Defendamos al Partido Obrero Con fecha 12 de junio fue girado al Comité Nacional un texto firmado por los compañeros Jorge Altamira, Marcelo Ramal, Juan Ferro, Daniel Blanco, Julio Quintana, Pablo Viñas y Pablo Busch. El texto reclama conformar una fracción pública y la publicación de su pedido en el Boletín Interno. Cuando el Comité Nacional se disponía a tratar el documento en su reunión, el pasado 14 de junio, el mismo ya había sido difundido profusamente entre sectores ajenos al partido y entre los partidos de izquierda. En la mesa del FIT, realizada el jueves 13, miembros de la misma nos informaban que ya tenían conocimiento del documento. El texto se había esparcido rápidamente por las redes sociales. Llamamos la atención de este hecho pues ilustra la metodología que venimos denunciando. Se reclama su publicación en el Boletín Interno, mientras no se vacila en esparcirlo públicamente. Salta a la vista que estamos frente a una impostura: lo que prima es el faccionalismo y no el interés general del partido y la búsqueda de un mecanismo leal para abordar las controversias. El documento arranca reproduciendo párrafos de un discurso de Altamira en el congreso realizado en 2014. Altamira llama a” hacerle frente a las intrigas” y a la “autocomplacencia”. Se trata de Altamira citándose a sí mismo, como fuente de autoridad. El dicho popular sentencia sabiamente “dime de qué te jactas y te diré de qué adoleces”: la política intrigante y faccional ha pegado un salto. Ya existía antes del congreso, pero se ha intensificado luego de su realización. En los dos meses transcurridos, hemos asistido a la realización de una reunión clandestina de una suerte de dirección paralela, a la que se han sumado otras reuniones similares en Capital y en diversas provincias, convocando a miembros del partido fuera de sus organismos. Miembros del grupo han dejado de cotizar o colocado apenas la mitad del aporte que venían realizando. Idéntica conducta ha sido adoptada por algunos sectores de la periferia, quienes fueron ganados a tal decisión. Los firmantes del documento faccional han abandonado los organismos a los que pertenecían y la colaboración con la prensa. Se han negado a comparecer ante la Comisión de Control, lo cual es una obligación de todo militante, fijada por nuestro Estatuto. El documento denuncia que Jorge Altamira fue proscripto para dar charlas sobre el Cordobazo, pero lo que omite es que él previamente había rechazado integrar la Comisión internacional. Una posición similar adoptó Marcelo Ramal, negándose a continuar en el Comité de Redacción y declarando que no iba a colaborar de ahora en más con Prensa Obrera. No hay ninguna proscripción sino una autoexclusión y, más aún, una ruptura de la unidad del partido porque, como es sabido, el requisito de pertenencia militante está dado por la participación en los organismos de partido. Este principio es el punto central del legado del Partido Bolchevique, al punto que fue el eje de la ruptura con el menchevismo en el Segundo Congreso del Partido Socialdemócrata Ruso, de donde éstos se retiraron en minoría. Los reclamos contra un “estado de sitio al interior del partido”, que fueron dirigidos contra Lenin y los bolcheviques por quienes no estaban dispuestos a que los organismos del partido fueran definidos por la votación mayoritaria de los militantes a expensas del carácter indiscutible que tendrían ciertos dirigentes, miembros fundadores o círculos de afinidad formados al interior del partido se parecen como dos gotas de agua a los reclamos alarmados de los fraccionistas porque los dirigentes de su simpatía no fueron electos por el congreso. Georgi Plejanov, como Altamira, era partidario del partido centralizado y de que primara la voluntad del congreso de delegados de la militancia, siempre y cuando se respetasen sus “derechos adquiridos” de fundador y los de sus colaboradores. También hay un salto en el uso de falsificaciones en las controversias. Se lanzan cuestionamientos sin aportar cita o documentación alguna. Esto es lo que ocurrió con el balance de las elecciones de Córdoba, cuando Altamira posteó en sus redes sociales la acusación al Partido Obrero cordobés de realizar una campaña “pluriclasista”, “sin frontera de clase” y “feminista”. La acusación ya había sido desmentida, por anticipado, por la cobertura de la campaña cordobesa en la web de Prensa Obrera. Allí, se demostró el carácter de clase de la campaña del Partido Obrero cordobés, que levantó como consignas centrales “si votás un Schiaretti, te sale un Macri”, “los candidatos del FMI o el Frente de Izquierda”, “que la crisis la paguen los capitalistas”, “por una salida de los trabajadores y la izquierda”. Hasta el momento, Altamira no aportó ninguna prueba y no lo va a poder hacer, porque no la hay. Esta metodología de realizar afirmaciones sin tomarse el trabajo de probarlas por medio de citas se ha convertido en una constante de todos los miembros de la fracción. El extremo es el texto presentado donde proclaman su conversión en fracción pública. Quienes lo leyeron, con seguridad habrán quedado anonadados: afirmaciones de todo tipo contra el partido, sin siquiera citar textos, declaraciones o hechos de la lucha de clases. La metodología irresponsable no podía ser aplicada de modo más sistemático. Ahora acabamos de tener una réplica agravada con el balance de las elecciones en varias provincias del pasado domingo 9 de junio (Jujuy, Tucumán, Mendoza, Chubut), donde coloca bajo una misma bolsa a todo el FIT, a quien acusa de una adaptación electoralista, incluido al Partido Obrero. Ignora adrede la batalla que venimos librando para que el FIT se transforme en un canal de la lucha de clases en todos los terrenos y por la realización de un Congreso del FIT para que se impulse esta perspectiva. Se apela al mismo método: acusaciones infundadas sin referirse a las consignas y planteos que enarbolamos. Bastaría simplemente remitirse al contenido de las campañas, ampliamente documentado, para constatar que nuestro planteamiento estuvo presidido por la impugnación al régimen del FMI y sus candidatos, oponiéndole una salida política de los trabajadores para que la crisis la paguen los capitalistas y apuntar a una reorganización integral de las provincias y del país sobre nuevas bases sociales de cara a la crisis nacional. Los análisis de Altamira son arbitrarios. Intentan hacer una explotación faccional del retroceso electoral de la izquierda, haciendo abstracción de los factores objetivos y más generales de la situación política. Un análisis serio no puede obviar que se viene constatando el dominio del escenario político por la burguesía. Naturalmente, esto se da de patadas con la caracterización de la inexistencia de bloqueos de los partidos patronales que Altamira viene pregonando en nombre de la crisis del régimen. La objetividad es sacrificada en el altar del faccionalismo. En el caso del artículo de marras, la manipulación faccional adquiere el nivel del bochorno. Altamira acusa de electoralista al Partido Obrero y al FIT, y busca explicar por ese motivo la caída en la votación. Pero excluye a Tucumán de ese análisis, a pesar de que en dicha provincia el FIT no llegó al 1%. ¿Las causas de esa exclusión? Muy simple: una mayoría del Comité de Tucumán está alineado con la facción de Altamira. Ahora bien, la consigna usada en Tucumán fue exactamente la misma que usó el Partido Obrero de Córdoba. Pero como una regional sigue a Altamira y la otra no, merecen calificativos distintos. ¡Su carácter revolucionario o no depende de ese hecho! Queda claro que no hay ningún interés de esclarecer hechos sino de hacer un pase de facturas internos de acuerdo a la conveniencia de una política faccional. Se ha llegado al extremo de cuestionar públicamente los candidatos del Partido Obrero. La designación de Gabriel Solano a Jefe de Gobierno, que era el candidato principal para la Ciudad de Buenos Aires nombrado por la conferencia nacional, fue avalada por una Conferencia de delegados de esa ciudad (con el 95% de los votos) fue considerado y denunciado por Altamira en Facebook como un acto de proscripción de Marcelo Ramal (que reunió el 5% de los votos), como si hubiera candidatos vitalicios o naturales. Ya Altamira había ignorado la nominación de Romina del Plá, en una primera etapa, luego de su designación por la Conferencia Electoral nacional en marzo de este año. Una impugnación pública de esta naturaleza es un golpe bajo a la batalla que tenemos por delante contra la burguesía y un serio quebrantamiento de la unidad partidaria. Agreguemos que el ataque a la decisión de la Conferencia del Partido Obrero de la Capital fue realizado a sólo 24 horas de que una conferencia de prensa realice públicamente esos anuncios. ¿No estamos ante un nuevo boicot a la actividad del partido, al que se busca dañar con tal de apuntalar el trabajo intrigante de una facción? Uno de los aspectos más aberrantes de este derrotero es la acción sistemática de ataques faccionales en los frentes obreros, en los sindicatos, seccionales, cuerpos de delegados y agrupamientos antiburocráticos dirigidos por el Partido Obrero o en los que el partido juega un papel destacado. Llamamos la atención en este hecho porque se ha traspasado una frontera. Ya no sólo está en juego la vulneración de la unidad partidaria sino hasta el abandono de un principio elemental de frente único de clase, en oposición a nuestros adversarios enrolados en el campo de la burocracia y que actúan como correa de transmisión de los partidos patronales. Esta tarea la realizan con la colaboración de personas que han abandonado la militancia en el partido, o con cualquiera que se les sume, como lo expresan claramente en las redes. En el Boletín Interno se reseñan los ataques gravísimos en la asamblea de AGD-UBA, respecto de la conformación de la lista multicolor en ATE-La Plata, como antes en el Congreso de Tribuna Docente. La política revolucionaria del Partido Obrero es la de la defensa del frente único de clase, en resguardo de las organizaciones sindicales y de los agrupamientos clasistas y antiburocráticos que la clase obrera logra poner en pie. Las acciones faccionales no son inocuas y han trascendido largamente el ámbito de un debate interno. Ninguno de los cambiantes argumentos justifica esa práctica contra el Partido Obrero y contra el frente único de clase. Esta escalada en el accionar intrigante y faccional se da luego del congreso partidario, un dato que no puede pasarse por alto. Lo lógico hubiera sido que luego del congreso, cuya legitimidad nadie cuestionó, se cerraran filas detrás de la orientación votada y se hubiera salido resueltamente a intervenir como un solo puño en la lucha de clases. La validez o no de la orientación votada pasará, como siempre ha ocurrido, por el tamiz y el veredicto de la lucha de clases. Mientras tanto, nos empeñamos con todo lo que esté a nuestro alcance para lograr el éxito de la orientación votada. Esta es la tradición histórica del Partido Obrero, a la cual reivindicamos sin retaceos y que llamamos a defender fervientemente. Recordemos las palabras del propio Altamira en el último congreso: “Fue simplemente una divergencia de consignas” (planteo final de su discurso de cierre por informe de minoría), definición que coronó, frente a los reiterados reclamos de delegados al congreso por la ruptura de unidad de acción del partido de su grupo, con la exhortación: “Y ahora salimos todos como un puño para adelante”. Sin embargo, dos meses después habrían descubierto que estamos en una divergencia de principios, a partir de la cual se pretende respaldar el pedido de fracción. ¿A qué se debe este cambio súbito? El extenso texto de veinte páginas no es más que un refrito de los planteos y controversias que se fueron desenvolviendo en este período. En esto no hay nada nuevo. Tampoco, agreguemos, ningún hecho de la lucha de clases que pueda ser tomado como una diferencia cualitativa para proceder a un cambio de caracterización. En el colmo de la irresponsabilidad, el mismo texto admite ahora la posibilidad de sacar de circulación “Fuera Macri” como consigna electoral, estableciendo una consigna alternativa que es un derivado del “Abajo el régimen del FMI” que votó el congreso: “Fuera el gobierno entreguista y los partidos entreguistas del capital”. Las dos consignas “alternativas” que propone el documento faccionalista no tienen el mismo sentido, una se dirige sólo a Macri, que está en retirada, y la otra incluye, bajo una formulación, a la oposición patronal que lo pretende relevar. ¡Discutimos este problema en todo el período congresal y se les ocurre modificarlo recién ahora, sin haber buscado aproximación alguna en el congreso partidario! Sin embargo, no deducen de esto una aproximación política, sino la señal para avanzar en la división del partido, con el pedido formal de fracción. Evidentemente, la raíz de este brote faccional no tiene nada que ver con las consignas de agitación, que son instrumentadas como excusa para producir un choque. Quienes fueron portavoces de la llamada “minoría” en el transcurso del prolongado debate no han pedido nunca conformar una tendencia. Ahora, abruptamente, se plantea no ya el derecho a tendencia sino a fracción. La diferencia entre una tendencia y fracción no es menor: es que esta última se constituye cuando se evalúa que existen divergencias de principios. Una muestra clara de la ligereza e irresponsabilidad con la que se actúa. En nuestra opinión, no hay ninguna divergencia de principios. Por supuesto, de ninguna manera minimizamos las diferencias ni le restamos importancia a la polémica. Más aún, en el presente documento procuramos avanzar en un análisis de la crisis y caracterizar la naturaleza del enfrentamiento y de las tendencias en pugna. Esta controversia puede y debe continuar a través de un debate franco y leal en el ámbito del Partido Obrero. Lo que no puede continuar y debe cesar de inmediato es la práctica intrigante y faccional. Esto es incompatible con el partido. En las veinte páginas del pedido de fracción se justifica la existencia previa de reuniones clandestinas, el abandono de los organismos de trabajo partidario y el retiro de la colaboración con la prensa, la no comparecencia frente a la Comisión de Control, el desconocimiento de la orientación y resoluciones votadas por el congreso partidario y el Comité Nacional, el no ingreso o el ingreso parcial de las cotizaciones y la ruptura del frente único en los frentes obreros, sindicales y juveniles en los que el partido interviene. Hay suficientes razones, por lo tanto, para concluir que el pedido de fracción constituye un intento por darle legitimidad a un accionar incompatible con el partido. No es casual que este pedido se realice en momentos donde muchas compañeras y compañeros han sumado denuncias sobre este accionar faccional, sean porque se los ha invitado a reuniones clandestinas o se los invita a desviar cotizaciones. El pedido de fracción pretende darle un “marco legal” a esta acción de ruptura del partido y de su más elemental unidad de acción. Atacar, por ejemplo, a los candidatos nominados por una conferencia en vísperas de su anuncio público o denunciar como burocrática a la dirección de un sindicato dirigido por el Partido Obrero. Esto y no otra cosa es lo que se pretende mantener e incluso multiplicar. Es la división directa del partido, o mejor dicho, la existencia de un partido dentro del Partido Obrero, cuyo propósito es socavarlo para perjudicar sus resultados. Una caracterización de la fracción: electoralismo, desmoralización y fatalismo propagandista Para tener una comprensión cabal de la crisis que atraviesa nuestro partido es necesario tener una caracterización política de los fraccionistas y, especialmente, de su dirigente, que ejerce en el grupo rupturista un liderazgo de tipo mesiánico. El elemento más destacado del grupo rupturista es su desprecio por el análisis científico y su agudo impresionismo. Todos los textos y documentos de Altamira carecen de una caracterización de la situación concreta del movimiento obrero, de los bloqueos que enfrenta para evolucionar hacia posiciones de independencia de clase, del balance de sus derrotas y de sus victorias, del alcance y los límites de las movilizaciones de masas que han tenido lugar durante todo el último período, de las corrientes que en ellas intervienen y el rol que juegan, etc. Así lo confirma, por ejemplo, el documento político de Altamira “alternativo” al documento de convocatoria al XXVI Congreso aprobado por la mayoría del Comité Nacional, en donde está ausente una caracterización del movimiento de las masas. Como fue señalado oportunamente, el documento “alternativo” no registró antecedentes, porque nunca en el Partido Obrero un documento, menos de alcance congresal, omitió por completo un análisis de la lucha de clases. En la misma línea se inscribe el documento titulado “Por qué una fracción pública del Partido Obrero”. Su capítulo referido al movimiento obrero es, como ya analizaremos más adelante, el más pobre y carente de rigor de todos los capítulos del documento. La ausencia, en el análisis, del elemento más importante que debe tener en cuenta un partido obrero revolucionario, no sólo expresa un garrafal error de método sino que, por sobre todo, expresa una renuncia a la lucha por la conquista política de las masas. La pelea por influir en el proceso político, dando una orientación precisa a la vanguardia obrera con consignas que le permitan abrirse un canal independiente, ha sido remplazada por un propagandismo de fraseología rimbombante, orientado a “explicar la crisis”. Esta sería, según el propio Altamira, la tarea central de la actual etapa política. Advertimos sobre la modificación del carácter del partido que se quiere introducir por la ventana. El Partido Obrero dejaría de ser un partido de combate, basado en un programa de intervención en la lucha de clases para transformarse en un grupo que “explica la crisis” a los obreros. Se trata de la adaptación del partido a la actividad que Altamira quiere hacer; a saber, dar charlas. Pero un partido va mucho más allá de esto: el reclutamiento de los obreros de vanguardia debe realizarse por una combinación de su agitación, propaganda y organización revolucionaria, buscando abrirse camino en todas las circunstancias. Un partido se gana la confianza de los obreros cuando estos comprueban por su propia experiencia de hasta dónde ese partido está dispuesto a luchar y jugarse en cada combate de clase. La “explicación de la crisis” como tarea exclusiva de un partido degrada al Partido Obrero, que dejaría de ser un partido de combate para transformarse en un grupo de propaganda. En los textos de Altamira, la “crisis de régimen” ha pasado a ser un sujeto político en sí mismo, desplazando