocios no esenciales´” (ibidem). Este estudio pondría en jaque todo el plan de reapertura que el presidente Biden, quien prometió luchar contra la pandemia en campaña, ha acelerado. Ya lo ha señalado el director del Consejo Económico Nacional, Brian Deese: “tenemos que abrir las escuelas para que los padres... puedan volver a trabajar” (Idem). Al fin de cuentas la ´corriente teórico pedagógica internacional´ a la que adhiere Pitrola tiene entre sus representantes a lo más connotado de la gran burguesía y sus gobiernos. Europa Los contagios en escuelas no son solo un problema estadounidense. En Reino Unido, Boris Johnson se vio obligado a sincerar que “el problema es que las escuelas pueden actuar como vectores de transmisión, haciendo que el virus se propague entre los hogares”. En España, particularmente en Madrid, en solamente una semana, se duplicó la cantidad de alumnos confinados, pasando de 12.051 a 25.540. Esta situación ha llevado a los sindicatos a reclamar “ que se actualicen las medidas anticovid, ya que los protocolos datan del pasado 24 de septiembre y “contemplan escenarios que en la actualidad están ampliamente superados, tanto por número de contagios como por circunstancias climatológicas que dificultan la ventilación”. Entre otras iniciativas, pide que “se dote a los centros educativos de medidores de CO2, termómetros, sistemas de purificación y extracción de aire” (El País, 04/02). Sin embargo, un nuevo cierre de las escuelas parece inexorable. Mientras tanto, Alemania continúa con sus escuelas cerradas hasta, por lo menos, el 14 de febrero. En Portugal, ante el inclemente brote de casos que asola el país, la primera medida que se adoptó fue el cierre de las escuelas. La vuelta a clases es una presión más de los capitalistas por retornar a una “normalidad” en el proceso de acumulación de capital, en todo el mundo ha ocupado este lugar estratégico. El rechazo a la presencialidad, en las condiciones actuales, es una lucha estratégica de los trabajadores en defensa de su vida. LEER MÁS La Unión Industrial impulsa la presencialidad, el FIT acompaña, escribe Marcelo Ramal Del Plá se suma a la campaña de Sáenz por la presencialidad, escriben Gabriela Jorge y Violeta Gil

5 de febrero de 2021
“Assange ha sido torturado psicológicamente de manera intencional”

El investigador de Naciones Unidas (ONU) sobre tortura en el mundo y ex Cruz Roja, Nils Melzer, habló por primera vez sobre su investigación en el caso de Wikileaks que involucra a Julian Assange. Dijo que “Assange ha sido torturado psicológicamente de manera intencional”. Assange se encuentra en Reino Unido detenido en una prisión de máxima seguridad. En Estados Unidos podría enfrentar hasta 175 años de prisión por exponer crímenes de guerra. Assange había denunciado la tortura sistemática que gobierno y ejércitos imperialistas ejercen sobre poblaciones civiles, las masacres y las violaciones, los acuerdos secretos y las transgresiones a los derechos humanos más elementales. Wikileaks Wikileaks se transformó en una amenaza para la élite política en Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Rusia luego de la publicación de información estatal secreta que involucra a esos gobiernos e crímenes de guerra. Melzer explica la estrategia imperialista: “Imagina el cuarto oscuro. De repente, alguien ilumina al elefante en la habitación, a los criminales de guerra, a la corrupción. Los gobiernos están brevemente en estado de shock, pero luego cambian la atención con acusaciones de violación. El elefante vuelve a desaparecer en la oscuridad, detrás del foco. Y Assange se convierte en el foco De repente, todos sabemos que es un violador, un hacker, un espía y un narcisista. Pero los abusos y crímenes de guerra que descubrió se desvanecen en la oscuridad” (Republik, 31/1). El proceso Melzer indica que la policía sueca armó un caso de abuso contra Assange: “había una contradicción que no tenía sentido para mí con mi amplia experiencia legal: ¿Por qué una persona estaría sujeta a nueve años de una investigación preliminar por violación sin que se hubieran presentado ni siquiera cargos? (…) Imagínese ser acusado de violación durante nueve años y medio por todo un aparato estatal y por los medios de comunicación sin tener la oportunidad de defenderse porque nunca se habían presentado cargos”. Desde ese momento, Assange fue encarcelado y sufrió lo que Amnesty Internacional reconoció como “tortura”. Assange no huyó para evitar la cárcel, sino que “denunció a las autoridades suecas en varias ocasiones porque quería responder a las acusaciones. Pero las autoridades bloquearon cualquier posibilidad (…) nunca ocurrió ninguna violación” (ídem). El representante de la ONU dijo que la declaración policial fue “manipulada” y “modificada” por la policía de Estocolmo. De allí Assange fue a Londres, pidiendo asilo en la embajada de Ecuador. Por siete años, sus abogados hicieron más de 30 ofertas para organizar la visita de Assange a Suecia, a cambio de una garantía de que no sería extraditado a EEUU. Los suecos se negaron argumentando que EEUU no había presentado una solicitud formal de extradición. Sus abogados finalmente solicitaron a la Corte Suprema de Suecia que obligara a la fiscalía a presentar cargos o cerrar el caso, y Gran Bretaña ejerció presión para no cerrar el caso. Luego de ser sacado de la embajada, Assange fue sentenciado sumariamente para que EEUU preparara su caso de espionaje en su contra. Luego, Suecia abandonó el caso en su contra en noviembre de 2019, al cabo de casi una década. Melzer dice que Assange en EEUU “no recibirá un juicio compatible con el estado de derecho. Esa es otra razón por la que no debería permitirse su extradición. Assange recibirá un juicio con jurado en Alexandria, Virginia, el notorio «Tribunal de Espionaje» donde EEUU juzga todos los casos de seguridad nacional. La elección del lugar no es una coincidencia, porque los miembros del jurado deben ser elegidos en proporción a la población local, y el 85% de los residentes trabajan en la comunidad de seguridad nacional: en la CIA, la NSA, el Departamento de Defensa y el Departamento de Estado (…) el veredicto es claro desde el principio. Los casos siempre se juzgan ante el mismo juez a puerta cerrada y sobre la base de pruebas clasificadas. Nadie ha sido absuelto allí en un caso como ese” (ídem). Agrega que “Mientras los empleados del gobierno estadounidense obedezcan las órdenes de sus superiores, pueden participar en guerras de agresión, crímenes de guerra y tortura sabiendo muy bien que nunca tendrán que responder por sus acciones. Hoy, Estados Unidos se ha retirado del Consejo de DDHH de la ONU, y ni la masacre del «asesinato colateral» ni la tortura de la CIA tras el 11 de septiembre ni la guerra de agresión contra Irak han dado lugar a investigaciones penales. Ahora, el Reino Unido está siguiendo ese ejemplo. El Comité de Seguridad e Inteligencia del propio parlamento del país publicó dos informes extensos en 2018 que muestran que Gran Bretaña estaba mucho más involucrada en el programa secreto de tortura de la CIA de lo que se creía anteriormente. El comité recomendó una investigación formal. Lo primero que hizo Boris Johnson después de convertirse en primer ministro fue anular esa investigación”. La intimidación tiene como objetivo “crear un sistema asesino ante nuestros propios ojos”. No se enjuicia la tortura ni los crímenes de guerra. “Están circulando videos de YouTube en los que los soldados estadounidenses se jactan de llevar a las mujeres iraquíes al suicidio con violaciones sistemáticas. Nadie lo está investigando. Al mismo tiempo, una persona que expone tales cosas está siendo amenazada con 175 años de prisión”. ¡Libertad ya a Julian Assange!

5 de febrero de 2021
Culmina nuestra campaña financiera en La Matanza
Lucía P

La campaña financiera de la Tendencia del Partido Obrero de La Matanza se encuentra cerca de completar sus objetivos. A pesar de las dificultades que hubo al inicio de la campaña, con la pandemia y las vacaciones de fin de año y del verano, logramos repuntar y acercarnos a nuestro objetivo. Logramos igualar el número de aportistas de la campaña financiera anterior. El mayor caudal de aportes proviene del sector docente. Esto se debe a la intervención de los compañeros y delegados de Tribuna Docente Tendencia en el SUTEBA de La Matanza. En este momento están dando una lucha por el no inicio de las clases presenciales en pandemia y por una virtualidad efectiva mientras dure la crisis sanitaria. La ´presencialidad´ es la política de la burguesía y sus gobiernos, a sabiendas del peligro de ocasionar daño sanitario enorme, mucho más allá de las aulas. Otro de los sectores donde recabamos una cantidad significativa de aportes es entre los metalúrgicos de la UOM de diferentes fábricas del distrito. También han aportado a nuestra campaña financiera varios compañeros molineros. Todos ellos siguen peleando en sus lugares de trabajo por protocolos reales y efectivos. También registramos aportes de trabajadores de la salud, que continúan peleando agotados en la primera línea contra la pandemia, y, en la mayoría de los casos, sin recesos vacacionales, pero organizándose por sus reivindicaciones salariales, laborales y por las condiciones de los hospitales. Debemos destacar también la actividad realizada por el Polo Obrero (Tendencia) de La Matanza, donde los compañeros realizaron una rifa para aportar a la campaña financiera. Todos estos aportes se han logrado a base de debates y discusiones como método de construcción política. Quienes aportan a la campaña financiera de la Tendencia del Partido Obrero lo hacen a conciencia, intercambiando caracterizaciones. En este sentido, destacamos que la abrumadora mayoría de los aportistas también han otorgado su adhesión y, en las últimas semanas, comprometieron y firmaron la afiliación. Aún queda por delante una semana de trabajo para recorrer todo el padrón de discusión y hacer efectivo el ingreso de aquellos compromisos que aún no han realizado su aporte. ¡Adelante, compañeros!

5 de febrero de 2021
Créditos UVA: impasse

El lunes 31 de enero venció el congelamiento de los aumentos en los créditos hipotecarios UVA, dispuesto primero por Macri y luego prorrogado por Alberto Fernández. Para salir del atolladero, el gobierno plantea un plan escalonado de aumentos que comenzarán a pagarse a partir de febrero. En cuanto a las diferencias generadas, se transformarán a UVA y se agregarán cuotas al final del crédito, extendiendo el pago en el tiempo. Los endeudados en créditos UVA suman un millón de personas, de las cuales el 10% son hipotecarios. Para que esa actualización no sea brusca para los hipotecados, se diseñó un mecanismo de “compensación” para distribuir la deuda a lo largo de los meses: “El aumento de las cuotas oscilará entre el 6% y el 9% e irán convergiendo a lo que estipula cada contrato entre febrero y julio de 2022. A su vez, la cuota no podrá superar el 35% del ingreso familiar, y si esto sucediera, la diferencia pasará a extender el plazo final del crédito” (Clarín, 1/2). Es decir, una hipoteca eterna que se llevara ´solamente´ el 35% del ingreso -ojo- de todo el grupo familiar, estimado según parámetros que aún no fueron precisados oficialmente. La disparada inflacionaria ha tornado inviable el sistema de indexación de los UVA, por eso ahora en le gobierno se discute pasar a un “índice de variación salarial elaborado por el Indec”, según informa La Nación. Gobierno vs. deudores hipotecarios Los deudores aseguran que el plan de convergencia propuesto por el Gobierno “no es un beneficio, es un plan en 18 cuotas para pagar el aumento de la cuota que no pudimos pagar, y que reafirma que los créditos UVA aumentaron más de lo que podemos afrontar”. El escalonamiento es rechazado por las agrupaciones de los hipotecados UVA, dado que aseguran que si se calcula una inflación del 3 por ciento mensual más el plan de convergencia, la cuota va a subir “un 160 por ciento”, y denuncian que el gobierno miente. “Desde la agrupación Hipotecados UVA señalaron que el esquema de convergencia al valor del UVA vigente morigera las subas en las cuotas durante los primeros meses, pero en el caso de que durante 2021 haya una inflación del 3% mensual promedio, las cuotas subirían 65%” (infobae, 2/2). Para tomar un caso concreto “quien pidió al banco financiar el 80% de su vivienda con un monto de 2 millones de pesos, poniendo la diferencia al valor total, hoy deben 6 millones, sin haber dejado de pagar un solo mes, iniciado el crédito con una cuota de 16.000 pesos y hoy pisando los 56.000” (Clarín, 1/2). Los deudores hipotecarios, que desde 2018 comenzaron a autoconvocarse porque no podía hacer frente a los aumentos, plantean que “quien pidió al banco financiar el 80% de su vivienda con un monto de 2 millones de pesos, poniendo la diferencia al valor total, hoy debe 6 millones de pesos, sin haber dejado de pagar un solo mes (hasta la posibilidad de diferimiento por la pandemia, propuesto por el gobierno)”. En 2016 la cuota del valor UVA era de 14 pesos y hoy asciende a 66,54 pesos. Según cifras oficiales, hay unos 105.000 préstamos hipotecarios otorgados bajo la modalidad UVA, de los cuales el 73% fue otorgado por la banca pública. El Banco Central asegura que la mora es baja -no alcanza el 1%- pero ocurre que la devolución de los créditos es, en la mayoría de los casos, descontada directamente de la planilla salarial. Los deudores realizaron diferentes protestas durante el fin de semana pasado, con repercusiones frente a la quinta de Olivos, Salta, Misiones y Mendoza. El gobierno intenta contener una nueva bomba de tiempo, que se suma a la crisis habitacional que quedó de manifiesto con la ocupación de tierras en Guernica y otros lugares del país; con la crisis de los 9 millones de inquilinos, muchos de los cuales no pueden hacer frente a los aumentos. Los desalojos se producen a diario. En un polo, aumenta la burbuja de los negocios especulativos e inmobiliarios; del otro, el hacinamiento de la clase obrera, en el marco de una crisis sanitaria sin precedentes. El esquema de convergencia reafirma las deudas y extiende plazos en el tiempo condenando a los deudores hipotecarios a atarse más años de su vida a pagar y pagar cuotas, con salarios y paritarias a la baja.

5 de febrero de 2021
Salta: docentes autoconvocados debaten el no inicio de clases

En un cuadro de crecimiento de contagios de covid y por la cuestión del salario, los docentes autoconvocados del Orán se han puesto a la cabeza de la lucha por la reconstrucción de una asamblea provincial y un programa de lucha acorde a las actuales circunstancias. Los docentes autoconvocados son la forma que adoptó la organización docente en la última década y media, ante un sindicato que opera como oficina del gobierno provincial. El 28 de enero pasado, docentes de todos los municipios del departamento de Orán votaron el no inicio de las clases, tanto presenciales como virtuales. Denunciaron la completa falta de condiciones de la actual infraestructura educativa y de salud y el peligro que representa para todo el Departamento una reapertura de las aulas. En el norte de Salta, los maestros tuvieron que salir a conseguir insumos médicos y oxígeno. El vaciamiento hospitalario es manifiesto y los reforzamientos del sistema que anuncia el gobierno de Sáenz son falsos. En relación al reclamo salarial, se ha votado reclamar un salario inicial igual al costo de la canasta familiar, hoy en $120 mil, tal como levantó las primeras huelgas autoconvocadas de 2005, 2007 y 2014. A la vez, el pliego de la asamblea reclama la cobertura de cargos y nombramientos, el 82% móvil del salario en actividad para los jubilados y el pago de 10 sueldos al momento de jubilarse (emolumento). Los autoconvocados exigen participar en la paritaria y promueven para el sábado 6 de febrero la realización de una asamblea autoconvocada del Norte Provincial, o sea, con los departamentos de San Martín, Iruya, Santa Victoria, y Rivadavia. Por otro lado, este jueves 4 se ha realizado la asamblea provincial docente autoconvocada de Salta Capital. La asamblea votó un extenso pliego reivindicativo que incluye obras de infraestructura educativa, la exigencia de vacunas, un salario igual al costo de la canasta básica, equivalente a 54 mil pesos, la indexación del salario, nombramientos de personal docente y ordenanzas, insumos de conectividad, apoyo de las luchas de los trabajadores de la salud, como puntos mas importantes. En el caso de no cumplirse este pliego votaron el no inicio de clases y se pronunciaron por una asamblea provincial para el 27 de febrero y una nueva asamblea departamental para el 20 de febrero próximos en donde llaman a participar a la delegada Di Piazza. Di Piazza proviene de los autodenominados “autoconvocados de la plaza sin banderías políticas”, que se partió en la lucha del año pasado debido a la cooptación de sus principales dirigentes por parte del gobierno de Sáenz. Di Piazza ha desconocido las últimas convocatorias departamentales. En departamentos como Los Andes, Cafayate, Cachi y Cerrillos, los activistas docentes también han comenzado a deliberar. Sin embargo, los sectores de Di Piazza y Gamboa, con preminencia en el valle de Lerma la primera y en el sur provincial el segundo, hasta ahora no se han posicionado por el no inicio de clases ni impulsan asambleas departamentales. Han sido conciliadores con los diferentes gobiernos y no admiten someterse regularmente al mandato de las bases. Por su parte, el gobierno insiste en el desconocimiento de los autoconvocados y trata de cerrar un acuerdo con una intergremial docente absolutamente desprestigiada. En materia de salud se jacta de negociar con el gobierno condiciones de infraestructura y protocolos inviables a corto plazo, que es precisamente lo que está en discusión. Sin cambios reales a corto plazo no hay condiciones para la educación presencial, a corto plazo. LEER MÁS Del Plá se suma a la campaña de Sáenz por la presencialidad, escriben Gabriela Jorge y Violeta Gil La ciencia advierte contra la vuelta a clases, escribe Joaquín Antúnez

5 de febrero de 2021
Del Plá se suma a la campaña de Sáenz por la presencialidad

Claudio del Plá ha decidido engavetar su trayectoria como activista docente y ponerse a la cabeza de la reapertura de las escuelas, en medio de un nuevo pico de contagios. Esencialmente, ha obedecido las órdenes que le bajaron para que se ‘corte solo’ (“tomar la inciativa”, en la jerga de los aparatos), sin la menor consulta con los docentes de Salta, una práctica que se creía reservada a la burocracia sindical. Del Plá dobla la apuesta de la campaña de las patronales y adelanta que no acatará lo que decidan los docentes si va contra su planteo. Violenta, de este modo, un principio fundamental del parlamentarismo socialista, que es no obrar de espaldas a las masas, incluso cuando chocan posiciones en conflicto. Del Plá se ha incorporado al elenco de la UIA, Macri, Alberto Fernández y Sáenz, que ya han armado todo el dispositivo de propaganda y sanciones para imponer el inicio de clases presenciales. Claro que lo hace con su propio libreto exculpador: afirma que “sin esas condiciones elementales (de protección de la salud), más el salario docente, es mentira cuando dicen que se puede volver a la presencialidad en óptimas condiciones, y no se puede jugar con la ansiedad de que se retomen las actividades en las escuelas ” (las cursivas son nuestras). En esta línea solicita la presencia del ministro de Educación en la legislatura para que informe si el gobierno va a garantizar esas “condiciones óptimas”. Mientras tanto, a clase. Del Plá no archiva solamente su trayectoria, sino también los principios elementales de una lucha de clases. Exigir condiciones ‘óptimas’ está muy bien, aunque ese nivel de condiciones no existe. El punto es otro: ¿volvemos a clases cuando esas condiciones se reúnan o lo hacemos para exigir que se reúnan, y mientras tanto nos contagiamos? Del Plá no condiciona la presencialidad sino que condiciona las condiciones necesarias para esa presencialidad. ‘Vamos a clase, plantea, para pelear por esas condiciones’, no cuando las hayamos conseguido. En la guerra esto se llama capitulación. Una de las denuncias fundamentales de la docencia salteña, aún antes de la pandemia, es el derrumbe edilicio, la falta de infraestructura, la sobrecarga de alumnos, la falta de ordenanzas, la miseria salarial y la degradación sistemática del escalafón docente. Es decir, que la docencia viene luchando por las ‘condiciones’ que ahora reclama Del Plá para justificar la presencialidad, no para denunciarla, desde hace décadas. Esto significa que los gobiernos vienen destruyendo las ‘condiciones’ también desde hace décadas, en función de beneficiar a la educación privada y clerical. Del Plá no ignora nada de esto, solamente ha cambiado de posición porque entiende, como el aparato del que abreva, que defender el distanciamiento social de docentes y alumnos ‘no paga’ electoralmente. Lo mismo están haciendo las otras organizaciones del FIT. Es, por supuesto, lo que Trump entendió que debía hacer (‘presencialidad’), y así le fue. Si antes de la pandemia la infraestructura escolar inviabilizaba las condiciones óptimas de regreso a clase, bajo la pandemia la presencialidad plantea, en esas condiciones, el peligro de una espiralización de la crisis sanitaria. Es significativo que Del Plá no mencione al clero de Salta y a sus instituciones ‘pedagógicas presenciales’, cuando él sería el primer beneficiario económico e ideológico de la presencialidad, a costa, claro, de docentes, alumnos y familiares, especialmente familias que viven hacinadas, donde más rápido se difundirá el virus que las escuelas lleven a los hogares. Del Plá ha quedado a contramano de los sectores más combativos de la docencia salteña. Pues los docentes de Orán, fundadores de la Autoconvocatoria junto con Tribuna Docente, acaban de votar el no inicio con un extenso pliego reivindicativo, señalando la inviabilidad de la actual infraestructura educativa ¡y hasta sanitaria! Los docentes autoconvocados de capital rechazaron las clases al aire libre, con el que las autoridades pretendían hacer frente a la falta de condiciones de infraestructura. Néstor Pitrola acaba de recoger la educación al aire libre al plantear la presencialidad en clubes y espacios públicos, en un desvergonzado reconocimiento de la inadecuación de las instalaciones educativas. Mientras la docencia se esfuerza por dar cuenta, con su propio modo de ver, del carácter criminal que tiene el ultimátum del regreso a las aulas de Sáenz, Alberto Fernández y el conjunto de los capitalistas, y de enfrentarlo mediante la acción directa, Del Plá se coloca de espalda a la docencia, junto al gobierno, como facilitador de la presencialidad. La docencia de Salta y de todo el país se enfrenta a la situación inaudita de ver a una parte de la izquierda haciendo un frente de hecho y de derecho con autoridades del estado, una oposición trumpista y las cámaras empresariales. Llamamos a la docencia a defender una tradición histórica y la salud y la vida de docentes, de alumno/as y de sus familias. LEER MÁS Salta: docentes autoconvocados debaten el no inicio de clases, escribe Julio Quintana

6 de febrero de 2021
Febrero caliente: gran movilización del activismo docente y estatal contra el ajuste de Perotti

El pasado jueves, las cúpulas sindicales de ATE y UPCN se reunieron con el gobernador Perotti dando inicio a las negociaciones paritarias del sector estatal. Sin consulta ni mandato de bases, se trata de otra conspiración contra los trabajadores. En el marco de esa jornada y frente al desentendimiento absoluto de las burocracias, se desarrollaron iniciativas de lucha que partieron de la deliberación del activismo en las bases de la docencia y estatales precarizados, con carácter de autoconvocatoria. La invitación a docentes destitularizados en la asamblea interministerial de estatales, permitió resolver la unificación de ambas medidas de fuerza –la de docentes y estatales-, en una misma movilización, que partió de una concentración y corte de calle frente al ministerio de Educación, y continuó con una gran marcha a las puertas del palacio gris santafecino. La movilización contó con la participación de delegaciones de AMSAFE Rosario, Caseros y Gral. López. Los reclamos particulares de cada sector confluyeron en el reconocimiento del azote a las condiciones laborales del conjunto de la clase trabajadora y del golpe a la educación pública tras el gravísimo precedente de las 500 destitularizaciones por parte de Perotti, a docentes con hasta 11 años de antigüedad. (Ver nota https://politicaobrera.com/movimiento-obrero/3386-santa-fe-masacre-laboral-de-perotti-y-el-frente-de-todos-contra-la-docencia ) Por parte de precarizados estatales, el acento se puso en el pedido de publicación de las listas de trabajadores que serían contemplados en la dilatada promesa del pase a planta, así como el esclarecimiento de las negociaciones que se dan entre bambalinas. Las direcciones sindicales de ATE y UPCN, completamente afines a Perotti, no dicen nada respecto de los cientos de cesantes que han perdido su fuente de trabajo, o de aquellos que siguieron cumpliendo sus tareas con contratos vencidos y con meses de salarios adeudados, sin garantías de ser cobrados. Frente a la aniquilación del salario, la precarización laboral y los despidos, debe oponerse la organización consciente y sistemática de la clase trabajadora. Esta acción coordinada entre los sectores autoconvocados, como el desenvolvimiento de plenarios de delegados, son un camino de lucha imprescindible en defensa de nuestro trabajo, nuestro salario y la vida de las familias obreras.

6 de febrero de 2021
Aplicación de IVE en Santa Fe: la ministra Martorano miente
PdT – Tendencia Santa Fe

A pocos días de la implementación de la Ley 27.610 de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, los límites para la realización de la práctica en el centro norte de la provincia de Santa Fe alcanzaron extremos peligrosos. En Política Obrera realizamos una grave denuncia sobre el desmantelamiento del equipo de atención de salud sexual y reproductiva del Centro Especialidades Médicas (Cemafe) de la ciudad capital, que atiende los casos de práctica de aborto de segundo nivel del centro norte de la provincia, justo en el momento en el que la demanda es mayor. Organizaciones de mujeres y socorristas replicaron el reclamo en medios locales y provinciales. La ministra de Salud, Sonia Martorano, rápidamente salió a responder que “estaba al tanto de la situación” y que “todo se irá acomodando”. Pero lejos está la situación de resolverse. Al momento, el equipo fue en gran parte desmantelado, y no cuenta con los insumos básicos para poder realizar la práctica. A su vez, continúa el hostigamiento y las presiones para quienes lo integran. Por otra parte, los tiempos de la gestión no contemplan la cantidad de adolescentes y mujeres que esperan ser turnadas para una práctica segura en la provincia. Hay personas que esperan turnos hace más de tres semanas y que son derivadas a Rosario, pero no son acompañadas ni siquiera con los pasajes o el asesoramiento para transitar la derivación del primer nivel de atención a un hospital. La gran acumulación de casos responde a que, en la agenda de la gestión, de la dirección de Salud Sexual y de la ministra, no está cumplir con la ley en los hospitales de alta complejidad de Santa Fe. Ambas instituciones están controladas por conocidos objetores y amigos del clero, como Juan Pablo Poletti del hospital Cullen y Samuel Seiref del hospital Iturraspe. En el hospital de Niños Alassia, la condición de precarización extrema del personal de salud imposibilita que los profesionales decidan garantizar IVE a las niñas víctimas de violación. Tanto la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir regional Santa Fe como la Campaña por el Derecho al Aborto, emitieron comunicados repudiando la situación. La posible presentación de una carta en el ministerio podría habilitar una jornada de reclamo en la calle para la próxima semana. Estas iniciativas deben profundizarse e incluir una fuerte denuncia a la orientación política del gobierno del PJ en la provincia que, demagógicamente, hizo campaña por un ministerio de Igualdad y Género que no emitió una sola palabra al respecto y que no ha dado respuestas a los innumerables flagelos y violencias que sufrimos las mujeres trabajadoras en la provincia. Tomar la calle es fundamental, cuando gran parte del movimiento de mujeres que responde al gobierno provincial elije mirar hacia otro lado. Lo hacen en medio de la grave situación que viven muchas personas que esperan la práctica, como así también el personal de salud que la garantiza. La efectiva implementación de la Ley depende de que no abandonemos la lucha, y que nos organicemos contra la objeción de conciencia en cada ciudad.

6 de febrero de 2021
Elecciones en Ecuador

Las elecciones que tendrán lugar mañana en Ecuador reúnen características particulares. Por un lado, ha firmado un acuerdo con el FMI, para renegociar una deuda de u$s17 mil millones y obtener un financiamiento adicional de u$s6500 millones, a cambio de un ajuste draconiano del gasto social. El gobierno actual le deja servido al sucesor el ‘plan económico’ que reclaman en Argentina el capital financiero, las cámaras patronales y el macrismo. La próxima administración debutará con una hoja de ruta diseñada con total desprecio por los votantes. El plato fuerte ni siquiera es éste, porque Lenin Moreno, el presidente en funciones, suscribió un acuerdo aún más leonino con la Corporación Financiera Internacional (CFI), una entidad del gobierno de Estados Unidos, para repagar la deuda de Ecuador con China, con la finalidad de excluir a las compañías de ese país de las redes de telecom 5G. De acuerdo a una información provista por Clarín, Alberto Fernández y el chileno Sebastián Piñera habrían llegado a un acuerdo para hacer lo contrario, o sea comenzar a hundir los cables para habilitar la presencia de Huawei en el cono sur. El jefe de la Corporación norteamericana ha lanzado lo que llama “un nuevo modelo”, para “eyectar a China de la nación latinoamericana". Dice que la finalidad de la Corporación es impedir “la indebida injerencia de los países autoritarios en otros países” (Financial Times, 14.1). El nuevo gobierno de Biden ha decidido disputar el control político de Ecuador como un Trump cualquiera. En efecto, estas acciones fueron diseñadas por el antecesor de Biden, en un plan llamado “Red Limpia”, que consiste en excluir a China de la instalación del 5G. Un vaso comunicante entre los acuerdos con el FMI y con la CFI es la creación de una asociación público-privada para comprar el petróleo y los activos estatales de Ecuador, para que el gobierno cancele la totalidad de la deuda con China. Una suerte de menemismo retrasado, en alusión a la privatización masiva de empresas del peronismo de los 90, para disminuir la deuda pública. Encima de esto, se ha establecido la venta de los yacimientos de petróleo a dos empresas extranjeras y la licitación de la minería metálica. Es que la deuda externa de Ecuador es de u$s 42 mil millones, o sea que el canje de deuda con los fondos internacionales contempla el pago con el remate de los activos públicos. El PBI de Ecuador cayó, en la pandemia, un 9% anual – un verdadero desplome. Como diría el fallecido fascista Francisco Franco, el electorado ecuatoriano recibe un “paquete bien atado”. Tres candidatos, entre dieciséis, disputan los comicios. Guillermo Lasso, que se presentó hace cuatro años contra Lenin Moreno, que todavía era ‘correísta’, es un banquero que aplaude el sometimiento nacional de Ecuador. Yaku Pérez, que lidera una coalición indigenista, Pachakuik, es calificado por la prensa como un ecologista de izquierda, al que recuerdan como uno de los líderes de la rebelión popular de 2018. Con esos títulos a cuestas, Yaku llamó a votar por el banquero Lasso, en la segunda vuelta de 2016. A pesar de su condición ambientalista y opositor a la minería a cielo abierto, su programa no contempla la anulación del acuerdo con el FMI ni con la CFI, cuyo eje es el remate de activos estatales y la inversión minera metalífera y no metalífera. Propone “una consulta popular” para decidir si Ecuador “es un país extractivista o no” Andrés Araúz, el candidato de la Revolución Ciudadana de Correa, se ha presentado hasta ahora en línea con los Fernández: renegociar el acuerdo renegociado con el FMI, incluyendo la posibilidad de su repudio. Argumenta, correctamente, que los acuerdos con el Fondo no son tratados internacionales, de modo que pueden ser anulados en forma unilateral. El repudio del acuerdo ocupa un lugar subordinado a la renegociación, con vistas, probablemente, a obtener algo parecido a lo que intenta Guzmán, como plazos más largos y reducción módica de intereses. También es probable que resista una ruptura con China, aunque no ha desarrollado este punto como se lo merece. Como su mentor, Correa, es un defensor de la minería en gran escala, y en materia de contratos petroleros plantea desconocer los firmados por Lenín Moreno, pero no la alternativa de la nacionalización de los hidrocarburos. Como ocurre desde el primer día, Araúz es partidario de conservar la dolarización monetaria, que supone compatible con la financiación del Tesoro de Ecuador con las reservas del Banco Central. De este modo, sostiene que Ecuador podría tener política monetaria propia, mediante la multiplicación del crédito de los bancos al sector privado. Si acertara con este planteo, tendría derecho a integrar la Reserva Federal de los Estados Unidos, con carácter autónomo. Observado este cuadro en su conjunto, es claro que Ecuador no ha abandonado el campo de la rebelión popular, con una desocupación del 10% y un desempleo informal gigantesco. Araúz no ha planteado una movilización de masas capaz de hacer frente al desafío de hacer frente al programa de “Red Limpia” que dejó Trump, para países como Ecuador, ni el “nuevo modelo” que lanzó Biden para un copamiento geopolítico de Ecuador por parte de Estados Unidos. Ecuador es un país bisagra de la Gran Colombia, con fronteras con Venezuela y Colombia. Biden reiteró su propósito de imponer un ‘cambio de régimen’ en Venezuela. Perú, al sur, ve desmoronarse su economía, al punto que ha cerrado las AFJP, ese ‘mercado local’ de capitales con el que sueña el argentino Guzmán, que pretende restablecer la jubilación privada. América Latina se encuentra en la red de una crisis potencialmente revolucionaria. De acuerdo a los sondeos, no habrá ganador en la primera vuelta, aunque Andrés Araúz pica en punta, con varios cuerpos a su favor. En ese caso, el ballotage será el escenario de una intervención política internacional, en función de todo lo que se disputa. La presión apuntará, eventualmente, hacia Yuka Pérez y su vocación por el oportunismo. Los resultados de mañana, domingo, serán clarificadores.

6 de febrero de 2021
Brasil: los docentes van a la “huelga por la vida”

La huelga docente en Brasil avanza en los principales estados del país, principalmente en Río de Janeiro y San Pablo. Luego que la Justicia (29/01) hubiera suspendido el regreso a las clases presenciales en San Pablo, Y el presidente de la Corte de Justicia del estado, Geraldo Francisco Pinheiro Franco derogara la orden judicial, la docencia respondió decretando la huelga general desde el lunes 8, fecha del retorno a las aulas. Por su parte, en Río, el gobierno dictó la vuelta a clases para el 1 de marzo. Ambas resoluciones fueron rechazadas por los gremios docentes de estos estados con una huelga que se ha definido “por la vida”. En el caso de Río, el apoyo a la huelga es aplastante, con el 89% de los afiliados a la Unión Estatal de Profesionales de la Educación de Río de Janeiro (Sepe-RJ) En un comunicado el Sepe-Rj señala: “La reapertura de las escuelas y el regreso a las actividades presenciales en medio de una pandemia, que en este momento tiene una segunda ola de pico de contagio y muertes, favorecerá aún más la circulación y el hacinamiento de personas, provocando un aumento en el nivel de contagios y muertes. La red municipal de Río es la red más grande de América Latina y un referente, su reapertura puede tener un efecto dominó en otras redes de educación (...)” (Idem). Las autoridades han dejado bien en claro, sin embargo, su posición: “en caso de que la pandemia empeore, las escuelas deberían ser las últimas en cerrar y las primeras en abrir” (Ibidem). En San Pablo, para la Corte, mantener las escuelas cerradas aumenta la deserción escolar. Que las condiciones en las escuelas no están dadas para respetar los protocolos aprobados, es lo que denuncia el presidente del Sindicato de Profesionales de la Educación en Educación Municipal de São Paulo (Sinpeem), Claudio Fonseca: “al analizar la situación de los niños en las escuelas, dice, “vemos que no hay forma de mantener la distancia física entre bebés y adultos. Aunque se reduzca, no hay forma de no tener contacto. Los profesores tienen contacto directo con los niños de 0 a 3 años y también de 4 a 5 años, tiene que haber mucho aire en las escuelas, pero lo que vemos son ventanas enterradas, pasillos estrechos.” (Portal Terra, 30/01). Los sindicatos señalan que la reapertura debe ser precedida por la vacunación masiva.

6 de febrero de 2021
Moyano: acto en homenaje al enfermero Mario Flores
Maxi S. Cortés · Enfermería de Tribuna de Salud - Tendencia - CABA

La muerte por Covid del enfermero Mario Flores no fue indiferente para sus compañeros del hospital Moyano. Ayer 5 de febrero, los compañeros realizaron en la puerta de entrada del hospital un reconocimiento y homenaje al compañero. Una muerte que podía ser evitada Mario falleció a los 58 años de edad en el hospital Muñiz, donde estuvo internado por dos semanas. La muerte de trabajadores de la salud en pandemia no es novedad, pero tuvo el impacto de ser de las primeras dentro del personal de salud de la CABA, como producto del rebrote de inicio de este año. En el sistema público, el número de enfermeros fallecidos en pandemia se acerca a 300. El rebrote había tomado a Mario, como le sucede a tantas trabajadoras y trabajadores de la salud, muy cansado, luego de batallar todo el 2020 contra la pandemia en un sistema de salud fuertemente precarizado, sin licencias, francos y días de descanso suficientes. La falta de incorporación de personal es uno de los reclamos más sentidos de todos los servicios del sistema de salud, desde terapistas y médicos a enfermería. Por eso la enfermería lucha por el reconocimiento de sus tareas. Mientras tanto, más de mil estudiantes de enfermería en la provincia de Buenos Aires esperan se habiliten sus prácticas finales para recibirse y poder trabajar. Fueron suspendidas por el ministerio de educación de la nación al inicio de la pandemia. La muerte de Mario es responsabilidad del estado, para quien el personal de enfermería es menos que un número, y de las burocracias sindicales que nada hacen frente a toda esta realidad que viven los trabajadores. Como dicen los trabajadores del hospital Moyano, “la muerte de Mario podía evitarse”. El acto A Iniciativa del colectivo independiente de trabajadores de enfermería del hospital, los compañeros directos de Mario se organizaron para imprimir fotos y armar carteles de despedida, invitar a los familiares que se hicieron presentes y realizar un acto donde hablaron compañeros, familiares y se leyó una poesía elaborada por uno de los obreros del hospital. Se acercaron al acto delegaciones de algunos sindicatos, personal de supervisión de enfermería, trabajadores del departamento de servicio social y el subdirector del hospital. En el emotivo acto se reflejó el esfuerzo y la dedicación con la que interviene todo el personal de salud. Pero también las graves condiciones de precariedad y salarios de miseria que no permiten a los trabajadores esenciales llegar a fin de mes, obligándolos al pluriempleo y exponiéndolos a un mayor riesgo y vulnerando su salud. La muerte siempre se presenta como un hecho de tristeza, pero la muerte de un obrero atraviesa transversalmente a todos los compañeros despertando instintivamente un lazo de unidad de clase que se respira en el ambiente. Así se vivió en la puerta del hospital. El 2021 será para el personal de salud un gran desafío. Para poder hacerle frente a una “segunda ola” es necesario superar estas condiciones que oprimen a los trabajadores con organización y unidad de clase. Una vez más, en la defensa de nuestros derechos laborales se juega la vida de los trabajadores y de la población.

6 de febrero de 2021
YPF, la punta del ovillo

Las penurias acerca de la provisión de vacunas llevaron al segundo plano de la exposición pública a una cuestión económica de primer orden. En la semana que pasó, la segunda oferta que realizó YPF para reciclar un vencimiento de deuda de 430 millones de dólares que debía pagarse en marzo fue rechazada por un agrupamiento de acreedores que representa al 45% del total. Lo más probable, por lo tanto, es que la nueva oferta termine en un nuevo bochazo. El renunciado presidente de la petrolera, Guillermo Nielsen, pretendía cancelar ese vencimiento con dinero contante y sonante. Pero el Banco Central le negó los dólares para ello, a partir de la crisis de reservas internacionales. Como consecuencia de ello, YPF tuvo que reestructurar ese vencimiento. Ahora, el rechazo de los fondos acreedores coloca a la petrolera a la vera del default. La nueva oferta de YPF llamó la atención por sus condiciones particularmente leoninas: además de los generosos pagos en efectivo –“endulzantes”- ofrecidos a los acreedores, la propuesta contemplaba intereses de hasta el 9% en los últimos tres años. A primera vista, pueden adivinarse dos razones del rechazo: en primer lugar, y sabiendo que la puerta de la cancelación de la deuda ya ha sido cerrada por el Banco Central, los acreedores especulan con arrancarle nuevas concesiones a YPF, si es que ésta quiere evitar una cesación de pagos. En segundo término, y sin excluir a lo anterior, los fondos que reclaman la deuda han tomado nota de la insolvencia ypefiana. Ocurre que YPF debe 6400 millones de dólares, cuando su valor bursátil apenas supera los 1200. Esta relación entre la deuda y el capital pone de manifiesto el final de un largo proceso de liquidación de la petrolera estatal, con la participación sucesiva del menemismo, el kirchnerismo y el macrismo. Después del colapso del macrismo -2018-2019-, la petrolera acumuló una inmensa mochila de deuda dolarizada, de un lado, y la forzada desvalorización de activos –y de los propios precios de los combustibles medios en dólares, del otro. Los administradores del gobierno F F intentaron pilotear esa crisis con los viejos recursos del kirchnerismo. Por un lado, dolarizando la producción de gas; por el otro, combinando los subsidios del Tesoro con aumentos sucesivos en el precio de los combustibles. La patria petrolera , donde militan Tecpetrol-Techint, Vista –la empresa que dirige el cristinista Galluccio- y otros, pueden estar satisfechos con la política de incentivos a la extracción, el llamado negocio de aguas arriba Pero los accionistas y acreedores de YPF, donde revistan BlackRock y otros, exigen resultados aguas abajo , o sea, en las tarifas y en los beneficios de la compañía, que vende más del 50% de los combustibles del país. El primer punto para pagar la gigantesca deuda acumulada, por lo tanto, es una política hecha y derecha de tarifazos. FMI Sea por la vía de la deuda o de las tarifas, es evidente que la crisis de YPF involucra al conjunto de la política económica. Por eso, en el rechazo de los acreedores de YPF al arreglo de deuda podrían terciar cuestiones que exceden a la mera “reestructuración”. Según el periodista Bonelli, los fondos internacionales asocian la decisión de reciclar los vencimientos de YPF a una política más general de bicicleteo de las definiciones económicas. Y principalmente, de evitar el arreglo con el FMI en el curso de los próximo meses. Aguantando las escasas reservas internacionales disponibles, el gobierno intentaría contener la escalada inflacionaria, por un lado, y evitarse la “cicuta” del plan de “facilidades extendidas” (condicionamientos) que vendrían de la mano de un arreglo con el Fondo, a pocos meses de las elecciones. La contención cambiaria , por otra parte, es crucial para el plan de paritarias con un techo del 30%, aún cuando la inflación proyectada por todos los especialistas alcanza al 50%. En medio de las enormes tensiones planteadas por la carestía, la miseria social y el horizonte de una “nueva ola” pandémica, el temor a una reacción popular no se limita a la cuestión del voto –el cual, además, tiene como principal destinatario “alternativo” a enemigos jurados de los trabajadores. Para octubre falta mucho, y la agenda popular se cocina en las fábricas, los barrios y las escuelas. Por los mismos motivos –la perspectiva de una irrupción popular- el gobierno de Arcioni, en Chubut, ha postergado la habilitación a la minería a cielo abierto, que anteriormente había recibido la venia de los dos Fernández. Detonantes A la luz de lo anterior, el rechazo de BlackRock, Fidelity y otros al arreglo con YPF ha ofrecido “otra” lectura –es un golpe de mano contra la política oficial y una exigencia de definiciones inmediatas, comenzando por el arreglo con el FMI. Más allá del cimbronazo en YPF, los fondos podrían ser protagonistas de nueva corrida cambiaria, con los mismos propósitos.- En otro plano, el capital agrario se apresta a rechazar un aumento de retenciones con medidas “de lucha”, y en las vísperas de la nueva cosecha. La crisis política y económica parece abarcar a los “de arriba”, pero sus consecuencias sacudirán profundamente a los “de abajo”. La lucha por la vida y la salud, por el salario, por paritarias libres y el derecho al trabajo plantea una deliberación a fondo de la clase obrera, y la preparación de una lucha para que seamos protagonistas en el desenlace de una crisis explosiva.

7 de febrero de 2021
Rechazaron la excarcelación de Sebastián Romero. Una prisión política descarada
CADeP

El día martes 2 de febrero de 2021, después de un planteo de excarcelación realizado por la defensa que llevamos adelante desde CADeP, el Tribunal Oral Federal 3 rechazo el pedido de libertad de Sebastián Romero, privado de su libertad desde hace más de 8 meses. Debemos recordar que Sebastián fue detenido el 30 de mayo de 2020 y extraditado a nuestro país en el marco de la causa que se le sigue por su participación en la movilización popular del 18 de diciembre de 2017. El 7 de agosto del año pasado logramos que la justicia federal le otorgue la prisión domiciliaria, lo que mejoró su situación pero siguió detenido en su domicilio. A más de 8 meses de privación de libertad denunciamos que está detenido por una acusación que aún en caso de condena le permitiría estar en libertad y el tiempo que lleva preso podría, aún en caso de condena efectiva, pedir la libertad condicional. Es decir que “Sebastián Romero siendo inocente y no habiendo sido condenado por ningún delito está preso, cuando si estuviera condenado podría estar en libertad”. Sebastián sigue preso sin justificación alguna, perseguido por la acción criminalizadora de jueces y fiscales, y el silencio cómplice de todos aquellos a quienes los inquieta la justa rebeldía popular y la lucha. Seguiremos peleando y exigiendo por la libertad de Sebastián Romero tanto en los tribunales como en las calles. Libertad a Sebastián Romero y todxs los presxs políticxs!! Febrero 2021

7 de febrero de 2021
Últimos días de la Campaña Financiera del Partido Obrero Tendencia en Trelew

El Partido Obrero Tendencia es una fuerza política que sostiene su existencia, actividades y campañas con el aporte de sus militantes, de simpatizantes y amigos. Todo lo contrario de las fuerzas políticas patronales, como el PJ, la UCR o el PRO, por citar los casos más conocidos, que se valen de grandes recursos del Estado y empresas, “favores” que luego son devueltos con políticas de ajuste y negociados de espalda al pueblo. En Chubut esta situación está a la vista de todos con el debate minero, donde se observa a todas las fuerzas políticas acordar con la megaminería. Lo mismo ocurre con las petroleras, Aluar, las pesqueras o grandes terratenientes como Benetton. Todas estas fuerzas políticas están al servicio de estos intereses y no dudan en reprimir y criminalizar al pueblo que lucha. En Trelew el Partido Obrero Tendencia tiene pocos meses de existencia pero hemos participado sin titubeos en las grandes luchas de la provincia del último tiempo: hemos colaborado en las luchas de Sedamil, con los trabajadores de la pesca de FYR S.A., somos parte en la lucha de docentes y de la salud y venimos interviniendo fuertemente en las movilizaciones contra la megaminería con la orientación de que se articule con la lucha contra el ajuste en curso. En las últimas semanas impulsamos una campaña de pintadas en las barriadas populares con las consignas “Fuera Arcioni, Sastre y la corrupta Legislatura”, “Huelga General en defensa de los salarios y el agua”, “Congreso de trabajadores de base”, “Aprobación ya de la Iniciativa Popular contra la megaminería”. Hemos escrito artículos al respecto y volanteado en varias oportunidades nuestras declaraciones políticas. Todas estas acciones demandan gastos. Es por ello que para poder sostenernos lanzamos en diciembre nuestra campaña financiera de medio aguinaldo. Somos conscientes de la crisis económica que aqueja a nuestra provincia, y que a los trabajadores estatales les adeudan varias masas salariales, por eso llamamos a que colabores con el aporte económico que puedas con nuestra campaña. También podés hacerlo participando del sorteo de dos librazos que haremos en la cuenta de Facebook del Partido Obrero Tendencia Chubut el próximo 10 de febrero, nos estamos refiriendo al libro de Diego Rojas "La izquierda. Héroes, rebeldes y leyenda de la revolución socialista en la Argentina", y al de Alexandra Kohan "Y sin embargo, el amor. Elogio de lo incierto". Cada número de la rifa está 100 pesos. Si no sos de Trelew, y querés colaborar con el sorteo o aportando económicamente a la campaña, también podés hacerlo. Solo tenés que comunicarte con nosotros.

7 de febrero de 2021
Estudiantes de enfermería, adelante

Alrededor de 1000 estudiantes de enfermería de toda la provincia de Buenos Aires esperan, desde iniciada la pandemia, poder cursar sus últimas prácticas para finalizar su carrera, poder matricularse e incorporarse al sistema laboral sanitario. Reclaman al ministerio de Educación una urgente revisión de la ordenanza que las bloqueó. Mientras tanto, el rebrote Covid del verano no cesa y se espera un pico mayor al del 2020 para el próximo invierno. Esta realidad sucede en diferentes institutos y universidades públicas y privadas de la provincia de Buenos Aires donde se dicta la carrera de técnico en enfermería y la licenciatura en enfermería. Las instituciones alegan la suspensión de las prácticas debido a la ordenanza 104/2020 correspondiente al ministerio de educación nacional. Los gobiernos municipales consultados no dan respuesta. Los estudiantes por su parte cuestionan la ordenanza del ministerio ya que el gobierno nacional desde hace meses cambió la medida tomada de ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio) a DiSPO (Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio). Con prácticamente la totalidad de la carrera cursada y aprobada están a la espera de finalizar su carrera, graduarse e ingresar al mercado laboral. “En este punto, es muy importante destacar, que la mayoría de los estudiantes de enfermería son mujeres, muchas madres de familia y único sostén económico...” (Carta al ministerio de los estudiantes) En tanto el perjuicio que genera el retraso administrativo no solo afecta a los estudiantes que no pueden acceder a una fuente de trabajo para subsistir económicamente, sino también al sistema de salud y la sociedad en su conjunto. Los estudiantes plantean la posibilidad de realizar las prácticas con simuladores o a través de incorporar a los futuros enfermeros en los grupos prioritarios del proceso de vacunación para luego integrarse a las prácticas presenciales. Los trabajadores de la salud están extenuados desde hace meses, con una sobreexigencia laboral y expuestos al riesgo de contagio. La incorporación de personal es uno de los reclamos más sentidos, junto al aumento salarial. En el interior, provincias como Neuquén o Río Negro presentan situaciones dramáticas. Estudiantes de institutos de Mar del Plata, Adrogué, Merlo, de la Cruz Roja, de zona sur, zona norte, La Matanza y La Plata, entre otros, han comenzado a organizarse y elaboraron un petitorio dirigido al ministerio. Otras disciplinas que se encuentran en la misma situación han comenzado a acercarse a los estudiantes de enfermería para empalmarse en el reclamo. La campaña planteada por los estudiantes es apoyada e impulsada por Tribuna de Salud Tendencia y nos ponemos a disposición del colectivo. Los sindicatos de la salud, como así también comisiones internas, juntas y listas deben pronunciarse al respecto para promover una amplia solidaridad y que el petitorio al ministerio de educación con el máximo apoyo y acompañado de una movilización. ¡Unidad de los trabajadores!

7 de febrero de 2021
SUTEBA: no a la “presencialidad”, asambleas por escuela y asamblea general

Con el correr de los días, en la docencia de la Provincia de Buenos Aires se consolida una corriente de rechazo a la imposición de la presencialidad en las escuelas, por parte de Kicillof. En distritos como La Matanza, Ensenada, Lomas de Zamora, Escobar, Florencio Varela y San Fernando, entre otros, se instala una idea: “No hay condiciones para volver “seguros” a las escuelas”. Lo mismo ocurre en los grupos de WhatsApp de los trabajadores de la educación. Los aprietes ya han comenzado. Para el 11 y 12 de Febrero fueron convocadas “jornadas institucionales” de manera presencial en las mismas escuelas. Se trata de una primera “medición de fuerzas”. Los docentes han respondido con la exigencia de que las ‘jornadas’ se realicen de manera virtual. Hay, asimismo, directivos que se oponen a la convocatoria presencial. Kicillof ha anunciado un “Programa de Fortalecimiento de la Planta de Docentes y Auxiliares”, para incrementar los módulos para el dictado de clases presenciales. La dirección provincial del SUTEBA apoya la presencialidad “segura”, el eufemismo que utilizan los presencialistas a sabiendas que ella no existe. Un epidemiólogo partidario de la reapertura escolar recomienda, en La Nación del domingo, que “los chicos no deberán compartir juguetes, materiales ni comida”, como un ‘sólido’ ejemplo de ‘seguridad’. También recomienda seguir el ejemplo de Europa – cerrar y abrir escuelas, sucesivamente -, en función de los contagios, luego de asegurar que el docente no infecta, por su condición de “adulto joven”, y los chicos tampoco, por definición. Baradel llama a consensuar “condiciones”, que hoy no existen, como obras e infraestructuras. Kicillof ya tiene aprobado, desde fines de año pasado, un Plan Juridisccional por un “retorno seguro a las aulas” (sic) que no fue debatido con ningún docente, ni con nadie. Baradel y Cía. no han convocado a asamblea, ni reunión de delegados para que la docencia tome la palabra. Lo que diga la dirección del gremio en los medios corre por su cuenta, ya que no tienen mandato para ello. La semana que viene se realizarán asambleas en casi todas las seccionales que dirige la lista Multicolor La primera será este lunes 8 en La Matanza, en donde ya hay anotados más de 300 compañeros para participar en el debate virtual. El pronunciamiento por el no inicio de clases y el rechazo a la presencialidad viene ganando fuerza, tanto entre los docentes como entre los profesionales de la salud. Según una encuesta de Analogías, “el 63% de los argentinos cree que no están dadas las condiciones para la presencialidad” (economis.com 7-2) Las corrientes que integran el Frente de Izquierda llaman, como lo hace Baradel, a impulsar una “presencialidad segura”. No condicionan, sin embargo, el regreso a las aulas a que se formen antes los comités de seguridad e higiene que reclaman para cada escuela. De nuevo, la ‘seguridad’ es el eufemismo del retorno a clases en medio de una pandemia a la que todo el mundo pronostica una “segunda ola” más aguda que la primera. Como los comités de seguridad e higiene no pueden hacer bajar la circulación del virus, comprar vacunas o realizar las refacciones estructurales de las escuelas, su función debería ser vetar la “presencialidad”, hasta que esas condiciones se cumplan, o sea no reanudar las clases. De nuevo, la consigna por “una presencialidad segura”, es la que levantan todos los partidarios de reanudar las clases, desde la UIA y el Episcopado hasta Patricia Bullrich y Sergio Berni. Desde Chicago y Wisconsin hasta San Paulo y Río de Janeiro, pasando por Hamburgo y Madrid, se desarrolla una lucha de clases entre el capital y el trabajo, el uno por imponer una ‘nueva normalidad’ capitalista, el otro por la defensa de la salud y de la vida. Tribuna Docente (Tendencia) ha iniciado una campaña en toda la provincia para oponernos de plano a la presencialidad en las escuelas bajo la pandemia, o sea a favor de boicotear la decisión del gobierno, incluida una eventual huelga general de actividades pesenciales y virtuales. Llamamos a todos los activistas y a toda la docencia a pronunciarse contra la ‘presencialidad’ en las condiciones actuales y a adoptar las medidas que sean necesarias. Exigimos a Baradel y compañía la convocatoria a asambleas generales en todas las escuelas, elección de delegados y una asamblea provincial.

7 de febrero de 2021
Del Plá lo afirma, López lo confirma. Defensa de la presencialidad con la UIA, el episcopado y el gobernador

En un vergonzoso intento de justificar a Del Plá, Pitrola y Gabriel Solano, Pablo López no ha hecho más que terminar confirmando lo que la docencia salteña y de todo el país está viendo con sus propios ojos: todo el aparato del PO ha decidido colocarse del lado de Alberto Fernández, Larreta, Sáenz y la UIA en la defensa de la apertura de las escuelas. Solano ha hecho circular un ‘flyer’ que convoca a la UJS oficial a una reunión para impulsar “una vuelta a clases segura”. La Iglesia Católica Argentina, informa La Nación (7.2), se suma al reclamo (sic) por el regreso a clases presenciales porque es “el modo más adecuado para educar”. El clero que ha hecho ‘lobby’ por la ‘presencialidad’ a la que dice “sumarse”, ni siquiera menciona a la pandemia, a las viejas y nuevas cepas más virulentas, al pronóstico de una segunda ola y la admisión, por parte de macristas y kirchneristas, de que probablemente deberán abrir y cerrar escuelas de acuerdo a cómo sople el viento, lo que es un método anti-pedagógico por definición. López se autojustifica con un dislate que insulta la inteligencia más primitiva, al defender la presencialidad contra la virtualidad, cuando el asunto es la pandemia, los contagios, la salud, la vida y la muerte. No vimos a López reclamar la reapertura de escuelas en todo el año; lo hace ahora para sumarse el ‘clamor’ del capital, de los medios de comunicación y el clero, a iniciar una ‘nueva normalidad’ capitalista. Son precisamente los beneficiarios de la “mercantilización de la educación”, que López dice denunciar, quienes exigen la apertura de las escuelas privadas y confesionales, y de un modo general el capital, que necesita reactivar la circulación de clientes y consumidores. ¡Mercantilismo al palo, es la posición de Pablo López, que ha perdido hasta los restos de una conciencia socialista crítica. López mediante, venimos a descubrir que la educación presencial no está mercantilizada y que uno de sus principales beneficiarias es la curia católica ¡en Salta! López asegura que siempre denunciaron el derrumbe educativo, pero se ve que esas denuncias han dejado de convencerlo a él y sus acólitos, porque la ‘presencialidad’ que reclaman tendrá lugar en medio del derrumbe educativo. Omite señalar que la vuelta a la presencialidad, que tanto reclama él y la camarilla oficial del PO, disparará los casos de Covid, porque simplemente ha apartado a la defensa de la salud y la vida de su planteo. Por otro lado, el sistema de salud se encuentra en peores condiciones que el año pasado. De buzón en buzón López dice que él y Del Plá están por el no inicio de clases. No esperábamos un recule tan veloz. Le juega en contra el archivo. “Organicémonos por una vuelta a clases segura”, dice el ‘flyer’ de Solano. Lo mismo dice monseñor Eduardo Martín, arzobispo de Rosario, para justificar el documento del Episcopado. López afirma que “la asamblea de Capital, del pasado jueves 4, se aprobaron buena parte (sic) de nuestras mociones y claramente se plantea que vamos al no inicio de clases si no hay respuesta”. Entre la ‘buena parte’ que se atribuye López no figura el no inicio. Consta en actas de la asamblea que su fracción no propuso el no inicio. ¿A qué juega López: a ‘organizar el inicio' como dice Solano, antes de Solano Pitrola y antes de Pitrola un tal Winograd, o a recular en cuatro patas y admitir que tendrá que someterse a los docentes de Salta, cuando voten el “no inicio”? Los gobernadores y los Fernández no pueden dar respuesta a nada, porque las cosas son como son: la presencialidad es una trampa mortal a la salud. Electoralismo López atribuye nuestras críticas a Del Plá cuando estamos a “tres meses de una elección provincial”. ¿Lo afectó el Covid? No ha sido la dirección real del PO de Salta la que inició el asunto; lo nuestro fue una reacción. Del Plá se despachó por su cuenta con la posición del aparato oficial nacional, sin consultar a un solo maestro de Salta o de dónde sea. Adelantó la posición ‘presencialista’ en la creencia de que interpreta al ‘electorado’. Lo hemos denunciado de entrada. López reivindica, precisamente, el pedido de interpelación parlamentaria que hizo Del Plá, a favor de una ‘presencialidad’ segura, que no es la posición que ha votado la asamblea – por el no inicio, no a la ‘presencialidad’. Del Plá ha denunciado la “crisis terminal” de la educación en la legislatura pero no el rechazo a la presencialidad que el gobierno quiere imponer en estas condiciones de “crisis terminal”. El sector de delegados docentes afines Sáenz, que boicotean la lucha por el no inicio que están dando los sectores más combativos de los autoconvocados, dice que el no inicio depende del gobierno, a sabiendas de que éste no podría revertir el derrumbe educativo y la escalada del covid. Tomado en su conjunto, el intento de ‘presencialidad’ ya muestra señales de crisis, lo que explica el reacomodo discursivo de los delegados de la docencia pro-gubernamentales y el de López-Del Plá. A contrapelo de este dúo de la presencialidad, a la asamblea de Orán de hace una semana se le sumaron el departamento de San Martín, primero, y ahora Iruya, Santa Victoria y Rivadavia, para votar el no inicio y por un básico igual al costo de la canasta familiar, en una asamblea de los departamentos del norte provincial. Vamos contra la ‘presencialidad’ criminal.

7 de febrero de 2021
Profesionales de la salud le exigen al gobierno NO retomar las clases presenciales
Trabajadores de la Salud

COMUNICADO DE PROFESIONALES DE SALUD Y EDUCACIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA A: Dr. Ginés González García, Ministro de Salud de la Nación Dr. Nicolás Trotta, Ministro de Educación de la Nación Lic. Soledad Acuña, Ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Dr. Fernán Quirós, Ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires La comunidad de profesionales de la salud y de la educación abajo firmantes presenta este pronunciamiento para compartir con la sociedad algunas consideraciones acerca del retorno presencial a las escuelas en 2021 del país. Debido a las condiciones epidemiológicas alarmantes que estamos atravesando por la pandemia del COVID-19, al crecimiento de contagios, a los miles de personas fallecidas y su consecuente afectación en la capacidad del sistema de salud, como así también a la aparición de distintas mutaciones del virus en el mundo (Reino Unido, Brasil, Sudáfrica), consideramos fundamental que el Estado garantice las condiciones de cuidado de la salud integral de los/as niños/as y adolescentes, así como también de la comunidad educativa en general y de la sociedad en su conjunto, y posponga el retorno a la presencialidad obligatoria en las escuelas del país. Las escuelas cumplen variadas e imprescindibles funciones, entre ellas hacer efectivo el Derecho a la Educación, y constituyen un articulador central en la socialización y en los procesos de subjetivación de los/as niños/as y adolescentes. Es requisito considerar estas funciones subsumidas al Derecho a la Vida. Diversas investigaciones llevadas a cabo en Alemania, Gran Bretaña y los Estados Unidos desmienten la idea de que niños/as y adolescentes se contagian menos, y señalan que pueden tener consecuencias a largo plazo (long covid) e incluso desarrollar, en algunos casos, cuadros más graves, como; el Síndrome Inflamatorio Complejo, al tiempo que llevan incertidumbre y angustia a quienes lo padecen, así como a sus familias. Las circunstancias que estamos viviendo impactan en el psiquismo y la subjetividad de los/as niños/as y adolescentes, pero resulta también de gravedad el daño que les genera la desprotección de quienes deberían garantizar su cuidado. De hecho, las experiencias de apertura de las escuelas en el hemisferio Norte son diversas y muestran resultados alarmantes: incluso en zonas con valores de circulación comunitaria más bajos que los de Argentina, no pudieron evitarse los rebrotes y se ha llegado a situaciones graves, que obligaron a dar marcha atrás por las altas cifras de contagios y muertes. Además, allí donde se ha debido aislar a cursos completos a causa de un contagio, se ha generado, más allá del riesgo de enfermedad y muerte, más incertidumbre y angustia en los/as niños/as y adolescentes. Desconocer esta peligrosa complejidad implica poner en riesgo a nuestra comunidad. La propuesta de retorno a la presencialidad tal como está siendo formulada en la Ciudad de Buenos Aires y en buena parte del país es ambigua, imprecisa y temeraria, y resulta de una visión idealizada de regreso a las escuelas que soslaya y desconoce las graves repercusiones psíquicas y emocionales que puede implicar para los niños, niñas y adolescentes. Entre ellas, el temor y la angustia que provoca representar(se) como potenciales vehiculizadores de un virus que saben dañino para sí mismos/as y sus seres queridos/as, así como el daño en los vínculos pedagógicos, por la desconfianza que se instala en las relaciones docentes alumnos/as-familias, lo cual obstaculiza las posibilidades de un aprendizaje significativo. El retorno en este momento de emergencia sanitaria ignora también la precariedad de recursos con los que cuenta la comunidad educativa en materia de dispositivos, conectividad, acondicionamiento edilicio, higiene, estado de sanitarios, incremento de personal docente y no docente, entre otros, que deben ser proveídos por el Estado en cada una de sus jurisdicciones. Así también confunde la vacunación en proceso, que no es sinónimo de inmunización comunitaria en el corto plazo. Creemos que, para un adecuado y seguro regreso a la presencialidad, es necesario garantizar las condiciones de cuidados que efectivamente preserven la salud bio-psico-social de la comunidad educativa en su conjunto, imprescindible para lograr procesos de enseñanza y de aprendizaje que sean fructíferos y placenteros. Estas condiciones no están dadas aún. Es responsabilidad del Estado y derecho de nuestra comunidad que el regreso sea seguro, y que nuestras infancias y adolescencias estén protegidas. Es preciso profundizar lo construido en 2020 a través de grupos de trabajo, para incorporar estrategias utilizadas y desarrollar otras nuevas, de acuerdo con la realidad de cada escuela y las familias. Por eso consideramos que debe demorarse el inicio presencial y continuar virtualmente. La educación no debe ser un trofeo de puja político-partidaria. Deseamos y creemos saludable que los/as niños/as y adolescentes se reencuentren, pero ello no puede ser a costa de negar la realidad de pandemia y desigualdad. Por todo eso, consideramos que: La comunidad educativa se construye colectivamente y todos/as sus integrantes tienen derecho a participar en la misma; nos oponemos a la decisión arbitraria e inconsulta de efectivizar el retorno a la presencialidad escolar sin condiciones suficientes para el cuidado de la vida. Solicitamos al Consejo Federal de Educación NO redefinir el Semáforo Epidemiológico, que fue aprobado en 2020 y acordado de manera nacional. La experiencia internacional catastrófica de retorno a la presencialidad, la escasa preparación logística en nuestro país y la falta de transparencia respecto a cómo se proponen resolver los problemas reales de las escuelas, familias y estudiantes nos lleva a solicitar como requisito indispensable la conformación de una mesa mixta, interdisciplinaria, intersectorial, amplia y convocante de los/as diferentes integrantes de la comunidad educativa ante la situación de emergencia por pandemia, en la que se discuta y construya una vuelta a la presencialidad resguardada, progresiva y responsable, antes de que los/as niños/as y adolescentes concurran de manera efectiva. Apoyamos la presencialidad como expectativa, como promesa de encuentro, luego de la unión como comunidad para el cuidado de todos/as sus integrantes. Contactos de prensa: Clara Algranati (1148899875) Valeria Añon (1156397215) Débora Grunberg ( 1159945871) Redes sociales: Facebook: https://www.facebook.com/groups/405287310561971/?ref=share Instagram: Instagram.com/familiasxretornoseguro/ Twitter: https://twitter.com/familiasx Mail: familiasxretornoseguro@gmail.com Youtube: Familias x Retorno Seguro ADHERENTES (primeras firmas) Silvia Schlemenson - Dra. en psicología. Directora de la Carrera de Especialización en Psicopedagogía Clínica. Facultad de Psicología. Universidad de Buenos Aires ‪Analia Wald - Dra. en Psicología y Prof. Directora del Programa de Asistencia Psicopedagógica. Facultad de Psicología. Universidad de Buenos Aires. Miembro de la Dirección de Niñez y Adolescencia de la Federación Psicoanalítica de América Latina. Viviana Garcia - Directora del IFCI-Fesprosa Patricia Alvarez - Prof. A cargo de cátedra de Psicopedagogía Clínica Facultad de Psicología UBA. Juan Carlos Volnovich - Medico, Psicoanalista especializado en Psiquiatría Infantil. Integra en Comité Científico del Foro de Psicoanálisis y Género de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires y el Consejo Asesor de la Revista Topía. Carlos Skliar - Investigador de FLACSO – CONICET Liliana Ongaro - Médica Psiquiatra Infanto-Juvenil Médica principal del Servicio de Salud Mental del Hospital J.P Garrahan Gabriela Dueñas - Doctora en Psicología. Lic. en Educación y Psicopedagoga, Profesora de Posgrado y de Extensión en la Facultad de Psicología y de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario Denise Najmanovich - PhD epistemología, Profesora UBA Susana Murillo - Dra. en Ciencias Sociales (UBA), Magister en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología (UBA), Lic. en Psicología (UBA), Profesora en Filosofía (UBA). Docente - Investigadora Facultad de Ciencias Sociales (UBA). María Elena Naddeo - Presidenta Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Jorge Rachid - Médico, sanitarista, profesor universitario en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Débora Nakache - Profesora de Psicología Educacional I UBA Coordinadora Programa Medios en la Escuela. Ministerio Educación CABA. Hugo Spinelli - Director del Instituto Superior de Salud Colectiva (ISCO) Universidad de Lanús. Alejandra Ballerini - Docente de Salud Pública y Salud Mental y Directora del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Salud y Trabajo. Universidad Nacional de Rosario. Miguel Tollo - Psicoanalista. Alfredo Grande - Presidente de Ático Cooperativa de trabajo en salud psicosocial. Débora Tajer - Profesora Titular Cátedra Estudios de Género Facultad de Psicología, UBA. Juan Jose Calzetta - Profesor Consulto Titular de la Facultad de Psicología, UBA. Ex -Profesor Regular Titular de Psicología Evolutiva: Niñez, Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires. Profesor y miembro del Consejo Académico Asesor de la Carrera de Especialización en Psicología Clínica de Niños y Adolescentes, Facultad de Psicología, UBA. Piovano Gabriela - Médica infectóloga del Hospital Muñiz, (CABA) Florencia Braga Menéndez - Coordinadora General de la Alianza Argentina de Pacientes Coordinadora General de la Alianza Argentina de Pacientes (ALAPA). Beatriz Greco - Psicóloga y Dra. en Filosofía Facultad de Filosofía y Letras, (UBA) Jorge Garaventa - Psicólogo. Karina Cabrera - Directora del observatorio de niñez adolescencia y familia Facultad de Ciencias Sociales UNLZ. Profesora titular del seminario De abordaje Integral en las Adicciones Facultad de Ciencias Sociales UNLZ. Docente a cargo del seminario de integración materno infantil_ Asesora del HCD de Brown_ coordinadora del circulo restaurativo CEJ unidad 40- docente de la diplomatura en cárceles. Oscar Amaya - Psicólogo, Director del SAOP, Servicio público de psicopedagogía de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNLZ. Profesor titular y adjunto de materias de la misma Facultad- Docente en UBA. Gerardo Prol - Coordinador Programa Psicopedagógico para Adolescentes (PPA). Universidad Nacional de San Martín. Cecilia Kornblit - Psicopedagoga. Centro de Salud Mental N° 3. Ameghino. Docente UNSAM. Julia Bonfill - Lic. en Psicología. Especialista en Psicopedagogía Clínica. Adjunta a cargo en la Catedra Clínica Psicopedagogica UNLZ. Coordinadora general y supervisora del Saop (Servicio de Atención y Orientación Psicopedagigica). UNLZ. Julio César Ravizza - Psicoanalista Hospital Eva Perón. Guadalupe I. Aguirre - Psicóloga, Especialista en Psicología Clínica, Institucional y Comunitaria, Docente en la cátedra Psicología en Educación de la carrera de Psicología de la UNR. Doctoranda en Psicología. Secretaria de DDHH y Género de la Facultad de Psicología de la UNR. Adriana Franco - Profesora de Clínica de Niños y Adolescentes y Coordinadora Académica y docente de Carrera de Especialización de Postgrado: Prevención y Atención Psicológica en Infancia y Niñez Facultad de Psicología. U.B.A e Investigadora UBACyT. Yanina Patiño. Docente investigadora y supervisora en Fac. de Psicología UBA. Atilio Boron - Profesor Consulto de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires e Investigador del IEALC, el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, Ex Vice Rector de la UBA y Ex Sec. Ejecutivo de CLACSO Hugo Lewin - Director de la Carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Alejandra Ciriza - Investigadora CONICET, MENDOZA Emilio Taddei - Politólogo Investigador CONICET José Seoane - Dr. en Ciencias Sociales, Docente investigador Facultad de Ciencias Sociales UBA. Alicia Naveda - Dra. en Ciencias Sociales. Directora del Doctorado en Ciencias Sociales Universidad Nacional de San Juan. Margarita Moscheni - Dra. en Ciencias Sociales, Máster en Desarrollo Económico para AL, Lic. En Ciencias Políticas. Investigadora CONICET, Docente UNSJ. (GBA) Roxana Propato, psicóloga. Ixchel Cuéllar, psicóloga Ana Pérez Piñeiro, psicóloga. Marcela Díaz, psicóloga. Paul Douglas Yorston psicólogo. Cecilia Ruggiero, psicóloga. Macarena Cao Gené, psicóloga. María Ángeles Ciordia – psicóloga. (Docentes de la Cátedra Psicopatología Infantojuvenil Facultad de Psicología, UBA). Daniel Feiestein - Sociólogo, Investigador Conicet. Ana Rosa Pratesi - Dra. En Antropología UBA. Docente UNNE e investigadora adjunta CONICET. Fabián Nievas - Dr. en Ciencias Sociales, Prof. Titular (UBA), investigador de CONICET. Natalia Gómez - Licenciada en Psicología, Magister en Ciencias Sociales y Humanidades. Universidad Nacional de Quilmes. Profesora del Instituto de Formación Docente de Bariloche e Investigadora en el área de psicología educacional (UBA). Participante en grupos y organizaciones de arte, salud mental y comunidad (El Brote, Bariloche; Red Argentina de Arte y Salud Mental). ‬ Alejandra Ballerini. Profesora Titular de Psicología en el Trabajo B. Directora del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Salud y Trabajo. Jefe de Trabajos Prácticos de Salud Pública y Salud Mental. Universidad Nacional de Rosario. Fernando J. Gómez, psicólogo, psicoanalista, Docente Facultad de Psicología UNR, Doctorando UNR, miembro del Equipo de Salud Mental del Programa de Protección a Testigos y Querellantes en Juicios por Delitos de Lesa Humanidad Santa Fe. María Cora Paulizzi - Dra. en Ciencias Humanas. Especialista en Políticas Sociales. Lic. en Filosofía. Docente UNSA y Becaria posdoctoral CONICET. Diego M Raus - Director Lic. Ciencia Política y Gobierno, UNLA. Débora Grunberg - Magister en Psicología Educacional. Docente, terapeuta e investigadora en la Facultad de Psicología (UBA). Becaria doctoral CONICET Valeria Añon - Dra. en Letras, UBA-UNLP-CONICET. Ariel Danon - Físico/Vicepresidente Asociación Cooperadora Escuela N° 14 DE 14. Clara Algranati - Lic. en Sociología, Especialista en América Latina y el Caribe, (CEL-UNSAM), Docente e investigadora Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Silvia Cryan, traductora y profesora de inglés de escuelas del distrito 19, miembro de la Mesa Coordinadora de Consejo Consultivo de la Comuna 4 Adriana Schnek, Lic en Ciencias Biológicas (UBA), Msc en epistemología e historia de las ciencias (Paris VII, France). Coordinadora Especialización Docente Superior Enseñanza de la Biología para una cultura científica, IES 1. CoAutora de Curtis-Biología, Ed Médica Panamericana, Secretaria de Actas de Cooperadora Esc. 14 DE 14. Gisela Hermanoff – Psicóloga. Marcela Pereira - Lic. en Psicopedagogía. Directora Editorial Entre Ideas. Susana Toporosi. Psicóloga. Victoria Rego - Dra. en Psicología. Lili Casaburi - Maestra de grado y Secretaria ENS Nro. 8. Mirta Goldberg - Lic. en Psicóloga, Conductora Caminos de Tiza Tv Pública. Vicente Degemmis - Psicólogo, Magister Salud Mental Comunitaria, Universidad Nacional de Lanús. Silvina Ferreira dos Santos - Psicóloga. Psicoanalista. Carolina Béjar, Psicóloga Graciela Reid - Psicoanalista - Docente UBA. Alicia Levin – Psicoanalista Laura Valdez – Psicóloga. Carlos Weisse, Psicoanalista. Natan Sonis, Psicoanalista. Elena Mancini, Psicoanalista Salomon Algranati Médico, Nefrólogo, Jefe Honorario de Nefrología de Adultos, Hospital Italiano de Buenos Aires. Paola Urquizo, Docente, Psicóloga clínica esp. Niñez y adolescencia, integrante del Observatorio del derecho a la ciudad y de la Red Nacional de Salud Mental Perinatal. María Ida Moreno - Médica Obstetra (jubilada), Hospital Vélez Sarsfield (CABA) Silvia Vázquez - Docente y psicoanalista. Darío Balvidares - Investigador en política educativa, docente jubilado, ex Rector de la escuela N° 3 Hipólito Vieytes, CABA. Miguel Andrés Brenner - Docente terciario e investigador de la UBA Mariano Llusa - Médico, Ex jefe de residentes de psiquiatría infanto-juvenil en el Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez y del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez Silvia Pérez Fernández - Dra. en Sociología, docente e investigadora en fotografía y sociedad, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Guido Galafassi - Investigador Principal CONICET Profesor Titular UNQ Ma. Paula de Büren - Dra. en Economía, Magíster en Desarrollo Económico para América Latina, Lic. en Economía, docente e investigadora de la UNPAZ y la UBA. Alejandra Pisani Socióloga, Docente e investigadora de la UBA Carolina Arroyo - Lic. en Psicología y Lic. en Nutrición Universidad Nacional de Córdoba. Red Lazos - Equipo psi de acompañamiento individual, institucional y comunitario. Estela Calvo - Psicoanalista. Patricia Soledad Pines - Especialista Superior en Gestión Educativa, Profesora de Nivel Inicial, Profesora de Nivel Primario. Miguel Andrés Brenner - Docente terciario e investigador de la UBA Presta Susana - Antropóloga, CONICET. Gustavo Cantú - Doctor en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, UBA. José Gabriel Giavedoni. Doctor en Ciencia Política. Investigador adjunto del CONICET. Profesor de Teoría Política en la Facultad de Ciencia Política y RRII de la Universidad Nacional de Rosario.

8 de febrero de 2021
Docentes Autoconvocados de Tucumán: masiva asamblea vota la huelga general en defensa de la salud y la vida

Este sábado 6, se realizó la primera asamblea del año de Docentes Autoconvocados, con la participación de más de 100 docentes provinciales. La asamblea venía precedida por una reunión de delegados escolares de Docentes Autoconvocados de Capital y Tafí Viejo, con más de 50 participantes, donde se elaboró el temario de la asamblea: rechazo a la presencialidad en las escuelas, marcha docente el día 10/2 y huelga por tiempo indefinido desde el momento del regreso docente a las escuelas. Temas que habían sido votados ya en un plenario de organizaciones docentes opositoras al Frente Gremial Docente (ATEP, AMET, APEM, los únicos tres sindicatos reconocidos por el gobierno). La asamblea provincial fue la más grande desde que estamos en pandemia. Resolvió rechazar la presencialidad docente en las escuelas, movilizar con una gran columna el día 10 y decretar la huelga en resguardo de la salud y la vida de la docencia y toda la comunidad educativa. Cámaras patronales, gobierno, Iglesia: por la presencialidad El gobierno, sostuvo que la presencialidad iba a producirse cuando el nivel de contagios estuviera por debajo de 50, que la docencia estuviera vacunada, y se hicieran mejoras por 2.700 millones de pesos entregados por la nación. Nada de ello se cumplió. El nivel de contagio promedia los 150, no hay mejoras en las escuelas y de las vacunas ni se habla. En ese marco el gobierno de Manzur cambió el discurso. Ahora ya no es necesario que la docencia esté vacunada. La mejoras no se producen, y han comenzado con los aprietes sobre directores y docentes. Siguiendo el rumbo que marcan los grandes grupos capitalistas y la iglesia. Ha salido decididamente desde enero a buscar garantizar la presencialidad, abriendo la discusión salarial con el FGD. Se busca garantizar con las escuelas abiertas que los padres dejen a sus hijos, como una guardería, y puedan producir para garantizar las ganancias de las patronales. La asamblea autoconvocada ha denunciado esta política y se ha fijado una orientación: ante todo, defender la salud y la vida. Organización de la huelga, Congreso de Bases La marcha del día 10 debería ser el punto de partida del inicio de una huelga por tiempo indefinido. Así se resolvió en el plenario de agrupaciones reunidas en el Parque 9 de julio, donde estuvieron Autoconvocados, los sindicatos SADOP y UTE y varias agrupaciones docentes con actividad en ATEP. La resolución del 10 no oculta, sin embargo, intereses divergentes: por un lado, varias agrupaciones y sindicatos aspiran a servirse del movimiento con el propósito de ser incorporados a la mesa de discusión salarial con el FGD. En cambio, los autoconvocados han salido resueltamente a organizar mediante asamblea este curso decidido de lucha remarcando su contenido: no a la presencialidad con pandemia, y todo un pliego de reclamos subordinados, relativos al salario, a la virtualidad, etc.. La irrupción de la docencia ha sido un revulsivo. El SITAS, sindicato de los trabajadores de la Salud ha anunciado que van a adherir. En Adiunt (docentes universitarios) se ha abierto el debate y el martes se toma posición, pero la agrupación que dirige el sindicato ya ha decidido hacerse presente en la caravana del 10. Abre la perspectiva de la lucha por la huelga general en las calles. En algunos barrios están planteadas asambleas de padres para votar el rechazo a la presencialidad. La asamblea docente autoconvocada también ratificó la convocatoria al segundo Congreso de delegados de escuela con mandato para el 20. Pretende reforzar esta perspectiva huelguística docente en pandemia, siempre buscando defender la salud y la vida. La tradición combativa de la docencia tucumana, allá por fines de los ‘50, ‘60 y ‘70, ha demostrado que la organización desde las bases de las escuelas ha sido la que ha dado consistencia y firmeza a las grandes luchas. Las mayores huelgas de la docencia y del conjunto de los trabajadores han tenido sus congresos con mandatos de bases, que garantizaba una amplitud de participación y representación. Debemos organizar, participar y acordar un plan de lucha en resguardo de la salud y la vida desde el II Congreso de delegados de escuela con mandato que impulsa la docencia autoconvocada. En una lucha por una nueva dirección comprometida a fondo con las aspiraciones más vitales de la docencia. Vamos a fondo a organizarla.

8 de febrero de 2021
A menos agua, más pandemia: agua ya y obra pública bajo control de los trabajadores

La crisis hídrica en Bahía Blanca no cesa. Barrios como el Rucci han estado privados absolutamente del servicio. Hay zonas que se encuentran siendo abastecidas por camiones cisterna y bidones. Otros barrios no tienen presión de agua. Vecinos han denunciado que su agua emerge contaminada, aparentemente por la presencia de algas en el Dique Paso de las Piedras, que no son debidamente procesadas por la estructura de ABSA. Todo esto mientras los contagios siguen creciendo en Bahía Blanca. Incluso ha llegado a peligrar el suministro de agua a centros de salud. El gobierno provincial y municipal presiona para el inicio de clases, pero no se han ocupado de resolver siquiera la provisión de este elemento esencial para la higiene y la prevención contra el COVID. El problema no es nuevo, pero la pandemia lo ha convertido en una cuestión estratégica para la salud de los trabajadores. Si bien Aguas Bonaerenses (ABSA S.A.) mantiene la concesión del servicio desde 2002 luego de tres años de privatización a manos de una empresa estadounidense, la última obra de importancia al respecto del agua data de 1970, cuando se construyó el Dique Paso de las Piedras y varias plantas potabilizadoras, las mismas que hoy funcionan a medias. Desde aquel momento, la política ha sido emparchar, reparar, reforzar cañerías y estructuras que tienen, en algunos casos, más de 70 años. La otra cara de la moneda ha sido la concreción de negociados y créditos millonarios que nunca fueron ejecutados en obras hídricas; en ninguna obra, de hecho. Por eso cuando el secretario privado del intendente Gay, Pablo Romera, intenta desligarse de esta crisis, olvida, no casualmente, que Vidal inauguró una depuradora cloacal para abastecer al Polo Petroquímico, que no funciona. Ni Scioli ni Vidal pudieron, en sus gestiones provinciales, efectivizar la obra del Acueducto del Río Colorado, que prometía terminar con medio siglo de problemas del suministro. Scioli gestionó un crédito de 50 millones de dólares que luego licitó Vidal y que finalmente no se concretó. Como se ve, una misma política a cargo de diferentes gobiernos. El municipio aparenta ocuparse del tema con la creación de la Mesa del Agua. Pero en esa mesa están los representantes de los partidos que han llevado a esta crisis. Además, participan dos “vecinos” que en realidad tienen lazos con la Intendencia. Este organismo pretende arrogarse el monitoreo y control de las inversiones, obras y reparaciones en la red y de toda acción que busque optimizar el funcionamiento de la prestación. Frente a estos manejos, se comienza a organizar una asamblea coordinadora de barrios, en la que participan vecinos del barrio 1810, Noroeste, Rucci, Villa Rosas, Spurr, Villa Serra, entre otros. Están discutiendo una movilización para el 20 de febrero, con cortes de calles. Han evaluado que las juntadas de firmas y amparos sirven sólo si permiten un canal de vinculación de vecinos que sumen a la lucha y consideran que frente a esta crisis que lleva más de un mes es necesario ir a la acción directa. La lucha por el agua es una cuestión de salud y de vida en el contexto pandémico. Cuarenta años de desinversión, negociados y cajas negras han demostrado que la única solución la pueden proveer los trabajadores, vecinos y usuarios afectados. Los sindicatos deberían atender a esto y sumarse a esta batalla, mediante la concreción de una huelga general que arranque el reclamo de agua limpia y ahora para toda la ciudad. Que ningún barrio se quede sin agua, abastecimiento de emergencia a cargo del Estado. Que se abran los libros de ABSA para terminar con los negociados. La puesta en marcha de las obras correspondientes a mediano plazo debe ser auditada y controlada por los trabajadores de ABSA y por los propios usuarios electos, no por una mesa del agua que no fue elegida por nadie. La puesta en pie de asambleas por barrio y la elección de delegados con mandato y revocables para coordinar entre todos medidas de acción hasta que se efectivicen las obras públicas que garanticen un acceso al agua potable y las cloacas en todos los barrios de Bahía es el camino que debemos profundizar.

8 de febrero de 2021
El impuesto al salario, entre la carestía y las paritarias

El proyecto oficial que eliminaría el impuesto a las “ganancias” para salarios brutos y jubilaciones de hasta 150.000 pesos, debe ser considerado en el conjunto de la agenda de los trabajadores. El recorte anunciado en estas horas exime del pago del impuesto a 1.2 millón de trabajadores activos y pasivos, y reduce su impacto en otros 100.000 que ganan entre 150 y 174.000 pesos brutos. Según el informe oficial, el “impuesto al salario” continuaría impactando sólo sobre el 10% de los asalariados de mayor ingreso. De acuerdo al nivel de ingresos que se considere, la quita del impuesto representaría un aumento implícito de entre el 5 y el 11% sobre los salarios netos. La medida oficial, que no es retroactiva y estará sujeta al trámite parlamentario, tiene lugar cuando la carga del impuesto al salario alcanza niveles de confiscación probablemente nunca superados. El impuesto comprende al 25% de la fuerza laboral, o sea, 2.3 millones de trabajadores. Actualmente, lo paga el trabajador soltero con un sueldo neto de 75.000 pesos, y el casado con dos hijos que perciba 99.000 pesos. Pero hoy la canasta familiar alcanza los 100.000 pesos, y recientemente fue calculada en 120.000 pesos para la clase media asalariada de la CABA, según la dirección de estadísticas de este distrito. Esto significa que trabajadores que no cubren las necesidades de esa canasta son gravados con el impuesto; u otros que, precisamente como consecuencia del impuesto al salario, quedan por debajo de la canasta familiar. El IG es coparticipable entre las provincias, por lo que los gobernadores son cobeneficiarios del saqueo del salario. El régimen impositivo –que es un traje a la medida de los acreedores internacionales- es un factor de primerísimo orden en la confiscación de la clase obrera. Ni qué decir del IVA y otros impuestos al consumo, que se llevan otro 23-25% del salario de todos, absolutamente todos los trabajadores, ocupados o desocupados. A la luz de este escenario precedente y de lo que está por venir, las limitaciones de esta quita del impuesto son muy claras. Si se consideran a las paritarias en curso, y tomamos como referencia al 30% de aumento anual que el gobierno discute con la burocracia sindical, es muy claro que una franja muy importante de los trabajadores supuestamente eximidos volverían a ser gravados, al superar el nuevo mínimo no imponible de 150.000 pesos. Por caso, todos los que hoy ganan al menos 115.000 pesos volverían a estar gravados después de las paritarias. Se trata de alrededor de la mitad de los futuros exentos –o sea más de medio millón de trabajadores. A la baja Considerando a la política salarial en su conjunto, es indudable que la “quita a ganancias” será colocada por el gobierno en la mesa de negociaciones de las futuras paritarias. El 5, 10 u 11% de mejora salarial implícita será tomado como excusa para bajar el “techo” antes mencionado del 30%. Si el gobierno y las patronales le “facturan” a los sindicatos la quita del impuesto en los acuerdos paritarios, los 400 millones de dólares de "costo fiscal" que tendría esta quita deben ser considerados otro subsidio del fisco a las grandes patronales. En cualquier caso, con 30% de pauta y quita de “ganancias”, la estimación inflacionaria para el 2021 orilla en el 50%. No resuelve la pérdida salarial en puerta. La echada de lastre sobre el impuesto al salario debe ser vista en ese cuadro: busca ganar tiempo y aliviar la tensión de las paritarias en puerta, en medio de una carestía explosiva. Es necesario discutir esta situación en los sindicatos y lugares de trabajo, y enfrentarla con un programa claro: paritarias libres y con representantes electos; indexación mensual de los salarios y del mínimos no imponibles; eliminación del impuesto al salario y de los impuestos al consumo del trabajador; Salario mínimo de 100.000 pesos, equivalente a la canasta familiar.

8 de febrero de 2021
La docencia jujeña ante la “presencialidad” de Morales

En los últimos días, los docentes jujeños protagonizaron importantes movilizaciones para reclamar la derogación del decreto provincial 1807, firmado por el gobernador Morales en medio de la cuarentena del año pasado. El decreto, dictado en la cuarentena, suspendió los traslados docentes hacia sus lugares de trabajo en el interior. El anuncio del inicio de clases con modalidad presencial y obligatoria, plantea la posibilidad de la pérdida de buena parte de los salarios constituidos por adicionales por zona. Ante el reclamo, el gobierno anunció que pagará el 100% del salario hasta el 2022. Antes, el gobierno había anunciado una línea de créditos blandos por parte una financiera privada, ¡propiedad de un funcionario del gobierno! Pandemia y presencialidad De otro lado, no existen las mínimas condiciones para el regreso a clases sin convertir las escuelas en contagiaderos de covid; el sistema de salud está en peores condiciones que el año pasado. El gobierno acaba, precisamente, de suspender los exámenes presenciales. A una semana del anunciado inicio de clases, hay una crisis con la organización del sistema de transporte. La UTA local denuncia que el gobierno radical y las patronales no quieren disponer de más unidades. El crecimiento de contagios se ha hecho ver en La Quiaca y Abra Pampa. El salario La pérdida del poder adquisitivo de los estatales jujeños ha sido de un 60% en los últimos dos años. El gobierno prevé un aumento del 20% cuando la inflación proyectada en el 2021 ronda en el 50%. Ante este cuadro, las burocracias de Cedems (secundarios) y Adep (primarios) exigen un 40% de aumento pero son incapaces de convocar y organizar una lucha en regla. En diciembre del 2019, la acción directa y autoconvocada de la docencia acabó con el intento de cambio de grilla de calificaciones por parte de la legislatura de Morales. Esta victoria de la lucha contrastó con las recurrentes presentaciones judiciales de las burocracias, que no han permitido avance alguno en la defensa de derechos. Vamos por el no inicio Ahora, los docentes autoconvocados organizan asambleas virtuales periódicas; para el viernes 12 una jornada de protesta virtual y para el sábado 13, una jornada de movilización en todos los pueblos y ciudades, por la derogación del decreto 1807, por recomposición salarial y por condiciones de bioseguridad e infraestructura en las escuelas, que no existen en absoluto.

8 de febrero de 2021
El debate de la presencialidad en la Multicolor de SUTEBA

En los primeros días de febrero han tenido lugar reuniones de directiva de los SUTEBA Multicolor y una reunión común de todas las comisiones, en donde se han debatido las caracterizaciones sobre la presencialidad decretada por el gobierno. Las agrupaciones del FITU se han pronunciado por “imponer las condiciones para una presencialidad segura” lo cual significa que esto podría hacerse con los docentes presentes en las aulas aunque exista un rebrote de la pandemia en la Argentina, una inminente “segunda ola” y Trotta haya excluido como condición para la presencialidad la vacunación a docentes. Bajo estas condiciones, y no otras, el gobierno ya ha resuelto implementar la presencialidad en todo el país a partir de Marzo (incluso en febrero comenzaron las convocatorias presenciales para las llamadas “guardias mínimas”). De igual manera, las obras de ampliación de escuelas, su acondicionamiento y abastecimiento de mayores insumos de seguridad se encuentran al 0%. Los nombramientos anunciados por Kicillof alcanzan por ahora solamente para cubrir a los docentes dispensados de asistir por pertenecer a los grupos de riesgo. Por ejemplo, para el PTS “La presencialidad no puede ser sin medidas de seguridad y protocolos claros y acordados” y afirma que los docentes “queremos debatir cuáles son las condiciones necesarias para un regreso respetando las condiciones sanitarias y epidemiológicas ante la incertidumbre que genera un posible rebrote o segunda ola de COVID que se agravaría con la circulación de millones de niños y adolescentes en las escuelas” (izquierdadiario, 22/01). La “incertidumbre” es una manera velada de referirse a contagios masivos de COVID. No es incertidumbre, es una masacre sanitaria. Luego, los protocolos de Trotta y todos los gobernadores –más allá de que éstos no fueron discutidos con ningún docente- son muy claros y detallados pero las posibilidades de aplicación son sencillamente imposibles en las escuelas públicas. El PTS nos dice que “Hay protocolos estrictos con distanciamiento social en bares, comercios, fábricas y toda actividad. Entonces, ¿por qué no se toman las medidas para garantizarlos en las escuelas y colegios?”. Reabramos las escuelas siguiendo el ejemplo de la gastronomía. Es el argumento con el cual toda la clase capitalista presiona por el retorno a las escuelas: si funciona la industria y el comercio, que funcione también la escuela, pero esto sin reportar los contagios y muertes en los lugares de trabajo, y los peligros que los sigue acechando. El PTS reivindica “los protocolos estrictos en bares, comercios y fábricas”, cuando la indefensión de los trabajadores en todos ellos se traduce en miles de contagios diarios. Es claro que la posición del partido de Del Caño es: "a las clases". Otras corrientes del FITU reclaman “no ceder (sic) las banderas de la presencialidad y lo pedagógico”, de modo que la cuarentena escolar habría sido una capitulación de los sindicatos, no una auto-defensa de la salud de la docencia y sus familias, lo mismo con los alumnos. La reivindicación de la ‘pedagogía presencial’ es una cortina de humo para acompañar a patronales, gobiernos y burocracias en la política de circulación capitalista de mercancías y fuerza de trabajo. En torno de la supuesta defensa de lo “presencial y pedagógico”, se ha construido un frente único en los hechos con todos los agentes del Estado, cuando lo que está en juego es la salud y no los métodos educativos. El fracaso de la “presencialidad” está demostrado por las contramarchas que ha sufrido la apertura de las escuelas en el mundo. En vez de denunciar la política que compromete la salud y la vida, el FIT emplaza al gobierno a un “retorno seguro a clases”. Es revelador que este emplazamiento no venga acompañado con medidas de lucha, porque está descontado el acuerdo del gobierno con esta fraseología barata. El FITU describe la ausencia de condiciones para el retorno a una presencialidad, que de ningún modo rechazan. Pandemia 2020 vs Pandemia 2021 Un comunicado firmado por las conducciones de las seccionales Multicolor se encuentra encabezado con la consigna “las escuelas se abren con recursos no con discursos”. Un slogan de perfidia pura, de parte de quienes saben que las autoridades no piensan apelar a ellos; y a pesar de ello, no llaman al boicot de la presencialidad oficial. El último plenario Multicolor de 2020 había resuelto por unanimidad: “No a la vuelta a clases y presencialidad hasta que estén dadas las condiciones epidemiológicas, sanitarias y edilicias”. El planteo se ha dado vuelta como un guante, por decisión de las direcciones del FIT-U, no de plenarios o asambleas docentes. Tampoco ha tomado en cuenta a las corrientes de la Multicolor que han votado rechazar, con matices, la presencialidad y promover un no inicio. Es la posición de la Almafuerte de Escobar, las listas Negra de Lanús, lista Coral y RyR. La conducción de la seccional Bahía Blanca ha planteado postergar el inicio hasta el mes de abril. En la próxima semana tendrán lugar asambleas de base en las seccionales Multicolor. Llamamos al conjunto de las bases y agrupaciones de la Multicolor a rechazar la presencialidad. La pandemia no ha sido controlada, por el contrario “muta”, y los epidemiólogos no logran establecer el período de vigencia de la inmunidad que provoca cada vacuna. Esos mismos científicos alertan acerca de una ola más fuerte en otoño-invierno, y ya advierten que los más chiquitos no compartan juguetes (Arturo López, La Nación, 7.2). El alcance demográfico de la aplicación de la vacuna se encuentra comprometido, por el acaparamiento que realizan las grandes potencias y el monopolio de unas pocas farmacéuticas. No al inicio de las clases presenciales en pandemia, los docentes, alumnos y sus familias, primero.

8 de febrero de 2021
Salta: la pseudo constituyente de BlackRock

El gobernador Sáenz acaba de convocar a sesiones extraordinarias de la legislatura para que vote la reforma parcial de la constitución provincial. Coincidirá, el 4 de julio, con la elección de cargos legislativos provinciales y municipales. Los mentideros políticos señalan que la medida busca ampliar la cantidad de cargos remunerados a repartir, para mejor alinear la tropa oficialista, en la que revisten macristas, peronistas y kirchneristas. La eliminación de la PASO provinciales amenaza con provocar una diáspora en todos los partidos del régimen. La facción urtubeysta del PJ pugnó por el llamado a internas, para elegir los candidatos, pero el sector de Sáenz, que los elija la comisión de acción política, la que elija los candidatos, para integrarlos al frente de gobierno. Ante el revés, Pablo Kosiner, el segundo de Urtubey, renunció a la presidencia del consejo del PJ. Blindaje La reforma de la constitución provincial fue cajoneada el año pasado debido a la pandemia, y se retoma ahora cuando los casos de covid comienzan a crecer nuevamente y el sistema de salud se encuentra en peores condiciones que el año pasado. La reforma viene a responder a una crisis del régimen político. Busca limitar a dos mandatos la elección de los intendentes; subir de dos a cuatro años la de concejales; y elevar drásticamente el mínimo de votos necesario para ser electo, lo que es un golpe directo al ingreso de minorías en los concejos. El argumento oficial sostiene que la reforma acabará con la corrupción, que tiene por protagonista a los intendentes. Propone subir el piso para que un poblado se pueda constituir en municipio y reformar la Auditoria General de la Provincia, encargada de supervisar las cuentas municipales. Sáenz ha aumentado, en acuerdo con Urtubey, el número de miembros de la Corte de 7 a 9, y buscará establecer el carácter vitalicio de sus cargos -hasta ahora se eligen cada 6 años. Otro aspecto en discusión es establecer un poder legislativo unicameral, pero aumentando el piso actual del 5% de los votos emitidos para entrar en reparto de cargos bajo el sistema D’hont. Otro artilugio contra el ingreso de minorías. La agenda de los trabajadores A diferencia de lo que pasó con el adelantamiento electoral, la intentona de reforma constitucional no ha recibido críticas del establishment político. Nadie quiere contrariar la consigna de la “transparencia” y la reducción de “los costos de la política”, a la hora de participar en la elección simultánea de diputados y gobernador. Por ahora nadie pierde nada, sin embargo, porque la reforma entrará en vigencia para las elecciones de 2023. Sáenz quiere superar el virtual sistema de partido único que rigió con el romerismo, primero, y con Urtubey, más tarde, a medida que se desintegró el partido Renovador, que habían formado los militares. Con la constituyente parcial, Sáenz busca reforzar su posición para cuando ceda ante las exigencias que le han impuesto los bonistas, frente a los vencimientos de deuda externa que se encuentran impagos. Estamos ante la asamblea reformadora de los BlackRock, que no vería nada mal que se encumbre una jefatura política única, para la cual el financiamiento usurario es su método de gobierno.

8 de febrero de 2021
Leo, mi entrañable amigo y compañero

Años de compartir cortados en cualquier boliche que encontrábamos de paso. El, su café con 2 gotitas de leche y yo un cortado más leche que café. Petiso, con su canosa barba, tozudo, cabrón, meticuloso, jodón, leal como pocos, hincha del rojo, docente, realizador integral de radio, una voz de locutor que impactaba. Con un gran esfuerzo volvió a comprarse un acordeón que tanto amaba tocar. En su último cumpleaños bailamos rock hasta morir, era fanático de los Beatles. En el barrio de Paternal le decían “el profe”. Vivía corrigiéndote cada punto y coma mal empleado y cada oración mal construida. Recorrimos militando toda la ciudad de Buenos Aires, Paternal, Villa Crespo, Liniers, Versalles, Floresta. Militó desde su juventud en la TERS (Tendencia Estudiantil Socialista Revolucionaria), en la UJS (Unión de Juventudes por el Socialismo). Luego en el Partido Obrero y después de la ruptura en el Partido Obrero Tendencia. Fue fundador de la agrupación clasista Bordó del Hospital de Clínicas y de nuestra agrupación Jubilados Clasistas. Infinitas anécdotas volvieron hoy a mi memoria. Entre ellas las ventas de la Prensa son las preferidas. Como esa vez que fuimos a la facultad de Derecho y vendíamos en una hora 70 periódicos entre ambos ante los ojos asombrados de los compañeros militantes de la facultad. Entre lágrimas y sonrisas recuerdo todos estos años compartidos de amistad y de lucha por un mundo mejor, años que quedaran grabados en mi retina y en mi corazón. Te voy a extrañar mucho. Hasta la victoria siempre querido y entrañable amigo.

8 de febrero de 2021
Leonardo Izraelson, la despedida a un querido compañero

En este lunes, muy temprano, falleció nuestro compañero Leo Izraelson, militante del Partido Obrero Tendencia y de los Jubilados Clasistas. Venía llevando desde hace varias semanas su propia pelea contra el Covid, pero en condiciones muy desiguales. Leo arrastraba una enfermedad oncológica que, aunque había remontado, lo dejó con sus defensas deprimidas. Por ese motivo, también, fue extremadamente riguroso en sus cuidados durante la pandemia. A despecho de ello, y del excepcional equipo médico que lo atendió en el hospital Muñiz, no pudo superar la parada. Con sesenta y cinco años, la vida de Leo estuvo inseparablemente ligada a la del Partido Obrero. Formó parte de la generación que constituyó la Unión de Juventudes por el Socialismo, en los años 70, y, en particular, fue uno de los más entusiastas impulsores de una actividad barrial en aquellos años. Leo no sólo se hacía notar por su tenacidad militante: contaba con un sentido del humor excepcional. Manejaba la ironía y el patetismo del humor judío con la ductilidad de un verdadero artista. De más joven, combinaba esa habilidad con la interpretación musical –era Leo, “el del acordeón”. A la hora de la lucha, no escatimaba el esfuerzo y el rigor político. Fue un constructor partidario en Paternal, Versalles y varios otros barrios. Desde que abrazó el magisterio, se convirtió en un firme militante de Tribuna Docente. Más adelante, cuando la salud le impuso el retiro, fue un animador incansable de Jubilados Clasistas. Desde ese lugar, y con un importante número de compañeros, no vaciló en adherir a la Tendencia y sumar a su desarrollo en CABA, en el movimiento de jubilados y entre los docentes. Leo incursionó también en el periodismo y la producción radial. Desde allí, y en los espacios que logró conquistar, siempre buscó la forma de difundir a los voceros del PO. En enero del 2020, cumplió 64 años, evocando al tema de Lennon y Mc Cartney que anticipa la llegada a esa edad. Lo celebró con sus hijos, amigos y compañeros. No sabíamos que, en pocas semanas, nos veríamos adentro de la noche negra del Covid. Leo luchó contra el régimen social que incubó la pandemia, y que ha sido incapaz de sofocarla. El Covid ha tronchado la vida de millones de trabajadores y seres humanos extraordinarios. Para nosotros, todos ellos se juntan hoy en uno de nuestros compañeros más queridos, Leo Izraelson.

8 de febrero de 2021
Daer, “presencialidad” en las escuelas y en las fábricas

Hace unos quince días la empresa Mondelez y el Stia Bs As (Daer) firmaron un acuerdo singular, sin intervención de sus trabajadores ni Comisión Interna. Por un lado, establece que el feriado por el Día Del Trabajador Alimenticio tendrá lugar “el día de comienzo de clases”, dando por descontado el regreso a las escuelas. Por el otro, dispone un préstamo que será depositado por defecto, a devolver en 9 meses, de 15 mil pesos, "para gastos que supone el inicio del ciclo lectivo", sin mencionar en ningún punto otro personal que el efectivo, o sea excluye a los tercerizados o tiempo parcial. De ésta forma la Verde, salteando a los trabajadores y en un acuerdo por empresa, encuentra la forma de sumarse a la campaña por el inicio presencial de clases que anunció Kicillof, a cambio de un préstamo. Daer ha reclamado prioridad de vacunas para los trabajadores de riesgo de la alimentación. No es el único burócrata que lo hace, en consonancia con la campaña patronal, que reclama que se priorice las vacunas que alimenten la industria. Es evidente, sin embargo, que no les ha preocupado la salud, hasta ahora, lo que se manifiesta en protocolos que se incumplen para priorizar los ritmos y modos de trabajo. Además, como ocurre por ejemplo en Lodiser y en Metrovías, se está forzando la vuelta al trabajo de los mayores de 60. La Naranja en la lista Bordó/Transparente/Naranja que se presenta en las próximas elecciones seccionales del STIA Buenos Aires plantea: Cualquier acuerdo por empresa debe ser primero resuelto en asamblea de sus obreros. Ni "zonas liberadas" ni acuerdos a espaldas de los obreros. Respeto a la conquista que significa el Día del Trabajador Alimenticio para todos independientemente del tipo de contrato. Protocolos de salud en cada empresa discutidos y resueltos por sus trabajadores. Reducción horaria sin afectar el salario, baja de los ritmos de producción. Salario inicial igual al costo de la canasta familiar, que la actualización de marzo se discuta en cada fábrica y contemple la recuperación del salario perdido. No a la vuelta a la presencialidad criminal que reclaman la patronal y los gobiernos locales y nacional. Satisfacción de los reclamos docentes. Los obreros de la alimentación y de todo el país debemos intervenir en las coordinadoras que se están formando por el #NoInicio, pronunciarnos en cada fábrica hacia un movimiento nacional que lo reclame y rodear de solidaridad las luchas docentes.

8 de febrero de 2021
Los desocupados no aceptamos la condena al hambre y la desocupación, ni someternos a los contagios
Polo Obrero

El gobierno -en acuerdo con la oposición- ha impuesto, en un cuadro de agravamiento de la pandemia por rebrotes de contagios y de agotamiento de sistema de salud, la llamada “reapertura de la economía”, que no es otra cosa que la eliminación de cualquier tipo de impedimento al capital para explotar a la fuerza de trabajo. Han actuado como agentes de las patronales, provocando miles de nuevos contagios. Ahora buscan imponer la reapertura de las escuelas con presencialidad obligatoria en las aulas, medida que ya fue catastrófica en numerosos países que tuvieron que retroceder y volver a cerrar las escuelas. El intento de vuelta a clases, en medio de una pandemia, con un sistema educativo vaciado durante décadas, con condiciones edilicias deplorables en las escuelas, sólo busca imponer un régimen de “vuelta a la normalidad”, para recomponer las ganancias capitalistas y eliminar las medidas de emergencia como el IFE. La razón de la “vuelta a la normalidad” se quiso justificar con la llegada de la vacuna. Pero las vacunas siguen sin aparecer. Se desconoce aún la cantidad comprometida y qué sector de la población va a recibirla. Todo es incierto. El gobierno prometió colocar millones de dosis para fines de enero y hasta ahora sólo hubo funcionarios actuando para las fotos, mientras los jubilados y trabajadores de la salud siguen siendo las primeras víctimas de la pandemia. Durante diciembre y enero, el gobierno nacional no entregó alimentos ni elementos de higiene y limpieza a los desocupados. Sólo entregó pan dulces y garrapiñadas a los comedores y merenderos que alimentan a miles de familias cada día. En las villas continuaron los cortes de luz y agua, como si de ello no dependiera la vida de las familias. Los compromisos del gobierno para la entrega de nuevos cupos de planes sociales fueron postergados. Procedió a empadronar a la contraprestación de los trabajadores con plan desde los municipios, realizada a $10.300 de manera ultra precarizada, sin convenios ni derechos laborales. Mientras tanto, en estos meses la desocupación y la carestía no dejaron de crecer: hubo 4 aumentos de nafta, aumento de precios en el pan, carne, verduras y alquileres. Pero los salarios y jubilaciones siguen sin aumento que recomponga lo perdido durante todo este tiempo. No podemos aceptar estas medidas políticas y de ajuste como lo hacen la CGT, CTA y organizaciones sociales comprometidas con el gobierno y los capitalistas. Los docentes preparan una férrea resistencia a esta política. Los trabajadores del subte fueron al paro frente al intento de la patronal de hacer retornar a los trabajadores de riesgo mayores de 60 años. Los trabajadores desocupados y precarizados debemos salir a la lucha por nuestros reclamos. Este 11 de febrero a las 11hs nos movilizamos y llamamos a organizarnos y ganar las calles por los reclamos, ocupados y desocupados. Junto a la clase trabajadora de la salud y de la educación. Marchamos por: Derecho al trabajo Plan de obras públicas y viviendas. Por el aumento inmediato, triplicación del salario mínimo. Aumento de salarios y jubilaciones. No a la precarización laboral. Pase a planta permanente de los compañeros que contraprestan para los municipios. Restitución del IFE equivalente a su triplicación. Aumento de planes y seguro al desempleo, 80% del salario según el costo de la canasta familiar. Declarar la vacuna un bien público, para toda la población, bajo control de los trabajadores de la salud. Triplicación del presupuesto de salud y educación. No al retorno a clases presenciales en pandemia, que promoverá la disparada de los contagios. Ante un gobierno decidido a exponernos a la pandemia y el hambre, organicemos la respuesta de ocupados y desocupados. Llamamos a realizar asambleas de base que discutan acciones de conjunto. Las distintas luchas que están dando los trabajadores, con huelgas y movilizaciones, marcan el camino. Sólo con una huelga general puede dar una salida política a la bancarrota económica, social y sanitaria, e imponer un programa que responda a los intereses de la clase trabajadora ocupada y desocupada. POLO OBRERO TENDENCIA

8 de febrero de 2021
Acerca del arresto de Alexei Navalny y las protestas: ¿Adónde va Rusia?
Centro Socialista Internacional "Christian Rakovsky”

El regreso del opositor liberal Navalny de Alemania a Rusia, su encarcelamiento y las protestas masivas que siguieron para exigir su liberación ponen de manifiesto una creciente crisis política en el corazón de la ex Unión Soviética, que el imperialismo EE.UU.-UE-OTAN intenta explotar al máximo y que la represión del régimen bonapartista de Putin no puede sino exacerbar. Las fuentes de esta crisis son muy profundas: en las contradicciones sociales no resueltas y cada vez más agudas, tras el colapso de la Unión Soviética y el giro hacia la restauración capitalista, y su interacción con la profundización de la crisis capitalista mundial. Independientemente de cómo evolucionará el asunto Navalny en el futuro cercano, se vuelve a plantear la pregunta crucial: ¿hacia dónde se dirige Rusia dentro del caos mundial actual? El régimen restauracionista de Putin intenta salvar con brutales medios represivos y una enorme maquinaria estatal burocrática un precario equilibrio entre grupos de interés oligárquicos basados en una economía exportadora principalmente de petróleo y gas, condenada al estancamiento y amenazada ahora por la rápida y profunda depresión mundial. La pandemia de Covid 19 agravó la crisis y sus devastadores efectos sociales. El descontento y las protestas de los trabajadores y los estratos populares en las regiones se extendían independientemente de las actividades políticas de Navalny, particularmente contra las medidas antipopulares sobre las pensiones. Ahora, la base social de las protestas pro-Navalny son principalmente jóvenes estudiantes, pequeños empresarios y oligarcas insatisfechos concentrados en los mayores centros urbanos (Moscú, San Petersburgo / Leningrado, Ekaterimburgo), sacudidos por la agudización de la crisis, la incertidumbre y el estancamiento que bloquea cualquier futuro, protestando contra la opresión y la corrupción del Estado, invirtiendo sus vanas esperanzas en el liberalismo burgués y en una rápida integración a "Occidente". Navalny -un demagogo que predica una combinación de liberalismo, nacionalismo con racismo y obediencia pro-occidental al imperialismo- cultiva este fértil campo de frustraciones, y es promovido tanto por fanáticos rusos como por Alemania, la UE y los imperialistas estadounidenses. No por casualidad, en su primera comunicación formal con Vladimir Putin, el recién electo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, además de mantener el último tratado de armas nucleares restante START, no olvidó enfatizar y condenar el encarcelamiento de Navalny. Esta actitud por sí sola muestra que el asunto Navalny y las protestas bajo el liderazgo de la oposición liberal rusa, lejos de ser un asunto exclusivamente interno de la política nacional rusa, tienen dimensiones y consecuencias internacionales. Incluso antes de que Trump y sus estrategas presentaran a Rusia y China como "los principales riesgos estratégicos" para los EE. UU., hubo una larga continuidad de objetivos estratégicos en el espacio postsoviético y particularmente en la Federación de Rusia postsoviética por parte del imperialismo occidental, y en particular de EE. UU. Ya Zbigniew Brzezinski, el arquitecto de la guerra de Afganistán, había insistido, después del colapso de la Unión Soviética, en que la propia Federación de Rusia tenía que ser fragmentada y "neutralizada", es decir, colonizada para evitar que volviera a surgir como un desafío de superpotencia y riesgo para la hegemonía estadounidense en Eurasia y a nivel mundial. La misma lógica sigue la fragmentación de la ex Yugoslavia por las guerras de la década de 1990, la expansión de la OTAN a las fronteras rusas, las llamadas "(contra) revoluciones de color", la intervención de la UE y luego de los Estados Unidos fomentaron el golpe de Estado en Ucrania en 2014 y la guerra en Donbass, la reciente participación de la UE en los disturbios populares en Bielorrusia en 2020, las guerras reaccionarias en el Cáucaso. Hay una continuidad de las políticas de la OTAN de Estados Unidos hacia el espacio postsoviético desde Bill Clinton hasta George W. Bush Jr y Obama / Biden / Hillary Clinton, pasando por los trastornos de la presidencia de Trump al presidente Biden, ahora. No es casualidad que, en su Administración, la subsecretaria del Departamento de Estado no sea otra que la notoria Victoria Nuland que ideó el golpe de Estado de Ucrania en 2014 junto con el actual embajador de Estados Unidos en Grecia, Geoffrey Pyatt. Es bien sabido que la nueva Administración de Biden se esfuerza por lograr nuevamente el “liderazgo global” de la hegemonía mundial en declive de Estados Unidos. De lo contrario, no puede restablecer ningún equilibrio interno en una América dividida, al borde de la guerra civil, como lo demostró claramente la invasión del Capitolio bajo las órdenes de Trump y la complicidad de una parte significativa de los aparatos estatales el 6 de enero de 2021. Biden necesita restaurar el eje euroatlántico seriamente dañado previamente por Trump, y fortalecer nuevamente la OTAN apuntando prioritariamente contra Rusia. Esta campaña anti-rusa es vital para que el imperialismo estadounidense restablezca el control sobre Eurasia y, por lo tanto, sobre el Medio Oriente, Irán y, por supuesto, China, como el rival económico mundial más fuerte de Estados Unidos. Es en este contexto histórico global concreto que la fase actual del asunto Navalny, muy publicitada por los principales medios burgueses a nivel mundial, debe ser apreciada, y no solo como un choque local, nacional, entre la democracia liberal y la dictadura del Kremlin. El regreso de Navalny a Rusia parece más una provocación inspirada por Occidente que un acto "heroico" de fe a los principios democráticos. El régimen bonapartista de represión brutal y autoritarismo estatal del Kremlin NO es la solución al problema planteado por toda la situación, a nivel mundial y nacional, sino una parte integral del problema en sí. La verdadera base material histórica del problema es la desastrosa reintegración de la ex Unión Soviética en un capitalismo mundial en declive, sumido en una crisis estructural sin precedentes y sin resolver. La propia pandemia de Covid-19, incluida su mala gestión por parte de los gobiernos capitalistas, el nacionalismo ciego de las vacunas (ya denunciado por el Centro “Christian Rakovsky” en diciembre de 2020), la competencia salvaje entre las grandes farmacéuticas en busca de lucro del sufrimiento humano y la muerte, prueba más allá cualquier duda de que el capitalismo como sistema social se ha vuelto totalmente incompatible con las necesidades más directas y urgentes del propio proceso vital. La elección frente a los pueblos de Rusia no es entre un acomodo "ordenado", bajo el control del Estado, o una absorción liberal al mismo caos capitalista mundial, que promete sólo otra forma de colonización bárbara de las tierras exsoviéticas. El bonapartismo de Putin permanece en las arenas en movimiento de una economía estancada y en contracción, en condiciones de una Gran Depresión global, enfrentando un creciente malestar popular. No puede mantener por mucho tiempo el equilibrio inestable del período anterior a la crisis. La represión bonapartista no es un remedio sino un veneno, una receta para el desastre Por otro lado, la democracia liberal está en una agonía, como lo demuestra el surgimiento de las tendencias fascistas y de extrema derecha en Europa y América. Bajo la cortina de humo de los discursos demagógicos “democráticos” como los de Navalny, no es la libertad como una alternativa al autoritarismo brutal del Estado por venir, sino otra forma de dictadura brutal en condiciones semicoloniales. La experiencia de los años liberales de la "terapia de choque" de Yeltsin de falsa "democracia" y de gangsterismo oligárquico que trajo la catástrofe social y la quiebra económica fue una tragedia; no puede repetirse ni siquiera como una farsa, sino como una nueva y peor tragedia. ¡Hay que librar una "guerra de clases contra todos los castillos del capital" (repitiendo un eslogan apropiado del Partido Comunista Unido / OKP) para lograr la paz, el pan y la libertad del pueblo! ¡No más robos por parte de los oligarcas de la riqueza social producida por los trabajadores, sino expropiación de todos los oligarcas, sin compensación bajo el control de los trabajadores! Detengamos la represión de las protestas populares. Liberación de los presos políticos. Elección de los tribunales y jueces de abajo, por el pueblo. ¡No hay "democracia" liberal burguesa para unos pocos explotadores, sino democracia obrera para la mayoría de los trabajadores! ¡No al bonapartismo, todo el poder a nuevos soviets genuinos, por el socialismo! ¡Derrotar los planes de guerra imperialistas de los Estados Unidos, la UE, la OTAN, movilizando a las masas bajo la bandera del internacionalismo proletario, por la unificación socialista de todos los pueblos desde Lisboa hasta Vladivostok! 1 de febrero de 2021 Centro Socialista Internacional "Christian Rakovsky" (Primeros) Signatarios EEK (Partido Revolucionario de los Trabajadores-Grecia) DIP (Partido Revolucionario de los Trabajadores-Turquía) OKP (Partido Comunista Unido - Federación de Rusia) Asociación "Unión Soviética" (Federación de Rusia) MTL (Liga de Trabajadores Marxistas - Finlandia) ROR (Renacimiento Obrero Revolucionario - France)

8 de febrero de 2021
Leo, mi amigo

¡¡Vení que acá hay uno del PC!!, le dijo La Negra, su esposa, por teléfono y él llegó al ratito. Era un domingo; el jardín a donde iban nuestras hijas había organizado un concurso de barriletes en la plaza de Versailles y después, la Negra nos invitó a Sylvia, mi pareja de entonces, y a mí a la casa, que quedaba a cuatro cuadras de la nuestra. Y así empezó todo. Inmediatamente enganchamos, más allá de las diferencias políticas de entonces (yo me estaba yendo del PC ) y compartimos fiestas, asados, partidos del rojo del que ambos éramos hinchas , reuniones de amigos y partidas de truco o generala, siempre polemizando. Tal era la relación de las dos parejas, que mi hija lo llamaba tío, y así me llama su hija. La discusión política se prolongó por dos años, hasta que me incorporé al Partido y durante mucho tiempo íbamos juntos a todos lados; integramos el primer círculo de Paternal, volanteábamos a la mañana el Hospital Durand, luego hicimos un círculo en Versalles, participamos de la asamblea del barrio allá en el 2001 y muchísimas otras actividades; siempre juntos. Tiempo después me separé y al tiempo se separó él, y estuvo viviendo en mi casa más de seis meses; las anécdotas de ese periodo darían para un libro. Allí realizó una verdadera hazaña; se levantaba a las cinco de la mañana para laburar de remisero y a la noche, hacía la carrera de Realizador integral de radio, la que completó. El año pasado, festejó su cumpleaños 64 a lo grande, tal vez, a modo de despedida, porque Leo era una “institución” en el Partido, al que se había incorporado en el 73´. Todo el mundo lo conocía, todo el mundo lo quería y escuchaba sus intervenciones políticas, y tal vez, de puntualizar una virtud determinante en él, más allá de su carácter alegre, por momentos bastante cabrón, es que se entregó en cuerpo y alma a la lucha revolucionaria. Hace bastantes años, cuando falleció Berni, un viejo amigo y militante, él escribió un obituario que no me gustó y entonces le dije “cuando escribas el mío, esmeráte un poco más”. Y aquí estoy, escribiendo de un saque y tal vez en forma desprolija esta nota de despedida. ¡Chau Leibe! Te vamos a extrañar. Tano 08/02/21

9 de febrero de 2021
Escobar: fuerte tendencia a rechazar la presencialidad escolar en pandemia

Contra todas las recomendaciones sanitarias y las innumerables experiencias epidemiológicas mundiales, agravado por el hecho que las escuelas no presentan la infraestructura necesaria para la aplicación de un protocolo que permita, en mitad de la pandemia, resguardar a quienes transitan los espacios escolares, el Gobierno de Kicillof y Trotta ha anunciado que el ciclo lectivo 2021 en Argentina comenzará de manera presencial. Frente a esto, la docencia y la comunidad educativa comienzan a dar respuesta. En toda la provincia la situación edilicia escolar es crítica, e inclusive una gran cantidad de escuelas no tienen acceso a los servicios esenciales (cloacas, agua); al día de hoy, no se han aplicado siquiera las DDD (desinfección, desinsectación y desratización). Este fue uno de los primeros motivos por los cuales la docencia impuso al gobernador, a través de asambleas y paros, la cuarentena educativa 2020. En ese sentido, el distrito de Escobar fue de los primeros en definirse frente a las vacilaciones sobre la suspensión de clases presenciales. Hoy el planteo de lucha de la docencia escobarense, de cara a la acción criminal que pretende el gobierno, no dista de la de un año atrás. Crece la tendencia al rechazo a la presencialidad. Por su parte la comunidad educativa del distrito, sin vacunación, atraviesa los peores efectos de la falta de trabajo, la precarización y la crisis habitacional. Todo ello la expone a un riesgo mayor frente al COVID19. Por eso, también comienza a expresarse contra la presencialidad. Las familias conocen el calamitoso estado de las establecimientos escolares, por eso su participación es fundamental para desenvolver la defensa de la escuela pública. Ello se expresa hoy en la defensa de la vida, evitando una circulación escolar que multiplicará los contagios, los cuales en enero se incrementaron en un 150%. El gobierno ha convocado a “jornadas institucionales” para el 11 y 12 de febrero, y pretende que sean de manera presencial. Inclusive sin siquiera haber puesto en marcha el plan de vacunación para docentes y auxiliares. A través de los grupos de escuela se pudo conocer el rotundo rechazo a esa iniciativa por parte de docentes e incluso de directivos, quienes han comunicado a sus escuelas, a las autoridades y a los sindicatos que “no están dadas las condiciones sanitarias” para desenvolver tareas de manera “segura” dentro de las instituciones educativas. SUTEBA Escobar reclama que esas Jornadas se realicen en forma virtual y en ese camino se definió convocar a una asamblea para el próximo miércoles, que sea una instancia de amplia deliberación y organización de medidas de lucha, frente al Gobierno que quiere imponer una “presencialidad” que pone en riesgo la salud y la vida de la comunidad educativa en su conjunto. Desde Tribuna Docente (tendencia) planteamos un programa. Defendemos la cuarentena educativa en resguardo de la docencia y la comunidad. Por un plan de obras en todos los edificios escolares. Construcción y terminación de todas las escuelas que sean necesarias. Refacción y acondicionamiento en las existentes (espacio, ventilación, mobiliario). Acceso inmediato de todas las escuelas a los servicios esenciales. Infraestructura digital para sostener la continuidad pedagógica. Creación de todos los puestos de trabajo necesarios (docentes y auxiliares), contra la precarización y la sobrecarga laboral. Salario igual a la canasta familiar. Vacunación masiva para el conjunto de la población. En consecuencia, como lo venimos planteando en la Directiva frente a las posiciones de algunas agrupaciones del FIT que proponen el regreso a las aulas dentro de una “presencialidad segura” que es imposible de ejecutar en las actuales condiciones, llevaremos a la asamblea de SUTEBA Escobar el rechazo a la presencialidad decretada por el gobierno, en pandemia y sin vacunas. Llamamos a la docencia y las agrupaciones del distrito a debatir y desenvolver esta lucha en defensa de la educación, la salud y la vida.

9 de febrero de 2021
Salta: asamblea de docentes autoconvocados del norte votó el no inicio

Este sábado en Pichanal-Orán, sesionó la Asamblea de docentes autoconvocados del Norte de la provincia de Salta, que nucleó a delegados y docentes de los departamentos de San Martin, Rivadavia, Orán, Iruya y Santa Victoria. La asamblea votó por unanimidad el NO inicio de las clases, considerando que “no están dadas las condiciones sanitarias en pandemia para la presencialidad, ni de infraestructura y recursos tecnológicos para la virtualidad”. La posición de rechazar el inicio de clases y preparar la huelga contra el intento del gobierno, se deriva de la propia realidad. Al momento de realizarse la asamblea, el ministerio de salud informaba de un nuevo pico de contagios de COVID con 140 casos que suman a los 850 infectados los últimos 14 días. Por otra parte, los departamentos del norte provincial han sido los más azotados por los contagios del COVID. Tanto en Orán como en San Martín los docentes autoconvocados han estado a la cabeza de la lucha contra el vaciamiento sanitario, exigiendo la cobertura de insumos, oxígenos y médicos. Como lo expresó en su intervención la delegada de Rivadavia, la lucha por el NO inicio es la lucha por la salud, no solo del docente sino de los estudiantes y sus familias, advirtiendo que ante un nuevo colapso sanitario apenas cuentan con un hospital que “solo tiene de tal la placa con el nombre”. A la par, también denunció que sus alumnos toman agua con arsénico y que la planta potabilizadora no funciona. La asamblea que nucleó a decenas de docentes también votó el salario igual al costo de la canasta familiar y el 82 % móvil de jubilación con 25 años de servicio sin límite de edad. Así como la necesidad de nombramientos de ordenanzas cada 50 alumnos y una denuncia a la junta de calificaciones por la irregularidad y postergación de nuevas designaciones docentes. Entre las intervenciones de la asamblea no quedó fuera el repudio a la deuda de la provincia. Es que la docencia sabe que la discusión del salario y por la infraestructura y recursos materiales en las escuelas está condicionada al pago de 16 millones de dólares que Sáenz se apresta a hacer a los fondos internacionales, entre ellos Black Rock. Poco a poco comienza a ponerse de pie una respuesta provincial de la asamblea docencia autoconvocada. En ese camino, quedó fijada una nueva asamblea del norte para el domingo 21 de febrero en Mosconi – San Martín y la preparación de una asamblea provincial, en consonancia con la que ya se votó en capital para el próximo 27 de febrero. A las reivindicaciones docentes, la asamblea sumó el llamado a “la unidad de los trabajadores de la salud con la educación en toda la provincia”. La batalla por la salud y la vida de quienes vivimos de nuestro trabajo encuentra en la docencia salteña un nuevo punto de desarrollo. Abracemos su lucha y la perspectiva que abre para los trabajadores de la provincia.

9 de febrero de 2021
Incendio en El Bolsón, causas e implicancias

Desde hace quince días los bosques de la Cuesta del Ternero arden sin parar. Una familia de acampantes fue responsabilizada de haber dejado un fogón sin apagar. Si bien es muy condenable, semejante negligencia es circunstancial. Cualquier chispa alcanza para desatar incendios cuando las condiciones climáticas lo determinan. Temperaturas de más de treinta grados y sin lluvias durante semanas son el combustible perfecto. Se quemaron ya diez mil hectáreas y el fuego se acerca peligrosamente a una estación de gas y a las viviendas bolsonenses. Ya se autoevacuó la comunidad Nahuelpan. El combate contra el fuego lo están dando los brigadistas del SPLIF, los bomberos voluntarios y la población organizada. Están extenuados. Trabajan todo el día en malas condiciones, y no solo por las altas temperaturas sino por la falta de equipamientos. La población reúne y les acerca agua potable y colaboran con los profesionales. Los gobiernos municipal, provincial y nacional muestran su total inoperancia. Se pasan la pelota acerca de territorialidad y responsabilidades y no dan respuesta a la catástrofe. Cuando el intendente de Bolsón Bruno Pogliano pidió ayuda al gobierno nacional, desde el ministerio de Ambiente le respondieron que era “inoportuno”. La gobernadora Arabela Carreras por su parte niega que haya evacuados porque no cuenta las autoevacuaciones que sí las hay, y “pide pena máxima” para los causantes. Sólo se preocupó en señalar que la temporada turística “sigue con total normalidad, la situación de la ciudad es tranquila y la ruta está en excelente estado”. ¡De que normalidad hablará! Se están usando aviones hidrantes de tres mil litros de agua cuando desde hace años existen aviones que llevan setenta y cien mil litros. Se volvió a hablar de los 26 aviones hidrantes que se habrían comprado durante la gestión de CFK. Nunca se compraron, sino que se fueron alquilando temporada tras temporada. Con una región boscosa tan extensa como la cordillera patagónica, o la región noroeste o Córdoba que sufrió hace pocos meses enormes incendios, deberíamos contar con los recursos que los desarrollos técnicos ya crearon para apagar estos incendios. Es el caso de los verdaderos tanques de cien mil litros por descarga y todos los equipamientos adecuados para los combatientes del fuego, que vienen manifestando que los calzados que disponen les queman los pies. Frente a la inacción e inoperancia de un estado quebrado y al servicio del capital, los brigadistas y bomberos junto a los vecinos se organizan y combaten el fuego, asisten a los damnificados y denuncian la precariedad con que dan pelea. Un régimen que causa el cambio climático y que después no ofrece los recursos tecnológicos para combatir los desastres que provoca no va más. Trabajo efectivo y salario igual a la canasta familiar para los combatientes contra los incendios. Adquisición de los recursos tecnológicos más actuales como los aviones y helicópteros de mayor capacidad hidrante. Ropa ignífuga para el personal y colaboradores. Reposición del calzado según la necesidad. Coordinación internacional de prevención y combate de los incendios, bajo control de organizaciones obreras.

9 de febrero de 2021
Presencialidad en Pandemia: la celeste no es, se hace

En una nota titulada “Escuelas seguras y cuidadas. Las condiciones para la presencialidad” (07/02/21) Sonia Alesso vuelca la lamentable posición de la burocracia Celeste que dirige Ctera en relación al retorno a las escuelas en pandemia. Alesso carga las tintas sobre los “medios de comunicación hegemónicos” que reproducen los “ataques de los ex funcionarios de la gestión macrista” que habrían descubierto la “importancia de la escuela” y a quienes la autora adjudica un derrotero de medidas contra la educación pública. ¿Pero acaso no fue la burocracia de Ctera la que avaló la destrucción de la escuela pública, durante la gestión macrista, renunciando a organizar la lucha con el argumento de que la docencia los había votado? Alesso omite además que el campeón de la presencialidad en pandemia es el propio gobierno nacional: Trotta acaba de levantarle el pulgar a Larreta para que reabra las escuelas el 17 de febrero, el 12 se reúne con todos los Ministros de educación provinciales para flexibilizar el semáforo epidemiológico y forzar la presencialidad criminal. No hay grieta cuando se trata de convertir a docentes y estudiantes en carne de cañón. En la nota, también suscripta por Yasky y Baradel, la Secretaria General se dedica a romantizar la precarización laboral docente señalando que en 2020 “multiplicaron sus horas de trabajo, asistieron a los comedores escolares, repartieron cuadernillos y materiales y aportaron sus propias herramientas para trabajar en forma remota, afectando la vida cotidiana de sus propias familias” Todo esto ocurrió, efectivamente, a cambio de un salario por debajo de la línea de pobreza pactado por la Ctera en la paritaria “recuperada”. Esto que Alesso avaló con su inacción y ahora reivindica es lo que la docencia denunció durante todo el año pasado. Posteriormente la autora hace referencia a “las condiciones epidemiológicas alarmantes que estamos atravesando” y termina planteando que “para un regreso seguro a la presencialidad en las escuelas es necesario que estén contempladas todas las condiciones de salud e higiene de la comunidad educativa en su conjunto”. ¿No sabe Alesso que esas condiciones no existen? ¿Piensa Alesso que todo lo que el gobierno no hizo el año pasado lo va a hacer en estas tres semanas de febrero? Los aprietes para que los docentes se presenten en las escuelas ya empezaron sin que la burocracia Celeste tome una sola medida para rechazarlo. Podría pensarse que “todas las condiciones de salud” a las que hace referencia Alesso empiezan por la vacunación de todos los docentes, pues bien, en una entrevista a radio LT10 de Santa Fe, la dirigente señaló que “no es que todos vamos a tener que estar vacunados” (01/02/21). ¿Qué mandato tiene Sonia Alesso para mandar a los docentes al matadero? En el mismo sentido se pronunció Trotta: “los docentes no están vacunados, ni tampoco estaban vacunados cuando el año pasado (...) hubo instancias de presencialidad” (Telam 08/02/20). Sin docentes y estudiantes vacunados, lo que urge es dejar de reproducir el discurso gubernamental, rechazar la presencialidad y convocar a la huelga; cualquier otra cosa es desarmar a la docencia y convalidar la masacre social a la que nos quieren llevar gobierno y oposición. Como hablándose a sí misma Alesso afirma que “No se puede plantear el retorno a la presencialidad de manera imprecisa y ambigua”. Pero en la nota omite cualquier rechazo a la presencialidad y a organizar el No Inicio ¿No es dable deducir que Sonia aboga por un retorno contundente? En referencia a las “infundadas comparaciones” de los medios, la autora afirma que “la escuela no es un bar, no es un club”. Parece desconocer que el Plan Jurisdiccional de Kicillof plantea precisamente eso: la posibilidad de precarizar aún más a los docentes permitiendo que las escuelas utilicen clubes y otros edificios de la sociedad civil para el desarrollo de las clases presenciales. El Plan jurisdiccional, que la Celeste apoya y la docencia rechazó masivamente en jornadas y asambleas, es la confesión de parte respecto a que en las escuelas no hay condiciones ni las habrá, a menos que la docencia las arranque con su lucha y con sus métodos. Rechacemos la presencialidad en Pandemia, Organicemos el NO INICIO, vamos a la Huelga por la vida!

9 de febrero de 2021
SUTEBA La Matanza: la rebelión contra la “presencialidad” en pandemia

Con la participación de casi 500 docentes se realizó la primera asamblea del año del SUTEBA de La Matanza. El tema excluyente fue qué posición debía fijar el sindicato ante la decisión del gobierno de retomar las clases presenciales, en medio de un rebrote de covid internacional. La asamblea dejó un pronunciamiento prácticamente unánime de parte de los más de 50 docentes que tomaron la palabra para rechazar las clases presenciales, por no existir ninguna condición “segura” para retornar a las escuelas. “Sin vacuna, no podemos volver”, “nos están mandando al matadero”, “no tenemos que empezar”, fueron expresiones recurrentes de las intervenciones. No hay registros cercanos de que se hayan reunido casi 500 compañeros en una asamblea a principios de Febrero. Es una muestra concreta de que existe una disposición a brindar una lucha decidida en defensa de la vida y la salud de los trabajadores de la educación. Otro aspecto distinguido de la asamblea fue que participó un sector importante de activistas independientes y de la base. La agrupación celeste que dirige el gremio a nivel provincial boicoteó la asamblea y no asistió, en una clara demostración de que Baradel y compañía no quieren verse denunciados por el acuerdo que arreglaron con Larreta y Kicillof. El ‘cambio generacional’ que La Cámpora pretende representar en el peronismo, es un retroceso al menemato. Debate En el transcurso de la asamblea se produjo un debate importante. La moción que presentó la secretaría general al inicio de la misma fue la siguiente: “El gobierno es responsable de garantizar las condiciones sanitarias, edilicias y laborales para que sea posible un regreso paulatino a la presencialidad segura. No a la imposición de presencialidad sin condiciones adecuadas, que ponen en riesgo a la comunidad educativa”. Es muy claro que a la resolución le falta algo fundamental: ¿empezamos las clases en las fechas establecidas por Kicillof, sí o no? Las “condiciones sanitarias, edilicias y laborales”, que se presentan como un interrogante, son sin embargo conocidas – basta prender C5N, que no difiere de TN, como tampoco difieren Acuña y Trotta. La directiva de la seccional, una mesa que integran el FIT y el PCR (K), evitó una resolución clara y neta. Empezamos las clases, ¿si o no? En diversas provincias, las asambleas respondieron sin vuelta al interrogante y votaron NO. Mirado desde lo concreto, la resolución tiene una ambigüedad calculada, que fue precedida por el llamado a ir con todo por la ‘presencialidad’, para que Google y Facebook no impongan el teletrabajo y la virtualidad. Los oradores del oficialismo de Tribuna Docente fueron mucho más claros que la resolución que puso a votación la secretaría general. Hicieron eje en conformar comités de seguridad e higiene “para garantizar las condiciones” de la apertura de las escuelas. Varios asambleístas hicieron notar que esa no era responsabilidad de estos organismos, sino del propio Estado. Los sindicatos adhieren o se oponen a las condiciones de seguridad e higiene existentes. Si se oponen deben plantear el no inicio de clases. Pero esto era lo que la resolución oficial quería evitar. La burocracia celeste del gobierno también habilitó el regreso a clases presenciales sobre la base de que “cada escuela” decida. Sería un no inicio salteado: en la mayoría de las escuelas sí, y las otras que se arreglen solas. Este método no es propio de un sindicato, es propio de la ausencia de sindicato. La Marrón (PTS) señaló que oponerse a dar clases presenciales era un “reclamo corporativista” de los docentes y que no podíamos “alejarnos de la comunidad” que necesita “mandar a sus hijos a la escuela”. Para el PTS, Suteba debería afiliar a los padres de los alumnos al sindicato. Defiende el “comunitarismo” contra lo que sería, no sindicalismo, sino una corporación de intereses creados. Con este criterio, la UTA y el Subte deberían afiliar a los pasajeros, y los trabajadores de supermercados a los clientes. La “soberanía del consumidor” ha sido, sin embargo, la consigna de guerra del neo-liberalismo contra los sindicatos. El planteo del PTS blanquea la posición de la Directiva: ‘peleemos la higiene y la seguridad mientras damos clases’. El PTS plantea la ‘presencialidad’ desde marzo de 2020, lo mismo el aparato oficial del PO, aunque con mayores vacilaciones. La UIA, el clero y la Asociación Empresaria Argentina han sostenido lo mismo, también desde el comienzo. Lo del PTS tiene un tinte de perfidia que no se puede soslayar – es el partido de ‘nuestras vidas o sus ganancias’, antes del coronavirus, y el partido de ‘demos vuelta todo’, que propone seguir como si nada. En ninguna intervención las agrupaciones del FIT U fijaron posición por el rechazo a la presencialidad en pandemia, y tampoco mocionaron ninguna formulación que incluya la huelga o el no inicio, siquiera en términos potenciales o preparatorios. Por seguridad e higiene, pero sin plan de lucha. Nuestra intervención Los compañeros y compañeras que intervinieron por la Tendencia de Tribuna Docente señalamos que no nos encontramos ante un debate entre presencialidad vs virtualidad, sino entre la defensa de la vida de los trabajadores y la propagación de contagios. . Denunciamos que la ‘presencialidad’ ha fracasado en todos los lados, porque las aperturas fueron seguidas de cierres, y otras nuevas fueron intermitentes y salteadas, o sea incompatibles con la enseñanza entendida en serio. En Brasil y Estados Unidos se desarrollan huelgas en los principales estados federales. Señalamos, por lo tanto, que la ‘presencialidad’ no responde a un interés “pedagógico” o de “socialización”, sino a reintroducir la escuela, incluidas, por sobre todo, las privadas y confesionales, dentro del engranaje capitalista de la nueva “normalidad”: las ganancias antes que la vida. Rechazamos la idea de “presencialidad segura” que difunde la burocracia sindical, ya que las dos principales condiciones para ello - baja circulación del virus y vacunas -- no existen. Sobre esta base hemos planteado organizar el no inicio de clases presenciales, que es lo que ya han votado las asambleas de docentes auto convocados de Salta y Tucumán. Nuestra moción, recogida de otras propuestas, fue: “En defensa de la vida y la salud, con presencialidad en pandemia y sin vacunas, no iniciamos”. La asamblea finalmente votó un paquete general que incluye una jornada de movilización el día 12-2 al Consejo Federal de Educación, cuando los ministros del área se reunirán a modificar el semáforo “epidemiológico”, el reclamo de que las jornadas institucionales del 11 y 12 se hagan de manera virtual (impulsado por nuestra Tendencia previamente en la directiva del gremio) y la convocatoria a un plenario de delegados con mandato para la semana del 22/2, tanto seccional como provincial junto a los Sutebas Multicolor. El debate que se desenvolvió en la asamblea quedó reflejado en dos mociones que se votaron por separado. La acordada por el FIT-U y el PCR, modificando la inicial (ver diferencias) fue: “El gobierno es responsable de garantizar las condiciones sanitarias, edilicias y laborales para que sea posible un regreso a la presencialidad sin riesgos. No a la imposición de presencialidad sin condiciones adecuadas, que ponen en riesgo a la comunidad educativa”. El “regreso paulatino” y “presencialidad segura” fueron retirados y suplantados por una “presencialidad sin riesgos”. O sea “presencialidad sí”, pero “sin riesgos”. No se trata, sin embargo, de ‘riesgos’, que hacen a la condición humana, sino de certezas, en este caso la probabilidad (elevada) de contagios que se viralicen en las familias, cuando el propio virus sufre mutaciones, y cuando varias vacunas ‘probadas’ al 95%, muestran ahora que no superan el 10. La manipulación de las palabras y los textos no disimula que asistimos a una confrontación política, que gira en apoyar la ‘nueva normalidad’, con todo el daño que implica a la salud y la vida, o en combatir esa ‘nueva normalidad’, precisamente para que “los capitalistas paguen la crisis”, incluida la necesidad de proceder a la expropiación de los bancos y los grandes recursos industriales. En estas circunstancias y con la presencia de 290 compañeros (en su mejor momento hubo 480) la moción del FIT-U y el PCR obtuvo 168 votos, y la que impulsaron nuestra Tendencia y otras agrupaciones multicolor, que obtuvo 70 (el 30% de la asamblea). Por la confusión generada el resto de los 52 presentes no emitieron su voto. La votación en conjunto del FIT-U y el PCR, que es aliado del gobierno y de la burocracia celeste en Suteba, ha mostrado a un frente por el regreso a las clases presenciales “sin riesgos”, para oponerse al “No inicio” – en realidad a la continuación de la ‘cuarentena’ educativa que los docentes han impuesto mediante la lucha desde el comienzo de la pandemia. En la asamblea primó un ambiente de rechazo de plano a la presencialidad y a favor de la huelga, que la resolución vencedora refleja en su tentativa de ambigüedad. Los docentes estamos atravesando una experiencia histórica. No sólo es el mejor legado que dejamos a los alumnos y las familias, sino que puede convertirnos en columna política del movimiento obrero.

