En Defensa del Marxismo N° 41

Las elecciones de renovación legislativa 2013 tienen lugar en el marco de tendencias a una crisis de conjunto, en el marco del fin del ciclo kirchnerista, armado para desviar la rebelión popular de 2001. En el plano económico, se manifiestan las tendencias a una nueva crisis de deuda -después de haberla pagado religiosamente durante una década-, una inflación creciente, una deuda pública récord, el paulatino vaciamiento del Banco Central y de la Anses, y una desvalorización internacional del peso. Argentina se encuentra, otra vez, en el rumbo de un nuevo viraje de la política económica, que tendrá consecuencias graves, nuevamente, para los trabajadores. La clase capitalista reclama que se ponga fin al ‘cepo’ cambiario y otras regulaciones del Estado, que se proceda a una fuerte devaluación del peso y que puedan recuperar la libertad de entrada y salida de capitales, y la posibilidad de acceder al endeudamiento internacional; reclaman la generalización del acuerdo con Chevron. A través de algunos de sus políticos (como Scioli, Massa, Macri o De la Sota) buscan conciliar ese programa con una «transición ordenada”, para evitar la repetición de 2001. En realidad, quieren que sea el gobierno K el que cargue con las «tareas pendientes» del ajuste. Los trabajadores, por su parte, protestan contra una carestía cada vez mayor que afecta el poder de compra del salario, y jubilaciones de hambre; contra los impuestos directos e indirectos a los ingresos del trabajo y contra la precarización laboral, la desocupación, el déficit y carestía de las viviendas y el derrumbe de la atención de la salud y la educación. En perspectiva, los grandes capitales, de un lado, y los trabajadores, del otro, volverán a enfrentarse para definir quién paga los costos de la crisis. En el plano político asistimos a la fractura del partido oficial, el kirchnerismo; por un lado, ha habido un éxodo de intendentes K, por el otro, han aflorado choques al interior de la camarilla que sigue con CFK. Hay fricciones generalizadas en los diversos niveles del Estado (gobernadores e intendentes, e incluso en los aparatos de seguridad). El gobierno ha establecido un sistema de espionaje especial contra los movimientos populares y procura devolver protagonismo político a las fuerzas armadas. Un represor de la dictadura ha sido designado comandante del Ejército, lo cual ha generado un repudio generalizado, incluso en el oficialismo. La marcha del proceso político argentino tiene como telón de fondo a la crisis mundial capitalista. El capitalismo mundial descarga cada vez más la crisis contra las masas: por un lado, destruyendo conquistas y derechos y, por otro lado, por medio de una represión creciente, intenta acallar las rebeliones populares. El Frente de Izquierda saluda y apoya la lucha de toda la clase obrera mundial contra el capitalismo imperialista y sus gobiernos. Y destaca la lucha del pueblo de Brasil y la juventud de Chile. En la Argentina, y más allá de la política de las direcciones burocráticas del movimiento obrero, las grandes huelgas y manifestaciones contra el impuesto al salario, lograron imponer un recule al gobierno kirchnerista. Se desarrolla un despertar de la clase trabajadora y la juventud que abarca a todo el continente y se expresan en la oposición de masas creciente a los gobiernos de Dilma o Evo Morales, así como también en Chile. Como expresión de este desarrollo histórico se ha producido el crecimiento de la izquierda combativa y anticapitalista en Argentina, que sacó en las primarias recientes casi un millón de votos -el doble de hace dos años. Este «ascenso de la izquierda” ha proseguido en las semanas siguientes: se ha manifestado en las elecciones estudiantiles en la UBA, sindicales y de delegados de empresas; en colegios y universidades; en el campo cultural. Se desarrolla la posibilidad de que los trabajadores encuentren la expresión política adecuada para enfrentar la nueva etapa. Llamamos a votar al Frente de Izquierda y de los Trabajadores con la conciencia de que se trata del desarrollo de una alternativa política de los trabajadores y de una respuesta política del pueblo laborioso a la nueva crisis capitalista. La tribuna parlamentaria del Frente de Izquierda servirá a la educación y al desarrollo de una conciencia de clase de los trabajadores; a la denuncia de las conspiraciones del imperialismo y las patronales nativas contra el pueblo, a través del aparato estatal; al reforzamiento de la lucha de los trabajadores y la juventud, y para impulsar las luchas y movilizaciones de carácter político. Utilizaremos la tribuna electoral para fortalecer la lucha, al servicio de las huelgas y la movilización extraparlamentaria en las calles de los trabajadores y la juventud, y como un medio más para el objetivo estratégico de derrotar a los capitalistas y su Estado mediante la revolución social. La deuda eterna La Presidenta se ha jactado de haber pagado, en la década, 173 mil millones de dólares de deuda externa -de ser, dijo, «una pagadora serial». Lo que omitió fue que, mientras tanto, la deuda pública (externa e interna) ha subido casi cien mil millones de dólares, hasta alcanzar una cifra que supera largamente los doscientos mil millones de dólares. Desde 1975, Argentina ha pagado unos seiscientos mil millones de dólares y aún tiene una deuda descomunal. Estamos claramente ante una deuda usuraria, que crece como consecuencia de una continua capitalización de intereses que no se logran pagar. El saqueo del país ha alcanzado hace mucho un carácter delictivo. En este negociado ha intervenido la gran banca internacional, pero, por sobre todo, los capitalistas nacionales, que siempre han tenido en su poder la mayor tajada de esa deuda. Esto explica la conducta ‘serial’ de todos los gobiernos de los últimos cincuenta años. Para proceder a ese pago ‘serial’, el gobierno ‘nacional y popular’ ha ido vaciando al Banco Central y a la Anses. Esto explica que el 75% de los jubilados cobre un 25% del costo de la canasta familiar. El gobierno K ha tomado dinero de estas instituciones a cambio de títulos públicos que nunca serán cancelados, sino refinanciados en forma indefinida. Esos títulos públicos están contabilizados a una valuación teórica, no la real. Ahora mismo, el gobierno está vendiendo los títulos heredados por la Anses de las AFJP a precio vil, con el bastardo propósito de bajar la cotización del dólar. La Anses tiene en su poder el monto mayor de la deuda en pesos, que se licúa como consecuencia de la inflación y de la indexación por los valores del IndeK. El ‘pago serial’ está llevando a la bancarrota al sistema jubilatorio y monetario. El ‘relato’ del ‘desendeudamiento’ es simplemente una patraña. La reducción de la deuda externa, postulada por la reestructuración de 2005, ha sido una ficción, pues con el agregado de los llamados ‘cupones del PBI’, no ha variado en absoluto. Ha servido, solamente, para ‘estabilizar’ las relaciones con los acreedores capitalistas, a costa de los trabajadores. El resultado es que se asiste a una potencial cesación de pagos, en el marco de una crisis inminente con los llamados fondos buitres. La viga maestra de lo que pretendía ser ‘la reconstrucción de la burguesía nacional’ ha resultado una farsa. El gobierno que subió en 2003, para actuar como síndico de la bancarrota de 2001/2, enfrenta ahora otra crisis, que requiere un nuevo síndico, que será seleccionado, antes de 2015, por vía electoral o extraelectoral. El fracaso descomunal del blanqueo de capitales (‘Cedin’) constituye un voto abierto de desconfianza en el gobierno, por parte del capital nacional e internacional. Es otra expresión del cambio de frente de la mayor parte de los grandes empresarios y banqueros nacionales y extranjeros que ha apoyado al kirchnerismo, con altas y bajas, durante una década. El déficit fiscal, para pagar la deuda externa y otorgar toda clase de subsidios a las patronales, es la causa principal de la inflación que empobrece a los trabajadores. El gobierno financia también ese déficit con la confiscación de los fondos de la Anses, y las patronales se valen de la llamada ‘libertad de empresa’ para subir los precios y especular con la inflación. El otro ‘relato’ mistificador es el de la «redistribución» de ingresos. Los síndicos de la bancarrota de 2001/2, se encargaron de acentuar la precariedad laboral, con el pretexto de ‘crear empleos’. Incluso con este recurso, la desocupación sigue muy elevada -del 15% si se incorpora al cálculo a los trabajadores de los ‘planes’, y aún más con los subocupados. Esto explica el elevado nivel de pobreza -un 70% si se toma a la canasta familiar, un 35% debajo de la canasta básica. La asignación por hijo, concebida y financiada por el Banco Mundial, apunta a sostener una asistencia social de hambre por tiempo prolongado. Reivindicamos el «trabajo para todos» (reparto de las horas de trabajo) y un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar. La pobreza estructural incluye el derrumbe de la atención de salud y la educación, y el descomunal encarecimiento de la salud privada. El Frente de Izquierda plantea la defensa de la educación y salud pública; una educación nacional única, estatal, gratuita y laica; y un sistema nacional de salud pública y universal, a cargo del Estado, ambos bajo la dirección de los trabajadores. Reclamamos la apertura de los libros de las obras sociales y de la medicina privada. Rechazamos la estatización de las obras sociales (en gran parte pantallas de la medicina privada), por parte del Estado capitalista, pues no sería más que un paso hacia la privatización integral de la salud. El Frente de Izquierda plantea el no pago de la deuda externa usuraria; la determinación de los responsables de este negociado, con el resarcimiento correspondiente; y el establecimiento de un impuesto extraordinario a los grandes capitales hasta cubrir la confiscación de activos sufrida por el Banco Central y la Anses. Privatizaciones y nacionalizaciones La función más importante de la sindicatura que formaron Duhalde-Lavagna-Kirchner fue proceder al salvataje de las privatizaciones del menemismo y de los bancos de la quiebra. Para ese fin se apeló a un fenomenal sistema de subsidios. La consecuencia principal del operativo ha sido (junto con el pago de la deuda pública) la crisis económica, que financian, precisamente, la Anses y el Banco Central. El congelamiento de las tarifas fue un fenomenal obsequio a la burguesía nacional y extranjera, porque abarató servicios que utiliza y los salarios nominales, que quedaron abajo de los que habría requerido una canasta familiar más elevada. La precariedad de este rescate se manifestó en la crisis de inversiones de los servicios y en nacionalizaciones aisladas, la principal de las cuales fue la de las AFJP, que fue puesta al servicio del pago de la deuda externa. El vaciamiento de la Anses para el pago de la usura internacional es un ejemplo extraordinario de la utilización de las nacionalizaciones para rescatar al capital, mediante la confiscación de los ingresos de los trabajadores. Como consecuencia de esto, la Anses quedó convertida en una AFJP estatal, que condiciona el nivel de las jubilaciones al pago de la deuda y a los subsidios financieros al capital. Otras estatizaciones (agua, aerolíneas), han reforzado la crisis fiscal. Las ‘nacionalizaciones’ subieron un escalón con la expropiación parcial de Repsol (sujeta a indemnización en tribunales internacionales) y con una intervención creciente en el sistema ferroviario luego del asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra, la rebelión de miles de tercerizados ferroviarios y la masacre de Once. Se trata de nacionalizaciones ficticias e incluso de reprivatizaciones (Chevron). La expropiación parcial de YPF, que el Frente de Izquierda denunció desde el primer momento, ha iniciado un camino de profundización de la entrega de los hidrocarburos al capital extranjero, un avance en la contaminación ambiental y un giro completo hacia el endeudamiento en los mercados internacionales. Denunciamos el aumento imparable de las tarifas que cobran las petroleras; el derecho a que cobren precios internacionales; la tajada creciente que acaparan de la renta gasífero-petrolera, y el avance gigantesco de la contaminación ambiental. Planteamos un resarcimiento inmediato por el enorme pasivo ambiental dejado por estos monopolios. El Frente de Izquierda denuncia las pseudo-nacionalizaciones realizadas y las que se anuncian, como una política de rescate del capitalismo, a costa de una crisis fiscal mayor, e incluso al servicio de los negociados K (como los de La Cámpora en Aerolíneas), que será pagada por los trabajadores. Las nacionalizaciones burguesas han servido para atar aún más profundamente a la burocracia sindical al Estado y a las patronales, e incluso a sus negocios. Es necesario distinguir la nacionalización burguesa, que procura el rescate del sistema capitalista y de los empresarios a los cuales se asocian (TBA, Metrovías, Repsol, entre otros), de la nacionalización que efectivamente convierte a la explotación privada en un verdadero servicio estatal público al servicio del pueblo trabajador. En este caso, la nacionalización o reestatización debe ser sin resarcimiento al capital (en realidad, el resarcimiento debe ser del capital al poder público) y operar bajo el control y la gestión de los trabajadores, con un financiamiento a través de impuestos extraordinarios al gran capital. El Frente de Izquierda impulsa la renacionalización del 100% de YPF y todas las empresas petroleras. En el caso del gas y el petróleo se trataría de una medida de emergencia nacional, para revertir el vaciamiento capitalista operado en las dos décadas pasadas. Planteamos un plan nacional energético controlado por los trabajadores, luchamos por la reestatización de todas las privatizadas bajo control, administración y gestión de los trabajadores y usuarios. Proponemos una verdadera reestatización de todo el sistema ferroviario y de subtes bajo el control y gestión de los trabajadores y de los usuarios. Impulsamos la nacionalización de los monopolios capitalistas, bajo la dirección de los trabajadores, en especial de la banca y el comercio exterior y la gran propiedad agraria. Los monopolios capitalistas son una expresión del agotamiento relativo del desarrollo capitalista (‘libre competencia’), y un método de expropiación económica, por parte del capital monopolizado, esencialmente contra los trabajadores. Una política de nacionalizaciones así entendida, debe ser preparada metódicamente por medio de la apertura de los libros de las grandes empresas bajo el control y una planificación de los trabajadores urbanos y rurales. Lo que importa en las nacionalizaciones es que sean una transición hacia la gestión de la economía por parte de los trabajadores y, por esta vía, a una planificación del desarrollo nacional. Esta perspectiva plantea el gobierno de los trabajadores y el pueblo explotado. Que la crisis la paguen los capitalistas, y no los trabajadores La tendencia a la cesación de pagos, la crisis fiscal, la inflación y la carestía son testimonio de la crisis del intervencionismo ‘nacional y popular’. Lo mismo ocurre con el fracaso del ‘cepo’ cambiario y del comercio, y del blanqueo de dinero ilegal (‘Cedin’). El gobierno busca aminorar el peso de una derrota electoral en octubre con medidas cosméticas. Es el caso de la suba del mínimo no imponible al impuesto al salario, que será devorado rápidamente por la inflación y deja gravados a más de un millón de trabajadores. La represión en Neuquén para sellar el pacto secreto con Chevron, la designación del represor Milani en el Ejército o el nombramiento de un personaje de la ‘mano dura, como Granados en Buenos Aires, ha derrumbado definitivamente el pretendido progresismo K. El gobierno K piensa cómo serán los próximos meses con menos poder, donde debería aplicar un ajuste que podría incluir aumentos en las tarifas y menos «gasto social». Lo mismo harían los gobernadores, sean del color que sean. Están tirando todo para después de las elecciones, mientras millones siguen en la pobreza y sin divisar ninguna solución a los graves problemas sociales. Más allá de que pretendan una transición ordenada, una salida capitalista a la crisis implicará golpes contra el pueblo trabajador, como hemos visto históricamente con el Rodrigazo, la hiperinflación, el «corralito» o la devaluación de Duhalde-Lavagna. Por su parte, la oposición patronal de los Sergio Massa, Binner-Alfonsín o Macri acompañan en lo esencial las políticas pro-patronales del gobierno. Todos votaron, salvo algunas excepciones, la apertura del