a la acción de las clases sociales -o sea la lucha de clases. La crisis de régimen, como categoría de análisis, debe integrar la acción de las clases sociales y las fuerzas políticas; de lo contrario, se transforma en una abstracción. Contra este método elemental, en un video reciente, Altamira afirma que las consignas “Fuera Macri-Asamblea Constituyente” deben ser levantadas con independencia del estadio concreto en el que se encuentra el movimiento de las masas y la evolución de la lucha de clases. Valdría, de la misma forma, para un período insurreccional como para uno en el cual la clase obrera atraviesa un reflujo y una marcada expectativa electoral. Bajo los mismos parámetros, también se pasa por alto la capacidad de acción política y de estrategias de la clase capitalista. Es lo que se evidenció en la principal tesis del artículo “Panorama mundial”, de Altamira, cuando caracterizó que “en América Latina, la burguesía ha perdido la iniciativa estratégica”. La ofuscación de Altamira por la crítica a “una simple oración de un largo artículo” habla del nivel político al que se ha rebajado el autor del artículo, no de sus críticos. Pues lo que vale de los artículos políticos son sus tesis, más que cualquier amontonamiento de palabras y datos. Esa tesis asimila, como categorías equivalentes, la decadencia histórica del capitalismo con la capacidad de la burguesía de impulsar “iniciativas estratégicas”. Lo que importa, en la lucha de clases, es con qué política puede la clase obrera derrotar las iniciativas de la burguesía; negar la existencia de estas iniciativas conduce sólo a la confusión. Este confusionismo, reñido con los aportes hechos por León Trotsky en el Tercer Congreso de la Internacional Comunista, fue elevado a doctrina por parte de Altamira y Ramal. Así, se transformaron en los voceros de un fatalismo economicista ramplón, de un “catastrofismo” vulgar ajeno a toda la elaboración teórica del Partido Obrero. Advertimos aquí sobre la “coherencia” de esta degradación que Altamira quiere producir en el Partido Obrero. Es que, si la cuestión es que la burguesía ha perdido toda iniciativa, entonces ya no importan la lucha de clases y las estrategias que se da la clase obrera para derrotarla y tomar el poder. Sólo queda “explicar la crisis”. Es un patrimonio político central del Partido Obrero considerar que la bancarrota capitalista es la base objetiva de la vigencia de la revolución socialista como planteo político. Nuestro partido caracterizó y estableció pronósticos muy precisos, en los últimos años, sobre el impacto de la crisis capitalista. En nuestro XXV Congreso (2018), por ejemplo, vaticinamos el retorno de la Argentina a la tutela del FMI, mientras todo el establishment vaticinaba una reactivación económica. Basamos nuestro pronóstico en la caracterización de la bancarrota capitalista internacional, signada por la acentuación de la guerra comercial, la fuga de capitales desde los países periféricos a las metrópolis y el cuadro de insolvencia del Estado argentino, lo que redundó en un alza significativa de su riesgo país y empujó a la Argentina a tener que acudir a un acreedor de última instancia. Desde aquel entonces, la Argentina se encuentra muy lejos de haber escapado del cuadro de quebranto, pues todos los factores que la llevaron a esa situación se han agravado. El gobierno, con el objetivo de contener las corridas cambiarias, ha debido poner las tasas de interés a niveles exorbitantes, empujando al país a una profunda recesión. Una cosa es partir de la bancarrota capitalista y otra muy distinta es obviar el desarrollo de la lucha de clases. Para Altamira y sus seguidores, las masas se elevarán indefectiblemente al programa revolucionario por la descomunal “crisis de régimen”. A la hora de valorar esta crisis, hay que tener en cuenta la capacidad de los partidos políticos patronales, sean oficialistas u opositores, para manipular a las masas; la evolución política -particularmente, del movimiento obrero, del movimiento de la mujer y la juventud- y el lugar conquistado por el clasismo y la izquierda revolucionaria en ellos. A modo de ejemplo, vale observar lo sucedido con posteridad a las jornadas del 14 y 18 de diciembre de 2017, que pusieron de manifiesto las enormes reservas de lucha del movimiento obrero argentino y le pusieron cierto límite a la ofensiva capitalista del gobierno. Luego de las jornadas, se puso en marcha un operativo de contención y sabotaje de todas las luchas obreras por parte de la burocracia sindical, y un operativo de desvío político de parte del peronismo: bajo la estrategia de reemplazar la movilización por la espera pasiva del recambio electoral, porque “hay 2019”. A pesar de los denodados esfuerzos de los sectores combativos del movimiento obrero y de la izquierda, esos operativos de contención política y sindical se impusieron, logrando que el gobierno de Macri sobreviva e incluso se encuentre dando pelea para su reelección, a pesar de haber ejecutado un descomunal ajuste con consecuencias gravosas para las masas. La capacidad de acción política de los partidos capitalistas ha quedado otra vez en evidencia en los sucesivos resultados electorales, en donde la izquierda se encuentra obteniendo magros resultados y en los que más del 90% de los gobernadores han sido reelectos, a pesar de haber sido todos ellos socios indisimulables del macrismo. Las reelecciones de los gobernadores, en muchos casos plebiscitarias, son un factor contrarrestante de la “crisis de régimen”, pues es un importante punto de apoyo de la burguesía para retomar con todo sus planes antiobreros. El fatalismo de Altamira, que establece una relación mecánica entre la bancarrota capitalista y la irrupción de las masas, no ha sido más que el refugio teórico y político de un dirigente desmoralizado por los avatares de la lucha política. Ese viraje encuentra su causa fundacional en las Paso del Frente de Izquierda de 2015, en donde la lista liderada por el Partido Obrero y encabezada por Altamira fue derrotada por la lista del PTS. Nuestra derrota fue la consecuencia, por un lado, del mayor ascendiente de los planteos democratizantes del PTS frente a los planteos revolucionarios del Partido Obrero al interior del electorado del propio Frente de Izquierda y, por el otro, de la crisis de nuestro propio régimen interno partidario, que tuvo su expresión más concentrada en la disolución de sus organismos de dirección. La prueba más clara de aquel desbarranque organizativo fue que un organismo votado en el congreso partidario de 2014, el Comité Nacional ampliado, no se reunió ni una sola vez en el curso de dos años. En 2015, cuando decidimos ir a las Paso en el FIT, no se llevó adelante el congreso partidario. Justamente, el congreso partidario de 2016 tuvo por eje central la recuperación del régimen interno del partido: el funcionamiento de sus organismos de dirección, de sus círculos, el lugar central de la prensa partidaria, etc. En una palabra, la recuperación del método bolchevique. La quiebra del régimen interno de nuestro partido fue la expresión de un problema político de fondo: el bandazo del Partido Obrero a un propagandismo electoralista. Así como hoy el propagandismo de Altamira está al servicio de un “catastrofismo” vulgar y una línea anti-electoral, en el pasado, el propagandismo estuvo al servicio de un electoralismo febril, que se recrudeció a partir de 2011 con los éxitos electorales del Frente de Izquierda. Altamira, quien hoy subestima los resultados de la izquierda en nombre del carácter excepcional de la “crisis de régimen”, en 2011 editó un libro titulado El ascenso de la izquierda, apoyado exclusivamente en los resultados electorales del FIT. La disolución de los organismos de dirección partidaria fue la expresión de este electoralismo, porque el progreso en las masas, la conquista de nuevas direcciones clasistas, la estructuración partidaria, requieren de un método colectivo de acción y de una dirección que desarrolle iniciativas. El electoralismo se expresó también en un hecho importante: los principales dirigentes del partido eran, al mismo tiempo, sus principales voceros públicos. La constitución de la dirección quedó copada, cada vez más, por los voceros públicos del partido y no por sus organizadores, como lo evidenciaba el hecho de que el Comité Nacional carecía de los cuadros necesarios para conformar su secretaría de organización. Este propagandismo electoralista pretendió ser el atajo para lograr la conquista de las masas. Con las victorias electorales del Partido Obrero en Salta, en 2013, Altamira vaticinó el “salto del cerco” de los obreros peronistas a las posiciones socialistas e impulsó la consigna “Por un nuevo movimiento popular con bandera socialista”. Ahora, un texto de la minoría en Salta vuelve sobre la caracterización, sosteniendo que el triunfo del Partido Obrero en la capital de Salta fue “sólo el primer ensayo del ascenso de la clase obrera por su propio gobierno”. Pero lo que mostró el proceso fueron los límites de un triunfo electoral de la izquierda obrera y socialista si no se encuentra acompañado de la organización independiente y revolucionaria del movimiento obrero. El dislate aquí no puede ser mayor: para Lenin, la revolución de 1905 fue el ensayo de la de octubre de 1917, pero en 1905 se formaron soviets, se insurreccionó la clase obrera y parte del campesinado, se desarrollaron combates callejeros de enorme magnitud. Nada eso sucedió en Salta. El anti-electoralismo de la facción esconde, en realidad, un electoralismo febril. De un propagandismo orientado a la lucha electoral que, combinado con un método de dirección de tipo personal, llevó al socavamiento del régimen interno de nuestro partido, Altamira se ha volcado, luego de la derrota de las Paso de 2015, a un propagandismo fatalista y anti-electoral. El cambio se debe a un solo hecho: que Altamira dejó de ser el candidato central del Partido Obrero y del FIT. Así, si Altamira es candidato, todo pasa por las elecciones, e incluso se llegó a afirmar que el FIT recuperó la política socialista para el proceso electoral. Si, en cambio, Altamira no es candidato, el resto es electoralista y la tarea del partido sería concurrir a sus charlas donde “explica la crisis”. Dentro del cambio hay un hilo de continuidad: el centro de gravedad sigue siendo Altamira, elevado al estatus del “hombre programa”, luego de haber sido por décadas el “hombre candidato”. Se trata de un síntoma inconfundible de desmoralización y fundición política. Contra el electoralismo, de un lado, y el fatalismo propagandista, del otro, el Partido Obrero defiende la necesidad de una estructuración política independiente de la clase obrera en la lucha por la dictadura del proletariado. Una “reinterpretación” del Programa de Transición Esta posición propagandística ha sido transformada en teoría con la “reinterpretación” del Programa de Transición. En 1938, Trotsky desarrolló la contradicción entre las condiciones objetivas de derrumbe del capitalismo y la madurez de las condiciones para el socialismo, de un lado, y la inmadurez de las condiciones subjetivas. Esta inmadurez era el resultado de las brutales derrotas del proletariado revolucionario, producto de la política traidora de las direcciones tradicionales (la Segunda y Tercera Internacional); Trotsky caracteriza la falta de preparación de la generación joven, sumada a la desmoralización de la vieja generación obrera. Se propuso un sistema de reivindicaciones transitorias que orienten crecientemente a las masas en lucha contra el Estado burgués, en la medida que son incompatibles con el régimen social. El Programa de Transición desarrolla un programa de poder sobre la base de: 1) las condiciones objetivas de catástrofe capitalista; 2) las necesidades elementales de las masas, y 3) su subjetividad, el carácter de sus direcciones y de su experiencia, marcada por la Revolución de Octubre y las derrotas posteriores. El Programa de Transición es un enorme sistema de consignas, como lo son los programas de la Segunda Internacional e incluso el Manifiesto Comunista. El Programa de Transición tiene en cuenta particularmente las tendencias subjetivas de las masas y la necesidad de una acción política de la IV internacional, sobre la base de un programa, para ganarlas a un planteo de poder. La degeneración propagandista de nuestra minoría barre con esta elaboración y considera que un planteo “de poder” -o sea, el llamado directo, sin transiciones- a las masas para tomar el poder es independiente de la subjetividad de las masas. Por el contrario, el planteo del Programa de Transición de “gobierno obrero y campesino”, por ejemplo, es una forma de desenmascarar la política de las direcciones obreras tradicionales, instando a tomar el poder a organizaciones que es improbable lo hagan, para ganar a las masas en la perspectiva de la IV Internacional. Cuando Lenin planteó “abajo los diez ministros capitalistas”, apuntaba a quebrar la influencia en las masas de los conciliadores con estos diez ministros, desarrollando un planteo de poder. Cuando nuestro partido adoptó su sistema de consignas, tuvo en cuenta que en medio de un brutal ajuste contra las masas, la respuesta de los trabajadores estaría contenida por la burocracia sindical y el peronismo. Por eso planteamos, en primer lugar “Que la crisis la paguen los capitalistas, derrotemos el plan de guerra de Macri y los gobernadores”. La cuestión del “derrotemos” merece ser reivindicada, porque alude a impulsar la acción directa de las masas, sin la cual hablar del “poder” es un acto de onanismo de secta. Los grupos propagandistas hacen gala de rasgos acentuadamente pacifistas, pues reducen su actividad a “explicar la crisis”, como si el único obstáculo que las masas tuvieran es su grado de conciencia, omitiendo la opresión física que la clase obrera vive todos los días en las fábricas y más en general en la sociedad. La comprensión de la clase obrera de la situación que enfrenta -o sea, su pasaje de clase en sí a clase para sí- no es un hecho intelectual sino de luchas y de organización, que finalmente condicionan su capacidad de comprensión política. Con el “derrotemos” nos dimos la política de hacer intervenir a las masas en la situación a través de la lucha. Es el punto de partida de cualquier partido de combate. Encabezamos el planteo con estas consignas bajo la consideración de que la situación política en su conjunto dependía de la respuesta de las masas a la ofensiva gubernamental. Altamira, en cambio, no solamente negaba la existencia de una ofensiva sino que, además, combatió con uñas y dientes la consigna “Derrotemos el plan de guerra de Macri y los gobernadores”. No se entiende por qué los firmantes del documento consideran que es “pedante” que el Partido Obrero haya votado este sistema de consignas. La crítica suena extraña en quienes encabezan un documento con citas de uno de los propios autores, hacen un asunto de principios de su propia figuración y protagonismo, y le dedican reiteradas menciones a lo que entienden como una falta de formación y comprensión para emprender la presente polémica de quienes han compartido años y, en algunos casos, décadas con ellos en el trabajo de dirección y cuyas posiciones han ganado el apoyo de la mayoría aplastante del partido. ¿En serio les preocupa la pedantería? Desarrollamos, en una campaña de actos, la necesidad de que los trabajadores nos pongamos en pie, superando la política de derrota de la burocracia y la oposición patronal, contra el gobierno ajustador y fondomonetarista. Sobre esta base planteamos, en actos de todo el país, “Fuera Macri y el régimen corrupto de macristas, pejotistas y kirchneristas” y la “Asamblea Constituyente”. El Partido Obrero es acusado de desvirtuar el Programa de Transición por defender un planteo de movilización contra el plan de guerra del gobierno, de plantear su derrota en las calles y de defender la necesidad de que la clase obrera derrote el plan de guerra del gobierno con un paro de 36 horas, un “Cordobazo nacional”, y la preparación de la huelga general. El eje del Programa de Transición es, contra nuestros detractores, la movilización de las masas contra el Estado burgués. Para los propagandistas, en cambio, la tarea era “explicar” la crisis. Por este planteo, nos proponían, a quienes desarrollamos durante todo el año la intervención más tenaz en las luchas, un plan de charlas de Jorge Altamira sobre la Constituyente. Acusan a la dirección del Partido Obrero de querer modificar las Tesis programáticas de la CRCI de 2004. Otro tiro al aire. Todo nuestro análisis se desprende de la comprensión de la crisis mundial que está expresado en ese texto y tantos otros que nuestra corriente ha producido. Fue Altamira quien, hace dos años, promovía la realización de una conferencia para “revisar y actualizar” las Tesis de la CRCI, no se sabe bien con qué posiciones. Por lo pronto, en diversas ocasiones en los últimos años, ha desarrollado posiciones relativas a la restauración capitalista en China y Cuba, y la formulación de la Asamblea Constituyente, que difieren de lo votado en el Congreso de la CRCI. Altamira es, concretamente, el único militante del Partido Obrero que ha llamado a modificar estas tesis. El documento “alternativo” insiste en ignorar que el eje del planteo “Hay 2019” era sinónimo de “Fuera Macri” por medio de las elecciones. Es la tendencia que se impuso en las masas. La oposición pejotista explota a fondo las ilusiones democráticas con un planteo de recambio omitiendo la movilización popular. Un planteo presidido de “Fuera Macri” sin un llamado a derrotar en las calles el plan de guerra de los gobernadores era funcional a esta política, ya en 2018 y ahora peor, porque se ha desarrollado una polarización en el proceso electoral que explotará a fondo estas ilusiones democráticas, mientras, contradictoriamente, ambos bloques tienden al centro por presión de la burguesía y acentúan sus rasgos fondomonetaristas. Por eso, nuestro planteo frente al proceso electoral puede resumirse en la consigna “Abajo el régimen del FMI”, que comprende también al peronismo. El “Fuera Macri” de Altamira es votar por Fernández-Fernández. O sea, es una capitulación ante el nacionalismo burgués. Un viraje que pinta de cuerpo entero el carácter faccional de la polémica Es significativo que Altamira, mientras pretende una fracción porque el Congreso del Partido Obrero no vota las consignas “Fuera Macri, Asamblea Constituyente”, acepte en un tramo del documento reemplazar la consigna “Fuera Macri” en la agitación electoral. Omitió también de sus últimos artículos esta consigna. Llamativamente también desapareció la de Asamblea Constituyente, siendo reemplazada directamente por la de gobierno de los trabajadores. La falta de seriedad de la