9 de febrero de 2021
CABA: se multiplica la campaña por la legalidad

Con el inicio de febrero, se ha ampliado significativamente el contingente de compañeros involucrados en la pelea por la legalidad de la Tendencia en CABA. Así lo prueban los cinco parques realizados el domingo (Centenario, Saavedra, Lezama, Rivadavia y plaza Boedo), como remate de todo el trabajo de la semana. Este salto refuerza la lucha por conquistar los 4000 afiliados, con todas las dificultades planteadas por una pandemia que naturalmente restringe nuestro campo de intervención. El desafío de asegurar la presencia de los socialistas y las posiciones del Partido Obrero en todos los escenarios posibles cobra todavía mayor importancia en momentos en que se refuerza la presión patronal y estatal por el regreso al trabajo en todos los planos. La Tendencia se ha caracterizado por denunciar sin vacilaciones este operativo criminal. El objetivo principal de estas actividades es bien preciso: conquistar en el menor tiempo posible los requisitos necesarios para superar el obstáculo legal y burocrático que el Estado antepone para la legalización de un partido. De todas formas esto no quita que los resultados obtenidos exceden por mucho a la mera colecta de afiliaciones. Allí donde ponemos una mesita se generan relaciones y nuevos contactos. La campaña por la legalidad refuerza a la Tendencia en su lucha por recuperar al Partido Obrero y darle más impulso que nunca a la histórica pelea por el socialismo y el gobierno obrero.

9 de febrero de 2021
Subte: las concesiones a Metrovías y la "presencialidad" escolar

Tras la huelga del subte de tres horas, en defensa de las licencias para los compañeros mayores de 60 años, la conducción del sindicato (AGTSyP) firmó un acuerdo con Metrovías sin consultar a las asambleas ni al cuerpo de delegados. El acuerdo, que la directiva presenta como un “triunfo”, establece sin embargo fuertes concesiones a la política aperturista de la patronal y de los gobiernos de Larreta y Fernández. La propia empresa se encargó de dejar asentado en el acta la necesidad de incrementar el transporte ante la reanudación de clases, que propician ambos gobiernos. El acogimiento a la licencia por edad de riesgo es reconocido como “optativo” por parte del trabajador. La patronal impuso la revisión médica compulsiva de los trabajadores mayores de 60 años. Quienes pasen la prueba médica podrán ejercer la “opción”. Los mayores de 60 no han dejado, sin embargo, de ser población de riesgo después de una revisión. Lo que comenzó como un conflicto en el sector de tráfico queda planteado para todo el subte. Aceptar la variante “optativa” es un ataque a la irrenunciabilidad de derechos laborales. Es uno de los principios que las patronales pretenden liquidar con la reforma laboral. Es un paso al contrato individual o a medida. Así como nadie puede cobrar por debajo del convenio, y así como un trabajador enfermo debe guardar licencia sin que nadie pregunte si quiere trabajar a pesar de todo, las licencias por riesgos deben guardar los mismos criterios. La “optatividad” rompe la unidad colectiva y habilita las presiones y cooptaciones patronales para liquidar derechos. Pero en cualquier caso, la “optatividad” es un fraude. ¿Por qué? Porque quienes vuelvan a trabajar volverán a cobrar el salario en blanco (remunerativo) y obtendrán el plus diario por traslado, que desde estas páginas denunciamos desde un principio como un ataque a las licencias por covid y a quienes mantienen retención de tareas por asbesto. La “optatividad” es una extorsión: el que se preserva pierde parte del salario, queda expuesto a los aprietes de RRHH. El acuerdo nada dice por escrito de los descuentos del 25% del salario a los compañeros mayores de 60 años que realizó la empresa y originó el paro general de 3 horas. De palabra, pagarían el viernes. Esencialidad, vuelta a clases y acuerdo inconsulto La ofensiva con eje en la vuelta a clases no afecta sólo a docentes, alumnos y sus familias, va contra las licencias a los trabajadores y sus familias, cuando aumenta la circulación del virus. La pandemia ya se llevó la vida de por lo menos 6 compañeros de base y 1 supervisor, y ha tenido un nivel de contagios en el Subte muy superior a la media nacional. Con esta concesión de la directiva sindical, se fortalece la interpretación patronal del ambiguo decreto que determina que los mayores de 60 deben ir a trabajar, en los servicios tipificados como “esenciales”. Con este acuerdo, Larreta contará con un antecedente a favor para enviar a los docentes mayores de 60 a trabajar La contundente huelga reciente demuestra las reservas de lucha del subte. La ofensiva aperturista de la empresa y el contenido del acuerdo obligan a una deliberación en todas las líneas. Necesitamos una política independiente de las patronales y los gobiernos. Y democracia sindical – que las bases decidan.

9 de febrero de 2021
“Un compañero imprescindible”
Víctor Pais

Cruel, este desenlace se veía venir. Tras una dura pelea contra el Covid, falleció ayer Leo Izraelzon, un querido vecino de La Paternal al que empecé a cobrarle aprecio desde que lo conocí hace varios años por su actividad como docente de periodismo en el Centro de Educación No Formal Juan Agustín García, que funciona en la Escuela Provincia de Mendoza. Con él alternábamos en alguna que otra charla organizada por su taller y en los encuentros de fin de año de los cursos. Luego, supe de su faceta militante, de la pasión y la inteligencia con que defendía y transmitía sus convicciones. Siempre con calidez, con buen humor y con firmeza, daba batalla en varios frentes. Y así como tuve oportunidad de debatir política en encuentros casuales en las calles del barrio o en un café, también nos juntamos más de una vez en la confitería La Corona para disfrutar y sufrir el clásico de Avellaneda, con el peculiar e infaltable condimento de las chanzas de la rivalidad: endiablado fan del Rojo, Leo; racinguista, el corazón de quien escribe estas líneas. Más que sentidas palabras para despedirlo fueron las que nos ofreció Jaime Lerner, compañero de militancia y amigo de Leo, y uno de los fundadores y guías de El templo del fútbol, el museo de Argentinos Juniors: “Cuando me mudé a La Paternal lo encontré. Lo conocía pero la vecindad nos acercó. Casi es una obviedad pero algunas palabras vienen asociadas con otras y decir Paternal, Partido Obrero, Beatles e Independiente, entre otras cosas, me traía y seguirá trayendo a Leo. En ninguna reunión pasaba desapercibido, por sus opiniones, por su humor, por su vozarrón. Leo seguirá siendo un compañero imprescindible. Su recuerdo será motor para muchos de nosotros. Si el mundo quiere homenajearlo tendrá que cambiar y ese día notaremos mucho más su ausencia. Chau querido Leo, te voy a extrañar”. También nos brindó su recuerdo Guillermo Calvo, el coordinador del Centro arriba mencionado, en el que Leo dejó su profunda huella: “Lo conocí en 2004. Se presentó en la escuela, currículum en mano, para ofrecerse como docente de Producción y Periodismo en Radio. Al año siguiente comenzó a trabajar como docente de esa especialidad contratado por el Gobierno de la Ciudad. Fue un buen compañero y un buen tipo. Discutíamos de política. Yo soy peronista, él no lo era, no, ni a palos. Hincha del Rojo y yo de Racing. Nos gastábamos. Dio su curso durante 14 años dos veces por semana. El taller de radio salía al aire todos los jueves en el horario nuestro, de 18 a 20, en FM Doppler, una FM barrial, y los martes tenían clase teórica en un aula escolar. ¡Salud Leo! Fue un placer compartir y discutir con vos, ser compañeros de trabajo y vecinos del mismo barrio. ¡Hasta siempre, compañero!”. Sobre la faceta militante de Leo, ahondó Eduardo Correa, referente de Jubilados Clasistas de La Paternal, quien nos dijo: “Leo Izraelson fue un gran luchador por el Socialismo. Fue uno de los constructores del local del Partido Obrero de La Paternal hace más de 20 años atrás. Formamos Jubilados Clasistas hace 5 años, convencidos de la necesidad de luchar por las reivindicaciones de los adultos mayores, desde una perspectiva clasista. Gran constructor del Partido Obrero y actualmente de la Tendencia del Partido Obrero. El maldito Covid se lleva uno de los mejores cuadros políticos de Paternal”.

9 de febrero de 2021
En Amazon, Estados Unidos, comienza la votación por el derecho a la sindicalización

El viernes, la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB) de EEUU rechazó el intento de Amazon de retrasar una votación que debe decidir acerca de la sindicalización de 6.000 trabajadores. Se trata del primer intento importante de sindicalización dentro del gigante de ventas on-line desde 2014. Los trabajadores del almacén de Bessemer (uno de los más grandes de los 110 que posee la empresa), en Alabama, comenzarán a emitir sus votos por correo el lunes, y la votación se extenderá hasta el 29 de marzo. En diciembre, más de dos mil de los 5.800 empleados en Bessemer habían firmado el requerimiento de una representación sindical. Amazon tiene más de 1,2 millones de empleados en todo el mundo. Amazon implementó una táctica dilatoria, incluida una moción para que los votos se realicen en persona - un riesgo para la salud, en tiempos de COVID. Los trabajadores denuncian que la patronal envía mensajes de texto cinco veces al día. Según los documentos internos obtenidos por Motherboard, la empresa ha contratado los servicios de la agencia Pinkerton para que sus agentes actúen como espías laborales. De aprobarse la sindicalización, los 6.000 trabajadores se unirían al RWDSU (Sindicato de minoristas, mayoristas y grandes almacenes), afiliado de AFL-CIO. De acuerdo al New York Times, “los organizadores sindicales también están construyendo su campaña en torno a los temas del movimiento Black Lives Matter. Muchos de los empleados del almacén de Amazon son negros, un hecho que el sindicato minorista ha utilizado para centrarse en cuestiones de igualdad racial y empoderamiento. Y liderando el esfuerzo de organización están unas dos docenas de trabajadores sindicalizados de almacenes y plantas avícolas cercanas, la mayoría de los cuales también son negros”. La necesidad de la unión de clase contra la patronal, está presente con fuerza. “Si bien (si) las ganancias de Amazon se han disparado, los trabajadores de los almacenes en el Reino Unido se han visto obligados a sufrir condiciones de trabajo inhumanas: romperse huesos, quedar inconscientes y ser llevados en ambulancias en la implacable búsqueda de efectivo de la empresa” (gmb, 3/2). La ganancia capitalista está fuertemente asociada a la tasa de explotación. Más de 60 millones de personas han expresado, en sondeos realizados en EEUU, que se sindicalizarían de poder hacerlo. Ejemplos recientes incluyen un grupo de trabajadores de Google en Pittsburgh, seguido de la creación de Alphabet Workers Union, que incluye a más de 800 empleados. En febrero pasado, Kickstarter votó para sindicalizar a su fuerza laboral, seguido por la plataforma de desarrollo Glitch el mes siguiente (ídem). La burocracia de los sindicatos, como es el caso del Sindicato de Minoristas, Mayoristas y Grandes Tiendas, busca capitalizar esta tendencia para aumentar sus privilegios y servir mejor de elemento de contención, en especial para el nuevo gobierno Biden. Hace tres décadas que firma contratos a la baja, tolera la ofensiva anti-organización de la patronal contra los activistas y acepta la llamada desregulación laboral, precisamente en uno de los trabajos más precarios de la sociedad. La tendencia a la sindicalización forma parte de la rebelión popular que atraviesa a Estados Unidos – la burocracia busca encuadrarla. La tutela sindical y política de la burocracia no justifica, sin embargo, como no lo justificó en el pasado, arrogarse un cretinismo anti-sindical y convocar al boicot de la sindicalización legal. Para quebrar los límites históricos del sindicalismo, o sea su falta de independencia de clase, la aceptación de la tutela estatal y la separación de la lucha reivindicativa de la lucha política socialista, es necesario disputar el liderazgo del reclamo por una sindicalización masiva. Stuart Appelbaum, en un comunicado sobre la decisión de la NLRB dijo que “El descarado desprecio de Amazon por la salud y la seguridad de su propia fuerza laboral quedó demostrado una vez más por su insistencia en una elección presencial en medio de la pandemia. La decisión de hoy demuestra que ya es hora de que Amazon comience a respetar a sus propios empleados; y permitirles que emitan sus votos sin intimidación e interferencia”. Los trabajadores explicaron que “Nuestro sindicato no dará marcha atrás hasta que Amazon sea responsable de estas y muchas otras prácticas laborales peligrosas”.

9 de febrero de 2021
¡Libertad a Rafael Crispín!

El jueves 4, en un enorme y represivo operativo policial para realizar un corte de energía eléctrica -con más presencia policial que de trabajadores de Edenor- fueron injustamente detenidos cuatro vecinos del barrio La Nueva Unión, en Rafael Castillo en el partido de La Matanza. Aún se encuentra detenido Rafael Crispín delegado del Polo Obrero (O) de 33 años y padre de 3 hijos, con una carátula alarmante: tentativa de homicidio agravado. El Lunes 8, hubo una concentración y acto en las puertas de la fiscalía n°3 de San Justo reclamando la inmediata liberación de Rafael, donde se hicieron presentes distintas organizaciones sociales, políticas y de DDHH. El día de hoy se realizaron cortes en distintos accesos a la Capital (puente Saavedra, Ruta 3 y Gral Paz, Acceso Oeste en Moreno, Puente La Noria) reclamando la inmediata liberación y desprocesamiento de Rafael. Se ha vuelto una costumbre cotidiana que la policía desaloje y hostigue violentamente y sin orden judicial a los vecinos, desde tomas de tierras como en Los Ceibos en Ciudad Evita, pasando por puestos ambulantes en González Catán y conflictos obreros como en La Nirva, entre otros. En medio de una grave crisis social y habitacional, con una inflación estimada del 50% anual, casi el 50% de pobreza y 30% de desocupación, paritarias a la baja y retiro del IFE, el gobierno no escatima recursos en reforzar un aparato represivo del estado que sale a golpear a los vecinos más explotados y esquilmados por los monopolios de la energía. El jueves le tocó el turno a Rafael Crispín, en una causa alevosamente armada. Exigimos la inmediata liberación del compañero.

9 de febrero de 2021
Ecuador: la hora de los “ni, ni”

Cuando toda la opinión convencional vaticinaba un ‘remake’ de ‘Cristina versus Mauricio’, en Ecuador, o sea otra versión de la ‘grieta’ entre el ‘neoliberalismo’ y el ‘populismo’, se filtró entre los pliegues del azar una variante que corría tercera por los palos. Es que si el candidato Yakú Pérez, por el movimiento indigenista Pachakutik, arrebata el segundo lugar de las elecciones al banquero Guillermo Lasso, podría dejar la Presidencia del país para el tercero en discordia. Si se observa con cuidado, lejos de contrariar lo ocurrido en Argentina, lo confirma con sello propio, porque, después de todo, Alberto Fernández y Sergio Massa impusieron un gobierno que alejó al macrismo de la Rosada y relegó a CFK a un incierto primer violín de una coalición a los tumbos. Lo de Ecuador se asemeja a lo ocurrido en El Salvador, donde la derecha y la izquierda de las últimas décadas fueron sustituidas por un advenedizo, Najib Bukele, que ahora reparte palos a gusto a un lado y el otro. La posibilidad de que Yaku Pérez dispute la presidencia en abril próximo, ha abierto una avenida que el capital financiero internacional no tenía prevista para sus operaciones en Ecuador. Es que Yakú Pérez tiene mayores posibilidades de derrotar a Andres Araúz, el candidato de Rafael Correa, que ganó el primer turno cómodo con el 32% de los votos – frente a los pocos 19% de cada uno de sus rivales. Pérez ya invitó a votar por Lasso en las elecciones de 2016, y Lasso devolvió la gentileza, con una promesa de apoyo a Pérez durante la campaña electoral (que este rechazó de malos modos). El ballotage mostraría un frente de hecho, contra el correísta Araúz, entre el indigenismo y el neoliberalismo, al cual se asociaría la Izquierda Democrática, cuyo candidato Xavier Hervas, obtuvo el 16% de los sufragios. Este potencial 54% de los votos, en la segunda vuelta, no podría conseguirlos el banquero Lasso. Aunque la disputa del segundo lugar sigue muy estrecha entre Pérez y Lasso, descontamos que el capital internacional le ha bajado el pulgar al banquero y se ha decidido por el líder indigenista. Ocurre que el punto esencial de disputa en Ecuador es el acuerdo que ha firmado Lenin Moreno con el FMI y la injerencia del Fondo Internacional de Desarrollo de Estados Unidos para desalojar de Ecuador a China y monopolizar las inversiones mineras metalíferas y no metalíferas para el capital norteamericano. Frente a este desafío, el eje de Pérez y de Hervas es la lucha contra la corrupción del ‘prófugo Correa’ y un programa ambientalista que propone inversiones extractivas ‘racionales’. Rafael Correa, en su presidencia, reprimió en forma brutal al movimiento indigenista, en defensa del extractivismo, creando naturalmente un abismo entre ambas corrientes. Yaku Pérez fue escogido como la opción presidencial de Pachakutik, pese a que no fue uno de los rostros visibles en la revuelta de octubre. Jaime Vargas y Leonidas Iza, otros líderes indígenas que sí estuvieron al frente de los hechos de 2019, fueron relegados en las elecciones primarias. No participaron ni apoyaron activamente de la campaña de Pérez. El Movimiento Pachakutik ingresó relativamente tarde a la rebelión popular de octubre de 2019, y llegó a un acuerdo bastante temprano con Lenin Moreno para apagar la insurgencia. Las contradicciones del indigenismo se han visto claramente en Bolivia, en referencia a reiterados choques entre Evo Morales y las agrupaciones indigenistas, debidos con frecuencia a obras públicas reclamadas por el capital financiero que perjudicaban a las comunidades aborígenes. La crisis se acentuó en ocasión de la capitulación de Morales frente al golpe fascista en Bolivia. La diferenciación social al interior de las masas indígenas en Ecuador es incluso mayor que en Bolivia, y se manifiesta en los planteos autonomistas del liderazgo aborigen, que no postulan otra cosa que el acaparamiento de las rentas mayores o menores que producen las regiones, y últimamente el petróleo y la minería. Yakú Pérez levanta un planteo de ‘capitalismo andino’, que tiene puntos de contacto estratégicos, aunque mucho más rudimentarios, con el de García Linera, el intelectual del MAS. El derrumbe económico de Ecuador no ofrece márgenes para una asociación estatal-privada como la que montó el masismo boliviano para la producción de petróleo y gas. Una eventual victoria de Pérez, en coalición con las fuerzas que apoyan a Lasso y la Izquierda Democrática, guardaría semejanzas con el gobierno de Lenin Moreno, pero en un marco de crisis económica sanitaria abismal. La población indígena carece de la homogeneidad política y social como para constituir un régimen propio, acompañado del FMI y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Las delimitaciones políticas caóticas e improvisadas que ponen de manifiesto el proceso electoral en Ecuador, marcan el contexto para construir una delimitación estratégica auténtica: un polo obrero-campesino, que atraiga por medio de su programa y movilización a las masas paupérrimas del país.

10 de febrero de 2021
Desde el partido obrero: "Claudio del Plá ha decidido quebrar incluso con su propio activismo docente"

SALTA.- ( Redacción) Voces Críticas dialogó en exclusiva con la militante del partido obrero Gabriela Jorge. Expresó las discrepancias del espacio frente a las expresiones vertidas por Claudio del Plá, donde pide por una vuelta de las clases presenciales en todas las escuelas de la provincia. V.C: Señora Jorge, Claudio del Plá dio a entender que apoyara la vuelta presencial de las clases propuesta por el gobierno provincial ¿Qué opinión tiene el partido hacia dentro? G.J: La posición histórica del partido obrero y de nuestras compañeras de la tribuna docente tiene un largo desarrollo que ha sido sistemáticamente el sostenimiento y la preparación de la huelga frente a todo un cuadro agravado por la pandemia, que hace cada vez mas inviable un retorno a clases, por lo cual, desde el partido no simpatizamos con las expresiones vertidas por del Plá quien además si recordaran decidió abandonar el partido usurpando una de las bancas en la cámara legislativa. En un marco donde las vacunas no llegan, donde la infraestructura de los establecimientos es precaria, donde el salario docente ha sido brutalmente devaluado hace que cualquier tipo de retorno a las aulas anunciado por el gobierno por presión de las patronales que ven a la escuela no como un lugar de desarrollo del conocimiento, sino como una mera guardería para que aquellos trabajadores que están de licencia por estar en riesgo vuelvan a trabajar sin tener que preocuparse de sus hijos. En este contexto es que Claudio del Plá decidido quebrar incluso con su propio activismo docente y se ha colocado a la cabeza de la apertura de escuelas sin ningún tipo de dialogo con la docencia salteña. V.C: Gabriela Jorge, ¿Estos reclamos terminaron incluso en detenciones de referentes de la docencia en Salta? G.J: Si claramente lo que se observa en esas actitudes es una guerra declarada, una confrontación abierta con el gobierno y, por lo tanto, la izquierda no puede jugar en el campo del gobierno, tiene que jugar en el campo para preparar las condiciones de la huelga requisito fundamental para el triunfo de los trabajadores y el resguardo de la salud no solo de todo el personal docente y no docente sino también de nuestros niños. V.C: ¿Los sindicatos fuertes en la provincia acompañan estas razones de huelga? G.J: No, en absoluto, la burocracia sindical se juega al sostenimiento de una vuelta a clases que es un acto completamente criminal por los argumentos que te he mencionado previamente, con preocupación vemos que esta burocracia sindical esta siendo cómplice de un gobierno que ha dejado a las claras que le importa un bledo la vida de la comunidad docente y el interés general de la población. V.C: En un escenario donde los tiempos electorales son bastante acotados ¿Qué rol desempeñara el partido obrero? G.J: Desde ya las elecciones no están desligadas de esta crisis humanitaria y esta verdadera quiebra que atraviesa la provincia, por lo tanto para nosotros la intervención que tengamos, incluido en el terreno electoral, estará muy ligado a desenvolver el triunfo de las luchas que esta dando la clase obrera, no solamente en educación sino también en salud y en el conjunto de los lugares de trabajo porque entendemos que acá se esta jugando una cosa que no es menor; la vida y la salud de quienes vivimos de nuestro trabajo y que efectivamente en la batalla que esta dando la clase obrera por los protocolos, las condiciones sanitarias y los no despidos, está el germen que puede superar a un régimen político y social que esta gobernando salta que claramente preserva más el interés de los acreedores por encima del interés general de la población. https://www.vocescriticas.com/noticias/2021/02/08/57142-desde-el-partido-obrero-claudio-del-pla-decidido-quebrar-incluso-con-su-propio-activismo-docente LEER MÁS Salta: asamblea de docentes autoconvocados del norte votó el no inicios escribe Samuel Huerga

10 de febrero de 2021
En estas condiciones no volvemos a las aulas
Frente Gremial 4 de abril

EN ESTAS CONDICIONES NO VOLVEMOS A LAS AULAS. Frente al anuncio improvisado, e inconsulto del gobierno decimos: ¡QUE LA DOCENCIA DECIDA! En defensa de la salud, la vida y la educación pública, PREPAREMOS EL NO INICIO Y LA LUCHA POR NUESTROS RECLAMOS. ✔️No a la "Bimodalidad", defensa de nuestros derechos laborales. ✔️Plan de obras, refacción y acondicionamiento de todos los edificios escolares. ✔️Vacunación para la docencia y la comunidad educativa. ✔️Salario y jubilaciones igual a la canasta familiar. Equipos, soporte y conectividad para estudiantes y docentes en virtualidad. Frente 4 de Abril - La Capital 9/2/21

10 de febrero de 2021
Justicia por Úrsula Bahillo: el Estado es femicida

El día lunes 8 de febrero, Úrsula Bahillo fue asesinada por su ex pareja, Matías Ezequiel Martínez, un oficial de la policía Bonaerense de San Nicolás. La víctima, de 18 años, había realizado más de una decena de denuncias y durante el sábado y el domingo había intentado realizar una más, pero no fue atendida bajo la excusa de que era fin de semana. El cuerpo de Úrsula fue encontrado por la policía- tras la denuncia del tío de Martínez, a quién llamó diciéndole que se había “mandado una cagada”- en un paraje rural a pocos kilómetros de la localidad de Rojas, donde residía la joven. Fue asesinada a puñaladas, y la cuchilla ensangrentada fue encontrada en el auto del victimario, a pocos metros del lugar del crimen. Al trascender el femicidio, se produjo una pueblada en Rojas, donde los vecinos, familiares y amigos de Úrsula se concentraron frente a la comisaría, denunciando la complicidad policial y su responsabilidad absoluta. La movilización fue brutalmente reprimida, se llevaron 9 personas detenidas (de las cuales 4 eran menores de edad) y una de las amigas recibió un balazo de goma en uno de sus ojos. El Ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, defendió la actuación policial. Además, intentó eximir a la bonaerense de su responsabilidad justificando que Martínez no se encontraba en funciones ya que "tenía licencia por problemas psiquiátricos". A pesar de los intentos de encubrimiento del Ministro de Seguridad, y el silencio cómplice de la gobernación de Axel Kicillof, la responsabilidad de la policía y la justicia están a la vista. Matías Martínez no sólo tenía una decena de denuncias por parte de Úrsula, sino que trascendió que tiene varias más de otras ex parejas e incluso una denuncia por abuso sexual a una menor, al menos desde el 2017 por lo menos. A pesar de las denuncias, Martínez nunca fue removido de las fuerzas, y su licencia por “carpeta psiquiátrica” terminó siendo solicitada por él mismo, en setiembre de 2020. A pesar de las reiteradas denuncias, a la joven no le concedieron siquiera el botón de pánico. Recién el 1° de febrero la justicia le otorgó la restricción perimetral, que fue violada por Martínez en reiteradas oportunidades. La familia fue a denunciar a la comisaría el no cumplimiento de la perimetral- con pruebas de fotos y testigos- sin conseguir que la Fiscalía, a cargo de Sergio Terrón (titular de la UFI 5 del Departamento Judicial de Junín), ni la Comisaría detuvieran a Martínez. Este mismo fin de semana, volvieron a intentar realizar una denuncia, dado que el acoso y las amenazas continuaron, y no les tomaron la denuncia porque era “fin de semana”. Las informaciones periodísticas señalan que estas últimas denuncias se “filtraron” al asesino a través de sus contactos en la policía, lo que habría precipitado el crimen. Esta situación no llama la atención. Todas las mujeres víctimas por violencia, y sus familias, pasan por este circuito de impunidad. Las comisarías no toman las denuncias, si lo hacen lo hacen mal, lograr las perimetrales es un verdadero calvario y cuando se consiguen no se hacen cumplir. Cada vez que se cruza palabra con algún funcionario del Estado, así sea de la policía o las fiscalías, es un proceso constante de revictimización y maltratos. Es por ello, que muchas veces las mujeres desisten de continuar las denuncias. El caso de Rojas delata la impostura de la supuesta “política de género” del Estado: Desde el 2018, de la sanción de la Ley Micaela, múltiples decretos de emergencia y la creación de comisarías, fiscalías y hasta del Ministerio de la Mujer, la situación de la violencia contra las mujeres se ha profundizado. Empezamos el 2021 estando a 9 de febrero con un saldo de 44 femicidios en todo el país, uno cada 20 horas. Según el Observatorio Mumalá, el 19% de los femicidas pertenecen a una fuerza de seguridad. La crisis capitalista y la descomposición social han sido un factor agravante en la opresión y violencia a las mujeres. Un Estado que debe asegurar cotidianamente el despojo de los explotados, del derecho al trabajo, a la salud o a la vivienda, tiene enquistado en sus raíces a la opresión a la mujer. Esta situación va a empeorar en manos de ese “Estado responsable”. La única salida a esta gravísima amenaza a la vida de mujeres, jóvenes y niñas es mediante la organización independiente de la mujer junto a los trabajadores, y la lucha en las calles. Tenemos que debatir en todas las barriadas y lugares de trabajo y estudio cómo enfrentamos la violencia y los femicidios. Juicio y castigo a todos los responsables. Separación de todos implicados y cómplices del crimen y de la represión posterior. Justicia por Úrsula y todas las compañeras asesinadas. Ni una menos. El Estado es responsable.

10 de febrero de 2021
Justicia por Úrsula
Partido Obrero Tendencia - Junín

En Rojas, provincia de Buenos Aires, un policía de 25 años, Matías Martínez, acuchilló a Úrsula Bahillo de 19 años, hasta la muerte. 18 denuncias había hecho en la justicia la chica asesinada. Ella escribió a sus amigas que el ex novio la quería matar. Ni la justicia, ni el municipio de Rojas, nadie con el poder de hacerlo, tomaron medidas de protección para ella. Sí para el asesino, a quien dejaron libre amenazando continuamente a Úrsula. Ello a pesar de sus antecedentes de violación a una niña discapacitada y violencia sobre una pareja anterior, a la que amenazó con el arma reglamentaria delante de los hijos. Un criminal abusador, cubierto con “carpeta psiquiátrica” suelto por la ciudad. Este femicidio deja aún más claro que los reclamos de las agrupaciones políticas y de mujeres responsabilizando al Estado en su conjunto de todos los femicidios ocurridos en la Argentina, están basados en una realidad. Como en Rojas, demuestran la complicidad y el resguardo que las instituciones jurídicas, policiales, tuvieron para el asesino de Úrsula Bahillo. ¡18 denuncias! El fiscal de Junín Sergio Terrón, fue el vocero de este abandono cómplice, reconociendo en medios nacionales la impotencia del sistema judicial, que demora en tomar las denuncias de las víctimas y actúa burocráticamente ante una realidad que cada 20 horas mata a una mujer. Muy relajado, dijo que el 17 de este mes Úrsula ¡hubiera tenido audiencia! Esta gente, estos funcionarios, son parte de un engranaje enemigo de la libertad de decisión y de la vida de las mujeres. Se mofan cuando éstas van a denunciar, y apañan a los acosadores que devienen en femicidas. Terrón le dijo a TN, que en Rojas, hasta el día de hoy, hay 8 personas detenidas en flagrancia cuando se movilizaron a la Comisaría local sin obtener respuesta. Frente al reclamo y la bronca contra la institución que encubrió a Martínez, la policía reprimió brutalmente con perdigones de goma hiriendo en el ojo a una amiga de Úrsula. Ningún policía detenido, la flagrancia de las balas de goma sobre los familiares y amigos desesperados de Úrsula fue ignorada y avalada por todo el poder político de Rojas y la justicia juninense. La opresión hacia las mujeres, debe ser enfrentada con la organización de la clase trabajadora en su conjunto. Impulsemos asambleas de mujeres en nuestros lugares de trabajo, de estudio y en los barrios. Es necesario desarrollar un plan de lucha contra el Estado y todos los gobiernos que sostienen la opresión de clase y la impunidad.

10 de febrero de 2021
Apartheid de vacunas

Un artículo del The Bureau of Investigative Journalism, plantea un “Apartheid” de las vacunas. Describe con ese término las consecuencias de la guerra comercial que se ha entablado. Las proyecciones de la Northeastern University de Boston y otras, indican que si los primeros 2.000 millones de dosis de vacunas contra la covid-19 se distribuyeran en proporción a la población de los países, la mortalidad mundial podría reducirse en un 61%. En cambio, si los 47 países más ricos del mundo monopolizan las dosis, solo habrá un 33% menos de muertes” (ídem). Acaparamiento En el mundo, según El País, se vendieron 12.700 millones de dosis de varias vacunas contra el coronavirus, una cantidad suficiente para inmunizar a alrededor de 6.300 millones de personas. Sin embargo, 4.200 millones (con opción de compra de 2.500 millones más) fue adquirida por los llamados “países ricos”, en los que residen tan solo 1.200 millones de personas. Hasta ahora, con el 32% del suministro, los países más pobres tienen que llegar al 84% de la población mundial. “Cuanto más circule, más probabilidades habrá de que mute”, advierte Marie-Paule Kieny, viróloga francesa, acerca del abandono de miles de millones de personas del llamado "tercer mundo". Las consecuencias pueden ser catastróficas: “La distribución desigual a escala mundial será perjudicial para todos nosotros, ya que dejará reservorios del virus repartidos por el planeta, en los que surgirán y desde los que se propagarán variantes nuevas y quizá más peligrosas. Distraídos por las luchas internas y el proteccionismo de Occidente, nos dirigimos como sonámbulos a un mundo con más casos, más caos económico y más muertes” (ídem). Competencia En octubre de 2020, India, Sudáfrica y otros países, pidieron a la OMC que suspendiera temporalmente los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas. La exhortación cayó en saco roto, por la oposición de Estados Unidos, Canadá, Australia, la Unión Europea y Reino Unido. Todo esto pone en cuestión el programa COVAX(1) de vacunación “solidaria” para todo el mundo. COVAX propuso suministrar 2.000 millones de dosis hasta finales de 2021 (1.300 millones para 92 países de ingresos medios y bajos). Esto significa el 20% de la población de cada país, un “objetivo que ha sido criticado por considerarlo insuficiente para luchar contra la pandemia” (ídem). Los analistas calculan que COVAX suministrará entre 650 y 950 millones de dosis repartidas entre 145 países. “Public Citizen ha descubierto que Pfizer/BioNTech ha garantizado solamente el 2% de su producción mundial a COVAX, mientras que el año pasado quienes conocían los planes de Moderna pensaban que la empresa estadounidense se proponía dar prioridad a los países de renta alta” (ídem). El Covax es algo así como la “asignación universal por virus”. Los estados imperialistas acaparan la vacuna y han dejado una especie de remanente “asistencial” para el resto del mundo. Estados como India, Sudáfrica –y también Argentina- se han limitado a desfilar por algunos foros internacionales a perorar sobre la vacuna como “bien público”. Cumplida esa obligación formal, han aceptado el actual estatus de acaparamiento imperialista de vacunas. También en este punto, la universalidad de la vacuna y la abolición de sus patentes es una lucha política mundial que corresponde a la clase obrera y sus organizaciones. Notas (1) Organización creada en abril de 2020 para facilitar “el acceso innovador y equitativo al diagnóstico, los tratamientos y las vacunas contra la covid”. El fondo está coordinado por la OMS, la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI), y Gavi, la Alianza para la Vacunación.

10 de febrero de 2021
Los “protocolos” de Amazon y la presencialidad docente

Los trabajadores de Amazon en todo el mundo protestan contra condiciones inhumanas de trabajo. La patronal dirigida por el multimillonario Jeff Bezos, requiere turnos nocturnos de 10 horas, llamados “megaciclos”. Estos son conocidos internamente por los trabajadores de Amazon como “turnos de cementerio”, pues exponen a los trabajadores a jornadas más largas y fatigantes en medio de una enorme crisis sanitaria (The Verge, 4/2). Amazon fuerza a los trabajadores a pasar de turnos diurnos más cortos a otros más prolongados que comienzan en medio de la noche, en un esfuerzo de la compañía por acelerar la velocidad de entrega para sus clientes. Según un informe de 2020 sobre lesiones en lugares de trabajo, en los almacenes de Amazon se registra el doble del promedio nacional para la industria de almacenes. Las tasas de lesiones son más altas durante la temporada alta de Amazon en el período previo a la Navidad, cuando los turnos se extienden de 10 a 12 horas al día (ídem). En marzo de 2020, al comienzo de la pandemia, los trabajadores de Amazon protagonizaron una histórica huelga mundial contra las condiciones laborales. Trabajadores de Nueva York, Chicago y Detroit organizaron el abandono de tareas, lo que obligó a la empresa a realizar controles de temperatura y proporcionar máscaras (N95), ofrecer pagos parciales cuando enviaba a sus empleados enfermos a la casa e implementar protocolos de limpieza para prevenir infecciones. De todos modos, la empresa lanzó persecuciones y ataques contra sus empleados, que en este momento llevan adelante un proceso histórico de sindicalización ( https://politicaobrera.com/internacionales/3927-en-amazon-estados-unidos-comienza-la-votacion-por-el-derecho-a-la-sindicalizacion ). Persecuciones, megaciclos y muerte Mientras la patronal habla de instalaciones de última tecnología y “oportunidades laborales flexibles para los empleados”, éstos dicen que el nuevo horario es “inviable”. Muchos empleados son trabajadores a tiempo parcial que no son elegibles para recibir beneficios sociales como el seguro de salud (ídem). Por ese mismo motivo, se ven obligados a aceptar los “turnos de la muerte” para llegar a fin de mes. En agosto pasado, Bloomberg informó que Amazon quería abrir 1.000 nuevas estaciones de entrega en EEUU, todo a costa de la superexplotación y la destrucción de la vida de los trabajadores. “El nuevo horario es inviable, especialmente para muchas madres, las que cuidan de parientes ancianos y otras que necesitan estar en casa por la mañana”, afirman en Amazonians United. “En este entorno de COVID-19, los niños están en casa y están aprendiendo virtualmente y un padre debe estar con ellos” (Vice, 4/2). “¿Te imaginas trabajando de 1 am al mediodía, 4 días a la semana? ¿A qué hora dormiremos y viviremos la vida?” (twitter de DCH1 Amazonians United). “Nos dan 2 semanas para decidir entre cuidar de nuestra familia y tener un trabajo. Este es un nivel inaceptable de control corporativo sobre nuestras vidas”. La oposición a clases presenciales A su vez, el comité de seguridad de Amazon BWI2 (Baltimore) sacó un comunicado el 5 de febrero denunciando la presencialidad y solidarizándose con los docentes que resisten a la vuelta a las clases presenciales. “Nosotros, los trabajadores de Amazon de BWI2 en Baltimore, Maryland, manifestamos nuestro apoyo para mantener las escuelas cerradas hasta que se haya contenido la pandemia de COVID-19. ¡Llamamos a la lucha de todos los trabajadores contra la política homicida de reabrir las escuelas antes de que se detenga la pandemia!” (WSWS, 6/1). Dicen que “Una herida a uno es una herida a todos”, algo que ha adquirido un significado aún más profundo durante la pandemia. Esto también ha sido expresado por la solidaridad de los trabajadores a las rebeliones contra el racismo en EEUU y el mundo. Estos actos de solidaridad perturban al gigante comercial, por lo que ataca a los activistas e impulsa la persecución laboral. A lo largo del año las acciones de los trabajadores de Amazon en todo el mundo mostraron la combatividad y el desarrollo de la conciencia de clase de una de las fracciones de la clase obrera más precarizada y explotada. ¡Viva la lucha de los trabajadores de Amazon!

10 de febrero de 2021
La farsa jurídica de Barbieri para sancionar a docentes y estudiantes
Estudiantes, docentes y graduados del Partido Obrero

Las suspensiones interpuestas por el rector de la UBA, Alberto Barbieri, contra el ex presidente de la FUBA, Julián Asiner, y los estudiantes de Exactas, Victoria Cardillo y Manuel Vigil, constituyen un verdadero mamarracho jurídico y un atropello político. En un acto temerario, Barbieri estampó su firma en un sumario que define importantes sanciones a pesar de no poder probar ninguna conducta que pueda ser imputada a los castigados, al tiempo que decide lisa y llanamente desconocer sus alegatos y las pruebas presentadas durante la instrucción. Las suspensiones dispuestas -de un mes en el caso de los estudiantes; de cinco días en el caso de Julián, como docente- están por fuera de todo encuadre jurídico y violentan los principios más elementales del derecho a defensa y al debido proceso. Madres de Plaza de Mayo, autoridades universitarias, reconocidos profesores, graduados y estudiantes de la UBA se pronunciaron en estos días contra estas sanciones por completo arbitrarias, que en caso de ser ratificadas por Barbieri deberán ser reconsideradas por el Consejo Superior. El contexto El sumario en cuestión se abrió a pedido de las autoridades de la UBA, tras una movilización convocada por la FUBA y los centros de estudiantes en junio de 2018 que repudiaba la injerencia del Rectorado en las elecciones de la federación estudiantil. Recordemos que, en ese entonces, un bloque de agrupaciones encabezado por Franja Morada y la UES de Sociales había falsificado dos delegados para autoerigirse como nueva conducción de la FUBA. El fraude -denunciado en el acto por 65 delegados acreditados ante escribano público (que constituían la mitad exacta de la representación estudiantil de la federación)- contaba desde el vamos con un aval ya prometido por Barbieri, que propuso al Consejo Superior reconocer a la “nueva FUBA” creada por él mismo. De allí, la movilización que la conducción legítima de la FUBA y los centros de estudiantes organizaron para reclamar una audiencia de emergencia con las autoridades universitarias. Pocas semanas más tarde, las elecciones universitarias en las cuales participaron miles de estudiantes ratificaban estas denuncias al brindar una holgada mayoría a las agrupaciones opositoras a Barbieri y al entonces gobierno de Mauricio Macri. En paralelo a este intento de intervención sobre la organización estudiantil y al sumario que aquí consideraremos, la Franja Morada y las autoridades impulsaron causas penales contra los entonces presidentes legítimos de la FUBA. Un hecho a destacar es que estas causas fueron naufragando, al no encontrar fundamento por parte de la Justicia. Federico Fernández, nuestro compañero estudiante de Sociales que fue apresado en aquel momento por participar de una de las manifestaciones frente al Rectorado, también fue absuelto a los pocos meses. Sin suerte en la Justicia, Barbieri buscó crear un tribunal propio. Es así que designó al instructor sumariante, que ahora le devuelve una “investigación” a su imagen y semejanza. Las arbitrariedades y manipulaciones saltan a la vista de quien lea el sumario. Veamos. Los hechos y su manipulación Julián, Victoria y Manuel son acusados de “irrumpir de forma violenta y por la fuerza, con intencionalidad de permanecer, ocupar y hacer efectiva la toma del Rectorado, violentando los sistemas de control de acceso”. , Pero en el mismo sumario, se recoge el testimonio de un empleado de vigilancia señalando que la puerta de entrada se encontraba abierta cuando llegaron los manifestantes. No hubo acto de violencia alguno al ingresar al edificio; la puerta no fue bloqueada por los estudiantes, sino por el personal del Rectorado. La violencia llegó más tarde cuando, tras rechazar el pedido de audiencia de los estudiantes, el personal a cargo recibió la orden de desalojarlos por la fuerza. La seguridad apeló al uso de matafuegos para expulsar a los manifestantes del edificio. El “instructor designado” no solo no escuchó los alegatos donde los sumariados expusieron estos argumentos, sino que además decidió rechazar las pruebas ofrecidas por la defensa. Entre ellas, la identificación de los individuos que repelieron a golpes a los estudiantes movilizados, para expulsarlos del lugar. Las defensas exigieron que se investigara si se trataba de personal de la universidad o de simples matones vinculados políticamente a las autoridades del Rectorado. Las sanciones de Barbieri, además de un mamarracho jurídico, constituyen una nueva violencia sobre la violencia ya recibida. Por la anulación de las sanciones La arbitrariedad manifiesta que queda expuesta en el hecho de avanzar con sanciones, a pesar de que las acusaciones formuladas se encuentran refutadas por el propio sumario, solo se explica por un objetivo predeterminado de antemano: aleccionar al movimiento estudiantil-docente y su derecho a movilizarse y reclamar al interior de la universidad y a organizarse de forma autónoma a las autoridades. Se busca crear un precedente gravísimo de ataque a las libertades democráticas en la UBA, en un momento donde la gestión oficial de la pandemia está golpeando con particular virulencia a la universidad pública, a sus estudiantes y trabajadores. Comprendiendo los derechos fundamentales que están en juego, organizaciones de derechos humanos y buena parte de la comunidad científica y universitaria se pronunció en estas horas por la anulación de las sanciones de Barbieri. El petitorio que a continuación adjuntamos está encabezado por las Madres de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, Mirta Baravalle y Elia Espen, a quienes siguen el vicepresidente de Asuntos Científicos del CONICET, Mario Pecheny, los directores de las carreras de Sociología y Trabajo Social de la UBA, Hugo Lewin y Andrea Echevarría, reconocidos profesores universitarios de Francia, México, Brasil y la UBA, dirigentes de Conadu Histórica y AGD-UBA y centenares de docentes, estudiantes y graduados. Llamamos a los sindicatos docentes, a los centros de estudiantes y a todas las agrupaciones que se reclaman opositoras al Rectorado de Barbieri a realizar una enérgica campaña en común, tanto a nivel nacional como internacional, para que el repudio a las sanciones se haga oír en el Consejo Superior de la UBA. Por la anulación del sumario y las suspensiones arbitrarias. Defendamos el derecho a manifestarse en la universidad. Link para sumar adhesiones: https://forms.gle/D21LbYkS1QphC67r5 ------ Abajo las sanciones a estudiantes y docentes en la UBA A los/as consejeros/as superiores de la Universidad de Buenos Aires: Los/as abajo firmantes manifestamos nuestro enérgico rechazo a las sanciones establecidas por el Rector Barbieri sobre estudiantes y docentes que participaron en junio de 2018 en las protestas por la intervención de su Rectorado en las elecciones de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA). En un hecho gravísimo de persecución política en la universidad pública, se pretende suspender por cinco días al docente de la facultad de Ciencias Sociales y ex presidente de la FUBA, Julián Asiner, y suspender por un mes a Victoria Cardillo y Manuel Vigil, estudiantes de la facultad de Ciencias Exactas. La propia resolución del Rector Barbieri admite que la investigación realizada por el instructor sumariante no presentó prueba alguna que incrimine a los/as sancionados/as, ni pudo determinar ningún hecho o acción lesiva que pueda serles imputada personalmente, más allá de haber participado de la movilización convocada por los centros de estudiantes. Nos oponemos a este intento de amedrentar a la comunidad universitaria y avasallar su legítimo derecho a la protesta. Exigimos la anulación de estas sanciones por completo arbitrarias y la plena vigencia de las libertades democráticas en la UBA. Primeras firmas: Nora Cortiñas, Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora Mirta Baravalle, cofundadora de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo Elia Espen, Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora Mario Pecheny, vicepresidente de Asuntos Científicos del CONICET Hugo Lewin, director de la Carrera de Sociología UBA Andrea Echevarría, directora de la Carrera Trabajo Social UBA Mabel Thwaites Rey, directora del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe UBA Javier Bráncoli, consejero superior UBA Fernando Grosso, secretario académico Carrera de Trabajo Social UBA Cecilia Rossi, secretaria de Relaciones Interclaustros Carrera de Sociología UBA Alessandro Spallicci, profesor Université d'Orléans - Centre National de la Recherche Scientifique, Francia Laura Mota Díaz, docente investigadora Universidad Autónoma del Estado de México Jaime Preciado Coronado, investigador nacional Universidad de Guadalajara, México Rogelio Luna Zamora, profesor-investigador Universidad de Guadalajara, México Luis Allan Kunzle, profesor titular Universidade Federal do Paraná / Brasil Elder Andrade de Paula, profesor titular Universidade Federal do Acre-Brasil Dilma Andrade, profesora UFU/Brasil Anderson Santos, profesor Universidade Federal de Alagoas - Brasil APACSA - Asociación de Profesionales de Antropología, Comunicación, Sociología y Afines del GCBA Adriana Clemente, ex vicedecana FSOC UBA María José Rossi, consejera directiva FSOC UBA por el claustro de profesores Eduardo Gruner, profesor consulto UBA Alejandra Oberti, profesora UBA y UNLP Néstor Correa, profesor UBA Pablo Alabarces, profesor titular Facultad de Ciencias Sociales-Investigador Superior CONICET Luis Tiscornia, secretario general Conadu Histórica Claudia Baigorria, secretaria adjunta de Conadu Histórica y de la CTA Autónoma Ileana Celotto, secretaria general AGD-UBA Santiago Gándara, secretario general AGD-UBA Sociales Néstor Di Milia, secretario general AGD del Colegio Nacional de Buenos Aires Luisina Montenegro, secretara gremial AGD-UBA Psicología Nicolás Cambón, AGD-UBA FADU Juan Diez, delegado general APUBA FSOC / docente FSOC Claudia Consiglio, secretaria adjunta SUTEBA Escobar Diego Filloy, secretario de Asuntos Laborales - ATRaNa Daniela Cormick, antropóloga presidenta de la APACSA Carla Agustina Santomaso, socióloga Comisión Directiva de APACSA Laura Grigaitis, profesora adjunta FSOC UBA/socióloga de planta CeSAC 41, AP Argerich Claudia Teodori, docente UBA Alejandro Capriati, docente e investigador UBA CONICET Claudio Basanisi, Educador para la Salud - Fundación Hospitalaria Claudia Lomagno, docente investigadora UBA/UNER Graciela Biagini, profesora titular consulta UBA Marcelo Ramal, docente FCE/FSOC UBA Jorge Altamira, Partido Obrero (Tendencia) Mercedes Krause, docente investigadora UBA Héctor Palomino, profesor consulto, investigador de IEALC - FSOC UBA Juan Iñigo Carrera, profesor titular Ciencias Sociales UBA Jorgelina Matusevicius, docente FSOC UBA Esteban Omar Battistessa, trabajador social CeSAC N°10 Martin Ogando, docente de la UBA Julio Bulacio, profesor ESCCP UBA Diana Zalzman, docente Facultad de Medicina UBA – Comisión Directiva APSA Analía Reale, profesora titular Facultad de Ciencias Sociales UBA José Castillo, docente Ciencias Sociales UBA Silvia Lago Martínez, profesora Ciencias Sociales UBA Jorgelina Aglamisis, profesora titular jubilada Facultad de Ciencias Sociales UBA Emilio Cafassi, profesor titular FSOC UBA Gabriela Gómez Rojas, profesora adjunta UBA Norma Graciela Molle, profesora asociada regular jubilada UBA Sergio Emiliozzi, profesor asociado Facultad de Ciencias Sociales UBA Leandro Zuberman, profesor adjunto UNMdP/investigador CONICET Ricardo Terriles, profesor adjunto Facultad de Ciencias Sociales UBA Dalia Szulik, profesora adjunta UBA Irene Marrone, profesora adjunta UBA Miguel Ángel Forte, profesor titular FSOC UBA Silvia Garro, profesora FSOC - UBA Tamara Perelmuter, secretaria de Relaciones Internacionales de CONADUH Antonio Rosselló, profesor adjunto FSOC UBA Maximiliano Duquelsky, JTP FSOC UBA Dolores Cusi, Lic. en Sociología UBA Laura Raquel Piaggio, Lic. en Cs. Antropológicas UBA, profesional del Ministerio de Salud GCBA Claudia Vacis, socióloga UBA Marisol Avena, FSOC UBA Lucas Poy, docente FSOC UBA CONICET Luciano Ponzellini Marinelli, consejero directivo FCEIA-UNR por el claustro docente Francisco García Rosales, sociología FSOC UBA María Isabel Bertolotto, Lic. en Trabajo Social UBA Damian Melcer, docente UBA Sociales María Fernanda Gallo, docente Facultad de Psicología UBA Miguel Mazzeo, IEALC/CBC Pedro Pírez, Investigador IIEALC – FSOC UBA/CONICET Laura Meyer, docente FOSC UBA Martín Moreno, profesor titular FSOC-UBA Cristina Erbaro, profesora adjunta interina UBA Soraya Giráldez, profesora en Facultad de Ciencias Sociales UBA Pablo De Cristóforis, profesor FCEyN-UBA/CONICET Ana María Parisí, profesora adjunta regular UBA Ricardo Oscar Rodríguez, profesor asociado FCEyN UBA Varela Leonardo, profesor e investigador UBA/UNLu Bárbara García Godoy, profesora adjunta FSOC-UBA Cecilia Lorusso, Lic. en Trabajo Social UBA Lara Yepes, JTP - FSOC UBA Luisa Iñigo, JTP - Facultad de Ciencias Sociales - UBA Patricia Lambruschini, docente FSOC UBA Dolores Rocca, docente UBA Fernando Toyos, becario UBA, miembro del Comité Académico del IEALC/UBA y la Junta de Carrera de Sociología Anahí Méndez, docente ad honorem y becaria IIGG/FSOC UBA Cecilia Dinius, docente FSOC y ESC Carlos Pellegrini UBA Nicolás García Roel, secretario gremial AGD - CNBA Laura Fischerman, delegada ATE CONICET FFyB Hernán Moreno, sociólogo docente UBA Manuel Riveiro, docente UBA/UNAJ Rocío Salgueiro, docente FSOC Estefanía Cirino, becaria UBA - IIGG Diego Coppo, psicólogo Carlos Pellegrini UBA Jorge Sorda, JTP FSOC UBA Natalia Andrea Britez, socióloga UBA Flavia Samaniego, docente ad honorem y becaria UBACyT/ FSOC-IIGG David Levitan, docente FIUBA Ignacio Tomás Ibáñez, docente Economía II Cátedra Rieznik FSOC UBA Emilio Taddei, investigador IEALC- Facultad de Ciencias Sociales UBA Mauro Vázquez, docente e investigador FSOC-UBA/UNSAM Mercedes de Mendieta, docente UBA Victoria García, FFyL UBA - CONICET María Bruni, docente FSOC UBA Ana María De Bonis, graduada Sociología UBA - docente/investigadora UNLu Mabel Cambero, ayudante de primera Facultad de Medicina UBA Manuel Estellés, ayudante de primera FSOC UBA Rodrigo Steimberg, ayudante de primera Facultad de Ciencias Sociales Flavia Angelino, profesora FSOC UBA Sandra Guiménez, docente FSOC UBA Daniela Fernández, graduada UBA Agustina Miguens, becaria UBA María Silvia Merino, Psicología UBA Jimena Segura, JTP CBC UBA Ramiro Coviello, docente de Sociología UBA Cesar Planes, profesor adjunto Ciencias Sociales/CBC UBA Silvina Moisés, docente ad honorem FSOC UBA Fernando Ramírez Llorens, docente Facultad de Ciencias Sociales UBA Gabriela Carneglia, Salud Ambiental Ministerio de Salud GCBA Fernando Cazón, docente FSOC Margarita Zubizarreta, docente UBA Sociales Malena Noguer, socióloga UBA Ana Clara Azcurra Mariani, docente ad honorem UBA Carolina Lorenzo, trabajadora social Pablo Pellegrino, preceptor ESC Carlos Pellegrini UBA Micaela Inés Asiner, residente de Clínica Médica Hospital Provincial Neuquén Santiago Schepens, ex JTP 1 UA de Histología FMed UBA Pablo Carabias, ayudante de primera Farmacia UBA Nuria Gutiérrez, docente de la Trabajo Social UBA Cecilia Gianni, antropóloga CeSAC 41 y UBA Luis Pil Ojeda, docente-investigador UBA Cecilia Piérola, docente CBC UBA sede Drago Andrés Pereira, residente Ministerio de Salud GCBA Walter Koppmann, docente FSOC-UBA Antonella Coullery, docente FSOC UBA Soledad Fernández, socióloga UBA Marcos Carrizo, docente UTN Jorgelina Díaz, obstétrica Hospital Penna Alejandro Palombo, graduado FSOC UBA Silvia Pérez Fernández, docente UBA Rubén Laufer, docente grado y posgrado Cs. Económicas UBA Mauricio Torme, docente FSOC UBA Horacio Orlando Calcagno, graduado UBA Rodolfo Laufer, docente CBC y FSOC UBA Andrea Randi, JTP exclusiva - Facultad de Medicina UBA David Levitán, FIUBA Juan Winograd, docente CBC, consejero superior UBA (MC) Mara Burkart, JTP FSOC UBA Mirta S. Mauro, FSOC UBA Florencia Cararo, antropóloga Ministerio de Salud GCBA Mariana Hirsch, JTP FSOC y FCE UBA Gabriela Vargas, docente FIUBA Juan Manuel Pérez, docente y becario CONICET, consejero directivo y departamental Exactas UBA Manuel Espro, UNGS Pablo Nicolas Fernandez Larrosa, ayudante de primera DFBMC-FCEN-UBA Dora Ester Molna, JTP CBC UBA Tomás Friedenthal, JTP FCE UBA Fernando González, JTP FFyL UBA Pedro Cataldi, becario CONICET Damián Ariel Furman, docente Facultad Ciencias Exactas y Naturales UBA Pablo Edgardo Martínez Sameck, profesor titular regular CBC UBA Marcelo Carmona, graduado UBA Lautaro Lafleur, auxiliar docente FSOC UBA Fernando Cazón, ayudante de primera FSOC UBA Cintia Mariscal, docente FSOC Sebastián Stavisky, IIGG-UBA Hugo Lettieri, docente FSOC UBA María Soledad Márquez, ayudante de primera FSOC UBA Hugo Eduardo Pereyra, ayudante de primera Facultad de Ciencias Sociales UBA Sergio Daicz, graduado FCEN - UBA Sergio Nicanoff, JTP CBC Avellaneda - ayudante de primera CBC Montes de Oca Pablo Lichtig, ayudante de primera FCEyN UBA Maurizio Ruisoto, auxiliar becario - IIGG - Sociales UBA Valentina Picchetti, ayudante de primera Psicología UBA Nicolás Ciancaglini, docente CBC UBA Emilia Bogni, becaria CONICET en Exactas UBA Nemesia Hijós, IIGG-UBA/CONICET Eva Bárbara Calaresu, abogada UBA Ianina Harari, ayudante de primera FFyL-UBA Gonzalo Sanz Cerjino, FFyL UBA/CONICET María Belén Sopransi, docente investigadora Facultad de Psicología UBA Alberto Ascione, docente e investigador jubilado FOSC y CBC UBA Martín Graziano, docente Facultad de Ciencias Exactas y Naturales UBA Rosario Lázaro, ayudante de segunda Facultad de Ciencias Exactas y Naturales UBA Rodolfo Gómez, docente e investigador FSOC UBA - CLACSO Julio Gudiño, graduado FSOC UBA Jorge Agüero, profesor UNC Martín Coronel, graduado UBA Mauro Granado, docente UBA Paula Ferreyra, docente FSOC UBA Alejandra Yael Bernat, auxiliar docente CBC UBA Diana Inés Rojas Bermúdez, médica de planta Hospital Fernández Marta Tschernikoff, JTP Ciencias Sociales UBA Lucía Agulló, CNBA Nora Burroni, JTP FCEN UBA Luis Gustavo Giménez, farmacéutico y bioquímico UBA Marcelo De Leonardis, audante de primera Sociología UBA Catalina Gonzalo Juarros, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales UBA Facundo Vallejos, docente UNGS Emanuel Javier Ferreyra, becario y docente FCEyN UBA Cristian Henkel, expresidente FUBA - Mesa Ejecutiva AGD-UBA Natalia Gómez, consejera directiva FCV UBA - expresidenta CEV-UBA María Eugenia Meizoso, consejera directiva FAUBA por el claustro estudiantil Natalia Silva, expresidente CECSo - docente FSOC UBA Leonardo Perna, expresidente CEI-UBA Carolina Kogan, estudiante UBA Felipe Rossetti, estudiante UBA Juan Martín Di Claudio, estudiante UBA Lucas Verón, estudiante FCEN UBA Verónica Zotta, estudiante UBA Luzmila Cuan, estudiante de Psicología UBA y acompañante terapéutica Santiago Michetti, estudiante de Veterinaria UBA Lucila Moreno, estudiante Ciencia Política UBA Santiago Fernández Canel, estudiante UBA Ariadna Wdowiak Sánchez, estudiante UBA Valentín Serrano, estudiante UBA Nina Dacunti, estudiante UBA Leonardo Daniel Rasger Nichea, estudiante TPVO FAUBA Oriana Reith, estudiante de Sociología UBA Rosario Guadalupe Solia, estudiante UBA Iris Vallejo, estudiante UBA Magalí Iñigo, estudiante de Sociología UBA Augusto Nigro, estudiante de Sociología UBA Brenda Fische, estudiante UBA Daniela Lucila Lorenzo, estudiante UBA María Cristina Vázquez, estudiante Sociología UBA Juana Escobar, estudiante Sociología UBA Ezequiel Urdiales, estudiante UBA Oscar Villaverde, estudiante UBA Diego Moneta, estudiante UBA Luis Ricardo Bustamante, estudiante FCEN UBA Juan Capurro, estudiante UBA Agustín Fernández Ortuzar, estudiante UBA Tobías Carreira Munich, estudiante Exactas UBA Tomás González, estudiante FADU-UBA Mariana Scandora, estudiante FFyL-UBA Carlos Federico Brandan, estudiante UBA Franco Courvoisier, estudiante UBA Federico Dunan, estudiante UBA Anahí Grenikoff, estudiante UBA Gerardo Claudio Páez, ex estudiante UBA Malena Sol Garacotche, estudiante de Exactas UBA Verónica Rodríguez, estudiante UBA Peña Stefani, estudiante FCEN Juan Pedro Nievas, estudiante UBA Joaquín Serna, estudiante UBA Mariana Scandora, estudiante FFyL-UBA Matías Zylbersztejn, estudiante y ayudante de segunda Exactas-UBA Federico Carol, estudiante Facultad de Ciencias Económicas UBA Axel Gualdoni, estudiante y docente FCEN UBA Stefani Peña, estudiante FCEN UBA Claudio Ugarte, estudiante UBA Kevin Pérez Marzo, estudiante UBA Maximiliano Vita, ayudante de segunda UBA Exactas Valeria Diaz, estudiante UBA Daniel Alberto Iribarren, camillero Hospital de Clínicas Alan Salama, no docente UBA Marcela Miranda, no docente FIUBA Agrupación Lucía Cullen - Estudiantes, graduadxs y docentes Carrera de Trabajo Social UBA Agrupación Naranja (Tendencia) de docentes e investigadores universitarios Unión de Juventudes por el Socialismo – Partido Obrero (Tendencia) Alejandro Bellicoso, delegado Sindicato de Empleados de Comercio CABA Antonio Marcó Simó, activista social Lucas Malaspina, GM - Agencia Scrum Gerardo Caviglia, abogado Partido Obrero Tendencia Juan Pablo Bica Ríos, encargado de edificio Carlos Alberto Barros Alicia Paz Sandro León Pastorini Viviana Roca, jubilada

10 de febrero de 2021
Al maestro, camarada y amigo, con cariño
Cristina Occhipinti

Hace cinco años, el querido Colo Rath me comentó que estaba formándose un grupo de Jubilados en el Partido. Tenía ganas de volver a militar, ya estaba jubilada y el Colo le pasó mi teléfono a Leo. Fue Edu el que me llamó y me invitó a una reunión con ellos dos. A Leo no lo conocía ni de nombre, hacía muchos años que estaba alejada de la militancia y no era del grupo de compañeros que frecuentaba. Nos vimos en el local de Paternal, el que estaba en ese momento en la calle Trelles. Y al rato ya estaba militando en Jubilados Clasistas. Fue mi primer responsable político en esta vuelta al Partido. Nuestra amistad y cariño fue naciendo de las peleas, muchas en joda, que teníamos continuamente. A veces me molestaba su crudeza para explicar algo, pero me volvió a ubicar en una realidad política de la que estaba un poco alejada, me hizo releer libros olvidados y me dio todo el empuje que necesitaba para seguir en la lucha. Otras veces, me enojaba porque corregía a los compañeros o porque me discutía hechos de manera muy dura, hechos que yo creía no haber mencionado. Pero después me daba cuenta que su lucidez iba más allá de lo que yo planteaba, veía el problema político, lo desmenuzaba y lo explicaba las veces que fuera necesario, a mí y a todos los compañeros. Un gran docente, un revolucionario. Un luchador que después de arduos debates en las actividades en la calle, proponía el balance en algún bar con cafecito de por medio. Siempre tenía un chiste para contar, una historia. Nos reíamos mucho, hasta de las peleas nos reíamos. Cuando el oficialismo nos expulsó y nos robó el local de Paternal en N. Oroño, hacíamos las reuniones de círculo en casa. Paternal al principio y luego se unieron los compañeros de Villa Crespo, este grupo de camaradas que nos permite hoy seguir adelante con el desgarro de la muerte de un amigo y luchador como Leo. En las reuniones, como siempre, se cumplía con el informe político y con todo el temario propuesto. Se armaban las actividades y se debatía muchísimo pero también se tomaba café y se comía entre chistes, carcajadas y el vozarrón inconfundible de Leo al que cargábamos porque comía mucho, todo le parecía rico. Hace un año festejó su cumpleaños, una fiesta hermosa con temática sobre los Beatles que lo apasionaban. Estaba tan feliz, como un chico con juguete nuevo. Se debía una fiesta de cumpleaños con sus amigos y compañeros después de su enfermedad y años de lucha. Todos estábamos felices. Al final como souvenir nos llevamos un vaso de Los Beatles. Por error me traje dos. Cuando se lo comenté me dijo: Te traigo más. Hace nada más que un año. Antes de ayer, pensaba mientras cocinaba, para darme ánimo por el panorama que cuando Leo saliera y estuviera mejor le iba a preparar una comida especial, la que más le gustara y se la iba a mandar con algún compañero que pudiera salir a la calle. Ayer, Leo se nos murió. Cuando Charly avisó al grupo solo pude articular tres palabras, no podía creerlo, venía resistiendo desde varios días y nosotros acompañándolo en forma virtual como solo se puede acompañar ahora, con el pensamiento, con los recuerdos, escribiéndole como si nos pudiera leer. Como diría Oliverio lloramos a chorro, todos juntos, por WhatsApp. Todos los mediodías esperábamos que el informe de Charly en lugar de decir: Todo sigue igual, la sigue peleando, dijera Leo está mejor, está venciendo al virus. Pero ayer llegó la peor noticia. Y a todos los que hemos estado estos años junto a él nos pasó un tornado que intentó derrumbarnos. Y llegó el dolor esperado que con una tristeza minuciosa nos comió el alma. Algunos dicen que el virus nos está matando. El virus del capitalismo es el que nos está matando. Y los gobiernos que lo sostienen, incapaces de enfrentarlo. Miles de millones destinados a los negociados del poder y chirolas para la salud. ¿Quiénes se van a hacer cargo de los compañeros que han muerto porque la obra social no llegó a tiempo o no los pudo atender? La lucha continúa Leo, las lágrimas no taparán las convicciones y con toda la tristeza a cuestas estarás presente siempre. Fuiste un constructor del Partido Obrero, de la Tendencia, un luchador tenaz por el gobierno de los trabajadores y por el socialismo. Gracias por hacerme volver, por tu rudeza y tu ternura, por tus enseñanzas, por tu cariño. Gracias a mis compañeros de Paternal y Crespo, militantes camaradas y amigos sin los cuales nos costaría más soportar lo que nos toca vivir. ¡Leo querido compañero y amigo hasta el socialismo siempre!

10 de febrero de 2021
El crimen de Úrsula y la “Ley Micaela”

El femicidio de Úrsula ha mostrado, del modo más directo y brutal, hasta qué punto el aparato estatal es una maquinaria de encubrimiento sistemático de la violencia a la mujer. Si es cierto que todo “infierno” es grande en “pueblo chico”, entonces también es claro que ningún estamento del Estado podía ignorar la existencia de un violento reincidente circulando con total impunidad. Pero Martínez no era cualquier violento: integraba el aparato represivo del Estado, el cuerpo de policía local. Su situación no era ignorada por ninguno de sus jefes. Lo mismo vale para el aparato de justicia y la fiscalía, que había recibido las denuncias de Úrsula y de las parejas agredidas anteriormente por Martínez. El punto más grave de esta cadena de complicidades lo han puesto de manifiesto varios periodistas en las últimas horas: la decisión del femicida Martínez habría sido precipitada cuando tomó conocimiento de las últimas denuncias de Úrsula ante los estamentos policiales y judiciales, lo que se habría filtrado a través de confidencias que partieron de sus “allegados” en el poder. El Estado, en el caso de Úrsula, es más que un encubridor: integra la propia secuencia del crimen. Pero por todo lo anterior, el femicidio de Úrsula nos revela otra cuestión de fondo: la impostura de la llamada “política de género” del Estado, que se ha convertido en una maquinaria de engaño y encubrimiento respecto de la violencia a la mujer. El caso más flagrante de este fraude es la llamada “Ley Micaela”, que el Congreso votó en 2018 sin grietas, con el voto entusiasta del FIT. La ley planteaba un programa de “capacitación” de los funcionarios del Estado en cuestiones de género. En otras palabras: pretendía hacer frente a la discriminación y violencia a la mujer, por medio de un “cambio cultural” de la burocracia formada en la arbitrariedad, incluida la violencia, y en la represión. Para mayor perfidia comenzó la formación en la perspectiva de género con la policía, cuyo entrenamiento les impone la defensa de la mal llamada autoridad, la “familia”, con toda su violencia interna, y la religión, que se confunde con las órdenes del clero. Ahí tenemos, en Rojas, a los funcionarios que han pasado por el tamiz de la “ley Micaela”, que ignoraron las denuncias de Úrsula en función de la defensa de aquellos ‘preceptos’ y la misoginia que los acompaña. Es que la violencia a la mujer está arraigada hasta la raíz de ese Estado opresor. En estas condiciones oprobiosas la defensa de la mujer pasa por su organización independiente, el desarrollo de sus propios métodos de lucha y el combate al estado capitalista, en nombre de la emancipación de toda forma de explotación y opresión. El caso Úrsula –y su abanico de complicidades estatales perfectamente establecidas- es una bofetada a la política de cooptación de la lucha de la mujer por parte de sus opresores, avalada por la izquierda democratizante con su voto en el parlamento. En oposición a la complicidad estatal, envuelta en los oropeles de la política “de género”, desarrollemos un movimiento de la mujer unido, en lucha y en programa, a la clase obrera y a los explotados.

11 de febrero de 2021
Despidos en el programa educativo “Acompañar”

Martes 9 de febrero de 2021. Desde la asamblea de trabajadores del Programa de Acompañamiento Sociocomunitario a las trayectorias educativas(ex Asistiré) - incorporado en el marco del Programa Acompañar, Puentes de igualdad- dependiente del Ministerio de Educación de la Nacion, denunciamos el DESPIDO de más de 100 compañeres en la Provincia de Buenos Aires. El programa fue promovido por el Ministerio en el año 2018 con el objetivo de trabajar en escuelas secundarias a lo largo del país, con estudiantes que habían abandonado sus estudios o presentaban dificultades en el sostenimiento de sus trayectorias educativas. Se generaron redes territoriales, institucionales y ministeriales para restituir los derechos vulnerados de pibas y pibes de todo el país. Les trabajadores fuimos contratades bajo la modalidad de MONOTRIBUTO, sufriendo graves demoras en los pagos en contexto de PANDEMIA, debido a tres renovaciones que se dieron en tan solo un año, precarizando aún más nuestro trabajo. Durante el año 2020, con la nueva gestión administrada por Nicolás Trotta, les trabajadores estuvimos sin lineamientos claros, que no hizo mas que reafirmar una clara crisis en el sistema educativo. Permanecimos hasta 4 MESES SIN COBRAR, sosteniendo intervenciones profesionales en los barrios, casi sin conocer a nuestras autoridades. Al finalizar el 2020 NOS ASEGURARON CONTINUIDAD LABORAL a través de un mail, para todo el ciclo lectivo 2021 . Hace una semana nos enteramos que nuestra re contratación dependía de arreglos con cada municipio... Ahora con el correr de los días sabemos que esto no es así. Solo 43 compañeres de casi 200 recibieron un mail con la novedad de la recontratación. Nuestras autoridades- el Ministro de Educación Nicolas Trotta, la subsecretaria de Cultura y Educación Laura Sirotski, el Director Nacional de Inclusión y Extensión Educativa Ariel Zysman, la Directora de Experiencias de Educación Cooperativa y Comunitaria Natalia Peluso y la Coordinadora nacional del Programa de Acompañamiento Sociocomunitario a las Trayectorias Educativas Eugenia Castiñeiras- no contestan mails, notas ni publicaciones. Nadie nos informa ni nos comunica nada. Les compañeres somos en un 90% mujeres, del cual un 80% somos madres, estamos gestando, sostenemos nuestro alquiler y nuestro plato de comida con este laburo . Esto es violencia inexplicable frente a esta situación de incertidumbre. Decidimos que estas palabras sean de todes, que nos ayuden a visibilizar la situación y nos acompañen al ministerio los próximos días!

11 de febrero de 2021
“Con pandemia y sin vacunas, no están dadas las condiciones para el regreso a la presencialidad en la UNT”

Reclamamos recursos para garantizar la educación virtual en el primer semestre 2021 La Comisión Directiva y el Cuerpo de Delegados de ADIUNT, reunidos de manera conjunta este martes 9/2, ratificaron el rechazo a la resolución del COE sobre las actividades presenciales en la UNT por el carácter inconsulto de esos protocolos y el carácter pérfido de la pretensión de hacer que estudiantes y docentes firmen una Declaración Jurada de consentimiento deslindando responsabilidades de la institución. También rechazamos las presiones de algunas autoridades para el regreso a la presencialidad forzada en algunas dependencias universitarias. La pandemia aún no está controlada, y en ausencia de una vacunación masiva cualquier retorno a la presencialidad sería la antesala de un agravamiento de la grave crisis sanitaria que padece el país y la provincia. Cuestionamos, asimismo, la declaración de los rectores (CIN) que fomenta la precarización laboral y el desfinanciamiento universitario. Exigimos de parte de la UNT y del gobierno nacional los recursos necesarios para garantizar la educación virtual en el primer semestre 2021. Reclamamos que se abran las cuentas de la UNT para saber en qué se gastaron los fondos que se ahorraron durante 2020 ya que no hubo acompañamiento económico extra alguno para estudiantes ni docentes, haciendo que la deserción y la precarización se profundicen. La ADIUNT convocará al conjunto de la docencia y el estudiantado a debatir las medidas a tomar para defender la salud, la vida y las condiciones de estudio y trabajo. En esa dirección, se convoca a una asamblea general para el 24 de Febrero y a asambleas preparatorias en cada lugar de trabajo . La Comisión Directiva y el Cuerpo de Delegados de ADIUNT votaron apoyar la caravana educativa convocada para este miércoles por los/as docentes de Tucumán de todos los niveles educativos y solidarizarse con la supervisora escolar, Rosana Miguel, quien denunció el estado de precariedad edilicia de la provincia de Tucumán. Hacemos extensiva esa denuncia a las escuelas preuniversitarias y a varias dependencias de la UNT. En el plano salarial, se reclamó la reapertura de la paritaria para la discusión de un aumento de emergencia de 50% y la completa derogación del Impuesto a las Ganancias sobre el sueldo de los/as trabajadores. No podemos estudiantes y docentes seguir pagando para estudiar y trabajar un año más. Denunciamos el examen de ingreso de medicina y enfermería como un doble atentado a la salud pública. Por un lado, por el riesgo sanitario que implica un examen que involucra a miles de personas. Por otro lado, porque busca perpetuar un filtro a favor de los negocios privados de la medicina. Toda esta década estará signada por la pandemia, nuevos virus y debates médicos, y necesitaremos miles de médicos/as y enfermeros/as. El mantenimiento de este filtro es completamente reaccionario. Exigimos que la UNT derogue de inmediato este examen de ingreso y duplique los recursos y el personal docente de los primeros años de estas carreras prioritarias para dar cuenta de esta necesidad.

11 de febrero de 2021
Asamblea de SUTEBA Escobar: rotundo rechazo a la presencialidad del gobierno

Este miércoles 11 se llevó adelante la primera Asamblea del año de SUTEBA Escobar. Con más de 170 docentes y en base a un debate, que duró más de 3 horas, la docencia escobarense se pronunció, indiscutiblemente, contra el inicio presencial en pandemia del ciclo lectivo 2021. Las diferentes intervenciones dieron cuenta que, a través de años de relevamientos y lucha por ello, la docencia conoce al dedillo las actuales calamitosas condiciones en la que se encuentran las escuelas: falta de acceso a los servicios esenciales (agua y cloacas), infraestructura edilicia deficiente y precaria, sanitarios clausurados, falta de mobiliario; años de políticas antieducativas, recrudecidas por la gestión capitalista de la pandemia del gobierno de Alberto Fernández, lo que hoy hacen imposible la aplicación en las escuelas de ningún protocolo frente al COVID19. Otra preocupación importante se relacionó con la vacunación. En varias de las intervenciones se denunció que no se han suministrado vacunas a ningún docente en el distrito; y que, inclusive, no se ha iniciado en las escuelas destinadas para ello ningún plan de vacunación concreto. Cuestión fundamental para las y los trabajadores de la educación, y para el conjunto de la comunidad educativa, de cara a la pretensión del Gobierno de un inicio presencial. En ese sentido, también se puso de manifiesto el problema del transporte, y con eso, el riesgo asegurado que provocaría incrementar la circulación del virus en colectivos hacinados. Y aún más considerando que solo en enero la cifra de contagios en el distrito se incrementó un 150%. La discusión salarial tuvo su lugar de relevancia. Frente a un salario inicial docente por debajo de la línea de pobreza, lo que degrada velozmente las condiciones de vida de miles de docentes y sus familias, quedó planteada la necesidad de un salario igual a la canasta familiar. Por otro lado, está la situación de centenares de trabajadoras y trabajadores de la educación desempleados. Es imperiosa la necesidad del desdoblamiento de cursos, contra la sobrecarga laboral, y la urgente creación de cargos y actos públicos; estas son varias de las demandas más sentidas. La docencia escobarense, también, se expresó abiertamente acerca de la importancia que tiene desenvolver esta lucha en defensa de la salud, la vida y la educación con el conjunto de la comunidad educativa. La exigencia de infraestructura digital para docentes y estudiantes y el aumento de los cupos y la mejora en calidad y cantidad del SAE, no dejaron de hacerse escuchar en las diferentes intervenciones, así como críticas a "los míseros bolsones de alimentos" que se venían entregando en 2020. Del mismo modo se marcó la necesidad de ir a Plenarios de delegados seccionales y de un plenario provincial para organizar un plan de lucha junto a las seccionales multicolor. Por otro lado, y no siendo consecuentes con su militancia por “la presencialidad segura”, la Agrupación celeste de Baradel en Escobar, no se hizo presente en esta Asamblea. Las posiciones de las agrupaciones que componen la Multicolor en Escobar quedaron claras. La agrupación Almafuerte se expresó en desacuerdo a iniciar presencialmente con un nivel de contagios y muertes que no bajan y con escuelas con serias deficiencias. La lista roja negra (Convergencia Socialista) propuso volver a las escuelas para realizar relevamientos de infraestructura, y llevaron el debate al terreno de “presencialidad si, virtualidad no”. El oficialismo de Tribuna Docente propuso la misma moción que planteó en la Matanza, defendiendo la idea de una “presencialidad segura” e inclusive planteando “lo descabellado” de pretender no volver a las escuelas en pandemia sin vacuna, cuando el conjunto de las y los trabajadores ya “había vuelto” a sus lugares de trabajo en la misma situación. La marrón del PTS se acopló a la posición del oficialismo del PO. Tanto la agrupación coral como la Lista roja desenvolvieron planteos críticos y de preocupación frente a la presencialidad y a la falta de condiciones para volver a las escuelas, así como también, tomar las Jornadas del 11 y el 12 para debatir los reclamos de las escuelas. Desde Tribuna Docente (tendencia) desenvolvimos el rechazo al inicio presencial en pandemia y sin vacunas, en defensa de la salud y la vida de la docencia y de la comunidad educativa. Expresando la importancia de desarrollar un plan de lucha en este sentido. La votación final fue por unanimidad en favor de una moción unificada, la cual expresó “No retornar a las escuelas. No a la presencialidad hasta que estén dadas las condiciones en defensa de la salud y la vida". La Asamblea de Escobar dio cuenta de una docencia en pie de lucha frente a la “presencialidad” extorsiva del gobierno; y abre una enorme perspectiva por el no inicio, hacia la huelga general educativa, en defensa de la educación, la salud y la vida.

11 de febrero de 2021
Tucumán: Masiva marcha contra del regreso a las aulas

El miércoles 10, a pesar de la lluvia, se concretó una masiva marcha que agrupó a más de 2000 docentes a pie y una enorme caravana de autos que le seguía por detrás. La convocatoria emergió de un plenario que reunió a algunos sindicatos (UDT, SADOP), al movimiento de la Docencia Autoconvocada y agrupaciones opositoras a la dirigencia burocrática que dirige los sindicatos agrupados en el Frente Gremial Docente (ATEP, APEM, AMET). Se hicieron presentes docentes de varios puntos del interior de la provincia y de todas las modalidades educativas. A la convocatoria se sumaron la ADIUNT, y varias comisiones de padres autoconvocados y también el SITAS (sindicato que agrupa a los trabajadores de la salud). Ha sido, sin dudas, la primera gran respuesta en la calle al intento de los gobiernos, nacional y provincial, por imponer el regreso presencial a las escuelas. El rechazo al retorno a la presencialidad es masivo. Los propios funcionarios del SIPROSA (Sistema provincial de Salud) han destacado que esperan para los próximos meses una suba exponencial de los contagios. Por otro lado, la vacunación no ha logrado completar aún a todo el personal de salud, y el estado de las escuelas es calamitoso. Son las iglesias, las cámaras empresariales y el gobierno a través de los medios, los que vienen agitando la necesidad del retorno. Se aproxima la nueva cosecha del limón que ocupa a decenas de miles de cosecheros, hombres y mujeres sin ataduras de ningún tipo. Las escuelas sirven como guarderías para estos fines. En la marcha, la inmensa mayoría de la docencia movilizada se identificaba con la docencia Autoconvocada con su bandera al frente de la movilización y un cartel que planteaba: “con pandemia y sin vacunas no hay regreso presencial”. Las dos orientaciones en los discursos, en un contexto de pandemia Cuando la marcha llegó a la plaza Independencia, se montó una tribuna donde se expresaron los oradores de los distintos agrupamientos. Hubo claramente dos orientaciones: La que expresó el movimiento autoconvocado, a través de Raquel Grassino, que con pandemia y sin vacunas no hay retorno. Grassino destacó la necesidad de llevar adelante una lucha a fondo, la huelga general, por los reclamos pendientes, en especial el salario y las condiciones para hacer factible la virtualidad mientras perdure la pandemia, llamó a realizar asambleas por escuelas para votar mandatos de lucha y reivindicaciones y participar del congreso de base que se va a realizar el 20 de febrero, y organizar desde el mismo el no inicio de las clases presenciales. En sintonía con este planteo se expresaron Adiunt e incluso los padres autoconvocados. En contraposición, otras intervenciones, se limitaron a denunciar el estado de las escuelas pero sin plantear ninguna perspectiva de lucha. A esos planteos se sumaron los oradores de las agrupaciones vinculadas a los partidos del FIT-U, que usaron la tribuna para destacar que son partidarios de una presencialidad con condiciones y en atacar la convocatoria al congreso de base de la Docencia Autoconvocada, sosteniendo que había que sostener la coordinación que había convocado a la marcha. Cómo continuar La movilización ocupó todos los medios de la provincia. En las redes se puede visualizar el impacto que ha tenido la marcha. A partir de ahora es necesario impulsar las asambleas de escuela, deliberar y fijar mandato para concretar el II Congreso de base, por un plan de lucha por el no reintegro a las escuelas y por la recuperación de los salarios.

11 de febrero de 2021
La temeraria vuelta a clases

Crecen, en todo el mundo, los rechazos de docentes, alumnos y padres a la vuelta a las clases presenciales. En la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano de la Universidad Nacional de Córdoba, las madres, padres y tutores de los alumnos organizados en el Consejo Asesor emitió un comunicado ante el retorno a la presencialidad. Entre otras cosas señala que “ante la preocupación por la situación sanitaria alarmante y la inminente disposición de que se inicien las clases presenciales, la propuesta de retorno a la presencialidad tal como está siendo formulada en la ciudad de Buenos Aires y en buena parte del país es ambigua, imprecisa y temeraria, y resulta de una visión idealizada de regreso a las escuelas que soslaya y desconoce las graves repercusiones psíquicas y emocionales que puede implicar para los niños, niñas y adolescentes. Entre ellas, el temor y la angustia que provoca representar(se) como potenciales vehiculizadores de un virus que saben dañino para sí mismos/as y sus seres queridos/as, así como el daño en los vínculos pedagógicos, por la desconfianza que se instala en las relaciones docentes alumnos/as-familias, lo cual obstaculiza las posibilidades de un aprendizaje significativo” (La nueva mañana, 11/2). En otra parte del texto señala “El retorno en este momento de emergencia sanitaria ignora también la precariedad de recursos con los que cuenta la comunidad educativa en materia de dispositivos, conectividad, acondicionamiento edilicio, higiene, estado de sanitarios, incremento de personal docente y no docente, entre otros, que deben ser proveídos por el Estado en cada una de sus jurisdicciones”. Tampoco hay condiciones para garantizar el transporte, uno de los medios de contagio más importantes, lo cual genera preocupación entre los trabajadores del transporte de la provincia, donde el viernes se decretó un paro interurbano por 96 horas. No se completó la vacunación del personal de salud, y mucho menos a los educadores y personal educativo. “incrementará la circulación del virus” El Consejo Asesor adhiere al posicionamiento de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), porque “Habilitar la apertura de las escuelas en el actual contexto incrementará la movilización de la población y es previsible su impacto en la situación epidemiológica general, debido a la existencia de circulación comunitaria del virus.” La APDH declaró que “La experiencia internacional ha demostrado que la apertura de establecimientos escolares ha sido clave en el aumento de la circulación viral en la comunidad” . En el reporte diario del Ministerio de Salud de la Nación del 18 de enero de 2020, Carla Vizotti había informado que hasta esa fecha habían fallecido 138 NNyA, de los cuales 80 % presentaba comorbilidades conocidas y un 20%, no. En este contexto de circulación viral comunitaria en gran parte del país, esta cifra podría crecer si aumenta la exposición de NnyA. (La nueva mañana, ídem). El rechazo a las clases presenciales crece en las Asambleas de docentes, las luchas de los trabajadores de educación, los autoconvocados y las declaraciones de solidaridad de padres, madres, y las comunidades en todo el país.

11 de febrero de 2021
Por un masivo apoyo de los estudiantes terciarios a la lucha docente contra la presencialidad criminal
UJS Terciarios - Tendencia

El Ministro Trotta, los gobernadores y el gobierno de los Fernández se lanzaron a una ofensiva feroz para imponer la presencialidad en las escuelas. Lo hacen contra todas las advertencias de los profesionales de la salud y bajo la presión de las grandes patronales, que necesitan imponer la vuelta "integral" a la normalidad, para lo cual se vuelve indispensable el rol de las escuelas como guarderías donde los trabajadores puedan dejar a sus hijos para cumplir con sus tareas laborales. El consenso por una “presencialidad segura” incluye a Juntos Por El Cambio, con Larreta y Soledad Acuña a la cabeza. Mientras se contabilizan 10.000 casos por día en todo el país, convocan a clases abiertas este 9 de febrero para exigir la vuelta a la presencialidad. El acuerdo entre el FdT y la oposición es comenzar el próximo 17 de febrero, en plena pandemia y sin garantía de acceso a las vacunas. La experiencia reciente allí donde las clases presenciales volvieron muestra los resultados catastróficos que ha producido en la cuestión sanitaria. Ni los protocolos, igualmente discutidos a espaldas de la docencia, ni condiciones de infraestructura un poco mejores, como se vio en algunos países de Europa, fueron suficientes para impedir la propagación del virus o incluso de nuevas cepas. En Madrid, el resultado fue un disparo de los contagios de un 175%. En los países donde se abrieron las escuelas, rápidamente tuvieron que recular. Por esto la tendencia internacional que recorre a la docencia, de lanzar la huelga contra la presencialidad en distintos lugares del mundo, como en Chicago y Brasil y como ya sucede en el norte del país con la docencia autoconvocada. El gobierno conoce esta situación y no descarta que ante una escalada de contagios tenga que volver a foja cero. Las discusiones y peleas por delante La pelea contra la presencialidad en estos momentos plantea todo un programa a la docencia, los estudiantes de todos los niveles y la comunidad educativa. Sucede que el debate real en defensa de la educación no es entre virtualidad y presencialidad, como intentan presentarlo los defensores de esta última, sino sobre la capacidad del régimen de garantizar tanto la educación como la salud, sin oponer la una a la otra. Los que se arrodillaron ante la exigencia de reapertura y fracasaron en bajar la circulación del virus son los mismos que no garantizaron la conectividad durante el 2020 virtual y que son responsables de una precarización mayor de las tareas docentes y de la educación en su conjunto. Es falso que haya que elegir entre la vida y la educación; simplemente no pueden ni quieren garantizar ninguna de las dos. En una confesión de su propia incapacidad, los apologistas de la presencialidad traen a los fantasmas del fracaso de la virtualidad ¡cómo si no fueran ellos los responsables de asegurarla! y de la precarización ¡cómo si no hubiesen sido ellos quienes se negaron a ampliar la planta docente, quienes condenaron a miles a la desocupación y quienes lanzaron impotentes programas de precarización laboral! Una vez más, sus afirmaciones que pretenden ser en defensa de la educación no son más que el disfraz de sus verdaderas intenciones: imponer la reactivación integral de la acumulación capitalista a costa de la vida y la educación. ¡Los docentes y estudiantes, los más conscientes de todos estos problemas, no oponemos una cosa a la otra! Es por eso que la lucha contra la vuelta a la presencialidad que proponemos desde UJS Terciarios - Tendencia con nuestros compañeros de Tribuna Docente - Tendencia incluye puntos indivisibles: el Estado debe garantizar el acceso masivo y gratuito a la vacunación, asegurar los dispositivos para la conectividad para que nadie quede por fuera, ampliar la planta docente habilitando más cargos e incluso desdoblando cursadas numerosas y formalizar las tareas de los precarizados y estudiantes de las prácticas en los programas de revinculación académica, en el marco del Estatuto del Docente. Participemos de la Conferencia Nacional de Tribuna Docente - Tendencia para unificar la lucha Los estudiantes terciarios, tal vez los más golpeados por la desocupación y la precarización, debemos pelear con la docencia contra un inicio presencial que lleva al extremo la precarización de nuestras condiciones de vida y que, en un marco donde se quiere imponer la flexibilidad laboral en todos los trabajos, no promete ni un acceso al trabajo ni mejores condiciones laborales. La defensa de la educación y la vida debe unificarnos con un programa, una agenda y la preparación de la huelga contra el inicio presencial. Este será el gran tema de debate de la Conferencia Nacional de Tribuna Docente - Tendencia, el próximo sábado 13 de febrero. Convocamos a los estudiantes terciarios a participar de esta instancia de debate para impulsar un masivo apoyo a la lucha docente y una nueva rebelión educativa.

11 de febrero de 2021
Entre “diálogo y diálogo”, la liquidación del salario

Entre la transitoria reducción del impuesto al salario, de un lado, y la “ronda de reuniones” con los sindicatos, del otro, el gobierno pretende montar una cortina de humo sobre una realidad inocultable: el sistema liquidación del salario de los trabajadores, que lleva tres años ininterrumpidos de caída. Cuando anunció el proyecto relativo al impuesto a las ganancias, el gobierno difundió un conjunto de informaciones sobre la estructura salarial que deben ser analizadas con cuidado. Se señala que el impuesto a las ganancias está gravando al 25% de los trabajadores –esto es, a 2.3 millones sobre una fuerza laboral registrada de 9.2 millones. En efecto: si el actual impuesto grava a los que ganan desde 75.000 pesos netos –si son solteros-y 100.000 si son casados; y si se asume que la canasta familiar real orilla este último valor, entonces sólo la cuarta parte de la fuerza laboral percibe el salario necesario para reponer integralmente sus medios de vida (alimentos, vivienda, salud, crianza y educación de los hijos). Este dato, sin embargo, embellece la realidad, pues una parte de ese 25% gravado no pertenece a la clase obrera, y representa a gerentes, directores y otros “asalariados” cuyos ingresos son acrecentados por tareas de supervisión o control a cuenta de la patronal. Pobreza Pero una parte importante de ese 75% de asalariados que no llega a la canasta familiar…tampoco alcanza la línea de pobreza. Ocurre que la canasta básica total –la que establece la línea de pobreza, y que cubre necesidades inferiores a la de la canasta familiar- llegó en diciembre pasado a 54.200$. Mientras tanto, el ingreso promedio de los trabajadores registrados alcanzaba los 57.700$ -apenas 3.000$ por encima de la “línea”- para esa misma fecha. Pero en términos del número de trabajadores, hay que agregar otro dato: la mitad de ellos percibe un salario neto inferior a los 44.800$ (ver https://www.argentina.gob.ar/trabajo ). Todos estos datos corresponden al empleo registrado o en blanco: cuando se incorporan al total los trabajadores en negro, se puede entender perfectamente porqué la pobreza en Argentina abarca ya al 50% de la población. En síntesis: la reducción del impuesto a las ganancias afectará positivamente a una proporción no mayor al 13% de la fuerza de trabajo registrada, una parte de la cual –y sólo por unos meses- llegaría a percibir un salario igual a la canasta familiar. Luego, el impacto del impuesto será devorado por la inflación, de un lado, y por los propios aumentos paritarios, del otro, ya que “reinstalarán” a los beneficiarios por arriba del mínimo no imponible en cuestión de meses. Mientras tanto, el 87% de los trabajadores no ganan la canasta familiar, y el 60% de los mismos no alcanzan la línea de pobreza. La destrucción del salario en la Argentina ha seguido un rumbo implacable. La “mesa de concertación” que el gobierno arma en estas horas no tiene otro propósito que consolidar ese rumbo, con palabras, maniobras y el concurso de la burocracia sindical. El gobierno ha manifestado el propósito de que los aumentos equiparen o superen levemente a la “inflación presupuestada”, o sea, al 29%. Pero las proyecciones inflacionarias del año apuntan al 50% e incluso más para el caso de los alimentos. En estas condiciones, hasta los compromisos de “revisión” de los acuerdos hacia finales del año son un fraude, pues las cláusulas de ajuste operan sobre una inflación que ya se ha devorado durante meses la capacidad de compra del salario. “Mesa del hambre” Es significativo que la única conclusión a la cual pareciera llegar la concertación oficial es la de constituir una “mesa de hambre”, es decir, un dispositivo asistencial de alimentos para una clase obrera que –incluso ocupada- no puede cubrir sus necesidades más elementales. La pulverización del salario por debajo del sostenimiento material de los trabajadores es otra demostración de la inviabilidad del orden social existente, pues la incapacidad del régimen explotador de “sostener a los explotados” ya no sólo afecta al trabajador desocupado, sino incluso al que vive de un salario. Los alimentos “cuidados”, a esta altura, son otro subsidio a una clase patronal que está pagando el salario mínimo más bajo de América Latina, medido en dólares. Los abanderados de la “mesa de los argentinos” están dejando la mesa vacía. Es urgente discutir la situación salarial en asambleas, autoconvocatorias y plenarios: paritarias sin techo, con delegados electos; indexación mensual del salario; salario igual a la canasta familiar, hoy en 100.000$. Aumento de emergencia frente a la inflación galopante del último trimestre. Apertura de los libros de los monopolios alimenticios y comerciales. LEER MÁS Pobreza por encima del 70% de la población, escribe Emiliano Monge

11 de febrero de 2021
Las colas del hambre en Francia

Hace días que son noticia las infinitas colas de personas que buscan un plato de comida en París y otras ciudades de Francia porque no pueden comprar alimentos. Los videos de estas colas del hambre circulan por redes y muestran como cada lunes y jueves se reparten 2,5 toneladas de alimentos no vendidos (La Razón, 9/2). Según la Colecta de Fondos Solidarios en Elbeuf: “los estudiantes mueren de hambre en Francia, sexta potencia mundial” (actu, 10/2). En una encuesta del Observatorio de la Vida Estudiantil, el 23% de los jóvenes estudiantes dijo que no había comido lo suficiente. Dos millones de personas perdieron sus empleos durante la pandemia, la mayoría jóvenes. Las ayudas desaparecieron luego de un estímulo inicial. En noviembre de 2019, un estudiante se prendió fuego en Lyon para denunciar la precariedad en la juventud. “El 35% de los estudiantes se benefician de becas basadas en criterios sociales, pero solo 45.000 alcanzan el nivel máximo. Es decir, 555 euros al mes por 10 meses. 555 euros mientras que la línea de pobreza está en 1.015 euros” (mediapart, 9/2). “Nos morimos de hambre” Estas colas se multiplican a pesar que “desde el 25 de enero, las comidas en los restaurantes universitarios cuestan sólo 1 euro en vez de 3,3 euros. Los estudiantes dicen que la ración que le sirvieron en el restaurante de la universidad en Metz (Moselle) era “insuficiente para alimentarse” (20Minutes, 10/2). “Una botella de agua, un yogur y 200 g de ravioles. Esta comida, junto con el yogur, tiene 400 kcal. Para un hombre, la ingesta recomendada es de 2.400 kcal por día”. El gobierno de Macron utilizó estas escenas de hambre, creadas por sus políticas de precarización y destrucción de la educación, para intentar forzar la vuelta a clases presenciales en los campus. Juntar artículos sanitarios en la calle Pero no sólo se trata de alimentos y de colas del hambre. En medio de una pandemia que registra más de 3,3 millones de contagios y 80.000 fallecidos, la mayoría de ellos en centros urbanos como París, las colas también se realizan para conseguir artículos sanitarios. Así sucede, por ejemplo, en la asociación Linkee de la capital francesa, donde se reparte desde alcohol en gel y productos de limpieza hasta mascarillas. La asociación “recupera” alimentos y artículos que mayoristas, dueños de catering, supermercados y restaurantes tiran a la calle, muchos de ellos vencidos o a punto de vencerse. El suministro de artículos sanitarios y preventivos por parte del Estado es prácticamente inexistente. De septiembre a esta parte se duplicaron las toneladas de asistencia, dice el presidente de Linkee, Julien Meimon. “Estas ayudas son indispensables”, explica Johant Rodriguez, una estudiante colombiana de 30 años. Otra estudiante tunesina dice que “Pagas, pagas y no te entra dinero… me dije que tal vez tendría que privarme de algo”, como la comida o la higiene. 8 millones bajo ayuda alimentaria “La crisis lo multiplica todo. Lo que hemos recopilado en tan poco tiempo te da una idea de la angustia”, analiza Sébastien Née. La Federación de Estudiantes de Rouen (FEDER), en particular, identificó a más de 700 estudiantes en una situación de precariedad alimentaria dentro de la Metrópolis de Rouen, Normandía. “Somos una metrópoli de 71 municipios, y cuando la gente está sufriendo, es una situación global. Este problema también afecta a las pequeñas ciudades y al campo, no hay que olvidarlo”, insiste Ronan Langlois, presidente de la GSU en Rouen. Dimitri Deneuve, vicepresidente de la JCI en Rouen dice que “Aquellos que lo necesiten pueden registrarse a través de su oficina FEDER y venir a conseguir una cesta solidaria. Encontrarán comida, bebida, dentífrico, artículos de aseo, protección higiénica para la mujer, condones, etc. Considerando el contexto, esta es una generación que se ha sacrificado un poco, en las clases, en la vida social, y ahora en la alimentación”. No se trata de “sacrificios”, sino de una política criminal ejecutada por Macron. Jean-Luc Mélenchon en la Asamblea Nacional el 9 de febrero de 2021 dijo que “los 10 millones de pobres en Francia sufrirán aún más. Hay 8 millones que reciben asistencia alimentaria. Hay 300.000 personas sin hogar en nuestro país, incluidos 30.000 niños. 2.000 personas mueren en las calles cada año”. El 4 de febrero miles de manifestantes de educación, salud, estudiantes, trabajadores de diferentes gremios alineados en la interprofesional, protestaron contra las políticas de Macron, y a favor del empleo, contra la precarización, la defensa de la ESR y los servicios públicos.

11 de febrero de 2021
Honduras: el estado encubre el crimen de Keyla Martínez

El pasado sábado 6, cerca de la medianoche, fue detenida por "por escándalo en la vía pública e incumplimiento al toque de queda" la estudiante de enfermería Keyla Martínez, de 26 años. A las pocas horas fue declarada muerta en un hospital, al que fue trasladada, según las fuentes policiales “tras intentar suicidarse en una celda de una comisaría en la ciudad de La Esperanza” (BBC, 10/02). La autopsia realizada a la joven en el hospital determinó que la versión policial era falsa. Según la fiscalía, “la autopsia reflejó que la muerte…fue por asfixia mecánica, lo que demuestra que fue un homicidio” (Ídem). Los policías implicados fueron enviados a otras estaciones, lo que encendió la furia de los vecinos de La Esperanza. Quienes se congregaron pocas horas después en las puertas de la comisaría fueron duramente reprimidos con gases lacrimógenos y balas de goma. El informe oficial no reportó heridos ni arrestos. Sin embargo, los vecinos denunciaban: “había personas de la tercera edad, mujeres embarazadas y niños, porque todo el pueblo está indignado, y de repente los policías lanzaron bombas lacrimógenas, tratando de reprimirnos, pero no nos callaremos hasta que se haga justicia y muestren los rostros de los asesinos, queremos verlos tras las rejas” (Nodal, 11/02). La bronca fue extendida por todo el pueblo, que realizó piquetes con llantas encendidas y hasta se quemó un monigote vestido de policía al grito de “policías asesinos”. Los organismos internacionales manifestaron su preocupación también. La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) considera que los hechos podrían configurar una ejecución extrajudicial. Desde la Secretaría de Seguridad, llegó a afirmarse que el "intento de suicidio" fue descubierto por un agente que realizaba una "ronda de supervisión". (BBC, 10/02) Un encubrimiento total. Ayer, miércoles 10, fue reprimida ferozmente una movilización convocada para exigir justicia en Tegucigalpa, capital hondureña. Los detenidos fueron interceptados por patrullas a varias cuadras de la Casa de Gobierno, cita de la manifestación. Los detenidos son jóvenes universitarios y activistas de varias organizaciones estudiantiles de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Los activistas podrían enfrentar diversos procesos judiciales en su contra, lo que demuestra que existe una clara complicidad dentro del propio aparato estatal hondureño.

11 de febrero de 2021
Beltrán: avanza el cordón industrial santafesino en su lucha por la legalidad
Ciro Nicoba

La militancia de Rosario, Granadero Baigorria y Capitán Bermúdez ha conquistado el total de afiliaciones exigido por la justicia electoral en Fray Luis Beltrán, localidad obrera del departamento San Lorenzo. En Beltrán tuvimos un altísimo grado de aceptación al punto de recoger el apoyo de vecinos en cuadras enteras. Los trabajadores ultra precarizados elogiaron el método de la lucha por el trabajo genuino y las condiciones de vida. Los obreros y obreras de la UOCRA, de fábrica militar y de Ar Zinc nos dieron la afiliación en apoyo a la perspectiva de la huelga general, las asambleas y plenarios de base, y a la coordinación de las luchas -planteos defendidos en cada uno de nuestros materiales de propaganda. Muchas familias del proletariado beltranense en barrio Granadero, barrio Sargento Cabral y barrio Ombú –sitios donde obtuvimos la mayoría de las afiliaciones- nos referencian con luchas de más de una década de antigüedad. El intercambio ameno y consciente de los vecinos, varios de ellos ex militantes del Polo Obrero, nos permitió identificarnos como Partido Obrero Tendencia. En la medida que los vecinos reivindicaban la memoria de un Polo Obrero histórico y su trayectoria en la organización de las luchas barriales, a la vez desconocían el estado actual del Polo Obrero oficialista. Allí vimos la ocasión de explicar quiénes somos y porque defendemos el legado y el programa histórico del Partido Obrero. En todos los casos corroboramos que el debate sobre la crisis partidaria y la formación de una tendencia interna había sido ocultado o cuanto menos esquivado por la dirección. Los trabajadores que visitamos se afilian al partido que apoya el método que utilizó el gremio aceitero para conquistar un salario igual a la canasta básica familiar. El mismo método que la docencia auto convocada está votando en sus asambleas. El triunfo de la campaña por la legalidad en Beltrán fue producto de reivindicar las herramientas de lucha de la clase obrera y su organización frente a los ataques de los gobiernos y las patronales.

11 de febrero de 2021
El primer gobierno obrero de la historia: los añadidos de Karl Marx a la Historia de la Comuna de 1871 de Lissagaray (I)