canje para pagar la deuda externa a los fondos buitres. Todos gobernaron o gobiernan para los grandes empresarios y multinacionales. Aunque con matices diferentes, todos los partidos opositores, sin excepción, y en especial el FAP y Unen, reclaman una mayor devaluación del mercado oficial de cambios, probablemente precedida por una devaluación en el cambio financiero. El resultado sería el aumento colosal de la deuda externa medida en pesos, que agravaría la crisis fiscal, y una gigantesca desvalorización de los salarios y los ingresos fijos, y de los activos de la Anses. Postulan, asimismo, una liberación de tarifas, con consecuencias letales para los salarios. El método capitalista convencional para contener la hiperinflación que resultaría de estas medidas es el llamado ‘enfriamiento’ de la economía, o sea una mayor desocupación. La expectativa es generar una corriente de ingresos de los capitales del exterior. El gobierno va en esa misma dirección. Lo muestra la suba del dólar oficial y el blue cercano a los diez pesos. La devaluación del peso oficial marcha a un ritmo superior a la inflación de precios. El acuerdo secreto con Chevron prevé la libertad para girar capitales y dividendos, y recibir precios internacionales en el mercado interno. La reapertura del canje con los fondos buitres implica también un desmantelamiento de la política intervencionista, porque requiere el ingreso de capitales externos para hacer frente a un aumento considerable de la deuda externa. Una corriente muy fuerte, en el gobierno, viene planteando el desdoblamiento (devaluación) del mercado cambiario, como ya ocurre con el ‘Cedin’. Es necesario advertir que la ley que reforma el mercado de capitales busca desarrollar las condiciones para convertir a la Bolsa local en el escenario que acoja al capital financiero internacional, en una escala similar a Brasil. Todo esto lleva a una megadevaluación del peso. El Frente de Izquierda advierte contra esta tentativa común a todos los partidos del sistema, para hacerle pagar la crisis a los trabajadores. Planteamos el ajuste mensual de salarios y jubilaciones; la ocupación de toda empresa que suspenda, despida o cierre; el no pago de la deuda externa; un impuesto extraordinario a los grandes capitalistas para enjugar la crisis fiscal y pagar la deuda del Estado con la Anses y el Banco Central. Represión e inseguridad Apenas asumió Cristina con el 54% de los votos en 2011, lo primero que aprobó en el parlamento por orden del imperialismo fue la ley antiterrorista, para perseguir a los luchadores y seguir con la criminalización de las luchas. Desde la bancarrota de 2001/2 se han acentuado las medidas de excepción que sirvieron para rescatar bancos, AFJP y privatizadas, y para expropiar a ahorristas y asalariados. Desde la crisis mundial, a partir de 2008, este método se acentuó. Luego de fracasar en los intentos de gobierno de centroizquierda o con la famosa transversalidad de los Cobos, el oficialismo acentuó sus rasgos bonapartistas, en una etapa avanzada de su declinación. Actuó sobre una amplia coalición inestable, que va de caudillos provinciales derechistas como Insfrán hasta organizaciones como el Movimiento Evita y la Tupac Amaru. A pesar de contar con mayoría parlamentaria, se agudizó el gobierno por decreto o resoluciones de la Afip y del abuso de la cadena nacional y del favoritismo a los medios ‘amigos’. La precariedad de este tipo de gobierno quedó en evidencia en los fallos judiciales que han venido favoreciendo al grupo Clarín. La crisis política es ya una crisis de Estado. El Frente de Izquierda le opone a este estado de excepción y de crisis, y al gobierno por medio de decretos -como la expresión de una crisis de gobierno y de sistema político-, el gobierno de los trabajadores enraizado en todos los planos de la gestión social y política, basado en la autoorganización obrera y popular. Se trata de iniciar un proceso de transición hacia el socialismo y la abolición de toda forma de discriminación y explotación social. La ‘defensa de la República’, que esgrime la oposición tradicional, es pura hipocresía, pues toda ella ha gobernado siempre a espaldas de su propia Constitución (‘pacto de Olivos’, gobierno de facto de Duhalde, gobierno minoritario en 2003, decretos de necesidad y urgencia). La Constitución es una hoja de parra de la arbitrariedad, ya que el cincuenta por ciento de la legislación nacional es oriunda de la dictadura, al igual que la burocracia militar, judicial y represiva del Estado. Los gobiernos que emergieron desde 1983 reivindicaron la continuidad jurídica de la dictadura militar, en especial los compromisos internacionales políticos, militares y económicos, como el pago de la deuda. Los archivos de la dictadura no han sido abiertos. Las fuerzas armadas, que no han sido tocadas en absoluto, ofician de fuerza de ocupación en Haití, al servicio del imperialismo norteamericano. La cuestión de la ‘seguridad’ es otra manifestación mayor de la descomposición del Estado, porque oculta el maridaje entre los aparatos de seguridad y los punteros y partidos del sistema, de un lado, y las organizaciones delictivas, del otro. Este maridaje se ve todos los días en cada barrio popular y quedó claramente expuesto en el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra. Sirve para victimizar a los jóvenes sin empleo y para justificar el ‘gatillo’ fácil. La alternativa ofrecida por el ‘progresismo’ oficialista -«la seguridad democrática»-consistió en privilegiar el espionaje contra las organizaciones populares, con el pretexto de «prevenir para no reprimir». Ahora se propone crear ‘policías municipales’ y bajar la edad de imputabilidad. Esto significa, ni más ni menos, que entregar la seguridad ciudadana al sector más entrelazado con las diversas organizaciones del delito, incluida la trata de personas: nos referimos a los intendentes. El nombramiento de César Milani, como jefe del ejército, es mucho más que un blanqueo de un genocida. Es una clara tentativa de devolver protagonismo político a las fuerzas armadas, un propósito que los distintos gobiernos persiguen desde 1983, con la obediencia debida, el punto final y el indulto. Ahora se invoca el apoyo del Ejército al «proyecto nacional y popular». La ‘re-integración’ de las fuerzas armadas apunta a reforzar las tareas de espionaje y la capacidad de represión del Estado frente a la crisis. Las fuerzas armadas argentinas se vienen entrenando en este menester, desde hace una década, en Haití. ¡Fuera el ejército de Argentina y de América Latina (con excepción de Venezuela y Cuba) de Haití! El Frente de Izquierda llama a la organización popular en los barrios y en los lugares de trabajo y estudio, para combatir el ‘gatillo fácil’ y la trata de personas. Para combatir la penetración del narco tráfico, con apoyo policial, en los barrios, o sea la complicidad policial y política con el delito organizado. No a las policías municipales de los intendentes de la corrupción y el delito: para acabar con el aparato de punteros es necesario poner fin a la miseria social que causa el capitalismo y reemplazar el aparato de represión de este Estado, que está al servicio de los explotadores, por organizaciones de los trabajadores mismos en el camino de la lucha por su propio gobierno. Abajo el Proyecto X, y el espionaje y la infiltración a las organizaciones populares. Por la disolución de todos los órganos de inteligencia puestos para espiar e infiltrar a las organizaciones populares. La Izquierda al Congreso, a las legislaturas, a los concejos El Frente de Izquierda aspira a ingresar a los parlamentos del país, para desarrollar una alternativa política de los trabajadores. Para convertir a los parlamentos en tribuna política, denunciar al contubernio entre los capitalistas, su régimen y sus partidos, y para desarrollar las luchas y la movilización extraparlamentaria de los trabajadores y el pueblo. Para poner nuestros diputados, legisladores o concejales al servicio de las luchas obreras, populares y juveniles, como ya lo venimos haciendo con nuestros legisladores y concejales en Córdoba, Neuquén, Salta y Santa Fe. Para propagandizar y agitar en los métodos del gobierno de los trabajadores. Una votación aún mayor por el Frente de Izquierda, más allá del casi millón de sufragios de las primarias será, por sobre todo, un estímulo poderoso para la organización masiva contra los ajustes que se preparan para después de los comicios. En contraste con el desarrollo de la izquierda combativa y socialista, el país asiste a la desintegración de la llamada «izquierda plural», integrada a la llamada centroizquierda (Pino Solanas, Libres del Sur), con claros vínculos con los representantes del capital bancario y sojero (Prat Gay, Binner, UCR). Lo mismo ha ocurrido con las tendencias que, bajo el disfraz del chavismo, dedicaron lo mejor de su tiempo al apoyo del kirchnerismo. El ascenso de la izquierda es el resultado de una experiencia política de conjunto. El Frente de Izquierda impulsa la independencia política de clase de las organizaciones populares y en especial de los sindicatos respecto al Estado. Fuera la burocracia sindical de los sindicatos, por la formación de direcciones clasistas para transformar los sindicatos e imponer la democracia sindical. Peleamos por incluir a los trabajadores desocupados, contratados y precarios dentro de los sindicatos e impulsamos la más amplia autoorganización obrera y popular. La unión de la izquierda revolucionaria con el movimiento obrero convertirá a los trabajadores en una fuerza dirigente, el primer paso para cambiar la historia del país y abrir la perspectiva de la revolución y de la transición al socialismo en el país y en el mundo. Plataforma de reivindicaciones urgentes Abolición del impuesto directo al salario y a las jubilaciones; eliminación del IVA; ningún impuesto a la vivienda única del trabajador. -Por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar; por el 82% móvil en las jubilaciones; empezando por el cumplimiento integral de los fallos judiciales a favor de los jubilados. -Fuera las ART, por comisiones de seguridad e higiene, organizadas democráticamente por los propios trabajadores. Abolición del trabajo precario y en negro; incorporación de todos los trabajadores, en cada empresa, a las convenciones colectivas con cláusulas más favorables. -Fuera el gobierno de la Anses: por una dirección electa y revocable por los trabajadores y jubilados. -No pago de la deuda externa. Por un impuesto extraordinario a los grandes capitales para rescatar los activos en poder de la Anses y el Banco Central. -Fuera Chevron, no al ‘fracking’, no a la explotación minera de cielo abierto; resarcimiento por los daños ambientales; nacionalización de estas industrias, bajo control de los trabajadores. -Basta de servicios públicos deplorables, y masacres con muertes y corrupción. Por la reestatización de los trenes y subtes bajo control y gestión de los trabajadores y usuarios. -Anulación de la reforma judicial kirchnerista. Elección popular de los jueces y fiscales. -Que todo legislador, funcionario estatal o juez gane lo mismo que un obrero especializado o un maestro. Revocabilidad de todos los funcionarios electos. -Elegibilidad de todos los directores de empresas públicas. -Por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. -No a la baja de la edad de imputabilidad. -Por una campaña nacional de las organizaciones obreras y populares por el desmantelamiento, juicio y castigo de las organizaciones de trata: por el apoyo a todos las movilizaciones contra ‘los hijos del poder’, que son responsables de la desaparición y asesinato de mujeres. -Por la independencia de los sindicatos del Estado; democracia sindical; fuera la burocracia, por la más plena democracia sindical, por el derecho de los trabajadores a organizarse sin injerencia y control estatal. -Fuera las Fuerzas Armadas de Haití. Por el apoyo a la rebelión obrera y popular en todo el mundo, que crece y se extiende con el avance de la crisis capitalista. Llamamos a los trabajadores, a la juventud, a los sectores populares y a los que se reivindican de la izquierda a sumarse y apoyar la campaña por el voto al Frente de Izquierda el 27 de octubre. FRENTE DE IZQUIERDA y de los Trabajadores Partido Obrero – PTS – Izquierda Socialista 26 de septiembre de 2013

El siguiente artículo es una versión ampliada de la intervención de Jorge Altamira en la mesa convocada por la Cámara Nacional Electoral, para discutir sobre sistemas electorales y las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso) en Argentina. La intervención tuvo lugar el 9 de agosto pasado, en el Hotel Panamericano, ante representantes de las cámaras electorales de las naciones de América Latina. Buenos días a todos, gracias por vuestra presencia, y al mismo tiempo agradecer a los organizadores la posibilidad que se nos ofrece de desarrollar una exposición sobre este tema, las primarias obligatorias. La ley que establece la obligación, por parte de los partidos políticos, de elegir sus representantes parlamentarios y ejecutivos por medio de elecciones abiertas y simultáneas solamente puede ser caracterizada de un modo adecuado, una vez que se las ubica en un contexto histórico concreto. La norma en cuestión responde a una tendencia mundial. El Estado moderno se caracteriza por la separación entre el poder político y la sociedad civil. Entendemos por «sociedad civil» a la sociedad burguesa, que se basa en la explotación del trabajo asalariado. Esta separación se distingue de los sistemas precedentes a la forma de gobierno que inaugura la era moderna, si se exceptúa, por cierto, el breve período de la democracia ateniense. El desarrollo del comercio universaliza el intercambio y, con ello, al dinero -la forma más abstracta y acabada de ese intercambio- y el fundamento de una organización social peculiar. Las revoluciones de los siglos XVII al XVIII darán una forma política concreta a la emergencia de una sociedad civil (burguesa), independiente de las relaciones personales que caracterizaban a las diversas formas precedentes. La separación entre la sociedad civil, por un lado, y el Estado, por el otro, es, al mismo tiempo, una ficción y una realidad. Cada etapa de este nuevo desarrollo histórico se ha encargado de poner en evidencia y de acentuar la dependencia de la forma política de su contenido social. La identidad de la sociedad burguesa y el Estado burgués existe, sin embargo, como una contradicción, que se manifiesta en la separación entre una y otro. A través del sistema impositivo y de la deuda pública, e incluso del reclutamiento de la burocracia estatal entre los funcionarios de la clase capitalista, la burguesía asume la dirección efectiva del Estado. Los gobiernos se convierten, en la práctica, en el Consejo de Administración de la clase capitalista. A medida en que se refuerza la tutela de la burguesía sobre el Estado, aparecen la burocracia y el ejército permanente. El Estado internaliza las contradicciones propias del desarrollo de la sociedad capitalista. La acentuación de la lucha entre las clases desmitifica la función neutral del Estado y su distancia aparente de la sociedad civil. Incluso bajo las formas más extremas del poder personal, el Estado funciona siempre, en última instancia, como un árbitro que tiene partido tomado por una de las partes en conflicto. La afirmación del kirchnerismo, por ejemplo, de que gobierna sin dependencia de ‘las corporaciones’, está privada de fundamento. La separación de la sociedad civil frente al Estado es, sin embargo, una condición para el desarrollo de la sociedad capitalista. Ofrece al capital la condición sine qua non del desarrollo capitalista: la libertad de iniciativa y de emprendimiento. Sin esta separación del Estado y la sociedad civil, y sin la libertad de empresa que la acompaña, no se concibe el surgimiento y el desenvolvimiento ulterior de la burguesía. La burguesía, sin embargo, reivindica esta libertad hasta un cierto límite, esto porque necesita del Estado para proteger su propia condición hegemónica frente a las clases antagónicas -es decir el proletariado- y frente a los Estados capitalistas rivales. El Estado capitalista reproduce las condiciones generales de su modo de producción: libertad, por un lado, para emprender y competir, y despotismo, por el otro, para explotar y exaccionar. Este último aspecto es el decisivo. A partir de él se desarrolla la tendencia a suprimir la separación entre la sociedad civil y el Estado, a acentuar la reglamentación pública de las relaciones sociales, a invadir la esfera civil -en definitiva, al totalitarismo (cuyas peculiaridades acompañan la desigualdad del