A 90 años del inicio de la Guerra Civil española
El 17 de julio de 1936, con el general Francisco Franco a la cabeza, el ejército español ejecutó desde Marruecos el largamente preparado golpe de Estado contra el gobierno del Frente Popular (FP), electo el 16 de febrero. Franco, que tenía 30.000 efectivos bajo sus órdenes, lanzó una proclama que fue trasmitida por radio, exhortando a las guarniciones a que avanzaran sobre las ciudades y las pusieran bajo el mando del ejército. Franco actuó como mascarón de proa de los terratenientes, el empresariado que financió el levantamiento, la jerarquía de la Iglesia Católica (que tomó la iniciativa como una “cruzada”) y los gobiernos fascistas de Italia y Alemania. De inmediato el golpe tuvo como respuesta la insurrección armada de los trabajadores y campesinos, que se extendió por todo el territorio español con la conformación de comités de fábricas, desde donde se fueron armando milicias para repeler el golpe fascista. El alzamiento militar comenzó en la guarnición militar de Marruecos en la noche del 17 cuando los oficiales rebeldes rompieron con toda resistencia. En los planes de los sublevados estaba la de una victoria rápida y determinante para quebrar al movimiento obrero y revolucionario. El gobierno del FP, que estaba en conocimiento de los movimientos militares en la guarnición de Marruecos, en un acto de negación de los acontecimientos, le restó importancia a la situación, ocultando información a los trabajadores por el temor a un levantamiento popular y el 18 anunció que un “vasto movimiento antirrepublicano ha sido ahogado” y que “no encontró ninguna ayuda en la península”. Ante la situación, el reformista Francisco Largo Caballero, quien oficiaba de Presidente del Consejo de Ministros y dirigía el Ministerio de Guerra, demandó en nombre de la Unión General del Trabajo (UGT) la entrega de armas a los trabajadores, lo que fue negado por el consejo de ministros. La medida fue apoyada por el Partido Socialista (PS) y el Partido Comunista Español (PCE), a través de un comunicado, en el que afirmaban que el “gobierno está seguro de poseer los medios suficientes” y proclamaron que el “el gobierno manda y el Frente Popular obedece”, anticipando el rol que jugarían en los hechos venideros. Los golpistas que esperaban quebrar rápidamente a la clase trabajadora, terminaron abriendo una situación de doble poder con la conformación de comités obreros y milicias armadas, por un lado, y el Estado capitalista bajo autoridad del FP, por el otro. Golpistas y frentepopulistas convergían en un punto: sofocar la situación revolucionaria. Los sublevados sólo lograron poner bajo su control un tercio del territorio y el Marruecos español, en su mayoría zonas agrícolas, sin grandes concentraciones de obreros industriales. Franco recurrió a campesinos que fueron reclutados por la fuerza y súbditos marroquíes. “El Generalísimo” sacó la conclusión de que la Guerra Civil era inevitable y que “va a ser enormemente difícil y muy sangrienta. No contamos con todo el ejército, la intervención de la Guardia Civil se considera dudosa y muchos oficiales se pondrán del lado de la autoridad constitucional, algunos porque es más cómodo; otros, a causa de sus convicciones”. En la madrugada del 19 la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), de orientación anarcosindicalista y la socialista UGT lanzaron la huelga general, cuando ya se registraban combates en diferentes puntos de España, lo que desmontaba el discurso del gobierno del FP. Santiago Casares Quiroga, Presidente del Consejo de Ministros, renunciaba a su cargo y el gobierno del FP se rearmó por derecha, integrando al Ministerio de Guerra al “leal” general José Miaja Menant, con el propósito de llegar a un acuerdo con los militares sublevados, a quienes se les ofreció, incluso, cargos en el gabinete. La muestra de sumisión cayó como una bomba en Madrid, donde centenares de miles de manifestantes se lanzaron a las calles a reclamar armas, sin esperar el llamado de ninguna organización. El mismo 19, en la industrializada Barcelona, se organizaron comités obreros para repeler al ejército, mientras pedían a los soldados que abandonen la sublevación. Desde la madrugada, miles de trabajadores se fueron concentrando sobre el centro de Barcelona. Ante la negativa del gobierno burgués de Cataluña (Generalität), de brindarles armas, los trabajadores tomaron las que hallaban en las armerías y los pequeños arsenales del puerto. La multitud se lanzó casi desarmada sobre las tropas, las rodeó y al precio de cientos de muertos las