facción deja en claro que lo único que busca es el protagonismo personal de un individuo. Todo lo demás es funcional a ese objetivo mezquino. ¿Volverá Altamira al “Fuera Macri” o no? Nadie lo sabe, dependerá, en última instancia, de especulaciones o caprichos personales. Lo que importa para el partido es lo siguiente: en estas condiciones y con la campaña electoral en marcha “Fuera Macri” nos coloca en el campo del kirchnerismo “crítico”. Su consecuencia lógica en el terreno electoral es el apoyo a la fórmula Fernández-Fernández, no existiendo ni la convocatoria a Asamblea Constituyente alguna ni la oportunidad real para impulsarla. El Congreso del Partido Obrero, que la rechazó como consigna electoral, votó, sin embargo, en su documento central, que la consigna “Fuera Macri” sería apropiada en una coyuntura de alza de luchas contra el gobierno, que podría ser disparada por un recrudecimiento de la crisis económica, si involucra la acción directa de las masas. Como planteo electoral es puro seguidismo al peronismo. El documento pasa todos los límites del ridículo cuando luego de una campaña de divisionismo público, acusando a la dirección del Partido Obrero de reformista y reduciendo todos los problemas políticos, e incluso los resultados electorales, a que no fuera adoptada como consigna “Fuera Macri-Asamblea Constituyente”, ahora anuncia que durante las elecciones sería lícito intercambiar esta con “Contra el gobierno entreguista y los partidos entreguistas del capital”. Luego de reivindicar la preeminencia de “Fuera Macri” hasta para elecciones donde Cambiemos estaba en un tercer puesto cómodo, como Tucumán y Santa Fe, los faccionalistas admiten una consigna que es una mal disimulada copia de “Abajo el régimen del FMI” que preside la agitación del Partido Obrero luego de nuestro congreso nacional en abril. Arbitrariedad y faccionalismo sin límites. Contra lo que sostenía Altamira, no alcanza la Constituyente para delimitarse del bloque opositor, porque incluso hay sectores que han planteado una Constituyente bajo el kirchnerismo, aunque esta ala chavista ha perdido terreno con la nominación de Alberto Fernández. Como planteo electoral, en un momento sin alza de masas, el reclamo de una Constituyente tiende a identificarse con un planteo de reforma constitucional en los marcos del régimen. Altamira ha modificado repetidamente y en forma confusa su formulación de la Constituyente. Somos claros. Nosotros no promovemos una Constituyente bajo los poderes vigentes, sino para revocarlos. Una Constituyente, incluso si fuera producto de un triunfo electoral de la izquierda (que no está planteado), sería la expresión de un equilibrio precario entre las tendencias a la revolución y la contrarrevolución. La Constituyente fue nuestro planteo de fondo en una rebelión popular, el Argentinazo: el planteo de revocatoria de todos los poderes vigentes. Por fuera de una intervención de las masas, la consigna acentúa sus rasgos democratizantes. El planteo de Altamira y su séquito se asemeja por momentos al de Guillermo Lora, quien, bajo condiciones de retroceso del movimiento obrero boliviano frente a los gobiernos del MNR de los ’80, vaticinó la inviabilidad de la democracia burguesa y adoptó la consigna “de poder” de la dictadura del proletariado como consigna única. Ambos planteos se identifican en su carácter propagandístico y su negativa a dar la batalla para penetrar en las masas. Altamira ha oscilado sobre el punto, porque defendió, en la primera fase de la polémica, la fórmula “Gobierno de los trabajadores – Asamblea Constituyente”. En los debates internos rechazamos esa fórmula por forzar a un eventual gobierno obrero a asumir un compromiso constitucional con el poder del Estado vigente. Luego, Altamira asumió la consigna de 2001 (la Constituyente como vía para la revocatoria del poder estatal), pero sin rebelión popular (y sin un planteo para desarrollarla). El ultimátum de Altamira a las masas, a diferencia del de Lora, se desarrolla exclusivamente alrededor de una consigna democrática. Como Lora, sin embargo, la subjetividad de las masas no le importa, las consignas están determinadas por factores objetivos fijos. Es contradictorio que en el texto se reivindique atacar al poder del Estado como vía para delimitarse de los partidos patronales, mientras se propuso en las elecciones provinciales ignorar a los gobernadores (con la consigna “Fuera Macri”), cuando éstos representan el poder estatal más presente en cualquier provincia, y han sido el canal para encauzar la oposición de las masas al gobierno nacional tras una línea de conciliación de clases. Altamira, en su artículo sobre el “superdomingo”, rechaza todas las caracterizaciones vulgares para explicar el triunfo de los gobernadores sin proponer ninguna alternativa, salvo lo que caracteriza como una política deficiente de la izquierda. Después de ese artículo, Altamira escondió las elecciones provinciales bajo la alfombra en su texto fraccionista. La incapacidad de analizar concretamente las elecciones provinciales es una expresión de la bancarrota de toda la caracterización. Cuando en la batalla política previa al proceso electoral surgía la adhesión creciente de activistas a un recambio por la vía del peronismo contra Macri, el Partido Obrero discutió las consignas y herramientas para abordar esos debates. Altamira y su séquito fraccionista repetían, contra toda evidencia, que el peronismo y el kirchnerismo no eran un bloqueo para el desarrollo, ni de la lucha de clases ni de la izquierda. Esta versión era refutada en cada plenario que realizó la militancia del partido en cada lugar del país y fue sostenida contra viento y marea por la fracción. Caracterizamos un bloque de conciliación de clases contra el macrismo ya en las elecciones de Neuquén, las primeras del año, y nos dimos una política para desarrollar la delimitación correspondiente, con la consigna de “que la crisis la paguen los capitalistas”. Para Altamira, estas dificultades no existen, entonces el resultado electoral se explicaría por las consignas del FIT en el proceso electoral. Absurdo. El capítulo dedicado al movimiento obrero indica una involución Como hemos señalado, la característica fundamental del documento presentado por quienes reclaman constituirse en fracción es la ausencia del propósito de luchar por la penetración en las masas, lo que permite la organización de su vanguardia para pelear por su dirección. En sus términos, repetidos por Altamira y Ramal centenares de veces, todo se reduce a dejar que la crisis capitalista haga su trabajo y limitar la acción del partido revolucionario a explicar los alcances de la misma. Como dijimos más arriba, estamos ante una combinación de pacifismo y electoralismo, que ahora mutó a anti-electoralismo sólo porque Altamira no es candidato. En el último debate precongresal, Jorge Altamira tuvo que reconocer la ausencia total de un balance de la lucha de clases del período en su llamado documento “alternativo” para el congreso, señalando que “es necesario un balance a fondo de las luchas obreras del último período y caracterizar la conciencia de lucha y los métodos empleados por los trabajadores y su comprensión de la crisis política”. Tampoco avanzó luego en esta elaboración. La falencia no es secundaria, sino vital. Lenin, refiriéndose a la teoría revolucionaria, sostenía que “sólo se forma de manera definitiva en estrecha conexión con la experiencia práctica de un movimiento verdaderamente de masas y verdaderamente revolucionario”. El anterior Comité Nacional sí aportó un balance del estado del movimiento obrero y las masas en los informes de convocatoria al XXVI Congreso. Fue una parte sustancial del debate precongresal expresado por muchos compañeros en aportes que se publicaron en 17 boletines internos y, por último, estuvo presente en debate del propio congreso. Es decir, el conjunto del partido debatió, teniendo en cuenta un balance de la lucha de clases, de las luchas obreras, del estado de conciencia de las masas y de la propia intervención del partido en la misma, y sobre esa base se tomaron resoluciones, se establecieron las consignas y se plantearon iniciativas. ¿Tomaron nota los autores del pedido de fracción de todo ello? No. Dos meses después de finalizado el congreso no han aportado ni un balance ni tampoco una sola iniciativa. El capítulo dedicado al movimiento obrero indica que ha habido una involución. Se puede comparar el texto presentado por los fraccionistas (por lejos, el capítulo más corto de todos) con la resolución de la Comisión del movimiento obrero del congreso, que parte de la caracterización de la crisis de régimen para finalizar proponiendo una serie de campañas, pasando por un abordaje de la contención y el papel de la burocracia, un planteo sobre el frente único, las elecciones y el movimiento obrero, la unidad de los ocupados y los desocupados, la precarización de la juventud, la mujer, y los sindicatos, el ataque a las jubilaciones, el paro del 30 de abril y el 1° de mayo y la delimitación con el bloque “21-F” de la burocracia “opositora” y el carácter, la función y las contradicciones del Plenario Sindical Combativo. Es decir, una política para abordar la conquista de las organizaciones obreras, la lucha por la dirección del movimiento de masas. Con esta orientación, el Partido Obrero, la Coordinadora Sindical Clasista y el Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC) tuvieron un papel destacado en el paro del 29 de mayo. Desde los puentes cortados, nuestros compañeros, con los dirigentes a la cabeza, se enfrentaban a la represión y se delimitaban del paro matero de la burocracia. Desde las tribunas levantadas (como en el Obelisco) planteamos la perspectiva del sindicalismo combativo. La lucha por un paro activo de 36 horas (el “Cordobazo nacional”) y el congreso de delegados de base para derrotar al régimen de Macri y el FMI, y poner en pie una alternativa política de la clase obrera adquirió relevancia a través de los medios de comunicación de ese día, en la agitación previa, en el trabajo cotidiano en las fábricas, barriadas obreras y lugares de trabajo. Varios de los dirigentes sindicales del partido y del PSC fueron oradores no sólo en nuestros actos sino en actos más amplios de organizaciones obreras como en Mendoza, Neuquén o Tucumán. Con esa misma orientación se desenvolvieron las actividades por el 50° aniversario del Cordobazo, que fueron desde actos masivos como el de Córdoba y Capital hasta el seminario sin precedentes del Sutna que “ha sido un salto en la conciencia de la vanguardia obrera del Neumático. La conquista del gremio continúa abriendo nuevos caminos en la politización de los trabajadores que luchan por sus reivindicaciones y, al mismo tiempo, son un canal de organización de la clase obrera por sus intereses históricos” (PO N° 1.551). Con esa orientación estamos interviniendo en la lucha de Alba, de Textilana, del propio gremio del Neumático, peleando por la recuperación de los sindicatos (como en ATE) y en la lucha de los desocupados. Así, el breve capítulo dedicado al movimiento obrero en el documento fraccionista aporta más a la caracterización de quienes lo han escrito (y firmado) que todo el resto. Por un lado, la ausencia de toda referencia a las luchas obreras del período (la referencia a la de los desocupados merece un análisis especial) ya revela la total despreocupación por acercarse al movimiento de masas, pero este desprecio a un aspecto sustancial de la acción de un partido de la clase obrera -y revolucionario por añadidura- muestra además un alto grado de irresponsabilidad y de improvisación en la conformación del grupo firmante. Se dirigen a un partido que está metido en la lucha hasta los tuétanos (razón por la cual, según Altamira dijo en la Conferencia Electoral, este seguía siendo su partido), sin una sola referencia o palabra sobre lo que es la actividad cotidiana de miles de compañeros. Dos de los tres párrafos escritos están destinados a referirse a resoluciones del congreso anterior (el XXV), que fueron votadas por unanimidad (¿se autocritican de haberlas votado?), pero además se distorsiona el debate de ese momento y se ocultan las verdaderas posiciones políticas. Se señala que la dirección de ese momento (que también integraban Ramal, Altamira, Viñas, Blanco y Quintana) consideró que “no pasaba nada en la clase obrera”. Esto se puede desmentir con la sola lectura de los documentos presentados a ese congreso y las resoluciones votadas. La mentira busca evitar referirse a los planteos de Altamira y Ramal. El inadecuado planteo de “formación de coordinadoras fabriles” en el documento retirado por ellos de aquel congreso, no corresponde a ninguna realidad, cuando estamos en una batalla encarnizada por preservar los cuerpos delegados conquistados y tratar de acceder a otros en medio de una ola de despidos en general y de activistas en particular. Digamos, de paso, que al estilo petesiano se nombran luchas que fueron encabezadas por sus actuales seguidores (AGR), pero se ignoran otras como Interpack, Inti, Textilana o Télam. Tal vez porque los “teóricos del reflujo”, como se nos llama, fuimos los organizadores de esas y tantas otras luchas, sea las de Siam, Alba, AGD, los Suteba, y tantas, tantas otras. Incluida nuestra participación en la de AGR, a través de la Naranja Gráfica y el Polo Obrero. Lo más importante no se balancea: cuál es el resultado y las relaciones de fuerzas emergentes de esas luchas. No es gratis el marcado retroceso en los gremios de prensa y de gráficos, de los trabajadores en su conjunto (lo que nos comprende), o en otros como el Smata, donde no queda una sola representación de izquierda, y las suspensiones, retiros voluntarios y cortes de contratos masivos están pasando sin batalla alguna. Cuando las luchas se libran, siempre hay un saldo positivo, de formación de conciencia en activistas que irán hacia otros destinos, de un registro en la memoria histórica de los trabajadores, etc. Pero los 46.000 despidos en marzo han pasado sin pena ni gloria y eso es parte de un análisis marxista de la realidad. Si no, miremos en la Historia de la Revolución Rusa, de Trotsky, el análisis pormenorizado del número y carácter de las huelgas según los años de ascenso o retroceso entre 1905 y 1917. De los flujos y reflujos surgen futuras rebeliones, dice el documento. Por supuesto, pero no se interviene igual en los flujos que en los reflujos. La caracterización de que “se viene un Cordobazo mayor que hace 50 años y que llevará a la renuncia de Alberto Fernández para que asuma Cristina Fernández de Kirchner como factor de contención” (Altamira, en la charla de Sociales), no tiene asidero ni mediación. En todo caso hay que preparar a los trabajadores desde su actual relación de fuerzas y estado de conciencia para que lleguemos a ese deseado puerto con las consignas adecuadas. En segundo lugar, la última parte es un embellecimiento de la fórmula Fernández-Fernández que confunde a los trabajadores sobre su verdadero contenido: el Presidente será el hombre de confianza del establishment. De todo esto, ni una sola palabra. No sólo no se balancea la lucha de clases, sino que tampoco se balancean las consignas que han propuesto al partido. Lo que revela que no se ha reflexionado debidamente sobre esas consignas, apreciando la actividad de las masas y del propio partido, sino que son volcadas livianamente sin responsabilidad por la intervención cotidiana en la lucha. Desde un podio se pontifica de acuerdo con su interpretación e interés individual. La sola lectura del periódico, donde se analizan y difunden las luchas obreras, el seguimiento de los frentes de trabajo aporta a orientarse y orientar al partido. Los fraccionistas deberían retomar esta tarea si quieren aportar una orientación válida al partido. Igual falta de basamento real tiene el planteo del “congreso obrero liderado por el Sutna” en oposición al Congreso de Lanús (que también lideró el Sutna) que dio lugar a la conformación del Plenario Sindical Combativo. Los firmantes no ofrecen una pista siquiera de con quiénes se desarrollaría el congreso del Sutna. El objetivo, dicen, sería “el desarrollo del clasismo en sectores más amplios del sindicato mismo”. Pero el Sutna convocó al Plenario de Lanús luego de un debate en asambleas de base y en sus cuerpos de delegados. Ponerse a la cabeza de un reagrupamiento de alcance nacional, con un programa debatido por miles de compañeros y una intervención sistemática de frente único en la lucha de clases, potencia claramente el desarrollo del clasismo en el mismo sindicato. La orientación de Altamira significaría que el Sutna rompa relaciones con el clasismo existente, para confluir con nadie. La Federación Aceitera, en quien Ramal puso una expectativa para un congreso obrero en el XXV Congreso, ha confluido en el Frente Sindical moyano-kirchnerista del 21-F. El impulso del Sutna al reagrupamiento del sindicalismo combativo no ha impedido que intervenga en el Confederal de la CGT con una posición clasista, cuando se presentó la oportunidad concreta para reclamar un congreso de delegado de bases, algo que pasó desapercibido para los “críticos”. Caracterizar al Plenario Sindical Combativo como “un acuerdo de tendencias político-sindicales de izquierda” en oposición al planteo del congreso obrero es absurdo. El PSC es un frente único de organizaciones gremiales: sindicatos, comisiones internas y cuerpos de delegados, que se apoyan en una práctica de asambleas y consultas permanentes a sus bases. Este es el criterio que explica la persistencia del Plenario en contraste con otras experiencias pasadas. Desde ya, en el seno de esas organizaciones, como en toda organización sindical, actúan corrientes políticas. La idea de un movimiento obrero “en estado puro” no sólo es ilusoria sino incluso reaccionaria, tributaria del antipartidismo o del nacionalismo burgués (que considera a la izquierda un elemento extraño al movimiento obrero organizado). No hay un solo aporte porque, en realidad, lo que tienen que decir es si están a favor o en contra de las acciones que se desarrollan a instancias del Plenario de Lanús. Un año y medio de funcionamiento del PSC alcanzan para ver que ha sido un factor de reagrupamiento para impulsar acciones independientes y de lucha en oposición a la burocracia ante cada lucha obrera y aún del movimiento piquetero independiente. Por otro lado, tuvimos un método: establecimos un programa como resultado de la lucha política con las corrientes democratizantes que integran el sindicalismo de izquierda y antiburocrático, que no es acabado, pero está ubicado en el campo de la independencia política de la clase obrera, y de una salida y un plan económico de los trabajadores. Por otro lado, sin realizar un ultimátum al Plenario de