desarrollo histórico). La tendencia a estatizar las relaciones sociales se manifiesta con todo su vigor en el período histórico de la decadencia capitalista, pero hace sus primeras armas allí donde el antagonismo entre las clases adquiere puntos extremos, como ocurriera con los dos primeros bonapartismos en Francia y Alemania. El bonapartismo viene acompañado por la reglamentación de la vida social y por una tutela creciente sobre los contratos privados. La ‘empresa’ cede parte de su ‘libertad’. Pero la estatización de la sociedad civil nunca puede desarrollarse hasta el final sin contradecir el fundamento, tanto de la sociedad como del Estado, que la encarna bajo esta forma contradictoria. La supresión del antagonismo entre la sociedad civil, por un lado, y el Estado, por el otro, no puede tener lugar bajo el capitalismo -es sólo una utopía liberal. La soberanía de la sociedad civil plantea la superación de la sociedad civil que necesita del Estado para su protección; es decir, la superación de la sociedad capitalista y la transformación de esa falsa sociedad civil en una civilidad socializada. Lo ocurrido con las tentativas ‘neo-liberales’ para lidiar con esta contradicción -o sea, dentro de sus propios límites (el capitalismo)- ha sido ilustrativo. La experiencia auto-regulatoria de los años ’20 en el siglo pasado culminó con la gigantesca bancarrota de 1929/40 y una guerra mundial. Fue enfrentada por un intervencionismo estatal que no tenía precedentes -el New Deal norteamericano y el fascismo europeo. Luego, el neoliberalismo de Reagan, Thatcher y otros -saludado como una recuperación excepcional de la iniciativa empresarial- remató en la crisis mundial que el planeta se encuentra atravesando en la actualidad, sin salida a la vista y con numerosas rebeliones populares. La ficción anti-estatista de los círculos capitalistas ha fracasado en forma clamorosa: todo el capital mundial reclama un ‘retorno’ al Estado, para rescatar a la burguesía por medio de una expropiación gigantesca de las clases populares. El desarrollo de la crisis mundial acentúa potencialmente la contradicción entre la sociedad civil y el poder político, no importa lo que proclame el discurso ‘populista’. Los Estados salen al rescate de bancos y naciones, por medio de la confiscación impositiva y de los fondos acumulados de pensiones, así como también mediante la imposición de reducciones de salarios y jubilaciones, y de despidos masivos. Pero la crisis mina la capacidad financiera del Estado y de las monedas nacionales -o sea que mina su capacidad para seguir rescatando al capital. La crisis fiscal, partera de numerosas revoluciones, hace su trabajo de topo en el sistema político. Las Paso son una expresión de la estatización de la ‘sociedad civil’; afecta nada menos que a los partidos políticos. No es, sin embargo, un proceso que comienza con las Paso. La dictadura militar había establecido, para las elecciones de 1983, que los programas de los partidos debían contar con la aprobación del Poder Judicial. Es decir que la autonomía de pensamiento del Partido Obrero, por ejemplo, fue convertido en un asunto judicial. En este caso concreto, el juez impugnó la parte del programa del Partido Obrero relativa a las nacionalizaciones. El PO rechazó la impugnación y defendió su programa. La impugnación fue retirada, bajo la presión de las circunstancias convulsivas del país. En el caso de las Paso, que la reglamentación estatal establezca la realización de elecciones primarias generales no desmiente que se trate de una estatización de los partidos. Las Paso asumen que el Estado se encuentra por arriba de los partidos; o sea, por arriba de la sociedad civil que ha parido, históricamente, a los partidos (como forma de expresión de la diferenciación clasista de la sociedad civil). Suponen que la llamada ‘crisis’ de esos partidos no tiene una causa histórica y que sería una ‘anomalía’ que el Estado debería reparar. Invierten la fórmula democrática: la soberanía popular se encuentra en el Estado y baja al pueblo, al que se veda la formación de partidos que no estén reglamentados por el Estado. La organización de un partido, que merezca ese nombre, incluida la designación de sus representantes, debe responder al programa de ese partido, a sus objetivos estratégicos. Debe responder a la razón de su programa, no a la razón de Estado. Las Paso reclaman transparencia, pero lo único que consigue es que el aparato partidario que antes designaba a los candidatos a representantes, ahora designe a los candidatos a las Paso. Las Paso pretenden dar transparencia a las disputas internas, pero sólo acentúan el faccionalismo. La deformación de la vida partidaria no puede ser corregida por una ley y, menos dictada por los representantes de esos mismos partidos; hay que dejar que haga su trabajo la historia, por medio de confrontaciones ideológicas y sociales. Las Paso facilitan a la burocracia del Estado la infiltración de los partidos por parte de aparatos propios, que luego se postulan para disputar su representación. Es una forma bastarda de borocotización. La reglamentación de los partidos por el Estado priva a los ciudadanos del único órgano político que el sistema constitucional reconoce a la sociedad civil: la formación voluntaria de agrupaciones partidarias (de otro modo, «el pueblo no delibera ni gobierna»). La reglamentación de los partidos, por parte del Estado, es un acto de preservación del Estado. Es, obviamente, una contradicción en sus términos, porque es por la vía de los partidos que la sociedad civil modela al Estado; de lo contrario, es éste quien modela aquélla. La intención de rescatar a los partidos por medio del Estado supone el agotamiento histórico -al menos de los partidos tradicionales. El artificio estatista aparece cuando los partidos tradicionales mismos ya han perdido su rol histórico y no son más que aparatos y camarillas que pugnan por una porción del presupuesto estatal. El final catastrófico de todos los gobiernos que se sucedieron desde 1983 es una prueba contundente de que esos partidos se han convertido en entelequias. En verdad, el ciclo de formación de partidos políticos concluyó con el golpe de 1930. La reglamentación estatal apunta a enchalecar o condicionar a los partidos emergentes (que enarbolan una nueva perspectiva histórica) y mantener a los tradicionales en estado vegetativo. Es un operativo contrarrevolucionario, bajo una máscara democrática. Determinar la organización de un partido -para colmo por ley- es pretender determinar su programa. La forma de organización corresponde a los fines estratégicos que señala el programa. Un partido que aboga por la transformación social se organiza para desarrollar la movilización popular y la conciencia política; uno bonapartista o contrarrevolucionario reemplaza el partido por el caudillo; un partido convencional se construye en torno de comités electorales. La selección de los candidatos a una representación popular debe estar en conformidad con su forma de organización y su objetivo estratégico. El burocratismo -corrupción o decadencia de los partidos tradicionales- debe ser enfrentada por medio de una lucha política absolutamente libre, no lo puede hacer un decreto o una ley. Las formas organizativas de un partido dependen de los objetivos estratégicos del partido. Los estatutos del Partido Obrero, por ejemplo, prevén un congreso anual y reivindican una militancia activa regular como método de organización. El voto no es pasivo, es siempre la conclusión de un debate político. La política del partido y la militancia de sus afiliados son sometidas a la prueba de la experiencia social. Se desenvuelve por medio del debate de esa experiencia; nadie es elegido en función de apariencias o como resultados de encuestas. Resignar este modo de organización es desnaturalizar el objetivo estratégico que se ha asignado. La estatización de los partidos procura enchalecar a los que cuestionan el orden vigente. Enfrentado a una situación similar, el PT de Brasil, en sus primeros años, realizaba encuentros regulares que determinaban su línea de acción y congresos ‘truchos’ para cumplir con requisitos legales. Fue la época combativa del PT; eso, ahora, es harto diferente. La estatización de los partidos convierte al parlamento en una escribanía: en una burocracia legislativa. Es una tendencia a reprimir al parlamentarismo que alienta la intervención popular -o sea, que se apoya en métodos extra- parlamentarios. El sistema de reglamentación de los partidos resalta por su anacronismo. ¿Acaso el movimiento peronista hubiera podido surgir de unas Paso? ¿Alguien imagina a Juan Perón disputando la candidatura a Presidente del peronismo? ¿El radicalismo no llegó acaso al gobierno luego de la revolución del ’90 y un abstencionismo revolucionario o putchista que duró un cuarto de siglo? Argentina nunca saldrá de su enorme decadencia con partidos conservados en formol; en la actualidad, no existe un solo partido tradicional que pueda reclamarse como tal. En la izquierda hay un tenaz empeño histórico por llevar a la clase obrera a construir su propio partido. La actualidad de este anacronismo es impactante. El gobierno que tomó la iniciativa de las Paso no solamente no realizó internas: la jefa del FpV impuso sus candidatos a dedo. Otra anomalía flagrante es que el principal rival electoral del oficialismo, él mismo un oficialista, ex jefe de la Anses y de Gabinete, ni siquiera intentó dirimir la candidatura en una interna del partido oficial, para evitar que su triunfo anunciado creara una crisis política límite para el gobierno nacional, que se habría quedado sin candidato propio y obligado a sostener a su adversario. Las internas han sido un fracaso elocuente, incluso entre quienes recurrieron a ellas. La coalición Unen ni siquiera sirvió como recurso de supervivencia para algunas etiquetas -como lo demuestra la desaparición de Libres del Sur y sus candidatos de los bancos. La lista que emergió de esta aventura carece de programa y de cohesión. De acuerdo con los analistas, su lista de diputados empalmará con la de senadores del PRO. Introducirá en el parlamento a un sinnúmero de minibloques. El resultado general de las Paso ha sido una mayor fragmentación de los partidos y círculos tradicionales. La Presidenta que concibió el engendro acabó llamando «suplentes» a los candidatos que surgieron de su criatura. Hay un tema adicional para completar esta crítica: el gobierno alega que la reglamentación de los partidos por parte del Estado habilita el acceso de aquéllos a los medios de comunicación. Este argumento pone de manifiesto la fosa que existe entre la ficción política y la autoproclamada democracia en la sociedad actual. Es muy simple: pone en evidencia que el instrumento de la sociedad civil para intervenir en los asuntos del Estado -o sea los partidos- carecen de la posibilidad de expresarse, debido al monopolio capitalista de los medios de esa expresión. La contradicción partidos-medios desnuda toda la hipocresía de los sistemas políticos modernos; ‘la’ política ha sido secuestrada por los medios de comunicación privados. Lo único que le queda a ‘la política’ es el maridaje con los monopolios de la comunicación. El negocio capitalista de los medios de comunicación es incompatible con la política -es decir con la democracia. La contradicción no se supera con el otorgamiento de doce segundos de publicidad política a los partidos. Estamos ante una farsa, que contrasta con el abuso de comunicación que ejercen los gobiernos de la Nación y las provincias -o sea por sus partidos o camarillas. La contradicción entre la política y su posibilidad de expresión solamente puede ser superada por la socialización de los medios de comunicación; es decir, su gestión por la sociedad civil, de acuerdo con el peso social respectivo de cada una de las tendencias que activan en la vida social, en especial la gestión de la clase obrera, y en función de las corrientes de ideas que circulan dentro de ella. Los medios de comunicación no deben ser un negocio capitalista ni deben ser un monopolio del Estado, deben estar gestionados con pluralidad ideológica por todas las organizaciones sociales que hacen a la vida de este país. Curiosamente, el gobierno que ha pregonado «la democratización de la palabra» ha sido incapaz de asegurar esa palabra para los partidos políticos y, aún peor, pretende reglamentar la vida interna de esos partidos con el pretexto del acceso a los medios de expresión. El Partido Obrero considera a estas primarias como otra forma de estatización de la política. Como partidarios del monopolio público de los medios de producción, declaramos nuestra completa oposición de la estatización de la política, de la palabra, de la actividad cultural. Tenemos con las Paso una divergencia de principios.

El parlamento aprobó con una rapidez asombrosa la ley 24557. Una segunda ley de Riesgos del trabajo. En la aprobación de 140 votos contra 83, el oficialismo tuvo un aliado fundamental: el PRO; un dato clave para comprender la filiación pro-patronal de la propia ley. La patronal argentina festejó largamente la votación. Los «opositores» Clarín y La Nación le dieron muy bajo perfil a la crítica de su promulgación. Los medios empresarios consideraron «histórica» la iniciativa de Funes de Rioja (el abogado de las cámaras patronales) que fue su verdadero mentor. El corazón de la ley es la evasión por parte de las patronales de la reparación del daño integral a la salud de sus trabajadores, consagrado en la vieja ley de accidentes de trabajo que regía desde 1915. La nueva ley tiene el formato de la primera ley de Riesgos de Trabajo, que dio lugar a la formación de las ART en el año 1996, en plena época menemista. Toda la legislación emanada de la época de la flexibilización laboral hacía imprescindible la formulación de un sistema donde las patronales evadieran las responsabilidades integrales de los daños causados a los trabajadores por los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales contraídas. Porque ellas mismas eran conscientes de las implicancias que llevaba implícita el nuevo régimen de explotación laboral. La dictadura militar, primero, y la flexibilización laboral, después, vinieron a voltear una serie impresionante de conquistas logradas con los convenios del ’75 y la huelga general que se dio en aquellos años, durante las discusiones paritarias. Ahora estamos asistiendo a las consecuencias que tuvo para la salud del trabajador esta andanada de ataques llamada «flexibilización laboral». Durante el menemismo se llevó adelante la política de establecer convenios por empresa. Los mismos tenían el propósito de favorecer ampliamente las condiciones patronales en una época de baja producción industrial. Estos convenios por empresa suplantaron, de hecho, la discusión en paritarias de las condiciones de trabajo, confinando las mismas a una discusión salarial. Se implantaron en la inmensa mayoría de las plantas fabriles premios de productividad, que en el 95% de los casos no fueron discutidos en asambleas con los trabajadores, se impusieron premios al presentismo durísimos que obligaban al trabajador a concurrir enfermo, hubo un desconocimiento del certificado médico del trabajador reemplazándolo por el de la patronal, se estiró la posibilidad de realización de horas extras anuales a las patronales y en la práctica se dejó de controlar el cumplimiento de esa propia norma que terminó, de hecho, implantando doce horas de trabajo, se quintuplicaron los turnos americanos, eliminando, a su vez, el día femenino, se desconocieron lugares de trabajo insalubre. El golpe final de la llamada flexibilización laboral fue la tercerización masiva y el trabajo en negro, agravando enormemente las condiciones de trabajo. A 16 años de implantada la flexibilización laboral menemista, que siguió bajo los De la Rúa, los Duhalde y los K, asistimos a las consecuencias que estas condiciones de trabajo ejercieron sobre la salud de los trabajadores. Los accidentes laborales han ido en aumento y también las enfermedades profesionales. El año 2011 dejó, de acuerdo con la propia Superintendencia de Riesgos de Trabajo, 650.000 infortunios laborales. La cifra aumenta en un 35% por el trabajo en negro. Tenemos entonces que hay casi 900.000 infortunios laborales anuales sobre un total de 8.000.000 millones de trabajadores registrados en las ART. Una verdadera masacre laboral agravada, porque las empresas perpetran una doble estafa al trabajador cuando no lo registran y a las propias ART, en varios casos judiciales, se ha comprobado que le dan el alta después de accidentarse. Reparación raquítica del daño Las ART que fijaban una