Resumen En los círculos marxistas es común hacer referencia a La guerra civil en Francia de Karl Marx para un análisis teórico del significado histórico de la Comuna de París, y al libro Historia de la comuna de 1871 de Prosper-Olivier Lissagaray para una descripción fáctica de la insurrección de los trabajadores de París y su represión por la Asamblea Nacional radicada de Versalles y dirigida por Thiers. Lo que es menos conocido es que Marx supervisó la traducción alemana del libro de Lissagaray y realizó numerosas adiciones al mismo. En este artículo describimos los añadidos de Marx al libro de Lissagaray, mostrando cómo contribuyen a concretizar su análisis de la Comuna de París y cómo se relacionan con la escisión en la Asociación Internacional de los Trabajadores entre marxistas y anarquistas que tuvo lugar tras la derrota de la Comuna. También mostramos cómo las adiciones de Marx a la versión alemana del libro de Lissagaray estaban vinculadas a su participación en el recién creado Partido Socialista Obrero de Alemania y a su crítica al programa que éste había adoptado en el congreso celebrado en la ciudad de Gotha. Palabras clave : Comuna de París — Prosper-Olivier Lissagaray — Karl Marx — Partido obrero — Gobierno obrero Abstract In Marxist circles it is common to refer to Karl Marx’s The Civil War in France for a theoretical analysis of the historical significance of the Paris Commune, and to Prosper-Olivier Lissagaray’s History of the Commune of 1871, for a description of the facts surrounding the insurrection of the Paris workers and its repression by the National Assembly led by Adolphe Thiers. What is less well-known is that Marx himself oversaw the German translation of Lissagaray’s book and made numerous additions to it. In this article we describe Marx’s addenda to Lissagaray’s work, showing how they contribute to concretise his analysis of the Paris Commune and how they relate to the split in the International Working Men’s Association between Marxists and anarchists that took place after the Commune’s defeat. We also show how Marx’s additions to the German version of Lissagaray’s book were linked to his involvement with the recently created Socialist Workers’ Party of Germany and to his criticism of the programme it had adopted at the congress celebrated in the city of Gotha. Keywords : Paris Commune —Prosper-Olivier Lissagaray — Karl Marx — Workers’ Party — Workers’ Government Introducción En los círculos marxistas es común referirse a La Guerra Civil en Francia, el Manifiesto del Consejo General de la Asociación Internacional de los Trabajadores escrito por Karl Marx, para un análisis teórico de la significación histórica de la Comuna de París, y al libro Historia de la Comuna de 1871 de Prosper-Olivier Lissagaray para una descripción fáctica de la insurrección de los trabajadores de París y de su represión por la Asamblea Nacional radicada en Versalles y dirigida por Thiers. Lo que es menos conocido es que el mismo Marx supervisó la traducción alemana del libro de Lissagaray e hizo numerosas adiciones al mismo. Según una nota insertada en el décimo volumen de las Obras Completas de Marx y Engels en inglés: Marx se involucró activamente en el encargo de una traducción al alemán de un libro escrito por uno de los miembros de la Comuna, Prosper Olivier Lissagaray, titulado Histoire de la Commune de 1871. Se dirigió a tal fin a Wilhelm Bracke, y Engels le pidió a Wilhelm Blos que encontrara a alguien para hacer el trabajo. La traducción de muestra realizada por Julius Grunzig no logró satisfacer a Marx, como no lo hizo la de Isolda Kurz. Aunque Marx ya estaba sobrecargado de trabajo, tuvo que dedicar mucho tiempo y esfuerzo a la edición de la traducción alemana. En el otoño de 1877, a propuesta de Marx y Engels, Wilhelm Blos fue reclutado como editor adicional. El libro de Lissagaray apareció en alemán en Brunswick a fines de 1877 (Marx and Engels 1978, p. 480). La traducción alemana de la Historia de la Comuna de 1871 de Lissagaray ocupó a Marx por casi un año, desde octubre de 1876 hasta agosto de 1877. El libro de Lissagaray fue traducido al inglés por Eleanor Marx, una de las hijas de Marx, quien, en su introducción escrita en 1886, dijo: “No quiero revisar el trabajo de ninguna manera. Fue completamente revisado y corregido por mi padre. Quiero que se mantenga como él lo conoció”.1 La versión española incluye solo algunos de los agregados de Marx, ya que fue realizada en base a la edición francesa “final” de 1896: el último capítulo, que lleva el número XXXIX, se titula: “La Asamblea de la desgracia.— El mac-mahonado.— Los indultos.— El gran regreso.— 1896” (Lissagaray 1971). En este ensayo, contrastaremos la primera edición francesa del libro de Lissagaray, originalmente publicada en 1876, con la versión alemana de 1877, a fin de resaltar los párrafos más importantes agregados por Marx, y procederemos a contextualizarlos históricamente.2 Prosper-Olivier Lissagaray y la familia Marx Hippolyte Prosper-Olivier Lissagaray (1838-1901) fue, durante el período cubierto por este artículo, un periodista republicano durante el Segundo Imperio francés, un comunero, un exiliado en Londres, uno de los primeros historiadores de la Comuna de París y, por último, pero no menos importante, un miembro de la familia Marx, tanto en virtud de su relación personal con Karl Marx como de su vínculo con una de las hijas de éste, Eleanor Marx. Lissagaray nació en Toulouse. Recibió una educación clásica y después de terminar sus estudios hizo un viaje a los Estados Unidos de América; luego se mudó a París en 1860, donde dirigió una sociedad literaria y fundó una efímera Revue des cours littéraires. Oponiéndose como republicano al Segundo Imperio francés de Louis Napoleón, en agosto de 1868 fundó el periódico L’Avenir en Auch, una pequeña comuna en el departamento de Gers en el sur de Francia, en el que exigió derechos democráticos tales como “derecho de reunión y asociación, libertad de prensa, expresión y conciencia, independencia y descentralización comunal, elecciones justas y secretas, responsabilidad efectiva de los agentes y funcionarios estatales, separación de la iglesia y el estado, educación gratuita y obligatoria” y “la supresión de los ejércitos permanentes” (Bidouze 1991, p. 34). Lissagaray fue multado y encarcelado repetidamente por sus opiniones políticas. Después de mudarse a París, colaboró con la revista La Réforme politique et sociale editada por Aimé Malespine de octubre a noviembre de 1869, y en enero de 1870 fundó el periódico La Marseillaise con Henri Rochefort. Después de ser encarcelado repetidamente por sus opiniones republicanas, el 10 de mayo de 1870 se exilió durante tres meses en Bruselas. Después del colapso del Segundo Imperio y de la proclamación de la tercera república francesa el 4 de septiembre de 1870, Lissagaray se puso a disposición de Léon Gambetta, el ministro del interior del Gobierno de Defensa Nacional, quien lo nombró comisario de guerra en Toulouse. El 10 de enero de 1871, Lissagaray estaba en el ejército del general Chanzy como jefe de escuadrón cuando se firmó el armisticio. Cuando se proclamó la Comuna el 18 de marzo de 1871, Lissagaray fue de inmediato a París, pero no como funcionario o empleado de la Comuna, sino exclusivamente como militante y periodista, publicando seis números del periódico L’Action (4-9 de abril) y ocho números de Le tribun du peuple (17-24 de mayo). Luego participó, del 25 al 28 de mayo, en las batallas callejeras de la Semana Sangrienta, primero en las barricadas del distrito 11 y después en Belleville. Dos años después, un tribunal militar lo condenó en ausencia a deportación y confinamiento en una fortaleza. De 1871 a 1880 vivió en el exilio (Kapp 1972, p. 157). Habiendo logrado escapar a Bélgica, Lissagaray publicó en Bruselas su primer trabajo sobre la Comuna de Paris, titulado Les Huit Journées de mai derrière les barricades (Lissagaray 1871). La esposa de Marx, Jenny, informó en diciembre de 1871 al Dr. Louis Kugelmann que “Con una excepción, todos los libros sobre la Comuna que han aparecido hasta ahora no valen nada. Esta única excepción a la regla general es la obra de Lissagaray, que usted recibirá junto con esta carta” (Lettre de Jenny Marx à Kugelmann, Londres, 21 décembre 1871, en Marx et al. 1971, p. 212). También publicó en Bruselas un panfleto de 31 páginas titulado Vision de Versailles (Lissagaray 1873). Desde Bélgica, Lissagaray se trasladó a Inglaterra, donde conoció a la familia Marx, incluyendo a Eleanor, con quien se comprometió, pero a quien nunca desposó debido a la desaprobación de Karl y Jenny Marx. Entre octubre y noviembre de 1874, publicó tres números de una revista titulada Rouge et Noir, en la que el empleo de una terminología de clase muestra la influencia de Marx en un escritor que hasta entonces no había sido más que un republicano democrático. Así, en el n. 1 de Rouge et Noir, publicado el 24 de octubre de 1874, Lissagaray describió a Thiers como el líder político que “representó a la burguesía de su siglo.” En cuanto al “gentil Jules Simon”, que había “lamentado recientemente la debilidad de los republicanos”, Lissagaray argumentó que era difícil tomarse en serio las declaraciones de “este querido señor, que ordenó el fusilamiento de treinta y cinco mil personas.” Un torrente de sangre separaba a la burguesía de las masas: “Desde hace treinta años, lo primero que ha hecho la burguesía republicana al llegar al poder es fusilar al mayor número de obreros posible. Luego ella exclama: ‘¡Es increíble lo raros que son los republicanos!’” En no. 2 de Rouge et Noir, publicado el 20 de noviembre de 1874, Lissagaray le “cantó las cuarenta” al “bon bourgeois”, que se quejaba diciendo: “¡Es el Imperio el que nos ha perdido! ¡El Imperio que nos corrompió durante veinte años!” En realidad, argumentó Lissagaray, la burguesía había apoyado al Imperio hasta el último momento, y gente como Adolphe Thiers demostró que “los políticos de la burguesía nunca mueren en Francia”; a lo sumo podían “marchitarse por un momento como flores tiernas”, sólo para reaparecer a la primera señal de un movimiento popular, a fin de descarrilarlo y estrangularlo (Bidouze 1991, pp. 126-127). En el tercer y último número de Rouge et Noir, publicado el 27 de noviembre de 1874, Lissagaray retomó esta idea, argumentando que desde principios de siglo, el pueblo francés reproduce la misma historia [...] Se levantan: la burguesía lo aplasta; luego se deja ensillar [por un Bonaparte]. El jinete permanece en la montura dieciséis o diecisiete años por término medio. El pueblo recomienza, la burguesía vuelve a hacer lo mismo: aparece otro mozo de cuadra (palefrenier) (Bidouze 1991, p. 128). Como exiliado, Lissagaray vivió en la pobreza, organizó conferencias, colaboró con varios periódicos y, en 1876, después de un largo período de investigación, publicó el libro Histoire de la Commune de 1871, editado en Bruselas, pero prohibido y distribuido clandestinamente en Francia (Lissagaray 1876). Eleanor Marx le dio a Lissagaray toda la ayuda que pudo en la preparación de su trabajo. En julio de 1876, Eleanor escribió dos cartas a Karl Hirsch (1841-1900), un socialista alemán que había huido a París debido a las persecuciones de Bismarck, pidiéndole que rastreara material necesario para el libro de Lissagaray en los archivos de los periódicos Le Radical y Le Droit de junio de 1872. El 20 de octubre, anunció que la Histoire de la Commune de 1871 debía aparecer a fines del mes siguiente, y el 25 de noviembre de 1876 le dijo a Hirsch que esperara una visita de su editor, Henri Kistemaecker, para organizar la distribución del libro en París (Kapp 1972, p. 158). Karl Marx tenía la opinión más alta del libro de Lissagaray. Era, enfatizó Marx en una carta escrita el 23 de septiembre de 1876 a Wilhelm Bracke, un editor socialista en Brunswick, “la primera historia auténtica de la Comuna. Lissagaray no solo ha utilizado todas las fuentes publicadas, sino que también posee material inaccesible para todos los demás, aparte de haber presenciado con sus propios ojos la mayoría de los eventos que describe”. Como tal, no podía ser igualado por ningún otro libro sobre el tema y su traducción tenía que ser impecable. Dado que un tal Julius Grunzig en Berlín estaba dispuesto a editar una versión alemana, Marx se ofreció a enviarle “algunas pruebas de imprenta para traducir a fin de asegurarme de su competencia”. Sin embargo, Grunzig no podía ser considerado como editor: “Le sugiero que se haga cargo de la edición de este trabajo, que es importante para nuestro partido y de interés para el público lector alemán en general”, escribió Marx a Bracke (Marx, 1876, pp. 149-150, énfasis en el original). Bracke aceptó la propuesta de Marx, y durante el otoño de 1876 y la mayor parte del año siguiente, Marx asumió toda la carga de revisar, y de hecho ampliar, la versión alemana de la Histoire de la Commune de 1871. Según la principal biógrafa de Eleanor Marx, Yvonne Kapp, Marx “había trabajado durante meses en la edición francesa de El Capital, pero nunca se había esforzado más en otro trabajo que no fuera suyo para asegurarse de que una traducción fuera tratada con tanto respeto como él reclamaba para Lissagaray” (Kapp 1972, pp. 177-178). La edición alemana del libro de Lissagaray, publicada por Bracke, finalmente apareció a fines de 1877 (Lissagaray 1877), mientras que la publicación de la traducción al inglés por Eleanor Marx, The History of the Commune of 1871, tuvo lugar recién en 1886 (Lissagaray 1886). En el interín, el 11 de julio de 1880, el Parlamento francés votó una amnistía para los communards y Lissagaray, después de que Eleanor rompiera su compromiso con él, regresó a París, donde reanudó sus actividades periodísticas y publicísticas, y en 1896 publicó una edición revisada de la Histoire de la Commune de 1871 (Lissagaray 1896). La segunda edición de la Histoire de la Commune de 1871, publicada veinte años después de la primera incluye un trigésimo séptimo capítulo adicional3 cuyos subtítulos son: “La Asamblea de la desgracia” (una referencia a la Asamblea Nacional que gobernó Francia durante cinco años, del 12 de febrero de 1871 al 7 de marzo de 1876), “El mac-mahonado” (una referencia al mandato de Patrice de MacMahon como presidente de Francia, del 24 de mayo de 1873 al 30 de enero de 1879), y “Los indultos” y “El gran regreso”, refiriéndose al regreso de los deportados y exiliados después de que el parlamento francés aprobara la ley que les concedía la amnistía total el 11 de julio de 1880, la cual le permitió a Lissagaray regresar a Francia. Esta edición también incluyó un sustancial “Prólogo”, una lista de “obras sobre la Comuna publicada por los condenados de los Consejos de Guerra”, así como 24 nuevos documentos agregados al apéndice. El historiador de la Comuna Jacques Rougerie argumentó que “Lissagaray fue orientado breve y superficialmente por Marx hacia una interpretación antiestatal de 1871”, y que “en la edición ‘definitiva’ de 1896, Lissagaray simplemente se deshizo de estos añadidos de Marx” (Rougerie 2009, p. 326). Pero el prefacio de esta segunda edición, titulado “Para que se sepa”, termina con esta descripción general del siglo que acababa de finalizar: El advenimiento gradual, inevitable, de las clases trabajadoras es el hecho culminante del siglo XIX. En 1830, en 1848, en 1870, el pueblo escaló el Hôtel-de-Ville para cederlo casi inmediatamente a los ladrones (subtiliseurs) de victorias; pero en 1871 se instaló allí, se negó a entregárselos, y por espacio de dos meses largos, administró, gobernó, y condujo la ciudad al combate. Es necesario que sepa cómo y por quién fue derrocado otra vez. A él puede decírsele, sin que se inmute ante la verdad, porque es inmortal (Lissagaray 1896, p. III). Y en un epílogo titulado “1896” escribió: “El proletariado francés ha hecho tres veces la República para los demás; ya está maduro para la suya” (Lissagaray 1896, p. 132). Según Robert Tombs: “La Histoire de la Commune de Prosper-Olivier Lissagaray, publicada en Bruselas en 1876, en una traducción al inglés por Eleanor Marx en 1886, y en Francia en 1896... sigue siendo, después de más de un siglo, posiblemente la mejor historia general de la Comuna” (Tombs 1999, p. 203).4 El Segundo Imperio francés (1852-70) y la Guerra Franco-Prusiana (1870-71) En el Prólogo, no incluido en la versión castellana, Lissagaray señaló que escribir la historia de la Comuna era una tarea “debida a sus hijos, a todos los trabajadores de la tierra”, y que “el niño tiene derecho a conocer la razón de las derrotas paternas, el Partido Socialista, la campaña de su bandera en todos los países”, a lo que Marx añadió en el Prefacio alemán fechado “Londres, abril de 1877”: “La Comuna de 1871 fue solo un preludio. En las batallas del Imperio,5 las grandes luchas sociales se anunciaron. Si los luchadores del mañana no conocen a fondo las batallas del pasado, les espera el mismo baño de sangre. En tales circunstancias, la adulación es equivalente a la traición”.6 El Prólogo incluye en el original francés un párrafo que sostiene que “la burguesía aceptó el Segundo Imperio por temor al socialismo, del mismo modo que sus padres se habían sometido al Primer Imperio [1804-14] para poner fin a la Revolución”. Marx luego agregó estos cuatro párrafos a la versión alemana: Pero él [Napoleón] dejó a la misma burguesía aherrojada para todos los amos. Cuando se adueñó del gobierno parlamentario, en torno al cual Mirabeau intentó reunirla bajo una sola dirección, se mostró incapaz de gobernar. Su motín de 1830, convertido en una revolución por el pueblo, llevó su estómago al trono.7 El gran burgués de 1830, como al de 1790, tenía un solo pensamiento: atorarse, consolidar los bastiones de sus privilegios, perpetuar al proletariado [como clase explotada]. El bienestar de su país no significa nada para él, mientras consiga enriquecerse. Al rey parlamentario [Louis Philippe I], como a [Napoleón] Bonaparte, le dio mano libre para dirigir y avergonzar a Francia. Cuando, por un nuevo levantamiento del pueblo [la revolución de febrero de 1848], la burguesía se vio obligada a tomar el timón, después de tres años, a pesar de las proscripciones y el asesinato en masa8, [el poder] se escurrió de sus manos paralizadas a las del primer advenedizo [Louis Napoleón Bonaparte]. Desde 1851 hasta 1869, la burguesía recayó en el mismo estado que después del 18 Brumario.9 A cambio de que asegurara sus privilegios, permitió que Napoleón III saqueara Francia, la convirtiera en vasallo de Roma10, la deshonrara en México11, arruinara sus finanzas y naturalizara el libertinaje. Topoderosa por sus conexiones y por su riqueza, no encontró un hombre ni un centavo para protestar. En 1869, la presión popular la llevó al borde del poder; con un poco de fuerza de voluntad el gobierno hubiera sido de ella, pero no tenía más que la veleidad del eunuco. A la primera señal del impotente maestro, besó la vara que la hirió el 2 de diciembre [de 1851], dejando espacio para el plebiscito que rebautizó al [Segundo] Imperio.12 Bismarck preparó la guerra, Napoleón III la quería, la gran burguesía dejó que todo sucediera. Podría haberla detenido con un gesto ferviente. M. Thiers se contentó con una mueca. Vio en esta guerra nuestra ruina segura; conocía nuestra terrible inferioridad en todo. Podría haber convocado a la izquierda, al tiers-parti (die Mittelpartei), a los periodistas, ante la locura de un ataque y, apoyado por este poder de la opinión pública, denunciar en la tribuna parlamentaria, en las Tullerías e incluso en las calles de París, si era necesario: “La guerra es imposible, debemos combatirla como una traición”. Pero Thiers, ansioso sólo por salir de una situación comprometida, simplemente exigió los despachos13 en lugar de decir la verdad: “No tienen posibilidades de éxito”. Y esta gran burguesía, que no habría arriesgado la más mínima parte de su fortuna sin las más serias garantías, apostó cien mil vidas y los miles de millones de Francia por la palabra de un Leboeuf y por las ambigüedades de un Gramont.14 Marx introdujo cambios en la sección que trata de la “petite bourgeoisie”, y agregó después de la frase “con su audaz iniciativa, su instinto revolucionario, pierde también la conciencia de su fuerza”, la siguiente: “En lugar de representarse a sí misma, como podría muy bien hacerlo, va en busca de representantes entre los liberales”. Y cerró el párrafo dedicado a los liberales con este añadido: Para los tímidos o ambiciosos, se fundó la “izquierda abierta”, un banco de candidatos para cargos públicos; y en 1870 un número considerable de liberales ya buscaban cargos en el gobierno. Para los “intransigentes” estaba la “izquierda cerrada”, donde los irreconciliables dragones Gambetta, Crémieux, Arago y Pelletan custodiaban los principios puros. Los jefes [de los liberales] se concentraban en el centro. Estos dos grupos de augures sostenían así a cada una de las dos fracciones de la oposición burguesa: la timorata y la intrépida. Después del plebiscito se convirtieron en el santo sínodo, en los jefes incontestados de la pequeña burguesía (die Kleinbourgeoisie), que día a día se mostró más incapaz de dirigirse a sí misma, y se dejó asustar por el movimiento socialista, detrás del cual la izquierda veía la mano de Bonaparte. Por lo tanto, la pequeña burguesía le otorgó a Napoleón III plenos poderes, cerró los ojos y se dejó arrastrar gradualmente hacia el Imperio parlamentario, que estaba repleto de carteras para sus clientes. El trueno de las derrotas15 sacudió un poco a la pequeña burguesía, pero fue solo una convulsión fugaz. Sus diputados dijeron: “¡Abajo!” y ella, la madre del 10 de agosto, agachó dócilmente la cabeza y dejó que la espada prusiana penetrara hasta la empuñadura.16 Lissagaray continuó argumentando que hacia el final del Segundo Imperio Francés no había vida pública ni actividad excepto en las filas de los jóvenes del proletariado y de la “pequeña burguesía”, que fueron los únicos en mostrar cierto coraje político, y que, en medio de la parálisis general del mes de julio de 1870, encontraron la energía para intentar al menos la salvación de Francia. Si los trabajadores no consiguieron liderar a la “pequeña burguesía”, por el bien de cuyos intereses también combatían, esto se debió a su falta de experiencia política, que no pudieron adquirir durante los ochenta años en los que la clase dirigente los privó de derechos democráticos (1794-1870). Luego Marx agregó: Cuando las asambleas públicas y los periódicos volvieron a surgir bajo el Imperio, los trabajadores aún carecían de toda educación política. Muchos creyeron, abusados por cabezas retorcidas, que su liberación dependía de un golpe de estado, y escucharon a todos los que predicaban el derrocamiento del imperio. Otros, por el contrario, estaban convencidos de que incluso los más radicales entre la burguesía eran hostiles al socialismo y adulaban al pueblo sólo por ambición, y exigían que los trabajadores formaran grupos independientes de toda tutela. Estas diferentes corrientes se enfrentaban entre sí, y el estado caótico del partido de acción quedó al descubierto en su diario, Marseillaise, una mezcla ardiente de doctrinarios y escritores desesperados unidos por el odio al Imperio, pero sin puntos de vista definidos y, sobre todo, sin disciplina. Se requería mucho tiempo para enfriar la primera efervescencia y deshacerse de la basura romántica que veinte años de opresión y falta de estudio habían puesto de moda. Pero gradualmente la influencia de los socialistas, los únicos que tenían ideas claras, prevaleció, y no hay duda de que con el tiempo hubieran elaborado su programa, eliminado a los meros declamadores, y proporcionado una dirección seria a la revolución. Ya en 1869, las sociedades de trabajadores, fundadas para el crédito mutuo, la resistencia [es decir, la huelgas] y el estudio, se habían unido en una Federación, cuya sede era la Place de la Corderie du Temple. La Internacional, representando a las ideas más avanzadas del movimiento revolucionario de nuestro siglo, bajo la guía de Varlin, un encuadernador de inteligencia rara, de Duval, Theisz, Frankel y algunos hombres devotos, estaba comenzando a ganar poder en Francia. También se reunía en la Corderie y apremiaba a las sociedades de trabajadores más lentas y conservadoras.17 Aunque, según Marx, debido al hecho de que la Asociación Internacional de los Trabajadores comenzaba a hacer pie en Francia, “las reuniones públicas de 1870 ya no se parecían a las anteriores”, aún se requerían muchos años para el desarrollo del partido revolucionario, y el estallido de la Guerra Franco-Prusiana en julio de 1870 lo encontró “obstaculizado por jóvenes aventureros burgueses en busca de una reputación, plagado de traficantes de conspiraciones y de visionarios románticos”, los cuales “aún desconocían el mecanismo administrativo y político del régimen burgués al que atacaban”.18 Antes del estallido de la guerra franco-prusiana, el 12 de julio de 1870, la Internacional tenía en París 27 secciones que incluían 1.250 cotizantes, así como 11 “marmitas” (comedores cooperativos) con 8.000 adherentes. Además, en diciembre de 1869 Eugène Varlin había creado una Chambre fédéral des Sociétés ouvrières (la Federación mencionada por Marx), a la cual se habían afiliado 60 sociedades obreras, de las cuales 20 habían adherido además a la Internacional. La influencia de la Internacional se extendía, por lo tanto, a los integrantes de estas sociedades, es decir, a unas 20.000 a 30.000 personas (Rougerie 1972, pp. 8-13). El discurso inaugural de la Asociación Internacional de los Trabajadores elaborado por Marx fue un ejemplo clásico de lo que se conoció, después del tercer congreso de la Internacional Comunista, como la táctica del “frente único”: formulaba las demandas básicas en torno a las cuales la clase trabajadora podía y debía unirse en la acción, y de las cuales se seguirían lógicamente las demandas transicionales y socialistas del Manifiesto Comunista (Riazanov 1927, p. 150). Un inconveniente de esta táctica, inevitable en esa etapa de desarrollo del movimiento obrero, fue la heterogeneidad política de la Internacional, y particularmente de sus secciones francesas. En los últimos días del Segundo Imperio, los blanquistas practicaron masivamente el “entrismo” en la Internacional. De hecho, desde el Congreso de la Internacional en Bruselas (septiembre de 1868) —que Blanqui siguió con mucha atención— es decir, desde que los blanquistas se dieron cuenta de que la Internacional, según su expresión, "podía convertirse en una poderosa palanca revolucionaria", tomaron una parte muy activa en sus luchas internas de tendencias. Marx forjó una alianza con ellos contra los proudhonianos y los utilizó como contrapeso a la facción bakuninista, lo que contrarrestó en cierta medida la tendencia “antipolítica” (“abstencionista”) de los seguidores de Proudhon dentro de las secciones francesas, pero también aumentó su heterogeneidad (Dommanget 1962, p. 553). La consiguiente falta de centralización política se manifestó en el hecho de que los internacionalistas franceses no tuvieran un periódico propio hasta la publicación de La Révolution politique et social (un órgano de la sección Gare d'lvry et Bercy, pero que abrió sus columnas a activistas de todas las secciones), del 2 de abril al 15 de mayo de 1871—es decir, hasta mucho después de levantamiento de la Comuna, que tuvo lugar el 18 de marzo de 1871 (Rougerie 1972, pp. 54-55). La proclamación de la Tercera República y el Gobierno de Defensa Nacional La derrota de Francia en la guerra franco-prusiana después de la batalla de Sedan (1-2 de septiembre de 1870) resultó en el colapso del Segundo Imperio de Napoleón III (1852-1870) y en la proclamación de la Tercera República Francesa el 4 de septiembre de 1870. En París, se constituyó un Gobierno de Defensa Nacional, presidido por el general Jules Trochu, que duró desde el 4 de septiembre de 1870 hasta el 19 de febrero de 1871. La Asociación Internacional de los Trabajadores fue la primera formación política en reaccionar después de la proclamación de la Tercera República constituyéndose como « Fédération ouvrière parisienne ». Esta Federación obrera parisina decidió que todas las asociaciones obreras debían sesionar en permanencia (seraient en permanence) a partir del día siguiente, y que cada una de ellas debía enviar un delegado a la Federación. A iniciativa de la Internacional, se formaron los « comités républicains d'arrondissement » (“comités distritales republicanos”), los cuales pronto fueron llamados, al estilo estadounidense, « comités de vigilance » (en octubre de 1870, la Internacional tenía en París 11 secciones y 4 marmitas, y en enero de 1871, 14 secciones y 2 marmitas) (Rougerie 1972, pp. 14-15, 24, 29). Poco antes del inicio del asedio de París, el 13 de septiembre de 1870, se creó el Comité Central Republicano de los 20 Distritos (Comité central républicain des Vingt arrondissements) para defender la República y para obtener del Gobierno de Defensa Nacional medidas políticas y sociales favorables a las clases populares. El Comité Central Republicano de los veinte distritos al día siguiente pegó un afiche en las paredes de la capital exigiendo la remoción de la policía estatal y su reemplazo por agentes nombrados por los municipios y asistidos por miembros de la Guardia Nacional; la elección y la rendición de cuentas de todos los funcionarios públicos; libertad de prensa, reunión y asociación; y la requisa de bienes y el racionamiento para resistir el asedio de la ciudad por parte de las tropas alemanas, que duró cuatro meses, desde el 20 de septiembre de 1870 hasta el 28 de enero de 1871. Este llamamiento pedía la elección de una “Comuna”, pero esta palabra tenía diferentes significados para diferentes personas. Para los moderados, que se habían convertido en la mayoría en el Comité Central Republicano de los veinte distritos, la Comuna era en el mejor de los casos una especie de municipio autónomo de la capital, con poderes mal definidos, especialmente en sus relaciones con el gobierno, mientras que para el minoría de izquierda era una especie de contragobierno, que había que crear cuanto antes para lograr la victoria por medios revolucionarios. Durante el asedio de París, los internacionalistas franceses pronunciaban, según Marx, “discursos ultra-chovinistas”. Por ejemplo, la circular enviada en enero de 1871 por Varlin, Malon y Bachruch en nombre del Consejo Federal de París de la Internacional a sus “hermanos” provinciales para informarles sobre la situación en la capital, los llamaban a “sobreexcitar por todos los medios posibles el patriotismo que debe salvar a la Francia revolucionaria” (“surexciter par tous les moyens possibles le patriotisme qui doit sauver la France révolutionnaire”). En las elecciones municipales que tuvieron lugar el 5 de noviembre de 1870 en París, durante el asedio de la ciudad, los candidatos internacionalistas obtuvieron malos resultados: fueron elegidos solamente 9 magistrados municipales suplentes (magistrat adjoint) internacionalistas sobre un total de 80 magistrados, y ningún alcalde (maire). (Rougerie 1972, pp. 19, 37) El programa de los internacionalistas franceses Los internacionalistas detallaron su programa el 26 noviembre de 1870, en el periódico blanquista La patrie en danger, en un documento publicado bajo el título “Association Internationale”. En el mismo afirmaban que los delegados de las sociedades obreras y las secciones parisinas de la Asociación Internacional de los Trabajadores se habían opuesto desde un comienzo a la guerra contra Alemania, pero que ahora que Francia estaba siendo “invadida por los prusianos y sus vasallos”, los internacionalistas estaban “decididos a sostener la guerra a ultranza (à soutenir la guerre à outrance), a rechazar cualquier armisticio, preludio de una paz vergonzosa, a oponerse a cualquier súplica dirigida a las monarquías europeas en nombre de la República Francesa”.19 Los trabajadores reclamaban del Gobierno de Defensa Nacional una declaración solemne afirmando que la República era la única forma de gobierno aceptable para París; el aplazamiento hasta después de la guerra de la elección de una Asamblea Nacional; el funcionamiento en las práctica de las instituciones republicanas y la destitución de los funcionarios del Imperio; una guerra a ultranza y el rechazo de la firma de cualquier tratado de paz mientras los alemanes ocuparan suelo francés; el rechazo de cualquier armisticio, de cualquier paz preliminar que no estuviera basada en los principios “ni una pulgada de nuestro territorio, ni una piedra de nuestras fortalezas, ni un centavo de nuestro presupuesto”; la movilización de todos los ciudadanos sanos, cualquiera fuera su posición social (seminaristas, empleados administrativos, etc.); la requisa del material y de los talleres necesarios para el equipamiento y fabricación, procesamiento y reparación de armas (estos talleres se pondrían a disposición de los trabajadores a precio de costo, para evitar la especulación); la utilización inmediata de todos los medios de defensa probados por los comités oficiales o por los comités de vigilancia; la garantía a todos los ciudadanos víctimas de la guerra, sin distinción de rango, de una pensión acorde con las necesidades de sus familias; la expropiación, para utilidad pública, de todos los artículos de primera necesidad (alimentos, ropa, calefacción) almacenados en París, garantizando a su propietario el reembolso a precio de costo; la garantía de una ración a todos los ciudadanos, distribuida por las autoridades municipales; la privación de derechos cívicos y la confiscación inmediata de los bienes, muebles e inmuebles, de quienes hubiesen huido de París sin causa legítima; y, finalmente, la supresión de los alquileres hasta el final de la guerra. Los trabajadores reclamaban, además, la celebración de elecciones a un consejo municipal de Paris; la determinación de un mandato preciso para todos los elegidos y el derecho a la revocación de éstos por sus electores si no respetaban dicho mandato; la responsabilidad efectiva de los funcionarios: la supresión del presupuesto destinado al culto religioso: la supresión de la prefectura de la policía, que debía ser manejada por las municipalidades de los distritos (arrondissements) de Paris; la reorganización de la magistratura sobre la base del sufragio universal (es decir, la elección popular de los jueces); la abrogación inmediata de todas las leyes que restringían el derecho de reunión y asociación y la libertad de prensa; y, finalmente, la revisión de la legislación. Los delegados obreros se declaraban dispuestos a posponer la discusión de las cuestiones económicas (“cuestiones de crédito, de intercambio, de propiedad, de la educación integral, de la organización del trabajo y las cuestiones relativas a los servicios públicos, a los ejércitos permanentes, a las deudas, a los impuestos”) y estaban “convencidos de que el estudio y la conciliación de intereses acelerará una solución pacífica basada en los principios de igualdad y justicia”. Declaraban que habían aprendido, a través de una amarga experiencia “lo que cuesta una monarquía en vergüenza, miseria y opresión”, y que no permitirían “que nuestra República, la República de TRABAJADORES Y CAMPESINOS, sirva de trampolín para alguna familia principesca, para un nuevo César”. Formulaban su programa en términos federalistas, afirmando: “Lo que todos queremos es que cada comuna recupere su independencia municipal y se gobierne a sí misma en el marco de la Francia libre”. Precisaban qué entendían por “la República de trabajadores y campesinos” afirmando: “queremos la TIERRA PARA EL CAMPESINO que la cultiva, la mina para el minero que la explota, la fábrica para el trabajador que la hace prosperar” y concluían afirmando que la lucha se desarrollaba “entre la República y la Monarquía, entre el Socialismo y la Feudalidad; ¡debemos ganar, y nuestra victoria resultará en la emancipación del ciudadano, en la liberación de los pueblos!”. Concluían con un slogan que ya había sido enarbolado en la revolución de 1848: “¡Viva la República universal, democrática y social!” (Rougerie 1971, pp. 54-58). Las limitaciones de este programa son evidentes: sus ingenuas esperanzas en una solución pacífica a los antagonismos de clase, su insistencia en la necesidad de compensar a los propietarios expropiados, su oposición del socialismo al feudalismo en vez de oponerlo al capitalismo, cierto matiz chovinista. Junto a ello encontramos un énfasis acertado en el autogobierno de los obreros y campesinos en el marco de las comunas, y en su emancipación mediante la apropiación de la tierra por parte de los campesinos, de las minas por los mineros y de las fábricas por los trabajadores. En general, está claro que los trabajadores de la capital (por no hablar de los de las provincias) no tenían la madurez organizativa y programática necesaria para tomar el poder, a pesar de lo cual se encontrarían en control de París menos de cuatro meses después. Las elecciones a la Asamblea Nacional y el Tratado de Versailles El asedio de París terminó el 28 de enero de 1871, cuando se firmó el armisticio franco-alemán. La Guardia Nacional había crecido para entonces a 340.000 miembros. El armisticio fue seguido por la celebración de elecciones a la Asamblea Nacional el 8 de febrero de 1871, que resultaron en una mayoría reaccionaria (apodada “los rurales” por los trabajadores parisinos) y en la formación de un gobierno provisional contrarrevolucionario encabezado por Adolphe Thiers. En las elecciones celebradas el 8 de febrero de 1871 a la Asamblea Nacional, los internacionalistas presentaron una lista única de 43 candidatos, que incluía a miembros de la International, de la Chambre fédérale des sociétés ouvrières y del Comité central républicain des vingt arrondissements de Paris. Los candidatos de dicha lista recibieron 49.340 votos, sobre un total de 300.000. De entre los elegidos a la Asamblea de Versailles en la lista de la Internacional, uno de ellos (Henri Tolain) resultó ser un traidor a la Comuna, mientras que otro (Benoît Malon) tuvo una conducta equívoca. Pero el hecho de que en la lista de candidatos de la Internacional hubiera miembros del Comité central républicain des vingt arrondissements indicaba un importante acercamiento entre la Internacional y la Guardia Nacional, que desempeñaría un papel central en la Comuna: había 16 internacionalistas entre los 30 miembros del Comité central de la Garde nationale, es decir, ligeramente más de la mitad, aunque éstos actuaban a título personal. El 26 de febrero de 1871, Thiers y Bismarck firmaron el Tratado de Versailles, que puso fin a la Guerra Franco-Prusiana. Los términos del tratado incluían una indemnización de guerra de cinco mil millones de francos que Francia pagaría a Alemania (el ejército alemán continuaría ocupando partes de Francia hasta que se completara el pago), el reconocimiento de Wilhelm I como el Kaiser del recientemente creado Imperio alemán y, por los términos del Tratado de Frankfurt ratificado el 10 de mayo del mismo año, la anexión de Alsacia y de la región del Mosela de Lorena a Alemania, que finalmente resultó en unos 160.000 refugiados. Mientras tanto, en París, el 15 de febrero de 1871 los delegados de todos los distritos (excepto el primero y el segundo) decidieron elegir una comisión provisional encargada de redactar los estatutos de una Federación Republicana de la Guardia Nacional. El 24 de febrero, una reunión de aproximadamente 2.000 delegados que representaban a 200 batallones aprobó una moción afirmando que no aceptaría el desarme de la Guardia Nacional por el gobierno de Thiers y exhortando a las provincias a imitar a París. El 28 de febrero, la comisión provisional reagrupó las armas de la Guardia Nacional en los barrios de Montmartre y Belleville, para evitar enfrentamientos con los soldados alemanes que desfilaron en París bajo los términos del Tratado de Versalles. El 10 de marzo, una asamblea general de delegados de batallón proclamó el fin del ejército permanente y la instauración del autogobierno parisino, negándose a obedecer las órdenes del general d'Aurelle de Paladines, quien había sido designado comandante de la Guardia Nacional por Thiers. El 15 de marzo, 1.325 delegados en representación de 215 batallones de la Guardia Nacional eligieron un Comité Central de la Guardia Nacional. La insurrección del 18 de marzo de 1871 y la elección de la Comuna de París El levantamiento que finalmente dio origen a la Comuna de París tuvo lugar el 18 de marzo de 1871 (Soulèvement du 18 mars 1871). Por orden de Thiers, antes del amanecer del 18 de marzo, varios miles de tropas regulares francesas marcharon por las calles de Montmartre para apoderarse por sorpresa de cientos de cañones estacionados en la cima de la colina por unidades de la Guardia Nacional. Miles de guardias nacionales locales, mujeres y niños aparecieron para obstruir su paso y discutir con los soldados, superados en número y sin entusiasmo. Ambos bandos lanzaron unos cuantos disparos, pero en general los soldados ignoraron las órdenes de sus oficiales de reprimir a la multitud. Algunos entregaron sus rifles y confraternizaron con los civiles. Los oficiales fueron reducidos, y varios fueron arrestados por la multitud. Escenas similares tuvieron lugar en otros lugares de la ciudad. El comandante de las tropas en Montmartre, el general Lecomte, y el odiado ex-comandante en jefe de la Guardia Nacional de París, Clement Thomas, atrapados por la multitud, fueron posteriormente fusilados por la Guardia Nacional y por civiles locales. En toda la ciudad, la gente levantó barricadas como en 1848 y 1830. El gobierno liderado por Thiers y el alto mando del ejército, convencidos de que habían perdido el control de la capital, se retiraron con todas las tropas disponibles a Versalles, 17 kilómetros al suroeste de París, adonde la Asamblea Nacional se trasladó desde Burdeos el 20 de marzo. El Comité Central de la Federación Republicana de la Guardia Nacional de París (Comité central de la Garde nationale o fédérés) estableció una autoridad provisional en el Hôtel de Ville (Municipalidad o Ayuntamiento). El 19 de marzo, el día después de la insurrección en París, el Comité Central de la Guardia Nacional se negó a marchar sobre Versalles, donde Thiers y el gobierno se habían refugiado. Este fue, para Marx, su primer gran error: “Se debía haber emprendido sin demora la ofensiva contra Versalles, en cuanto Vinoy20, y tras él la parte reaccionaria de la Guardia Nacional, huyeron de París. Por escrúpulos de conciencia se dejó escapar la ocasión. No querían iniciar la guerra civil, ¡como si el bicho de Thiers no la hubiese comenzado ya cuando intentó desarmar a París!” (Marx 1871a). El Comité Central de la Guardia Nacional anunció que las elecciones municipales se realizarían el 22 de marzo, a razón de un concejal por cada 20.000 habitantes. Nuevamente en la opinión de Marx: “El segundo error consiste en que el Comité Central renunció demasiado pronto a sus poderes, para ceder su puesto a la Comuna. De nuevo ese escrupuloso ‘pundonor’ llevado al colmo” (Marx 1871a, p. 493). En un añadido al Capítulo VI del libro de Lissagaray, Marx explicó este error por el hecho de que la Comuna se había convertido en el punto focal de las aspiraciones populares en la capital francesa durante el Segundo Imperio, porque París había sido privada del derecho a elegir a su propio intendente o alcalde desde julio de 1794, después del golpe de estado que depuso y ejecutó a Robespierre el noveno día del mes de Termidor: Bajo el Imperio, este fue uno de los esquemas favoritos de la izquierda, mediante el cual se había ganado principalmente a la pequeña burguesía parisina (dies Pariser Kleinbürgerthum), que se sentía muy humillada por ver a los nominados gubernamentales entronizados en el Hôtel-de-Ville (municipalidad o ayuntamiento) durante ochenta años. Incluso los más pacíficos de entre ellos quedaron impactados, escandalizados por el aumento incesante del presupuesto, los préstamos multiplicados y la estafa financiera de Haussmann. ¡Y cómo aplaudieron a [Ernest] Picard, cuando reivindicó para a la ciudad más grande e iluminada de Francia por lo menos los derechos de los que disfrutaba la aldea más pequeña, o cuando desafió al Pasha del Sena para que proporcionase cuentas precisa! La elección de un Consejo Municipal se había convertido en un pensamiento común hacia el final del Imperio, el asedio lo había logrado parcialmente, y ahora era lo único que podía compensar a París por la descapitalización.21 Por otro lado, las masas populares, insensibles al ideal burgués de un Consejo Municipal, se inclinaban hacia la Comuna. La habían pedido durante el asedio como un arma contra el enemigo extranjero; y ahora la pedían de nuevo como una palanca para liberarse del despotismo y de la miseria. ¿De qué les servía un Consejo, incluso electivo, sin libertades reales y ligado al estado, sin autoridad sobre la administración de escuelas y hospitales, justicia y policía, y completamente incapaz de asegurar la existencia de sus conciudadanos? Lo que el pueblo luchaba por lograr era una forma de estado que le permitiera trabajar para mejorar su condición. (Was das Volk suchte, war eine Staatsform, die ihm an der Verbesserung seines Looses zu arbeiten erlaubte.) Con el paso del tiempo había visto cómo todas las constituciones y gobiernos representativos reprimían la voluntad del sector supuestamente representado, cómo el Estado, cada vez más despótico, finalmente prohibía al trabajador incluso el derecho a defender su trabajo. Después de todas estas experiencias, el pueblo alcanzó la plena convicción de que el gobierno y la legislación actuales, por su propia naturaleza, no eran adecuados para liberar al trabajador. Los obreros esperaban esta emancipación de la Comuna autónoma, la cual, en virtud de su organización política, económica y social, controlaría de manera independiente su administración dentro de los límites requeridos por el mantenimiento de la unidad nacional. La constitución comunal debía sustituir al representante que puede engañar y traicionar al elector por el mandatario estrictamente responsable (der Bevollmächtigte). A esa excrecencia monárquica de la sociedad, el “Estado”, que, injertado en el país, alimentándose de su sustancia, representa intereses especiales de clase, que utiliza para beneficio de una minoría insignificante la justicia, las finanzas, el ejército y la policía, los trabajadores contraponían la delegación de comunas dotadas de una vida propia (die Delegation mit eignem Leben begabter Communen), cuyo único propósito sería administrar los intereses nacionales generales. Así, la cuestión comunal pudo reunir a todas las clases -las unas, porque estaban satisfechas con sus legítimas pretensiones, y las otras, porque pretendían extraer todas las consecuencias lógicas de la misma- en torno al Comité Central [de la Guardia Nacional].22 Los días 21 y 22 de marzo, el Comité Central de la Guardia Nacional reprimió las manifestaciones que los residentes de los barrios burgueses (les Amis de l'Ordre) organizaron para impedir la celebración de elecciones, las cuales debieron ser pospuestas hasta el 26 de marzo. El 22 de marzo, el Comité Central Republicano de los Veinte Distritos se unió al Comité Central de la Guardia Nacional, y el 23 de marzo la Asociación Internacional de los Trabajadores, liderada por Léo Frankel, hizo lo mismo. El levantamiento de la Comuna había tenido lugar sin que la Asociación Internacional de los Trabajadores desempeñara ningún papel en él como organización. No fue hasta el 23 de marzo de 1871, que los internacionalistas apoyaron la convocatoria del Comité Central de la Guardia Nacional para celebrar elecciones municipales a la Comuna—elecciones que, como hemos visto, fueron consideradas un error por Marx, ya que distrajeron a los miembros de la Guardia Nacional de la tarea urgente de marchar sobre la Asamblea Nacional en Versailles, que estaba a sólo 17 kilómetros de distancia de la capital. La Internacional, lejos de comportarse como la vanguardia de la insurrección, había sido constantemente desbordada por el movimiento revolucionario. De todas maneras, como lo señaló Rougerie, “al día siguiente del 18 de marzo, la ciudad se encontró completamente abandonada a sí misma, y fueron principalmente los internacionalistas quienes le dieron vida e hicieron que esta insurrección, un tanto inesperada para ellos, sobreviviera” (Rougerie 1972, p. 60). En las elecciones para el Consejo de la Comuna de París, celebradas el 26 de marzo de 1871, votaron 229.167 hombres, en comparación con unos 300.000 en las elecciones generales del 8 de febrero. Muchos conservadores abandonaron la ciudad o boicotearon la votación, por lo que los revolucionarios obtuvieron 73 escaños contra 18 de los moderados. Este resultado consagró la insurrección del 18 de marzo. El nuevo Consejo Municipal adoptó el título revolucionario de Comuna de París y fue proclamado el 28 de marzo. El resultado de la elección mostró un gran aumento en el apoyo a la izquierda revolucionaria, de 6.000 votantes en el plebiscito de 1870, a 60.000 en las elecciones a la Asamblea Nacional celebradas el 8 de febrero de 1871, a 190.000 el 26 de marzo. Solo 40.000 votos fueron otorgados a los republicanos antirrevolucionarios, generalmente los alcaldes de distrito existentes, de los cuales solo 19 fueron elegidos; habían esperado usar las elecciones para derrotar al partido revolucionario y llegar a un acuerdo con Versalles, y, habiendo fracasado esta táctica, renunciaron. Esto también se debió en parte a un cambio en la demografía de los votantes, porque muchos de los partidarios de los republicanos moderados habían abandonado la ciudad o habían decidido abstenerse de las elecciones. En las elecciones a la Comuna celebradas el 26 de marzo, 32 internacionalistas fueron elegidos, sobre un total de 92 miembros. Dicho número se incrementó cuando 10 internacionalistas más fueron elegidos en las elecciones complementarias celebradas el 16 de abril de 1871, con lo que los internacionalistas pasaron a constituir una mayoría de 42 miembros en un consejo de la comuna (conseil de la Commune), cuyo número se redujo a 78 miembros, aunque los internacionalistas eran miembros de dicho organismo a título personal y no como una fracción organizada. Fue la presencia de este contingente de trabajadores, a pesar de su organización rudimentaria y de las limitaciones de su programa, lo que hizo de la Comuna “la primera revolución socialista” (Rougerie 1972, pp. 71-72). Mientras tanto, la lucha armada entre los comuneros y las fuerzas de Versailles estalló el 30 de marzo de 1871. La Comuna y el socialismo Marx agregó tres párrafos en el Capítulo VIII, donde Lissagaray reprodujo una nota del Journal Officiel del 21 de marzo de 1871 titulada "La revolución del 18 de marzo" que decía: «Los proletarios de la capital, en medio de los desfallecimientos y de las traiciones de las clases gobernantes, han comprendido que había llegado para ellos la hora de salvar la situación, tomando en sus manos la dirección de los asuntos públicos. Apenas llegados al poder se han apresurado a convocar los comicios del pueblo de París. No hay en la historia ejemplo de un gobierno provisional que se haya dado más prisa a deponer su mandato. Frente a esta conducta tan desinteresada, se pregunta uno cómo puede encontrarse una prensa bastante injusta para lanzar la calumnia, la injuria y el ultraje sobre estos ciudadanos. Los trabajadores, los que lo producen todo y no disfrutan de nada, ¿habrán de ser eternamente víctimas del ultraje? ¿No les será permitido jamás trabajar por su emancipación sin levantar en contra suya un concierto de maldiciones? La burguesía, su hermana mayor, que realizó su emancipación hace más de tres cuartos de siglo, ¿no comprende que hoy le ha llegado la hora de la emancipación al proletariado? ¿Por qué persiste, pues, en negar al proletariado su parte legítima?»23 Lissagaray comentó que esta “era la primera nota socialista de esta revolución”, a lo que Marx agregó: Las revoluciones de París no pueden seguir siendo puramente políticas. La cercanía de los extranjeros y la abnegación de los trabajadores habían silenciado las demandas sociales el 4 de septiembre.24 Después de que se concluyera la paz y de que los trabajadores se hicieron con el poder, su voz tenía necesariamente que hacerse oír. ¡Y qué justa fue esta queja del Comité Central [de la Guardia Nacional]! ¡Qué acusación lanzó el proletariado francés contra sus amos! ¿Qué había hecho la burguesía durante su reinado de ochenta años para este hijo de los barrios de San Antoine y San Marceau, a quien el invierno de 1789 encontró sin ropa y herramientas, y que en abril había asistido a las asambleas primarias (Urversammlungen), de las cuales fue excluido? Después de dar a luz a la revolución, fundar la república, salvar a la patria, derramar su sangre en todos los campos de batalla, renovar los medios de producción y responder a cada llamado a la libertad, la única recompensa que recibió fue un par de salvas de metralla. Esta burguesía, que se había apoderado de la propiedad de la tierra, ni siquiera sabía cómo construir escuelas para él. Ella, que formuló ordenanzas hasta sobre el deseo de respirar, siempre se negó a protegerlo contra el saqueo (Räuberwirthschaft) del capital. Tres veces había empujado al desafortunado proletariado, a quien se había negado a dar educación o ayuda, bajo la bota de los extranjeros.25 ¿No habían aportado pruebas suficientes ochenta años? ¿No podía el pueblo decir, el 18 de marzo de 1871, ampliando su gran eslogan de 1848: “Hemos servido pacientemente a la burguesía durante ochenta años”? Sí, los trabajadores tenían el derecho de declarar, por boca del Comité Central [de la Guardia Nacional], que había llegado la hora de que ellos mismos se hicieran cargo de sus asuntos, y nadie entre la burguesía gobernante podía responder: “Hemos hecho algo por ustedes”.26 Lissagaray observó entonces que la Comuna suspendió la venta de objetos empeñados en los Montes de Piedad, prorrogó el pago de las facturas vencidas por un mes y prohibió a los propietarios despedir a sus inquilinos hasta nuevo aviso, granjeándose así la lealtad de las masas trabajadoras parisinas. Por supuesto, estas medidas todavía estaban muy lejos de constituir un programa económico socialista o comunista; de hecho, en una carta a Ferdinand Domela Nieuwenhuis escrita el 22 de febrero de 1881, Marx argumentó que aparte del hecho de que se trataba simplemente del levantamiento de una ciudad en circunstancias excepcionales, la mayoría de la Comuna no era socialista en ningún sentido, ni podía haberlo sido. Sin embargo, con un mínimo de sentido común, podría haber obtenido lo máximo que se podía obtener en ese momento: un compromiso con Versailles beneficioso para el pueblo en su conjunto. La sola apropiación del Banque de France habría puesto rápidamente fin a la vanagloria de Versailles, etc., etc. (Marx 1881, p. 66). Sin embargo, el hecho de que Marx no consideró aconsejable el levantamiento en las circunstancias en las que tuvo lugar, e incluso de que la mayoría de la Comuna no fuera socialista, en el sentido de no tener un programa económico comunista, no le impidió describir la Comuna como un gobierno obrero, como veremos a continuación. La crítica de Marx a los líderes de la comuna de París En el Capítulo XI de su libro, Lissagaray comentó sobre los concejales elegidos que se congregaron en el Hôtel-de-Ville (municipalidad o ayuntamiento), la sede de la Comuna, que “El escrutinio había dado dieciséis alcaldes o adjuntos liberales, algunos irreconciliables (Radicalen), y 72 revolucionarios de todos los matices” (Lissagaray 1971, tomo I, p. 235). Marx sustituyó los siguientes tres párrafos del texto de Lissagaray por un análisis de los resultados de las elecciones a la Comuna de París, celebradas el 26 de marzo de 1871, y por una crítica a los líderes de la Comuna: ¿Cómo fueron elegidos estos últimos [los “72 revolucionarios de todos los matices”]? Debemos examinar esta pregunta y darle una respuesta clara; finalmente debemos establecer la verdad vigorizante en lugar del ruinoso embellecimiento [de lo que realmente sucedió]. El pueblo girará sin cesar en círculos mientras esté en la oscuridad sobre su historia revolucionaria. La historia de la revolución nunca ha sido escrita. Nadie ha destacado la intervención personal del pueblo en la historia [de Francia], el poder que ocupó la Bastilla, salvó la revolución en París, protegió sus primeros pasos, sangró en el Campo de Marte, conquistó las Tullerías, exterminó a la Gironda, barrió con los sacerdotes y la Iglesia Católica, fue rechazado por Robespierre, se levantó de nuevo en Prairial27, desapareció durante veinte años para reaparecer ante el cañón de los Aliados,28 se hundió en la noche otra vez, resucitó en 1830 29 e, inmediatamente reprimido, convulsionándose bajo la opresión de los primeros años del gobierno capitalista, se liberó en 1848 y fue masacrado cuatro meses después por la república burguesa.30 Luego, una vez más reprimido, se alzó nuevamente en 1868, sacudió al [Segundo] Imperio31 y finalmente lo derribó. Ofreciéndose por segunda vez [para luchar] contra el invasor extranjero, una vez más fue despreciado y rechazado, hasta el 18 de marzo [de 1871], cuando aplastó la mano que lo estrangulaba. Nadie le ha dicho al pueblo cómo este poder, que es irresistible cuando se afirma a sí mismo, siempre ha sido despilfarrado, desviado, aniquilado; cómo pudo ser encerrado, atrapado, frenado; en una palabra, cuáles han sido sus fallas y las causas de sus penurias; una tarea difícil y, particularmente, impopular. En cambio, el pueblo ha sido saturado por un enjambre de declamadores y sectarios con hipérboles, mitos y leyendas. Algunos de estas personas se arrastran para conseguir el favor del pueblo; otras sólo están ansiosas por ascender socialmente, demasiado vanas y vacías para asumir el papel de educadores modestos; y finalmente otras están en busca de un montón de exaltados ciegos para presentarse como sus líderes. Según ellos, la historia de la Comuna debe escribirse en ditirambos, ya que a sus ojos cualquier investigación de la verdad es un crimen, y cada crítica de las acciones revolucionarias es un libelo. ¡Como si el progreso sólo fuera posible en la oscuridad! ¿Acaso este pueblo de 1830, 1848, 1871, que se rebeló una y otra vez, que ayer desafió a todos los poderes sociales y cayó por millares, sin emitir un llamado a la misericordia, debe ser engañado para seguir adelante y es incapaz de enfrentar la verdad? ¡Fuera del camino, malabaristas literarios, conspiradores sin brújula! ¡Dejen de bloquear el paso de la revolución! No, el pueblo no tiene los nervios tan débiles ni un cráneo tan grueso como ustedes creen; no, no exige ser manejado con guantes de terciopelo; su primer y mejor amigo, Marat, fue el que le habló más claramente. No, la revolución no es obra de los ciegos. Si un partido necesita sabiduría, claridad, razón, liderazgo, es el partido revolucionario. Su grandeza y su vitalidad nunca aparecen más claramente que cuando valientemente arranca el yeso de sus heridas. Sobre la Comuna, como sobre todo lo demás, uno debe decir la verdad o permanecer en silencio. El silencio es imposible, porque Francia, el mundo entero, está inundado de historias mentirosas o falsas, y miles de víctimas son calumniadas. Para ellos, para un futuro no muy lejano, debemos hablar. Pero si la Comuna, a pesar de sus recursos extraordinarios, fue derrotada, es evidente que se han cometido errores. Así pues, reconozcámoslos; los informes falsos, que son inexcusables durante la lucha, se vuelven ridículos después de una derrota. Las personas sinceras prueban su devoción reconociendo sus faltas y queriendo que sirvan como lecciones para el futuro; las otras no merecen consideración alguna. En el servicio conmemorativo de los proscriptos celebrado en Londres el 18 de marzo de 1871, los antiguos miembros del Consejo de la Comuna dijeron: “Aprendamos, eduquémonos, fuimos derrotados debido a nuestra ignorancia”. Tales palabras asustan a la burguesía, que se ríe de la jactancia. Tiene miedo de las mentes agudas, no de las obtusas. ¡Que otros adornen la historia de la Comuna como una decoración teatral, con adornos y paisajes imaginarios, y, con el pretexto de glorificar a los vencidos, preparen las hecatombes del futuro! Esta historia no está escrita ni para los mocosos ni para las camarillas. Su autor no tiene otro propósito que mostrarle al pueblo el verdadero curso de esta batalla, mostrarle qué tan lejos llegó el Partido Revolucionario Francés en 1871, e iluminar de manera aguda ante la próxima generación la huella de sangre que dejó su predecesor. Así que no voy a describir la Comuna ideal, o la Comuna tal como la hubiéramos querido, sino la Comuna tal como fue, tal como la hicieron las circunstancias y el pueblo. Incluso más terrible que la desgracia sería malinterpretar o negar sus causas. La responsabilidad [por la derrota] recae fuertemente sobre los elegidos, pero no debemos cargarla unilateralmente sobre ellos, los electores también fueron parcialmente responsables de ella. El Comité Central [de la Guardia Nacional] le había dicho al pueblo el domingo 19 de marzo de 1871: “Prepárese para sus elecciones comunales”. Por lo tanto, tuvieron una semana completa para redactar sus mandatos y seleccionar a sus mandatarios. El Comité de los 20 Distritos publicó un manifiesto, muy apropiado en varios puntos, que podría haber servido de marco; los dos delegados del interior se esforzaron, en un artículo publicado en el Journal officiel de la Commune de Paris, por convencer a París de la importancia de su voto.32 Sin duda, la resistencia de los alcaldes y la ocupación de los puestos militares mantuvieron alejados a muchos de los electores revolucionarios de sus distritos, pero aún quedaban suficientes ciudadanos para realizar el trabajo de selección [de los concejales miembros de la Comuna]. Nunca un mandato había sido más indispensable, ya que la cuestión en discusión era otorgar a París una constitución comunal aceptable para toda Francia. Nunca París tuvo más necesidad de hombres ilustrados y prácticos, capaces de negociar y de combatir al mismo tiempo. Y, sin embargo, nunca ha habido menos discusiones preparatorias. Este París, siempre tan ansiosamente cauteloso en los asuntos electorales, siempre capaz de expresar su voluntad ante sus representantes, no formuló esta voluntad. Apenas dos o tres distritos establecieron una especie de programa. En lugar de votar por un programa, se eligieron nombres. Este fue un eco del periodo del asedio. Aquellos que se pronunciaron en la Place de la Corderie du Temple, en los clubes o en el periodismo contra los hombres del 4 de septiembre33, fueron aplaudidos -solo cinco a seis de los desconocidos del Comité Central [de la Guardia Nacional] fueron elegidos- sin exigirles una exposición de sus ideas. Por supuesto, parecía lógico enviar al ayuntamiento a personas que había estado exigiendo la Comuna durante siete meses, pero los hombres de instinto no siempre son hombres de acción. Y dado que el pueblo no cumplió con su tarea de definir el mandato de sus representantes, renovó su anterior abdicación [a sus derechos] y de tal modo otorgó a sus mandatarios una excusa para justificar su debilidad. Varios de los elegidos como representantes eran veteranos revolucionarios: Blanqui, Delescluze, Gambon, Miot, Félix Pyat. Blanqui había sido arrestado el 17 de marzo de 1871 en la provincia adonde había ido para restaurar su salud. El único hombre activo en este grupo, que poseía una mente recta y firme, [Louis Charles] Delescluze, apenas podía sostenerse en pie; los crueles sufrimientos en la prisión de Vincennes habían roto completamente su débil cuerpo. Luego venían los hombres más eminentes del partido revolucionario bajo el Imperio, de la Corderie, del periodismo, de los últimos acontecimientos: Ranvier, Flourens, Lefrançais, Tridon, Duval, Vermorel, Brunel, Vallès, Vaillant, Theisz, Varlin, etc.; en general, personas muy inteligentes, algunas diligentes y educadas, pero acostumbradas a incluir a Francia en París, muy poco al corriente de los acontecimientos, e ignorantes de [lo que pasaba en] las provincias y de los recursos de los que disponían sus poderosos enemigos. Finalmente, los clubes, inflamados por la resistencia de los alcaldes de distrito existentes, eligieron a los declamadores más violentos, a los románticos que aparecieron durante el sitio y que carecían de todo conocimiento de la vida práctica. Estas eran, sobre todo, personas que seguían su impulso, sin conocimiento de la vida práctica, sin comprensión de los hombres, de las cosas, de la historia. Muy inflados por sus éxitos como tribunos, fueron a sucumbir ante el primer declamador inteligente que supo adular su orgullo.34 La Comuna como gobierno obrero Esta crítica de Marx a los líderes de la Comuna de París es seguida en la versión alemana por el siguiente párrafo llamativo: La Comuna ha sido llamada un gobierno de la clase trabajadora. Este es un gran error. (Man hat die die Comune eine Regierung der Arbeiterklasse genannt. Das ist ein großer Irrthum.) La clase obrera estaba en la lucha, en la administración, y solo su aliento hizo grande este movimiento, pero tenía muy poca participación en el gobierno. La mayoría de los miembros de la Internacional que fueron elegidos debieron esto a su reputación personal. La votación del 26 de marzo resultó en sólo 25 trabajadores electos en 70 elecciones revolucionarias, de los cuales sólo 13 pertenecían a la Internacional, los otros 12 provenían de los clubes. En 6 elecciones dobles, sólo dos trabajadores fueron elegidos, Varlin y Theisz. Las dos terceras partes del consejo de la Comuna estaban así compuestas por pequeños burgueses (Kleinbürgern) de las llamadas profesiones liberales. Contadores, médicos, abogados, publicistas, había hasta una docena de ellos. Un número muy pequeño (solo cinco o seis) tenía algún conocimiento de las cuestiones sociales.35 En sus agregados al libro de Lissagaray, Marx continuaba diciendo: Así, las elecciones revolucionarias a la Comuna, mezclando viejos y jóvenes, neo- jacobinos, socialistas, hombres de autoridad, anarquistas, románticos, tuvieron el carácter de una simple manifestación. Así, el partido revolucionario, para librar la mayor batalla del siglo, para enfrentar a todas las inteligencias y a las fuerzas unidas de la burguesía, envió al ayuntamiento a hombres cuya capacidad política no había sido probada, y a los que dejaron sin más guía que su mera inspiración. El tiempo hubiera podido subsanar este defecto, pero el tiempo apremiaba y debía apremiar, ya que el pueblo nunca tuvo más de una hora. ¡Ay de él, si no está preparado, listo con todas las armas! La precipitación, la negligencia del 26 de marzo no pudo ser subsanada. La reunión se abrió a las ocho en punto en ese salón del Consejo Municipal, donde la gente había perdido el 31 de octubre.36 Era pequeño, muy mal adaptado para una asamblea; los bancos, los asientos estaban tan juntos que la discusión se volvió demasiado personal y la disciplina difícil. Desde la apertura hubo algún desorden. Sólo sesenta consejeros estaban en su lugar. El mayor, [Charles] Beslay, un capitalista de mentalidad revolucionaria, que había pasado del parlamentarismo de 1830 al republicanismo, luego al socialismo, un miembro de la Internacional que soñaba con reconciliar a la burguesía y al proletariado, asumió la presidencia. Algunos miembros del Comité Central de la Guardia Nacional habían venido a presentar a los elegidos. El Consejo de la Comuna votó por unanimidad que el Comité Central había prestado servicios sobresalientes a París y a la república. Una discusión ruidosa y confusa tuvo lugar durante la verificación de los mandatos; los exaltados hicieron solicitudes caprichosas, incluso exigieron que la Comuna se declarara omnipotente. Finalmente se llegó al punto de establecer un poco de orden y el presidente pudo leer su discurso de apertura.37 Después de describir la partida de Pierre Tirard, quien había argumentado que su mandato era puramente municipal y que no podía reconocer el carácter político de la Comuna, Marx comentó: Esta salida intempestiva hundió al Consejo de la Comuna en su primer y más mortal error. Se propuso que sus sesiones fueran secretas y esta moción encontró de inmediato una mayoría. Una idea incomprensible, ya que vino de los revolucionarios y especialmente de los elegidos por París. ¿Cómo podían pensar en esconderse de París, después de haber protestado el secreto del Gobierno de Defensa Nacional, después de recibir el voto de confianza del 26?38 Si alguna vez los elegidos necesitaron la inspiración de París, fueron aquellos cuyo mandato estaba tan poco determinado. Se olvidó, por lo tanto, que el único mérito de la antigua Comuna de París [de 1792-93] era que escuchaba a París, que seguía constantemente el pensamiento de París, que todas las acciones, todas las decisiones saludables, todos los puntos fuertes, todas las visiones de gran alcance, todo el impulso, absolutamente todo lo que trajo honor a la Comuna provino de las secciones, de los clubes, de las sociedades populares39; que el pueblo la impulsó en todo momento, que el pueblo tuvo que incitar incluso a sus mejores miembros, como Chaumette; que hubiera muerto de agotamiento sin esas plataformas de oradores espiritualmente inspiradores, sin el flujo de argumentos y de delegaciones que constantemente se movía más allá de sus puertas. Varios miembros del Consejo de la Comuna protestaron contra estas sesiones a puerta cerrada, que eran una afrenta a la razón y a las mejores tradiciones, y que aislaron al Hôtel-de-Ville (ayuntamiento) de París. Se les respondió que se debía poner coto a las declamaciones de los charlatanes, como si el público no hubiera emitido su propio veredicto sobre ellos; que la sala era demasiado pequeña, como si hubieran estado atados a ella; que ciertas medidas requerían discreción, como si no hubieran podido crear un comité secreto. La verdadera razón era que los antiguos conspiradores todavía ansiaban el secreto, que otros temían las críticas y que las masas de los románticos aplaudían confiadamente todo lo que sabía a autoridad. Esta medida causó una muy mala impresión en París. El Consejo de la Comuna molestó a todos sin alcanzar su objetivo, ya que los colegas indiscretos informaron de las sesiones, y sus comentarios fueron publicados por los periódicos reaccionarios. Para poner fin a los informes mentirosos, catorce días después se decidió publicar un informe de las sesiones en el Journal Officiel. Pero esta publicidad era mutilada, insatisfactoria. El público debería haber estado presente, el pueblo debería haberse parado en las galerías y frente a las barreras para inspirar a sus representantes, guiarlos, obligarlos a reflexionar, retener a los sobreexcitados. Al día siguiente, en la apertura de la sesión, un admirador de Blanqui propuso otorgarle la presidencia honoraria. Delescluze luchó contra esta idea, tomada prestado de las asambleas públicas del [Segundo] Imperio y dijo que los representantes estaban en el Hôtel-de-Ville (ayuntamiento) para hacer un trabajo serio, no para agitar. Se decidió que el presidente debía ser elegido en cada reunión, lo que era aún más perjudicial para la disciplina y el espíritu de unidad, ya que el Consejo de la Comuna no adoptó un reglamento. Una presidencia de al menos ocho días hubiera sido necesaria e igualmente democrática.40 El siguiente añadido de Marx aparece en el párrafo que señala que el programa de la Comuna (la Déclaration au Peuple français del 19 de abril de 1871) se mantuvo en suspenso durante 22 días, lo que significó que “el Consejo había permitido que todas las insurrecciones de las provincias murieran sin darles consejos ni ideas”.41 Además, la “Declaración al pueblo francés” no solo llegó demasiado tarde, sino que reveló las limitaciones políticas de los líderes de la Comuna: Al resto del mundo [la “Declaración al pueblo francés”] no le dijo nada. Esta revolución, que se hizo bajo el lema “Viva la república universal”, el más grande de todos los levantamientos del trabajo contra el capital, no parecía saber que había otros pueblos, que había una familia de clase trabajadora afuera [de las fronteras de Francia]. Cuando todas las burguesías se unían en su contra, París no parecía sospechar que era la defensora del trabajo y que la Comuna de 1871 era la sucesora de la Comuna de 1793, que había llamado a toda la humanidad [a rebelarse].42 La escisión entre la mayoría y la minoría en el Consejo de la Comuna El 28 de abril, Jules Miot propuso al Consejo de la Comuna la creación de un Comité de Seguridad Pública, imitando lo que los Montagnards de 1793 habían hecho para enfrentar los peligros que amenazaban a la Primera República Francesa. Esta iniciativa encontró la oposición de una minoría de los funcionarios electos de la Comuna, y no fue hasta el 1 de mayo de 1871 que el Comité de Salud Pública fue aceptado por 45 votos contra 23. A pesar de las protestas y de la abstención de la minoría, un comité de 5 miembros fue elegido, compuesto por Armand Antoine, Jules Arnaud, Leo Melliet, Gabriel Ranvier, Félix Pyat (quien renunció el 5 de mayo) y Charles Gérardin. El 15 de mayo de 1871 estalló una crisis entre la mayoría y la minoría del Consejo de la Comuna sobre este tema, como resultado de la cual la minoría publicó un manifiesto. Los 79 miembros del Consejo de la Comuna (de los cuales 34 pertenecían a la Internacional) se dividieron así entre una mayoría de 45 miembros, apoyados por los jacobinos y los blanquistas, y una minoría disidente de 23 miembros, encabezados por los miembros proudhonistas de la Internacional. La mayoría excluyó a la minoría de las discusiones y de las comisiones, y el 15 de mayo la minoría dejó de asistir a las reuniones de la Comuna. Marx comentó en el Capítulo XXI, en la sección del libro de Lissagaray que trata de la creación del Comité de Salud Pública: Mientras todos los partidos burgueses y monárquicos silenciaron sus hostilidades para enfrentar a los insurgentes de París, en el Consejo de París había personas que formaban una minoría en medio de la lucha. Y esta minoría incluía, con cerca de diez excepciones, a los miembros más inteligentes y educados del Consejo de la Comuna.43 ¿Cómo se explica esta extraña situación? ¿Cómo sucedió que precisamente estos hombres no ejercieran influencia sobre sus colegas? Carecían más que nada de una visión política. El Consejo de la Comuna tenía la ilusión general de que duraría, hasta el punto de que estipuló un plazo de siete meses para rescatar los objetos de las casas de empeño, y que pospuso el pago de las deudas firmadas por tres años. Muchos de la minoría continuaron con este error; no querían admitir que esta Comuna era una barricada, sino que querían que fuera una verdadera Comuna. Este fue el error general, la creencia supersticiosa en su longevidad gubernamental. Algunos se resistieron al principio de autoridad hasta el punto de cometer suicidio; no estaban dispuestos a hacer concesiones por las necesidades de la lucha, incluso por el bien de la victoria, y dijeron: “Defendimos la libertad bajo el Imperio; ahora que estamos en el poder, no lo negaremos”. Incluso en el exilio han afirmado que la Comuna pereció debido a sus tendencias autoritarias. Junto a éstos había otras mentes más positivas, que sólo pretendían protestar contra la falta de método, determinación y seriedad de la mayoría. Pero no hicieron nada para persuadir a sus colegas, y parecieron esperar a que todo el mundo se acercara a ellos, como había hecho Tridon.44 Luego Marx agregó una serie de observaciones sobre Gustave Tridon y Auguste-Jean-Marie Vermorel, así como sobre el vergonzoso papel desempeñado por Félix Pyat, que contrastó con la conducta honorable de Louis Charles Delescluze. Marx argumentó que “la minoría, conformada por teóricos y hombres no influyentes, incapaces de tener en cuenta las circunstancias o las debilidades de la mayoría, atrapada en su propio parloteo sobre el principio autonomista, se contentó con protestar violentamente y, por lo tanto, solo consiguió azuzar a los otros” [es decir, a los miembros de la mayoría].45 Marx hizo el siguiente comentario sobre el Manifiesto de la minoría: Varios miembros de la minoría plantearon el tema en asambleas públicas, en las que se les pidió que regresaran a sus puestos. Los [miembros de la minoría] del Cuarto Distrito ofrecieron una explicación en el Théâtre Lyrique, en la que decían que el principio que los guiaba era que la Comuna debía ser únicamente la ejecutora de la voluntad pública, la cual debía indicar a través de manifestaciones cotidianas lo que debía hacerse para asegurar el triunfo de la revolución. No hay duda de que el principio era correcto y de que la revolución solo puede ser asegurada por la legislación directa del pueblo. ¿Pero en un momento en que el cañón lo controlaba todo, ¿era conveniente dedicarse a legislar? ¿Y debía la “fuerza ejecutora” durante el incendio esperar a que el soldado que luchaba por ella le proporcionase ideas?46 Prosper-Olivier Lissagaray, History of the Commune of 1871, translated from the French of Lissagaray by Eleanor Marx Aveling, New York: International Publishing, 1898, p. v. De aquí en adelante abreviaremos la referencia a History of the Commune of 1871. No podemos reproducir y contextualizar todos los añadidos de Marx (algunos de los cuales tratan de eventos circunstanciales) sin ir más allá de la extensión habitual de un ensayo académico. Para la elaboración del presente artículo compilamos la lista completa de los añadidos de Marx en alemán, que nos complacerá proporcionar a cualquier persona interesada en el tema. Las solicitudes se pueden enviar a danielgaid@gmail.com La versión española fue traducida de segunda edición de la Histoire de la Commune de 1871, publicada veinte años después de la primera (Lissagaray 1896). Dos secciones introductorias después del prólogo, no numeradas en el original francés, fueron transformadas en Capítulo I (“Prologo de combate – El derrumbamiento del segundo imperio – Francia antes de la guerra”) y Capítulo II (“Cómo los prusianos se apoderaron de París y los rurales de Francia”), de allí que el capítulo trigésimo séptimo de la segunda edición francesa corresponda al capítulo trigésimo noveno de la edición española. Para una descripción general reciente de la Comuna de París ver Tombs 2014; para una colección de ensayos de historiadores contemporáneos sobre la Comuna ver Godineau y César 2019; para un análisis marxista en inglés ver Gluckstein 2006. Una referencia al Segundo Imperio francés (1852-70). Prosper-Olivier Lissagaray, Lissagaray, Geschichte der Commune von 1871. Autorisirte deutsche Ausgabe nach dem vom Verfasser vervollständigten französischen Original. Braunschweig: Bracke, Jr., 1877, pp. 3-4. De aquí en adelante abreviaremos la referencia a Geschichte der Commune von 1871. Una referencia a la Revolución Francesa de 1830, también conocida como la Revolución de Julio (Revolución de Juillet), Segunda Revolución Francesa o Trois Glorieuses en francés, y a la Monarquía de Julio (Monarchie de juillet), una monarquía constitucional censitaria bajo Luis Felipe I (un miembro de la rama de Orléans de la Casa de Borbón conocida como “le roi bourgeois”: el rey burgués), que comenzó con la Revolución de julio de 1830 y terminó con la Revolución de febrero de 1848. Una referencia al levantamiento conocido como las Jornadas de junio (les journées de Juin) protagonizado por los trabajadores de París, del 23 al 26 de junio de 1848, cuando la burguesía francesa masacró a 3.000 trabajadores y deportó a otros 15.000. Una referencia al libro de Karl Marx El dieciocho brumario de Luis Bonaparte. El título hace referencia al golpe del 18 brumario en el que Napoleón Bonaparte tomó el poder en la Francia revolucionaria (9 de noviembre de 1799, o 18 Brumaire del Año VIII en el calendario republicano francés), para contrastarlo irónicamente con el golpe del 2 de diciembre de 1851 en el que Louis-Napoléon Bonaparte asumió poderes dictatoriales. El Segundo Imperio francés se estableció formalmente el 2 de diciembre de 1852, cuando Louis-Napoléon Bonaparte se convirtió en “Napoleón III, Emperador de los franceses”. En noviembre de 1848, la revolución en los estados papales arrebató el poder al papa Pío IX, quien instó a los poderes católicos a restaurar su autoridad. El recién elegido presidente francés (que pronto sería autoproclamado emperador), Louis-Napoleón (Napoleón III), decidió apaciguar a los católicos franceses e impedir una invasión austriaca, interviniendo militarmente. Las tropas francesas pusieron sitio a Roma del 30 de abril al 1 de julio de 1849, aplastaron a la República Romana y permanecieron allí para proteger a los Estados papales e impedir la unificación final de Italia hasta el estallido de la guerra franco-prusiana en julio de 1870, lo que llevó a Napoleón III a retirar su guarnición de Roma. La ciudad fue ocupada por las tropas del Reino de Italia el 20 de septiembre de 1870, y Roma y lo que quedaba de los Estados Papales fueron anexados al Reino de Italia después de la celebración de un plebiscito en octubre del mismo año. La Segunda intervención francesa en México fue una invasión de México, lanzada a fines de 1861 por el Segundo Imperio francés (1852–70). Inicialmente apoyada por el Reino Unido y España, la intervención francesa en México tuvo lugar después de que el presidente Benito Juárez declarara una moratoria de dos años, el 17 de julio de 1861, al pago de intereses de los préstamos a los acreedores franceses, británicos y españoles. El 31 de octubre de 1861, Francia, el Reino Unido y España aceptaron la Convención de Londres, un esfuerzo conjunto para obtener reembolsos de México. El 8 de diciembre, la flota española desembarcó tropas en el puerto de Veracruz, en el Golfo de México. Cuando los británicos y los españoles descubrieron que Francia había planeado unilateralmente tomar México, se retiraron de la coalición militar acordada en Londres. La posterior invasión francesa creó el Segundo Imperio Mexicano (1861–67), un estado vasallo del Imperio francés. Después de una prolongada guerra de guerrillas que continuó luego de la captura de la ciudad de México en 1863, el Imperio francés se retiró de México y abandonó al emperador austriaco; posteriormente, los mexicanos ejecutaron al emperador Maximiliano I, el 19 de junio de 1867, y restauraron la República Mexicana. Una referencia al gabinete liderado por Émile Ollivier, un ex republicano, bajo Napoleón III (2 de enero - 10 de agosto de 1870). El sénatus-consulte del 8 de septiembre de 1869 otorgó a las dos cámaras los derechos parlamentarios ordinarios, y fue seguido por el despido de Eugène Rouher y la formación en la última semana de ese año del gabinete Ollivier, conocido como el ministerio del 2 de enero. El 8 de mayo de 1871, la constitución enmendada fue sometida a un plebiscito, que resultó en una votación de casi siete a uno a favor del gobierno. Esto pareció confirmar que el hijo de Napoleón III lo sucedería y fue un golpe para los republicanos, pero poco después el Segundo Imperio Francés se derrumbó bajo el impacto de la derrota en la batalla de Sedán (1 al 2 de septiembre de 1870) durante la Guerra Franco-Prusiana. Es decir, Thiers solamente exigió que el gobierno presentara ante el parlamento los telegramas enviados a Bismarck en el marco de la disputa con Alemania en torno a la sucesión al trono de España, en particular luego del incidente del telegrama de Ems, que condujo al estallido de la Guerra Franco-Prusiana. Geschichte der Commune von 1871, pp. 7-8. Una referencia a Edmond Leboeuf (1809-1888), quien en 1869 se convirtió en ministro de guerra y al año siguiente fue promovido a Mariscal de Francia. Luchó en la Guerra Franco-Prusiana (1870), siendo tomado prisionero cuando la guarnición de Metz se rindió a los prusianos. Antoine Alfred Agénor, décimo duque de Gramont (1819-1880), se convirtió en un destacado diplomático después del golpe de estado de Luis Napoleón, el 2 de diciembre de 1851. Fue ministro plenipotenciario en Cassel y Stuttgart (1852), en Turín (1853), embajador en Washington DC (1854), Roma (1857) y Viena (1861). El 15 de mayo de 1870 fue nombrado ministro de asuntos exteriores en el gabinete de Ollivier y, por lo tanto, fue en gran parte responsable de la confusión en las negociaciones entre Francia y Prusia derivadas de la candidatura del príncipe Leopold de Hohenzollern-Sigmaringen para el trono de España, que condujo a la desastrosa guerra de 1870-71. Una referencia a la Batalla de Sedan durante la Guerra Franco-Prusiana (1-2 de septiembre de 1870) que resultó en la captura del Emperador Napoleón III y 104.000 de sus tropas, y de hecho decidió la guerra a favor de Prusia y sus aliados, aunque los combates continuaron bajo el Gobierno de Defensa Nacional. Geschichte der Commune von 1871, pp. 9-10. Geschichte der Commune von 1871, pp. 11-12. Geschichte der Commune von 1871, p. 12. La patrie en danger, 26 novembre 1870, está disponible online https://www.retronews.fr/journal/la-patrie-en-danger/26-novembre-1870/2715/4390511/1 Joseph Vinoy (1803–1880) fue un general durante el Segundo Imperio francés. Después de la renuncia forzada de Trochu tras la derrota de Buzenval el 20 de enero de 1871, Vinoy se convirtió en comandante en jefe del ejército de París. Tuvo importantes comandos en el ejército de Versalles, ocupando las Tullerías y el Louvre el 23 de mayo de 1871. El 4 de abril ordenó el fusilamiento de oficiales capturados de la Comuna, incluyendo al General Émile-Victor Duval. Incluso antes de la declaración de la Comuna, la Asamblea Nacional encabezada por Thiers y los “rurales” había “descapitalizado” a París al seleccionar a Versalles como su sede. (D.G.) Geschichte der Commune von 1871, pp. 72-73. Lissagaray 1971, tomo I, p. 188. El original en francés se titula: « La révolution du 18 mars », Journal officiel de la Commune de Paris, Mardi, 21 mars 1871, en Réimpression du Journal officiel de la République française sous la commune, du 19 mars au 24 mai 1871, Paris : Victor Bunel Éditeur, 1872, pp. 16-17. Una referencia al 4 de septiembre de 1870, el día de la proclamación de la Tercera República francesa. Una referencia a las derrotas militares de Francia en 1814, 1815 y 1870, que condujeron a la invasión del país por tropas extranjeras. Geschichte der Commune von 1871, p. 89. Una referencia a la insurrección de 1º de Prairial del Año III, una revuelta popular que tuvo lugar en París el 20 de mayo de 1795 contra las políticas de la Convención termidoriana que había ejecutado a Robespierre el 28 de julio de 1794. Una referencia a los Cien Días (les Cent-Jours), el período comprendido entre el regreso de Napoleón de su exilio en la isla de Elba el 20 de marzo de 1815 y la segunda restauración del rey Luis XVIII, que tuvo lugar el 8 de julio de 1815. Ver nota 7. Una referencia a la Revolución de 1848 en Francia, a veces conocida como la Revolución de febrero (Revolución de Février), y al levantamiento conocido como las Jornadas de junio (les journées de Juin) protagonizado por los trabajadores de París, del 23 al 26 de junio de 1848, cuando la burguesía francesa masacró a 3.000 trabajadores y deportó a otros 15.000. Varias huelgas estallaron en Francia en 1868. La Asociación Internacional de los Trabajadores proporcionó apoyo financiero, pero las revueltas obreras siguieron siendo espontáneas. En Saint-Etienne, los trabajadores fueron reprimidos y recibieron un fuerte apoyo de la población, mientras que en Lyon se rebelaron las trabajadoras. Proclamation de délégués de l’intérieur Ant. Arnaud, Ed. Vaillant, Journal officiel de la Commune de Paris, Samedi, 25 mars 1871. Es decir, todos aquellos que repudiaron el accionar del Gobierno de Defensa Nacional que se rindió ante los alemanes. Geschichte der Commune von 1871, pp. 123-126. Geschichte der Commune von 1871, p. 126-127. Una referencia al levantamiento fracasado del 31 de octubre de 1870 (Soulèvement du 31 octobre 1870), que tuvo lugar en París durante el sitio de la capital, en la época de la Guerra Franco-Prusiana. Su objetivo era luchar contra la política militar derrotista del Gobierno de Defensa Nacional y proclamar la Comuna. Geschichte der Commune von 1871, p. 127. Una referencia a las elecciones para el Consejo de la Comuna de París, celebradas el 26 de marzo de 1871. La pequeña burguesía, que reconoce en ellos su gloria y tal vez redescubriría en ellos la conciencia de sus deberes, carece de una historia de las secciones y de los clubes no solo de París, sino de toda Francia. ¿Y quién va a escribir la historia de las sociedades populares? ¿Quién pondrá una oreja en los corazones de estas personas pobres para describir lo nobles que eran? Aquellos que hojean estos escasos protocolos imperfectos solo encontrarán palabras de hermandad, adopción de huérfanos, apoyo mutuo de los que no tienen propiedad. Esta historia es mucho más humana que la de las secciones. Quienquiera que realice este trabajo duro y sin gloria, será mejor amigo del pueblo que los escritores a lo Ossian en busca de aplausos. [Una referencia a Ossian, un poeta gaélico legendario y supuesto autor de un ciclo de poemas épicos publicado por el poeta escocés James Macpherson en 1762.] (Nota de Marx) Geschichte der Commune von 1871, pp. 128-129. Geschichte der Commune von 1871, p. 131. La “Declaración al pueblo francés” del 19 de abril de 1871 está disponible online en Alejandría proletaria: http://grupgerminal.org/?q=node/970 Geschichte der Commune von 1871, p. 164. La minoría formó un núcleo de veintidós miembros: Andrieu, Arnold, A. Arnould, Avrial, Beslay, Clémence, V. Clément, Courbet, Frankel, E. Gérardin, Jourde, Lefrançais, Longuet, Malon, Ostyn, Pindy, Serraillier, Theisz, Tridon, Vallès, Varlin, Vermorel. (Nota de Marx) Geschichte der Commune von 1871, pp. 195-196. Geschichte der Commune von 1871, pp. 196-197. Geschichte der Commune von 1871, p. 230. LEER MÁS: El primer gobierno obrero de la historia: los añadidos de Karl Marx a la Historia de la Comuna de 1871 de Lissagaray (II)

11 de febrero de 2021
El primer gobierno obrero de la historia: los añadidos de Karl Marx a la Historia de la Comuna de 1871 de Lissagaray (II)

La destrucción de la Columna Vendôme y el papel de los extranjeros en la Comuna Marx comentó en el mismo Capítulo XIX sobre la destrucción del monumento a la victoria de Napoleón en Austerlitz en 1805, la columna en Place Vendôme, que fue derribada el 16 de mayo de 1871 al son de la Marsellesa, argumentando que “La idea de su demolición, que había sido general durante el primer asedio1, se había formulado en un decreto el 12 de abril.2 Esta inspiración del pueblo era humana y profunda, mostraba que la guerra de clases debía desplazar ahora a la guerra entre las naciones, y condenaba por ello mismo la victoria temporal de los prusianos”.3 Marx defendió una perspectiva internacionalista similar cuando se refirió, en el capítulo XXVII del libro de Lissagaray, al papel desempeñado por Jaroslaw Dombrowski, un noble polaco y oficial militar en el Ejército Imperial Ruso, que participó en el Levantamiento de enero de 1863 en Polonia y sirvió como comandante general y militar de la Comuna de París en sus últimos días, en un párrafo conservado en la versión española, realizada en base a la edición final francesa de 1896: «¡Siga usted allí! —le dice Dombrowski—; si no ha de morir usted, allí nada tiene que temer.» Su arrojo es puro fatalismo. No recibe ningún refuerzo, a pesar de sus despachos a Guerra; cree perdida la partida, y así lo dice frecuentemente. Éste es mi único reproche; no esperéis que justifique a la Comuna por haber aceptado el concurso de unos demócratas extranjeros. ¿Es que no era ésta la revolución de todos los proletarios? ¿Es que los franceses no han abierto sus filas en todas las guerras a los grandes corazones de todas las naciones que quisieron combatir con ellos? (Lissagaray 1971, tomo I, p. 403)4 Esto coincide con los comentarios de Marx sobre el heroico papel desempeñado por los extranjeros en la Comuna en La guerra civil en Francia: La Comuna concedió a todos los extranjeros el honor de morir por una causa inmortal. Entre la guerra exterior, perdida por su traición, y la guerra civil, fomentada por su conspiración con el invasor extranjero, la burguesía encontraba tiempo para dar pruebas de patriotismo, organizando batidas policíacas contra los alemanes residentes en Francia. La Comuna nombró a un obrero alemán [Léo Frankel] su ministro del Trabajo. Thiers, la burguesía, el Segundo Imperio, habían engañado constantemente a Polonia con ostentosas manifestaciones de simpatía, mientras en realidad la traicionaban a los intereses de Rusia, a la que prestaban los más sucios servicios. La Comuna honró a los heroicos hijos de Polonia [Jarosław Dąbrowski y Walery Wróblewski], colocándolos a la cabeza de los defensores de París. Y, para marcar nítidamente la nueva era histórica que conscientemente inauguraba, la Comuna, ante los ojos de los conquistadores prusianos de una parte, y del ejército bonapartista mandado por generales bonapartistas, de otra, derribó aquel símbolo gigantesco de la gloria guerrera que era la Columna de Vendôme. (Marx 1870, pp. 550-551). La derrota de la Comuna y la ejecución de prisioneros por los versalleses Con la rápida supresión de las comunas que surgieron en Lyon, Saint-Étienne, Marsella y Toulouse, solo la Comuna de París enfrentó la oposición del gobierno de Versalles. Pero los fédérés, como se llamaba a los insurgentes, no pudieron organizarse militarmente y tomar la ofensiva, y el 21 de mayo, las tropas del gobierno entraron en una sección indefensa de París. Durante la “semana sangrienta” que siguió, del 21 al 28 de mayo de 1871, las tropas versalleses aplastaron la oposición de los comuneros. En el Capítulo XXXV del libro de Lissagaray, en la sección que trata de la ejecución de prisioneros por las fuerzas de Versalles lideradas por el general Galliffet, conocido como el Fusilleur de la Commune (el “verdugo de la Comuna”), Marx agregó una descripción de cómo, después de reunir un número suficiente de prisioneros, Galliffet involucró al corresponsal del diario británico Daily News en una razzia y, aunque éste se quejó, tuvo que acompañar a la columna al distrito de La Muette. El periodista describió la ejecución de prisioneros en un informe que apareció en el periódico Daily News el 8 de junio de 1871; el informe original fue incluido por Eleanor Marx como un apéndice de la edición inglesa, mientras que una versión alemana del informe fue incluida en el capítulo XXXIII de la edición en alemán. El original dice lo siguiente: “La columna de prisioneros se detuvo en la avenida Uhrich y fue formada, de cuatro o cinco en fondo, en la acera, dando vista a la calle. El general marqués de Galliffet y su personal, que nos habían precedido allí, bajaron de los caballos y empezaron a pasar revista desde la izquierda de la línea y cerca de donde yo estaba. Andando lentamente y observando las filas como si fuera una inspección, el general se detenía aquí y allá, tocando a un hombre en el hombro o haciéndole señas para que saliera de las filas de atrás. En la mayoría de los casos, sin más trámites, el individuo así seleccionado era llevado al centro de la carretera, donde pronto se formó una pequeña columna suplementaria... Evidentemente sabían muy bien que había llegado su última hora, y era terriblemente interesante ver sus diferentes comportamientos. Uno, ya herido, con la camisa empapada de sangre, se sentó en el camino y aulló de angustia; ... otros lloraron en silencio; dos soldados, presuntos desertores, pálidos pero serenos, apelaron a todos los demás prisioneros preguntándoles si los habían visto alguna vez entre sus filas; algunos sonrieron desafiantes... Fue horrible ver a un hombre elegir a un grupo de personas como él para que fueran ejecutadas violentamente en unos minutos sin más juicio... A unos pasos de donde yo estaba, un oficial montado le señaló al general Gallifet un hombre y una mujer por algún delito en particular. La mujer, que salió corriendo de las filas, se arrodilló y, con los brazos extendidos, imploró misericordia, y protestó de su inocencia en términos apasionados. El general aguardó unos instantes y luego con rostro impasible, y sin moverse, dijo: ‘Madame, conozco todos los teatros de París; su actuación no tendrá ningún efecto en mí (ce n'est pas la peine de jouer la comédie)’... Seguí al general de cerca, siendo todavía un prisionero, pero honrado con una escolta especial de dos chasseurs-à-cheval, y me esforcé por tratar de entender qué lo guiaba en sus elecciones. El resultado de mis observaciones fue que no era bueno ese día ser notablemente más alto, más sucio, más limpio, más viejo o más feo que el vecino. Un individuo en particular me pareció que probablemente debió su rápida liberación de los males de este mundo a tener la nariz rota en lo que podría haber sido de lo contrario una cara ordinaria, y a no poder ocultarlo debido a su altura. De este modo fueron seleccionadas más de cien personas; se les asignó un pelotón de ejecución y la columna siguió su marcha, dejándolos atrás. A los pocos minutos, comenzó a nuestra espalda un fuego intermitente, que continuó durante más de un cuarto de hora. Era la ejecución de estos desgraciados condenados sumariamente.” —The Daily News, June 8, 1871.5 Los añadidos finales de Marx sobre la represión burguesa -que Lissagaray estimó en 20.000 muertos, a las que se deben agregar los juicios de 12.500 personas (de las cuales unas 10.000 fueron declaradas culpables) y 4.000 deportaciones-, así como sobre la lucha por una amnistía general, aparecen en el Capítulo XXXVIII que trata de Nueva Caledonia y el destierro. Desafortunadamente, no podemos incluirlos en este ensayo debido a su extensión, pero han sido reproducidos en la versión inglesa del libro de Lissagaray, History of the Commune of 1871, translated by Eleanor Marx (Lissagaray 1886, pp. 459-466).6 El balance político de la Comuna de París por Marx La edición original en francés del libro de Lissagaray, publicada en 1876, concluye con un llamado a los trabajadores para que apoyasen a sus hermanos que habían sido víctimas de la represión burguesa, pero en la versión alemana Marx cerró la Historia de la Comuna de Paris con este balance político: Es un espectáculo verdaderamente vergonzoso ver a los Radicales barrigones llamar al 18 de marzo una insurrección criminal y preguntar: “¿Qué legado ha dejado?” En ese caso, también la insurrección del 14 de julio de 1789 fue un delito, porque también ella tuvo sus ejecuciones (Launay, Flesselles) y porque fue una insurrección aún mayor que la del 18 de marzo de 1871, ya que el pueblo atacó en lugar de ser atacado. Y, sin embargo, los Radicales hacen de la insurrección del 14 de julio de 1789 uno de sus más grandes días de gloria. Sólo le pedimos un poco de lógica, codiciosa y desagradecida burguesía; la insurrección del 18 de marzo de 1871, como la del 14 de julio de 1789, fue un llamado al orden a los déspotas. ¿Qué legado ha dejado? Una bandera, la Comuna libre; un partido bien establecido, el Partido Obrero (die Arbeiterpartei). A partir de ahora, Francia está obligada a estudiar la cuestión y a reconocer que no existe una república duradera con progreso social, sino a través de la Comuna reorganizada. De ahora en adelante, los trabajadores ya no serán un apéndice del Partido Radical. El 18 de marzo les ha dado la conciencia de su fuerza; el 18 de marzo los ha emancipado. Por primera vez en nuestra historia, han podido hacerse cargo de sus propios asuntos. Por lo tanto, aparecerán claros y determinados tan pronto como puedan regresar a la luz del día. La noción de comunalismo es, pues, la idea, el gobierno de los trabajadores (die Mitregierung des Arbeiters) es el hecho en que culmina el 18 de marzo. Este movimiento es, pues, una revolución; es por eso ha separado el agua de la tierra; es por eso que los esclavistas piensan en él solo con rabia; es por eso que todos los trabajadores de la tierra le dan la bienvenida como una fecha de liberación. Sin duda, el partido revolucionario en Francia, atacado cuando aún estaba despertando, desorganizado, inhibido por varios elementos, forzado a una lucha militar, no fue capaz de desarrollar sus ideas y sus legiones, y los revolucionarios no son tan tontos como para ver en este episodio, gigantesco como fue, toda la revolución. Esta lucha fue solo un preludio, una “escaramuza”, como dijo Bebel. Pero el partido revolucionario en Francia ha dejado un ejemplo inolvidable de iniciativa, audacia y coraje. Si no triunfó, al menos mostró el camino. Más aún: pisoteó las tradiciones chovinistas que se habían deslizado en el socialismo; no se enorgullece insensatamente de negar sus errores. Más bien, los revela, para que sirvan como lecciones para el futuro; para que el hijo no tenga que rehacer el camino del padre. Por lo tanto, el autor de esta historia, al decir la verdad sin restricciones, sin escatimar críticas incluso a sus compañeros, se considera el intérprete más fiel y respetuoso de la voluntad de esta revolución, cuyos defensores en los puestos de avanzada dijeron: “¡Representamos a la humanidad!” Los añadidos de Karl Marx a la Historia de la Comuna de 1871 de Lissagaray, La guerra civil en Francia de Marx Para hacer un balance de los añadidos de Marx a la Historia de la Comuna de 1871 de Lissagaray, es necesario ponerlos en el contexto de su análisis en el Manifiesto del Consejo General de la Asociación Internacional de los Trabajadores conocido como La guerra civil en Francia, fechado el 30 de mayo de 1871, dos días después de la derrota de la Comuna de París. En la carta a Kugelmann escrita el 12 de abril de 1871, mientras la Comuna de París aún estaba en curso, Marx argumentó que el objetivo de la próxima revolución francesa no podía “hacer pasar de unas manos a otras la máquina burocrático-militar, como venía sucediendo hasta ahora, sino demolerla, y ésta es justamente la condición previa de toda verdadera revolución popular en el continente. En esto, precisamente, consiste la tentativa de nuestros heroicos camaradas de París” (Marx 1871a, p. 493, énfasis en el original). En La guerra civil en Francia, Marx volvió a esta idea, argumentando que “la clase obrera no puede limitarse simplemente a tomar posesión de la máquina del Estado tal y como está y servirse de ella para sus propios fines” (Marx 1871, pp. 539).7 En La guerra civil en Francia, Marx enumeró los rasgos distintivos de la Comuna como gobierno obrero (es decir, de un estado en vías de desaparición como órgano de represión) por contraposición a un estado burgués, incluso el más democrático. La primera característica distintiva es el armamento del pueblo (la milicia): “el primer decreto de la Comuna fue para suprimir el ejército permanente y sustituirlo por el pueblo armado… el ejército permanente habría de ser remplazado por una milicia popular, con un plazo de servicio extraordinariamente corto” (Marx 1871, pp. 542-543). La segunda característica es la elección de todos los funcionarios públicos, revocables y provistos de mandatos: “La Comuna estaba formada por los consejeros municipales elegidos por sufragio universal en los diversos distritos de la ciudad. Eran responsables y revocables en todo momento. La mayoría de sus miembros eran, naturalmente, obreros o representantes reconocidos de la clase obrera” (Marx 1871, p. 542). La tercera característica es la abolición de la separación de poderes: “La Comuna no había de ser un organismo parlamentario, sino una corporación de trabajo, ejecutiva y legislativa al mismo tiempo” (Marx 1871, p. 542). La cuarta característica es que los funcionarios públicos deben recibir salarios no superiores a los de los trabajadores calificados: “Desde los miembros de la Comuna para abajo, todos los que desempeñaban cargos públicos debían desempeñarlos con salarios de obreros” (Marx 1871, p. 542, énfasis en el original). La quinta característica es la separación de la iglesia y el estado (es decir, su secularización): “Una vez suprimidos el ejército permanente y la policía, que eran los elementos de la fuerza física del antiguo gobierno, la Comuna tomó medidas inmediatamente para destruir la fuerza espiritual de represión, el «poder de los curas», decretando la separación de la Iglesia del Estado y la expropiación de todas las iglesias como corporaciones poseedoras. Los curas fueron devueltos al retiro de la vida privada, a vivir de las limosnas de los fieles, como sus antecesores, los apóstoles” (Marx 1871, p. 543). El sexto rasgo definitorio de un gobierno obrero es la gratuidad, la secularización y la autonomía de las instituciones educativas: “Todas las instituciones de enseñanza fueron abiertas gratuitamente al pueblo y al mismo tiempo emancipadas de toda intromisión de la Iglesia y del Estado. Así, no sólo se ponía la enseñanza al alcance de todos, sino que la propia ciencia se redimía de las trabas a que la tenían sujeta los prejuicios de clase y el poder del gobierno” (Marx 1871, p. 543). La séptima característica de un gobierno obrero es la elección y revocabilidad de los jueces: “Los funcionarios judiciales debían perder aquella fingida independencia que sólo había servido para disfrazar su abyecta sumisión a los sucesivos gobiernos, ante los cuales iban prestando y violando, sucesivamente, el juramento de fidelidad. Igual que los demás funcionarios públicos, los magistrados y los jueces habían de ser funcionarios electivos, responsables y revocables” (Marx 1871, p. 543). Y por último, el gobierno obrero debe organizarse también a nivel nacional a través de asambleas de delegados, revocables y con mandatos imperativos: “Una vez establecido en París y en los centros secundarios el régimen de la Comuna, el antiguo Gobierno centralizado tendría que dejar paso también en provincias al gobierno de los productores por los productores… entendiéndose que todos los delegados serían revocables en todo momento y se hallarían obligados por el mandato imperativo (instrucciones) de sus electores” (Marx 1871, p. 543). Como ha señalado Stathis Kouvélakis, este programa de armamento del pueblo, elección de todos los funcionarios públicos, que además serían revocables y dotados de mandatos imperativos, y de una asamblea comunal dotada de poderes tanto legislativos como ejecutivos representó una ruptura radical con el parlamentarismo (Kouvélakis 2021, p. 71). De los ocho puntos detallados por Marx como características de un gobierno obrero, algunos, como la separación de la iglesia y el estado o la creación de una milicia popular, eran medidas democráticas que la burguesía no había logrado llevar a cabo en sus propias revoluciones o que había posteriormente revertido, mientras que otros, como la abolición de la separación de poderes, eran característicos del gobierno de una ciudad sitiada. Además, la Comuna de París no socializó los medios de producción; se limitó en el campo económico a introducir algunas reformas muy parciales: la abolición del trabajo nocturno para los obreros panaderos, la prohibición de la práctica corriente entre los patrones de reducir los salarios imponiendo multas a sus obreros bajo los más diversos pretextos, la entrega a las asociaciones obreras de todos los talleres y fábricas cerrados, el cierre de las casas de empeño, etc. Y, sin embargo, como hemos visto, Marx lo consideraba como “la forma política al fin descubierta para llevar a cabo dentro de ella la emancipación económica del trabajo” (Marx 1871, p. 546). En otras palabras, Marx hizo hincapié en las tareas políticas que debían ser llevadas a cabo por la clase trabajadora para establecer un gobierno obrero, las cuales resultarían naturalmente en la adopción de las medidas económicas más radicales, en notable contraste con algunos de sus discípulos, que consideran a las nacionalizaciones como el criterio fundamental para determinar si un estado es burgués o si es un gobierno obrero. Para Marx, la clase obrera tenía que derribar primero la maquinaria del estado burgués y establecer sus propios órganos de gobierno de clase; solo entonces “la centralización nacional de los medios de producción será la base nacional de una sociedad compuesta de asociaciones de productores libres e iguales, dedicados a un trabajo social con arreglo a un plan general y racional” (Marx 1872, p. 136, énfasis en el original).8 El análisis magistral de Marx de la Comuna de París en La guerra civil en Francia ciertamente proporciona una fuerte perspectiva teórica. Sin embargo, fue completado el 30 de mayo de 1871. La Comuna había nacido el 18 de marzo y finalmente había sido aplastada sólo dos días antes de la publicación de La guerra civil en Francia. Ni la tinta ni la sangre habían tenido tiempo de secarse. Cuando las clases dominantes de Europa clamaban por las cabezas de los communards y perseguían a las mujeres de la clase trabajadora como pétroleuses (pirómanas), Marx montó una defensa polémica excelente. Pero estas circunstancias dejaban poco espacio para elaborar un balance sobrio, y las críticas tuvieron que formularse cuidadosamente. En el Prefacio a la edición alemana del libro de Lissagaray, Marx describió a la Comuna de París como un preludio de las futuras luchas sociales, pero también recordó a los lectores que terminó en un baño de sangre y agregó: “En tales circunstancias, la adulación es equivalente a la traición”. Este comentario subrayó una vez más su fuerte apoyo a la Comuna, tal como se expresó en La guerra civil en Francia, pero también que en 1876-77 estaba dispuesto a emitir críticas más fuertes de lo que era posible inmediatamente después de 1871. Mientras que anteriormente se había centrado en una defensa de la Comuna, en sus agregados al libro de Lissagaray Marx se sintió libre de discutir la diferencia crucial entre la concepción de la Comuna sostenida por las masas parisinas y la de la burguesía parisina. Esta última quería restaurar un consejo municipal, algo que existía en todas partes en Francia, aparte de París, debido al papel radical de la capital en la Gran Revolución Francesa de 1789-93. Las masas parisinas, por su parte, querían una “Comuna autónoma... para sustituir al representante que puede engañar y traicionar al elector por el mandatario estrictamente responsable”. En otras palabras, las masas parisinas querían que el poder obrero se materializara en la Comuna, incluso si el nombre utilizado todavía coincidía con la institución oficial, cuyos orígenes burgueses se remontaban a la Edad Media. En su pronunciamiento público en La guerra civil en Francia, escrito cuando los defensores de las dos concepciones que habían sobrevivido a la “Semana Sangrienta” estaban siendo arrastrados encadenados a las galeras o perseguidos, Marx no destacó la diferencia entre la unidad administrativa de la Comuna y los órganos de poder obrero tan fuertemente como lo hizo en los añadidos al libro de Lissagaray. El mismo punto se repite, de una manera ligeramente diferente, en otros párrafos que Marx agregó a la versión alemana del libro de Lissagaray. La burguesía francesa había vencido a su enemigo feudal gracias a la acción directa de los sans-culottes parisinos entre 1789 y 1793. Las masas parisinas en 1830 y 1848 frustraron nuevamente los intentos de dar marcha atrás en el tiempo. En 1871, impulsaban un programa propio. Significativamente, Marx escribió que las masas parisinas lo hicieron a través del “Comité Central” de la Guardia Nacional, porque ésta era efectivamente la clase obrera armada. Una vez más, Marx hizo aquí una distinción entre el consejo municipal (la Comuna) y el poder obrero. En la extensa sección insertada por Marx para criticar a los líderes de la Comuna de París, profundizó su análisis de la cuestión del liderazgo revolucionario usando términos que no hubieran estado fuera de lugar en boca de Lenin, señalando cómo el enorme poder potencial de la clase trabajadora siempre había sido “despilfarrado, desviado, aniquilado... por un enjambre de declamadores y sectarios...”, por personas “ansiosas por ascender socialmente [y] un grupo de fanáticos ciegos”. Marx insistió que “Si un partido necesita sabiduría, claridad, razón, liderazgo, es el partido revolucionario.” Una vez más, libre de la carga de la polémica defensiva, la verdadera voz de Marx pudo manifestarse claramente. En La guerra civil en Francia, Marx eludió la diferencia entre el Comité Central de la Guardia Nacional (que abdicó el poder a la Comuna elegida por el sistema electoral prerrevolucionario) y atribuyó características clave del primero a la segunda (tales como la elección de representantes “revocables en todo momento”, o la presencia de una mayoría compuesta de “obreros o representantes reconocidos de la clase obrera”). En los añadidos al libro de Lissagaray, Marx ya podía escribir: “no voy a describir la Comuna ideal, o la Comuna tal como la hubiéramos querido, sino la Comuna tal como fue…” Y eso es exactamente lo que hizo, con un cuidadoso escrutinio de los diversos miembros elegidos. Esto fue seguido por el párrafo que comienza: “La Comuna ha sido llamada un gobierno de la clase trabajadora. Este es un gran error.” Esta afirmación contrasta notablemente con La guerra civil en Francia, en la que Marx argumentó en La guerra civil en Francia que la Comuna de París había sido “esencialmente, un gobierno de la clase obrera, fruto de la lucha de la clase productora contra la clase apropiadora, la forma política al fin descubierta para llevar a cabo dentro de ella la emancipación económica del trabajo” (Marx 1871, p. 546). Sus añadidos al libro de Lissagaray no contradicen este análisis, pero nos ofrecen una imagen más matizada: la Comuna era un gobierno obrero en el que el dominio político de la clase trabajadora estaba mediado por sus representantes políticos, los cuales eran, social e ideológicamente, en su mayoría pequeñoburgueses. De hecho, es posible ir todavía más allá y establecer una distinción entre la institución que Marx llama la reunión del “Consejo de la Comuna” en el Hôtel de Ville (ayuntamiento) y el movimiento del cual éste era solo un elemento, y a menudo el más débil. Este movimiento más amplio también incluía al Comité Central de la Federación de la Guardia Nacional, las partes constituyentes de la Federación, las asambleas de masas, etc. Notablemente, Marx argumentó que el Consejo de la Comuna cometió su “más mortal error” cuando decidió mantener sus sesiones en secreto, aislándose así de este movimiento popular más amplio. Otro tema que Marx pudo explorar expandiendo el trabajo de Lissagaray son algunos de los debates internos del Consejo de la Comuna, y en particular la división entre la mayoría y la minoría. Algunos de sus miembros más talentosos eran parte de la minoría. Sin embargo, se opusieron a la idea misma de actuar como un liderazgo porque estaban atrapados en lo que Marx llama su “parloteo sobre el principio autonomista”. Abandonar el Consejo de la Comuna cuando literalmente estaba luchando por su vida y “el cañón lo controlaba todo” solo agravó estos errores. Después de haber sido más crítico en los añadidos al libro de Lissagaray que en La guerra civil en Francia, Marx tuvo cuidado de elaborar un balance equilibrado. Aunque ahora se sentía libre de “decir la verdad sin restricciones, sin escatimar críticas incluso a sus compañeros”, aun así, presentó la experiencia de la Comuna de París como “un ejemplo inolvidable de iniciativa, audacia y coraje. Si no triunfó, al menos mostró el camino”. La segunda conferencia de Londres y la resolución sobre la “Acción política de la clase trabajadora” El Manifiesto del Consejo General de la Asociación Internacional de los Trabajadores conocido como La guerra civil en Francia no fue la última palabra de Marx sobre la Comuna de Paris. Las lecciones que Marx y sus seguidores, por un lado, y Bakunin y sus seguidores, por el otro, extrajeron de la experiencia de la Comuna de París fueron la causa principal de la división que tuvo lugar poco después de la misma en la Asociación Internacional de los Trabajadores. Bakunin y sus seguidores se oponían tanto a la creación de un partido obrero independiente y opuesto a los partidos burgueses, como a la toma del poder por parte de la clase trabajadora y al establecimiento de un gobierno obrero. Pero, como sostuvo el historiador de la Comuna Jacques Rougerie en su artículo sobre la Asociación Internacional de Trabajadores y el movimiento obrero en París durante los eventos de 1870-1871: “La Internacional también comenzaba, tendía, por la fuerza de las circunstancias, a transformarse en un ‘partido’ revolucionario. No se le dio tiempo, pero su historia y su desarrollo, positiva y negativamente, tuvieron mucho peso en las decisiones de la Conferencia de Londres de 1871, y luego en las del Congreso de La Haya, en 1872” (Rougerie 1972, p. 80). Las posiciones de Marx y Engels sobre las cuestiones del partido obrero y del gobierno obrero se plasmaron en dos documentos adoptados por la Asociación Internacional de Trabajadores. El primero fue la Resolución IX sobre la “Acción política de la clase trabajadora” adoptada por la Conferencia de la Internacional celebrada en Londres en septiembre de 1871. Tras la derrota de la Comuna de París, los refugiados blanquistas en Londres vieron a dos de los suyos, Édouard Vaillant y Constant Martin, unirse al Consejo General de la Internacional, lo cual revivió la tradición de una alianza abierta entre marxistas y blanquistas, que ya había tenido lugar después de la revolución de 1848, sólo que en este caso renació debido a una hostilidad común contra Bakunin y sus seguidores. La segunda conferencia de Londres de la Internacional fue una revelación en ese sentido, porque fue sobre la base de la moción blanquista que la Resolución (IX) sobre “Acción política de la clase trabajadora” fue adoptada (Dommanget 1962, p. 553). La segunda conferencia de la Internacional fue convocada porque el estallido de la guerra franco-prusiana y luego la represión de la Comuna de París hicieron imposible la celebración de un congreso ordinario.9 En su reunión del 25 de julio de 1871, el Consejo General, a sugerencia de Engels, resolvió convocar en su lugar una conferencia a puerta cerrada de la Asociación Internacional de los Trabajadores. La moción fue aprobada y la conferencia finalmente se reunió en Londres del 16 al 23 de septiembre de 1871. Asistieron a la misma 22 delegados con plenos derechos y diez delegados con voz, pero sin voto. En la quinta sesión de la Conferencia de Londres, el 20 de septiembre de 1871, el blanquista Édouard Vaillant presentó un proyecto de resolución, secundado por Charles Longuet y Constant Martin, que decía: En presencia de una reacción desenfrenada momentáneamente victoriosa que sofoca por la fuerza toda reivindicación de la democracia socialista y pretende mantener por la fuerza la distinción de clases; La conferencia recuerda a los miembros de la Asociación [Internacional de los Trabajadores] que la cuestión política y la cuestión social están indisolublemente unidas, que son sólo dos caras de una misma cuestión que la Internacional se ha propuesto resolver: la abolición de las clases; Los trabajadores deben reconocer, no menos que la solidaridad económica, la solidaridad política que los une y unir sus fuerzas, no menos en el terreno político que en el económico, para el triunfo definitivo de su causa (Association internationale des travailleurs 1871, pp. 682-683). El bakuninista André Bastelica y Anselmo Lorenzo, el representante de las secciones españolas, intentaron que esta moción fuera eliminada del orden del día, declarando que la Conferencia era incompetente para discutirla y que por lo tanto debía ser tratada en un congreso. Por otro lado, dos de los seguidores de Marx en ese momento, Léo Frankel y Auguste Serraillier, presentaron una enmienda a la moción de Vaillant que decía: Considerando: Que la traducción falsa de los Estatutos [generales de la Asociación Internacional de los Trabajadores] originales a diferentes idiomas ha sido causa de diversas interpretaciones que han ido en detrimento del desarrollo de la Asociación Internacional; La conferencia recuerda a los miembros de la Internacional que la cuestión política y la cuestión social están indisolublemente unidas y que son sólo dos caras de una sola y misma cuestión que la Asociación Internacional se ha propuesto resolver: la abolición de las clases; Por lo tanto, deben aprovechar todas las ocasiones oportunas para fortalecer la reivindicación de los principios sociales que son la base y que constituyen la fuerza real de la Asociación Internacional de los Trabajadores (Association internationale des travailleurs 1871, pp. 696-697). En su intervención, Marx “apoyó la propuesta del ciudadano Vaillant con la enmienda Frankel, que consiste en precederla de un considerando explicando el motivo de esta declaración, es decir, afirmando que no es desde hoy que la Asociación [Internacional de los Trabajadores] pide que los trabajadores se involucren en política, sino que siempre lo ha hecho”. Marx argumentó que “en casi todos los países, algunos internacionalistas, basándose en la declaración truncada de los Estatutos votados en el Congreso de Ginebra (1866), han hecho propaganda a favor de la abstención política, que los gobiernos han tenido cuidado de no interrumpir”. En Francia, esta política abstencionista había permitido a Jules Trochu (el presidente del Gobierno de Defensa Nacional), Jules Favre (su vicepresidente y ministro de Relaciones Exteriores), Ernest Picard (su ministro de Finanzas) y otros tomar el poder el 4 de septiembre de 1870, cuando el Segundo Imperio fue derrocado, la Tercera República Francesa fue proclamada y el “Gobierno de Defensa Nacional” establecido. Esa misma política abstencionista había permitido entonces, el 18 de marzo de 1871, el día del levantamiento de la Comuna, “establecer en París un comité dictatorial compuesto principalmente por bonapartistas e intrigantes que, a sabiendas, perdieron en la inacción los primeros días de la revolución, que deberían haber dedicado a su consolidación” (Association internationale des travailleurs 1871, p. 698). Marx continuó argumentando que “no debemos creer que es de poca importancia tener trabajadores en los parlamentos”. Si el gobierno sofocaba su voz y los expulsaba, el efecto de estos rigores y esta intolerancia era profundo en el pueblo, y si, por el contrario, “como Bebel y Liebknecht pueden hablar desde esa tribuna, todo el mundo los escucha; de una forma u otra, es una gran publicidad para nuestros principios”. Marx recordó que recientemente, durante la guerra franco-prusiana, “cuando Bebel y Liebknecht tomaron medidas contra y durante la guerra que se libraba en Francia, toda Alemania se estremeció ante esta lucha por librar a la clase trabajadora de toda responsabilidad ante lo que estaba sucediendo, e incluso en Múnich, esa ciudad donde las revoluciones sólo se hacían por el precio de la cerveza, grandes manifestaciones fueron organizadas para exigir el fin de la guerra”. Marx concluyó diciendo: “Los gobiernos nos son hostiles, debemos responderles por todos los medios posibles a nuestra disposición. Meter trabajadores en los parlamentos es la política correcta, pero debemos elegir a las personas adecuadas y no a gente como Tolain” (Association internationale des travailleurs 1871, p. 699). En la sexta sesión de la Conferencia de Londres, el 21 de septiembre de 1871, Engels tomó la palabra para apoyar la moción de Vaillant, argumentando que “debemos aconsejar absolutamente a los trabajadores que se ocupen de la política, porque la abstención está en contradicción, no sólo con los Estatutos [generales] de la Asociación [Internacional de los Trabajadores], sino también con las necesidades de la causa socialista. Los abstencionistas en política son los que condenan lógicamente los esfuerzos de la Comuna de París, donde, por primera vez, los trabajadores se apoderaron, con la palanca política, de los medios reales para lograr el triunfo de nuestros principios” (Association internationale des travailleurs 1871, p. 704). En su discurso, Engels lanzó un ataque frontal contra el concepto de abstencionismo y sus partidarios. La abstención absoluta de la política era imposible, argumentó; tomada literalmente, significaba la aceptación pasiva del statu quo político. La única pregunta era cómo involucrarse en la política (Engels 1871a, énfasis en el original). Según Engels: El partido obrero existe ya como partido político en la mayoría de los países. Y no seremos nosotros los que lo destruyamos predicando la abstención. La experiencia de la vida actual, la opresión política a que someten a los obreros los gobiernos existentes, tanto con fines políticos como sociales, les obligan a dedicarse a la política, quiéranlo o no. Predicarles la abstención significaría arrojarlos en los brazos de la política burguesa. La abstención es completamente imposible, sobre todo después de la Comuna de París, que ha colocado la acción política del proletariado a la orden del día. Queremos la abolición de las clases. ¿Cuál es el medio para alcanzarla? La dominación política del proletariado. Y cuando en todas partes se han puesto de acuerdo sobre ello, ¡se nos pide que no nos mezclemos en la política! Todos los abstencionistas se llaman revolucionarios y hasta revolucionarios por excelencia. Pero la revolución es el acto supremo de la política; el que la quiere, debe querer el medio, la acción política que la prepara, que proporciona a los obreros la educación para la revolución y sin la cual los obreros, al día siguiente de la lucha, serán siempre engañados por los Favre y los Pyat. Pero la política a la que tiene que dedicarse es la política obrera; el partido obrero no debe constituirse como un apéndice de cualquier partido burgués, sino como un partido independiente, que tiene su objetivo propio, su política propia. Las libertades políticas, el derecho de reunión y de asociación y la libertad de la prensa: éstas son nuestras armas. Y ¿deberemos cruzarnos de brazos y abstenernos cuando quieran quitárnoslas? Se dice que toda acción política implica el reconocimiento del estado de cosas existente. Pero cuando este estado de cosas nos da medios para luchar contra él, recurrir a ellos no significa reconocer el estado de cosas existente (Engels 1871b). En la misma sesión en la que Engels pronunció este discurso, Marx afirmó que los abstencionistas eran sectarios, aunque nadie se inclinaba a sospechar de su lealtad; eran hombres sinceros pero sus posiciones eran retrógradas. Marx señaló que “No es sólo contra los gobiernos que queremos la acción política, sino también contra la oposición burguesa” (Association internationale des travailleurs 1871, p. 716). Nikolai Utin, el representante de la sección rusa de la Internacional, junto con el delegado suizo Henri Perret (secretario general del Comité fédéral romand en Suiza), el delegado belga Eugène Steens (un miembro del Conseil général belga) y John Hales (un sindicalista británico y desde 1871 Secretario General de la Asociación Internacional de los Trabajadores), presentaron la siguiente resolución: “Reconociendo la substancia de las dos resoluciones, es decir, la necesidad de la acción política del partido proletario, más que nunca en las circunstancias actuales, la Conferencia deja al Consejo General la tarea de dar la redacción final a las dos mociones de Vaillant y Serraillier-Frankel.” Utin explicó que quería que la redacción fuera reforzada por el Consejo General y esperaba que el borrador de resolución saliera más radical de sus manos. La moción de Utin fue finalmente aceptada por 10 votos a favor, 2 en contra y 4 abstenciones, con 3 delegados ausentes de la sesión (Association internationale des travailleurs 1871, pp. 709-712). En su informe como representante de Alemania, Marx recordó que en el Reichstag mismo, Bebel y Liebknecht, los representantes de la clase obrera alemana, no temieron declarar que eran miembros de la Asociación Internacional [de loa Trabajadores] y que protestaban contra la guerra por la que se negaban a votar cualquier subsidio. El gobierno no se atrevió a hacerlos arrestar en medio de la sesión, fue sólo al salir [del parlamento] cuando la policía los apresó y los llevó a prisión. Durante la Comuna, los trabajadores alemanes no cesaban, a través de las reuniones y de los periódicos que les pertenecen, de afirmar su solidaridad con los revolucionarios de París. Y cuando la Comuna fue derrotada, realizaron una concentración en Breslau que la policía prusiana intentó en vano evitar; en este encuentro, y en otros en diferentes ciudades de Alemania, aplaudieron a la Comuna de París. Finalmente, durante la entrada triunfal en Berlín del emperador Wilhelm y su ejército, fue al grito de ¡Vive la Commune! que estos vencedores fueron recibidos por el pueblo (Association internationale des travailleurs 1871, p. 736). Después de la conferencia, el Consejo General, en su reunión del 6 de octubre de 1871, delegó en varias comisiones la edición de las resoluciones de la conferencia. La más importante fue la resolución No. 9 sobre la “acción política de la clase trabajadora”. Hemos visto que Marx tuvo la oportunidad de perfeccionar el texto aceptado por la conferencia; la resolución resume por lo tanto la concepción marxista según la cual, para que triunfe la revolución socialista, es indispensable que la clase obrera asegure su independencia política mediante la creación de su propio partido de clase: Considerando el siguiente pasaje del preámbulo de las Estatutos [generales de la Asociación Internacional de los Trabajadores]: “que la emancipación económica de la clase obrera es el gran fin al que todo movimiento político debe ser subordinado como medio”; Que el Manifiesto inaugural de la Asociación Internacional de los Trabajadores (1864) dice: “los señores de la tierra y los señores del capital se valdrán siempre de sus privilegios políticos para defender y perpetuar sus monopolios económicos. Muy lejos de contribuir a la emancipación del trabajo, continuarán oponiéndole todos los obstáculos posibles.... La conquista del poder político ha venido a ser, por lo tanto, el gran deber de la clase obrera”; Que el Congreso de Lausana (1867) ha aprobado esta resolución: “La emancipación social de los trabajadores es inseparable de su emancipación política”; Que la declaración del Consejo General relativa al supuesto complot de los Internacionalistas franceses en vísperas del plebiscito (1870) dice: “Ciertamente, según el tenor de nuestros Estatutos, todas nuestras secciones en Inglaterra, en el continente [europeo] y en América tienen la misión especial, no solo de servir como centros para la organización militante de la clase trabajadora, sino también de apoyar, en sus respectivos países, todo movimiento político tendiente a lograr nuestro fin último: la emancipación económica de la clase trabajadora”; Que las traducciones falsas de los Estatutos originales han dado lugar a diversas interpretaciones que fueron perjudiciales para el desarrollo y la acción de la Asociación Internacional de Trabajadores; Ante una reacción desenfrenada que aplasta violentamente todo esfuerzo de emancipación de los trabajadores y pretende mantener por la fuerza bruta la distinción de clases y la dominación política de las clases propietarias que resulta de ella; Considerando que, contra este poder colectivo de las clases propietarias, la clase obrera no puede actuar como clase sino constituyéndose en un partido político, distinto y opuesto a todos los viejos partidos formados por las clases propietarias; Que esta constitución de la clase obrera en partido político es indispensable para asegurar el triunfo de la Revolución social y su fin último: la abolición de las clases; Que la combinación de fuerzas que la clase trabajadora ya ha realizado con sus luchas económicas [en los sindicatos] debe servir al mismo tiempo como palanca para sus luchas contra el poder político de terratenientes y capitalistas. La Conferencia recuerda a los miembros de la Internacional: Que, en la lucha de la clase obrera, su movimiento económico y su acción política están indisolublemente unidos. (International Working Men's Association 1871, énfasis en el original). Los textos de las resoluciones de la Conferencia de Londres aparecieron en forma de folleto en inglés y luego en traducciones en varios órganos de prensa en Alemania, Suiza, Bélgica, España e Italia (Katz 1992, p. 94). Wilhelm Liebknecht publicó las resoluciones de la Conferencia de Londres y los nuevos estatutos de la Internacional en el Volksstaat del 15 de noviembre de 1871 y el 10 de febrero de 1872 respectivamente (Morgan 1965, p. 226). El congreso de la Haya y la escisión de la Internacional En la reunión del Consejo General celebrada el 23 de julio de 1872, Vaillant propuso introducir la resolución No. IX sobre la “acción política de la clase obrera” entre los temas a discutir en el próximo congreso de la Asociación Internacional de los Trabajadores, que debía reunirse en La Haya en septiembre de dicho año. Vaillant argumentó que la resolución había “producido una gran sensación y la mayor parte del éxito de la Internacional en los últimos tiempos se debe a esa resolución, por lo que el Consejo debería reafirmarla y adoptarla como una de las reglas fundamentales de la sociedad.” Engels lo secundó, argumentando que “las mismas razones que nos hicieron adoptarla en la Conferencia aún existen y tendremos que combatirlas en el Congreso” (General Council of the First International 1872, pp. 262-263). La Resolución de la Conferencia de Londres sobre la “Acción política de la clase trabajadora” fue luego aprobada por el quinto y último Congreso de la Asociación Internacional de los Trabajadores, celebrado en La Haya del 2 al 7 de septiembre de 1872. A este congreso de la Internacional asistieron 65 delegados de 12 países con 95 mandatos y en representación del Consejo General en Londres. Fue el único congreso al que asistieron Marx y Engels, y se hizo famoso principalmente por dos cosas. Primero, porque el Congreso de La Haya expulsó a Bakunin y a su seguidor James Guillaume, tras determinar que la Alliance de la démocratie socialiste, controlada por los anarquistas, era una sociedad secreta cuyo objetivo era tomar el control de la Internacional (Association internationale des travailleurs 1873). En julio de 1872, dos meses antes del Congreso de La Haya, August Bebel y Wilhelm Liebknecht, que se habían abstenido durante la votación de los créditos de guerra en el Reichstag en julio de 1870, entraron en su prisión por dos años después de su sensacional juicio por “alta traición”. Sin embargo, a pesar de sus problemas, el Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands envió una gran delegación a La Haya: un grupo de nueve delegados alemanes asistió al Congreso como partidarios del Consejo General, y aunque Marx podría haber tenido éxito en la expulsión de Bakunin y su lugarteniente Guillaume sin su ayuda, su presencia naturalmente fortaleció su posición (Morgan 1965, págs. 219, 226). La expulsión de Bakunin y Guillaume resultó en la escisión de la Internacional. El 15 de septiembre de 1872, sólo ocho días después de la clausura del congreso en La Haya, un congreso de la federación de Jura, controlada por los seguidores de Bakunin, se reunió en St. Imier. Con la presencia de dieciséis delegados, entre ellos Guillaume y Bakunin, el congreso de St. Imier declaró nulas y sin efecto las resoluciones aprobadas en La Haya, en particular las expulsiones, se negó a reconocer los “poderes autoritarios” del Consejo General y manifestó su determinación de trabajar por el establecimiento de un “pacto federativo y libre” entre todas las federaciones que deseasen participar en él. El llamamiento de la federación de Jura fue respondido por los españoles, que celebraron su propio congreso poco después. En segundo lugar, el congreso de La Haya trasladó la sede del Consejo General de Londres a Nueva York, donde sería dirigido por el seguidor de Marx, Friedrich Sorge, para evitar que el Consejo fuera controlado por los blanquistas de Londres, quienes, bajo el liderazgo de Édouard Vaillant, habían recientemente adquirido posiciones de poder en la autoridad central de la Internacional. La ruptura de la alianza entre marxistas y blanquistas en el Congreso de La Haya contribuyó en gran medida a precipitar el declive de la organización, que fue consagrada por el traslado de la sede del Consejo General a Nueva York. La Internacional no pudo sobrevivir mucho tiempo después de la derrota de la Comuna de París, y fue disuelta oficialmente en 1876 (Katz 1992, p. 135-137).10 Menos comentado, pero no menos importante, es el hecho de que el congreso de La Haya adoptó el artículo 7a del Reglamento General de la Asociación Internacional de los Trabajadores, que resumió las ideas principales de la Resolución de la Conferencia de Londres sobre “Acción política de la clase trabajadora.” El viernes 6 de septiembre de 1871, en la quinta sesión del Congreso, se sometieron a discusión los nuevos párrafos del Reglamento General sobre la acción política de la clase obrera. Se presentó una moción para insertar, entre los párrafos 7 y 8 del Reglamento General, los párrafos que luego se convirtieron en el Artículo 7a. El blanquista francés exiliado Édouard Vaillant, el socialdemócrata alemán Adolf Hepner y el comunero exiliado Charles Longuet se pronunciaron a favor de añadir el nuevo artículo al Reglamento (tanto Vaillant como Longuet eran miembros del Consejo General), mientras que Guillaume se pronunció en contra. Vaillant declaró: Debemos formar un partido propio contra todos los partidos de las clases dominantes y propietarias sin ninguna conexión con las clases burguesas; incluso en el Manifiesto inaugural se recomendó la acción política de la clase obrera, y el Consejo General nunca se apartó de este deber; la Conferencia de Londres comprendió perfectamente esta verdad y asumió la responsabilidad de la Comuna, y los proletarios de todas partes se adhirieron [a la Comuna] (Gerth 1958, p. 217). Hepner argumentó que los trabajadores alemanes no podían “mirar con complacencia cómo se hace una revolución en Francia” porque “el movimiento internacional no conoce la abstención política”. Contra los “antiautoritarios” que culpaban al “Consejo General por su uso excesivo de autoridad”, Hepner argumentó que los trabajadores alemanes creían “que la Comuna fue derrocada principalmente por falta de autoridad y de su uso” (Gerth 1958, pp. 217-218). Guillaume sostuvo que los bakuninistas “no quieren confundirse con los gobiernos actuales, en el parlamentarismo; deseamos aplastar (aplatir) a todos los gobiernos”. Por lo tanto, en realidad no eran “abstencionistas, una frase mal elegida de Proudhon”, sino “partidarios de una política definida, de la revolución social, de la destrucción de la política burguesa, del Estado”. Por lo tanto, los seguidores de Bakunin rechazaban “la toma del poder político en el Estado” y exigían en cambio “la destrucción total del Estado como expresión del poder político” (Gerth 1958, p. 219). Longuet argumentó que, cuando la derrota de Sedán derrocó al Segundo Imperio, “si hubiéramos estado mejor organizados como partido político, Jules Favre y sus semejantes no hubieran tomado el control y la Comuna no habría sido proclamada y victoriosa sólo en París, sino también en Berlín y en otros lugares”. La Comuna de París había caído “por falta de organización, de organización política”. El colectivismo de Guillaume no podría realizarse en la práctica “sin cierta centralización de fuerzas”. La conclusión de Longuet era que “debido a la lucha económica los trabajadores deben organizarse en un partido político, si no queremos que no quede nada de la Internacional, y Guillaume, cuyo maestro es Bakunin, no pueda pertenecer a la Asociación Internacional de los Trabajadores manteniendo tales puntos de vista” (Gerth 1958, pp. 219-220). La moción para agregar un nuevo artículo a las Reglas Generales fue finalmente aprobada en el Congreso de La Haya por 36 votos contra 5, con 8 abstenciones (Gerth 1958, pp. 216-220, 251, 285-286). El Artículo 7a del Reglamento General de la Asociación Internacional de los Trabajadores dice lo siguiente: En su lucha contra el poder unido de las clases poseedoras, el proletariado no puede actuar como clase más que constituyéndose él mismo en partido político distinto y opuesto a todos los antiguos partidos creados por las clases poseedoras. Esta constitución del proletariado en partido político es indispensable para asegurar el triunfo de la revolución social y de su fin supremo: la abolición de las clases. La combinación de fuerzas que la clase obrera ya ha realizado con sus luchas económicas debería, al mismo tiempo, servir de palanca para sus luchas contra el poder político de sus explotadores. Puesto que los señores de la tierra y del capital se sirven siempre de sus privilegios políticos para defender y perpetuar sus monopolios económicos y para sojuzgar el trabajo, la conquista del poder político se ha convertido en el gran deber del proletariado (Asociación Internacional de los Trabajadores 1872, pp. 400-401). Esta es exactamente la misma idea contenida en los añadidos de Marx al libro de Lissagaray, particularmente en su balance político de la Comuna de París, donde Marx pregunta: “¿Qué legado ha dejado?”, y contesta “Una bandera, la Comuna libre; un partido bien establecido, el Partido Obrero (die Arbeiterpartei)”. La edición alemana del libro de Lissagaray y la Crítica del programa de Gotha de Marx El ciclo de revueltas en Francia que comenzó en 1789 (1830, 1848 y finalmente 1871) llegó a un final temporal después de la Comuna de París, y, luego de la escisión en la Asociación Internacional de los Trabajadores, la tarea práctica de construir partidos obreros de masas en los distintos países alentó un enfoque diferente. Después de la represión de la Comuna, el foco del movimiento obrero internacional se trasladó, no a los Estados Unidos como esperaban Marx y Engels en La Haya, sino a Alemania. Esta es la razón por la cual, desde 1876 hasta 1877, Marx estuvo muy involucrado en la supervisión de la traducción del libro de Lissagaray al alemán: los añadidos de Marx y sus alusiones al “Partido Obrero” también se debieron a la audiencia prevista para la versión alemana. Para comprender las razones del involucramiento de Marx en 1876-77 en la traducción alemana de la Historia de la Comuna de 1871 de Lissagaray, debemos recordar la actitud de Marx hacia el Partido Socialista Obrero de Alemania (Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands, SAPD), que había sido formado poco antes, en un congreso celebrado en la ciudad de Gotha en mayo de 1875. Dicho partido, el predecesor del Partido Socialdemócrata de Alemania (Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD), fue el resultado de la fusión de la Asociación General de Trabajadores Alemanes lassalleana (Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein, ADAV) con el Partido Obrero Socialdemócrata (Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, SDAP) liderado por August Bebel y Wilhelm Liebknecht. Los dos partidos se habían acercado debido a la unificación de Alemania luego de la Guerra Franco-Prusiana. Marx estaba preocupado por la influencia de la estrategia de los lassalleanos de transformar al estado semi-absolutista alemán en un vehículo para el cambio social radical, pero también por la estrategia de sus supuestos discípulos dirigidos por Bebel y Liebknecht, conocidos como los “Eisenachers” porque su congreso fundacional, en el que adoptaron un programa que pedía el establecimiento de un “Estado Popular Libre” (Freie Volksstaat), tuvo lugar en la ciudad de Eisenach en 1869. Los Eisenachers entendían por “Estado Popular Libre” un estado completamente democrático, incluyendo el sufragio universal tanto para hombres como para mujeres, así como un sistema de representación parlamentaria. También entendían que significaba una república, pero no empleaban dicho término debido a los peligros que esto implicaba en el marco del sistema monárquico del Segundo Imperio alemán (Deutsches Reich). El “Estado Popular Libre” era un eufemismo para la república. El programa de Eisenach de 1869 exigía la extensión del sufragio universal masculino, directo y secreto, a todas las elecciones al parlamento, las dietas estatales y los organismos municipales; viáticos para los representantes elegidos; la introducción de legislación directa por parte del pueblo mediante la iniciativa y el referéndum; la abolición de los privilegios jurídicos y políticos de clase, propiedad, nacimiento y confesión; el establecimiento de una milicia popular para reemplazar al ejército permanente; la separación de la iglesia del estado y de las escuelas de las iglesias; educación obligatoria en escuelas primarias e instrucción gratuita en todas las instituciones educativas públicas; la independencia de los tribunales y la creación de tribunales industriales con jurados y asesoría legal gratuita; y, finalmente, la abolición de las leyes restrictivas sobre la prensa y la asociación (Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein 1869, pp. 121-122). En muchos aspectos, el partido creado en el congreso de Gotha era un partido obrero modelo. Tenía una base de masas real. En el congreso de unificación celebrado en Gotha del 22 al 27 de mayo de 1875, sólo estuvieron representados aquellos miembros que habían pagado las cuotas del último trimestre a cualquiera de las dos fracciones: por parte de los lassalleanos hubo 73 delegados con 15.322 votos; por parte de los Eisenachers, 56 delegados con 9.121 votos. En el segundo congreso celebrado en Gotha del 19 al 23 de agosto de 1876, los 98 delegados ya representaban un total de 38.254 miembros de 291 locales, un aumento considerable en la membresía sobre los 24.443 miembros de 1875 (Mehring 1913, pp. 89, 104). El partido tenía un liderazgo probado y confiable, que ya había soportado el encarcelamiento por defender sus ideales y pronto tendría que pasar a la clandestinidad o al exilio en 1878. Su principal líder, August Bebel, era un trabajador que había salido de las filas de la clase obrera y que se convertiría en la encarnación del trabajador con conciencia de clase que dedicó toda su vida a la emancipación de los trabajadores de la esclavitud asalariada (Bebel 1912). El partido adoptó tanto un programa como estatutos en su primer congreso, y dichos estatutos no quedaron en letra muerta, sino que eran aplicados en la práctica: los miembros tenían derecho a formar tendencias y a defender sus puntos de vista en las publicaciones del partido (ver Die Organistation der deutschen Arbeiterpartei in Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands 1875). El partido organizaba congresos anuales, en los que los delegados elegidos por los miembros tenían derecho a elegir la dirección del partido y a controlar sus finanzas, y cuyas actas (que incluían los debates y no sólo las resoluciones) se publicaban en forma de libro con el fin de involucrar en la medida de lo posible a la clase obrera en los debates del partido (Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands 1876). Esta tradición tuvo que ser suspendida cuando el partido fue obligado a pasar a la clandestinidad bajo las leyes antisocialistas de Bismarck de 1878-1890, pero se reanudó tan pronto como le resultó posible celebrar nuevamente congresos en suelo alemán.11 El SPD creó un movimiento sindical de masas y un movimiento de mujeres trabajadoras de masas prácticamente desde cero, aunque ambos pronto se enfrentaron entre sí debido a la formación gradual de una burocracia sindical (Gaido y Frencia 2018). Pero en 1875, la principal deficiencia del partido era su debilidad programática, razón por la cual Marx y Engels centraron sus críticas en ese punto en particular. En sus Glosas marginales al programa del Partido Obrero Alemán de 1875, Marx criticó casi todos los puntos en los que los Eisenachers creían, porque denunció no sólo los elementos lassalleanos del nuevo programa, sino también, con la misma energía, su apoyo a la democracia política, que es una forma de dominación de clase de la burguesía. En un pasaje crucial, Marx observó que sus reivindicaciones políticas no se salen de la vieja y consabida letanía democrática: sufragio universal, legislación directa, derecho popular, milicia del pueblo, etc. Son un simple eco del Partido Popular [Volkspartei] burgués, de la Liga por la Paz y la Libertad. Son, todas ellas, reivindicaciones que, cuando no están exageradas hasta verse convertidas en ideas fantásticas, están ya realizadas. Sólo que el Estado que las ha puesto en práctica no cae dentro de las fronteras del imperio alemán, sino en Suiza, en los Estados Unidos, etc. Esta especie de “Estado del futuro” es ya Estado actual, aunque situado fuera “del marco” del imperio alemán (Marx 1875, p. 26, énfasis en el original). Según la crítica de Marx, el programa confundía toda la cuestión de los objetivos finales del socialismo, porque sugería tácitamente que el partido no buscaba más que alcanzar una república democrática. Marx no negaba que los socialistas tuvieran que tener como objetivo la república democrática, pero sólo como una etapa de transición hacia la sociedad comunista. Por eso precedió su ataque a la “vieja y consabida letanía democrática” con una explicación de la naturaleza de todo el período de transición: Entre la sociedad capitalista y la sociedad comunista media el período de la transformación revolucionaria de la primera en la segunda. A este período corresponde también un período político de transición, cuyo Estado no puede ser otro que la dictadura revolucionaria del proletariado (Marx 1875, p. 25, énfasis en el original). La expresión “dictadura del proletariado” no aparece en el Manifiesto comunista de 1848; Marx la empleó por primera vez en su libro Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850, escrito en 1850, y los orígenes de la misma se remontan a la masacre de 3.000 trabajadores parisinos por la burguesía francesa conocida como las “Jornadas de junio” (journées de Juin) de 1848.12 Por lo tanto, Marx había estado postulando la necesidad de una etapa transicional de dictadura del proletariado desde 1850, y de hecho la consideraba como la piedra angular de su teoría política13, pero fue Engels quien hizo explícita la conexión entre la Comuna de París y la dictadura del proletariado en su introducción a la edición de 1891 de La guerra civil en Francia, donde escribió: “Últimamente, las palabras ‘dictadura del proletariado’ han vuelto a sumir en santo horror al filisteo socialdemócrata. Pues bien, caballeros, ¿queréis saber qué faz presenta esta dictadura? Mirad a la Comuna de París: ¡he ahí la dictadura del proletariado!” (Engels 1891, p. 504). En una carta dirigida a Bebel el 18-28 de marzo de 1875, junto con muchos puntos similares a los de la Crítica del programa de Gotha, Engels ridiculizó con desprecio el “montón de demandas puramente democráticas bastante confusas” que los Eisenachers habían incluido en el programa para contrarrestar las ideas lassalleanas. Engels centró su crítica en la idea del “estado libre” y recomendó que se eliminaran del programa todas las referencias al “estado”, el “estado popular” o el “estado libre”, porque todas las estructuras políticas son instrumentos de dominio de clase. En uno de los pasajes cruciales, explicó esto a Bebel de la siguiente manera: Siendo el Estado una institución meramente transitoria, que se utiliza en la lucha, en la revolución, para someter por la violencia a los adversarios, es un absurdo hablar de Estado popular libre: mientras el proletariado necesite todavía del Estado no lo necesitará en interés de la libertad, sino para someter a sus adversarios, y tan pronto como pueda hablarse de libertad, el Estado como tal dejará de existir. Por eso nosotros propondríamos decir siempre, en vez de la palabra Estado, la palabra “comunidad” (Gemeinwesen), una buena y antigua palabra alemana equivalente a la palabra francesa commune (Engels 1875, p. 36, énfasis en el original). Si la exposición de Engels encapsulaba muy bien la teoría marxista del estado, también golpeaba al corazón de las tradiciones políticas de los Eisenachers. Precisamente como Marx en la Crítica del programa de Gotha, Engels les pidió abandonar su compromiso con el “Estado del pueblo” como un objetivo final del movimiento socialista y, por lo tanto, repensar toda la cuestión de los objetivos inmediatos, transicionales y finales. Además, con su referencia a la Comuna hizo una sugerencia específica sobre lo que sería apropiado como una consigna para definir el objetivo final. Como Marx, Engels dejó muy claro que para los socialistas una república democrática sólo podía ser un objetivo transicional o intermedio en el camino hacia la sociedad socialista final. Marx y Engels creían que estas distinciones tenían que estar claras para que los socialistas pudieran sentar una base ideológica que los distinguiera de los demócratas burgueses y los guiara en su papel de líderes de la clase obrera. Las recomendaciones de Engels implicaban dos tareas, una negativa y la otra positiva. Ante todo, era necesario omitir toda referencia al “Estado del pueblo” como objetivo político del movimiento obrero, porque el socialismo no tendría ninguna necesidad de utilizar el estado y porque el “Estado popular” encarnaba los objetivos de los demócratas burgueses y, por lo tanto, sólo podía ser una demanda de transición para el partido obrero. Engels también aconsejó que, en lugar de “Estado del pueblo”, los socialistas pensasen en términos de la Comuna como objetivo final del movimiento obrero, porque la Comuna no había sido un estado, y porque, debido a su carácter de clase, se había embarcado en un curso socialista (Lidtke 1966, pp. 47-50). Es la misma idea que Marx expresó en sus añadidos al libro de Lissagaray, donde argumentó que “La noción de comunalismo es, pues, la idea, el gobierno de los trabajadores (die Mitregierung des Arbeiters) es el hecho en que culmina el 18 de marzo”. Conclusiones Los añadidos de Marx a la Historia de la Comuna de 1871 de Lissagaray contribuyen a concretizar su análisis de la Comuna de París como el primer intento de crear un gobierno obrero. Describen los antecedentes del levantamiento de los trabajadores parisinos en las condiciones políticas y sociales del Segundo Imperio Francés y en las circunstancias brutales de la derrota militar en la Guerra Franco-Prusiana y del sitio de París. También muestran por qué la idea comunal se convirtió en el centro de las aspiraciones populares en la capital, cuyos habitantes habían sido privados de autogobierno local durante ochenta años. Aunque elogió su valentía e internacionalismo, Marx criticó duramente la insuficiencia de los líderes de la Comuna de París, incluyendo los de la minoría después de la división en el Consejo de la Comuna. Marx explicó esas debilidades por la falta de derechos democráticos, que privaron a la clase trabajadora de la oportunidad de desarrollar su conciencia de clase y su organización, una deficiencia que se manifestó en el desarrollo incipiente de la Asociación Internacional de los Trabajadores. En consecuencia, Marx ofreció una imagen matizada de la Comuna como un gobierno de clase obrera, mostrando cómo, aún después de que los trabajadores destrozaran el aparato estatal de la burguesía en la capital, su propio gobierno de clase siguió estando mediado por sus representantes políticos, lo cuales eran, social e ideológicamente, en su mayoría pequeñoburgueses. En los capítulos finales del libro de Lissagaray, Marx añadió una descripción desgarradora de la brutalidad de la represión burguesa que siguió a la derrota de la Comuna de París, que desafortunadamente tuvimos que dejar de lado por razones de espacio. Pero quizás el aspecto más interesante de sus añadidos es el balance político que Marx hizo de la experiencia de la Comuna. Marx argumentó que, aunque fue derrotada, la Comuna dejó a la clase obrera un legado indeleble: la idea de que los trabajadores tenían que organizarse en un partido propio y que, después de aplastar al Estado burgués, debían establecer un gobierno obrero para poder “hacerse cargo de sus propios asuntos”. Tal como Marx la elaboró posteriormente en su Crítica del programa de Gotha, dicha perspectiva implicaba que el partido obrero debía ir más allá de la república democrática, que es una forma de dominio de clase burgués, y esforzarse, después de “un período político de transición, cuyo Estado no puede ser otro que la dictadura revolucionaria del proletariado”, por reemplazar al estado por la Comuna como objetivo final del movimiento obrero. La Comuna de Paris les había mostrado a los trabajadores el camino político a seguir para lograr su propia liberación: “es por eso”, concluyó Marx, “que todos los trabajadores de la tierra le dan la bienvenida como una fecha de liberación”. Referencias Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein 1869, Das Eisenacher Programm. Beschlossen auf dem Parteitag des Allgemeinen Deutschen sozial-demokratischen Arbeiterkongresses zu Eisenach am 7., 8. und 9. August 1869. Bericht nach den Protokollen des Parteitages, Offenbach: Drott, 1947. Asociación Internacional de los Trabajadores 1872, “Estatutos Generales de la Asociación Internacional de los Trabajadores”, en Karl Marx y Friedrich Engels, Obras escogidas, Madrid: Akal, 2016, Vol. 1, pp. 398-401. Association internationale des travailleurs 1871, Procès-verbaux de la Conférence des délégués de l’Association Internationale des Travailleurs réunie à Londres du 17 au 23 septembre 1871, in Karl Marx und Friedrich Engels, Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA²), I/22. Werke, Artikel, Entwürfe, März bis November 1871, Berlin: Dietz Verlag, 1978, pp. 641-748. Association internationale des travailleurs 1873, L’alliance de la démocratie socialiste et l'association internationale des travailleurs : Rapport et documents publiés par ordre du congrès international de La Haye, Londres : A. Darson. Bebel, August 1912, My Life, London: Е. Fisher and Unwin. Bidouze, René 1991, Lissagaray, la plume et l'épée, Paris : Editions ouvrières. Dommanget, Maurice 1962, "La Première Internationale", Revue d'histoire économique et sociale, Vol. 40, No. 4, pp. 549-556. Edwards, Stewart (ed.) 1973, The Communards of Paris, 1871, Cornell University Press. Engels, Friedrich 1871a, “Über die politische Aktion der Arbeiterklasse. Rededisposition für die Sitzung der Londoner Konferenz am 21. September 1871”, in Karl Marx und Friedrich Engels, Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA²), I/22. Werke, Artikel, Entwürfe, März bis November 1871, Berlin: Dietz Verlag, 1978, p. 307. Engels, Friedrich 1871b, “Sur l'action politique de la classe ouvrière : Note manuscrite du discours prononcé à la séance du 21 septembre 1871 de la Conférence de Londres,” in Karl Marx und Friedrich Engels, Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA²), I/22. Werke, Artikel, Entwürfe, März bis November 1871, Berlin: Dietz Verlag, 1978, p. 308. Engels, Frederick 1874, “El programa de los emigrados blanquistas de la comuna (Artículo II de la serie Literatura de los emigrados),” Der Volksstaat, No. 73, 26 de junio de 1874, en Karl Marx y Friedrich Engels, Obras escogidas, Moscú: Editorial Progreso, 1974, tomo II, pp. 401-408. Engels, Friedrich 1875, “Carta a A. Bebel, 18-28 de marzo de 1875”, en Karl Marx y Friedrich Engels, Obras Escogidas, Madrid: Akal, 2016, Vol. 2, pp. 31-38. Engels, Friedrich 1891, “Introducción a La guerra civil en Francia” (“Londres, en el vigésimo aniversario de la Comuna de París, 18 de marzo de 1891”), en Karl Marx y Friedrich Engels, Obras escogidas, Madrid: Akal, 2016, Vol. 1, pp. 491-504. Freymond, Jacques (ed.) 1962, La Première Internationale, recueil de documents publié sous la direction de Jacques Freymond ; texte établis par Henri Burgelin, Knut Langfeldt et Miklós Molnár ; introduction par Jacques Freymond ; Genev̀e : Librarie E. Droz, 1962-1971. Tome 1 : La préhistoire de la 1e Internationale, les Congrès de Genève, Lausanne, Bruxelles. Tome 2 : Congrès de Bâle, Conférence de Londres de 1871, Congrès de La Haye. Tome 3 : Les conflits au sein de l'internationale 18872-1873. Tome 4 : Les congrès et les conférences de l'internationale 1873-1877. Gaido, Daniel and Cintia Frencia 2018, “‘A Clean Break’: Clara Zetkin, the International Socialist Women's Movement and Feminism,” International Critical Thought, Vol. 8, No. 2, June 2018, pp. 1-27. General Council of the First International 1872, Documents of the First International: The General Council of the First International, 1871-1872: Minutes, London: Lawrence & Wishart, n.d. Gerth, Hans 1872, The First International: Minutes of the Hague Congress of 1872, with related documents. Photofacsimile with English translation, and editorial material by Hans Gerth, Madison: The University of Wisconsin Press, 1958. Gluckstein, Donny 2006, The Paris Commune: A Revolutionary Democracy, London: Bookmarks. Godineau, Laure, et Marc César (dir.) 2019, La Commune de 1871 : Une relecture, Paris : Créaphis. International Working Men's Association 1871, “Resolutions of the Conference of Delegates of the International Working Men's Association Assembled at London from 17th to 23rd September 1871 (Circular issued by the General Council of the Association): IX. Political Action of the Working Class,” in Karl Marx and Frederick Engels, Collected Works, London: Lawrence & Wishart, 1978, Vol. 22: Marx and Engels, 1870-1871, pp. 426-427. International Working Men's Association 1872, “Amendments to the General Rules and Administrative Regulations of the International Working Men's Association adopted by the General Council in the Summer of 1872: General Rules of the International Working Men's Association,” in Karl Marx and Frederick Engels, Collected Works, London: Lawrence & Wishart, 1978, Vol. 23: Marx and Engels, 1871-1874, pp. 198-201. Kapp, Yvonne 1972, Eleanor Marx: The crowded years (1884-1898), New York: Pantheon Books. Katz, Henryk 1992, The Emancipation of Labor: A History of the First International, Westport, CT: Greenwood Press. Kouvélakis, Stathis (ed.) 2021, Karl Marx et Friedrich Engels sur la Commune de Paris : Textes et controverses ; Choix de textes et présentation par Stathis Kouvélakis, Paris : Éditions sociales. Lidtke, Vernon L. 1966, The Outlawed Party: Social Democracy in Germany, 1878-1890, Princeton, N. J.: Princeton University Press. Lissagaray, Prosper-Olivier 1871, Les Huit Journées de mai derrière les barricades, Bruxelles : Bureau du Petit Journal. Lissagaray, Prosper-Olivier 1873, Vision de Versailles, Bruxelles : Librairie Socialiste. Lissagaray, Prosper-Olivier 1876, Histoire de la Commune de 1871, Bruxelles : Librairie contemporaine de Henri Kistemaecker. Lissagaray, Prosper-Olivier 1877, Geschichte der Commune von 1871. Autorisirte deutsche Ausgabe nach dem vom Verfasser vervollständigten französischen Original. Braunschweig: Bracke, Jr. Lissagaray, Prosper-Olivier 1886, History of the Commune of 1871, translated from the French of Lissagaray by Eleanor Marx Aveling, London: Reeves and Turner. Lissagaray, Prosper-Olivier 1896, Histoire de la Commune de 1871, Paris : E. Dentu Éditeur. Lissagaray, Prosper-Olivier 1971, Historia de la Comuna de Paris, Barcelona: Estela. 2 vols. Marx, Karl 1850, La lucha de clases en Francia, 1848-1850, escrito por Marx en 1850, publicado por vez primera en la revista Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue, Nos. 1, 2, 3 and 5-6, 1850, en Karl Marx y Friedrich Engels, Obras escogidas, Madrid: Akal, 2016, Vol. 1, pp. 112-245. Marx, Karl 1852, “Marx a J. Weydemeyer, 5 de marzo de 1852”, en Karl Marx y Friedrich Engels, Obras escogidas, Madrid: Akal, 2016, Vol. 2, p. 481. Marx, Karl 1871, La guerra civil en Francia: Manifiesto del Consejo General de la Asociación Internacional de los Trabajadores (abril-mayo de 1871), en Karl Marx y Friedrich Engels, Obras escogidas, Madrid: Akal, 2016, Vol. 1, pp. 491-571. Marx, Karl 1871a, “Marx a L. Kugelmann” (Londres, 12 de abril de 1871)”, en Karl Marx y Friedrich Engels, Obras escogidas, Madrid: Akal, 2016, Vol. 2, pp. 492-493. Marx, Karl 1872, “The Nationalisation of the Land,” The International Herald, No. 11, 15 June 1872, in Karl Marx and Frederick Engels, Collected Works, London: Lawrence & Wishart, 1978, Vol. 23: Marx and Engels, October 1871-July 1874, pp. 131-136. Marx, Karl 1875, Glosas marginales al programa del Partido Obrero Alemán: Crítica del programa de Gotha (mayo de 1875), en Karl Marx y Friedrich Engels, Obras escogidas, Madrid: Akal, 2016, Vol. 2, pp. 5-42. Marx, Karl 1876, “Marx an Wilhelm Bracke in Braunschweig (London, 23. September 1876),” en Karl Marx und Friedrich Engels, Werke, Band 34, Briefe, Januar 1875-Dezember 1880, Erster Teil: Briefwechsel zwischen Marx und Engels, Februar 1875-September 1880, Berlin: Dietz Verlag, 1967, pp. 203-204. Marx, Karl 1877, “Marx an Wilhelm Blos in Hamburg (London, 10. November 1877),” en Karl Marx und Friedrich Engels, Werke, Band 34, Briefe, Januar 1875-Dezember 1880, Zweiter Teil: Briefe von Marx und Engels an dritte Personen, Januar 1875-Dezember 1880, Berlin: Dietz Verlag, 1967, pp. 308-309. Marx, Karl 1881, “Marx an Ferdinand Domela Nieuwenhuis, 22. Februar 1881,” en Karl Marx und Friedrich Engels, Werke, Band 35, Zweiter Teil: Briefe von Marx und Engels an dritte Personen, Januar 1881-März 1883, Berlin: Dietz Verlag, 1967, pp. 159-161. Marx, Karl Jenny Marx, et Friedrich Engels 1971, Lettres à Kugelmann, Traduction, présentation et notes de Gilbert Badia, Paris : Éditions sociales. Mehring, Franz 1913, Geschichte der deutschen Sozialdemokratie, Vierter Band: Bis zum Erfurter Programm, fünfte Auflage, Stuttgart : J. H. W. Dietz Nachfolger. Réimpression du Journal officiel de la République française sous la commune, du 19 mars au 24 mai 1871, Paris : Victor Bunel Éditeur, 1872. Riazanov, David 1927, Karl Marx and Friedrich Engels, London: Lawrence & Wishart. Rougerie, Jacques 1971, Paris libre, 1871, Paris : Éditions du Seuil. Rougerie, Jacques 1972, « L'A.I.T. [Association internationale des travailleurs] et le mouvement ouvrier à Paris pendant les événements de 1870-1871 », International Review of Social History, Vol. 17, Issue 1, April 1972, pp. 3-102. Rougerie, Jacques 2009, « Écriture d’une histoire « immédiate » : l’Histoire de la Commune de 1871 de Lissagaray », en La Révolution, 1789-1871 : Écriture d'une histoire immédiate, édité par Philippe Bourdin, Clermont-Ferrand : Publication de l’Université Blaise Pascal, pp. 307-329. Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands 1875, Protokoll des Vereinigungs-Congresses der Sozialdemokraten Deutschlands abgehalten zu Gotha, vom 22. bis 27. Mai 1875, Druck und Verlag der Genossenschaftsdruckerei, 1875. [Reprinted as Das Gothaer Programm. Beschlossen auf dem Vereinigungs-Kongreß der Sozialdemokraten Deutschlands in Gotha vom 22. bis 27. Mai 1875. Offenbach am Main: Bollwerk-Verlag Karl Drott, 1947.] Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands 1876, Protokoll des Socialisten-Congresses zu Gotha vom 19. bis 23. August 1876, Berlin: Verlag der Allgemeinen Deutschen Associations-Buchdrucherei, 1876. Tombs, Robert 1999, The Paris Commune 1871, London: Longman. Tombs, Robert 2014, Paris, bivouac des révolutions : La Commune de 1871, Paris : Libertalia. Durante el asedio alemán, el Journal Officiel de la municipalidad de París había insertado una carta de Courbet exigiendo el derrocamiento de la columna. (Nota de Marx) Por lo tanto, Courbet aún no era miembro de la Comuna. Sin embargo, el poder judicial de Versalles lo trató como el autor principal de la caída de la columna y lo condenó a sufragar el costo de la reconstrucción. (Nota de Marx) Geschichte der Commune von 1871, pp. 232. Geschichte der Commune von 1871, pp. 238-239. History of the Commune of 1871, pp. 497-498; Geschichte der Commune von 1871, p. 214. Marx añadió como Apéndice I a La guerra civil en Francia una versión abreviada de este informe (Marx y Engels 2016, tomo I, pp. 568-569). Geschichte der Commune von 1871, pp. 362-367. En una carta dirigida al traductor del libro de Lissagaray al alemán, Wilhelm Blos, fechada el 10 de noviembre de 1877, Marx escribió: “Respecto a la ‘suppression de l'État’, una expresión que el propio Lissagaray modificará en la 2ª edición francesa, el sentido no es diferente del expuesto en mi panfleto sobre La guerra civil en Francia. En resumen, puede traducirlo como ‘abolición (o supresión) del estado de clase’ [“Abschaffung (oder Unterdrückung) des Klassenstaats”]” (Marx 1877, p. 308). Pero la confrontación de esta cita aparentemente reveladora con el texto original francés es decepcionante, ya que aparece una nota a pie de página que trata de un tema secundario: « ll [Jean-Baptiste Millière] démontra, pièces en mains, dans le Vengeur qui avait remplacé le Combat, que, depuis de longues années, Jules Favre s'était rendu coupable de faux, de bigamie, de suppression d’état », es decir: “Él [Jean-Baptiste Millière] demostró, con documentos en mano, en el Vengeur que había reemplazado a Combat, que, durante muchos años, Jules Favre había sido culpable de falsificación, bigamia, supresión del estado.” (Lissagaray 1876, p. 54, note 1). En la versión alemana no hay mención alguna del “Abschaffung (oder Unterdrückung) des Klassenstaats” (de hecho, no se menciona al Klassenstaat en absoluto), y la nota al pie se traduce de la siguiente manera: "Er wies im Vengeur, der auf den Combat folgte, mit Actenstücken in der Hand nach, daß sich Jules Favre seit langen Jahren der Fälschung, der Bigamie, der Unterschlagung von Staatsgeldern schuldig gemacht” (Lissagaray 1877, p. 37, nota 2), es decir, suppression d'état se traduce como “malversación de fondos estatales”. Marx estaba satisfecho con la recepción de La guerra civil en Francia. Se vendieron tres ediciones en dos meses y, además, según dijo, “tengo el honor de ser en este momento el hombre más calumniado y más amenazado de Londres”. Según el testimonio de Adolf Hepner, el coeditor del Leipzig Volksstaat, el periódico de August Bebel y Wilhelm Liebknecht, los socialdemócratas alemanes, después de haber distribuido La guerra civil en Francia en más de 4.000 ejemplares en el Volksstaat, publicaron una edición separada de más de 8.000 ejemplares (Gerth 1958, págs. xiii, 218). Las actas de la segunda conferencia de Londres fueron publicadas en el segundo volumen de la colección La Première Internationale, recueil de documents (Freymond 1962, tome 2, pp. 145-244) y en Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA²), I/22. Werke, Artikel, Entwürfe, März bis November 1871, Berlin: Dietz Verlag, 1978, pp. 641-748 (Association internationale des travailleurs 1871). Édouard Vaillant y el resto de los refugiados blanquistas en Londres expusieron sus diferencias con Marx y sus seguidores en dos folletos editados en Londres: Internationale et Révolution: A propos du Congrès de la Haye (noviembre de 1872), y Aux Communeux (junio de 1874) (firmado: groupe La Commune Révolutionnaire). Ambos documentos hablaban de la necesidad de establecer, después de la toma del poder, “la dictature du prolétariat”, pero como argumentó Engels en su respuesta al segundo panfleto, los blanquistas entendían por esta expresión algo diferente a los marxistas: “De la idea blanquista de que toda revolución es obra de una pequeña minoría revolucionaria se desprende automáticamente la necesidad de una dictadura inmediatamente después del éxito de la insurrección, de una dictadura no de toda la clase revolucionaria, del proletariado, como es lógico, sino del contado número de personas que han llevado a cabo el golpe y que, a su vez, se hallan ya de antemano sometidas a la dictadura de una o de varias personas” (Engels 1874, p. 402). Las minutas de los congresos que celebró lo que en 1890 se convirtió en el SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) están disponible online como Protokolle über die Verhandlungen der Parteitage der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands http://library.fes.de/parteitage/index-pt-1890.html “El proletariado de París fue obligado por la burguesía a hacer la insurrección de junio. Ya en esto iba implícita su condena al fracaso. Ni su necesidad directa y confesada le impulsaba a querer conseguir por la fuerza el derrocamiento de la burguesía, ni tenía aún fuerzas bastantes para imponerse esta misión. El Moniteur hubo de hacerle saber oficialmente que habían pasado los tiempos en que la república tenía que rendir honores a sus ilusiones, y fue su derrota la que le convenció de esta verdad: que hasta el más mínimo mejoramiento de su situación es, dentro de la república burguesa, una utopía; y una utopía que se convierte en crimen tan pronto como quiere transformarse en realidad. Y sus reivindicaciones, desmesurados en cuanto a la forma, pero minúsculas e incluso todavía burguesas por su contenido, cuya satisfacción quería arrancar a la república de febrero, cedieron el puesto a la consigna audaz y revolucionaria: ¡Derrocamiento de la burguesía! ¡Dictadura de la clase obrera!” (Marx 1850, p. 160, énfasis en el original). En una carta a Joseph Weydemeyer del 5 de marzo de 1852, Marx escribió: “Por lo que a mí se refiere, no me cabe el mérito de haber descubierto la existencia de las clases en la sociedad moderna ni la lucha entre ellas. Mucho antes que yo, algunos historiadores burgueses habían expuesto ya el desarrollo histórico de esta lucha de clases y algunos economistas burgueses la anatomía económica de éstas. Lo que yo he aportado de nuevo ha sido demostrar: 1) que la existencia de las clases sólo va unida a determinadas fases históricas de desarrollo de la producción; 2) que la lucha de clases conduce, necesariamente, a la dictadura del proletariado; 3) que esta misma dictadura no es de por sí más que el tránsito hacia la abolición de todas las clases y hacia una sociedad sin clases” (Marx 1852, énfasis en el original). VIENE DE: El primer gobierno obrero de la historia (I)

11 de febrero de 2021
De Clausewitz a Althusser
Franz Jakubowski

¿Qué hay de nuevo, viejo? Dos intelectuales orgánicos que militaron por décadas en partidos podridamente estalinistas (Louis Althusser en el PCF, Manuel Sacristán Luzón en el PSUC) son presentados por los autores de este libro como dos “comunistas críticos”. El filósofo francés Louis Althusser generó, desde 1964 y hasta su muerte en octubre del ‘90, animadversión e inspiración por partes iguales. Sus textos adquirieron difusión mundial, pueden hallarse sin dificultad en los syllabus universitarios de los cinco continentes, e incluso algunos textos de divulgación escritos por sus discípulos se han vendido por cientos de miles1. Althusser no es ningún “tapado” que debiera ser rescatado de la “enorme condescendencia de la posteridad”, para tomar prestada la elegante frase de un historiador socialista británico. En escritos ya ampliamente debatidos y refutados durante los últimos 50 años, Althusser, siguiendo al pie de la letra el guion estalinista de la dirección del Partido Comunista Francés, sostuvo que la denuncia de Khrushchev de los crímenes de Stalin en el XX Congreso del PCUS (1956) le dio al trotskismo “un argumento histórico inesperado: una justificación, un nuevo aliento y una segunda vida… Es lo que explica… el refortalecimiento de organizaciones que subsisten desde hace cuarenta años sin haber logrado ninguna victoria histórica”2. Althusser además perpetró una amalgama digna de Andrey Vyshinsky, al sostener que el trotskismo representó sólo una crítica de derecha al estalinismo, exactamente en el mismo plano que el anti-comunismo burgués, que “se aferra y se limita a ciertos aspectos de la superestructura jurídica y, claro está, puede entonces invocar al Hombre y sus Derechos, y oponer el Hombre a la violación de sus Derechos (o los simples ‘consejos obreros’ a la ‘burocracia’)”3. Pero increíblemente, en cambio, en este libro Dal Maso/Petruccelli dicen gratuitamente (sin aportar ninguna cita) que “en distintas ocasiones, Althusser… manifestó respeto e incluso cierto interés por Trotsky” lo cual es totalmente falso4. Conscientes del riesgo de spoilear el final, diremos no obstante que estas posturas recalcitrantes de Althusser, todas archi-conocidas desde hace casi 50 años pero convenientemente omitidas en este libro, no impedirán que Dal Maso y Petruccelli lo celebren como un comunista crítico por “los innumerables aportes a la reflexión teórica… con aciertos y errores… [que] muestran que su potencia crítica podía ir más lejos”5. Hasta ahora, por este contrabando estalinista, no ha habido polémica o debate en ninguna de las diversas publicaciones del PTS. En cambio, sí pudo leerse a Chipi Castillo a fines de diciembre haciendo PNT del libro en Twitter con una foto y un simple “Recomendado!”6. Nos imaginamos la sorpresa de Fredy Lizarrague, de la Comisión Internacional del PTS, que publicó recientemente un artículo llamado “Los dislates que genera romper con la dialéctica materialista” cuando lea este libro elogioso sobre Althusser, quien se propuso DINAMITAR la dialéctica materialista para reemplazarla por el estructuralismo primero, y por el clinamen de inspiración postmoderna después. El filósofo español Manuel Sacristán, en cambio, es virtualmente desconocido en Argentina. Uno se atrevería a decir que estamos ante un 2x1 de la promoción política, del tipo “rehabilite a Althusser, y llévese a Sacristán de regalo”. Después de años de coqueteo platónico del PTS con von Clausewitz, la pasión se desplazó primero hacia Gramsci y ahora parece estar rumbo al dernier cri de la moda intelectual parisina, aunque lamentablemente con 56 años de atraso. Cinema Verité Quien haya tenido la ocasión de leer la autobiografía de Althusser7 seguramente habrá notado esa rara habilidad para “escribir con especial desembarazo de cosas de las que no sabe nada”8, que terminó causándole reiterados ataques de pánico, ante el temor de ser descubierto como un “impostor” dado que admitía no conocer casi nada de la historia de la filosofía y casi nada del Marx maduro, salvo apenas una muy tardía lectura del Libro I de El Capital . Dicen los autores del libro que Althusser “vivió los últimos años de la etapa más estalinista de su partido”9 pero no, esto es inexacto y más bien suena al oído como una forma oblicua de romantizar la trayectoria de Althusser en el PCF, un partido que muy tempranamente (cuando Althusser era sólo un niño!!) se modeló bajo la bolchevización de Zinoviev, siendo que ”durante el año 1924, la lucha por la homogeneización iba a realizarse en dos fases: primero, contra varios funcionarios que critican la línea oficial, y sin que la cuestión rusa sea muy explícita; y con el terreno así preparado, luego activando una vasta campaña contra el trotskismo”10. Luego en los años ’30 tras el fracaso de la línea clase-contra-clase, asume la dirección Maurice Thorez y el partido es el segundo PC en integrar un Frente Popular, actuando como rompe-huelgas durante la oleada de ocupaciones de fábricas en Mayo/Junio del ’36.11 En los años ’40 el PCF calumniaba a destajo con el mote infame “hitléro-trotskysme “y tampoco tenía dramas en liquidar físicamente a sus oponentes, fueran internos (había que eliminar a testigos incómodos de los peores secretos de la vigencia del pacto Hitler-Stalin, con un PC que buscaba integrarse al régimen colaboracionista del mariscal Pétain12) o no (por ejemplo, el líder trotskista italiano Pietro Tresso, asesinado por los maquis estalinistas13). Y luego en los ’50 el PCF sostuvo una política de “defensa de los intereses nacionales franceses” con el estallido de la lucha armada independentista en Argelia14. Es decir, ya el PCF acarreaba un largo historial de trapisondas políticas hasta llegar a jugar su rol nefasto durante el Mayo del ’68, 15 en los que Althusser no jugó ningún rol (ausente con aviso, enfermo) ni tampoco pudo haberlo jugado. Por el contrario, fue objeto de la ironía sarcástica del activismo estudiantil que pintaba en las paredes “A quoi sert Althusser?” (para qué sirve Althusser?) y “Althusser-á-rien” (Althusser-para-nada). En resumen, contrario a lo que sostienen los autores de este libro, Althusser no “vivió los últimos años de la etapa más estalinista de su partido” sino que las direcciones de Waldeck Rochet (1964-72) y Georges Marchais (1972-94) fueron apenas la etapa de su irresistible decadencia. Práctica teórica Fervorosos gramscianos, Dal Maso & Petruccelli citan aprobatoriamente un párrafo del revolucionario sardo para quien “la verdadera filosofía de un hombre político debe buscarse en sus textos políticos, antes que en sus generalizaciones filosóficas”16 pero páginas más adelante señalan en tono comprensivo que “cabe destacar que tanto Althusser como Sacristán fueron pensadores cuyo fuerte no fue el de los problemas estratégicos. Especialmente, porque no se dedicaron a reflexionar de manera sistemática sobre ellos en sus trabajos teóricos”17. Francamente no entendemos la gracia de un filósofo “comunista” que no aplica sus recursos y herramientas conceptuales precisamente para abordar los problemas estratégicos. ¿Cuál es entonces el valor de la teoría “pura” de Althusser? Mencionemos aquí brevemente sólo algunos tópicos althusserianos porque realmente existe una copiosa bibliografía (a favor y en contra) y, además, porque las sucesivas autocríticas, revisiones y ‘pedidos de disculpas’ (que terminaron provocando una legión de apóstatas entre sus discípulos y followers: Ranciére, Poulantzas, Hirst, Hindess, Eagleton, etc.) hacen complicada, e inútilmente extensa, la tarea de seguir todas las torsiones y ramificaciones de sus argumentos: • la dialéctica: según Althusser, Marx no explica adecuadamente la especificidad de su interpretación de la dialéctica en contraste con la de Hegel (las metáforas de “puesta al revés” o “núcleo racional oculto bajo una envoltura mística” no dan realmente cuenta de la diferencia). • la ruptura epistemológica: o sea, a partir de qué momento Marx se convierte en ‘marxista’? El objetivo de Althusser era relegar como residuo hegeliano toda obra anterior a 1845, mientras que desde ahí (“La ideología alemana”, “Miseria de la filosofía”, Grundrisse, etc.) hasta El Capital de 1867 todo estaría aun parcialmente contaminado de hegelianismo • la práctica teórica: Althusser flasheaba un Marx rodeado de probetas, microscopios y rayos X, mientras procuraba el método para toda ciencia -y no únicamente para la Economía Política. Así para Althusser existe una práctica teórica, que a través del trabajo con Generalidades I, II y III, generaría el conocimiento científico. Todo esto ocurre únicamente en el plano del pensamiento. Un mal paso en la dirección errónea18. • la trampa del empirismo: para evitarla, Althusser proponía una distinción tajante entre el objeto “real” y el objeto del “conocimiento”. Sigue al Marx de los Grundrisse, que sostenía que el método consiste en elevarse de lo abstracto a lo concreto. Y que lo concreto es lo concreto porque es la síntesis de múltiples determinaciones. Pero el resultado en Althusser es el inverso (queremos suponer) al deseado: falta de anclaje en la lucha de clases, fiebre teoricista e inflación discursiva. Un mal paso, pero en la dirección correcta. • la economía, determinante “en última instancia”: toda formación económico-social debía ser entendida a través de tres instancias (la económica, la jurídico-política la ideológica) donde lo “económico” era visto únicamente como la contradicción Capital versus Trabajo en su estado de pureza absoluta (una suerte de Godot, que no llega nunca) y por ello es determinante sólo “en última instancia”. No lo sabe, pero lo hace: introducción en el marxismo del Caballo de Troya de la indeterminación postmoderna. • ley del desarrollo desigual19: Althusser pontifica que toda interpretación que remite los fenómenos de desigualdad interna a la desigualdad externa (por ejemplo: Rusia 1917, como el eslabón más débil de la cadena imperialista) cae en el mecanicismo, o en la teoría de la acción recíproca entre “lo de afuera y lo de adentro”. Good bye, Lenin!!20 • la diferencia entre Marx y la economía política clásica21: siendo que Althusser rechazaba cualquier distinción entre “ciencia burguesa” y “ciencia proletaria”, el filósofo se enfocaba en la definición de Economía Política ofrecida por el Diccionario Filosófico de André Lalande, y aquí también buscará un corte epistemológico como si Marx fuera no más que un sabio filosófico que, leyendo a Adam Smith y David Ricardo, y en virtud de su propio genio, terminó descubriendo la plusvalía y formuló la ley del valor.22 • la Historia y el historicismo: Althusser afirmaba que para Marx el capitalismo era un resultado histórico que no se explicaba por su génesis sino por su estructura actual (que, como toda estructura, solo existe en sus efectos) para luego sentenciar que el marxismo “no era un historicismo”, que en la anfibología althusseriana significa que una estructura no puede ser reducida a su historia. Según la definición de Althusser el mote de “historicista” le cabía a un amplio espectro que iba de Gramsci, a Lukács y Korsch. Las definiciones de “sincronía” y “diacronía” se estiraban como chicle hasta llegar a tener efectos sobre los “objetos reales” y los “objetos del pensamiento”. Un eco del ataque de Lévi-Strauss a la historia (y a Sartre) en el capítulo final de El Pensamiento Salvaje. • los Aparatos Ideológicos de Estado (AIE): para Althusser la ideología tiene existencia material, está monopolizada por la clase dominante y es segregada por los AIE (la escuela, en primerísimo plano), que tienen la función de interpelar y constituir a los individuos en “sujetos”. No hay prácticas si no “en” y ”por” la ideología, que se ocuparía de reproducir las relaciones de producción. Pero esto es un sinsentido: las clases sociales (el lugar ocupado en la producción social) se reproducen básicamente por la “oscura compulsión al plusvalor” (dicho sencillo: lo que gano como obrero apenas me alcanza para vivir una quincena, y no tengo ninguna chance de convertirme mañana ni la semana próxima en banquero o empresario) y no por la ideología. Para que la situación que Althusser planteaba como fait accompli (que la ideología reproduce las relaciones de producción bajo el capitalismo) tendría que suceder -y no puede suceder- que el salario cubriese infinitamente mucho más que la mera reproducción de la fuerza de trabajo. Y además no hay razón por la que siempre tengamos que aceptar la identificación que la sociedad (burguesía o Estado) hace de nosotros como un tipo específico de sujeto particular.23 • materialismo aleatorio: siempre un viejo prestidigitador con las palabras, el Althusser tardío prometía “pensar la necesidad como el devenir-necesario del encuentro de los contingentes”24, pero al final terminó en cambio teorizando el clinamen (la pura contingencia creadora del universo, dios oculto detrás de la teorización de que todo puede convertirse en determinante “en última instancia”) También lamentablemente está ausente en este libro de Dal Maso & Petruccelli cualquier tipo de balance global de la “escuela Althusseriana“ y su descomposición final. Mencionemos sólo los ejemplos de Ernesto Laclau y Nicos Poulantzas. En Inglaterra, a fines de los ’60, Laclau cambió a Jorge Abelardo Ramos por Althusser, y en su libro “Política e ideología en la teoría marxista” sostuvo que las clases sociales constituyen una contradicción dominante al nivel del “modo de producción” pero que, como tales, no tienen ninguna forma de existencia necesaria en los niveles ideológicos y políticos, donde ya en cambio rige la contradicción entre Pueblo versus Bloque en el Poder. Allí Laclau teorizaba no solamente la fusión ideológica entre populismo y socialismo25 (“con Perón al socialismo” tal como aseguraba la Juventud Peronista) sino también entre el nacionalismo imperialista alemán y el socialismo (o sea, la ‘línea Schlageter‘ perpetuada). Otro que teorizaba desde el althusserismo y postulaba la primacía de la contradicción entre Pueblo /Bloque en el Poder era el ya citado Poulantzas, que durante la Revolución Portuguesa de 1974/75 propuso evitar todo “desmantelamiento, ruptura o desarticulación” del aparato de Estado, situación que podría amenazar al proceso de “democratización” (o sea, una consigna redondamente funcional tanto al bonapartista “fracasado” Vasco Gonçalves como al bonapartista exitoso Ramalho Eanes)26. Apocalypse Mao A partir del cisma de 1961 en el llamado “movimiento comunista internacional” entre las burocracias de Khrushchev en la URSS y Mao en China, Althusser siempre se consideró a sí mismo como un maoísta convencido, pero con un miedo paralizante de enfrentarse a la dirección del PCF, que se alineó incondicionalmente con Moscú. Por eso no es casualidad que Althusser alabara al maoísmo diciendo que “la única ‘critica’ histórica (de izquierda) de lo esencial de la ‘desviación estaliniana’ que podemos encontrar y que, por añadidura, sea también contemporánea de la misma desviación… una crítica concreta, en los hechos, en la lucha, la línea, las prácticas, sus principios y sus formas: la crítica silenciosa, pero en actos, realizada por la Revolución china en los combates políticos e ideológicos de su historia, de la Larga Marcha a la Revolución cultural y sus resultados. Crítica de lejos. Crítica "entre bastidores”. Que debe mirarse de cerca, que debe descifrarse. También crítica contradictoria -aunque fuera sólo por la desproporción entre los actos y los textos”27. Durante esos mismo años, la dirección maoísta del Partido Comunista Indonesio (PKI) tuvo una política de colaboración de clases y seguidismo al gobierno nacionalista de Sukarno28 y terminó, en octubre de 1965, supuestamente involucrado en una aventura militar de “oficiales progresistas” que terminó en un baño de sangre para el PKI, víctima del fascista General Suharto y de su propio inmovilismo. Aproximadamente un millón de comunistas indonesios fueron masacrados, sin resistencia alguna. Comparativamente hablando, hasta la cobarde capitulación sin lucha del KPD alemán ante Hitler tuvo menos víctimas a corto plazo. Pero la dura derrota en Indonesia no conmovió la fe maoísta de Althusser, que poco tiempo después celebró la Revolución Cultural china sosteniendo que “la exterioridad política del partido en relación con el estado es un principio fundamental que puede encontrarse en los pocos escritos de Marx y Lenin al respecto. Arrancar el Partido al Estado para entregarlo a las masas fue el intento desesperado de Mao en la revolución cultural”29 lo cual, por el contrario, era una total mistificación por parte de Althusser. Lo que en verdad ocurrió fue que el liderazgo de Mao, muy cuestionado desde el fracaso del “Gran Salto Adelante”, lanzó a la juventud obrera-estudiantil organizada en los Guardias Rojos contra las facciones rivales en el PC chino y luego en 1967, tras la (completamente inesperada por Mao !!) formación de la Comuna Popular de Shanghai y los incidentes de Wuhan, movilizó al Ejército Popular de Liberación para que reprimiese a esos mismos Guardias Rojos30. También el supuesto “internacionalismo” maoísta siempre estuvo mediado por la realpolitik, con poco para envidiar a los “revisionistas” de Moscú. En 1971 en Sri Lanka hubo una insurrección popular (seguramente apresurada, y también mal pertrechada) pero aun así liderada por la organización guevarista JVP, ante la cual su histórico dirigente Chou En-Lai se alineó totalmente con la represión estatal liderada por la Primera Ministro Bandaranaike, que había logrado unir en su gobierno de Frente Popular al estalinismo local y al Lanka Sama Samaja Party (LSSP) que ya había roto en los hechos, hacía menos de una década, con el trotskismo organizado. Apenas unos meses después del apoyo maoísta a la represión en Sri Lanka, se produce la muerte de Lin Piao (el N° 2 en la jerarquía del estado chino) en un confuso incidente en el desierto de Mongolia, cuando su avión se desploma, según la versión oficial de los hechos “desertando hacia la URSS tras fracasar su putsch militar contra Mao”. Es sabido que siempre detrás de un maoísta convencido hay apenas un estalinista con saudade, para usar la expresión brasilera. En un libro de Althusser casi totalmente omitido por Dal Maso y Petruccelli, el francés sostuvo orgulloso que ”Stalin no puede ser reducido a la desviación que nosotros vinculamos a su nombre. Tuvo otros méritos ante la historia. Comprendió que era necesario renunciar al milagro inminente de la ’revolución mundial’ y emprender la ’construcción del socialismo’ en un solo país”31. Mamita querida!! Repetimos, en el libro de Dal Maso/Petruccelli no hay exposición ni discusión de todo esto. Es que para el maoísmo idealizado por Althusser, el papel histórico del estalinismo podía reducirse a una mera cuestión de porcentajes: “Stalin 70% de aciertos y 30% de errores. Gran dirigente del proletariado mundial” y chau picho. Como dice aquel viejo refrán “hasta un reloj roto tiene razón 2 veces al día”, y entonces estaba en lo cierto Althusser al hacer notar que el concepto de “culto a la personalidad” usado por Khrushchev en el famoso XX Congreso del PCUS era un concepto inhallable en el marxismo. Pero para la GPU/NKVD primero venían los objetivos policiales y/o políticos (en ese momento “deshacerse” de Stalin pero simultáneamente conservar el poder burocrático) y luego se encontraban, o se inventaban, los “conceptos” teóricos. Pero si el concepto de “culto a la personalidad” no podía explicar nada en términos no ya marxistas, sino meramente materialistas, cuál fue la conceptualización alternativa postulada por Althusser? Para el filósofo francés la ideología burguesa está constituida por el dúo economicismo/humanismo, el cual, una vez contrabandeado dentro del marxismo, apenas cambia sus formas aunque ciertamente deba cambiar de vocabulario. Y sencillamente así habría surgido en los años ’30 la desviación estaliniana sobre la cual Althusser explicaba “guardando bien todas las proporciones… pero más allá de los fenómenos más visibles, que son, a pesar de su extremada gravedad, históricamente secundarios… la desviación estaliniana puede ser considerada… una forma de la revancha póstuma de la II Internacional, como un resurgimiento de su tendencia principal [que] era en el fondo, como sabemos, economicista”32. La fórmula althusseriana para entender el estalinismo era una ecuación = metafísica (“revancha póstuma”) + teoricismo (la misma naturaleza de la “desviación”) + idealismo (el dúo economicismo/humanismo como verdadero generador de hechos históricos, sin interrogar las fuerzas materiales actuando detrás de esas ideas). Tenía razón el mandelista Daniel Bensaïd cuando decía que la explicación althusseriana borraba de un plumazo 30 años de historia del movimiento obrero33. Para el lector que aún permanezca impávido, simplemente repetimos: sobre todo esto tampoco hay ninguna exposición o discusión en el libro de Dal Maso/Petruccelli. En los años ’70 el maoísmo se devaluó rápidamente, y eso seguramente tuvo un impacto devastador en el ánimo político de Althusser: después de la entrevista Nixon-Mao identificó al “social-imperialismo ruso” como el enemigo principal, y allí donde sus fuerzas lo hicieran posible (Portugal, Angola, Argentina, Chile, etc.) eso dio lugar a políticas que excedían el sectarismo hacia otras corrientes de izquierda para convertirse en simple colaboración contra-revolucionaria. Mencionemos solamente el pacto FNLA/ Mobutu (y éste como interface con el Pentágono) contra el MPLA en Angola, el apoyo total a Isabelita/López Rega contra el supuesto golpismo pro-ruso; la confluencia del MRPP y AOC con la Iglesia Católica y los fascistas del MDLP en el saqueo y quema de locales partidarios de la izquierda en el norte de Portugal en 1975, y las relaciones diplomáticas con el régimen de Pinochet. En 1976 la muerte de Mao trajo casi inmediatamente la defenestración de la denominada “Banda de los Cuatro”, y un nuevo giro a la derecha con el regreso de Deng Xiaoping a las altas esferas del poder, luego de ser rehabilitado en 1973 por gracia de su ‘protector’ Chou En-Lai. Last but not least, el régimen del Khmer Rouge en Camboya: si Althusser tenía problemas para caracterizar a la URSS bajo Stalin, menos aún iba a poder comprender la naturaleza del régimen de Pol Pot en 1975/79 (y el apoyo dado por Mao y el gobierno de Pekin) que fue derribado tras la invasión de Vietnam a Camboya, lo que generó la “represalia” militar de China contra Vietnam. “Game over” entonces para un Althusser que, acaso no por absoluta coincidencia, por entonces pedirá a su amigo Jean Guitton “mi universo de pensamiento ha sido abolido, rece por mí” y a partir de allí las desilusiones políticas se retroalimentan con su propia psicosis maniaco depresiva. En este libro, Dal Maso/Petruccelli comentan que Althusser “abandonó el PCF a raíz de su debacle personal [cuando asesinó a su esposa Héléne Rytmann]. No rompió públicamente… había comenzado a prestar atención a otras formas de organización obrera y popular… en marzo de 1980”34. Pero en realidad parece que en 1980 Althusser tenía en mente otras “organizaciones” (y vaya qué AIE !!) porque, según narra su antiguo profesor Jean Guitton (filósofo católico francés) en sus propias Memorias, por ese entonces Althusser se encontraba “en un profunda crisis impregnada de elementos religiosos….Así fue como Althusser se entrevistó primero con el Cardenal Garrone en Roma, y se hubiera entrevistado también con Juan Pablo II de no mediar la horrible tragedia del asesinato”35. Para el lector que nos indague: sí, tampoco acerca del recado de Althusser para el Papa Wojtyla (“sea Usted el hombre que franqueó las barreras últimas, pues es Usted el único que en este momento tiene una autoridad moral sobre la humanidad”36) no hay nada en este libro de Dal Maso/Petruccelli. “Marxistas occidentales” eran los de antes El Althusser ahora mentado, con 30 años post-mortem, como el escritor de furibundas polémicas contra el CC el PCF, contra el padre del estructuralismo (Lévi-Strauss), contra Georges Marchais, etc., sin embargo, en vida en este mundo, decidió siempre e indefectiblemente dejar inéditas sus críticas más punzantes. Visiblemente atentos a las “novedades” de la aparentemente inagotable cantera althusseriana, Dal Maso/Petruccelli reivindican al filósofo francés cuando este se pronunciaba sobre cuestiones políticas, al punto de querer acotar solamente a su trayectoria de los años ’60 el mote de “marxista occidental”37, o sea más proclive a las cuestiones de estética o de método (en compañía de Lukács, Adorno, Benjamin, Della Volpe, Lefebvre, etc) . En una de esas intervenciones (jamás publicada en vida, claro está), Althusser en su libro “Las vacas negras - entrevista imaginaria (el malestar del XXII Congreso)” dedica muchísimas páginas a defender encendidamente el derecho de tendencia en el PCF, reivindicando la política histórica del Partido Bolchevique bajo Lenin. Parece que Althusser tenía finalmente algo para decir en 1976. En cambio Dal Maso/Petruccelli, quienes reivindican la “experiencia del Frente de Izquierda y de los Trabajadores desde 2011” callan totalmente, en su libro datado “Septiembre de 2020”, sobre las 1.200 expulsiones sumarias ejecutadas en 2019, como represalia por el reclamo de ese mismo “derecho de tendencia”, por la actual dirección del Partido Obrero, integrante del mismo Frente de Izquierda y los Trabajadores en el cual militan Dal Maso y Petruccelli. Pero qué contraste más absoluto con la política del Partido Obrero en 1988, ante la crisis interna y las expulsiones en el viejo MAS, que provocaron precisamente el surgimiento del PTS38!! Crisis del mao-stalinismo = crisis del marxismo Cuando en noviembre de 1977 Althusser participa en Venecia del coloquio llamado “Poder y oposición en las sociedades postrevolucionarias” organizado por la revista italiana Il Manifesto estamos ya ante un militante en honda crisis. En ese coloquio se mostrará desmoralizado por “la extrema dificultad…y tal vez, en el estado actual de nuestros conocimientos teóricos, la casi imposibilidad de dar una explicación marxista de verdad satisfactoria de una historia que, sin embargo, se ha hecho en nombre del marxismo”39. Lo mínimo que se puede decir es que Althusser, apenas unos años después de caracterizar torpemente al estalinismo como mera “desviación” (y “revancha póstuma” de la II Internacional, además) pretendía ahora poner en cuestión a todo el marxismo. Un tipo jodido este Althusser, no? “Hay algo patético [en] la conferencia pronunciada por Lenin sobre el Estado, el 11 de julio de 1919, en la universidad Sverdlovsk. Lenin insiste: es un problema muy intrincado, muy difícil, muy embarullado por los ideólogos burgueses .. Veinte veces Lenin insiste: el Estado es un aparato especial, una máquina especial … Lo patético de Lenin y de Gramsci es intentar superar la definición negativa clásica, pero como tanteando y sin llegar de verdad”40. Pobre Althusser, no entendía nada por fuera del formalismo estructuralista. No había nada de “patético” en el esfuerzo de Lenin por entender, no el “concepto” general de Estado, si no las batallas políticas por venir, deducibles a partir del carácter concreto del Estado soviético en cada etapa del periodo transicional: estado obrero, estado obrero deformado, estado burgués sin burguesía, y un largo etcétera. Peor aún, Althusser creía detectar claramente dos “lagunas”, dos “puntos débiles” de la teoría marxista: “no existe verdaderamente una ‘teoría marxista’ del Estado… lo que se encuentra en nuestros autores es, bajo las formas de relación del Estado con la lucha de clases y la dominación de clase… una advertencia repetida de apartarse de las concepciones burguesas del Estado: por lo tanto una demarcación y una definición esencialmente negativas”41 “no encontramos una verdadera teoría de las organizaciones de la lucha de clases, y antes que nada del partido político y del sindicalismo… ningún análisis que permita comprender de verdad su funcionamiento efectivo, es decir, las condiciones y las variaciones de ese funcionamiento, y en un límite, las formas de su posible disfuncionamiento”42 La constatación fáctica de que “el Estado burgués no deja de intentar integrar, a menudo con éxito, las organizaciones de lucha de la clase obrera a su propio funcionamiento”43 es transformado por Althusser en, y no podía ser de otra manera, un problema teórico. Es que para un Althusser desmoralizado, simultáneamente “la ideología no tiene historia” pero el fetichismo de la mercancía sería un torpe resabio humanista del joven Marx, mientras que el Estado Burgués cooptaría organizaciones políticas y sindicales por vías misteriosamente insondables. Althusser se preguntará cándidamente “¿cómo modificar la idea que el Partido Comunista se hace tradicionalmente de sí mismo, tanto como ‘partido de la clase obrera’ o ‘partido dirigente’ … cómo modificar pues su ideología para que en la práctica, la existencia de otros partidos, de otros movimientos, sea reconocida?”44. Por un lado, ya fue dicho hace mucho que el “partido único” de la clase obrera no era más que una ficción policiaca. Y por otro lado, también se advirtió que la burocracia en cuanto tal no podía “modificar su idea”, y la de su regeneración parcial (la expectativa de Isaac Deutscher, entre otros) era una perspectiva política liquidacionista. Por eso el pronóstico fundamental de la IV Internacional. Althusser, hasta su muerte en octubre de 1990, pudo ver la caída del Muro de Berlín, el violento giro restauracionista en la ex-Europa del Este, y la disolución del Partido Comunista Italiano (el más grande di tutti quanti en Occidente). Pero lamentablemente no sabemos cómo interpretó Althusser todo ese proceso político. Hace décadas que esperamos el segundo volumen de su biografía, escrita por Yann Moulier Boutang, con la expectativa de encontrar una respuesta. Pero volvamos atrás, a Noviembre de 1978, cuando durante un intercambio con otros intelectuales afines al estalinismo italiano (PCI) y también organizado por Il Manifesto, Althusser alzó más reparos contra la teoría marxista, que estaría “limitada al análisis del modo de producción capitalista y de su tendencia contradictoria que abre la posibilidad de pasar a la abolición del capitalismo y de su sustitución por un otro”45 y que “tampoco a propósito de la sociedad capitalista y el movimiento obrero la teoría marxista dice casi nada acerca del Estado, ni sobre la ideología y las ideologías, ni sobre la política, ni sobre las organizaciones de la lucha de clases (estructuras, funcionamientos) … límites teóricos con los cuales ha tropezado Marx, como si hubiese sido paralizado por la representación burguesa del estado, de la política, etc.”46 Esta brutal ignorancia desmoralizada también le perteneció a Althusser (el real, no el “objeto de conocimiento” de Dal Maso y Petruccelli), y un verdadero balance político está ausente en este libro aquí recensionado. Y luego Althusser, pretendiendo colmar él mismo (!!) lo que serían los silencios del marxismo, nos dirá que “el partido debe estar fuera del estado, no sólo en el estado burgués sino, con mayor razón, en el estado proletario. El partido debe ser el instrumento número uno de la ‘destrucción’ del estado burgués, antes de convertirse … en uno de los instrumentos del agotamiento del estado. Sin esta autonomía del partido (y no de la política) con respecto al estado no saldremos jamás del estado burgués, por más ‘reformado’ que sea éste”47. Advirtiéndonos, finalmente, que “la trampa número uno es el estado: ya bajo las formas políticas de la colaboración de clases o de la gestión de la ‘legalidad’ existente”48. Althusser, acostumbrado sólo a auditorios compuestos por estalinistas y reformistas, pudo haber creído en la novedad y/o eficacia de esas palabras. Y ahora qué? Con la publicación de este libro tanto el PTS como el Instituto del Pensamiento Socialista Karl Marx se han auto-infligido un golazo en contra. Porque han publicado poco menos que una eulogia de Althusser, un personaje que comenzó por intentar “fabricarle” una filosofía imaginaria a Marx; luego sostuvo que toda la teoría del valor de Marx estaba errada y debía ser abandonada49 y finalmente terminó abjurando del materialismo dialéctico (culpabilizando no solamente a Stalin, sino también a Engels, y degradándolo a una “impostura y monstruosidad” filosófica)50. Quien sabe, quizás las nuevas publicaciones del IPS nos traigan novísimas celebraciones de post-marxistas como Ernesto Laclau, o quizás hasta rumiaciones anti-marxistas de Von Mises. Después de esta apología althusseriana por parte de Dal Maso/Petruccelli acaso todo pudiera ser posible. El caso más emblemático fue el de Marta Harnecker, “Los conceptos elementales del materialismo histórico”; Siglo XXI Editores, varias ediciones Louis Althusser, “Para una crítica de la práctica teórica. Respuesta a John Lewis”; Siglo XXI Editores; pág. 91, 1974 Ibídem; pág.90 J. Dal Maso & A. Petruccelli, “Althusser y Sacristán. Itinerarios de dos comunistas críticos”; pág. 279; Ediciones IPS, 2020 Ibídem, pág. 279 https://twitter.com/chipicastillo/status/1341418193722740742 Léase de Louis Althusser; “El porvenir es largo”; Ediciones Destino, 1992 La famosa invectiva de Milciades Peña contra Jorge Abelardo Ramos en los años ’60 calza acá perfectamente J. Dal Maso & A. Petruccelli, op.cit.; pág. 27210. Véase el muy interesante libro de Jederman (pseudónimo), “La ‘bolchevisation’ du parti communiste français”; pág. 66; François Maspero; 1971 Es recomendable el breve artículo de Tom Kemp, “Trotskyist and left-wing critics of the Popular Front” incluido en la compilación hecha de M. Alexander y H. Graham “The French and Spanish Popular Fronts - Comparative Perspectives “; pág. 104 a 115; Cambridge University Press, 1989 J-P. Azema; A. Prost; J-P. Rioux, “Le Parti communiste français de années sombres 1938-1941”; Éditions du Seuil, 1986 Pierre Broué & Raymond Vacheron, “Meurtres au maquis”;Grasset, 1997 Véase el libro de Daniéle Joly, “The French Communist Party and the Algerian War“; Palgrave Macmillan, 1991 La bibliografía sobre este punto es extensa, pero véase recientemente el libro de Henri-Christian Giraud, “L’Accord secret de Baden-Baden. Comment de Gaulle et les Soviétiques ont mis fin á mai 1968“; Éditions du Rocher, 2018 J. Dal Maso & A. Petruccelli, op.cit.; pág. 269 J. Dal Maso & A. Petruccelli, op.cit.; pág. 275 La más pasional de las críticas le corresponderá por siempre a E.P. Thompson, “Miseria de la teoría”; págs.14 a 29; Editorial Crítica, 1981 Aquí Althusser es simplemente tributario de la teorización de Stalin/Bujarin durante el VI Congreso de la Comintern. Para una crítica detallada, véase obviamente el libro de León Trotski “La Internacional Comunista después de Lenin “ Y también habría que decir “chau” a la intensión de Dal Maso/Petruccelli de asociar mínimamente a Althusser (!!) y su contradicción sobredeterminada con la conceptualización en Trotsky de la “ley del desarrollo desigual y combinado” como efectivamente hacen los autores en las página 22 de este libro aquí recensionado. Breve y bueno, dos veces bueno: véase el corto capítulo “Acerca del método de la economía marxista” incluido en el libro de Roman Rosdolsky, “Génesis y estructura en El Capital de Marx “; pág. 614 a 625; Siglo XXI Editores, 1978 Véase la observación de Pierre Fougeyrollas en, “Contre Lévi-Strauss, Lacan, Althusser”; pág.137; Savelli, 1976 Véase el análisis de Terry Eagleton en, “Ideología - Una introducción”; pág. 187; Ediciones Paidós Ibérica, 1997 Louis Althusser, “Filosofía y Marxismo - entrevista por Fernando Navarro”; pág. 32; Siglo XXI Editores, 1988 Que recordemos, la primera crítica en Argentina del Laclau altusseriano fue la de Pablo Rieznik (a.k.a. Aníbal Romero) en su artículo “Populismo y Marxismo”; revista Internacionalismo N° 4; enero-abril 1982; pág. 64 a 68 Léase el análisis de Ellen Meiksins Wood en su libro “¿Una política sin clases? El post-marxismo y su legado”; pág. 108; Ediciones ryr, 2013 Louis Althusser, “Para una crítica de la práctica teórica”; pág. 102; Siglo XXI Editores, 1974 Rex Mortimer, “Indonesian Communism Under Sukarno - Ideology and Politics”; Cornell University Press, 1974 Louis Althusser, “El marxismo como teoría finita”; en el libro “Discutir el Estado”; pág. 17; Folios Ediciones, 1983 E. Perry & Li Xun, “Proletarian Power – Shanghai in the Cultural Revolution”; Westview Press, 1997 L. Althusser, “Para una crítica de la práctica teórica”; op.cit.; pág. 100 Ibídem; pág. 98 a 99 Daniel Bensaïd, “Les intellectuelles du PCF dos au stalinisme”; periódico Rouge; N° 216; 10/08/1973 J. Dal Maso & A. Petruccelli, op.cit.; pág. 117 Para leer la repercusión periodística de las Memorias escritas por Jean Guitton, véase por ejemplo Diario El País, España, 24/09/1988, hallable en https://elpais.com/diario/1988/09/24/cultura/591055204_850215.html Léase el breve extracto intitulado “Mi amigo Althusser” de Jean Guitton, publicado en “La Ciudad Futura – revista de cultura socialista”; Número 13-14; Noviembre 1988-Enero 1989, pág.25 J. Dal Maso & A. Petruccelli, op.cit.; pág. 128 Jorge Altamira; “La estrategia de la izquierda en la Argentina”; pág. 134 a 146; Ediciones Rumbos, 1991 Léase su atribulada intervención en: Louis Althusser “¡Por fin la crisis de marxismo!” incluido en el libro “Poder y oposición en las sociedades postrevolucionarias”; pág. 221; Editorial Laia, 1980 Ibídem; pág. 229 Ibídem; pág. 228 a 229 Ibídem; pág. 229 Ibídem; pág. 230 Ibídem; pág. 230 Louis Althusser, “El marxismo como teoría finita”; incluido en el libro colectivo “Discutir el Estado”; pág. 11; Folios Ediciones, 1983 Ibídem; pág. 13 Ibídem; pág. 17 Ibídem; pág. 17 Véase el artículo de Perry Anderson, “An afternoon with Althusser - Summer 1977” incluido en New Left Review 113; Sept/Oct 2018; pág. 65 Louis Althusser, “Filosofía y Marxismo ”; op.cit.; págs. 21 a 22

12 de febrero de 2021
Reunamos firmas contra la reaccionaria "LUC" de Uruguay

En Uruguay, hace 7 meses, el parlamento aprobó el proyecto de Ley de Urgente Consideración enviado por el presidente Luis Lacalle Pou. Una Ley reaccionaria, punitivista y privatizadora, que apunta a legalizar el gatillo fácil, ataca la autonomía de los entes públicos y la educación, y da el puntapié para producir una reforma jubilatoria que embiste directamente las conquistas obreras para nuestros adultos mayores. Es por eso que la campaña por el referéndum total de la LUC se despliega en todo el Uruguay y llegó a la Ciudad de Buenos Aires. Para firmar necesitás ser uruguayo natural o legal (ciudadano) con credencial cívica. Si cumplís esos requisitos, comunicate por Whatsapp al número de la imagen.