Lanús, la CSC-PO desarrolló la cuestión del Congreso de delegados de bases de todos los sindicatos y la consigna de poder de gobierno de los trabajadores. Quienes somos acusados de que “decíamos que no pasaba nada” por quienes votaron documentos comunes en el XXV congreso, preparamos en el periódico, en los frentes y entre los militantes las jornadas del 14 y 18 de diciembre; cuando una semana antes, en Facebook, Altamira escribía que la crisis era “por arriba”. Sostuvo este planteo incluso con posterioridad a aquellas grandes movilizaciones, como quedó registrado en las actas de la reunión de Comité Nacional de ese fin de año. Luego caracterizamos esas jornadas como un punto de inflexión en la consideración de las masas sobre el gobierno Macri, algo que se ha profundizado a un año y medio vista, aunque no significó ni significa un ascenso obrero. En cambio, Daniel Blanco, uno de los firmantes del texto de marras, sostuvo, en el Comité Nacional que integraba en la época, que habíamos entrado en una situación prerrevolucionaria. Caracterizamos los mecanismos de contención que se acentuaron ante el desborde de diciembre y la reacción de masas frente a la represión, y nos dimos la consigna de paro activo de 36 horas como el puente más adecuado hacia la huelga general. La imputación a la propuesta de un congreso del movimiento obrero y la izquierda, realizada por el XXV Congreso, de ser “no para elevar al FIT a un desarrollo estratégico en la clase sino como marco para negociar las listas electorales”, es arbitraria y faccional. ¿Dónde está dicho eso? ¿Por qué negociar listas electorales un año y medio antes? En realidad, la acusación busca ocultar su propia concepción del congreso y el sesgo electoralista del grupo firmante. El Congreso del Movimiento Obrero y la Izquierda de 2014, en el Luna Park, terminó proclamando la candidatura de Altamira a la presidencia; en 2015, un encuentro obrero del Bauen (¡¡¡que Altamira consideró superior en su composición y proyección a los plenarios obreros de Sitrac-Sitram y Villa Constitución!!!) fue en apoyo a la fórmula Altamira-Giordano y, en el XXV Congreso, Altamira y Ramal, junto a la huelga general y las coordinadoras, plantearon una Conferencia Electoral del partido en junio de 2018 (un año antes del cierre de las listas). Como la película: “No sos vos, soy yo”. La ausencia de balance sobre la pertinencia de consignas tales como la “huelga general” y las “coordinadoras” es ilustrativa de la deriva propagandística de Altamira, a la que quiere arrastrar a todo el Partido Obrero. En realidad, la falta de balance muestra que jamás se propuso en serio ninguna campaña por ello. Según Altamira, que las consignas de acción no se correspondan con la situación del movimiento obrero sería un mérito, porque sólo así jugarían un papel “preparatorio”. Pero si esa fuese la lógica, entonces también deberíamos agitar la “insurrección armada”, ya que si nos quedamos en la huelga general cometeríamos el mismo error que Lenin le señaló a Rosa Luxemburgo. Pero son todas sandeces. La única preparación real es establecer consignas de acción que puedan ser adoptadas por el partido para penetrar en las masas, reclutar a su vanguardia y organizar a los sectores más activos. Lo demás es para dar charlas en algún centro cultural. Una vez más sobre el Polo Obrero Sobre el movimiento de desocupados, el grupo firmante redobla una caracterización pequeño-burguesa, morenista y liquidacionista, que ya les fue señalada en el debate congresal. Según ellos, el movimiento de desocupados se ha reanimado por el reclamo de los planes sociales y nos cuentan, como novedad, una historia sobre el triunvirato piquetero, la presión de la Iglesia, etc., que cualquier delegado del Polo Obrero puede explicar con muchos más elementos, conclusiones y práctica. El reclamo de planes sociales, frente al aumento de la miseria, el hambre y la desocupación, es una lucha poderosísima contra el Estado y los gobiernos capitalistas, ¿o acaso los firmantes creen que, graciosamente, la burguesía va a sostener a las masas hambrientas a costa del Presupuesto que está destinado al pago de la usuaria deuda y al sostenimiento del parasitismo de la burguesía? La intervención del Polo Obrero contra el plan de contención diseñado por el gobierno, la burguesía y la Iglesia para evitar un replay de 2001 fue abriendo grietas que logramos transformar en un frente de lucha con alcance nacional. La pelea contra la miseria y contra el derecho de los punteros clericales aliados de Macri y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanely a decidir quién recibe o no la asistencia oficial fue transformada en un poderoso movimiento de lucha. Frente al asistencialismo, levantamos la unidad de clase, reivindicando el rol de primera línea del Polo Obrero en cada conflicto fabril, de AGR a Siam, a Interpack. En el párrafo dedicado al movimiento de los desocupados, los firmantes nos aclaran que la “perspectiva del Polo está condicionada a la lucha de clases de conjunto”. ¡Chocolate por la noticia! ¿Y la de los trabajadores ocupados? ¿Y la de la mujer? ¿Y la de los derechos humanos? ¿Y la de la juventud precarizada? Es decir, ¿y la del conjunto de los explotados? La advertencia revela un prejuicio. En lugar de proponer el fortalecimiento de las luchas que encaran los desocupados, tomar las iniciativas que ayuden a su mejor y más fuerte organización, a la mayor unidad de ocupados y desocupados (como el hecho de que el Polo Obrero es parte de la mesa del CSC y el PSC), los fraccionistas los mandan a… capacitarse políticamente como condición para una convergencia con la estrategia del partido. Esta recomendación, que sólo es indicada para los desocupados (obreros sin trabajo), destila un prejuicio de clase como el que es sostenido por el PTS y gran parte de los medios de comunicación en manos de los capitalistas. La lucha del Polo Obrero contra el triunvirato piquetero, contra la presión de la Iglesia en los barrios (y sobre todo en defensa del derecho al aborto), contra los pulpos inmobiliarios en la lucha por la vivienda, hablan de una convergencia con la estrategia y el programa del partido que aspiramos para todas las organizaciones que construimos. El desarrollo reciente del Polo ya ha aportado un enorme campo para agrupar activistas y militantes en todo el país. El Congreso de formación de la Juventud del Polo Obrero, votado por el XXVI Congreso y denostado públicamente por miembros de la fracción, ha revelado que esta comprensión está ganando a una juventud que enfrenta la miseria y la violencia del Estado con una gran conciencia. El Polo Obrero ha reagrupado con el método del frente único, como lo hicimos en el pasado con el Bloque Piquetero Nacional, a los sectores de lucha no cooptados por el Estado. Este frente de lucha ha sido un factor disruptivo de la desmovilización de masas que promueven todas las burocracias sindicales, desde Héctor Daer hasta Hugo Yasky y “Cachorro” Godoy, todos furgones de cola de la fórmula Fernández-Fernández o aún de otras del dividido peronismo, como Luis Barrionuevo. El boicot de la dirección del Partido Obrero de Tucumán al Congreso de la Juventud del Polo Obrero y a su última movilización nacional confirman un camino derrotista y de despolitización, y el carácter liquidacionista-rupturista de la fracción en cuestión. Defender hoy al Frente de Izquierda es defender la independencia política de los trabajadores El documento presentado con el pedido de “fracción pública” realiza una verdadera falsificación cuando dice que existe (aparentemente en el Partido Obrero) una divergencia sobre el carácter del FIT desde el momento mismo de su conformación en 2011, sobre si tiene un carácter democratizante o revolucionario. Otra vez, las citas que revelan esa divergencia, de ya ocho años, brillan por su ausencia. Como ocurre en la religión, en la deriva mesiánica sólo queda tener fe en el “hombre programa”. Pedir pruebas es un acto de herejía. El grupo que ha ido conformando Altamira y luego Ramal adentro del Partido Obrero tiene una posición hostil al Frente de Izquierda, aunque oscilante y cambiante en el tiempo. Pero no siempre fue así. Cuando el FIT se conformó, y el propio Altamira era su principal candidato, él escribió que los 520 mil votos reunidos en las Paso de 2011 eran la “adhesión a una convocatoria política y a un objetivo desde el programa, los partidos y los dirigentes de la izquierda revolucionaria”, contraponiéndolo a “los frentes democratizantes del pasado”. Reivindicó el carácter democrático de la campaña, en tanto caracterizaba positivamente al FIT como una “fuerza anticapitalista”, con una plataforma de reivindicaciones inmediatas, que necesitaba un gobierno obrero para su realización. Reivindicó como eje de la campaña de 2011 “el slogan ‘que la crisis la paguen los capitalistas’ y sus reivindicaciones concretas están resumidas en el programa transicional del Frente de Izquierda”. Desde ya, todos en el Partido Obrero marcamos tempranamente los límites del FIT como frente estrictamente electoral y que constituía un compromiso, un puente, con un electorado que no estaba en gran parte dispuesto a acompañar nuestro programa revolucionario, pero nos apoyaba en una contienda electoral frente a la desaparición o capitulación de la izquierda democratizante y la centroizquierda frente a los bloques patronales centrales. Marcamos el carácter contradictorio que tenía por las divergencias políticas entre el Partido Obrero y el carácter democratizante de nuestros socios, que provienen del morenismo. Denunciamos a cada paso los bloqueos faccionales al desarrollo de un frente único, desde el faccionalismo en los sindicatos a la ruptura de los bloques parlamentarios. Este año, la resolución política de nuestro XXVI Congreso señala que existen bloqueos a que el FIT se desarrolle como un polo político de la clase obrera por la “orientación alevosamente electoralista” de nuestros aliados, lo cual constituye “una divergencia de alcance estratégico”. No ha tenido un desarrollo como un frente único que se traslade a todos los frentes de la lucha de clase. Los grupos morenistas, centristas y dedicados a la construcción de sus grupos como interés particular divorciado de los intereses generales de la clase realizan todo tipo de zancadillas faccionales en los frentes obreros y estudiantiles, cada vez que pueden. Los balances de la Fuba, donde el PTS e IS no se suman a fortalecer el ala revolucionaria de la dirección, del divisionismo que entregó a la dirección combativa de Aten, del faccionalismo contra el Sutna clasista; de ferroviarios, donde la Bordó de IS se niega a abrir las listas en el Sarmiento al activismo de izquierda, son muestras de esto. “Este carácter progresivo del Frente de Izquierda, y su plataforma en defensa del gobierno de trabajadores y la independencia de clase, entra en contradicción con la orientación electorera del PTS, que además es hermana siamesa del sectarismo, en tanto privilegia la competencia interna por el reparto de candidaturas sobre el frente único de acción que requiere una acción sistemática de lucha por un gobierno de trabajadores. De esta contradicción se deriva que el Partido Obrero debe presentarse como un defensor del Frente de Izquierda y como el partido que, por su programa y método, puede desarrollarlo de modo consecuente. Nuestra defensa del FIT radica también en la defensa del frente único de clase, que debe empezar por una acción unitaria del propio Frente de Izquierda. Para darle una forma política definida, debemos insistir en nuestro planteo de que se convoque un Congreso del Frente de Izquierda, para que sirva como instancia de movilización del activismo obrero, juvenil y de la mujer, y fortalecer una campaña basada en dicha movilización”. Los ocho años de existencia que lleva el Frente de Izquierda deben llamar la atención no sólo por su longevidad en sí misma, sino porque implica haber sostenido una ubicación de clase independiente frente a condiciones políticas cambiantes y presiones de distinto orden. Hemos pasado del súmmum del bonapartismo cristinista, con su 54% en las elecciones de 2011, a su intento de protagonizar el desmantelamiento del régimen intervencionista bajo su propia dirección con el pacto Kicillof-Chevron, el acuerdo con el Club de París y la candidatura de Daniel Scioli, a la victoria de Macri, la crisis del esquema “gradualista”, los acuerdos con el FMI y la crisis política y económica, acompañada de un enorme operativo de contención de las luchas y desvío electoral que domina el actual momento político. Gran parte de la centroizquierda e izquierda argentina, que no fue kirchnerista en los doce años de gobierno, se suma ahora al Frente para Todos, con los K, la mayoría del PJ, el Frente Renovador y el impulso de la Iglesia católica. Allí se anotan Pino Solanas, el deggenarismo, Patria Grande, el PCR y Barrios de Pie, junto a otros grupos menores como el Perro Santillán, el Frente Darío Santillán de la Ciudad de Buenos Aires y La Dignidad, que apoyaron al FIT en el pasado. La existencia del Partido Obrero en la Argentina, su desarrollo político y su inserción en la lucha de clases de nuestro país han sido un factor determinante en esta perseverancia del FIT. Aunque nuestros socios han coqueteado con tendencias patronales y burocráticas, no han dado pasos de una integración política de fondo en esa dirección, bajo la presión de la lucha política que hemos emprendido con ellos minuto a minuto. Esto vale tanto para el coqueteo del PTS con el kirchnerismo, como el de IS con Hugo Moyano. La persistencia, y el reforzamiento, con el acuerdo con el MST de este frente de independencia de clase, es un hecho político de desafío a la corriente predominante, que lleva a una mayoría de trabajadores a votar por el peronismo contra Macri, con la expectativa de poder defenderse, aunque sea parcialmente, del régimen de ofensiva contra la población trabajadora, de licuación salarial, creciente desocupación y subordinación nacional al servicio del ajuste comandado por el FMI. El PSOL brasileño, donde militan los grupos vinculados con IS, el MST y el MAS (el grupo vinculado con el PTS se retiró del PSOL y luego pidió su reingreso) ha sido parte integral del operativo de seguidismo a Lula y desmovilización de la clase obrera brasileña frente al golpe de Michel Temer y luego el ascenso de Jair Bolsonaro. Ni qué hablar de la disolución del conjunto de la izquierda detrás del Partido Laborista inglés de la mano de Jeremy Corbyn o en el Partido Demócrata yanqui junto a Bernie Sanders. El FIT juega el rol opuesto en la Argentina. Reivindicamos su existencia y la defendemos. Si no tuviéramos FIT, deberíamos llamar a conformarlo frente a la enorme presión a subordinar a los trabajadores al frente pejotista que se evidencia fuertemente en todas las elecciones provinciales y ha marcado una tendencia al freno o retroceso de todas las listas de izquierda. La existencia de este frente no tiene, entonces, un contenido democratizante, sino proletario, de clase. Esto no equivale a tener un balance idílico ni inocente del FIT. El hecho de que al FIT el Partido Obrero lo comparta con grupos centristas, democratizantes, es uno de los datos para tener en cuenta, junto a la función política del frente y el contexto en el que se mueve. O sea, que le aporta un frente único a la clase obrera en función de sus intereses históricos. Altamira entró en crisis con el FIT cuando nuestra lista perdió las Paso. En 2015 se negaba a reconocer la derrota en las Paso desde su lugar de responsable de la Prensa Obrera, aplicando la censura sobre todos los artículos que llamaban a votar por Del Caño-Bregman, algo que comentaba toda la prensa burguesa para bochorno de nuestro partido y perjuicio de nuestros candidatos. Además, como Altamira se había retirado unilateralmente del Comité Ejecutivo, no había forma de debatir con él esta censura, que aplicaba por la vía de los hechos consumados. En la misma línea se había negado a participar de la conferencia de prensa común del FIT hacia las elecciones de octubre, desconociendo que la dirección había resuelto su participación, designándolo como nuestro orador en ella. Señaló por las redes sociales su oposición a la pelea por el corte de boleta en favor de Néstor Pitrola como diputado, que permitió ese año su reingreso al Congreso Nacional. En 2017 hizo una campaña interna para que el Partido Obrero pidiera repetir las Paso, para “preparar la ruptura del FIT” que, luego de un rechazo casi unánime de la militancia partidaria, retiró en el congreso partidario de Semana Santa de 2017, votando una resolución política única. Es cierto que en las Paso de 2015, el PTS pudo usar el carácter democrático del electorado del FIT a su favor, apelando a la “renovación” marketinera y despolitizada. Sin embargo, como caracterizamos en el Comité Nacional del Partido Obrero luego de las elecciones y luego en el XXIII Congreso, fue una victoria condicionada. El PTS no logró imponer su dirección y orientación al FIT, que ha quedado en disputa, dividida. En las propias Paso, los derrotamos en la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Salta, entre otras provincias, aunque sin poder descontar la diferencia que nos sacaron en Mendoza y Jujuy. Esta realidad hizo que el PTS estuviera lejos de dominar la representación del FIT. De esta comprensión se derivó una línea de acción que dio grandes resultados para la lucha política del Partido Obrero, lejos de dedicarnos a llorar sobre leche derramada. En 2017 fuimos a una gran campaña por listas únicas, por el congreso del movimiento obrero y de izquierda, y se votó en la conferencia de la provincia de Buenos Aires y luego en el XXIV Congreso promover a Romina del Plá como figura central, junto a Néstor Pitrola, en las listas bonaerenses. En el curso de la campaña, los eslogans electoreros del PTS sobre “la vida y las ganancias” perdieron espacio frente a la reivindicación de la izquierda “junto a los trabajadores, siempre” -o sea, de nuestro lugar en la lucha de clases. El balance final de la pelea debe destacar que no sólo ingresamos más representantes parlamentarios que el PTS como resultado de las elecciones de 2017, sino que tuvimos un mayor protagonismo político en su utilización. El movimiento por la conquista del aborto legal tuvo como protagonista destacadísima a Romina. A través suyo tuvieron una plataforma enorme nuestras posiciones revolucionarias y de clase en el seno del movimiento de mujeres. Fue también una de las voces más destacadas en la lucha política contra la reforma previsional y el Presupuesto de ajuste del FMI. El documento faccional carga las tintas sobre quienes no acordamos con la novedosa caracterización del FIT que improvisaron: “La negativa rotunda a caracterizar al FIT como