reparación tarifada de los daños al trabajador golpearon duramente a los afectados por infortunios laborales en dos puntos clave: 1) la baja tarifa de las indemnizaciones por incapacidades laborales; 2) el desconocimiento de reparaciones de una cantidad de enfermedades profesionales. Esta cuestión del desconocimiento de las enfermedades profesionales se ha transformado en un gran problema legal, social y político. Si uno tiene en cuenta que las posibilidades de una enfermedad profesional aparezcan con un promedio de entre ocho y diez años de desempeño en tareas industriales, con la flexibilización laboral y el aumento de horas trabajadas, estas enfermedades se aceleraron violentamente. Estos dos problemas llevaron a que un sector de trabajadores desconociera la reparación tarifada e iniciara juicios por la reparación integral de los daños de salud a las patronales y a las ART. Un caso en particular -«el fallo Aquino»- llegó a la Corte; ésta desconoció la tarifa asignada y aceptó la reparación integral del daño al trabajador lo que disparó, al igual que el caso Badaro (caso «testigo» por el cobro del 82% móvil), una tendencia a ir a juicio después del pago mezquino y estrecho de las ART del daño. El nivel de los juicios fue en aumento sideral, pasó de 3.000 de los dos primeros años a los 70.000 actuales. Estamos hablando de la friolera de unos 21 millones de dólares en concepto de indemnizaciones que las patronales buscan evadir. La llamada denuncia a la «industria del juicio» -que tanto atacan Pichetto y Rossi en ambas cámaras-, sólo pone de relieve la inmensa depredación laboral del sistema de ART, que no reconoce nada que no sea un infortunio gravísimo para el trabajador y la enorme concesión del gobierno a las patronales en este punto. Las enfermedades profesionales reconocidas en Argentina son las mismas del decreto 658/96 que aprobaron las ART con Menem, más el Mal de Chagas y el Hanta virus, pero las no reconocidas son las que han elevado a miles los juicios de los trabajadores. Hay tres enfermedades que las ART directamente desconocen de hecho: la lumbalgia, las hernias y las várices porque no son «específicas», sino que abarcan la inmensa mayoría del mundo laboral. De este tipo de enfermedades sólo se reconoce la hipoacusia, pero para ello las ART montaron una estafa especial que el Fondo de Fines Específicos (FFE), por los cuales un 0,69 adicional de la cápita que se paga a la ART va a ese fondo de reparación de las pérdidas de la capacidad auditiva. Al crearse el fondo, se obligaba a realizar cada dos años un examen médico y la reparación del daño; esos exámenes no se cumplen con la mirada cómplice del gobierno. La nueva ley votada no establece en absoluto los criterios a seguir en este aspecto ni los resarcimientos, ni siquiera las figuras de «tareas livianas» que se pueden desprender de este tipo de enfermedades. Ya conocemos la posición de la Presidenta sobre la «tendinitis» de los compañeros del subte, como un adelanto de las posiciones patronales. Esta cuestión se ha comenzado discutir después de la aprobación de la ley con las ART, las cámaras patronales, la CGT Balcarce, el sector de Yasky y el propio Recalde, ahora de hecho en otras funciones después de su pasaje al gobierno, para establecer un criterio sobre las mismas hay un inmenso lobby patronal, de un lado, y una burocracia oficialista dispuesta a entregar todo, del otro. Un negocio patronal redondo La nueva ley elimina la doble vía actual, donde el trabajador cobraba la indemnización de la ART y si no estaba satisfecho apelaba a la Justicia laboral para ampliar la reparación del daño. El trabajador ahora deberá elegir entre el cobro de la indemnización de la ART o elegir ir a juicio. Si elige el monto que le ofrece la ART, éste sale de un enorme lobby de nueve ART que concentran el 90% de mercado de 8.000.000 de personas y que han «impuesto» las tarifas de las indemnizaciones muy a la baja. Al extremo de que la ley debió aceptar un 20% de aumento de las mismas, que estaban hace años congeladas. Si decide no cobrar e ir a juicio, la nueva ley cambia totalmente las reglas de juego en materia legal. En primer lugar, se pasa el juicio del fuero laboral a fuero civil, lo que vulnera derechos internacionales establecidos. La relación laboral no se puede trasformar en una relación civil, el accidente sigue siendo un accidente de trabajo, el patrón sigue siendo el patrón y el trabajador sigue bajo su relación de dependencia. La Justicia civil en la Argentina está colapsada. Los juicios oscilan entre los siete y los ochos años. Los juicios laborales como máximo se liquidan en dos años. La ley lleva al trabajador, en un cuadro crítico de su situación de salud, a elegir entre aceptar lo que le ofrezcan las ART o esperar ocho años para un resarcimiento económico. La nueva ley no reconoce un aumento de la indemnización por accidentes in itinere . No es un dato menor. En la actualidad, el 52% de las muertes laborales se producen en este tipo de accidentes. El 100% de los muertos en el accidente de Flores del Ferrocarril Sarmiento eran personas en tránsito y el 97% de las víctimas de la masacre de Once también. La ley congela estas indemnizaciones, que se mantienen desde el ’76, en el medio de un colapso del transporte que atenta contra la vida de los trabajadores. La ley varía las normas indemnizatorias en el caso de ir a juicio perjudicando al trabajador. Se crea el Ripte -un coeficiente de ajuste trimestral- donde los trabajadores no percibirán por el monto de lo que cobraban en el momento de producido el accidente, sino sobre una tabla aritmética que sólo contempla las remuneraciones sujetas a aportes provisionales -que no es poco en un país donde el conformado salarial omite una parte importante de sueldo de estos aportes. Se aprecia claramente una voluntad de desalentar abiertamente los juicios y cuando éstos se lleven adelante, serán dilatados en el tiempo y además por menores montos de los actuales, salvando a las patronales de la reparación integral del daño al trabajador. La nueva ley va a generar una polémica legal de inconstitucionalidad por la abierta discriminación que sufre el trabajador accidentado respecto de un derecho universal de acceso a la Justicia. Eso es tan así que hasta algunas grandes patronales lo admiten, pero señalan que de cualquier manera sería un tiempo que ganan, pues frenarán en parte los litigios laborales. Las ART «mutuas» La nueva ley tiene la bendición de la burocracia de la CGT Balcarce y de Yasky. Es que el gobierno, mediante el decreto adicional 1720, les habilitó otro negocio: la posibilidad de constituir las llamadas ART-mutuas entre las cámaras empresarias y los sindicatos con personería gremial que celebren negociaciones colectivas. Para que el negocio sea más lucrativo, esas Mutuas deberán atender a los accidentados en las obras sociales y en los hospitales públicos. Según el gobierno se avanzó muchísimo en el sector metalúrgico y de la construcción en la constitución de estas «ART mutuas»; sin embargo, la formación de estas ART mutuas implica una serie de fuertes contradicciones entre la tarea gremial y la tarea de una ART. ¿Qué debe primar en un sindicato, la defensa del interés individual del trabajador o la defensa de los derechos de una ART en conflicto con ese trabajador? Uno se imagina esta fuerte contradicción entre una ART dirigida por el agente del Batallón 601 Gerardo Martínez y los trabajadores del gremio más afectado por accidentes laborales que es la Uocra. Habrá que ver si la burocracia oficialista va hasta el final con la creación de las ART mutuas. El gancho que les tiraron las patronales y el gobierno es para que las alícuotas de las ART mutuas sean parte de las discusiones paritarias, de los fondos solidarios y otras prebendas millonarias, pero llevan implícita una fruta envenenada. Pueden terminar con miles de trabajadores haciéndoles juicio a su propio sindicato, frente a una controversia por la reparación en listas negras y en todo tipo de conflictos. Un dato importante es que, de hecho, la ley anterior ya preveía que éstas se podían constituir hoy con una burocracia en crisis y que, con la oposición de vastos sectores de ella, la mayoría se ha limitado a darle esta enorme concesión a las patronales y al gobierno. Las críticas de la CTA a la nueva ley Víctor De Gennaro envío un proyecto de ley alternativo a la nueva ley que no prosperó ni en las comisiones ni en la votación. Es importante conocer su contenido, pues en el corazón del proyecto de De Gennaro va incluida la actual política del Frente Cívico al cual De Gennaro tributa y esa política de seguridad laboral se aplica en la provincia de Santa Fe. Los puntos salientes del proyecto de De Gennaro-CTA reemplazan a las ART por la creación de un banco de seguros del Estado con participación de las patronales y los trabajadores. La creación de una oficina de seguridad laboral, la elección de delegados de prevención en comités mixtos de seguridad e higiene, y la ampliación de uno a dos años la cobertura por accidentes y enfermedades del trabajador. Políticamente, el proyecto de la CTA es una combinación de dos propuestas centroizquierdistas latinoamericanas. La del Frente Amplio y la de Binner. En el Uruguay, los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales están encuadradas dentro del Banco de Seguros del Estado. El tratamiento de la salud de los trabajadores uruguayos por esta vía no es buena. Uruguay reconoce 29 enfermedades profesionales de las 42 en la Argentina, y las 106 de la última actualización de la Organización Internacional del Trabajo: al igual que en Argentina, las varices, las hernias y enfermedades mentales provenientes del trabajo no son reconocidas, aunque sí la tendinitis. Uruguay no reconoce el accidente in itinere , sólo con la excepción de que sea la empresa la que suministre el transporte. El monto de las indemnizaciones es equivalente al salario sin extras ni adicionales, y las comisiones médicas son directamente elegidas por el Estado sin participación de los trabajadores. Las patronales delegan en el Estado la responsabilidad integral del daño y el Estado achica los costos y, además, posterga largamente los pagos. El PIT (central sindical única de trabajadores del Uruguay) que apoya al Frente Amplio ha realizado protestas formales contra el régimen de prevención del Banco de Seguros, señalando que no sube las capitas que deben pagar las patronales y recorta, vía comisiones médicas, las indemnizaciones, lo que muestra los límites de este tipo de banco de seguros. En la pastera multinacional Montes del Plata, luego de un accidente que costó la vida de un obrero y después 80 accidentes laborales, la dirección de la Sunca (sindicato de la construcción) se vio obligada a declarar la huelga por tiempo indeterminado, reclamando un protocolo de seguridad en la planta para terminar con la brutal cadena de accidentes. Sólo así, se arrancó una concesión que, aunque parcial, sienta un precedente de suma importancia para el movimiento obrero. El protocolo de seguridad conquistado establece que, ante un riesgo potencial de accidente, los delegados de seguridad puedan detener el trabajo, hasta que se coordinen las acciones para evitar cualquier posible daño. Es un acuerdo que está por delante de la legislación uruguaya y también de toda la legislación laboral argentina. Cuando se detecte una condición de riesgo, el delegado obrero del sector detendrá la tarea en cuestión y tomará contacto inmediato con el encargado del trabajo (capataz, supervisor) a los efectos de su corrección. En caso de que la situación no se resuelva, el encargado de trabajo convocará en forma inmediata al técnico en prevención del sector, y así sucesivamente hasta convocar al responsable de seguridad del conjunto de la planta. El reclamo de comités de seguridad e higiene, con capacidad de los delegados de parar la producción ante un peligro de accidente, es una conquista enorme que aún es parcial y arrancada con una huelga general, pero abrió un camino que hay que profundizar. La otra pata del proyecto del CTA está prácticamente macheteada (largas consideraciones son textuales) de la ley 12913 de Santa Fe, conocida como la de los comités mixtos de seguridad e higiene, donde se establece una elección de delegados de prevención, la creación de comités mixtos a esos efectos y un control del Estado provincial sobre la creación de los mismos. La ley santafesina se reglamentó en 2009, bajo la presión de una movilización que reunió a todo el pueblo de Villa Constitución por la muerte de dos obreros de Acindar por la absoluta falta de seguridad. Desde 2009 hasta ahora, el nivel de muertes laborales en los cordones industriales de Santa Fe es uno de los más altos del país. La creación de estos comités mixtos se ha establecido bajo la absoluta irresponsabilidad del Estado provincial que, para su funcionamiento, pone «las oficinas» para que se discutan las controversias, pero permite un enorme grado de tercerización laboral, de trabajo precarizado y en negro. El 50% de las plantas de la UOM de Villa Constitución está tercerizada, lo mismo ocurre en San Lorenzo, el escenario en el que se produjo la muerte de nueve obreros del cordón en los últimos catorce meses. Los llamados delegados de prevención de los «comités mixtos» tienen dos problemas centrales. El primero y fundamental es que no tienen fueros gremiales. Las patronales se niegan a reconocer más delegados de los establecidos en la Ley de Asociaciones Profesionales. Las cámaras patronales se niegan a duplicar estos fueros (el proyecto de la CTA postula uno cada 50 trabajadores) y plantean que los mismos sean elegidos como parte de la representación sindical existente, en el 90% de los casos dirigida por la burocracia sindical. Adicionalmente, las cámaras patronales sostienen que las condiciones de trabajo tampoco deben ser discutidas en «fábrica», sino con los delegados paritarios de las direcciones de los gremios. Así, sin poder de veto de estos delegados de prevención -después de algunas «mejoras» de buena voluntad establecidas en las plantas-, ante una crisis por el incumplimiento patronal, la ley Binner le deja la última palabra a la «autoridad de aplicación», paralizando una acción concreta por la inseguridad y llevándola inevitablemente a que el gremio y sus cuerpos orgánicos decreten si es apoyada o no una acción de lucha. Lo que muestra los enormes límites de las propuestas centroizquierdistas en cuanto a la seguridad laboral. La llamada prevención de la que tanto se habla y que es el caballo de batalla del FAP y de sus proyectos -con la creación de comités de seguridad e higiene obrero-patronales- ha tenido su banco de prueba y su fracaso en Santa Fe, ya que nada ha cambiado sobre los ritmos de producción, sobre el salario a destajo en las cláusulas de presentismo, que hacen ir enfermo a trabajar a un obrero, ni sobre la nula inversión de las patronales -factores decisivos en los accidentes laborales. Una prueba de esta impotencia es que un proyecto similar ha sido aprobado en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, insospechada de izquierdismo o centroizquierda. La clase obrera enfrentará esta ley La clase obrera deberá enfrentará esta ley en sus propios lugares de trabajo quebrando dos cuestiones que son la madre del 80% de las enfermedades laborales: la flexibilización laboral y la falta de inversión. No hay que olvidar nunca que la mejor «ley» sobre enfermedades laborales en la historia argentina fue la paritaria y la huelga general de 1975. Allí, se impusieron las mejores condiciones en esos convenios laborales en la historia de la clase obrera argentina, la protección a la salud de la mujer, el reconocimiento de los certificados médicos de los trabajadores, las cláusulas gatillo frente a la inflación que no obligaba a las extras o a las changas afuera para sobrevivir. Además, se le impusieron a las patronales normas de seguridad que eliminaban miles de accidentes. Se controlaban los ritmos de producción, no se permitían presentismos negreros y había un cupo limitado de extras para que se tomaran más trabajadores. La batalla contra la nueva ley es un episodio de esta recuperación gremial que debe ser clasista y de lucha a muerte contra la burocracia sindical, corresponsable de la tercerización laboral y de la pérdidas de las conquistas en las condiciones de trabajo. Por paritarios elegidos en asamblea que exijan comisiones obreras elegidas con derecho a veto y a parar si no se cumplen las condiciones de seguridad. La clase obrera debe luchar contra esta ley con una sola consigna: la reparación integral a cargo de las patronales del daño ocasionado al trabajador.