12 de febrero de 2021
Pobreza por encima del 70% de la población

El investigador cordobés del Conicet, Martín Maldonado, dijo que las “Las mediciones de pobreza son obsoletas”, ubicando la pobreza muy por encima de las mediciones de la UCA que, antes de la pandemia, la colocaban casi en el 70%. También pone en cuestión el índice que elabora el INDEC en base a su Canasta Básica Alimentaria. De acuerdo al INDEC, la canasta básica alimentaria aumentó un 45,5% en 2020, cuando la inflación de los alimentos en el mismo período rondó el 48%; y, supuestamente para el INDEC una familia de cuatro integrantes, con dos adultos y dos menores, necesitó $22.681 para no caer en la indigencia. El mismo organismo determinó que el 40,9% de la población argentina vive por debajo de la línea de pobreza. Malnutrición y enfermedad con la canasta básica oficial El investigador “literalmente puso su cuerpo (y el de otros voluntarios) al servicio de la ciencia cuando se planteó pasar seis meses alimentándose únicamente con los valores de la Canasta Básica Alimentaria. Apenas llegó a los cuatro meses, cuando su organismo, afectado por la composición nutricional del parámetro que determina quién es pobre y quién no en Argentina, lo obligó a dejar el llamado Proyecto Czekalinski” (Diariodecuyo, 11/2). Entre los voluntarios que afrontaron la investigación, las personas intentaron alimentarse sólo con los alimentos que están listados en la Canasta Básica Alimentaria del INDEC durante seis meses. No alcanzaron a concretarlo puesto que sufrieron afectaciones físicas como pérdida de peso, agotamiento o aumento de triglicéridos e incluso impactos psicológico y emocional (ídem). La Canasta Básica que mide la pobreza en Argentina permite tomar, por ejemplo, 500 mililitros de yogurt o 200 gramos de queso u ocho litros de leche, todo en un mes. “¿Sabés cuántos gramos de café están incluidos en la Canasta Básica? Sólo 30 gramos, te alcanza para cinco tazas dobles en todo el mes. Algo similar pasa con la yerba mate”, dice Maldonado. En 15 días agotaron el consumo destinado a todo un mes. Por primera vez se hace una investigación en este sentido, poniendo a prueba la “calidad nutricional de la canasta y sus efectos en la salud física y mental de quienes la consumen”. Este tipo de denuncias no son novedosas y se extienden por todo el mundo. Según las estadísticas oficiales, más de la mitad de los niños son pobres, en condiciones de desnutrición, subnutrición y hambre. Covid-19 y pobreza El investigador del Conicet no sólo denuncia la medición de pobreza y la composición de la Canasta Básica, sino también la asistencia alimentaria. Señala que “Los bolsones tradicionales y las provisiones de alimentos en comedores escolares son de muy baja calidad”. Estos bolsones van a los comedores populares donde la gente se las “rebusca” para preparar una comida calórica con estos productos. “Hay que reducir fundamentalmente las harinas, los azúcares y los alimentos ultra procesados, que son grupos altamente dañinos. Después de mucho tiempo de malnutrición se advierte que en los sectores empobrecidos la gente es gorda”. El sobrepeso es una de las comorbilidades denunciadas científicamente como agravantes del Covid-19. “Estos son factores que hacen que en un país como Argentina tengamos dos problemas inadmisibles. El primero es el hambre, pese a que producimos alimentos para 60 millones de personas y producimos calorías para 400 millones, cuando somos 45 millones; así y todo tenemos hambre”, dice el investigador. La pobreza es multidimensional Argentina mide por un lado con la Canasta Básica, a través de los ingresos monetarios, y por el otro mediante las Necesidades Básicas Insatisfechas, que se determinan cada 10 años en los censos. Pero “no miden infraestructura, acceso a servicios, si los chicos van a la escuela, si hay hacinamiento, es decir, la pobreza estructural”. Dice que estas mediciones hoy son obsoletas, “pensadas hace 60 años y responden a una idea de pobreza como carencia material y de servicios”. Agrega que “la pobreza cambió su naturaleza, su esencia. Ahora no es sólo carencia de lo material sino además de otras cosas nuevas, como por ejemplo el acceso a un medio ambiente sano; la calidad del empleo: no solamente lo que se cobra si no también si se trata de un trabajo estable, si hay o no precarización laboral ya que no es lo mismo cobrar 40 mil pesos con vacaciones y obra social que cobrarlos en negro. También se trata de violencia, en todas sus formas, sistemática, parental, de género; de la calidad y uso del tiempo libre; de la calidad y el acceso a la información; a la conectividad”. Entonces, conceptualmente, las mediciones en Argentina son obsoletas porque están diseñas para medir la pobreza del siglo pasado. Sin embargo dice que “la UCA, que lo hace y muy bien” pero “es una medición muy cara y por eso la lleva a cabo con una muestra pequeña. La pobreza multidimensional en Argentina, de acuerdo a la UCA, dio casi 70% antes de la pandemia, no quiero pensar ahora”, sentencia. LEER MÁS El impuesto al salario, entre la carestía y las paritarias, escribe Marcelo Ramal

12 de febrero de 2021
Tucumán: extraordinaria jornada de lucha del Polo Obrero (T)

Este 11 de febrero, en el marco de la jornada nacional de lucha, en Tucumán se realizaron acciones en la capital y en otros puntos de la provincia. En total se movilizaron más de 1500 compañeros. En San Miguel de Tucumán, donde se desarrolló la convocatoria central, movilizamos 1000 compañeros de distintos barrios de la capital y alrededores, y entregamos un petitorio con todos los reclamos pendientes. Se realizaron también concentraciones en municipios, comunas y cortes de ruta en Tafi Viejo, San Javier, Burruyacú, Leales y La Cocha. En un municipio arrancamos un cupo de partidas alimentarias y en otros el compromiso de discutirlo. Esta jornada puso de manifiesto la presencia del Polo (T), en gran parte de la provincia, con el surgimiento de nuevos núcleos en varios pueblos del interior y en el pasaje de núcleos de compañeros de diversas organizaciones cuyas políticas son de conciliación con el gobierno y de regimentación y atropellos sobre los desocupados. En esta oportunidad, participaron 20 compañeros nuevos que rompieron con el Polo oficial. Este crecimiento sistemático del Polo revela el agravamiento de las condiciones de vida, el aumento de la miseria y la desocupación a la cual el gobierno no da la más mínima solución. La movilización del Polo coincidió con la presencia del Ministro de Desarrollo Social de la nación, Daniel Arroyo, quien realizó una serie de anuncios que no resuelve ningún problema de fondo, como lo es la falta de trabajo. En este terreno, anunció la refacción de 20 jardines maternales y la construcción de otros tantos. Pero se trata de una gota en el océano de la desocupación, que en Tucumán supera los promedios nacionales. De todos modos, en la estadística oficial no figuran como desocupados aquellos que trabajan un día en la semana o quienes son beneficiarios de los planes. Tampoco están los que directamente ya no buscan trabajo, con lo cual el promedio real de desocupación en la provincia supera al 30 % de la población activa. Las penurias de la población desocupada son cotidianas. Ya comenzó la propagación del dengue, en medio de la inacción oficial. Las lluvias que se están produciendo ya han provocado inundaciones, sacando a luz que en materia de obras públicas el gobierno no ha hecho nada. Uno de los problemas más apremiantes es el intento del gobierno por imponer el retorno a las clases presenciales. Desde el Polo Tendencia se ha tomado la iniciativa de impulsar asambleas en las barriadas y conformar comisiones de padres autoconvocados que ya se expresaron en la movilización docente del miércoles 10 en rechazo a la presencialidad mientras dure la pandemia. Los padres están publicitando en las redes el estado calamitoso de las escuelas denunciando que el gobierno no mueve un dedo para poner en condiciones las escuelas, mucho menos para asegurar la vacunación ni las medidas para garantizar la educación virtual con el sistema combinado que el gobierno dice querer implementar durante este año. Todo este escenario pone de manifiesto la necesidad de unificar los reclamos de la población trabajadora, ocupada y desocupada en una lucha de conjunto y a fondo. Solo así se van a poder arrancar los reclamos.

12 de febrero de 2021
Por Leo, un emotivo homenaje en pandemia

Nacer y morir en época de pandemia es hacerlo en la mayor de las soledades. Días de internación sin familia y amigos, sin los abrazos, sin poder estrechar nuestras manos y poder llorar o reír junto a nuestros seres queridos. Solo están en esos críticos momentos los heroicos trabajadores de la salud que, con magros salarios, extenuados por las largas jornadas laborales y conviviendo con el virus, nos dan su mejor atención. Así se nos fueron Leo, Nora, Pepe, Ernesto. Los adultos mayores somos los más afectados por esta situación, por ser los de mayor riesgo. Nos hemos adaptado a nuevas normalidades tecnológicas y virtuales para vivir y luchar. En el día de ayer decidimos hacer un homenaje por ZOOM a nuestro compañero y amigo Leo, quien, después de luchar a brazo partido durante días contra el virus, éste lo venció. Éramos 70 en el ZOOM, una conjunción de sentimientos encontrados invadió las pantallas y a cada uno que hizo uso de la palabra se le mezclaban las lágrimas derramadas sobre el teclado con las sonrisas que cada anécdota arrancaba en nuestros rostros. Como un rompecabezas , se fue armando con cada intervención la vida de un revolucionario parido por el “Cordobazo”, militante de Política Obrera, de la UJS (Unión de Juventudes por el Socialismo) y que, después de las expulsiones del Partido Obrero, militó en el Partido Obrero Tendencia. Fue fundador de la lista Bordó en el hospital de Clínicas y de la agrupación Jubilados Clasistas, docente, realizador integral de radio, amante de su acordeón, fanático del “Rojo” y de los Beatles. La vida de Leo está totalmente asociada a la de nuestro partido. Leo, Nora, Pepe, Ernesto luchaban contra el real virus de nuestras vidas que es el capitalismo. Una organización social que nos lleva a la barbarie, que poco a poco destruye nuestro planeta en defensa del beneficio de una minoría. Y que ha demostrado su incapacidad histórica de resolver los problemas más elementales de los trabajadores. Por eso, como ellos, seguimos levantando las banderas de luchar y organizarnos por el gobierno obrero y el socialismo. ¡LEO, HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!

12 de febrero de 2021
El debate de la ‘presencialidad’ en la Asamblea Suteba Bahía Blanca

Con la presencia de 180 docentes, la asamblea del Suteba Bahía Blanca debatió su postura ante la resolución del gobierno de volver en marzo con las clases presenciales. Fue la más numerosa de todo el último año, lo cual sin dudas reflejó la enorme preocupación que existe ante esta medida, sus consecuencias en contagios y rebrotes de COVID y qué acciones se deben tomar desde el sindicato para proteger la salud y la vida. La consideración unánime de la asamblea fue la ausencia completa de condiciones para que esa presencialidad tenga lugar desde un punto epidemiológico, ausencia de vacunas y especialmente de infraestructura en las escuelas, cuya mayoría presenta problemas en baños, cloacas y ventilación de las aulas. Las escuelas 2021 son las escuelas de 2019/2020. El principal terciario de la ciudad, cuyo edificio se cae literalmente a pedazos, anunció que sigue con la virtualidad durante todo el primer cuatrimestre. También fue destacada la crisis en el abastecimiento de agua que azotó a toda la ciudad en enero y aún presenta problemas en numerosos barrios y escuelas. Los miembros delegados de la Celeste no dieron el presente en la asamblea, demostrando que Baradel es una rueda de auxilio de esta presencialidad -a la que piden que sea “segura”- del Ministerio de Educación nacional y provincial -sin mandato alguno para ello. Debate La mayoría de la conducción Multicolor -Agrupación Granate- destacó como eje principal que el sindicato debía anunciar su “compromiso con la presencialidad” y, de esta forma, revertir la campaña mediática que señala que “son los docentes los que no quieren volver”. Como dicen que no queremos volver, volvemos. Con este pretexto arbitrario presentó un moción que dice que, “En principio, apoyamos la presencialidad como expectativa, como promesa de encuentro, luego de la unidad como comunidad para el cuidado de todos/as sus integrantes”. De modo que el principio de la defensa de la salud y de la vida, queda relegado a la ‘expectativa del encuentro’, o sea a la misma que reclama el gobierno. La presencialidad antes que nada y sobre todo en pandemia. Volvemos o no volvemos, esto es lo que hay contestar. En lugar de ‘expectativas’, el gobierno ha hecho un definido planteo político, que es el de la ‘nueva normalidad’, o sea trabajar en compañía del coronavirus, y extender los contagios afuera del ámbito escolar. A esto hay que responder. La respuesta es: NO a la ‘nueva normalidad’ – yo trabajo con el virus y vos embolsás ganancias con mi salud y mi vida. La ‘expectativa del encuentro’ es la del contagio. Un ‘encuentro’, por otro lado, que el gobierno dice que debe ser con “distanciamiento”. ¿Desde cuándo refutamos un planteo del gobierno, de que no queremos dar clases, adhiriendo al mismo? ¿No es mejor advertir que el gobierno plantea un ‘crimen social’, como, según la última encuesta, es la opinión del 63% de los consultados? La presencialidad es la posición el gobierno, los grandes empresarios, el clero y los medios. Larreta advirtió, para aquellos que parecen no entenderlo, que la reapertura escolar no va a ser cancelada aunque la pandemia se desborde - considerará caso por caso ¿Y la salud y la vida? Es una ‘expectativa’ condicionada, que habría que subordinar a la del ‘encuentro’. Esta moción continuaba así: “Es responsabilidad del Estado garantizar las condiciones sanitarias, para posibilitar un regreso seguro a las escuelas. Rechazamos que se ponga en riesgo la salud de toda la comunidad educativa, imponiendo una fecha para la presencialidad sin que se garanticen las condiciones necesarias”. Entonces, si no queremos volver en la fecha impuesta, hay que resolver la huelga hasta la fecha que decidan los docentes. ¿En qué quedamos: en el ‘encuentro’ – todos a contagiarse – o en el ‘desencuentro’ – no inicio hasta que estemos todos vacunados? Enrique Gandolfo -referente de la Granate- señaló su desacuerdo con plantear el “no inicio”. Contrapuso “construir colectiva y comunitariamente, el rechazo a una vuelta a la presencialidad sin las condiciones de resguardo y de defensa de la vida y la salud”. Es decir, ‘presencialidad’ con protocolos en las condiciones actuales de la pandemia. El ‘resguardo’ que plantea Gandolfo y quienes piensan igual es el protocolo. Pero los protocolos son los que abundan en las propuestas patronales, clericales y oficiales. Es un saludo a la bandera. Nada de protocolos, vacunas, y la verificación que provocan la caída irreversible de contagios. Este claro rechazo es una base por demás poderosa para construir y abrir un canal de lucha que permita resguardar la vida. Entre las resoluciones votadas, finalmente quedó -aunque en el último lugar- “llevar a las escuelas las propuestas de no iniciar presencialmente, si no aseguran estas condiciones”. Tribuna Docente oficial se descolgó con la consigna de “no iniciar en Marzo”, en oposición a lo que ella misma planteó en la asamblea de La Matanza y por la misma secretaría general de la seccional, Romina del Plá. Los vaivenes y oscilaciones de esta fracción obedecen al rechazo que suscita su posición de apoyo a la “presencialidad”. Los oradores de Tribuna Docente Tendencia mocionaron en reemplazo de la moción principal lo siguiente: “En defensa de la salud y de la vida de los trabajadores de la educación y toda la comunidad educativa, con pandemia, sin vacunación, sin obras en las escuelas, sin nombramientos docentes, no iniciamos con clases presenciales”. Al momento de votar, la asamblea se vio interrumpida por boicoteadores. Una vez reanudada, muchos docentes no pudieron volver a reingresar y se votó con la presencia de 80 docentes. El resultado fue 75% a 25% para la moción de la Granate, que fue acompañada por todo el FITU. El escenario sigue abierto. Las jornadas institucionales convocadas por las autoridades para el 11 y del 12 han quedado condicionadas por los problemas edilicios falta de personal y de insumos sanitarios que presentan muchas escuelas. Este ensayo de ‘presencialidad’ acotada no resiste la prueba de la realidad. Rechazamos el protocolo de “retorno seguro” del gobierno por falaz. Estamos ante un riesgo sanitario anunciado y previsible, ante la inminente segunda ola de la pandemia. Muchas familias ya han anunciado que no enviarán sus hijos en forma presencial al tiempo que una marcha convocada para exigir clases presenciales todos los días fue ultra minoritaria. En pandemia y sin vacunación, organicemos e impongamos el no inicio presencial, en defensa de la vida y de la salud. LEER MÁS Tucumán: Masiva marcha contra del regreso a las aulas, escribe Diego Carrazán

12 de febrero de 2021
Asamblea docente de Ademys resuelve paro de 72 horas en CABA

La asamblea convocada este jueves por el sindicato Ademys, con la presencia de casi 500 docentes de toda la Ciudad, resolvió un paro de 72 horas para no iniciar las clases presenciales y una nueva instancia de deliberación para el viernes 19. Además, se votaron diversas acciones para las jornadas de paro: conferencia de prensa, actividad callejera junto al colectivo de “Familias por el retorno seguro”, afichadas en los distritos y una caravana. La asamblea nucleó a un sector importante del activismo y de las bases, muchos otros compañeros no han podido participar debido al límite de la capacidad de la plataforma por la que nos hemos conectado. Uno de los ejes de cada intervención ha sido la necesidad de avanzar en una lucha de conjunto con los compañeros referenciados en la UTE-CTERA, que no encuentran espacio ni respuesta ante una dirección totalmente integrada al Estado, y que acompaña en su inmovilismo a la política criminal de los gobiernos nacionales y de Ciudad. Desde TD Tendencia intervinimos planteando que la “vuelta a las aulas” es la punta de lanza de una pretendida “normalización” de la economía por parte del capital, que incluye poner fin a cualquier régimen de excepcionalidad debido a la pandemia. A la par de la denunciar que el regreso presencial atenta contra la salud de la familia trabajadora en su conjunto, también colocamos la enorme desorganización familiar que provocará el régimen de asistencia dispuesto por el gobierno: en la mayoría de las escuelas deben desdoblarse los grupos y los/as estudiantes asistirán un día sí y un día no (escuelas de jornada simple) y en horarios escalonados. A su vez, manifestamos que la asamblea de Ademys debió haberse anticipado: tenemos por delante un solo día hábil para organizar el no inicio, con un fin de semana largo de por medio. La asamblea ha sido un botón de muestra de la voluntad de la docencia de toda la Capital de continuar la lucha emprendida el año pasado. Han participado representantes de las distintas áreas con mandatos de sus escuelas expresando lo que se ha viralizado en fotos y videos esta semana: que no hay condiciones para ningún tipo de presencialidad, con una situación epidemiológica alarmante y escuelas totalmente derruidas, imposibles de reacondicionar tan sólo con botellas de alcohol y máscaras precarias. Todo esto ha provocado que en tres días ya tengamos 10 compañeros contagiados y escuelas cerradas. Otras de las preocupaciones que se han colocado fuertemente es el recorte en las licencias y dispensas, dejando por fuera a mayores de 60 años, convivientes con pacientes de riesgo y a quienes tienen hijos menores de 14 años, en un gremio con 80% de mujeres, muchas de ellas jefas de hogar. Si bien en general la asamblea tradujo la barbarie que significa esta vuelta, ha quedado abierto un debate sobre la consigna que lleva adelante el sindicato, modificada por el Consejo Directivo, puesto que la votada en asambleas del año pasado había sido “En pandemia no volvemos”. Nuestra agrupación y muchos otros compañeros hemos colocado que la actual moción de la directiva admite la presencialidad con unas condiciones que, de cualquier manera, exponen la salud y la vida de la docencia, estudiantes y las familias. Si no hay condiciones epidemiológicas, debemos oponernos a volver; no discutir las “condiciones” engañosas de esa vuelta, es decir, reformas cosméticas que no aseguran de ningún modo la propagación de contagios. Las agrupaciones de la directiva, en su mayoría integrantes del FIT U, han resumido su posición en un pliego de 10 puntos respecto de un hipotético ‘retorno seguro’ –es un pasaporte para marchar a un campo de maniobras con el gobierno, cuando las dos condiciones de hierro –que bajen los contagios y que nos vacunen- están lejos aún. Los países que siguieron el camino de Larreta -Trotta han terminado en una rápida multiplicación de los contagios y la vuelta al confinamiento. Por otro lado la Carlos Fuentealba (Nuevo Más) ha mocionado, en línea con lo planteado el año pasado, lo “indiscutible de la presencialidad cuidada”, a la medida de las exigencias del gobierno. De la mano de la obligatoriedad, Larreta y Acuña pretenden que toda la matrícula de los diferentes niveles educativos asista a las escuelas el próximo 17. El paro por el no inicio intenta quebrar esa extorsión del gobierno porteño. Los y las docentes congregados en la asamblea de Ademys se pronunciaron contra este intento criminal que atenta contra la salud y la educación. LEER MÁS Asamblea de SUTEBA Escobar: rotundo rechazo a la presencialidad del gobierno, escribe Itati Asis Tucumán: Masiva marcha contra del regreso a las aulas, escribe Diego Carrazán

12 de febrero de 2021
Salta, Colonia Santa Rosa: exigimos la libertad de la compañera Yolanda Vargas

Desde el pasado 9 de febrero la compañera Yolanda Vargas, colaboradora del Comedor Rayito de Luz, del Polo Obrero Tendencia en Colonia Santa Rosa, permanece detenida en la ciudad de Orán, por orden de la fiscal penal Claudia Carreras, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas. Carreras imputó a Yolanda de homicidio culposo por la muerte de sus hijos de 6 y 4 años en un incendio que devoró su precaria vivienda y terminó con la vida de sus hijos. Yolanda tiene 26 años, vivía con su hija de 6 años y su hijo de 4 años en barrio Las Palmeras, uno de los barrios más precarios en el municipio, en donde la obra pública y el acceso a los servicios están vedados para cientos de vecinos y mujeres madres. Yolanda es trabajadora rural, de manera eventual y en condiciones de sobreexplotación trabaja en las cosechas, en un municipio que fue cabecera en la producción de cítricos y hortalizas, pero que actualmente se encuentra devastado por el desarrollo de la frontera agrícola y el monocultivo de soja y caña. Como ella, miles de familias perdieron sus puestos de trabajo en el campo. La mayor parte del tiempo es desocupada o changuea para poder subsistir como el único sostén de su familia. Por esta situación, Yolanda se había empezado a organizar con los compañeros del Polo Obrero en Colonia, para enfrentar el hambre y la miseria. Frente a la ausencia de asistencia real por parte del estado en el marco de la pandemia, y la eliminación del IFE, como recurso para que los trabajadores no se vean obligados a salir a changuear, Yolanda no pudo estar en su vivienda cuando se produjo el incendio. Tuvo que dejar solos a sus hijos, como lo tienen que hacer todos los trabajadores que –además- son obligados a exponerse a los contagios del covid y arriesgar la salud de sus familias. El martes 9 de febrero, mientras la compañera se encontraba ausente de su vivienda, se produjo un incendio que rápidamente consumió la construcción precaria de chapas y madera. En el lugar se encontraban sus dos hijos, quienes murieron en el incendio sin poder salir de la vivienda. Los vecinos de Yolanda intentaron derribar la puerta para sacar a los niños, pero la policía les impidió acercarse. La falta de viviendas, la precariedad, la desocupación y el hambre al que están sometidas las familias trabajadoras en Colonia Santa Rosa y en toda la provincia, son responsabilidad de un régimen político gobernado por Gustavo Sáenz y Mario Guerra en el municipio, que garantizan riquezas incalculables para terratenientes y especuladores inmobiliarios a costa de la vida de los trabajadores y sus hijos. Los mismos responsables de la miseria que padecen las familias, ahora pretenden encubrir sus responsabilidades criminales detrás de verdugos en la “justicia”, que acusan a Yolanda como “responsable individual” por la muerte de sus hijos. Son ellos quienes deberían estar sentados en el banquillo de los acusados. Yolanda permanece detenida desde el momento del incendio, le prohibieron asistir al velorio de sus hijos y solo pudo estar unos minutos en el entierro custodiada por una barrera de policías. La reacción de los vecinos, familiares y compañeros de Yolanda no espera, ni bien se conoció la imputación contra ella se empezó a convocar una movilización en la plaza central de Colonia para exigir su inmediata libertad. Los compañeros del Polo Obrero y del Partido Obrero de Salta exigimos inmediatamente la libertad de la compañera Yolanda Vargas, exigimos además que caigan todas las imputaciones contra ella, por el contrario, el estado se debe hacer cargo de una asistencia psicológica integral para Yolanda y su familia, que les permita afrontar la trágica perdida de sus hijos, además de restituirle una vivienda ante la pérdida de la suya. La lucha por el trabajo genuino, por la restitución y triplicación del IFE, el aumento de asistencia social y del seguro al desempleo, las obras públicas que garanticen los servicios básicos en las barriadas y la urbanización de los barrios, bajo el control estricto de los vecinos y trabajadores de Colonia, forman parte de las tareas que tenemos que desarrollar los trabajadores para defender la integridad de nuestras familias, en oposición a un régimen social que nos arrebata hasta la vida.

13 de febrero de 2021
Chubut: la huida del ministro Trotta y el rol de la burocracia sindical

La obligada visita a Chubut del ministro de Educación Nicolás Trotta, quien se encuentra recorriendo todas las provincias del país para volver a clases presenciales pese a los estragos que causa la pandemia, derivó este martes en un escándalo al finalizar la reunión con las conducciones sindicales. Ocurre que la docencia autoconvocada en el ministerio de Educación, donde se desarrolló el encuentro, bloqueó todas las salidas de la dependencia buscando obligar al funcionario a que responda sobre los atrasos salariales que sufren todos los estatales. Trotta escapó sin dar ninguna explicación a los docentes. La mayor parte de las conducciones sindicales hicieron lo propio con antelación: no solo no convocaron a movilizar al cónclave, sino que tampoco se quedaron acompañando a las bases cuando terminó. La brecha entre la burocracia sindical y las bases es cada vez mayor y en la historia reciente tiene como precedente las traiciones a las enormes movilizaciones en 2018 y 2019 y el abierto llamado a no movilizar el año pasado por el coronavirus, mientras en la actualidad militan el regreso a clases presenciales. La mayoría de los estatales de Chubut aun no terminaron de cobrar el medio aguinaldo de junio. Además, les deben completo el de diciembre y los salarios del último mes del año pasado y el de enero. En muchos casos tampoco percibieron recategorizaciones y en 2020 no hubo paritarias. Lo que el gobierno no dejó nunca de realizar es el pago en tiempo y forma de la enorme deuda (la mayor parte en dólares) a los acreedores, cuyos montos se devengan automáticamente todos los meses de las regalías petroleras. Con ese marco de fondo, no podía sorprender a nadie que la docencia se autoconvoque a hacerle llegar al ministro Trotta su hartazgo ante la situación que vienen sufriendo. El representante del Ejecutivo Nacional mostró total indiferencia ante los manifestantes y huyó del lugar, lo cual cayó muy mal en las bases. La jornada se le fue de la mano a la burocracia Celeste que dirige la ATECh (Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut) y al resto de las conducciones sindicales que se hicieron presentes en la reunión, ya que solo habían comunicado que se iba a realizar el encuentro pero no llamaron a movilizar. Incluso en Puerto Madryn hubo discusiones porque la conducción de la ATECh se negó a pagar el combustible a los docentes que lo solicitaron para acercarse a Rawson, esgrimiendo como respuesta que no había convocatoria, que solo iban a ir las cúpulas sindicales. Quizá lo más llamativo de la jornada del martes en el ministerio de Educación y las repercusiones en redes sociales en torno al comportamiento de Trotta, sea el ofuscamiento de un sector de base militante del PJ-kirchnerismo con su dirigencia. El combo de megaminería y ajuste en la provincia está haciendo mella en el partido que sostiene la gobernabilidad de Mariano Arcioni. La crisis del régimen político chubutense es registrada, con sus diferentes formas, por la mayoría de los medios de comunicación de la zona. En su último editorial, diario El Chubut se lamenta y queja de que “el ciudadano común últimamente protesta por todo”. Es lo que venimos señalando en “Política Obrera” y lo que está detrás de la negativa de un sector de la dirigencia del PJ-kirchnerismo a acompañar el proyecto de zonificación minera: tratar de postergar la emergencia de una rebelión popular que sume a todos los sectores en lucha, y ya no solo al ambientalismo. No es sólo un cálculo electoral, como suponen algunos, sino algo más profundo y que se vincula con la historia reciente del “chubutazo”. En las últimas horas trascendió que el Gobierno prepara una “oferta” a los sindicatos para pagar la deuda en 12 cuotas. Si ocurre eso o algo similar, se le estará echando más leña al fuego. La burocracia sindical, más allá de militar el regreso a clases, ya anticipó que ve muy difícil el comienzo de la actividad el primero de marzo ante este escenario. Las conducciones sindicales ya han dado sobradas muestras de que seguirán “haciendo la plancha”. Las bases deben autoconvocarse como hicieron el martes último en el ministerio de Educación para reorganizar al activismo y al conjunto de los trabajadores de cara a deliberar un plan de lucha y preparar una huelga general contra el ajuste y la megaminería. Hacia allí hay que concentrar las fuerzas.

13 de febrero de 2021
AMSAFE Rosario: de la presencialidad “segura” a la aceptación de la política oficial

AMSAFE Rosario convocó a una reunión virtual abierta de delegados para el jueves 11, para debatir la vuelta a la presencialidad, salarios, titularizaciones y traslados, con la presencia de más de 250 compañeros. El bloque mayoritario de la dirección que integran Terés (CTAA), la CCC y las agrupaciones del FITU que, vienen bregando por una presencialidad “segura”, no tenían la intención de abrir un debate sobre lo que implica en las actuales condiciones la vuelta a la presencialidad, mucho menos a discutir algún camino de acción para enfrentar esta brutal ofensiva de los gobiernos nacional y provinciales, que amenaza la salud y la vida. Sólo se proponían hacer una declaración formal de rechazo, para convocar a una acción testimonial para el día siguiente, acordada previamente. Mientras la mayoría de las intervenciones de los delegados planteaban que la vuelta a la presencialidad era imposible por el estado de las escuelas; que sin vacuna no había ninguna seguridad; que se llegaba tarde; también denunciaban que el ruinoso acuerdo paritario de diciembre no fue votado por ningún docente y que las direcciones de oposición aceptaron como hecho consumado la eliminación de las asambleas de base del estatuto del sindicato, por parte de Sonia Alesso; estos dirigentes proponían hacer reuniones por escuelas, relevamientos de problemas edilicios (como si no fueran harto conocidos) o zonales de delegados; todo esto significa una clara maniobra dilatoria, a la luz del emplazamiento de Perotti/Cantero a que “las clases de séptimo grado y 5ª año se largan el miércoles (17/2) y serán presenciales” (tapa de La Capital de hoy viernes 12/2). Como TRIBUNA DOCENTE TENDENCIA (Santa Fe) hicimos nuestra e impulsamos la declaración del “Frente 4 de Abril” del departamento La Capital” (ciudad de Santa Fe), difundida con anterioridad, planteando que “En estas condiciones NO volvemos a las aulas”. “En defensa de la salud, la vida y la educación pública”. “Preparemos el NO INICIO y la lucha por nuestros reclamos” y señalamos que elevamos esto como moción para ser votada por los delegados presentes en la reunión. Después de muchas maniobras de la directiva, todas para evitar una definición que la pusiera en la obligación de encabezar lucha, finalmente, tuvieron que ponerla a votación. El resultado fue 80 por postergar y 20 para que AMSAFE Rosario, resolviera un camino de acción, como lo vienen haciendo y movilizándose numerosos sindicatos docentes del país e incluso del exterior. En ese momento estaban presentes 150 compañeros, o sea, 100 delegados menos presentes. Ello podría significar la desazón de una parte de los delegados, ante la falta de voluntad de lucha de la dirección. Lo más sorprendente, sin embargo, vino después de la votación, cuando la secretaria, miembro de la CD, quiso dar por terminada la reunión sin más. La bronca de los compañeros, en un hecho inédito, los obligó a mantener abierto el plenario, pese a que no había posibilidad de mocionar. Todo esto expresó a un sector de la base de AMSAFE Rosario, que la defiende como herramienta de lucha, pero que cuestiona el curso de adaptación creciente a la burocracia “celeste”, de AMSAFE Provincial.

13 de febrero de 2021
La Celeste apoya el Impuesto a las Ganancias sobre los Salarios

La agrupación Celeste que dirige SUTEBA y CTERA acaba de difundir un comunicado donde apoya sin fisuras el Proyecto de Ley que eleva piso de Ganancias que afecta a millones de trabajadores (Suteba.orga.ar, 10/02/21). El comunicado en cuestión, para ensalzar la iniciativa legislativa del oficialismo, afirma que “pagarían este tributo quiénes perciban salarios brutos superiores a 150 mil pesos”. No es inocente que la burocracia Celeste se refiera al salario bruto sin distinguirlo del salario neto. Con esta omisión busca confundir a los trabajadores. Ocurre que hoy pagan ganancias los salarios netos a partir de 94 mil pesos y si transformamos los 150 mil pesos brutos a netos caemos en la cuenta que, con la Ley defendida por Yasky-Alessio-Baradel, pagarían ganancias los salarios que hoy rondan los 120 mil pesos (Canasta Familiar medida por la DGEyC del GCBA). Es decir, que la burocracia defiende que todo salario que supere la Canasta Familiar pague ganancias. Esta política condiciona todo lucha paritaria que apunte a elevar el salario a la Canasta Familiar. Por otra parte, no debemos dejar pasar el hecho de que es inconcebible que un sindicato reivindique una Ley que grava el salario con el cuento de que “puede significar el inicio de un esquema tributario más justo”. El salario no es ganancia. La política llevada adelante por la Cetera es la consecuencia de su subordinación al gobierno “nacional y popular” de la misma manera que la política de defensa de la presencialidad que es rechazada por la base de trabajadores docentes. Llamamos a todos los trabajadores docentes a discutir el problema de Ganancias en las paritarias en curso. Derogación del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores. Paritarias libres y paritarios electos en asambleas para fijar un plan de lucha por un salario igual a la Canasta Familiar.

14 de febrero de 2021
Un cheque volador hasta noviembre

Los medios más recalcitrantemente opositores al gobierno fruncieron el ceño cuando la reunión de Martín Guzmán con los empresarios terminó en un aplauso general a favor del ministro. ¿Qué es lo que aplauden, se preguntan, si los funcionarios anunciaron la “vigilancia de las organizaciones sociales sobre los precios”; si además, las tarifas de los servicios públicos seguirán controladas y el financiamiento internacional –también el privado- se encuentra bloqueado, con una deuda pública que “rinde” el 18% anual y un riesgo país a 1500 puntos? Mal que les pese, la amable tolerancia con el ministro que acordó con BlackRock tiene sus razones. Guzmán se solidarizó a fondo con el reclamo empresarial que exige la reducción del “costo Covid”, naturalmente, en los términos en que ese costo es entendido por los capitalistas: nunca más el IFE; liberación de las obligaciones patronales vinculadas a la emergencia –transporte particular al trabajo, licenciamiento de mayores de 60-; presencialidad escolar a todo trapo, para aceitar el retiro de licencias laborales. El “costo Covid”, en cambio, se mantiene cuando se trata de pagarle a las patronales una parte de los salarios, a través de los Repro. Al sector privado de salud, al que le retacearon aumentos de aranceles, le han destinado un Repro "especial". En cualquier caso, los Repro son sólo la punta del ovillo de un esquema más amplio del subsidio al capital. El gobierno renovó los planes de incentivo a la extracción de gas no convencional, con contratos que duplican a los deprimidos valores internacionales. Luego, a los generadores de energía, que deben comprar combustibles dolarizados para alimentar sus usinas, los compensa con subsidios crecientes. En el país del salario mínimo de 150 dólares por mes, el gobierno ha consolidado un arco de intereses capitalistas con ingresos dolarizados, desde Tecpetrol hasta Mindlin, desde Vista Oil (Galluccio) hasta Central Puerto, el holding de Caputo. Las distribuidoras de energía, que se quejan por el retraso de las tarifas finales, pertenecen a los mismos grupos capitalistas que militan en el gas o la generación dolarizados. Por lo tanto, pueden “esperar”. En el presupuesto 2021, se incluyó un jubileo de la deuda de las distribuidoras eléctricas con el Estado, una medida que pavimentó el ingreso a Edenor por parte de los dueños de America TV. Es probable, entonces, que en dial oficialista, C5N y Página 12 puedan armar un “trío”. En la lista de beneficiarios de la quiebra nacional, no hay que olvidar al “mercado financiero” fabricado por el ministro, con bonos de vencimiento corto que hoy rinden un 17/18% anual en dólares, un endeudamiento en pesos igualmente abusivo y, por supuesto, las Leliqs, que han engordado el balance de los bancos durante todo el 2020. Guzmán y Cavallo Naturalmente, el núcleo de la patria dolarizada se encuentra en el capital agroexportador, a quien el gobierno acaba de asegurarle que no modificará las actuales retenciones. El gobierno apuesta a que este tributo al “campo” le permita un ingreso de divisas y, sobre esta base, estabilidad cambiaria al menos hasta las elecciones. Guzmán anunció una devaluación del dólar mayorista del 25% hasta diciembre, cuando la inflación pinta para el doble. Una suerte de “tablita” cavallista. En base a este financiamiento, y a la soja superior a los 500 u$s, el gobierno espera postergar todas las contradicciones en curso hasta noviembre. Mientras tanto, los negocios que ofrece el semidefault argentino son suficientemente redituables como para que el capital financiero acompañe el bicicleteo, siempre y cuando sus renovaciones no excedan los 60 días. Arco de intereses Una información periodística de hoy revelaba que el gobierno pagó 2 millones de dólares a un estudio de lobbystas de Estados Unidos, para conseguir la "conversación telefónica" entre Biden y Fernández. Por cierto, en Argentina está pagando un precio mucho mayor para abrochar el apoyo (o al menos la tolerancia) de un arco de intereses capitalistas hasta las elecciones de octubre. Después de todo, el fracaso del degradado bloque macrista-radical está demasiado cerca en el tiempo. Bicicletas financieras, “presencialidad” y retorno al trabajo; libertad de exportaciones y subsidios diversos son las ofrendas del gobierno F-F para llegar a noviembre. Al compás de estos compromisos, Cristina flirtea con Massa, Máximo discute “listas únicas” y Alberto, en reciprocidad, desparrama pirotecnia verbal contra la Corte. Cualquiera puede advertir, sin embargo, que los móviles económicos que alimentan este armado de intereses son tan redituables como precarios. Un estallido financiero internacional –que se adivina en la volatilidad bursátil- arrasaría con la transitoria bicicleta con la que fantasea Guzmán. El retraso vacunatorio mundial pone límites insuperables a cualquier recuperación económica y, con ella, a las expectativas de un “despegue exportador”. La revaluación cambiaria puede asociar a una ultraminoría asalariada o profesional a la "dolarización", pero no resuelve la condición social de una clase obrera que tiene a más del 50% de sus asalariados por debajo de la línea de pobreza. Aquí tenemos la razón fundamental de los aplausos a Guzmán: la política oficial ha empujado todavía más abajo los salarios, aunque la patronal sabe que es una conquista precaria y todavía provisional –como todo lo que ha obtenido en estas horas. Argentina es un volcán, para cualquiera que examine con rigor la condición de vida del 90% de sus habitantes. La bronca que recorre las escuelas, en torno de una “vuelta al trabajo” de los docentes en condiciones de completa indefensión, es sólo la primera manifestación de una realidad que se extiende a los hospitales y a las fábricas. Detrás de las maniobras y el palabrerío, hay un gobierno que busca salvar los intereses capitalistas en medio de una crisis sanitaria, social y política excepcional. Tenemos que desarrollar su alcance ante los trabajadores, y convocar a una deliberación en los lugares de trabajo y en las organizaciones obreras.

14 de febrero de 2021
La Conferencia de Tribuna Docente (Tendencia) votó un plan de acción contra la “presencialidad” en pandemia

Este sábado 13, durante seis horas y con la presencia de 300 compañeros de diferentes provincias del país, sesionó la primera conferencia nacional de la tendencia de Tribuna Docente. El encuentro de carácter virtual se enmarca en un proceso de deliberación y de lucha que recorre al conjunto de la docencia en la Argentina. Formaron parte de las deliberaciones delegaciones de Capital Federal, Santa Fé, Provincia de Buenos Aires (más de 20 distritos), Misiones, Salta, Tucumán, Rio Negro, Neuquén, Chubut, Santiago del Estero, Catamarca, Entre Ríos, Córdoba y Jujuy. La Conferencia sesionó en homenaje a los compañeros Eduardo Alanís y Leo Izraelson, recientemente fallecidos. El informe inicial caracterizó que la situación política nacional e internacional está dominada por un recrudecimiento de la pandemia que se manifiesta en un rebrote de casos y nuevas cepas en circulación. Argentina ha superado los 50 mil muertos por covid, ubicándose en el puesto nro. 13 del ranking mundial y tiene a más de 2 millones de personas que han sido infectadas por el coronavirus. La vacuna, debido a la guerra comercial y al monopolio privado de los laboratorios, sigue sin llegar. El capital y sus Estados, en medio de este agravamiento de la crisis humanitaria, no quieren más cuarentenas ni medidas excepcionales: exigen, en cambio, reanudar a pleno la producción de beneficios. En ese cuadro, la apertura de escuelas es un reclamo estratégico de la burguesía y las patronales, para colocar a la escuela dentro de la “normalidad” capitalista y de ese modo, habilitarlas como depositarias de los hijos de los trabajadores. El objetivo de Alberto Fernández, Larreta, Acuña nada tiene de “pedagógico” ni de “socialización de la niñez”: sólo se trata de asociar a la escuela al levantamiento de las medidas restrictivas que se habían tomado para evitar la propagación del virus. “A las aulas”, es el grito de todo un régimen político y social, que se sostiene sobre la base de privilegiar el lucro a costa de la vida y la salud de los trabajadores. Para ello, se necesita quebrar la resistencia de los sindicatos docentes, una de las fracciones más organizadas y combativas de la clase obrera argentina. La conferencia destacó cómo esta experiencia aperturista ha fracasado en el mundo. La apertura de escuelas potenció los contagios y hubo que cerrarlas en Reino Unido, Israel o Alemania. En otros casos, como en Brasil y Estados Unidos, la docencia organiza “huelgas por la vida” en rechazo a la presencialidad. La dirección de la CTERA y los gremios provinciales se han sumado a la campaña oficial del supuesto “regreso seguro” en la línea de habilitar el regreso a las aulas, allí donde “estén dadas las condiciones”. La línea de “escuela por escuela” es la negación del propio sindicato como organización capaz brindar una respuesta de carácter colectivo. La burocracia sindical ha atado su destino a los objetivos del gobierno, y se encuentra actuando sin ningún tipo de mandato de sus afiliados, firmando protocolos y paritarias, sin que sus representados le hayan dado el aval para ello. Por otro lado, se señaló cómo un sector importante de la izquierda se ha subido a la campaña pro “presencialidad” adaptándose a la “nueva normalidad” que reclaman los capitalistas. La “opinión pública” que se cita para fundamentar una posición conservadora, también está siendo refutada por encuestas que señalan que la “comunidad” rechaza enviar a sus hijos a las escuelas. La Conferencia recogió, en sus informes y testimonios, cómo se está poniendo en pie una fuerte corriente de rechazo a la “presencialidad” letal del gobierno. Diferentes provincias ya han votado medidas de no inicio, como Adosac (Santa Cruz), Ademys (CABA), la docencia auto convocada de Salta y Tucumán, Agmer en Entre Ríos y el gremio SUTEF (Tierra del Fuego). En la Provincia de Buenos Aires se han realizado asambleas masivas en los Sutebas Multicolor, donde se expresó fuertemente esta corriente de rechazo. Suteba Escobar ha votado el no inicio. Durante la sesión plenaria, tomaron la palabra 33 compañeros que dieron cuenta de cómo se está desenvolviendo la lucha docente y las principales reivindicaciones en juego. La pelea contra la “presencialidad”, el reclamo salarial y por las condiciones de trabajo ocuparon un lugar destacado. También se volcaron las experiencias de diferentes asambleas y plenarios de delegados en donde estuvo presente el debate y la lucha política en torno de la cuestión crucial de la presencialidad. Se propusieron diferentes iniciativas que fueron recogidas en el cierre de la plenaria. La conferencia votó como consigna central el siguiente planteo “En pandemia y sin vacunas, con presencialidad no iniciamos” y la elaboración de una declaración nacional de la agrupación. Para garantizar el no inicio en dónde ya se ha votado, planteamos piquetes y recorridas de escuelas para debatir con la docencia e impulsar lo resuelto. Dónde aún hay asambleas y plenarios de delegados, prepararemos mandatos de escuelas y pronunciamientos por el no inicio. Sobre esta base, impulsaremos asambleas por escuelas, reuniones y plenarios para poner en pie estos objetivos, que puedan corporizarse en la conformación de “comités de lucha contra la presencialidad”. Se aprobó un plan de conferencias y comunicados de prensa, y una campaña de pintadas en las principales localidades. Reforzar el trabajo con el petitorio virtual “Rechazando la presencialidad en pandemia” y un plan de artículos para el periódico que registre la dinámica del movimiento de lucha. La conferencia votó una campaña por un salario básico igual a la canasta familiar, la defensa de las jubilaciones y el 82% móvil. Finalmente, votamos la salida del segundo boletín nacional de nuestra corriente y la conformación de una dirección provisoria que lleve adelante todos estos objetivos. El cierre de la conferencia estuvo a cargo del compañero Jorge Altamira (ver discurso aparte) que brindó las conclusiones políticas y los desafíos que están planteados. La conferencia le aportó a los numerosos compañeros presentes los elementos políticos para actuar en una etapa extraordinaria. Nos proponemos encabezar un movimiento de boicot a la “presencialidad” en pandemia, en defensa de la vida de los trabajadores de la educación, de estudiantes y padres. La lucha política y sindical planteada, contra la escalada de los capitalistas y sus gobiernos, es un terreno formidable de reclutamiento para el desarrollo de una corriente docente de masas, sobre bases socialistas.

14 de febrero de 2021
73% de las familias rechaza la presencialidad sin vacunas

El Instituto de Economía y Sociedad en la Argentina Contemporánea (IESAC) de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) realizó una encuesta sobre la cuestión de la presencialidad escolar, cuyos resultados son elocuentes. La encuesta es muy reciente –tuvo lugar entre el 10 y 12 de febrero- y abarcó más de 2200 casos en 30 distritos del Conurbano bonaerense y en la CABA. El diseño de la muestra no sólo respeta la proporción de los diferentes grupos etarios y géneros, sino también el tipo de vínculo familiar con los estudiantes (madre, padre, hermano, etc). Los resultados son los siguientes: -a la pregunta respecto de “si habría que esperar a que todos los docentes (o al menos la mayoría) esté vacunado antes de empezar las clases”, o si, por el contrario, “habría que empezar lo antes posible aunque no estén vacunados”, el 73% de los entrevistados eligió la primera opción, es decir que se pronunció contra el inicio sin vacunas . Cabe señalar que el porcentaje de rechazo se eleva al 77% cuando el entrevistado es el padre o madre del estudiante. -respecto de si el regreso a clases debería ser optativo u obligatorio, el 74% se pronunció por la optatividad. -En relación al nivel de contagios y la vuelta a clases, el 49% opinó que sería mejor que no se vuelva hasta que se alcance una menor propagación; sólo un 36% se inclinó por “volver a clases y mantenerlas”. El 15% restante se inclina por “volver, pero cerrar las escuelas si el nivel de contagios es muy elevado”. En el caso de padres y madres, los partidarios de que no se vuelva por esta razón se elevan al 54%. A pesar de la feroz campaña mediática y oficial sobre las familias en favor de la presencialidad, el rechazo al operativo emprendido por Fernández-Larreta-Kicillof tiene fuertes raíces, no sólo en la docencia, sino en el conjunto de la población trabajadora. En vez de escudarse en la “opinión pública” para renunciar a una lucha por la vida y la salud de docentes, estudiantes y padres, hay que poner en pie la fuerza colectiva de la docencia para rechazar la “presencialidad” letal del gobierno y los capitalistas. Esa esa firmeza la que puede galvanizar a la opinión popular junto a los docentes.

14 de febrero de 2021
Menem, ayer y hoy

La profusión de mensajes de homenaje, anécdotas o evocaciones a Carlos Menem, que los miembros del actual gobierno han comenzado circular en estas horas, es mucho más que un hecho ceremonial. Es un acto de franqueza política. Por cierto, si hay un hilo conductor que recorre a los actuales protagonistas del poder político, oficialistas u opositores, es haber sido participes del gobierno de quien luego fue rebautizado como “el innombrable”, “el impresentable” o “Méndez”, principalmente, en los círculos del kirchnerismo. De Alberto Fernández al macrismo, sin grieta alguna, los actuales animadores del régimen político se forjaron bajo el régimen que renovó y amplió el endeudamiento con el capital internacional; le ofreció a ese capital las privatizaciones como garantía, incluyendo al sistema previsional; avanzó con una reforma reaccionaria de la legislación laboral y, también, de todo el sistema sanitario y educativo. Es casi redundante recordar que el matrimonio Kirchner gobernó Santa Cruz bajo el menemismo, y resultó beneficiario directo –en el sentido estricto de la palabra- de la privatización de YPF, que el “innombrable” endulzó al entregarle a las provincias dólares contantes y sonantes a cambio de las acciones que detentaban en la petrolera. Luego, renovó esa asociación a través del régimen de provincialización de los hidrocarburos, un maridaje de los estados del interior con las petroleras privadas. Es menos conocido, en cambio, que Alberto Fernández fue el superintendente de Seguros de Menem durante seis años (1989-1995), desde donde prohijó la privatización de los filones más rentables de ese negocio, como es el caso de las ART. Para completar el trío del FdT, digamos que Sergio Massa formó parte de aquella camada de la Ucedé –el partido de Alsogaray- que se pasó al PJ cuando Menem abrazó la orientación y el personal político del “ingeniero”, comenzando por su hija María Julia. Del lado de la oposición, Mauricio Macri fue un fan del jefe de la “década olvidada” (sic); sus actuales socios, como Carrió o Mario Negri, intentaron salvar el legado del menemocavallismo entre 1999 y 2001. Los terminó derribando la bancarrota económica y la rebelión popular de ese último año. Kirchnerismo y menemismo El “reencauzamiento” de esa rebelión y esa crisis, hacia 2002-2003, le entregó el poder a los antiguos partícipes del régimen menemista, ahora “reciclados” en la crítica al neoliberalismo, en el desendeudamiento y el "rol del Estado". El régimen que se inauguró en 2003 fue la confesión del fracaso completo de la política del capital financiero internacional y, al mismo tiempo, una tentativa extrema de la burguesía argentina de salvar su asociación con el capital financiero. La deuda externa videlo –menemista fue rescatada con el canje de Kirchner-Lavagna, el cual, con sus cupones atados al crecimiento, terminó convalidando toda la hipoteca que había sido defaulteada en 2001. El sistema de privatizaciones fue “intervenido”, no para expulsar a los vaciadores privados del patrimonio público, sino para rescatarlos con un régimen de subsidios. Cuando se avanzó en estatizaciones (Aguas Argentinas, YPF), ellas terminaron en gigantescos rescates a los privados, engrosando la deuda pública externa. La pretensión de "reconstruir la burguesía nacional" fue un gran desfalco del presupuesto público y de los trabajadores, cuyos salarios nunca superaron al nivel que habían alcanzado en la “década innombrable”. Al final de este camino, estaba la pretensión de “reconstruir” el financiamiento internacional…a la burguesía nacional. La incapacidad de CFK-Kicillof decretó su salida y la tentativa macrista, que quiso recobrar ese financiamiento desmontando al régimen de “emergencia” montado en 2002 y consumando un ataque estratégico a la clase obrera. La crisis mundial y la resistencia obrera barrieron en dos años con el deja vu menemista de Juntos para el Cambio. No tan lejos En algún debate cuando fue legislador porteño, Alberto Fernández ubicó su pertenencia al menemismo dentro de los llamados “errores del pasado”, y en el haber de la “sana autocrítica”. Sin embargo, cuando los "nacionales y populares" creen encontrar algo de aliento económico y político, siempre enderezan la proa hacia la ruta del "innombrable", es decir, hacia la asociación con el capital internacional. Es lo que intentaron Cristina y Kicillof con Chevron, y esperaban alcanzar en un escenario más amplio si lograban arreglar el entuerto con los fondos buitre. ¡Es el actual empeño de Fernández- Guzmán, a quienes la suba del precio de la soja no le has despertado otro interés que el de alentar una bicicleta cavalliana! (ingreso de capitales de corto plazo). La miseria previsional ha sido un hilo conductor de todas las administraciones kirchneristas, y también de la actual, que ha liquidado el ajuste de los haberes por inflación en medio de una aguda escalada inflacionaria. Al final de la destrucción del sistema previsional público, está el relanzamiento de la jubilación privada. Cristina-Boudou estatizaron esos fondos, pero bajo el objetivo estratégico más general de pagar la deuda, en medio de la crisis mundial de 2008/2009. Las crisis de 2001 y 2018 obligaron a la burguesía nacional y a sus partidos a improvisar virajes intervencionistas –pero sin renunciar al objetivo estratégico de recomponer los vínculos con el capital internacional. O sea, Menem, ayer y hoy. Como régimen de entrega nacional y agresión a las masas, el menemismo ha retratado la caducidad del peronismo como referencia obrera o nacional. Pero ese agotamiento, en cualquier caso, ya se había manifestado mucho antes; en los compromisos de Perón con los “libertadores” (1955-1958); en la colaboración con el onganiato y la hostilidad con el cordobazo; en el “gran Acuerdo Nacional” con Lanusse, y en el régimen posterior de López Rega y las Tres A, que preparó la llegada de la dictadura. ¿Renacer peronista? La presente alharaca camporista es una criatura del Estado, al cual reporta también la burocracia de los sindicatos. Presentar a este armado circunstancial como parte de una etapa histórica o duradera en el movimiento de las masas –o una resurrección del peronismo- solamente puede ser patrimonio de izquierdistas impresionados. Si de izquierda se trata, hay que decir que Política Obrera –Partido Obrero, nuestra corriente, se ha distinguido por marcar a fuego a este "cadáver insepulto" -el del peronismo- frente a todas las inconsecuencias y oportunismos de la izquierda postrada al democratismo y al nacionalismo. En torno de esa lucha, se han forjado –de Menem a hoy- varias generaciones de activistas obreros. Hay que recoger este guante, con la historia recorrida y la circunstancia presente de una crisis excepcional del régimen social defendido por Menem –y sus muchos “hijos”, reconocidos o no.

14 de febrero de 2021
Cortocircuito entre Kristalina y Cristina

El Financial Times se ha apresurado a difundir la versión de que la Vice-presidenta de Argentina plantea que el acuerdo con el FMI debe ser firmado después de la pandemia. El giro obedecería, según el corresponsal del diario en Buenos Aires, a que CFK entiende que se debe dar prioridad a los gastos sociales hasta que se supere este período de crisis humanitaria. De otro lado, para la líder adulta de la Cámpora, el alza de los precios internacionales de las materias primas ofrecería recursos suficientes para capear el temporal. Si el gobierno oficializa la posición que señala el FT, la crisis en puerta puede adelantarse al miércoles de cenizas del carnaval. El planteo tiene más contradicciones que palabras. No es cierto, por de pronto, que un período pos-pandemia atenúe la crisis de salud y la necesidad, por lo tanto, de los gastos extraordinarios para hacerle frente. No se trata solamente de médicos y hospitales, sino de viviendas y empleo. La orgía de subsidios estatales en todo el mundo deja ver un futuro próximo de ajustes virtualmente inviables por su tamaño. Lo que se llama pos-pandemia y ‘nueva normalidad’, augura un escenario de catástrofe social mayor al actual. Cuando el gasto social y el desarrollo de las fuerzas de producción es más necesario que nunca, el capital se encuentra con que no tiene el dinero (en tanto capital) para el primero, ni tampoco posibilidades para el segundo. El cuestionamiento a las fuerzas productivas del capital ha alcanzado una dimensión histórica nueva, como consecuencia del cambio climático. Las fuerzas productivas, por caso, están destruyendo el pulmón del mundo, la Amazonia, mientras, según el mismo Financial Times, en otro artículo, claro, asegura que esa destrucción es de tal envergadura que ha cambiado la estructura económica de Brasil. No sólo eso: habría alterado el epicentro estratégico del país del Atlántico hacia el oeste – Mato Grosso y Amazonas. El otro asunto es que el FMI y BlackRock no ignoran el desafío de la pandemia – lo que pretenden es abordarlo con sus métodos. Para eso propone ‘reconstruir el mercado de capitales’ – una salida privada a la crisis humanitaria. CFK tendrá que reconocer entonces que no se trata de la pandemia sino de su financiamiento. En este punto deberá chocar con Martincito Guzmán, cuya mira está puesta, como lo dijo centenares de veces, en la reconstrucción del mercado. Como el FMI. De la perspectiva del acuerdo con el Fondo depende la revalorización del peso en que se ha empeñado Guzmán, a la que describe como ‘ancla’ contra la inflación. Si el FT no miente y lo que cuenta no se lo sopló Melconian para ‘desestabilizar’ las causas populares kirchneristas, la ‘coalición’, como empezarán a recordarlo las decenas de fracciones que han escalado en el Frente de Todos, podría anotarse en el álbum de los recuerdos. Volverá Domenico Modugno – ‘dipinto de blue’. CFK, siempre de acuerdo a la prensa naranja del FT, deja ver su preocupación por la pandemia, mientras sus ministros de Educación son escrachados por querer reabrir las escuelas sin antes vacunar a docentes y alumnos. No piensa cerrar escuelas en caso de contagios, sólo confinar al contagiado. Para financiar la pandemia con estos métodos no hace falta querellar con el FMI, que es el campeón mundial de la ‘educación segura’ sin vacunación. Lo más probable es que estemos ante una exhibición de demagogia contra el FMI, para desviar la resistencia a morir en clase de parte de maestros, alumnos y familias. La Vicepresidenta no exhibe sólo las contradicciones de su construcción política y de los intereses del capital, porque es un error político confundir contradicción con hipocresía. Entre la una y la otra hay que tragarse varios sapos.

14 de febrero de 2021
Una crítica a la vulgaridad de la economía

Por enésima vez irrumpe una disputa acerca de las consecuencias que genera un alza de precios internacionales de algunos alimentos y forrajes en los precios internos de esas mismas materias primas. Esto no significa que se trate siempre de la misma disputa. La clase obrera debe asumir un planteo propio en este conflicto, porque sus intereses de clase son diferentes a los de los grupos capitalistas enfrentados. Para ello es necesaria una comprensión de la naturaleza del problema y de lo que está efectivamente en juego. Varios dirigentes del Frente de Izquierda se han declarado partidarios de desconectar esos precios internacionales de los internos, haciendo propia la posición de que el poder adquisitivo del salario podría defenderse por medio de intervenciones estatales en el mercado, en contraste con el planteo de la lucha y la huelga. La Mesa de Enlace, que reúne a las patronales del campo, como el gobierno, aseguran que sus posiciones son las que más favorecen a los trabajadores, lo que está desmentido tanto por las gestiones de los gobiernos K como de Macri. La “mesa de los argentinos” (y argentinas) ha sido dinamitada, con oscilaciones, desde la crisis de 2001/02. Precios y mercado Los precios internacionales de las materias primas alimentarias no son variables sueltas dentro del conjunto de la economía. Un aumento de los precios de una parte importante del comercio de exportación de un país, redunda generalmente en una valorización de la moneda nacional y neutraliza el impacto de ese aumento de precios en el mercado interno. En el caso de Argentina estamos hablando de la soja, el trigo y el maíz, pero también de la carne, algunas frutas y el limón. Bajo la gestión de Néstor Kirchner, el aumento de esos precios determinó una apreciación del peso, que pasó de más de tres y hasta cuatro el dólar, a poco más de dos pesos. Eso es así porque el mayor ingreso de divisas, fortalece a la moneda interna. Si el precio de una tonelada de soja pasa de cien dólares a doscientos, y la cotización del peso pasa de cien por dólar a cincuenta, el precio interno ha quedado inalterado en términos monetarios, pues la tonelada sigue valiendo diez mil pesos (100x100 igual a 200x50). Es cierto que esas mercancías estaban afectadas por retenciones, pero eso venía desde el gobierno de Duhalde. Podemos decir, entonces, que ocurrió lo contrario de lo que pregona el kirchnerismo y la izquierda democratizante, o sea que el aumento de precios internacionales revalorizó el peso y aumentó el poder adquisitivo del salario. Lo ocurrido bajo el gobierno de NK se repitió aun con mayor fuerza en Brasil, bajo Lula, donde el dólar se desplomó de cinco reales a dos y medio. El aumento de precios internacionales afectó a alimentos y forrajeras, y al mineral de hierro. Como consecuencia de esta mayor solvencia financiera, Brasil atrajo capital especulativo en una escala sin precedentes. El salto en el sistema de créditos al consumo que provocó este giro financiero no desató un aumento de precios sino una reducción de ellos, en virtud del mayor valor del real frente al dólar. Un principio elemental de la lógica dialéctica dice que no se deben considerar los fenómenos en forma aislada sino dentro de una totalidad de relaciones contradictorias. Por razones que no tienen que ver sólo con la exportación, al gobierno de Macri le ocurrió algo semejante al de NK. Macri devaluó el peso de 9 a 15 el dólar, un 60% apenas llegó a la Rosada, pero hacia finales de 2016 el peso se había valorizado frente a las divisas extranjeras, una vez descontada la inflación. Esto se debió esencialmente al ingreso de capitales de corto plazo, pero fue suficiente para que el gobierno ‘devaluador’ se transformara en ‘revaluador’. El devaluador revaluado se re-convertió enseguida en mega devaluador cuando los capitales usurarios se retiraron en masa de Argentina. Los precios de los alimentos en “la mesa de los argentinos” (y argentinas), fueron sacudidos en forma dramática, debido a la especulación a la suba y baja de la cotización internacional del peso. Es decir que a esa ‘mesa’ la golpea mucho más especulación financiera y la hipoteca de la deuda pública, que los precios de exportación considerados en sí mismos. La especulación mueve una masa de dinero cien veces superior al comercio exterior, en lo que atañe a Argentina, y mil veces más al comercio mundial. De esto no hablan ni sojeros ni nacionales y populares. A Martín Guzmán le ocurre algo singular – a pesar de la suba de precios internacionales, no obtiene ningún tipo de financiamiento internacional. Es lo que debería ocurrir cuando el comercio exterior es superavitario. Ocurre en toda América Latina, que en el último trimestre de 2020 habría registrado un ingreso de capital cortoplacista por alrededor de u$s50 mil millones. En Argentina ocurre lo contrario, pues los Fernández venden títulos públicos en poder del Banco Central al 33% de su precio de emisión; la deuda en poder de los fondos aumenta 100, mientras el BCRA recibe el tercio de ese precio. El aumento de los precios de exportación ha permitido, sin embargo, hacer caer la cotización del dólar en todos los mercados paralelos. O sea que, aunque en forma distorsionada, ocurre lo de siempre – el peso se está revalorizando. El objetivo del FMI, a partir de esta nueva realidad es precisamente esa revaluación, porque ella serviría para aumentar el valor de mercado de la deuda externa. Ella se reestructuró a una cotización hipotética de 57 pesos, pero con posterioridad cayó a 33/37 pesos. Inflación y salarios El aumento de los precios internacionales explica que ahora Guzmán procure revalorizar el peso, al retrasar su devaluación frente al aumento de la inflación de precios internos. Si se trata, como dicen los críticos, de una ‘operación electoral’, ella se apoya de todos modos en un cambio en el comercio exterior. El propósito de revalorizar el peso es reducir el ritmo de inflación, lo cual confirma que el aumento del precio internacional no aumenta, necesariamente, los precios internos, a condición de que produzca una revalorización de la moneda nacional. Este resultado no mejora, sin embargo, “la mesa de los argentinos” (y argentinas), porque constituye un arma adicional del gobierno y las patronales para resistir aumentos salariales, que ahora dirán que crecen en dólares, cuando se cobran, sin embargo, en pesos. La lucha del capital contra la inflación apunta a combatir el aumento de los salarios y a consolidar la caída enorme que han sufrido desde 2015. Es indudable que, en principio, la revalorización del peso afecta la capacidad de competencia de aquellos sectores de la industria que se encuentran protegidos por un peso barato (o sea un dólar caro). La salida del capitalismo a este impasse es harto conocida: la concentración industrial. Es lo que ocurre en Argentina con la industria que podría ser la más dañada por un peso más caro – la textil, cada vez más concentrada. La industria automotriz se concentra a nivel internacional, y esto se acelerará como consecuencia del automóvil eléctrico. Pero el balance comercial de esta industria para Argentina es negativo, porque el valor de auto partes y automóviles importados supera el valor de la exportación. Una revalorización del peso reforzará la tendencia en curso, que es producir menos modelos y concentrar y especializar la industria de autopartes, en función de importaciones y exportaciones mayores. En cierta medida, los aumentos de los precios de exportación (incluido, en forma retrasada, el petróleo) están relacionados con la devaluación del dólar. El aumento de los precios compensa esa caída, potenciados, como ocurre siempre, con una demanda financiera de materias primas, que apuesta a una suba mayor. La devaluación del dólar se relaciona con las enormes emisiones de moneda para rescatar al capital financiero y la Bolsa, y estos rescates con la bancarrota internacional en su conjunto. Esto demuestra lo pueril y lo vulgar de la posición de ‘populistas’ y de ‘izquierdistas’, que quieren resolver el asunto mediante un aumento de las retenciones. Las retenciones a las exportaciones de alimentos, acompañadas por la devaluación del peso, no mejora ninguna “mesa de los argentinos” (y argentinas); son alteraciones funcionales a intereses capitalistas que ocupan lugares diferentes en el mercado. El impuesto a la exportación no le sirvió a CFK para imponer la posibilidad de una reelección, ni la victoria de Scioli. A principios de 2014, estuvo a punto de desatarse una hiperinflación – cuando Kicillof intentó salir del impasse mediante una devaluación. Cadena de valor La noticia económica de la semana, en Chile, ha sido precisamente la revalorización del peso trasandino, como consecuencia del fuerte aumento del precio del cobre. El cobre no es una materia prima alimentaria. Lo que ha ocurrido es una transferencia de ingresos de los mercados que importan cobre a quienes lo producen y exportan. La revalorización de la moneda nacional es una expresión de esa transferencia. Pero para que ella no sea acaparada por los monopolios del cobre, el estado y la burguesía, es necesario luchar por un aumento general de los salarios y las jubilaciones. A través de los monopolios internacionales y del sistema AFJP, que dominan los fondos de inversiones, la transferencia positiva hacia Chile se revierte por medio de una revalorización del capital extranjero y de las utilidades que gira a sus accionistas. Atribuir la carestía a la exportación de “bienes-salario” o a cualquier modificación en la relación de precios de la economía, es una vulgaridad sin atenuantes, porque el sistema de precios forma parte del capitalismo y del mercado. La clase obrera sólo puede defender su mesa de comida con métodos propios, de lucha contra el capital, de ningún modo prefiriendo una ‘regulación’ del mercado por otra. La torpeza de esta salida se ve en que los obreros no controlan las instituciones del estado que se encargan de la ‘regulación’. La “mesa” se defiende por medio de un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar y un aumento general de salarios que recupere el poder adquisitivo de una década atrás. Se defiende ‘formalizando’ a los trabajadores en negro y se defiende con un plan de obras públicas que ocupe a los trabajadores desocupados. Se defiende adoptando los métodos políticos para imponer estas reivindicaciones. La Mesa de Enlace insiste en que el capital agrario no tiene nada ver con el aumento de los precios internos de los alimentos, porque el valor que agrega el agro representaría el 17% del precio final, y que la diferencia se la embolsan las compañías de logística, la manufactura y los impuestos. El argumento es pueril porque el hecho de que no sea la responsable del precio final no significa que el aumento de ese precio final no la beneficie, y que en muchos casos la oligarquía agraria no esté sentada en el directorio del resto de la cadena, en especial los ‘pools de siembra’ y fideicomisos agrícolas, en gran parte ‘offshore’. El ataque de la Mesa de Enlace a los otros eslabones de cadena agroexportadora, pone al desnudo el choque entre ella y el Consejo Agroindustrial, que juega de director técnico de los Fernández. El Consejo alega que su margen de ganancia “es mínimo” y hace lobby para bajar el precio de la materia prima por medio de retenciones mayores a la materia prima con relación al producto elaborado – por ejemplo, más a la soja que al aceite de soja. Al Consejo en cuestión le preocupa o interesa, más que las retenciones, el tipo de cambio y otras variables financieras. La devaluación ha dejado los precios internos de Argentina por el suelo, cuando se los compara con los de los otros países. Esta renta de devaluación es contrarrestada, en el caso de la producción, por el aumento del precio en pesos de importaciones en insumos e incluso maquinarias y tecnología, lo cual no ocurre a los exportadores. La renta de devaluación se acrecienta por la evasión de ingresos al fisco y de divisas al Banco Central. La razón principal para defender las retenciones a la exportación y su aumento es incuestionablemente fiscal. Pero la carga fiscal más importante es el pago de intereses y amortizaciones de la deuda pública – lo mismo ocurre con las Leliq en poder de los bancos. El gobierno F-F está eliminando los subsidios a los trabajadores desocupados en la pandemia, pero no a las patronales, en un caso claro de fondo perdido, porque no tienen retorno. La función de la reestructuración que se hizo de la deuda no ha sido, fundamentalmente, dilatar los pagos, algo inevitable, pues el default era también un hecho consumado para los acreedores y el FMI. Es, por el contrario, abrir margen a un mayor endeudamiento, como ya ocurre con el endeudamiento local. El propósito es reabrir el mercado financiero de deuda al capital privado, que arrancará con la revalorización de la deuda reestructurada. A esa valorización contribuye la suba de precios internacionales y la política de revalorizar el peso. Por el momento, Guzmán insiste en que su propósito es activar el endeudamiento ‘local’, aun a sabiendas que las deudas son re-vendidas en los mercados secundarios y pueden ser compradas por capital extranjero. Es a eso que apuntaría un acuerdo con el FMI. El Fondo también quiere que los gastos de la pandemia tengan los recursos, pero deben venir del capital internacional. Brasil ofrece aquí un escenario singular, que algunos califican, por el contrario, como dantesco: tiene una deuda pública del orden del billón y medio de dólares, financiada en el mercado local, y otra superior, de dos billones de dólares, del capital privado, financiada en el mercado internacional. Armar las condiciones para repetir este escenario en Argentina une a Guzmán y los Fernández, de un lado, y al FMI y BlackRock, del otro. Antes de que esto ocurra, es más probable que estalle Brasil, al menos si creemos lo que dicen varios analistas internacionales. Emisión monetaria Todo esto nos lleva a la conclusión de que, uno, la deuda pública (externa e interna) y la deuda privada externa operan como el factor principal de desequilibrio de la economía – no la variación de los precios internacionales considerados en forma aislada o fuera de contexto. Dos, que la cuestión del salario y la pobreza pasa por una firme lucha de clases del proletariado. La pretensión de obtenerlo por medio del ‘desacople’ precios internos-externos, es vender buzones. La dinámica del endeudamiento no es nacional sino internacional; no es el gasto fiscal sino la presión del capital financiero para colocar capitales sobrantes. Donde abunda el dinero, crece el gasto sobre los ingresos. Lo más importante de todo es que el llamado gasto fiscal es un fraude conceptual que esconde una gigantesca confiscación económica. Ocurre que las erogaciones previsionales pasaron a convertirse en fiscales para legitimar la reducción y hasta el cese de los aportes patronales al sistema jubilatorio. Se fabricó un déficit a cubrir con impuestos. Igualmente decisivo es que se usó el sistema previsional para establecer un Fondo de Garantías que incorporó las acciones de empresas adquiridas por las AFJP y la compra de títulos de la deuda pública en manos privadas – el llamado ‘desendeudamiento’. La política de los Fernández, que inauguró el fallecido Néstor Kirchner, es liquidar por completo el sistema jubilatorio, con el propósito ‘de poner fin’ al déficit fiscal. Lo dijo cien veces Guzmán: el régimen previsional “es inflacionario”. La emisión monetaria no es un factor autónomo de inflación, porque es parte necesaria del sistema de crédito y de moneda. Los bancos ‘emiten’ cuando dan un crédito, porque crean activos en un monto superior a los pasivos (depósitos) que tomaron en primer lugar. Eso mismo puede hacer un Banco Central, o sea dar créditos, que no serían otra cosa que un múltiplo de las reservas en su poder. La emisión de moneda para rescatar a la Bolsa y a empresas fallidas, como ocurre en casi todos los países, es un fraude, es una manifestación de que la crisis capitalista golpea sin vueltas el sistema monetario y de crédito; en principio, debería poder ser cuestionado en sede judicial. El Banco Central emite, en Argentina, a fondo perdido; no es crédito lo que no se va a devolver. Lo que es peor, enseguida convierte a esa emisión en deuda propia (Lebac, Leliq, pases remunerados, etc.). No solamente emite a fondo perdido, sino que encima se endeuda para hacerlo. El enorme fraude monetario internacional, por su lado, se encuentra disimulado, como consecuencia de la tendencia deflacionaria a largo plazo que domina la economía mundial. Se ha creado una demanda monetaria ficticia para evitar la caída de precios. Un porcentaje de las ganancias especulativas que se obtienen en las Bolsas y en otras operaciones, se dirigen al mercado de consumos de los ricos y de sus empleados; existe una dilatada clase media ‘bursátil.’ El ‘rebote’ de los precios de las materias primas está condicionado como tendencia por el cuadro de deflación, y por otro lado, por las maniobras monetarias para contrarrestarla. En Argentina, la tendencia deflacionaria es más acusada que en otros lados, medida en dólares, que es lo que importa, como consecuencia del derrumbe del peso. Que el PBI caiga de u$s500 mil millones a u$s300 mil millones, debido a la devaluación, es deflacionario, no inflacionario. La inflación en pesos es el resultado de la devaluación, que ha deprimido (deflacionado) el valor de los ingresos y patrimonios en Argentina. Esto no se reparte en forma igual, porque ha mejorado el patrimonio de todos aquellos que atesoran en dólares, en especial las grandes compañías y fondos. Las empresas que dicen carecer de efectivo para pagar su deuda externa, porque el Banco Central no se las provee, lo tienen en el exterior. Argentina ha sido y sigue siendo “el canario de la mina”, el clásico anticipo del derrumbe inminente del socavón. ‘Nueva normalidad’ En momentos en que el poder capitalista invita a las masas a adaptarse a la ‘nueva normalidad’, es necesario combatir las distorsiones ideológicas de sus representantes políticos – y de aquellas que han descubierto su vocación de falderos. Ocurre que la ‘nueva normalidad’, que consiste en ir trabajar acechados por una pandemia, significa también pagar las consecuencias de ella sobre la ‘salud’ de las empresas y de los Tesoros del estado. La humanidad trabajadora enfrenta el desafío de una lucha decisiva contra el capital – por la salud y la vida.

14 de febrero de 2021
Buyatti en la lona: aseguremos los puestos de trabajo

Buyatti S.A.I.C.A tiene tres plantas, una en Reconquista, otra desmotadora de algodón en Chaco y la tercera en Puerto Gral. San Martín. Enclavada en el Barrio Bella Vista – Pto. Gral. San Martín, muy cerca de Bunge y otras aceiteras, no cuenta con puerto propio. Esto implica que tenga que pagar un canon a otras para poder embarcar y vender. La empresa tiene un vínculo con Vicentín, pues un ex CEO de esta última, desplazado por la intervención judicial, es el Ing. Daniel Buyatti. Desde hace 22 años, Buyatti funciona presentando concursos preventivos de crisis. En todos estos años, los obreros y el Sindicato Aceitero (SOEA), han tenido que hacer innumerables marchas, acampes y presentaciones en el Ministerio de Trabajo, para que la empresa pague y que no se cierre la planta. Buyatti fue una extorsionadora serial a lo largo de años: pago sus deudas salariales por debajo del convenio aceitero, instando a sus obreros a que aguanten a la espera de la cosecha gruesa y la reactivación. También tuvieron que hacer marchas para no quedarse sin obra social, por incumplimiento de la patronal o directamente lockout temporario. En 2018, el SOEA votó una suma fija de ayuda solidaria de los obreros, de acuerdo a las categorías de cada uno, para reforzar la miseria que entregaba Buyatti cuando estaba parada. . El 1° de diciembre pasado Buyatti cerró, pagando adicionales por custodia a la policía de Perotti, que estuvo de manera permanente hasta la fecha. Esto refleja la completa complicidad del gobierno provincial con esta patronal, como con otras (Guerrero Motos). Pero la patronal cruzó la línea, retirando equipos de la planta que son necesarios para producir aceite. Puso en venta la planta y se rumorea que hay interesados en comprarla para hacer acopio. Esto implica la ratificación de una variante que dejará al 70% de sus 90 obreros actuales en la calle. En una última reunión con el Ministerio de Trabajo, Buyatti accedió a pagar los sueldos del enero y febrero de 2021, pero sin el incremento logrado a partir de enero por la huelga aceitera. Queda claro que en marzo no reabre. Buyatti seguirá especulando, ahora con la cosecha gruesa a partir de marzo, para venderla o alquilarla, pero desligándose de 70 obreros. Ofreció en su momento, indemnizaciones en cuotas. Pero si tiene aprobado un nuevo concurso preventivo de crisis, pagará la mitad. Además, el decreto presidencial que pone tope a la doble indemnización ($500.000) por despidos sin causa, le facilitará las cosas. Durante el acampe de los obreros, que coincidió con la gran huelga de 21 días de Aceiteros, Recibidores de granos y gremios marítimos, se barajaba una posibilidad que ya había lanzado la patronal meses antes: la formación de una cooperativa. Los límites de esta salida son conocidos, pero todavía lo son más en el marco de una actividad dominada por monopolios capitalistas agroexportadores. A través de la pérdida de sus conquistas salariales, los obreros terminaran haciéndose cargo del muerto dejado por la patronal. Y con un porvenir incierto, pues el boicot de los grandes operadores a la cooperativa terminaría con ella. Al vaciamiento en curso, debemos oponerle la nacionalización de Buyatti, sin pago a sus vaciadores; y el empleo de sus activos para cancelar todas las deudas salariales con sus obreros, asegurar la vigencia del convenio colectivo y la reapertura de la planta. El actual desguace de la empresa o su venta a precio vil solo puede ser impedido con la ocupación. Naturalmente, este propósito exige una deliberación y un plan de lucha del SOEA; debatido en asamblea general.

15 de febrero de 2021
Salta: enfermeros del Hospital San Bernardo arrancan su reincorporación

A finales de febrero, se dio a conocer el despido de 34 enfermeros del principal hospital de la provincia, San Bernardo, contratados en el marco de la pandemia. Prestaban servicio por COVID y también en diferentes áreas, desde la guardia, cirugía general y UTIS. En la mañana del miércoles y tras dos semanas de concentraciones y acciones de lucha, conquistaron su reincorporación, y renovaron contratación hasta el 31 de marzo, momento en el cual se evaluarán hasta 200 trabajadores del hospital. Covid, pandemia y autogestión Con la pandemia y su consecuente colapso sanitario, quedó al desnudo la política criminal de la autogestión gerencial de los hospitales públicos de la provincia, que los obliga a garantizar su propio financiamiento. Impulsa así el vaciamiento sanitario, o sea el déficit de personal, la falta de insumos e infraestructura. Solo en el hospital San Bernardo, hay un déficit -previo a la pandemia- de 150 enfermeros. La autogestión impulsa la contratación de trabajadores eventuales, con “recibos prestados” y monotributos. Son 1800 trabajadores en esta condición en toda la provincia. Es así que, a pesar que la jornada de trabajo de los enfermeros del San Bernardo llegaba a más de 140 horas mensuales, no fueron contratados como personal de planta por parte del Ministerio de Salud pública, sino como monotributistas que le “facturan” al hospital. Durante los meses de pandemia, donde prestaron servicio en “la primera línea”, no contaron con obra social ni contrato alguno. Cuando contrajeron COVID, los mandaron a aislarse a su casa, sin atención médica e incluso sin percibir sus salarios. Es que con esta forma extrema de precarización, “si no prestás servicio, no facturás”. La batalla de enfermería El anuncio por parte de la gerencia y el gobierno de la reincorporación parcial hasta el 31 de marzo de los 34 enfermeros despedidos del San Bernardo busca descomprimir “un conflicto que amenazaba con escalar” (El Tribuno - 11/02/21). Por un lado, por el crecimiento de contagios en un sistema de salud que está en peores condiciones que el año anterior. Por el otro, por la solidaridad otros enfermeros y trabajadores activistas, que comenzaron a ver en esta lucha un camino para derrotar la precariedad, la persecución laboral y los despidos arbitrarios en otros hospitales y clínicas. Ahora, se plantea el desafío de derrotar la intentona de la gerencia y del gobierno de revisar sus contratos y los de otros 150 trabajadores del hospital el 31 de marzo ¡en plena pandemia! Plantea la lucha por el pase a planta de todos los precarizados, por el salario y la reducción de la jornada laboral, sin afectar el salario; la incorporación masiva de trabajadores de la salud bajo convenio. Deja a la orden del día, asimismo, derrotar el sistema de gerenciamiento y autogestión hospitalario, fuente del vaciamiento y colapso sanitario. Contra la política criminal del gobierno y las patronales que impulsan el retorno a clases y la apertura completa de las actividades económicas, sin un plan de testeos ni vacunación masiva, y dan vía libre al COVID, se abre paso la lucha de salud y la docencia autoconvocada en la provincia. En ellas se juega el interés general de los trabajadores salteños y de nuestras familias.

15 de febrero de 2021
Yolanda Vargas: en Salta y en todo el país, crece la campaña por su inmediata libertad

Cuando los vecinos de Colonia Santa Rosa supieron que la fiscal penal Claudia Carreras, había imputado a Yolanda Vargas por “abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo” - tras la muerte de sus hijos en el incendio de su vivienda -, la conmoción se convirtió en repudio. Rápidamente, los vecinos se auto convocaron en una gran movilización exigiendo su libertad. En el barrio Las Palmeras, donde se produjo el incendio, las vecinas de Yolanda discutieron y se organizaron para asistir a la movilización. Padecen, en carne viva, la falta de urbanización y de obras en el barrio y entienden que los desastres de las que ellas y sus hijos son víctimas tienen un motor común. El pasado viernes se convocaron 500 vecinos en la plaza principal y marcharon por las calles del municipio. Al finalizar, junto a los familiares y compañeros de Yolanda, realizaron un acto público en el que acordaron una nueva movilización el miércoles 17 en la fiscalía del pueblo, como parte de una campaña para exigir su libertad. De manera simultánea, en la ciudad de Salta, las compañeras y compañeros del Polo Obrero realizaron una concentración en una de las principales peatonales, allí explicaron públicamente el caso y cosecharon la adhesión de decenas de personas que transitaban por allí. Desde las provincias de Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca y hasta Buenos Aires, compañeros y compañeras del Polo Obrero Tendencia ya se pronunciaron por la libertad de Yolanda. La campaña trasciende a los compañeros de militancia y vecinos. Desde el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) llegó un pronunciamiento por su libertad. La Red por la Defensa de los DDHH y Familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas y gremiales de Salta, hizo público un comunicado en el reclaman la libertad de Yolanda, y denuncia al gobierno municipal como “responsable por la tragedia que enluta al pueblo de Colonia Santa Rosa”. Jorge Farfán, Ana Castro y Nilda Zerpa, familiares de la Comisión contra el Gatillo Fácil y la impunidad de Salta, también acercaron sus pronunciamientos. El Comité contra la Violencia Institucional y de Género del Hospital Moyano (NBM de Capital Federal) envió un comunicado en el que manifiesta: “Repudiamos la detención arbitraria de la joven Yolanda Vargas quien solo cometió el terrible delito de encontrarse en situación de opresión y esclavitud en una sociedad feudal, por ello nos solidarizamos con su familia y solicitamos la inmediata libertad de Yolanda”, en igual sentido la Agrupación Naranja Blanca del Hospital se pronunció. La Junta Interna de ATE Legislatura de La Plata, envió un pronunciamiento reclamando la inmediata libertad de Yolanda en el que además señala, “esta tragedia (…) hubiera sido evitable con viviendas en condiciones, con guardería municipal para los hijos de las trabajadoras, y con un trabajo genuino que le permitiera, como a toda madre el cuidado y mantención de sus hijos”. La Comisión Directiva de la Asociación de Trabajadores de Radio Nacional (ATRaNA), publicó un comunicado en el que expone: “Una vez más el estado se ensaña con una mujer trabajadora ultra precarizada y la acusa para ocultar su responsabilidad”. En el comunicado, los trabajadores de prensa detallan la deplorable situación sanitaria en la que viven los trabajadores en Colonia y en todo el norte salteño, por covid-19, dengue, salmonela y hasta hantavirus. El comunicado finaliza reclamando la libertad de Yolanda. El discurso oficial de la justicia, retomado por algunos medios de comunicación, pretende introducir en la población la idea de que Yolanda es responsable por haber dejado solos a sus hijos. Sin embargo, estos argumentos están siendo derribados por la movilización social y política del propio pueblo de Colonia, que exige su libertad y supera las fronteras locales. El estado con sus instituciones como la justicia, buscan crear una “responsabilidad individual”, para encubrirse. Al gobierno de Mario Guerra, de Gustavo Sáenz y de Alberto Fernández les cabe no garantizar la obra pública y la urbanización de las barriadas, el acceso a la tierra y a viviendas populares, el derecho al trabajo y la asistencia para las familias desocupadas. La eliminación del IFE puso en la calle, y en busca de un sustento, a centenares de madres trabajadoras en todo el país. Este lunes 15 de febrero, compañeros del Polo Obrero y vecinos de Yolanda se organizan para limpiar los escombros donde se produjo el incendio. Ya resolvieron montar allí un merendero en nombre de sus hijos. Aleccionador. Una vez más, es la clase obrera con su organización y sus métodos de intervención, la que muestra sus fibras más humanas y su pulsión de vida frente a un régimen político y social decadente. Este miércoles en el Obelisco, en Plaza 9 de Julio, en las barriadas y plazas de todo el país, redoblemos las movilizaciones y los pronunciamientos para conquistar la libertad de Yolanda. VER MÁS SALTA CASA DE SALTA EN CABA

15 de febrero de 2021
Bariloche: el transporte público- que es privado- en vilo

Otra vez los colectivos dejaron de transitar por la ciudad. Los choferes de MI Bus resolvieron en Asamblea de la UTA, que si a las 18 horas del miércoles 10 no se concretaba el depósito del sueldo adeudado de enero, que era lo acordado, los vehículos no saldrían del galpón, yendo al paro por tiempo indeterminado. Así se largó la lucha de los compañeros, hasta el viernes al mediodía en que percibieron lo reclamado. Luego, y ante la falta del pago a cinco de ellos, el transporte no se puso en funcionamiento hasta asegurarse que todos cobren. El régimen laboral de los choferes viola los derechos laborales, y abunda en persecuciones y sanciones para ensuciar los legajos de los compañeros. Se vulneran las normas y leyes del propio Estado, como los aportes, y ya se produjo la “desaparición” de 10 unidades, o sea, un principio de vaciamiento. Hace algunos años, había dos empresas de transporte y 450 trabajadores entre ambas. Hoy hay una sola empresa con 230, en una ciudad que crece exponencialmente. Esto repercute en la calidad del servicio, por un lado, y en el deterioro de las condiciones de trabajo, por el otro, ya que la insuficiencia del sistema recae sobre el trabajador. El deterioro del servicio de transporte revivió el problema sobre la necesidad de terminar con este sistema de monopolio privado. Los vecinos expresaron en los medios, en whatsapp barriales, y hasta en la prensa escrita, las quejas y comentarios a favor de la municipalización. Si el estado subsidia a la empresa para pagar los salarios, y en lugar de cumplir con los trabajadores, las empresas, lo utilizan para pagar sus deudas y/o unidades - que después se llevan de la ciudad-, entonces, que se vayan, y que la municipalidad, la provincia, y el gobierno aseguren la prestación. El 4 de febrero pasado, los usuarios de la Multisectorial del Transporte Público reclamaron al Ministerio Público Fiscal, el año cumplido de la presentación de una denuncia penal contra el Ejecutivo Municipal y la empresa, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta. Hace cuatro años que no presenta balances en regla. Todo el arsenal estatal - municipio y justicia- están al servicio de este capitalista del transporte. Está planteada la apertura de los libros, y organizarnos entre usuarios y trabajadores para profundizar la lucha y el reclamo. Crisis local y nacional En declaraciones a un medio local, la vice jefa de gabinete del municipio, Marcela Abdala, planteó que el boleto debería estar en $ 120, cuando hoy es de $ 42 y –según ella- “no cubre el gasto más allá de la baja recaudación en pandemia”. Así, le lava la cara a la empresa Amancay SRL (Mi Bus), justifica los subsidios que recibe y defiende un tarifazo. Pero ya los trabajadores han denunciado que hay muchas unidades paradas sin motivo. El usuario viaja hacinado, con barbijo, en un verdadero caldo de cultivo del virus, con amplias demoras en la frecuencia y el consecuente cúmulo de personas. En la misma sintonía del gobierno local, el Ministro de Transporte nacional Mario Meoni sentenció que “subirán las tarifas” (La Nación). Es que, en cuarentena, ese ministerio restringió la posibilidad de fijar el costo a las provincias y municipios, y se establecieron nuevos subsidios a cambio del boleto congelado. Ahora, ante los reclamos de la cámara patronal, ese ministerio emitió una resolución que garantiza los subsidios y levanta la prohibición al aumento de tarifas. Ante tamaña crisis en el transporte, de la cual son responsables las patronales y los sucesivos gobiernos, con la colaboración de la burocracia sindical de la UTA (que se limita a protestas aisladas y resignadas), los trabajadores debemos tener nuestro plan de intervención. No podemos ser pato de la boda. Esto amerita un programa: Municipalización del Transporte Público de Pasajeros; que los subsidios, en lugar de ir al rescate del capital, aseguren el funcionamiento pleno del servicio, el pago de salarios bajo el convenio establecido en el transporte, la prohibición de despidos, y las medidas de control de la empresa para evitar el vaciamiento y el traslado de las unidades. Como clase social tenemos una escuela que protagonizaron los Trabajadores de Transporte del Oeste: La gestión obrera. Las deudas deben ser asumidas por los dueños, quienes deben responder con sus bienes y patrimonio personal. Un fondo compensador sostenido por el estado y el ingreso de lo recaudado bajo gestión de los trabajadores. Ningún tarifazo. Que lo recaudado se destine a lo que corresponde: gastos de servicios, sueldos, mantenimiento edilicio, de unidades, gasoil, etc. Debemos reorganizarnos, por medio de asambleas de trabajadores, en unidad con usuarios, para exigir ante el estado, tanto municipal como judicial, la prioridad del servicio público. La diferencia es que el servicio debe estar organizado por sus trabajadores y usuarios, y no por la patronal parasita.

15 de febrero de 2021
El Polo Obrero Tendencia se movilizó en todo el país

El rebrote de la pandemia y la agudización de la crisis sanitaria tuvieron lugar en medio de la mayor indefensión hacia los desocupados y precarizados. En un reciente reportaje, Martín Guzmán confirmó que el IFE no volverá a establecerse. (“Guzmán le baja el pulgar al IFE”, El Cronista, 22/01/21). Es la línea de la “vuelta a la normalidad” capitalista, cuyo bastión se encuentra disputado en torno de la apertura de las clases presenciales. El ministro ha olvidado que las “restricciones a la circulación” siguen impuestas para miles de trabajadores debido a la pandemia, ya que para las familias trabajadoras, que muchas veces cuentan con personas de riesgo, la pospandemia sigue siendo una utopía. Adicionalmente, la pérdida de puestos de trabajo durante el último año no se ha recuperado y los niveles de pobreza e indigencia se han disparado. La necesidad de reponer y triplicar el monto del IFE choca con los intereses del capital por explotar la fuerza de trabajo. En este cuadro de situación, el Polo Obrero Tendencia se encuentra en plan de lucha. El pasado jueves, más de 3000 compañeros y compañeras de Capital y Buenos Aires se movilizaron a las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, sosteniendo un corte sobre la avenida 9 de Julio durante la tarde. La medida de lucha se replicó en Tucumán, con 1500 compañeros movilizados, Salta, Santiago, El Dorado, Mendoza, Chaco y San Juan. El pliego de reivindicaciones tuvo como eje el reclamo por la suspensión de la entrega de los alimentos durante los meses de Diciembre y Enero, la apertura de nuevos cupos y aumento de montos para planes sociales, la reposición y triplicación del IFE, vacunas para todos y que sea declararla bien público, junto al rechazo a la “presencialidad” en las escuelas para evitar más contagios. En su respuesta, el gobierno dejó en claro que su política es la “vuelta a la normalidad” que reclaman los grupos capitalistas. En la reunión, los funcionarios nos acusaron de ser los únicos que no “colaboramos” con el gobierno. Desde su perspectiva, la entrega de recursos a las organizaciones, para su auto-construcción, debería ser la moneda de cambio de la contención social. Es una forma más o menos velada de cooptación estatal. Pero las conquistas arrancadas al gobierno por la lucha no alcanzan siquiera la calificación de paliativo para la situación de los desocupados. Queda planteada la necesidad de continuar con el plan de lucha nacional por todas las conquistas. En CABA tenemos por delante una gran lucha por la conquista de comedores y alimentos que el gobierno local se niega a entregar. La mujer y la lucha por la legalidad La columna del Polo Obrero Tendencia en Capital contó con una nota distintiva: una columna del PDT encabezada con una bandera que reclamaba justicia por Úrsula Bahillo, víctima de femicidio a manos de un policía en la localidad de Rojas, y Esther Mamani, compañera del Polo Obrero asesinada por su ex pareja en la villa 1-11-14, del Bajo Flores. En las asambleas del Polo Obrero Tendencia de la Capital las compañeras están atravesando un proceso de organización y lucha contra la violencia hacia la mujer, que ya ha logrado rescatar a varias compañeras de sus agresores. Esta lucha ha logrado reagrupar a distintas compañeras que están realizando un curso sobre la doble opresión en la Villa 31. Han resuelto incorporar al pliego de reivindicaciones del plan de lucha el reclamo por refugios para mujeres y guarderías para niños, así como la entrega de pañales, toallas higiénicas, anticonceptivos y otros recursos. La columna del PDT en la marcha del Polo Obrero Tendencia generó aplausos de admiración por parte del resto de la columna. Ahora, estas compañeras continúan la lucha reclamando la libertad a la compañera Yolanda Vargas, del comedor Rayito de Luz de Colonia Santa Rosa, Salta. Todo el Polo se movilizará a la casa de Salta el próximo miércoles con este reclamo. En la movilización del Polo se han recogido decenas de fichas de adhesión y afiliación para conquistar la legalidad del Partido Obrero Tendencia. La campaña está comenzando a cobrar fuerza en las villas. En la Capital, las compañeras del Polo no sólo están obteniendo adhesiones entre los compañeros de las asambleas y sus familias, sino que además se organizaron para salir a recorrer el barrio y levantar la adhesión de vecinos que no pertenecen a la organización. La política del gobierno en favor del capital a costa de la vida y la salud de los trabajadores ha reforzado la conciencia de los compañeros en la necesidad de poner en pie un partido de la clase obrera y de disputar contra los partidos del régimen en todos los terrenos. Lo que viene Nos encontramos ante una etapa de grandes luchas en el movimiento obrero. El clima de lucha entre los docentes por el no inicio marca el camino para el conjunto de los trabajadores. Necesitamos direcciones obreras que estén a la altura de las circunstancias. En el Polo Obrero Tendencia se ha discutido en asambleas la cuestión de la vuelta a la presencialidad y la necesidad de organizarnos en comités de padres y madres en apoyo a la lucha docente. Un triunfo de la lucha docente sería un bastión conquistado contra la política del capital de “vuelta a la normalidad” capitalista, y dará fuerza a la lucha por conquistar medidas de emergencia, como la reposición y triplicación del IFE. En este inicio de año, el Polo Obrero Tendencia tiene grandes luchas por librar. ¡Vamos con todo para conquistarlas! Libertad a Yolanda Vargas. Justicia por Úrsula y Esther. Por guarderías maternales. Por refugios para mujeres. Por mercadería y elementos de higiene. Apertura de comedores. Reposición y triplicación del IFE. No inicio de las clases presenciales en pandemia. Por un plan de virtualidad, garantizando las condiciones. Vacunación para todos. Declaración de la vacuna como bien público. Derecho al trabajo.

16 de febrero de 2021
Después de la revaluación, el tarifazo

Con el aumento de las naftas anunciado en las últimas horas, las subas acumuladas en este mes y medio del 2021 llegan a un 12% respecto de los valores que presentaban los combustibles en diciembre. Aunque la cifra ya es impactante para sólo 45 días, lo es mucho más si tenemos en cuenta qué representan estos aumentos medidos en dólares: ocurre que, en el mismo período, el dólar oficial sólo se devaluó un 3,5%, tres veces menos de lo que subieron las naftas. Como consecuencia de ello, mientras que a comienzos de año un litro de nafta súper costaba 0,74 centavos de dólar, hoy cuesta 0,80 centavos, o sea, un 8% más. Si el dólar hubiera crecido igual a lo que aumentaron las naftas, las petroleras hubieran necesitado un aumento del 20% en 45 días para lograr el ingreso en dólares que obtuvieron ahora. En definitiva: con la política de “planchar” el dólar, los “minitarifazos” representan, para los monopolios petroleros, tarifazos en regla. Pero lo que está ocurriendo en este “veranito” de las naftas es apenas un anticipo de lo que podría pasar con la política oficial de revalorización del peso, que el gobierno pretende alcanzar al calor de un ingreso de divisas asociado a los altos precios de la agroexportación. Guzmán acaba de anunciar una devaluación “programada” del dólar mayorista del 25% para todo el 2020, cuando la inflación proyectada para el año orilla al 50%. Si fuera así, todos los capitalistas que ajusten sus precios con esta última pauta lograrían elevar en un 20% sus ingresos y beneficios medidos en dólares. Es lo que ocurrirá, desde ya, con las privatizadas de servicios públicos, que fatigan los despachos oficiales a raíz de lo que llaman el “atraso tarifario”. Con este otro “atraso” –el cambiario- lograrán que aumentos relativamente menos importantes de las tarifas en pesos engorden más que proporcionalmente sus ganancias, medidas en moneda dura. Como estas empresas están controladas por fondos internacionales –así ocurre con las generadoras de energía pero también con YPF- se trata de un dato fundamental a la hora de hacer sus cuentas. Significativamente, el aumento del 8 % en dólares de las naftas locales coincide con el cierre de la reestructuración parcial de la deuda de YPF, con fondos que –como BlackRock- son acreedores y también accionistas de la petrolera mixta. En la mesa de negociaciones, el dato de este tarifazo en dólares tiene que haber sido crucial. Deuda Esta política de reflotamiento del peso también sacude otra estantería, la de los especuladores financieros. Por lo pronto, la deuda pública en pesos y atada a la inflación ha subido en las últimas horas, apostando a su revalorización en “moneda dura”. Esto parece subir las chances del mercado financiero en pesos al que apuesta el ministro Guzmán. Es evidente, sin embargo, que la “revaluación” refuerza o acrecienta el peso de la deuda en pesos sobre el conjunto de la economía nacional. Por eso mismo, la apuesta de fondo de Guzmán es resucitar el ingreso de capitales especulativos del exterior, bajo el acicate de una tasa de interés –de default- muy superior a los inexistentes rendimientos internacionales. En definitiva, todo “nacional y popular” tiene un Cavallo escondido, y dispuesto a desenfundar. Pretende apuntalar esta tentativa con los ingresos de la cosecha, que el gobierno no afectará con mayores retenciones. Es indudable que esta intentona revaluatoria ha sido colocada también en la discusión con el FMI: el kirchnerismo está reclamando que el acuerdo de “facilidades extendidas” se extienda por 20 años. En medio de una plétora de capitales sobrantes (liquidez internacionales), los nacionales y populares pregonan una acumulación de reservas para ofrecerle al capital financiero un nuevo ciclo especulativo. El otro atraso En cualquier caso, la operación “revaluatoria” plantea límites y contradicciones muy claras. Por lo pronto, ubica en la fila de perdedores a los especuladores que han acumulado deuda pública en dólares, y aspiran a “realizarla” a cambio de activos devaluados. La revaluación, por lo tanto, deberá pasar por una lucha intercapitalista. Pero la batalla principal se librará en otro campo: la premisa fundamental de Guzmán y los Fernández es que la “revaluación” apenas roce los salarios y jubilaciones El sueño cavalliano, otra vez, es una Argentina “redolarizada” con los salarios desvalorizados que han dejado, primero, la crisis de 2018/2019, y, luego, la regresión general planteada por el Covid. Por lo pronto, la burguesía se serviría de una revaluación del peso para retacear aumentos en las próximas paritarias, tal como explica Altamira en su nota “La vulgaridad de la economía” ( https://politicaobrera.com/economia/3968-una-critica-a-la-vulgaridad-de-la-economiacitar link). La pauta salarial oficial –del 29-30%- está muy por debajo de la inflación real que se prevé para 2020. El 30% de desocupación real que ha dejado la pandemia (cuando se cuentan a todos aquellos que han dejado de buscar trabajo) es el arma que una peste –el Covid- le ha dejado a otra peste, la de los explotadores argentinos que pretenden consolidar una caída histórica del salario. Superficialmente, la política oficial de revaluación monetaria ha sido interpretada como un plan electoral, ello, porque suponen que moderaría la inflación en curso. Visto de conjunto, el esquema que acarician Guzmán y los Fernández es una gran operación de confiscación económica a los trabajadores y jubilados. Como todos los que se deshacen en palabras “contra la oligarquía”, la piedra angular de esta operación económica es la transitoria bonanza del comercio agroexportador, a la que pretenden asociarse. Esa bonanza, sin embargo, está atada a una aguda volatilidad mundial, de la que forman parte las crisis políticas y las rebeliones populares. La cuestión del salario y de las próximas paritarias serán el tenso laboratorio de esta lucha de clases. LEER MÁS * Un cheque volador hasta noviembre, escribe Marcelo Ramal **

16 de febrero de 2021
Chile: la izquierda en las elecciones constituyentes

En abril de este año se realizarán, según el calendario electoral vigente, las elecciones para la Convención Constituyente de Chile. El PTR (PTS de Argentina), el MST (Izquierda Socialista de Argentina), el Movimiento Anticapitalista (MST de Argentina) y el MIT (PSTU de Argentina) son los partidos de la izquierda chilena que han presentado candidaturas. Los primeros dos han concretado un frente electoral para las constituyentes con algunos independientes, llamado “A darlo vuelta todo. Trabajadoras y Trabajadores Revolucionarios”. Este frente presentó candidatos en 9 de los 28 distritos electorales. Entre esos 9 distritos se reparten 55 candidatos, en su mayoría del PTR. El Movimiento Anticapitalista presentó dos candidatos, uno en el distrito 10 y otro en el distrito 12, con la consigna de “candidaturas independientes, anticapitalistas, feministas y ecosocialistas”, también con el objetivo de “dar vuelta todo”. El MIT presentó una candidata en una lista de sectores independientes en el distrito 8. En septiembre del año pasado, el PTR, el Movimiento Anticapitalista, el MST y la Revista El Porteño sacaron un comunicado común con la posición de votar por el apruebo en la primera papeleta del plebiscito por la Constituyente y anular el segundo voto, el cual debía dirimir si la Constituyente iba a ser totalmente electa por voto popular o si la mitad iba a estar integrada por diputados del parlamento actual, o sea si iba a resultar digitada. La elección por el voto popular obtuvo casi el 80%, al igual que la elección por el apruebo. Con posterioridad fue aprobada la participación de listas o candidatos independientes, en un pretendido ataque al monopolio de representación de los partidos. Este votoblanquismo de la izquierda es instructivo. La izquierda chilena pretendía defender, con esta posición, el principio de una Asamblea soberana. Para ella, sin embargo, la soberanía no consiste en fusionar su condición deliberativa y ejecutiva, de modo que pone en acción los cambios constitucionales que decide. Privada de esta condición, lo que supone que la Constituyente gobierne, la Convención que ha sido votada es formalmente soberana como ocurre con cualquier órgano parlamentario burgués. Sus decisiones pueden ser cercenadas por el poder judicial, como ya es de práctica. En resumen, el votoblanquismo contra la elección libre de representantes constitucionales ha sido un intento mentiroso de no aparecer como cómplice político de la Convención, incluso cuando reúne las características que plantea esa izquierda. A diferencia de esta maniobra hemos denunciado que la Convención no es soberana por la razón ya apuntada – no asume el poder político ni destituye las instituciones existentes. Frente de Izquierda Desde el año pasado, todos los partidos llamaban a conformar un frente de izquierda para las elecciones constituyentes a través de sus páginas. El PTR, a mediados de año, propuso, como en Argentina en 2018, formar un “partido único” a toda la izquierda, aunque sin proponer agenda ni convocatoria alguna. La unidad de la izquierda no prosperó sin que ninguno de los partidos explicara el motivo del fracaso ni lo caracterizara como tal. El PTR, el único partido legalizado, había ofrecido a las demás organizaciones lugares en su lista. El MST (IS) colocó dos candidatos en la lista del PTR. El Movimiento Anticapitalista presentó dos candidatos, en otra lista, como “candidaturas independientes”. El MIT, por su parte, presentó una candidata inscribiéndose en una lista llamada Lista del Pueblo. La Lista del Pueblo es uno de los agrupamientos más importantes de independientes de cara a la Constituyente. El MIT, que la integra, critica su planteo de “un Estado Constitucional Ambiental, Igualitario y Participativo”, así como otros de alcance de principios. Del Pueblo sostiene también que “las fuerzas de Orden y Seguridad deben ser respetadas en el combate de las nuevas formas de delincuencia que amenazan con destruir la familia, la propiedad fiscal y privada”. Se declara “un movimiento pacifista con profunda vocación democrática” y propone “respetar el régimen democrático, los derechos humanos y el orden público propio de un régimen democrático y de un gobierno legítimo”. Otro agrupamiento independiente importante es la lista “Independientes no neutrales”, que está integrada por un importante número de candidatos residuales de la Concertación. Otra lista importante de independientes de llama Movimientos Sociales, que se define como “posneoliberal, plurinacional, democrática, ecologista y feminista”. El sistema electoral establece la votación nominal por distrito, que se parece a una “ley de lemas”. Es que los candidatos de un distrito que pertenecen a una misma lista suman sus votos, lo que no sucede con las cientos de candidaturas independientes fuera de listas. Los pocos partidos legalizados han presentado decenas de candidatos que pertenecen a una misma lista. Así, aunque un candidato independiente obtenga la mayor cantidad de votos de su distrito, puede quedar afuera de la Constituyente debido a que la suma votos de los demás candidatos. Por este motivo, la lista del PTR también ha presentado una variedad de candidaturas por distrito; por caso, va con 8 candidatos en el distrito 10. Campaña electoral La campaña electoral de la izquierda chilena es dispersa. El MIT tiene como eje la libertad de los presos políticos. El Movimiento Anticapitalista la presentación de “candidatos independientes, anticapitalistas, feministas y ecosocialistas”. Existe algo así como un programa o plataforma electoral del PTR, que es un larguísimo texto de soluciones para una multiplicidad de problemas, desde la deuda externa, los derechos del pueblo mapuche, la inflación, el Servicio Nacional de Menores, estatizaciones, nacionalizaciones, etc. Sin embargo, su campaña electoral está centrada en sus figuras: mujeres, disidencias sexuales, jóvenes. La izquierda no caracteriza el proceso constituyente, ni denuncia sus límites de clase y políticos ante el electorado, porque tampoco lo caracteriza como un episodio relevante de la crisis del régimen político. La cuestión de poner fin a las AFP, mediante su expropiación sin indemnización, y el establecimiento de un sistema previsional que garantice un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar y sea bancado por las patronales; esta cuestión podría precipitar una crisis final del gobierno o una disolución policial de la Convención. El asesinato reciente de un malabarista a manos de los pacos en Panguipulli, al sur de Chile, desató una rebelión en un distrito que hasta ahora se había mantenido al margen de la rebelión popular. La población levantó barricadas e incendió decenas de dependencias estatales, incluyendo la comisaría y la municipalidad. Estas acciones fueron acompañadas por manifestaciones en decenas de regiones del país. La conclusión que sacó el PTR, sin embargo, es que el levantamiento en Panguipulli fue una respuesta “aislada” y las movilizaciones del resto del país fueron “acciones pequeñas y más aisladas y dispersas”. Ante esto, el PTR se lamenta y pregunta “¿Y la movilización de masas cuándo?”. Este lenguaje político es una condena a las masas. El oído pegado a las masas Manteniendo una caracterización que ya lleva más de un año ( https://politicaobrera.com/politicas/2642-la-estrategia-que-el-pts-puso-en-practica-en-chile ), el PTS chileno retoma su hilo conductor: “Más clave se hace esta cuestión, en el marco que en la situación de conjunto, aun con esta crisis y descontento, lo que prima es la pasividad de las grandes mayorías trabajadoras, y la confianza o expectativas en la 'convención constitucional' y un proceso constituyente que funciona como un desvío para la movilización de la clase trabajadora, la juventud y el pueblo”. Es la misma línea que sostenían unos pocos días antes del inicio de la insurrección del 18 de Octubre del 2019. La campaña acerca del “descontento pasivo” de las masas y del “desvío” del que están siendo víctimas, representa en realidad una auto-inculpación: el desvío electoralista del PTR y la izquierda y, como consecuencia de ello, su pasividad política, que se manifiesta en la ausencia de una agitación contra el gobierno. Como en 2018 en Argentina con Macri, la consigna fuera Piñera, por una Constituyente soberana, está fuera de radar. En lugar de esta agitación, desarrolla una orientación electoralista, una campaña de slogans y de construcción de figuras mediáticas. Esta pasividad frente al gobierno de turno es funcional al intento del gobierno de salvar su existencia por medio de una vacunación masiva, por un lado, y el aumento del precio internacional del cobre, por el otro. Como también ocurre en Argentina, la izquierda se adapta a la "nueva normalidad" que pregona el capital, cuando debería mostrar que ella desarrolla contradicciones sociales e históricas más explosivas que las que hemos conocido. Cuando un proceso constitucional de reforma pretende aplacar la rebelión popular es cuando más un socialista revolucionario debe avivar sus llamas, mediante la denuncia de sus mentiras, limitaciones y trampas. Foto: Javiera Fuentes.

16 de febrero de 2021
Porcentajes vs bolsillo: las triquiñuelas de Kicillof y la Cicop
Paula De Martino · Lucía Guevara

El gobierno de Axel Kicillof y la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop) celebraron un pomposo acuerdo según el cual la paritaria 2020 cerró con un aumento del 44,6%, que se elevaría al 48% para el cargo inicial. Pablo Maciel, militante del PCR y flamante candidato a encabezar la Cicop en las próximas elecciones del 3, 4 y 5 marzo por la Lista 1+3 Unidad (PCR, Patria Grande, MST, IS y otros sectores kirchneristas e independientes), afirmó que “es un avance quedar por encima de la inflación”, a pesar de reconocer que “sigue siendo insuficiente un salario inicial de 55 mil pesos”. Ocurre que, como venimos explicando en estas páginas (ver “Cicop firma, ‘disconforme’, la oferta inaceptable de Kicillof” del 13/12/20 https://politicaobrera.com/movimiento-obrero/3533-cicop-firma-disconforme-la-oferta-inaceptable-de-kicillof ), los aumentos porcentuales a los que refiere el gobierno y la Cicop se realizan sobre los deprimidos salarios de 2019, tras largos años de deterioro. El básico, además, aumenta solo un 33,5%, claramente por debajo de la inflación 2020, y solo se llega a los porcentajes mencionados a través de bonos y sumas fijas, lo cual es un procedimiento anti-sindical. Pasadas algunas semanas del acuerdo, los trabajadores de la salud bonaerenses comenzaron a sentir el malestar en sus bolsillos. Si se lee la letra chica del acuerdo Kicillof-Cicop, aparece que el monto real de estos aumentos “por encima de la inflación” implican, en realidad, 2 mil o 3 mil pesos más a la miseria que se venía cobrando. Un profesional de planta de un hospital de máxima complejidad, con la categoría más alta y 30 años de antigüedad cobrará, de bolsillo, $83.685. En tiempos de “hiper-esencialidad”, toda la carrera profesional de la salud bonaerense quedará por debajo del costo de la canasta familiar. Para tratar de maquillar esta situación, que se agrava por el gigante sobre-esfuerzo del combate a la pandemia, Cicop anunció con bombos y platillos que el gobierno provincial aceptó su propuesta de otorgar doce días de licencia adicionales por Covid. Se trata de otra verdad a medias, si tenemos en cuenta que las licencias ordinarias siguen suspendidas por los decretos de la “emergencia sanitaria”. O sea, no son licencias “adicionales” sino las únicas que los trabajadores podrán tomarse, al menos por el momento. En el caso de los residentes, por ejemplo, en años regulares tienen un mes de vacaciones, pero ahora solo pueden tomarse los doce días más la semana por estrés. La situación se torna gravísima para aquellos que finalizaron sus contratos en septiembre pasado, ya que el gobierno bonaerense se negó a liquidar en los sueldos los días de licencia que no pudieron tomarse por la disposición oficial. Es decir que no solo les suspenden o reducen las licencias, sino que incluso se las sustraen del contrato al no abonarlas como sueldo. De la realidad descripta emerge un programa de reivindicaciones para la salud bonaerense, que coloque a los salarios iniciales al valor de la canasta familiar (100 mil pesos), habilite la incorporación masiva de personal para contrarrestar el desgaste por pandemia y devuelva a los trabajadores todos los derechos y licencias suspendidos por los decretos oficiales. Las agrupaciones que conducen la Cicop afirman que este nuevo acuerdo es el resultado de “paros, movilizaciones y caravanas”, pero lo cierto es que el único paro del último período se realizó el 25 de noviembre, aislado, y no tuvo continuidad. No solo eso: cuando el Comité Provincial de Residentes (CPR) votó rechazar la oferta paritaria de Kicillof e ir a la huelga, la “combativa” conducción de la Cicop le dio lisa y llanamente la espalda. Las necesidades de los trabajadores de la salud bonaerenses están sobre la mesa. Sobre la base de estos reclamos proponemos abrir un debate en todos los hospitales y centros de salud, conformando asambleas y coordinadoras que unifiquen a todos los sectores con disposición a salir a pelear. Es necesario pelear, desde abajo, por un nuevo rumbo para la Cicop, ya que la función del sindicato debe ser defender los derechos de los trabajadores y desarrollar su fuerza colectiva, en lugar de maquillar la realidad que otorgan los gobiernos.

16 de febrero de 2021
Plenarios en UTE: fragmentación y “lucha” discursiva

Durante la última semana, la conducción de UTE, sindicato de base de la CTERA en CABA, organizó 11 plenarios por áreas -en los cuales hubo en promedio 60 docentes, muchos sin mandatos- y definió "rechazar el protocolo por ambiguo, impreciso, contradictorio, parcial e insuficiente para garantizar la salud de la comunidad educativa", "Responsabilizar judicialmente a Larreta, Quirós y Acuña... por los daños que pudieren ocasionar en la comunidad educativa" y realizar, el 17 de febrero, una "jornada de organización, lucha y difusión... en cada escuela en defensa de la salud y la educación". Fragmentación de las asambleas, mucho discurso antineoliberal y poca acción. La política de la dirección del sindicato docente mayoritario en la CABA apunta a fragmentar la lucha que la docencia está llevando adelante ni más ni menos que por la vida, no sólo dividiendo las instancias plenarias, sino dejando a cada escuela luchando por separado por el cumplimiento de un protocolo que dicen rechazar pero que en la práctica terminan aceptando. Esta línea de acción es la negación de la organización sindical, que tiene que tener como objetivo el nucleamiento y la lucha mancomunada de los trabajadores en defensa de sus intereses como colectivo. Frente a la denuncia de esta fragmentación, la conducción del sindicato argumentó que "no se puede volver a los plenarios en la calle Independencia ". O sea que no se puede tener plenarios presenciales (lo que se entiende por el nivel de circulación del virus) pero sí puede haber un "retorno seguro" a las aulas con un protocolo totalmente inviable. Según los dirigentes de UTE, "tenemos que luchar contra el discurso neoliberal de Larreta que nos quiere mostrar como vagos y conflictivos demostrando que no lo somos volviendo a las escuelas para no regalarle la foto del no inicio a Clarín". Guillermo Parodi, Secretario adjunto, lo expresó del siguiente modo: "Podemos hacer paro pero la foto la van a tener igual... tenemos que usar el protocolo para mostrar que no se cumple...que no sea la foto de Civilización o barbarie...o en todo caso que la barbarie sean ellos". Ahora parece que las medidas de lucha históricas de la clase obrera como los paros, las huelgas y las movilizaciones en defensa de las condiciones laborales serían "la barbarie" en la que no hay que caer. Por su parte, Alejandra Bonato, Secretaria Gremial, fue incluso más lejos y declaró: “No vamos a permitir nada que contradiga el protocolo, vamos a fiscalizar que se cumpla...Un dirigente no puede llevar al trabajador a una situación en la que se le descontarán los días y con un inicio de clases sin mesa salarial” (Página 12, 14/2). La conducción de la UTE regala “la foto” de un inicio sin condiciones sanitarias, defendiendo un protocolo ficticio y sin siquiera una convocatoria a mesa salarial en el marco de salarios cada vez más golpeados por la inflación. Otro punto que hay que marcar es que, como se desprende de las resoluciones de los plenarios, la única responsabilidad política que marca la conducción celeste es la del gobierno de la CABA, pese a que fuimos varios los afiliados que colocamos que si Larreta y Acuña están pudiendo avanzar en la vuelta a la presencialidad, al servicio de la apertura económica demandada por la UIA, es gracias a que el gobierno de Alberto Fernández y Trotta están en la misma línea aperturista. La conducción de la UTE no pelea porque debería denunciar la política de presencialidad sin red del gobierno del Frente de Todos, del que son un apéndice, y del gobierno bonaerense de Axel Kicillof, alfil de CFK. Mientras tanto, el ataque de todos los gobiernos contra la comunidad educativa nada tiene de "discursivo". Materialmente, nos quieren arrojar, bajo cualquier condición, a escuelas con una infraestructura totalmente deficiente, con índices epidemiológicos totalmente inseguros-razón por la cual hasta tuvieron que modificar el propio “semáforo” epidemiológico del Consejo federal- y sin ningún tipo de plan para el traslado de millones de personas en un transporte público ya colapsado. Este plan criminal de la burguesía no se rige por un objetivo pedagógico ni socializante, responde a la necesidad de contar con la escuela como depósito de niños, de modo tal de garantizar que los trabajadores dejen a las hijos en la escuela para ir a trabajar. Un ataque de esta envergadura debería ser respondido con medidas contundentes, no con más discurso y jornadas de lucha descentralizadas y con todos adentro de unas escuelas que hoy, son focos de contagio masivo. La lucha por un mejor protocolo es un camino hacia el contagio seguro. Desde Tribuna Docente Tendencia sostenemos que “En pandemia y sin vacunas, con presencialidad no iniciamos”. Como parte de la oposición en la UTE, invitamos a todos los compañeros de base de nuestro sindicato, a los afiliados a cualquier otro sindicato o no afiliados a ninguno que quieran luchar en defensa de la vida y la educación a parar y a desarrollar la medida de fuerza para el 17/18/19 de febrero votada en la asamblea abierta de Ademys, con más de 500 docentes presentes, el pasado jueves. Se impone fortalecer un Frente Único de lucha superando cualquier traba porque en esto se nos juega la vida.