obligó a retroceder capturando fusiles y cañones. Hacia la tarde, las tropas quedaron cercadas por la masa obrera, y la Guardia Civil, inicialmente favorable a los sublevados, cambió de frente y colaboró con la embestida final. A la noche del 19 Barcelona estaba en manos de los obreros y el comandante rebelde, Manuel Goded, era detenido. En sólo un día la decidida acción de los obreros, logró anular y desarmar a las bandas fascistas en Cataluña. El ejemplo fue recogido por los obreros de Madrid, Valencia, Bilbao, Gijón, Malaga, que combatieron con las pocas armas de las que se pudieron hacer. Los marineros se levantaron contra sus oficiales y pusieron a la flota republicana española bajo su control. Las primeras horas de lucha se caracterizaron, sobre todo, por una intensa iniciativa de las masas. El gobierno republicano se había convertido en un espectro. En algunas regiones el apego de las direcciones del movimiento obrero a la legalidad republicana truncó los planes de resistencia y fue determinante en los resultados de los primeros combates. Las principales derrotas se produjeron allí donde reinó la confianza en los oficiales "republicanos", cuya "lealtad" el gobierno "garantizaba". Así cayeron valiosos bastiones obreros como Sevilla y Zaragoza, donde los generales "republicanos", Queipó del Llano y Cabanillas, llevaron a cabo una espantosa masacre. Y también Oviedo, corazón de la Asturias "roja", en donde el "republicano" coronel Aranda ganó para los sublevados al lograr mediante un ardid que las milicias obreras abandonaran la ciudad. Los acontecimientos dejaron en claro que allí donde los obreros se armaron y desplegaron milicias, pasando por encima de la “legalidad republicana”, los sublevados fueron derrotados. Al anochecer del 20 de julio, tal como reconocían los líderes golpistas, la sublevación derechista había fracasado y sólo controlaba una pequeña parte del territorio peninsular. Todas las grandes ciudades -Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao- estaban en manos de las masas. Con los hechos ya consumados, el nuevo gabinete republicano dirigido por Giral se limitó a convalidar los hechos: disolvió al Ejército y decretó la distribución de armas a las milicias de partidos y sindicatos. El fracaso del golpe había provocado el estallido de la revolución. Las masas obreras armadas eran dueñas de las principales ciudades. España en la década de 1930 Para la década de 1930 España representaba una parte periférica de Europa. La potencia imperial forjada a partir de la conquista de América había quedado muy lejos en el tiempo. Muestra de esto es que, desde las guerras napoleónicas, España se había mantenido al margen de los conflictos que atravesaron a Europa durante el siglo XIX. Durante la Primera Guerra Mundial, España se declaró neutral. En 1898 Estados Unidos le arrebató sus últimos dominios coloniales en América (Cuba y Puerto Rico) y en Asia (Filipinas). Los asuntos españoles no eran, por lo tanto, del interés de las grandes potencias europeas. España se encontraba en una situación semicolonial. El 70 % de la población activa estaba abocada a la agricultura, en condiciones rudimentarias. En la industria sólo la metalurgia del País Vasco presentaba entonces todos los rasgos de la gran industria capitalista. En Cataluña, la industria textil se hallaba constituida por una multitud de empresas minúsculas. En el mercado mundial, España era proveedora de materias primas. Los capitales financieros, provenientes de Bélgica, Francia, Canadá, Inglaterra, Estados Unidos y Alemania, dominaban las principales ramas de producción y servicios. La Primera Guerra Mundial, al ofrecerle salida a sus productos primarios, le proporcionó a España una efímera prosperidad, pero la crisis mundial de 1929 y el levantamiento de las barreras aduaneras agudizaron las contradicciones de la economía española y la conflictividad social fue en ascenso. A pesar del atraso que la mantuvo relativamente aislada del resto de Europa, durante la década de 1930 España se convirtió en el escenario de la confrontación de la reacción monárquica y la revolución social. La contrarrevolución giraba en torno a la oligarquía y la Iglesia Católica. Por otro lado, el comunismo y el fascismo no habían tenido incidencia en el proceso político antes de la Guerra Civil. El escenario anterior a la revolución estaba acaparado por el anarquismo y la ultraderecha encarnada en el carlismo, movimiento monárquico, tradicionalista y antiliberal, con origen en el siglo XIX y que hasta el día de hoy se presenta como una corriente ideológica