Un informe oficial del Fondo Monetario acaba de señalar que la economía capitalista no superará las consecuencias de la actual crisis mundial hasta 2018. El pronóstico resume un punto de vista muy extendido entre los especialistas: asistimos a una bancarrota cuyas consecuencias y envergadura ha sido subestimada. De hecho, el planteo del FMI revela que, inclusive en la visión «oficial» de la época, la quiebra de la economía global se extendería por no menos de dos décadas. El lapso que supera los veinte años parece, a primera vista exagerado, porque duplica el de los análisis convencionales, incluidos los del propio FMI, que ubican el inicio del actual proceso poco más de cinco años atrás, con la falencia emblemática de los principales bancos de inversión norteamericanos, encabezados por el Lehman Brothers en 2008. Corresponde, sin embargo, situar el principio de lo que cada vez más se conoce como la Gran Depresión, una década antes, cuando el derrumbe de los llamados tigres asiáticos alcanzó rápidamente una dimensión global, seguido por el defol ruso de 1998, el desplome subsiguiente de Wall Street y la cesación de pagos de varios monopolios capitalistas yanquis, y el «contagio» a América Latina, del cual el punto más alto fue precisamente el colapso económico social en nuestro propio país, cuyo signo emblemático fue el Argentinazo de 2001. «Veinte años no es nada…” En la vasta literatura sobre la cuestión no se considera este análisis sobre la extensión de la crisis porque no tomaría en cuenta el hiato que quedó planteado a partir de 2002, cuando los datos relativos a la actividad económica capitalista mundial mostraron un repunte que se prolongó durante algunos años y que parecía cancelar la caída iniciada en el final de los años noventa. Pero aún en esa misma literatura se reconoce que el rebote global tuvo características muy poco sólidas y que reposó en un gigantesco mecanismo financiero de especulación. Fue, en consecuencia, lo que los franceses llaman una «fuite en avant», un expediente que simplemente postergaba un desastre mayor que el que se pretendía evitar recalentando el proceso económico sobre bases ficticias. En lugar de revertir la dirección en que tendía a despeñarse la economía, el pseudo «boom» económico de los primeros años de la década pasada creó las condiciones del estallido ulterior en los años 20072008, cuando reventó la mayor «burbuja» de la economía capitalista de todos los tiempos, según la denominara uno de los voceros tradicionales del gran capital (la revista inglesa The Economist ). El detonante del estallido del «burbujón» fue la elevación de la tasa de interés de la Reserva Federal (el sucedáneo del Banco Central en Estados Unidos) que, sobre el final de 2007 superaba en más de un 400% el bajísimo nivel al cual el costo del crédito había sido reducido en 2003, en la tentativa de superar el bajón de la economía que se arrastraba desde finales de los ’90. La suba de la tasa de interés para evitar la sobreproducción crediticia y de moneda (y, en consecuencia la desvalorización del dólar y la inflación) provocó una mora en cadena de los endeudados, particularmente en el hiperinflado mercado inmobiliario y fue el principio de la quiebra en cadena de los activos financieros «apalancados» en hipotecas que se tornaron incobrables. Así comenzó el derrumbe, que a partir de entonces, se extendería como mancha de aceite en la economía mundial. «…que febril la mirada» Como la Gran Depresión se extiende ya por una larga década y media, el «caso argentino», en el cambio de siglo, está definitivamente inscripto como anticipatorio de lo que sucedería más tarde en el plano de la economía global. Lo confirma la infinidad de apelaciones a la experiencia argentina cuando las economías capitalistas comenzaron a alinearse en una serie de derrumbes seriales, cuya secuencia está ahora en pleno desarrollo. Entre 1998 y 2002, Argentina atravesó la mayor crisis de su historia, un vertebral quebranto económico y social, que tuviera su punto más alto en el insurgente «Argentinazo», que tumbó al gobierno encabezado entonces por el tándem De la Rúa-Cavallo. Claro que ya a fines de los ’90 era obvio para el que lo quisiera ver, que lo que se producía en nuestras latitudes era la manifestación específica y aguda de un fenómeno más general que, por eso mismo, denominamos en un nota de la época como «argentinización» de la economía mundial, algo que se endilgó a una suerte de catastrofismo atávico que profesaríamos, sin comprender que el caso nativo sería una suerte de «excepción a la regla». Por eso, entonces, los supuestos abanderados del «anticatastrofismo», en el cual se atrincheraba la mayoría abrumadora de la izquierda, oponían a la desintegración de nuestra sociedad ejemplo de la «integración» de las economías capitalistas, cuya manifestación más evidente era la conversión de la Unión Europea en una suerte de entidad supranacional con una moneda común. Ahora, que el euro estalla haciendo estragos y que la Unión Europea se desmorona, vale la pena recordar el hilo de polémicas y controversias sobre la realidad convulsiva de la crisis mundial y su significado. Recordemos también que en el debut de esta Gran Depresión también se presentaba la desintegración hasta el hueso de la economía argentina como supuesta excepcionalidad frente a la reconstitución del mercado mundial en escala ampliada, indicando inclusive una nueva era histórica. Una nueva época que habría quedado abierta con la restauración capitalista en la antigua Unión Soviética y en China, y que, por eso mismo, planteaba la integración en un plano superior de una economía «global», de una economía capitalista mundializada que postergaba «sine die» cualquier ilusión de una transformación revolucionaria. Algo que, por fin, limitaba la agenda «progresista» a la propuesta de alternativas en el cuadro insuperable del capital; no alternativas al capitalismo (que fueron remitidas al limbo de una utopía moral), sino supuestas alternativas del propio capitalismo. Es con este programa, supuestamente realista, que la izquierda latinoamericana se preparó para acceder al poder en el umbral del nuevo siglo. En esta pretendida «integración» en un plano superior del capital, que quedaba habilitada por el desmoronamiento de los viejos Estados de «economía centralmente planificada», aparecía el supuesto circuito virtuoso de la reconvertida economía china y del «hegemón» norteamericano, mediante la cual el superávit comercial de la potencia «emergente» financiaba el monstruoso déficit yanqui (comprando títulos del Tesoro norteamericano y acumulando reservas en moneda estadounidense) y expandía el comercio mundial, una también supuesta evidencia del dinamismo de las renovadas fuerzas productivas del capital. El signo de la historia Lo cierto es que el financiamiento «chino», asegurando la convertibilidad del dólar (que de otra manera quedaba sujeto a una inevitable devaluación), fue la fuente del ya mencionado ciclo especulativo sin precedentes en el pasado y que acabó, como no podía ser de otra manera, con el estallido brutal un lustro atrás. La Gran Depresión, considerada de conjunto, es la expresión terminal de la dificultad del capital para alimentar negocios «productivos» en un mundo saturado de capital (sobreproducción). El «acople» Estados Unidos-China fracasó como intento de darle una salida original que abortara el desbarranque. Fue el fracaso de la tentativa que intentó mitigar los males del desarrollo capitalista, exacerbado en las metrópolis mediante una combinación que reproducía un mecanismo primitivo de formación originaria del capital, hundiendo en la barbarie a una enorme masa campesina, desplazándola como tropa superexplotada a las ciudades, en las cuales el capital extranjero hacía su agosto con trabajadores en condiciones de semi-esclavitud. Un nuevo proletariado chino se formó así en las condiciones bárbaras propias del pasado, asegurando una competencia degradante para las conquistas del proletariado en los países más desarrollados. Pero, en lugar de abrir una nueva época para el capital, mostró los límites irreversibles de una civilización capitalista en descomposición. En su momento no se quiso ver, sin embargo, el horizonte catastrófico que incubaba la mentada «globalización» capitalista abierta con la restauración. El telón de fondo de toda la confusión prevaleciente sobre el estado de la economía capitalista de fin de siglo no era otro que el de la liquidación definitiva de la muy larga historia de degeneración de los viejos Estados obreros, bajo el mando de una burocracia que pavimentó el camino hacia la restauración lisa y llana. Al revés, entre la izquierda radical e inclusive entre las corrientes que se reclamaban trotskistas, el ascenso de Gorbachov en la URSS en los ochenta, la llamada «perestroika» y la «glasnost» fueron presentados como un avance hacia una conjunción superior de socialismo y libertad; no como anticipo de una restauración en regla. La izquierda mundial sucumbió en esta experiencia, cuya expresión definitiva fue la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética. No entendió el significado de la deriva contrarrevolucionaria del estalinismo. Buena parte de esa misma izquierda y del llamado «progresismo» supuso, además, que el fracaso de la URSS inoculaba una savia revitalizadora al capital y a la democracia capitalista. El socialismo debía quedar entonces reducido a una utopía y la vigencia de la revolución social postergada para una indefinible etapa ulterior de la historia. Quedará para el registro de esa misma historia que, entonces, aún antes del comienzo de esta Gran Depresión, un puñado de organizaciones de la izquierda revolucionaria propugnaron «contra la corriente», desmitificar la ilusión de un cambio de signo de la época contemporánea y plantearon que, por el contrario, la vigencia histórica de la revolución socialista no había sido revertida, que la decadencia del capital era una tendencia irreversible y que condicionaba, con sus enormes contradicciones, las vicisitudes del proceso de restauración capitalista en curso. Nos referimos a las organizaciones que, junto al Partido Obrero, proclamaron la necesidad de refundar sobre este principio básico los fundamentos de una internacional obrera y revolucionaria (la IV Internacional). En síntesis, la enorme victoria para el capital, que supuso la posibilidad de penetrar los viejos Estados en los cuales había sido confiscado, no pudo sobreponerse a la tendencia a la descomposición capitalista. Por eso, la Gran Depresión acabó por estallar poco después de que supuestamente el capital proclamara algo así como su triunfo en una batalla final. Es el signo específico del lugar histórico que caracteriza a la presente crisis. Grandes depresiones y agotamiento capitalista No está mal que se denomine a la actual la Gran Depresión, que es como también se conoce en la historiografía a la primera gran crisis capitalista «global», que se produjo en el final del siglo XIX y se extendió por más de dos décadas, a partir de 1873. Permite, además, una metáfora pedagógica. A aquella Gran Depresión, el capital no le encontró otra salida que la que correspondió a una conquista brutal del mundo colonial (en pocos años, los territorios del planeta quedaron bajo el dominio de un puñado de potencias que podían contarse con los dedos de una mano) y, cuando esta repartija culminó, el broche de oro fue una carnicería universal, la Primera Guerra Mundial, que inauguró la matanza en masa en la retaguardia, es decir de la población civil, gracias a la novedosa aplicación de la aviación y sus bombas letales. Más tarde, la Segunda Gran Depresión -la de 1929- tuvo su salida en la todavía más letal y masiva carnicería de una nueva guerra mundial. No se trata, por lo tanto, de ver si el capital encuentra una salida a sus propias catástrofes «económicas», sino de considerar las catástrofes civilizatorias necesarias para superar aquéllas, creando siempre una suerte de espiral en virtud de la cual el capital busca superar sus obstáculos, creando las condiciones para nuevos obstáculos que traducen sus límites históricamente insuperables. En todas estas recuperaciones, el Producto Bruto creció, lo que algunos economistas -inclusive de izquierda- consideran como prueba irrefutable que el capitalismo no ha culminado aún de desarrollar fuerzas productivas, un hecho que convertiría la empresa de pretender liquidarlo en una mera quimera. Pero ninguna medida de crecimiento de la producción puede sustituir el análisis de los antagonismos económicos y sociales sobre los cuales reposa y se procesa. Por eso, los revolucionarios de cien años atrás, cuando el Producto Bruto crecía bajo el látigo de la guerra y el militarismo mundial, se comprometieron en la tarea de oponer el socialismo o la barbarie, considerando que la descomposición capitalista transformaba las fuerzas productivas en fuerzas destructivas (el concepto original es de Carlos Marx). Las grandes depresiones de fines de siglo XIX y la de finales de la tercera década del siglo siguiente marcaron un desplazamiento del centro de gravedad de la economía capitalista que, en cada etapa histórica tuvo un liderazgo propio. En su etapa original, sobre el final de la Edad Media, fueron los Países Bajos quienes encarnaron ese liderazgo que luego, con el capital marchando sobre sus propios pies, se trasladó a Inglaterra, la cuna de la revolución industrial. Cuando los límites de la civilización capitalista dieron paso a la depredación humana y ambiental de la época de las grandes depresiones, el viejo territorio de la civilización capitalista se consumió en la barbarie de la guerra y la cabeza del orden capitalista se trasladó al norte del nuevo continente. Estados Unidos se transformó así en la principal potencia no ya de la «Era de la Revolución» ni de la «Era del Capital», sino de la «Era del Imperialismo», utilizando como metáfora la trilogía con la cual el recientemente fallecido, Eric Hobsbawn, trazó la historia del capitalismo y, por supuesto, aludiendo a la época de su definitivo agotamiento histórico. ¿Y ahora? La pretensión de moda de que asistimos ahora a un nuevo desplazamiento del centro hegemónico del capital, esta vez hacia el continente asiático, no considera el hecho de que, si aún de un modo unilateral es una hipótesis que podría ser considerada, omite lo fundamental. Porque semejante posibilidad no podría concretarse sino mediante el desarrollo de las contradicciones del propio capital; esto es, mediante una exacerbación de la propia crisis. Un crisis que ya hace tiempo combina los términos propios del caos creciente de la economía con la hecatombe de regímenes políticos, cataclismos sociales, resistencia de masas e insurgencia revolucionaria, que es lo que hoy domina la «cuenca mediterránea», cuando se considera el proceso de la revolución árabe, de un lado, y los levantamientos, huelgas y manifestaciones que se extienden en la parte sur del continente europeo desde Portugal a Grecia, pasando naturalmente por España e Italia. Es un cuadro del cual, de ninguna manera, debería excluirse la variante de una guerra abierta, sea en la dimensión más próxima de un estallido en el Medio Oriente, sea en la dimensión menos visible de un enfrentamiento entre las grandes potencias en torno de disputar las condiciones de su lugar en la eventual salida del derrumbe actual. Finalmente, también en el pasado, las dos guerras mundiales irrumpieron cuando el mundo «civilizado» estimaba como absolutamente improbable un conflicto bélico, que pusiera en acción un potencial destructivo sin ningún tipo de antecedentes en el pasado. Si apelar al «sentido común» tiene algún sentido, recordemos que en el caso de la Segunda Guerra Mundial, el choque entre las potencias capitalistas fue tan brutal que en lugar de mancomunarse para terminar con la expropiación del capital en el vasto territorio de la ex URSS, acabaron por desangrarse en la infamia bélica que se cargó con sesenta millones de almas en unos pocos años. En la actualidad están presentes los elementos para un nuevo episodio sísmico de la crisis mundial. Su estallido fue apenas postergado a mitad del presente año, cuando la situación griega mantuvo en vilo al mundo capitalista, luego de que las elecciones de mayo casi consagraran el triunfo de un partido de centroizquierda que pregonaba el desconocimiento del «memorándum» que la «troika» (Unión Europea, Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional) había pactado con el gobierno griego para arrasar con las condiciones de vida la población, en nombre del rescate de la desquiciada economía capitalista griega. De un modo muy concreto, la cúpula del capital discutió qué «medidas desesperadas» podían dar respuesta a una «situación desesperada», según las palabras de un artículo de entonces, del más reconocido diario del capital financiero mundial ( Financial Times ). La negación del capital De hecho, algunas de tales «medidas desesperadas» fueron ensayadas ya en el pasado reciente. El capitalismo yanqui, por ejemplo, apeló a la emisión monetaria y al endeudamiento en proporciones homéricas y a la semiestatización de hecho de algunas corporaciones para evitar el hundimiento del capital financiero (bancario e industrial) en estado liso y llano de colapso. De tal manera que en la primera potencia del mundo hemos asistido a una suerte de negación del capital privado como recurso último para salvar al capital privado: las más grandes corporaciones emblemáticas del capitalismo norteamericano, si consideramos a las automotrices por un lado y a los bancos más poderosos del otro, sólo se mantuvieron en pie por la vía de subsidios y transferencias de fondos extraordinarios por parte del gobierno, a costa, por supuesto, de la finanza pública -es decir, de una exacción a la población trabajadora y de una hipoteca descomunal sobre su futuro. En estas condiciones, Estados Unidos exhibe ahora los registros propios de una economía que los manuales convencionales adscribirían a países periféricos: una deuda descontrolada, un intervencionismo oficial desbordado, un déficit público enorme. El resultado negativo de las cuentas públicas es hoy equivalente al 9% del Producto Bruto Interno y se ha duplicado en los últimos tres años. La deuda pública equivale al 100% de ese mismo PBI y subió 50% en los últimos cuatro años. Estamos en presencia de una suerte