16 de febrero de 2021
Cierre de Jorge Altamira en la 1° Conferencia Nacional de Tribuna Docente (Tendencia)

Buenas tardes a todos. Gracias por darme la oportunidad de cerrar esta Conferencia. Ha sido una Conferencia muy importante, que ha discutido casi durante seis horas, ampliamente la experiencia política que estamos viviendo en esta lucha docente. De modo que es una jornada de primera magnitud. Seguramente, con el Comité Coordinador que se ha electo debamos poner en práctica todas las resoluciones, pero, más allá, hacer un seguimiento cuidadoso de cada fase de esta lucha y el desarrollo específico que tenga en cada provincia. Porque un aspecto importante en esta lucha es que todas las provincias sepan lo que pasa en las demás y cada una de ellas. Por ejemplo, la noticia de que ADOSAC no empieza las clases es muy fuerte. Eso hay que subrayarlo. ¿Por qué? ADOSAC es CTA y su secretario general pertenece a Tribuna Docente oficial. ADOSAC, por unanimidad, en toda la provincia de Santa Cruz votó el no inicio, debido a la cuestión de la pandemia. Coincidimos plenamente, hasta donde sabemos, y más allá de los detalles, con este sindicato. Esto se tiene que saber. La experiencia de Tucumán, convocando Congresos de bases, se tiene que conocer. No se trata de una ficción de Congreso de bases -no se juntan diez y se autoproclaman-; es una historia política, no de ahora, del movimiento autoconvocado docente. En una provincia donde el derrumbe de las direcciones oficiales de las corrientes burocráticas es tan manifiesto, como ocurre también en Salta, se desenvuelve una tendencia de base. Eso es tan real como lo es un sindicato. Nosotros no somos doctrinarios: no decimos “sí a los sindicatos, nada fuera de ellos”. Nosotros, por el contrario, seguimos la corriente del movimiento y, en especial, cuando entendemos que responde a causas profundas, a necesidades vitales que no son satisfechas por los canales oficiales. “Nueva normalidad” Todo esto tenemos que hacerlo conocer. Tiene que ser objeto de propaganda: sigamos el ejemplo de acá, sigamos el ejemplo de allá. Esto quiere decir que no somos francotiradores, sino que somos la expresión de un movimiento que recorre el país. Estamos atravesando mundialmente una época histórica y el problema de la presencialidad y la educación se ubican en el corazón de este problema. Porque nosotros decimos: “No a la presencialidad mientras haya pandemia”. Políticamente, esto implica plantear algo más profundo, la lucha contra la “nueva normalidad”. La “nueva normalidad” es el capitalismo decadente en pandemia, con vacunas de alcance todavía incierto en su efectos y otra con su distribución. Con peleas comerciales. Con algunas vacunas que superaron la etapa clínica pero que nuevas investigaciones descubren complicaciones que no se conocían y otras vacunas cuyas limitaciones empiezan a aparecer por el proceso epidemiológico de la mutación de los virus. Frente a este problema de conjunto, el capitalismo reaccionó de un modo general con la cuarentena, a excepción de Boris Johnson, Piñera, Bolsonaro. Aunque poco a poco fue adoptando una estrategia común: "La nueva normalidad”. La “nueva normalidad" es la etiqueta de un sistema capitalista que convive con una pandemia y pretende regular las relaciones sociales en función del capitalismo y de la pandemia. Subordinar la pandemia a la acumulación de capital. Por lo tanto, ahora vamos a tener un estado vigilante en cada escuela, en cada fábrica, en el transporte, para ver cuáles son las consecuencias de esta apertura y cómo las trata. Es decir, un capitalismo que vive con la incapacidad de resolver una crisis de humanidad de enorme envergadura. Acá se produce un fenómeno curioso, porque ahora sí aparece una tendencia en la que el capitalismo empieza a desarrollar estructuras políticas autoritarias más agudas -que gran parte de la izquierda le atribuyó al comienzo de la pandemia, ni bien arrancó la cuarentena. En realidad, la cuarentena era una medida defensiva frente a un fenómeno desconocido, que se estaba llevando muchas vidas. Pero la “nueva normalidad” es una medida ofensiva. La “nueva normalidad" es: hay que convivir con el capitalismo aunque haya contagios, aunque haya muertes, aunque las vacunas sean débiles y la distribución sea mala, cara y los países del tercer mundo no la tengan… Pero, ¡ojo al piojo! hay que convivir con el capitalismo. Que nadie se haga el vivo y pretenda convertir este desafío que el capitalismo no puede manejar en un planteamiento revolucionario. En oposición a la “nueva normalidad” nosotros planteamos el socialismo. La protección de la vida y la nacionalización de los recursos industriales y financieros para priorizar la vida mediante la reorganización de la sociedad de modo que la vida quede preservada tanto como la propia naturaleza -pues la violación del medioambiente y la naturaleza es la causa de toda esta crisis humanitaria. Por eso llamo la atención acerca de que, en el debate que hemos tenido hoy -que naturalmente estaba focalizado en una lucha muy concreta y defiendo que así haya sido- no se haya planteado la cuestión del socialismo. Ustedes fíjense las implicancias que tiene, enormes. Porque la “nueva normalidad” implica también un reforzamiento de las políticas de ajuste. Durante la pandemia, los estados y los bancos centrales han emitido el equivalente a la tercera parte del Producto Bruto Mundial para rescatar a las grandes corporaciones, que han quedado todas endeudadas tanto como los propios estados, en escalas que nunca se han visto. Repito el número famoso. La deuda pública de los Estados Unidos es de 28 billones de dólares y su PBI es de 21 billones de dólares. Como consecuencia de toda esta emisión, hay en desarrollo una gran crisis financiera que se manifiesta en la constante devaluación del dólar, entre otros. Es decir, la “nueva normalidad” no significa más hospitales, más recursos para la salud, la reducción de la jornada laboral de las enfermeras y en general sin afectar el salario. Frente a una crisis humanitaria de estas características, la “nueva normalidad” no es un viraje del presupuesto del estado y de la producción capitalista hacia la salud, sino que es un viraje del estado hacia la contención de un derrumbe financiero. El escenario en el que estamos actuando es impresionante. Porque defendiendo la no presencialidad contra Larreta, contra Sáenz, contra Schiaretti o Kicillof, estamos interviniendo como una vanguardia socialista en una crisis mundial. Debemos tenerlo presente. Y escribir mucho acerca de esta cuestión. Hay que señalarlo en cada oportunidad. Una Izquierda ‘normalizada’ Entonces, un día aparece este fenómeno de que en la polémica que tenemos con el kirchnerismo y la izquierda, ambos defienden la “nueva normalidad”. Defienden un planteo estratégico. Si el espacio de la escuela es amplio, los pupitres se pueden separar y tenemos bastante alcohol en gel para cada lugar… vamos, convivimos. Son las “condiciones de seguridad”. No podríamos pedir que se erradique la pandemia para ir a trabajar porque estaríamos cuestionando el sistema. Sí, claro: eso es cuestionar el sistema. ¡Cómo no vamos a cuestionar ese sistema si no es nuestra perspectiva! El problema al cuestionamiento del sistema está planteado, sin embargo, objetivamente. Cuando algo se plantea de este modo, si no se lo señala, se está operando en el aire. Se pedalea sin moverse. Vamos a un período político de extrema crisis por el problema del ajuste y la salud, por el problema de la vigilancia política e institucional que se va a tener que desarrollar para cubrir esto, y naturalmente en función de los desarrollos científicos y la vacuna. Esta no es la última ni la penúltima pandemia. Por lo tanto, esto es un período histórico, con la crisis del cambio climático y la salud. Tenemos algo de fondo. La izquierda que se reclama de la Cuarta Internacional, con sus actos y sus planteos, se ha pasado al campo de la “nueva normalidad”. Digo la izquierda que se reclama de la Cuarta Internacional, porque la adaptación a la política de la “nueva normalidad” no es sólo local, es internacional. Es una minoría revolucionaria cuartainternacionlista la que lucha por no ir a clases. “¿Cómo no vamos a ir a clases si los obreros van a trabajar?” - dice esa izquierda. Pero está mal, respondemos nosotros, que vayan a trabajar en condiciones de pandemia, sin haberse vacunado antes en toda la escala necesaria! Es el capitalismo el que ha impuesto que vayan a trabajar con estos peligros, no una asamblea obrera. Ahora en el subte, la patronal quiere que vayan a trabajar los mayores de 60. Ante esto, la interna kirchnerista tuvo que levantar la voz. Es decir, tenemos una izquierda que en lugar de decir "están llevando a los obreros al contagio", con la extorsión de la pérdida del trabajo, nos viene a decir que es mejor morir de pie que acostados, en casa y muerto de hambre. Es el método de pensar de quien se ha adaptado a esta situación, o sea al capital. Ha abandonado la perspectiva anticapitalista. Ni clasismo, ni socialismo, “comunitarismo” Como una cosa lleva a la otra, dicen que la "opinión pública" está a favor de volver a la presencialidad, sin presentar ninguna evidencia de esto; acabo de leer una encuesta en la que la opinión pública dice, un 63%, que no mandará a los chicos a la escuela. Para la izquierda de la ‘nueva normalidad’, la opinión pública sería lo que dice TN, ahora acompañado por C5N. Cartón lleno de opinión pública. Una vez abandonada la perspectiva socialista también se ha abandonado el derecho de huelga. Todo ejercicio de huelga, junto al ataque a la patronal es un ataque a los consumidores, a los usuarios de transporte. ¿No es cierto? Si se corta la luz por una huelga de Luz y Fuerza sería un ataque a todo el mundo. Se ha abandonado el derecho de huelga. Al señalar que tenemos que tomar en cuenta a la "comunidad" tienen la mala fortuna no sólo de establecer una doctrina de la colaboración de clase sino la doctrina de Bergoglio o Mussolini, que oponían, contra el socialismo, el comunitarismo. "Somos una comunidad, no hay explotadores y explotados". Que la crisis pandémica e histórica haya provocado semejante aceleración de posiciones hacia la derecha es instructivo. Van más allá del electoralismo -"defienden la presencialidad porque quieren quedar bien en las elecciones, y evitar pérdida mayor de votos". No, es el abandono de una perspectiva histórica. Porque no es un tema táctico sino de contenido social e histórico. Oponer la opinión pública al derecho de huelga y a la actividad sindical de clase, no es un asunto de táctica. Es una estrategia. Nuestra política en concreto Todo este desarrollo no responde solamente a una cuestión de principios y de estrategia socialista. Es fundamental para determinar las características de la actividad práctica. Es que en definitiva, cuando logramos que los activistas docentes se acerquen a nosotros, se cuestione en común la presencialidad, se convoquen asambleas, etcétera, estaremos en el comienzo de una relación que debería culminar en la comprensión por parte de nuestros compañeros de que esto es una lucha entre un capitalismo que quiere vivir enfermo a costa de las masas, por un lado, o el socialismo, por el otro. Es un mensaje para plantearle a los activistas. Es claro que no partimos, en la práctica, del socialismo. Nadie que se conoce ese mismo día le cuenta la historia de su vida. Soy partidario de respetar todos los procedimientos de acercamiento que la humanidad y la clase obrera han seguido para establecer una relación y acción colectiva. Pero, finalmente, la abordamos desde nuestra comprensión del objetivo. Esto es decisivo. Por lo tanto, en nuestra caracterización, el problema de las crisis de conjunto se refuerza con la "nueva normalidad". Es lo que se manifestó, por otra parte, en el asalto al Capitolio por parte de Trump, un golpe de estado. Con esto quiero también subrayar que la lucha política que tenemos por delante, frente a la presencialidad escolar, es una lucha política estratégica. Hay muchas discusiones en distintos ámbitos sobre que "si no hay condiciones adecuadas, no volvemos a clase". Nosotros tenemos que decir: "si hay condiciones adecuadas, tampoco". Porque hay una pandemia que no tiene que ver con “condiciones adecuadas”; hablan de “condiciones adecuadas” para convivir con el contagio. Absurdo... Las “condiciones adecuadas” son una serie de normas frágiles, precarias, para justificar la presencia en el marco de una pandemia. Para ser pedagógicos debemos ser claros: no es un asunto de ‘condiciones’, que tampoco van a resolver, sino de la vida bajo la pandemia en aglomeraciones como las que caracterizan la educación presencial. La fraseología de las "condiciones" es hipócrita, y la hipocresía es la conciencia de la contrarrevolución. Porque alguien puede tener una posición equivocada y hasta de derecha, pero cuando es hipócrita es que sabe perfectamente bien lo que está buscando con su posición. No es lo mismo un derechista, que un derechista hipócrita. No debemos decir: "mientras no haya condiciones, paro de 72 horas". Para dar una directiva clara de lucha debemos convenir con quiénes proponer huelga de 72 horas: “sí a la huelga de 72 horas contra la presencialidad, con pandemia no volvemos a las aulas”. En el caso de Ademys, yo tuitié: "Hagan circular la resolución de Ademys". No entré en la trampa de decir: "pandemia con condiciones significa..." para comenzar una discusión semántica sin salida. No. Lo que nos lleva al apoyo a lo resuelto es el paro de 72 horas. Cuando termine el paro, tendrán que explicar por qué no lo continuaron, ya que la pandemia sigue y la vacunación se retrasa. Tribuna Docente (T) Las divergencias que hemos tenido con la izquierda hoy tiene una fisonomía en el campo de la lucha de clases; salió del ámbito de las reuniones o boletines internos y no internos - de las difamaciones de las camarillas. Se ha convertido en dos campos opuestos en una lucha de masas. Lo hemos advertido a tiempo. Lo hicimos adentro del PO, con dos o tres años de anticipación, y hemos tenido un éxito lamentable, en términos de acierto de nuestra caracterización. Por todo esto, nuestra corriente no puede actuar como un grupo más en el escenario docente, sino con conciencia del lugar especial que ocupa. Que no podrá ocupar ninguna otra corriente, pero a la que se sumarán trabajadores, los docentes, los padres. ¡Porque quieren seguir viviendo, y quieren lo mismo para sus hijos! El problema del socialismo y el capitalismo en el fondo se reduce a eso, abarca lo inabarcable, la vida. Es necesaria una dirección de Tribuna Tendencia que reúna en el trabajo cotidiano a todos los sectores del país y discuta y elabore indicaciones de trabajo de todos los elementos que van surgiendo. Les voy a dar un ejemplo. Suteba Escobar vota el no inicio. Inmediatamente debiéramos haber propuesto una conferencia de prensa, porque somos los primeros interesados en hacer que todo el mundo sepa que hay una seccional que no está de acuerdo con iniciar. Y vamos a defender a esa seccional contra Baradel. ¿Qué quiero decir? Si Baradel dice que hay que regresar y Escobar vota el no inicio, no vamos a entrar en la superficialidad de la disciplina gremial. Acá hay otra gran consigna, "las bases deciden". Si la base decide que hay que volver a laburar, nosotros volvemos a laburar. Si Baradel decide que hay que volver a laburar, nosotros vamos a consultar a las bases. Y si dicen que no, que nos perdone Baradel. No sería tampoco la primera vez. Es un movimiento tan importante, al que de algún modo cada uno de los oradores de esta conferencia hizo referencia, que la resistencia a la presencialidad es mayor en la base Celeste que en la base de la Multicolor. Siempre fue así, las masas chocan con los grandes aparatos, en tanto que la ‘disciplina’ de aparato se impone en las organizaciones oportunistas menores. ¿Podríamos decir que estamos frente una rebelión contra la Celeste? Si tomamos en cuenta a la masa docente, con independencia de las agrupaciones, podríamos decir que sí, aunque tenemos que verificarlo en las próximas semanas, en todo el país. Cuando digo que las bases decidan significa que tenemos que asegurar los medios para que decidan. Para ello, en muchas circunstancias es necesaria una escuela con piquetes, asambleas en la entrada de las escuelas. No un piquete amedrentador, sino un piquete persuasivo. Quiero transmitirlo con toda claridad: soy muy consciente de que somos una minoría, y peor todavía, probablemente nos conocen pocos; es la consecuencia del vaciamiento político del Partido Obrero, por parte del aparato. Sin embargo, la responsabilidad en esta lucha nos cabe enteramente. Si asumimos esa responsabilidad práctica, con acciones efectivas, trabajos persuasivos, tendremos que convertirnos en una corriente de masas. En este conflicto, en el curso del 2021, tenemos que pasar a una próxima asamblea virtual con dos mil compañeros anotados. En poco tiempo. Quiero decir algo que sostuve toda mi vida militante, no es de ahora: en las luchas hay que formar fracciones organizadas con quienes comparten nuestra posición en esa lucha, sean trotskistas o de Marte. Me acuerdo de la primer huelga en la que intervinimos al fundarnos como el pequeño grupo de Política Obrera. Fue la huelga portuaria contra Onganía. Fue una gran huelga. Junto con la huelga ferroviaria fueron las dos grandes huelgas del año 1966, en diciembre. Con los portuarios, formamos una especie de fracción. ¿Qué quiere decir? Que conocimos a un montón de portuarios y nos reuníamos dos veces al día para organizar la marcha de esa lucha. ¡Con ellos, no separados! Las reuniones las hacíamos en Villa Fiorito, los compañeros vivían allí. Si viene un compañero Celeste, debemos tratar de juntarnos para tratar de que esto que deseamos se produzca. Entonces la compañera, el compañero, dirá: "pucha, pensé que era trotskista, que vivía en la nube, y nunca he tenido tanta proximidad humana y política como con este trotskista". Es el mecanismo de un crecimiento masivo. Absolutamente necesario de hacer. La polémica con la izquierda es importante pero no es la fundamental. No nos vamos a entender por medio de discusiones. No queremos persuadir a nadie. Somos todos conscientes de lo que hacemos. Pitrola pidió que se abran los clubes y las sociedades de fomento, pero que se vuelva, como sea, a la normalidad, la ‘nueva normalidad’. En la Justicia la ignorancia no es excusa, los delitos son objetivos. La defensa de la ‘nueva normalidad’ es la defensa del capitalismo de pandemia, donde tenés que ir a laburar sin importar los partes médicos y las previsiones sanitarias. ¡Miren lo que estamos disputando! ¡No dejes de laburar porque la maquinaria del capital se viene abajo! ¡Pues que se venga abajo! Porque desde un gobierno obrero haríamos una operación de distanciamiento social gigantesco para suprimir la circulación del virus, distribuciones de vacuna, etcétera, financiado con la expropiación de los capitalistas y no subsidiarlos. Se ha reanudado el ATP para pagar salarios de las grandes empresas de 800 obreros. Los capitalistas no pagan salarios. ¡Es una cosa de locos! La plata no está dedicada a hospitales y personal de salud, se pone para subsidiar a los capitalistas. Claridad, beligerancia, reclutamiento No estamos en una lucha en la que nosotros creemos tener razón y los demás están equivocados. No. Todos conocemos bien los datos, son opciones de vida, de política y de estrategia. Nosotros no somos más vivos que nadie. Lo único que queremos hacer es aprovechar nuestra viveza para mejorar nuestra comprensión de la estrategia que favorezca a la clase obrera. Éste es el punto fundamental. Ahora tenemos que seguir el movimiento. En cada núcleo que haya una tendencia contra la presencialidad, tenemos que estar presentes apoyándola y buscar su pronunciamiento. Tenemos que tener una actitud beligerante en la defensa del colectivo de los trabajadores que no quieren entrar a trabajar. Con nuestros compañeros docentes debemos ser camaradas. Comprender, porque lo vivimos en carne propia, que la situación que vivimos cotidianamente como familias está, en muchos casos, al límite. Por lo tanto, la totalidad psicológica de muchos compañeros que están a favor de no concurrir es compleja. Debemos buscar todos los puntos de contacto. Pero en defensa de lo que ellos creen y que nosotros defendemos para que ellos también lo crean, debemos ser beligerantes. Porque nos interesa dejar establecida una posición: tenemos que comunicar con claridad qué dijimos nosotros y qué dijeron los demás. Una mujer, en TN, con una serenidad fenomenal, le dijo a los periodistas que le importa un bledo que “mi hijo pierda un año”, lo prefiero a que pierda la vida. Los mató. Cualquiera que tenga algunos años de vida, sabe el carácter relativo que tiene un año. Un año puede ser mucho, nada, decisivo o intrascendente. Un epidemiólogo que es partidario de la presencialidad recomendó en el diario La Nación que los chicos de Jardín no toquen los mismos juguetes. No lo podía creer. Nunca vi cómo dos chicos tengan el autocontrol de no compartir un juguete. Es más, hasta donde yo sé, los juguetes que tiene uno son el objeto de deseo del otro. Tenemos una batalla estratégica por la revolución socialista. Acomodando la táctica con una estrategia, tenemos que convertir este proceso en uno de los grandes reclutamientos: fracciones docentes -no de Tribuna Docente Tendencia-, fracciones de compañeros, fracciones de hecho, que trabajan y trabajan. Luego, al interior de esas fracciones, invitar a que los compañeros ingresen a Tribuna Docente. Porque acá hay una lucha por la existencia humana y una lucha de carácter político, que abre una oportunidad histórica de crecimiento, y eso valoriza el trabajo de hormiga, de crítica implacable a las posiciones democratizantes. Recuerdan que hace poco el PTS sacó un artículo en el que decía que había en Argentina una "situación prerrevolucionaria incipiente". Yo les dije que no, pero que lo más importante de todo no era sobre la situación incipiente o no, sino de que en caso de que la hubiera no tiene nada que ver con la política del FIT, que con su política no contribuyó a crear esa supuesta situación prerrevolucionaria incipiente. Me pregunto: si la situación prerrevolucionaria es incipiente, ¿presencialidad o no presencialidad? ¿Cuál la desarrolla, el ingreso a la "nueva normalidad"? Detrás de un edificio de palabras, hay una posición que no es revolucionaria. Mi interés principal es transmitir una visión de conjunto de la situación. Luego debemos ir acomodando los melones de la actividad de acuerdo al desarrollo del conjunto. Estamos, en este marco, en la corriente que defiende la vida, los mejores intereses para los docentes, que es interpretada como tal por los docentes. Y por lo tanto debe crecer. Prestar atención al desafío de formar grupos de apoyo a la no presencialidad -a la que le di el nombre de "fracción de hecho"-, intimar entre compañeros, apoyar acciones de quienes comparten esta idea, difundir todo lo que se está haciendo por ello. Y con base en este terreno así abonado, reclutar. Así verificaremos que hay una construcción política alternativa al capitalismo. Compañeros, compañeras, es una enorme satisfacción haber asistido durante seis horas a esta conferencia virtual. Lo que se ha dicho es muy interesante. Ahora llevemos adelante sus conclusiones. ¡Viva la Tribuna Docente de la Tendencia!

17 de febrero de 2021
En pandemia y sin vacunas, no iniciemos las clases presenciales

“¡A las aulas!” Es el grito unísono de la Unión Industrial, el Clero y el Estado, mientras el coronavirus continúa haciendo estragos en Argentina y en el mundo entero, con nuevas cepas y rebrotes, que están provocando desastres sanitarios. Nuestro país ha superado la pavorosa cifra de los 50.000 muertos y se ubica en el puesto 13 del ranking mundial de fallecidos por cantidad de habitantes. Cuando atravesamos un rebrote de unos 10 mil casos diarios y la “segunda ola” está por caer -según los propios funcionarios-, la apertura de escuelas será un foco seguro de contagios y de mayor propagación del covid-19. Hoy ya está fuera de discusión que la vacunación contra el COVID deberá esperar un largo tiempo; solo una parte de los trabajadores de la salud la recibieron y los docentes deberán esperar otro tanto. Ni hablar de la comprobación de su efectividad inmunológica cuando los laboratorios confiesan que esto está lejos de ser un hecho. Mientras esta desesperada espera tiene lugar, se desarrolla una guerra comercial y geopolítica por la distribución de la vacuna que tiene como único norte las ganancias esperadas de los accionistas de estos laboratorios. Es en este contexto que la anunciada presencialidad escolar es el santo y seña para consagrar la denominada “nueva normalidad” que no es otra cosa más que la convivencia con el coronavirus en todos los lugares de trabajo. Sin la inmunidad de las vacunas, significa lisa y llanamente la continuidad de contagios y muertes. Un crimen social al servicio de la clase capitalista y su interés parasitario. Las patronales y el gobierno, sin embargo, dicen que con sus “protocolos” -que han armado sin el concurso y la palabra final de la clase trabajadora que se expone al virus- se evitarían los contagios, lo cual no supera la prueba de la realidad. Para educación, han inventado un concepto: una presencialidad “segura”, “en condiciones” o “cuidada”. Otra vez, estaríamos todos en el aula en compañía del COVID, pero con “protocolos”. Numerosas voces desde la ciencia y la salud han alertado contra esta presencialidad escolar, pues ante la pandemia no hay protocolo que valga en las escuelas de todo el mundo, que ya han sufrido la experiencia de aperturas y nuevas clausuras ante los rebrotes de COVID. La presencialidad es un foco cierto de contagios para docentes, auxiliares, niños, adolescentes y sus familias; contagios dentro del ámbito escolar y, por supuesto, fuera de él también. Defender la salud y la vida La seguridad a los trabajadores, de los chicos y de sus familias no se resuelve de ninguna manera con el abastecimiento de alcohol en gel y barbijos en las escuelas que, por otra parte, tampoco ha sido garantizado. Ni arreglando los baños, que no funcionan desde hace años. ¡Se está advirtiendo que los niños no deben compartir los juguetes para que no se contagien! Todas las escuelas debieron ser objeto de refacciones y ampliaciones, pero el gobierno destino recursos cuantiosos durante todo el 2020 para subsidiar a las patronales y pagar a los fondos internacionales. El Estado conoce muy bien esta situación, por eso está diciendo que hay que ver “escuela por escuela” o incluso propone que se abran clubes y sociedades de fomento. Mientras que en caso de un rebrote Alberto Fernández dice que “puede ser” que cierren las escuelas y Rodríguez Larreta que “no se cierra ninguna”. Estamos ante una condena del conjunto del sistema educativo y de sus trabajadores al momento que la mayoría abrumadora está obligado a trabajar un mínimo de dos cargos y en varias escuelas durante la semana laboral. Crece el rechazo a la presencialidad A lo largo y ancho del país, viene creciendo la deliberación en asambleas y plenarios docentes en donde es evidente que la presencialidad del gobierno significa liquidar todo un año de resguardo de la comunidad educativa, por lo cual hubo que dar una fuerte batalla en 2020. La “cuarentena escolar” fue una conquista para defender la vida y sigue siendo necesaria, aunque el gran capital y el Estado digan lo contrario La burocracia celeste de CTERA y sus gremios provinciales están acompañando sin chistar la presencialidad “segura” del gobierno, sin haber recogido ningún mandato docente para ello. Sobre la base de que se vea “escuela por escuela” están militando la presencialidad del ministro Trotta y han sometido la herramienta del sindicato a los intereses del gobierno. El salario ha acentuado estrepitosamente la condición ruinosa de vida de la docencia. En el último año, ha perdido contra la inflación y el costo de vida, y se ha visto deteriorado su conformado, cuando los acuerdos ruinosos, cerrados por las burocracias tanto nacional como en las provincias, están ampliamente dominados por las sumas fijas y en negro. En la actualidad, el salario básico nacional docente es de $27.500. ¡Cuando enfrentamos un ataque a la vida y la salud, la consigna “que los docentes decidan” es más decisiva que nunca! El rechazo a la presencialidad, y un no inicio de clases presenciales, ya ha sido resuelto por sindicatos docentes como ADOSAC de Santa Cruz, AGMER de Entre Ríos, SUTE de Mendoza. En Tucumán, los docentes autoconvocados han rechazado la presencialidad en asambleas y plenarios de delegados. También en Salta los docentes autoconvocados han resuelto no iniciar. En CABA, Ademys convoca a un paro de 72 hs para el 17, 18 y 19 de febrero. En Buenos Aires se han realizado asambleas masivas convocadas por la Multicolor y la seccional de Escobar ha parado contra la presencialidad. Pero esta preocupación no alcanza solo a la docencia. Según una encuesta de Analogías, “el 63% de los argentinos cree que no están dadas las condiciones para la presencialidad” (economis.com 7/2). Según el Instituto de Economía y Sociedad en la Argentina Contemporánea (IESAC), el 73 % de las familias consideró que antes de comenzar las clases los docentes deberían recibir la vacuna. Una buena parte de la izquierda está acompañando la presencialidad “segura”, exigiendo “condiciones” para la presencialidad, aceptando la “nueva normalidad” capitalista, que significará “convivir” con el virus a costa de la salud de los trabajadores de la educación. La conferencia nacional de Tribuna Docente (tendencia) realizada el 13 de febrero, que contó con 300 compañeros y delegaciones de 14 provincias, ha resuelto impulsar una campaña para rechazar la presencialidad en todo el país y organizar en forma práctica su lucha provincia por provincia, localidad por localidad, escuela por escuela. Con la conciencia de que esta lucha forma parte de una cuestión estratégica para enfrentar a un régimen social incapaz de hacer frente a la crisis humanitaria que afrontamos, brindaremos esta lucha sobre bases socialistas para superar la barbarie en curso. Nuestro programa En pandemia y sin vacunación, rechazamos la presencialidad escolar decretada por el gobierno, en defensa de la vida y la educación. Que decidan las docentes. Que se garantice el acceso libre y gratuito a la vacunación para todos los compañeros y compañeras. Aumento de emergencia de salarios del 50%, la reapertura de la paritaria y un salario básico igual al costo de la canasta familiar. Paritarios electos en asamblea. Que nada se firme sin mandato. Provisión de conectividad y herramientas tecnológicas para la Educación Virtual y una plataforma única nacional. Derecho a la desconexión. Respeto a las condiciones laborales del Estatuto. Defensa de las jubilaciones y del 82 % móvil. Creación de todos los cargos faltantes. Actos públicos para la cobertura de los cargos sin docentes. Incorporación de todos los docentes de planes y programas precarios a los derechos del Estatuto del Docente. Garantía salarial para todos los docentes desocupados equivalente a un cargo. Plan de obras de infraestructura escolar planificado y fiscalizado por los trabajadores de la educación. Por la conformación de comités de seguridad e higiene en cada escuela, con poder de veto. Por un congreso de trabajadores y un plan de acción para conquistar todas nuestras demandas.

17 de febrero de 2021
Contrapunto sobre la presencialidad en las escuelas de Mar del Plata
Ernesto López · Fernanda Díaz

En Mar del Plata hay una tendencia al no inicio de clases en la presencialidad. Luego de deliberar, así lo han manifestado los docentes públicamente a través de la elaboración de documentos y de pronunciamientos en los medios de comunicación, en las redes, en las jornadas institucionales que se llevaron a cabo los días 11 y 12 del corriente mes y firmando el petitorio virtual “Rechazando la presencialidad en pandemia”. No es que la docencia ha optado por la virtualidad para enterrar la presencialidad. Afirmar esto es impresionismo puro orientado a cocinar un debate artificial. El cansancio existente por la virtualidad y la sobrecarga de trabajo, las consecuencias en la salud que ello ha producido, el desempleo y los programas precarizadores al cual tuvieron que acceder docentes y (y también auxiliares) debido a la falta de asambleas para tomar horas y cargos, sumado a los salarios de miseria con los que cuales han tenido que costear equipos y conectividad para desarrollar las clases; son pruebas elocuentes de una distorsión de la realidad. Los oficialismos Gobierno y oposición pretendieron colocar a la docencia y a las familias de estudiantes en la disyuntiva entre un regreso temerario y criminal, y la virtualidad. Apoyándose en algunos “intelectuales” y agrupamientos “científicos” siempre dispuestos a sostener y reproducir un sistema, que es de barbarie, lanzaron argumentos que rayan en la estupidez. Para conferir una imagen no criminal en el marco de la pandemia, se desenvuelve la campaña oficial del supuesto “regreso seguro” a las aulas, allí donde “estén dadas las condiciones”. Por supuesto, la dirección de la CTERA y los gremios provinciales se han sumado a la campaña de los oficialismos. Las burocracias sindicales de todos los pelajes, que ha firmado protocolos y paritarias sin ningún tipo de mandato de sus afiliados, mandan a la docencia y estudiantes al matadero. Docentes y auxiliares a controlar que los protocolos se cumplan y si no; anoten y nosotros también anotamos que no hay condiciones, dicen. ¿Qué condiciones? No hace falta un examen ni un relevamiento exhaustivo de las escuelas públicas marplatenses para enterarse que las condiciones no están dadas por problemas de infraestructura. Falta de aulas acondicionadas para las clases con distanciamiento social, falta de gas, agua potable y cloacas, baños clausurados, filtraciones, escasa o nula ventilación y un largo etcétera. Sumemos la falta de auxiliares y de docentes. Todos estos problemas son conocidos y son parte de los reclamos que ya tienen décadas. Agreguemos en el medio de la pandemia, la escasa o nula entrega de insumos y elementos de higiene y seguridad personales para evitar los contagios: lavandina, alcohol en gel y al 70%, jabón, barbijos, mascarillas, termómetro. El debate en el Frente Multicolor El día previo a las jornadas instituciones del 11 y 12/2, tuvo lugar en Mar del Plata una reunión del Frente Multicolor. Las agrupaciones docentes orientadas por los partidos del FITU y quienes han seguido su planteo expusieron su negativa a llamar a un paro de no inicio en la presencialidad y propusieron convertir a las jornadas institucionales en asambleas y formar comités de seguridad e higiene para construir una presencialidad con condiciones. La agrupación marrón (PTS e independientes) planteó que había que exigirle a la burocracia celeste del Suteba que se ponga a la cabeza de exigir las condiciones y se cumpla con los protocolos; mientras que la fracción oficial de Tribuna Docente (PO fracción oficialista) expuso que llamar a un paro de no inicio implica no convocar a la docencia a organizarse para luchar contra el Estado fondomonetarista y ajustador. Por eso, argumentó, “lo que hacemos es un llamado a organizarnos para garantizar las condiciones, debatir un plan de lucha y no legitimar el discurso del gobierno contra la docencia”. En el mismo sentido se expresaron la lista gris (NMAS) y la agrupación Roberto Santoro, sobre construir una presencialidad segura, dado que la virtualidad no va más y es necesario hacer una experiencia con la presencialidad. Tribuna Docente Tendencia (tendencia del Partido Obrero) planteo el llamado a organizarse en las escuelas para construir el paro de no inicio, impulsando pronunciamientos públicos y asambleas de docentes y auxiliares. Señaló también la adaptación del Frente Multicolor al discurso y a la política gubernamental y con ello su adhesión a la burocracia celeste y su programa de “regreso seguro a las escuelas”. El Frente Multicolor en Mar del Plata, como en la mayoría de los distritos de la provincia incluso en aquellos donde conduce, se adaptó a la política de la “presencialidad segura” en pandemia, que es el planteo de las patronales. Las agrupaciones docentes del FITU renunciaron a un programa socialista para la educación, pero de conjunto, el Frente ha dejado sin respuestas al problema que, con claridad meridiana, expresan los trabajadores de la educación: la divisoria entre la vida y la muerte. La pelea contra “la presencialidad”, el reclamo salarial y por las condiciones de trabajo, ocupan un lugar destacado en el desenvolvimiento de esta lucha que se abre paso en la ciudad, y en el resto del país y el mundo. Al cierre de esta nota, los trabajadores de la educación buscan y despliegan una serie de estrategias para no concurrir a las escuelas: hacen notas y actas denunciando el estado deplorable de los edificios, la no entrega de elementos de resguardo para la salud y el incumplimiento general del protocolo que el propio Estado exige y viola. Difunden en redes y envían a medios de comunicación radiales y televisivos las denuncias. No convalidan poner en riesgo la salud y la vida. Por eso, la tarea es el boicot a la presencialidad en pandemia: paro de no al inicio de clases presenciales en estas condiciones. Campaña de vacunación para todos los trabajadores de la educación, plan de obras para todas las escuelas de la provincia. Defensa del estatuto docente: basta de precarización laboral con los programas ATR, Fines y Piedas. Actos públicos para la cobertura de cargos y horas/módulos. Entrega de equipos y conectividad gratuitos para estudiantes y docentes. LEER MÁS Cierre de Jorge Altamira en la 1° Conferencia Nacional de Tribuna Docente (Tendencia)

17 de febrero de 2021
Reapertura de las escuelas en CABA: se registraron 132 casos positivos en una semana

El gobierno porteño ha puesto todo su empeño en venderle un buzón a la “opinión pública” sobre el retorno a las clases presenciales. Mientras Larreta asegura que la Ciudad realizó un "relevamiento muy riguroso [en las escuelas] para ver en qué medida los edificios se adaptan a las necesidades de medidas y ventilación", los documentos fotográficos y escritos recogidos por docentes en diversas escuelas y colegios prueban una situación de gran precariedad. En varias actas escolares, se dejó asentado la falta de elementos de bioseguridad e higiene, máscaras y barbijos insuficientes para todo el personal, escasez de personal auxiliar, termómetros rotos o descalibrados para tomar la temperatura. El gobierno porteño, con el aval de Nación, pretende iniciar el ciclo lectivo, lo que constituye una verdadera “apertura” a los contagios. Una prueba irrefutable de ello son los casos de Covid positivo entre docentes que se registraron en el transcurso de la semana pasada. En un solo centro de testeo, el de la Rural, se detectaron 132 positivos. Ademys denuncia que “se van sumando día a día más casos de docentes y personal contagiado y que ha estado en actividades en las escuelas, en contacto con el resto del personal” y que “el gobierno no brinda información sobre los resultados de los otros dos centros de testeos”. Al referirse a los contagios entre docentes, la ministra de Educación, Soledad Acuña, sostuvo que "en ningún caso va a haber suspensión de clases o cierre de escuelas", sino que solamente “se aísla a la persona". El gobierno Larreta-Acuña responsabiliza a los docentes por una baja asistencia a los centros de testeos. “Los recursos para testear están, pero los docentes no vienen”, aseguran a los medios (Clarín 12/2). Ocultan, sin embargo, que existen solamente tres centros de testeos para los 21 distritos escolares de la ciudad, los cuales comenzaron a funcionar recién a partir del 8 de febrero. Si el gobierno realmente estuviera interesado en detectar casos, debería poner todos los recursos necesarios para testear en los lugares de trabajo y no pretender que el o la docente se traslade cada 15 días a dichos centros. Por otra parte, pretenden que los docentes completen, para poder acceder a los días de aislamiento preventivo, una declaración jurada que desplaza toda la responsabilidad sobre el trabajador. Entre otros, se pretende que el docente declare ´bajo juramento´ si ha permanecido o trabajado “por más de 15 minutos a una distancia menor a 1,5 metros de un caso confirmado de COVID-19 (coronavirus) y no haber utilizado las medidas de protección personales adecuadas”. La conferencia de prensa, también, echó luz sobre la intencionalidad del gobierno de poner el pie en el acelerador, “luego de esta primera etapa”, para una apertura total, es decir, sin jornada reducida y con los comedores escolares funcionando. De hecho, Acuña autorizó a establecimientos privados para que sus alumnos puedan comer en el lugar siempre que lleven sus propias viandas y lo hagan en espacios abiertos. Quirós, "fuera de contexto" internacional Por su parte, el ministro de Salud, Fernán Quirós, completó este verso "marca cañón" con falsificaciones de su propia cosecha. A saber: para justificar la apertura de escuelas, insiste con que "los niños no son causas de movimiento de curvas epidemiológicas" y “que los niños se enferman menos, tienen menos carga viral y contagian menos" (Télam, 11/2). La realidad lo desmiente. En Reino Unido “hasta 100 niños son hospitalizados por semana por una extraña enfermedad que emerge tras recuperarse del Covid” (Infobae, 5/2). En Israel, el modelo a seguir para el gobierno porteño, se acaba de plantear una situación compleja en relación a los contagios de niños. Mientras Israel avanza en la reapertura de los establecimientos educativos -hasta ahora, cerrados-, el “Ministerio de Salud ordenó a los hospitales que se preparen para una afluencia de casos graves de COVID-19 en niños”. A través de un comunicado, advierte que "durante los próximos dos meses, esperamos ver una tendencia al alza en las infecciones de niños de todas las edades en el Estado de Israel debido al fin del cierre, la reapertura del sistema educativo y el hecho de que los niños constituyen una gran parte de la población no vacunada " (Ynetespañol, 15/2). Nuestro planteo Ante el intento por parte del gobierno de exponer a las familias y trabajadores de la educación a los contagios, no queda otro camino que organizar el no inicio. Para ello debemos desarrollar asambleas y cuerpos de delegados por escuela y distrito, coordinando acciones conjuntas con las familias por el rechazo a la presencialidad y para conquistar nuestras reivindicaciones. Lamamos a la docencia y a las familias a sostener el paro de los días 17, 18 y 19 y a participar de la caravana del jueves 18, a las 17 hs., de Congreso al Ministerio de Educación Nacional, convocada por Ademys, familias y la docencia combativa. Pongamos manos a la obra por: -Vacunación masiva. -Entrega de dispositivos tecnológicos y conectividad para estudiantes y docentes, para garantizar las clases virtuales. -Otorgamiento de licencias por cuidados de menores y familiares de riesgo. -Aumento del presupuesto educativo, para la realización de obras escolares y construcción de escuelas, bajo control de familias docentes y estudiantes. -Aumento salarial de emergencia del 50%. Apertura de las paritarias, por un salario igual a la canasta familiar. ¡Abajo las Declaraciones Juradas reaccionarias! Por el reconocimiento del aislamiento preventivo. LEER MÁS Cierre de Jorge Altamira en la 1° Conferencia Nacional de Tribuna Docente (Tendencia)

17 de febrero de 2021
Jujuy: ¡Justicia por Marina Patagua!

El pasado viernes 12, Marina Patagua, una mujer de 45 años que vivía en un asentamiento del barrio Huaico de la capital jujeña, fue asesinada por su ex pareja Juan Carlos Gutiérrez. El femicida se encontraba preso, pero fue liberado 20 días antes de cometer el asesinato. El juez Puyen Llermanos desestimó la apelación de los abogados de Marina a su liberación. Fin de una experiencia Este femicidio puso un rápido fin a la pretensión de que el reguero de leyes “de género” que impulsó el gobernador Morales, después del asesinato de cinco mujeres entre setiembre y octubre del año pasado, garantizaban un Estado “presente” contra la violencia sobre la mujer. Con elevación de penas para femicidas, restricciones de derechos como la liberación por buena conducta, con nombramientos de fiscales para los juzgados de género, una ley de emergencia en materia de violencia de género, la ratificación de la aplicación de la ley Micaela y hasta con una ley de cupo femenino paritario para el armado de listas para la elección de cargos en el Estado, Morales trató de aplacar el enorme movimiento popular y de mujeres que reclamaban contra los femicidios. Así cooptó a casi todas las organizaciones feministas. Como denunciamos en su momento, estas leyes no cambiaron ni un poco el cuadro de violencia que sufren las mujeres y la desidia institucional contra ellas. La miseria social que lleva a la agudización de todos los conflictos domésticos, la frustración que genera y que se descarga sobre los más débiles de la familia y especialmente la mujer, por el contrario se han mantenido y agudizado en el último período con miles de nuevos desocupados, con una inflación galopante y la eliminación de los subsidios tipo IFE. Tampoco la justicia y la policía ha sido colocada bajo el control de la masa del pueblo sino todo lo contrario, el repudiado ahora ex Ministro de seguridad, Ekel Meyer, responsable de la inacción policial ante los cinco casos de femicidios cometidos en un poco más de un mes, fue premiado por el gobernador Morales con un cargo en el Superior Tribunal de Justicia jujeño, cuando las movilizaciones de mujeres pedían por su renuncia. El Estado sigue dominado por una camarilla al servicio de los intereses explotadores y ajustadores del capital, aunque ahora haya capacitación de género y más funcionarias mujeres, como la Secretaria de la Mujer, Alejandra Martínez, denunciada hasta el hartazgo por el movimiento de mujeres y los familiares de víctimas de femicidios. Perspectivas Ante el fracaso del remozamiento del estado jujeño con la mentada “perspectiva de género”, sectores feministas radicales, del PJ, y del Frente de Todos (CCC, La Cámpora, etc.), buscan aprovechar una vez más la crisis abierta, ahora con el femicidio de Marina, para exigir su incorporación cómo funcionarias y capacitadoras mediante la reglamentación de la ley de emergencia en violencia de género, aprobada en octubre pasado; es decir un acuerdo con el propio gobernador Morales, a quienes dicen denunciar. Por el contrario, de lo que se trata es de retomar el cauce de movilización masiva y organización independiente que se desarrolló en Jujuy en octubre pasado y que hoy tiene su continuidad en las movilizaciones que mantienen los familiares de las víctimas, quienes hoy se agrupan como “Madres y Padres del dolor" acompañados por familiares, vecinas y vecinos y que no pudieron ser cooptadas, aun cuando el PJ y los radicales bautizaron como ley Iara -la joven palpaleña asesinada por la que se desató una rebelión en toda la provincia- a la ley de emergencia en violencia de género provincial. Sólo la lucha independiente del estado, contra sus gobiernos y partidos a fines, puede conquistar efectivamente todas nuestras reivindicaciones y la justicia que reclamamos por las compañeras asesinadas y casos impunes. En cada lugar de trabajo, de estudio, en nuestras barriadas discutamos esta perspectiva.

17 de febrero de 2021
La lucha de la docencia salteña por el no inicio

Docentes de Salta Capital, Cerrillos y San Antonio de los Cobres, impulsaron el lunes pasado una concentración y movilización en la plaza central 9 de Julio bajo la consigna “los docentes no están de vacaciones. En defensa de la vida, el salario y la seguridad”. A la vez, han establecido un cronograma de actividades en esta plaza capitalina para los días 17 y 18 de febrero y convocan a una nueva movilización para el 19 próximo. Esta movilización se produjo después de que la docente Di Piazza, una de las tres delegadas autoconvocadas de capital, intentara desconocer la asamblea capitalina realizada el 4 de febrero pasado, pero fracasó rotundamente en tanto en su propia asamblea se votó la unificación del movimiento docente. Mientras Di Piazza ya anunció que desconocerá la resolución de su propia asamblea, los docentes de capital, Cerrillos y San Antonio de Los Cobres, reclaman la unidad de la docencia en una nueva asamblea provincial independiente del gobierno, a través del respeto del mandato de las bases. Agentes del gobierno Di Piazza pertenece al grupo que se autoproclama “docentes autoconvocados de la plaza sin banderías políticas” que se impuso mediante maniobras burocráticas como dirección de hecho de la lucha autoconvocada en marzo de 2019. Este grupo mantiene fuertes lazos con el aparato del PJ vinculado a Sáenz e Isa, el ex vicegobernador. Ya en la huelga del segundo semestre de ese año comenzaron a ser cuestionados por las bases en tanto no llamaban a asambleas y maniobraban contra las votaciones de lucha de la docencia, llegando a partir la última asamblea provincial, para levantar la huelga. Por este rol, sus referentes capitalinos, Caliva y Murga, fueron revocados como delegados de capital, lo que los llevo en la huelga del 2020 a desconocer el movimiento en un claro acuerdo con el gobierno, realizando asambleas minoritarias y que no tuvieron incidencia alguna en el curso de aquella huelga. Di Piazza es apoyada por un grupo de delegados del interior, también afines al gobierno, entre ellos Carlos Tilca, ratificado como delegado “provisorio” de San Martín y mandatado a participar de la asamblea autoconvocada de los departamentos del Norte Provincial, a la que faltó para asistir a una “reunión de delegados” convocada por Di Piazza y los delegados afines al gobierno. Estos delegados se niegan a llamar a una asamblea provincial y afirman que el “inicio de clases depende del gobierno”. A la vez desconocen a los delegados del Norte, a los de Cerrillos y Los Andes (San Antonio de los Cobres) y a dos de los tres delegados de capital, en tanto estos se subordinan a los mandatos de sus respectivas asambleas. Por la vida y el salario La deliberación de las bases docentes crece día a día mientras se van conociendo como en Jujuy o en Ciudad de Buenos Aires, ya han comenzado los contagios en las escuelas. También por las potenciales consecuencias de las multitudinarias concentraciones por carnaval en Jujuy, donde participaron turistas de todo el NOA y otras provincias. Esta deliberación golpea directamente las maniobras de los delegados afines al gobierno y refuerza la tendencia por el no inicio y por una asamblea provincial para unificar a las bases, contra los intento divisionistas. Los delegados combativos del Norte (Orán, Dan Martín, Iruya, Santa Victoria y Rivadavia) y de capital ya están coordinando por la convocatoria a la asamblea provincial el 27 próximo, tal como lo votaron sus asambleas y como lo reclaman un sector cada vez más mayoritario de las bases docentes. La lucha de la docencia salteña por el salario y por la vida se abre paso. LEER MÁS Cierre de Jorge Altamira en la 1° Conferencia Nacional de Tribuna Docente (Tendencia)

17 de febrero de 2021
Siderar Canning en huelga

Los trabajadores de Siderar Canning se encuentran de huelga y sostienen una olla popular en la entrada de la empresa desde el 11 de febrero pasado. Reclaman por el pago de la paritaria de la UOM y contra 20 despidos que la patronal largó en represalia. Como viene sucediendo desde hace ya cuatro años, la empresa se niega a pagar a sus más de 300 trabajadores de la planta de Canning-Ezeiza el aumento de la UOM y a respetar su encuadramiento sindical en la Rama 17 (metalúrgica); la patronal los quiere pasar a la Rama 21 (siderúrgica), donde los trabajadores perderían parte de su salario. Siderar es parte del grupo Ternium, de Techint, propiedad de la familia Rocca, un grupo económico líder de su sector en Argentina y con presencia internacional. Es uno de los grupos capitalistas más poderosos del país. A esta empresa no le faltan recursos económicos, pero, sin embargo, quiere doblegar a sus trabajadores con el tema del encuadre sindical. Lejos del falso discurso de la "gran familia Siderar", la empresa tiene una conducta beligerante casi permanente con sus trabajadores y sus delegados. El año pasado hubo conflicto, en plena cuarentena estricta, porque la patronal quería producir a toda costa y apretaba con los descuentos (¡los trabajadores llegaron a cobrar $11.000 la quincena!). Al estallar el conflicto hace dos semanas, los trabajadores en asamblea largaron el paro e inmediatamente el ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria. Pasando los días, y al no haber solución, ya hartos del manoseo de la patronal, los trabajadores en asamblea largaron el paro por tiempo indeterminado el jueves 11. La patronal respondió con 20 despidos. Desde ese día los trabajadores permanecen en los portones con la olla popular. Denuncian que la empresa les cortó la comida inmediatamente y que la conducción seccional y nacional de la UOM les soltó la mano "por romper la conciliación obligatoria". Naturalmente, los trabajadores dicen "¡es el sindicato el que debe defender nuestro encuadre sindical¡".

17 de febrero de 2021
Menem y "el hecho maldito del país burgués"

Llama en cierto modo la atención de que el fallecimiento del ex presidente Menem haya suscitado controversias en torno a su gestión. El canje de las empresas del estado por la deuda externa de Argentina, reconocida al 100% de su valor de emisión cuando cotizaba al 10%; la entrega de Malvinas cuando la sangre de la guerra estaba lejos de secarse; la participación en la coalición armada por Estados Unidos para la guerra del Golfo; la voladura de Río Tercero con el propósito de ocultar el contrabando de armas, por un lado a Ecuador y por el otro a Croacia, lo que puso a Argentina como saboteadora de la unidad de América Latina y al mismo tiempo carne de cañón de la expansión de la Otan al este; solamente esto debiera ser suficiente para un juicio lapidario acerca de ese gobierno. Por otra parte, Menem impuso, incluso con métodos parlamentarios irregulares (veto parcial), la liquidación del sistema previsional, al mismo tiempo que llevaba el desempleo abierto al 16% de la población activa y el encubierto al 11% , lo que cerró para siempre la posibilidad de jubilación para millones de trabajadores. Dio el paso fundamental para la extranjerización de YPF, al convertirla en sociedad anónima para habilitar su entrega a la Bolsa de Nueva York y Londres. El derrumbe de la convertibilidad, finalmente, que llegó a quebrar las relaciones de mercado mismas en el primer cuatrimestre de 2002, no debería dejar margen de dudas acerca de cuáles han sido los resultados de su gobierno. Lo singular, de todos modos, es que la controversia se re-encienda. Es que la gestión menemista recibió en su tiempo el voto de confianza de todo el arco político. Todo. Los que llegaron tarde a la mesa, un Pino Solanas, en 1993 votaron la intervención menemista a Santiago del Estero, para reprimir una rebelión popular; Chacho Álvarez tardó más, pero acabó siendo el padrino de un Cavallo segunda parte. La reforma constitucional de 1994 fue una legitimación integral de ese gobierno, en la cual pusieron los dedos todos los matices de la grieta. La reforma nació viciada de ilegalidad, pues estableció la posibilidad de la reelección inmediata, violando la prohibición que establecía la Constitución vigente para aquellos electos bajo sus disposiciones. Dio estatuto constitucional a los decretos de necesidad y urgencia, consagrando el principio del estado de excepción; subordinó el sistema constitucional argentino a los tratados internacionales, que hasta entonces sólo tenían el alcance de una ley; legitimó el desfalco previsional; la Corte Suprema de la servilleta no fue desbancada, al contrario, ganó autoridad. Quienes critican ahora al menemismo olvidan que sus huellas digitales se encuentran guardadas indisolubles en los archivos. La ulterior ratificación de la convertibilidad y del orden económico menemista por parte del gobierno de radicales y frepasistas, la Alianza, fue una coronación sin atenuantes del gran contubernio de la década de los 90. De aquel contubernio nacieron las actuales ‘grietas’. Menem gobernó con el apoyo sin fisuras de todo el peronismo. Lo devolvió al poder por una década y absorbió el derrumbe ocasionado por Luder e Iglesias seis años antes. Este retorno sirvió para asentar y consolidar el aparato de gobernadores e intendentes, convirtiéndolo en protagonista irremplazable de giros políticos eventuales. Lubricó las gestiones de estos aparatos y los bolsillos de sus punteros con un endeudamiento a gran escala, pues triplicó el que había dejado Alfonsín, sin contar el monto adicional que significó la entrega de un cuantioso patrimonio nacional. La idea cardinal de John W. Cooke no pasó la prueba de los hechos: lejos de ser “el hecho maldito del país burgués”, el peronismo reveló que era su recurso político más eficaz. Fue un aprendizaje recíproco que costó crisis enormes. La soberanía política, la independencia económica y la justicia social no tuvieron dificultad en convertirse en su contrario. Ocurrió cuando la burguesía industrial adquirió el desarrollo suficiente para internacionalizar sus intereses nacionales. Dio cuerpo a la tendencia internacionalizadora de los capitanes de la industria – simbolizada en el remate de Somisa a Techint, hoy la multinacional Tenaris. Puso al desnudo el real y único contenido histórico de clase del peronismo. Néstor Kirchner fue un adelantado: el primero en privatizar bancos provinciales y el más entusiasta en privatizar YPF y guardarse todo el vuelto de ella. Néstor Kirchner, precisamente, dio la mejor caracterización de la plasticidad del peronismo para adaptarse a las tendencias capitalistas prevalecientes: “Menem (es) el mejor presidente desde Perón”, dijo diez años antes de asegurar que “nosotros no tenemos nada que ver con el menemismo entreguista”. El oportunismo político elevado a la condición de un principio es lo que NK ha dejado como doctrina a una generación de seguidores. El balance general no lo discute nadie. Veinte años después del menemato, Argentina sigue lidiando con una moneda sin valor, con un nivel de pobreza que triplica a la de entonces, con las jubilaciones convertidas en pensiones a la vejez, con una deuda externa un 200% superior a la de 1999 (que es mucho mayor si se tiene en cuenta la descapitalización que representó el ‘desendeudamiento’ de 2005 a 2015, más una dependencia sin precedentes del FMI, y la entrega de Vaca Muerta, los acuerdos con Chevron y la protección de los servicios privatizados, se iniciaron bajo el FpV. El gobierno del FdT ha ordenado toda su política en función de una revalorización de la deuda externa, mediante el acuerdo con los fondos internacionales y el que se encuentra en trámite con FMI. Prosigue el desmantelamiento del sistema previsional, al que el gobierno actual acusa de ser “un factor inflacionario” (Guzmán dixit). Todavía no alquiló la franquicia del gobierno en beneficio del Consejo Agroindustrial, los Bunge y Born de hoy, pero va a los tumbos en esa dirección. En definitiva, Menem abrió un período histórico de expropiaciones y confiscaciones de la fuerza de trabajo y del patrimonio de los sectores populares, que sólo pondrá fin un gobierno de los expropiados y de los confiscados. Menem y "el hecho maldito del país burgés"

17 de febrero de 2021
Acerca de amnistías e indultos

En Bolivia, la Asamblea Nacional acaba de aprobar un decreto del presidente Arce que indulta a Evo Morales, a decenas de dirigentes del MAS y a centenares de luchadores, acusados en sede judicial, por parte del gobierno de facto precedente, por la comisión de toda clase de delitos. La ley habrá de pasar a la historia de la política y de la justicia, sin embargo, por el andamiaje arbitrario que la sostiene. En primer lugar porque los indultados no han cometido ninguna clase de delito, salvo que se caracterice de ese modo a la resistencia a un golpe de estado que ha tenido la intención, más allá del arrebato del poder por vía del aparato militar del estado, de aplastar la beligerancia indígena en el Altiplano. En Europa, los resistentes al fascismo han sido homenajeados con placas en muros y veredas. Más justo habría sido inculpar a los fiscales y jueces que iniciaron esas causas judiciales, e incluso llevar a los tribunales internacionales a los directivos de la OEA y sus secuaces que promovieron el golpe militar. A fuerza de consecuentes, el Tribunal Penal Internacional debería abrir un proceso a Trump y Bolsonaro y a sus respectivos cancilleres. El indulto a las causas penales en trámite, por parte del gobierno boliviano, tiene, sin embargo, a la luz de esta caracterización, un propósito perverso, que es precisamente la amnistía para los golpistas y hasta para los represores criminales de las masas que combatieron al gobierno anterior, e incluso a quienes cometieron delitos económicos. Para el gobierno actual, la realización de las elecciones y el reconocimiento de la victoria de los candidatos del MAS, constituirían una absolución anticipada de los delitos de represión y golpismo. En definitiva, Luis Arce ha dictado una amnistía general, que deja en la categoría de culpable a los luchadores y anticipa una falta de mérito para los comitentes del golpe y de la represión. Por casa ¿Alguien está pensando en que lo ocurrido en Bolivia podría replicarse en Argentina, bajo la forma directa de una amnistía general? Mientras el kirchnerismo y el macrismo se tiran con munición pesada por corrupciones y espionajes, el campeón olímpico de los delitos, sean económicos como políticos, acaba de ser despedido, a los 90 años, en el cementerio islámico, con un sinnúmero de juicios encajonados y unas pocas condenas sin ejecución. Es el caso más prominente pero no el único, pues las estafas económicas perpetradas en la crisis de 2001 caducaron por prescripción. Los delincuentes de los ‘90 zafaron de la cárcel en todas las instancias. El caso Menem demuestra que esta impunidad no la salva ni la declaración de imprescriptibilidad de los delitos por corrupción, porque la muerte no admite esa regla. Lo que está claro, de todos modos, es que la impunidad menemista no hubiera sido posible sin el concurso de la Corte Suprema, tanto la menemista como la kirchnerista de un lado, y el Senado de la Nación, del otro. La Corte se ha omitido en la explosión de Río Tercero; archivó el caso en tiempo récord en el atentado a la embajada de Israel; y sigue mirando desde la tribuna este atentado como el de la AMIA. El Senado protege los fueros, incluso ante delitos penales de la mayor gravedad. En materia de delitos de corrupción hay para repartir a gusto en ambos lados de la grieta. Los funcionarios de alto escalón deslindan su corrupción en los que están abajo, y así de seguido. La tragedia de Once es responsabilidad de un maquinista; De Vido y Schiavi no sabían nada, a pesar de los accidentes en las barreras del ferrocarril y los negociados de las concesionarias con la secretaría de Transporte. El asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra se achaca a Favale y Fernández; Pedraza no pudo zafar de la cárcel por la inmensidad de la movilización popular, y el impacto político ulterior de la muerte de Kirchner. Aníbal Fernández zafó, a pesar de que liberó la zona de Barracas donde ocurrió el asesinato. Bodou ya ni pelea por su inocencia; sólo quiere mantener la domiciliaria y obtener una reducción de pena y permiso de salida. Cristóbal López no es victimario sino víctima: no le aceptaron la moratoria para pagar los once mil millones de pesos que arrebató de los bolsillos ajenos. Los funcionarios acusados recurren a la coartada que les da el mismo régimen de gobierno, que exime a los gobernantes de la responsabilidad por el conjunto del sistema que tienen a su cargo. Si hubo sobreprecios en la obra pública, la responsabilidad recae en los Báez, los funcionarios de Vialidad, José López. Por eso, “la patria es el otro”. Cuando se trata de la impunidad todos defienden el principio republicano de la división de poderes: 'yo no tengo nada que ver, arreglen en la justicia'. La frase, en realidad, la inventó, si se puede decir así, Caín, cuando respondió acerca de la desaparición de su hermano: “acaso yo soy su custodio”. Los delitos económicos y políticos del macrismo son incontables. Correo Argentino, evasión de dinero a cuentas ‘offshore’ (autorizada en el acuerdo YPF-Chevrón, de CFK-Kicillof, que se mantiene secreto en poder de la Corte), soterramiento del Sarmiento, parques eólicos, autopistas del conurbano y, por sobre todo, Vicentín y la complicidad con los fondos Templeton y otros en la fuga de capitales a partir de 2018. El espionaje macrista data de su gobierno en la Ciudad, en compañía con Fino Palacio. En materia de represión es conocida la que aplicó a los trabajadores de los hospitales de Barracas y el trato a personas de la calle. El aparato de espionaje interno de Arribas y Majdalani sólo compite con el de Stiuso, la mano derecha 'informativa' de Néstor Kirchner. Guerras judiciales ¿En qué consiste entonces la llamada guerra judicial? En aprovechar los delitos efectivamente cometidos por unos y otros para golpear al adversario, abandonando la táctica 'menemista' de la complicidad recíproca. El delito es incluso, más allá de los casos citados, un método de gobierno, dado el entrelazamiento del gran capital con el aparato estatal y la burocracia de turno. El poder judicial se ha convertido, no ya políticamente, sino jurídicamente, en una forma de asociación ilícita, porque es un sistema de puertas giratorias que ha servido a todas las dictaduras militares, incluso la más horrenda. La Corte actual ha avalado, sin ningún examen, una condena a Milagro Sala por amenazar por teléfono a policías que cometían atropellos contra jóvenes. En un país donde esos atropellos son moneda corriente, incluida la muerte, la condena a una auto-defensa, siquiera verbal, es una violación de los derechos populares decisivos. Lo mismo ha ocurrido con una condena a D’Elia por la intervención en una comisaría asociada con un crimen de represión. La Corte defiende fallos inferiores que no examina, en el entendimiento de que un choque repetido entre instancias judiciales, afectaría su jefatura del poder judicial. Las condiciones para una amnistía declarada o bajo la mesa, como pretendería arbitrar Alberto Fernández, no se encuentran reunidas en las actuales condiciones de la crisis política. Es otra cosa más que macristas y kirchneristas buscan resolver en las elecciones de octubre. De conjunto, sin embargo, la podredumbre del sistema político y jurídico es descomunal e irreversible. Nuestro planteo es: Que vayan todos presos, incluidos los jueces envueltos en encubrimientos y asociaciones; Rechazo a los negociados capitalistas que buscan el amparo de moratorias y desgravaciones; Abolición de la Justicia como poder de supervisión de los órganos electos en forma popular, para convertirla en un servicio a cargo de personal calificado electo y revocable; Por la vigencia de la soberanía popular, mediante un gobierno de trabajadores deliberativo y ejecutivo, electo y revocable.

18 de febrero de 2021
Tucumán: nos movilizamos por Úrsula, Paola Tacacho y todas las que nos faltan

El miércoles 17 de febrero, en el marco de la convocatoria nacional por Úrsula y todas las víctimas de femicidios, se realizó una importante movilización en el Palacio de Tribunales convocada por el Ni Una Menos y la Multisectorial de Mujeres. Entre las consignas de ambos sectores se colocó la responsabilidad del Estado, ya que en todos los casos se repiten la negativa de las comisarías a tomar las denuncias, el cajoneo de las causas en las justicias, el incumplimiento de las medidas de protección y el encubrimiento, cuando los hostigadores son policías e hijos del poder. Se hicieron presentes distintos familiares quienes, en sus intervenciones, dieron testimonio de esta realidad. Estuvieron familiares de Paola Tacacho, que viajaron desde Salta para hacerse presentes en la movilización, para denunciar el operativo de impunidad en torno al caso. Al igual que Úrsula Paola hizo 22 denuncias durante los 5 años que sufrió hostigamiento y acoso por parte de su femicida. La investigación que llevó adelante la propia familia permitió conocer que dos denuncias fueron archivadas por falta de espacio en las oficinas donde ingresaron; en otro caso, el juez Pisa decidió rechazar el pedido de elevación a juicio realizado por el fiscal en nombre de “no malgastar los recursos de la justicia”. Este tipo de actuación se repite en las restantes causas debido a la influencia del hermano del femicida, un empresario de la provincia vinculado al gobierno. Al reclamo de justicia por todas las víctimas se impuso el pedido de juicio político a Pisa en el entendimiento que hay que echar a los responsables políticos de la situación de extrema violencia de género. También porque es un juez socio del poder político, conocido por actuar a su favor en numerosas denuncias de corrupción. Esta asociación llega a tal punto que el gobernador Manzur tiene en su escritorio el pedido de renuncia condicionado a la jubilación de privilegio que este juez habría realizado antes del femicidio de Paola. Sólo la conmoción social y la movilización por el caso de Paola presionó para que no la firme pero están en juego numerosas maniobras tanto desde el gobierno como la legislatura para darle impunidad. Desde el Plenario de Trabajadoras (Tendencia) sumamos el reclamo por la inmediata libertad de Yolanda Vargas, trabajadora ultraprecarizada de Colonia Santa Rosa (Salta) que perdió a sus hijos en el incendio de su casilla. Denunciamos la celeridad con la que actúa el Estado y la justicia para encarcelar a una mujer pobre criminalizándola por la situación de miseria social en la que vive. Detrás de esta causa el Estado busca culpar a Yolanda para eximirse de su responsabilidad por la falta y precariedad del trabajo, la vivienda y infraestructura y servicios, la falta de guarderías en las barriadas. La prima de Paola también hizo referencia a la situación de Yolanda y a la campaña que se está realizando por su libertad. Queda planteada poner en pie una gran organización para que el 8 de marzo seamos miles en las calles y que a través de asambleas en las barriadas y lugares de trabajo debatamos cómo enfrentamos la violencia y los femicidios, cómo continuamos la campaña por la libertad de Yolanda y cómo transformamos la jornada del 8 en una expresión de apoyo a la docencia que enfrenta la imposición de la presencialidad, cuando la situación de la pandemia está lejos de ser superada, y las trabajadoras y trabajadores de la salud que vienen sosteniendo un plan de lucha por el salario y las condiciones laborales y contra la persecución a los luchadores.

18 de febrero de 2021
“Retorno a las aulas”: el gobierno porteño exige a las familias declaraciones juradas ante eventuales contagios

El regreso presencial a las escuelas orquestado por Larreta y Acuña -avalado por el Ministerio nacional de Nicolás Trotta- establece que la asistencia de los/as estudiantes de todos los niveles educativos será de carácter obligatorio. Sin embargo, asimismo, los funcionarios exigen al estudiante o su referente familiar una declaración jurada de que ni los niños, niñas y adolescentes ni ningún familiar cercano se encuentren cursando síntomas compatibles con el COVID 19. Además, deben declarar bajo juramento que conocen todas las pautas del protocolo acordado por las autoridades porteñas. Si se incurriera en alguna falsedad, dice el gobierno, existirán penalidades. A sabiendas de que transitamos un regreso a las aulas en el marco de una pandemia, el gobierno porteño pretende deslindar responsabilidades por las consecuencias sobre las propias familias. Extorsión Además de la imposición de una fecha de inicio de ciclo lectivo a pesar de la pandemia, el gobierno obliga a las familias al retorno presencial. A fines del año pasado, cuando implementaron las burbujas y el retorno optativo, docentes y familias lo rechazamos. En los hechos, asistió apenas el 1% de la matrícula (nivel primario). Atento a esto, con el norte del regreso a las aulas como punta de lanza para una normalización económica, el gobierno porteño avanza contra las familias trabajadoras. Los únicos casos en los que el estudiantado puede no concurrir presencialmente es si los propios estudiantes cursan alguna enfermedad de riesgo o si, en todo caso, conviven con familiares que sí estén enfermos, embarazadas o mayores de 60 años. En tales casos, se debe realizar una declaración jurada de inasistencia, adjuntando el correspondiente certificado médico. Ahora bien, hay otras tantas familias que, aun sin ninguna enfermedad de base de por medio, no están de acuerdo con las clases presenciales simplemente por no querer exponerse a sí mismas ni a sus hijos e hijas al contagio. Ante esta realidad, las conducciones escolares han informado que, llegado el caso, las familias pueden no enviar a sus niños/as o adolescentes, pero bajo condición de firmar un acta en la que se hacen cargo de “vulnerar” el derecho a la educación de los menores. No a la vuelta en pandemia El protocolo del gobierno de la Ciudad es absolutamente inviable. Lo que proponen es, sencillamente, la convivencia con el virus en las aulas. Arrastran al contagio a docentes, estudiantes y sus respectivas familias. A su vez, pretenden dar por hecho que los contagios provendrían de ´afuera´ de la escuela. Aseguran que, siempre y cuando se respeten los protocolos, no habrá contagios. Esto es una absoluta farsa que puede derivar en tragedia. Docentes y familias debemos rechazar el regreso a clases presenciales en pandemia.

18 de febrero de 2021
Santiago del Estero: importante movilización por Úrsula y por todas

En Santiago se concretó este miércoles 17 una importante movilización ante la convocatoria nacional por el femicidio de Úrsula. Días antes de la convocatoria, la provincia se veía sacudida por el doble femicidio de Silvia y Silvana Rojas, en la localidad de los Juríes, que terminó provocando una pueblada reclamando justicia. La movilización en la capital santiagueña reunió más de tres cuadras de manifestantes que recorrieron las calles céntricas. La Tendencia del PO y el Polo aportaron las columnas más significativas. La convocatoria atrajo a numerosos casos impunes en la provincia que se hicieron presentes. Se sumaron la familia de Priscila Martínez, un caso de femicidio irresuelto. La madre de Mauro Coronel y Natalia Ávila, hermana de Julio Ávila, ambos casos de gatillo fácil. Maira Lazarte, un caso parecido al de Yolanda Vargas, quien sufrió la pérdida de hijos en un incendio de su vivienda, estuvo encarcelada 8 meses y luego liberada por falta de mérito. Ahora, Maira lucha por la inmediata restitución de un tercer hijo, a quien la justicia puso bajo la guarda de la familia de su ex pareja acusada de violencia y abusos. El caso de Rita Ibáñez, víctima de violencia, fallecida en un dudoso accidente, también estuvo presente, entre otros. La marcha se inició en las puertas de los tribunales, donde se denunció la inacción de la justicia ante cada caso donde las víctimas son mayoritariamente mujeres pobres. Es claro que al Estado no le interesan la vida y los derechos de las mujeres. La creación de distintos organismos para atender la problemática de género han resultado simples cambios cosméticos, pues nada cambió. Desde los tribunales marchamos hasta casa de gobierno donde concluimos con un acto reclamando Justicia y denunciando al Estado como el responsable de la miseria social de los trabajadores y del cuadro de violencia y barbarie a la que se ven sometidas a diario las mujeres y familias pobres. En la concentración se hizo escuchar el reclamo por la inmediata libertad de nuestra compañera Yolanda Vargas. Es necesario poner en pie un plan de lucha independiente del estado organizado mediante asambleas en las barriadas, los lugares de trabajo y de estudio para arrancar justicia frente a todos los casos impune de femicidio, gatillo fácil, violencia y abusos que de manera sistemática sufren las mujeres.

18 de febrero de 2021
Médicos Municipales: se ha formado una pareja
Tribuna de Salud CABA

Con una foto en la facultad de Medicina y un flyer que difunde un “acuerdo programático para un modelo gremial diferente”, la Lista 10 comandada por Carlos Rojo y el Frente de Recuperación Gremial (FRG) presentaron su alianza para las próximas elecciones del sindicato de Médicos Municipales (AMM) de CABA. El lanzamiento, no obstante, quedará condicionado a la “situación epidemiológica”, ya que en estos días el Ministerio de Trabajo volvería a prorrogar los mandatos de las direcciones sindicales, por un plazo que podría ser de 90 o 120 días. En las últimas elecciones del 2017, el oficialismo de la AMM se fracturó en dos listas. Rojo, que venía de dirigir el PAMI Capital durante el kirchnerismo de la mano de Luciano Di Césare, enfrentó al radical Jorge Gilardi. El peronista Rojo contó con el apoyo nada menos que de Larreta, mientras que Gilardi era sostenido por su entonces rival en el PRO, Gabriela Michetti. Gilardi logró retener la presidencia de la AMM por una escasa diferencia, que ahora podría revertirse si tenemos en cuenta que en aquella votación obtuvo 3500 votos, contra 3000 de la Lista 10 y 700 del FRG. Otro dato que abona esta perspectiva es que la gestión de Gilardi viene de un fuerte desgaste, que se agravó como consecuencia de la entrega del salario médico en el marco de la peor crisis sanitaria que se tenga memoria. Desde la última paritaria, vencida en diciembre de 2019, los profesionales de la salud porteños obtuvieron solo un 15% de aumento (y algunos bonos): un porcentaje que se encuentra entre los más bajos del movimiento obrero y a más de 20 puntos de la inflación acumulada en 2020. En este contexto, varias filiales oficialistas decidieron abandonar el barco de Gilardi (Santojanni, Rivadavia, Argerich, entre otras). Frente a esta realidad crítica, la nueva lista denominada “Democracia y participación para la recuperación gremial” difundió seis puntos programáticos: “paritarias transparentes con inclusión de médicos residentes; salario y jubilaciones dignas; ítems 100% remunerativos incorporados al básico; eximición del impuesto al salario; mejora de las condiciones laborales; reconocimiento e incorporación de los grupos de trabajo a la estructura hospitalaria”. Desde la primera consigna, está clara la voluntad de atraer el voto de los residentes, que vienen siendo protagonistas del movimiento de la salud desde la gran huelga que quebró la ley precarizadora de Larreta. Sin embargo, las reivindicaciones fundamentales de este colectivo -pase a planta, guardias pagas, salario y la ART para concurrentes- no figuran en el programa. La ambigüedad tiene su fundamento, si recordamos que la propia redactora de la derrotada ley, la ex ministra de Salud Bou Pérez, provenía del riñón del rojismo en el Hospital Ramos Mejía. Algo similar ocurre en relación al salario y las jubilaciones, cuya formulación se limita a pedir que sean “dignos”, identificándose con la vaga consigna del gilardismo. Los salarios vienen de un verdadero derrumbe (perdieron 65% de su valor en el último lustro), que se agigantó durante la pandemia a pesar del sobre-trabajo que ésta implicaba e implica. La consigna que emergió de las asambleas de médicas, médicos y profesionales fue el 100% de aumento y los 100.000 pesos de inicial. Tras la demagogia inicial, la Lista 10 abandonó este planteo, como abandonó también al movimiento de lucha. Esta experiencia concreta hizo que durante el año pasado emergieran asambleas de “autoconvocados” y “hartos” en los hospitales porteños, tanto en aquellas filiales dirigidas por Gilardi como en las que responden a Rojo. A su turno, estas asambleas confluyeron en una interhospitalaria que se unió al plan de lucha organizado desde la asamblea de residentes y concurrentes. Durante este proceso, la Lista 10 se dedicó a hacer campaña electoral, intentando pasarle el costo político de la crisis paritaria a Gilardi. Sus siete filiales no solo no fueron referencia de nada, sino que incluso llegaron a boicotear los paros y movilizaciones autoconvocadas ya que su éxito demostraba la posibilidad real de superar a Gilardi a través la acción –cuestión que Rojo reservaba a un voto futuro, en elecciones postergadas hasta nuevo aviso. Otro gran ausente entre los puntos anunciados es la denuncia de la carrera profesional que liquidó la estabilidad laboral, dejó a los profesionales como rehenes de concursos que el gobierno y las autoridades hospitalarias abren a discreción, cuyos “veedores” son colocados desde arriba por la conducción de la AMM. El olvido tampoco sorprende, toda vez que esta ley 6035, que además dejó afuera a enfermería, bioimágenes e instrumentación quirúrgica, fue aprobada con la venia de ambas alas de la burocracia de la AMM. La presentación en sociedad del matrimonio electoral fue recibida con desconfianza por los trabajadores, cuyas críticas se hicieron oír en las asambleas. En el Hospital Penna, bajo una fuerte presión de la base, la filial rojista viene de realizar un cese de actividades, un corte de calle y de votar un paro para el próximo 24 de febrero (el 28 vence el plazo de gracia que Gilardi le dio a Larreta para postergar el acuerdo paritario del año pasado). En lugar de replicar y extender esta movida, en los otros hospitales la misma Lista 10 dice que “no se puede parar sin el sindicato”, ya que “podría haber sanciones”… lo que harta a médicas y médicos son las entregas de la AMM, pero también la verborragia impotente de la Lista 10. El llamado “Partido Obrero” oficialista abordó esta crisis desde la inacción. Hace seis meses, en agosto de 2020, emitió un comunicado denunciando una “apropiación del FRG” para el frente con Rojo, por parte de sus ex compañeros de lista del Hospital Álvarez. Esta queja se realizó desde el aislamiento político: contó con la firma de solo dos médicos del Hospital Sardá. Ocurre que la alianza con Rojo se produce tras un largo letargo del FRG, que quedó reducido a su mínima expresión. El aparato del “PO” oficial se limitó a denunciar que el Comité Ejecutivo de la AMM “no se reúne”, en lugar de desplegar iniciativas de lucha desde el cargo que allí ocupa. En estos seis meses, evitó reunir lo que sí estaba a su alcance: no convocó a una asamblea del FRG para hacer frente a la “apropiación” que denuncia; su política, desde esta intrascendencia, fue largar al ruedo un nuevo sello (“lista Naranja”). Ahora que la boda se consumó (“hable ahora o calle para siempre”…), optó por permanecer en silencio. El vuelco de un sector del FRG a una alianza con la Lista 10 opera como un rescate para esta fuerza política, que venía siendo cuestionada por sus propias bases en los hospitales. No logra alterar ni en un milímetro su carácter reaccionario, con profusos vínculos con todos los gobiernos, autoridades sanitarias y grupos privados del negocio de la salud (y Franja Morada en Medicina UBA). Al revés, compromete a ese sector del activismo con un programa de defensa de esos intereses. Siguiendo su propia lógica, el armado debutó dejando de lado las reivindicaciones del movimiento de lucha que se autoconvocó y ganó los hospitales y las calles durante el 2020. El desafío al que apuntamos desde Tribuna de Salud (Tendencia) es a dar continuidad, profundidad y expresión política a esas peleas, poniendo en pie asambleas, coordinadoras y un reagrupamiento que recupere los métodos clasistas, de larga tradición entre los trabajadores de la salud.

18 de febrero de 2021
Salud: penando por la vacuna mientras se hunde el salario

Las vacunas siguen llegando a cuentagotas a los hospitales porteños. Frente a la escasez y la desorganización que baja desde el gobierno de Larreta, cada hospital termina adoptando un criterio propio para definir quiénes la reciben y quiénes no. Para profesionales y trabajadores, termina siendo una verdadera cacería llegar a vacunarse. La cuestión es peor para quienes revisten en contratos precarios como los concurrentes, ya que en algunos hospitales ni siquiera los registran como personal de salud. Si esta es la situación en la salud, qué le queda al resto de la población. Docentes y estudiantes ya están siendo arrojados a las escuelas sin otra garantía que un “contagio seguro”. La reapertura educativa se debate en los hospitales y centros de salud: muchos profesionales que también son padres, no quieren enviar a sus hijos al colegio. Con una vacunación a paso de tortuga, el incremento de la circulación del virus en escuelas y medios de transporte repercutirá inevitablemente en el sistema sanitario, cuyos trabajadores volverán a tener que cargar sobre su espalda la política criminal de los gobiernos. A pesar del desgaste por la sobre-exigencia de la pandemia, no ha habido ampliación de la planta ni reforzamiento del sistema de salud alguno. En estas condiciones deberíamos afrontar lo que los mismos gobiernos descuentan que será una segunda ola en otoño-invierno más fuerte que la del año pasado. Todo esto sucede mientras nuestro salario se hunde y las paritarias siguen en veremos. La Asociación de Médicos Municipales (AMM) aceptó la propuesta del gobierno de dilatar la negociación hasta el 28 de febrero. Tras varios años de caída en picada, en el año de la pandemia sólo recibimos un 15% en cuotas contra una inflación oficial del 36,1%. Desde la última reunión de diciembre, AMM no dio más noticias. La Federación de Profesionales lanzó una “campaña de flyers” que rezan “llegamos a marzo sin recomposición salarial”… pero también sin plan de lucha. Federación, que sigue al inmovilismo pro-Larreta de AMM, evita convocar a acciones concretas. En este cuadro hay que destacar lo ocurrido en el Hospital Penna, donde luego de una asamblea con cese de actividades se votó un paro para el próximo 24 de febrero. Desde abajo, hay un esfuerzo del activismo por reanudar la necesaria lucha que los sindicatos se niegan a emprender. La última asamblea de residentes y concurrentes tomó esta fecha y votó ponerla a debate en los hospitales y centros de salud. Además, resolvieron apoyar el paro de 72 hs votado por los docentes en la asamblea de Ademys. La única “respuesta” que en estos días llegó desde el gobierno de Larreta fue el encarcelamiento de dos enfermeros que acampaban frente al Ministerio de Salud. Tribuna de Salud (Tendencia) llama a generalizar la experiencia del Penna y extender la propuesta del 24 de febrero construyendo una jornada de paro y movilización de toda la salud porteña. Redoblemos la lucha por un salario inicial de 100 mil pesos, incorporación de personal, reconocimiento profesional de enfermería y salario y ART para concurrentes. Vamos por una vacunación inmediata y masiva para los trabajadores de la salud y toda la población, para lo que es necesario su declaración como bien público, dejando de lado los negociados de laboratorios, farmacéuticas y fondos internacionales a costa de la salud. Pongamos en pie asambleas y coordinadoras para unificar a todos los sectores, sin distinción de función, especialidad o gremio, en un plan de lucha sistemático hasta la obtención de nuestros reclamos.

18 de febrero de 2021
¡Libertad ya para Yolanda Vargas!: movilizaciones en CABA, La Plata y Santa Fe

Durante la mañana de ayer más de mil personas nos movilizamos en la Capital Federal desde el Obelisco hasta la Casa de la Provincia de Salta para exigir la inmediata libertad de Yolanda Vargas, nuestra compañera del Polo Obrero de Salta. Yolanda está detenida por orden de la fiscal Claudia Carreras, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas. La acusa de la muerte de sus hijos en el incendio de su casilla en la que vivían, porque los dejó solos para ir trabajar. Movilización en CABA Al inicio de la jornada, nuestras dirigentes del Polo Obrero y PdT en la Tendencia del Partido Obrero, entregaron en la Casa de Salta un petitorio exigiendo la libertad de Yolanda y el levantamiento de todas las imputaciones en su contra. El petitorio, en dos días, recogió más de 400 firmas y adhesiones de activistas y organizaciones de mujeres, feministas, de DDHH, de organizaciones barriales, sindicales y partidos políticos tanto nacionales como internacionales. Se destacan las firmas de las familias de numerosas víctimas de femicidio, como la mamá de Lucía Pérez; dirigentes históricas de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito como Martha Rosenberg y Olga Cristiano entre otras compañeras, Las Azucenas, Católicas por el Derecho a Decidir, el Ni Una Menos Santa Fe, la Campaña contra las Violencias. Numerosos militantes del ENMJ y de otras organizaciones de derechos humanos brindaron su solidaridad como la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos; Hijos de zona Oeste y de La Plata, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el Colectivo Contra el gatillo Fácil; la Correpi. El calvario de Yolanda también conmovió a organizaciones sindicales como ATE; ATRANA, Ademys, la Junta Interna del INTI, de Cultura Nación y dirigentes del SUTNA. Las organizaciones del movimiento de desocupados, partidos políticos, personalidades de la cultura sumaron su firma a un petitorio que también despertó en solo dos días una nutrida solidaridad internacional: la Coordinadora Nacional por la Libertad de Lxs Prisionerxs Politicxs de la Rebelión chilena, entre otros. Este sábado, la revista chilena Mal de Ojo convoca a una actividad internacional por la libertad de Yolanda. Durante el acto enfrente de una Casa de Salta que bajó apresuradamente las persianas, la dirigente del PdT Valentina Viglieca responsabilizó al Estado por la muerte de los niños. Todas las madres trabajadoras, dijo, “tenemos que pilotear qué hacemos con los chicos para poder trabajar porque el Estado no garantiza jardines maternales y faltan vacantes. No hay una sola compañera de las barriadas que no sepa que Yolanda podría ser ella misma. Yolanda es una víctima de esta situación y no es la única víctima ¿o nos olvidamos que meses atrás en Guernica, estaban las compañeras tomando tierras, tratando de garantizar la vivienda a sus hijos? Responsabilizamos a la fiscal, al gobernador, al intendente, al Estado en pleno de la muerte de esos niños y de lo que pase con Yolanda dentro de la cárcel”. Valentina inscribió la defensa de Yolanda en las luchas históricas del movimiento piquetero y del movimiento de mujeres como la defensa de Romina Tejerina, la libertad de Belén, la lucha contra los femicidios. También la compañera Eva Gutiérrez, dirigente nacional del Polo Obrero (T), responsabilizó al Estado y llamó a otras organizaciones a sumarse al pedido de libertad para Yolanda: “Yolanda cobraba un IFE que fue retirado en el momento de mayores contagios. Los compañeros desocupados han tenido que salir, condenados a changuear. Este gobierno no puede ni siquiera garantizarnos el derecho a la maternidad (...) ellos nos obligan a dejar solos a nuestros chicos para poder darles de comer; y si nuestros hijos nos comieran, nos acusarían de abandonarlos al hambre, cuando son ellos, el Estado y sus funcionarios - los que acusan a nuestra compañera y los que nos condenan al hambre y a la cárcel- los únicos responsables”. Eva Gutiérrez propuso “que este movimiento se transforme en un movimiento nacional, y llamamos a las organizaciones a ganar las calles con nosotros y exigir la libertad de Yolanda. Esto lo toma la Tendencia del Partido Obrero que tiene toda una tradición: la de haber metido presos a los asesinos de Mariano Ferreyra, y vamos a ganar las calles para conseguir la libertad para Yolanda Vargas.” Al acto se acercaron activistas y organizaciones como Paso a la Mujer Trabajadora. Que se multiplique y fortalezca la exigencia por su libertad. Durante la tarde hubo movilizaciones en La Plata y San Fe, en el contexto de los actos convocados por el NI Una Menos reclamando justicia por Úrsula Bahillo. Nuestras compañeras y compañeros de la Tendencia se sumaron al pedido de justicia por Úrsula y difundieron la situación de Yolanda consiguiendo múltiples muestras de apoyo. Llamamos a todas y todos los activistas y organizaciones, en especial a las del movimiento de mujeres y barriales, a sumarse a la campaña por la libertad de Yolanda Vargas. La fiscalía tiene detenida a una trabajadora ultraprecarizada, a una jornalera rural, único sostén de su familia, para ocultar la responsabilidad de Estado en esta tragedia, en la miseria pavorosa en que vive sumergida gran parte de la clase obrera. Pero el ensañamiento también es un castigo a su condición de luchadora social, a que es una mujer que pelea contra el hambre, la miseria y la violencia desde un comedor popular y desde las filas del Polo Obrero. No cejaremos hasta que vuelva con nosotros. Libertad inmediata para Yolanda Vargas en Salta. El Estado es responsable de la miseria social de las trabajadoras. Deja tu adhesión y tu contacto en este link: https://docs.google.com/forms/d/1Cj-uSWOZ6eN10fAxzIRgk7SXcYxtxR3v4YOTroSrwqg/edit?edit_requested=true&fbclid=IwAR1qboarO2dhVJmiXyiY16yhAD3H5b0zTAPxPrNBAjiN3NWyJdd_0PcIG-I

18 de febrero de 2021
Gran Bretaña: se extienden los contagios debido a las clases presenciales

El Covid-19 ha crecido entre los niños de 5 a 12 años y en la franja de 18 a 24 años, sugiere un estudio científico, y la causa es el número relativamente alto de niños que todavía asisten a la escuela, informa The Guardian (18.2). “Las infecciones por covid en Inglaterra disminuyen en dos tercios, pero se propagan más rápidamente entre los jóvenes. Los expertos instan a que se preste atención a la apertura de escuelas ya que los niños de 5 a 12 años ahora se encuentran en uno de los grupos más comunes de virus”. Esto contradice la especie de que los chicos y las escuelas no serían “vectores de contagio”. “El estudio React 1 del Imperial College London apunta a que el tercer lockdown nacional ha frenado significativamente la propagación del coronavirus a pesar de la aparición de nuevas variantes. Sin embargo, la prevalencia sigue siendo alta, con aproximadamente una de cada 200 personas infectadas con Covid entre el 4 y el 13 de febrero, en comparación con aproximadamente tres veces ese número entre el 6 y el 21 de enero, mostraron los hallazgos provisionales” (ídem). Los expertos advirtieron sobre la necesidad de “tener cuidado” en la reapertura de las escuelas, que se espera que comience el 8 de marzo en Inglaterra y el 22 de febrero en Escocia y Gales. Es así que “el profesor Paul Elliott, del Imperial College London, director del programa React, enfatizó que las infecciones se pueden contraer más allá del aula, como cuando se recogen niños de la escuela” (ídem). El profesor Steven Riley, dijo “que la reapertura de las escuelas aumentaría ligeramente el número de R (reproducción del virus)”, mientras que para Christina Pagel, profesora de investigación, “el hallazgo de que Covid era más común entre los niños más pequeños era una preocupación potencial si se vinculaba con la asistencia a la escuela primaria” (ídem). El gobierno plantea una apertura total de las clases en marzo tras el receso invernal. Inmunidad de manada y presencialidad El gobierno pretende reducir las restricciones más rápidamente, a pesar de que el “desconfinamiento” del año pasado disparó velozmente la tasa de contagios y muertes. La “inmunidad de manada” propiciada por Boris Johnson, “representa el 5% (de las muertes mundiales)”, dice el British Medical Journal (4/2). Su editor en jefe ha calificado a la política de Johnson y otros mandatarios de “crimen social”. La inmunidad de manada, el cierre posterior y la re-apertura, llevó a GB a ser uno de los países con mayor cantidad de contagios y muertes por población. En el Reino Unido se ha detectado otra variante del coronavirus con un conjunto de mutaciones potencialmente preocupantes, según los expertos. La variante, conocida como B1525 se ha detectado mediante secuenciación del genoma en 10 países, incluidos Dinamarca, Estados Unidos y Australia. No se sabe si las vacunas son efectivas frente a esta variante. Es el análisis de investigadores de la Universidad de Edimburgo. “Los investigadores dijeron que la disminución en la prevalencia en Inglaterra se observó en todos los grupos de edad. El equipo sugirió que la prevalencia relativamente alta en niños más pequeños podría deberse a que una mayor proporción de este grupo de edad todavía asiste a la escuela. Una encuesta encontró en febrero que casi una cuarta parte de los alumnos de la escuela primaria estaban recibiendo clases en persona". (The Guardian, 18/2) Esto muestra la política criminal de las clases presenciales mientras dure la pandemia.

18 de febrero de 2021
Colombia: las centrales sindicales frenan una respuesta al impuestazo

El presidente colombiano Iván Duque, en medio de la terrible crisis sanitaria que atraviesa su país, ha presentado en el Congreso un nuevo proyecto de reforma fiscal y tributaria. Se trata de la tercera reforma tributaria. Prevé un aumento del IVA a los alimentos y productos de la canasta familiar, y una reducción de impuestos para los empresarios. Golpe al bolsillo Los productos que hoy cargan el 5% en concepto de IVA pasarán a tributar el 19%. Duque aspira a recaudar 20 billones de pesos colombianos y estima una devolución de 800 mil millones a los sectores más empobrecidos. Este impuestazo sobre los bienes de la canasta familiar se produce en el marco de una caída del consumo y los salarios. El desempleo supera el 20%, las ayudas sociales se encuentran paralizadas. La deuda externa de Colombia representa sólo el 54,8% del PBI, sin embargo, las calificaciones de riesgo aumentan. Desde Ecopetrol se lanza una privatización encubierta mediante la venta de acciones estatales. El proyecto ha generado una crisis política en las filas propias. Un representante del oficialista Centro Democrático, Gabriel Vallejo dijo: “La única reforma tributaria que acompañaré será la que consista en reducir impuestos” (infobae, 11/2) y una “reducción del Estado”. “El Partido de la U, también se desmarca de la propuesta” (ídem). También expresó disidencias el oficialista Partido Conservador. Huelgas y movilizaciones Fabio Arias, fiscal general de la CUT, declaró que “la Central Unitaria de Trabajadores anunciará con las demás organizaciones sociales y políticas del país un gran paro nacional” contra el proyecto, pero sin fecha (ídem). También ha condicionado una marcha “debido a las diferentes restricciones que existen por la pandemia” (infobae, 11/2). El 26 de febrero está convocada una movilización por un pliego de trabajadores estatales, por la no privatización de empresas estatales, que cuenta con más de un millón de trabajadores. La FECODE, central sindical de maestros, dice que rechazan la vuelta a clases presenciales. El 26% de las escuelas no tiene agua potable, y sólo el 46% tienen acceso a internet. Los estudiantes también movilizarán por sus reclamos. Se encuentra en vigencia el decreto 1.174, que constituye una verdadera “reforma laboral” en los hechos: a los jóvenes que tienen su primer empleo y a todos los contratos que comiencen a partir del 1 de febrero, los empresarios no estarán obligados a pagar el mínimo, en los casos en que corresponda según los convenios respectivos; elimina aportes patronales, vacaciones, licencia de maternidad, garantías para contratación colectiva y derecho de asociación, y los trabajadores son contratados por horas. Esto les ahorra un 37% a los patrones, que sólo pagan el 15% del piso de protección social. Crece el desempleo, las masacres, los asesinatos de cientos de líderes sociales, las amenazas y el desplazamiento de campesinos e indígenas, el creciente poder del narcoestado, la pauperización de las condiciones laborales, la destrucción de recursos naturales, la concentración de tierras. Las centrales sindicales frenaron y dilataron la lucha, como vuelve a ocurrir ahora.

18 de febrero de 2021
CABA: reprimen y detienen a enfermeros

Luego de 20 días de acampe de un colectivo de enfermeros de la Ciudad de Buenos Aires en puertas del Ministerio de Salud, por mejoras salariales y laborales, entre otros, la policía de Rodríguez Larreta irrumpió para reprimir y detener a dos trabajadores. Los detenidos fueron Elena y Franco, a quienes trasladaron a la comisaría de Tacuarí 770. Finalmente fueron liberados a la madrugada. Los trabajadores resolvieron continuar con el acampe y preparan una conferencia de prensa este lunes 22 para denunciar lo ocurrido y las causas abiertas contra los trabajadores por el gobierno de Rodriguez Larreta. El acampe de estos compañeros se da luego de un año de trabajo intenso contra el covid y en las peores condiciones de precariedad. Luego de un semestre de grandes marchas y reclamos de los trabajadores, la burocracia sindical cerró paritarias a la baja y el movimiento de lucha se dividió entre los trabajadores licenciados que exigen el pase automático a la ley de profesionales de la salud y los no licenciados, que plantean el reconocimiento profesional hace ya varios años. Los trabajadores advierten que el gobierno intentará levantar el acampe nuevamente, por lo que está planteado poder organizar una movilización para hacer caer las causas judiciales contra los compañeros. La lucha de este colectivo de enfermería es, junto a la lucha de los trabajadores del hospital Penna, que proponen paro y movilización el 24F, la expresión de que no han sido resuelto los grandes problemas que arrastra el sector. Unifiquemos la lucha. Abajo la represión. Cierre de las causas.

18 de febrero de 2021
Manifestaciones en Catalunya por la libertad de Pablo Hasél

Miles de personas en todas las ciudades del Estado Español reclaman la libertad del rapero Pablo Hasél, detenido el martes para cumplir condena por cantar y tuitear contra la monarquía y el régimen. En Catalunya, centro de las mayores movilizaciones, los manifestantes chocaron con la Guardia Civil, con un saldo de medio centenar de detenidos y numerosos heridos, algunos de gravedad. Pablo Hasél, cuyo nombre es Pablo Rivadulla Duró, es un joven catalán de 32 años. En 2005 publicó su primer demo titulado “Esto no es el paraíso”. También ha publicado libros y poemarios. Su aparición en escena, junto con otra camada de artistas como Arma X, LaTecnika o Mentenguerra, han dado forma al rap político de España. Desde 2014 enfrenta diversas causas en su contra por el contenido de sus letras y la participación en varias actividades políticas. En sus letras no se salvan desde el fascista Vox hasta los “izquierdistas” de Podemos e Izquierda Unida (IU). Hasél fue detenido el pasado martes 16 en la Universidad de Lleida (Catalunya), donde se parapetó junto a centenares de jóvenes para resistir su arresto. El rapero fue condenado a dos años de prisión e inhabilitado por seis años a ejercer cargos públicos, por los delitos de injurias y calumnias contra la corona y “enaltecimiento del terrorismo”. Este caso ha conmovido a un sector de la juventud. Un grupo de más de 200 artistas, entre ellos, Pedro Almodóvar, Joan Manuel Serrat y Javier Bardem, firmaron un manifiesto defendiendo al artista. También Amnistía Internacional y otros organismos internacionales de Derechos Humanos se pronunciaron contra este atropello. Los problemas de Pablo Hasél con la justicia vienen de lejos. Su primera detención se produjo en 2011, después del lanzamiento de su tema “Democracia su puta madre” (“Mira a los puercos del PSOE comiéndosela a la monarquía / Los dispararía uno a uno, sería oportuno algo mejoraría”), bajo la acusación de enaltecer a las GRAPO (Grupo de Resistencia Antifacista “Primero de Octubre”, creado en 1975). Persecución En los fundamentos de su veredicto condenatorio, la Audiencia Nacional se ampara en la Ley de Seguridad Pública, conocida como “Ley mordaza”, aprobada la presidencia de Rajoy (PP). Anteriormente, otro rapero, Valtonyc fue condenado bajo la misma carátula. El artista en este caso optó por exiliarse en Bélgica, cuyo gobierno rechazó un pedido de extradición “alegando que sus acciones no constituyen delito bajo la ley belga” (Infobae, 16/02). La Audiencia Nacional cita los “antecedentes” de Hasél, incluyendo una causa abierta por “por su participación en el intento de asalto a la Subdelegación del Gobierno de Lleida el 25 de marzo de 2018, en los actos de protesta por la detención del expresidente prófugo Carles Puigdemont en Alemania” (El País, 16/02), una imputación por resistencia a la autoridad y otra causa, en suspenso, con una carátula similar por recriminar las ejecuciones de militantes de la ETA y el GRAPO, grupos nacionalistas considerados terroristas por el Estado Español. Como puede observarse, la mayoría de las causas en su contra son políticas. Los partidos de gobierno -PSOE y Podemos- se encuentran divididos ante la sentencia. Pedro Sánchez ha manifestado que plantearía “una revisión de los delitos relacionados con excesos (SIC) en el ejercicio de la libertad de expresión”, con el objetivo de que se impongan penas ´disuasorias´ y no de cárcel” . Mientras que sus socios exigirán en el Parlamento un indulto (Infobae, 16/02). El Tribunal Supremo también alega que el artista es culpable de incitar al odio y ensalzar los actos terroristas a través de su cuenta de Twitter. Según la sentencia, en 64 tweets Hasél ´ensalza´ la figura de miembros pertenecientes a ETA. También precisa que, en 1.915 tweets suyos, aparecen palabras como ‘GRAPO’, ‘Borbón’, ‘Bomba’ o ‘terrorismo’, entre otras. Entre las canciones que lo ´incriminan´, la más conocida es “Juan Carlos, el Bobón”, en la que recorre la vida Juan Carlos I, asociándola a la corrupción, la defensa del régimen de Franco, la venta de armas a Arabia Saudi y llama a “que la revolución tome el palacio real” y vitorea “viva la república popular de la clase trabajadora”. Como él mismo ha declarado en varias ocasiones, Hasél no va a pedir el indulto. También ha rechazado una reducción de la pena a cambio del pago de una multa de 30 mil euros y se ha negado a presentarse voluntariamente a cumplir condena. Descarta seguir al exilio a su colega Valtonyc. Como dijo en una reciente rueda de prensa en Lleida: «si lo que buscan es silenciar el mensaje y que otros no lo reproduzcan, el hecho de que me encarcelen va a conseguir todo lo contrario y puede ser más provechoso para la causa que estar exiliado”. Está en juego la misma monarquía, esta es la razón de la persecución al artista.

18 de febrero de 2021
Primero la vacunación, después discutimos la presencialidad
Partido Obrero Tendencia - CABA

El gobierno de Rodríguez Larreta y la ministra de Educación Acuña han avanzado con el inicio de clases “presencial”. El atropello tiene lugar cuando en el mundo entero -Estados Unidos, Brasil, Europa- se verifica que la apertura de escuelas hace crecer en espiral los contagios de la pandemia. El retorno a las aulas no es la consecuencia de una remisión de la pandemia. Docentes y alumnos son convocados cuando crecen los contagios, los testeos son escasos, hay circulación comunitaria de las nuevas cepas del virus y se avizora para el próximo invierno un pico máximo mayor al del 2020. La vacunación marcha a paso de tortuga. Los docentes son obligados a ir a la escuela sin haber sido testeados. En uno de los tres centros de testeo se detectaron en una semana 132 casos positivos - el gobierno oculta los resultados en los otros dos. La falta de test explica que antes de que empezaran las clases ya hubiera contagios en una veintena de escuelas. ¿Qué puede suceder en las próximas semanas? Nadie sabe cuándo estarán disponibles las vacunas. El proceso de vacunación es totalmente incierto en su ritmo y consecuencias. Rechazamos cualquier regreso a la presencialidad hasta que se garantice el acceso libre y gratuito a la vacunación completa para docentes y auxiliares. Las aulas-burbujas que propone el gobierno son una farsa. En la Ciudad de Buenos Aires, los alumnos y alumnas de las escuelas públicas estudian hacinados, en aulas abarrotadas ante la falta de vacantes. En las barriadas del sur, al Covid se le suman el dengue y la tuberculosis. Los baños son escasos y en muchos ni siquiera hay agua. Es imposible exigirles a los niños que no se toquen y no compartan útiles. Gran parte de los docentes trabaja en varias escuelas para llegar a fin de mes. No existe la “presencialidad segura”, a las puertas de la segunda ola, mientras se prolongue la pandemia. Negociar “condiciones seguras de presencialidad” es un subterfugio para “normalizar” la pandemia a costa de la vida de los trabajadores y sus hijos. Los sindicatos docentes cierran filas con el retorno presencial y se dedican a contar ventanas y a medir las aulas en vez de rechazar de plano cualquier regreso sin vacunas y en pandemia. Deberían organizar una huelga contra la presencialidad. Ademys ha convocado a 72 horas de huelga en rechazo al retorno a clases en pandemia, sin vacunación. Los gobiernos deberían ‘apresurar’ la vacunación, no la presencialidad. El único propósito de imponer este regreso es pasar a una ‘nueva normalidad’, donde la pandemia acompañe el proceso capitalista a costa de la salud y la vida de los trabajadores. Un proceso capitalista de rebajas salariales, desocupación, inflación, endeudamiento público creciente a tasas usurarias y una tasa descomunal de pobreza. El gobierno de Larreta, que se dice “desesperado” por la “continuidad pedagógica”, es el mismo que el año pasado dejó librados a su suerte a miles de alumnos y docentes, sin conectividad ni material educativo gratuito. El gobierno quiere derrotar a la docencia y sentar un precedente para avanzar sobre el conjunto del movimiento obrero. El mundo de la escuela y el interés de la clase obrera están representados por el o la docente y auxiliares de escuela. El interés de la familia trabajadora sólo puede edificarse a partir del docente – nunca a costa suyo. La Tendencia del Partido Obrero impulsa la deliberación y la realización de asambleas, y plantea el rechazo a la presencialidad hasta que docentes y alumnos no se encuentren vacunados. Planteamos una huelga de los sindicatos por la derogación de la presencialidad. Es una batalla que debe involucrar a todo el movimiento obrero de la Ciudad, y del país.

18 de febrero de 2021
Qué dejó la primera jornada de “presencialidad” en CABA

El Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y Soledad Acuña aseguraron que, para el “retorno a la presencialidad” en las escuelas porteñas, se había establecido “un protocolo minuciosamente elaborado y seguro”. Por su parte, el ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, aseguró que “la Ciudad es uno de los distritos que está en mejores condiciones para la presencialidad” (AM 750). Sin embargo, lejos de las “seguridades” aventuradas por los funcionarios, lo que se observó a lo largo de la jornada fue que el gobierno de la Ciudad ni siquiera garantizó los elementos de seguridad e higiene que se comprometieron en el propio protocolo que elaboraron las autoridades. La vuelta a las aulas se dio en el marco de la primera jornada de huelga de 72 horas convocado por Ademys, con acatamiento dispar. UTE, el gremio mayoritario, dirigido por los K, protestó de palabra, pero no organizó nada contra el experimento criminal de retorno a clase en pandemia. Docentes, familias y estudiantes protagonizaron semaforazos y protestas en La Boca, Villa Urquiza, Caballito y Villa Devoto. En otras escuelas, la docencia se encargó de denunciar la falta de insumos de seguridad e higiene mientras las familias se aglomeraban en las puertas de los edificios escolares a los que ni siquiera había llegado la cartelería informativa y para la prevención que el Gobierno de la Ciudad estipuló como condición para la apertura de las escuelas. Varias escuelas con casos confirmados de Covid en docentes abrieron sus puertas, pese a la denuncia del resto del personal que exigía ser aislado por contacto estrecho. Algunas agrupaciones de izquierda, como La 9 de abril-La Marrón del PTS, se plegaron al paro de Ademys, con la consigna de "la vuelta segura”, que Larreta no estaría cumpliendo. Se trata de un apoyo a la presencialidad protocolizada. Los números de nuevos contagiados, sin embargo, continúan siendo altísimos, y la docencia no tiene ni cerca la perspectiva de un plan de vacunación extensivo. En Chile, donde la vacunación marcha a mejor ritmo y ha llegado a parte de la docencia, el Consejo de Educadores rechaza la presencialidad por prematura y exige la aplicación total de las dos dosis. Desde la dirección de Ademys se llevó adelante, frente a la Jefatura del Gobierno de la Ciudad, una conferencia de prensa junto a representantes de cooperadoras escolares, de Familias por un Retorno seguro, de Vacantes para Todos, organizaciones de estudiantes y representantes de los Suteba Multicolor de provincia de Buenos Aires. Desde Tribuna Docente Tendencia, como parte de la oposición en UTE y de la Multicolor en Ademys, llamamos a fortalecer la Caravana que se realizará este jueves 18 de febrero bajo la consigna de que ¨En pandemia y sin vacunas, rechazamos la presencialidad¨ - en defensa de la vida y la educación. La convocatoria es a las 17 horas en el Congreso y desde ahí se irá hasta el Ministerio de Educación Nacional en el marco de la segunda jornada de lucha del paro de 72 horas.

19 de febrero de 2021
Apuntes a la historia del trotskismo argentino (1930/1951)

Trotsky sostuvo repetidas veces que un programa de partido no podía limitarse a señalar las líneas generales del desarrollo revolucionario sino que debía refractar esas líneas generales, resultantes del carácter mundial del capitalismo, en las peculiaridades de cada nación y aún tener en cuenta las condiciones específicas de la evolución de la conciencia del proletariado. Este es el camino obligado para que el programa revolucionario encarne en la clase obrera de cada país. A la luz de esto es que la elaboración de una historia del trotskismo argentino no debe agotarse en la recopilación de textos y hechos olvidados o no debidamente apreciados, sino que debe servir para asimilar las experiencias frustradas que tuvieron por objetivo estructurar el partido revolucionario. Una historia del trotskismo debe sacar a luz cómo se abordaron en el pasado los problemas estratégicos y cuales fueron los aportes y las limitaciones en la estructuración del programa. El propósito del historiador no es canonizar a los grupos políticos que actuaron en nombre del trotskismo o más precisamente de la IV5 Internacional, sino caracterizar su actuación política a la luz de las condiciones imperantes de la lucha de clases del movimiento obrero internacional y del marco histórico de la nación en cuestión. La importancia a este respecto de la “Historia del trotskismo argentino (1929/60)” de Osvaldo Coggiola (Ed. CEAL-Centro Editor) está fuera de cuestión. La recopilación y ordenamiento de la vasta literatura y de las discusiones que enfrentaron a los grupos que se proclamaban trotskistas y sus relaciones con la IV5 Internacional, constituye un mérito indiscutido del autor. Coggiola evalúa a lo largo de su trabajo los problemas estratégicos que, conscientemente o no, estuvieron en la base de las crisis de esos grupos y de su fracaso para actuar en conformidad con una estrategia cuartainternacionalista. El movimiento trotskista nace en Argentina a comienzos de la década del ‘30, pero durante sus primeros quince años tendrá una vida larvada y errática. No obstante, es el receptáculo de varias escisiones que se producen en el stalinismo. El gran debate que recorre las filas trotskistas (y no sólo trotskistas) es la caracterización del país, el carácter de la revolución y las tareas a cumplir. En líneas generales, los primeros grupos trotskistas sostenían que Argentina era un país capitalista desarrollado, en el que no se planteaban las tareas de independencia nacional. Una minoría, no obstante, partía del^ carácter atrasado del capitalismo argentino y de su dependencia del imperialismo mundial, para señalar la vigencia de la liberación nacional. Una expresión de la debilidad teórica de la época es que esta minoría fue incapaz de sacar a la liberación nacional del plano de la abstracción y extraer las conclusiones políticas concretas, por ejemplo, con relación a las tentativas autónomas de la burguesía y a los movimientos nacionalistas. Resulta notable que los primeros trotskistas argentinos no percibiesen la cuestión nacional en los años ‘30 cuando ésta se expresó con particular intensidad. La crisis mundial de 1929 puso al rojo vivo los vínculos semicoloniales de la Argentina con Inglaterra y abrió una colosal crisis política y social. La colonización financiera de Gran Bretaña produjo una temprana y extraordinaria integración de Argentina al mercado mundial pero, dialécticamente, aisló al país, al mismo tiempo, de la circulación general de la economía mundial por su carácter unilateral, por el bloqueo que ejercía contra la industrialización. La caída del comercio exterior, a partir de 1930, produjo una brutal expulsión de las masas agrarias y urbanas del interior del país y la ruina de la clase obrera. Otra consecuencia fue la quiebra del régimen político y el inicio de la era de los golpes militares. En realidad, los trotskistas negaban la opresión imperialista por el hecho de que Argentina no estaba ocupada por una fuerza militar extranjera y porque contaba con una industria y u-na clase obrera con cierto desarrollo, al menos en relación a los demás países latinoamericanos. Consideraban al imperialismo en términos de fuerza militar o como explotación de las naciones exclusivamente agrarias. La semiindustrialización de las naciones semicoloniales aparecía, entonces, como sinónimo de autonomía nacional, que no podía ser compatible con la dominación del capital financiero internacional. Esos grupos trostkistas no tenían en cuenta que “el capital financiero es una fuerza tan considerable, por así decirlo, tan decisiva en todas las relaciones económicas e internacionales, que es capaz de subordinar, y en efecto subordina, incluso a los Estados que gozan de una independencia política completa…” (El imperialismo, Lenin). Lenin colocaba a Argentina en la categoría de estos últimos. En verdad, estos primeros grupos trotskistas establecían una continuidad, no con Lenin y Trotsky, sino con Juan B. Justo, uno de los fundadores del PS, quien, partiendo de que la colonización del agro y el establecimiento de los grandes medios de transporte habían integrado al país al sistema capitalista internacional, a-preciaba al imperialismo, unilateralmente, como factor de universalización del modo de producción capitalista. Por eso Justo sostenía que el capital extranjero “sano” era un progreso (la tarea del poder político debería ser impedir que se manifestara su lado enfermo o negativo, tesis que luego haría suya el nacionalismo burgués — APRA, UCR, etc.). Los trotskistas podían discutir sobre el grado del atraso o dependencia del capitalismo argentino, pero negaban que la opresión imperialista constituyera una valla insalvable al desarrollo burgués nacional independiente de las naciones atrasadas. Es decir, que negaban que Argentina sufría, al mismo tiempo, las consecuencias de un elevado desarrollo capitalista (ramas modernas controladas por el capital financiero) y de un insuficiente desarrollo del capitalismo (atraso agrario, industria artesanal, ausencia de integración autónoma al mercado mundial). A fines de la década del ‘30 Quebracho (Liborio Justo) sostendrá, sin embargo, que “la Argentina es un país semicolonial sometido al imperialismo” y que está planteada la lucha por la liberación nacional (ver Coggiola, págs. 32 en adelante). Esto desatará una violenta polémica en las filas trotskistas. Se pondrán de relieve, entonces, las lagunas, debilidades y la inmadurez teórica de esos grupos. Para un sector del trotskismo de esa época (Antonio Gallo, Jorge Lagos) el planteamiento de la liberación nacional significaba el abandono de la estrategia de la revolución socialista, la negación del carácter capitalista del país y conducía al “frente popular” (colaboración de clases con la burguesía nacional). Para Gallo y Lagos, liberación nacional concluía con la independencia formal. “La burguesía argentina, a diferencia de los demás Estados latinoamericanos — sostenía Gallo— se basa en una economía de cierto grado de desarrollo propio, tiene una gran experiencia, cuenta con un Estado bien organizado y un aparato de represión formidable. Ya ha hecho su revolución y está dispuesta a gozar de sus beneficios. No tiene el menor propósito de lanzarse a ninguna revolución ‘antiimperialista” (Coggiola, pág 34). Como se puede apreciar, Gallo consideraba que el imperialismo no tenía vigencia allí donde la burguesía nacional contaba con un Estado propio, es decir, que la consideraba una clase dirigente y opresora plena. Gallo excluía como propio del imperialismo al conjunto de las relaciones, cadenas y trabas políticas y económicas que sujetan a las naciones atrasadas y que por ese motivo confieren al Estado nacional y a la burguesía nativa un carácter semi-dirigente y semi-oprimido (Trotsky). Lenin había advertido que “para el capital financiero la subordinación más beneficiosa y más cómoda es aquélla que trae aparejada consigo la pérdida de la independencia política de los países y de los pueblos sometidos. (Pero)… Los países semi-coloniales son típicos, en este sentido, como ‘caso intermedio Se comprende, pues que la lucha por esos países semidependientes haya tenido que exacerbarse particularmente en aquella época del capital financiero, cuando el resto del mundo se hallaba ya repartido” (El Imperialismo…). Tanto Gallo como Lagos deducían la inactualidad de la cuestión nacional en Argentina de su apreciación de que la burguesía argentina no estaba interesada en la lucha antimperialista, lo que sí ocurriría en el caso de las demás burguesías latinoamericanas. Pero la opresión nacional no se establece por la capacidad o disposición subjetiva de la burguesía nacional para librar una lucha antimperialista. Gallo, por ejemplo, le extendía una “certificado de lucha” a las burguesías latinoamericanas y se lo negaba a la burguesía argentina, cuando en realidad la burguesía argentina protagonizó mayores movimientos de resistencia al imperialismo que cualquier otra de América Latina. El problema correctamente planteado sigue siendo otro. La vigencia de la lucha nacional está presente donde, aún si existe un Estado nacional, éste se encuentra bajo la dependencia (económica, política o militar) de un Estado extranjero, en virtud de un conjunto de relaciones históricas, en el caso argentino su temprana subordinación al capital comercial y financiero británico. La opresión nacional otorga un carácter progresivo a las tareas nacionales aunque no a la burguesía nacional. Esta tiende a la unión más completa con el imperialismo, por imperio de la fuerza de atracción del capital financiero (bien que esa tendencia nunca pueda transformarse en unión total), y teme, por otro lado, al proletariado y a los levantamientos agrarios. El yugo imperialista exacerba la diferenciación interna de la nación, por eso en lugar de armonizar los intereses de las clases nativas agudiza la lucha en el seno de la nación oprimida, es decir la lucha del proletariado contra la burguesía nacional. Para Gallo la consigna de liberación nacional subordina al proletariado a las clases dominantes nativas razón por la que Lagos la califica de variante de “frente popular”. Pero si la burguesía puede encubrirse con las banderas del antimperialismo para reclamar el apoyo del proletariado y del conjunto de las masas ello se debe a que la opresión imperialista se manifiesta inevitablemente por todos los poros de la sociedad. No es posible acabar con la influencia de la burguesía entre la clase obrera y las capas pobres negando el yugo opresor. Si los trotskistas proclaman la abstención en la lucha contra el imperialismo, la burguesía nacional cuenta oon las manos libres para manipular a las masas, presentándose como la abanderada de los intereses nacionales. La vanguardia obrera, en este caso, lejos de preservar la independencia de clase del proletariado, queda aislada como un grupo antinacional, incapaz de distinguir el campo imperialista. Para Gallo y Lagos la lucha por la liberación nacional significaba que el antagonismo entre la burguesía nacional y el proletariado quedaba abolido, tesis ésta propia del stalinismo. Este sostiene que el proletariado debe subordinarse a la burguesía en nombre del enemigo opresor común. Como Gallo y Lagos rechazaban esta conclusión, creían resolverla suprimiendo de sus cabezas la opresión imperialista y las reivindicaciones nacionales. “La teoría y la estrategia marxista rechazan terminantemente, en todos los casos, la estúpida idea de que el proletariado deba convertirse en abanderado de ideas y de movimientos burgueses de “´liberación nacional`” (Documento de la LOS, ver Coggiola, pág. 36). Lo que no se comprendía era que la realización revolucionaria de las tareas de la emancipación nacional superan el marco de la democracia burguesa, que la lucha antimperialista debe servir para desenmascarar las vacilaciones y cobardía de la burguesía nacional ante las tareas históricas de la nación y que todo esto sirve para potenciar al proletariado como abanderado de las masas oprimidas. Aunque Quebracho señalara la vigencia de la cuestión nacional y rechazara la asimilación de Argentina a las metrópois imperialistas, lejos estuvo de comprender el significado que esto tenía en la lucha de las naciones sometidas (surgimiento de movimientos nacionalistas de masas) y en el programa político del proletariado. En 1943, Quebracho rompe con el trotskismo. Quebracho lanzará la insólita y prostalinista acusación de que “el líder de la IV Internacional se puso al servicio del imperialismo yanqui en México”, ofreciendo como prueba, ni más ni menos, que el análisis y las posiciones políticas de Trotsky frente a la cuestión nacional. Es decir que no había entendido nada de su propio planteo. Quebracho sostuvo que la nacionalización del petróleo por el general Cárdenas en México, en 1938, no era más que una “lucha interimperialista” sin el menor atisbo de reivindicación nacional. Quebracho pasó a suscribir las posiciones de ciertos grupos trotskistas ultra-izquierdistas mexicanos que atacaron a Trotsky por el apoyo que éste brindó a la medida de Cárdenas. Estos grupos sostenían que la nacionalización del petróleo “sirve al imperialismo norteamericano contra el imperialismo inglés” (L.C.I., julio 1938, citado por Quebracho en: “León Trotsky y Wall Street”, pág. 97). Esto no les impedía a esos grupos y a Quebracho decir, al mismo tiempo, “que la medida de Cárdenas era progresiva y debía ser apoyada por los militantes revolucionarios” ( ídem, pág 92). Sin embargo, calificaban a la nacionalización de Cárdenas como una inspiración… del imperialismo norteamericano. Es evidente que al asimilar la nacionalización del petróleo por Cárdenas al imperialismo yanqui, los llamados “trotskistas” mexicanos se cerraban el camino hacia las masas. Para Trotsky la ubicación correcta de la lucha nacional no era más que el punto de partida para que el proletariado no quedara entrampado en el campo burgués. La burguesía mexicana, para ganarse una base de apoyo en la clase obrera y para contar con un capital político para su regimentación, llegó inclusive a proponer la participación obrera en la industria nacionalizada. Para Trotsky estaba fuera de cuestión (“sería un error desastroso, una abierta impostura”) que las nacionalizaciones y la co-dirección obrera cambiaran el carácter de clase burgués, del gobierno y que, por lo tanto, eliminaran la necesidad de la revolución proletaria. El problema era otro. En la medida que disputaba una reivindicación nacional y buscaba interesar a los obreros en ella, el peligro era que la clase obrera fuese ganada a la política burguesa nacionalista. El esfuerzo de Trotsky estuvo destinado a establecer la correlación política y programática de la lucha nacional y proletaria, cómo y en qué medida la participación obrera podía permitir el desarrollo de la oposición política al régimen burgués, desnudar sus vacilaciones, cobardía e impotencia en la disputa antiimperialista. Quebracho, por lo tanto, aunque planteó la “liberación nacional”, no salió de la abstracción, era incapaz de reconocerla en un enfrentamiento político concreto. Tenía una caracterización insuficiente del movimiento nacionalista de contenido burgués, ni que decir de la conducta que debía adoptar el proletariado revolucionario. Trotsky supo oponer el proletariado a la burguesía en la cuestión nacional, en el caso de México, Quebracho le dio simplemente la espalda. El señalamiento de la liberación nacional no agota la necesidad de determinar las peculiaridades nacionales de un país, es muy abstracta. Las posiciones de Quebracho sobre la liberación nacional, en lugar de ser el punto de partida para la elaboración del programa y la política del proletariado en la Argentina atrasada y semicolonial no pudieron hacer frente al surgimiento en Argentina de un movimiento nacionalista de masas, el peronismo, que logrará dirigir y regimentar a la clase obrera. Los trotskistas argentinos no estaban teóricamente preparados para lo que se venía. 1945: El peronismo Estos problemas se manifestaron con total crudeza en 1945. Coggiola señala que, con excepción de algunos núcleos de grupos trotskistas que, más bien empíricamente, reconocieron el lado progresivo del peronismo en relación a la Unión Democrática, la mayoría lo calificó de “movimiento reaccionario”, de tintes policiales, asimilable al fascismo. Entre ellos se encontraba Jorge Abelardo Ramos, entonces defensor de “las posiciones anti-liberación nacional” (Coggiola, pág 96) pero que meses después descubrirá las virtudes peronistas pasándose abiertamente al campo burgués. En esa época hace su debut en las filas trotskistas Nahuel Moreno, quien llevará al extremo las caracterizaciones y posiciones erróneas de sus predecesores y contemporáneos. ' Moreno reconocerá el carácter atrasado y semicolonial de Argentina, entroncando en el pensamiento de Quebracho, pero negará la peculiaridad de los movimientos nacionalistas de masas de contenido burgués, pues asimilará a la burguesía nacional con el imperialismo. “La crisis general del imperialismo en todos los terrenos, político, social, económico, colonial, acelera la unidad general del mundo capitalista y no debilita esa unidad. La burguesía de los países atrasados que forman parte del mundo capitalista están cada vez más unidos al imperialismo por motivos económicos, sociales y políticos, a pesar de que no dejan de tener roces con los países metropolitanos por el reparto de la plusvalía, como consecuencia del fortalecimiento del poderío de sectores de la burguesía de los países atrasados, lo importante es que estos roces no debilitan el frente único imperialismo-burguesía nacional sino que la crisis fortalece cada vez más ese frente único” (Moreno, “GCI, agente ideológico del peronismo en el movimiento obrero”, noviembre 1951). Como dice Silvio Frondizi (“La realidad argentina”, tomo II): “Es evidente que aquí se confunden dos cosas: la tendencia de los gobiernos de los países semicoloniales, con los límites de esa política… ”. La tendencia de la burguesía nacional hacia el entrelazamiento con el capital financiero en modo alguno puede darse de una manera armónica. El imperialismo extiende el parasitismo, es decir que agudiza las contradicciones nacionales. La transformación del frente único imperialismo-burguesía nacional en bloque monolítico significa que el capital financiero sería capaz de resolver las contradicciones que oponen a las naciones oprimidas con el yugo imperialista. La tendencia a la alianza no elimina sus límites y contradicciones. Trotsky señaló magistralmente que “la llamada burguesía *nacional9 tolera todo tipo de degradación nacional mientras pueda mantener su existencia privilegiada. Pero cuando el capital foráneo se propone asumir la plena dominación de toda la riqueza del país, la burguesía colonial se ve obligada a recordar sus obligaciones ‘nacionales’” (“La revolución china”). Hay que subrayar que las teorizaciones de Moreno se hicieron en relación al peronismo — movimiento de masas burgués— que debía enfrentar al bloque reaccionario del imperialismo yanqui y la burocracia del Kremlin. Tenemos aquí un ejemplo terrible de la relación entre la insuficiencia teórica y la más completa ceguera política. Para Moreno, Perón era un agente inglés, y “la dependencia de la burguesía nacional, su falta de ‘nacionalismo’ su rol antinacional y ‘reaccionario’… (hace que) todo gobierno burgués argentino será el agente de Inglaterra”. Moreno no niega la progresividad del nacionalismo de un país oprimido; denuncia su “falta” en el peronismo. Pero es indudablemente incapaz de concretizar su caracterización, al calificar a todo movimiento nacionalista de contenido burgués como reaccionario. La falla de Moreno consiste en lo siguiente: no determina el peso específico de las contradicciones nacionales en la estructura social e histórica del país; no advierte la correlación entre esas tareas pendientes concretamente definidas y el peronismo. El peronismo —dice— “… es francamente totalitario; ha tenido y ha logrado hacer controlar serios roces con el imperialismo yanqui, por seguir siendo Argentina el tradicional baluarte del capitalismo europeo, especialmente del inglés, y no por ser antimperialista o reflejar un sector burgués nacional antimperialista” (Moreno, citado por Coggiola, pág. 99). Pero si para Moreno esto era el peronismo, ¿qué era para él la Unión Democrática? Moreno no caracterizaba a la Unión Democrática de bloque al servicio del imperialismo yanqui. Por el contrario, era al peronismo al que caracterizaba como “la vanguardia de la ofensiva capitalista contra las conquistas obreras”, es decir, como el bloque burgués proimperialista por excelencia, como “un movimiento dirigido y formado por militares y marinos, curas y profesores, conservadores y sindicalistas a granel, ex-socialistas y radicales, matones y caficios, industriales y comerciantes, ganaderos y terratenientes, curas y artistas de varieté o radioteatro, agentes del imperialismo y nacionalistas trasnochados” (citado por Coggiola, pág. 98/99). El peronismo, en síntesis, era, según Moreno, “el más grande defensor de las relaciones burguesas tradicionales del país; dominio de los exportadores, sobre todo de los ganaderos y frigoríficos y estrechas relaciones con el imperialismo inglés”. La UD, en comparación, era progresiva. Tenemos, así, por primera vez, la determinación del carácter de un movimiento burgués en una nación oprimida por su demagogia democrática-formal (U.D.), sin tener en cuenta su contenido proimperialista, en oposición al “totalitarismo” de los movimientos nacionales. Hasta un ciego podía ver (y estas citas son de un texto de 1949) que los representantes históricos burgueses, como el imperialismo yanqui y los de la burocracia del Kremlin, estaban en la Unión Democrática, y que en 1949 Perón estaba girando a la órbita de los Estados Unidos. Sin lugar a dudas es propio de los movimientos nacionalistas burgueses buscar apoyarse en un imperialismo contra otro. Más aun, Perón para asegurar el mercado inglés de carnes, compró a cambio los ferrocarriles y otras propiedades, a precio de oro, como lo reclamaba la Bolsa de Londres. Esto demuestra que la burguesía nacional actúa dentro de los límites que le impone su propio carácter de clase explotadora, como una fracción de la burguesía mundial. Por esto mismo, la oposición del imperialismo yanqui a Perón no llegó hasta la invasión militar como lo reclamaba el PC. Pero los intereses del imperialismo mundial estaban en la Unión Democrática. Aunque esta realidad no entraba en su esquema, Moreno llegó a explicarla del siguiente modo: “El imperialismo inglés, sin dejar de tener muchos de sus servidores y agentes nacionales en la oposición al gobierno (de Perón) tantos que hacen mayoría, apoya decididamente a este último, como mejor forma de defenderse de la penetración del imperialismo rival”. Como bien concluye Coggiola, “Perón es, pues, un agente inglés combatido por los agentes ingleses en la Argentina, y ya es difícil saber en qué mundo vivimos… ” (pág. 99). Los movimientos nacionalistas burgueses procuran por definición la regimentación del movimiento obrero, con la finalidad de usarlo como factor de presión frente al imperialismo (para lo cual llega, incluso, a tomar iniciativas de organización de los trabajadores), y por sobre todo, para liquidarlo como clase independiente (esto con más razón por cuanto el proletariado tiende constantemente a superar los límites a que pretende confinarlo la burguesía). El peronismo se propuso y logró una amplia regimentación y estatización del movimiento obrero, al mismo tiempo apeló a formidables concesiones a los trabajadores. El peronismo se esforzó por regimentar al movimiento obrero, pero nunca hubiera sido- un fenómeno de masas si se hubiera limitado al sometimiento policial de los sindicatos. Para Moreno, el peronismo, al revés, se limitó a estructurar un Estado policial, de reacción política, agente inglés, el más grande defensor de los estancieros y frigoríficos. Moreno ignora la democratización que impuso el peronismo al obligar totalitariamente a los patrones (muchas veces obligado él mismo por las huelgas) a aceptar una avanzada legislación laboral y una incuestionable re-distribución de la renta nacional. Las citas de Moreno son ilustrativas del grado a que llegó su posición antiobrera y proimperialista. “El 17 de octubre el movimiento obrero fue movilizado no sobre consignas antimperialistas o anticapitalistas sino para asegurar el orden burgués representando por la policía y el ejército y para liberar a Perón (poco importan los gritos, Viva Perón, Muera Braden)… No se trató por lo tanto de una movilización de clase ni de u-na movilización antimperialista sino de una movilización fabricada y dirigida por la policía y los militares, y nada más… No hubo ni iniciativa del proletariado ni oposición al régimen capitalista, ni lucha o conflicto con éste… No fue por lo tanto una movilización obrera… El 17 de octubre representó al mismo tiempo el punto culminante de esta ofensiva y el debut de otra… ” ( “¿Movilización antiimperialista o movilización de clase?” Nahuel Moreno en “Revolución Permanente”, N2 1, 21/7/1949). “Los militares… incitaban al proletariado a ir contra la burguesía. Se produjo al calor de tal demagogia todo un movimiento obrero artificial que era alentado y apoyado por funcionarios estatales y policiales. Al decir artificial queremos decir que no fue consecuencia de la situación desesperada del proletariado o de su experiencia o conciencia” (“Frente Proletario”, N- 7, agosto 1947, pág 4.) Estas eran también las posiciones de la Sociedad Rural y la Unión Industrial para quienes las demandas obreras eran excesivas y artificiales, antojadizas, y el proletariado tenía lo que necesitaba. Ciertamente, la movilización del 17 de octubre no fue una movilización de clase (aunque la inmensa mayoría de sus protagonistas y de las organizaciones que la impulsaron fueran obreras), esto porque estaba bajo la dirección de la burguesía nacional y de una parte del aparato estatal. No es la composición social sino la dirección política lo que determina, en última instancia, el carácter de una lucha. Pero claro que fue una movilización antimperialista, y hasta cierto punto antiburguesa, pues se reclamaba contra la anulación inminente de conquistas obreras fundamentales (aguinaldo, pago de feriados, vacaciones). Todo movimiento de masas dirigido por la burguesía desnaturaliza su contenido profundo. Pero la burguesía no puede nunca crear artificialmente un movimiento obrero, debe partir de las aspiraciones e iniciativas ya contenidas en él. Actúa, no artificialmente, sino preventivamente. El planteo abusivo, extremo y unilateral de Moreno mide, por cierto, la ceguera política de quien llegó a atribuirse la representación de un trotskismo consecuente. Es oportuno aprovechar la ocasión para señalar que, más tarde, Moreno reivindicará para el partido laborista de Gay y Cipriano Reyes, que va a surgir como consecuencia del 17 de octubre, un carácter obrero independiente. Pero el Partido Laborista sí que fue “artificial” sin raíz ni contenido. Este último fue un aparato transitorio con base en la burocracia sindical, ciento por ciento sometido al nacionalismo burgués. Moreno consideró al peronismo “un movimiento reaccionario de derecha” y a los sindicatos surgidos en 1945 del siguiente modo: “En cuanto a su esencia son sindicatos estatizados, es decir, los sindicatos oficialistas son sindicatos fascistas o semifascistas” (“Frente Proletario”, N3 7, pág 2). Moreno terminó coincidiendo con la caracterización típica del PS y del PC: que el peronismo era nazi-fascista, es decir el nacionalismo burgués de una nación opresora, no de una oprimida. Ahora bien, ni el caracterizar a Perón como un agente inglés, ni el negar que la Unión Democrática fuera un bloque pro-yanqui, ni el no advertir al ascenso mundial del imperialismo yanqui (todos estos, factores que tienen que ver con el análisis concreto) explican que se identificara a Perón con el fascismo. Moreno reconocía que los agentes ingleses eran mayoría en la Unión Democrática y que la rivalidad anglo yanqui no era la cuestión decisiva. El embellecimiento de la Unión Democrática por parte de Moreno tenía que ver con que en el bloque proyanqui participaban los llamados partidos obreros (PC, PS) y los de la burguesía liberal o democratizante. Para Moreno, el peronismo era un movimiento que venía a anular las conquistas obreras, en especial, la independencia y libertad sindicales. Pero en realidad el proletariado había perdido conquistas en la década del ‘30, en tanto, que la burocratización de los sindicatos había llegado a un nivel desconocido, con la burocracia dividida entre el frente popular y la corruptela directa del Estado. Moreno presentaba a las direcciones obreras comprometidas con los regímenes de la década infame y, luego, integrados orgánicamente en la Unión Democrática, como portadores de la independencia obrera. La regimentación obrera por parte del nacionalismo tiene un carácter reaccionario, no importa que sea el de un país oprimido, y debe ser combatida intransigentemente por el proletariado. Pero esto sólo es posible si la vanguardia del proletariado se coloca como abanderada de la lucha antimperialista y nunca sosteniendo al bloque de fuerzas proimperialistas. Se llegó a plantear que los sindicatos, al ser dirigidos por una burocracia nacionalista vinculada al Estado, aunque sean mayoritarios y de masas, pierden su carácter obrero y se transforman en burgueses. En cambio, los sindicatos dirigidos por una burocracia stalinista o socialistas no sólo serían obreros, sino, además, independientes de la burguesía. Lógicamente esto es una fabulosa apología de los aparatos contrarrevolucionarios del stalinismo y de la socialdemocracia, en momentos, ni más ni menos, en que estaban metidos hasta el pescuezo en la coalición política dirigida por el embajador yanqui Braden. Es así, que la corriente morenista —el GOM— afirmaba que el PC y el PS eran permeables a la presión obrera y reflejaban su evolución y conciencia políticas, rasgo que los diferenciaba de las burocracias de origen nacionalista burgués. “En cambio, la burocracia reformista contrariamente a la anterior (a la nacionalista) depende fundamentalmente de los obreros. Refleja en cierta medida su presión y diferentes estados de ánimo por los que atraviesan aquéllos… Su sumisión ideológica a la burguesía, que no la exime de roces con ella, sobre todo en las cuestiones tácticas a adoptar frente al movimiento obrero, no indica para nada sumisión a los gobiernos, sectores o partidos dominantes” (I.Rios, “El GCI y el problema sindical”, págs. 52/53, subrayado nuestro). El stalinismo y la socialdemocracia, defensores por excelencia del orden burgués, serían los reflejos de la conciencia e independencia obreras. El “trotskismo” concluía, por la vía de la negación de las cuestiones nacionales, en el campo del imperialismo y en la más abyecta apología del stalinismo y la socialdemocracia. Para Moreno, la CGT y los sindicatos peronistas habían dejado de ser sindicatos en el sentido más elemental de la palabra, o sea, un canal de lucha por el salario. A partir de aquí, la perspectiva que se va a trazar es la de la destrucción de la CGT y los sindicatos y no va a tener ningún planteo en favor de la democracia sindical, de la independencia de los sindicatos del Estado y por una nueva dirección del movimiento obrero. Las consignas del GOM eran: “Frente Único contra la CGT”, “Por la destrucción de la CGT” (Frente Proletario, N9 60, 18/8/51). Durante todos esos años se produjeron luchas muy importantes contra la burocracia sindical y la estatización impulsada por Perón que ofrecían un terreno favorable para emancipar a las masas peronistas de su dirección. A espaldas de las enseñanzas de la II9 y III9 Internacional que planteaban el trabajo en los sindicatos reformistas, reaccionarios e inclusive fascistas, Moreno consideraba inadmisible realizar esa tarea en los sindicatos peronistas. “Querer que proceda de otra forma (la CGT) es utópico. Lo reprochable no es que la CGT actúe de tal o cual forma, pues ello está consustanciado con su naturaleza misma: lo realmente peligroso es que compañeros que se dicen marxistas reprueben dicha actividad, con la ilusoria esperanza de que se puede modificar y entrar por el buen camino. La CGT como agente estatal-patronal está en todo su derecho de actuar así o peor si ello es posible; en cambio nosotros no tenemos el mismo derecho al lloriqueo blandengue o al reproche ofendido” (I. Rios, ídem). En esta frase se resume el entierro de la posición morenista. La lucha en los sindicatos reaccionarios o burocráticos, para conquistas a las masas, es interpretada como una política para modificar la naturaleza de la burocracia o de los sindicatos burocráticos. El morenismo expresaba con esto un analfabetismo teórico descomunal. En su cabeza, la experiencia de cuatro internacionales había quedado reducida a un agujero negro. Ramos También el grupo nucleado en torno de la revista “Octubre” se había ubicado en el campo del antiperonismo. Uno de sus animadores era Jorge Abelardo Ramos, quien actuaba bajo el seudónimo de Víctor Guerrero. En el primer número de esta autodenominada “revista mensual del trotskismo”, que apareció en noviembre de 1945, Ramos sostenía con relación al desenlace político de la jornada del 17 de octubre: “El coronel Perón explota en su provecho esa política traidora del stalinismo y consigue arrastrar a algunos sectores o-breros políticamente atrasados detrás de su aventura demagógica. Cuando finalmente es expulsado del poder por Campo de Mayo, cuya oficialidad comprende que la situación del Ejército se ha vuelto difícil, Perón moviliza a esos sectores obreros, incluidos los trabajadores de la carne (que dan la espalda al stalinismo por sus reiteradas traiciones) y con la ayuda de la burocracia estatal y la policía los lanza a la calle en una demostración de fuerza. El e-jército, impresionado por el gabinete oligárquico proyectado por el doctor Alvarez y por las demostraciones peronistas, teme represalias y un regreso directo al 3 de junio… Mientras las fracciones militares se tiran el poder entre ellas como una pelota, el proletariado permanece quieto y callado y, como quería el coronel, “va del trabajo a casa”…” (Octubre, N9 1, pág. 17). Para Ramos el conflicto entre Perón y la Unión Democrática está vacío de contenido, no ve su carácter nacional, y por eso se limita a describir la crisis en la cúpula del Estado. Ramos negaba por ese entonces hasta la posibilidad del surgimiento de movimientos nacionalistas de masas en los países semicoloniales e identificaba en forma absoluta a la burguesía nacional con el imperialismo. Luego de afirmar que “la burguesía desnuda crudamente su impotencia para luchar consecuentemente con el imperialismo”, lo que supone diferenciar a una del otro, Ramos ponía un signo igual entre ambos. Para “Octubre”, “los sucesos del 17 y de octubre…” son un forcejeo por el gobierno dentro de las clases poseedoras de nuestros país, forcejeo dentro del cual actuó dividido el proletariado” (N9 1, pág. 6). De ahí la conclusión de Ramos de que el proletariado debía ser prescindente, es decir que no debía tener una política propia en este conflicto, pues de lo contrario “continuará siendo girado por los distintos sectores de la burguesía nacional y del imperialismo para servir los intereses de las clases enemigas” (ídem, pág. 4). Al proclamar su neutralidad, Ramos estaba llamando al proletariado a no explotar en su beneficio la crisis política del Estado. No se entiende entonces cómo pretendía evitar que la clase obrera dejara de girar en tomo a la burguesía. Ramos se hará luego peronista, cuando comprueba que es la única vía de una carrera política personal. Ramos primero negó la lucha nacional y le contrapuso en abstracto la lucha de clases; inmediatamente después eliminó a la lucha de clases y proclamó la vigencia exclusiva de la lucha nacional. Era la posición clásica del menchevismo y del stalinismo. La lucha nacional no cancela la lucha de clases —¡no lo hizo, sino que la destacó, en las revoluciones inglesa y francesa de los siglos XVII y XVIII! La lucha de clases en el interior de la nación oprimida —entre el proletariado y la burguesía— se potencia con la lucha nacional: arranca al proletariado de su estrecho círculo corporativo y le plantea los grandes problemas políticos e incluso internacionales. La revista “Octubre” denunció al anti-yanquismo de Perón como demagogia, lo mismo que el PC y el PS, sin comprender que aún si esto era cierto, la cuestión de la lucha contra el imperialismo yanqui, contra la intervención de Braden y contra el “nuevo orden internacional” de Roosevelt, Churchill y Stalin, estaba de todos modos planteada. Al tomar como referencia las posiciones de Perón, y no las contradicciones nacionales de Argentina, Ramos ya era sin saberlo un seguidista, quizás ciego, de la burguesía. “La secretaría de Trabajo y Previsión fue ideada como un mecanismo gigantesco de domesticación y control sobre el movimiento obrero independiente” —decía Ramos en “Octubre”. Perón afirmó constantemente que encabezaba un movimiento de renovación en los métodos de la lucha económica de la clase obrera. Hasta qué punto puede ser ello exacto lo demuestra el hecho de que su principal apoyo lo encontró en los sindicatos más infectados de reformismo, es decir, de colaboración con la burguesía (la Federación de Empleados de Comercio, por ejemplo) y en los líderes más corrompidos, como Borlenghi, Domenech y Almarza, o en viejos elementos desplazados, como Cipriano Reyes. Se adaptó a su servicio al ala derecha del movimiento sindical, pactó con algunos sindicatos más o menos neutros y persiguió despiadadamente al movimiento sindical que, por sus vinculaciones políticas (el caso de los sindicatos stalinistas) se pusieron abiertamente en contra suya” (ídem, pág.4). Al “nacional” Ramos se le escapaba que las “vinculaciones políticas” del stalinismo y del PS que “molestaban” a Perón eran el gobierno norteamericano y la Unión Industrial antiperonista. Cuando Ramos se pasa luego al peronismo presentará como progresiva la estatización de los sindicatos a través de “los líderes más corrompidos”, “más infectados de reformismos” y del “ala derecha del movimiento sindical”, etc., etc. En un trabajo sobre la izquierda nacional (“La Izquierda Nacional y el FIP”, de Norberto Galasso) se reivindican los análisis políticos de “Octubre”, con la única salvedad — dice el autor— de que “no acierta aún en la caracterización correcta del 17 de octubre’' (pág 61). Como puede apreciarse, el historiador tiene poco apego al rigor histórico.] Las posiciones de “Octubre” estaban sustentadas en una caracterización más amplia, histórica del país. Para Ramos, la acción del imperialismo universalizaba el modo de producción capitalista, y cualquier oposición a ello significaba pretender trabar la libre circulación del capital. “La naciente burguesía criolla —decía— iba a entrar a partir de la emancipación política, en un largo período de guerras civiles, fruto directo del atraso feudal y bajo nivel productivo. Los caudillos se convertirían en los jefes de los distintos sectores-económicos regionales empeñados en predominar o simplemente subsistir”. "El más fuerte de todos, Rosas, toma el poder en Buenos Aires en nombre de los ganaderos y lo retiene durante cerca de veinte años, aislando al país y acentuando su atraso…” “La caída de Rosas implica la liquidación del caudillaje provincial, condición preliminar para la unificación nacional y la organización política del Estado burgués. La supresión de las aduanas interiores y las restricciones regionales caracterizan económicamente el período que se abre en Caseros. Desde un punto de vista más general, la victoria de Urquiza sobre Rosas, con todas sus consecuencias, cumple fines democrático-burgueses” (Víctor Guerrero, Octubre N2 1, págs. 11 y 12). Burgueses, sí, ¿pero democráticos? El imperio esclavista de Brasil y el capital comercial británico, eran los introductores de la democracia, y Mitre, en definitiva, su despachante de aduana. La formación del Estado burgués “argentino” anunciará la próxima destrucción de Paraguay y la definitiva balcanización de América del Sur. Esta vía de universalización del capitalismo se adapta a los estrechos horizontes de la libre circulación del capital inglés, es decir, se opone a una amplia circulación libre de los capitales. El aislamiento de los estados del norte de Estados Unidos y la poderosa formación de un mercado interior en el espacio norteamericano, favorecieron infinitamente más la libre circulación de capital que la temprana integración en América del Sur. El número 2 de “Octubre” recién salió al año siguiente, en noviembre de 1946, como vocero de la LCR (Liga Comunista Revolucionaria), ahora con la colaboración de Niceto Andrés, como resultado de un acuerdo político con el grupo nucleado en torno del periódico “Frente Obrero”. Sin pestañar, Víctor Guerrero dice aquí que “nuestra posición antes de las elecciones” había consistido en “apoyar críticamente a la burguesía del país semicolonial; (un) apoyo condicional (que) no significaba en modo alguno sembrar ilusiones sobre el ‘antimperialismo’ de Perón, sino ayudar a las masas con el ritmo de su propia experiencia…” (Octubre n2 2, pág. 3). Justificaba estas mentiras en que “la inexistencia de un partido revolucionario y las medidas obreristas y ‘antimperialistas` de Perón habían movilizado a la clase obrera en su apoyo, despertándola de un letargo político de años; que en una lucha en la cual intervenían desnudamente el imperialismo yanqui y la burguesía nacional industrial de un país semicolonial, con el apoyo de amplias masas, era deber de los revolucionarios” ese “apoyo crítico”. Ramos descubría el “antimperialismo” de Perón cuando el choque más serio con el imperialismo yanqui había pasado — y no retornaría hasta 1954/55. Con el triunfo electoral de Perón el 24 de febrero de 1946 se había cerrado la cusís del régimen político y terminó el breve peí iodo movilizador del peronismo. Perón, de inmediato, se empeñó en recomponer sus relaciones con los explotadores nativos y foráneos y en regimentar a fondo al movimiento obrero. El 24 de febrero de 1946 no se inauguró una fase antiimperialista sino la recomposición política en la burguesía y la decidida estatización y totalitarización de los sindicatos. Mientras existió una disputa con el imperialismo, Ramos se declaró prescindente, y cuando esta disputa amenguó se emblocó con el peronismo. Ramos se “peronizó” con el argumento del apoyo crítico o condicional a la burguesía nacional cuando ésta emprende una disputa antimperialista y pretendió que esta posición era un gran aporte de Trotsky en sus escrito sobre América Latina. En verdad, Trotsky nunca planteó el apoyo “crítico” a la burguesía nacional. Lo que planteó fue que la clase obrera debe ocupar su lugar en el campo de lucha contra el imperialismo —y esto de manera incondicional, es decir, con independencia de la dirección de esa lucha nacional— no que debe apoyar a la conducción burguesa de la lucha nacional y que los revolucionarios deben criticar permanentemente sus vacilaciones e inevitables capitulaciones, en especial en el curso de la lucha antimperialista y desenmascararla, con el fin de independizar al proletariado de la burguesía y conquistar la dirección obrera de la revolución nacional, que se convierte así en permanente. A partir de aquí, Ramos pasará a defender a rajatablas el liderazgo histórico de la burguesía nacional. “Pero la historia traza originales caminos —dice Víctor Guerrero (Ramos) (en el número 3 de “Octubre”). El crecimiento industrial argentino, el surgimiento consiguiente de su proletariado, la estrechez de su mercado nacional la desnuda hostilidad del imperialismo yanqui, la madurez política de la burguesía nativa, fueron los cinco factores que transformaron a la Argentina en la conductora del movimiento nacional en América Latina. Perón ha realizado con métodos “plebeyos” el reajuste político necesario a la burguesía nacional. Pero las fronteras argentinas resultan demasiado estrechas para el desarrollo actual de las fuerzas productivas. La “conciencia continental” de la burguesía nace, como ya hemos afirmado, de la inexorable necesidad de un mercado… “El Plan Quinquenal y la Unión Aduanera con Chile limpiarán el camino de la clase obrera de las escorias feudales (chau universalización del capital logrado en 1853, JM), harán retroceder al imperialismo de sus puestos de control de la economía argentina y continental restringiendo así sus mercados y agravando su crisis y proveerán una escena histórica más amplia para la futura gran lucha entre la propia burguesía latinoamericana y el proletariado del continente"(Octubre n 3, enero/febrero 1947, pág. 5). “Octubre” se dedica en los números siguientes a la tarea de revalorizar a la burguesía nacional y proclamar la vigencia del peronismo. “El triunfo de Estados Unidos sobre Inglaterra en su vieja lucha — sostenía Jacinto Almada (Ramos) en “Octubre” N 5— coincide con otro acontecimiento no menos notable: el nacimiento de la burguesía industrial argentina (sic). Cuando Wall Street se disponía a tomar posesión de la herencia colonial inglesa en el continente, la nueva burguesía argentina se cruzó en su camino levantando a su paso un vasto movimiento nacional en América Latina (increíble, JM). Aunque su política es una amalgama de atrevimiento, doblez y cobardía, propios de la burguesía colonial contemporánea, conmovió a millones de hombres, despertándolos a una nueva vida política. Tal es el caso del proletariado argentino, brasileño, boliviano, venezolano, chileno. Recíprocamente, la clase obrera se transformó, en el curso de la lucha, en la protagonista del movimiento nacional”. Ramos no dejaba de ser pomposo para adornar la estatización de los sindicatos. “La crisis del imperialismo —proseguía Ramos— creó para la Argentina la posibilidad de la industrialización. Las oleadas revolucionarias de la posguerra transformaron a nuestro proletariado, por la inexistencia de un poderoso partido obrero, en la fuerza combatiente del movimiento nacional conducido por la burguesía. Esos dos hechos ofrecieron a la burguesía argentina el singular privilegio de iniciar los primeros pasos de la unificación nacional, es decir, de liquidar el yugo imperialista mediante la fusión económica y política de los 20 Estados actuales en una gran nación…” Evidentemente se trataba de una pura fantasía; Perón por esa época (1950) estaba buscando desesperado un préstamo del Eximbank. La revista Octubre, estuvo siempre autocolocada “bajo la bandera de la IV Internacional” pero después de su número 5, dejó de aparecer. Ramos rompió con la IV9, se despojó de la calificación de trotskista y se convirtió en un funcionario del gobierno. Coggiola sigue analizando las posiciones posteriores de Ramos en su historia del trotskismo pero éste ya no tiene nada que ver con el trotskismo. U.O.R. (Unión Obrera Revolucionaria) La UOR, dice Coggiola (pág. 92) “parece haber sido el grupo (trotskista) más numeroso, al menos entre 1943 y 1946”. La UOR sostenía que “Por su desarrollo económico, la existencia de un proletariado numeroso y concentrado (más de un millón de obreros urbanos y de medio millón de trabajadores rurales) y las formas de relaciones de propiedad existentes en el campo, la Argentina debe ser considerada como un país netamente capitalista” (“La burguesía, el imperialismo y la clase obrera”, Tesis de Oscar — UOR— en el Boletín interno de discusión del movimiento cuarta-internacionalista argentino N91, marzo de 1947). Oscar negaba la existencia de una explotación económica imperialista y de una opresión nacional. Afirmaba que las tareas de la revolución planteada eran directamente socialistas. “Por el desarrollo del país, decía, por el peso del proletariado urbano y por la existencia de un fuerte proletariado rural, la clase obrera argentina subirá al poder en base a un programa fundamentalmente socialista. Esto no significa que no busque el apoyo del campesinado o de la pequeña burguesía urbana. En este sentido la lucha por la revolución agraria y contra el imperialismo deben ocupar la atención de todo partido que se proclame revolucionario (ídem). El planteo de Oscar deja claro que no negaba al imperialismo, sino que otorgaba un peso específico reducido a la dominación que podía ejercer. En cierto modo, reflejaba la coyuntura estatizante del peronismo, que había disminuido enormemente el peso del capital extranjero. Oscar no se preguntaba sobre el porvenir de esta coyuntura y por lo tanto no tuvo en cuenta la posibilidad de una ofensiva del capital financiero para re-colonizar el país. Debemos suponer que dejaba de lado el carácter de la economía mundial en la época imperialista. Para el dirigente de la UOR, en 1945 se había producido en el país un choque interburgués; existía una camarilla militar que, para perpetuarse en el poder apelaba a la demagogia; y no existían diferencias sustanciales entre el peronismo y la Unión Democrática. Así sostenía que “… los marxistas debemos insistir en la afirmación de que tanto la UD como el peronismo son los ejecutores —pese a sus diferencias secundarias— de una misma política burguesa, tanto en lo que se refiere al proletariado como en lo que atañe al imperialismo” (ídem), Por ello aseguraba que no había diferencia entre un triunfo del peronismo o la Unión Democrática —pues ambos hubieran sido gobiernos burgueses. Oscar centraba, no obstante, el fuego contra el peronismo. “La movilización peronista del proletariado tuvo un sentido profundamente reaccionario. La dictadura llevó hasta lo último la corrupción del movimiento obrero al que dio como salida de sus problemas la supuesta acción bienhechora del estado burgués. Los marxistas rechazamos de plano todo intento de presentar al peronismo o a su ala izquierda, el laborismo, como un movimiento de avanzada. Sólo un cambio profundo, en programa, métodos de acción y objetivos, puede hacer que ciertas ramas del peronismo —y desprendidas de éste o que puedan desprenderse en el futuro— se constituyan en organismos más o menos revolucionarios” (ídem). Dice Coggiola, que la UOR se negó a militar en los sindicatos peronistas hasta 1948 (Coggiola, pág 105). Tendrá una existencia errática y en 1951 se disolverá, “con la resolución del III° Congreso Mundial de la IV° Internacional sobre la sección argentina” (ídem, pág. 105), que reconoce a la organización dirigida por Posadas. “Frente obrero” Como señala Coggiola, el grupo nucleado en torno al periódico “Frente Obrero” fue el único que “a contramano de la casi totalidad de la izquierda de la época” señaló “el papel del imperialismo como orquestador de la oposición ‘democrática’ al gobierno juniano y el carácter progresivo de las movilizaciones contra el semigolpe de estado que derribó a Perón el 10 de octubre de ese año” (Pág. 95). “Los que se engañaron —sostenía Frente Obrero— tomando la movilización de estudiantes, burgueses y damas perfumadas por los preludios de la ‘revolución’ (se refiere a la manifestación antiperonista del 19 de setiembre de 1945) juzgan a la huelga general del 17 y 18 de octubre como una especie de aberración, que echa al suelo todas sus teorías. La aberración estaría en todo caso, en que individuos que se denominan a sí mismos marxistas, se pongan del lado del imperialismo en sus escaramuzas (!) con sectores de nuestra burguesía semicolonial” (N- 2, 29 de octubre de 1945, pág. 3). Como se puede apreciar, “Frente Obrero” caracterizó el carácter relativamente antimperialista del 17 de octubre, pero luego pretendió que el peronismo intervenía en los sindicatos para liberarlos de los agentes yanquis. “Al proletariado argentino —decía “Frente Obrero” n° 2— la política peronista en los sindicatos le ofreció un inesperado apoyo para librarse, en parte, del abrazo asfixiante de los partidos socialista y comunista que querían utilizar las fuerzas de la clase obrera para remachar las cadenas de la explotación imperialista” (pág. 1)- El objetivo de la estatización de los sindicatos no fue éste, sino acabar con el proletariado como clase. Los objetivos “nacionales” de la burguesía son, al mismo tiempo, disminuir la presión del capitalismo extranjero y ampliar la explotación de la clase obrera — dos aspectos indisolubles del reforzamiento de la burguesía nacional como clase. Los trotskistas simplemente no conseguían caracterizar a la burguesía nacional y a los movimientos policlasistas que se derivan de la correlación de clases en un país dependiente. “Frente Obrero” tuvo una vida efímera; salieron solamente dos números (setiembre y octubre de 1945). A fines de 1946 se unificó con Ramos en torno de la revista “Octubre”, sobre la base del apoyo “crítico” a Perón. Grupo Cuarta Internacional El “Grupo Cuarta Internacional” (GCI) hizo su irrupción política a fines de 1945 dirigido por Posadas. Después de editar unos boletines mimeografiados, publicó, a partir de junio de 1947, el periódico “Voz Proletaria”. Este grupo reconoció el carácter semicolonial del país y la existencia de los movimientos nacionales de orden burgués en las colonias y semi-colonias. “Estamos perfectamente de acuerdo con los compañeros que afirman que una burguesía nacional es impotente históricamente para liberarse de la coyunda imperialista. Bien. Pero el hecho de su impotencia histórica —que el proceso ulterior de los acontecimientos irá a descubrir— no autoriza a afirmar de ninguna manera que una burguesía nacional no intente o promueva esa liberación, porque ello sería negar la existencia de los movimientos nacionalistas en las colonias y semicolonias” (Boletín N° 2, marzo 1946, GCI, pág. 3). El GCI atribuía la condición semicolonial de Argentina, básicamente, al carácter agropecuario de la producción. “Argentina, a pesar del desarrollo de la economía y de la industria, es aún una semicolonia, porque depende en su base económica de la producción agrícola-ganadera y de la exportación de materias primas y porque está sometida a la gran industria y finanzas del mercado mundial imperialista” (Voz Proletaria, N° 1, pág. 1, junio 1947). Para el GCI la industrialización estaba en contradicción con la dominación del imperialismo, por lo cual la burguesía industrial tenía un carácter objetivamente antimperialista. “Lo que menos interés tiene el imperialismo anglo-yanqui es que se desarrolle la industria de estos países. Al contrario: el imperialismo yanqui como el inglés necesitan, más que nunca, que América Latina — Argentina entre ellas— sean mercados compradores para sus artículos industrializados y para invertir capitales —el inglés, en la medida que pueda invertirlos— en industrias accesorias a las suyas, manteniendo a América Latina como productora de materias primas” (Voz Proletaria, n° 4, agosto 1948, pág. 6). En este punto el GCI coincidía con “Octubre”, ninguno de los dos veía que las necesidades de la reproducción ampliada del capital obligaba al capital financiero a industrializar parcialmente a la periferia. Los trotskistas parecían desconocer las leyes de la evolución y reproducción del capital, o en todo caso eran luxemburguistas, que precisamente caracterizaba que el esquema de reproducción de Marx “no cerraba” Para el GCI Argentina “es aún una semicolonia”, es decir que estaba dejando de serlo, debido al desarrollo industrial y a las nacionalizaciones. Para el GCI, el golpe de junio de 1943 había producido una revolución antimperialista, en la que la burguesía industrial nacionalista había desalojado del poder a la oligarquía. “El gobierno se apoya, para su política de oposición al imperialismo, sobre ese movimiento de masas y no sobre la policía y el Ejército” (GCI, citado por Coggiola, pág. 102). La clase trabajadora apoyaba ese movimiento nacionalista “por su instinto de clase anticapitalista y antimperialista”. ¡Para el GCI Perón se apoyaba exclusivamente en los obreros y para nada en el Estado! El GCI despliega una intensa labor en el movimiento obrero. Silvio Frondizi sostiene que el GCI se encontraba “bajo la influencia ideológica de Octubre”, pero que a diferencia de éste “no permanece en su posición de apoyo incondicional” (La Realidad Argentina, Tomo II, pág. 96). En 1951, el GCI será reconocido como la sección argentina por el III° Congreso de la IV° Internacional. El III° Congreso plantea la unificación de las fuerzas trotskistas (el GCI y el POR dirigido por Nahuel Moreno), para lo cual se aprueba una resolución de compromiso que intenta amalgamar las posiciones. “En lo que concierne más particularmente a Argentina, nuestras fuerzas unificadas se empeñarán en desarrollar desde ahora su enraizamiento en la clase obrera del país, en plena evolución, y en crear una corriente de clase entre los obreros organizados influenciados por el peronismo, a fin de que ese gobierno reaccionario de la burguesía industrial que se opone a la dominación del imperialismo, sea aislado de su principal apoyo en las masas”( Revista Cuarta Internacional, Agosto/octubre 1951, pág 39). La resolución revela dos cosas: la debilidad teórica de la dirección de la IV° (“gobierno antimperialista reaccionario”) y su incapacidad para actuar como partido, al sustituir las caracterizaciones políticas por las maniobras. La unificación no se produce por razones de aparato, ya que Moreno no quiere ingresar al GCI. Luego aprovechará en forma oportunista una escisión internacional para embanderarse, sin principios, con el sector antagónico al apoya-de por Posadas. El P.O.R. (Nahuel Moreno) El GOM de Moreno se transformó en POR, a partir de entender que había crecido en forma sustancial (nada cambia…). En las elecciones de 1948 y 1951 llama a votar por el PC y el PS. “El PC levanta un programa que exceptuando su concepción oportunista plantea una solución a los problemas del momento. Desde este punto de vista, en sus principales formulaciones coincide con el POR… La lucha antimperialista, la lucha por las libertades y contra la carestía están contenidas en su programa… El stalinismo es, de todos los partidos legales en la actualidad, el único partido obrero que se opone al imperialismo, que agita un programa que encara las soluciones del momento y el único que reflejando las necesidades de la clase obrera significa una garantía aunque momentánea” (Frente Proletario, n9 67„ 15/10/51, citado por Coggiola). “Nuestro partido debe utilizar las elecciones para propugnar las soluciones clasistas contra la ofensiva gubernamental. La única salida que da satisfacción a todos los problemas planteados es el apoyar al PS y al PC…” (Resolución del POR ante las elecciones de marzo de 1950 en la Provincia de Buenos Aires). Estas posiciones se fundamentan en la estrategia del “frente único proletario”. El voto por el PC declara una coincidencia con el programa del stalinismo, en lo referente a la “oposición al imperialismo”, “programa que encara las soluciones del momento”, “único que refleja las necesidades de la clase obrera” (35 años después el Mas volvió a descubrir que lo une al PC un objetivo histórico al proponerse un “frente socialista”). Se planteaba un frente “único” proletario dirigido al PC, que debía dejar afuera al 99% de la clase obrera que seguía al peronismo. Singular frente único. Pero el frente único con el PC tenía un definido carácter contrarrevolucionario porque, de conjunto, el PC era una oposición proimperialista al peronismo, ni que decir del PS. El golpe de 1951 (quiénes supieron luchar contra él) El desarrollo de la crisis económica comenzó a erosionar la estabilidad política del peronismo. Perón, como cualquier movimiento nacionalista burgués, comenzó a girar a la órbita del imperialismo yanqui y a acentuar la presión sobre el movimiento obrero (firma del tratado militar de Río de Janeiro, Misión Eisenhower, acuerdo con el Banco Mundial, plan de austeridad, Congreso de productividad, etc.) La expectativa de un descontento popular como consecuencia de la crisis, hizo levantar cabeza al golpismo antiperonista. En 1951 se produjo la primera intentona golpista, encabezada por el General Menéndez. El morenismo no llamó a luchar contra el golpe. “Contra el peronismo, el putsch, la oposición burguesa”, tituló el periódico morenista, Frente Proletario N2 66, 8/10/51). Moreno se levantaba contra todo el mundo, es decir contra nadie. Ni la conducta de Lenin frente al golpe de Kornilov, ni la de Trotsky frente al golpe de Sanjurjo, en 1932, contra la República española, le sirvieron de nada. Pero esta posición reflejaba indudablemente la expectativa de que la victoria de un golpe “liberal” democratizaría la situación política y a los sindicatos. El morenismo estaba empeñado, en este plano, en ganar al PC y al PS para organizar un paralelismo sindical.