en España. España, al comenzar la década de 1930, se presentaba como el eslabón más débil del capitalismo europeo, al igual que la Rusia de 1917. Mientras la Revolución de Octubre anticipó el final de la Primera Guerra Mundial, la revolución española y su consecuente guerra civil, ofició como laboratorio de las grandes potencias, que tomaron a España como “ensayo general” de la Segunda Guerra Mundial. Hitler y Mussolini enviaron armas, aviones y soldados para sostener a Franco. Por su parte, Francia, Reino Unido y Estados Unidos bloquearon la ayuda militar a la República. La URSS, principal ´benefactor´ del gobierno del Frente Popular, se convirtió en el principal factor contrarrevolucionario. Stalin intentó congraciarse con el imperialismo franco-británico para arribar a una alianza militar contra la Alemania nazi y sus aliados. Esto significó evitar un movimiento revolucionario victorioso en España. Sometió a todas las organizaciones obreras y campesinas a la hegemonía del aparato burocrático de la URSS. El Partido Comunista Español (PCE), supeditado a los designios de Moscú y a la Internacional Comunista bajo Stalin, era un pequeño partido hasta el levantamiento contra el golpe. En España la política sectaria del stalinismo del ´tercer periodo´ llevó al PCE a un aislacionismo que lo desvinculó de los principales centros obreros. Al igual que en Alemania y en China, el PCE adoptó el llamado permanente al “poder de los soviets” en abstracto. En Sevilla, donde el stalinismo constituía una fuerza relativamente gravitante, realizaron un llamado a la conformación de un “comité de reconstrucción de la CNT”, por la cual rivalizaban directamente con la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) anarquista y que tendría como corolario enfrentamientos sangrientos entre militantes del PC y de la central obrera. La simpatía de la clase obrera a nivel internacional por la lucha contra el fascismo que se desarrollaba en España llevó a que se conformaran contingentes para integrar las Brigadas Internacionales antifascistas. Casi 60.000 brigadistas llegaron a España, provenientes de más de 50 países, para luchar contra la reacción. Obreros, intelectuales, socialistas, anarquistas, comunistas, arribaron a España para librar una lucha contra el fascismo, incluso provenientes de Estados Unidos y Canadá. El inicio de la Guerra Civil coincidió con el accionar represivo del gobierno del Frente Popular en Francia, liderado por el socialista León Blum, luego de la huelga general de mayo y junio de 1936. Mientras tanto, en Estados Unidos se desenvolvía un movimiento huelguístico que daría paso a la conformación de nuevos sindicatos industriales. Por su parte Stalin preparaba los Juicios de Moscú, que comenzarían en agosto de 1936. Entre los primeros acusados estuvieron Zinoviev, Kamenev y Radek, miembros de la máxima jerarquía del Partido Bolchevique, que fueron condenados a muerte bajo la falsa acusación de ser parte de una organización terrorista encabezada por Trotsky. La Gran Purga comenzaba y tendría como saldo la aniquilación de la vieja guardia bolchevique y de casi un millón de personas. Del “bienio rojo” al “bienio negro”: del reformismo a la reacción La decisión, el heroísmo, la independencia demostrada por las masas durante las decisivas jornadas de julio de 1936, fueron el resultado de cinco años de rica experiencia política. En un marco de agravamiento de las condiciones sociales causadas por la Gran Depresión, en 1931, en lo que sería un anticipo del FP, la coalición liberal integrada por republicanos de izquierda y el PSOE ganó las elecciones, desplazó del poder a los Borbones y proclamó la Segunda República, inaugurando el “bienio rojo”, que se extendió entre 1931 y 1933. Un año antes del triunfo “izquierdista”, Primo de Rivera, quien había mantenido una dictadura desde 1923, había perdido apoyo del rey Alfonso XIII. Trotsky advirtió que España estaba transitando la “primera etapa” de la revolución. “La dictadura de Primo de Rivera ha caído ella sola sin revolución. En otros términos, esta primera etapa es el resultado de las enfermedades de la vieja sociedad y no de las fuerzas revolucionarias de una sociedad nueva. No es por casualidad. El régimen de la dictadura, que, a los ojos de las clases burguesas, ya no se justificaba por la necesidad de aplastar inmediatamente a las masas revolucionarias, representaba al mismo tiempo un obstáculo para las necesidades de la burguesía en los terrenos económico, financiero, político y cultural. Pero la burguesía evitó la lucha hasta el final: dejó que la