de «capitalismo de Estado», según admitiera uno de los órganos históricos del «neoliberalismo», al cual se ha debido apelar para tratar de contener el colapso general. Lo más importante, sin embargo, es que, a pesar del carácter excepcional de todas las disposiciones adoptadas para intentar poner un límite a la caída, los resultados han sido completamente precarios. En la actualidad, la inversión en activos fijos de largo plazo es la más baja en los últimos 80 años, el desempleo supera la tasa del 11%, los trabajadores en la industria manufacturera son el 30% menos que en 2007. Lo que se ha producido es una acentuación enorme de la superexplotación del trabajo y, por lo tanto, un incremento de la plusvalía absoluta que denota el carácter parasitario de todo el proceso. Más importante todavía: los desequilibrios económicos y sociales han alcanzado un extremo desconocido en la historia. Entre 1979 y 2007, el 1% de la población cuadruplicó sus ingresos; el 25% de la base de la pirámide subió apenas 40%. Los analistas hablan de «dos sociedades» al referirse a esta polarización. En el pasado, el término «Belindia» se utilizaba para caracterizar economías como las de Brasil, cuyo desarrollo desigual combinaba en un solo territorio la realidad de una pequeña Bélgica desarrollada y de una inmensa India atrasada. Estados Unidos es ahora Belindia: casi 50 millones de norteamericanos comen con «cupones» de alimentación que distribuye el gobierno. Es el «capitalismo de Estado» de un capitalismo en descomposición, una «economía vudú», según la expresión del economista Joseph Stiglitz: los bancos quebrados han pasado parte de sus activos incobrables al Estado, que ha emitido títulos que compran esos mismos bancos… para financiar una deuda pública que se encuentra en el límite del default. De forma tal que el capital financiero se rescata a costa de una finanza pública que es «rescatada» con la compra de su deuda por los bancos en situación de bancarrota. Se trata de una bomba de tiempo condenada a estallar. Y estamos hablando de la mayor economía capitalista de todos los tiempos. El abismo y el borde No por casualidad domina ahora el debate económico la cuestión del «precipicio fiscal» en Estados Unidos. Un ala del imperialismo niega que deuda y déficit constituyan un problema serio; no es una novedad y en su momento, en el pasado, pudo ser superado, como afirmó Paul Krugman en numerosos artículos recientes. El economista aludió, como ejemplo, a lo sucedido en la mitad del siglo pasado cuando, luego del New Deal y de las exigencias de la economía de guerra, las finanzas públicas pudieron licuar su enorme pasivo. Pero, entonces, Estados Unidos había quedado en una posición extraordinariamente dominante en el mercado mundial y ahora lo que está presente es la enorme erosión de esa posición en la economía global. La brutal preponderancia de los yanquis en el universo capitalista permitió entonces, en la postguerra, compatibilizar durante un cierto tiempo la conversión de la moneda norteamericana en dinero mundial (Bretton Woods; abandono del patrón oro), planteando una contradicción que nunca dejó de manifestarse críticamente en el período subsiguiente. Sucede que la inundación de dólares que fluyó al planeta entero implicaba una devaluación potencial o un vaciamiento de las reservas en oro yanquis, que perturbaría, temprano o tarde, todo el equilibrio del comercio mundial y las propias posiciones conquistadas en ese mercado por la burguesía norteamericana. Es precisamente lo que estalló con la declaración de la inconvertibilidad del dólar, cuatro décadas atrás y que numerosos especialistas toman como referencia de la larguísima inestabilidad y decadencia de la economía capitalista como un todo, que se arrastra, desde entonces, como tendencia secular y que remata en la hecatombe presente. Ahora mismo, la resolución del «precipicio fiscal», que supondría una aumento de las tasas de interés y un «ajuste» recesivo, implicaría también una revaluación del dólar que debilitaría las posiciones de la industria americana en el mercado mundial, afectando su «competitividad». A diferencia de la situación de la posguerra, la posición acreedora de Estados Unidos se ha transformado en su opuesto, con una gigantesca deuda con el resto del mundo, que requeriría ser licuada por una devaluación, no por una revaluación. El equilibrio interno de la economía yanqui ha entrado en violenta contradicción con las necesidades de su devaluado papel como gendarme mundial. Dos años atrás, la irrupción de una «guerra monetaria» puso de relieve lo que sería el punto culminante de la actual crisis con un eventual dislocamiento del mercado mundial en un juego de maniobras explosivas del capital especulativo, en el marco de «devaluaciones competitivas» y de agravamiento al extremo de las rivalidades de las diversas economías capitalistas. Unión Europea… En este contexto es que toma su verdadera dimensión la liquidación definitiva de ese cadáver político y económico que se llama Unión Europea (UE), el eslabón más débil en la cadena de la actual crisis mundial. ¿Por qué? Porque a lo largo de todo el siglo XX Europa fue rescatada del pozo por la potencia económica de los Estados Unidos, que en el siglo que pasó asumió el liderazgo del capitalismo mundial, desplazando al viejo y decadente imperio inglés. La política, se ha dicho siempre, es «economía concentrada» y, por eso mismo, es en la dimensión política propiamente dicha en donde importa registrar el alcance de la actual desintegración de la Unión Europea. En definitiva, la Unión fue siempre una construcción política para enfrentar las tendencias a la revolución social. En su punto de partida para encarar la reconstrucción del viejo continente, devastado por la guerra y por la amenaza disolvente de resurgimiento de un vigoroso movimiento obrero que amenazara la imprescindible reconstrucción capitalista. Más tarde, para encuadrar las disputas en un cuadro de colaboración que conciliara los intereses contradictorios de las potencias capitalistas y las amenazas de un resurgimiento revolucionario en el período marcado por la huelga general francesa, la primavera de Praga, la derrota del imperialismo en Vietnam y la revolución portuguesa, entre los finales de los años sesenta y comienzos de los setenta. Finalmente, la UE se articuló como instrumento de colonización del Este europeo y de salida a un impasse más general del capital continental, sumido en lo que se conoció como «euroesclerosis» y, por sobre todas las cosas, como mecanismo para financiar la unificación capitalista de Alemania, evitando una devaluación del marco y una eventual inflación explosiva. Este fue el propósito de la «convertibilidad» de las monedas europeas, que confluyeron posteriormente en el «euro», a partir de los años ’90 del siglo pasado. La Unión Europea nunca constituyó una superación de las fronteras nacionales, sino, más bien, una entente contradictoria de rescate de los estados nacionales que concluye ahora en un completo dislocamiento que establece una reversión del proceso abierto con la desintegración de Europa Oriental y la antigua URSS. La desintegración de la Unión Europea, cuyo desarrollo tiene manifestaciones innegables en el campo monetario, financiero y político, plantea la alternativa de su disolución o, dialécticamente, su conversión en un régimen de protectorados bajo la dirección de una potencia dominante o bajo la asociación desigual de un par de ellas. La primera alternativa desencadenará situaciones revolucionarias y revoluciones sociales; la segunda solamente podrá imponerse en el caso de una derrota histórica del proletariado por parte del capital mundial. Este recorrido contradictorio de la etapa en curso implicará crisis políticas e internacionales enormes y, por otro lado, una tendencia imparable de luchas y sublevaciones populares. De esta manera queda planteado un contrapunto histórico con la etapa iniciada por disolución de la Unión Soviética y la restauración (transicional) del capitalismo en China. La bancarrota capitalista mundial es la categoría central del desarrollo histórico presente. …Big Bang La más reciente tentativa de doblegar al gobierno alemán para que habilitara un salvataje del Banco Central Europeo para evitar la cesación de pagos de las economías más afectadas por la bancarrota, terminó en un impasse. Luego de que meses atrás se celebrara haber vencido la resistencia de la teutona Merkel al respecto, la «condicionalidad» de los eventuales rescates del BCE a nuevos planes de ajuste, a un cronograma indefinido y a supervisiones extranacionales dejó todo como estaba. La parálisis revela contradicciones insuperables: la propia burguesía alemana se divide en torno de la cuestión. El empantanamiento se revela en reciente estudio que estableció que la bancarrota griega le costaría al capital financiero alemán unos 82.000 millones de euros si Grecia se retira de la eurozona y, más todavía -casi 90.000 millones-, si Grecia… se mantiene como miembro de la misma. Esto último explica por qué una parte del capital financiero alemán apuesta a que una ruptura de la eurozona e «in extremis» el retorno del propio marco. Su revaluación tendría como contrapartida una desvalorización de las viejas deuda en euros. Por la misma razón otra parte de la burguesía estima que esa misma revaluación de la moneda alemana (o del euro en caso de un retorno a las monedas nacionales en la periferia de la Unión Europea) hundiría las exportaciones alemanas, el motor del crecimiento económico en el último período, al mismo tiempo que hundiría toda la precaria estructura del comercio mundial. En el ínterin, la depresión económica en el continente ha alcanzado a la economía de Alemania tanto porque los acreedores de la quiebra financiera continental han visto afectados ya la cotización de sus propios activos, como por el hecho de que la locomotora de las exportaciones tiende a estancarse. De conjunto, los organizamos oficiales de la UE han hecho público que se ha acentuado el estancamiento económico de la «eurozona» como un todo. El derrumbe industrial es calamitoso. El próximo episodio será el derrumbe de la zona euro, eventualmente detonado por la largamente postergada declaración del default griego, en una fila en la cual sigue inmediatamente España. El cuento chino El proceso de disolución de la Unión Europea deja planteado, una vez más, el interrogante-problema que en este mismo artículo ha sido señalado más arriba: el de la emergencia de un nuevo ciclo capitalista que reposaría en el liderazgo de China. Ya señalamos que la ilusión de una transición pacífica, en este sentido, debía ser descartada y, que en el pasado, el pasaje de la hegemonía de una potencia a otra fue inseparable de episodios catastróficos, crisis, guerras y revoluciones. Pero esto nos mantiene aún en un nivel de análisis muy general. En un plano más concreto, las analogías históricas deben aún ser precisadas. En primer lugar, Estados Unidos desplazó a Inglaterra una vez alcanzado el status de una potencia industrial única, habiendo coronado su desarrollo capitalista «sui generis», es decir, que pudo sortear, dada su historia particular, el parto de la llamada «acumulación primitiva», por medio del cual el capitalismo original de carne y hueso, el europeo, tuvo que abrirse paso frente a la herencia consagrada de la vieja sociedad en un larguísimo medioevo. La peculiaridad del desarrollo yanqui – luego de la guerra civil en la segunda mitad del siglo XIX, que algunos historiadores consideran el punto final de tres siglos de revolución burguesa- dio lugar a una colonización capitalista del inmenso territorio norteamericano «a la americana» sin el peso de lidiar con una aristocracia terrateniente, lo que fue la base de un poderoso desarrollo del mercado interno. La posición de China es sustancialmente distinta y el contexto histórico del capital absolutamente diferente. El 70% de la «industria china» es un gigantesco enclave de exportación en manos de propietarios extranjeros. Este desarrollo -a diferencia del que correspondió al capitalismo americano, que se basó en salarios altos que estimularon un aumento de la productividad del trabajo (plusvalía relativa del capital)- tuvo como fundamento una superexplotación descomunal del nuevo proletariado y el trabajo semiesclavo en masa, un recurso que tiende a agotarse como consecuencia del propio crecimiento y resistencia de la nueva clase obrera. En contrapartida, el fenomenal «ahorro» de los chinos fue centralizado por la burocracia en un desarrollo anárquico de infraestructura (carreteras, aeropuertos, obra pública) y una expansión inmobiliaria que ha creado una «burbuja» semejante a la que reventó en 2007/2008 en los países capitalistas desarrollados. En los manuales convencionales de economía se muestra cómo países atrasados pueden eventualmente tener un crecimiento exponencial de su economía cuando parten de un primitivismo productivo propio del precapitalismo, hasta alcanzar lo que denominan la «trampa del ingreso medio» que normalmente identifican, que con el registro de un promedio de 5.000/7.000 dólares por habitante (como máximo un 20% del que se contabiliza en los países capitalista desarrollados). China se encuentra actualmente en ese mismo umbral. Los informes de los analistas económicos ilustran ahora el horizonte de desaceleración «estructural» que evidencia la economía china. Economía y política… china Mientras el capitalismo en su origen y el imperialismo en su «fase superior» se constituyeron estrujando las posibilidades de un mercado mundial precapitalista, el «capitalismo» chino se encuentra frente a un planeta dominado por el capital que ha cumplido lo que Marx llamaba su «misión histórica», que no era otra cosa que la constitución de ese mercado mundial capitalista. Estados Unidos se transformó en imperialista a partir de una posición deudora y desfalcando a su vieja potencia colonial. China acumula acreencias parasitarias que se acercan ahora a la friolera de cuatro trillones de dólares, que no puede transformar en capital actuante, y cuyo vuelco al mercado hundiría a la moneda y a la economía norteamericana y mundial como un todo. En lugar de cohesionar al régimen político único, al que ha dado lugar el proceso histórico que siguió a la revolución, las tasas «chinas» del portentoso crecimiento de su economía lo han llevado a una situación explosiva. Un nota en el Wall Street Journal de mediados de 2012 revelaba la precariedad en que reposaba la arquitectura política china al contabilizar los miles de millones de dólares que la cúpula dirigente acumulaba en el exterior, lo que con toda razón interpretaba como un índice de la «desconfianza» en su propio futuro, que sólo podría remediarse con su pasaje a la condición de «propietarios» privados, que no habían alcanzado. Este «pasaje» no es otra cosa que una promesa de completa desintegración: en el caso de la Unión Soviética dio lugar a una destrucción de fuerzas productivas comparable al de una guerra y a una atomización de la administración gubernamental, y a una pugna de camarillas y mafias que sólo encontró una precaria estabilización luego de varios años, mediante la entronización de un Bonaparte que hizo escuela en la vieja KGB. Mientras los expertos especulan sobre el futuro, eluden elaborar los materiales del pasado reciente y no tan reciente sobre el largo proceso de degeneración de las principales revoluciones del siglo XX. Los antagonismos sociales que explotan en China -supuestamente llamada a tomar una revancha histórica (fue la civilización más desarrollada hasta el medioevo) para inaugurar una nueva era capitalista- son simplemente descomunales. Un reciente informe sobre el punto ponía de relieve que deben contabilizares en centenares los conflictos, movilizaciones, huelgas que recorren la extensa geografía china… por día (sí centenares por día). Redundemos: la explosión política y social latente en China es una categoría central de la bancarrota mundial que es la categoría central de la crisis histórica presente. Economía y política… mundo En esta Gran Depresión, el elemento más novedoso está determinado por el hecho de que las crisis políticas se han transformado en un factor determinante de la crisis mundial. Las estructuras de poder enfrentan una creciente inadecuación frente a la insurgencia de las masas y las divisiones de la propia burguesía. La crisis ha dado paso a una dislocación de las formas de dominación del capital en el plano nacional e internacional. Esto se expresa en el derrumbe serial de los más diversos regímenes políticos, que tiene su epicentro en el sur del continente europeo y en la rebelión generalizada que domina la situación en los países árabes, y que se extiende a diversas latitudes (un tema que excluimos del análisis en este texto). A modo de conclusión provisoria, vale la pena reiterar la conclusión del texto que publicáramos en el número anterior de En defensa del Marxismo . «La crisis política mundial no es la suma de las crisis nacionales, que podrían resolverse en cómodas cuotas, mediante un lento y pacífico proceso de soluciones sectoriales. Con todas sus diferencias y especificidades, ella expresa la crisis capitalista mundial, una crisis sistémica, social, política. La salida a la crisis de la humanidad depende del síndico que preside la quiebra del capitalismo. Si el síndico de la quiebra son los gobiernos del capital, el desenlace lo pagarán los trabajadores, mientras los explotadores se arrancarán los ojos por los despojos, por medio de agresiones políticas y de guerras. El síndico de la quiebra tienen que ser los trabajadores, en cuyo caso se procederá a la confiscación de los grandes acreedores y de los accionistas, y los trabajadores ganarán en trabajo libre y bienestar. La puesta en marcha de la quiebra capitalista ya desató una cadena de explosión de contradicciones y crisis nacionales, crisis sociales y políticas. A cinco años de iniciada la bancarrota capitalista mundial, el desafío de desarrollar una estrategia de poder independiente de las masas frente al derrumbe capitalista está más vigente que nunca. La crisis mundial tiende a poner en la agenda política la construcción de un partido revolucionario internacional, o sea, la lucha por la refundación inmediata de la IV Internacional» ( Resolución Internacional del Congreso del Partido Obrero – julio de 2012 ).