19 de febrero de 2021
Apuntes a la historia del trotskismo argentino (II). La cuestión boliviana (1943- 46)

Los acontecimientos políticos en Bolivia en la década del ’40 fueron objeto de viva discusión en los nacientes grupos trotskistas argentinos. El interés fue provocado por los alcances revolucionarios que iba cobrando la aguda lucha de clases en el Altiplano, luego de la derrota de Bolivia en la guerra del Chaco; la aparición de una fuerte tendencia nacionalista en el ejército y en la pequeña burguesía; la ausencia de una importante tradición socialdemócrata y anarquista de la clase obrera; y el profundo desequilibrio político del país; todo lo cual permitía pronosticar la inminencia de la revolución boliviana con el consiguiente debate sobre su carácter y la clase social que la llevaría a término. El gobierno de Villarroel El 21 de diciembre de 1943 se produjo en Bolivia un golpe de Estado de características similares al precedente en Argentina, del 4 de junio. Una fracción del Ejército, nucleada en RADEPA, con el apoyo del MNR, desplazó del poder al gobierno Peñaranda, un títere del imperialismo yanqui, y colocó en su lugar al General Villarroel, secundado por Paz Estenssoro. El nuevo gobierno pretendió inaugurar una política de “liberación nacional”, así como de “erradicación de los odios” de clase. El imperialismo yanqui, los “barones del estaño” (la rosca) y el stalinismo (PIR) caracterizaron al golpe de “nazi-fascista” y le declararon la guerra. El nuevo gobierno respondió con una política de apaciguamiento frente al imperialismo y la rosca al punto de declararse a favor de “un entendimiento de equitativo beneficio entre Bolivia y los Estados Unidos”. EEUU se negó, sin embargo, a reconocer al nuevo gobierno, lo cual “acrecentó grandemente la popularidad del nuevo régimen; fue perceptible un movimiento de masas en su apoyo. Hubieron manifestaciones en Oruro, Potosí, Cocha-bamba, en algunas minas. Menudearon las protestas contra el imperialismo, pero el tono de los pronunciamientos aprobados se limitaba a exigir el reconocimiento del régimen Villarroel, notándose en ellos la mano de los movimientistas (MNR)” (1). El imperialismo, por su lado, exigía un rápido llamado a elecciones, para pasar el poder a la Unión Democrática vernácula. “El reconocimiento se otorgó, finalmente, cuando el gobierno de Villarroel tuvo que capitular ante las exigencias del enviado norteamericano Avra Warren. Todos los residentes alemanes y japoneses, muchos de ellos es tablecidos hacía largo tiempo, fueron capturados con sus esposas e hijos y entregados a EEUU, que los trasladó a campos de concentración en su territorio mediante un puente aéreo. Sus bienes fueron intervenidos” (2). El autor nacionalista, Luis Peñaloza, en su Historia del MNR, reconoce que “el gobierno de Bolivia tuvo que aceptar condiciones inadmisibles en otras circunstancias”(3) lo que le valió a Villarroel el reconocimiento diplomático internacional. Pero lo más significativo era que “del reconocimiento dependía, parcialmente, el éxito de las negociaciones para la venta de estaño” (4) por lo que las concesiones de Villarroel al imperialismo yanqui formaban parte de un acuerdo más global con la gran minería. La experiencia nacionalista no era novedosa en Bolivia, país que había sido gobernado por militares nacionalistas en buena parte de la década del ’30 (Toro y Busch). Comparado a esos regímenes nacionalistas, el de Villarroel se caracterizó por un enorme conservadorismo. Por este motivo la simpatía que logró en los sectores obreros fue superficial —el gobierno tenía por apoyo a la policía y el Ejército. Cuando este último se desplazó hacia el campo “democrático”, Villarroel quedó en el vacío. La fuerza de choque de la oposición proyanqui fue principalmente el stalinismo, el Partido Izquierda Revolucionaria, (PIR). El 24 de mayo de 1944 se formó la Unión Democrática Boliviana (UDB), que agrupaba a los partidos de la rosca y al stalinismo, con un programa muy simple: “extirpación del nazifacismo y solidaridad con las Naciones Unidas y constitucionalización del país”. La UDB pasó a denominarse luego FDA (Frente Democrático Antifascista) y a lanzarse audazmente a la formación de comités tripartitos (maestros, estudiantes, obreros). Según Mariano B. Gumuncio, “los radepistas de derecha, proclives a la influencia de la proclama de la oligarquía y del Departamento de Estado, fueron los autores de los cambios de ministros del MNR para lograr el reconocimiento diplomático internacional” y prosigue: “A los tres meses de cogobierno, el MNR fue totalmente desplazado de las funciones de poder…” (5). La política de acercamiento de Villarroel a Estados Unidos abrió una crisis en su gobierno y condujo al desplazamiento del gabinete de los hombres vinculados al MNR, principal blanco del FDA. La rosca y el stalinismo aumentaron entonces sus apuestas, planteando directamente la caída de Villarroel. El reclamo cobró actualidad con el pasaje del ministro de Defensa y del comandante de las Fuerzas Armadas al campo de la “constitucionalización". Villarroel tuvo que hacer frente a tres intentonas golpistas, —a fines de 1944, mediados de 1945 y a comienzos de 1946, en las que demostró que aún contaba con el apoyo de la mayoría del ejército. Pero cuando los altos mandos cambiaron de campo, luego del desplazamiento del MNR y en medio de una crisis económica y social de proporciones gigantescas, el gobierno de Villarroel quedó reducido a la nada. En estas condiciones se inició un movimiento reivindicativo salarial de sectores obreros y docentes en la ciudad de La Paz, que fue apoyado por la Federación Universitaria. La Confederación Sindical de Trabajadores bolivianos (CSTB), el gremio de los maestros y la Federación Universitaria estaban política y organizativamente dominados por el stalinismo. El rector de la Universidad, vinculado a la rosca, se puso a la cabeza de los universitarios y se convirtió en el emblema “democrático” de La Paz. La prensa “democrática” rosquera respaldó las movilizaciones, a las que presentaba en sus alcances “antifascistas”. José Fellmann Velarde, un historiador nacionalista, en su Historia de Bolivia (Tomo III) señala que “a fines del mismo mes de junio, estalló una huelga de ferroviarios, seguida, a poco, por otras de maestros, estudiantes y universitarios. Desde entonces, el gobierno empezó a vivir artificialmente gracias a la inercia que, a veces, suele prolongar la agonía de los gobiernos que ya han perdido su vitalidad” (6). Fellmann Velarde admite que se había producido un giro en la situación como resultado de la intervención de la masas. Hasta entonces la situación política boliviana estaba caracterizada por el enfrentamiento entre una variante burguesa nacionalista y otra “democrática” {ésta apoyada por el imperialismo yanqui y el stalinismo), con reiterados conatos golpistas alentados por la gran minería y la embajada norteamericana. El cambio que se había producido consistía en la irrupción de las masas ante un gobierno impotente. “Las manifestaciones se sucedieron, cada una más beligerante que la anterior, hasta que el 10 de julio, desembocaron en la muerte de un estudiante, Beugel Camberos…”(7). Sin embargo, como lo reconoció Jorge Abelardo Ramos, en un texto de 1947, “el gobierno Villarroel… aislado, cercado, en el filo del pánico pierde la cabeza y dispara sobre una manifestación de estudiantes” (8). Según Peñaloza, “La Federación Bancaria dirigida por el POR: Edwin Moller, Victor Villegas, Angel Guerrero y otros de la misma tendencia política, decretó la huelga de empleados de banco. Con excepción del Banco Minero, todos los bancos obedecieron la orden aunque era ilegal” (9). Liborio Justo (Quebracho) sostuvo que el movimiento del 21 de julio de 1946 tuvo características masivas y populares. “Aunque iniciado por la pequeña burguesía, que había hecho un símbolo del mismo quitarse la corbata, logró abarcar masas cada vez mayores, hasta alcanzar al proletariado urbano, influenciado por el stalinismo. Sobre esa base se organizaron los llamados “comités tripartitos”, de predominio pequeño burgués…” (10). Esteban Rey, un periodista afín al trotskismo, circunstancialmente en Bolivia en julio de 1946, en un pormenorizado relato de los hechos señaló que “la clase trabajadora no participó desde el comienzo en la insurrección. Simpatizó con los que se oponían y luchaban contra el gobierno, se mantuvo casi ajena a los sucesos… Luego la clase obrera, superando a sus propios líderes, bajó al terreno de la acción y llevó mucho más lejos que nadie hubiera podido suponer que irían los acontecimientos”. Esteban Rey transcribe volantes de la época, entre ellos del Comité Revolucionario de Obreros Fabriles, que plantean el derrocamiento de “la burguesía criminal que detenta el poder”. También el Comité Obrero Revolucionario, vinculado al POR, lanzó un manifiesto, ya colgado Villarroel, en el que señaló que “la caída de la camarilla nazi-fascista de Villarroel-Paz Estenssoro marca la epopeya más grandiosa de la lucha de clases puesta de manifiesto en las grandes jomadas del 18 al 21 de julio…”(11). La represión gubernamental contra los manifestantes y huelguistas colocó prácticamente a toda la ciudad de La Paz contra el gobierno. Obreros, estudiantes, maestros, ganaron las calles, lucharon contra la policía, tomaron por asalto la Municipalidad y edificios policiales, ocuparon la Casa de gobierno y colgaron a Villarroel de los faroles de la plaza Murillo. Con el acuerdo del stalinismo, el presidente de la Corte de Justicia (un hombre del “establishment” rosquero) fue nombrado presidente de la Junta de Gobierno. El stalinismo recibió algunos cargos en el gabinete de “unidad nacional”, especialmente el ministerio de Trabajo. La tarea del stalinismo, cuya consigna era “hay que trabajar ahora por una Bolivia democrática-burguesa”, fue la de reprimir a los trabajadores. Los obreros mineros no participaron de la sublevación; debido a las concesiones que les había otorgado Villarroel y a la presencia dirigente del stalinismo en las manifestaciones paceñas, los mineros fueron hostiles al movimiento desatado en las ciudades, lo cual se acentuó con el asesinato de Villarroel y con el regreso de la rosca al poder. La sublevación popular que culminó el 21 de julio tuvo entonces un carácter parcial, encuadrado por el stalinismo como punta de lanza del imperialismo. Se corrió el riesgo en esos días de un enfrentamiento armado entre los mineros, que estaban bajo la influencia villarroelista, y los trabajadores de las ciudades, que se encontraban en la órbita staliniana. Como consecuencia de su cooperación con los barones del estaño y del propio imperialismo norteamericano, el stalinismo se terminó “ganando” el odio de los mineros y rápidamente el del conjunto del proletariado. La posición del POR de Bolivia El POR de Bolivia también caracterizó al gobierno de Villarroel de nazi-fascista y esto durante los tres años de su gobierno. Guillermo Lora reconoce que: “el POR usaba el término nazifacista, como los demás sectores políticos, para atacar o tipificar al gobierno Villarroel-MNR. Esto fue un equívoco; fue el precio que se pagó por no haber podido (tal vez no hubo fuerzas para ello) sobreponerse a la montaña de papel impreso que se destinó a combatir el nazifascismo de Villarroel (12). Incluso “algunos Comités Regionales, particularmente los de Cochabamba y Sucre, ponían demasiado énfasis, actitud extraña al partido como tal, acerca de la naturaleza fascista del gobierno Villarroel, esto como una concesión a la campaña stalinista, sobre todo” (13). Sin embargo, Lora no explica por qué el POR, trotskista, se pudo dejar influenciar por la campaña stalinista, ni tampoco las consecuencias que esto tuvo en su acción política. Ya directamente cuando comienzan las manifestaciones obreras y de maestros, en julio de 1946, “los comités regionales del POR—prosigue Lora— no demostraron una total homogeneidad tanto en su análisis de la perspectiva política a mediados de 1946 como en su actuación en las jornadas de julio. Los comités que actuaban en las ciudades, soportando la tremenda presión de la propaganda del FDA y de los comités tripartitos quedaron impactados por las movilizaciones populares, concluyeron creyendo que los comités tripartitos eran revolucionarios y que había que apoyarse en ellos. Casi mecánicamente llegaron al convencimiento de que el 21 de julio se estaba produciendo una insurrección popular mal dirigida y que una acertada y osada intervención del POR (espectacular proclamación del programa revolucionario, por ejemplo) podría permitir que la victoria se tradujese, en el mejor de los casos, en el gobierno obrero-campesino. Dentro de esta línea, actuaron los comités de Sucre, Cochabamba y en gran medida el de La Paz” (14). Según Lora, habrían actuado con una “línea revolucionaria” los comités de Oruro, Potosí y parte de La Paz, aunque no señala qué fue lo que hicieron ni da a conocer el programa y las consignas con que habrían actuado dichos comités y se limita a señalar que libraron “recia batalla contra el PIR, el FDA, la rosca y los comités tripartitos y la incapacidad del gobierno nacionalista”. Lo cierto es que comités regionales del POR integraron los comités tripartitos y se movieron prácticamente detrás de la política del stalinismo, en tanto que los restantes estuvieron totalmente al margen de los acontecimientos. Todo esto es una prueba concluyente de que el POR no previo los acontecimientos ni la vasta movilización popular que tuvo lugar, ni la situación revolucionaria que se podía crear. De este modo, la sublevación popular de julio de 1946 quedó dominada por el stalinismo (que le dio un desenlace contrarrevolucionario, pro-rosquero, antiobrero) como alternativa única e indisputada. Lora dice que algunos comités del POR “lograron ubicarse en una línea revolucionaria desde el primer momento: el 21 de julio se había producido un levantamiento contrarrevolucionario, que no podía menos que inaugurar un período de restauración rosquera, esto fue el sexenio, y que lo correcto consistía en combatir los comités tripartitos y señalar a los explotados una línea política independiente y contraria a los vendedores de las jornadas julianas” (15). Es evidente que el POR no estuvo presente como partido en las jomadas de julio y que su balance sigue siendo, a casi medio siglo, para decir lo menos, sumamente confuso. En La Revolución Boliviana, escrito en 1964, Lora señala que “por sus objetivos y realizaciones, el 21 de julio de 1946 se operó un levantamiento contrarrevolucionario, a pesar de que se apoyó en la movilización masiva de ciertos sectores populares. El control político del movimiento, de manera absoluta, estuvo en manos de la Rosca, que actuó por medio de sus propios partidos, de la masonería, amo virtual de la situación y colocada por encima de todas las divergencias políticas de su clase, y del stalinismo, que fue el eje de las operaciones callejeras y el que imprimió cierto carácter popular al movimiento”. Aquí Lora presenta las jornadas de julio como un putsch rosquero-stalinista que manipuló a las masas. Interpreta a las huelgas y manifestaciones obreras como una creación de la masonería, que se valió para ello del stalinismo. Llama a reprimir a los comités de masas tripartitos, postulando una insólita guerra civil dentro del proletariado. No distínguela tendencia revolucionaria de las masas, del putchismo frente populista de su dirección staliniana. Considera simplemente irrelevante que el POR fuera a remolque de los stalinianos. Aun en 1946 el POR seguía caracterizando a Villarroel de “nazi-fascista” y esto no era una concesión al stalinismo sino una consecuencia del simple hecho de que en tres años el POR no había logrado esbozar una política ante el gobierno de Villarroel. Lora dice que “lo correcto era combatir a los comités tripartitos…” de lo cual se inferiría que los obreros ganados para “una línea política independiente” debieron reprimir a los obreros sublevados contra Villarroel. ¿Pero cómo hubiera podido el POR desplegar la “línea independiente” si los trabajadores urbanos multitudinariamente se levantaban contra Villarroel? La caracterización de los acontecimientos de 1946 por parte del POR son un justificativo de su total ausencia como partido en las jomadas de julio; de que sus comités y militantes actuaron a ciegas con una caracterización del gobierno de Villarroel y de los objetivos revolucionarios, que eran del stalinismo. La revolución rusa de febrero de 1917 sólo abrió un desenlace socialista por la intervención del partido bolchevique; de lo contrario hubiera consolidado un régimen de contrarrevolución burguesa como el que surgió de la revolución de noviembre de 1918 en Alemania. Toda rebelión obrera que no corona en la toma del poder, da lugar a la contrarrevolución burguesa sea en la forma democrática o fascista. Decir que el desenlace del 21 de julio de 1946 no podía ser sino contrarrevolucionario es un juicio abstracto del historiador, que se vale de los “resultados” posteriores a los acontecimientos. Se trata de un enfoque historicista típico, del tipo “lo que ocurrió no podía haber ocurrido de otro modo”. De todos modos, los documentos de la época muestran que los militantes del POR apoyaron la sublevación contra Villarroel. En lugar de extraer un balance de la ausencia del POR como partido, Lora lo escamotea con el argumento del carácter revolucionario del movimiento de masas contra Villarroel: “La experiencia enseña que los observadores marxistas e inclusive algunos militantes del POR no supieron dar la respuesta adecuada y creyeron que lo popular era revolucionario” (15). ¿Dónde estuvo “lo revolucionario”, entonces, en esos tres años de convulsión política enorme? En realidad, el 21 de julio fue un ensayo general “sui generis” de la revolución del 9 de abril de 1952, donde las masas, yendo más a fondo en sus métodos insurreccionales, cambiarán a la dirección stalinista por la nacionalista. La ausencia política del POR en los sucesos de julio de 1946 (algo que volverá a suceder en la revolución obrera de 1952) la relata del siguiente modo Guillermo Lora: “Escobar (seudónimo de Lora) secretario general, perseguido por la policía villarrroelista y tremendamente agotado físicamente se refugió en el campo por unos dos meses. Fallas técnicas determinaron su total aislamiento de las actividades partidarias y hasta de las novedades políticas. Cuando retornaba a la ciudad se informó vagamente en el camino (sic) de lo sucedido en La Paz. En los datos que le proporcionaron viajeros y tenderos (sic) habían inexactitudes de bulto. Su decisión fue ganar rápidamente Oruro para informarse qué había ocurrido con el POR. Pasó de frente Llallagua y en Huanuni supo que algunos dirigentes obreros lo buscaron infructuosamente, sin que ahora se hubiese podido establecer que intenciones llevaban” (16). El levantamiento de julio de 1946 fue contrarrevoluciónario por sus resultados políticos generales, una vez que la revolución hubiera sido confiscada a las masas. Las masas se insurrecionaron contra el gobierno moribundo de Villarroel. La falta de : previsión del POR, su actuación totalmente dividida, errática y a la rastra de los acontecimientos, sus caracterizaciones políticas, dejaron a la vasta movilización popular sin alternativa, no ya política, sino histórica, con relación a la del stalinismo, enfeudado a la rosca y al imperialismo. El régimen que surgió del derrocamiento de Villarroel fue contrarrevolucionario y no podía ser de otro modo, porque el stalinismo fue la verdadera dirección política de las masas. “La caída de Villarroel no detuvo el ascenso revolucionario de las masas; por el contrario, lo estimuló mucho y le dio nuevas formas…” escribió Lora en 1952 (17). Esto se explica porque las masas lograron desplazar por un: momento la rivalidad entre el nacionalismo burgués y el imperialismo y ocuparon el centro de la escena política, aunque no le hubieran dado su propio desenlace político. La calificación del levantamiento popular de julio de 1946 de contrarrevolucionario constituye una apología sinuosa del nacionalismo en el gobierno y un justificativo de la ausencia de previsión e intervención centralizada del POR boliviano. Los grupos trotskistas argentinos: el G.O.M El levantamiento de julio de 1946 provocó una viva discusión en los grupos trotskistas argentinos que duró varios años. La discusión sobre Bolivia entañaba una discusión sobre Argentina, porque al igual que en el Altiplano, en Argentina había surgido un gobierno nacionalista, enfrentado al imperialismo yanqui, que fue calificado de nazi-fascista y que contaba con apoyo popular. Para Nahuel Moreno (entonces en el Grupo Obrero Marxista, GOM), “el régimen de Villarroel (al igual que el peronismo) desde su surgimiento, fue tremendamente reaccionario y con francas características totalitarias; supresión de las libertades democráticas más primarias, persecusión a los opositores burgueses y proletarios… Como Bolivia nunca había pasado por una época económica tan buena y de tanto trabajo como bajo el gobierno de Villarroel, el gobierno reaccionario y totalitario para sostenerse en el poder inició una política de demagogia social: ocho horas de tratfajo en las minas, pago de despido, aguinaldo, etc., etc. En un principio logró el apoyo de todo el proletariado boliviano. La carestía de la vida, el alza continuo, que tenía como una de sus consecuencias más inmediatas el colosal aumento de la burocracia y los gastos estatales, despertó del letargo demagógico totalitario con prontitud a la pequeña burguesía, artesanado y proletariado urbano de Bolivia, principalmente de La Paz, su principal ciudad. El proletariado minero, sin ninguna tradición anterior política, seguía en su mayoría bajo la influencia de Villarroel…”(18). La calificación del gobierno de Villarroel como “reaccionario” revela la torpeza teórica de Moreno, que era incapaz de distinguir entre el imperialismo y los movimientos nacionalistas de contenido burgués. No le dio importancia de principios al choque del gobierno nacional de Villarroel con el imperialismo yanqui y sus agentes en el país, los barones del estaño. Estos, para Moreno, no eran "reaccionarios” sino “democráticos”, lo cual convertía al fallecido líder del Mas en pobre víctima de la demagogia liberal. Los llamados sectores “democráticos” representaban a la gran patronal (la gran minería) enlazada con el imperialismo mundial, y la burocracia rusa. El gobierno de Villarroel efectuó concesiones importantísimas al movimiento obrero, en especial al minero, como las señala el propio Moreno. Esas concesiones exacerbaron aún más la colisión con los barones del estaño, para quienes las ocho horas, el pago del aguinaldo, las indemnizaciones por despido, eran al igual que para Moreno “demagogia social”, “totalitarismo”. En lugar de denunciar a la gran patronal minera, Moreno atacó la concesión de dichas reivindicaciones que formaban parte de la lucha histórica de los mineros y la clase obrera boliviana en su conjunto. Para Moreno esas reivindicaciones no eran reales, es decir necesarias para las masas, en virtud de que tenían un carácter de “demagogia social” para los militares nacionalistas. El marxismo exige ir más allá de las proposiciones unilaterales. Los barones del estaño llevaron adelante una política concertada de boicot económico contra Bolivia, explotando de este modo la propia incapacidad política del gobierno nacionalista para llevar adelante su enfrentamiento con el imperialismo. De tal modo, el sabotaje económico de la patronal gran minera, unido a la impotencia nacionalista, generaron un cuadro de descomposición económica que se tradujo en una colosal inflación. Moreno omite por completo la responsabilidad del imperialismo y de la gran patronal minera, en la descomposición económica del último período del gobierno Villarroel. La atribuía al “aumento de la burocracia y los gastos estatales”, sin distinguirlos que se debían… al pago del aguinaldo, las ocho horas, etc. Moreno le daba la razón a la rosca boliviana para quien el aguinaldo… era inflacionario y perjudicaba a los trabajadores (adelantándose varias décadas a Cavallo). La oposición de Moreno al gobierno Villarroel era pro-imperialista. Era también la posición del stalinismo, Moreno apoyó el levantamiento popular contra Villarroel con esa política y luego al régimen político rosquero-stalinista conocido como el “sexenio”. “Nosotros creemos que la actitud de nuestro partido hermano fue completamente acertada,— dice Moreno evaluando al POR—ya que liquidar el régimen totalitario de Villarroel a través de una revolución popular como fue la del 21 de julio es una medida altamente progresiva para el desarrollo de la lucha de clases en Bolivia y la primera tarea a cumplir en el proceso de la revolución en Bolivia, es decir, abrir un período democrático de verdaderas libertades democráticas aseguradas por la presión del proletariado y la pequeño-burguesía que permitiría un enfrentamiento franco y resuelto de las distintas clases bolivianas. ESO FUE JUSTAMENTE LO QUE SE LOGRO GRACIAS A LA INSURRECCION POPULAR DEL VEINTIUNO DE JULIO, EL PERIODO MAS DEMOCRATICO DE LA HISTORIA BOLIVIANA, QUE PERMITIO LA INTERVENCION DE NUESTROS PROPIOS COMPAÑEROS EN EL PARLAMENTO” (mayúsculas, en el original) (19). Moreno saludó el levantamiento del 21 de julio porque éste logró la “institucionalización”, es decir porque estranguló la revolución. Por eso no denunció al stalinismo ni destacó la traición de éste al levantamiento popular. Para Moreno la “constitucionalización” de contenido rosquero era progresiva y en esto coincidía punto por punto con el stalinismo. Moreno nunca se apartó de este punto de vista y es así que en décadas posteriores seguirá apoyando y calificando de “progresivos” los procesos de “institucionalización” impulsados por el imperialismo y las burguesías nativas ante las crisis de los gobiernos militares. Para Moreno, esos procesos de institucionalización inauguraban una nueva categoría que Trotsky no habría previsto, la de la “revolución democrática contra los regímenes totalitarios” es decir la "revolución” de una clase, la gran burguesía nacional, contra sí misma (20). La oposición formal entre democracia y dictadura le permite a Moreno pasar por alto los contenidos de clase de los procesos políticos. Grupo Octubre El grupo Octubre dirigido por Jorge Abelardo Ramos, entonces con el seudónimo de Victor Guerrero, a mediados de 1946 se había convertido en un fervoroso partidario del gobierno peronista. Antes de 1946, Ramos había negado la lucha nacional y había calificado a los gobiernos nacionalistas de Villarroel y de Perón como “demagógicos” y “totalitarios”, etc. (21). Para Ramos el levantamiento de las masas bolivianas contra Villarroel se asemejaba al “8-9 de octubre de 1945, cuando el esfuerzo común de la oligarquía agropecuaria, el imperialismo y la pequeño burguesía derribó a Perón e influyó sobre importantes cuadros del Ejército” (22). Se trata evidentemente de una total distorsión, porque el 8-9 de octubre no tuvo lugar una sublevación popular sino un semigolpe de estado ejecutado por una fracción del Ejercito, que detuvo a Perón y lo confinó en la isla Martín García. A diferencia de la experiencia argentina, en Bolivia las masas venían de una experiencia reciente con los gobiernos nacionalistas (Toro y Busch) y un sector se movilizó contra el gobierno. Ramos reconoce que en Bolivia ‘las grandes masas se ajustaban el cinturón”, debido a la fenomenal carestía, lo cual creó “una efervescencia política natural” (23). La gran diferencia con los sucesos de octubre de 1945 es que en Argentina, las ilusiones en el nacionalismo militar recién empezaban y en Bolivia se habían agotado. Ramos identifica intencionalmente el levantamiento popular boliviano con el semigolpe de estado del 8 de octubre en Argentina exclusivamente para señalar que la actitud revolucionaria era defender a Villarroel como “el 17-18 de octubre la clase obrera argentina barrió de las calles porteñas, en un aluvión incontenible, a la conspiración imperialista e impuso el retorno de Perón, personificación episódica de las conquistas sociales del proletariado” (24). Pero las masas en Bolivia estaban movilizadas contra Villarroel: no querían un retorno sino su caída. Ramos no dice que Villarroel reprimió las huelgas obreras, detuvo a decenas de ferroviarios y lanzó la policía contra los manifestantes populares. Villarroel se “auto-colgó”, cuando la mano blanda que le tendió al imperialismo y a la rosca se convirtió en mano dura contra los trabajadores. Es así que Ramos reconoce que “el gobierno Villarroel, trabajado por contradicciones internas originadas por la presión del imperialismo, aislado, cercado, en el filo del pánico, pierde la cabeza y dispara sobre una manifestación de estudiantes. El resto es una sucesión de episodios que culminan con el colgamiento de Villarroel y que no interesan en este examen” (25). Sí, interesan “en este examen”, porque la “sucesión de episodios” no es otra cosa que un proceso de sublevación obrero-popular. Ramos vacía los acontecimientos de julio de 1946 de la actuación de las masas, para presentarlo como una acción de palacio, de la rosca y el imperialismo y por esa vía justificar su apoyo a Villarroel. UOR (Unión Obrera Revolucionaria) La UOR, que editaba el periódico El Militante dirigido por Mateo Fossa, tuvo una posición distinta a la de los restantes grupos. Para El Militante el gobierno de Villarroel se enfrentó a una “oposición de la burguesía y del imperialismo implacable”, pero que “el villarroelismo no podía realizar ni siquiera en pequeña medida las dos reformas fundamentales exigidas urgentemente para la reestructuración económica y social de Bolivia: la revolución agraria que diera a los campesinos las enormes extensiones de tierra en poder de la feudal burguesía y la expropiación §in indemnización de las minas de manos del imperialismo, fuente del 80 por ciento del comercio exterior y del presupuesto nacional” (26). “A medida que pasaban los meses y que el gobierno ‘antimperialista' se revelaba más y más impotente para cumplir sus promesas…”, iba madurando en la clase trabajadora la necesidad de derrocar a Villarroel, según El Militante. Finalmente, “en una lucha heroica donde murieron cerca de dos mil personas la población paceña terminó con Villarroel y el MNR”. “Los hombres del régimen derrotado y sus lacayos en el campo obrero dentro y fuera de Bolivia condenaron el levantamiento como un golpe imperialista”, sostuvo la UOR en una clara alusión a la posición de Ramos. “Sin embargo, proseguía El Militante, el carácter popular del movimiento es innegable. El 21 de julio fue un verdadero alzamiento popular en el que intervino todo el pueblo de La Paz. No fue un combate entre dos fracciones del ejército, ni una escaramuza entre grupitos aislados; fue una verdadera lucha entre decenas de miles de hombres, mujeres y niños y un grupo fuertemente armado que en último momento había sido abandonado por el ejército. El 21 de julio fue un levantamiento popular donde las masas a fuerza de sangre y coraje se apoderaron de fusiles y ametralladoras y asaltaron las comisarías, los cuarteles y los edificios gubernamentales. Querer hacer creer que esta acción fue fomentada y preparada por el imperialismo y la burguesía es dar, por cierto, mucho más prueba de estupidez que de mala fe”. Es indudable que la UOR soslayaba el problema de dirección política de las masas, que estaba por completo en manos del stalinismo, aliado a la rosca. La UOR destacaba el carácter popular del levantamiento, e incluso afirmaba que “el 21 de julio tuvo un verdadero contenido antiburgués”. En parte esta afirmación de la UOR es una exageración que tiene su origen en la interpretación que hace del rol jugado por el POR boliviano en esos acontecimientos, porque en forma insistente El Militante señala Que “la actitud que asumió el POR estuvo de acuerdo con las características del movimiento antivillarroelista y sus propias limitaciones”. El levantamiento contra Villarroel fue ampliamente popular pero ello no le dio un carácter "antiburgués" por falta de independencia política. Las masas se movieron encuadradas políticamente en el campo “democrático”, dirigido por el stalinismo y la rosca. NOTAS Guillermo Lora, “Contribución a la Historia Política de Bolivia”, Tomo I, pág. 370. Mariano B. Gumuncio, “Historia Contemporánea de Bolivia”, pág. 524 Luis Peñaloza, “Historia del MNR”, pág.66. Ídem, pág. 66. Mariano Gumuncio, Ídem, pág. 525. José Fellman Velarde. Historia de Bolivia, pág. 317. Ídem, página 317. Víctor Guerrero, Revolución de Octubre n9 4, marzo-abril, 1947. Luis Peñaloza, Ídem pág. 90. Liborio Justo: Bolivia. La Revolución derrotada, pág. 148. Liborio Justo: ídem, páginas 148 a 151. Lora, Ídem, Tomo II, pág. 14 Ídem, pág. 15. Ídem, pág. 41. Ídem, pág. 38. Ídem, pág. 44. Liborio Justo. Ídem, pág. 155. Nahuel Moreno, “GCI, agente ideológico del peronismo”, noviembre de 1951. Ídem. Jorge Altamira, La Estrategia de la Izquierda en Argentina, capítulo “La revolución democrática” pág. 129 en adelante. En Defensa del Marxismo, n° 2, pág. 87. Revista “Octubre” n° 4, marzo-abril, 1947. Ídem. Ídem. Ídem. 26.El Militante, n° 6, junio de 1947.

20 de febrero de 2021
“Animémonos y vayan”… a contagiarse

La revelación de que el ministerio de Salud reservaba un vacunatorio especial para el alto funcionariado del gobierno ha sido presentada como un hecho puntual o desagradable, por cierto, que vendría a “empañar” la transición hacia lo que oficialistas y opositores llaman la “nueva normalidad” social y económica que se pretenden poner en marcha. En realidad, el `vacunagate”, lejos de ser una “mancha”, ha revelado el verdadero contenido de esa supuesta “normalidad”. En la misma semana en que el vacunatorio VIP fue deschavado, el gobierno nacional –y también la administración macrista de la CABA- pusieron en marcha al gran estandarte de su normalización, la presencialidad en las escuelas. Sin que la pandemia se haya mitigado; sin que una sola vacuna haya llegado aún a los brazos de ningún docente, se puso en marcha la circulación de millones de personas. En horarios y días salteados; con cursos fracturados entre los que pueden y los que no pueden concurrir por razones de riesgo, y con el escenario previsible de las interrupciones causadas por los futuros contagios. El sindicato Ademys ya ha denunciado a decenas de ellos en las escuelas de la Ciudad. Todo lo anterior fue rigurosamente previsto y considerado por el gobierno, como señal de lo que se quiere con esta “nueva normalidad”, en Argentina y en el mundo: “a producir, a como sea, a echar andar la rueda del capital y de los beneficios, aunque la pandemia persista y la vacuna sea una quimera para el 90% de la población mundial” . Ese es el significado de fondo del retorno a las escuelas. Al igual que la vuelta de las personas de riesgo a los puestos de trabajo, el retiro de licencias laborales y, todavía antes, la apertura de todas las actividades que no podrían ser consideradas esenciales, pero cuya reanudación se impuso a como diera lugar. Pues bien: el mismo régimen político y social que le impone al país y al mundo la normalidad, en pandemia y sin vacunas, ¡él mismo, sus jefes y funcionarios, en cambio, sí se vacuna! El funcionariado que manda al matadero a la humanidad se autoexime de ese riesgo, y ha montado a escala mundial los vacunatorios VIP, como se ha puesto de manifiesto en España y en numerosos otros países donde estallaron escándalos similares. “Animémonos y vayan” es el lema de la burocracia estatal que protege “la rueda de la economía” a costa de la vida y la salud de la humanidad toda. La vacunación “especial” es un caso grosero –pero no el único- de la privatización de las vacunas, que es la premisa sobre la cual se lleva adelante su producción y distribución en todo el mundo. La vacuna es monopolio de un puñado de laboratorios y de los estados imperialistas que respaldan su prerrogativa, fundada en la propiedad privada de las formulaciones (derecho de patentes). El acaparamiento de la vacuna es el actual escenario de una guerra comercial y política sin cuartel, que involucra también a las fondos internacionales que controlan accionariamente a los laboratorios. La presión por un mercado privado de compra y venta de vacunas se hace sentir en varios países del mundo –las centrales empresarias de Brasil y Argentina ya se mueven en ese sentido. Al vacunarse por cuenta propia, el alto funcionariado estatal se asocia a este proceso de privatización de la vacuna y reafirma su promesa ante toda la clase capitalista: los “otros”, el noventa y pico por ciento que no se vacuna, irá a trabajar aunque el virus llueve y truene. Luchemos por el control de la producción y reparto de vacunas por parte de los trabajadores de la salud; por la publicación de todas las formulaciones y procedimientos para la libre producción de vacunas. Fuera el régimen de los privilegios y la privatización de la salud, gobierno de trabajadores.

20 de febrero de 2021
Biden y la reapertura de las escuelas

En un debate público en Milwaukee -televisado y organizado por la CNN- Joe Biden trató de convencer a la comunidad educativa del ´regreso seguro´ a las escuelas. Fundamentalmente, ratificó las palabras de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, que hiciera mención que la principal política de la gestión demócrata era reabrir la mayoría de los centros de estudio antes de los 100 días de gobierno, que se cumplirán el próximo 1 de abril. A la pregunta de una niña que cursa segundo grado, Biden negó que los niños pudieran contagiarse y contagiar a sus familias. En cambio, numerosos estudios científicos demuestran lo contrario. Un estudio publicado el mes pasado por la Dra. Simona Bignami, de la Universidad de Montreal, y el Dr. John F. Sandberg, de la Universidad George Washington, por ejemplo, encontró que las infecciones en niños de entre 10 y 19 años precedieron al aumento de casos entre los adultos de 30 a 49 años. El estudio concluyó con que "la transmisión de COVID entre los niños en edad escolar no parece ser la consecuencia, sino un determinante importante del nivel general de infección en las comunidades circundantes” (citado en WSWS, 18/2). Otra de las mentiras, que el presidente se atrevió a decir fue que el covid entre los niños es “inusual”. "Están (los niños) en el grupo de personas más seguro del mundo". La realidad está muy lejos de ello: más de tres millones de niños se han infectado con COVID-19 sólo en los Estados Unidos, lo que representa el 13 % de todos los casos. Y otros millones más se han infectado en todo el mundo. En las últimas semanas, ha habido un aumento inexplicable de casos y muertes entre niños que padecen el síndrome inflamatorio multisistémico (afección relacionada con el contagio de Covid en niños) y la proporción de pacientes ingresados en hospitales que necesitan cuidados intensivos ha aumentado al 90%. Por otra parte, se sabe poco y nada acerca de los efectos a largo plazo del COVID-19 en los niños, lo que convierte la reapertura de escuelas en un experimento médico que involucra a más de 50 millones de estudiantes en Norteamérica. Vacunación y protocolos Para echar más leña al fuego, la Casa Blanca anunció que la vacunación para los maestros no será requisito para que las escuelas vuelvan al aprendizaje en persona, a pesar de los pronósticos de que se avecina una nueva ola de contagios, por las nuevas cepas del Coronavirus. En un informe la semana pasada, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) dijeron que las escuelas pueden reabrir de manera segura en medio de la pandemia si se toman una serie de medidas de seguridad, incluido el mantenimiento de 6 pies de distancia física dentro de los edificios escolares cuando sea posible, máscaras faciales, instalaciones de limpieza y rastreo de contagios. Sin embargo, en los edificios escolares abarrotados, a menudo viejos, que abundan en Estados Unidos, será difícil proporcionar el espacio y la ventilación adecuados. Distanciarse en los autobuses escolares es otro desafío. Y una de las razones por las que el regreso de los estudiantes de secundaria puede retrasarse es que su plan de estudios hace que sea más difícil mantenerlos divididos en grupos pequeños y en una sola sala. (CNN, 18/2). Por esto, dondequiera que las escuelas hayan reabierto, la mayoría de las familias han optado por no enviar a sus hijos de regreso a clases, debido a los enormes peligros que representa. Los docentes, por su parte, en numerosos estados se han opuesto a la reapertura imprudente de las escuelas. Desde la asunción de Biden, la campaña de propaganda por la reapertura de las escuelas se ha intensificado. Todos los días, los medios impresos y de radiodifusión han publicado editoriales, artículos de noticias y reportajes alentando y presionando por el ´retorno´ a clases presenciales. Toda esta presión muestra que la política central de la burguesía es la reapertura, no porque les interese la alfabetización de los estudiantes, sino como punta de lanza de la “normalización de la pandemia”, a costa de la salud y la vida de los trabajadores.

20 de febrero de 2021
Gabriela Piovano: “mandar a los chicos a la escuela es poner en riesgo a todo el mundo”

La infectóloga Gabriela Piovano, especialista del Hospital Muñiz de la Ciudad de Buenos Aires, ha tenido una reciente aparición televisiva en la cual se ha posicionado de manera contundente contra la vuelta a clases. Piovano ya había realizado declaraciones contra el retorno a las escuelas en oportunidades anteriores, pero este caso adquirió relevancia en algunos medios. Piovano señaló: “Hoy estaba analizando el caso de Israel, y miraba que los números con los que arrancaron, que eran 3 muertos por día, llegaron a tener ahora 70 muertos por día. Las veces que esos números se aplanaron, fue por consecuencia de indicar una cuarentena de manera estricta. Cada actividad que se abra, va a sumar más casos” (destacado en Infobae, 18/02). La doctora agregó: “No es la muerte de nadie que los chicos no vayan una semana o seis meses…”, a lo que retrucaron los conductores del programa: “Doctora, ¿cómo no es la muerte de nadie? Emocionalmente si, le estamos arruinando la infancia. La educación es esencial. No todos tienen Zoom en la casa, ni internet. No viva en el micromundo nuestro” (ídem). En este punto, Piovano fue aún más contundente. Señaló que, en lugar de volver a las aulas, deberían entregarse computadores y conexión a los estudiantes para cuidar a la comunidad en general y, principalmente, a los niños, familiares y docentes´. Piovano agregó, además, que “cuando uno manda a un chico a la escuela, lo manda a un lugar en el que no se van a poder sostener las medidas, ni para él ni para el resto. Y además, estás poniendo en riesgo a toda la población que corre dentro de la esfera de esa movilización de personas, que ahora vas a sumar. Porque los chicos, en toda esta pandemia, estuvieron ausentes, gracias a Dios. Pero fallecieron 150 chicos hasta ahora” (Infobae, ídem). Los 150 niños muertos por COVID-19, se hallan registrados en un informe del Ministerio de Salud de la Nación ( https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/informes-diarios/sala-de-situacion/informes-especiales ), que contabiliza los casos confirmados en hospitales sobre las causas de muerte. En total, en menores de 20 años, se han producido 182.754 casos y 150 fallecidos, de los cuales sólo el 50% presentaba comorbilidades previas conocidas. A la hora de analizar el impacto total de los contagios en menores de 20 años a nivel general, se observa que han representado un 9,2% del total, número que se vería rápidamente ensanchado si se sostiene la presencialidad escolar. Anteriormente, en una entrevista para Radio con Vos (3/2), Piovano había señalado que, teniendo en cuenta las experiencias de los países desarrollados, incluso allí donde se aplican protocolos con mayores recursos y, que la propia médica definió como serios, colocando de ejemplo a Alemania, los contagios suceden igual. Basta solo con conocer algunas de las denuncias que realizan a diario los docentes de todo el país sobre las condiciones edilicias en las escuelas para darse cuenta que, en primer lugar, en 24 horas no se pueden acondicionar aulas abandonadas por décadas y, en segundo lugar, Larreta es incapaz de garantizar un protocolo que sea posible poner en práctica, es decir, no contamos ni con las más elementales condiciones. En definitiva, la apertura de escuelas es una exigencia directa de las patronales en su intento por ´normalizar la economía´ y desarmar todo el sistema de licencias a como dé lugar.

20 de febrero de 2021
Camioneros: trabajadores de alto riesgo, sin bono de fin de año

Después de vociferar durante una buena parte del 2020 contra la conducción de la CGT por arreglar suspensiones al 65% y declarar que no permitirían rebajas salariales o descuentos, la burocracia que conducen los Moyano acordó un bono de fin de año que deja afuera a los trabajadores de alto riesgo y despeja el terreno a las patronales para que paguen licencias con brutales recortes. El acuerdo firmado por los Moyano con las patronales nucleadas en la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL), establece en sus considerando que se reconocerá el pago del bono solamente a “aquellos trabajadores que hubieran prestado servicio durante más de la mitad de los días hábiles de 2020”. Es decir que los compañeros que hayan salido de licencia antes de julio de 2020 se quedan sin bono. Los trabajadores de alto riesgo venían cobrando, en el mejor de los casos, por el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, el 75% del neto conformado en este caso, lo que revelaba un acuerdo con el sindicato que no se dio a conocer públicamente. Ahora, aparentemente, el acuerdo caducó, ya que muchas patronales han decidido pagar sólo el sueldo básico a partir de diciembre, tomando como base el decreto que gobierno de Fernández promulgó en octubre de 2020 y avaló con su silencio la conducción del sindicato; es decir, hay vía libre para los recortes salariales sobre los trabajadores de riesgo. Este hecho, en Camioneros, implica que los trabajadores cobren menos del 65 % del básico conformado, ya que no se liquidan los adicionales de viáticos y comida que están sujetos a la asistencia al lugar de trabajo; un gigantesco castigo por ´ausentismo´ a compañeros que corren riesgo de vida por la pandemia. Estos descuentos van a llegar al extremo con el cobro del bono. Si contamos los cobros de febrero a mayo, que incluyen el pago de esta suma fija (cuatro cuotas de $6.250), los que estén de licencia van a cobrar, con suerte, el 50% de sus ingresos de convenio comparado con trabajadores que se encuentran prestando tareas en la misma categoría; esto calculado sobre el básico conformado, sin contar horas extra. De este modo, la burocracia moyanista se coloca por detrás de los gordos de la CGT, lo que es mucho decir. Esta concesión a las patronales es parte de una política que tiene larga data: las relaciones con las empresas del sector, que ha llevado recientemente al propio Hugo Moyano a oficiar de vocero de las patronales ante el gobierno, reclamando para estas beneficios impositivos, en una visita a la quinta de Olivos, al frente de una comitiva de empresarios del transporte. La simbiosis entre Moyano y las patronales fue la base para sumar afiliados que se encuadraban en otros convenios, cuando estuvo al frente de la CGT durante el primer y segundo gobierno kirchnerista. El acuerdo consistía en la devolución de aportes patronales por parte del estado, siempre y cuando las empresas encuadraran a sus trabajadores bajo el convenio de Camioneros; razón fundamental del rencor que le guardan los gordos de la CGT. Volviendo a la cuestión salarial, los Camioneros han perdido 35 puntos porcentuales con respecto a la inflación en los últimos tres años, 20 de los cuales se perdieron en la última paritaria, una verdadera política de rebaja salarial que se agrava considerando la esencialidad del transporte y por lo tanto la exposición de los trabajadores en la pandemia. En este aspecto, es importante señalar que durante todo el transcurso de la cuarentena, el sindicato no ha salido a reclamar sumas extraordinarias ni “bonos pandemia” en un gremio que ha tenido a la inmensa mayoría de sus ramas y rubros trabajando sin parar un solo día.

20 de febrero de 2021
A propósito de la ley de alquileres: la crisis habitacional y la clase obrera

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reglamentó el registro de los contratos de alquiler, el RELI (Registro de Locación de Inmuebles), en función de una ley de alquileres, aprobada en julio pasado, sea para vivienda, comerciales, o productivos (La Nación, 18/2). Una consecuencia del registro de contratos es que un sector de propietarios pasarían a pagar ganancias, y un sector de inquilinos podría deducir ganancias de su declaración de ingresos. El objetivo, según la AFIP, es obtener información del “cumplimiento de las obligaciones fiscales” (LN, 18/2). Para algunos especialistas, el gravamen a los propietarios será transferido a los inquilinos por medio de alquileres más altos. Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, dice que “Con el registro de contratos de alquiler en la AFIP se abre una nueva etapa en las políticas de vivienda en la Argentina, ya que se podrá saber quiénes conforman el negocio del acceso a la vivienda y quiénes alquilan y bajo qué condiciones”. “Con esta medida, agrega, se termina la posibilidad del incumplimiento de la Ley de Alquileres, de la que estamos muy orgullosos y la seguiremos defendiendo hasta que se implemente y se controle en su totalidad” (Clarín, 18/2). Celebra que los contratos que no estén registrados no van a ser plausibles de desalojos “legales”. Reacción del capital inmobiliario Las inmobiliarias, que forman parte del negocio de la construcción, objetan esta medida por considerarla un obstáculo más para dinamizar el mercado de los alquileres. Claudio Vodanovich, secretario de la Cámara Inmobiliaria, asegura que “todo lo que impacte en costos va a terminar pasando a precios”. La intervención de la AFIP o de regulaciones del mercado inmobiliario afectaría, insiste, la oferta de vivienda de alquiler. El 80% de los contratos no está registrado y habilitan un altísimo nivel de evasión. Un representante de la Cámara Inmobiliaria declaró ayer que "proliferarán los contratos en negro”. “Es simple, hacemos un contrato en blanco por un monto bajo, que inscribimos, y por el resto del monto hacemos otro contrato en negro”. AFIP no tiene pensado ningún tipo de control para que esto no suceda (ni personal suficiente para hacerlo). Para Armando Pepe (Cicicba), “Si bien es una de las imposiciones que se estipularon en la nueva ley de alquileres, esto lo que hace es aumentar el costo y el riesgo para el propietario”. “Los resultados ya están a la vista: menos oferta de viviendas en alquiler, escalada de precios y desincentivo a la inversión inmobiliaria y a la construcción de viviendas con fines de renta”, advirtió José Rozados, director de Reporte Inmobiliario, que representa a una parte del capital inmobiliario. Como ocurre en otros casos, como las retenciones a la exportación, el gobierno pretende manejar los precios de los productos y servicios de la canasta familiar para rechazar los aumentos de salarios que recompongan el poder adquisitivo de la fuerza de trabajo y superen el crecimiento de los precios, con el interés de abaratar la mano de obra de la industria, el comercio, el agro y las finanzas. Martín Guzmán ha reiterado que el salario debe ser un ancla del control de la inflación. La cuestión de la renta inmobiliaria, que deriva del monopolio del suelo y de su valorización según el lugar de ubicación, no puede ser superada por reglamentaciones en el marco de la organización capitalista. Desde el punto de vista capitalista, la renta de la propiedad de una vivienda, o sea el alquiler, debe igualar, por lo menos, la tasa de interés de un capital corriente, que es elevadísima en Argentina, a juzgar por lo que cobran los bancos y la ganancia que ofrece el Estado cuando coloca deuda pública. Es una carga insostenible para un trabajador. La crisis hipotecaria internacional de hace más de una década, demuestra que esto es cierto a escala global. Primero: luchar por un aumento general de salarios que no puede ser inferior al 50%. Segundo, la supresión de la especulación inmobiliaria sólo es posible bajo una sociedad en transición al socialismo, y comienza por el desconocimiento de la deuda pública y la nacionalización de los bancos.

20 de febrero de 2021
Paro y lucha contra la presencialidad en SUTEBA Escobar

El 10 de febrero en Escobar se llevó adelante la primer asamblea virtual de SUTEBA, convocada por su conducción Multicolor. Contó con la presencia de más de 170 docentes, cuyas intervenciones y denuncias pusieron en evidencia el calamitoso estado de las escuelas del distrito y la enorme preocupación existente ante la falta de vacunación a docentes. También, el deterioro salarial y el incremento de la precarización y desocupación que afecta y recrudece las condiciones de vida de miles de docentes. Luego de más de tres horas de debate, se votó en forma unánime: “No retornar a las escuelas. No a la presencialidad hasta que estén dadas las condiciones, en defensa de la salud y la vida”. La moción inicial presentada por Tribuna Docente (Tendencia) en la asamblea fue "En defensa de la salud y la vida, con presencialidad en pandemia y sin vacunas no iniciamos". Ésta fue acompañada por la agrupación Almafuerte, a la cual pertenece el secretario general de la seccional, José Magallanes; y también por decenas de docentes quienes expresaban su adhesión a la misma a través del chat de la Asamblea. Al momento de la votación, sin embargo, se desató una polémica que involucró a toda la lista Multicolor de Escobar y que revelaría su alcance luego de la asamblea. Tanto Tribuna Docente (oficialista), como la Roja Negra (Convergencia) y la Marrón (PTS), desarrollaron sus intervenciones a favor de la “presencialidad segura” para la vuelta a las aulas, en la línea que desarrolla la Celeste de Baradel. La Roja y la Coral, por su parte, aunque expusieron que “las condiciones no estaban dadas para la presencialidad”, no elaboraron ninguna moción por el no inicio presencial. Al momento de la votación, estas agrupaciones, presionaron para que se votara a toda costa una “moción unificada”, señalada más arriba, finalmente aprobada en forma unánime por la asamblea. Tuvieron que pasar 48 horas para que las mismas agrupaciones que apoyaron la “presencialidad cuidada” y que integran la Comisión Directiva de la seccional accedieran a publicar las resoluciones, pero omitiendo la principal de ellas -que consta en actas de la asamblea- “NO RETORNAR A LAS ESCUELAS” ( https://www.facebook.com/suteba.escobar.3/posts/2894932000750476 ). Este accionar antidemocrático refleja que el propósito de “unificar mociones” era en realidad hacerla lo más ambigua y confusa posible. Tribuna Docente (Tendencia) difundió la resolución tal como fue votada ( https://www.facebook.com/112348003499053/posts/501631467904036/ ). Esta arbitrariedad, a la postre, fue utilizada para no ejecutar lo resuelto por la asamblea y votado por ellos mismos o, dicho de otra forma, para garantizar la presencialidad “en condiciones”. Sucede que frente a las presiones de las autoridades durante las jornadas del 11 y 12 de febrero, para que el personal docente se presente en forma presencial en las escuelas a partir del 17, las agrupaciones que encabezamos la Comisión Directiva de la seccional (Almafuerte y Tribuna Docente Tendencia, que ocupan la secretaría general y adjunta, respectivamente) impulsamos parar el 17 y convocar a una nueva asamblea el 18 para decidir cómo seguir. Es decir, efectivizar lo votado por la asamblea de Escobar por decenas de docentes. Ante esto, las agrupaciones de la Directiva "pro presencialidad" salieron a boicotear ferozmente la medida de fuerza. Desde comunicados firmados como “CES Escobar” ( https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2897819163795093&id=100007011128551 ) hasta decenas de mensajes a los grupos de escuela “desmintiendo” el paro, declarándolo “falso”. Un accionar que no reconoce antecedente, inclusive respecto a paros o medidas de fuerza convocados por la burocracia sindical. No sólo desoyeron el voto de la docencia escobarense, sino que, además, hicieron todo lo posible para impedir que quienes quisieran parar contra la presencialidad criminal del gobierno FF, lo hagan. Tan oportuna y correcta fue la convocatoria a parar el 17, que una vez lanzando el paro, varios fueron los comunicados que llegaron a los grupos de escuela donde se notificaba a la docencia que durante esta primera semana del “periodo de intensificación”, las actividades continuarían desarrollándose de manera virtual. El paro contra las tareas presenciales en Escobar no solo fue un “amparo” para la docencia frente a las presiones de las autoridades, sino que fue una valiosa herramienta en decenas de escuelas del distrito, donde la docencia se encuentra en pie de lucha. Para mayor infortunio de los que proponen que docentes y estudiantes convivan en las aulas con el virus, en pandemia, bajo protección de los protocolos de la UIA y el Estado; el gremio docente de CABA Ademys iniciaba, ese mismo día, un paro de 72 horas. Ademys realizó una conferencia de prensa que contó con la participación del secretario general del Suteba Escobar. El propio secretario adjunto de Ademys, Jorge Adaro, grabó un saludo para solidarse con el paro de Suteba Escobar, lo mismo hicieron otros agrupamientos provinciales antiburocráticos. Cómo seguimos Hacia la nueva asamblea del 18, el secretario general comunicó que no iba a permitir el ingreso a algunas agrupaciones de la Multicolor que militaron contra el paro. Desde Tribuna Docente (Tendencia) nos expresamos claramente en rechazo a este procedimiento antidemocrático que coartaba la libre participación y que alcanzó también a docentes independientes; así que nos retiramos de la asamblea, haciendo pública nuestra decisión. El mismo 18/2, agrupaciones de la Comisión Directiva emitieron un comunicado titulado “En defensa de SUTEBA Escobar” firmado por diez de sus integrantes ( https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2898911473685862&id=100007011128551 ). En el texto, las agrupaciones hacen pública su posición frente a la crisis en la seccional, que parecieran haber descubierto a raíz de la indignación que les generó que SUTEBA Escobar realizara un paro contra la presencialidad, luego de que la asamblea votara “No retornar a la escuela”. Es un embuste por partida doble, pues pretenden correr el eje de su carneraje al paro al tiempo que se olvidan que la crisis en la seccional existe desde hace un largo rato y que decidieron no hacerla pública durante todo este tiempo. Tribuna Docente (Tendencia), en cambio, fijó su posición hace meses, a mediados de 2020 ( https://politicaobrera.com/movimiento-obrero/2890-defendamos-un-suteba-escobar-independiente-del-estado-democratico-y-de-lucha ) Por otro lado, el texto incluye “denuncias” a nuestra compañera, la secretaria adjunta de la seccional, Claudia Consiglio. Se nos acusa de haber impedido que se lea la moción unificada y luego “fraguar” las mociones, lo cual es falso; y resulta sorprendente, ya que fuimos la única agrupación que compone la Directiva de Escobar que hicimos publica la “moción unificada” votada por más de 170 docentes del distrito, con una aclaración adjunta sobre la situación, firmada por Claudia Consiglio. Desde Tribuna Docente (Tendencia) señalamos que el paro en Escobar, como parte del desarrollo de un plan de lucha seccional y provincial unificado con las seccionales multicolor, es el camino a seguir para imponer nuestras demandas al Gobierno. Repudiamos la manipulación de las resoluciones, el “carnereaje” y la exclusión de cualquier docente del distrito de las Asambleas. Llamamos a las agrupaciones de la Directiva a convocar a una nueva asamblea de base centrada en la lucha contra la presencialidad criminal en pandemia. La docencia en Escobar ya se ha expresado, decidida a pelear por defender la vida, la salud y la educación.

20 de febrero de 2021
La movilización de organizaciones sociales y piqueteras del jueves pasado

El jueves pasado, una decena de organizaciones sociales o piqueteras protagonizaron una manifestación multitudinaria. Estaba encabezada por el Polo Obrero (oficial) y por Barrios de Pie, en este caso el sector que acompañó a Lavagna en las elecciones de 2019. La magnitud de la movilización dejó a la vista el deterioro enorme de las condiciones sociales de trabajadores desocupados y semi-desocupados y también de trabajadores cuyo salario no llega ni de lejos al costo de una canasta familiar. Los medios de comunicación adjudicaron a la marcha una importancia política que en el pasado minimizaban y que atribuían en forma exclusiva a operaciones de aparato. Los aparatos de las organizaciones sociales del oficialismo se arrimaban, en ese mismo momento, al Consejo Económico que inauguraba el gobierno, con la participación distante y desconfiada de las patronales. El agravamiento de las condiciones de la masa de trabajadores sin empleo, changuistas y “en negro” no es una consecuencia solamente del crecimiento de la inflación. En función de un ajuste presupuestario que busca la venia del FMI, el gobierno ha cortado todos los subsidios de pandemia; la inflación ha desvalorizado los planes sociales que administra Daniel Arroyo, de Asistencia Social. Los planes de trabajo o construcción con municipios e intendentes se hacen a salarios de hambre y se incumplen, además de desnaturalizar la función de lucha de las organizaciones que pasan a ser capataces de los compañeros a cargo de esas labores. La magnitud de la movilización del jueves plantea un desafío político, pues constituye un reclamo que va más allá de asegurar el funcionamiento de los comedores. No hay a la vista, en los planes del gobierno, ninguna posibilidad de mejorar la situación social de los sin trabajo, ni de crear oportunidades de empleo por medio de la obra pública. El gasto en inversión es una variable de ajuste del modelo. Junto a la defensa de los apoyos sociales mínimos arrancados al gobierno, es necesario un programa que fije una meta política clara. Los trabajadores desocupados deben cobrar un salario de desempleo que corresponda, al menos, al básico mínimo de los convenios colectivos. Los recursos para ello obviamente existen, desde las ganancias capitalistas hasta el pago de la deuda externa usuraria. Las instituciones internacionales, que responden a gobiernos capitalistas, discuten la llamada “renta mínima universal”, en función de la desocupación mundial estructural, y del incremento que ha tenido en la pandemia. Reclamemos que se ponga en práctica ya para atender a la masa de desocupados. semi-ocupados o que ganan por debajo de la línea de pobreza. Un plan de lucha con este planteo sería una respuesta política al desafío político que ha dejado planteada la última movilización. Tiene la ventaja de responder a necesidades de una parte considerable de la clase obrera y de la juventud. El otro punto tiene que ver con el derecho al trabajo. En este punto entendemos muy apropiada una reivindicación de los sindicatos, que la burocracia sindical ha enterrado por completo. Nos referimos a la creación de una Bolsa de Trabajo, bajo gestión de las organizaciones sociales y piqueteras. Esa Bolsa de Trabajo debe tener injerencia en los planes de obras públicas y de las empresas estatales y en las licitaciones que efectúa el gobierno. Los desocupados contratados en los municipios deben pasar a planta permanente; esto no significaría aumentar una dotación que algunos denuncian excesiva, sino obligar a los municipios a ejecutar obras de infraestructura que hacen terriblemente falta, y también planes de construcción y refacción de viviendas. El desarrollo de un planteo político significa que el programa despierta el interés de la gran masa de trabajadores, con capacidad para involucrarla en esta lucha. Es un planteo político porque desenvuelve las condiciones para una confrontación con el Estado y ataca los intereses capitalistas que este representa y ejecuta.

20 de febrero de 2021
Yolanda Vargas: la fiscal Carreras confirma el armado de una causa contra Yolanda

El jueves se desarrolló una importante jornada de lucha por la libertad de Yolanda en la ciudad de Orán. Los compañeros del Polo Obrero de Colonia Santa Rosa junto a una delegación del Movimiento Evita, y los compañeros del Partido Obrero de Orán, nos movilizamos a la fiscalía de Graves Delitos y Atentados contra las personas a cargo de la Fiscal Claudia Carreras, quien mantiene imputada y detenida a nuestra compañera Yolanda desde el martes 9 de febrero, luego del incendio de su casilla en el que murieron sus dos hijos de 6 y 4 años. Una delegación de compañeros ingresó a la fiscalía para presentar copia de las más de 400 firmas, adhesiones y pedidos de libertad para Yolanda -que siguen llegando, y seguiremos presentación en la medida en la que la compañera permanezca detenida-. El petitorio fue incorporado al expediente de Yolanda como expresión de la movilización popular por su libertad y para quebrar las maniobras de la fiscal. Carreras tuvo que recibir a la delegación, a su pesar. Lo hizo para justificar la detención de Yolanda bajo la excusa de que “su libertad podría entorpecer el desarrollo de la investigación”. Carreras no solo ha recurrido a la falsificación con testimonios “anónimos” y denuncias previas contra Yolanda que no existen, sino que, además, ha dispuesto un procedimiento irregular en la “investigación”. Todavía no existe un perito ambiental que analice los causales del incendio en su vivienda. Su familia denunció que la policía de Colonia les hizo entrega de una caja que contenía “dos manos de los niños”, halladas luego del incendio. Un accionar macabro. ¿Quién está pudriendo la investigación? La familia de Yolanda da cuenta de que hay decenas de vecinos con nombre y apellido, que se disponen a declarar de manera voluntaria a favor de Yolanda para desmentir las acusaciones de Carreras. Yolanda fue forzada a prestar declaración menos de 24 horas después del incendio, sin la presencia de un abogado defensor. La causa está completamente viciada de irregularidades que tienen como principal responsable a la fiscal a cargo y al Juez Francisco Ollarzú, quién dio lugar al pedido de detención. El estado en su descomposición pone todos sus recursos al servicio de su propio salvataje. Carreras encubre las responsabilidades políticas de todo el régimen social de miseria y destrucción de las condiciones de vida de las familias en Colonia Santa Rosa. Un grave delito y atentado contra las personas es que las familias vivan hacinadas en casillas de cartón y chapa, que no tengan agua potable, luz, que no haya acceso a las barriadas por falta de urbanización, que se haya eliminado el IFE y no existe asistencia alimentaria y económica real para las trabajadoras precarizadas que están obligadas a dejar sus hogares para ser sobre explotadas, a cambio del pan. La justicia de Gustavo Sáenz deja en claro que está dispuesta a construir una causa contra una obrera rural para tratar de exculparse. Mayor es el ensañamiento de Carreras contra una trabajadora organizada que pone en cuestión, junto a sus compañeros, el régimen político que ella pretende sostener. Detrás de la lucha por la libertad de Yolanda está la defensa de la vida misma de nuestras familias y nuestros hijos, en manos de las trabajadoras, del otro lado, está, el régimen social que ni siquiera garantiza el derecho a ser madres. La jornada finalizó con un acto en las puertas de la penitenciaría donde permanece detenida Yolanda. Los pronunciamientos llegaron a Yolanda Pudimos ingresar a la penitenciaría para visitar a Yolanda. Durante 8 días permaneció en una sala de aislamiento. Recién ese jueves, al cumplirse 9 días de su detención fue trasladada a una sala común que comparte con dos mujeres. En un patio semi descubierto, entre sillas y banquetas dispuestas en un círculo, nos encontramos con Yolanda. Ella quería hablar, contó sobre sus hijos, las condiciones en las que vivían, cómo había llegado a esa casilla, la dureza de su infancia y la lucha para brindarle algo mejor a sus hijos, sus trabajos para poder sostener económicamente a su familia. Yolanda formaba parte de la CCC tiempo atrás, allí conoció al compañero Omar, quién luego de una intensa lucha política por la defensa de métodos democráticos de organización rompió con la CCC y se puso a la cabeza, junto a un centenar de compañeros, de la construcción del Polo Obrero. Entregamos a Yolanda una copia del petitorio con 9 páginas de firmas, adhesiones y pronunciamientos exigiendo su libertad. Le entregamos también, una selección de fotografías –de cientos de imágenes-, de compañeros en distintos lugares del país, y del mundo, reclamando su libertad. Reconoció en las fotografías a sus compañeros, vecinos y familiares. “Yo nunca pedí ayuda para mí o para mis hijos. Cuando salga, me van a encontrar en todas las marchas y en todas las luchas para defender a los compañeros que lo necesiten”. Yolanda es fuerte, lo será todavía más con el apoyo, la movilización y la lucha de su propia clase organizada por su libertad.

20 de febrero de 2021
Legalidad: gran campaña del Polo Obrero (Tendencia) de Escobar

A principios del año pasado 2020, en ocasión del ASPO y del comienzo del colapso económico y sanitario, pusimos en pie al Polo Obrero (Tendencia) en Escobar. La asamblea tiene lugar en el merendero “Caritas Felices” del barrio Baldy de Garín. Dicho merendero tiene años en el distrito, pero, sin embargo, aún no ha sido reconocido a nivel municipal; por tanto el gobierno de Ariel Sujarchuk no ha destinado alimento ni ningún tipo de insumo (productos de limpieza, mobiliario, utensilios de cocina, etc.) para asistir a la enorme cantidad de trabajadoras y trabajadores desocupados del barrio, víctimas de la precarización y la desocupación, que no alcanzan a garantizar un plato de comida al día para sus familias. Mediante la asamblea y actividades de lucha, el Polo Obrero (Tendencia) se fue afianzando. El comedor del barrio Baldy es un espacio donde, además de acceder a una merienda o una cena, se puede discutir y organizarse. Al calor de este proceso, hemos puesto en pie una nueva asamblea, en el Barrio CRI-CRI, también de Garín. Ahora, las trabajadoras y trabajadores organizados en el Polo (T) de Escobar, tomaron en sus manos la campaña por la legalidad de la Tendencia del Partido Obrero, reuniendo adhesiones y afiliaciones entre familiares y vecinos. Ya contamos con más de un centenar y seguimos juntando. Ante un gobierno decidido a exponernos a la pandemia y al hambre, llamamos a todas las trabajadoras y trabajadores desocupados de Escobar a organizarse junto al Polo Obrero (Tendencia) trabajo genuino y un plan de obras públicas y vivienda; por la triplicación inmediata del salario mínimo y en contra de la precarización: pase a planta permanente de las y los compañeros que contraprestan para los municipios. Salario igual a la canasta familiar y defensa del 82% móvil para las jubilaciones. Restitución del IFE y por el aumento de planes y seguros de desempleo equivalentes al 80% del salario según el costo de la canasta familiar.

20 de febrero de 2021
Huelga Nacional Desmotadora
Comisión Directiva de la Federación Aceitera

La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina informa el inicio de un plan de lucha con una huelga en las plantas desmotadoras a partir de las 6 de la mañana del día lunes 22 de febrero, ante la pretensión patronal de rebajar los salarios en términos reales en la negociación paritaria desmotadora. Tras haber transcurrido más de cuatro meses desde la fecha establecida para la cláusula de revisión, la cual se encontraba pautada para el 15 de octubre de 2020 en el acuerdo salarial desmotador firmado en mayo último, los salarios de las trabajadoras y los trabajadores desmotadores de algodón continúan perdiendo su capacidad adquisitiva mes tras mes. Mientras que la patronal persiste en su intransigencia y se niega a brindar una respuesta ante quienes nunca dejaron de trabajar ni de producir en una actividad declarada esencial desde el primer día de la pandemia, y que en este 2020 obtuvo grandes ganancias. En efecto, mientras el salario real de la familia desmotadora caía mes a mes, el sector empresario desmotador realizó operaciones declaradas de exportaciones por 120 millones de dólares en 2020, obteniendo fuertes ganancias en divisas extranjeras que se fortalecieron ante el peso argentino en el que pagan los sueldos. Entre tanto, han estirado artificialmente la negociación realizando ofertas salariales irrisorias que implican una fuerte pérdida del poder adquisitivo del trabajador, buscando fijar una base deteriorada con salarios reducidos para la discusión salarial del 2021, recordando que el Convenio vence el 31 de marzo. Las empresas desmotadoras buscan desconocer hoy que sus ganancias son fruto del esfuerzo de los trabajadores que arriesgaron su vida y la de sus familias dese el inicio de la pandemia, enfrentando riesgos e incertidumbres en el marco de una emergencia sanitaria sin precedentes en el mundo y que aún continúa. ¡Las trabajadoras y los trabajadores desmotadores de algodón van a la huelga con unidad, solidaridad y conciencia de clase, luchando por su dignidad, por su salario y por el futuro de sus familias! Comisión Directiva Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina F.T.C.I.O.D y A.R.A.

20 de febrero de 2021
Que el Suteba Merlo deje de avalar la presencialidad criminal

Compañeros docentes nos han hecho llegar denuncias de que en muchas escuelas arrancaron con la presencialidad. En algunos casos, se está obligando a cumplir horario a preceptores y a todos los cargos, en otros también a los docentes y otras escuelas llegaron al extremo de convocar a la presencialidad a los estudiantes. Esta presencialidad está fuera de toda normativa ya que el Plan Jurisdiccional establece que, previo al regreso, las Comisiones Mixtas Distritales deben verificar que se cumplan las condiciones de infraestructura e higiene establecidas por el propio Plan. La Secretaria General del Suteba Merlo nos informó en el día de la fecha que LAS ESCUELA NO SE ENCUENTRAN HABILITADAS PARA LA PRESENCIALIDAD porque “por ahora lo único aprobado son actos de egreso”. Lo que llama la atención es que las Comisiones Mixtas Distritales que no habilitaron ninguna escuela, están integradas por representantes del gremio, así como también por inspectores de enseñanza e infraestructura y el Consejo Escolar. ¿Es que acaso los directivos están forzando a la presencialidad sublevándose contra toda la cadena jerárquica e incurriendo en incumplimiento de sus deberes de funcionarios públicos? ¿Debemos creer que las escuelas-bomba del distrito abrieron sus puertas a espaldas de inspectores, consejeros escolares y sindicatos? No. Es simplemente que el gobierno y la burocracia sindical han decidido hacer caso omiso a sus propias normativas, porque saben que no pueden garantizar ni ese limitado protocolo de retorno a las aulas. La Celeste, al igual que el gobierno, la oposición y las patronales, defiende la escuela-guardería. No les interesa si se nos va la vida en ello. Repiten la cantinela de “condiciones seguras” y ni siquiera pueden implementar las condiciones riesgosas del Plan Jurisdiccional. Pero no existe retorno seguro mientras haya una pandemia de un virus mortal de contagio aéreo que ya se cobró en nuestro país 50.000 vidas. La única condición segura para volver a la presencialidad es que estemos todos vacunados. Por lo expuesto se impone exigir: ✓ Que el Suteba lleve adelante acciones contra los Inspectores y el Consejo Escolar que forzaron la apertura de escuelas. Por el cierre inmediato de todas las escuelas del distrito. Defensa de las tareas educativas de manera virtual con dispositivos y conectividad gratuitos garantizados por el Estado ✓ Que el Suteba deje de avalar la presencialidad criminal desde las comisiones mixtas distritales y el Plan Jurisdiccional que nos expone al contagio. Asamblea para votar un plan de lucha contra la presencialidad en pandemia. EN PANDEMIA Y SIN VACUNAS NO INICIAMOS LAS CLASES PRESENCIALES

21 de febrero de 2021
En pandemia y sin vacunas, Morales echa (más) nafta al fuego

La provincia de Jujuy ha quedado en el centro de la polémica luego de que circularan las fotos de multitudinarios festejos durante el fin de semana de carnaval en toda la provincia, particularmente en la zona de la Quebrada de Humahuaca. El gobierno provincial había ordenado una restricción de circulación entre municipios. Antes, varios concejos deliberantes habían suspendido los festejos masivos de carnaval, chaya y comparsas. Sin embargo, a último momento el gobierno habilitó la circulación no sólo de los propios jujeños sino también de las vecinas provincias, flexibilizando la circulación entre las provincias del NOA con acuerdo del resto de los gobernadores. El recule oficial se debió a la presión de sectores empresariales vinculados al turismo, comercio y gastronomía, que no querían perderse de los recursos económicos que mueven estas celebraciones (según Todo Jujuy, del 16/2, ingresaron 3 millones de dólares ese fin de semana). Esta flexibilización se hizo en función de la mal llamada “vuelta a la normalidad”, que defienden el gobierno nacional y las provincias, en defensa de los intereses del capital que necesitan volver a explotar a los trabajadores y para eso exigen la vuelta a clases presencial, acabar con las licencias y la reapertura de todas las actividades, sin inversión, ni controles y con el plan de vacunación en un completo impasse. Luego del desborde, se anunciaron multas millonarias a varias comparsas de la provincia, un pérfido intento de ocultar la responsabilidad del gobierno por el potencial desastre sanitario. Frente a las aglomeraciones multitudinarias, tampoco se han tomado medidas sanitarias de emergencia para contener la situación. La vuelta a las escuelas, en peores condiciones El gobierno de Morales, en sintonía con el gobierno nacional, pretende la vuelta a clases presencial sin las mínimas condiciones para evitar que las escuelas se conviertan en caldo de cultivo del covid. El propio gobernador reconoció que recién 700 establecimientos educativos de la provincia entrarán en ´reparación integral´ ahora (El tribuno, 18/2). Tampoco se han contratado masivamente personal de servicio y docentes para abordar en mejores condiciones la situación educativa. El protocolo de vuelta a clases ha dejado mucho que desear y ha producido quejas y rechazos en muchos establecimientos en la etapa de inscripción de los alumnos. No todas las escuelas cuentan con termómetros para controlar la temperatura, no se han incrementado los insumos para la desinfección y la entrega de ropa especial para el personal de limpieza todavía no aparece. Se vuelve a utilizar masivamente el transporte público, pero continúa la circulación restringida de unidades y no se ha implementado tampoco un nuevo protocolo. Sin vacunación, sistema de transporte y de salud adecuados y con edificios en estado de derrumbe, sin estas condiciones mínimas, ni siquiera es posible discutir el "regreso seguro a las aulas" como proponen algunos. Un punto central son las condiciones laborales y salariales de los docentes y del resto de los trabajadores. El gobierno ha decretado un cuarto intermedio en la paritaria hasta el lunes 22, pero ha adelantado que su oferta consiste en un 15% en dos cuotas, pagaderas en febrero y mayo, una miseria que está por debajo de la miserable paritaria nacional. El año pasado sólo otorgó un 10% de aumento. Gobierno apuntalado Estamos frente a un gobierno en crisis que ante cada medida que intenta tomar termina agravando su situación precedente. Morales es hoy el principal referente de la burguesía en la provincia aún bajo este cuadro, por lo que el gobierno nacional termina acordando con él, instalando en los hechos un impasse entre el oficialismo provincial y un PJ disgregado y también en crisis. La gran mayoría de la burocracia sindical, que abreva en las distintas variantes del PJ, viene dejando pasar ataques y recortes a las conquistas históricas de los trabajadores. Este hecho ha producido que surjan autoconvocatorias y medidas de fuerza por fuera de los gremios, particularmente en la docencia y de manera incipiente en la salud. Estas autoconvocatorias deben servir para superar la loza paralizante de las direcciones gremiales y los trabajadores logremos torcerle el brazo al gobierno. Un ejemplo de esto lo ha dado el SEOM, que viene desarrollando un plan de lucha y ha arrancado el reconocimiento de cientos de trabajadores ultra precarizados municipales bajo la consigna de que ningún trabajador puede ganar menos del salario mínimo vital y móvil, además de luchas contra despidos y por recategorizaciones. Desde el Partido Obrero de Jujuy llamamos a impulsar la lucha de la clase obrera jujeña, por el salario y la defensa de la vida, desarrollar la amplia deliberación en los lugares de trabajo para imponerle nuestros reclamos a un gobierno en crisis. Por eso sostenemos la necesidad de pelear por: ¡Testeos masivos ya! ¡No inicio de clases presenciales! ¡Que Morales asegure un plan de vacunación masiva e inmediata en la provincia! ¡Subsidio mensual a todos los desocupados y changarines, equivalente al 80% de la canasta familiar! ¡Triplicación del presupuesto de salud! Salario igual al costo de la canasta familiar. Reducción de la jornada laboral y contratación masiva de más personal bajo los convenios colectivos vigentes. ¡Suspensión inmediata del pago de la deuda pública provincial y de los subsidios a las grandes empresas para asegurar los recursos para el cumplimiento de todas estas medidas! Por comités obreros en los lugares de trabajo y las barriadas para imponer los protocolos de bioseguridad adecuados. Por un congreso de trabajadores en la provincia y la preparación de la huelga general para garantizar una adecuada política de preservación de la vida ante la pandemia en curso y la desidia de los gobierno del capital.

21 de febrero de 2021
Tucumán: el examen de ingreso a Medicina, doble atentado a la salud y la educación pública

Esta semana se llevó adelante el examen para el ingreso a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán, de manera presencial. Según las autoridades, estaban inscriptos para rendir 1.492 aspirantes en Tucumán, y alrededor de 1.000 estudiantes más entre las sedes de las provincias de Salta y Catamarca. El resultado fue un bochazo masivo a niveles nunca visto en la UNT. Al examen presencial, en Tucumán, sólo se presentaron 995 estudiantes, que representan un 60% de los inscripto. La Facultad de Medicina no publicó las cifras exactas de cuántos son los estudiantes que lograron aprobar el ingreso. Mateo Martínez, el decano de la facultad, señaló en una entrevista televisiva: “El 39% superó la prueba de Comprensión de Texto; el 20% Biología; el 13% Física y apenas el 9% aprobó Química”, por lo que se podría interpretar que sólo el 20% de los aspirantes logró aprobar parcialmente, y tendrían el derecho a una recuperación. Según trascendió, solo 40 estudiantes lograron aprobar las cuatro materias. El nivel de bochazo supera al que se producían cuando en esta facultad aparte del examen de ingreso regía el sistema de cupo, que fue derogado en el 2019. Un ataque a la salud Un examen de éstas características expuso a centenares de jóvenes a futuros contagios, cuando no había necesidad de hacerlo de manera presencial. Este examen fue el primer paso para tratar de imponer el “retorno a la normalidad” y estuvo antecedido por un protocolo que sacó el Rectorado con el respaldo del Consejo de Educación provincial. Además de no estar dadas las condiciones por la pandemia, cuando los docentes no están vacunados y en víspera a una segunda ola que será mucho más letal, este protocolo plantea, entre sus articulados, que los estudiantes deberán presentar una declaración jurada, dejando librado el problema de los contagios o futuras desgracias a una responsabilidad individual. A todo esto, se suman las pésimas condiciones de infraestructura con que cuenta la Universidad Nacional de Tucumán, donde no hay ni la mínima posibilidad de las ´aulas burbujas´ por el hacinamiento que desde hace años se vive, ni mucho menos las condiciones sanitarias, cuando ni baños en condiciones existen. Esta decisión de sostener un examen de ingreso limitacionista en un periodo de pandemia es un gravísimo atentado a la salud publica, cuando en todo el sistema de salud se denuncia la carencia de personal para atender una situacion normal, muchísimo más ha quedado expuesto en una situacion de pandemia como la que se está atrevazando, lo que obliga a la extender la jornada del personal existente, a agotar sus energías. Estas necesidades, parcialmente, las están llenando las universidades privadas (UNSTA, Universidad de San Pablo T) las cuales, a caballo de las restricciones para ingresar en la carrera de medicina de la UNT, han abierto carreras en sus universidades sin restricciones académicas, salvo la altísima cuota con la cual lucran con las necesidades educativas. A raíz de todos estos hechos estudiantes y padres comenzaron a organizarse para enfrentar estas medidas restrictivas. Desde la ADIUNT, el sindicato de docentes universitarios, nos hemos manifestado en contra del examen de ingreso que pone en riesgo la salud de jóvenes y docentes, pero también atenta contra la educación pública y la salud publica en general. Es necesario: la inmediata eliminación del filtro reaccionario; ingreso irrestricto; aumento del presupuesto para recursos y designación de docentes. Recursos para garantizar la educación virtual. En pandemia y sin vacunas no hay condiciones posibles para la presencialidad salvo para prácticas medicas imprescindibles que deben ser planificada por los docentes y estudiantes.

21 de febrero de 2021
Tucumán: el II Congreso Autoconvocado de Delegados de Escuela rechaza la “presencialidad”

El sábado 20 más de 100 delegados participaron del II Congreso provincial de delegados de escuela con mandato, realizado por vía virtual. Unos 1.500 docentes participaron de las asambleas de escuelas en distintos puntos de la provincia. En todas ellas se establecieron mandatos escritos. Para participar del congreso, en muchos casos, se ratificaron los delegados preexistentes, en otros eligieron por primera vez y, en algunos casos, se renovaron a los que participaron del 1º Congreso, realizado el 7 de marzo del 2020. El eje del debate de este II Congreso giró en torno al llamado del gobierno a los docentes a la vuelta a las clases presenciales en pandemia a partir del 1º de marzo para las primarias y el 8 de marzo para los secundarios. Siguiendo con lo votado en asambleas y plenarios de delegados anteriores, la orientación de la conducción de Autoconvocados fue: en pandemia y sin vacunas no volvemos a la presencialidad. En la intervención de apertura, Raquel Grassino, referente de la docencia autoconvocada, explicó la imposibilidad de un retorno a la presencialidad, cuando desde el propio Siprosa (Sistema Provincial de Salud) están anunciando que Tucumán va a ser sacudida por la segunda ola de contagio, cuando las vacunas llegan a cuenta gotas a la provincia y el personal docente -mucho menos los alumnos- no figuran en los próximos planes de vacunación, y cuando el uso del sistema de transporte público es una invitación al contagio masivo. La inmensa mayoría de las escuelas no tiene agua, ni sanitarios en condiciones; sus edificios están destruidos y el salario docente ha sido hundido a niveles por debajo de los niveles de pobreza. En su intervención, Grassino ilustró lo que viene ocurriendo con la presencialidad en otros países y explicó que, en la emergencia, la alternativa es volver a la educación online, levantando un programa dirigido a garantizar que se cumplan el Estatuto Docente en esta modalidad, con derecho a desconexión, reclamando que el estado garantice la gratuidad, que se invierta en equipar a todos los docentes y alumnos, se garantice la conectividad, etc. Explicó a fondo la cuestión salarial y planteó un plan de acción cuyo punto de partida arranca con un paro con movilización el próximo 24 de febrero, fecha en que la docencia debería retornar a las escuelas. El PTS llevó la voz cantante opuesta, planteando “el regreso con condiciones”, invocando que la “opinión pública” condenará de “vagos” a los docentes. Este planteo fue rechazado por la mayoría delegados, quienes describieron, desde distintos ángulos, el cuadro ruinoso de las escuelas y la imposibilidad de cumplir con el “protocolo”. Hubo 39 intervenciones. Al final se impuso mayoritariamente la consigna: “en pandemia y sin vacunas garantizadas desde el Estado, no es posible el regreso presencial”. Unidad de docentes y familias Del Congreso participaron como invitados el secretario general de ADIUNT y tres representantes de las asambleas barriales de “padres autoconvocados” contra el regreso a las escuelas. Diego Toscano, de ADIUNT, explicó la imposibilidad objetiva, mientras dure la pandemia, de volver a la presencialidad en la universidad, en resguardo de la salud y la vida de docentes y estudiantes. ADIUNT es el único gremio en la provincia que ha dicho claramente no al regreso presencial en pandemia y sin vacunas. Los padres que intervinieron en el Congreso destacaron las autoconvocatorias las condiciones de las escuelas y los debates donde la opinión mayoritaria es no enviar sus hijos a las escuelas, reclamando que el gobierno garantice la educación virtual. Hasta el momento, la asamblea más importante fue la realizada en Tafi Viejo, que bajo la lluvia reunió a 80 padres y madres. La convocatoria se difundió en toda la ciudad por los medios radiales y con un auto con sonido. Ya son una decena las comisiones de padres puesta de pie, pero hay medio centenar de asambleas convocada para debatir esta dramática situación. Los padres son los aliados naturales de la docencia en esta lucha contra la presencialidad. La multiplicación, extensión provincial y masividad es una cuestión clave para sumar a la clase trabajadora a esta lucha. Es clave extender los pronunciamientos a los sindicatos combativos o a las agrupaciones opositoras, a las agrupaciones estudiantiles, estrechar los lazos con la Adiunt, que tiene por delante enfrentar el retorno a clases presenciales de los colegios y escuelas experimentales. Cómo seguir El Congreso adoptó distintas resoluciones. Entre ellas, publicar una declaración que contenga un llamamiento al paro y movilización del próximo 24, para difundirla en papel y por las redes. Concretar ese mismo lunes una conferencia de prensa. Un plan de abordaje a diferentes núcleos y referentes docentes para asegurar el paro y una movilización masiva. El Congreso votó realizar a su término una asamblea general con los presentes para definir las condiciones de prolongar el paro en los días subsiguientes o reagruparse y volcar un plan de organización para asegurar el no inicio el 1º de marzo. El proceso en curso que se está desenvolviendo con la docencia autoconvocada es quizás con lo ocurrido con la docencia universitaria los procesos en el campo del movimiento sindical de Tucumán, los procesos más avanzados de organización independiente del estado y sus gobiernos y de todas las burocracias, de las que hoy dirigen los sindicatos y de las que se preparar para el recambio burocrático. Este Congreso, en este sentido, estableció una clara delimitación con la denominada “Mesa de Unidad” que agrupa a un arco que va desde las 62 Organizaciones -afín al gobierno- a la izquierda agrupada en el FIT-U, todos partidarios del regreso “cuidado” a las escuelas. Esta “Mesa de Unidad” convoca, por su lado, también a un paro y movilización para el 24, pero para reclamar condiciones para el retorno y para que sean reconocidos en las negociaciones salariales que ha emprendido la burocracia de los sindicatos que integran el Frente Gremial Docente (ATEP-APEM-AMET). En este escenario convulsivo, es preciso desenvolver a fondo las tendencias al agrupamiento independiente, combativo, autoconvocado, que está en desarrollo, teniendo presente que, en Tucumán, hay 2.500 escuelas y 30.000 docentes, y en consecuencia un enorme escenario al que hay que llegar y organizar. El congreso ha votado grandes desafíos. Manos a la obra.

21 de febrero de 2021
Pronunciamiento de trabajadores del hospital Mercante contra las clases presenciales
Cuerpo gremial ATE “Lista Negra” Hospital Domingo Mercante de José C. Paz

La apertura y el inicio de clases que vienen planteando tanto el gobierno nacional como provincial, provocará sin duda un aumento en la ola de contagios, tal como ha sucedido por ejemplo en Francia y España, para citar entre varios otros países. La situación catastrófica material, de infraestructura de los colegios dentro del conurbano expone claramente una falta de interés y planificación para un regreso “seguro” a la presencialidad en las aulas. Como trabajadores sanitarios corremos con “ventaja” sabiendo de antemano las medidas y pautas que se encuadran dentro de los Protocolos: estos fueron inviables para los “esenciales” debido a la imposibilidad de aplicarlos dentro de un vaciamiento hospitalario y de abandono por parte de las políticas públicas; además, los sanitaristas tenemos multiempleo, padecemos y sostenemos salarios de miseria y por debajo del costo de la canasta, lo que vulnera aún más nuestros sistemas inmunes por sobrecargas laborales y excedentes de pacientes. En medio de una crisis sanitaria mundial, la creación de los protocolos a cargo del Estado aseguraron la continuidad laboral de los “trabajadores esenciales” como primera medida, mientras que los sectores empresariales se negaron sistemáticamente a cerrar sus fábricas ni un solo día para no dejar de enriquecerse, vulnerando protocolos y recibiendo incluso ayuda financiera del gobierno, mientras que a nosotros, como “reconocimiento a nuestro heroísmo”, se nos otorgó un mísero bono, en tanto que la cifra de compañeros convalecientes y fallecidos subía al ritmo de la ola pandémica llevándose la VIDA DE MAS DE 400 TRABAJADORES ESENCIALES. La promesa en la recomposición del recurso humano fue INSUFICIENTE Y LLENA DE PRECARIEDAD LABORAL; tanto es así que, al día de hoy, ese personal se encuentra AÚN sin haber sido nombrado, debiendo agregar que la mayoría aún no nos hallamos inmunizados. Las medidas que aseguraron y afianzaron nuestra defensa y garantía de nuestra propia salud, fueron tomadas por los trabajadores en Asambleas, votando a no trabajar sin los EPP, creando un Comité a cargo de los mismos para hacer el seguimiento real de los contagios, el control en la falta de los EPP, a solicitar incluso donaciones. Las radios abiertas, comunicados a la población, abrazos y cortes nos han convencido que sin la Unidad y participación colectiva de los trabajadores tanto de las áreas salud y educación, NO se podrá lograr lo necesario para protegernos de enfermar y evitar que seamos vectores de transmisión del virus tanto para nuestros pacientes, familia, alumnos y comunidad en general. Frente a la situación de crisis sanitaria que padecimos los sanitaristas y que aún lejos de finalizar sabemos que llegará una 2° y 3° ola; la que en términos epidemiológicos se verá favorecida a aumentar contagios y transmisión frente a la presencialidad en las aulas, convirtiendo a los intervinientes en vectores para la transmisión. Consideramos que el riesgo en la diseminación del virus se verá relacionada directamente al inicio de las clases con presencialidad; lo que ocasionará, nuevamente, otro año de colapso sanitario disparando las cifras de muertes y enfermos. Por todo esto nos posicionamos directamente y decimos: NO AL INICIO DE CLASES CON PRESENCIALIDAD, que se mantenga la virtualidad hasta que se aseguren las condiciones edilicias, humanas y de infraestructura, y se elaboren protocolos aplicables a asegurar la salud y seguridad de los niños, maestros y familias.

21 de febrero de 2021
Catamarca: en pandemia, no volvemos a la presencialidad
Tribuna Docente - Catamarca

En Catamarca, desde que inició la agenda 2021, ya contamos con tres escuelas cerradas (al momento de escribir este texto) y nuevas cadenas de contagios de Covid-19 entre el personal de educación, en Capital. En el interior, los casos siguen avanzando. Tanto el gobierno provincial como municipal se encuentran decididos en volver a la presencialidad escolar, pese al incremento de casos registrados desde los primeros días del año en la provincia y las advertencias de los organismos sanitarios. La vuelta presencial a las escuelas en este marco y con un sistema de salud virtualmente saturado y desmantelado en el interior, es un camino a la masacre social. El terreno es hostil para los trabajadores. Los protocolos oficiales no garantizan el suministro de los elementos de esenciales. No resisten el peso de la realidad. La fecha planteada para el regreso a clases es el 8 de marzo, luego de los compensatorios y exámenes, que también son presenciales, sin embargo la vacuna para la docencia NO está en la agenda. La burocracia sindical se hizo olímpicamente la distraída sobre este asunto, permitiendo que se impusieran, sin objeción ni resistencia, los primeros días de trabajo presencial en las escuelas. Las condiciones antes de la pandemia subsisten y agravan el cuadro. Derrumbe edilicio, ajuste y desmantelamiento educativo es lo que persiste en la política del Estado. En este sentido, la “Nueva Normalidad” es el agravamiento de la crisis educativa preexistente en conjunción con una pandemia mundial a la que los trabajadores somos empujados. Está en riesgo la salud y la vida de los trabajadores de la educación y en general de toda la provincia, por el previsible aumento de transmisores y focos de contagios. No iniciemos Catamarca, una de las ultimas provincias en infectarse y de las primeras en tratar de imponer el regreso a la presencialidad en 2020, hoy tiene más de 7.000 casos y suma medio centenar de fallecidos. Los casos continúan en aumento y han duplicado las cifras diarias del año pasado. Respecto al estado de las escuelas es calamitoso. La docencia de nuestra provincia ha recorrido un 2020 de lucha, defendiendo el Estatuto y los derechos adquiridos de las reformas del gobierno. Lo propio se hizo frente al desmantelamiento educativo y el traspaso de los IES. Logrando torcerle el brazo al gobierno, se acumuló una experiencia de organización y movilización muy importante. Este 2021 debemos tomar las mejores conclusiones para defender la vida y la salud. La lucha por la no vuelta a clases presenciales es de primer orden. Impulsemos el pronunciamiento masivo de los docentes, padres y alumnos defendiendo la cuarentena escolar y el resguardo de la salud y la vida de toda la comunidad educativa.

21 de febrero de 2021
Chile: profesores y familias por el no inicio
Javiera y El Be

La política de vacunación masiva que lleva a cabo el gobierno chileno para sortear la enorme crisis sanitaria en la que ha caído el país no le ha conquistado a Piñera un atajo para su “vuelta a la normalidad”. Es que el intento del gobierno de volver a las clases presenciales el 1 de marzo, fijado por el Ministerio de Educación el 19 de Noviembre pasado, se encontró con la resistencia del conjunto de la comunidad educativa. Aunque el lunes pasado el gobierno comenzó la vacunación al personal docente, la realidad es que la inmunidad está lejos de haberse alcanzado en un país que lleva récrods de contagios y fallecidos en América Latina. El inicio de clases de Piñera tiene, en apariencia, un carácter voluntario para las familias a cargo de estudiantes primarios y secundarios; sin embargo, aquellos estudiantes que no inicien a tiempo podrán perder el año. En este cuadro, organizaciones gremiales y de madres y padres chilenos de todo el país han llamado a no iniciar las clases este 1 de marzo, como pretende hacer el gobierno de Piñera y su ministro de educación. Madres y padres contra la presencialidad El Ministerio de Educación solicitó a los 9.429 establecimientos escolares del país que presentaran el informe “Plan de Funcionamiento 2021”, que refiere a las condiciones de infraestructura, diseño curricular y presupuesto para higiene y desinfección para dar inicio a la vuelta a clases. Según este informe, sólo el 40% de los establecimientos educacionales chilenos se encuentran en condiciones de volver a clases y recibir a todos sus estudiantes todos los días a partir del 1 de marzo. Sin embargo, el informe nada dice del aumento de casos de Covid-19 que han llegado a 784.000 casos confirmados de coronavirus y supera las 19.600 muertes; ni de que hasta el viernes 19 de febrero sólo se encuentran vacunado con la primera dosis 2,7 millones de un total de 19 millones de habitantes; ni de la resistencia de los docentes, no docentes y familias de esos colegios que considerando lo anterior se oponen al inicio de las clases presenciales. Ese es el caso de la agrupación de Padres y Apoderados de Parinacota de la XV Región, que declararon que “la salud de nuestros hijos e hijas es primordial; por lo tanto exigimos que el regreso presencial a las aulas se desarrolle en un contexto donde los riesgos de contagio sean mínimos, o sea que toda la población esté vacunada en sus dosis correspondientes, y con colegios debidamente equipados para enfrentar la pandemia”. (Fuente: https://www.colegiodeprofesores.cl/noticias/ ) La posición de las familias ha generado presión sobre la dirección del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile (CPCH) (dirigido por el Partido Humanista), obligándolos a endurecer las negociaciones con el gobierno. El presidente del CPCH, Carlos Diaz, apoyó a las familias: “Son los padres y apoderados los que están manifestando su postura ante este absurdo llamado a clases presenciales cuando la pandemia está aumentado en todas las comunas(...). El Ministro de Educación nos invita correr riesgos y poner sobre todo en riesgo la vida y la salud de nuestros niños, niñas y jóvenes; y eso lo rechazamos”. Los nueve puntos del Colegio de Profesores El Colegio de Profesores sostuvo que no hay acuerdo con el gobierno iniciar de las clases presenciales programado para el 1 de marzo. El miércoles pasado entregaron al Consejo Asesor (mesa oficial para evaluar los protocolos de los establecimientos escolares) un plan de nueve puntos que el gobierno debería garantizar para hacer posible el retorno a clases, que luego fue apoyado por distintos especialistas. Los puntos señalan que el retorno a clases presenciales sólo se realice en las comunas que se encuentran en fase 4, que haya un plan de transportes comunal, la vacunación a los miembros de la comunidad escolar incluyendo a los transportistas, que cada escuela tenga un personal de aseo asegurado, que el covid-19 esté incluido dentro del seguro escolar junto con los exámenes PCR y un plan económico tanto para alumnos como docentes con problemas de conectividad. Ante esta presión, los partidos del régimen no han cerrado filas a favor del inicio. Los alcaldes de más de 15 municipios, entre ellos los más grandes del país, se oponen al regreso de clases presenciales para este 1 de marzo, aunque se desmarcan de los docentes y unánimemente plantean fechar el inicio para el 15 de abril (fecha estimada por el gobierno en la que el proceso de vacunación de los trabajadores de la educación ya habría finalizado) sin que esto contemple la ausencia de vacunaciones entre los estudiantes y sus familias. No inicio Tradicionalmente, el calendario laboral de los docentes chilenos comienza en febrero con actividades administrativas, de curriculum, autoevaluación e investigación, y recién en marzo dan inicio a las clases en aulas. Allí donde están más organizados, los docentes no han comenzado con estas tareas. El gobierno lleva a cabo una campaña mediática de presión sobre los trabajadores de la educación, con el argumento de las virtudes de la presencialidad para alumnos y docentes. El ministro de Economía, Lucas Palacios, declaró públicamente que los docentes “buscan no trabajar”, ante lo cual el Colegio de Profesores reclamó su renuncia. El no inicio de clases es un planteo fundamental en defensa de la vida, contra los intereses del capital, en todo el mundo. En Chile, está planteada la cuestión de no inicio y se debate entre docentes y familias de la comunidad educativa. La izquierda chilena, sin embargo, sigue los pasos de sus pares argentinos. El PTR, partido hermando del PTS de Argentina, ha realizado el pasado viernes un “exitoso Encuentro nacional de Profesores y Trabajadores de la educación”, con la participación de “más de 30 docentes” de todo el país. El encuentro sesionó para “discutir y organizar una campaña por un retorno a clases que garantice el derecho a la educación sin arriesgar la salud de los estudiantes, los trabajadores de la educación y sus familias, además de levantar el comando de les docentes candidatos a constituyentes de la lista Trabajador@s Revolucionarios”. La izquierda no se encuentra llamando a la huelga, a pesar de que el tema está sobre la mesa y en boca de todos, tanto del gremio, como de padres y madres, de intendentes y del gobierno. El PTR se limitó a un llamado a “organizarnos como apoderados, trabajadores de la educación y estudiantes, levantando comisiones de higiene y seguridad, para poder exigir nuestros derechos y resguardar la salud de todos. Porque las escuelas se abren con recursos, no con discursos”. El resto de la izquierda también ha repudiado la falta de condiciones para el inicio de la presencialidad, sin hacer campaña en favor del paro docente. Los próximos días serán claves para el desarrollo de la lucha docente. Un no inicio en Chile podría impulsar la lucha de los docentes, estudiantes y familias en otras latitudes del continente. Desde la Tendencia del Partido Obrero desarrollamos una orientación política en favor de esta lucha a nivel internacional.

21 de febrero de 2021
En San Luis, a lo Trump, a lo Bolsonaro

La vuelta a clase presencial impuesta por los gobiernos nacional y provincial con pandemia, sin vacunas y sin reacondicionamiento de las escuelas, provocará la expansión del virus a niveles alarmantes en el corto plazo. Paralelamente, el sistema sanitario que tampoco ha sido preparado para atender masivamente a los afectados por el covid19 provocará una situación similar a la producida intencionalmente en EE.UU y Brasil, donde se dejó actuar al virus para que se produjera una ´selección natural´. “Debemos ser fuertes”, dijo Bolsonaro. Sobreviven aquellos organismos que se pueden defender, dijeron; los otros, mueren. Frente a esta situación, los trabajadores de la educación de San Luis, se encuentran en un impasse debido a la desorganización y el rol de las burocracias de los distintos sindicatos docentes que actúan como chaleco de fuerza maniatando y desorganizando a los docentes. Las burocracias han pactado con el gobierno a espaldas de los trabajadores el inicio de la presencialidad sin tomarse siquiera la molestia de chequear el estado de las escuelas. Para simular una democracia que no pasa de la apariencia, ASDE, apéndice de CTERA, cuyos dirigentes “nacionales y populares” militan la presencialidad, ante la crítica de muchos, armó una asamblea que por el momento solo sirvió para hacer catarsis, puesto que no se resolvió en la misma los pasos a seguir para enfrentar el peligro de un contagio masivo exponiendo a docentes, niños y jóvenes y evitar el traslado de la responsabilidad del estado a los docentes, quienes serán indicados como culpables ante el inminente contagio entre alumnos. El lunes 22 deberán presentarse los docentes para organizar el retorno no planificado por el gobierno que solo ha elaborado con el aval de los gremios un protocolo insignificante e indignante. Es la oportunidad para abrir el debate sobre el estado de las escuelas y debatir sobre la conveniencia de la presencialidad y resolver en consecuencia, teniendo en cuenta las consecuencias de las decisiones que se tomen. Desde Tribuna Docente Tendencia decimos NO a la educación a distancia plasmada en la ley kirchnerista de educación nacional con la que se pretende reemplazar la educación presencial y barrer con la escuela pública, pero ante la grave situación sanitaria, priorizamos preventiva y transitoriamente la salud y la vida de la población, de los trabajadores y familias ya golpeadas por una crisis económica y sanitaria a la que debemos poner freno, organizándonos frente a toda la clase capitalista, privados, Estado, burocracias que nos empujan al abismo. Exigimos que se garanticen conectividad y computadoras a todas las familias y docentes que lo necesiten. Plan de vacunación para todos los trabajadores de la educación. Plan de obras para todas las escuelas.

21 de febrero de 2021
Gobierno de compadres, la patria es mi camarilla

El ‘vacunatorio’ de Ginés es el último tramo de una saga. Los funcionarios del kirchnerismo se vienen vacunando desde que desembarcó el primer Sputnik V en Ezeiza. El ‘pibe’ Kicillof y sus amigos de Salud de la Provincia dieron la voz de partida; hay más de una decena de gobernadores vacunados, como ocurre con los ‘adolescentes’ Bordet y Capitanich. El poder los convirtió en ‘imprescindibles’; sin ellos Argentina desaparece. Metódicos, instalaron una unidad básica vacunatoria para compinches en el Hospital Posadas. Una especie de ‘Corrientes 348, 2° piso, ascensor’. La vicepresidenta no dejó de hacerlo, salteándose la cola de los mayores de 60. Hugo Moyano aprovechó su condición de patrón de la salud para hacer un raid con toda la familia, incluidos los no natos. León Trotsky perdió a su hija por tuberculosis cuando se sometió a la ración de comida prevista para la población en la hambruna de 1921. Diferentes estilos. El relato lo cierra con puntada maestra el montonero de la Aeronáutica, Horacio Verbitsky, para quien nuestro compañero Mariano Ferreyra era “el chico que mataron en Barracas”. El ‘fiscal de la República’ esquivó todos los caminos “sociales y legales” que supo pregonar, porque “la patria” no es otro sino uno mismo. A los ochenta años hizo gala de viveza contando su tropelía en la radio de Roberto Navarro. El mismo camino ha transitado un ilustre progresista del kirchnerismo, Jorge Taiana, y el campechano Eduardo Valdés. Para echar a Valdés de la comitiva que iba a viajar a México, cuenta un diario, Alberto Fernández tuvo que llamar al embajador de Argentina en Washington, Jorge Arguello. En definitiva, una ‘grande famiglia’. El golpe político que ha sufrido este gobierno improvisado por la emergencia política y económica, y por la oportunidad que ofreció una coalición de camarillas diferentes, es inmenso. Dejó al desnudo la calidad moral de una cadena de funcionarios que se califica víctima de una guerra judicial. Los reclamos de indulto y amnistía para los detenidos, casi todos domiciliarios, se fueron al diablo; los rezongos contra la Corte se van a tomar un respiro. Ha sido golpeada una agenda de continuidad en el poder. El impacto sobre el electorado es incuestionable; los encuestadores se están apurando en medir los niveles de daño. Los maestros son obligados a ir a clase sin vacunarse por parte de quienes se vacunan a fuerza de prepotencia. Hasta Trump sale airoso en las comparaciones, porque se topó con el coronavirus sin arroparse en el salvador de la patria que cree que es. Lo ocurrido no es, ni de lejos, una ‘burbuja’ nacional y popular. Las denuncias de acaparamiento de vacunas por parte de grandes capitalistas son moneda corriente en una gran cantidad de países, cuando no en todos debido al amparo del sigilo informativo. La prensa informa, por caso, el aprovechamiento que ha hecho un capitalista marplatense y los Eurnekian. La clase que vive del trabajo ajeno, también explota la vida del prójimo. Esto no atenúa la responsabilidad de los vacunados Vip de Argentina – por el contrario la acentúa, porque los asemeja a todos las sátrapas de la sociedad actual. Bien mirado, asistimos a una suerte de culminación de una gestión capitalista de la pandemia. Al lado de miles de pequeñas empresas que sucumbieron en 2020, probablemente más por la bancarrota económica que dejó el macrismo que por algunas cuarentenas, la pandemia representó un gran negocio. A nivel internacional lo prueba el pico alcanzado por la Bolsa de Nueva York y la onda de operaciones especulativas que permitió la emisión monetaria de la Reserva Federal. A nivel local, la casi totalidad del superávit del comercio exterior se lo llevó el pago de intereses de la deuda y la evasión de divisas. El Ingreso de Emergencia, apenas diez mil pesos, o sesenta a setenta dólares por mes, fue financiado por medio de Leliqs, pases y bonos del Tesoro, a un promedio del 45% de interés anual. Los nac & pop siguen pagando los salarios de grandes empresas, sin que en este caso los enerve el déficit fiscal que eso produce. La clase obrera debe explotar de inmediato esta crisis para hacer avanzar la defensa de la vida, la salud y el trabajo. No a la presencialidad escolar sin vacunas. Aumento general de salarios y jubilaciones para contar con los recursos para hacer frente a la pandemia en términos de protección, vivienda y hábitat. Cierre de toda empresa que registre contagios, sin afectar los salarios. Reposición de los subsidios de emergencia, que no pueden ser inferiores a los 30 mil pesos. Publicidad de todas las listas de pedidos de vacunación, por edad y otros requisitos necesarios. Iniciar causas penales a todos los aprovechadores. Sanción a todos los responsables políticos. Argentina enfrenta de nuevo un punto de quiebre histórico, más amplio y profundo que cualquier otro en el pasado. La pandemia es un acontecimiento histórico y político. Es necesaria una amplia deliberación en la izquierda, el clasismo sindical, las organizaciones sociales y piqueteras independientes, como también de la mujer y la juventud, en un Congreso, para derrotar por completo los planes capitalistas mediante la instalación de un gobierno de trabajadores. VER MÁS SOBRE LA VACUNACIÓN VIP