democratizante le otorga a este un carácter estratégico o permanente”. Como remedio propone que desarrollemos una polémica estratégica y tengamos una agitación y una política propia en las elecciones. Algo que el Partido Obrero desarrolla hace ocho años, y que sigue haciendo en cada oportunidad. Con afirmaciones sin sustento, Altamira y sus seguidores deducen la imputación de una “tendencia a disolver al partido en el FIT”, “ni qué decir lo que ocurrirá si llegan a acuerdos con AyL, MST y Nuevo MAS”. Mientras Altamira se limitaba a hacer internismo hacia adentro del Partido Obrero con la excusa de “Fuera Macri-Asamblea Constituyente”, el partido, ante la negativa de una campaña común del FIT frente a la crisis nacional que propusimos públicamente, realizó una serie de actos masivos propios en todo el país, fijando una posición y un programa frente a la crisis nacional mientras agitó en el activismo una serie de cartas polémicas al FIT, que incluyeron también desarmar la maniobra faccional del PTS de un “partido unificado”, cuando no se convenía ni hacer un acto en común. En la Conferencia Electoral de marzo de 2019, Altamira y Ramal hicieron un papel lamentable, rechazando designar candidatos para avanzar en el cierre de un acuerdo del Frente de izquierda, con el argumento de que “la crisis” cuestionaba que se realizaran siquiera las elecciones de este año, mientras Altamira presentaba una declaración que llamaba a “Votar al FIT” cuando no había todavía acuerdo alguno, y describía un idílico avance en una acción común en el movimiento obrero, que era un embellecimiento francamente inexplicable. De allí pasaron, en vísperas del propio congreso del partido, a la caracterización de que el FIT es democratizante, borrando su diferenciación con el Frepu, Izquierda Unida y las formaciones internacionales “amplias” como el PSOL o el NPA, que son un patrimonio del Partido Obrero en los últimos ocho años, en oposición a la reivindicación de IS de una “unidad de izquierda” indiferenciada. Sucede que el lugar de Altamira en los acontecimientos alcanza para modificar todas las categorías de análisis. Cuando él era un protagonista central reivindicaba del FIT, su carácter anticapitalista y revolucionario, lo cual no le parecía contradictorio el eslogan “que la crisis la paguen los capitalistas” y su diferenciación de los frentes de la izquierda democratizante. Altamira fue autor de la propuesta, justa, de un frente a Zamora en 2013 con el FIT, que consistía en colocarlo como candidato a primer Legislador por la Ciudad de Buenos Aires, a expensas de Marcelo Ramal, para facilitar que ingrese el candidato a diputado nacional por el FIT, que era Altamira. El texto de los faccionalistas nos acusa, ahora, de llevar adelante la propuesta que él votó hace unos meses como integrante del Comité Nacional, de querer “cambiar a Ramal por Zamora o Bodart”. ¿Puede ser mayor la impostura? El método ombliguista es el opuesto exacto al planteo de Marx en el Manifiesto Comunista de que los revolucionarios no tenemos intereses propios, de grupo, fuera de los intereses de clase. Una involución política que lleva a juzgar a su partido y a los frentes que integra por el lugar personal que ocupa en él. Pero si Altamira no quiere ajustarse a esta máxima de Marx, al menos puede prestarle atención a Perón, que decía “primero la patria, luego el movimiento y, por último, las personas”. La facción altamirista aplica la máxima de Perón en un sentido inverso. El Frente de Izquierda-Unidad se constituyó sobre la base del fracaso de la política de colaboración de clases del MST, que en otra época cultivaba frentes con Proyecto Sur, Luis Juez, e integraba la CTA autónoma. Su formación refuerza el polo que rechaza y rechazó tomar ese camino. La propuesta de este frente fue votada unánimemente por el Comité Nacional anterior al congreso partidario, donde estaban Altamira y Ramal, y luego por el congreso. Tiene un carácter contradictorio, ya que suma otro grupo democratizante al frente, con una trayectoria más oportunista y, al mismo tiempo, amplía el auditorio del FIT a más trabajadores, generando mejores condiciones para una movilización de fuerzas en el terreno electoral y no electoral. Esta particularidad la hemos encarado imponiendo al FIT la necesidad de un acuerdo político propio antes de reunirnos con el MAS y el MST, negándonos a disolver el frente en un acuerdo general con grupos cuyo accionar ha sido mucho más errático. Nuestra forma de juzgar los frentes únicos es la que tenía León Trotsky, cuando le proponía a la clase obrera alemana que impulsara un frente único obrero con el PS y el PC estalinista para aplastar al nazismo en ascenso. La objeción a esta unidad de clase por el programa o trayectoria previa de la socialdemocracia era la política estalinista del tercer período, un ultraizquierdismo autista que costó carísimo a la clase obrera. La historia del Partido Obrero argentino y de todo el movimiento obrero internacional enseñan el valor del frente único para ampliar el campo de acción de los revolucionarios. El centro del problema alrededor del Frente de Izquierda se resume en conquistar las mejores condiciones para reagrupar a una masa de trabajadores, jóvenes, mujeres y oprimidos alrededor de las banderas de la independencia de clases, a sabiendas que la crisis en curso va a golpear, más temprano que tarde, el ascendiente logrado por el plan de recambio patronal pejotista, que tiene un fuertísimo compromiso con las patronales nacionales y extranjeras a impulsar un nuevo round de reformas antiobreras, gane quien gane las elecciones. El menosprecio de la lucha electoral, el abstencionismo “crítico” por el carácter contradictorio del FIT y cualquier divisionismo es funcional a la subordinación política de los trabajadores al nacionalismo burgués, la Iglesia y la burocracia sindical y piquetera, que hoy domina el panorama político. La defensa del frente único prepara las mejores condiciones para un liderazgo revolucionario en las nuevas etapas de la crisis. La verborragia “revolucionaria” para hacer política divisionista debilita al frente único y confunde a los luchadores y a la militancia. Debemos entonces desnudar su carácter y derrotar al confusionismo. Sobre el régimen interno: funcionamiento colectivo o manejo personal El régimen interno del partido fue abordado como tema central en el XXIII Congreso del partido en 2016. La necesidad de hacerlo y tomar resoluciones surgió ante la evidencia de que el partido no actuaba de acuerdo con las necesidades de un funcionamiento colectivo que asumiera las responsabilidades de la dirección y esto se verificaba fundamentalmente en que sus organismos no se reunían o lo hacían esporádicamente, partiendo desde el propio Comité Central. En 2015 no hubo congreso partidario. El Comité Nacional tenía reuniones cada tres o cuatro meses. Sus comisiones estaban totalmente paralizadas. El Comité Ejecutivo, votado por el Comité Nacional, era suplantado por reuniones parciales de una parte de sus miembros en un bar. El periódico no era la expresión de una elaboración colectiva de la dirección del partido. Los comités regionales del interior no estaban centralizados. El Boletín Interno se publicaba esporádicamente. Hasta las Paso, las decisiones fundamentales para el partido fueron la conclusión y la decisión casi excluyente de un solo miembro de la dirección: Altamira (cabe recordar como ejemplo que la decisión de rechazar la propuesta del PTS de no ir a internas y colocar a Del Caño como candidato a vicepresidente fue rechazada por Altamira en oposición a la postura de otros miembros del Ejecutivo). Luego de las Paso, Altamira abandonó la dirección. Las resoluciones tomadas en ese congreso para resolver el “problema del régimen interno” fueron empezar por regularizar el funcionamiento de la dirección, la cual debía convocar sus reuniones con una periodicidad que no superara los 45 días entre una y otra, e incluso se mandató a la Comisión de Control a que revisara el cumplimiento de esta resolución. El congreso abordó el problema del régimen interno en función de un objetivo preciso: garantizar la intervención de todos los militantes en la vida cotidiana de la organización mediante sus organismos -es decir, dotar al partido de una elaboración colectiva como condición primera para un partido de combate. ¿Es a esto a lo que refiere el capítulo sobre el régimen interno de los fraccionistas? El punto es utilizado para hacer acusaciones infundadas, colocando a la dirección del partido como una fracción que impone un régimen de aparato al partido. El hecho es, de por sí, además de difamatorio, incongruente. La dirección ha surgido de un congreso realizado hace apenas dos meses, fue votada por la inmensa mayoría de los delegados (el último en entrar obtuvo 65% de los votos, cuando de los firmantes el que más votos alcanzó llegó a casi el 29%), luego de casi cuatro días de debates y con un período congresal de amplio intercambio de documentos (el mayor en la historia del Partido Obrero), expresados en 17 boletines internos congresales, en los cuales Altamira y Ramal estuvieron entre los autores más asiduos. Los delegados al congreso intervinieron muy activamente en los debates, tanto en las comisiones como en las sesiones plenarias, hecho que fue destacado por invitados y por los propios congresales. Altamira, a su vez, pudo expresar sus posiciones, presentadas como propuestas de resoluciones, con mayor tiempo que el resto de los delegados. Todo el desarrollo del proceso congresal reveló un partido activo, militante, con decenas de cuadros interviniendo y sin ningún aparato que lo dominara. Un aparato (y su ideología) no se crean de la noche a la mañana, no surgen por la decisión de un grupo, requieren de condiciones especiales, políticas y materiales. En la supuesta advertencia sobre la aparición de una ideología de aparato, Altamira no ofrece una caracterización, un desarrollo, que permitan a la militancia del partido juzgar los alcances de tamaña afirmación. En la bibliografía marxista, las características que debían adoptar los partidos revolucionarios y las luchas dentro de ellos han sido uno de los temas más abordados, desde el ¿ Qué hacer ? , de Lenin, hasta los textos de los congresos de la Tercera Internacional, y mucho más aún luego de la aparición del estalinismo. Trotsky, en particular, tuvo sobre sus espaldas el combate contra Stalin y su régimen, y lo hizo con el cuidado y la precaución de que no fuera usado por los enemigos contra la clase obrera y, en particular, contra la Revolución Rusa de 1917. La construcción de un partido obrero revolucionario es posiblemente la tarea más compleja y cuidadosa que debemos abordar los marxistas porque entraña una diferenciación en el seno de la clase obrera (que requiere estar unida en la lucha contra el capital) que debe ser debidamente justificada en función de los intereses colectivos de la clase y no de las preocupaciones de un grupo o individuo. Las diatribas y acusaciones de los fraccionistas contra las resoluciones del congreso y la dirección que este eligió para llevarlas adelante delatan a un grupo irresponsable. Como reza el dicho “Al ladrón, al ladrón, dice el ladrón”. La ideología de aparato domina a los fraccionistas, esta ideología se combina además con una fuerte tendencia a llevar al partido al diletantismo y, por lo tanto, su autodestrucción. Es evidente que el partido ha pasado de un régimen de dirección unipersonal (la de Altamira) a la de un régimen colectivo. Y es esto último lo que se ataca. Veamos algunas de las acusaciones. Se habla de censura hacia Altamira en el periódico, cuando lo que hay es una dirección electa y responsable por las posiciones publicadas. El periódico de un partido de combate es el militante número uno en esa lucha y no una tribuna de librepensadores. Altamira pretende que se publiquen artículos que atacan las campañas electorales provinciales sobre la base de falsedades. ¿Por qué deberíamos habilitar un ataque infundado al Comité de Córdoba o Mendoza en la prensa partidaria? La publicación permanente de artículos con orientaciones contrapuestas pone en cuestión el carácter de lucha política del periódico, planteando a los militantes un menú a la carta en lugar de una orientación. Prensa Obrera nunca fue así. Cuando el periódico era dirigido por Altamira, todos los artículos pasaban previamente por su corrección y aprobación. Ningún militante podía publicar una posición contraria a la que sostenía la dirección del periódico, el Correo de Lectores estaba “abierto” al público no a los militantes del partido (salvo escasísimas excepciones) y, obviamente, se elegía qué publicar. Durante más de un mes después de haber perdido las Paso, cualquier artículo que planteara votar o se refiriera a la fórmula presidencial del FIT (Del Caño-Bregman) fue directamente mandado a la papelera sin siquiera un debate, sólo por la decisión personal de Altamira. Cuando Altamira dejó la dirección (2016) dejó de colaborar con Prensa Obrera y buscó paralelizarla a través de su página de Facebook, la publicación de algún artículo de él debía obligatoriamente decir que había sido extraído de su página personal en la red. Altamira no quiere escribir en Prensa Obrera con los métodos de una prensa que representa a un partido. Los artículos mandados a Prensa Obrera en el último año debían ser publicados sin modificaciones ni sometidos a debate. El Estatuto señala claramente (art. 25) que “El Comité Central controla todas las publicaciones externas e internas, y designa los comités de redacción bajo la responsabilidad de uno de sus miembros. Controla también la participación de todo militante en cualquier publicación”. Hace casi veinte años se separó del partido al grupo Razón y Revolución por tener una publicación propia. El artículo de Altamira que atacó la campaña de Córdoba con acusaciones nunca probadas no fue enviado al periódico, salió directamente en su Facebook. De haberlo enviado, se hubiera abierto un debate, pero no es eso lo que se buscaba. La no colaboración con la prensa partidaria es una grave falla en un militante y mucho más en dirigentes. El espíritu de aparato de los fraccionistas vuelve a aparecer en el tema de las candidaturas que, se ve, juega para ellos un carácter determinante. Los anti-electoralistas mutan en electoralistas fanáticos ni bien se hacen de una candidatura. El bochornoso comunicado de Salta lanzado a espaldas de sus compañeros de comité regional para anunciar los candidatos locales de la “minoría” con una conferencia electoral resuelta por ellos mismos se lleva el premio. Allí anuncian que van a buscar recrear “la victoria sobre el peronismo en capital hace seis años y que sólo fue el primer ensayo de un ascenso definitivo de la clase obrera por su propio gobierno”. Confundir la conquista de una mayoría en un Concejo Deliberante municipal con el advenimiento del gobierno obrero, que para el Partido Obrero es la dictadura del proletariado, no es sólo darse manija, es un electoralismo reformista propio del socialdemócrata más irrecuperable. Quienes reclaman preguntarle a la militancia y “no arrogarse” el derecho de opinión de ella, consideran un acto de brutal exclusión y una proscripción la decisión de casi el 95% de los delegados a la Conferencia Electoral de la Ciudad de Buenos Aires de proclamar a Gabriel Solano como candidato a jefe de Gobierno y rechazar la postulación de Marcelo Ramal (que obtuvo un poco más del 5%), ¿por qué? ¿Ramal tendría un “derecho natural” a ser candidato, independientemente de la decisión de los militantes del partido? La Conferencia Electoral nacional había nominado a Solano, Vanina Biasi y Ramal, en ese orden, como voceros de la Ciudad. Los delegados de la regional, pasados cuatro meses de intensa intervención y lucha política, tienen toda la potestad de hacer una selección final, fruto de un debate y balance político, como corresponde a una organización que reivindica la revocabilidad de los cargos como denuncia contra la burguesía y su régimen político. Sobre las rentas, las sanciones y la infiltración al partido Los fraccionistas vuelven, para sostener la acusación de “aparato”, con una denuncia sobre las rentas, diciendo que tenemos más que la socialdemocracia alemana, sin aportar números que lo fundamenten. La referencia a las rentas busca ocultar su propia situación. Hay un informe disponible, que fue discutido en el Comité Nacional con participación de Altamira, Ramal y Quintana. Si se refirieran a él, debieran informar que en el partido imperaba una discrecionalidad inaceptable en una organización obrera. Altamira y Ramal cobraban rentas superiores al resto de las rentas políticas. En el caso de Altamira, percibía una renta que triplicaba la que cobraban los demás, esto sin contar los gastos en publicaciones, libros, viajes, fotocopias que eran afrontados con fondos del partido. En el caso de Ramal, percibía ingresos que no declaraba y sobre los cuales no cotizaba. Todo esto resuelto fuera de los organismos partidarios. El Comité Nacional decidió, como se informó, equiparar las rentas, con el voto en contra de Altamira y Ramal, que opusieron a este planteo la defensa de “excepciones”, que ya tenían nombre y apellido. La cuestión de las rentas era la expresión del manejo personal del partido, que la dirección actual trató y ahora encara con un método colectivo, con el debate y la revocabilidad de todos los compañeros que cobran sueldos en todo el país por parte de la dirección nacional, con la participación de los comités locales. Lo mismo sucede con el reclamo del carácter rotativo de las rentas. Es una impostura mayúscula. Tres de los firmantes (Altamira, Blanco y Ferro) llevan décadas rentados (Altamira desde hace más de 50 años), se han jubilado en esa condición sin que nunca hayan ofrecido rotar en sus rentas. Otro tanto vale para miembros que adhieren a esta fracción, como Carlos Frígoli y Lisandro Martínez. Estos siguen rentados a pesar de que, desde hace años, y con acuerdo de Altamira, se les señaló que debían conseguir un trabajo y dejar de estar rentados. Al día de hoy cobran rentas como “jubilados”. A partir de lo expuesto, lo que sí es claro es que los rentados en la facción superan no sólo a la socialdemocracia alemana sino al Partido Obrero. Desde 2016, las rentas se informan, se discuten y se aprueban todos los años en el Comité Nacional, antes sólo algunas y esporádicamente se debatían en él. El método de dirección colectiva que hoy impera en el partido es la base para impedir arbitrariedades. En el mismo sentido aparecen las acusaciones sobre las sanciones en el partido, que sin dar datos ni cifras se califica de salto histórico. Sin embargo, son falsedades. Ya un informe de la Comisión de Control al congreso comparó las sanciones