dictadura se descompusiera y cayera como un fruto podrido” (León Trotsky, “Las tareas de los comunistas en España”, mayo de 1930). En la España que era el país más atrasado del capitalismo europeo, las tareas de la “revolución burguesa” -como la cuestión agraria, las nacionalidades, la separación de la Iglesia del Estado- no pudieron ser vehiculizadas por un gobierno de la burguesía que amalgamaba católicos, conservadores, centralistas y banqueros. Su horizonte inmediato, por el contrario, era frenar la agitación social y, por ende, la revolución. A pesar del triunfo, los republicanos no pudieron contener el ascenso revolucionario. Ninguno de los problemas fundamentales de España fue resuelto, y las masas comprobaban cómo los frutos de su revolución eran apropiados por los burgueses republicanos que nada habían hecho por ella. Muestra de esta orientación reaccionaria, el gobierno de la Segunda República montó un andamiaje jurídico antiobrero a través del control de los sindicatos, la ley de orden público, la ley sobre los vagabundos, la obligación de un anuncio de ocho días de antelación para toda huelga, la multiplicación de los arrestos preventivos, la protección acordada por la policía a los comandos antianarquistas; todo esto exasperó las contradicciones, avivó las divergencias y preparó reagrupamientos en el seno del movimiento obrero (Pierre Broué, “España 1931-1939: La revolución perdida”). El carácter antiobrero del gobierno Republicano, en el que los socialistas tenían una participación significativa, favoreció al desarrollo de la CNT, de orientación anarcosindicalista. Ya contaba con un considerable desarrollo, pero se convertiría durante los primeros tramos del gobierno republicano, en el principal polo de reagrupamiento de obreros y campesinos. Pero la CNT anarquista carecía de un programa revolucionario y de método. Las facciones comunistas se abrieron paso entre las corrientes reformistas de colaboración con el gobierno y el aventurerismo putchista anarquista, que llevaba a la disgregación interior del movimiento obrero. Comunistas antistalinistas comenzaron a conformar nuevos reagrupamientos. Así, la Federación Catalano-Balear, dirigida por Maurín, se unificó con el Partido Comunista Catalán, encabezado por Jordi Arquer, con un fuerte anclaje entre los estibadores de Barcelona y Lérida, conformando el Bloque Obrero y Campesino (BOC), que se autoproclamaba como una “organización de masas” y llamaba a la reunificación de los comunistas españoles. Andreu Nin, quien adhería a la Oposición de Izquierda en 1926, se sumó al BOC, pero ante disidencias con los dirigentes bloquistas, y a las exhortaciones realizadas en innumerables veces por Trotsky, rompería con el BOC y junto a oposicionistas llegados de Bélgica y Luxemburgo, pondrían en pie la Izquierda Comunista Española (ICE) en 1932. Las diferencias programáticas pronto se hicieron evidentes. Mientras desde la ICE consideraban que el proceso español se inscribía en un contexto internacional, en el que la “cuestión rusa” tenía un rol determinante, los “bloquistas” se rehusaban a tomar posición entre stalinistas y trotskistas, refugiándose en las “condiciones particulares” de España, un planteo caracterizado por Nin como la “deformada teoría estaliniana antimarxista del socialismo en un solo país”. En 1936 la cuestión de las “condiciones particulares” fueron esgrimidas en este caso por Nin contra Trotsky para conformar junto a Maurín el Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) e ingresar al Frente Popular. A pesar de las divergencias políticas de fondo, en diciembre de 1933, ante el avance del movimiento contrarrevolucionario, el BOC y la ICE conformaron la Alianza Obrera, a la que se sumaron la UGT catalana, la Unión Socialista, los sindicatos de oposición (trentista), la Unión de Rabassaires, conformada por pequeños campesinos, y el pequeño Partido Socialista Español de Barcelona. Este reagrupamiento acotado, que tenía como fin el de “oponerse a la victoria de la reacción” y el de mantener las conquistas de la clase obrera, era resultado de la propaganda de la oposición de izquierda internacional y española en favor de los frentes de unidad obreros contra el fascismo ascendente y de la emoción provocada en el mundo entero por la derrota de la clase obrera alemana, consecuencia del rechazo obstinado de la política de frente único por parte de los dos grandes partidos obreros alemanes (Pierre Broué, “España 1931-1939: La revolución perdida”). En paralelo comenzaron a desarrollarse los primeros grupos abiertamente