21 de febrero de 2021
1871 - marzo - 2021: 150 años de la Comuna de París

El “primer gobierno obrero de la historia” fue el producto de la primera crisis / guerra de alcance mundial, provocada por la guerra franco-prusiana, que sacudió a toda Europa y más allá. La guerra franco-prusiana se desarrolló entre el 19 de julio de 1870 y el 10 de mayo de 1871, oponiéndose al Imperio francés y al Reino de Prusia, que recibió el apoyo de la Confederación de Alemania del Norte, de la que formaba parte, y del Gran Ducado de Baden, el Reino de Württemberg y el Reino de Baviera. Bismarck había preparado un poderoso ejército y estaba al tanto de la precaria situación del ejército francés. También sabía que si era atacado por los franceses, tendría el apoyo de los estados del sur de Alemania y, derrotando a Francia, ya no habría ningún obstáculo para su proyecto de unificación de Alemania. Los asesores de Napoleón III le aseguraron que el ejército francés era capaz de derrotar a los prusianos, lo que devolvería la popularidad, en declive, del emperador. Pero poco después de la declaración de guerra, los ejércitos prusianos avanzaron hacia Francia. La efectividad de la ofensiva alemana contrastó con la ineficacia de la movilización militar francesa. Las fuerzas francesas fueron expulsadas de Alsacia, mientras que la división del general François Achille Bazaine se vio obligada a retirarse de Metz. Un ejército encabezado por el propio Napoleón III y el mariscal Patrice Mac Mahon, un veterano de la aventura mexicana del Segundo Imperio, intentó liberar a Bazaine, pero terminó rodeado por Helmuth von Moltke, el jefe militar prusiano, el 31 de agosto, iniciando la batalla de Sedán, que decidió el conflicto. El 1 de septiembre, los franceses intentaron infructuosamente romper el cerco prusiano, y el 2 de septiembre, Napoleón III, Mac Mahon y 83.000 soldados se rindieron a los alemanes; el Emperador fue capturado y humillado, antes de que se dispusiera al ostracismo. La guerra franco-prusiana duró poco y terminó en un desastre para las tropas francesas; el ejército prusiano ha demostrado plenamente su superioridad en liderazgo, táctica, logística y entrenamiento. Las cifras del desastre francés fueron tres mil soldados muertos, 14 mil heridos, más de ochenta mil prisioneros, incluidos 39 generales y el propio Emperador. En “Le Désastre”, Émile Zola resumió el final de la batalla de Sedan: “Mientras un torrente turbio fluía la multitud hacia los fosos de Sedan, haciendo pensar en los montones de barro y piedras que la corriente arrastra desde la cima de las montañas y conduce a la profundidad de los valles... ¿Era posible censurar algo a estos infelices que habían permanecido inmóviles, esperando doce horas consecutivas, bajo los proyectiles de un enemigo invisible y frente al cual se sabían impotentes? Las baterías enemigas ahora los diezmaban desde el frente, desde los flancos y desde la retaguardia; el fuego cruzado se hacía cada vez más denso a medida que el ejército huía en busca de la ciudad. El exterminio, que se produjo en el fondo de la sucia zanja en la que se precipitaba esta masa humana, fue total”. La derrota de Sedan significó, tarde o temprano, la pérdida del ejército refugiado en Metz y en el sitio de París. La ocupación de parte del territorio por las tropas prusianas fue considerada una humillación sin precedentes por parte de la población francesa. La noticia del desastre de Sedan elevó la población de París; el 3 de septiembre estalló un levantamiento popular, que continuó el 4 de septiembre, cuando el pueblo invadió la cámara de representantes, exigiendo la caída del régimen; bajo la presión popular, se derrocó el Imperio, se proclamó la Segunda República, se disolvió la Asamblea Legislativa y se formó un Gobierno de Defensa Nacional. Léon Gambetta (1838-1882), uno de los líderes de la revuelta, fue nombrado ministro del Interior y jefe del gobierno provisional. Con la proximidad de las tropas alemanas, tuvo que salir de París en globo y rápidamente refugiarse en Tours, en el oeste de Francia, donde estableció un gobierno provisional. Las tropas prusianas se movilizaban para atacar París, mientras el nuevo gobierno intentaba negociar con Bismarck, que se mostró inflexible y sólo aceptó el final de la guerra tras la entrega de Alsacia y Metz, donde permanecían las tropas de Bezaine, rodeadas por el ejército prusiano. Sin intentar tomar Metz, las tropas prusianas emprendieron un asedio de cinco meses a la capital francesa, imponiendo un bloqueo de alimentos, hambrunas y bombardeos constantes. En Tours, Gambetta movilizó a más de 600 mil hombres, organizando 36 misiones militares con el propósito de liberar París del sitio prusiano y restaurar la soberanía francesa en su territorio; una a una, las incursiones francesas contra los prusianos fracasaron. En diciembre de 1870, el ejército del Loire se dispersó en Loigny y, en enero de 1871, sufrió una nueva derrota en Le Mans. Otros dos ejércitos franceses, uno del norte y otro del este, fueron repelidos en Saint-Quentin y Suiza respectivamente. En medio de las derrotas se produjo la rendición presentada por el mariscal Bazaine, al mando de 173 mil soldados, en Metz, el 27 de octubre de 1870. La rendición militar de Bazaine fue considerada por Gambetta un acto de traición a la República, lo que le llevó a abandonar el gobierno provisional. Siguió un período de bombardeos en París, y durante 15 días, casas y fortalezas ubicadas en la margen izquierda del río Sena fueron castigadas sin piedad por los pesados proyectiles de la artillería prusiana. La capitulación de París tuvo lugar el 28 de enero de 1871. Los errores militares franceses provocaron una sucesión de derrotas, que llevaron al derrocamiento del gobierno de Ollivier y su ministerio, sacrificados como chivos expiatorios. La mayoría monárquica de la Asamblea Nacional estaba francamente a favor de la capitulación ante Prusia. A pesar de la voluntad de resistencia del pueblo parisino, la Asamblea acabó firmando la paz con los alemanes. Las negociaciones de paz fueron asumidas por la Asamblea Nacional francesa, reunida el 12 de febrero de 1871 en Burdeos. El día 13, Grévy fue nombrado presidente de la República y Adolphe Thiers (1797-1877), político e historiador, ascendió al cargo de director ejecutivo. Al frente del gobierno provisional, Thiers se opuso a continuar la guerra y pasó a negociar la paz en términos prusianos. Las negociaciones de paz comenzaron en Versalles el 21 de febrero y, el día 26, ya se habían firmado los preliminares de paz. El 1 de marzo, las tropas prusianas entraron simbólicamente en París, que ya no ofreció resistencia, y abandonaron la ciudad al día siguiente. En la clase obrera y en el pueblo parisino aumentó el fermento político. ¿Qué era la clase trabajadora francesa en 1870? Se concentraba en grandes fábricas y en algunas regiones, pero la pequeña industria y la artesanía prevalecen numérica y socialmente; Francia siguió siendo un país predominantemente rural. Sin embargo, ya existían grandes imperios industriales: la fábrica de Schneider empleaba a 10.000 trabajadores en la industria metalúrgica de Creusot; Wendel ocupó alrededor de 10.000 en sus acerías en Lorena. Las minas de Anzin ocuparon a más de 10.000 mineros. La concentración fue fuerte en las grandes empresas metalúrgicas, siderúrgicas, textiles y químicas. Las obras navales de París contaron con más de 70.000 trabajadores, la mayoría de la provincia, en un flujo migratorio de enormes proporciones, resultado del proceso de concentración de tierras de años anteriores. En 1866, había oficialmente 4.715.084 personas empleadas en fábricas e industrias, pero solo 1,5 millones de trabajadores trabajaban en empresas con más de diez personas. La concentración industrial había sido rápida durante el régimen bonapartista, pero limitada a algunas ramas industriales y regiones geográficas (París, Norte, Lorena, Bajo Sena y Lyon). De los 37 millones de habitantes de Francia, más de 25 millones eran todavía rurales. Las pequeñas empresas eran la mayoría en la industria. París tenía una población de dos millones de habitantes: la nueva división administrativa, a partir de 1859, los agrupó en 20 distritos (arrondissements) con 442 mil trabajadores en la ciudad en 1866 y 550 mil en 1872. Su número creció, y también su concentración: el número de empleadores disminuyó de 65 mil en 1847 a 39 mil en 1872; la relación jefe / trabajador pasó de 1: 5 en 1847 a 1:14 en 1870: había algunas empresas con miles de empleados. Cail, una metalúrgica, empleó a más de dos mil trabajadores. Gouin (construcción de locomotoras), más de 1.500, así como Gevelot. La mayoría de las empresas metalúrgicas, sin embargo, empleaban de 10 a 50 trabajadores. En las profesiones tradicionales (textiles, zapatos, artesanías) predominaba la pequeña industria artesanal: había tres grandes casas de fabricación de calzado en París. La guerra, incubadora y aceleradora social, precipitó la revolución; Los plazos y ritmos políticos y sociales se habían acelerado. Después de la derrota francesa, Blanqui creó un periódico, La Patrie en Danger, para apoyar la resistencia de Gambetta contra los prusianos. Participó en el motín del 31 de octubre de 1870, ocupando la prefectura de París durante unas horas: por lo que fue arrestado en vísperas de la Comuna en marzo de 1871, condenado a deportación por el gobierno de Adolphe Thiers, fue internado en Clairvaux de edad (66 años). Blanqui vivió en prisión el episodio de La Comuna (los Comuneros intentaron cambiar su libertad por la de varios prisioneros de los revolucionarios, sin éxito). El 4 de septiembre, el mismo día de la proclamación de la Segunda República, la sección de París de la AIT (Asociación Internacional de los Trabajadores – Primera Internacional) celebró una reunión con la Cámara Federal de Sociedades Obreras, que no decidió por el derrocamiento inmediato del gobierno republicano, pero definió la lucha por una serie de demandas, entre ellas la abolición inmediata de la Policía Imperial, la supresión del jefe de policía del gobierno en París, la organización de la policía municipal, la derogación de todas las leyes contra la prensa y contra los derechos de reunión y asociación, el armamento inmediato de los trabajadores y el alistamiento en masa para contrarrestar la ofensiva prusiana. Para garantizar la lucha y vigilar al gobierno, propusieron la formación del “Comité Central Republicano de Defensa Nacional de las Veinte Regiones de París”, que llegó a coexistir con el gobierno, creando una situación de “doble poder”. Las resoluciones de los trabajadores de septiembre anticiparon los acontecimientos inminentes y sentaron las bases para una situación de poder dual en la capital y, potencialmente, en el país. El 28 de enero de 1871, el canciller prusiano Bismarck y Jules Favre, representante del Gobierno de Defensa Nacional francés, firmaron una “Convención sobre el Armisticio y Capitulación de París”. Favre aceptó las humillantes demandas de los prusianos: el pago en dos semanas de una indemnización de 200 millones de francos, la entrega de gran parte de los fuertes de París y la entrega de artillería de campaña y municiones del ejército de París. Adolphe Thiers, jefe de gobierno ("ese gnomo monstruoso que sedujo a la burguesía francesa durante aproximadamente medio siglo porque es la expresión intelectual más acabada de su propia corrupción de clase", en la definición de Marx), dado que París está fuertemente armada, y según el acuerdo con Prusia, ordenó a los soldados franceses que confiscaran todas las municiones de la ciudad. Por el tratado entre Francia y Alemania, firmado en Versalles el 26 de febrero por Thiers y Favre, por Francia, y por el Canciller Bismarck, por Alemania, Francia dio a Alemania Alsacia y Lorena Oriental y pagaría una indemnización de cinco mil millones de francos. El esfuerzo y el superávit nacional francés se verían comprometidos durante más de una década. En París, antes del final del asedio prusiano, se intentó una nueva organización de la Guardia Nacional. La Guardia, en la práctica, era el pueblo armado de París (de 300 a 350 mil hombres en armas desde que se convocó el alistamiento general en 1870, tras las primeras derrotas francesas). Ella nombró a sus oficiales en cada batallón, pero el mando general fue designado por el gobierno. El 15 de febrero de 1871, los delegados de los batallones de 18 barrios parisinos se reunieron en una gran sala parisina. Se nombró una comisión de veinte miembros encargada de redactar un proyecto de estatuto: una declaración de principios reconoció a la “Comuna Revolucionaria de la Ciudad” como único gobierno existente. El Comité de Delegados del barrio redactó una “Declaración de Principios” en la noche del 22 al 23 de febrero de 1871: “Cada miembro del comité de vigilancia declara que pertenece al partido socialista revolucionario. En consecuencia, busca por todos los medios suprimir los privilegios de la burguesía, que se acabe como casta dominante y el poder de los trabajadores. En una palabra, igualdad social. No más patrones, no más proletarios, no más clases (...) El producto integral del trabajo debe pertenecer a los trabajadores (...) Impedirse con todos los medios necesarios, cualquier Constituyente u otro tipo de Asamblea Nacional, antes de que se modifique la base social de este régimen por medio de su liquidación revolucionaria, tanto política como social. A la espera de esta revolución definitiva, no reconoce al gobierno de la ciudad como más que La Comuna revolucionaria formada por delegados de los grupos revolucionarios de la misma ciudad. El gobierno del país reconoce únicamente al gobierno integrado por delegados de la Comuna revolucionaria del país y de los principales centros obreros. Está comprometida a luchar por esta idea y la difundirá, formando, donde no existen, grupos socialistas revolucionarios. Articulará estos grupos entre sí y con la Delegación Central. Pondrá todos los medios a su alcance al servicio de la propaganda de la Asociación Internacional de Trabajadores”. Y concluyó: “No habrá más opresores y oprimidos, no habrá más distinción de clases entre los ciudadanos, no más barreras entre los pueblos. La familia es la primera forma de asociación y todas las familias se unirán en una patria más grande –en esta personalidad colectiva superior, la humanidad”. Luego, el 3 de marzo, una asamblea de delegados de 200 batallones de la Guardia Nacional fundó la Federación Republicana de la Guardia Nacional, votando sus estatutos y nombrando un Comité Ejecutivo. Su Comité Central se constituyó con un programa: “La República, siendo el único gobierno de derecho y justicia, no puede subordinarse al sufragio universal... La Guardia Nacional tiene el derecho absoluto de nombrar a todos sus líderes y revocarlos. En cuanto pierdan la confianza de quien los eligió; sin embargo, [sólo] después de una investigación preliminar dirigida a salvaguardar los sagrados derechos de la justicia”. Al mismo tiempo, se colgó un manifiesto en las calles de la capital: “Somos la barrera inexorable construida contra cualquier intento de derrocamiento de la República. Ya no queremos alienaciones, monarquías, explotadores u opresores de todo tipo que, aun considerando a sus semejantes como de su propiedad, nos hacen servir a sus pasiones más criminales. Por la República Francesa y luego por la República Universal. No más opresión, esclavitud o dictadura de ningún tipo; para la nación soberana, con ciudadanos libres, gobernándose según su voluntad. Entonces, el sublime lema: Libertad, Igualdad, Fraternidad, ya no será una palabra en vano”. [1] En el vientre de la crisis nacional nació la revolución social. París estaba fuertemente armado: unos 500.000 rifles y 417 piezas de artillería de diverso calibre, 146 ametralladoras, 271 cañones. ¿Cómo desactivarlo? ¿Cómo deshacerse de la Federación y su Comité Central? ¿Cómo controlar la Guardia Nacional? El gobierno ya había hecho algunos intentos localizados para quitar los cañones de las manos de la Guardia Nacional, sin otro resultado que irritar a la población que consideraba los cañones como propios: se habían fusionado gracias a suscripciones y donaciones populares. El 17 de marzo, el gobierno hizo un llamamiento a la población parisina, advirtiéndoles contra ciertos “hombres maliciosos” que “robaron cañones del estado”, “se constituyeron señores de parte de la ciudad”, ejercieron su dictadura a través de un “comité oculto”, "destinado a formar un gobierno en oposición al gobierno legal instituido por sufragio universal”; el manifiesto terminaba llamando a los "buenos ciudadanos" a "separarse de los malos". Durante la noche del 17 al 18 de marzo, el gobierno publicó otro llamamiento, de similar contenido, dirigido específicamente a la Guardia Nacional; Al mismo tiempo, emprendió una operación a gran escala, con quince mil soldados, con la misión específica de retomar los cañones guardados en los barrios de Montmartre y Belleville (el “bastión rojo” de París) y en la ocupación de los barrios de Saint-Antoine y Bastille. El gobierno había decidido apropiarse de los cañones que defendían París, provocando una revuelta popular. La población parisina gritó alarma, tomó las calles, rodeó a las tropas que se suponía iban a realizar la tarea; inmediatamente fusilaron a dos generales; bajo presión, las tropas confraternizaron con la gente y se negaron a disparar contra la gente en la calle. Thiers se retiró, con todo su gabinete, al Palacio de Versalles, dejando un vacío de poder. A la medianoche del mismo día, el Comité Central de la Guardia Nacional se reunió en el Hôtel de Ville (sede de la prefectura de París). En apoyo a la negativa de la población parisina a entregar los cañones de Montmartre y a la gran movilización que provocó, se formó un gobierno revolucionario con representantes del barrio de la Guardia Nacional. Su primera proclamación fue a favor de “la abolición del sistema de esclavitud asalariada de una vez por todas”. El Comité Central de la federación de vecinos tomó el lugar de autoridad y se instaló en el edificio del ayuntamiento. En el levantamiento de marzo, las categorías más activas de trabajadores parisinos fueron los de la metalurgia y la construcción, así como los periodistas. Así, la guerra franco-prusiana culminó no solo con la creación de la nación alemana, sino también con la explosión de la Comuna de París. Sus principales medidas, aunque solo en su mayoría esbozadas, pasarían a la historia: la policía fue abolida y reemplazada por la Guardia Nacional, la educación se secularizó, se instituyó la seguridad social, se formó una comisión de investigación sobre el gobierno anterior y, si se decidía trabajar por la “abolición de la esclavitud asalariada”. Con el viaje del 18 de marzo, la revolución iniciada en septiembre de 1870 retomó y profundizó su curso, abriendo una nueva etapa. El Comité Central comenzó por abolir el estado de sitio en la ciudad, abolir los tribunales militares, promulgar una amnistía general para los delitos políticos y la liberación inmediata de los prisioneros, restablecer la libertad de prensa, nombrar jefes de gobierno y servicios administrativos y militares esenciales. En su proclamación del 18 decía: “Los proletarios de la capital, en medio de las faltas y traiciones de las clases dominantes, comprendieron que había llegado el momento de salvar la situación asumiendo la dirección de los asuntos públicos. [...] comprendió que era su deber imperativo y su derecho absoluto tomar las riendas de su destino y asegurar su triunfo conquistando el poder”. El 19 de marzo se fijaron las elecciones para la Comuna para el 22. El Comité Central de la Guardia Nacional, políticamente, estaba formado básicamente por “blanquistas”, miembros de la AIT, básicamente “orgullosos” y personas no afiliadas políticamente: “El carácter de clase del movimiento de París, que antes había sido relegado a Trasfondo debido a la lucha contra invasores extranjeros, se desarrolló a partir del 18 de marzo con líneas fuertes y claras. Dado que los miembros de la Comuna eran todos, casi sin excepción, trabajadores o representantes reconocidos de los trabajadores, sus decisiones se distinguían por un marcado carácter proletario. Estas decisiones promulgaron reformas a las que la burguesía republicana sólo había renunciado a implementar por cobardía, y constituyeron una base indispensable para la libre acción de la clase obrera (como, por ejemplo, la implementación del principio de que, en lo que respecta al Estado, religión es un asunto puramente privado) o fue directamente al interés de la clase trabajadora y, en parte, abrió profundas brechas en el antiguo orden social”. [2] Se proclamó la Comuna de París, como en el apogeo de la Revolución Francesa a fines del siglo XVIII: fue el punto de inflexión del movimiento proletario organizado en Europa, y fue una prueba de fuego para la Asociación Internacional de Trabajadores, que jugó un papel destacado desde los primeros momentos. El nombre “Comuna” tiene sus raíces en la Revolución Francesa; ya había existido una Comuna de París entre 1789 y 1795, bajo el control político de los jacobinos, una Comuna que se había negado a obedecer las órdenes del gobierno central después de 1792, y había sido la base de la dictadura revolucionaria del partido de Robespierre. La Comuna de 1871 era heterogénea: los patriotas (nacionalistas) se unieron a ella con la esperanza de que la Comuna reanudara la guerra contra los alemanes. También apoyó a los pequeños comerciantes amenazados con la ruina si no se suspendía el pago de facturas y rentas (lo que concedía la Comuna). Los republicanos también simpatizaron inicialmente con la Comuna, temiendo que la reaccionaria Asamblea Nacional restableciera la monarquía. Sin embargo, el papel fundamental en el movimiento lo jugaron los trabajadores. La Comuna de 1871, sin embargo, nació asediada por las tropas prusianas, lo que hizo urgente y necesario distribuir alimentos, dinero y armas. El Comité Central de la Guardia Nacional lanzó un llamamiento general el 25 de marzo: “Nuestra misión ha terminado. Cederemos el lugar en el Hôtel de Ville a nuestros recién elegidos, nuestros representantes regulares”. En el distrito 11 de París, se formó un Comité Central Republicano, que presentó un programa más definido: derecho a la vida, libertad individual, libertad de conciencia, libertad de reunión y asociación, libertad de expresión, de prensa y de todas las formas de expresión del pensamiento, libertad de sufragio: “El Estado es el pueblo que se gobierna a sí mismo, compuesto por representantes revocables, elegidos por sufragio universal directo y organizado. El trabajo colectivo debe ser organizado, el propósito de la vida es el desarrollo indefinido de nuestro ser físico, intelectual y moral; la propiedad no debe ser más que el derecho de cada uno a participar, por cooperación individual, en el fruto colectivo del trabajo de todos, que es la forma de la riqueza social”. El 29 de marzo, La Comuna suprimió el servicio militar obligatorio y diferenciado: “Todos los ciudadanos válidos son parte de la Guardia Nacional”; se extinguió el ejército profesional permanente, reemplazándolo por el pueblo armado. El 2 de abril abolió el presupuesto de servicios y decretó la separación de la Iglesia y el Estado, “considerando que la libertad de conciencia es la primera de las libertades; y que el clero ha sido cómplice de los crímenes de la monarquía contra la libertad”. Suprimió el juramento político-profesional que debían prestar los funcionarios públicos y, “considerando que su bandera es la de la República Universal”, reconoció los derechos políticos de los extranjeros, que eran numerosos entre sus miembros (el húngaro Frankel, los polacos Dombrowski y Wrobleski, el italiano Cipriani), presentes y activos en el París revolucionario; algunos incluso fueron elegidos para la propia Comuna. La Comuna no descuidó lo simbólico: derrocó la Columna Vendôme (cuyo bronce provenía de los cañones arrebatados al enemigo por Napoleón I) porque era “un símbolo del chovinismo y del odio contra los pueblos”; sustituyó la bandera republicana tricolor por la bandera roja, quemó la guillotina y decidió demoler la Capilla Expiatoria erigida en memoria del rey Luis XVI (depuesto y ejecutado por la Revolución Francesa). En el ámbito social, La Comuna comenzó (por decreto de 2 de abril) fijando el límite salarial de los funcionarios y miembros del gobierno en seis mil francos anuales, equiparándolo con el salario de los trabajadores; también prohibió la acumulación de posiciones; un decreto del 20 de abril prohibió el trabajo nocturno en las panaderías, otro, del 27 de abril, prohibió, tanto en las empresas privadas como en la administración pública, las multas y deducciones sobre los salarios de los trabajadores. La Comuna anuló el decreto del Parlamento que, a principios de marzo, había terminado las moratorias sobre alquileres y contratos comerciales; considerando “justo que los propietarios asumieran su parte de los sacrificios”; el decreto del 30 de marzo suprimió total y generalmente las rentas para el período comprendido entre octubre de 1870 y abril de 1871; otro decreto, de 17 de abril, otorgó una moratoria hasta el 15 de julio de los contratos comerciales vencidos y un plazo de pago de tres años. Un decreto de 7 de mayo obligaba a la Caixa de Penhores a devolver gratuitamente determinados objetos (ropa, muebles, libros, etc.) e instrumentos de trabajo pignorados (entre el 12 y el 25 de mayo se devolvieron 41.928 artículos, por un total de 323.407.80 francos). Finalmente, cabe señalar que, el 16 de abril, se promulgó un decreto que obligó a la reapertura y funcionamiento de los talleres y fábricas abandonados por sus dueños; se estudió cómo hacer factible su entrega a los trabajadores organizados en cooperativas: “se brindó una indemnización a los propietarios; aun así, fue una especie de ataque a la propiedad individual, y hay que admitir que la Comuna dio entonces un paso hacia el comunismo”[3]. Las elecciones para la Comuna se realizaron el 26 de marzo, obedeciendo a la democracia directa en todos los niveles de la administración pública: representantes revocables en cualquier momento, constituyendo un gobierno a la vez legislativo y ejecutivo, con mínima burocracia. Se eligieron 86 representantes vecinales para La Comuna, de los cuales solo 25 eran en realidad trabajadores manuales. La Comuna, sin embargo, era un organismo proletario: en las elecciones, la abstención en los barrios burgueses superaba el 60%. Sus miembros electos formaron un solo colectivo sin presidente. Se dividieron en nueve comisiones, que reproducían los antiguos ministerios; cada uno eligió un delegado al gobierno. Diariamente, los batallones de la Guardia Nacional y una multiplicidad de cuerpos y colectivos que surgieron (incluida una Unión de Mujeres creada el 8 de abril, que jugó un papel fundamental en la defensa de la Comuna y en el inicio de la construcción de la educación laica y universal) llevó a cabo las determinaciones de la Comuna. La Comuna era una forma de estado “expansiva” (el estado abierto a toda la sociedad), que permitía liberar las energías y la creatividad de la sociedad. Entre sus medidas, contenidas en la “Proclamación de la Comuna a los Trabajadores de París”, estaban: la organización de consejos de trabajadores en las fábricas abandonadas por los patrones para que sigan produciendo; reducir la jornada laboral a diez horas; la elección de la dirección de las fábricas por los trabajadores; Reforma educativa. Karl Marx lo caracterizó como un régimen político proletario, señalando sus características esenciales: la elegibilidad y revocación permanente de todos los representantes políticos, su salario no excede el salario de un trabajador calificado (es decir, la supresión de la burocracia estatal o civil), la supresión de cuerpos militares represivos y permanentes y su sustitución por el armamento general de la población (la supresión de la casta militar). Todas las antiguas autoridades fueron abolidas: jueces, juzgados, alcaldía, policía, estableciendo la gestión popular de todos los medios de vida colectivos, así como todo lo necesario para la supervivencia, así como los servicios públicos, fueron declarados libres. Los suelos en general fueron expropiados: la vivienda sería un derecho de todos, se ocuparon residencias secundarias en desuso, se declararon libres los medios de transporte. Las calles pasaron a ser propiedad de los peatones, los vehículos solo se podían utilizar en las regiones periféricas de la ciudad. Disminuyó la jornada laboral, se abolió el sistema de multas aplicado a los trabajadores, se instauró la jubilación a los 55 años. El 16 de abril, un decreto proclamó: “La Comuna de París: considerando que varias fábricas fueron abandonadas por sus patrones para escapar de las obligaciones cívicas y sin tener en cuenta los intereses de los trabajadores; que, debido a este abandono cobarde, se interrumpen numerosos trabajos esenciales para la vida comunitaria y se compromete la existencia de los trabajadores; Decreto: Se convoca a las cámaras sindicales de trabajadores a constituir una comisión cuyo objetivo es: 1) Hacer una estadística de las fábricas abandonadas y un inventario exacto del estado en el que se encuentran y las herramientas de trabajo existentes; 2) Presentar un informe sobre la rápida activación de estas fábricas, ya no por los desertores que las abandonaron, sino por la asociación cooperativa de trabajadores empleados en ellas; 3) Desarrollar un proyecto para la formación de sociedades cooperativas de trabajadores; 4) Constituir un jurado para fundamentar en estatuto, para cuando vuelvan los patrones, las condiciones para el traspaso definitivo de estas fábricas a las sociedades obreras y la indemnización que debe pagarse a los patrones”. “El decreto tenía por objeto buscar organizaciones de trabajadores para algunas fábricas donde pudieran iniciar el movimiento (de socialización)” [4]. El 24 de abril, el delegado de la Comisión de Trabajo y Cambios, Léo Frankel, de la AIT, convocó a una reunión de representantes sindicales. El día 25 se convocó al sindicato que lideraría el movimiento, los metalúrgicos. Otros sindicatos respondieron al llamado (el 4 de mayo, justo antes del final de la Comuna, se formó un comité ejecutivo permanente de los sindicatos). Pese a la corta duración del experimento, la operación tuvo importantes resultados: se decomisaron una decena de fábricas, sobre todo en zonas que eran de interés para la defensa militar, con recuperación de armas, fabricación de cartuchos y balas de cañón. Cinco empresas habían realizado un censo de las fábricas antes de la confiscación. La Comuna también tenía a su disposición los establecimientos pertenecientes al Estado (la Casa da Moneda, la Imprenta Nacional, los servicios de mantenimiento de la vía pública, la fabricación de tabaco, algunas empresas de fabricación de armas) y había confiado su gestión a sus trabajadores. Los sindicatos se estaban reorganizando: “Lo que paralizó los sindicatos fue su desorganización tras la represión del fin del Imperio y el asedio de París. Sólo quedaron tres sindicatos fuertes: metalúrgicos, sastres, zapateros. El sindicato metalúrgico, uno de los más influyentes y numerosos, con cinco o seis mil afiliados, controlaba 20 plantas de recuperación y fabricación de armas, una por barrio, la más importante de las cuales eran los talleres del Louvre. En vísperas de la derrota, los metalúrgicos intentaron apoderarse de una de las fábricas metalúrgicas más grandes de la capital, la fábrica Barriquand, que había sufrido violentas huelgas durante el Imperio. Alrededor de un núcleo sólido de fábricas, algunas con más de 100 trabajadores, los metalúrgicos pensaron hacerse con el control de la producción. Los sastres obtuvieron preferencia sobre las empresas privadas de La Comuna y, en mayo, tenían el monopolio de la ropa de la Guardia Nacional para sus fábricas. Los zapateros no tuvieron la misma oportunidad: Godilot ostentaba el monopolio de la fabricación de zapatos para La Comuna, lo que impidió la desamortización de su empresa, pero generó violentas protestas en el gremio. Los otros gremios fueron menos activos y más pequeños, excepto acero, gráficos, cerrajeros. La Comuna fue un momento de intensa recuperación sindical, con el apoyo de la Comisión de Trabajo y Cambio. Se organizaron, siempre para confiscar y administrar la producción: papeleras, cocineras, cafeteras y porteadores” [5]. La revolución generó un movimiento para gestionar la producción, a través de la gestión obrera. Aquí están los principales artículos del reglamento interno de los trabajadores de la fábrica de armas del Louvre (donde hubo una disputa de gestión con un director autoritario designado por La Comuna): “Art. 1. La fábrica está bajo la dirección de un delegado de La Comuna. El delegado para la dirección será elegido por los trabajadores reunidos y revocable siempre que no cumpla con su deber; Art. 2. El director de la empresa y los jefes de sector también serán elegidos por los trabajadores reunidos; será responsable de sus actos y también revocable [...] Art. 6. Se requerirá que un consejo se reúna todos los días, a las 5 de la mañana, con media hora de tolerancia, para decidir sobre las acciones del día siguiente y en las relaciones y propuestas realizadas, bien por el delegado de la dirección, bien por el director de la empresa, el jefe de sector o los trabajadores delegados. Art. 7. El consejo está formado por el delegado de la dirección, el titular de la empresa, los responsables del sector y un trabajador por cada sector, elegido como delegado. Art. 8. Los delegados son renovables cada 15 días; la renovación se hará a la mitad, cada ocho días, y por función. Art. 9. Los delegados deben informar a los trabajadores; serán sus representantes ante la junta directiva y deberán tomar sus observaciones y demandas. (...) Art. 13. La contratación de trabajadores seguirá lo siguiente: a propuesta del titular de la empresa, el consejo decidirá si existen vacantes para contratar a los trabajadores y determinará los nombres. Todos los trabajadores pueden presentar candidatos para las vacantes. La junta será la única que realizará la evaluación. Art. 14. El despido de un trabajador sólo puede producirse por decisión de la junta, con informe del titular de la empresa. Art. 15. La duración de la jornada se fija en diez horas”. La Comuna introdujo reformas sociales y políticas radicales: 1. Se extinguió el trabajo nocturno; 2. Se reabrieron los talleres cerrados para la instalación de cooperativas; 3. Se expropiaron y volvieron a ocupar residencias vacías; 4. En cada residencia oficial se instaló un comité para organizar la ocupación de viviendas; 5. Se han abolido todos los descuentos salariales; 6. Se redujo la jornada laboral, e incluso se propuso el trabajo de ocho horas; 7. Se han legalizado los sindicatos; 8. Se instituyó la igualdad de género; 9. Se diseñó la gestión de fábrica de los trabajadores (sin embargo, sin implementarla plenamente); 10. Se ha abolido el monopolio de la ley por los abogados, el juramento judicial y los honorarios; 11. Los testamentos, las adopciones y la contratación de abogados pasaron a ser gratuitos; 12. El matrimonio se volvió libre y simplificado; 13. Se abolió la pena de muerte; 14. El cargo de juez pasa a ser electivo; 15. Se adoptó nuevamente el calendario revolucionario de 1793; 16. El Estado y la Iglesia fueron separados; la Iglesia ya no está subvencionada por el Estado; Los bienes sin herederos son confiscados por el estado para el bien público; 17. La educación se volvió gratuita, laica y obligatoria. Se crearon escuelas nocturnas y todas las escuelas se convirtieron en mixtas; 18. Se eliminaron imágenes sagradas y se crearon sociedades de discusión en las iglesias; 19. La Iglesia de Brea, erigida en memoria de los hombres involucrados en la represión de la Revolución de 1848, fue demolida, el confesionario de Luis XVI y la columna Vendôme también; la bandera roja fue adoptada como símbolo de la “unidad federal de la humanidad”. Marx concluyó que se estaba produciendo la transición a un nuevo tipo de estado, caracterizado por su tendencia a la extinción, es decir, que “la clase obrera no podía limitarse a tomar como existía la maquinaria estatal y hacerla funcionar en beneficio propio” ya que debe destruir esta maquinaria mediante la implantación de la “forma política finalmente encontrada de la dictadura del proletariado”: “La Comuna debe ser, no un órgano parlamentario, sino un cuerpo activo, ejecutivo y legislativo al mismo tiempo”. Lenin resumió, en El Estado y la Revolución: “La Comuna parece sólo reemplazar la maquinaria del Estado que destruyó con una democracia más completa: supresión del ejército permanente, elegibilidad y revocabilidad de todos los empleados sin excepción. Sin embargo, en realidad, esto solo representa la gigantesca sustitución de determinadas instituciones por otras de un tipo absolutamente diferente. Se trata precisamente de transformar cantidad en calidad: llevada a cabo de la manera más completa y consecuente imaginable, la democracia burguesa se ha convertido en democracia proletaria; el Estado (fuerza especial para la represión de una clase específica) se ha convertido en algo que ya no era un Estado mismo”. En La Comuna había delegados radicales, moderados y conservadores; la mayoría no siguió ninguna línea de partido; los “líderes” consumieron un tiempo precioso en interminables discusiones, cuando lo más urgente hubiera sido actuar contra la movilización de los soldados de Thiers en Versalles: según su principal cronista, en defensa sólo de “legislación insignificante, sin plan militar, sin programa, dejándose arrastrar a discusiones en las que no se decide ni se hace nada” [6]. Las iniciativas de los miembros de la AIT marcaron los pasos de la revolución, pero en la elección interna de La Comuna quedaron en minoría. Los miembros de las secciones parisinas de la Internacional que formaban parte de la Comuna eran Assi, Avrial, Beslay, Chalain, Clémence, Lefrançais, Malon, Pindy, Theisz, Vaillant, Amouroux y Géresme. A estos se sumarían otros electos en el transcurso de La Comuna, como Serrailler. La "mayoría" en la Comuna recayó en los partidarios de Blanqui: el "Partido Blanquista" era una realidad, organizado en "secciones", según la tradición jacobina-radical de la Primera República: “Los miembros de la Comuna estaban divididos en una mayoría, los blanquistas, que predominaban en el Comité Central de la Guardia Nacional, y una minoría, miembros de la Asociación Internacional de Trabajadores, que integraban la escuela socialista formada predominantemente por simpatizantes de los proudhonianos” [7]. Edouard Vaillant, responsable de la educación de La Comuna, era miembro del “Partido Blanquista” (sin embargo, según Engels, “conocía el socialismo científico alemán”). Los blanquistas, que no formaban parte de la AIT, eran desde un principio mayoría en el Comité Central de la Guardia Nacional, y habían buscado derrocar al gobierno burgués de Trochu y, más tarde, de Thiers. Dos veces antes del 18 de marzo de 1871, en octubre de 1870 y enero de 1871, habían organizado levantamientos infructuosos. Los blanquistas cultivaron una teoría conspirativa y “vanguardista” de la revolución, encontraron al proletariado incapaz de desarrollar, bajo el dominio del capital, la necesaria conciencia de clase, y por eso pensaron que la revolución sería dirigida en un principio por la dictadura de un pequeño grupo de revolucionarios dedicados, en la línea de los jacobinos de la Revolución Francesa. ¿Por qué los blanquistas eran la corriente “hegemónica” en la Comuna, siendo esto una negación de sus prácticas conspirativas? Porque, manteniendo una organización clandestina y cohesionada de militantes disciplinados y dedicados, los blanquistas pudieron, ante La Comuna, realizar una amplia labor de difusión revolucionaria en el proletariado, incluso en las condiciones represivas del régimen de Napoleón III, y forjaron un conjunto de luchadores se conocían y fueron reconocidos por otros trabajadores por su honestidad y abnegación. Este grupo de militantes pudo, cuando se estableció la situación revolucionaria, tomar decisiones rápidas y decisivas, en sintonía con el estado de ánimo general. La conexión concreta y viva con la vida de la clase terminó por suplir las debilidades de su ideología. Lo mismo puede decirse de los seguidores de las ideas de Proudhon, que eran mayoría entre los miembros de la AIT, y que cultivaron las ideas económicas mutuas de su mentor, una especie de socialismo de pequeños productores, pero que acabaron impulsando en la práctica medidas que de una economía colectivista gestionada por asociaciones proletarias. Para Engels, “los proudhonianos fueron los principales responsables de los decretos económicos de La Comuna, tanto por sus aspectos gloriosos como ignominiosos, como los blanquistas, por sus acciones y omisiones políticas. Y, en ambos casos, quiso la ironía de la historia -como siempre, cuando las doctrinas toman el timón del barco- de que cada una de ellas haría lo contrario de lo que prescribía su doctrina”: los blanquistas, “educados en la Escuela La conspiración, unida por la férrea disciplina que le corresponde, partía de la concepción de que un número relativamente pequeño de hombres decididos y bien organizados podrían, en un determinado momento favorable, no sólo asumir la dirección del Estado, sino también, mediante la dinamización de una gran e implacable energía, manteniéndola el tiempo necesario, hasta que lograran arrastrar a la masa del pueblo a la revolución, agrupada en torno al pequeño grupo gobernante. Para eso sería indispensable la más severa y dictatorial centralización de todo el poder en manos del nuevo gobierno revolucionario”. Y, “¿qué hizo la Comuna, cuya mayoría estaba compuesta precisamente por estos blanquistas? En todas sus proclamas, dirigidas a los franceses en la provincia, pedían la formación de una Federación Libre de todas las comunas francesas con París, para la formación de una organización nacional que, por primera vez, debía ser verdaderamente creada por la propia nación. Precisamente el poder opresivo del gobierno centralista existente - las fuerzas armadas, la policía política, la burocracia, creado por Napoleón en 1798 y que, desde entonces, han sido asumidos por todos los nuevos gobiernos como instrumentos para ser utilizados contra sus oponentes - precisamente este poder sucumbiría por todos lados, como ya había sucumbido en París”. Otro sector de la AIT se dio cuenta de las características únicas de La Comuna, así como de sus debilidades. Marx registró sus conclusiones en su mensaje al Consejo General de la AIT, La Guerra Civil en Francia, escrito en el fragor de la revolución y publicado en junio de 1871. Der Bürgerkrieg in Frankreich (edición alemana) fue escrito con el objetivo de difundir entre los trabajadores de todos los países la comprensión del carácter y significado de La Comuna. La Comuna de 1871 marcó el nacimiento de un nuevo tipo de revolución social, cuyo objetivo era destruir el estado burgués y disolver la sociedad de clases. El ‘Estado Comuna’ sería un Estado en proceso de autodisolución: “Contra la opinión contemporánea de sus enemigos conservadores, la Comuna de París de 1871 no fue solo un levantamiento de las masas descontentas del proletariado y la pequeña burguesía, condicionadas por las críticas circunstancias de la capital francesa. Como los movimientos paralelos de Lyon, Saint-Étienne y Marsella, La Comuna tenía un carácter marcadamente revolucionario y aspiraba a una transformación total de la organización social y política de Francia” [8]. ¿Fue La Comuna, por su composición social mayoritaria, una revuelta “artesanal” y de comerciantes, una revolución “plebeya”, la última revuelta de los estratos sociales destinada a desaparecer por el desarrollo capitalista, o el último paso del ciclo revolucionario democrático que experimentó su esplendor en los siglos XVII y XVIII? O “no una acción orientada a fines específicamente proletarios, sino los últimos dolores agonizantes del torturado patriotismo jacobino” [9]. El escenario social francés de 1870 no era el de 1789: “a fines de la década de 1820, el Ouvrier había reemplazado la orientación pequeñoburguesa sans-culotte como principal protagonista de la protesta social, y los asalariados, incluso los que trabajaban como compagnons en los pequeños talleres, ya no estaban tan atados a las cuerdas del delantal de sus maestros artesanos”. Para los revolucionarios de 1848 (y, más acertadamente, los de 1871) “en el vocabulario francés de la época (aunque tal vez no el nuestro) es razonable llamarlos prolétaires... A pesar del lento crecimiento de las fábricas en París, ahora se consideraban proletarios, no más oyentes, mucho menos sans-culottes. El capitalista, como antítesis del proletario, era el enemigo” [10]. Las limitaciones políticas de La Comuna se evidenciaron por el hecho de que rehuyó hacerse cargo del Banco Central de Francia, limitándose a pedir dinero prestado, mientras que el gobierno de Thiers siguió usándolo en silencio: “En esas arcas hay 4,6 millones de francos” - lamentó Lissagaray - "pero las llaves están en Versalles; dada la tendencia del movimiento a la reconciliación con los alcaldes, nadie se atreve a romper cerrojos y cerraduras”. El allanamiento de las arcas también podría verse como una apropiación indebida de los depósitos de los campesinos, cuyo apoyo buscaba La Comuna. La Comuna vaciló y retrocedió para dar su paso decisivo: superar la legalidad republicana y reprimir la propiedad privada burguesa, sin la cual, sin embargo, sería imposible “abolir la esclavitud asalariada”. La experiencia revolucionaria parisina duró poco; dos meses después de su establecimiento, fue destruida de manera violenta y salvaje, arrastrando en su derrota los incipientes intentos de organizar comunas en otras ciudades y regiones francesas [11]. Bibliografía utilizada: [1] Nicole Priollaud. 1871: la Comuna de París. Texte Réunis. París, Levi y Messinger, 1983. [2] Friedrich Engels. La guerra civil en Francia, introducción de 1891. En Osvaldo Coggiola (org.) Escritos sobre la Comuna de París. São Paulo, Chamán, 2003. [3] Georges Bourgin. La Commune 1870-1871. París, Les Éditions Nationales, 1939. [4] Jacques Rougerie. Dix-Huit Cent Soixante et Onze. Jalons pour a histoire de la Commune de Paris. París, Presses Universitaires de France, 1972. [5] Jacques Rougerie. Paris Libre 1871. Paris, Seuil, 1971. [6] Prosper-Olivier Lissagary. Histoire de la Commune de 1871. París, François Maspéro, 1983. El libro, publicado en 1876, tenía como objetivo combatir “las mentiras y calumnias burguesas” que siguieron a la supresión de la Comuna. [7] Friedrich Engels. Op. Cit. [8] Hans Mommsen. Comuna de París. En: C. D. Kernig. Marxismo y democracia. Historia 2. Madrid, Rioduero, 1975. [9] Leopold Schwarzschild. El Prusiano Rojo. La vida y la ley de Karl Marx. Buenos Aires, Peuser, 1956. [10] George Rudé. Ideología y protesta popular. Río de Janeiro, Zahar, 1982. [11] Jeanne Gaillard. Communes de Province, Commune de Paris, 1870-1871. París, Flammarion, 1971.

22 de febrero de 2021
La indignación juvenil estalla por la detención de Pablo Hasél

La evolución represiva del régimen de la transición se sigue profundizando. La última expresión de este proceso es la detención del cantante de Rap Pablo Hasél el pasado martes en la universidad de Lérida en la que se había refugiado arropado por simpatizantes. Hasél acumula condenas por enaltecimiento del terrorismo, de las cuales ya ha cumplido nueve meses, y ahora ha sido detenido por negarse a pagar una multa de 38.000 euros impuesta por un juzgado por injurias a la corona y a las instituciones del estado. Una vez detenido, la Audiencia Provincial de Lérida lo ha condenado además por agredir un testigo en otro juicio. El gobierno por su parte ampara al ex jefe del estado, el rey emérito, que descansa en los Emiratos mientras salen a la luz una tras otra sus prácticas corruptas y la policía se dedica a reprimir a mansalva las protestas vecinales contra la actuación de las fuerzas del “orden”. La detención del rapero ha provocado una ola de indignación entre la juventud que ha salido a la calle en varias ciudades de España en movilizaciones de considerable entidad. Una parte importante de la juventud se identifica con las canciones de Hasél entre otras cosas porque es el sector más castigado de la sociedad española con un índice de paro del 41% mientras la media en Europa es del 14%. El efecto de la pandemia y el empobrecimiento que ha supuesto para las familias de los trabajadores, está además expulsando a los estudiantes más humildes de los colegios y las universidades, sin recursos para las clases remotas y sin becas para estudio. La base rompe con Podemos Las movilizaciones juveniles ponen además de relieve la creciente ruptura de Izquierda Unida y de Podemos con su base, los jóvenes que creyeron en sus promesas de asaltar los cielos. La simpatía por el rapero va de la mano de sus letras que son lapidarias hacia los políticos institucionales, incluida la pretendida izquierda del Gobierno, Unidas Podemos. No en vano el voto a UP cae con cada elección. La rebelión juvenil ha tirado por la ventana la afirmación de que “aquí no pasa nada”y pese a carecer de una dirección clara va dirigida contra el gobierno y contra el poder. Los juzgados han pretendido, como es norma en España, marcar la agenda política castigando a un artista rebelde que denuncia al sistema y a la monarquía en un momento de extrema debilidad de la corona española acosada por la corrupción. Es un intento de hacer valer los objetivos que la derecha no logra imponer por su debilidad, pero ante la cual el gobierno retrocede permanentemente. Un retroceso que se explica por su coincidencia en la defensa del régimen político de la transición y los intereses de los capitalistas ante el temor a un estallido social que haga temblar los cimientos del estado. El fin de semana que precedió a la detención de Hasél tres policías dieron una descomunal paliza a un parroquiano en un bar de la ciudad de Linares en la provincia de Jaén que estaba en compañía de su hija menor de edad. Represión en Linares La población de ese barrio de Linares salió a la calle en protesta por el atropello policial y las fuerzas antimotines desencadenaron una feroz represión sobre los vecinos movilizados. En la agresión policial se utilizó fuego real. Una semana antes un grupo de 200 músicos, artistas e intelectuales se movilizaron y solicitaron al gobierno la derogación de la legislación represiva que consideran que es el instrumento mediante el cual se persigue a músicos y artistas. Se trata de la famosa “ley mordaza” que penaliza la libertad de opinión y aplica severas penas. El estado español ha perdido multitud de juicios ante el Tribunal Europeo de Justicia que ha obligado al Tribunal Supremo a rectificar doctrinas ya establecidas en España por anticonstitucionales y opuestas a la democracia y a la libertad de expresión. La iglesia y sus ramificaciones civiles es uno de los grandes promotores de cualquier expresión de arte independiente y de crítica a la religión reflejada en procesos por blasfemia contra artistas e intelectuales. El Gobierno de coalición no quiere llevar adelante la despenalización de la libertad de expresión mediante la derogación de la Ley Mordaza que formaba parte de su programa electoral. Tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias han olvidado ese compromiso electoral. Lo que determina su conducta es el temor a un desborde de las luchas ahora dispersas y preservan por ello los mecanismos represivos. Los hechos demuestran que el programa electoral del gobierno fue un engaño porque jamás tuvieron la intención de derogar las leyes represivas, la reforma laboral o las de las pensiones o proceder a la liberación de los presos políticos, muchos de ellos por opinar. El papel del «ala izquierda» Queda claro que la cooptación para el Gobierno de UP no es más que un intento de reforzar el control de los trabajadores y la juventud. En este contexto las afirmaciones de los ministros de Unidas Podemos que critican la calidad democrática de España es una verdadera tomadura de pelo. Las críticas de sus miembros en el Gobierno para lo único que sirven es para despertar la ilusión de que la presencia de esa ala izquierda opere algún cambio en la política del consejo de ministros. Es decir funcionan como elemento que promueve la resignación ante el Gobierno y la pasividad frente a su política. Las movilizaciones de los vecinos de Linares y de los jóvenes tienen un hilo conductor, el rechazo a la política de represión con la cual el estado burgués pretende mantener en pie el sistema de explotación de los trabajadores. Mientras tanto la Delegación del Gobierno en Madrid autorizó un acto en homenaje de los Caídos de la División azul, el cuerpo expedicionario enviado por el régimen de Franco para acompañar a las tropas de Hitler en su invasión de la Unión Soviética durante la segunda guerra mundial. En ese acto se hizo una alabanza de la gesta Nazi y se consumó una apología del antisemitismo. Ahí no hubo represión. Sí hubo un sacerdote que se dirigió a la concurrencia ante el monumento en homenaje a los caídos la División Azul en el cementerio de la Almudena. Adaptación a la derecha Este encadenamiento de los hechos demuestra a las claras que el Gobierno se adapta a las presiones de la derecha, deja a la luz que su programa electoral era decorativo, y carece de la voluntad de derogar nada porque el plan de nuevos ajustes sumado al caos social generado por la pandemia hacen imprescindibles las leyes represivas para contener el descontento. Si realmente quisiera hacerlo cuenta con los votos necesarios en el Congreso. Las plataformas sociales influenciadas por Unidas Podemos, el socio de gobierno del PSOE, han intentado por todos los medios mantenerse al margen de la lucha contra esta ofensiva represiva. La Coordinadora de Pensionistas (Coespe oficial) intentó postergar cualquier acción en contra de la detención y persecución política de Hasél. La plataforma de pensionistas se queja de forma sistemática de que la juventud no se moviliza en defensa de las pensiones y deja en el aislamiento al movimiento pensionista. Una afirmación falsa porque en la época de las grandes movilizaciones de los pensionistas contra el gobierno del PP el movimiento estudiantil organizado tuvo una decidida participación. Pero ahora que los jóvenes se movilizan por derechos democráticos elementales, las organizaciones de pensionistas intentan mirar para otro lado para preservar al gobierno del cual UP forma parte. Pero bajo la presión de los acontecimientos algunas plataformas ya han comenzado a pronunciarse por la libertad de Hasél y por la derogación de la ley Mordaza. Los presos del Procés Un antecedente esencial de este cuadro de avance represivo es la condena a prisión de los dirigentes políticos y sociales catalanes tras la convocatoria del referéndum el 1 de octubre de 2017. Las condenas a los presos del Procés son el resultado de un código penal franquista que aplica los delitos de sedición y rebelión a la población civil. La burguesía española pretende resolver la cuestión nacional, es decir la tendencia a la disgregación de España bajo el dominio del capital, mediante decisiones de orden público pero no logra impedir que la mayoría del voto en Cataluña se haya volcado el 14 de febrero en favor de los partidos nacionalistas. Sin embargo, los propios partidos nacionalistas catalanes han renunciado a la movilización de masas para exigir la liberación de sus presos políticos. Mientras tanto la policía autonómica, los Mossos d’Esquadra que dependen de la Generalitat, son los que reprimen a los jóvenes y a los trabajadores en Catalunya. La rebelión juvenil ha reiterado el principio de que las masas en acción superan a las direcciones. La movilización ha desmentido el “acá no pasa nada” y dejado en ridículo el argumento del gobierno y su ala izquierda acerca de “qué pasaría si gobernara la derecha”. El gobierno y su izquierda aparecen como el brazo ejecutor de los planes de la burguesía, de la CEOE, el Ibex35 y la UE en los que todos coinciden. Derrotar los planes represivos Las movilizaciones por la libertad de Pablo Hasél son un tema central para el resto de los colectivos en lucha, principalmente para la clase obrera. Plantear la unidad sobre esta cuestión es central para infligir una derrota a los planes represivos y a las algaradas fascistas, y para imponer nuestros reclamos. Como no podía ser de otra manera las dos principales centrales sindicales, CCOO y UGT, se mantienen en un silencio cómplice con el gobierno. Por la libertad de Pablo Hasél y de todos los presos políticos. Libertad inmediata para los presos del Procés. Por la derogación de la Ley Mordaza. Por la derogación de las reformas laborales y de las pensiones. Contra la violencia del estado y de sus fuerzas represivas. Por el desmantelamiento de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Por una huelga general contra el paro, contra los desahucios, contra los cierres de empresa y los despidos. Viva la lucha de la juventud. FUENTE: Grupo Independencia Obrera - Por una política de clase independiente e internacionalista

22 de febrero de 2021
Lista de vacunados

*Gustavo Barrera, intendente de Villa Gesell. *Juan Pablo Biondi, secretario de Comunicación y Prensa. *Federico Bodlovic, intendente de Comandante Luis Piedrabuena, Santa Cruz; junto a su esposa y el chofer del municipio. *José Bodlovic, diputado provincial de Santa Cruz, su pareja y su hijo. *Gustavo Bordet, gobernador de Entre Ríos. *Jorge Capitanich, gobernador de Chaco; y su vice, Analía Rach Quiroga. *Cristian Cardozo, intendente del bonaerense Partido de la Costa. *Arabela Carreras, gobernadora de Río Negro. *Alejo Chornobroff, intendente interino de Avellaneda también recibió la inyección. *Alberto Fernández. *Cristina Fernández de Kirchner. *Jorge Ferraresi, ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat. *Ezequiel Galli, intendente de la bonaerense Olavarría. *Daniel Gollán, ministro de Salud bonaerense. *Ginés González García. *Omar Gutiérrez, gobernador de Neuquén. Martín Guzmán, ministro de Economía. *Oscar Herrera Ahuad, gobernador de Misiones. *Sebastián Ianantuony, intendente del bonaerense General Alvarado. *Raúl Jalil, gobernador de Catamarca. *Axel Kicillof, gobernador bonaerense. *Nicolás Kreplak, viceministro de Salud bonaerense. *Verónica Magario, vicegobernadora bonaerense. *Julio César Marini, intendente del partido bonaerense de Benito Juárez. *Héctor Olivera, intendente de Tordillo. *Gustavo Posse, intendente de San Isidro. *Alberto Rodríguez Saá, gobernador de San Luis. *Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba. *Felipe Solá, canciller, pero lo hizo siguiendo todos los protocolos. *Jorge Taiana, senador nacional. *Eduardo Valdés, diputado nacional. *Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes. *Juan Vázquez, diputado nacional. *Héctor Vidal, intendente de Gobernador Gregores, de 38 años. *Julio Vitobello, secretario General de la Presidencia. *Gustavo Walker, intendente de la bonaerense Pila. *Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa.

22 de febrero de 2021
Salta: la asamblea docente de San Martín ratificó el no inicio de las clases presenciales

La asamblea docente del departamento San Martín, norte de la provincia de Salta, ratificó el no inicio de las clases presenciales. La asamblea tuvo lugar este sábado con docentes de las localidades de Embarcación, Mosconi, Tartagal, Aguaray y Salvador Mazza. La asamblea resolvió el no inicio al periodo lectivo 2021, rechazó el plan jurisdiccional improvisado del gobierno, y ratificó los reclamos de salario igual al costo de la canasta familiar, nombramiento inmediato de ordenanzas y docentes para cubrir los cargos necesarios en el departamento San Martín, régimen de titularización anual, entre otros. La asamblea también resolvió asistir a la asamblea provincial docente convocada para el 27 de febrero. En este sentido, un segundo segmento del debate rondó en torno a los delegados. El cuerpo de delegados “de la plaza", designación que se atribuye a los delegados que fueron electos en la lucha del año pasado, ha entrado en crisis con las bases debido a su incapacidad de someterse a las bases y asambleas. Esta es la situación de Gustavo Tilca, quien violó el mandato de la asamblea anterior de asistir a la asamblea docente del norte. Tilca fue a la asamblea convocada en la capital salteña por Silvia Di Piazza, afín al gobierno. Ahora, Tilca perdió con su propuesta de un 30%, con su negativa de ir a la asamblea provincial y su adaptación al regreso a la presencialidad aunque haya sido electo delegado hasta la próxima asamblea donde puede ser revocado. En Mosconi ya hay un niño infectado de Covid-19, alumno de la escuela Lilia Mariño. Si este es el cuadro general, niños contagiados serán obligados a asistir a las escuelas. Los casos en la provincia van en aumento superando los 100 casos por días. Desde Tribuna Docente de San Martín seguiremos convocando a la docencia a luchar por el no inicio mientras dure la pandemia. Preparemos la gran asamblea provincial convocando a cada docente en las escuelas, con asambleas y delegados electos con mandatos revocables.

22 de febrero de 2021
La Matanza: plenario abierto de Tribuna Docente (Tendencia) vota formar comité de lucha contra la presencialidad

Un importante plenario abierto de Tribuna Docente (Tendencia) de La Matanza, realizado este sábado, aprobó impulsar la formación de un comité contra la presencialidad. El plenario contó con la participación de compañeros y compañeras invitados, muchos de ellos, delegados y activistas multicolores. Se debatió la situación que atravesamos los docentes del distrito y de la provincia, a raíz de la vuelta a clases presenciales decretada por el gobierno nacional. Coincidimos en calificarla como un verdadero acto de extorsión hacia todos los trabajadores de la educación, dado que primero nos manda a trabajar en medio de una pandemia, y luego nos invitaría a discutir “escuela por escuela” las condiciones para el regreso. Una verdadera estafa. Luego del informe inicial, se abrió un riquísimo debate. El gobierno quiere integrar a la escuela a la llamada “nueva normalidad” reclamada por las patronales, que no es otra cosa que la convivencia con el virus, es decir la convivencia con los contagios masivos y la muerte de trabajadores. En sus intervenciones, los compañeros reflejaron la situación de las escuelas, recogiendo los debates que se llevaron a cabo en las jornadas plenarias, en las que se observó una profunda tendencia de las bases al rechazo a retomar la presencialidad en pandemia, rechazo que tiene eco en muchos equipos directivos de todos los niveles y modalidades, dado que según el “plan jurisdiccional” enviado por el gobierno provincial a las escuelas, la puesta en marcha de los establecimientos educativos –higiene, organización de los espacios, etc.- recae enteramente sobre ellos; por lo tanto, también serían responsables por los contagios que se pudieren producir entre docentes y alumnos. Una olímpica lavada de manos por parte de las autoridades educativas. Se destacó la necesidad de que la seccional Matanza, como así también el resto de las seccionales que dirige la Multicolor, se pronuncien por el no inicio en pandemia. Finalmente, votamos conformar un comité de lucha para intervenir en las escuelas y organizar una campaña por el no inicio presencial e impulsar asambleas y recorridas de escuelas para elaborar mandatos que planteen el no inicio de clases presenciales en pandemia, con paro de 48 los días 1 y 2 de marzo, con asamblea el día dos para evaluar cómo continuar la lucha. Por último, nos comprometimos a realizar una nueva reunión de balance para continuar con la campaña. Con estas resoluciones, nos preparamos para intervenir con todo en esta lucha de la docencia, en defensa de la salud y de la vida y por nuestras reivindicaciones más sentidas.

22 de febrero de 2021
Balance de la asamblea de Ademys

El viernes 18, tras las 72 horas de paro contra el retorno a las escuelas de CABA, se realizó una nueva asamblea virtual, con aproximadamente 280 participantes. En varias intervenciones se expresó la violencia patronal que está ejerciendo el gobierno porteño sobre el cuerpo docente: quite de las dispensas por hijos a cargo -lo que está llevando a muchos compañeros y compañeras a renunciar-, irregularidad de los actos públicos, docentes embarazadas, de grupos de riesgo o con familiares en esta condición a los que no se les da respuesta, precarización laboral en programas como el Plan Fines, salarios devorados por la inflación. Todo esto en el marco del regreso a las aulas de la docencia y el estudiantado a como dé lugar. Posturas en la asamblea Todas las agrupaciones tuvimos un punto de encuentro en reivindicar el paro, independientemente de su adhesión, como un hecho político importante frente a la inacción de la burocracia de UTE-CTERA ante tamaño ataque. Sin embargo, el balance necesario sobre el que se asienta una orientación, una intervención y el método de trabajo dio lugar a una polémica entre todas las fuerzas allí presentes. Desde la Comisión directiva, en parte haciendo un balance negativo de la concurrencia a la asamblea (250 asistentes frente a los 500 de la del jueves 11 y baja adhesión a las medidas de fuerza) propusieron diferentes medidas para visibilizar el conflicto: la conformación de comités de seguridad e higiene, concentrar frente al Ministerio de Educación porteño en el marco de la mesa salarial y un nuevo paro el 1 de marzo en el marco de la jornada de lucha nacional con diferentes seccionales opositoras de CTERA, incluidos los Suteba multicolores. Esas medidas de lucha, propuestas por la directiva del sindicato, se encuentran encorsetadas bajo el programa de “las 10 condiciones para un retorno seguro”, que no es más que la aceptación de la presencialidad, dejando atrás la consigna de “en pandemia no volvemos” agitada a fines del año pasado. En contraposición a lo planteado por la CD, sostuvimos la necesidad de profundizar el balance. Si bien es cierto que la burocracia, completamente integrada al estado, pavimentó el terreno “atando de pies y manos a la docencia” a la apertura de las escuelas fogoneada por el capital (nativo y extranjero), señalamos que debíamos ver los problemas en la orientación del sindicato durante el conflicto. Ademys, lanzó “las 10 condiciones seguras para el retorno seguro”, en el momento que la burocracia de UTE planteaba “necesitamos un retorno seguro”. Las distintas corrientes agrupadas en el FIT-U que forman parte de la directiva de Ademys, han planteado esa consigna como un “cambio de táctica”. Sin embargo, esto se trata del abandono de una estrategia. No hay retorno seguro posible en el marco de una pandemia, que está a las puertas de una segunda ola y sin vacunas, mientras las mismas son prenda de disputa entre los laboratorios, los estados y entre los políticos y sus amigos, que levantan sus propios vacunatorios a espaldas del pueblo trabajador, mientras éste es arrojado al matadero en fábricas y escuelas. Frente a este viraje, la docencia no encontró una perspectiva clara para organizarse de conjunto contra la presencialidad pandémica y volvió a las escuelas a tratar de garantizar que el gobierno mandara alcohol en gel o mascarillas sabiendo, inclusive, que eso no resuelve la cuestión de fondo, que es que la presencialidad es un pasaje seguro al contagio. Ese cambio en la orientación fue desarrollado a pesar de las enormes reservas de lucha que tiene la docencia, que ha logrado ´pinchar´ las burbujas que se pretendieron implementar a fines del 2020 y ha acumulado una experiencia muy valiosa junto a las familias en la lucha contra el estado y el capital en el intento de hacernos volver a las escuelas, para que los trabajadores tengan dónde dejar a sus hijos y así garantizar la ´nueva normalidad´. Por esta razón, desde Tribuna Docente (Tendencia) sostuvimos la necesidad de orientar nuestra actividad por el rechazo rotundo a la presencialidad en pandemia y sin vacuna, por la entrega de equipos y conectividad para el estudiantado y la docencia, de modo de garantizar una virtualidad para no enfermar. Algunas agrupaciones, como Docentes en Clase y la Corriente Conti-Santoro, así como un sector del activismo independiente, acordaron con este planteo general. Sin embargo, la conclusión que sacaron fue otra. Ambas agrupaciones mocionaron un paro de 48 horas como “medida de agitación” (sic), sin importar la adhesión que ésta tenga. Ninguno de los que hicieron este planteo pudo presentar un mandato de sus lugares de trabajo donde se exprese la voluntad de paro. La moción fue sostenida con todo tipo de argumentos, pero con un mismo problema metodológico: partir de la idea de que una acción impulsada por un sector atraerá a otros sectores. Es decir, una versión de “foquismo sindical”, que se expresa en la propuesta de realizar un paro sólo de agrupaciones sin discutir con los trabajadores y haberlos ganado al planteo. En este sentido, entendemos que en esta etapa del conflicto (en la cual la mayor parte de la docencia ha retornado a la presencialidad) es de primer orden abrir un marco de deliberación en las escuelas y en los distritos, conformar cuerpos de delegados y comités de seguridad e higiene con poder de veto, en rechazo a la presencialidad criminal, ya que cada día que pasa redunda en más compañeros infectados. También debemos discutir la necesidad de un aumento de emergencia de nuestros salarios del 50% y la reapertura de la paritaria: por un salario básico igual al costo de la canasta familiar para un cargo de jornada simple y su equivalente en horas cátedras.

22 de febrero de 2021
La asamblea de Ademys vota campaña por la libertad de Yolanda Vargas

En la asamblea de Ademys del viernes 18, con aproximadamente 280 participantes, desde Tribuna Docente (Tendencia) mocionamos que el sindicato, desde su Comisión de mujeres y géneros, impulse una campaña de fotos y pronunciamientos en las escuelas por la inmediata libertad de Yolanda Vargas, compañera de nuestro Polo Obrero de Salta, trabajadora doméstica hiperprecarizada detenida por la muerte de sus dos pequeños hijos en el incendio de la casilla que habitaban. Ademys ya adherido a esta campaña. Yolanda está detenida por orden de la fiscal Claudia Carreras, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, quien la acusa de la muerte de sus hijos en el incendio de su casilla en la que vivían, porque tuvo que dejarlos solos para ir trabajar. Los vecinos denuncian que la policía no dejó que entraran a rescatar a los chicos mientras esto sucedía. Nuestra compañera, en el marco de la pandemia por covid-19, cobró el IFE hasta que fue retirado. Queda en evidencia que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales no pueden ni siquiera garantizar el derecho a la maternidad a las mujeres trabajadoras. Nos obligan a dejar solos a nuestros chicos para poder darles de comer; y si nuestros hijos no comieran, nos acusarían de abandonarlos al hambre, cuando son ellos, el Estado y sus funcionarios, los únicos responsables de esta situación de pauperización. Esta moción fue aprobada por amplia mayoría en el marco de una asamblea donde varias de las compañeras docentes relataron la violencia patronal que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está ejerciendo sobre todos los trabajadores de la educación, en especial sobre las docentes mujeres, ya que no se está dando respuesta a los pedidos de dispensas por hijos o en muchos casos los mismos son denegados lo que está llevando a muchas compañeras a renunciar a sus cargos y de compañeras embarazadas que se quedan sin ingresos. Es claro que todas podemos ser Yolanda, porque el Estado capitalista de conjunto, en su ataque para forzar una apertura total que haga posible la “nueva normalidad”, empuja cada vez más a amplias capas de la clase obrera a salir a trabajar todo el día por salarios de miseria, en changas o caer directamente en el desempleo. Invitamos a todas las compañeras y compañeros de las escuelas a sumarse con su foto o pronunciamiento a la campaña por la libertad inmediata de Yolanda Vargas. El Estado es responsable. Leer más Yolanda Vargas: la fiscal Carreras confirma el armado de una causa contra Yolanda

22 de febrero de 2021
Legalidad: la regional Lanús se acerca al objetivo trazado

Hace tres meses arrancó nuestra primera gran actividad en Lanús para reunir miles de apoyos a la legalidad de la Tendencia del Partido Obrero. Nos lanzamos a la conquista de la solidaridad en la vía pública del pueblo explotado para lograrlo. El sábado 20, en la regional coronamos un trabajo colectivo que abarcó a todos los militantes del PO tendencia, a los compañeros del Polo, a los simpatizantes y a los amigos de nuestra organización, un vasto arco de relaciones que acompaña y colabora con la mejor predisposición, respaldando nuestras iniciativas políticas. La noticia de estos últimos días es que, en pocas horas de un sola jornada, ingresaron 70 afiliaciones para la Regional Lanús, producto de un conjunto de actividades que se hicieron casi al mismo tiempo: una agitación en Monte Chingolo, dos asambleas del Polo Obrero (Tendencia) -una en el este y otra en el oeste del distrito-, mientras otros compañeros visitaban al padrón de simpatizantes. Todas estas actividades la entrada de fichas y adhesiones recolectadas durante la agitación pública en Plaza Lanús y la recorrida de los padrones de los militantes que trajinaban incansablemente casa por casa los barrios de Pellerano, Villa Jardín, Acuba 1, Acuba 2, Monte Chingolo, entre otros., donde están instalados los merenderos y está nuestro Polo Obrero, con nuestros vecinos, luchando palmo a palmo por la urbanización y contra la inseguridad establecida por la policía. Completamos de este modo el objetivo de reunir, en una primera etapa, 200 afiliaciones en el distrito y muchas más adhesiones. La solidaridad de los barrios para con nuestro Partido se ha mostrado una vez más como la fuente que alimenta nuestra organización. Haber caracterizado el escenario político y las oportunidades que se abren para el Partido; esto tonificó nuestra intervención del último mes, durante el cual finalmente obtuvimos lo que fuimos preparando al detalle y de cara a las barriadas. Dimos en Lanús otro paso en la lucha por nuestra legalidad; ahora vamos por completar todos los requerimientos y por nuevos objetivos.

23 de febrero de 2021
Plenario Multicolor de SUTEBA: porqué votaremos contra la presencialidad

La docencia de la provincia de Buenos Aires se encuentra convulsionada. El pasado 17 de febrero, el gobierno de Kicillof comenzó a convocar a los trabajadores de la educación a realizar tareas presenciales en las escuelas para cumplir con el período de “Intensificación de la enseñanza”, un espacio pensado para aquellos estudiantes que debían recuperar contenidos del ciclo 2020. Y se destapó la caldera. A través de reuniones, asambleas por Zoom y grupos de WhatsApp, estalló la indignación de la docencia que sabe mejor que nadie no existe ninguna condición “segura” para retornar a las escuelas. En aquellos distritos y escuelas con un mayor grado de organización y con predominio de delegados combativos, la docencia hizo retroceder la decisión gubernamental, y por estos días continuará con sus tareas de manera virtual. También hubo sectores importantes de directivos que se negaron a autorizar la apertura de escuelas por no cumplir con las mínimas condiciones que establece el Plan Jurisdiccional. Sin embargo, allí donde el nivel de organización es menor y hay mayor influencia de la lista Celeste, que conduce el SUTEBA Provincial, la docencia retornó en un cuadro de bronca y temor a los contagios. Las clases (con niños a cargo) tienen fecha de inicio el 1 de marzo para el nivel primario. La siguiente semana, lo hará el nivel secundario. Por su parte, Baradel ha salido en los medios -sin el mandato de ningún docente- a señalar que está “garantizado” el inicio del ciclo lectivo 2021. "Queremos que la vuelta a la presencialidad en el marco de una pandemia no implique que se propague el virus. Planteamos que se cumplan los protocolos para proteger a los chicos y a los docentes” (Grupo La Provincia, 19/2). El secretario general de SUTEBA pretende que los docentes convivan con el virus, pero quiere que no “se propaguen” los contagios. Imposible. Justamente lo que va a implicar la “propagación” del virus será el traslado de miles de docentes y estudiantes por las escuelas. Ningún protocolo inmuniza frente al virus – solamente las dos dosis de la vacuna. Pero incluso los puntos de los “protocolos”, como lo sabe cualquier docente, no pueden ser cumplidos en lo más elemental, ya que deben ser aplicados en escuelas sin las condiciones edilicias mínimas, falta de personal docente y auxiliar y de elementos básicos de seguridad e higiene, entre otros. En Capital Federal, en sólo pocos días, más de sesenta docentes se contagiaron en escuelas con “protocolos” y “seguras”. Si no queremos que se “propague” el virus, hay que rechazar la presencialidad pandémica. El próximo jueves 25 de febrero se realizará un plenario provincial de delegados que convoca la lista Multicolor. La posición mayoritaria de las agrupaciones que la componen no es rechazar la presencialidad; por el contrario, es apoyarla fuertemente. Advierte que no concurrir a clase sería denunciado por lo que llaman “opinión pública” como “vagancia”. El último comunicado público que emitieron se titula “La controversia sigue siendo… presencialidad… ¿Con o sin condiciones?” (17/2), una forma retórica de apoyo a una presencialidad condicionada. Enumeran una serie de reclamos para “cumplir con lo necesario para respetar los protocolos publicados”, o sea los que elaboró el propio gobierno. Es lo mismo que acaba de declarar Baradel. Aceptar la presencialidad con los protocolos oficiales, sin embargo implicaría exponer a los trabajadores de la educación a los contagios y las muertes. Los protocolos no inmunizan. Para el retorno seguro a las clases presenciales es necesaria, por el contrario, la vacunación de docentes y auxiliares. La cuestión de la presencialidad escolar ha sido colocada en el primer lugar de la agenda de todos los gobiernos del planeta, que la caracterizan como un paso insustituible de la “nueva normalidad”. Esta “normalidad” de nuevo tipo consiste en regularizar la acumulación de capital en medio de contagios y muertes. Con numerosas vacunas en circulación, el apresuramiento obedece también a la crisis de vacunación que se atraviesa en todos lados. En nuestra experiencia cotidiana observamos que existe una tendencia en la docencia a rechazar la presencialidad y a ir a medidas de fuerza para que sea derogada, como quedó en evidencia, asimismo, en reuniones de delegados y asambleas masivas en las seccionales combativas, y en varias provincias. El “no inicio” por 48 horas (para los días 1 y 2 de marzo) es una medida confusionista tanto para los maestros como para las agrupaciones que la esgrimen. Preguntamos, también retóricamente, ¿huelga de 48 horas para enseguida tirar la toalla, o acción de advertencia de que no habrá clases hasta que todos estemos vacunados? En lo que respecta a Tribuna Docente (Tendencia), saldremos a militar fuertemente el no inicio de ciclo lectivo en función de la política de hacer retroceder al gobierno con la presencialidad escolar. Es la única manera que tienen los trabajadores de la educación de protegerse a ellos mismos y al conjunto de la comunidad educativa de los contagios. Votaremos este planteo en todos los casos en que hayamos recibido el mandato que hemos pedido para votar por la no presencialidad hasta la vacunación total.

23 de febrero de 2021
Guernica: gran actividad de afiliaciones en barrio Las Lomas

Llevamos a cabo una exitosa actividad de afiliaciones al Partido Obrero Tendencia con el apoyo de la Asamblea del Polo Obrero Tendencia en el barrio Las Lomas, de Guernica. Desde temprano los compañeros pusieron en pie la olla que vienen sosteniendo desde hace un año en el barrio, convocando a los vecinos y demás compañeros. Un gran acierto de los compañeros fue "mover" la olla una cuadra, abriendo el barrio hacia una zona relativamente nueva. Mientras se preparaba el almuerzo, acompañados por las delegadas del barrio y compañeros de la asamblea, recorrimos unas pocas cuadras alrededor de la actividad y llegando a conseguir más de cuarenta afiliaciones y muchas nuevas relaciones. Al mediodía y mientras los vecinos y compañeros se acercaban a la olla, se llevó a cabo una asamblea en la que se discutió la convocatoria a la movilización del miércoles por la libertad de la compañera Yolanda, que finalmente contó con más de cien compañeros de los barrios de Presidente Perón. También hubo espacio para hablar de la vuelta a clases presenciales y explicar la posición de Tribuna Docente Tendencia. Hubo preguntas e intervenciones; explicamos nuestra línea del no inicio, el reclamo por obras de infraestructura y de dispositivos para los alumnos. Al terminar la asamblea se quedaron a afiliarse varios vecinos, o familiares de compañeros a la vez que nos invitaban a seguir afiliando en sus cuadras. Con la invitación ya hecha, volveremos a seguir la campaña y replicar la experiencia en el resto de los barrios de Presidente Perón.

23 de febrero de 2021
Pobreza multidimensional – toda la pobreza

Según los datos oficiales del primer semestre de 2020, provistos por el Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales (SIEMPRO), que depende de la Presidencia de la Nación, en el primer semestre del año pasado, en medio de la pandemia y la cuarentena, el 47% de los argentinos era pobre, lo que representa 21 millones de personas, según la medición de Pobreza Multidimensional, estudio que complementa la medición tradicional de pobreza por ingresos del INDEC (Clarín, 23.2). La medición de la “pobreza multidimensional” apunta a relevar el acceso a distintos derechos como vivienda, hábitat y servicios básicos (precariedad de los materiales de la vivienda, hacinamiento, tenencia insegura de la vivienda, condiciones sanitarias deficientes o la ubicación de la vivienda en zona vulnerable), educación (inasistencia a un establecimiento educativo en las edades obligatorias, rezago escolar de los asistentes o los logros educativos insuficientes), empleo (dificultades para acceder al empleo remunerado y la precariedad laboral), protección social y salud (déficit de cobertura previsional de los adultos mayores y ausencia de doble cobertura de salud (obra social o prepaga). Es decir que es una evaluación más amplia de las condiciones de vida y necesidades de población, no vinculadas directamente al ingreso monetario. Según el Informe SIEMPRO “para poder dar cuenta de la multidimensionalidad se determinó que, si un hogar presenta privaciones en al menos dos indicadores de distintas dimensiones, será considerado en situación de pobreza”. La pobreza multidimensional según rango etario arroja datos que dan cuenta de una fuerte “infantilización de la pobreza”: entre los niños de hasta 3 años, el 58,2% no logra cubrir el universo de derechos básicos. Entre 4 y 17 años, el porcentaje alcanza al 54,2% y entre los 18 y los 64 años, baja al 47,7 por ciento. El rango más bajo de pobreza multidimensional se encuentra en los mayores de 65 años. Si se cruza el índice de pobreza según los ingresos con el índice multidimensional, el 30,1% (13,6 millones de personas) es pobre en ambas formas, es decir por falta de ingresos y las causas no monetarias, mientras que el 58,1% de la población (26 millones de personas) es pobre por insuficiencia de ingresos monetarios o por sus condiciones de vida. Para el primer semestre 2020, la medición por ingresos arrojó que un 40,9% de la población era pobre. En el primer semestre de 2019, el SIEMPRO estimaba que el 28,8% de la población era pobre, según su medición multidimensional. Esto significa un salto de casi de 20 puntos durante el año en que se sucedieron la corrida cambiaria posterior a las PASO y la pandemia, según el índice multidimensional. La decisión del gobierno del “Frente de Todos” de suspender el pago del IFE se produce en el contexto de pauperización social creciente, para atender acuerdos con bonistas y FMI.

23 de febrero de 2021
Vacuna mata grieta

La discusión acerca de la efectividad en el tiempo de las vacunas conocidas continúa. Es razonable, porque todas ellas fueron aprobadas bajo condición de emergencia – tres fases clínicas. La inoculación generalizada hará, de aquí en más, el papel de verificación definitiva. AstraZeneca, por caso, ha caído en la valoración médica desde que se determinó que no debe ser aplicada a mayores de 60 años. Políticamente, sin embargo, sus efectos han sido catastróficos, no solamente en Argentina. La vacunación ´privada´ ha prosperado como en ningún otro lugar en Estados Unidos. El gobierno Biden ha habilitado localizaciones particulares para vacunarse, desde farmacias a sanatorios. En Brasil han circulado denuncias de compras efectuadas por compañías privadas, para beneficiar a su personal, se dice, con anticipación. En las últimas horas ha cobrado crédito la versión de que la vacunación, en Argentina, podría quedar a cargo de obras sociales y pre-pagas. En tanto sigan un listado ajustado a las distintas categorías de riesgo y número de inscripción, no estaría mal. Pero ese listado no es público ni puede ser consultado por la población. Si el precedente de los sanatorios de Moyano sirve de guía, estaríamos ante nuevos curros. Como es notorio y conocido, la vacunación nacional y popular volteó un montón de grietas en esa vasta coalición de oportunistas enemigos que es el peronismo. Requerido a dar una explicación por la inoculación recibida por la familia Duhalde ´in toto´, el zorro ex presidente retrucó que había que preguntarle al gobierno. Cuando creía que había asegurado su futuro electoral con el proyecto que sube el mínimo no imponible de ganancias, Sergio Massa se hundió en picada cuando hizo suya la consigna ´trumpiana´ – la familia primero. Las listas de ventajistas vacunares es interminable, no reducida como asegura Vizzotti; en la provincia de Buenos Aires se descorcharon dosis en función de la portación de rostro. La transparencia ocular de Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, se nubló un tanto cuando dijo que los compadres del gobierno que se saltearon las filas de vacunación son “personal estratégico” por su merodeo por el poder y su cercanía al Gabinete y al Ejecutivo. Si es así, dos cosas: hay que redefinir el carácter del funcionario público ante la ley y la Constitución, y en segundo lugar quedó consagrado el régimen de la meritocracia que supimos repudiar. Al gobierno solo llegan los estrategas, aunque no hayan ganado ninguna guerra, salvo la de la fuga incesante de divisas. No se entiende entonces, según esto, por qué Alberto Fernández echó a Ginés Gonzáles García – el estratega jefe de la estrategia de salud. Al final es verdad que los mentirosos se muerden la cola. Cuando se alarga el recuento de los avivados a todo el país, se descubre que los radicales de JxC y otros de la coalición, también reservaron sus dos dosis por persona – por ejemplo, en la provincia de Córdoba, donde gobierna un híbrido: fue macrista, se juntó a Lavagna y desembarcó con los Fernández. El ventajismo de los intendentes no distingue color político. Cuando se conozca el asunto más a fondo, sabremos más. Los agitadores mediáticos del kirchnerismo la emprendieron enseguida contra la gestión presidencial de Macri, para disipar una humareda que es más densa que un incendio. ¿Pero qué ha sido el macrismo, en verdad? Ha sido un precursor de lo que vemos ahora – no asignaba cuotas de vacunas, pero sí cuotas de dólares para fugar a sus amigos. Fue también un régimen de compadres. La punta final del vacunatorio financiero del macrismo la dio el vacunado Martín Guzmán, que pertenece al grupo de riesgo de los almuerzos de trabajo con el FMI, cuando diseñó un bono para dos evasores, Pimco y Templeton, que se habían quedado sin vacunas verdes cuando el macrismo perdió las Paso de 2019. La grieta se ha convertido en cuento viejo. Así lo han entendido los amigos de Larreta, incluso desde 2018. Al derrumbe social se añade el político. Media Argentina es pobre. Peligran los intereses y el poder de todos. El vacunazo se produjo el mismo día en que Béliz ponía en marcha un Consejo Económico y Social para ´pensar el futuro´. Una decena de nulidades, entre patronales y burocracias, no puede hacer eso; vive al acecho del presente. Los técnicos que los secundan hacen gala de arrogancia y de ignorancia: nunca las viejas clases convertidas en parásitas podrían marcar un rumbo. El vacunagate corona una prolongada estafa histórica Este festival de abusos y atropellos políticos tiene lugar cuando, el mes que viene, se cumplirá el 150 aniversario de la Comuna de París, el primer gobierno obrero de la historia. La osadía de los obreros, artesanos y mujeres parisinos fue pagada con el asesinato de 40 mil luchadores por las tropas de los Galtieri de Francia, bajo la conducción de un político y el apoyo internacional de los enemigos de la nación francesa, el prusiano-alemán Bismarck. ¿Cuál fue el crimen de los comuneros? Haber establecido un gobierno en el que los funcionarios no podían ganar más que un obrero calificado y los representantes electos por el pueblo podían ser revocados por sus mismos mandantes. Fue un levantamiento histórico contra el gobierno de compadres, que pagaron con su vida. ¡Qué actual, ¿no?!

23 de febrero de 2021
Apuntes a la historia del trotskismo argentino (III). Otra etapa nefasta del morenismo, el PST (1971/76)

Después del cordobazo El “Cordobazo” abrió una etapa revolucionaria en el país. El 29 y 30 de mayo de 1969 se reunieron los elementos de una potencial crisis revolucionaria. En el marco de un ascenso internacional (huelga francesa, proceso de revolución política en Checoslovaquia), las masas de Argentina iniciaron una acción independiente, que puso fin al régimen de Onganía, una dictadura militar semibonapartista. El Cordobazo puso fin de un modo general a la etapa abierta por el triunfo de la Libertadora en 1955. En esta nueva etapa, la burguesía, por medio del gobierno de Lanusse, planteó la política del “desvío democrático”, a través de la legalización del peronismo en el marco de un Gran Acuerdo Nacional. El objetivo: explotar las ilusiones de los trabajadores en el peronismo. El gobierno de Lanusse, que subió en marzo de 1971, fue una transición entre el semibonapartismo moribundo (Onganía) y la alianza de tipo parlamentaria del conjunto de los partidos burgueses y el stalinismo, apoyada tanto por la burguesía nacional como por el imperialismo. La Hora del Pueblo (alianza radical-peronista pro-institucionalización), formada a principios de 1971, se convertirá en su expresión política y también lo será desde la “izquierda”, el ENA (Encuentro Nacional de los Argentinos), alianza del PC con sectores peronistas y radicales. ¿Cuáles fueron las posiciones del PRT (La Verdad), nombre que entonces tenía la corriente morenista, en este período? El morenismo comenzó por caracterizar a los gobiernos postonganianos como nacional-populistas y a la Hora del Pueblo como una coalición política de contenido progresivo. Para el morenismo, el giro histórico producido por el Cordobazo no era el inicio de una acción histórica independiente de las masas sino el “reanimamiento a el nacionalismo burgués”, interpretando en estos términos “progresivos” el planteamiento del GAN, dirigido contra el proletariado como clase. “La consecuencia de la ofensiva monopolista imperialista yanqui contra nuestro país, por un lado, como la situación de la burguesía nacional (…) por el otro, han provocado un reanimamiento del nacionalismo burgués” (1). ¿Cuáles eran las características y objetivos de este “nuevo” fenómeno? “La manifestación evidente y más resaltante de este reanimamiento del nacionalismo burgués es la coincidencia peronista radical alrededor de un programa económico de defensa de la economía burguesa nacional de la ofensiva del imperialismo yanqui. El punto en común, aparentemente misterioso y azaroso, que hace que el peronismo y el radicalismo estén unidos hoy en un frente contra el gobierno de Levingston es la unidad de la vieja burguesía nacional en la defensa del mercado interior y la lucha contra la penetración y colonización imperialista yanqui, como contra el desarrollismo burgués… Este auge del nacionalismo burgués, desarrollista o no, es en un sentido progresivo, ya que ayuda a plantear ante el movimiento de masas la lucha contra el principal opresor del país y las masas trabajadoras: el imperialismo yanqui” (2). Los conceptos de la cita precedente son un retrato perfecto del carácter del morenismo. Un año y medio después del “Cordobazo” y del “Rosariazo”, en que las masas, "sin ayuda” de la burguesía, nacionalista o no, adoptaron métodos insurreccionales para tirar a Onganía, Moreno reclama la "ayuda” del “nacionalismo burgués” para luchar contra el imperialismo. ¡Y esto a partir de un Perón totalmente controlado por el Vaticano, la logia P-2 y varios monopolios italianos y europeos! Pero para el PRT (LV) la Hora del Pueblo era algo más que una “ayuda”. “Como todo movimiento progresivo qué se pone en marcha —agregaba Moreno— superará las consignas y direcciones que no den las soluciones adecuadas…” (3). ¡Pero si esto era así, el nacionalismo debería acabar en un movimiento internacionalista de la clase obrera! A partir de esta caracterización, el morenismo apoyará críticamente la “institucionalización”, esto es, la reconstrucción del Estado burgués, porque éste era el significado del intento de pasar a un régimen constitucional. En abril de 1971, el PRT (LV) planteó formar un llamado partido obrero de “los 8”, en referencia a un sector de la burocracia sindical que “aparecen como los enemigos acérrimos del acuerdo Paladino-Balbín, pero se cuidan muy bien de criticar a Lanusse y a su gobierno, ya que alientan la esperanza de poder negociar con algún sector del gobierno” (4). Aunque el acuerdo Paladino- Balbín (o la Hora del Pueblo) había sido calificado apenas cinco meses antes, como acabamos de ver, de “nacionalista burgués”, este sector “crítico” es considerado igualmente nacionalista. Para el PRT (LV) "evidentemente, no podemos descartar la posibilidad de que en su desesperación para evitar su desaparición (“los 8”) tomen la variante correcta (ü), aunque más no sea para chantajear (!!), de independencia política del movimiento obrero a través de un partido laborista (!!). Si esta variante se diera, la vanguardia del movimiento obrero debe utilizarla…” (5). El morenismo vio en la burocracia de “los 8”, a la que calificaba de agente del gobierno de Levingston, sucesor de Onganía, y que buscaba serlo de Lanusse, una combinación de independencia obrera y nacionalismo revolucionario, jactándose incluso de haberlo “pronosticado”. “Se impone — decía el PRT (LV)— que seamos conscientes de la importancia que tienen los movimientos nacionalistas en nuestros países. Ahora que está en vías de gestación un movimiento de este tipo es un peligro mortal para nuestro partido no comprender su profundo significado progresivo… Junto con el movimiento obrero, el nacionalismo (Levingston, La Hora del Pueblo, J.M) es la gran vertiente de la revolución socialista argentina… Se trata, en esta situación inestable en la cual vivimos, de precisar (principalmente si se abre la perspectiva electoral) aquéllas corrientes que actúan en el sentido de la independencia política del movimiento obrero y aquéllas que actúan en el sentido de la independencia económica del país. A para tratar de dar con la combinación concreta, es decir política, de ambas fuerzas… Por ejemplo, es indispensable que precisemos en relación a esas dos variables —independencia de clase o independencia nacional— qué significan la fracción Miguel y la fracción pro-Perón dentro de las 62 y de la CGT. Es muy posible que la fracción Miguel esté más próxima a la independencia de clase por razones burocráticas, pero sea más claudicante frente al imperialismo, en oposición a la de Perón que debe ser más consecuentemente antiyanqui, pero está totalmente en contra de la independencia política del movimiento obrero, que significaría su liquidación histórica…”(6). Simplemente, antológico: la independencia política de la clase obrera sería compatible con una política proimperialista. Así manejaba, el autor de la cita a la “dialéctica”. Los dos grandes factores de la “revolución” (la independencia de clase y el nacionalismo) asumían gran importancia.. “electoral”, se contraponían entre sí, y por todo esto la política “correcta” era que marcharan juntos. La simple lectura de estas verdaderas barbaridades es suficiente para entender por qué el nuevo partido que habría de crear Moreno, el PST, luego de algunos éxitos organizativos se transformara en parte del bloque de la “gobernabilidad” bajo Perón e Isabel y un completo cero a la izquierda bajo la dictadura. El PRT (LV) apoyó a “las nuevas 62”, un sector que había tomado distancia de Perón con vistas a negociar un acuerdo por separado con la dictadura lanussista. Pero el “partido obrero de los 8” no tuvo oportunidad ni de morir antes de nacer. A fines de 1971, el PRT (LV) planteó otro esquema: un polo socialista, para participar de las elecciones, algo que no tenía nada que ver con los burócratas “clasistas” ni con los “nacionalistas” económicos. “El polo socialista no existe, pero hay condiciones para que exista. De aquí que nuestro partido haya lanzado en forma exploratoria esta consigna. De aquí que estemos en conversaciones con otros grupos y partidos, que aunque no son revolucionarios están a favor de estos planteos… El polo socialista, seamos claros, no es el partido de la vanguardia obrera, pero su creación puede ayudar a que ésta lo vea como una alternativa” (7). El polo socialista no tenía todavía programa ni consignas, y en esto seguramente residían sus méritos para convertirse en “alternativa”, es decir para captar incautos o para desnaturalizar a luchadores revolucionarios. “¿Qué entendíamos por tal (por polo socialista)?”, se preguntaba La Verdad (ídem) “Que en nuestro país—respondía—se diera un fenómeno parecido al de Chile, pero a una escala muchísimo menor de polarización de corrientes, grupos o personalidades, en torno a un eje socializante, antimperialista y pro-obrero” (8). Ni socialista, ni siquiera obrero, sino apenas favorable a… Moreno no podía decir otra cosa cuando estaba en “conversaciones” con el grupo “socialista” liderado por Jorge Selser, integrante de La Hora del Pueblo, y con el de Coral, que había participado del ENA. Este “polo”, sin embargo, no prosperó. Que el PRT (LV) haya planteado perspectivas en un acuerdo con un partido integrante de La Hora del Pueblo demuestra cuán lejos estaba de una política de independencia obrera y cuán cerca del “nacionalismo” y de la “institucionalización”. El acuerdo se terminó haciendo con Coral (“polo socialista”). En una carta dirigida al PSA (Coral) — noviembre de 1971— el PRT (LV) señalaba su oposición a La Hora del Pueblo, el ENA y a la consigna “gobierno popular” pero enseguida aclaraba que “estas diferencias no son inconveniente para que ambas organizaciones consideren como altamente positivo el formar un frente obrero y socialista…” (9). Al final, el “polo socialista” fue presentado como una maniobra para obtener la personería electoral. “Se trata de una alianza con fuerzas políticas centristas, como el PSA, que pueden facilitar el logro de la legalidad política”, que sin embargo, “se debe establecer sobre una base concisa y clara: Contra el GAN y todas sus variantes; por una Argentina Socialista; por un gobierno obrero y popular” (10). Moreno no se molestaba en explicar aquí por qué lo que era descalificado como una maniobra requería un acuerdo que fuese, además de "conciso”, “claro”, y que por “claro” entendiera la denuncia del GAN es decir de la Hora del Pueblo y el gobierno de Lanusse, y no a la propia Hora del Pueblo. El PRT (LV) no renegará de ninguno de sus planteamientos anteriores y, en la nueva maniobra, dejará abiertas todas, absolutamente todas, las opciones. PSA (Secretaría Coral) En marzo de 1972, el PRT (LV) se disolvió en el PSA sobre la base de una resolución de los Centros Socialistas (de Coral), “Nuestra coincidencia se basa —decía LV— en que nuestra organización puede suscribir plenamente el documento de la tendencia de Coral…” (11). La coincidencia dejaba de ser, entonces, “concisa”, y mucho menos “clara”. Esta resolución, con muy pocas modificaciones, se convirtió meses después (agosto 1972) en el programa del PSA. La resolución planteaba “la elección de un gobierno popular y obrero que asegure el camino hacia la hegemonía del proletariado y de su partido…”, un planteamiento que delata la intención de formular un programa muy definido, muy lejos de una maniobra organizativa. Se trata de una versión, claramente desmejorada, de la fórmula del “gobierno obrero-campesino” — transición hacia la dictadura del proletariado, y que por lo tanto no puede ser otra cosa que un gobierno de organizaciones democratizantes y de ningún modo realmente socialistas. A través del PSA el morenismo se esfuerza por definir su propia personalidad política, una “maniobra” que explica por qué los morenistas siempre se jactaron de haber absorbido al PSA, rechazando haberse “disuelto" en él. ¡Lo uno y lo otro! Con relación a los métodos de lucha, señalaba “que la utilización de los medios legales de lucha a su alcance, no deben distraer la atención del Partido hacia la tarea de adecuar también su organización para aceptar y desarrollar la lucha por el Poder político, en toáoslos terrenos…”, invirtiendo los términos de la cuestión que hubieran debido plantear en forma subordinada los llamados métodos “pacíficos” o “parlamentarios” (“Somos parlamentarios hasta que se pruebe lo contrario” vendría a ser el eje de la resolución”). Por último, la resolución terminaba planteando el “socialismo nacional” al subrayar que su internacionalismo no significaba “abdicar a su inalienable derecho a determinar su estrategia y sus tácticas a dirección u orientación alguna que no emane de las entrañas del proletariado y del pueblo argentino”. El patrioterismo del planteo no se limita al intelecto, incluye las vísceras. Los primeros pasos del “polo” se dirigieron a interesar a sectores del Partido Socialista Popular y más concretamente a Alicia Moreau de Justo, buscando ampliarse hacia la derecha, específicamente en dirección a la socialdemocracia. El intento no prosperó porque el PSP estaba carcomido internamente, con algunas tendencias, partidarias del ingreso a La Hora del Pueblo. A mediados de 1972. el PSA tuvo una entrevista oficial con el gobierno militar, al que presentó un memorial de varios puntos, básicamente dirigido a las FF.AA. y a la burguesía. Allí se planteaba lo siguiente: a) que los militares “se retiren del ejercicio del poder”; b) un “pacto de garantías nacional, obrero y popular” con “todos los partidos que se reclaman de la clase obrera y el pueblo y sostengan la liberación nacional”; es decir, todo el mundo a excepción de Al-sogaray; c) los firmantes del pacto y la burocracia de la CGT debían controlar las elecciones, las cuales deberían ser para Asamblea Constituyente; d) esta Asamblea Constituyente designaría “un gobierno provisorio, obrero y popular” que “abrirá el camino para la construcción del socialismo”(12). ¡Un cronograma tan preciso y anticipado no hubiera debido necesitar ni “pactos”, ni “asambleas”, ni reuniones con gobiernos militares! Se trató, como se ve, de un planteo que lejos de denunciar la “institucionalización” lanussista, proponía un acuerdo de conciliación de clases con los agentes civiles de las FF.AA. El memorial se veía obligado a aclarar que “nada de esto (o sea, sus proposiciones) significa depositar confianza, y mucho menos apoyo, en el gobierno actual que permite (?) el encarcelamiento, la tortura y el ahogo de los trabajadores y el pueblo”. Todas estas posiciones constituyen el antecedente político del apoyo brindado-por el morenismo, con posterioridad a las modificaciones de la Constitución que propugnaba el lanussismo con vistas a cercenar aun más las libertades democráticas. “Nosotros, a diferencia de los demás partidos —decía AS N9 26, 23 de agosto de 1972— no cuestionamos las reformas que quieren introducir por sí las Fuerzas Armadas en la Constitución de 1853…” Para esa misma fecha, el PSA dio a conocer su programa oficial. Este volvió con el tema del “gobierno obrero y popular” que se explicaba del siguiente modo: “Plantear a los trabajadores que se movilicen para imponer el inmediato retiro de las Fuerzas Armadas del poder y la convocatoria, bajo control de la CGT y los partidos obreros y populares, de una Asamblea Constituyente libre y soberana, elegida en comicios absolutamente democráticos. Que esta Asamblea Constituyente designe un gobierno provisional obrero y popular, que eche las bases para la construcción de una Argentina Socialista”. El “gobierno obrero y popular” no resultaba ser otra cosa que la convocatoria a una Asamblea Constituyente. El programa acentúa las características reaccionarias de la resolución de los centros socialistas referida a los métodos de lucha, esto al plantear nada menos que “la supresión del rol represivo de las Fuerzas Armadas y su utilización al servicio de los intereses del capital”, sin reparar que con una fuerza armada se puede hacer cualquier cosa menos suprimir su rol represivo. El programa volvía a insisitir en su oposición a la necesidad de una Internacional, no digamos ya de reconstruir la IV Internacional. De esta forma, a través del PSA, el morenismo consolida un programa definido de reformas dentro de las estructuras del Estado burgués y de colaboración de clases. El retorno de Perón Todo este balance demuestra que el morenismo utilizó a la legalidad electoral como una coartada política para poner en pie un partido centrista de vocación frentepopulista. El retorno de Perón agudizó al extremo esta política capituladora. En setiembre de 1972, Cámpora (delegado de Perón), en un momento culminante de las negociaciones entre Lanusse y Perón, convocó a una reunión multipartidaria para “lograr coincidencias nacionales básicas”. La dictadura militar había planteado que los candidatos a las elecciones debían residir en el país con anterioridad al 25 de agosto, invitando a Perón a regresar al país para establecer las “reglas” del GAN o renunciar a la posibilidad de ser candidato. Perón rechazó el chantaje. El PSA concurrió a la multipartidaria. “Confiamos —dijo Coral— en la decisión práctica de Perón que producirá la derogación de ese decreto absurdo (se refiere a la cláusula del 25 de agosto) con la presencia en el país y con la movilización de los trabajadores. Y decimos también que ese retorno de Perón tendrá que producirse, si se produce, no por la vía de la negociación, del diálogo, del participacionismo, de los buenos modales con Lanusse, y de la buena letra con los empresarios. Si se produce, se va a producir como se produjo el 17 de octubre, por la lucha de las masas, porque el 17 de octubre…” (13). “La realidad fue más rica” que el pronóstico de Coral, pero sirve como muestra de la falta de independencia política e ideológica del PSA. El propio Coral dijo también en esa reunión: “La solidaridad con todos los esfuerzos que se hagan por el retorno de Perón a la Argentina porque creemos que el peor crimen para el avance de las masas obreras en el país sería imponerles la arbitraria dispersión por el descabezamiento del único jefe que reconocen disciplinadamente” (ídem). En una declaración especial del Comité Nacional se agregaba: “En esta encrucijada, la legalidad para Perón y su derecho a ser candidato puede ser la prenda de unidad de los trabajadores argentinos y su vanguardia revolucionaria” (14). La inminencia del retomo de Perón llevó al PSA a plantear: “Ojalá (el retorno) sea para imponer candidatos obreros luchadores”. Para eso propuso concretamente: “Perón no debe pactar un candidato con Balbín ni con el gobierno. Él tiene la obligación de entregar el 80% de sus listas para que sean llenadas por candidatos obreros elegidos por las bases” (AS N9 38, 15/11/72). De esta forma, en lugar de decirles a los trabajadores que Perón retornaba como parte de un programa de acuerdo con el lanussismo y el conjunto de la burguesía; que su retomo era para desviar a las masas del proceso revolucionario abierto con el Cordobazo; en lugar de esto el PSA reforzaba el elemento ilusorio en Perón que aún existía entre las masas. El PSA (Coral), transformado en PST concurrió a las elecciones apoyando la política de “institucionalización” como un partido democratizante más. El triunfo del FREJULI el 11 de marzo La caracterización que hizo el PST del triunfo del peronismo-Frejuli en las elecciones del 11 de marzo de 1973 fue absolutamente clara. Según AS, “la clase obrera y gran parte de las capas medias, votando juntas contra Lanusse y lo que él representa, definieron abrumadoramente las elecciones en la primera vuelta, pegando un formidable golpe a los planes ‘institucionalizadores’ de las Fuerzas Armadas” (15). Para agregar, más adelante, que “las elecciones golpearon también a los partidos con los cuales contaba el Ejército para hacer pasar su ‘GAN’”. En síntesis, todos los partidos eran caracterizados como agentes del gobierno militar, menos el frente de Perón con el Vaticano, el imperialismo europeo y la burguesía industrial. GAN y gobierno militar eran dos comodines de los que se valía el PST para no decir que gran parte de la clase capitalista, internacional incluso, había apoyado al Frejuli. Decir que la institucionalización fue derrotada —como dijo AS— porque el candidato lanussista sacó un 5% de votos era una tontería. Con este balance, el PST fijó su pronóstico y su política respecto del nuevo gobierno. “La presión de los trabajadores y el pueblo movilizándose pueden lograr grandes concesiones a los trabajadores, yendo más allá de lo que tenían calculado… Pensemos nuevamente en el caso de Chile, donde apretado por las fuerzas sociales antagónicas, la única vía de sustentación del gobierno es apoyarse en las masas” (16). La comparación con Chile fue realmente una desgracia: ni la UP en el país trasandino ni el peronismo en Argentina fueron “más allá de lo que tenían calculado…”, para decir lo menos. El morenismo aplaudió las primeras declaraciones y medidas de Cámpora basadas en el programa CGE-CGT de pacto social. “Algunas de estas medidas propuestas por Cámpora son positivas y el tono de su discurso es fuertemente antimperialista” (17).Un clásico pronunciamiento stalinista. El discurso del ministro del Interior, Righi, mereció también el apoyo del PST, y a pesar de que preservaba a la Policía de una depuración, y planteaba una especie de ley del olvido (18). En un memorial presentado a Cámpora, el PST decía: “apoyaremos toda medida positiva…”, recomendándole designar un “gabinete obrero designado por la CGT” (19). El morenismo coincidía en todo esto con el mandelismo (Secretariado Unificado). AS justificó la publicación de una declaración del SU, porque se trata “de una política correcta frente al peronismo…” (20). La declaración planteaba el “apoyo crítico” al nuevo gobierno, al que definía como una “consecuencia de grandes movilizaciones de masas y de las valientes acciones de la vanguardia”, esto último por los grupos foquistas. El retorno definitivo de Perón a la Argentina el 20 de junio de 1973 —masacre de Ezeiza— también fue apoyado por el PST. “La vuelta de Perón — sostuvo— es uno más entre los triunfos obtenidos por la clase trabajadora en el curso de las luchas que vienen golpeando al régimen patronal desde el 29 de mayo de 1969, fecha del Cordobazo” (21). Esta caracterización simplemente ocultaba que el retorno de Perón había sido accionado por el Vaticano y la derecha del peronismo para voltear a Cámpora, acusado de incapaz para contener los “desbordes izquierdistas”. Para colmo de desastres, el PST pronosticó que la presencia de Perón acentuaría las perspectivas antimperialistas del peronismo. “En su gobierno (1945-55), el General Perón tuvo fuertes roces con el imperialismo. Estos roces pueden volver a repetirse y, si el ritmo de las luchas obreras no decae, producir medidas positivas que, aunque parciales, rescaten para el país algún sector de nuestra economía, actualmente dominado por los monopolios” (22). El derrocamiento de Cámpora por un putsch derechista, que llevó al gobierno al lopezreguista Lastiri, también fue apoyado por el PST. “Era correcto aceptar dicha renuncia (la de Cámpora) y dar la posibilidad al pueblo de votar por Perón” (23); Cámpora en verdad no había renunciado sino que fue obligado a hacerlo a través de un semigolpe de Estado. El ejército y la burguesía en su conjunto apoyaron la renuncia de Cámpora y apostaron a que subiera Perón. Toda la burguesía y el stalinismo apoyaron la candidatura de Perón, gestando un frente nacional que obtuvo el 62% de los votos. La política del PST ante el nuevo gobierno de Perón fue de apoyo crítico. Criticó el “pacto social” porque los trabajadores no habían sido consultados. La política económica del nuevo gobierno mereció el apoyo del PST. “Este Gabinete Económico — le dijo Coral a Gelbard— ha demostrado una sensibilidad democrática… Señalamos que estamos complacidos con una serie de medidas que ha tomado el gabinete económico, como el rompimiento del bloqueo a Cuba, la importancia que se da al mercado de los países socialistas, a las relaciones económicas con ellos; también nos complace la exposición del Dr. Cañero en cuanto al criterio con que enfoca la actividad de la Caja (de Ahorro y Seguro) los problemas de vivienda, de salud, de las carnes. Nuestra crítica seguirá por los mismos carriles, pero con respeto y con toda responsabilidad…” (24). La política económica de Perón estuvo naturalmente al servicio del capital: congeló salarios y convenciones colectivas para imponer por las buenas (inflación cero) y las malas (regimentación de los sindicatos) su objetivo de “paz social”, esto en una etapa política extremadamente convulsiva. Por otro lado, sólo entabló relaciones comerciales con Cuba, China y la URSS después que el imperialismo yanqui diera la luz verde (viajes de Nixon a China y Moscú). Desde el punto de vista político, el peronismo se convertiría en una pieza clave de la política yanqui para América Latina, en especial para respaldar los golpes militares de Uruguay y Chile, y para abrir negociaciones con Cuba. El PST llegó a apoyar el proyecto de la ley de asociaciones profesionales, (que diera origen a innumerables manifestaciones en su contra del movimiento obrero), en el que veía “un proyecto con puntos positivos”, “¿…tenemos que estar en contra de este proyecto de ley?” —se preguntaba AS N2 70 (1/8/73)— “Terminantemente NO”. El ingreso al "Bloque de los 8" El gobierno de Perón se caracterizó por los golpes que intentó infringirle a la clase trabajadora, a las libertades democráticas y a la Juventud Peronista. Produjo una andanada de leyes represivas y de fortalecimiento de los aparatos represivos y burocráticos. Perón buscó establecer un gobierno bonapartista; pero no lo logró. El pacto social, las leyes de asociaciones profesionales, de reformas al código penal fueron sucumbiendo por las contradicciones internas del gobierno. El propio Perón se vio entonces obligado a utilizar métodos terroristas, lo cual se consolidó después de su muerte. Una expresión de lo que decimos fue el “navarrazo”, (febrero 1974) el golpe policial-fascista en Córdoba, que desplazó de la gobernación a la izquierda peronista de Obregón Cano-Atilio López. Perón dejó actuar a estas bandas y, una vez asegurada la destitución del gobierno provincial, intervino la provincia por vía parlamentaria. Un mes más tarde, sin embargo, un reguero de ocupaciones de fábrica en Villa Constitución terminó en victorias que consolidaron a una nueva dirección, la encabezada por el entonces clasista Alberto Piccinini. Perón comprendió que el GAN estaba naufragando por la beligerancia obrera, y entonces dio dos pasos aparentemente contradictorios. Abrió una vía de acuerdo con el conjunto de los partidos burgueses “opositores”, al mismo tiempo que le daba vía libre a las bandas terroristas (navarrazo, masacre de Pacheco, etc.). El objetivo de éstas era el aplastamiento de la vanguardia obrera y estudiantil, mientras “los 8”, preservando el GAN, actuaban como dique “democrático” de contención de los trabajadores. Como respuesta al “navarrazo” y a las ocupaciones de fábrica en Villa Constitución, el PST propuso un frente democrático de naturaleza frentepopulista. “Todas las fuerzas obreras y populares —proponía AS N2 96, 20/3— deben exhibir su presencia militante y unirse en defensa de las libertades democráticas. Es necesario y urgente que todos los Partidos Políticos digan su palabra y actúen en este sentido: enérgicamente, para que todo el país quede notificado que ninguna aventura golpista contará con el apoyo de la civilidad”. Una semana después, Coral ingresaba a Olivos junto al PC y seis partidos patronales (UCR, PRC, PSP, PI, UDELPA, PDP). El PST más tarde ha querido embrollar las cosas diciendo que no hubo tal bloque porque no se firmó ningún documento conjunto (basta leer A.S. del 28 de marzo para ver la vehemencia con que defendieron haber firmado un documento de principios en el bloque). La política que el morenismo desarrolló con posterioridad coincide con los términos del documento que supuestamente no habían firmado. El PST justificó su ingreso a este bloque diciendo que “nos está permitido, y a veces es imprescindible, organizar y realizar acciones prácticas en defensa de los derechos democráticos conjuntamente con organizaciones y tendencias no proletarias. Esa es la enseñanza de Lenin” (Respuesta del PST al SU). Agregaba más adelante: la reunión de Olivos, “era un acto formal de gobierno, de características casi parlamentarias”. Pues bien, el “bloque de los 8” en dos años —¡y qué años!— se caracterizó por no hacer ninguna, absolutamente ninguna, acción práctica por las libertades democráticas. Su función —que el PST ocultó— fue asociar a direcciones que se reclaman de la izquierda y obreras a una política de colaboración de clases y de contención de las masas. Por eso la clave está cuando el PST dice que era un “acto parlamentario”. Eso fue, no una acción práctica, circunstancial, delimitada, de movilización de las masas sino una acción de colaboración de clases, parlamentaria, en el terreno del Estado burgués. El PST defendió su ingreso y permanencia en este bloque porque este bloque defendía la “institucionalización”. ¿Qué significaba esto? “Nosotros la entendíamos como el proceso de conquista de libertades democráticas abierto por el Cordobazo. Proceso que incluye no sólo las conquistas democráticas de la clase obrera, sino la existencia de instituciones burguesas como el parlamento, que creemos es necesario defender de todo posible golpe de derecha hasta tanto no tengamos la fuerza suficiente para tomar el poder” (respuesta del PST al SU). (En oportunidad del triunfo del Frejuli el 11 de marzo, el PST habría dicho que se había derrotado la “institucionalización”, ahora, que había que defenderla. La “institucionalización” es usada “a piacere”, pero siempre en el sentido del apoyo al gobierno peronista). Pero el “bloque de los 8” defendía al gobierno que impulsaba las acciones de la derecha, alegando que era atacado por ella, es decir que hacía un trabajo inmundo y sucio de encubrimiento del lopezreguismo. El PST prefirió cobijarse detrás de la hopocresía de un peligro golpista para defender al gobierno que socavaba las libertades democráticas y asesinaba a los militantes populares. El PST dejó de esgrimir el peligro del golpe a partir de julio de 1975, cuando Videla fue nombrado comandante en jefe y comenzaron los preparativos del golpe militar. El argumento que dio el PST para defender la institucionalización no era nada original: retomaba los argumentos clásicos de los PC, los cuales, en nombre del peligro fascista y derechista, justificaban el frente popular, o sea la alianza con la burguesía llamada democrática. El trotskismo demostró que el frente popular era, sin embargo, la antesala del fascismo que se pretendía combatir y, en último caso, un recurso del imperialismo contra la posibilidad de una revolución proletaria. La reciente experiencia chilena con la UP paralizada ante el golpe de Pinochet confirmaba nuevamente el programa trotkista. El PST pretendió justificar también su ingreso a este bloque con el argumento de que ello le permitía un acceso a los medios de comunicación para denunciar al gobierno y la represión. La realidad fue muy distinta: “El socialismo de los trabajadores… luchará por la continuidad de este gobierno —dijo Coral en una de las tantas multisectoriales— porque fue elegido por la mayoría de los trabajadores argentinos y porque permite el ejercicio de algunas libertades democráticas…” (25). Tan paralizante fue este bloque frentepopulista que el PST —en forma capituladora— llegó a sostener que la UCR “vacilaba” en la lucha democrática y no que encubría con lenguaje democrático el terrorismo de derecha. “La seriedad política que hemos encontrado en la UCR (AS N2 130, 28/11/74) nos obliga a hacer nuestra crítica a esta fuerza, máxime cuando, a nuestro juicio, sus posiciones vacilantes están favoreciendo el crecimiento de la extrema derecha…” Eso impidió —dijeron más adelante—“que los 9 se transformen en un núcleo coordinador de una movilización democrática y no pasen, como ha ocurrido hasta ahora, de una mesa de discusión a todas luces insuficientes (?) para defender las libertades públicas” (Ídem). El lenguaje de Codovilla. La política del PST ante el gobierno de Isabel y López Rega se basó en la expectativa de una reacción de los partidos burgueses “democráticos”. “En su momento —AS N9 134, 30/12/74— los Nueve fueron la única posibilidad seria y real de iniciar un proceso de movilización de masas… Nadie podría decir que el PST no exploró y seguirá explorando todas las posibilidades de la realidad…” A eso se resumió su política. Afines de mayo de 1975, esto es, en el umbral de la huelga general, el PST seguía afirmando, esta vez ante una declaración (una entre tantas) del radicalismo: “A los socialistas… la declaración del radicalismo nos parece que ayuda a la campaña para terminar con la violencia asesina del fascismo… Creemos que ella contribuye a crear el clima social de repudio necesario para aplastar al fascismo…” (26). ¡Para el PST, una declaración radical pulverizaba al fascismo! Con esta política, el PST no previó ni intuyó la huelga general de junio-julio de 1975, que iba a demoler al gobierno peronista. El PST y la huelga general Apenas se conoció el Plan Rodrigo, la clase obrera ganó la calle, pasando por encima de la burocracia. En Córdoba y Santa Fe el 6, 10 y 12 de junio se desarrollaron grandes paros activos y también en la zona norte del Gran Buenos Aires (Ford). Durante todo el mes de junio, los abandonos de planta fueron permanentes, hasta que finalmente, obligada por las circunstancias, la burocracia tuvo que decretar un paro activo para el 28. Las movilizaciones adoptaron de inmediato una proyección política de ruptura con el gobierno, abriendo paso a una situación revolucionaria. Las masas —rotas sus ilusiones en el peronismo— emprendieron el camino de una acción histórica independiente, arrastrando tras de sí a todos los sectores explotados y poniendo en crisis al régimen de dominación burgués: el gobierno peronista, sostenido con los métodos del terrorismo y en el sistema de alianzas del GAN. La primera reacción del PST ante las manifestaciones huelguísticas fue… ¡reprocharle a los trabajadores su marcado carácter antiburocrático! Así, en AS del 13 de junio criticaba, como un error divisionista, a los obreros de Fiat Córdoba por haber repudiado a un burócrata. En una situación de huelgas y abandonos de fábrica, el PST se limitó a plantear que “nada se firme en las paritarias sin discutirlo en asamblea del gremio” porque “de esta manera, estaremos en mejores condiciones para encarar un plan de lucha único, que puede llegar a la huelga general” (27). Es decir, ni siquiera proponía un plan de lucha inmediato y en AS del 21 de junio se insistía en las mismas generalidades. La clave para entender esto está en que mientras el PST no proponía nada para centralizar las luchas del movimiento obrero, firmaba sendos acuerdos en defensa de la institucionalización en el “resucitado” bloque, ahora de los 9. Y acá aparecieron en toda su dimensión los acuerdos de frente popular: porque no fue la supuesta amenaza de un golpe derechista sino la huelga general que amenazaba al Estado burgués. El PST, mientras no tenía consignas para el movimiento obrero sellaba acuerdos con las fuerzas políticas burguesas en defensa de las instituciones, esto es, del régimen contra el que se levantaban las masas. Recién el 30 de junio, es decir, dos días después del paro activo de la CGT, el PST planteó una perspectiva política a la huelga… pero a favor de la recomposición burguesa. “En la Plaza de Mayo el balcón está definitivamente vacío, pero en el Congreso podemos triunfar”, (28). Es que, según el PST, a los obreros “los ha reconfortado leer que el bloque sindical de la CGT en la Cámara de Senadores y Diputados, apoyado por el Frejuli, la UCR y todos los representantes partidarios apoyan nuestra lucha…”. La canallada política que hay aquí es enorme. El PST se refugiaba en el Parlamento, absolutamente paralizado en los días de huelga, y proponía el mantenimiento del gobierno peronista con un cambio ministerial, con que un sindicalista ocupara la presidencia del Senado. Arenglón seguido, aclaraba que si la burocracia dividía al justicialismo “está abierta la posibilidad de que surja un partido basado en los sindicatos y en la CGT. Se conquistaría así, por esa vía, el objetivo revolucionario más importante…” (29). A mediados de julio, planteó la renuncia de Isabel y la elección por el Parlamento de un gremialista como presidente interino, que convocaría a una Asamblea Constituyente. Varios meses después (diciembre), al explicar por qué retiraban a partir de entonces la consigna de "renuncia de Isabel”, el PST decía (en AS N2 174, 5/12/75): “La renuncia, tal como la pedimos nosotros, para abrir paso a elecciones verdaderamente libres ya no es posible. Todas las grandes organizaciones: la CGT, el Parlamento, los mandos militares, los partidos políticos patronales, es decir, todas las fiierzas que en la huelga general de junio-julio estaban detrás del movimiento obrero y reclamando, con algunas diferencias el alejamiento del Gobierno (por supuesto que con objetivos distintos a los nuestros) ahora están a favor de que se quede”. Interpretando que los partidos del recambio burgués estaban por la permanencia de Isabel abandonaban -ellos también— esa consigna. ¡Pero los partidos patronales en esa fecha ya estaban por la caída de la presidenta! La huelga general —como puede apreciarse— acentuó el giro frentepopulista del PST, no por un cambio en su política sino que ante la incapacidad del peronismo para contener a los trabajadores y ante el desborde obrero, la burguesía necesitaba más que nunca de su contrapeso “democrático”. Y el PST, al igual que el PC, hicieron causa común con la burguesía en favor del recambio burgués y en defensa de la “institucionalización”. La razón de clase para ello es que ambos querían seguir alimentándose de las migajas de la democracia y crecer a su sombra. Esta política los llevó a abandonar reivindicaciones elementales de la democracia política. Veamos. Libertad a los presos: Argumentando contra los atentados foquistas, el PST planteó que no había que reclamar la libertad de todos los presos, incluidos los guerrilleros, porque éstos no eran presos políticos. Sintetizó su posición en el reclamo de libertad a los que están a disposición del PEN, haciendo del status jurídico burgués de los presos una divisoria de aguas. Con esta posición, el PST rompía la posibilidad del frente único por las libertades porque dividía primero a los presos en las cárceles y al movimiento democrático y segundo, justificaba la represión supuestamente contra los foquistas, en lugar de denunciarla como pantalla y justificativo para atacar al movimiento obrero. Condolencias a los militares: En oportunidad del asesinato del vicecomodoro Rolando Sileoni, director de Inteligencia del Ministerio de Defensa, el PST se solidarizó “con el dolor de sus familiares y colegas…” (AS N9 163, 19/9/75). De esta forma, pretendiendo escudarse en una posición anti-foquista, el PST se solidarizaba con el alto mando militar, con los colegas del vicecomodoro, esto es, con los Capellini (los que tres meses después lanzaron la intentona contrarrevolucionaria). La huelga del SMATA y la multisectorial de Córdoba El gobierno de Isabel intentó recomponerse de la huelga general sobre la base de un acuerdo con la burocracia sindical verticalista y un sector de la burguesía industrial representado por el plan Cafiero-Di Telia. Este se basaba en una tregua social por 180 días, la imposición del Instituto de las Remuneraciones como paso tendiente a anular los convenios y concesiones a la burocracia para lograr una cierta regimentación del movimiento obrero. Este plan estalló con la huelga general del gremio mecánico ante el llamado laudo 29. Este laudo otorgaba mejoras salariales a la rama automotriz de la UOM como base para absorber al SMATA en el gremio metalúrgico, eje del verticalismo. La posición correcta consistía en promover la unidad de los metalúrgicos y mecánicos contra la burocracia y el gobierno reclamando la efectivización de las mejoras de la rama automotriz y plantear que las asambleas de metalúrgicos y mecánicos decidieran soberanamente a qué gremio debían pertenecer. En volantes y declaraciones, el PST llamó al gremio mecánico a reclamar la anulación del laudo 29, con lo que enfrentaba a los mecánicos con los metalúrgicos, haciendo de la defensa de los previlegios burocráticos de Rodríguez el eje de su política. De aquí que criticaron a las comisiones internas mecánicas opositoras (Mercedes Benz, etc.) que apoyaron las movilizaciones contra la regimentación gubernamental-burocrática pero que se negaron a servir de comparsa de la burocracia de Rodríguez. El triunfo de los mecánicos, y las luchas salariales en bancarios y otros gremios, quebraron este intento de recomposición gubernamental. La sublevación golpista de la Fuerza Aérea en diciembre de 1975 intentó precipitar la caída del gobierno, abriendo las compuertas a una salida contrarrevolucionaria. Este intento no prosperó, pero fue marcando todo un alineamiento golpista en la burguesía y en las FF.AA. Una consecuencia directa fue el auge terrorista de los meses de diciembre y enero, con una treintena de secuestros y asesinatos en Córdoba, lo mismo en La Plata y Villa Constitución, etcétera. En Córdoba, estas movilizaciones adquirieron un gran desarrollo e intensidad. El gobierno provincial —intervención Bercovich-Rodríguez— apeló entonces al método de la multisectorial. Convocó a una reunión de ese tipo y lanzó demagógicamente la idea de realizar una "marcha del silencio” de repudio a los secuestros, pero sin ponerle fecha. Pretendía así diluir la movilización obrera detrás de una promesa vaga, al mismo tiempo que canalizarla detrás de los planteamientos burgueses multisectoriales. La Comisión de Familiares de los Desaparecidos tomó la idea de la “Marcha” y decidió concretarla para la mañana del mismo día de la multisectorial. Esta iniciativa suscitó rápidamente el apoyo de las principales fábricas y de todos los sectores obreros, juveniles y populares de la ciudad: la marcha se perfilaba, así, como una verdadera movilización masiva y unitaria contra el terrorismo. Precisamente por esto, la Intervención prohibió la marcha, y mantuvo la convocatoria de la multisectorial para conservar las expectativas en una acción deliberativa, controlada, de los partidos burgueses. Lógicamente, esta multisectorial no resolvió nada pero le sirvió a la intervención para ganar tiempo y diluir las movilizaciones. El PST participó de la multisectorial. Ala salida de ésta, el representante del PST sostuvo: “Nosotros consideramos que es positivo el inicio de este tipo de reuniones…” (30). Ratificando esta conducta, Avanzada Socialista del 9/2, agregó: “El sólo hecho de realizarse la reunión era un paso muy importante en la lucha contra los secuestros”. “Si bien no se tomó ninguna resolución (sic) la reunión fue muy útil (sic) porque permitió expresar el repudio generalizado a las bandas armadas y sentó un precedente (sic) para encarar futuras acciones comunes”. ¿Dónde está la “acción práctica” en defensa de los derechos democráticos? El PST reivindicó el emblocamiento con los partidos burgueses liberales, no alrededor de acciones prácticas, delimitadas, sino como tal: “El solo hecho de realizarse la reunión…”; “…es positivo el inicio de este tipo de reuniones”, etc. En síntesis: la posición del PST fue de ocultamiento de la real función y resultado de la multisectorial y esto era precisamente lo que buscaban la Intervención y los partidos liberales: que las organizaciones obreras convenzan a los trabajadores en lucha que hay que reemplazar la movilización por la confianza en las palabras de los políticos, la Iglesia y gobernantes. Un mes después estalló el golpe de Videla, que encontró al PST totalmente desarmado políticamente para enfrentarlo, además de no haberlo previsto, porque hasta las propias vísperas del golpe insistía en que la burguesía no quería desplazar al peronismo del gobierno. La primera posición del PST ante el golpe fue calificarlo de “democrático”, “proinstitucional”, limitado a reprimir sólo al foquismo y no al movimiento obrero. Sobre esto volveremos en la próxima nota. NOTAS N. Moreno, noviembre de 1970, Después del Cordobazo, pág. 46, diferenciado del original. ídem, pág. 46-47, subrayado del original. ídem, Pág. 47 La Verdad, 13/4/1971. LV, ídem. Después del Cordobazo, agosto, 1970, subrayado original, pág. 40. LV, N° 293, 8/12/71. ídem, pág. 3. La Verdad N° 294,15/12/71 LV N° 295. 22/12/71. N° 296,9/2/71. Avanzada Socialista N° 25. Las Bases, 21/9/72 AS N° 29, 13/9/72 AS N° 52, 15/3/73 ídem, 15/3/73 A.S. N° 61,30/5/73. A.S. N° 63, 13/6/73 A.S. N° 60, 23/5/73 A.S. N° 63, 13/6/73 A.S. N° 64, 20/6/73 ídem. AS N° 69, 25/7/73 A.S. N° 79, 10 /10/1973 AS N° 125, 15/10/74 AS N° 148,31/5/75 AS, 13/6/75 30/6, Boletín especial AS N° 152, 5/7/75 La Voz del Interior, 24/1/76

24 de febrero de 2021
Alberto Fernández y la defensa “estratégica” del Estado

Después de la renuncia de Ginés García y las “autocríticas” de apuro, el gobierno del Frente de Todos se ha embarcado en un contragolpe en relación a la crisis política planteada por las vacunas VIP. Desde México, Alberto Fernández defendió a los funcionarios que debían asumir tareas “estratégicas” en la gestión del Estado, y, por lo tanto, la pertinencia de su vacunación. Más cerca, en Villa Gesell, Kicillof le imprimió un tono heroico a quienes como AF, CFK y él mismo habían resuelto vacunarse para darle ´confianza al pueblo´, cuando arreciaban las críticas a la Sputnik V. Sin embargo, la mayor prueba de confianza pasaba por la inmunización de los propios infectólogos o médicos, esto es, de los que saben del tema – bastaba con ellos. Alberto Fernández mandó el episodio del ´vacunagate´ a la consideración de los ´jueces y fiscales´, a sabiendas, probablemente, de que el expediente judicial termine en la nada. Del otro lado de la grieta, los casilleros de vacunados VIP en las provincias e intendencias opositoras o semiopositoras, de Schiaretti a Gerardo Morales, empiezan a llenarse de privilegiados. En la CABA, Larreta intenta legalizar la privatización del proceso vacunatorio, al tercerizarlo en prepagas u obras sociales que podrían introducir sus propios parámetros de prioridad para asignar las vacunas. Pero más allá de estos vericuetos, la defensa de los vacunados por tareas “estratégicas” es, ella sí, una reivindicación “estratégica”: si se mira bien, Alberto Fernández ha salido a defender a la maquinaria del Estado como “cuerpo especial”, es decir, separado de la mayoría del pueblo y con la tarea -“especial”- de asegurar la expoliación económica y social de esa mayoría por parte de la minoría que vive del trabajo ajeno. Si la condición de “estratégico” se asumiera a partir de la preservación de la vida y de la salud de la mayoría, es indudable que ese lugar le cabe a médicos, enfermeras, infectólogos, investigadores. Los funcionarios que han sido “adelantados” en la fila de la vacuna no cumplen ninguna misión “estratégica” desde ese punto de vista. ¡Pero sí la cumplen para el capital! Tomemos el caso de Martín Guzmán. Incluso si, por un momento, admitiéramos la pertinencia de tramitar o discutir las acreencias de los usureros internacionales contra la Argentina, no existe en ello ninguna habilidad especial que supere los manuales convencionales de administración o matemática financiera. Guzmán, sin embargo, ha sido considerado “estratégico”, y, según se informa, por recomendación de los organismos financieros que negocian con la Argentina. El ministro, por lo tanto, reviste una condición “especial”, y hasta cierto punto “intransferible”, que es propia de toda burocracia jerárquica de un Estado capitalista: cuenta con el mandato del capital para transferirle la hipoteca de la deuda externa a los oprimidos. No es, por lo tanto, un técnico cualquiera: ha sido cooptado por el Estado para asegurar una cierta orientación social y política. El carácter “estratégico” de los funcionarios ´seleccionados´ para el vacunatorio VIP no tiene que ver con su calificación o capacidades para enfrentar la catástrofe sanitaria o social. Han sido vacunados como parte de una maquinaria estatal “especial” y separada de la sociedad. (Digamos, de todos modos, que el joven Guzmán se ha cargado un par de vacunas más para inmunizar a sus secretarias. Como representación de una minoría, el Estado capitalista ni siquiera ha podido consagrar su pretensión republicana – continúa siendo, en buena medida, un Estado de cortesanos.) La crisis humanitaria planteada por el Covid no sólo demuestra la inviabilidad del régimen social fundado en el lucro privado para dar cuenta de ella. Desenmascara, también, al Estado que actúa como gendarme de esos intereses sociales, el cual, cuando lo que está en juego es la vida humana, muestra como nunca su carácter de aparato ajeno y hostil a la mayoría del pueblo. Un estado de miembros electos, revocables en todo momento, sin privilegios salariales o personales especiales respecto de un trabajador, no reclamaría para esos funcionarios ninguna prioridad en la asignación de estas vacunas. Algunos “opinólogos” han salido a justificar las tropelías oficiales como un resultado inevitable de la ´escasez de vacunas´ - si hay penuria, no se pueden evitar los privilegios. Es un recurso pérfido para presentar como una fatalidad a la corruptela perpetrada por los funcionarios. Esa corruptela es el resultado necesario, no de la escasez, sino del Estado capitalista, como cuerpo separado de la propia sociedad. La opresión social convierte al Estado en una camarilla, incluso cuando formalmente reivindica al republicanismo o a la división de poderes. Dicho esto, hay que decir enseguida que el “régimen de compadres” también ha sido incapaz de superar la penuria de vacunas. Con la caída de Ginés, se han comenzado a destapar los acuerdos oscuros que han dejado a Argentina sin vacunas, incluso con la “burguesía nacional” (Sigman) participando como subcontratista de AstraZeneca. ¿Dónde están las vacunas de Sigman-Slim-Zeneca? La crisis de las vacunas plantea una lucha política contra el Estado: publicación integral de todos los vacunados; control de las prioridades y listados de vacunación por parte de trabajadores electos; abolición del secreto y fórmulas de fabricación, para su producción en escala y cantidades necesarias. El cumplimiento de estas prerrogativas elementales plantea luchar por un gobierno de trabajadores.

24 de febrero de 2021
Subte: nuestra posición frente a las paritarias
Matías Cisneros · Emiliano López

El 2021 inició con una inflación del 4 % en el mes de enero, idéntico porcentaje que en diciembre. Si este ritmo se sostuviera, la inflación anual rondaría el 50%, como estiman en forma generalizada los analistas. La realidad y las proyecciones difieren bastante del 29% de inflación presupuestado por el gobierno para este año, número “alrededor” del cual pretenden cerrar las paritarias según lo planteado por el gobierno nacional en la reunión con los sindicatos, de la que participaron tanto la UTA como la directiva de la AGTSyP. En este contexto, los trabajadores del subte debemos decidir aún sobre el cierre de nuestra paritaria 2020 y el inicio del año corriente. El año pasado la política salarial de la empresa se impuso. Con el impulso de la directiva, en el cuerpo de delegados se fueron aprobando “sumas por única vez” que postergaban la discusión, acuerdos a la baja que resignaban porcentaje ante la inflación y retroactivos que nunca fueron abonados. De no ser por una cláusula de “revisión” en marzo, el acuerdo no hubiese sido aprobado por los compañeros. El contraste con la huelga de Aceiteros y Recibidores de Granos, le arrancó lágrimas al viejo activismo. La conquista del salario mínimo igual a la canasta familiar, que hoy ronda los $100.000, supo ser un punto programático clave de la gran paritaria 2005. A pesar de haberse considerado un servicio “esencial” en pandemia, en todas las instancias de negociación de esta paritaria, el salario de los trabajadores del subte quedó rezagado frente a la inflación. Las sumas no remunerativas esquilaron el básico, afectando otros ítems. Roggio se apropió de nuestros aportes jubilatorios, y terminó abonando en gran medida los “aumentos” con ese “ahorro”. El impuesto a las ganancias y la desactualización de los básicos deterioraron el aguinaldo de fin de año. Y se instauró una diferenciación salarial entre los trabajadores según rango de salud con el ítem “ayuda traslado”, que funciona como una suerte de presentismo diario (y castigo a los compañeros licenciados, quienes no lo perciben), a lo que se debe sumar el carácter “no remunerativo” del salario, establecido por decreto, para los compañeros con licencia por grupo de riesgo. Entre tanto, el grupo Roggio en medio de la pandemia, conquistó una nueva concesión del subte por 12 años, extensible a 15. Con subsidios por kilómetro recorrido, es decir por productividad, y aumento del 63% del boleto. Mientras retrasó, junto al Gobierno de la Ciudad, todo el año las medidas necesarias para retirar el asbesto de las formaciones. La empresa obtuvo una fuerte transferencia de recursos económicos y políticos a su favor. La cantidad de delegados y asambleas que rechazaron el último acuerdo paritario de diciembre fue en aumento respecto de los plenarios y asambleas anteriores. El rechazo es mayoría en las líneas B y C, mientras se abre paso en el resto. La directiva, subordinada a la política de ajuste del gobierno nacional, está orientada a desactivar las acciones de lucha, o en su defecto aislarlas. Al tiempo que encubre las políticas de ajuste de nación y magnifica los aumentos a la baja. En ese sentido la directiva pegó un salto de calidad tras el último paro general de tres horas, el primero después de mucho tiempo, levantando el conflicto contra la convocatoria forzosa a los compañeros adultos mayores, con la firma inconsulta de un acuerdo -por el cual se ofrece al compañero “la opción” de retornar- que jamás pasó por el cuerpo de delegados, y mucho menos por las asambleas de base. En muchos casos la vía judicial pasó de ser rueda de auxilio en la lucha gremial, a prácticamente suplantarla, como con el robo a nuestras cajas jubilatorias o el caso del asbesto. En este cuadro proponemos un programa y un método. La AGTSyP debe tomar la iniciativa y no regalarle la negociación a la UTA que tiene una representación minoritaria en el subte. Planteamos un 20% en la revisión de la paritaria 2020 (que ya venció) sobre el básico y con retroactivo que incluya el aguinaldo de diciembre, de modo de recuperar el salario que quedó un 18% debajo de la inflación. Luego, de cara a la discusión paritaria 2021, que debe iniciarse ahora, llamamos a rechazar la línea gubernamental a la que fueron a rendir pleitesías las directivas de AGTSyP y la UTA, de paritarias de ajuste “en consonancia” con la mentirosa inflación presupuestada (29%). Proponemos luchar por un aumento del 50% para el 2021, sobre el básico, con cláusula gatillo y revisión por inflación y por un salario mínimo que cubra la canasta familiar ($100.000). Defendiendo este reclamo con el método de la asamblea, por líneas y por sector, paritarios electos, plenario de delegados con mandato, e impulsando una asamblea general del subte en defensa del salario, la salud obrera y todas nuestras reivindicaciones.

24 de febrero de 2021
Una presencialidad arbitraria que infecta
Norma Roca - Docente de la Escuela 7 D.E. N°1 Adultos

Los docentes nos enfrentamos a muchas arbitrariedades en esta “nueva normalidad”. El gobierno decidió dejar sin trabajo a centenares de docentes, seguramente especulando, por un lado, con la baja asistencia de alumnos y, por el otro, con bajar la cantidad de cargos ante la posible vuelta a una cuarentena estricta. Esto significa cargos que no se cubren porque pretenden que los cubran los que están en posibilidad de dar clases presenciales; es decir, bibliotecarias, profesoras de plástica, y hasta celadores de comedor o preceptores (que no poseen ningún título pedagógico) los han puesto al frente de grupos de alumnos para dar clase. Con los cargos que no se cubren el gobierno exige a la P.O.F. de la escuela que los cubran con el plantel que está trabajando. Colocando a quien sea al frente del aula. Los actos públicos son una burla, llenos de irregularidades, como fue el del 11 de febrero pasado, cuando colapsó la sesión digital ni bien empezó. En los que sí se realizan, no se publican los cargos requeridos por las conducciones escolares y no es transparente la designación de los mismos. En el área de Adultos Primaria, en su mayoría, las clases siguen siendo virtuales por no disponer de un auxiliar de portería. Ahora pretenden que, de haber aulas en otro edificio que sí tiene auxiliar, los docentes deban trasladarse a este otro establecimiento a cumplir con el horario, rompiendo con la política de las “burbujas sanitarias” para ahorrar un cargo. El gobierno está echando mano al Estatuto Docente a cada paso. En el área de Especial, con los cargos de ACDM (celadores de discapacitados) avanzaron en cesantear a todos los que pudieron para flexibilizar todavía mas a los que ya estaban en planta. En esta área no salió ningún cargo desde febrero 2020. Paremos esta presencialidad que infecta cada día a mas compañeros, abriendo una amplia deliberación en todas las escuelas. Con asambleas, eligiendo delegados y formando comités de seguridad e higiene. Por aumento salarial, los nombramientos necesarios y la reapertura de la paritaria.

24 de febrero de 2021
Santa Fe: abajo el apriete antisindical de Perotti contra el SIPRUS

Las y los trabajadores organizados en el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud (SIPRUS–Fesprosa), desde el inicio de la pandemia han sido uno de los sectores más movilizados. Su lucha ha desnudado la desidia sanitaria del gobierno, el desmantelamiento de la salud en la provincia, la falta de EEP, las condiciones de trabajo y de precarización, con medidas de fuerza que se han sucedido a lo largo de todo el 2020. Las medidas de lucha y las denuncias encarnadas por el Sindicato sacaron a la luz la dimensión de este derrumbe, encubierta por el inmovilismo y la integración al Estado de otros gremios de la Provincia como ATE, UPCN y la corporativa AMRA. Por eso el SIPRUS se ha convertido en blanco del ataque de Perotti y el Ministerio de trabajo. El pasado lunes, el Sindicato se presentó a la citación en la sede del Ministerio de Trabajo provincial para exigir se suspenda la maniobra de “disciplinamiento” y amenaza de sanción por la presunta violación de una conciliación obligatoria dictada por el mismo, en 2020. A la concentración asistieron un grupo importante de profesionales de la salud de diferentes regionales y se realizó un acto en el que se expresaron una decena de trabajadores con sus reclamos y denunciando al gobierno. “Nos acusan de subvertidores sociales” (sic), expresó el Presidente del SIPRUS, Diego Ainsuain, y enfatizó sobre la tarea de visibilización de los problemas que repercuten en la atención de Salud a la población, como la falta de personal, de infraestructura, de la injerencia de sectores privados en la salud pública, las pésimas condiciones de trabajo de quienes están en la primera línea y los salarios miserables. También tomó la palabra María Fernanda Boriotti, Presidenta de la Fesprosa, federación que denunció públicamente y ante el Ministerio de Salud de la Nación, desviaciones muy serias en relación al plan de vacunación contra el Covid en muchas provincias, incluida Santa Fe, que presenta grandes irregularidades. Entre las voces de las y los profesionales que se hicieron presentes, la precarización laboral fue la más resaltada; el reclamo del pase a planta, la deuda de salarios -¡de hasta un año!-, del pase a la ley profesional por parte de licenciadas y licenciados de distintas disciplinas (que es ley, pero no se reglamenta), el derecho a licencias y la falta de todo tipo de recursos para continuar con la atención en pandemia, principalmente de personal y de infraestructura indispensable sobre todo en el norte de la provincia. Por otro lado, la reunión paritaria de la semana pasada pasó a cuarto intermedio sin propuesta salarial y con dilaciones, tanto en ese sentido como en las cuestiones técnicas que se vienen exigiendo desde hace años, como el pase a planta. Abajo la persecución y el ataque antisindical de Perotti contra el SIPRUS y trabajadores profesionales de la Salud.

24 de febrero de 2021
El film sobre el manifiesto de Breton y Trotsky, que permanece vigente

Si es que existe un antecedente histórico sobre el encuentro de la vanguardia estética y la vanguardia política, probablemente la reunión entre André Breton -el más reconocido representante del surrealismo, movimiento que contó desde los comienzos con su pluma, su obra y sus ideas- y León Trotsky, quien liderara junto a Lenin la Revolución Rusa y que se encontraba en su exilio mexicano -obligado por Stalin, para quien Trotsky era un obstáculo para culminar el Thermidor en la Unión Soviética- sea el mejor ejemplo. Breton y Trotsky se reunieron en Coyoacán con el fin de escribir un manifiesto político sobre el arte que permitiera desnudar la alienación capitalista y la regimentación burocrática estalinista (en la URSS se había decretado como arte oficial al “realismo socialista”, hecho replicado por los partidos estalinistas alrededor del mundo). Alejandro Rath, en su tercera película, representa este encuentro en el film llamado Manifiesto. Se trata de una película con vastas capas de recepción como de realización. Y es a la vez un film hermoso. Dos personas y una perra, Maya, llegan a una casa en algún lugar de la costa. Son los actores Pompeyo Audivert e Iván Moschner, quienes se interpretan a sí mismos ensayando sus papeles para un film. El espectador asiste, entonces, a la representación del encuentro Breton-Trotsky que se realiza como un artificio revelado que muestra a los actores en el proceso de construcción de sus personajes. Unas placas que se intercalan cada cierto tiempo muestra los diarios que escriben Audivert y Moschner durante el proceso de rodaje. Moschner siente ansiedad. “Pompeyo hace alarde de su memoria con el guión mientras yo no termino de comprender mis líneas”, escribe. Él debe interpretar a Breton, que también sentía ansiedad y parálisis por la tarea de escribir el Manifiesto que le había encargado Trotsky. Audivert se queja en su diario: “Debían haberme avisado que no tendríamos internet”. Trotsky presiona a Breton al punto de hacer estallar su neurosis de manera surrealista: como fantasías oníricas se hacen presentes Adriana de los Santos al piano, la novelista Gabriela Cabezón Cámara, el cineasta César González y la poeta María Negro en el rol de miliciana. Un cuaderno que lee Bretón alberga en sus páginas la filmación de Entreacto, de René Clair, uno de los primeros films surrealistas que representa con sorna a la burguesía. La película muestra el ensayo de los actores sobre la base de diálogos mantenidos por Trotsky y Breton, que fueron recogidos por el secretario privado del revolucionario y que dan cuenta de intercambios sobre el psicoanálisis, los animales y el carácter que debía tener el texto, que plantea un régimen anarquista para la producción artística. Finalmente, el Manifiesto por un Arte Revolucionario Independiente ve la luz, con las firmas de Breton y el muralista mexicano Diego Rivera. El film de Rath es un ejercicio de avanzada respecto a las formas de la representación a través de la exhibición del artificio, que lo envuelve en un clima de extrañamiento, sin que esto suponga una película tediosa o que deje de captar la atención del espectador. Probablemente, la libertad que se expone en cada diálogo o fotograma resida la unidad de la película con los postulados del manifiesto que escribieran Trotsky y Breton en México en 1938, hace poco más de ochenta años y que continúa vigente. Manifiesto se encuentra disponible en la plataforma Cine.ar de manera gratuita y se exhibirá el viernes 26 de febrero a las 22hs por Canal Encuentro dentro del ciclo No Ficción.

24 de febrero de 2021
Del Plá y Foffani le piden a Sáenz que niegue alimento al Polo Obrero salteño

En la última jornada nacional de lucha, cientos de compañeros del Polo Obrero de Salta nos movilizamos exigiendo asistencia a nuestros merenderos. En base a esa movilización y una fuerte lucha política contra los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social del gobierno de Sáenz, hemos arrancado la asistencia que reclamamos, aunque no en la cantidad y calidad necesaria. Lo novedoso en esta ocasión fue el argumento que utilizaron los funcionarios estatales para intentar rechazar nuestro petitorio: Cristina Foffani y Eduardo Belliboni, solicitaban a la Provincia no asistir a los comedores del Polo Obrero Salteño bajo la amenaza de “denunciar” al gobierno si no accedía a su pedido. Recordemos que Cristina Foffani abandonó al PO y el Polo Obrero salteño, junto con Claudio Del Plá y Pablo López, cuando la abrumadora mayoría de sus militantes adhirió a las posiciones de la Tendencia Nacional del PO en 2019. Eduardo Belliboni, a su vez, fue quien dirigió la purga de las asambleas del Polo Obrero en todo el país que repudiaron la expulsión de más de 1.200 militantes del PO a nivel nacional y que también rechazaban los métodos punteriles que éste impuso contra los métodos históricos del Polo. Para pesar de estos renegados, los funcionarios de Sáenz tuvieron que desistir por la firmeza de los compañeros delegados del Polo Obrero salteño, quienes reclamaron que el hambre y reivindicaciones de cientos de compañeros y familias no puede estar subordinada a los acuerdos y privilegios del Estado con Foffani y Belliboni, y que de lo contrario sería el Polo Obrero Salteño quien denunciaría públicamente este regateo punteril y redoblaría sus acciones de lucha para quebrarlo. Integración al Estado A estas alturas, el intento de apoyarse en el Estado burgués por parte de este grupo se devela como un método. Han hecho este tipo de pedidos en todos los municipios, provincias y a nivel nacional, logrando apropiarse por varios meses de mercadería del Polo (T) de Santiago del Estero. En su momento, Foffani en Salta y Belliboni a nivel nacional, no vacilaron en lanzar la amenaza nada sutil a los compañeros de base del Polo Obrero de que ellos eran los “únicos interlocutores válidos ante el Estado” y por lo tanto dueños de las conquistas obtenidas, para quebrar la organización en beneficio propio. Aún así, la forja clasista de miles de compañeros a nivel nacional los llevó a rechazar estos métodos punteriles y a poner de pie desde la nada el Polo Obrero Tendencia. Como se sabe, Salta es una de las cunas del movimiento piquetero, con las históricas puebladas en Mosconi y Tartagal, que dieron lugar a la estructuración nacional del movimiento piquetero a través de las asambleas nacionales piqueteras. Foffani, Belliboni y toda la camarilla que usurpa el PO y el Polo Obrero a nivel nacional, han decidido romper con esta herencia histórica y cambiarla por la rosca con el Estado para negar reivindicaciones a organizaciones de lucha, justo cuando el hambre y la miseria social crecen sin parar, como hace 20 años, y el régimen social responsable de esta situación antepone su supervivencia a la de millones de trabajadores en el marco de la pandemia de covid. Foffani, en nombre también de Del Plá y López, cierra filas con el Estado que tiene presa a nuestra compañera Yolanda Vargas. Vigencia Las importantes, aunque insuficientes conquistas, que le hemos arrancado al Estado han sido posibles por la defensa del método histórico clasista conque irrumpió el movimiento piquetero: las asambleas de base, planes de lucha y la independencia política y organizativa del Estado y sus partidos. Con estos métodos, los métodos históricos del Polo Obrero de Salta, reforzaremos nuestra lucha para acabar el régimen de miseria y hambre con el que ahora se coaligan, Foffani, Belliboni y Cía.

24 de febrero de 2021
Crimen de Paulina Lebbos: no a la prescripción de la causa contra Alperovich y sus funcionarios

En vísperas de cumplirse 15 años del crimen de Paulina Lebbos, se conoció el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó firme la sentencia en la que se condenó por encubrimiento a altos funcionarios del Ministerio de Seguridad y la cúpula policial durante el gobierno de Alperovich. Hace dos años arrancamos este fallo como resultado de la lucha incansable de la Comisión de Familiares Víctimas de la Impunidad. Eduardo Di Lella, ex ministro de seguridad, y Hugo Sánchez, ex jefe de la policía, recibieron penas de 6 años de prisión y Barrera, ex subjefe de la policía y Brito, ex jefe de la Unidad Regional Norte, penas de 5 años. Pero el fallo también ordenaba la investigación del entonces gobernador Alperovich, el actual subsecretario de Seguridad José Ardiles y un listado de personas que, durante el juicio, habían incurrido en falso testimonio o que podían estar implicados en el propio asesinato o en el encubrimiento, muchas de los cuales siguen bajo el mandato de Manzur, con los autores y encubridores del crimen. Sin embargo, desde ese momento el expediente no se movió. Ninguno de los que figuran en esa lista de funcionarios sospechosos fue investigado e imputado. Todo el andamiaje de justicia impuso un ´cordón sanitario´ para que la causa muera en el punto al que había llegado. Eso explica que la Corte Suprema haya dictado su fallo a tres días de que la causa prescribiera. Si hasta el viernes no se imputa a Alperovich y compañía, se consagrará su impunidad. Inclusive cualquier decisión en tal sentido podría ser apelada en forma sucesiva hasta llegar a la Corte, lo que superaría los plazos para evitar la prescripción. En otros casos, posible imputaciones podrían ser cuestionadas pues, de acuerdo a la calificación del posible delito, los plazos podrían estar ya vencidos. En este accionar dirigido a imponer impunidad aparece la figura del ministerio fiscal, a cargo de Edmundo Jiménez, una suerte de ´monje negro´, nombrado por el propio Alperovich, quien desde décadas maneja los hilos de la justicia en la provincia. Queda clara la función de la justicia orientada a preservar el régimen político y dejar ´zona liberada´ para que los gobiernos sigan encubriendo y cometiendo todo tipo de atropellos y crímenes contra el pueblo. Tienen que defender a los funcionarios alperovichastas hoy devenidos en manzuristas. Jueces y fiscales defienden los intereses de la casta política que los acomodó para defender sus intereses. En el medio, está en juego la vida de las mujeres, las jóvenes y la clase trabajadora. En el caso del femicidio de Paola Tacacho, el juez Pisa cajonea las denuncias previas que advirtieron el desenlace que tendría. O, al revés, el intento del camarista del fuero penal, Pedicone, quien denunció con grabaciones en la mano el intento de un vocal de la Corte provincial de condicionar las causas abierta contra el legislador Ricardo Bussi, sobre actos de corrupción y abuso sexual, en función del comportamiento de Bussi con el gobierno, terminó sometido a juicio político exprés y destituido, mientras que las denuncias y pedidos de juicio político contra el mencionado cortesano fueron cajoneadas en una sesión legislativa que duró tan sólo una hora. Así se podría enumerar una lista interminable de fallos y decisiones judiciales que demuestran que la justicia provincial es una suerte de asociación ilícita que debería ser llevada al banquillo de los acusados. Alberto Lebbos, el papá de Paulina, anticipó que recurrirá a todas las instancias posibles para denunciar este entramado de impunidad y a las instituciones y funcionarios responsables, y que continuará la lucha porque es el único camino que permitió avanzar en la causa. Este 26 de febrero tenemos que llenar la plaza para exigir justicia por Paulina y todos los casos impunes y mostrar que hay que avanzar en la lucha política contra el Estado garante de la impunidad. Es fundamental también que converjan otros sectores en lucha, como la docencia que está protagonizando un plan de lucha para enfrentar la política del gobierno de imponer la presencialidad en medio de la pandemia y sin vacunas.

24 de febrero de 2021
A qué responde el improvisado anuncio de vacunación a la docencia

La ministra Carla Vizzotti, la reemplazante de Ginés García en Salud tras el escándalo del “vacunatorio vip”, anunció durante la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa), el comienzo de la campaña de vacunación contra el coronavirus al personal docente a nivel nacional. Este será inmunizado con las vacunas del laboratorio chino Sinopharm. El anuncio se realizó poco después del despegue de un vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a Beijing para traer al país 904.000 dosis. Por su parte, en cambio, el ministro de Salud porteño, Fernan Quirós, declaró que no alterará su plan de vacunación y que usará las dosis que les asignen para completar la vacunación del personal de salud. En cualquier caso, la vacuna en cuestión no es aplicable a personas mayores de 60 años. La precipitada medida debe ser analizada bajo la lupa de la situación política. La política compulsiva de la “presencialidad educativa sin vacunas”, impulsada por el gobierno nacional y los gobernadores, ha entrado en zona de turbulencias. Ocurre que, como viene denunciando la docencia que se está organizando para derrotarla, la misma está redundando en un aumento de la contagiosidad en pocos días. Este experimento de presencialidad criminal, en Córdoba, por ejemplo, obligó al Ministerio de Educación de la provincia a activar el protocolo Covid-19 en nada menos que 21 escuelas estatales. Algunos edificios escolares fueron cerrados en su totalidad y la actividad pasó a la virtualidad, mientras que para los posibles contactos estrechos de casos positivos se solicitó el testeo y el aislamiento. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por otra parte, los sindicatos denuncian que hay 92 casos positivos entre docentes y 12 casos entre auxiliares desde el 8 de febrero pasado, fecha en la que el personal tuvo que reincorporarse; y cuatro casos de estudiantes positivos y otros diez presuntos positivos; 23 ´burbujas´ aisladas y 17 escuelas debieron suspender sus actividades por falta de insumos, problemas de infraestructura o casos de Covid y aislamientos tras la apertura realizada el 17 de febrero pasado. Al mismo tiempo, denuncian que, en varias escuelas donde se confirmaron contagios, no se cerraron los establecimientos para la desinfección ni se informó claramente a las familias sobre la situación sanitaria. El gobierno de los Fernández también intenta morigerar, con este anuncio de vacunación a la docencia, el impacto del ´vacunatorio VIP´ para los amigos del poder, organizado desde el mismísimo Ministerio de Salud nacional, mientras se agitaba que los docentes debían volver a las escuelas sin vacunas. Desde la convicción de que la presencialidad en pandemia y sin vacunas es una política criminal al servicio del capital, impulsemos en cada escuela y distrito el paro del 1 de marzo en el marco de la jornada de lucha convocada por Ademys en CABA y por diferentes seccionales opositoras de CTERA en numerosas provincias, incluidos los Suteba multicolores de Provincia de Buenos Aires.

25 de febrero de 2021
Las estafas judiciales de un régimen agonizante

Los franceses han desarrollado el hábito de interpretar los períodos de gran corrupción en su país como una señal de “fin de régne”, lo que correctamente traducido al castellano significa “fin de régimen”. Argentina ha venido atravesando estas etapas desde hace un siglo, aproximadamente, y por supuesto desde la colonia, con breves intermedios de incierta honestidad. La “correlación”, como diría un matemático, entre corrupción y derrumbes políticos, en todos esos momentos, ha sido perfecta. Para los contendientes en la disputa judicial corriente, todo obedece a operaciones políticas de sus adversarios. Los ‘arrepentimientos’ que siguieron a la aparición de los ‘cuadernos’ de Centeno, mostraron al 90% de la patronal de Argentina formando trenzas para acaparar obra pública y coimeando funcionarios como una rueda de las más importantes de las ganancias capitalistas. Contrariando los insultos que unos y otros se lanzan desde los medios, tanto macristas como kirchneristas han logrado bloquear el tratamiento judicial del negociado de corrupción más grande de la historia de América Latina, como ha sido el caso Odebrecht. En otros países, la cuestión Odebrecht ha llevado a prisión a varios presidentes, e incluso a un suicidio. El caso más notorio en Argentina juntó a De Vido con el primo de Macri; los negociados en Córdoba, por las conexiones de gas, han sido tapados sin atenuantes. De lo que tampoco nadie habla desde hace mucho tiempo es del destino de los cerca de mil millones de dólares que recogió Néstor Kirchner por la privatización de YPF en los años dorados de Menem. Todo esto viene al caso como consecuencia del fallo que condena a 14 años de prisión a Lázaro Báez y, en distinta escala a familiares y asociados, por el lavado de sumas enormes de dinero. La prensa opositora ha celebrado el fallo con la expectativa de que sirva para enjuiciar y condenar a Cristina Kirchner, en el supuesto de que el dinero público no pudo haber salido de ningún otro lado que de la obra pública de Santa Cruz. Si el triunvirato que condenó a los Báez comparte esta caracterización, recién se sabrá el 26 de abril, cuando los jueces den a conocer los fundamentos del fallo. Para involucrar a CFK será necesario algo más que conectar los cabos – habrá que presentar pruebas. Fue lo que la fiscalía no pudo hacer en la instancia de instrucción, bajo el juez Sebastián Casanello. De acuerdo a Página 12, esa prueba no aparecerá nunca por la sencilla razón de que en el juicio por la obra pública en Santa Cruz ya estaría acreditado que el gobierno no pagó sobreprecios. El dinero que ha lavado Báez tendría, entonces, un orígen inmaculado, que luego perdió cuando quiso evadir impuestos. Más o menos lo que hacen todos los capitalistas. Si el tribunal, en los fundamentos del fallo, dijera que el orígen de la plata negra es “tributario”, la ‘burbuja’ K saltaría de alegría. Página 12 reivindica que Báez haya traido el dinero lavado para asociarse con el macrista Calcaterra en las represas de Santa Cruz. Una ‘inversión productiva’, aunque violatoria del medio ambiente y económicamente ruinosa, perdona un delito. Cuando los franceses concluyeron que cosas como estas anticipaban derrumbes políticos, tenían en cuenta que los protagonistas se enredaban en disputas de robos y fraudes mientras el pueblo se moría de hambre. En todo este estropicio está envuelto el poder judicial, que acomoda las sentencias a los intereses que lo rodean. Por caso, la Corte Suprema no ha levantado el secreto del pacto YPF-Chevron, articulado por ‘personas estratégicas’ como Kicillof y CFK, que establece una cuasi asociación ilícita entre las dos compañías, secundado en un fideicomiso establecido en un paraíso fiscal. Mientras Alberto Fernández declara ‘personal estratégico’ a sus compadres, y Larreta y otros gobernadores macristas privatizan la vacunación, esta ventilación de trapos sucios de unos y otros deja en claro que ninguno de los dos bandos reúne las condiciones mínimas de gobierno. Ambos han forzado la reapertura escolar sin haber reunido siquiera el stock de vacunas necesario para los docentes, a sabiendas de que perjudicará y pondrá en riesgo la vida de maestros y alumnos, como ocurre ahora mismo en Francia y en Italia – en California y Oregón. Los trabajadores, que observan asqueados esta realidad, tienen el desafío de sacar las conclusiones políticas que correspondan.

25 de febrero de 2021
Tucumán: gran marcha docente para enfrentar al gobierno

Este miércoles se produjo una nueva jornada de lucha docente en Tucumán, que contó con la participación de más de 3.000 docentes de toda la provincia. Otra vez la lluvia no pudo detener a la docencia movilizada. La jornada tenía en cuenta que el 24 era la fecha fijada por el gobierno para el retorno de la docencia a las aulas. La Docencia Autoconvocada había votado, primero en una asamblea de más de 100 delegados, realizada el 6 de febrero pasado, y ratificado, más recientemente, en el Congreso de Delegados con mandatos de escuela -representando la voluntad de 1.500 docentes-, que el día del retorno se debía parar y movilizar a la Plaza Independencia. Tanto la asamblea de delegados como el Congreso posterior votaron que esas jornadas de lucha tenían como consignas centrales “con Pandemia y sin vacuna aseguradas por estado, no había vuelta a la presencialidad”. En paralelo, la autodenominada “Mesa de Unidad”, un arco de organizaciones vinculadas a la docencia, que reúne desde organizaciones alineadas con el gobierno como las 62 organizaciones (brazo político sindical del PJ tucumano, cuyo presidente es el gobernador Manzur), pasando por un gremio, la UDT, cuya directiva integra la CGT y es declaradamente progobierno, varias listas de arribistas y todas las fuerza que integran el FIT-U, también llamaron a parar y movilizar a la Plaza Independencia. Su bandera central es el retorno a la presencialidad segura. El gobierno decidió maniobrar y corrió la fecha de retorno para el día siguiente. El 24 jornada virtual, el 25 retorno. Desde Autoconvocados se llamó a paro virtual, desconexión y movilización. Los Autoconvocados se concentraron frente a la sede de ATEP. Allí confluyeron una delegación de ADIUNT y SIDUT (Tecnológica), y delegaciones de comisiones de padres y madres contra el retorno presencial de numerosos barrios de la capital y el interior. Llegaron a sumar unas 500 familias representadas. Concentrados en ese punto, los Autoconvocados se dieron con el hecho de que el sonido contratado no se iba a hacer presente, una provocación con el sello de los “servicios”. A pesar de ello, con un sonido improvisado, se hizo un acto de partida donde habló Raquel Grassino y se marchó. Al llegar a la plaza Independencia, ya había una multitud. El grito de “Autoconvocados” resonó en la plaza. Al tiempo llegó la columna de la “Mesa”, de unos 500 manifestantes. Contaban con dos sonidos, uno ya instalado en la plaza y otro móvil. Armaron el acto, y se fueron sucediendo un burócrata, uno del Fit-U, para reclamar “protocolo seguro”, atacando a los Autoconvocados como divisionista, hasta que la gente se cansó y se concentró frente al sonido al grito “que hable Raquel”. La insistencia fue tanta que debieron mover el lugar desde el cual hablaban y gran parte de los discursos no se podían escuchar porque la docencia no dejaba de pedir a viva voz por la palabra de la vocera autoconvocada. Fue en esa circunstancia que para poner fin a la jornada desde la “Mesa” pusieron el himno, maniobra burocrática clásica. Llegado a ese punto, los Autoconvocados se reunieron en una esquina de la plaza y realizaron una asamblea donde, luego de un debate y varias mociones, se acordó que el 25 y el 26 se realizarán asambleas por escuela para preparar paro y movilización para el 1º de marzo, dando de esta forma impulso al no inicio para los niveles Inicial y Primario, previstos para esa fecha y también a la docencia secundaria y terciaria, porque estarán atendiendo alumnos para los exámenes de manera presencial (aunque ya en muchas escuelas han anunciado, mediante actas de directivos y docentes, que seguirán trabajando virtualmente debido a que las condiciones en los edificios escolares no están dadas para el regreso). En ese marco, para unificar los mandatos y la jornada del lunes 1º, se acordó una asamblea general virtual para el sábado 27.

25 de febrero de 2021
Italia: el coronavius causa estragos entre estudiantes y docentes

Las autoridades italianas han anunciado que se encuentran presentes en el país al menos cuatro cepas del virus, incluidas la brasileña y la sudafricana, que podrían jaquear la efectividad de las vacunas existentes. Al mismo tiempo, la variante británica alcanza niveles preocupantes, el 30% de los infectados tiene esta cepa. Su expansión se ha duplicado en apenas una semana. Los mayores números de contagios se están produciendo entre niños y jóvenes de entre 8 y 19 años, que asisten a las escuelas, lo cual ha provocado el cierre de los establecimientos. En la provincia de Brescia, en siete municipios de Bergamo y en una comuna de Cremona se han reportado en pocos días 400 estudiantes y 123 docentes infectados; una escuela funcionó como foco de contagio. El resultado ha sido más de 6.000 estudiantes aislados. Según los informes, los contagios registrados afectan a todos los niveles educativos siendo: “20 del jardín de infantes, 76 de la llamada escuela de infancia y 140 de las primarias. La mayoría son alumnos secundarios” (Clarín, 24/02). En Roma, la situación también ha obligado a cerrar las escuelas y decretar cuarentenas estrictas en cinco municipios. En Bolonia se constató la difusión de la pandemia en algunas escuelas en la ciudad y la provincia. En la región Puglia (sur), el gobernador Michele Emiliano ordenó el cierre de todas las escuelas y la obligación para los alumnos de seguir la Didáctica a Distancia, ante el aumento veloz de los contagios. En Soligo de Treviso y en La Maddalena, en la isla de Cerdeña, se registraron casos de variante brasileña entre alumnos de dos escuelas. En Ancona, capital de la región de las Marcas, la difusión del contagio se concentró en algunas escuelas. Cepas, cuarentenas, vacunas, capitalismo La viróloga Ilaria Capua dijo que los números “son de escalofrío”, porque “hay una activa circulación de las variantes más contagiosas”. Y agregó: “hasta que la población más frágil no sea vacunada o inmune tendremos esta situación en agravamiento”. Esto conduce a un aumento de la mortalidad, que es registrado en todas las edades. La bióloga Barbara Gallavotti declaró: “Vemos un crecimiento de la mortalidad en todas las franjas de edad. Además hay otro problema: más circula el virus, más nacen nuevas variantes”. Es claro que la situación no puede ser enfrentada en las escuelas con el barbijo y la distancia social. La presencialidad es inviable sin vacunas, aunque la aparición de estas variaciones del virus hacen temer también acerca de la efectividad de al menos algunas vacunas. El ministro de Salud, Roberto Speranza ha declarado en el Parlamento: “No se dan las condiciones epidemiológicas para aflojar las medidas de contraste a la pandemia, no podemos bajar la guardia” (Clarín, 24/02). Hasta ahora, Italia había decretado menos restricciones que otros países como Gran Bretaña, Francia y España. El foco en las escuelas ha acelerado la expansión de las cepas más contagiosas y peligrosas. Que los principales afectados sean los niños y jóvenes, tira por el piso el verso que el virus que aseguraba lo contrario. El anuncio de “AstraZeneca, una de las tres vacunas aprobadas por la Unión Europea, de que en el segundo trimestre enviará a Italia solo la mitad de las dosis comprometidas, tira por tierra el plan de vacunación del gobierno. Al día de hoy, solo cuenta con 2.4 millones de personas inoculadas, el 4%. El gobierno ha pedido a las Fuerzas Armadas el aprovisionamiento de camas de terapia intensiva extras, porque el sistema sanitario está al borde del colapso, otra vez. La catástrofe que vive Italia es el resultado de la reapertura que exigen las patronales en todo el mundo. La vuelta a clases sin vacunas y en pandemia ha dejado a la vista sus resultados.