producidas en los últimos tres años con los 50 años anteriores, e inapelablemente en este último caso, las sanciones, separaciones y expulsiones por actividades faccionales surgidas de divergencias políticas dejaron fuera del partido a decenas de compañeros (sólo para recordar las últimas: el grupo que constituyó la TPR, el de Vidal en Neuquén, el de Hueso). Las que ha habido en los últimos años han tenido que ver, en su inmensa mayoría, con actos de violencia, abusos e incluso de violaciones por parte de militantes varones, donde se procedió dando lugar a las denuncias, investigando y finalmente sancionando. El partido actuó así en defensa de las víctimas, pero también de la propia organización. Hoy hay organizaciones de izquierda e incluso trotskistas en el mundo que han desparecido (la ISO norteamericana) o retrocedido enormemente (el SWP británico) por no haber actuado frente a las denuncias sobre violencia a la mujer. Varios de los separados por estos hechos, hoy, a través de las redes, hacen causa común con los fraccionistas en el ataque a la dirección y al partido, sin que los fraccionistas salgan a rechazarlos, incluso, a veces se resalta ese apoyo (como la reivindicación en las redes que hizo Altamira de una intervención de MD de Córdoba, que tiene una causa penal por el abuso reiterado de una menor a su cargo). Hemos dejado para el final la referencia a los mails que revelan un trabajo de infiltración y de ruptura desde dentro y fuera del partido por un tiempo prolongado. Los fraccionistas han hecho de la revelación de esos mails, que indican como mínimo que tenían un conocimiento de esa actividad contra el partido, el argumento central que confirmaría la teoría de que en el partido existe una camarilla burocrática que se dedica al espionaje interno. Cabe preguntarse, ¿quieren realmente llegar a la verdad o simplemente se trata de que “la mejor defensa es un buen ataque”? ¿Una dirección que toma conocimiento de un intento clandestino de quebrar el partido debería ocultarlo a su congreso partidario? Llamativamente, nunca se pronuncian contra el contenido los mails y, por otro lado, no concurren a la Comisión de Control a la cual han sido citados (algo a lo que están obligados por el Estatuto) y exponer allí incluso sus propias denuncias y reclamos de investigación. Exigen como condición que se eche a quienes hicieron conocer a la dirección los mails para hacerlo, o sea que la dirección ejerza el punitivismo sin ningún proceso previo, a la misma dirección que acusan de sancionadora serial. Todo el documento encubre el ataque al partido, la acción rupturista, la infiltración. Los fraccionistas quieren que liquidemos y rompamos las pruebas de ese ataque al partido, lo que termina de corroborar lo que sostienen los mails: la existencia de una acción faccional que involucra a por lo menos una parte de los firmantes del documento fraccionista. La dirección nacional, el congreso, no adoptó ninguna medida disciplinaria; es decir, no emitió un “juicio” y remitió los hechos a la Comisión de Control, algo que los compañeros de la dirección anterior, que tomaron conocimiento de la existencia de los mails, días previos al congreso, habían decidido. El reclamo de Marcelo Ramal de un tribunal del propio congreso ante la denuncia de un compañero precipitó los hechos. Ahora se busca explotar este ataque al partido para continuar con lo que ya proponían los mails: romperlo. Ataque al parlamentarismo revolucionario La acción de los revolucionarios en el Congreso, las legislaturas y concejos es una unidad política con la intervención del partido en todos los terrenos de la lucha de clases. Somos, al mismo tiempo, voceros de las luchas obreras y populares, desarrollamos sus reivindicaciones en las instancias parlamentarias y en los frentes de lucha, desenmascarando los límites insalvables del parlamento burgués y sus agentes, y llamamos a reforzar la acción directa de los trabajadores en los términos de una agitación socialista, que eleve la conciencia de los oprimidos, denunciamos al régimen social y su Estado, y propugnamos el gobierno de trabajadores. La acción parlamentaria es una tribuna privilegiada para la confrontación política con nuestros adversarios de clase, cualquier desprecio a la conquista de estos lugares en un período de dominación política de la burguesía bajo un régimen republicano, más o menos parlamentario, es un tiro en el pie a la construcción del partido y a la superación de las ilusiones democráticas de las masas. Para ello nos valemos del programa, los planteos y las consignas que guían la acción del Partido Obrero en cada etapa, debatida y resuelta en sus organismos partidarios (Congreso, Comité Central, comités provinciales y locales). La realización de asambleas parlamentarias nacionales -la última realizada en septiembre de 2018- sirve a una mejor elaboración de conjunto, pero no reemplaza la intervención del conjunto del partido en la elaboración de la agenda. La mayor o menor frecuencia en su realización de ningún modo ha significado una descentralización del trabajo político. Las campañas nacionales contra el pacto con los fondos buitre, contra la intervención imperialista en Venezuela, contra el acuerdo con el FMI, contra los presupuestos de ajuste, por el juicio y castigo a los genocidas y contra la política del gatillo fácil, contra las tropas argentinas en Haití, por el aborto legal, la separación de la Iglesia del Estado, contra el dietazo, por las PPP de petroleros o telefónicos, contra la reforma previsional o por la prohibición de despidos y suspensiones, contra la “parlamentarización del reclamo” por parte de la burocracia, por el juicio político a la Corte Suprema del 2×1 para los genocidas, por mencionar algunos ejemplos, confirman esa agenda. Importantes luchas provinciales son, asimismo, llevadas al Congreso, como es el caso de la audiencia pública que estamos organizando con el sindicato de ceramistas de Neuquén y los obreros del sector en lucha, o en su momento, por la cárcel a Milani, no bien asumimos por primera vez en diciembre de 2013. La lucha parlamentaria pone siempre a prueba a un partido revolucionario, y la presencia del Partido Obrero abrió una ruta novedosa en la Argentina en contraste nítido con la izquierda democratizante. En distintos escenarios políticos: desde la llegada a la Legislatura con Altamira en el año 2000, en vísperas de una histórica rebelión popular y una gigantesca crisis de régimen, hasta la conquista de bancas en el Congreso Nacional con Néstor Pitrola y Pablo López bajo el kirchnerismo, cuando el Congreso era una escribanía del Poder Ejecutivo y establecimos una decidida confrontación política con el nacionalismo, continuada bajo el macrismo con Nésor Pitrola, Pablo López y la incorporación de Soledad Sosa, y luego con la banca de Romina Del Plá, denunciando el régimen de coalición a la carta como expresión de colaboración y sostén político del gobierno Macri por parte de los gobernadores, sus partidos y bloques legislativos y, a su turno, el impasse de este régimen de colaboración como consecuencia de una crisis de régimen más general. Desarrollamos la delimitación política con oficialistas y opositores, no sólo en los debates y discursos, sino en el desarrollo de un programa obrero bajo el formato de iniciativas parlamentarias. Algunas expresiones de ello fueron el dictamen propio de prohibición de despidos y suspensiones, repartiendo las horas de trabajo sin afectar el salario, ante la ley trucha de “emergencia ocupacional”; el dictamen de minoría contra la ley de Emergencia Social, eje de la cooptación del trío Vaticano, donde denunciamos el curso que adoptaría de integración al Estado y como sostén de la gobernabilidad de la ofensiva contra las masas, ley que votamos en contra; el Presupuesto alternativo cuando integramos la comisión, basado en un plan económico de los trabajadores, en un sistema de impuestos progresivos al capital, en la nacionalización de los recursos estratégicos, la banca y el comercio exterior, en el control obrero, todo basado en un congreso de trabajadores para resolverlo y luchar por él, vinculando así nuestro proyecto a la perspectiva del gobierno de trabajadores; la elaboración de proyectos propios con el planteo del control obrero y por la apertura de los libros contables de los capitalistas en las ramas estratégicas de la industria, como la nacionalización integral sin indemnización de los hidrocarburos y los trenes; contra los tarifazos; el rechazo a la “transversalidad de género”, denunciando el carácter de la paridad trucha, el punitivismo de proyectos como el registro de violadores, la crítica al derecho y el carácter represivo del Estado de clase en ocasión del pasaje del régimen inquisitivo al acusatorio del Código de Procedimientos Penal (ante la capitulación del centroizquierda y el coqueteo del morenismo), el rechazo de los acuerdos climáticos como instrumentos del imperialismo, el rechazo a los acuerdos recíprocos de los bancos centrales chino y argentino (aprobados por el PTS) o la implacable denuncia al lobby clerical sobre todos los partidos del régimen en la lucha por el derecho al aborto legal. Otro punto destacado de nuestra lucha parlamentaria del último período ha sido la intervención de Néstor Pitrola en ocasión del Bicentenario de la Independencia en Tucumán, polemizando con los cuadros de la burguesía (todos los jefes de bloques) en torno de un balance del fracaso de 200 años de desarrollo capitalista en el país, que culminó con un acto del partido en Tucumán. El planteo de consulta popular por el no pago de la deuda ante la primera crisis con los buitres (aprobado por todo el Comité Nacional), siendo ministro Kicillof. El rechazo al pacto con los fondos buitre en 2016, denunciándolo como un pacto colonial y columna vertebral del ajuste, que integró una polémica con el FpV y planteo impulsado por Kicillof para pagarle a los buitres el mismo importe que al resto de los bonistas -que el PTS votó a favor y nosotros rechazamos, contraponiéndole el no pago. Cuando terminó el discurso de Pitrola ante el pacto con los fondos buitre (transcripto en “La Fuerza de la Izquierda en el Congreso”), Marcelo Ramal expresó que habría un antes y un después en los referentes de la izquierda en la Argentina: a las 12:20 horas de la noche, desde Córdoba, Altamira twiteaba que el discurso debía ser reproducido en la previa de cada actividad del partido. ¿Por qué esta amnesia ahora?, ¿por qué este liquidacionismo? La denuncia al dietazo en favor de los sueldos de los diputados fue, asimismo, un eje de agitación política nacional en reiteradas oportunidades, que logró en 2016 hacer recular parcialmente al gobierno. Fue explotada por nosotros para mostrar el carácter de clase del Estado y la remuneración de sus funcionarios asociada a los ejecutivos de las corporaciones capitalistas para las cuales gobiernan y legislan. Contrapusimos el dietazo a las reivindicaciones obreras contra el ajuste: reapertura de paritarias, aumento de emergencia a los jubilados, fin de los despidos. Por sobre todo, nuestra intervención parlamentaria ha expuesto los problemas nacionales desde el punto de vista de los intereses de la clase obrera, con la agitación por el paro activo nacional de 36 horas en el camino hacia la huelga general para derrotar a Macri, el FMI y el conjunto del régimen político que los sostienen, incluidas todas las alas de la oposición y la burocracia sindical, con el planteo del congreso de bases del movimiento obrero. Con el método de no explicar ni citar lo que se enuncia, el documento fraccionista dice expresar divergencias de alcance estratégico con lo actuado por nuestros tribunos parlamentarios a lo largo de estos años. El tema ha sido ya objeto de polémicas que hemos refutado demostrando -¡hasta con citas taquigráficas!- la falsificación y el desconocimiento de nuestra actuación parlamentaria. Por ejemplo, en torno de las consignas votadas por el Comité Nacional, por ejemplo, “abajo el régimen corrupto de macristas, pejotistas y kirchneristas, Asamblea Constituyente”, que Romina desarrolló sistemáticamente en las etapas que la crisis lo dejó planteado. Las luchas políticas deben ser valoradas en su contexto y por sus implicancias en cada momento determinado. Es cierto que votamos en favor del cupo femenino en Salta -y mucho antes lo había hecho Altamira en la Legislatura porteña, pero el debate dos años más tarde en la Cámara de Diputados asumió otras características, en un cuadro ascendente del movimiento de mujeres como no se había visto en el pasado ni estaba presente en ocasión del episodio salteño. En 2016, la paridad fue un operativo político por desviar las enormes luchas por Ni Una Menos que sacudían al país sin tener respuestas. La paridad fue presentada, asimismo, como un capítulo de la reaccionaria reforma política, la zanahoria de la regimentación política. Nuestro rechazo a la paridad fue objeto de un planteo político integral, en el que desnudamos la falsa promoción de la mujer en la vida política y social -que, en realidad, sólo atiende al carrerismo de las mujeres de la burguesía, adversarias de la emancipación de la mujer obrera- y le contrapusimos un programa basado en las reivindicaciones de las trabajadoras: igualdad salarial, derechos laborales, independencia económica, el cese de la tutela religiosa en el sistema de salud y educativo, la separación de la Iglesia del Estado y el aborto legal. Cuestión que quedó en evidencia cuando 49 de las cien diputadas votaron contra el derecho al aborto. Lo que se afirma sobre la posición adoptada en relación con el desafuero de Julio De Vido es un recorte unilateral, malicioso y, a la sazón, falso. Reclamamos el desafuero cuando este había sido solicitado por un juez para el allanamiento del domicilio, en el curso de las investigaciones judiciales por corrupción. En ese momento, denunciamos que el macrismo relegaba su ofensiva contra De Vido en virtud de su pacto con el FpV en torno de la llamada “ley antidespidos”, para aminorar daños con un proyecto más limitado del Senado. El mismo que terminó en el veto presidencial sin ser enfrentado por el kirchnerismo ni por la burocracia sindical alineada con la oposición peronista. Todo esto es lo que denunciamos en tiempo real en la sesión del Congreso, explicando que “la corrupción no es patrimonio exclusivo de uno u otro gobierno, está en la naturaleza de un régimen basado en el lucro capitalista que defienden tanto el kirchnerismo como el macrismo” (intervención de Pitrola). Luego vino el pedido de expulsión por “inhabilidad moral”, y se desarrolló una monumental presión del Estado y del gobierno para que formásemos parte del “frente único anticorrupción”, en plena campaña electoral. Lo rechazamos como una medida de excepción, un golpe parlamentario contra las garantías democráticas y constitucionales. Fuimos a una polémica con el PTS que, basado en cálculos electorales, se privó de una denuncia a la maniobra y pretendía abstenerse en lugar de votar en contra de la expulsión. La intervención de Soledad Sosa llegó a la tapa de Clarín: “Nos separa un abismo de sangre con De Vido, pero no avalaremos este golpe de mano”. Pablo y Soledad denunciaron la farsa de la supuesta cruzada contra la corrupción y volvieron a remarcar los corruptos de uno y otro lado (macrismo y kirchnerismo). Denunciamos el distraccionismo, en medio de la crisis industrial y los despidos, y advertimos sobre el grave precedente que quedaba planteado “para después sacarse de encima a los diputados que defendemos a los trabajadores (…) sobre todo, de quienes estamos en la oposición”, como planteó Pablo López. La reunión de Comité Nacional ampliado a la que se refiere capciosamente el escrito sugiere alguna divergencia que jamás hubo en relación con el punto; al contrario, según consta en actas, Altamira recomendó explotar que cuando hubo pedido judicial para el allanamiento denunciemos que los fueros protegen frente al delito de opinión, pero no ante los saqueadores de la corrupción capitalista. La impugnación al juicio político a María Eugenia Vidal, presentado por Guillermo Kane, con el argumento de que el mismo supondría “una alianza con el massismo y los K” es, en realidad, la impugnación a la presentación de cualquier proyecto parlamentario -¿en qué caso estos no supondrían el voto de los bloques de la burguesía que lo dominan? Presentar el asunto de este modo equivale, asimismo, a suponer que nuestro proyecto contra la gobernadora podía contar con el apoyo del massismo, los K o el PJ -lo que, por el contrario, buscamos demostrar, reforzando la denuncia de su actuación como bomberos de la rebelión educativa y al servicio del rescate de la propia Vidal (“hay 2019”). El pedido de juicio político fue precisamente una herramienta para la agitación política que los críticos reclaman, desenmascarando que su cajoneo delataba la connivencia política de los bloques peronistas con Vidal. La campaña desenvuelta por el partido nos sirvió para acrecentar nuestra autoridad política en el movimiento de lucha, y conquistar activistas y posiciones en centros de estudiantes y entre los docentes. Es curioso, asimismo, el empecinamiento contra este proyecto por parte de quienes saludaron, y votaron por unanimidad, la presentación de un pedido de juicio político a los jueces del 2×1. En una nota en Prensa Obrera N° 1.457, el propio Altamira defendió “la posición que adoptó el Comité Nacional del Partido Obrero en su reunión del fin de semana pasado, al plantear el juicio político a los jueces amnistiadores -que el bloque parlamentario PO-FIT presentó de inmediato en la mañana del lunes 7”. ¿Por qué a los jueces de la Corte sí y a Vidal no? No pueden alegarse diferencias en torno del cuadro de movilización popular que desataron uno y otro conflicto, ya que contra el 2×1 tuvo lugar una verdadera pueblada -de mayor alcance y envergadura que la que suscitó el crimen de Sandra y Rubén en Moreno. Lo mismo vale para nuestros proyectos contra el pacto con el FMI, al servicio de una agitación socialista que delimitó aguas con todos los bloques de la burguesía. Se cuestiona que hayamos acompañado un proyecto del PTS de consulta popular por la ruptura del acuerdo con el Fondo. Es un planteo que habíamos levantado en el pasado ante la primera crisis con los fondos buitre, y que fue explicada por Altamira y Ramal en los periódicos 1.320 y 1.321. Jamás se explicó por qué ahora no serviría -cuando la mayoría de la población repudia al FMI, cosa menos clara en cuanto al no pago de la deuda. Ante el acuerdo de Macri con el FMI, en junio de 2018, la banca del Partido Obrero acompañó el proyecto del PTS y ellos el nuestro, que presentamos a través de Romina, reclamando la investigación y el no pago ante el rescate del FMI -un instrumento apto