La Coordinadora por la Refundación de la Cuarta Internacional (CRCI) condena y se opone resueltamente a la inminente agresión liderada por el imperialismo estadounidense contra Siria y su pueblo. Llamamos a la clase obrera, los campesinos pobres, la juventud y los pueblos oprimidos de la región y a nivel internacional a movilizarse contra este nuevo crimen en contra de los pueblos árabes y contra la humanidad; a contrarrestar y vencer al imperialismo y sus planes. La guerra permanente y la devastación de pueblos enteros -país tras país- son la manifestación de una crisis económica sin precedentes y sin un final previsible, que ha sumergido al capitalismo mundial en su decadencia histórica desde hace ya seis años. Al mismo tiempo, la crisis manifiesta el callejón sin salida político y estratégico que enfrentan las clases gobernantes y las fuerzas imperialistas, debido a las movilizaciones de millones de personas que luchan contra el impacto catastrófico de las medidas de canibalismo social tomadas tanto en los centros metropolitanos como en la periferia del mundo capitalista por los gobiernos capitalistas, el FMI, la Unión Europea, los Estados Unidos y sus sirvientes para hacerle pagar a las masas la crisis del capitalismo. La revolución árabe -que comenzó con el derrocamiento de los tiranos Ben Ali y Mubarak en 2011, a pesar de todos los reveses y contratiempos- es todavía la mayor amenaza para el dominio capitalista, el sionismo y todos los regímenes corruptos del Medio Oriente. El imperialismo ha tratado -y todavía está tratando- desesperadamente de restaurar su orden por todos los medios -la intervención militar en Libia, maniobras electorales, jugando la carta islamista, ya sea con la Hermandad Musulmana como con los Salafistas, Al Nusra1 y el propio Al Qaeda, con el lanzamiento de bárbaras represiones estatales por los tiranos locales, golpes de Estado contrarrevolucionarios como en Egipto, y guerras tercerizadas mediante el uso de mercenarios, tomando de rehenes a los movimientos de masas. A pesar de los golpes que las masas populares y la revolución han sufrido hasta el momento, el imperialismo y los regímenes reaccionarios locales fallaron en restablecer su control en una región volcánica, a las puertas de una Europa convulsionada que se ha convertido en un centro de la crisis mundial. Los planes de guerra imperialistas del gobierno de Obama, apoyados abiertamente por el primer ministro británico Cameron, por el presidente social-demócrata Hollande en Francia y por otros gobiernos y regímenes en la región, incluyendo los gobiernos de Italia, Grecia y Turquía, tienen como origen esta crisis insoluble y, a su vez, la alimentan. El voto negativo en el parlamento británico y las divisiones dentro de los cuerpos gobernantes de los propios Estados Unidos reflejan la profundidad de las divisiones dentro de la clase capitalista y de sus cuerpos de gobierno e instituciones políticas. Ningún velo de mentiras e hipocresía puede esconder la barbarie «humanista» de los agresores. Diez años después de que el secretario de Estado estadounidense Colin Powell clavara su mirada en el mundo y mintiera acerca de las armas de destrucción masiva en Irak para justificar la guerra en ese país, el imperialismo nuevamente ha tomado una todavía más que dudosa oportunidad para emprender una guerra contra Siria. Incluso los agentes del imperialismo estadounidense no pueden suministrar la mínima razón por la cual Bashar Al Assad hubiera escogido el uso de armas químicas en este preciso momento, cuando tiene ventajas contra la oposición en el terreno militar, cuando se está preparando la cumbre Ginebra II y cuando los expertos de la ONU acaban de llegar al país para investigar el uso de armas químicas. En la década de 1980, los Estados Unidos aprobaron el uso de armas químicas por parte de Saddam, primero contra los iraníes en su guerra contra ese país y luego contra el pueblo kurdo. Luego, en 1988-89, los Estados Unidos incluso apoyaron al ejército iraquí en operaciones químicas a través de la provisión de inteligencia táctica, como se ha hecho evidente hace algunos días en base a documentos desclasificados de la CIA. ¡Ese mismo gobierno de los Estados Unidos afirma ahora, de manera hipócrita, que intervendría por razones humanitarias para defender a las masas sirias de las armas químicas! Los verdaderos motivos detrás de la inminente agresión imperialista contra Siria son dos. Por un lado, intentan un restablecimiento, luego de las debacles de Irak y de Afganistán, de la política imperialista para controlar desesperadamente los recursos de petróleo y gas natural desde el Golfo Pérsico y a lo largo de Asia Central, a fin de contener el ascenso de China y de Rusia. Por el otro lado, es una guerra táctica en el objetivo estratégico de aplastar la amenaza que representa Irán para el Israel sionista. Siria -junto con Hezbollah en el Líbano e Irak cada vez más dominado por Shia2- es el mayor aliado de Irán en la región. Por esta razón, los imperialistas están tratando de derribar al régimen del partido Baath en Siria, con Israel esperando entre bambalinas. Las fuerzas reaccionarias locales en el Medio Oriente también tienen su propia agenda. Arabia Saudita -el centro de la reacción en el mundo árabe con su propia rama del más esclerótico fundamentalismo suní-, el wahabismo y Qatar -patrocinador del pan-árabe Hermandad Musulmana- son los faros de la lucha contra Irán. Es por ello que adoptan el rol de defensores del islam sunita contra las supuestas masacres del shiísmo en el Medio Oriente, provocando conflictos sectarios en todos los lugares posibles. El gobierno de Erdogan en Turquía se ha convertido en el ejecutor de esta política urdida en esos centros de reacción. Son estos tres países (Turquía, Arabia Sauditas y Qatar) los beneficiados por el levantamiento de los desposeídos de Siria que comenzó en marzo de 2011, para lanzar su guerra reaccionaria, pro-imperialista y sectaria en ese país. El gobierno de Erdogan tiene el objetivo adicional de utilizar la guerra en ciernes para sofocar la región autónoma kurda formada en el norte de Siria en julio de 2012, una región ahora llamada Rojava («Oeste», ya que ésta es la parte oeste de Kurdistán, un país sin Estado, dividido y oprimido por Turquía, Irán, Irak y Siria). Turquía está impaciente por iniciar la guerra contra Siria, con dos objetivos: destruir a Rojava y llevar al poder a la Hermandad Musulmana, de forma tal de crear un Estado clientelar en su vecino del sur. Citar razones humanitarias para esta intervención imperialista es ridículo. La guerra en Irak, impulsada por motivos totalmente inventados, llevó a más de un millón de víctimas, dejando el legado de una guerra sectaria encubierta. Es probable que la guerra en Siria, ya sea de forma inmediata o dentro de un tiempo, se extienda como el fuego sobre todo Medio Oriente (y más allá) con una amenaza potencial de masacres sectarias de civiles en los distintos países. La CRCI se opone totalmente al lanzamiento de una guerra imperialista en Siria. Hemos apoyado el levantamiento de los pobres y desposeídos de Siria y estaremos del lado de la revolución contra el régimen de Al Assad también en el futuro. Pero la guerra que ahora se está preparando no tiene nada en común con los objetivos progresivos ni con las fuerzas de esa insurrección. La CRCI está del lado de Siria y su pueblo, y hará lo que sea posible para que sean vencidos el imperialismo y el sionismo, así como los Estados reaccionarios de la región que se alían con esas fuerzas. ¡No a la guerra en Siria! ¡Fuera el imperialismo del Medio Oriente! ¡Basta de destruir el Medio Oriente para beneficio del Israel sionista! ¡Por los derechos del pueblo palestino! ¡Libertad a Rojava y autodeterminación para Kurdistán! ¡Cese de los preparativos para la guerra sectaria suni-shía en el Medio Oriente! ¡Por la Federación Socialista de Medio Oriente y Norte de África! Referencias 1. Al Nusra es una organización de inspiración sunita, de las más importantes dentro de las filas de la oposición a Al Assad. Algunos sostienen que tiene vínculos con Al Qaeda. 2. Shía, rama del islam más conocida como chiísmo.

En la prensa internacional especializada se ha hecho un uso extendido de la caracterización del golpe militar en Egipto, como «bonapartista”. Toma curso así una tradición teórica muy larga, que ha convertido al ‘bonapartismo’ en una categoría vaciada de contenido. Desde el ‘modelo’ clásico, que lleva el nombre del primer Napoleón, el bonapartismo necesitó de definiciones más precisas, ligadas a la época histórica que vuelve a alumbrar este fenómeno, e incluso a las peculiaridades nacionales. León Trotsky dio muestras geniales en este oficio, cuando abordó los fenómenos bonapartistas en Asia, con la emergencia del chino Chiag Kai Shek o los que anticiparon, en Europa, el ascenso del fascismo, o aquéllos que inauguró el mexicano Lázaro Cárdenas, a finales de los años 40 del siglo pasado, en América Latina. En este último caso, Trotsky analizó la tendencia histórica al bonapartismo en los países en que la burguesía nativa se ve condicionada por la presión del imperialismo, de un lado, y de la clase obrera, del otro. Los gobiernos de turno se ven forzados a adoptar una condición bonapartista peculiar, según se recuesten en uno de los contrincantes contra el otro, incluso en forma alternativa. En la Argentina corriente, el gobierno kirchnerista coqueteó con una tendencia al bonapartismo, que acabó tomando forma bajo el gobierno de CFK, cuando la experiencia kirchnerista ingresaba en su ocaso (bonapartismo tardío). Particularidades egipcias Lo que distingue al Egipto contemporáneo es la etapa revolucionaria que inauguró la rebelión popular de enero-febrero de 2011. El inicio de la revolución egipcia fue el fenómeno político-popular más destacado que fuera desatado por la bancarrota capitalista mundial, en el marco del fracaso de las sucesivas intervenciones imperialistas en el Medio Oriente y del fracaso del ejército israelí ante Hizbolla, en 2008. Desde el comienzo, las principales fuerzas en presencia buscaron ganar el apoyo de las fuerzas armadas para un cambio de régimen, no su desarme y remplazo por el armamento popular. De esta circunstancia emergieron enormes contradicciones políticas y luchas incesantes de camarillas, con la intervención de la diplomacia civil y militar del imperialismo, incluida la del sionismo. El resultado provisional de todos estos conflictos fue la emergencia del gobierno de la Hermandad Musulmana (HM), con una votación minoritaria, al cabo de una segunda vuelta con el representante del viejo régimen. El bonapartismo no nace, de ningún modo, con el golpe militar, sino a partir del gobierno islámico, que intentó controlar el Poder Judicial (dominado por gente de Mubarak), la Asamblea Constituyente, el parlamento y, por último, la cúpula de las fuerzas armadas. La Hermandad Musulmana es una suerte de frente popular bajo un liderazgo único, pero es incapaz de establecer efectivamente un gobierno de frente popular, que hubiera implicado una alianza con la pequeña burguesía y las burocracias obreras no confesionales. Ante la agudización de la catástrofe económica y la crisis política intentó apropiarse de los resortes del poder, para controlar a las masas y proceder a aplicar el plan de ajuste que reclama el FMI. Se trató de una tentativa ‘kerenskista’ de bonapartismo, en referencia al intento similar del jefe del gobierno provisional de Rusia, Alexandr Kerensky, en 1917, para tratar de ponerle fin a la revolución en marcha. El bonapartismo islámico buscó asegurarse respaldo internacional, al tomar partido contra el régimen sirio y formar una alianza con el gobierno islámico de Turquía, e incluso ratificó la alianza con Israel y la condición de seguridad mutua de la península de Sinaí, que limita con Gaza. Las contradicciones insuperables Rápidamente, el gobierno de los Hermanos musulmanes cayó preso de sus contradicciones. El general Abdul al-Sisi, que encabezó el golpe y es hoy el hombre fuerte del nuevo régimen, fue colocado en su puesto por el presidente egipcio derrocado. Mohamed Morsi estableció una alianza con el ejército y preservó los privilegios y prebendas de los oficiales. La Constitución sancionada por Morsi garantizó la autonomía y los negocios de las fuerzas armadas, que manejan el 40 por ciento del PBI. Lo mismo vale para la burocracia estatal: «Plétoras de políticos y consejeros que pueblan los ministerios y la Cámara alta testimonian la ausencia de renovación del personal político» (Le Monde, 30/6). Morsi tuvo frecuentes choques con el Poder Judicial, dominado por una numerosa masa de funcionarios vinculados con el viejo régimen de Mubarak, pero impotente para remover ese obstáculo. Ante la catástrofe de la economía, el FMI reclamó un plan de ajuste: supresión de los subsidios a los combustibles, tarifazos y un plan de austeridad a gran escala, a cambio de un socorro financiero. Los Hermanos musulmanes demoraron la aplicación del ajuste y lo condicionaron a la obtención del monopolio del poder político. Se fue creando, entonces, una situación social insostenible, en la cual la carestía, la pérdida de puestos de trabajo, la escasez de combustibles, los cortes de electricidad y la desorganización económica fue provocando la insatisfacción generalizada de todas las clases sociales -en particular en la población trabajadora. La bancarrota económica de Egipto es el factor más dinámico del proceso revolucionario. La rebelión popular se nutre y tiene su motor en esta gigantesca crisis social. En las semanas finales que culminaron con la caída de Morsi, un sector creciente de las masas trabajadoras musulmanas se incorporó a las manifestaciones callejeras. La cuestión social, y no el «enfrentamiento religioso», es el dínamo de la política egipcia. Una nueva transición Los militares les soltaron la mano a los Hermanos musulmanes cuando vieron que su gobierno estaba jaqueado por la rebelión popular. La movilización de masas alcanzó su nivel más alto en oposición al gobierno de los Hermanos musulmanes, atizada por el derrumbe económico y la represión de sus milicias. El creciente vacío de poder dejaba también en el aire la ratificación de acuerdos con Israel, como se manifestó en el ingreso de distintos grupos de milicias en el Sinaí, por un lado, y la apertura del paso de Rafa -entre Gaza y Egipto-, por el otro. El golpe militar tiene el sello del sionismo. Lo principal, sin embargo, es la cooptación al golpe de la coalición laica, bajo la premisa de que los militares encarrilarían nuevamente el ‘proceso electoral’ y de que darían paso a un verdadero gobierno de frente popular. ¿Un ‘golpe democratizante’, entonces? Esa fue, precisamente, la expectativa de la coalición laica, que de inmediato nombró a sus líderes principales en el nuevo gobierno, junto a jueces de la era Mubarak. La represión feroz a la resistencia de los Hermanos musulmanes forzó a los laicos a una ruptura parcial del nuevo gobierno; los Hermanos musulmanes no plantearon una alternativa revolucionaria sino que confiaron en la posibilidad de ‘rectificar’ al golpe y negociar nuevas elecciones constituyentes. Las masacres perpetradas, ¿otorgan al nuevo gobierno el carácter de un bonapartismo ‘kornilovista’? El general Lavr Kornilov, en competencia con Kerensky, había intentado dar su propia salida bonapartista, de naturaleza terrorista-contrarrevolucionaria, al proceso ruso abierto en febrero de 1917. Las seis semanas que han transcurrido desde el golpe egipcio no autorizan a caracterizar al nuevo gobierno de ‘kornilo- viano’; la inquietud y la movilización de las masas no se han atenuado. El proceso revolucionario no se ha revertido. Los militares heredan las contradicciones irresueltas del mandato de Morsi -tanto en materia de ‘ajuste’ y de plan político; Morsi fracasó en la tentativa de un bonapartismo ‘kerenskista’; Al- Sisi todavía tiene que probar su capacidad para poner en pie uno ‘korniloviano’. Las alternativas, sin embargo, no se limitan a estas opciones: una fracción militar podría invocar su pasado nasserista y establecer un gobierno bonapartista de estilo latinoamericano. Obtendría su respaldo económico de los emiratos del Golfo Pérsico, que rivalizan por poner un pie en Egipto y en toda la crisis en el Medio Oriente. Grietas y giros Por lo pronto, el rompecabezas armado por las fuerzas armadas se está agrietando con bastante rapidez. La renuncia del vicepresidente Mohamed el-Baradei, uno de los hombres de conexiones más fluidas con Occidente, viene precedida por el distanciamiento del partido ultraislamista Al Nour, el cual inicialmente respaldó la destitución de Morsi. Aunque la mayoría de las fuerzas liberales e izquierdistas integrantes de la coalición que respaldó el golpe siguen fieles al gobierno (en especial la organización Tamarrod) y han condenado la decisión de Baradei, comienza a percibirse un giro. «Muchos egipcios de tendencia liberal se sumaron a las manifestaciones de protesta convocadas por partidarios de los Hermanos musulmanes en condena de la violencia del Estado» ( El País , 17/8). A la par de ello, han comenzado a florecer las denuncias contra el nuevo gobierno en las redes sociales, y hasta iniciativas de movilizaciones independientes fogoneadas por la izquierda laica. Las fuerzas armadas conservan en la población laica y de otros credos religiosos una corriente de adhesión. La decepción irrumpe, sin embargo, en el campo de los intelectuales que inicialmente vieron con simpatía al golpe militar. Shadi Hamid, director de investigación del Brookings Doha Center, señala que «ya no tiene mucho sentido decir que Egipto se encuentra en medio de una transición democrática» (El País, 18/8). Estados Unidos y Occidente Este cuadro de situación ha intensificado las presiones de Occidente, dirigidas a buscar un compromiso entre el gobierno y los Hermanos musulmanes. Egipto juega un rol estratégico en la región. En primer lugar, en lo que se refiere al Sinaí, donde el ejército egipcio ha interrumpido el movimiento de los túneles que comunicaban al territorio egipcio con la palestina Gaza. Obama mantiene la asistencia económica y militar; lo mismo la Unión Europea. «Occidente concuerda con que el primer paso de cualquier modificación del escenario egipcio debe incluir la derrota de estas movilizaciones, que desafían la noción de que la crisis debe ser pagada por el conjunto de la población. Los actuales sangrientos ataques (…) son la máscara de una campaña de represión que va por toda la rebelión» ( Clarín , 17/8). El golpe korniloviano y el estado de sitio permanente, siguen pendientes en la agenda. Perspectivas Egipto es uno de los eslabones más débiles de la actual bancarrota capitalista mundial. Es un país que importa todo el combustible que usa y una gran parte de los alimentos que consume. En contraste con otros países emergentes, ha sufrido tempranamente los coletazos de la crisis mundial, a partir del aumento explosivo de los alimentos. Con un 60 por ciento de la población por debajo de la línea de pobreza, el 60 por ciento de los jóvenes sin trabajo y un 25 por ciento de desempleo, con la extensión del trabajo en negro y precario, una inflación creciente, la desvalorización de su moneda y con las arcas de su banca central prácticamente vacías, Egipto está en ruinas. El problema fundamental es quién paga esta crisis. La respuesta popular que ella provoque será un componente fundamental de la nueva etapa de la revolución egipcia.