fascistas, como Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (JONS) y la Falange Española, que tenía como dirigente a José Antonio Primo de Rivera, el hijo del dictador. Tras el bienio de las "Izquierdas", vino el “bienio negro” (1933-35), un gobierno de centro derecha, encabezado por Alejandro Lerroux, que intentó eliminar las tibias reformas del bienio anterior. La entrada a cargo ministeriales de miembros de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), de extracción fascistizante, en octubre de 1934, desencadenó una huelga insurreccional en Asturias. Los mineros tomaron el poder, el cual conservaron durante 15 días, conformando la Comuna Asturiana, aplastada por las fuerzas militares a un costo de 2.000 muertos, 30.000 prisioneros y un reguero de despidos. La consigna agitada por los huelguistas -la "Unión de Hermanos Proletarios"- pasó a ser símbolo popular en toda España. Las Alianzas Obreras, embrionaria expresión de un Frente Único de la clase obrera, agruparon a sectores de la izquierda socialista y del centrista POUM, y abarcaron en Asturias a todas las organizaciones obreras. La radicalización política iba en aumento y se reflejaba en la creciente izquierdización del PS y de importantes núcleos anarquistas. El Frente Popular Mientras se extendía la ocupación de fábricas, tierras y las huelgas se diseminaban por todo el territorio ante los salarios de hambre, el Frente Popular -conformado por republicanos burgueses, el PSOE, el PCE y el POUM, con apoyo de la CNT-, se dio una política de contención del alza de la lucha de clases. El 16 de julio, un día antes de la asonada militar, Trotsky realizaba una parábola entre el FP español y los acontecimientos de febrero de 1917 en Rusia, un tiro por elevación al POUM. Trotsky señalaba: “En la actualidad, el problema de problemas es el Frente Popular. Los centristas de izquierda tratan de presentarlo como si se tratara de una maniobra táctica o inclusive técnica, para ofrendar su mercadería a la sombra del Frente Popular. En realidad, el Frente Popular es el problema principal de la estrategia de clase proletaria en esta etapa. Es a la vez el mejor criterio para trazar la diferencia entre el bolchevismo y el menchevismo. Porque suele olvidarse que no existe ejemplo histórico de Frente Popular más grande que la revolución de febrero de 1917. Desde febrero hasta octubre, los mencheviques y los social-revolucionarios, que presentan un excelente paralelo con los “comunistas” (stalinistas) y socialdemócratas, mantuvieron una alianza estrechísima y una coalición permanente con el partido burgués de los kadetes, con quienes integraron una serie de gobiernos de coalición. Bajo el signo de este Frente Popular se agrupaba la masa popular en su conjunto, incluidos los soviets de obreros, campesinos y soldados. Es cierto que los bolcheviques participaron en los soviets. Pero no le hicieron la menor concesión al Frente Popular. Su consigna era romper el Frente Popular, destruir la alianza con los kadetes e instaurar un auténtico gobierno obrero y campesino (León Trotsky, “La Sección Holandesa y la Internacional”, 16/7/1936). En sus escritos sobre la Revolución Española, Trotsky caracterizaría al FP como la coalición entre burgueses liberales y la GPU, policía secreta del stalinismo. Ambos, de manera mancomunada, intervinieron en España para ahogar la revolución a sangre y fuego. Se encarnizaron con los dirigentes revolucionarios, con especial saña contra los militantes trotskistas, amedrentando a la clase obrera con la finalidad de coartar su intervención consciente. Concretamente, El FP surgió para imponer una estrategia política que se opusiera por el vértice al Frente Único planteado por la Alianza Obrera. Los acontecimientos de Asturias ya habían demostrado que existía una poderosa tendencia hacia la toma del poder por parte del proletariado. Este era el peligro que querían prevenir stalinistas, republicanos y socialistas. El FP se presentó a las elecciones del 16 de febrero del 36 con un programa de reforma social que descartaba expresamente la nacionalización de la tierra y de la banca, y que se comprometía con el régimen constitucional burgués bajo dirección de los republicanos. Solamente la consigna de inmediata amnistía para los presos de la revolución asturiana aseguró la masiva votación obrera al FP. La polarización política se aceleró. Las masas, sin esperar el fin del recuento electoral, se lanzaron sobre las cárceles a liberar a sus compañeros. Las derechas derrotadas y los militares, por su parte, se dedicaron a preparar el golpe. Desde febrero a