para denunciar que Macri y el peronismo eludían el debate en el Congreso. La insistente falsificación al trabajo parlamentario del Partido Obrero es contraria a la crítica, porque embarra la cancha con supuestos falsos, y bloquea una reflexión honesta y necesaria sobre los límites y desaciertos de la actividad. Adjudicarle a Guillermo Kane la defensa de una “acción pro-positiva” en el Parlamento es una adulteración de los términos del debate -y de su propia acción parlamentaria, de alcance público. El método de las bancas del Partido Obrero no ha sido un “pro-positivismo” de colaboración de clases. Nuestros diputados en todo el país han sido voceros socialistas y revolucionarios, al servicio de las luchas. Pero no podrían reemplazar en el terreno parlamentario los límites o dificultades con que tropieza una lucha obrera o popular. Altamira omite en su escrito que él mismo votó por diversos proyectos de declaración de fábricas sujetas a expropiación, que no eran en nuestros términos pero que contribuían al movimiento de lucha, como nos tocó hacer más adelante con el Bauen (bajo el fuego de Altamira que criticó el quórum de Pablo López a esa sesión). Omite también el verdadero curso de la ley de seis horas en el Subte: el proyecto redactado por Pitrola, como asesor de Altamira, tuvo que ser confeccionado y presentado de apuro ante la presentación de un proyecto por parte de un diputado peronista. Contábamos con el gran trabajo realizado por nuestro delegado clasista Charly Pérez, que venía planteando desde tiempo atrás la iniciativa. Reaccionamos y nos pusimos a la cabeza, aunque el trajín en los túneles del subterráneo que no tuvo Altamira y sí tuvo Vilma Ripoll, dejó margen para el crecimiento de otros grupos de izquierda subidos a la iniciativa. Ante tanta falacia, hagamos emerger toda la verdad, para educación de nuestras jóvenes generaciones. Medir el alcance de campañas políticas en torno de proyectos reivindicativos que alcanzaron aprobación parlamentaria es un método engañoso, porque equivale al planteo desmoralizante de que sólo valen las batallas ganadas. Los críticos de la supuesta “acción positiva”, sin embargo, adscriben a una tesis resultadista, que permitiría evaluar el carácter de la acción política parlamentaria en nombre de los resultados. Importantes intervenciones que estructuraron campañas de gran alcance en completa conexión con el movimiento popular -como la enorme campaña de Ramal por las 6 horas de enfermería o contra los negociados inmobiliarios; la de Solano contra la Unicaba y por derechos laborales de enfermeros; contra la privatización de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) y la defensa del convenio colectivo de Luz y Fuerza en Córdoba; la participación de las ganancias de los telefónicos, que nos permitió crecer de manera nacional en el gremio; la organización de los municipales en Neuquén a partir de la banca de Patricia Jure; por el 82% móvil y tantas otras en todo el país- no habrían tenido ningún valor. Se desmerece el valor que estas iniciativas y campañas han tenido en el movimiento de masas real, en el trabajo de penetración del partido en ellos y el refuerzo a su autoridad política, en nombre de que no hubo una “conquista real”. La ley de reparación a los ypefianos fue un logro reivindicativo (igualmente sometido a un compromiso distinto a nuestra ley original), pero lo usamos como arma para denunciar la indemnización a Repsol, que fue un eje de la denuncia del entreguismo “nacional y popular”. Aunque las 6 horas en el Subte son una gran conquista de los trabajadores y un ejemplo de colocar las bancas de la izquierda revolucionaria a su servicio, el balance político final es más complejo. Su capitalización interna estuvo dominada finalmente por un sector de izquierda morenista, que eventualmente copó el nuevo sindicato del Subte y fue cooptada por el kirchnerismo. El “resultadismo” parlamentario de la fracción no tiene rigor político. La tesis “resultadista” se contrapone a la lucha política y el valor que puede tener la misma para elevar la conciencia de las masas sobre los límites insalvables del parlamento y el régimen político y social. Desde ese mismo ángulo se han criticado las campañas de partido que han desenvuelto nuestros parlamentarios a nivel nacional por el aborto legal, la educación sexual laica y científica, y la separación de la Iglesia del Estado. Que, por otra parte, son expresión contraria a un supuesto divorcio o brecha entre “los parlamentos y el partido”. Tanto la media sanción por el aborto legal que fue derrotada en el Senado, como la de ESI en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, luego bloqueada en el Senado provincial, o el dictamen sobre el mismo asunto deliberadamente cajoneado en el Congreso Nacional, han sido herramientas que explotamos para desnudar el acuerdo de todos los bloques políticos con las iglesias y su antagonismo a los derechos reclamados. Lejos de una delimitación difusa, permitió un nítido contraste y confrontación de posiciones, desde un ángulo de clase y socialista. Una lucha puede ser derrotada, pero servir al mismo tiempo para foguear y hacer avanzar en la conciencia al activismo más avanzado. Lo contrario puede suceder con importantes conquistas. En todos los casos corresponde advertir que las teorías expuestas son sólo justificativas para llevar adelante una tarea de demolición del trabajo parlamentario del partido, para dejar en pie solamente la acción de Altamira como legislador en el período 2000-2003. ¿Se imaginan si la media sanción al proyecto de ley de educación sexual integral en la provincia de Buenos Aires lo lograba Altamira y no Kane? ¿Cuántas páginas de Prensa Obrera se hubieran dedicado al tema? Otra vez, tenemos el mesianismo personal que anima a esta facción. Sobre Borelli: los escribas desconocen el balance del Comité de Salta, que sostiene que fue un caso de cooptación política y material, y no el resultado de una acción “pro-positiva” orientada por el Partido Obrero. Se va porque no pudo convivir ni llevar su línea democratizante al Partido Obrero, como él mismo lo dice en su texto de renuncia. Se insiste, asimismo, con el proyecto del Botánico, que no fue una iniciativa personal de Borelli, sino un proyecto del Partido Obrero firmado por los cinco diputados, como nos recuerda el Comité de Salta en su texto (pero se nota que esto no encaja en el objetivo de nuestros críticos, entre ellos uno de los firmantes, Julio Quintana, que fue firmante del proyecto). Se trata de la creación de un jardín botánico en el predio de la escuela agrícola, contra la pretensión de rifarlos a los especuladores inmobiliarios, que concitó el apoyo de científicos de la universidad, ambientalistas, estudiantes y profesores de la escuela. Logramos que la ley se vote contra el lobby del capital inmobiliario, y nos valemos de esta lucha para reforzar un trabajo de agrupación de Tribuna Ambiental. ¿Pro-positivismo o “conquista real”? Sobre los desvíos centroizquierdistas de Borelli no fue informado el Comité Nacional, tampoco por Altamira que los conoció en diciembre de 2018. La polémica en torno de la ley Micaela ya fue superada en la Conferencia Electoral de marzo. Allí se explicó nuestro voto crítico a la ley como resultado de un compromiso con sus impulsores dentro del movimiento de lucha contra los femicidios, en particular la familia de Lucía Pérez. También estuvieron presentes en la votación los padres de Micaela García, que inspiró el nombre de la ley de autoría del Movimiento Evita. Nuestro voto fue acompañado de una intervención de Romina, quien denunció la iniciativa como un intento de cooptación del movimiento de mujeres y de desvío de su lucha contra el Estado. Romina explicó que ninguna capacitación en género de los funcionarios va a alterar la naturaleza de clase del Estado que está estructuralmente comprometido con la violencia que sufren las mujeres. Y llamó a reforzar la lucha contra ese Estado y no dejarse llevar por atajos que no conducen a ninguna salida. En la conferencia, Altamira alegó desconocimiento del compromiso que nos llevó a votar la ley (“yo mismo he votado, en muchas ocasiones, proyectos que no compartimos porque eran resultado de un compromiso”) y retiró su crítica, que ahora vuelve como plato recalentado. Por si faltara aclarar, jamás hicimos de la ley Micaela un eje nuestro en la lucha en el movimiento de mujeres, ni lo adoptamos como parte del programa. Los firmantes afirman que “existe una brecha entre los parlamentarios y el partido” que nunca explican, tampoco Juan Ferro, que militó en la Comisión de Trabajo del Congreso Nacional sin plantear jamás una crítica a semejante divorcio hasta que se apartó por una “orden” de Altamira no aprobada en el Comité Ejecutivo. Las alrededor de 80 audiencias públicas realizadas se han hecho con los frentes y comités respectivos; las políticas fundamentales han sido sistemáticamente discutidas en el Comité Ejecutivo y mintieron Daniel Blanco y su guionista Altamira cuando dijeron que el acompañamiento al proyecto de consulta popular del PTS contra el pacto del FMI y nuestro proyecto de no pago fueron decididos “intramuros”, porque fueron resueltos en el Comité Ejecutivo por unanimidad con el voto de Ramal. Las contradicciones forzadas y faccionales de todos estos planteos están a la vista y nuestro accionar revolucionario en el congreso partidario a disposición de todos los militantes y trabajadores en centenares de videos, artículos y publicaciones. Toda crítica fundada y marxista es bienvenida. Pero vale recordar, para cerrar este capítulo, la afirmación de León Trotsky: “El cretinismo antiparlamentario es la otra cara del cretinismo parlamentarista”. Por eso, los miembros de un grupo interno que se jacta que hay que “cagarse en dos o tres bancas”, oponiéndola artificialmente al desarrollo organizativo del Partido Obrero en la clase, protagonizan en todo el país reyertas tratando de hacerse de candidaturas a cargos parlamentarios. La organización socialista de la mujer trabajadora Luego de haberle dado al partido, durante un período concentrado de enormes luchas, una orientación sobre el movimiento de mujeres que no había tenido nunca en su historia, nos enteramos por este texto que recibimos una sentencia, siendo acusados del delito de “feminismo”. El texto señala que “evitar una relación sectaria” con un movimiento policlasista sería un pretexto, ya que, nuevamente sin pruebas para lanzar la acusación, sostiene que este fin tan noble para cualquier revolucionario que se precie de tal, sería una especie de coartada para simplemente, hacer lo que nos gusta, practicar feminismo explícito. Falso. Es necesario pensar cómo acercarse a movimientos en los que las posiciones policlasistas han obtenido un ascendiente como fruto del ascendiente político general de la burguesía sobre los sectores populares y de la defección política de las organizaciones políticas de la clase obrera. Sabemos igual que las pretendidas críticas están atravesadas por un profundo desprecio por la subjetividad de las masas. Como fruto de las acusaciones del texto de Altamira, ahora sabemos que él mismo habría dejado de ser feminista, una identidad política que desde 2014 hasta 2018 le fue amigable y que se la adjudicaba a toda nuestra organización (“¿Usted se considera feminista?”, Altamira Responde, 2014). “Luchamos por un feminismo socialista (decía hace apenas unos años Altamira). Por un feminismo que coloque en el centro protagónico a la mujer trabajadora porque en ella se concentran la totalidad de los factores que tienen que ver con la explotación de la mujer”. Esta afirmación unilateral de Altamira (no discutida con sus compañeras), no obstante, expresaba un esfuerzo por contemplar la subjetividad de las masas y tender un puente para la lucha socialista en este movimiento. Para nuestro trabajo político cotidiano, esta posición nos hubiera dado una comodidad que no tuvo la que efectivamente recogimos. Sin embargo, colocar la identidad feminista en el plano crítico en el que lo colocamos, también nos permite mostrar con mayor nitidez el carácter de clase que defendemos. ¿Qué pasó entre 2014 y ahora? Perdimos una interna con el PTS, Altamira elucubró una teoría sobre una conspiración en su contra, abandonó el partido y luego se colocó como un francotirador, incluso contradiciendo lo que él mismo decía hace poco tiempo atrás. Las definiciones políticas cambian en la fase faccional, porque de lo que se trata es de romper, no de orientar. El cuestionamiento a la lucha política que libra nuestro PdT (desviación feminista, abandono de una estrategia socialista de delimitación de clase, oportunismo, adaptación) no ha sido respaldado por un solo ejemplo, como ya dijimos, pero, sin embargo, el texto no se cansa de plagiarnos sin citarnos. “La unidad del proletariado masculino y femenino en la lucha de clases es el método para derrotar al ‘machismo’ entre los trabajadores”: ¿en qué texto o intervención de nuestras compañeras levantamos una posición contraria? Desde el púlpito no se distingue bien lo que pasa. El método del bandazo y de las acusaciones frente a episodios circunstanciales, intentando convertirlas en cuestiones estratégicas, delata al fraccionista. ¿Somos “feministas”, porque a Altamira no le gustó cómo votamos frente a la ley Micaela? ¡¡¡Pero su fracción no lo es a pesar de que Marcelo Ramal votara a favor de regalarle un predio costosísimo de la Ciudad de Buenos Aires a la ONG de la funcionaria macrista Fabiana Túñez!!! Improvisaciones circunstanciales que no se sostienen. Ante la imposibilidad de contrastar en los hechos esa supuesta claudicación de principios en las posiciones políticas y teóricas del Partido Obrero y el PdT -puestas por escrito en documentos, artículos, comunicados, boletines, folletos y volantes- se dice que “mantenemos de palabra un planteo socialista, que en la práctica se diluye en el feminismo”. Socialistas en la pluma, feministas en la práctica. Al menos para nuestros detractores, seríamos socialistas en algo. Pero en todo este período de fuertes luchas, ¿qué otra práctica propuso Altamira para realmente alternativizar la nuestra? Ninguna. Nuestra posición sobre la paridad de género, altamente polémica para todo el universo feminista, incluido el PTS, que no dudó en apoyarla, fue adoptada en la Conferencia del PdT realizada en Rosario en 2016 y asumida como propia por el conjunto del partido sin modificaciones. La elaboración en el terreno sindical ha sido plenamente elaborada desde la fracción del PdT para los congresos de la Coordinadora Sindical Clasista, sin ningún aporte de los firmantes del texto que hoy sentencia que nuestra intervención es “feminista” sin más. Nuestro programa para la mujer trabajadora en el movimiento obrero, que ofrecimos contrarrestando el “contenido de género” de la campaña del Ni Una Menos -que tendía a reducirse a la impugnación de acciones en el terreno de las relaciones interpersonales (machismo), desprovista de cualquier cuestionamiento a las relaciones sociales de explotación que le dan lugar- contó con resistencias en el campo de la propia izquierda. El Nuevo MAS rechazaba que hubiera un compendio de reivindicaciones de las mujeres en el movimiento obrero, absolviendo a la burocracia sindical que mediante convenios flexibilizados, entregó derechos conquistados en los Convenios Colectivos de Trabajo de los ’70 (bajo el influjo de la poderosa lucha de la mujer en la llamada segunda ola), cuando pegatinamos en la UBA con un programa integral en defensa de las trabajadoras no docentes. Ninguna corriente aprovechó el auge del movimiento de mujeres para contraponer la opresión de las trabajadoras a la claudicación sindical burocrática, a los gobiernos y a las patronales, como lo hizo el Partido Obrero en gremios en los que actuamos “tapados”, como en los que podemos realizar acciones abiertas como docentes y estatales. El PdT elaboró un programa que en algunos gremios fue tomado como bandera de lucha y que ofreció a las trabajadoras una orientación para que sus demandas empalmen con el movimiento general, de cuño antiburocrático. Nos empeñamos en mostrar que la lucha por la emancipación de la mujer trabajadora está unida a la lucha por una nueva dirección en el movimiento obrero, delimitándonos de las conducciones sindicales y sus dirigentes mujeres, que utilizan la condición de género para reclamar posiciones dirigentes en los gremios, sin asociarlo a ninguna lucha por las demandas del colectivo femenino de la clase obrera. No vimos al bloque rupturista ofrecer una sola orientación al respecto de la elaboración de protocolos de intervención promovidos por centroizquierdistas e izquierdistas que se reivindican “feministas socialistas” -como Altamira entre 2014 y 2019-, que distancian la problemática de la mujer de la demanda al gobierno y las patronales, y colocan la problemática en acciones interpersonales y en plano de la “batalla cultural”. La delimitación de clase, en oposición a la sororidad de género, no es una abstracción ni basta para producirla con repetir las posiciones de principios que, desde Marx y Engels hasta nuestros días, son la base principista ineludible para la lucha de las socialistas revolucionarias. “En la práctica”, lejos de la adaptación a la tendencia mayoritaria del movimiento, nuestras compañeras batallan por separar a las activistas en lucha de todas las corrientes de la burguesía, en especial del nacionalismo burgués y pequeño-burgués reformista que allí predomina. A instancias del PdT, el paro de mujeres del último 8 de Marzo no sólo denunció a la burocracia sindical (que terminó boicoteando el acto realizado), sino que produjo una importante definición política por “la unidad de lxs explotados contra lxs explotadores”, reclamando “un paro de toda la clase obrera por las mujeres, trans, travestis y no binaries”. En asambleas masivas se refrendó el carácter anticapitalista, anticlerical e independiente de todos los gobiernos del movimiento (que no pudieron evitar a pesar de que en la práctica no tienen esta orientación). La denuncia de la responsabilidad de Macri y los gobernadores en la política de ajuste criminal contra la clase obrera fue conquistada tras una ardua batalla política contra los sectores tributarios del pejotismo y el kirchnerismo que buscaban circunscribir la crítica a Macri. Lo mismo vale para la exigencia de la ruptura con el FMI el último 3J, que fue motivo de intensos debates políticos, y logramos que figure en el documento que reprodujeron desde Clarín hasta Página/12. La lucha sistemática por orientar al movimiento de mujeres a la lucha contra el Estado tuvo -y tiene- un capítulo especial en la lucha por el derecho al aborto legal, y nuestra intervención en la marea verde. La lucha en torno de esta reivindicación