25 de febrero de 2021
Gobierno de compadres

Para un movimiento cuyo ‘motto’ es la “patria es el otro”, el vacunagate constituye un golpe político descomunal. En ese mismo momento el gobierno nacional y los provinciales ordenaban la apertura de las aulas sin la vacunación previa del millón y medio de docentes de los distintos niveles. Lo hacía incluso luego de confirmar que distintas cepas, más contagiosas, iniciaban una circulación comunitaria en Argentina. La misma circunstancia, en Gran Bretaña e Italia por lo menos, había llevado al cierre de los establecimientos escolares. Para colmo de dislates, los protocolos ordenados para la enseñanza tienen visos de insalubridad incluso para tiempos corrientes y son también inadecuados desde el punto de vista pedagógico o para la cotidianeidad de las familias con educandos. Luego de insinuar una indignación con los ‘colados’, el oficialismo decidió reivindicar la política del vacunatorio a medida. Alegó que el personal aludido era “estratégico”. Curiosamente acaba de echar al ministro de Salud – el más ‘estratégico’ de todos. Convertir a los funcionarios públicos en imprescindibles es la manifestación más obscena de una ideología de Estado. Es obvio que, por caso, el Procurador del Tesoro puede ser reemplazado por otro sin desmedro, o incluso con un beneficio, para los infortunados procesos judiciales que atraviesa Argentina. El país carece, por otra parte, de un Procurador General que reúna las condiciones establecidas por la Constitución, sin que haya importado lo ‘estratégico’ de esa poltrona. Lo mismo ocurre con el directorio del Banco Central. En 2001, todos los ‘estrategas’, de Presidente para abajo, tuvieron que salir en helicóptero en razón de los daños, por cierto ‘estratégicos’ que habían causado – y así otros cuatro presidentes al hilo. Si los gobernadores e intendentes, o los embajadores, que se saltaron el lugar en la cola son “personal estratégico”, el régimen político presente no sería más que una trenza de corporaciones. La autojustificación oficial deja de lado que todos los cargos, incluido el de Presidente, tienen a su segundo, que se asumen no menos ‘estratégicos’ que sus primeros. Finalmente, tenemos a los Verbitsky, los Duhalde, los empresarios marplatenses, los secretarios privados –un país de caciques–. Del otro lado del mostrador -a la derecha, según el gobierno- no ha ocurrido nada diferente, con la obvia desventaja de no contar con el control del estado nacional y de la mayoría de las provincias. En Córdoba, Buenos Aires y Jujuy, hasta donde se sabe hasta ahora, el personal estratégico incluye a gobernadores e intendentes de JxC. Para ellos también “la patria es el otro” -yo-. En ausencia de pandemia, el cupo de vacunaciones bajo el gobierno de Macri eran las reservas del Banco Central. A partir de la corrida cambiaria fueron adjudicadas a los amigos del oficialismo y a los fondos nacionales e internacionales en los que trabajaban; en el caso particular del ex presidente, un llamado telefónico a Sergio Massa delató su interés en incorporar a su propia familia en el blanqueo de 2016. Una curiosidad, si cabe: el vacunatorio macrista acaba de ser perfeccionado por un vacunado estratégico del oficialismo, el ministro Guzmán, que convirtió una deuda pública con el fondo Pimco, de pesos a dólares, a un tipo de cambio preferencial. No se necesitaba una pandemia para enterarse de cuán estratégicos son los funcionarios públicos y sus mandantes. Para no exculpar a nadie, señalemos que ya están circulando los nombres del ‘personal estratégico’ que pertenece al poder judicial. El gobierno anuncia ahora que va a apresurar la vacunación de docentes, cuando los contagios entre ellos se multiplican en la primera semana de clase Es una manera elegante también de mandar al residuo los protocolos supuestamente seguros que no lo son. También se anunció que se haría público el orden de vacunación de los distintos grupos, con nombre y apellido. Veremos. El problema político de fondo sigue en pie: la apropiación privada del estado por parte de camarillas políticas comprometidas en que ese Estado continúe su trabajo de fiel pagador de la deuda pública, o sea del hundimiento de salarios y jubilaciones. Un 48% de argentinos, abajo del nivel de pobreza, no gozan de status estratégico, ni de prioridad para la vacuna. Por un capricho de la efemérides histórica, el affaire del vacunatorio estratégico coincide con el 150 aniversario de la Comuna de París, el primer gobierno obrero de la historia. En su lapso de vida, 73 días, organizó un gobierno republicano auténtico, porque estableció el armamento de la ciudadanía, la elección y revocabilidad de los representantes del pueblo, y asignó como salario del funcionario público el tope del de un obrero calificado. Para los comuneros, estratégicos somos todos. https://www.perfil.com/noticias/opinion/jorge-altamira-gobierno-de-compadres.phtml

26 de febrero de 2021
Lacalle a prueba: un año de gobierno

Para cualquier habitante del país el hecho de que estemos hablando de apenas doce meses de gobierno debe producir cierta extrañeza. La situación de agobio que se respira en el conjunto de la sociedad, pandemia mediante, alteró hasta cierto punto la percepción del tiempo desde la elección de 2019 hasta hoy. El primero de marzo se cerrará el primer año de Lacalle Pou como presidente. Obligado apenas quince días después a enfrentar el desembarco del virus en el país, el gobierno aparece tempranamente fatigado. Luego de navegar los primeros meses con una imagen favorable debido a un manejo relativamente bueno de la pandemia, el presidente tiene dos nudos que lo amenazan: el primero es la cuestión económica y el segundo su propio armado de gobierno. Como apunto alguien llama la atención que en un momento de creciente desempleo, ollas populares y miseria creciente la ministra de economía festeje como una conquista el ahorro de 660 millones de dólares, y el cumplimiento de los objetivos fiscales. Lacalle Pou llegó al gobierno en el último minuto de la “ola” de recambio continental después de todo un periodo de gobiernos nacionalistas y centroizquierdistas. Esta onda de corto alcance empezó en 2015 con la victoria de Macri, que duró un periodo y se fue sin pena ni gloria. En 2016 Dilma Rousseff se deja voltear por sus propios socios, quedando la presidencia en manos de su vice, Temer antes del ascenso del fascista Bolsonaro, quien se mantiene en el poder con alfileres. Podríamos seguir; Ecuador con el posible regreso del Correismo al poder, relevando a un Lenin Moreno que salió de sus propias entrañas y Bolivia, donde los golpistas debieron hacer las maletas de apuro y “normalizar” el ciclo electoral. Chile merece una mención especial, pues marca un nuevo punto de partida para toda la región. Uruguay llega con cierto delay, justo cuando la “ola derechista” pasa a mejor vida. A contramano de esta esquematización el politólogo Adolfo Garcé se pregunta si no estamos asistiendo a una “era multicolor” que seguiría a la era progresista. Es un planteo atrevido, si bien el autor no se juega a vaticinarla, sostiene que es perfectamente posible y enumera: un liderazgo incuestionable, una agenda ambiciosa, niveles razonables de disciplina parlamentaria y la “confianza” del mundo empresarial, aunque apenas se traduzca en un apoyo “discreto” (sic). Garcé sin embargo no menciona un aspecto clave a saber, el contexto internacional. La omisión no es casual, la realidad de América Latina desmiente esta posibilidad. Despojado de este elemento la hipótesis es una colección de observaciones menores y buenos deseos. Incluso dando por descontado que el presidente logre subordinar a las bancadas de los distintos aliados es claro que Lacalle no se ha convertido en el eje de un reagrupamiento político consolidado de la política burguesa. El presidente lejos de disciplinar a sus socios ha visto multiplicar los litigios hacia dentro y hacia fuera de la coalición, con un marcado eje de discordia en la conducción económica y la respuesta al rápido deterioro económico de la población. Logró aprobar la LUC trabajosamente y luego de negociar y renegociar, pero esa mega ley no le resuelve nada a la burguesía, no implica ninguna salida de fondo. Incluso está en veremos que pueda avanzar en la reforma de la seguridad social, en medio de una creciente exasperación por abajo y hasta con reclamos de sectores aliados como UnSoloUruguay. Los números de contagios se han mantenido en una banda estable pero una mirada más de cerca revela un crecimiento sostenido de los índices de positividad, nada menos que en vísperas del comienzo de cursos. Íntimamente vinculado a esto hay que apuntar el fracaso en la obtención de la vacuna, con anuncios desmentidos unos tras otros que le abrieron una crisis de naturaleza particular. Independientemente de si consigue una cantidad de dosis aún inciertas en las próximas horas, es sólo un conejo que saca de la galera a último momento, no el resultado de ningún plan serio. La tendencia política general del Uruguay va en el sentido opuesto al que presenta Garcé. El gobierno es débil. La oposición, apuntamos brevemente, se ha dedicado a tender puentes y sabotear la movilización popular. Los casos extremos son los de Fernando Pereira y Orsi. Este último hasta desalentando la campaña de recolección de firmas contra la LUC, el único punto que podía diferenciarlo del gobierno. Otro tanto corre para la burocracia sindical, quien se jacta de no promover la movilización y ser “responsable” ante la pandemia, aunque ello signifique hasta mirar para el costado cuando se suspende el derecho a reunión. Se está configurando una situación excepcional. La centroizquierda renuncia a cualquier autonomía política. Por último, no está en duda la perspectiva del derrumbe político y económico que ya empezó, sino quien dirigirá la lucha. La preocupación de los luchadores y activistas debe estar en preparar el terreno para una creciente lucha de clases y oponer la acción directa a las trenzas parlamentarias. No se trata solo de resistir, sino de derrotar la embestida del gobierno derechista. Esta es la cuestión.

26 de febrero de 2021
Un blanqueo al capital inmobiliario

El Senado aprobó ayer por unanimidad la ley impulsada por el gobierno para promover inversiones en construcción de obras privadas con distintos incentivos fiscales, entre ellos un blanqueo de capitales. “La iniciativa, que ya contaba con la aprobación de la Cámara de Diputados, fue convertida en ley con 62 votos a favor, con un amplio consenso entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio” (El diario, 24/2). Los beneficios al capital inmobiliario y a los grandes evasores tampoco generan grietas. Martín Guzmán, Ministro de Economía, tuiteó que "las inversiones en nuevas construcciones serán eximidas del pago del impuesto sobre Bienes Personales durante dos años", y añadió que "obtendrán crédito fiscal igual al 1% del desembolso". Esto mientras no existen créditos para vivienda. La legislación habilita a "declarar de manera voluntaria" ante la AFIP "la tenencia de moneda extranjera y/o moneda nacional en el país y en el exterior" para ser afectada "únicamente a las inversiones en obras privadas nuevas realizadas" en el país. Iván Szczech, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, dijo: "Servirá para recuperar puestos de trabajo perdidos y lograr una mayor oferta de viviendas" (NA, 24/2). Un diputado del Frente de Todos dijo que "esta normalización de tenencias tiene una serie de requisitos que van a ayudar a prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo". Otro, de Juntos por el Cambio dijo que serviría para reactivar la industria y dar empleo. Un tercero agregó que sería “premiar a los que hicieron las cosas mal” pero que “el fin justifica a los medios” (ídem). “Repatriación” El Gobierno espera una “repatriación” de 5 mil millones de dólares que se fugaron del país mediante este blanqueo (Página12, 24/2). Szczech dijo que "servirá para impulsar el desarrollo del sector, recuperar puestos de trabajo perdidos y lograr mayor oferta de viviendas" y que "estos son los incentivos que la industria de la construcción necesita para fortalecerse, generando mayor inversión y mayor actividad económica, y en consecuencia más empresas y más empleo formal". Sin embargo, el sector cuenta con uno de los índices de informalidad más grandes del país. La precarización y los bajos salarios son la regla" (ídem). En diciembre, el costo de la construcción fue de 529 dólares por m2, según Reporte Inmobiliario, un 9,2% más bajo que hace un año y un 55% menor al pico de 2017 (Página12). La mayor parte del “bajo costo” es la mano de obra devaluada e informal que representa el 80% del valor total de la construcción. “Un empresario con una constructora con 600 empleados, que prefirió no ser mencionado, se mostró pesimista sobre la ley: ‘Nadie va a querer blanquear y quedar dentro del sistema, la construcción es fácil para ingresar dinero negro y luego vendés. Cada empresario sabe que esto no moverá la aguja’” (ídem). El objetivo es volver a fugar las ganancias, dejando un mayor agujero fiscal.que el precedente. El sector pedirá que los fondos blanqueados en pesos puedan actualizarse en UVA (atada al dólar), para no perder valor, mientras millones de trabajadores ven sus ingresos devaluados. Además, “Los fondos blanqueados deberán ser destinados a cualquier tipo de obra privada nueva o avanzada hasta un 50 por ciento. El proyecto establece que se les concederá un “bloqueo fiscal” pese a haber evadido impuestos previamente. Además, el Gobierno cedió ante el pedido empresario: bajó el impuesto para los evasores, y extendió el plazo para que exterioricen el capital” (ídem). De acuerdo a esto, Lázaro Báez debería ser absuelto y consagrado como inversor. Trabajadores contra el capital inmobiliario Este blanqueo se convertirá en megatorres, emprendimientos como los de Costa Salguero, la privatización de la costa, terrenos ferroviarios y otras tierras públicas, negocio que viene creciendo año a año con el acuerdo entre peronistas y macristas. Los trabajadores se verán más hacinados, con menos espacios verdes y con precios inalcanzables para alquilar o comprar una vivienda. Estos capitales se van a aprovechar de los bajos salarios y de una tasa elevada de explotación en comparación con otras inversiones. La medida, para algunos, implicará también una demanda grande de dólares por insumos importados. Muchos fondos ya fueron acaparando materiales de construcción a un dólar más bajo. Uno de los objetivos del capital inmobiliario y de la construcción es hacerse de buena parte del presupuesto nacional para vivienda, que fue incrementado nominalmente. Jorge Ferraresi, Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, prometió construir este año 100mil viviendas y que su construcción pase a manos de los intendentes. Se incentiva la formación de cooperativas (enormes precarizadoras de la mano de obra) y, de declararse la “emergencia habitacional”, como algunos indican, se podrían saltear licitaciones. Durante el gobierno de Macri ya hubo una “repatriación”, que se utilizó para impulsar el negocio de la construcción y que significó un incremento en los valores de las propiedades y en la venta a precio vil de las tierras públicas para negocios inmobiliarios y comerciales. La situación para los trabajadores sólo empeoró.

26 de febrero de 2021
Larreta igual que en Guernica desaloja a 22 familias en La Boca

El 22 de febrero último un operativo con más de 150 efectivos policiales a las órdenes Justicia de la Ciudad consumo el desalojo de 22 familias en el conventillo de Vespucio 65 plena zona de caminito, La Boca. Quedaron en la calle más de 70 adultos y 40 niños. Ni al Juzgado Civil Número 97, ni a la Policía de la Ciudad, y por supuesto, al Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta de le importó que se encuentra vigente el decreto que "prohíbe desalojos durante la pandemia" (decreto 320/2020 prorrogado por el 766/20 y el 66/21). El operativo contó con 7 camiones de asalto y sus respectivos equipos represivos que durante horas de la madrugada colocaron un vallado en toda la manzana. El conventillo fue comprado hace unos años por la empresa de seguridad privada Alarmas Comahue S.A. que codirigió el operativo policial. Mostrando un negociado y proceder muy común en el barrio, que consiste en comprar inmuebles “con la gente adentro” por debajo del precio de mercado y, una vez desalojado, es revendido a un precio superior. Desde temprano el Polo Obrero Tendencia junto a un amplio arco de organizaciones y vecinos se hizo presente, llevando solidaridad, apoyo y poniéndose a disposición de las familias. La preocupación y el temor de los vecinos está puesto en el precedente que significa un desalojo masivo en momentos donde la pandemia arrecia, suben los precios de alquileres y las "cartas documento" de los juzgados comienzan nuevamente a llegar. Son cientos las familias en el barrio de La Boca que están en diferentes instancias de desalojo judicial. Ahora el Gobierno de la Ciudad de Larreta, envalentonado tras dejar en la calle a 22 familias, es muy probable que intente avanzar sobre el resto de los conventillos. A pesar de todas las reuniones previas el IVC (Instituto de vivienda de la Ciudad) nunca apareció en el desalojo ni dio respuestas a los vecinos. Tampoco el programa BAP, y mucho menos, algunas de las áreas de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires. Las instancias "negociadoras" de la Defensoría del Pueblo y otros intermediarios durante la jornada fue la de acordar con el Juez una “relocalización” de las familias para postergar, al menos, 45 días el desalojo. Nada de eso prosperó, el Juez y el Gobierno de Rodríguez Larreta estaban determinados a desalojar a como dé lugar. Y era necesario con un "Guernica porteño". Mienten quienes dicen que no hay desalojos en la Ciudad de Buenos Aires, tanto por la vía judicial como a través de grupos de choque e inclusive incendios. El sur de la ciudad está bajo una ola expulsiva que lleva a las familias trabajadoras a irse a provincia. Cintia, una mujer que fue desalojada comentó: “Todo se nos complicó porque hay familias que no tienen trabajo. Hay familias que cobramos el 50 por ciento del sueldo. No tenemos donde ir”. Ante este prepotente desalojo con un operativo que hace años no se ve en el barrio, las familias decidieron quedarse acampando en la puerta del edificio. A las penurias que provocan el Gobierno de Rodríguez Larreta sobre los trabajadores de la Ciudad nos proponemos enfrentarla con la organización y coordinación de las familias del barrio, para acabar con la especulación inmobiliaria, y poner en pie un plan de obra pública y viviendas que esté al servicio de la clase obrera, y no de negocios de una clase social que nos somete a vivir en pandemia sin techo, sin trabajo y sin comida. Desde el Polo Obrero y Partido Obrero (T) nos fijamos un objetivo: poner en movimiento una convocatoria a fin de unir esfuerzos para luchar por el derecho a que las familias trabajadoras vivan en el barrio de La Boca.

26 de febrero de 2021
Rosario: todo el apoyo a la ocupación de Hey Latam
UJS - Rosario

Este miércoles, desde la madrugada, los trabajadores y trabajadoras del Call Center Hey Latam han iniciado una ocupación pacífica dentro de su lugar de trabajo. Luego de que el día lunes el Juez Civil y Comercial le otorgara a la empresa la quiebra a la empresa, la asamblea de Compañeres Unidos de Hey Latam decidió tomar esta medida de fuerza que apunta a resguardar los bienes que se encuentran adentro del establecimiento. Frente a la posibilidad inminente de un desguace por parte de la patronal, los trabajadores defienden de manera tenaz su fuente laboral. Luego de 86 días de acampe, los compañeros de Hey Latam han demostrado que la juventud precarizada de Rosario está en pie de lucha contra los atropellos de los que durante la pandemia siguieron operando y hasta recibieron jugosos subsidios por el programa ATP. Los trabajadores no cobran el sueldo hace tres meses. La mayoría los 300 compañeros y compañeras son sostenes de familia, tienen que pagar gastos de sus estudios, alquileres, etc. La empresa no ha ofrecido solución alguna. Su dueño, Martin Stauffer, ha sostenido una política de amedrentamiento tratando de judicializar la lucha y apelar a la policía para desalojar el acampe. Cabe recordar, tal como denunciaron oportunamente los compañeros de Hey Latam, que lo fraudulento de la quiebra lo reconoció la misma justicia, cuando el Juzgado Laboral 10 termino embargando las cuentas de la empresa, lo que demuestra que no faltan recursos para pagar salarios. Desde la Unión de Juventudes por el Socialismo Tendencia de Rosario y el Cordón Industrial apoyamos incondicionalmente la lucha de los trabajadores del Call. Llamamos a todas las organizaciones políticas, sindicales, sociales a apoyar su justo reclamo. La coordinación de todas las peleas en curso que lleva adelante la juventud precarizada es una garantía para el triunfo de los reclamos de los repartidores, los trabajadores de la cultura, los gastronómicos, call center, etc. Frente al intento de desguace por parte de la patronal, los trabajadores han solicitado al estado constituirse como una cooperativa, contado con los instrumentos para atender las enromes necesidades del 147 ante la pandemia y los temas de vacunación, entre otras necesidades de la población. Ninguna quiebra fraudulenta que deje 300 trabajadores en la calle.

26 de febrero de 2021
Santa Fe: movilización contra la destrucción de humedal ribereño

El lunes 22 de febrero las organizaciones articuladas en la "Coordinadora de la Costa" convocaron a una concentración y conferencia de prensa en la "Fuente de la Cordialidad", en el acceso Este de la ciudad, sobre la Ruta Nacional 168, en repudio a una obra privada ilegal que produjo un importante movimiento de suelo. La concentración se dio frente al predio emplazado sobre el Riacho Santa Fe del cual el empresario agropecuario Daniel Questa manifiesta ser propietario desde 1978. Allí pretende llevar adelante un proyecto turístico e inmobiliario junto a la firma Benuzzi, una de las principales constructoras e inmobiliarias de la ciudad. El 30 de enero este empresario, su apoderado Publio Ignacio Benuzzi y la empresa Coivalsa S.A. (dueña de la maquinaria) iniciaron de manera ilegal la construcción de un terraplén de 400 metros de largo y 4 metros de profundidad, en una zona clasificada como inundable y espacio verde ribereño por los códigos de edificación urbanos. La obra destruyó un humedal ribereño que funcionaba como zona de evacuación de crecidas y almacenamiento hídrico. Las excavaciones pusieron en riesgo, además, los pilotes del único puente que conecta el barrio de Alto Verde con el centro de la Ciudad de Santa Fe. La obra viola legislación municipal, provincial y nacional. El modus operandi es harto conocido en este tipo de avanzadas inmobiliarias, donde al margen de la ley o amparados en ella, los capitalistas ganan posiciones para luego discutir y negociar sobre el hecho consumado, o esperan el tiempo que sea necesario hasta que haya condiciones más adecuadas para seguir adelante. Ejemplos, sobran. Esta es la razón por la que pusieron a trabajar día y noche las retroexcavadoras, a la vista de todo el mundo, en uno de los accesos más transitados a la ciudad. Cada minuto valía, en la ilegalidad, hasta que el tema se destape, en un momento en que además el río Paraná comenzaba a subir. Ahora el tema está instalado en la opinión pública, pero también lo está el terraplén, que ya se encuentra construido. Los 7 días de silencio oficial durante los que se realizó la obra fueron claves para garantizar el proyecto. Las tareas se paralizaron recién en el mediodía del 5 de febrero, luego que integrantes de la organización social Proyecto Revuelta y la Red de Organizaciones de Alto Verde, realizaran denuncias públicas y alertaran a los funcionarios, quienes actuaron tardíamente solamente cuando el hecho tomó estado público en los principales medios de la ciudad. Recién entonces las autoridades municipales se hicieron presentes y solicitaron la intervención de la provincia, llevando adelante una inspección de manera conjunta a partir de la cual se ordenó la suspensión de las obras y se labró un acta de infracción municipal. Luego, el lunes 22 de febrero, el Gobierno de Santa Fe intimó a los tres empresarios a regresar el terreno al estado previo a la obra, otorgando un plazo de 48 horas desde la notificación. La intimación incluye la restitución a la cota original del terreno y la reforestación. Estas horas serán claves para conocer si las empresas acatarán o no las medidas dictadas. Del otro lado, es esperable que los empresarios también consideren claves estas horas, para conocer si la movilización popular y la denuncia pública continúa o no, ya que es el factor dinamizador del proceso. A su vez, el Ministerio Público de la Acusación abrió una investigación de oficio a cargo del fiscal Estanislao Giavedoni, especializado en delitos ambientales y la Municipalidad de Santa Fe se presentó como querellante. Nada de esto hubiera ocurrido sin el accionar y la denuncia de las organizaciones territoriales. La Coordinadora de la Costa viene denunciando que estos emprendimientos no son hechos aislados, que responden a políticas públicas estratégicas basadas en la proyección capitalista del territorio. Enmarcan esta obra en un proyecto pergeñado hace una década a partir de un estudio que el ex intendente radical del Frente Progresista Cívico y Social Mario Barletta (hoy Cambiemos) encargó a la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la UNL. Consiste en el dragado para tornar "turístico" el Riacho Santa Fe, hoy obstruido para la navegación por la dinámica natural del humedal. Una primera etapa del proyecto se ejecutó en 2013. "Sabemos que hay muchos otros proyectos que están en las mismas condiciones y que el Gobierno los habilita, o deja hacer como en este caso, hasta que esto se hizo público. Entonces no vamos a frenar los reclamos y vamos a controlar de cerca lo que sucede acá y en todos los proyectos que se pretenden en estos territorios, que se quieren llevar puesto la vida en el lugar" dijo Anahí Acebal, una de las voceras de la Coordinadora de la Costa.

26 de febrero de 2021
Sin vacunas, sin licencia: otro enfermero muere en San Fernando

Mauro, enfermero de 35 años del Hospital Cordero de San Fernando, murió de covid19 el día domingo 21/02 luego de una tortuosa estadía de cuarenta días en Terapia Intensiva. Según los estudios, se trató de una reinfección. Ya había contraído la enfermedad anteriormente. Este segundo contagio terminó siendo fulminante. La vacuna, para éste trabajador de la salud, nunca llegó para garantizarle la vida y sus derechos. “Tendría que haber generado anticuerpos”, llegaron a decir. Este caso, uno nuevo, se suma a la extensa lista de trabajadores de la salud. La “Vacunación VIP” decide entre la vida y la muerte. Su papá, con quien convivía, también falleció por el coronavirus. Mauro era paciente de riesgo (era diabético y tenía un principio de obesidad) con lo que tenía que estar licenciado, pero nadie lo cuidó. El compañero dolorosamente fallecido era parte de ese grupo de trabajadores que en el Cordero y en todo el sistema de Salud, hacía un año que trabajaba a destajo. Mauro prestó sus servicios en Neonatología años anteriores, en este caso, se sumó el agravante de que el traslado parece responder más que a razones sanitarias, al destrato y el abuso de autoridad de los jefes hospitalarios. Sin vacuna, con enfermedades preexistentes que lo convertían en un paciente de riesgo, Mauro fue víctima de la desidia estatal como de los manejos discrecionales que vienen siendo tónica en el hospital sanfernandino. En el largo año que transcurre desde la llegada de la pandemia a nuestro país, el estado nacional y el provincial no han solucionado ni revertido ninguno de los problemas que los propios trabajadores señalan desde el comienzo de la crisis sanitaria. El colapso del sistema de salud no tiene fecha límite. Mientras tanto, los salarios siguen muy por debajo de la canasta familiar. El virus se extiende entre las familias de las y los trabajadores de la Salud. Es un cuadro catastrófico. Sin el personal necesario y con un presupuesto a la baja, los trabajadores del Cordero denuncian además situaciones abusivas por parte de los jefes y autoridades que hacen imposible el mínimo clima laboral. La flexibilización de la cuarentena (que ahora pretenden desmontar en su totalidad con la vuelta presencial a las clases) aumentó la circulación social del virus. La presión patronal, de la UIA, las cámaras empresariales y de todo el arco político se pagan en vidas entre los trabajadores de la Salud, que siguen siendo sometidos a jornadas laborales extenuantes. Sus compañeros recordaron a Mauro en redes sociales como “muy querido por sus colegas, amigos y pacientes que lo conocieron en sus más de diez años de carrera. Un profesional de la enfermería que amaba su trabajo y siempre estaba dispuesto para ayudar a quien lo necesitaba”. Mauro tenía 35 años y dejó a su esposa y a sus tres hijos. La conmoción entre los trabajadores del Cordero no atenúa. Los trabajadores de la Salud necesitan, como nunca, un programa y una lucha unificada para poner de pie una organización que efectivamente atienda sus reclamos y reivindicaciones. Al enorme descontento los sindicatos parecen darle la espalda. Es fundamental oponer un reclamo unificado, comenzando por el fin del hostigamiento, el abuso y el maltrato laboral en el Cordero, avanzar en un salario que tenga el básico equivalente a la Canasta Familiar (¡hoy por encima de los 90 mil pesos!), la incorporación urgente de más personal en blanco y protocolos y material de trabajo para todos los sectores.

26 de febrero de 2021
El gobierno prorroga el mandato de la burocracia sindical en todos los niveles

La Secretaría de Trabajo ha dictado una nueva resolución, la número 133/2021, que da continuidad a la suspensión de los procesos electorales de los sindicatos, las asambleas y los congresos gremiales. La suspensión de elecciones gremiales se encuentra vigente desde el 18 de marzo de 2020 y continuará vigente hasta el 31 de agosto próximo. La resolución cuenta con el apoyo de toda la burocracia de la CGT. La CTA Autónoma ha denunciado estas suspensiones, pero no ha dicho lo más importante – si sus sindicatos las van a convocar. El gobierno otorga, con esta resolución, una prórroga de un año a unos 20 dirigentes nacionales, entre los que se cuentan Héctor Daer (Sanidad), Luis Barrionuevo (gastronómicos), Antonio Caló (UOM), Rodolfo Daer (Alimentación), Amadeo Genta (municipales porteños),Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Guillermo Pereyra (petroleros), Omar Maturano (La Fraternidad), Sonia Alesso (CTERA), Roberto Baradel (Suteba) y Víctor Santa María (encargados de edificio), Osvaldo Iadarola (FOETRA), Héctor Ponce (Asociación de Trabajadores Lecheros), Hugo Benítez (textiles),Raúl Durdos (SOMU), Carlos Bonjour (trabajadores de entidades deportivas y civiles) y Roberto Coria (Sindicato de Guincheros). Además, concede también a toda la cúpula de la CGT la extensión de su mandato hasta fines de agosto. La suspensión de los procesos electorales incluye a los lugares de trabajo. El gobierno ha salido a proteger la menguante representación de la burocracia, que es desafiada por el activismo en las empresas principales. El borrador de esta suspensión señalaba, entre otros, que “la realización de otros actos, así como la modalidad de su celebración, será analizada en la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, a petición de los interesados, en forma particular, de modo tal de compatibilizar las razones de salud pública que motivan la presente con el mantenimiento de la regularidad institucional, administrativa y contable de las entidades”. O sea que declaraba ilegales las asambleas que no contaban contaban con autorización del Estado. Es necesaria una inmediata deliberación de las agrupaciones combativas para iniciar una campaña que derogue esta resolución netamente fascista. Se podrían sumar a ella numerosas burocracias intermedias o regionales e incluso por parte de aquellas que no cuestionan la tutela estatal de los sindicatos, a la que presentan como una protección y una conquista, pero que buscan mantener, en este cuadro, la democracia formal en las organizaciones obreras.

26 de febrero de 2021
Reclamos por la vacuna en los hospitales

Trabajadoras y trabajadores del hospital Moyano se autoconvocaron este miércoles en el hall de entrada del hospital para reclamar la vacunación de todo el personal. Frente a la falta de respuestas, convocan a una nueva asamblea para el lunes 29. La dirección del hospital informó, en primera instancia, que estaba enviando los listados de personal a la viceministra de salud porteña Cordero. Sin embargo, horas más tarde, la notificación fue otra: no habría vacunas, ni siquiera las 60 necesarias para el personal de primera línea de la guardia. Los más de un millar de trabajadores del Moyano se preguntan por qué tanto en el hospital Borda y Tobar, también hospitales de salud mental, el proceso de vacunación está casi completo y en Moyano, en cambio, no comenzó. Por otra parte, denuncian que las pocas vacunas que han llegado fueron suministradas al personal jerárquico y dirigentes gremiales, en lugar de priorizar a los pacientes en un hospital de población cerrada o a los trabajadores de primera línea. Esta situación se repite en otros efectores, como el Ramos Mejia o el hospital Alvear, donde los trabajadores denuncian que solo el 10% del personal ha sido vacunado. Se han convocado en asamblea para el martes próximo. Otro es el caso del hospital Garrahan, donde el porcentaje de vacunados es del 25%, según informes de los propios trabajadores. Crece el malestar, que se suma a los reclamos salariales por paritaria y al conflicto abierto con las autoridades por la reforma del convenio de trabajo del hospital. En cada institución, el porcentaje de vacunación fluctúa, desconociéndose los criterios que se han utilizado en el proceso. La administración discrecional no es solo de los ministerios “amigos”, sino también en los hospitales donde no hay planes y se aplica el criterio propio de las direcciones. El malestar y los reclamos por la falta de vacunas para el personal de salud en los hospitales se han multiplicado luego de la crisis por el “vacunatorio vip”. La gestión punteríl y capitalista de la administración de la vacuna ha puesto en evidencia a todo el régimen y por esto el director del hospital Posadas pende de un hilo en su puesto frente al reclamo que crece entre los trabajadores por su renuncia. En la Ciudad “El Gobierno porteño aplicó la primera dosis a unos 60.000 trabajadores de la salud, lo que equivale al 40% del personal sanitario en la Ciudad (alrededor de 150.000 personas)” (argentino.com, 24/2), pero el personal está agotado y el recorte presupuestario se nota en la falta de contratación de refuerzos. A todo esto, las clases presenciales se han iniciado y, en solo una semana, ya hay más de un centenar de contagios entre docentes auxiliares y alumnos, 17 escuelas cerradas y más de 40 de aulas burbujas aisladas. Mientras los docentes y trabajadores de la salud esperan ser vacunados en defensa de su vida, Rodriguez Larreta y Quirós negocian sin criterios ni plan informado a espalda del conjunto de la población, la entrega de la administración de los lotes de vacunas próximos con las obras sociales. En la Ciudad, como se ve, se reúnen condiciones para una gran crisis política y para la intervención decidida de los trabajadores. El episodio atribuido a Ginés fue solo la punta del iceberg. La corruptela y administración discrecional de la vacuna no tiene grietas y las denuncias se multiplican por las diversas provincias, así gobierne el peronismo o la oposición radical y pro. Se deben sancionar a todos los responsables políticos. Los trabajadores deberán sacar las conclusiones a través de la creación de comités para discutir la gestión de los planes de vacunación y de la pandemia en cada hospital y en todo el país donde sean los trabajadores mismos los que estén al mando.

26 de febrero de 2021
Caso Paola Tacacho: Manzur le acepta la renuncia al juez Pisa

Este miércoles, a horas de reunirse la comisión de juicio político de la legislatura tucumana para tratar los pedidos de destitución realizados contra el juez Pisa por el femicidio de Paola Tacacho, Manzur le firmó la renuncia condicionada a la jubilación de privilegio. De este modo, el juicio político no se podrá concretar y se materializa un nuevo capítulo de impunidad. Pisa fue uno de los tantos jueces, junto a otros tantos fiscales, que ninguneó las denuncias de la joven docente. Al cabo de cinco años, Paola realizó 22 denuncias por el acoso que sufrió de un ex estudiante suyo. En 2017, frente al pedido de elevación a juicio realizado por un fiscal, Pisa resolvió rechazar el pedido y sobreseer a quien luego se transformó en el femicida, bajo el argumento que no había suficientes pruebas, para ahorrar “costos” para la justicia. Detrás de esta causa y de las otras, estaba operando el hermano del femicida, un poderoso empresario allegado al poder político. Desde el momento que la familia de Paola comenzó a investigar la actuación de la justicia, y puso el descubierto la actuación de Pisa, se conoció que éste había pedido la renuncia condicionada a la jubilación de privilegio a Manzur. Hubo marchas masivas exigiendo la destitución de Pisa, se presentaron siete pedidos de juicio político, se juntaron 70.000 firmas solicitando a Manzur que no le firme la renuncia. La propia familia de Paola le escribió una carta al gobernador, expresando su dolor y pedido de justicia. La legislatura también fue parte de la maniobras de impunidad ya que si bien le pidieron el descargo a Pisa dilataron los plazos para dar curso al juicio político (el 25 se vencía el plazo de la acusación). Distinta fue la posición de los parlamentarios para destituir al juez camarista Pedicone, quien denunció condicionamientos por parte del gobierno en la causa contra su aliado Bussi por abuso sexual y robo de identidad a la joven. Ahí la legislatura procedió con rapidez para proceder al juicio político y a su destitución. La noticia de que Pisa iba a quedar impune generó un repudio generalizado y rápidamente se convocó una concentración en casa de gobierno. Estuvieron allí presentes la mamá de Paola, Mariela Tacacho, y su prima, Nilda Zerpa, quienes llegaron a la provincia porque venían a seguir personalmente la labor de la comisión que debía tratar los pedidos de juicio político a Pisa. También participó Alberto Lebbos a 2 días de cumplirse 15 años del femicidio de Paulina y que la causa prescriba y no se pueda llegar a los autores materiales y a Alperovich y sus funcionarios. Se tuvo que enfrentar la represión porque la policía no quería que se prendan unas gomas y rápidamente avanzó contra las compañeras. Con cánticos y la defensa del derecho de protesta, la policía tuvo que retroceder. Tucumán es un polvorín resultado de la política criminal que lleva adelante el gobierno de Manzur contra los docentes obligándolos a la presencialidad, porque la justicia provincial es una suerte de asociación ilícita para proteger a la pandilla de gobernantes y poderosos, porque la legislatura es la puerta trasera del gobierno donde pactan oficialistas y opositores, y porque Tucumán es zona liberada para femicidas, narcotraficantes y redes delictivas. En este cuadro es fundamental la organización de los familiares para enfrentar la impunidad, para que la causa de Paola y del resto de femicidios y casos impunes avancen, el carácter independiente del movimiento de mujeres y la perspectiva de un congreso donde los distintos sectores en lucha deliberen y resuelvan un programa y plan de acción para enfrentar a fondo al gobierno y régimen de explotación, impunidad y violencia contra las mujeres. Este 26 de febrero, en el marco de la jornada contra la impunidad convocada por los 15 años del crimen de Paulina, colocaremos nuevamente el reclamo de justicia por Paola, por el juicio y castigo a todos los responsables y la revocatoria popular de los jueces y funcionarios implicados, entre ellos el propio Manzur.

26 de febrero de 2021
Martín Céspedes

Hoy 26 de febrero supimos del fallecimiento de Martín Céspedes por secuelas del COVID, en Bariloche, dónde vivía desde hace muchos años. Era militante y dirigente de Izquierda Socialista. Fue un compañero solidario y afable cuya vida siempre estuvo ligada a la lucha de clases y por lo que enfrentó persecuciones y penurias. Desde el Partido Obrero Tendencia, saludamos a su familia, con quien Martín compartió la militancia y declaramos sin miedo a equivocarnos, que ha fallecido un auténtico socialista. Un hombre que hacía falta.

26 de febrero de 2021
Femicidio y “Estado responsable”

Esta nota podría reescribirse cada día. Porque cada día asesinan a una mujer. 342 desde que asumió este gobierno. Si contamos los intentos de femicidios frustrados, el número se duplica. Ayer en Villa la Angostura mataron a Guadalupe Curual, que tenía tres denuncias contra su ex y un texto en su página de FB “Nací para ser libre, no para que me maten”. Las mujeres, jóvenes y viejas, vivimos bajo un régimen de terror. La Justicia había ordenado dos perimetrales, que el tipo violó sin problemas. En los últimos días le repitió que iba a matarla. La Justicia y la policía estaban al tanto. La mató. Guadalupe vivía con otra chica en iguales condiciones -madres de niños pequeños, amenazadas de muerte-. La ministra de la Mujer y Géneros, Ely Gómez Alcorta, presentó un escrito a la fiscalía de La Angostura para que la investigación se realice “con perspectiva de género”. Gran aporte. El lunes 13 de febrero, a través Decreto 123/2021, Alberto Fernández creó el Consejo Federal para la Prevención y el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios, cuyo propósito es “mejorar los mecanismos estatales para prevenir la violencia de género”. Lo integran las ministras Gómez Alcorta; de Justicia, Marcela Losardo, y de Seguridad, Sabina Frederic. (En abril del 2020, Fernández había creado la “Mesa Interministerial de Abordaje Integral de las Violencias Extremas por Motivo de Género”, de la que no se acuerda ni él.) Entre las funciones del actual Consejo está “elaborar en forma conjunta los lineamientos para una política federal integral y unificada de prevención, investigación, sanción, asistencia y reparación de los femicidios, travesticidios y transfemicidios”. También “estándares, herramientas de gestión, protocolos, guías y criterios rectores generales de actuación teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio”. La coordinación puede tomarse su tiempo: debe citar a las provincias que se vayan sumando como mínimo cada 6 meses (Infobae, 22-2). Todas las “políticas públicas” son un fracaso. Las mujeres esperan horas que la atiendan en la línea 144. En la comisaría habitualmente no les toman las denuncias. Si la mujer insiste, consigue alguna medida de protección como la perimetral y el botón antipánico -en el caso de que haya-. Ella tiene que llevar los oficios a las comisarías para que lo comuniquen al agresor. En dos meses de 2021, unas 50 mujeres fueron asesinadas por sus parejas, ex parejas o familiares. A eso se deben sumar 48 intentos de femicidios frustrados. La espantosa estadística crece diariamente. Muchos de los femicidas habían sido denunciados por sus víctimas. Muchos asesinatos fueron perpetrados por policías o militares. No hace ni un mes, el 8 de febrero, el policía Matías Ezequiel Martínez apuñaló a Úrsula Bahillo, en la ciudad bonaerense de Rojas. El asesino había sido denunciado también por otra ex pareja y enfrentaba un juicio por violación de una joven discapacitada. Ni la policía ni el juez consideraron oportuno detenerlo. Pero el juez Luciano Callegari ordenó una pericia psiquiátrica ¡a Úrsula! El domingo 14, Carina Blangetti recibió 27 puñaladas de su pareja, Facundo Crocco, en la localidad santafesina de Rufino. En Formosa, el 15, Carlos Medina, un policía retirado, asesinó a su ex, la maestra rural Mirna Palma. Ese mismo día 15, en Santiago del Estero, las hermanas Silvia y Silvina Rojas fueron asesinadas por el ex marido de la primera. El 18 murió en Córdoba Miriam Beatriz Farías; su esposo, el policía Jorge Juárez, le prendió fuego días antes. El 19, el policía Denis Figueroa degolló a su hermana Florencia, de 23 años, en José C. Paz, Buenos Aires. El 20 detuvieron al piloto militar Galván, que asesinó a su mujer Ivana Módica. El 21 apareció en Santiago del Estero el cadáver de Verónica Escobar, de 22 años (sexto femicidio en un mes en esa provincia). Y el mismo domingo, el de una mujer no identificada en la Villa 31 de capital federal. Horas antes, el asesino había apuñalado a otra muchacha. Lo dicho más arriba, las mujeres vivimos bajo un régimen de terror. La ministra Gómez Alcorta y un sinnúmero de funcionarias se han paseado por los medios responsabilizando por las muertes a “un Poder Judicial sin perspectiva de género”. Chocolate por la noticia: la complicidad de los jueces y de la Policía con los violentos genera un odio enorme entre las mujeres y el pueblo, que ante cada asesinato se dirige a las comisarías y a las fiscalías. Por el contrario, un sector del movimiento de mujeres pretende que depositemos las esperanzas en una reforma judicial “antipatriarcal o de género”. Son los mismos que creen en los poderes mágicos de la Ley Micaela. Depositar la confianza en la protección del Estado es un callejón sin salida. No es por incomprensión que todas las esferas del Estado hostigan a las víctimas. La violencia contra las mujeres es absolutamente funcional a los intereses del régimen social. El objetivo es que ese miedo nos inmovilice en todos los órdenes de la vida. Más aún en un período signado por el derrumbe capitalista, la pandemia y sus consecuencias dramáticas sobre las condiciones de vida de las masas. Las explotadas hemos sabido poner en cuestión todas las opresiones del régimen capitalista. Pero hay que entender y combatir esas opresiones desde una perspectiva de clase, sin ninguna confianza ni en el Estado ni en los gobiernos. Es necesario organizar nuestra fuerza contra la violencia hacia las mujeres. En las barriadas, en las escuelas, en el trabajo, cada organización, asamblea, comisión interna, centro de estudiantes, debe tomar la defensa de la vida de las mujeres como un aspecto central. Ninguna compañera debe estar sola. Intervengamos colectivamente ante cada caso de violencia. Obliguemos a que le tomen la denuncia y a que la Justicia intervenga. Organicemos comisiones de mujeres que garanticen el cese de las agresiones de inmediato. Custodiemos las viviendas de las compañeras para impedir represalias. Exijamos subsidios, viviendas, trabajo para la mujer golpeada. Tomemos la experiencia de las mujeres de muchas barriadas, que han sabido fundir en un solo programa la lucha contra el hambre, por el trabajo genuino, por la vivienda y la lucha por el aborto legal y contra la violencia y los femicidios. No hay programa de clase y programa de género. Hay un programa único de la clase obrera. ¡Nada de separatismo en las organizaciones populares! Los trabajadores deben participar de este debate y de estas acciones. La violencia contra las mujeres es un factor de división entre los explotados. Es tarea de hombres y mujeres combatirla. El 8 de marzo la lucha contra los femicidios debe ocupar un lugar tan central como la exigencia de que se cumplan los abortos voluntarios.

26 de febrero de 2021
Larreta desaloja brutalmente y detiene a otra madre en villa 31: ¡que aparezca la hija ya!
PdT Villa 31

Durante la madrugada de este jueves fue desalojada brutalmente del “Hotelito” de Villa 31 Carolina Soledad Duarte Dominguez, migrante paraguaya de 36 años, junto a sus ocho hijos. El desalojo fue ordenado por la fiscal Valeria Massaglia de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas (PCyF) N°15; durante el cual, más de una decena de policías de la Comisaría 1A golpeó y lanzó gases lacrimógenos contra la familia de Carolina y los manifestantes y activistas que se encontraban en el lugar. Carolina quedó detenida hasta la noche de este viernes bajo las imputaciones de usurpación y desobediencia; sus hijos fueron puestos bajo la responsabilidad de una de sus tías por orden del juzgado; y una de sus hijas de 12 años de edad se encuentra desaparecida desde el desalojo. “El Hotelito” es una dependencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ubicado en la Manzana 7 en el sector de La Containera, a un costado de la autopista. Fue pensado para alojar transitoriamente a familias que se encuentren dentro de los planes de relocalización o mejoramiento de vivienda. Cuenta con tres pisos que componen un total de 11 viviendas, muchas de las cuales se han mantenido ociosas durante largo tiempo desde su construcción. Por ello, es que frente a la crisis sanitaria, los cortes de agua y luz y el hacinamiento en la villa 31, distintas familias compuestas principalmente por mujeres en situación de violencia doméstica, ocuparon las viviendas vacías. En octubre del año pasado, Horacio Rodríguez Larreta había reclamado el desalojo de Hotelito, petición que le concedió la jueza Carla Cavaliere del Juzgado PCyF N° 17. Fue suspendido luego de una orden cautelar que consiguieron las 58 personas que resistían al desalojo a través de la organización y la movilización. Carolina había ingresado recientemente al Hotelito y se encontraba entre las familias legalmente protegidas por la cautelar, circunstancia que aprovechó el Juzgado PCyF N°15 para justificar el desalojo. Y una situación similar atravesó María Belén Guevara, militante del MTR 12 de Abril y madre de cuatro hijos que había ocupado una vivienda del plan de relocalizaciones del Gobierno de la Ciudad que se encontraba ociosa. Belén también había quedado detenida y fue liberada recientemente también gracias a las movilizaciones de organizaciones, activistas, vecinos y vecinas. También 22 familias con más de 40 niñas y niños de un conventillo de La Boca quedaron en situación de calle luego de un desalojo el pasado miércoles 24 de febrero. Tras el eslogan de “urbanización y relocalización” de las villas porteñas, se esconde el no tan secreto plan de excluir a los trabajadores y trabajadoras porteñas del derecho a la tierra, sobre todo cuando su metro cuadrado en villas como la de Retiro son valiosas para especulación y el negocio inmobiliario. En este contexto es que hace sólo una semana Larreta removió al militante PRO Juan Ignacio Maquieyra a cargo de la dirección del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), y fundamentalmente, a cargo de las relaciones políticas con los referentes de comités de crisis y organizaciones políticas de las villas porteñas. La política de negociación, cooptación y conciliación de Maquieyra con estas organizaciones al parecer no dieron resultados satisfactorios a Larreta. Presionados por sus bases, estos referentes han tenido que salir a apoyar (algunos a su pesar) las luchas por el derecho a la vivienda y la urbanización de su barrios. Basta de desalojos contra las familias, mujeres y madres trabajadoras en Villa 31, La Boca y toda la CABA. Triplicación de los subsidios habitacionales. Abajo los requisitos que excluyen a las familias de las villas su acceso (como facturas de servicios a nombre propio). El Estado es responsable del negocio punteril de ventas de contratos truchos de alquiler para acceder a los subsidios. Apertura y entrega inmediata de las viviendas ociosas para las familias sin techo de Villa 31 y las villas de CABA. Urbanización real de las villas. Basta de inundaciones, cañerías contaminadas con residuos fecales e incendios. Cloacas, agua potable y tendido eléctrico seguro. Plan de obras públicas y apertura de fuentes laborales. Refugios saludables para las mujeres y madres de las villas de CABA. Que se remodele y acondicione la Casa de la Mujer de la Villa 31, propiedad del GCABA que se encuentra ociosa. El Estado es responsable de la integridad de la hija desaparecida de Carolina y de que toda su familia quede en la calle.

26 de febrero de 2021
La lucha de los trabajadores de la salud y la crisis de “la vacunación VIP”

En el marco de la crisis en torno de “la vacunación VIP”, los trabajadores de la salud de la zona oeste del Gran Buenos Aires vienen desenvolviendo luchas de primer orden por su propia vacunación, las condiciones laborales y el salario. En el Hospital del Niño de San Justo, dependiente de la Municipalidad de La Matanza, sus trabajadores vienen desarrollando paros de 72 horas reclamando una recomposición salarial, ya que denuncian que cobran sueldos realizando los mismos trabajos, por debajo de los respectivos convenios de CABA y Bs As. Al mismo tiempo, expresan que no ha sido vacunado el personal de salud del hospital, dejando al desnudo la política criminal de los gobiernos de todo orden contra los trabajadores, vacunando a los amigos del poder. El próximo Viernes 26, en confluencia con el paro, convocan a una nueva movilización en las puertas de la Municipalidad. Por su parte, en la Clínica Constituyentes de Morón, que emplea 400 trabajadores, se vienen realizando paros y protestas en la puerta de la misma, ya que la patronal no le está pagando los salarios, ni tampoco el aguinaldo a los laburantes (abonaron solo el 54% de Enero y el 33% del aguinaldo). Los trabajadores denuncian que hace 3 años la empresa está pagando en cuotas, aún habiendo recibido subsidios del Estado como los ATP. En tanto en el Hospital Posadas, centro de la actual crisis política por servir de vacunatorio clandestino para la camarilla gobernante, sus trabajadores han denunciado los manejos punteriles y de corrupción por parte de las autoridades, mientras el personal no está completamente vacunado, y realizarán una conferencia de prensa el próximo Lunes 1° de Marzo en la que presentarán un documento con más detalles. En su conjunto, “el vacunagate” expresa la naturaleza de clase - capitalista- de la gestión de la pandemia por parte de los diversos gobiernos, y coloca a los trabajadores en el desafío de unificar las luchas, impulsar coordinadoras y congresos de delegados de base de la zona oeste, en dónde se ponga como prioridad la salud y la vida de la mayoría laboriosa.

26 de febrero de 2021
SUTEBA La Matanza vota una huelga de 48 horas

Un importante plenario de delegados en el Suteba Multicolor de La Matanza realizado el miércoles 24, con la presencia de casi 250 delegados con mandatos de escuelas, reflejó las principales preocupaciones de los compañeros, en el marco de la “presencialidad” impulsada por el gobierno, las corporaciones capitalistas y el Episcopado en medio de una pandemia cuyo desarrollo no se detiene. Los compañeros denunciaron lo que es evidente desde hace años: el estado penoso en el que se encuentran los edificios escolares, sin condiciones sanitarias ni elementos para llevar a cabo una higiene adecuada. El otro tema que los compañeros colocaron como central fue el del reclamo por la vacunación, como condición principal para un regreso a las aulas. La crisis política desatada con la “Vacunación VIP” dejó al desnudo como los funcionarios que impulsan la “presencialidad”, pretenden que la docencia concurra a las escuelas sin estar inmunizada frente al virus. Quienes integramos Tribuna Docente Tendencia intervinimos planteando que el problema central de la “presencialidad” es la pandemia en curso, que los protocolos no nos “inmunizan” y que es primordial la vacunación masiva de docentes, auxiliares y alumnos, antes de cualquier tentativa de retorno a clases presenciales. Señalamos que en CABA rápidamente avanzaron los contagios ante la apertura de Larreta. Denunciamos al gobierno y la dirección provincial del gremio por acordar el “regreso seguro” a espaldas de la docencia, sin mandato. Nos dimos la tarea en la semana de recolectar mandatos en nuestras escuelas y organizando otras, que plantearan el rechazo a la presencialidad en pandemia y sin vacunas, en defensa de la vida, por un no inicio con paro de 48 horas, los días 1 y 2 de marzo, con asamblea para decidir su continuidad. Este planteo recogió el apoyo de 20 compañeros delegados. Posiciones La Lista Marrón (PTS), en su balance del plenario publicado en LID (24-2), señala que esta posición sería “quedarse en casa con las escuelas cerradas” (sic) y que desconocemos “la pelea política enorme que hay que dar para ganar a las familias y estudiantes" (sic). Es decir que, el PTS quiere las escuelas “abiertas” y la “presencialidad”, como lo ha establecido el gobierno y sus “protocolos públicos” para ganarse a las familias. ¿Pero entonces quiere “ganar a las familias” para la política oficial? La sustitución de la defensa de la vida y la salud de los docentes, en función de un interés familiar indefinido, no es exactamente una política sindical clasista. Lo que en el plenario se planteó como ‘familias’, hasta ese momento era “la opinión pública”, una categoría también indefinida pero que se invoca para los procesos de elecciones políticas. Los docentes son también ‘familias’, todavía más vulnerables porque pueden transmitir el virus del transporte y la escuela a sus hogares. Argumentos como los señalados forman parte del arsenal ideológico de la burguesía mundial, incluidos los Bolsonaro y los Trump. Lo cierto es que en Italia las escuelas han vuelto a cerrarse por haberse convertido en focos de contagio, y lo mismo ocurre en gran parte de Alemania y Francia. La cuestión de la ‘presencialidad’ envuelve una cuestión estratégica: cómo debe desenvolverse la sociedad – si en función de la salud y la vida de los explotados, o de los negocios de los explotadores. El plenario resolvió aprobar por mayoría la moción presentada por las agrupaciones del FIT-U – un paro de 48 horas para exigirle al gobierno las condiciones para que sea posible “un regreso a la presencialidad sin riesgo”. La moción reduce la protección del docente y los alumnos al aireamiento de los locales, barbijos y una ambigua distancia social. Reclamar al gobierno una presencialidad “sin riesgo” una semana antes del inicio, es algo más que pedirle peras al olmo. Es evidente que es inviable. La presencialidad es el “riesgo” (seguro) de contagios y muertes. Se planteó una recorrida de escuelas “para garantizar relevamientos de infraestructura, concluyendo la no presencialidad donde no haya condiciones” (punto a). Dónde haya “condiciones”, entonces, sí. Eso mismo plantea la lista Celeste: “escuela por escuela”. Otras agrupaciones, como el PCR (lista azul y blanca) y La Comuna, se opusieron también al paro. No avalan ni la protesta. Vamos a la huelga votada El paro del 1 y 2 de marzo serán acompañados por una movilización al Ministerio de Educación, el primer día, por una clase pública en la Plaza de San Justo el segundo, y una nueva asamblea definirá la continuidad de las medidas de lucha. Nos preparamos para militar fuertemente el paro y para desarrollar una experiencia colectiva y una medición de fuerzas, que sirva para profundizar la lucha por la salud y la vida de los docentes y alumnos, sus familias y los trabajadores.

26 de febrero de 2021
El 20 por ciento de los femicidas son represores

Uno de cada 5 femicidios en la Argentina es cometido por integrantes de las fuerzas de seguridad. El 33 por ciento de los asesinos mató a la víctima con un arma reglamentaria. Solamente en AMBA, en una década, al menos 48 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas policías; 17 de ellas eran funcionarias de seguridad. Los datos surgen de una investigación del CELS. En la Policía Bonaerense hay unos 60.000 hombres. Un informe de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense muestra que, desde 2013, uno de cada diez -6.000- fueron denunciados por violencia de género. Más de un 80 por ciento de los investigados permanecen en la fuerza. El desglose detallado muestra que hubo 5.966 uniformados denunciados -entre 2013 y 2020- ante la Auditoría General de Asuntos Internos (eldiario.ar 18-2). Durante los siete años relevados, se desprende que de los 5.966 sumariados sólo fueron sancionados y expulsados 984 (ídem). Eso significa que 4.618 todavía pertenecen a la estructura, lo que equivale a más del 80% del total. Las penas expulsivas que puede recibir son la cesantía y la exoneración. Los cesanteados pueden pedir ser incorporados a la administración pública. Al final de 2019, había casi 30 mil sumarios por distintas razones, casi un tercio del total del personal policial. Pero esos procesos luego no se tradujeron en sanciones firmes. Solo 2.000 de ellos fueron exonerados. 21 de los policías acusados por violencia de género trabajaban en una Comisaría de la Mujer y la Familia cuando fueron sumariados.

26 de febrero de 2021
Suteba: plenario provincial de delegados de la Multicolor vota huelga y movilización

El día de ayer sesionó el plenario provincial de delegados convocado por las seccionales multicolores de SUTEBA. El objetivo era coordinar y votar las medidas de fuerza para llevar a cabo los días 1 y 2 de marzo, cuando comienza el ciclo lectivo bonaerense. Participaron unos 540 compañeros y compañeras, de unos 50 distritos de la provincia. La composición, sin embargo, no se extendió por fuera de la militancia orgánica de las propias agrupaciones que componen la Lista Multicolor. Sólo en La Matanza, en los primeros días de febrero, se había realizado una asamblea con más de 500 docentes. El plenario comenzó con un informe de las seccionales de La Matanza, Tigre, Ensenada, Marcos Paz, Bahía Blanca, Escobar y Gral. Madariaga. A partir de ahí, dos compañeros por agrupación pudieron tomar la palabra para intervenir. Hubo un “cupo” limitado -nunca explicitado concretamente- de intervenciones para delegados independientes. “Presencialidad” (con condiciones) Lo distintivo de la reunión, fue el debate que se procesó acerca de si era posible una presencialidad “condicionada” en las aulas, cuando estamos atravesando un rebrote de la pandemia y con protocolos diseñados por el Estado y la dirección del SUTEBA Provincial. Las “condiciones” son conocidas desde hace décadas: infraestructura obsoleta de los edificios escolares, falta de elementos básicos de higiene y seguridad, nombramiento de cargos docentes y auxiliares, etc. En nuestras intervenciones, los militantes de Tribuna Docente (Tendencia) señalamos que el objetivo del gobierno y las patronales es incluir a la Escuela Pública dentro de la “Nueva Normalidad”, es decir, exponiendo a los trabajadores al contagio del virus. Planteamos que no hay “protocolo” que haya inmunizado a nadie, como lo prueba la experiencia en CABA, donde en pocos días, desde el retorno a clases presenciales, se registraron más de 100 casos de covid-19 entre docentes, estudiantes y auxiliares. Hicimos hincapié en que los sindicatos se juegan una lucha histórica en defensa de la vida de sus trabajadores, y que la principal exigencia debía ser la vacunación completa del personal docente y auxiliar. Marcamos que nuestro objetivo era que el gobierno retroceda con la presencialidad pandémica, y no luchar por “condiciones seguras” para llevarla a cabo. Política sindical Romina del Plá, secretaria general del SUTEBA La Matanza, del oficialismo de Tribuna Docente, se posicionó a favor de la presencialidad. Cerró el plenario afirmando que “los docentes no quieren escuelas cerradas sino abiertas y en condiciones”. Es claro que las “escuelas en condiciones” elude la circulación creciente del virus y por lo tanto las condiciones concretas mismas del momento, así como elude el régimen político y social que ha dejado a la educación sin condiciones bajo cualquier otra circunstancia. Más allá del palabrerío, elude la cuestión de la burocracia sindical, que es la que impone la ‘presencialidad’ por medio de su aparato y del apoyo del estado a este aparato. La burocracia es el obstáculo para luchar por el regreso a las aulas vacunados, no las familias. El problema que elude el presencialismo combativo es la lucha contra esta burocracia sindical; una omisión tremenda en un momento desafiante. El planteo contra la presencialidad apunta a proceder a un recuento de votos y de organización, para una lucha que será larga – a pelear, en todas las instancias de esta lucha, la consigna de que decidan las bases, y no las burocracias para estatales, incluida la de Baradel. Quienes nos critican confuden lo que debe ser una táctica y una estrategia con la pura maniobra para zafar de la censura de la “opinión pública” que vota en el corriente año. Estamos frente a la renuncia por defender la cuarentena educativa que la docencia logró imponer desde el comienzo de la pandemia, en resguardo de su salud. Y a una completa integración política al régimen que pide a los gritos que las “abran”, para que las patronales puedan ahorrarse el pago de licencias a los trabajadores que deben cuidar a sus hijos. Los socialistas no defendemos la “escuela guardaría” de los capitalistas. En esta misma línea se posicionaron la Marrón (PTS) y Docentes en Marcha (IS) al hacer suya la consigna: “Las escuelas se abren con recursos, no con discursos”. En nombre de que “no podemos ponernos en contra a la comunidad”, prefieren ponerse “en contra” de los docentes que quieren preservar su vida, antes de ir a contagiarse a las escuelas. El plenario votó finalmente por mayoría la posición política de la conducción multicolor, por una presencialidad “segura”, convocando a una “jornada de lucha de 48 horas”, que en las seccionales de La Matanza, Tigre, Ensenada y Escobar se hará con paro. El 1 de marzo, se realizará una movilización al Ministerio de Educación. La moción que presentó nuestra Tendencia (paro de 48 horas y asamblea para definir continuidad por el no inicio), en su fundamento, se posicionó contra la presencialidad en pandemia y recolectó el apoyo de 61 delegados, varios de ellos independientes. El 1 y 2 de marzo, pararemos y llevaremos al conjunto de los distritos de la provincia nuestros planteos: en defensa de nuestras vidas, abajo la presencialidad en pandemia, vacunas para todos los trabajadores de la educación.

26 de febrero de 2021
La vuelta a clases en Chubut y la burocracia sindical: un balance provisorio

Una encuesta online fue el artilugio al que tuvo que recurrir la conducción Celeste de la ATECh para disimular un pacto turbio con el gobierno provincial y nacional de cara al inicio del ciclo lectivo. A contramano de los estatutos y de los más elementales métodos democráticos, bajó línea para que la decisión no la tomen las bases en asambleas. Si bien no difundieron los números públicamente, habrían participado 3053 docentes, de los cuales aproximadamente 1800 (60%) votaron a favor. La ATECh tiene 7 mil afiliados y en total son alrededor de 15 mil los docentes en toda la provincia. Es decir, que tan solo el 12% (1800) fueron los que decidieron la vuelta a clases con un protocolo inconsulto e inaplicable y con una deuda salarial de un mes a los rangos 3 y 4. El ministro Nicolás Trotta se presentó en sigilo a rubricar el acuerdo en una Casa de Gobierno vallada en todos sus ingresos y, al igual que días atrás, se retiró del lugar huyendo de los docentes autoconvocados. La vuelta a clases en pandemia en todo el territorio nacional es un objetivo estratégico que se propuso el gobierno de Alberto Fernández, por ello no escatimaron esfuerzos en reuniones con la cúpula de CTERA, sindicatos del Chubut y el gobierno de Mariano Arcioni. "Toda la Argentina puso la mirada en la provincia y es un mensaje para todo el país que el diálogo en las diferencias puede ayudarnos a encontrar un espacio común", manifestó ayer Trotta en rueda de prensa, dejando en claro que para ellos el pacto fue una victoria. El acuerdo indica que el gobierno se pondrá al día con el aguinaldo con todos los estatales. Pero a nivel salarial solo involucra a trabajadores de la educación (docentes y no docentes): a los rangos 1 y 2 no se le debería nada, y a los 3 y 4 (la mayoría) se le adeudaría un mes y no dos como ocurre hasta el momento. Es decir, no solo es discriminatorio al interior del sector sino al resto de los estatales en general. Además de la conducción de la ATECh, también agregaron su firma las de Sitraed, AMET; UDA; SADOP; ATE; UPCN, y Soyeap. Según trascendió, el Gobierno nacional girará 2500 millones de pesos para cumplir con lo pactado, lo equivalente a una masa salarial de toda la dependencia estatal. Las masas estatales chubutenses se encuentran movilizadas desde 2018 en defensa de sus salarios y contra las políticas de ajuste en general, que atraviesan tanto al gobierno de Mauricio Macri como al de Alberto Fernández. Ese telón de fondo es el que explican las recurrentes maniobras de las burocracias sindicales para llevar adelante acuerdos que deben revestirse de “democráticos” pero que desnudan su impotencia para convencer al conjunto de las bases: 1800 personas decidieron por 15 mil, desde sus casas, sin ningún tipo de deliberación con sus compañeros. A eso hay que agregarse que tres de las seis regionales rechazaron el acuerdo: Sur, Suroeste y Noroeste. En esas seccionales sí se llevaron adelante asambleas escolares y regionales. En las conducidas por la lista Celeste (Este, Noreste y Oeste) solo de redujo a la encuesta online. Santiago Goodman, secretario General de la ATECh, Tomás Montenegro, titular de la CTA de los Trabajadores, y sus laderos, aprovecharon el desgaste del activismo tras más de 3 años de lucha y la tendencia a la pasividad que implicó la cuarentena. Sin embargo, lo acotado del triunfo de la burocracia sindical muestra todos sus límites al resaltarse que solo un 12% del total de los docentes, y un 25% de los afiliados, los apoyó. Recordemos que el año pasado se debieron llevar adelante las elecciones del sindicato, que fueron suspendidas por la cuarentena. Pero más en general este ínfimo apoyo tendrá su costo político en el corto plazo cuando comiencen a aparecer los primeros contagiados en el ámbito escolar y se haga sentir que el acuerdo salarial está muy lejos de hacer frente a la inflación. Desde 2019 que no se registran paritarias estatales. Mientras todo esto ocurría, ayer en Las Plumas, un pueblo de la meseta chubutense, docentes, no docentes, trabajadores de la salud y estatales en general, se concentraron en asamblea y movilizaron en rechazo al acuerdo. Una señala de que aun en lugares alejados de los más importantes centros urbanos aun hay muchas reservas de lucha. Lo que viene Más allá de todo, la vuelta a clases no está garantizada. Si bien el Gobierno anunció que el 90% de las escuelas están en condiciones de prestar sus servicios con normalidad, lo cierto es que la cifra está infladísima. Y a ello se agrega que un no se sabe la decisión que tomarán los trabajadores de los rangos 3 y 4. Durante esta mañana, la regional Trelew-Rawson de la CTA Autónoma decretó un paro por tiempo indeterminado para cubrir a los trabajadores escolares que no acuerden con lo firmado ayer. Así y todo, objetivamente la vuelta a los lugares de trabajo será un ámbito de resocialización del activismo y de los trabajadores en general luego de un año de cuarentena. La tarea inmediata es la deliberación de estos sectores para reorganizar a las bases de cara a los tiempos difíciles que se viven. Las reuniones y asambleas escolares, como así también en otros ámbitos estatales, deben dar lugar a mandatos democráticos y asambleas generales e intersectoriales. La experiencia de coordinación y lucha vivida por los trabajadores en estos últimos años avizoran buenas perspectivas para derrotar a los gobiernos patronales y sus burocracias sindicales. Para ello se trata de dotarse de un programa y orientación con independencia política de estos sectores.

26 de febrero de 2021
1 de marzo: huelga en la Ciudad junto a la docencia de la provincia de Buenos Aires

En la última asamblea de Ademys, se resolvió convocar al conjunto de la docencia de CABA a un paro por 24 horas el 1 de marzo próximo, confluyendo con la docencia de provincia de Buenos Aires y de Tucumán, donde ese día deberían comenzar las clases presenciales con estudiantes de todos los niveles. Las seccionales multicolor de la provincia votaron en asamblea, asimismo, una jornada de lucha de 48 horas para comienzos del próximo mes, incluyendo el paro. En este contexto epidemiológico, gobiernos nacional y provinciales imponen un regreso físico a las aulas, una línea aperturista criminal que viene quedando demostrada en la gran cantidad de contagios que se viene produciendo entre el personal docente, no docente y estudiantes en las escuelas de las jurisdicciones donde ya hubo un retorno completo con el consiguiente cierre de escuelas y de "burbujas". Mientras, el ministro Trotta sale a anunciar con bombos y platillos, un registro de vacunación, pero dice que "registrarse no implica solicitar un turno ni una reserva para aplicarse la vacunas" (sic). Un "no anuncio" que tiene la intención de desmovilizar para que nos quedemos dentro de las escuelas contagiándonos mientras los amigos del poder se vacunan (ver https://politicaobrera.com/politicas/4041-a-que-responde-el-improvisado-anuncio-de-vacunacion-a-la-docencia ). Las escuelas abren sus puertas como punta de lanza de una ´normalización económica´ reclamada por el gran capital. Desde Tribuna Tendencia CABA nos sumamos a al paro y hacemos extensiva la convocatoria al conjunto de los/as docentes de nuestra jurisdicción. En la Ciudad de Buenos Aires, trabajadores docentes y no docentes estamos trabajando en condiciones precarias, con proliferación de casos de COVID-se registraron 304 desde la reapertura el 8 de febrero pasado y en diferentes escuelas tuvieron que aislarse 88 "burbujas escolares" (Télam, 25/2)-, mediados por protocolo que no tiene finalidad pedagógica alguna y con un salario absolutamente por debajo de la canasta familiar al que el gobierno de Larreta sigue recortando al no garantizar ningún tipo de recomposición en la mesa salarial. Señalamos, en la asamblea de Ademys, nuestra delimitación política con parte del sector que conduce el sindicato: no pedimos "condiciones" por un "retorno seguro", si no que nos colocamos en la vereda del rechazo a la presencialidad. Por ese motivo, denunciamos también que el paro del 1 de marzo no debía votarse "en paquete", dado que la moción se colocó (por parte del CD del sindicato) dentro de una serie de consignas entre las cuales se postulaba el "retorno seguro". Con micrófonos muteados y sin que nos permitan desmutearnos para intervenir sobre esto, por el chat colocamos nuestra posición -¡no una, sino dos veces!- y no fue tomada en cuenta. De esta manera se perpetua el voto de mociones "en bloque", una práctica que venimos denunciando que hace más de un año forma parte de las asambleas del sindicato. Vamos al paro Por todo esto, en línea con nuestro planteo en la última asamblea de Ademys, llamamos al conjunto de la docencia de la Ciudad a parar el 1 de marzo junto a los/as compañeros/as de la provincia de Buenos Aires, por: El rechazo a la presencialidad, organizando comisiones de seguridad e higiene en las escuelas con poder de veto. La conformación de cuerpos de delegados distritales para profundizar la organización y la lucha, en defensa de la salud y la educación. Por aumento de emergencia del 50%. Por un salario igual a la canasta familiar.

26 de febrero de 2021
Catamarca: paros y movilizaciones de estatales y docentes

La provincia atraviesa una alta tasa de contagios diarios que amenaza con colapsar el precario sistema sanitario. Se iniciaron las actividades presenciales en las escuelas que van cerrando al compás de los contagios diarios. Mientras tanto, se profundizan los reclamos salariales de estatales y docentes contra el gobierno que insiste con un techo de 30%. Se han anunciado paros y movilizaciones para los próximos días. Pandemia y vacunatorio VIP Catamarca fue una de las últimas provincias en ingresar a la fase pandémica y de las primeras en implementar medidas para salir de la cuarentena. Por decreto, el gobierno dio vía libre a todas las exigencias de la UICa (Unión Industrial de Catamarca) y la Unión Comercial. El resultado de esta “normalización”, en lo que va del 2021 ha sido la multiplicación de casos de contagios y las alertas de saturación en el sistema sanitario. Hoy la provincia tiene más de 8 mil infectados y 50 fallecidos, y un promedio de cientos contagios diarios. En este marco, el escándalo de los vacunatorios vip golpeó la provincia luego de la revelación de la intendente de Fiambalá: “Nos vacunamos todos, el gobernador, todos los ministros y los intendentes”. Mientras quienes gobiernan contra el pueblo, se protegen y se asegurar todo tipos de privilegios, el personal de salud denuncia falta de pago, formas de precarización y derrumbe edilicio. En la educación, decenas de escuelas cerradas por desinfección o carencias, como la falta de agua y personal; aumentan los casos de docentes y auxiliares contagiados en capital y el interior. Paritarias Tras el fracasó reiterado de las negociaciones salariales, los sindicatos estatales y docentes anunciaron medidas de fuerza. Los estatales cursan un paro de 48hs y la docencia, por intermedio de la Intersindical docente, se plantea un paro de 72hs y el no inicio de las clases. La Intersindical ha colocado el acento en la cuestión salarial dejando de lado el atropello criminal del gobierno de imponer la vuelta a las clases presenciales. En relación a ello la dirigencia docente ha lanzado el planteo de escuelas “seguras”. Lo cierto es que lo único seguro es el contagio. En las escuelas los protocolos y el conjunto del plan jurisdiccional hacen agua por todas partes. Los contactos estrechos surgidos del interior de las escuelas son simplemente notificados y obligados a volver al trabajo, sin ninguna asistencia ni cobertura que lo resguarde. El transporte público desborda y complementa un cuadro de transmisiones que colocara a la provincia en una situación de colapso sanitario. Qué hacer Se presenta una lucha en la que el activismo organizado por Tribuna Docente Tendencia va a intervenir desplegando una agitación, promoviendo pronunciamientos de padres y docentes, reuniones y asambleas en escuelas, haciendo eje en la lucha por el no inicio de las clases presenciales como cuestión prioritaria junto al aumento salarial, la recomposición por los gastos en equipamiento, el pago de todas las deudas y un programa para la educación virtual gratuita, cobertura, plataformas y dispositivos para docentes y estudiantes. El poder político se vacuna y envía a los trabajadores, docentes y estudiantes por un camino hacia la masacre social. No existen condiciones para la presencialidad en las escuelas en pandemia y sin vacunas.

26 de febrero de 2021
Pejotistas, kirchneristas, radicales y macristas están negociando suspender las paso y postergar las elecciones generales

La “nueva normalidad” que pergeñan oficialistas y opositores, apresurando el retorno a las escuelas y a toda actividad redituable sin vacunas ni protocolos adecuados, ha encontrado una excepción: por razones sanitarias , están discutiendo la suspensión de las internas abiertas de agosto o eventualmente su postergación, junto a las elecciones de octubre. La eliminación de las PASO le fue propuesta a Alberto Fernández por un grupo numeroso de gobernadores de todas las filiaciones. Sin embargo, a varios de estos mismos mandatarios - como en Salta o Misiones- no les tembló el pulso para adelantar sus elecciones distritales, en función de maniobras políticas locales. Pero los desdoblamientos electorales multiplican las jornadas de votación en esas provincias, y son contradictorios con el pretendido objetivo sanitario de suprimir las PASO. Inicialmente, la supresión de las PASO fue rechazada por el kirchnerismo duro, y lo mismo sucedía con la mayoría de Juntos para el Cambio. Según se afirmaba, ambos querían las PASO para imponer sus propios candidatos; por ejemplo, la Cámpora frente a determinados intendentes. Esa preocupación subsiste. Para las Paso, el ala Lousteau de la UCR ha presentado un proyecto en el Congreso, que las posterga al mes de setiembre. Cerca de Alberto Fernández, se ha planteado la postergación de las generales para fines de noviembre. El único propósito del corrimiento de plazos es la certeza de que para las fechas establecidas, en agosto y en octubre, la crisis sanitaria, la inflación, la pobreza seguirán en alza, acrecentadas por los aumentos de tarifas de los servicios, que ya ha comenzado. El gobierno apuesta a que un pacto político que difiera las elecciones, convencería al FMI a postergar el acuerdo de deuda para diciembre. Mientras tanto, existe la expectativa de que el gobierno pague los vencimientos de 2021, gracias a una ampliación de los ‘derechos de giro’, una moneda del FMI, que cuenta con el apoyo de Biden. Oficialistas y ‘opositores’ cuentan a favor de ellos con la postergación de las elecciones parlamentarias votada por el Congreso en Brasil. Al inicio de la pandemia, una tanda numerosa de gobernadores reclamó el establecimiento del estado de sitio. Vieron en el flagelo humanitario un buen pretexto para cercenar derechos políticos de asociación y reunión. Hace pocos días, los Fernández volvieron a cancelar las elecciones en los sindicatos, incluidos los lugares de trabajo – una violación del derecho de asociación y deliberación del movimiento obrero. Postergar las Paso, ni qué decir suspenderlas, y ‘patear’ las generales para el final de noviembre priva a la ciudadanía del derecho, si no de decidir sí de influir en el proceso político en el tiempo constitucionalmente fijado. Es una proscripción, que ni siquiera puede ser justificada como temporal, porque en política el tiempo es todo. Estamos ante otro ataque a la democracia. Rechazamos la suspensión o postergación de las Paso y la postergación de las elecciones generales. Rechazamos asimismo los desdoblamientos electorales, con los cuales los gobernadores quieren proteger a sus camarillas, pero por sobre todo atenuar el impacto de un pronunciamiento político popular. Que no les preocupa las aglomeraciones que se forman en las jornadas electorales lo prueba la velocidad que están imprimiendo a la ‘nueva normalidad’, abriendo escuelas sin la vacunación previa de docentes, no docentes ni alumnos, ni siquiera con condiciones adecuadas de infraestructura. El pueblo tiene más que nunca la necesidad de votar cuando la pobreza alcanza al 50%, los ‘grupos de riesgo’ pasan hambre con sus jubilaciones y salarios miserables y el cese de las ayudas de emergencia, pero el gobierno nacional y popular de los compadres aprueba un blanqueo de dinero para los capitales inmobiliarios. Denunciamos las negociones en curso para alcanzar un acuerdo de postergar, suspender y desdoblar elecciones, entre el bando que apoya Lázaro Báez, de un lado, y el que apoya a Stornelli y Macri, del otro. Ninguna encuesta dice que la izquierda vaya a crecer en las próximas elecciones, cuya impostergabilidad reclamamos. Veremos. Pero, en cualquier caso, para ganar a los trabajadores a un programa de revolución social y el voto en las urnas, en el camino, es un deber combatir cualquier atropello a la soberanía popular.

27 de febrero de 2021
Jubilados: una limosna para consolidar el despojo

El bono de $1.500 para los haberes de marzo y abril que acaba de anunciar el gobierno es la mayor confesión del carácter confiscatorio que tiene la “movilidad jubilatoria” aprobada el año pasado. Ocurre que el aumento dispuesto para marzo por la nueva fórmula de movilidad sólo llega al 8%, cuando las previsiones inflacionarias para ese trimestre podrían llegar al 11 o 12%. El gobierno ha salido a emparchar con una “suma fija” ese despojo, que sobreviene después de que todos los haberes perdieron con la inflación en el año 2020. El bono “beneficiará” a los que perciban haberes inferiores a los 30.000 pesos. “Triunfalmente”, el ANSES informa que en esa categoría ingresan el 70% de los jubilados, lo cual indica a qué nivel de derrumbe han llegado los haberes previsionales. La canasta de pobreza alcanza los $50.000, y sólo la superan una ultraminoría de los jubilados. El gobierno afirma que, con el “bono”, los haberes mínimos le ganarán a la inflación ya que lograrán una mejora del 16%. Una mentira por partida doble. Primero: para llegar a ese porcentaje, el gobierno le suma el bono al haber previsto para marzo, y lo compara con la mínima actual de $19.035. Pero ocurre que el bono sólo se percibirá durante marzo y abril, y no durante todo el trimestre en que regirán los nuevos haberes. Por lo tanto, los $3.000 de bono deben prorratearse entre los tres meses, lo que implica una suma fija real de $1.000 por mes, y no de 1.500. En ese caso, el “aumento” se reduce al 13%, y será pagado cuando los haberes ya estén siendo erosionados por la inflación del próximo trimestre. En segundo lugar, y como el bono no implica un aumento, la movilidad del próximo trimestre será calculada sobre las jubilaciones ´netas´, o sea, sin bono. Así, el deterioro de las jubilaciones frente a la inflación se seguirá acumulando. Incluso si el gobierno resolviera un nuevo bono el próximo trimestrre, será sobre un haber jubilatorio todavía más bajo en términos reales. El gobierno, en definitiva, extiende al sistema previsional las maniobras y engañifas con las cuales pretende encaminar las negociaciones paritarias, donde los “aumentos” no remunerativos y bonos actúan de pantalla para la erosión permanente de los salarios de convenio frente a la inflación. Mientras tanto, los elementos esenciales de la “canasta del jubilado” no cesan de aumentar. Denunciamos el despojo “edulcorado” por el bono: aumento de emergencia de $20.000 para los haberes; indexación mensual con la inflación; 82% móvil.

27 de febrero de 2021
PBI: no volvimos al 74

El anuncio de que la caída del PBI en 2020, un 10%, ha llevado al ingreso nacional ´per cápita´ a los niveles de 1974 es engañoso. Está calculado en pesos constantes, o sea que ignora la mayúscula desvalorización externa del peso. En términos de valor, la devaluación, en 2019, fue suficiente para reducir el PBI en dólares, de 450 mil millones a poco más de 300 mil millones, antes de calcular la caída del nivel de la producción física. A nadie se le escapa que la distribución del ingreso en esa caída acrecentó en forma escandalosa la desigualdad: el de los trabajadores y jubilados cayó muchísimo más que el promedio ´por persona´, o sea que el aumento de los ingresos de los capitalistas contrarrestó tanto la caída de la producción como la desvalorización del PBI tomado en su conjunto. El valor agregado en cada rama de la producción se inclinó fuertemente hacia las ganancias en detrimento de los salarios. La noticia de un regreso a los niveles de medio siglo atrás fue presentada como una prueba inequívoca del “estancamiento” de Argentina. Esto no solamente lo sostiene Clarín, puesto que dice lo mismo el documento presentado al último congreso del aparato del PO. Para asegurar tal cosa, sin embargo, no alcanza el número del PBI, que en realidad opera como un encubrimiento. Un ejemplo. La caída del PBI, en 2002, fue tan feroz como la actual, sin que mediara la pandemia. Sin embargo, se empezó a hablar de un crecimiento ´a tasas chinas´ desde 2005, claro que ignorando en el camino el derrumbe de 2009. Para que ocurriera ese giro, debía existir una capacidad instalada previa y el financiamiento que ofreció el impago de la deuda pública durante cinco años. Una situación de estancamiento es aquella en que cae el PBI potencial, no el PBI corriente. El potencial refiere al nivel de capital existente y a la capacidad de producción general. Influye en esta capacidad el grado de concentración de la industria y la cadena de valor que han desarrollado las compañías grandes con las menores – la llamada ´tercerización´. Esos niveles de capital y de capacidad instalada son muy superiores a 1974 e incluso mayor a 2016. Las crisis industriales y las hiperinflaciones han servido como aceleradores de la concentración económica, con una violencia admisiblemente mayor a una mayoría de los países capitalistas. La violencia del desarrollo capitalista no debe ser confundida con estancamiento. El PBI es el valor agregado en el período de que se trate. No debe ser confundida con la productividad del trabajo en la industria, el comercio y el agro. La siderurgia, por caso, produce muchísimas veces más que en el 74, con el 10% del personal de esa época; algo similar ocurre en la industria automotriz – no hablemos de la producción de granos y últimamente de carne blanca y roja. La potencia instalada para generación eléctrica (capacidad de generación ) creció un 45% en la última década, entre centrales térmicas, hidro y "parques eólicos". De todos modos, es un hecho, a nivel mundial, que la tasa de aumento del PBI es inferior a su potencial, o sea que domina la sobreproducción y que la acumulación se desplaza de la industria hacia el campo financiero; la tasa de endeudamiento mundial supera el 500% del PBI del conjunto de los países. Los números del PBI no hacen esta distinción entre capital industrial y capital ficticio, de modo que disfrazan una actividad parasitaria. El estancamiento, en cuanto línea de tendencia histórica del capital, es manifiesto, lo que no significa que Argentina se quedó en el 74, el año del fallecimiento de Perón. La tendencia al estancamiento en un sistema dinámico de explotación social y de rivalidad internacional como el capitalismo, es el fuelle de las guerras internacionales y de las crisis de régimen político. De los Trump y Bolsonaro, de las guerras imperialistas en Asia, y de las rebeliones populares desde Chile a Myanmar o Bielorrusia. Pero la falacia de la vuelta al 74 no termina aquí. La situación social de la clase obrera y de las masas es infinitamente peor que en el 74; no estamos como hace medio siglo, estamos mucho más abajo. Esto es lo que disimula la noticia de que el PBI ´per capita´ (por persona) cayó al de aquella fecha. El promedio oculta la colosal divergencia social. Si, por un lado, existe una diferenciación social ascendente en una ultra minoría de trabajadores, los índices de pobreza son concluyentes en este punto: 50% de pobreza absoluta, medida sin el rigor debido. Este agravamiento de la miseria social es la contrapartida del desarrollo capitalista, no del estancamiento. Quieren que se entienda lo contrario aquellos que sostienen que los ingresos de los trabajadores no pueden aumentar si antes ´no crece la torta´; o quienes fingen una lucha contra la carestía en los alimentos, para justificar el congelamiento de salarios y jubilaciones. La violencia de la desigualdad social tiene su raíz en el desarrollo capitalista del último medio siglo. El fenómeno no es sólo local, aunque sí su envergadura, pues Estados Unidos ya acumula unos 42 millones de pobres, en tanto el poder adquisitivo de los ingresos de la clase obrera no ha crecido de conjunto en el último cuarto de siglo. El uno por ciento concentra un patrimonio mayor al del 40% de ingresos más bajos. La política del gobierno ´nacional y popular´ se inscribe en esta tendencia general, no la contraría. Acaba de conceder un enésimo blanqueo, en este caso a los capitales de la construcción, donde el trabajo en negro campea sin resistencia. La burocracia de la Uocra saluda el blanqueo y la destrucción de los derechos laborales. Ha designado al retroceso del poder adquisitvo de los salarios y las jubilaciones como las ´anclas´ de la inflación. Profundiza la tendencia a la desigualdad creciente de la participación de las clases laboriosas en el PBI. En esta tendencia social e histórica de conjunto se encuentra la razón a los levantamientos de los años y décadas recientes, y de los que están por venir.

27 de febrero de 2021
Salta: toma temperatura la huelga docente autoconvocada

A horas de la asamblea provincial, prevista para este sábado 27 de febrero, el gobierno firmó con la burocracia sindical docente un módico aumento del 4,5% y un bono extraordinario de $10.000. Para un docente de primaria, esto significa la módica suma de $564,47. Más que alivianar, el gobierno terminó por echarle más leña al fuego. Hasta la madrugada los grupos de WhatsApp de la docencia y esta mañana en las escuelas, la indignación fue ganando terreno. Crecen los contagios, crece el ánimo de la huelga Como en la lotería, el gobierno va sacando todos los números. La indignación por el salario, se conjuga con el crecimiento de los contagios en las escuelas abiertas para tareas administrativas. La semana pasada arrancó con los contagios entre el personal directivo de la principal escuela técnica de Orán, donde trabaja nuestro compañero Samuel Huerga. Esta semana, la escuela primaria Arturo Illia de la misma localidad, tuvo que suspender una Jornada Pedagógica ante el caso positivo de una ordenanza. En el día de ayer, cerraron la primaria de la Escuela Normal en la capital por un caso de coronavirus de una maestra y se suman los casos de una escuela en la localidad de Mosconi, San Martín y en J. V. González, que derivó en el aislamiento de 20 docentes. El método del gobierno de montar protocolos COVID que, en el mejor de los casos, implica licenciar a los contagiados y eventualmente cerrar escuelas, va mostrando su fracaso. El método del gobierno de montar protocolos COVID que, en el mejor de los casos, implica licenciar a los contagiados y eventualmente cerrar escuelas, va mostrando su fracaso. Cuando aún no se ha completado la vacunación del personal de salud, para los jubilados o para la docencia, Sáenz se ha vuelto un abanderado, pero de la vacunación VIP en la provincia. El escándalo ya tiene imputado al jefe del Departamento Técnico Científico del Cuerpo de Investigadores Fiscales. Todo esto cuando los contagios comienzan a subir en la provincia, con picos de hasta 150 casos registrados por día, con un 82% de las UTI ocupadas y hospitales vaciados por la autogestión. La pretensión de volver a clases por parte del gobierno en este cuadro es un verdadero acto criminal contra la población trabajadora. La batalla por el no inicio La lucha de la docencia autoconvocada combativa ocupa un lugar central contra la orientación del gobierno que, a cuenta y orden de las patronales y los fondos internacionales como BlackRock, que piden avanzar en una “nueva normalidad”, pretenden las escuelas abiertas para levantar todas las restricciones a la explotación capitalista sobre los trabajadores. Los debates en las escuelas y las asambleas preparatorias en los departamentos del norte y de la capital se han pronunciado por el no inicio de clases presenciales hasta que no se garanticen las vacunas, exigiendo a la par las condiciones adecuadas sanitarias en las escuelas (contratación de ordenanzas y todos los insumos para garantizar la limpieza y sanitización), votan un salario mínimo equivalente a la canasta familiar e indexación mensual por inflación, entre otras en un extenso pliego. Si bien en el caso de Cerrillos y San Antonio, aún no votaron un no inicio, se juegan a sostener una acción unificada de la docencia en asamblea. Todas ellas dan cuenta de que se están conjugando las condiciones para la huelga que definirá en su fuerza y magnitud en la primera semana de pulseada con el gobierno. Los afines al gobierno, a las rastras de la huelga El sector de delegados autoconvocados de la plaza más afín al gobierno, con la profesora Di Piazza a la cabeza, han convocado su propia asamblea un día después de la de los sectores combativos. Es la búsqueda de su propio salvavidas. Su “intimidación” a que el gobierno informe su plan de mejoras para el inicio de clases, solo le ha causado un repudio y desprestigio mayor entre docencia. Las vacilaciones en tiempos de pandemia pueden ser determinantes. Toman nota de que están más desgastados y de que las condiciones educativas agudizadas por la pandemia no colaboran a su perspectiva. Expectantes de lo que pase en la asamblea del 27, votarán medidas de lucha para para no quedar fuera de la tendencia a la huelga y colocarse como una eventual rueda de auxilio del gobierno dentro de la autoconvocatoria. A preparar el no inicio, votemos la huelga A horas de la asamblea provincial docente, es tarea de primer orden redoblar nuestros esfuerzos por la mayor participación docente, con delegaciones de todos los puntos de la provincia. Votemos el NO INICIO y un paro por tiempo indeterminado que, con la convocatoria a asambleas departamentales a mitad de semana, mida las fuerzas conquistadas en las escuelas y discuta las tareas frente a una decisiva la pulseada con el gobierno. Pongamos en pie acciones para agitar la huelga, comités de recorridas por escuelas para pelear el paro y preparemos una nueva asamblea provincial para el fin de semana. Allí donde haga falta, con el método de la asamblea elijamos delegados que verdaderamente se sometan al mandato de las bases. ¡Tenemos un gran terreno por delante! La huelga es nuestra arma ante una batalla decisiva por nuestra salud y nuestras vidas, como las del conjunto de la población trabajadora.

27 de febrero de 2021
Jujuy: vacunación VIP, presencialidad criminal a la docencia, desconocimiento de los derechos políticos del FIT y represión

El gobierno convocó una sesión extraordinaria para que la legislatura apruebe el decreto provincial para hacer público el listado de vacunados en la provincia. Fue el único punto del día. La legislatura volvió a rechazar, como ocurre desde hace nueve meses, la incorporación del tratamiento de renuncia a la banca del diputado Iñaki Aldasoro, que corresponde al método de rotación establecido en el Frente de Izquierda. Morales sumó un fuerte operativo represivo contra los militantes y simpatizantes que se llegaron a la legislatura a reclamar el cumplimiento de la rotación. Escribanía del Ejecutivo Morales utilizó la legislatura, con su mayoría automática más sus socios del PJ, para convertir en ley el decreto que ordena la publicación de todos los vacunados en la provincia. En realidad se trató de una maniobra política para “blanquear” el cuestionado régimen de vacunación provincial. No estuvo a votación el conjunto del plan de vacunación, tanto en cantidad, orden de prioridad, plazos de aplicación y un efectivo control de su cumplimiento. El decreto ahora ratificado por ley, no plantea si quiera la necesidad de establecer un plan para vacunar de inmediato a los docentes y el conjunto de la población de riesgo y personal esencial. Los diputamos del FIT rechazamos esta maniobra, mediante la abstención a la hora de votar. Maniobra de baja estofa El gobierno pretende hacer una política de “control de daños” frente a la crisis que ha estallado a nivel nacional con los vacunados VIP, y que se replica en todas las provincias. Morales convocó una conferencia de prensa para informar que en Jujuy hay vacunados VIP, aunque ningún funcionario. Sin embargo, enseguida dio cuenta de que los funcionarios del área de Salud ya habían sido vacunados, pero no el personal de salud que atiende pacientes, la llamada “primera línea”. La admisión hecha por Morales fue precipitada por la publicación de los listados de vacunación en clínicas privadas, como si las vacunas no hubieran sido entregadas al sistema privado por el estado en el marco del plan de vacunación. Morales contra el FIT A la discrecionalidad de la vacunación, Morales decidió sumarle un nuevo rechazo a la rotación de las bancas del FIT. El compromiso público de los presidentes de bloque, el radical Bernis y el pejotista Belizan, en la última sesión extraordinaria de 2020, de habilitar la rotación en del FIT en la primera sesión del año 2021, fue desconocido en labor parlamentaria primero y después en el recinto cuando fue solicitado por mí. Momentos antes, fuimos ferozmente reprimidos en las afueras de la legislatura por este mismo reclamo. Morales viola el derecho de los parlamentarios a presentar la renuncia y el derecho del FIT a organizar una coalición política con el método de la rotación. Mientras tanto, en la provincia crecen los casos de covid, y el Comité Operativo de Emergencia de Humahuaca ha solicitado el cierre de las escuelas en la localidad. Unamos la lucha contra la presencialidad escolar criminal con el repudio al obstáculo despótico establecido contra el principio de rotación del Frente de Izquierda.

28 de febrero de 2021
Docentes: no inicio contra la presencialidad y por el salario en todo el país

A pesar de la empecinada campaña del gobierno de Fernández-Trotta, de los gobernadores y de la conducción de CTERA por una apertura “segura” de las escuelas en plena pandemia, un abanico de provincias ha resuelto ir a la lucha desde el 1 de marzo, cuando está previsto el inicio del ciclo lectivo. Esta lucha empalma contra los ajustes que se pretenden imponer al salario docente. En Buenos Aires, Capital Federal, Tucumán, Salta, Chaco, Formosa, Misiones, Mendoza, Neuquén, Entre Ríos, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego, Catamarca, se preparan medidas de fuerza con paros y movilizaciones. En Buenos Aires las seccionales de La Matanza, Tigre, Ensenada, Escobar y Bahía Blanca convocan a un paro de no inicio de 48 horas, votado en asambleas y reuniones de delegados. El plenario provincial de los Sutebas multicolor que conto con unos 500 asistentes convoca a una jornada de lucha de 48 horas para estos días. En CABA, el sindicato Ademys, luego de llevar adelante un paro de no inicio por 72 horas, para nuevamente el 1 en rechazo a la apertura de escuelas. El congreso provincial de AGMER de Entre Ríos ratificó el no inicio con 72 horas de paro en rechazo a la oferta salarial, continuando el paro el 8 de marzo y 48 horas el 11 y 12. AGMER convoca como medida sindical “el cumplimiento del trabajo docente bajo la modalidad no presencial, brindando protección gremial a las/os trabajadores que sean convocadas/os a cumplir tareas en forma presencial”. En Chaco, el Frente Gremial Docente convoca a cinco días de huelga. El sindicato ATECh convoca “producto de la falta de recomposición del salario y de condiciones laborales que garanticen bioseguridad” y denuncian una represión a una manifestación docente en Los Frentones. El SUTE de Mendoza convoca a paro y movilización por 48 horas “por reapertura de paritarias, por una verdadera recomposición salarial y por un retorno seguro a las escuelas”, realizando caravanas, movilizaciones y concentraciones. En Santa Cruz, el Congreso Provincial de ADOSAC definió de manera unánime el “NO INICIO del ciclo lectivo 2021, con paro y movilización de 48 horas para los días lunes 1 y martes 2 de Marzo. También de manera unánime se rechazó la oferta salarial por insuficiente, se denuncia el bochornoso e improvisado ofrecimiento de cargos y horas cátedra, las condiciones edilicias y de presencialidad”. En Neuquén, ATEN lanzó el 19 de febrero un paro de advertencia de 5 días ante el inicio del ciclo lectivo luego de rechazar por unanimidad la propuesta salarial provincial y reclamando “por condiciones salariales, sanitarias y obviamente de los edificios escolares”. El SUTEF de Tierra de Fuego resolvió en su congreso provincial de delegados y delegadas un paro de no inicio de 48 hs con caravana por “salario digno y condiciones sanitarias” y nuevo congreso para el miércoles 3. En Formosa, el Gremio de los Docentes Autovoncodaos resolvió en asamblea de delegados un “paro general activo para el martes 2 y miércoles 3 de marzo”. Según su secretaria general, Nilda Patiño “no están dadas las condiciones epidemiológicas, de infraestructura, y mucho menos salariales”. En Chubut, si bien ATECH firmo el inicio de clases mediante una encuesta trucha, el gobierno provincial adeuda salarios a una enorme porción de la docencia que viene de protagonizar una huelga histórica y por ello la regional Trelew-Rawson de la CTA Autónoma decretó un paro por tiempo indeterminado. Autoconvocatorias En Tucumán, la docencia autoconvocada ha organizado congresos de delegados de escuela con mandato para impulsar una campaña de rechazo al regreso a la presencialidad en pandemia y por el reclamo de la vacunación de toda la docencia. El miércoles 24 se movilizaron enormes columnas docentes al centro del poder político de la provincia. Una reciente Asamblea provincial de Docentes Autoconvocados han resuelto parar y movilizar el 1 de marzo por no inicio. En Salta, la reciente asamblea provincial de docentes autoconvocados ha votado un no inicio a partir del 1 hasta el 5 de marzo, con nueva asamblea. Exigen “vacunación, salario igual al costo de la canasta familiar y ART Covid”. En Santa Fe, ante la ausencia de convocatorias por parte de Amsafe, el Frente 4 de abril del departamento La Capital realizó un importante plenario abierto que resolvió impulsar la campaña por el no inicio del ciclo lectivo y por un paro contra el regreso a las aulas (el inicio del ciclo lectivo oficial es el 15/3). También resolvió la movilización y radio abierta el día que se vuelva a convocar la paritaria provincial en la Capital. En Santiago del Estero se desarrollan denuncias desde las escuelas por falta de agua, espacios hacinados y sin ventilación, reportando casos positivos de COVID ante la inacción del sindicato Cisadrms. En Rio Negro, que tiene un alto grado de contagios diarios, crece el descontento luego de que el sindicato provincial Unter firmara el protocolo de regreso a clases. En Catamarca rápidamente se está evidenciando la inviabilidad de los protocolos y los contagios entre la docencia, mientras que hay escuelas que aún no abrieron por falta de personal e infraestructura. La intersindical docente de Catamarca convoca a un paro de 72 horas a partir del 8 de marzo. En las puertas de una rebelión docente en defensa de la vida y el salario En este escenario explosivo de lucha contra la presencialidad en pandemia con paros y huelgas en todo el país plantea una huelga nacional educativa. A contramano, CTERA acaba de firmar en forma inconsulta una paritaria ruinosa: un 34% desdoblado en tres cuotas, muy por detrás de la inflación en marcha, cuando para el 2021, se proyecta por encima del 50%. Un golpe a todas las huelgas provinciales que tendrán lugar o, visto del otro lado, una ayuda a los gobernados prestos a firmar paritarias a la baja. Ante los desastres que se anuncian por la presencialidad y los reclamos en las provincias por falta de condicones, CTERA pide “llevar a cabo todos los protocolos sanitarios, de higiene y medio ambiente para resguardar la salud de las y los estudiantes y de las y los docentes”. Ya se conocen cientos de contagios en CABA y provincia de Buenos Aires. El municipio de Humahuaca en Jujuy, al constatar que el 41% de contagios que se registraron en la última semana son de docentes y asistentes escolares, está planteando el cierre total de escuelas. Córdoba ya cerró 21 escuelas. Ante este cuadro, el gobierno ha improvisado una vacunación nacional a docentes que por el momento tiene lugar a cuentagotas. Desde los distritos y provincias, sin embargo, la lucha docente crece contra una presencialidad que contagia y contra los ajustes al salario. CTERA debiera convocar un congreso nacional de delgados de base con mandato en donde sus propias seccionales ya han votado medidas de lucha. Está en manos de los sindicatos, seccionales y agrupaciones combativas impulsar este enorme movimiento de lucha.

28 de febrero de 2021
Los “aprietes” internacionales de Pfizer y su incumplimiento de contratos

Luego del acaparamiento de vacunas por parte de un puñado de países imperialistas, una nueva denuncia devela las apretadas de Pfizer a numerosos estados de la periferia: “La compañía farmacéutica Pfizer, con sede en Estados Unidos, está exigiendo un rescate a los países, interfiriendo con su legislación e incluso exigiendo bases militares como garantía” (Inventia, 26/2 y Wionews, 25/2). Esto fue calificado como un acto “terrorista” por parte de la farmacéutica norteamericana (ídem). Las compañías farmacéuticas fueron financiadas por diferentes Gobiernos y organismos internacionales y por subas espectaculares de sus acciones. Utilizaron “su poder para lucrar y se aprovechan tanto de un hecho desafortunado que recurren incluso al acoso” (ídem). Pfizer “parece haber olvidado la necesidad del momento y, en cambio, ha recurrido a tácticas baratas para ganar cuota de mercado y aumentar sus ventas”, en referencia al uso de la piratería y la extorsión. El socio alemán de Pfizer, BioNtech, recibió 445 millones de dólares del gobierno de Alemania; EEUU le pagó 2 mil millones de dólares en julio de 2020. “Pfizer se encuentra en una ola de extorsión de países pobres en nombre de la vacuna Covid-19” (inventia, 26/2). Pfizer tiene acuerdos comerciales con muchos países latinoamericanos: Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, México, Panamá, Perú y Uruguay. “Esto hace que uno se pregunte (...) a qué tuvieron que renunciar: ¿bases militares, activos soberanos?”. Negocios y acaparamiento Pfizer está buscando ganar $ 15 mil millones con las ventas de vacunas este año. Está en conversaciones con 100 países y organizaciones de todo el mundo. El 22 de enero de 2021, Pfizer firmó un acuerdo con Covax, la alianza global de vacunas, comprometió 40 millones de dosis a países pobres este año, mientras que anunció que enviará en breve 300 millones de vacunas sólo a EEUU (para julio) y que tiene pensado producir 2.000 millones más. La compañía publicó un comunicado de prensa del presidente y director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla: “En Pfizer, creemos que cada persona merece ser vista, escuchada y cuidada, es por eso que desde el comienzo de nuestro programa de desarrollo de vacunas, Pfizer y BioNtech, se ha comprometido firmemente a trabajar por el acceso equitativo y asequible de las vacunas covid -19 para personas de todo el mundo”, una total y completa mentira. El director de la OMS, Tedros Ghebreyesus, advirtió sobre el acaparamiento, ante un anuncio del G-7 de donar 7.500 millones dólares al fondo COVAX, “si no podemos comprar vacunas, el dinero no sirve para nada”. Según las previsiones de la OMS, se esperan 337 millones de dosis totales a distribuir entre 145 países, algo que no llegaría a vacunar ni al 20% de la población de esos países (página12, 23/2). Argentina y Brasil Argentina y Pfizer negociaron en junio de 2020 un acuerdo para proteger a la compañía en caso de demandas judiciales que inicien los usuarios. La empresa solicitó cargar los costos de cualquier resarcimiento ordenado por la justicia sobre Argentina. Es lo que aprobó el parlamento argentino en octubre de 2020. Sin embargo, Pfizer protestó porque la ley no la cubría en casos de “negligencia”. Argentina ofreció enmendar la ley, para definir la negligencia para incluirla más claramente como “distribución y entrega de vacunas por negligencia” (Wionews), o sea a la logística. Pero Pfizer no acordó. “En los Estados Unidos, la ley PREP, que es la ley de preparación pública y preparación para emergencias, otorga total inmunidad a empresas como Pfizer y Moderna. Pero esto no se aplica a la negligencia, sino a la intencionalidad” (Inventia, ídem). Cuando Pfizer vio rechazado este reclamo, exigió que Argentina contrate un “seguro internacional” para pagar posibles causas judiciales contra la empresa”. Esto sí habría sido aceptado por Alberto Fernández. Para los desmemoriados, es oportuno recordar que en 2001 el gobierno de De la Rúa sacó un seguro para la convertibilidad. Cuando el peso se vino abajo, en 2002, ni el Deustche Bank, ni el Morgan cumplimentaron el contrato. “Pero aquí no es donde Pfizer terminó su acoso: en noviembre, Pfizer regresó con más demandas. Esta vez quería activos soberanos como garantía. Pfizer quería que Argentina pusiera, contenga la respiración, ¡sus reservas bancarias, su base militar y los edificios de su embajada como garantía!” (ídem). El sabotaje de Pfizer, que había hecho pruebas clínicas en el Hospital Militar, como anticipo de un contrato de vacunas, forzó las urgentes negociaciones de Argentina con Rusia. Ahora espera convertirse en productor de ella en asociación con México. Brasil, el tercer país más afectado del mundo por la pandemia, también recibió aprietes. Pfizer reclamó a Brasil que creara un fondo de garantía y depositara dinero en una cuenta bancaria extranjera, “una demanda tan extraña y despiadada” (ídem). El 23 de enero de 2021, el Ministerio de Salud de Brasil emitió una declaración en la que citaba a expertos de las cláusulas previas al contrato de Pfizer: “Brasil renunciaría a la soberanía de sus activos en el exterior a favor de Pfizer, las reglas del país no se pueden aplicar a Pfizer, Brasil toma en consideración el retraso en la entrega, Pfizer no será penalizado por el retraso en la entrega, en caso de efectos secundarios, Pfizer quedará exento de toda responsabilidad civil” (ídem). Como consecuencia, Pfizer retrasó la entrega de vacunas, lo que costará miles de vidas, en Brasil donde mueren 1.400 personas por día. Bolsonaro se agarró desesperado a la vacuna Sinopharm, a pesar de haber denunciado durante meses al “virus de Wuhan”.

28 de febrero de 2021
Del Plá y Foffani quieren encubrir sus fechorías contra el Polo Obrero salteño

Como se recordará, en días pasados hemos denunciado que Claudio Del Plá y Cristina Foffani se han presentado ante el Estado salteño para, en nombre de una supuesta “representación” nacional, reclamar para sí la entrega de alimentos y asistencia social y que el Estado desconozca al Polo Obrero de Salta y a sus reclamos (ver https://politicaobrera.com/politicas/4039-del-pla-y-foffani-le-piden-a-saenz-que-niegue-alimento-al-polo-obrero-salteno ). Ahora, han pergeñado una “respuesta” que no responde nada, y que más bien confirma todo lo que aquí denunciamos. Es decir, una conducta de coligación con el Estado salteño y el gobierno de Sáenz contra el Polo Obrero de Salta. En primer lugar, Foffani-Del Plá se han escondido detrás de un supuesto “corresponsal” de Prensa Obrera, para ensayar una desmentida anónima. O sea que no pueden ni quieren hacerse cargo de una “desmentida” que, en realidad, los autoinculpa. Primero. Le atribuyen al Estado la responsabilidad de haber invocado la crisis del Partido Obrero para “promover la faccionalización y la disputa entre las organizaciones y justificar la miseria del reparto”. Los que quebraron al Polo y a todas las agrupaciones impulsadas por el partido en Salta aluden al “rol del Estado”. Pero omiten que ellos azuzaron “al Estado” presentándole pretendidos “documentos” o “actas nacionales” para reclamar el monopolio de las conquistas o reivindicaciones en juego. Fue con una nota en mano firmada por Belliboni y cía., que los funcionarios de Desarrollo Social de la Provincia de Salta intentaron infructuosamente negar nuestros reclamos. El “Estado” no actuó por generación espontánea, lo hizo bajo la instigación de Del Plá-Foffani. Volvemos a reproducir al pie el “acta” en cuestión. Segundo. Esta conducta de alcahuetes del Estado en el reparto de la miseria que ellos jugaron en Salta, la jugaron antes en todo el país. Es claro que no se trata de un hecho aislado sino de una política. A diferencia de la defensa que hizo de los quórums a Capitanich y al gobierno de Alberto Fernández, del voto a la ley de “Emergencia Alimentaria” exigida por el FMI, o de la presencialidad educativa que exige el gran capital, Prensa Obrera, a través de su desconocido “corresponsal” salteño, trata de esquivar el bulto. Ocurre que el reconocimiento de tamaña acción los coloca directamente como punteros del Estado. Los compañeros del Polo Obrero de Salta recuerdan muy bien cuando Foffani les planteó en “asambleas” convocadas por ella, cuando decidió retirarse del PO Salteño con Del Plá y López, que ellos era los “únicos interlocutores válidos ante el Estado” y, por lo tanto, los pretendidos dueños de las conquistas obtenidas, ello, con la intención de quebrar la organización en beneficio de su camarilla. El Polo Obrero de Salta tiene asegurada la conquista de sus reivindicaciones a través de la lucha independiente contra el Estado y sus alcahuetes.

28 de febrero de 2021
El plenario del Frente de Lucha del Parque Lezama

Este viernes 26, el Polo Obrero (oficial), el MTR Histórico, MTR Votamos Luchar, MIDO, CUBa MTR, MAR, Bloque Piquetero Nacional, MTR 12 de Abril, FDU, Buel, A Trabajar, 17 de Noviembre, MTL Rebelde, MBR y Frente de la Resistencia realizaron un plenario para discutir un plan de acción. Participaron varios cientos de delegados de las organizaciones convocantes, así como delegaciones de varias ciudades y algunas provincias a través de video llamada. Barrios de Pie y el MST-Teresa Vive, enviaron sus saludos por video. También enviaron saludos la ANT, el FOL y su frente de organizaciones; y la Tendencia del Polo Obrero. Se resolvieron una serie de acciones escalonadas frente a la carestía, la desocupación creciente y la inflación. Estas son: este 4 de marzo, bloqueo de accesos a capital y marcha a Desarrollo Social; el 11 de marzo, corte de rutas y puentes; el 18 y 1 de abril, acampes; y, finalmente, el 6,7 y 8 de abril acampes de 48 horas. Fue votada una coordinación con aquellas organizaciones que no participaron del plenario. Luego de la movilización multitudinaria del pasado jueves 18( https://politicaobrera.com/politicas/4008-la-movilizacion-de-organizaciones-sociales-y-piqueteras-del-jueves-pasado ), el plenario dio continuidad a un plan de lucha, en función del estado de convulsión que atraviesa a la masa de trabajadores precarizados y desocupados. Es la expresión del fuerte deterioro de las condiciones de vida en las barriadas y villas de todo el país. La realidad de salarios que se encuentran cada vez más lejos de la canasta familiar y el recorte de todos los subsidios de pandemia -como el IFE- se ve agudizada por el ajuste del presupuesto social, que se lleva adelante en acuerdo con el FMI. A la situación de hambre y falta de trabajo se suma el manejo capitalista de la pandemia y ahora las corruptelas y privilegios en la distribución de las vacunas. En el cierre del acto, se acercó lo resuelto por las cinco comisiones que se reunieron – situación política, plan de lucha, tierra y vivienda, mujer y disidencias y juventud. . Belliboni, del Polo oficial, al cerrar el plenario, llamó a las organizaciones integradas al estado (CCC, Movimiento Evita, Barrios de Pie-Somos, CTEP) a romper con el gobierno y a sumarse a las acciones votadas. Algunas comisiones desarrollaron la línea de la defensa de la presencialidad escolar y el retorno a las aulas bajo ciertas condiciones. No se mencionó la escalada de paros de las seccionales docentes en todo el país. Por el contrario, se incluyó entre las mociones una marcha al ministerio de Educación para pedir la vuelta a clases. Hubo un llamado general a coordinar con el movimiento obrero. En el planteo que aportamos desde el Polo Obrero (tendencia), en nuestro saludo, señalamos el reclamo de un salario de desempleo que corresponda al básico mínimo de los convenios colectivos; la creación de una bolsa de trabajo, bajo gestión de las organizaciones sociales en la ejecución de un plan de obras públicas, en empresas estatales y licitaciones del gobierno. También el pase a planta de los contratados en los municipios va en el sentido de empujar al protagonismo a la masa de trabajadores tanto desocupados como precarizados. El Polo Obrero (T) realizará un balance de este plenario y de las movilizaciones últimas en los próximos días, y participará del plenario convocado en el mismo lugar por la ANT. Nos esforzaremos que el plan de lucha que se ha votado, en el contexto de huelgas docentes contra la falta de condiciones para retomar la presencialidad y contra la presencialidad misma sin vacunación masiva, se desarrolle en forma masiva y opere como factor de movilización política del conjunto de los trabajadores.

28 de febrero de 2021
Aprietes en CABA a docentes que se organizan contra la presencialidad pandémica

La docencia porteña está denunciando diferentes tipos de apriete y violencia por parte de los funcionarios del Ministerio de Educación que conduce Soledad Acuña. El objetivo de esta presión y persecución patronal es garantizar una apertura total del sistema educativo sin cumplir ni siquiera los estándares de los protocolos que ellos mismos diseñaron. El caso más resonante fue el denunciado por familias y estudiantes de la Escuela de Cerámica Nº 1, quienes denunciaron, a través de un comunicado, que el día lunes 22 de febrero por la mañana, durante el horario escolar el funcionario Claudio Messina, asesor de la Dirección de Educación Artística a cargo de Ada Rissetto, junto a la agente María Fernanda Forte, quien se presentó por tercera vez consecutiva en la escuela, ejercieron violencia de género e institucional sobre la directora y la psicóloga de la institución con el objetivo de hostigar a la conducción para imponer el 100% de presencialidad de estudiantes y docentes, sin importarles el riesgo que esto implica, bajo el argumento de que “5 o 7 chicos en el aula no les rinde”. Los allí presentes -docentes y estudiantes- observaron perplejos cómo los funcionarios le colocaban un teléfono en la cara a la directora para que sea increpada por Rissetto, rompiendo todo distanciamiento, y a los gritos la instaban a cambiar el plan de presencialidad presentado por la escuela al Ministerio. Tampoco pudo labrarse un acta de lo acontecido. Al mismo tiempo, en el comunicado, los y las docentes de la institución denunciaron las condiciones inseguras en las que están yendo a trabajar. En un gremio altamente feminizado como es la docencia, desde el cual, a base de lucha, hemos conseguido arrancarle al Estado una licencia por violencia de género, este tipo de situaciones son totalmente repudiables. Por eso este 8 de marzo, las trabajadoras de la educación junto a nuestros compañeros, estaremos en las calles para plantarnos una vez más contra todo tipo de violencia – especialmente la violencia del Estado. Por otra parte, más de 100 familias de la Escuela Normal Superior Nº2 "Mariano Acosta" firmaron una carta rechazando la modificación inconsulta y arbitraria del cronograma que había sido convenido entre la Dirección y las familias. La propuesta de la comunidad educativa consistía en un cronograma bimodal de asistencia que articula clases presenciales con clases virtuales para ofrecer una propuesta pedagógica sustentable y preservar la salud y la vida de estudiantes, así como de los trabajadores docentes y no docentes. En este cuadro, la brecha educativa se profundiza porque la política de presencialidad bajo cualquier condición no deja espacio para que los cuerpos docentes puedan brindar una propuesta de virtualidad para los estudiantes exceptuados. Esta situación va de la mano de la falta de docentes, ya que numerosos grupos de estudiantes han sido convocados a las aulas sin tener docente asignado debido a que, tras la disolución de la junta de clasificación, los actos públicos están muy cuestionados – el sistema online es complejo, de difícil acceso, poco transparente y los actos no se publicitan con la debida anticipación. En este marco, el pasado miércoles 24 de febrero, más de 370 cargos docentes quedaron remanentes en los actos públicos de la Ciudad de Buenos Aires. A esta faltante de maestros y maestras, se le suma la falta de presupuesto destinado a dotar, tanto al personal docente como a los estudiantes, de los recursos necesarios para la virtualidad (equipos tecnológicos, conectividad). Lo criminalidad de este plan de apertura que viene denunciando la docencia está quedando en evidencia: desde el inicio de las clases presenciales, el 8 de febrero pasado, 88 “burbujas” escolares fueron aisladas -43 fueron aisladas y las otras 48 quedaron sin actividad- y se registraron 304 casos positivos de coronavirus entre docentes y no docentes. (Télam, 25/2). Impulsemos en cada escuela y distrito el paro del 1 de marzo en el marco de la jornada de lucha convocada por Ademys en CABA, por las seccionales opositoras de CTERA de los Suteba multicolores de Provincia de Buenos Aires y otras provincias del país.

28 de febrero de 2021
La quiebra de San Lorenzo y "la vuelta a Boedo", la estafa al descubierto

Mientras Tinelli muestra la maqueta de lo que sería el nuevo gran “gasómetro”, asistimos simultáneamente a una verdadera bancarrota de económica de San Lorenzo. El estadio ´a la europea´ que imagina el ´divo´ es un negociado de privatizaciones en cadena. El club de Boedo hizo un acuerdo con Agremiados de negativas consecuencias para el conjunto de los futbolistas profesionales de la Argentina. Los 300 millones de pesos de deuda que tiene el club con diez jugadores serán saldados con una modalidad que casi no tiene antecedentes: lo harán con derechos internacionales futuros de TV y también de futuras ventas de otros profesionales ¡incluyendo a los propios jugadores, que así pagarán la deuda con ellos con su propia actividad y su dinero! Tinelli ha logrado un concurso de acreedores de hecho sin pasar por la instancia judicial. Todo esto demuestra que no tiene los recursos para consumar la ´rezonificación´ de Boedo, y que el proyecto inmobiliario que habilitó la Legislatura porteña involucra a otros intereses y está al servicio de los negocios del grupo dirigente del club. Las clausulas vigentes para clubes con deudas con sus futbolistas impiden contratar jugadores nuevos sin antes saldarlas. Esta inhibición le impide a San Lorenzo intervenir en el mercado de pases. De los 300 millones de pesos de deuda , Tinelli logro una quita de un tercio. Pero algunos jugadores no la aceptaron y han entablado juicio al club. Un caso significativo es el Ignacio Piatti, que se amparó en el DNU oficial de prohibición de despidos durante la pandemia. Todas estas arbitrariedades patronales emergerán en las audiencias públicas que deben discutir la privatización de Boedo. Sin posibilidades de regreso inmediato de los hinchas y socios a las canchas, o de la explotacióndel actual ´gasómetro´ para recitales o eventos, Tinelli ha decidido hipotecar los únicos ingresos genuinos que dependen del fútbol. Ha comenzado a gastar a cuenta, pero también a rifar el futuro deportivo. del que dependen los ingresos en dólares de las copas continentales- es incierto. El equipo que ahora conduce Diego Dabove ingresó "raspando" en el repechaje de la Libertadores. Si San Lorenzo no tiene una salida deportiva que le permita avanzar en las grandes copas, el acuerdo presente solo servirá para convertir en quiebra formal una hipoteca ilevantable. En este cuadro, sus conexiones e influencias le permitieron Tinelli presentar un “libre deuda” trucho en la AFA, comprometiéndose a presentar un dinero que aún no ha obtenido. Una operación que deja al descubierto la crisis completa en que se encuentra la institución azulgrana. Avenida La Plata En este estado económico, Tinelli prepara la inversión más grande en materia de estadios que se haya hecho desde que los milicos usaron los fondos públicos para los estadios de Mar del Plata, Mendoza y Córdoba y refaccionaron el de Central, Vélez y River. San Lorenzo tiene una larga historia de frustraciones en materia de estadios. No pudo tener un estadio de cemento en la primer época del peronismo, que gastó fortunas del estado en ayudar a construir estadios buscando dominar políticamente a los clubes. La manipulación de la "mayor pasión popular" por parte de los gobiernos y partidos capitalistas tiene historia, como lo sabe muy bien toda la izquierda política de Argentina. En 1947, el proyecto del histórico dirigente sanlorencista -y radical- Pedro Bidegain, para construir un megaestadio, naufragó. Como el de Bidegain el proyecto de Tinelli también abarcaría otros “emprendimientos” culturales, deportivos e inmobiliarios. Pero el dinero del estado nunca llegó al Club en aquella fecha lejana. La huelga de jugadores del 48 hundió económicamente a San Lorenzo, que mantuvo su viejo estadio de madera hasta su cierre y la construcción del estadio "Pedro Bidegain”, pero en el Bajo Flores. Ahora, Tinelli esta tratando de concretar una operación de endeudamiento que esta absolutamente por afuera del fútbol. Busca acuerdos con los chinos, con los españoles y con empresarios alemanes con la esperanza de armar esta obra faraonica a cambio de que los inversores y el propio Tinelli tengan garantizado jugosos beneficios derivados de los negocios inmobiliarios. La punta del ovillo de esta operación la dio la Legislatura porteña, al rezonificar el predio de Avenida La Plata para la erección, no sólo del Estadio sino de un centro comercial, hoteles y otros emprendimientos. Al multiplicar por diez el valor de los predios en cuestión, la Legislatura ha salido al rescate de Tinelli-Lammens, el "dúo" que ha llevado a la quiebra a San Lorenzo. Naturalmente, el escenario pandémico no lo ayuda. En Europa, se estima que la vuelta del público a las canchas quizás se postergue por dos años. Mundialmente, se verifica una tendencia a la caída de socios de los clubes, que no reciben beneficio alguno por las restricciones de la pandemia. Por los mismos motivos, se ha producido una enorme retracción del comercio y del propio circuito inmobiliario. La factibilidad de una millonaria inversión europea supone que el club quebrado oficiará de "gestor" e "intermediario". En este cuadro, lo que queda del "proyecto Avenida La Plata" son los terrenos rezonificados, y la posibilidad de una reventa dolosa, incluso, para los socios del club, que pagaron -con colectas diversas- el dinero del terreno que había sido entregado a Carrefour. Otra hipótesis es que el estadio quede para las calendas griegas, mientras prosperan los emprendimientos comerciales e inmobiliarios. Una estafa a la hinchada, que los legisladores utilizaron como pretexto para votar el negociado. Los amantes del futbol deberían recordar que, en 1998, Tinelli compró el Club Badajoz -de la segunda división de la liga española- con grandes promesas, y lo abandonó tres años después, cuando su proyecto se derrumbó. Después de Tinelli, Badajoz nunca más se recompuso, y en 2006 un juez decretó el cierre definitivo del club que había nacido en 1905. Sólo el esfuerzo de algunos hinchas españoles refundó el club años más tarde. Tinelli, hasta hoy, es mala mala palabra en esa región de Extremadura. La Legislatura porteña ha parido esta tentativa de negociado para salvar al tandem capitalista Tinelli-Lammens de la quiebra, con el acuerdo de todos los bloques. Probablemente, ni siquiera lo logre. La "pasión del fútbol", una vez más, es el mascarón de proa de una operación capitalista. El electoralismo del FIT se ha convertio, en este caso, en asociación con un negociado patronal. Es lo que hacen también el Bloco de Esquerda en Portugal y Unidad-Podemos en España o el Psol en Brasil. El ´acompañamiento´ a los ´sentimientos´ de la hinchada, es la cortina de humo de un cambio político de principios. Los socialistas, no hay que olvidarlo, luchamos por separar al deporte del capital, que es lo que hará un gobierno de trabajadores.

28 de febrero de 2021
8 de marzo: ni una enfermera, ni una maestra ni una mujer menos

Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, cobra una relevancia inédita en Argentina y en el mundo. La vida y la salud de la mujer trabajadora se encuentran en la mayor encrucijada de su historia, como lo está la humanidad toda. El coronavirus se originó en una de las mayores violencias del capital –la que ejerce cotidianamente contra el medio natural y su precario equilibrio. Pero ya desatada la pandemia, los Estados capitalistas –y sus “organismos internacionales”- han revelado una completa impotencia para derrotarla, y más todavía para preservar a la mayoría social que vive de su trabajo. Mientras colocan todos sus recursos para rescatar a los capitalistas, los Estados y gobiernos hunden en el mayor desamparo a los explotados, y, naturalmente, a la mujer trabajadora. El capital financiero cobra su tajada de intereses religiosamente, trátese de BlackRock o del FMI. Pero mientras tanto los sistemas de salud colapsan. Y con ellos, nuestras compañeras médicas y enfermeras, que dejan la vida bajo la picota del contagio, de las jornadas agobiantes y los salarios que no alcanzan. A los capitalistas, el gobierno de los Fernández les paga parte de los sueldos junto con varios otros subsidios y hasta blanqueos impositivos. Pero la mujer sin trabajo ya no tiene derecho ¡siquiera al mísero IFE de 10.000 pesos! Compañeras precarizadas deben dejar a sus hijos solos para pelear una changa y sobrevivir. Cuando sobreviene la tragedia, como ocurrió con Yolanda en Salta, el Estado victimario coloca en el banquillo a la mujer. La vacuna, pretendida salida a la crisis sanitaria, se ha convertido en el monopolio de la burocracia jerárquica del Estado y sus socios políticos. Pero ese régimen de vacunados VIP ¡es el que obliga a nuestras maestras, a sus hijos y a sus madres, a una presencialidad escolar en pandemia y sin vacunas! Bajo la descomposición social a que empuja esta gestión capitalista de la pandemia, se multiplica la violencia doméstica y laboral contra la mujer. En sólo dos meses de 2021, hemos debido soportar más de un femicidio por día. El Estado supuestamente “regulador” o “formador” de políticas de género es el principal encubridor y cómplice de los violentos, como se ha revelado en el caso Úrsula. La ley del aborto, arrancada al Estado, al clero y a los partidos clericales después de décadas de lucha, amenaza con convertirse en papel mojado en varias provincias y en los enclaves de la salud privada. Los tentáculos del clero son más fuertes que el palabrerío de los supuestos funcionarios progresistas. El gobierno de las funcionarias feministas ofreció una lección meteórica de que el “empoderamiento” de algunas dentro de este régimen político social en nada beneficia las sin techo, que son desalojadas a patadas y a balazos; a las vendedoras ambulantes, a las trabajadoras que defienden su salario o su trabajo. Ni ha servido para limpiar el poder, la justicia y sus instrumentos de los cómplices activos o por omisión del femicidio. Con las macristas, antes, y con las kirchneristas mucho antes y ahora, el Estado es responsable. Contra el estado responsable y los capitalistas a los que sirve, convocamos a la organización independiente y socialista de la mujer trabajadora. Compañeras: hay razones de sobra para hacer de este 8 de marzo un pronunciamiento gigantesco y masivo, en el centro político y en todas las plazas del país. Basta de miseria social: salario para todas las compañeras desocupadas, equivalente a la canasta básica de 50.000 pesos. Indexación jubilatoria y 82% móvil. Basta del monopolio privado –y del funcionariado estatal- para la vacunación. Producción libre y distribución de vacunas bajo control de las organizaciones obreras y populares. No a la presencialidad letal de las escuelas en pandemia y sin vacunas. Seis horas, salario igual a la canasta familiar y nombramientos masivos de enfermeras y trabajadoras de la salud en todos los hospitales del país. Ni una menos: por la autoorganización de la mujer trabajadora, en todos los barrios. Unamos a nuestros compañeros en la lucha contra la violencia estatal y social a la mujer. Libertad inmediata a Yolanda Vargas criminalizada por el Estado que promueve la miseria social y el desamparo de las trabajadoras y sus hijos.

28 de febrero de 2021
Tucumán: ADIUNT en lucha por la salud, la vida y los salarios

Pocas veces, las asambleas generales de la ADIUNT, que esta vez reunió a 80 participantes, llegan a consensos y votaciones tan unánimes como a la que se llegó en esta primera asamblea general virtual de 2021. El debate venía precedido de una resolución contundente de la Comisión Directiva y el Cuerpo de Delegados, que señalaba que, sin vacunas, no había condiciones para la presencialidad. Habíamos salido de ese modo a enfrentar la fuerte campaña derechista por la "vuelta a las aulas". Sin embargo, está unanimidad no implica una homogeneidad, o la ausencia de debates, matices o posiciones diferentes. Enormes presiones sociales cruzan este debate en cada escuela y facultad. La votación unánime a la que se arribó es producto, principalmente, de la centralidad que ha tomado el problema de la vacunación. La asamblea exigió el inicio inmediato de la vacunación para todos los docentes, no-docentes y estudiantes universitarios, priorizando a los integrantes de los grupos de riesgo y poniendo especial cuidado en evitar la “vacunación VIP” de funcionarios y autoridades. Reclamó también que la UNT gestione urgente la provisión de vacunas para cubrir sus necesidades. Menos de 48 horas después, el inicio de la inscripción de docentes que organizó la provincia de Tucumán dejó al desnudo la negligencia de las autoridades universitarias que no garantizaron la inclusión de los universitarios en esos padrones de vacunación. El lunes, ADIUNT reclamará en la puerta del rectorado una urgente solución a este problema. Temprana crisis de la presencialidad "cuidada” En los días previos a la asamblea, el COE (Comité Operativo de Emergencia) tucumano había aprobado protocolos que la UNT había elaborado clandestinamente, a espaldas de la paritaria de Higiene y Seguridad y de toda la comunidad universitaria. Dicho sea de paso, esos protocolos son inaplicables, toda vez que establecen condiciones (mínimas, es cierto) que la UNT no está en condiciones de cumplir. La ADIUNT había rechazado esta resolución y denunciado el carácter pérfido de estos protocolos. Para hacer frente a nuestra denuncia, la UNT salió a declarar que presencialidad sería mínima, solo en casos en los que no se pueda suplantar con virtualidad. Pero esas situaciones excepcionales son una suerte de "piedra libre" para sectores que buscan abrir a como dé lugar la actividad académica presencial, como los exámenes de ingreso a Medicina, Enfermería y también al Instituto Técnico, que se realizaron la semana pasada. Esta semana, el Instituto Técnico tuvo que suspender sus actividades por docentes contagiados durante esos exámenes. Algunas facultades han habilitado la presencialidad para laboratorios y talleres para completar el ciclo 2020. La ADIUNT ha reclamado que esas actividades sean discutidas y aprobadas en paritarias, junto a los protocolos correspondientes y estamos armando una comisión que incluye especialistas de Higiene y Seguridad para recorrer estos ámbitos. En ese marco, la asamblea reclamó que se garantice el dictado de las clases virtuales hasta tanto se haya vacunado al conjunto de la comunidad universitaria, y que se provea de los recursos necesarios para que docentes y estudiantes puedan hacer frente a los costos de la virtualidad, incluida las dispensas laborales. La asamblea también abordó el problema del salario. Numerosas intervenciones denunciaron el enorme retroceso salarial que tenemos, de proporciones históricas. La burocracia sindical docente ya dejó sus huellas digitales impresas en la entrega de la paritaria de Trotta con CTERA: salarios equivalentes a la mitad de la canasta de pobreza. Es necesario que Conadu Histórica convoque un congreso, rompa con el gobierno ajustador y resuelva un plan de lucha. En ese marco, la asamblea resolvió dar apoyo activo a la Docencia Autoconvocada que ha convocado a un paro provincial con movilización el lunes 1º de marzo. En este sentido, Adiunt se sumará a dicha movilización en rechazo al retorno a la presencialidad exigiendo la vacunación de docentes y alumnos.

28 de febrero de 2021
ATE Capital: exijamos la reapertura de paritarias

A principios de mes, la seccional Capital de ATE envió una nota al jefe de gabinete de ministros, Santiago Cafiero, y a la secretaría de Gestión y Empleo Público, solicitando que se adelanten las cuotas de la paritaria estatal de los meses de marzo y mayo (2021) para el mes de febrero - a cobrarse el 1 de marzo próximo. “Si los precios suben ahora, cobremos los aumentos ahora”, planteaba en el pedido. Adelantar las cuotas no es otra cosa que “pan para hoy y hambre para mañana”. En términos reales, un aumento del 14% seguiría quedando muy por detrás de la inflación interanual que, según el INDEC, ascendió a 38,5%. Esta inflación se podía prever a mediados de diciembre cuando se cerró el acuerdo paritario con la firma positiva de ATE Nacional y UPCN ya que durante los últimos meses de 2020 la inflación había pasado del 2,8 de septiembre al 3,8% en octubre y no volvió a bajar: para diciembre y enero la cifra estaba en 4 puntos. La propuesta de ATE Capital tiene patas cortas porque si con el sueldo de febrero cobráramos un 18% de aumento (4% de febrero, 6% de marzo y 8% de mayo) nos quedarían por lo menos tres meses de paritaria 0, una experiencia que los estatales ya vivimos en 2020 y que llevó a que gran parte de los y las trabajadoras quedaran por debajo de la línea de pobreza. En definitiva, el sindicato avala una paritaria firmada a la baja y condena a los estatales al congelamiento salarial. El adelantamiento de cuotas sólo sirve atado a la organización de asambleas y plenarios -presenciales o virtuales- por la reapertura de la paritaria y un plan de lucha hasta conseguir el aumento que empate el salario estatal con la canasta familiar. ¿Qué aumentó? Es importante ver cuáles fueron los productos de la canasta que aumentaron y generaron la inflación en los últimos meses. Según el Indec, son la carne, frutas, verduras, aceite, manteca, que subieron en parte debido a la “actualización” de los precios cuidados. Otro aspecto fue la suba en los servicios de las telecomunicaciones. Dicho fácil: el aumento de Internet y celulares, dos sectores que golpean directamente en las familias de los estatales. Desde la declaración del Aspo y la instauración del trabajo remoto el 85% de los estatales estamos costeando los gastos de Internet que hacen posible que el trabajo se siga realizando. Mientras ATE Capital pide el adelantamiento de las cuotas, ATE Nacional se mantiene muda y ninguna de los dos sectores del sindicato están convocando a los trabajadores a instancias de deliberación. Adoptaron el método de la nota: hace un mes atrás, con el fin de las licencias por cuidado de hijos, ATE Nacional envió una nota… y así, papeles, papeles, papeles y ni una acción. Por otro lado, la Federación Aceitera sacó recientemente una declaración donde informa “el inicio de un plan de lucha con una huelga en las plantas desmotadoras a partir de las 6 de la mañana del día lunes 22 de febrero, ante la pretensión patronal de rebajar los salarios en términos reales en la negociación paritaria”. Denuncian que las patronales no cumplieron con las cláusulas de revisión de octubre 2020 atacando el salario real. Cláusulas que en el Estado fueron descartadas en 2019 y en 2020 y suplantadas por bonos no remunerativos o de única vez. Los y las estatales tenemos que organizarnos en asambleas para conseguir la reapertura de la paritaria. Por un aumento inmediato de salario que recupere lo perdido por la inflación de los últimos años y que nos iguale al costo de la canasta familiar. Por el pase a convenio sin pérdida salarial de los monotributistas y el pase a planta permanente.

28 de febrero de 2021
Asamblea Suteba Bahía Blanca vota paro de no inicio por 48 horas

Con la presencia de 80 docentes, la asamblea de Suteba Bahía Blanca votó parar por 48 horas ante el inicio del ciclo lectivo en forma presencial, convocado para el 1 de marzo próximo, sumándose de esta forma a lo resuelto por instancias de base del SUTEBA La Matanza, Tigre, Ensenada y Escobar y del Plenario Provincial Multicolor del jueves 25. El 1 de marzo, también paran Ademys (CABA), el SUTE (Mendoza), ATEN (Neuquén) -con cinco días de paro-, y docentes auto convocados de Tucumán. Nuevamente la asamblea recogió un rechazo generalizado a la presencialidad, ante la falta de condiciones para ella. En la asamblea se informaron casos positivos de COVID que ya se registraron en escuelas de la ciudad y de la zona. Los compañeros de la Granate -mayoría en la conducción de la seccional- informaron de un relevamiento hecho a 40 escuelas donde no se llega a cumplir siquiera lo establecido por la primera versión del “Plan Jurisdiccional por un retorno seguro” que, por otra parte, acaba de ser modificado y fue fuertemente criticado durante la asamblea. También las condiciones laborales que se vienen arrastrando durante todo el 2020, cuya precariedad se va a intensificar ante el planteo de convivencia con el COVID en las escuelas y que alcanza incluso a los equipos directivos. Durante la asamblea, llegaba un nuevo comunicado que excluía de las dispensas a los docentes que tengan menores a cargo y sin clases presenciales. Al momento de votar, se presentaron dos mociones y finalmente se votó por mayoría (56% de los votos) “rechazar la vuelta a la presencialidad sin que se garanticen las condiciones seguras para todas las escuelas en el marco de la pandemia con paro de 48 horas para el lunes 1 y el 2 de marzo”. Debate Nuevamente quedaron planteadas dos posiciones en relación a las “condiciones seguras” para aceptar o no la presencialidad escolar. La Granate y su referente, Enrique Gandolfo, afirmaron que “no están garantizadas las condiciones de higiene y de infraestructura”. Propuso entonces la siguiente moción, que fue votada por mayoría: “Lxs docentes participantes de la asamblea, denunciamos que mientras se mantiene un riesgo epidemiológico alto, el gobierno no garantiza las condiciones edilicias, de provisión de elementos de limpieza, sanitización y protección personal para el regreso a las actividades presenciales luego de un año donde las escuelas estuvieron cerradas y que el gobierno no realizó ninguna refacción ni construcción de nuevas escuelas”. Por “riesgo epidemiológico alto” debemos entender contagios masivos por COVID de una pandemia que lleva más de 50 mil muertes en la Argentina, ingresando en la “segunda ola” y que tiene mayor circulación en estos momentos que durante el 2020. Un riesgo que tiene una respuesta inmunológica mediante vacunación absolutamente mínima. Día tras día se informa de brotes de contagios en las escuelas de Argentina a partir de la presencialidad resuelta por el gobierno. Las adecuaciones edilicias -que no se hicieron en ningún caso- no significan, por otra parte, que los integrantes del sistema educativo estén exentos del contagio, lo cual solo puede resolverse mediante una vacunación masiva que ahora el gobierno anuncia, luego de haber decretado la presenciliadad “con protocolos” y de vacunarse ellos mismos en forma clandestina. Los límites de esta consideración por parte de Gandolfo son la contrapartida de su defensa cada vez mayor -tanto en el plenario Multicolor como en la asamblea- de la “importancia de la presencialidad en las escuelas”. Así, ante el paro de 48 horas que llevaran a cabo las seccionales de Matanza, Tigre, Escobar y Ensenada, Gandolfo evitó una confluencia y contrapuso un paro de 24 horas sin perspectiva de continuidad, para volver a las escuelas el 2. La moción recibió el apoyo de Tribuna Docente “oficial”, rompiendo la unidad de acción de los Sutebas Multicolores pero, sobre todo, demostrando que el reclamo “por condiciones seguras” se inscribe, en definitiva, en la línea de apoyar el retorno a la presencialidad en pandemia o, dicho de otra forma, en no impulsar un movimiento huelguístico para que el gobierno dé marcha atrás. Pasaron de atacar el paro en Escobar del 17 a proponer 48 horas en algunas seccionales, pero sólo 24 horas en Bahía Blanca. Tribuna Docente Tendencia mocionó parar 48 horas, en sintonía con lo ya resuelto por cuatro seccionales Multicolor. También lo hizo la lista Coral que integra Monserrat Gayone, Marrón/PTS y MST. Esta moción resultó aprobada por mayoría. Como programa del paro propusimos: “En defensa de la salud y la vida, rechazamos la presencialidad en pandemia y sin vacunas” que obtuvo el 35% de los votos y, en este caso, solo en común con la lista Coral. Las 48 horas de paro y no inicio representan un enorme mojón para la docencia que está enfrentando las consecuencias criminales de esta presencialidad. Tenemos por delante una enorme agitación y difusión del paro, con conferencias de prensa y recorrida por escuelas y por la necesidad de continuar con esta lucha por defender la salud, la vida y la educación pública.

28 de febrero de 2021
A 15 años del crimen impune de Paulina Lebbos, la lucha impide que la causa judicial prescriba

A cuatro días de cumplirse 15 años del crimen de Paulina Lebbos, y en los preparativos de la jornada contra la impunidad que se convoca todos los 26 de febrero desde entonces, la noticia de la posible prescripción de la causa sacudió a la provincia. La nueva maniobra de impunidad saltó a luz porque la Corte Suprema de Justicia dejó firme la sentencia a los ex funcionarios del Ministerio de Seguridad y de la cúpula policial del entonces gobierno de Alperovich. La decisión tardó dos años en llegar y, de manera nada inocente, se concretó a tres días de la prescripción de la causa, lo que hubiera dejado a Alperovich y a otros funcionarios -hoy devenidos manzuristas-, a la ex pareja de Paulina, Cesar Soto, a testigos que incurrieron en falso testimonio, entre otros, sin ser investigados. El crimen, finalmente, hubiera quedado impune. La noticia reanimó todas las denuncias sobre las complicidades de Alperovich y todo el entramado de impunidad en torno al caso y precipitó distintas iniciativas para impedir la prescripción. El clima se caldeó aún más con un nuevo decreto de impunidad de Manzur, la aceptación de la renuncia del juez Pisa, uno de los responsables de archivar las denuncias de Paola Tacacho, a horas de la reunión de la comisión que debía tratar los siete pedidos de juicio político en su contra. Hubo una concentración en Casa de Gobierno en repudio a esta decisión, donde Alberto Lebbos participó y denunció el intento de prescripción de la causa de Paulina. Se contraron más de un centenar de mujeres y fueron reprimidas por la policía. Ese mismo día, a la mañana, una masiva movilización docente se había expresado contra la política criminal de la presencialidad en pandemia y sin vacunas y en un cuadro de total deterioro edilicio de las escuelas. Este es el clima político que recorre a la provincia. Este escenario dio lugar a que el jueves se conociera las imputaciones a Soto, y a Sergio Kaleñuk, hijo de un ex comandante de gendarmería y ex secretario de Alperovich. Kaleñuk es actualmente asesor de la presidencia de la legislatura. También colaboró una iniciativa personal del fiscal López Ávila, quien intervino en la causa hasta 2019, y una vez terminado el juicio solicitó que se suspendieran los plazos procesales. Distinta fue la posición del ministro fiscal, un personero del gobierno, quien decidió no realizar ninguna actuación ni investigar en nombre de esperar la resolución de la Corte. La jornada del 26 de febrero concentró a más de un millar de personas y fue una caja de resonancia de todo este proceso. Se hicieron presentes más de una treintena de casos de impunidad que, de una u otra manera, mostraron las distintas expresiones del régimen de impunidad en la provincia. Hubo familiares contra el gatillo fácil, familiares de víctimas de femicidios y travesticidios y de mujeres desaparecidas, y de casos recientes que reflejan el cuadro de descomposición social por el entrelazamiento de las instituciones del Estado con las redes delictivas y del narcotráfico. Intervino Raquel Grassino, denunciando el cuadro de impunidad y corrupción con el uso de las vacunas VIP y destacó el contenido de la lucha que está llevando la docencia Autoncovocada. Cerraron el acto la prima de Paola Tacacho y Alberto Lebbos. Alberto destacó la lucha como único camino para tirar el muro de impunidad ; dijo “no hay que esperar nada de la casta política”. Planteó también la necesidad de iniciar una campaña para que los femicidios, los abusos, los homicidios, los casos de corrupción no prescriban.