julio se multiplicaron las huelgas y las ocupaciones de tierras. Los trabajadores desconfiaban del gobierno republicano y apelaban a la acción directa para imponer sus reivindicaciones. El gobierno del FP se demostró completamente impotente para controlar al pueblo. La burguesía se pasó a los golpistas, incluyendo los jefes militares "republicanos". El gobierno republicano temía más a las masas que a la reacción, e intentó hasta último momento un acuerdo con ésta. Doble poder y guerra civil La Guerra Civil fue un punto de inflexión no solo para el movimiento obrero español, sino para el conjunto de la clase a nivel internacional, cuando los preparativos para la Segunda Guerra Mundial estaban en marcha. Luego de los primeros combates, el 20 de julio quedaron delimitados provisoriamente los territorios rebeldes y la "zona republicana". Emergió una situación de doble poder, con arraigo desigual según las regiones y su mapa político. Las masas, en el mismo movimiento que las lleva al combate, liquidan los problemas de la sociedad española, aportando sus soluciones, acabando con las fuerzas de represión, cuerpo de policía, ejército, autoridades tradicionales (la iglesia en primer lugar) se apoderan de las fábricas y de las tierras y comienzan a ejercer directamente el poder a través de sus comités. Por su parte los partidos y sindicatos permanecieron prisioneros de la orientación de colaboración de clases del FP (Pierre Broué, “Trotsky y la guerra civil en España”, 1975). El gabinete republicano de Giral, cuyo dominio era puramente simbólico, se restringía a los alrededores de Madrid. En contrapartida, se alzaba el poder de las milicias obreras, de los “comités” que se extendieron por todo el país. Rápidamente comenzaron a formarse organismos regionales como el Comité Central de las Milicias Antifascistas de Cataluña, el Comité de Huelga Intersindical de Valencia, transformado en comité ejecutivo, el Comité de Salud Pública de Málaga y como el Consejo de Defensa de Aragón, representante de los comités locales, formado luego de la reconquista de la región por las milicias obreras. Trotsky, en la fluida correspondencia que mantuvo con Nin antes de su ruptura política, se encargó de señalar que la crisis histórica de la sociedad española solo podría ser superada por medio de una intervención revolucionaria del proletariado. Sólo éste podía derrotar al fascismo español y realizar las “tareas democráticas” pendientes, abriendo paso a una transformación socialista y convertirse así en punta de lanza del combate contra el fascismo alemán e italiano e impedir el reinicio de la guerra imperialista por el reparto del mundo. Pero las tareas que tenía por delante el proletariado español (conformación de soviets, derrotar al gobierno frente populista, la creación de un gobierno obrero, conformación de un “ejército rojo”, extensión de la revolución al resto de Europa) no podían realizarse sin la existencia de un partido revolucionario, que debía ser conformado en medio de una guerra civil. El stalinismo desarrolló una criminal política contra la revolución. Ante el bloqueo que ejercieron las potencias imperialistas sobre la España republicana, la URSS se convirtió en el único proveedor de armas, lo que le permitió imponer condiciones. Por el armamento, de mala calidad, Moscú impuso reembolsos en oro y materias primas. A través de su influencia en el gobierno republicano, el PCE stalinista se aseguró de que los suministros soviéticos como artillería y aviones fueran enviados sólo a los centros controlados por el PCE, a expensas de otros frentes importantes como el de Aragón, controlado por las milicias obreras. Boicoteó a las milicias de la CNT y el POUM, moviéndolas a los frentes donde el ejército tenía mayor poder de fuego. Las consecuentes derrotas fueron esgrimidas por el stalinismo para exigir la disolución de las milicias obreras y su reemplazo por unidades bajo la égida del stalinismo y sus socios dentro del FP (WSWS, 19/7/2021). Desenganchando la guerra civil del proceso revolucionario, el PCE agitaba la consigna de “ganar primero la guerra y hacer después la revolución”. El bolchevismo era archivado por el stalinismo para convertirse en el partido del orden, coartando la intervención independiente de las masas. Trotsky, resumiendo el rol del stalinismo durante la Revolución Española, señalaba lo siguiente: “En el interior del bloque republicano han sido los estalinistas los que han llevado la política más coherente. Han sido la vanguardia combatiente de la contrarrevolución burguesa-republicana. Querían eliminar