democrática nos permitió desenmascarar de conjunto el cuadro de atraso de nuestro país y desplegar un programa contra el clericalismo impartido por el Estado, denunciando a sus responsables políticos. El PdT desplegó una batería de iniciativas en el terreno de la juventud, en el movimiento obrero y piquetero, una intervención política callejera y de nuestros voceros parlamentarios de todo el país, con centro en el Congreso Nacional y una enorme figuración de Romina, tuvo como norte desenvolver una acción directa de las masas para arrancar este derecho y propiciar un reagrupamiento socialista revolucionario al interior del movimiento de la mujer. Fuimos el único partido que combatió la tesis de la transversalidad de una agenda de género, denunciando el compromiso de todos los partidos con las iglesias y su disciplinada defensa del ajuste y el pacto con el FMI -incompatible con toda aspiración de emancipación femenina. Lejos del “adaptacionismo”, hemos batallado contra todo tipo de maniobras para bloquear el alcance del movimiento por el aborto legal. Esta lucha tiene plena vigencia luego de la nueva presentación del proyecto de legalización, que todos los bloques políticos, con el aval de la Campaña, van a dejar morir. Curiosamente, el texto que pretende dar cátedra de marxismo, caracterizaciones y consignas, no ofrece nada de ello para orientar la intervención en esta etapa. Uno de sus firmantes, Daniel Blanco, atacó duramente la Consulta Popular Vinculante -un planteo que nos delimita en una orientación práctica con el feminismo en todas sus variantes, que no admite la posibilidad de un choque más amplio del movimiento con el régimen. Altamira, por su parte, condicionó una acción de este tipo a “juntar firmas en sede judicial”. Ahora, los que llaman a la “izquierda marxista” a “esforzarse en presentar sus propias perspectivas, caracterizaciones y consignas”, no dicen una palabra sobre un planteo orientado a la lucha política de ofensiva para sacar la cuestión de los cenáculos del Parlamento dominado por los lobbys del FMI, del capital financiero y del clero, y llevarlo a la voluntad popular; ni ofrecen una orientación alternativa. La experiencia de Textilana ha sido muy rica en todo sentido, sólo que como la dirigente de ese proceso no es fraccionista, su acción es despreciada. Textilana está compuesta por 400 obreras y 50 obreros. Cobran de convenio 13.500 pesos. Fueron objeto de todo tipo de vejaciones y como existe un gran ascendente evangélico, muchas rechazaron la agitación por el aborto legal. Luego de un extendido tiempo de golpes de todo tipo, se plantaron con un paro por tiempo indeterminado y conquistaron un aumento de 35% y hoy están sufriendo nuevos ataques que enfrentan con paros y medidas de lucha. Se pusieron de pie como fruto de la lucha masiva de las mujeres de nuestro país y a pesar de la enorme parálisis en la que sumió a la clase obrera la burocracia sindical y particularmente la burocracia pactista del gremio textil. En realidad, lo que tenemos es una ignorancia de los compañeros que firman el documento sobre la acción del PdT y los esfuerzos por desarrollar el programa de la mujer trabajadora en los barrios y los sindicatos. Como señalamos en las resoluciones del XXVI Congreso del Partido Obrero: “La caracterización prejuiciosa de que la vida entrelazada con las iglesias es patrimonio sólo de los sectores desocupados es solamente un punto de vista pequeño burgués, sin asidero sobre la realidad. La tarea de arrancar a la clase obrera de esta influencia reaccionaria tiene el alcance de cualquier lucha política que debe ser librada para que los trabajadores rompan con las posiciones patronales”. Para las agrupaciones clasistas del Partido Obrero, esta lucha fue un gran tema de denuncia de la burocracia sindical con el hecho destacado del Pañuelazo frente a la CGT, luego de que el Triunvirato anunciara, por su alineamiento con el Vaticano, que boicotearía la aplicación en las obras sociales en caso de aprobarse. Hicimos de ella un eje de lucha política de la Multicolor en las CTA’s, denunciando que la centroizquierda claudicaba de este reclamo porque tributaba al frente peronista y al Papa. La marea verde nos abrió un terreno de confrontación con las iglesias católicas y evangelistas, y sus agentes sindicales y “piqueteros” (el triunvirato del Vaticano). Se trata de una batalla que debemos profundizar para arrancar a las masas más empobrecidas del tutelaje de esas instituciones, dentro de los lugares de trabajo, en la acción gremial cotidiana y en los lugares de estudio y los barrios, con un valor especial en la lucha hacia el interior del movimiento obrero. Mientras el PdT se orienta en esta batalla, los críticos nos dicen que organicemos “brigadas contra la violencia machista en las barriadas”, lo cual directamente supone una profunda deformación feminista respecto de una problemática que es patrimonio mayoritario de la familia obrera. Como ha hecho el Polo Obrero en el pasado y como lo hace en el presente, las asambleas del Polo y las asambleas de trabajadores ocupados levantan el principio del combate a la violencia al interior del hogar en un cuadro integral y común de lucha por el conjunto de las reivindicaciones, que incluye la acción directa de esas asambleas, en la medida que las circunstancias lo demandan, como puede ser la expulsión de un violento de un hogar o el alejamiento de punteros de venta de paco de las cercanías de escuelas o de cualquier ámbito cercano a nuestra juventud. Pero ahora aparece el llamado a conformar “brigadas contra la violencia machista” en contraposición a nuestro trabajo político en las barriadas, que orienta la lucha por las reivindicaciones contra el Estado y sus agentes, incluidas las iglesias católica y evangelista. Los rupturistas, una vez más, ni mencionan a las iglesias y el rol que juegan en la impartición de una ideología y una práctica oscurantista y fascistizante al servicio de la reproducción de la violencia “hacia el interior de la familia obrera”. Es sistemática, de parte de Altamira, la caracterización de que lo que le vale al Polo Obrero no le vale a los trabajadores ocupados, lo que acerca sus posiciones en esta etapa al PTS, no importa cuánto haya impulsado en el pasado la formación del Polo Obrero; el presente faccional deforma todo, todo. La censura del lenguaje inclusivo, utilizada para impugnar unilateralmente nuestra campaña electoral en Córdoba por no integrar una delimitación del uso “policlasista” del mismo y traído nuevamente en este texto bajo el formato de una pretendida defensa del “lenguaje histórico de la clase obrera”, constituye un abuso discursivo y faccional. Más aún cuando se critica una intervención del compañero Eduardo Salas en la Legislatura cordobesa contra la monarquía y la Real Academia Española, ¡en un discurso en el que denunció el respaldo a las reformas del FMI del Rey y se reclamó “el respeto a la autodeterminación de Cataluña, el fin de la monarquía franquista y una federación obrera y socialista de los pueblos de España”! Pero el punto debe ser apreciado a la luz de una caracterización más precisa del fenómeno. Hoy, el lenguaje inclusivo es patrimonio de una juventud (y no sólo), que se incorporó masivamente a la lucha y la confrontación con el Estado, siendo uno de sus protagonistas más radicalizados: tomas de colegios, rebeliones contra las autoridades clericales, pollerazos y participación masiva de las movilizaciones. Para un amplio sector, el lenguaje inclusivo es símbolo de rebeldía y de la lucha contra la opresión y los atropellos. No tenemos nada contra las expresiones de rebeldía ni contra las ganas que tenga nadie de hacer uso de ellas. No corresponde a los socialistas dedicarse a la regimentación del lenguaje de “los pibes”, y mucho menos llegar al punto de elevar la expresión a la condición de divergencia estratégica antisocialista. La historia de la clase obrera está repleta de recreaciones lingüísticas que acompañaron períodos históricos y luchas, entornos sociales y diferentes estadios. El ataque a esta expresión de la juventud en nombre de la clase obrera expresa un pensamiento conservador en todo sentido, fomenta una división artificial e inútil. Capítulo aparte merece la afirmación sobre un “lenguaje histórico de la clase obrera”. El machismo en la clase obrera es una poderosa herramienta de regimentación y dominio por parte de la burguesía, que busca dividir a los explotados y desviar una lucha común contra el capital y el Estado, y un recurso material para organizar la explotación capitalista garantizando la reproducción de la fuerza de trabajo. A quienes luchamos consecuentemente por elevar la moral obrera contra la infección de la misoginia y el machismo, incluso en nuestras filas, nos quieren recordar ahora que ella no es ajena a la vanguardia obrera, y que debe ser combatida “con educación y conciencia de clase entre los trabajadores y trabajadoras”. El combate de nuestra corriente al punitivismo ha sido objeto de polémicas públicas, incluso debiendo salir al cruce de un ataque faccional público en 2017. Como el faccionalismo se despliega sin rumbo por la vida, hoy el ataque al Partido Obrero que promueven los fraccionistas contiene a acusados y a acusadores partícipes de aquel anónimo. En el texto “Respuesta a una provocación al Plenario de Trabajadoras y al Partido Obrero” afirmamos que “la superación de todas las formas de barbarie que anidan en el capitalismo, el cual ha ‘resignificado’ al patriarcado para colocarlo al servicio de la opresión social general, comienza por la abolición del régimen de explotación del trabajo asalariado y la lucha por una sociedad conscientemente regulada por los productores de la riqueza social. En el curso de la lucha por esa emancipación social, batallamos por el fin de todas las lacras heredadas del pasado que hoy están presentes en la sociedad”. Pero nuestros detractores omiten deliberadamente todo lo escrito y actuado, para simular traer luz sobre un supuesto derrotero desviado de los principios del socialismo. Pero queremos ser claros: rechazar el punitivismo nada tiene que ver con la connivencia y el amparo a quienes ejercen violencia contra la mujer dentro de nuestras filas. Ahora somos objeto de una campaña faccional y difamatoria por parte de elementos separados por violencia y abusos, que buscan ocultar su descomposición personal, presentándose como víctimas de persecución política, y que la minoría utiliza como supuesta prueba de un régimen interno conspirativo y sancionatorio. ¿Qué tipo de conciencia contra la violencia machista creen que están inculcando? De la lectura de quienes nos advierten sobre un presunto “desvío feminista”, surge un desvío aún más común y menos nombrado en nuestra polémica: el desvío “machista” de una fracción que subestima la especificidad de la problemática de la mujer. Su análisis político coloca se concentra excluyentemente en resistirse contra los desvíos de promover una lucha de sexo contra sexo que provienen de parte de un abordaje feminista, y no a la inversa, contra la forma más común que el capital ha creado para garantizar vínculos sociales que reproduzcan la explotación capitalista, y que se profundizan en la etapa de descomposición del régimen, que es la opresión especial de las mujeres, que es el sustento material de las ideas machistas. La posición de la fracción es incompatible con una intervención en el movimiento de mujeres. Confunde la lucha contra la opresión en términos socialistas con una dilución de nuestra ubicación de clases. Esta posición le ha valido el apoyo político de varios de los abusadores y violadores separados del partido, del que la dirección de la fracción no se ha delimitado nunca. Las posiciones de la fracción en este terreno son un cáncer para un desarrollo sano del partido y le dan la espalda al movimiento de masas más vital de la última etapa en nuestro país. Llamado Hemos pasado revista y respondido a todos los temas que se plantean en el documento elevado por los compañeros. En forma general, la tendencia que se ha formado se caracteriza por una desmoralización en relación con la posibilidad del partido de penetrar en las masas, un propagandismo exacerbado, un fatalismo que no toma en cuenta la lucha de clases. Esto se combina con una tendencia al prestigismo personal, la defensa de privilegios personales y políticos en la organización y el desprecio por el trabajo colectivo en el marco de la misma. Está presente en estos compañeros una tendencia fuertemente pequeño-burguesa. De la naturaleza del debate que venimos realizando surgen divergencias importantes, pero que no son de principios. El documento presentado no aporta ninguna cuestión nueva que ya no haya formado parte previamente del debate precongresal. Por eso llama la atención, repetimos, este cambio repentino: lo que antes se catalogaba de diferencia tácticas, de consignas, se lo califica ahora de “una tentativa explícita por parte del Comité Nacional de ruptura de la continuidad histórica del partido -o sea, de sus principios, su estrategia y sus métodos”. De considerar que lo que estaba en juego ni siquiera ameritaba la formación de una tendencia se pasa, ahora, al pedido de una fracción. Esta conducta irresponsable ha agravado constantemente la situación del partido, caracterizándose por la ligereza y la improvisación a la hora de los cuestionamientos al accionar del partido y por sobre todos los bandazos y las contradicciones, incluso entre ellos mismos. Como destacamos en un reciente texto elaborado por el Comité Ejecutivo, que hemos publicado en el Boletín Interno: “las polémicas y las posiciones cambian permanentemente con la evolución de la situación política, pero siempre se mantienen todos en un mismo bloque a pesar de tener posiciones contradictorias de un momento a otro y entre ellos mismos. Los ejemplos abundan: en diciembre hay que defender el FIT e impulsar una lista única de la izquierda, en febrero hay que desechar al FIT y a la lista única, en abril hay que hacer una lista única; en octubre, la burguesía es incapaz de tener alguna iniciativa estratégica, en marzo puede tener iniciativas estratégicas, en abril no puede tener iniciativas estratégicas; en febrero, preparar la campaña electoral es electoralismo, en marzo, sí corresponde largar la campaña electoral, y en abril es electoralismo; y así hasta el infinito”. Por supuesto, el alcance de las divergencias es materia opinable. A los compañeros firmantes del documento, como a cualquier militante o grupo de militantes en las filas partidarias, les asiste el derecho de tendencia o fracción. Pero lo que no es materia opinable es que la constitución de una fracción o tendencia implica derechos y obligaciones. Entre estas últimas se destaca la necesidad de actuar sobre la base del centralismo democrático. El Estatuto es claro al respecto: “El derecho de tendencia se sitúa dentro del marco de acción centralizada de la organización“. El mismo principio es extensivo para la fracción. “El derecho de fracción se ubica dentro del cuadro de la organización y no puede en ningún caso atentar contra el cumplimiento de las decisiones del Congreso y del Comité Central”. La conducta intrigante y faccional que hemos detallado es incompatible con el partido, cualquiera sea la situación partidaria en la que se enmarque, incluido una tendencia o fracción. En la actualidad, estamos frente a un desconocimiento permanente de las decisiones del Congreso y del Comité Central. Un accionar de estas características, en realidad, representa una camarilla, lo cual está expresamente condenado por el Estatuto. El pedido de fracción en ninguna circunstancia puede ser entendido como un salvoconducto para continuar con esta práctica. Con más razón, cuando constatamos que el documento presentado por los compañeros plantea la formación de una “fracción pública”, una figura inexistente en los estatutos. Lo de “pública” es un agregado de cosecha propia, un invento. Alertamos sobre este hecho que encierra el riesgo de desnaturalizar el alcance del derecho de fracción que establece el Estatuto. Rechazamos cualquier maniobra que implique seguir desconociendo las obligaciones que establece el Estatuto y tener las manos libres para una acción faccional. Llamamos, una vez más, a que se deponga esta conducta. La condición fundamental para cualquier abordaje de las controversias que tenemos, incluido el derecho de tendencia o fracción, pasa por el respeto del centralismo democrático. Esto implica ingresar las cotizaciones mensuales al partido, participar de los organismos partidarios y colaborar con la prensa, presentarse y comparecer frente a la Comisión de Control, canalizar el debate a través del Boletín Interno como corresponde y no ventilándolo por las redes, como ha ocurrido con este documento, impulsar en términos militantes la orientación y las iniciativas y decisiones del Comité Nacional y, por supuesto, defender con uñas y dientes la unidad de acción del partido y un principio clave como es el frente único en todos los ámbitos de militancia. Estamos hablando de algo básico y elemental que, precisamente por ello, debería estar fuera de discusión. Volviendo al principio. El congreso partidario, y de un modo general el desarrollo que ha tenido el debate, ha demostrado que los atributos que Altamira plantea y destaca que debe tener un partido -las citas sobre desarrollar un carácter crítico, no complaciente, están bien presentes en las filas del Partido Obrero. Si algo ha quedado probado en esta crisis es el carácter y la personalidad de la militancia del partido, que no ha vacilado en hacerle frente a la intriga y al faccionalismo, y que no es autocomplaciente. Que está dispuesta a pensar con su propio cerebro, rechaza el culto a la personalidad y, por supuesto, la tesis del “hombre programa” que ha pretendido colar en el desarrollo de la polémica un principio mesiánico extraño a los revolucionarios. Estamos enfrentando un brote liquidacionista en el interior de nuestro partido, que ha mostrado un contenido y un método profundamente dañino para el desarrollo de nuestra organización. Llamamos a defender al Partido Obrero, las decisiones y orientaciones votadas en el congreso partidario y hacer frente al enorme desafío que tenemos de cara la lucha de clases nacional e internacional. ¡Por esta vía daremos nuevos pasos en la construcción del Partido Obrero y de la CRCI! Aprobado por: Eduardo B., Amanda M., Carla D., Claudio DP., Daniel D., Daniel L., Donald Sch., Eduardo S., Emiliano F., Federico C., Gabriel S., Guido L., Guillermo K., Ileana C., Jorge N., Juan Pablo R., Juan G., Juliana C., María D., Miguel B., Miguel DP., Néstor P., Pablo G., Pablo H., Rafael S., Romina DP., Santiago N., Vanina B., Víctor DV. Ausentes: Alejandro C., Federico N. 15/6/19