la necesidad del fascismo, demostrando a la burguesía española y mundial que ellos mismos eran capaces de estrangular la revolución española bajo la bandera de la ‘democracia’” (León Trotsky, “Clase, partido y dirección: ¿Por qué ha sido vencido el proletariado español?”, agosto de 1940). La política contrarrevolucionaria del stalinismo se vio complementada por la falta de iniciativa de una lucha a fondo contra el FP por las organizaciones revolucionarias. El POUM, que en poco tiempo había pasado de 6.000 a 30.000 militantes y que contaba con dirigentes reconocidos entre los trabajadores debido a su decidida intervención en la revolución, no opuso un programa alternativo al del FP y acentuó su posición centrista. Nin desvinculó de una vez y por todas al POUM del trotskismo y cerró acuerdos de carácter oportunista, justificados en nombre de caracterizaciones nacionales y particularismos de España. Se incorporó al gobierno de la Generalität de Cataluña, en septiembre de 1936. En Lleida, Nin intervino para disolver el comité obrero, dirigido por miembros del POUM. En una maniobra urdida por el stalinismo, más tarde, el POUM fue expulsado del gobierno republicano, al que solicitó permanentemente su reincorporación. La Revolución Española llegó al punto más alto en la destrucción del Estado burgués: disolución del ejército, armamento popular, creación de comités y milicias obreras y populares con sus organismos de centralización regional. Pero no expulsó del poder formal a la burguesía; no formó un poder único, ni tomó el poder. En los umbrales mismos, preservó la continuidad del "gobierno republicano" de Giral. La Revolución Española demostró acabadamente que no bastaba destruir el Estado burgués y convertir al poder obrero en un factor de presión sobre el gobierno burgués sobreviviente. Ninguno de los partidos que estaban en el campo de las masas insurrectas planteó la dictadura del proletariado. Los stalinistas fueron desde el vamos los principales promotores del restablecimiento del Estado burgués, compitiendo en esta política con la derecha socialista. La izquierda del PS llegó a coquetear con la expresión "dictadura del proletariado", pero fines a de 1936, bajo el gobierno de Largo Caballero, su máximo líder, jugó un papel decisivo en la reconstrucción del Estado burgués. Desde una posición principista, los anarquistas, dueños de la situación en Barcelona se negaron a tomar el poder y lo depositaron voluntariamente en las manos de los líderes burgueses de la Generalität. Bajo el ministerio "socialista" de Largo Caballero, conformado el 4 de septiembre, se fue restableciendo el poder del Estado burgués y del ejército y su cuerpo de oficiales, y se disolvieron los comités. También en Cataluña esa política se llevó a cabo mediante el gobierno de la Generalität (también formado a fines de setiembre) y se disolvió el Comité Central de las Milicias. El restablecimiento del estado burgués resolvió la Guerra Civil en la llamada "zona republicana", y constituyó el prólogo de la victoria de la burguesía a escala nacional. El FP, al mismo tiempo que desarmaba las milicias obreras y reforzaba al Ejército Republicano, imponía la censura de prensa y restituía las fábricas y las tierras, que hasta el momento se encontraban bajo control de obreros y campesinos, a la burguesía. El FP, apuñalando a las masas, preparó el triunfo del fascismo. Desde julio de 1936, los trabajadores ocupaban la central telefónica de Barcelona. En medio del restablecimiento del orden burgués, en mayo de 1937 el gobierno de la Generalität y las autoridades de Madrid, junto al stalinismo, desalojaron por asalto a los trabajadores, provocando la insurrección del proletariado catalán en defensa de los logros de la revolución. Durante cuatro días los insurrectos se apoderaron de la mayor parte de la ciudad, exceptuando un pequeño bastión en el centro, dominado por stalinistas y republicanos. La toma del poder estaba a la orden del día, pero no fue acompañada por ninguno de los partidos obreros, dejando a las claras la crisis de dirección en la que estaba sumido el proletariado catalán, que se hacía extensivo al resto de España. En mayo de 1937, los obreros de Cataluña se sublevaron, no sólo a pesar de sus propias direcciones, sino en contra suya. En un artículo inacabado, encontrado en el despacho de Trotsky después de su asesinato y publicado en la New International en diciembre de 1940, se puede leer sobre la cuestión de la dirección y las masas en relación a la insurrección de mayo de 1937: “Las masas, que han intentado sin cesar abrirse un camino hacia la vía correcta han descubierto que la construcción, en el fragor mismo del combate, de una nueva dirección que respondiera a las necesidades de la revolución, era una empresa que sobrepasaba sus propias fuerzas. Estamos en presencia de un proceso dinámico en el cual las diferentes etapas de la revolución se suceden rápidamente, en el curso del cual la dirección, es decir distintos sectores de la dirección, desertan y se pasan de un solo golpe al lado del enemigo de clase” (León Trotsky, “Clase, partido y dirección: ¿Por qué ha sido vencido el proletariado español?”, agosto de 1940). Los combates callejeros se multiplicaron y las direcciones del POUM y la CNT, dando cuenta del carácter centrista y de colaboración de clases, pidieron a los obreros un alto al fuego y el levantamiento de las barricadas. Sólo el pequeño grupo de bolcheviques-leninistas afiliados a la Cuarta Internacional, junto con algunos miembros de base del POUM y de la CNT liderados por la Agrupación de los Amigos de Durruti, pidieron a los trabajadores que tomaran el poder y se opusieron a los llamamientos a un alto el fuego. En un accionar “aleccionador” el FP y la GPU, luego del levantamiento de las barricadas, desataron una masiva represión contra la clase obrera insurrecta. Los dirigentes poumistas fueron arrestados y su partido fue proscripto. La GPU secuestró a Nin, al que sometieron a torturas de todo tipo, para luego ejecutarlo. Las redadas republicanas se multiplicaron y cientos de miles de trabajadores fueron puesto bajo arresto en las cárceles regenteadas por el stalinismo. Más de 20.000 fueron enviados a campos de trabajo. Cientos fueron asesinados por el “gobierno popular”. A partir de entonces, Ia reacción levantó cabeza. Si bien faltaban dos largos años para el término de la guerra, la suerte de la Revolución Española ya estaba echada. Los sucesos de mayo asfaltarían el camino para el avance continuo y sin pausa de la reacción. El contexto internacional tampoco era favorable para la Segunda República. Por el acuerdo de Munich, firmado en septiembre de 1938, el Reino Unido y Francia permitieron el desmembramiento de Checoslovaquia ante la agresividad del nazismo. A partir de ese momento, el FP perdió toda esperanza en un cambio de rumbo de las “democracias” imperialistas sobre la cuestión española. Mientras tanto, el presidente de la República Manuel Azaña y el jefe de gobierno, Juan Negrin, imploraban a Franco rubricar un acuerdo de paz. El 26 de enero de 1939 las tropas franquistas entraron a Barcelona sin encontrar resistencia militar en las calles. La derrota de la Revolución Española, corolario de la guerra civil, fue un revés para el proletariado internacional. Insufló al fascismo europeo, en especial a la Alemania hitleriana. Cinco meses después de que Franco proclamara la victoria el 1 de abril de 1939, Alemania dio inicio formalmente a la Segunda Guerra Mundial. El régimen franquista se mantuvo en el poder durante cuatro décadas. Tras la muerte de Franco, su sucesor designado como Jefe de Estado, el rey Carlos I, mantuvo la arquitectura dictatorial. Pero fue la clase obrera, derrotada cuarenta años antes, la que a través de sindicatos y organizaciones clandestinas impulsaron huelgas y protestas masivas exigiendo libertades democráticas y derechos laborales. Su punto más álgido fue la Huelga General lanzada el 5 de abril de 1978, que sepultó al régimen que gobernó a sangre y fuego, abriendo el camino a la transición democrática. Noventa años después, las contradicciones que desencadenaron la Revolución Española y su consecuente Guerra Civil no sólo siguen presentes, sino que se han agudizado. Mientras los gobiernos fascistas del siglo XXI montan estados policíacos e impulsan una nueva guerra imperialista, “la situación política mundial del momento, se caracteriza, ante todo, por la crisis histórica de la dirección del proletariado”. De una manera extraordinaria, está planteada la necesidad de poner en pie una dirección socialista y revolucionaria de la clase obrera, para enfrentar una crisis capitalista que se ha convertido ya en crisis humanitaria. Fuentes: León Trotsky, Obras Escogidas, La Revolución Española (1930-1940) Pierre Broué, Trotsky y la Guerra Civil Española Pierre Broué y Emile Temine, La revolución y la guerra de España Pierre Broué, España 1931-1939: La revolución perdida Andreu Nin, Los órganos de poder y la revolución española Antony Beevor, La guerra civil española Stanley Payne, La guerra civil española Alejandro López, Ochenta y cinco años del estallido de la Guerra Civil española