El movimiento nacional que estalló en junio pasado tuvo un anuncio en abril, en Porto Alegre, donde miles de estudiantes salieron a la calle, enfrentando la represión policial contra el aumento de tarifas de los autobuses; el movimiento juvenil se ha extendido, y desde fines de mayo, las calles de varias ciudades y capitales fueron tomadas por la protesta, sobre todo en Río de Janeiro y São Paulo, donde las manifestaciones se enfrentaron con la policía militar y transformaron el centro de estas ciudades en una verdadera plaza de guerra. La demanda inmediata del movimiento fue la derogación del aumento de tarifas de los autobuses en todas las ciudades. El movimiento se extendió rápidamente por todo el país, el principal organizador de las protestas fue el Movimiento Passe Livre (MPL), que lucha por la adopción del arancel cero (transporte público y gratuito para todos) como objetivo final. Eran numerosas ciudades con movilizaciones: Curitiba, Florianópolis, Campinas, Feira de Santana, Piracicaba, Goiania, Natal, etc. Las ciudades de São Paulo y Río de Janeiro fueron las que tuvieron el mayor número de protestas, así como las de mayor intensidad y juventud combativa para enfrentar a la policía y la policía antidisturbios, quienes reprimieron a los manifestantes con bastones, gas lacrimógeno, balas de goma y la detención de activistas; el único efecto que se logró fue el aumento en la radicalización de las protestas. La protesta comenzó en São Paulo, el 6 de junio, con cerca de dos mil manifestantes contra el aumento de tarifas de los autobuses a 3,20 reales (1,60 dólares, un 50% más caros que en los Estados Unidos o Europa, por no mencionar el servicio). Además de la tarifa exorbitante, los empresarios de transporte reciben subsidios de los gobiernos estatales y locales. En la confrontación con la policía militar en la Avenida Paulista, además de la represión, hubo detenciones de varios manifestantes, entre ellos el presidente del sindicato de Metrovias (Conlutas) Altino Plazeres. El día 7 se produjeron nuevas manifestaciones y el día 11 hubo una gran manifestación de 15 mil personas que, desafiando la lluvia, enfrentaron la dura represión policial, que atacó no sólo a los manifestantes, sino también a periodistas y transeúntes que estaban cerca en el momento de la confrontación. Más de una veintena de personas fueron detenidas y trece fueron acusadas de conspiración (sin fianza), en un claro intento de silenciar y aplastar el movimiento. El día 13 hubo nuevas manifestaciones, así como enfrentamientos y encarcelamientos, pero el MPL prometió que no sólo finalizarían las manifestaciones con la reducción de las tarifas. El MPL reúne a estudiantes y jóvenes trabajadores y cada vez más desempleados de las periferias de las ciudades brasileñas y algunas organizaciones de izquierda. Durante las primeras manifestaciones, Dilma Rousseff ofreció el apoyo de «Fuerza Nacional» (un invento represivo de «contrainsurgencia» montado por el gobierno del PT), a los gobernadores y alcaldes «en problemas». A principios de la manifestación del jueves 13 de junio frente al Teatro Municipal, todo estaba tranquilo, a excepción de las requisas hechas por la policía para arrestar a cualquier persona que pudiera estar con algo que consideraban sospechosos, incluyendo vinagre. Muchos manifestantes distribuyeron flores entre los activistas y los propios policías. Pero hubo muchos «P2», agentes encubiertos, entre los manifestantes. La marcha siguió organizada y sin ningún tipo de violencia, mientras los manifestantes habían caminado unos 30 minutos, la consigna era «sin violencia»; es decir, sin provocación. Cuando la manifestación llegó a la plaza Roosevelt, las tropas de choque entraron unos por la parte frontal del acto y otros por atrás, atrapando a los manifestantes. La Policía Militar (PM) comenzó una represión violenta y generalizada. La policía antidisturbios disparó y tiró contra la multitud: nuevamente balas de goma, gas pimienta y gas lacrimógeno. La represión generalizada duró cinco horas, aterrorizando también a los transeúntes que pasaban por la zona. Ni los periodistas con identificación se salvaron: siete de ellos de Folha de São Paulo fueron heridos, incluida una periodista que se lesionó un ojo por un disparo de bala de goma. Los estudiantes que salían de una facultad fueron revisados uno por uno. Algunos pocos trataron de improvisar, como defensa, barricadas con sacos de basura, lo cual alimentaba el fuego. La «violencia» de los manifestantes no pasó de eso. El mismo día 13, Río de Janeiro también paró y hubo manifestaciones contra el aumento de las tarifas cariocas. El PM «subpreparado» (en realidad, demasiado preparado para su función principal) golpeó con una madera a un periodista que llevaba vinagre, un material declarado para la preparación de explosivos por un comandante de la PM, dentro de una línea de pensamiento abierto hace diez años, cuando los comandantes militares del ejército superpreparado de Estados Unidos en Irak exhibieron tambores de insecticidas como «armas de destrucción masiva», adhiriendo, tal vez sin proponérselo, a la campaña ecológica mundial contra el uso de pesticidas. Nadie se salvó en Sao Paulo. Gente desmayada, gritos, cientos de hombres y mujeres detenidos y heridos graves, incluyendo ancianos y niños. ‘Seguridad’: el gobierno justificaba los gastos mega-faraónicos de sus eventos con el argumento de que el principal resultado de la Copa Confederaciones, de la Copa Mundial 2014 y de los Juegos Olímpicos 2016 (más allá de las victorias de Brasil) sería la institucionalización de los «nuevos sistemas de seguridad…». Después de la cuarta ronda de protestas, en las que una manifestación de 20 mil personas en Sao Paulo fue atacada salvajemente por la PM (con un saldo de 150 detenidos y 55 heridos), se nos informó que «la dirección del PT no estaba satisfecha con la actuación del alcalde Fernando Haddad en relación con las protestas contra la tarifa. Y por temor a la nacionalización del problema, decidió intervenir para evitar la contaminación de la imagen del partido en todo el país». Demasiado tarde. La presidenta Dilma Rousseff fue abucheada (tres veces) en la apertura de la Copa Confederaciones. La «contaminación» llegó a Brasilia. Más importante, quizá, Joseph Blatter (presidente de la Fifa y de la mafia internacional, de acuerdo a Diego Maradona, que aprendió algo sobre el tema en Nápoles) pidió respeto y fue abucheado aún más. El problema ya estaba «nacionalizado” (Río de Janeiro, Goiania, Porto Alegre Navidad tuvieron sus manifestaciones, además de Sao Paulo) e incluso «internacionalizado» (si no que lo diga Blatter), con piquetes en solidaridad con los manifestantes brasileños en varias capitales del mundo (Francia, Alemania, Portugal y Canadá). Los fans del Estadio Mane Garrincha sólo fueron (circunstancialmente) los últimos de la lista. Hasta la juventud del PT declaró su apoyo a las protestas. Y la viuda de Mane, Elza Soares, cantó una nueva samba: «yo no pago 20 centavos de reales». Brasil se puso de pie para luchar y los diarios del mundo se hicieron eco El gobernador de São Paulo, Geraldo Alckmin, había negado cualquier posibilidad de revocación de los aumentos, y el alcalde Fernando Haddad, del PT, se solidarizó con la represión, como también lo hizo la bancada de su partido en Alesp. Para los medios de comunicación, hasta el 13 de junio sólo había «matones» en las calles: desde el 17 de junio, el gran día del viraje había «manifestantes». Millones de personas salieron a las calles en más de 600 ciudades, sin coordinación previa. Cuando, a mediados de junio y antes del retiro de las autoridades en relación con el «tarifazo» urbano, el MPL -que hizo la convocatoria inicial- llamó a salir las calles, y las protestas aumentaron. Los comentaristas de turno expresaron su «sorpresa» e incluso se sintieron «aturdidos» por el crecimiento, geométrico y nacional, del movimiento. El editorial de Folha de São Paulo (18/6): «Todo parecía un maravilloso oasis en Brasil y, de repente, estamos reviviendo las manifestaciones en la plaza Tahrir de El Cairo, por lo pronto, sin previo aviso, y sin un crescendo. A todos nos tomó por sorpresa. Del paraíso, nos deslizamos como mínimo al limbo. ¿Qué está sucediendo en Brasil?». Es simplemente que el oasis de Folha de São Paulo tiene poco que ver con el desierto de los explotados brasileños. La lucha de la juventud comenzó una nueva fase política. En junio, el pueblo brasileño y los jóvenes comenzaron una movilización histórica. Se inició en rechazo al aumento de las tarifas de transporte urbano y rápidamente se convirtió en una movilización masiva en contra de todo el sistema político. El MP pidió una tregua de 45 días para llegar a un acuerdo. Fernando Haddad -perfecto ejemplo de tecnócrata del PT, que creció a la sombra de los cargos administrativos, obtenidos a caballo del esfuerzo de miles de militantes populares en la década de 1980 (y la resistencia contra la dictadura en los años ’60 y ’70)- dijo desde la inspiradora París que aceptaría sentarse a discutir y negociar, pero sin renunciar a los 3,20 reales. Siendo doctor (y docente) en Ciencias Políticas en la USP, ¿será donde aprendió el significado de las palabras «debate» y «negociación»? El largo tiempo de licencia en los puestos docentes parece haberle hecho olvidar lo básico de la cátedra. Sentado a su lado estaba el gobernador, que se metió en los asuntos metropolitanos y dio carta blanca para que la PM estadual actuara, como si su partido no hubiese perdido las elecciones municipales, y demostró que se toma muy en serio su relación con el Opus Dei, declarando a los manifestantes como «vándalos» (para honra de los nobles guerreros paganos de las estepas de Europa). Ya el gobernador de Río de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB), calificó a las manifestaciones como «políticas» e invocó su condición de ex militante del Partido Comunista para justificar la represión. En Río, todos los pasajeros del metro han sido sometidos a requisas policiales ordenadas por los ex comunistas. (Desde las páginas de la Folha de S ã o Paulo -un periódico que, como de costumbre, se tomó su tiempo para cambiar el adjetivo de «matones» a «manifestantes»-, Elio Gaspari también incursionó por el campo histórico/antropológico, calificando los enfrentamientos en las calles paulistas como «lucha entre caníbales y antropófagos», pasando por alto que los primeros son sólo una variante de los segundos. La lucha entre la tribu caribeña que utilizaba este nombre y los colonizadores europeos concluyó con la total aniquilación de este pueblo, a causa del 100×1 declarado por los evangelizadores españoles (100 caníbales muertos por cada español), los cuales, después de llevada a cabo la masacre, cristiana y civilizadamente, no los comieron.) En la segunda quincena de junio, la revuelta de la calle ya tenía una agenda mucho más amplia que la original: la dignidad, la defensa de la juventud combativa, el derecho democrático a manifestarse en la calle (existe algún otro lugar?). Pero también es 20 centavos de reales. O más. Veinte centavos multiplicados por millones cada día, en una ciudad de 19,2 millones de habitantes. En los últimos 15 años, el costo de la tarifa de autobús se triplicó. ¿Quién recibe un salario mínimo en Sao Paulo y utiliza un autobús y el metro para ir y volver del trabajo, que tiene un costo equivalente a casi el 27% de sus ingresos y pasa tres horas al día en los medios de transporte hacinados; es decir, un mes por año: los 20 centavos de reales fueron la última gota de agua (pesada). La gran prensa encontró un nuevo arcano a desentrañar: la identidad del Movimiento Passe Livre (MPL), en el que se registra la presencia de algunos partidos (izquierda) conocidos y otros acrónimos menos conocidos (o simplemente desconocidos). Un periodista de Metro -periódico que, como otros, es distribuido subversivamente gratis- señaló que «los que hacen el vandalismo es un grupo anarquista», una combinación dudosa de dos adjetivos (si hay prensa gratuita, ¿por qué no también los autobuses gratuitos?), llegó a determinar la presencia en el MPL del LER, «Liga de Estratificación (sic) Revolucionaria». De hecho, el Movimiento Passe Livre, el principal organizador de las protestas, tuvo su origen en un levantamiento popular espontáneo en la ciudad de Salvador, en 2003, la «Revolta do Buzu». Más tarde ampliado a nivel nacional, protagonizó la «revolta da carraca» en Florianópolis, que dio lugar a fuertes debates políticos internos. La fuerza de la movilización de los jóvenes asustó a algunos de los gobiernos de las prefecturas, a tal punto que varias ciudades bajaron sus tarifas (Campinas) u obedecieron el fallo judicial en ese sentido (Goiania). El movimiento cuenta ya con diez años de historia. En el Foro Social Mundial de Porto Alegre en 2005, el MPL «institucionalizó» su organización, en torno a entrar y salir de la ciudad como un derecho fundamental que debe ser garantizado por el gobierno, así como la educación y la salud, reivindicando el cambio de modelo transporte, en forma de concesiones a empresas privadas hacia un modelo público. Para ello sería necesario, entre otros cambios necesarios (el nuevo desarrollo de la ciudad y el espacio), atacar el sistema social capitalista. De inmediato, se requiere discutir la deuda asombrosa de municipios y estados (177,5 mil millones de reales, sólo el estado de Sao Paulo, más del 150% de sus ingresos fiscales), y los beneficiarios (tiburones financieros), el control público de los increíbles beneficios de las empresas adjudicatarias de transporte urbano, por no hablar del presupuesto de las fuerzas de represión, en primer lugar la PM. Pero no es ésta la discusión de los acrónimos que todo el mundo conoce. Los jóvenes que luchan por un pase libre comenzaron así un cambio político en el país. El gobierno (PT y «aliados») quedó en un estado catatónico durante dos semanas. Ante el silencio, un montón de «movimientos sociales», también mudos hasta entonces, incluyendo los burócratas habituales de la última década propusieron «la realización con urgencia de una reunión nacional, con la participación de los gobiernos estatales, alcaldes de las principales ciudades y representantes de todos los movimientos sociales», además del propio gobierno federal -o sea una pizza del tamaño de Brasil, incluidos los representantes de la derecha más corrupta y podrida del país. Por la apaciguadora trayectoria del MST -firmante del documento entre otros-, se esperaba algo más que una propuesta de conciliación con los «calheiros, cabrais» y otros «sarneys». Una propuesta de organización independiente del movimiento popular, a través de un plenario nacional de luchadores, y no de una propuesta de organización del régimen político para contener el movimiento popular. El aumento en las tarifas del transporte fue el catalizador de una situación social degradada (y, en muchos aspectos, empeorada) en los últimos años, pero no cualquier cosa o cualquier reclamo puede ser un desencadenante. El transporte y sus tarifas eran (y son) el resumen de la pobreza brasileña cotidiana. ¿El MPL sería el hechicero que llamó a los demonios incluyendo a una derecha fascista que pasó ahora para disputar la hegemonía del movimiento en las calles, que el propio MPL no podría evitar? No. El MPL hizo exactamente lo que debía y anunció que iría a hacer desde hace mucho tiempo. Pero para que aquello no ocurriese (la derecha, los P2 y los criminales, no los «vándalos», vayan a la calle), era preciso no hacer nada. Los manifestantes supuestamente apolíticos, los millones de personas que no sabían de derecha, ni pitboys de academia del PCC, estaban haciendo en la calle el mejor curso de formación política acelerada imaginable. Diez días después de la aparición de los síntomas, los periódicos evaluaban un promedio de 230.000 manifestantes en doce capitales. El 20 de junio, los manifestantes ya se contaban por «más de un millón», con un millón sólo en Río de Janeiro. Las cifras estaban subestimadas. En un momento económico de amenazas inflacionarias, el movimiento creció a una escala capaz de ruborizar a los mayores índices hiperinflacionarios de la historia. El uso masivo de las redes sociales, entre otros, fue la explicación dada para el fenómeno. Sin duda, las redes sociales son un medio espectacular para acelerar y ampliar el alcance de la difusión de ideas y propuestas, con la condición de que (las ideas y propuestas) existan previamente. También es utilizado por el conformismo intelectual que caracteriza a la intelectualidad orgánica («crítica» incluida) del poder en las dos últimas décadas que dejó su cascada predecible de clichés pseudoexplicativos en las redes sociales (como las «dificultades de relación entre gobiernos y movimientos sociales populares» y vulgaridades similares). El MPL, creado hace diez años, tenía una estructura, propuestas e ideas, que sirvieron hasta ahora. Hasta ahora. Hacer una apología tardía del MPL, de la «juventud brasileña en las calles» o la demagogia que la imaginación permita es situarse al final de la cola de la situación, o explotarla para mantenerse (desesperadamente) en el poder (gobierno, mejor dicho), o incluso para acceder a ella por exactamente los mismos medios (electorales) que ahora se dice que hay que superar. Hasta el 13 de junio teníamos «vándalos» en las calles, de acuerdo con el poder y la gran prensa, y de 17 de junio tuvimos «manifestantes», según ellos mismos. Este fue el primer recule de los gobernantes (viejos y nuevos) de un valor bien superior a 20 centavos. Sacar 20 centavos de reales de la tarifa era una victoria, pero sólo era el principio. El transporte y las tarifas se sufren todos los días, en el bolsillo, la piel y el cuerpo. Y los nervios. Las redes sociales no tienen nada que ver con eso. No se puede utilizar un ordenador portátil viajando de pie en un autobús lleno de gente en las ciudades brasileñas. El/la sociólogo/a que dijo que estamos ante un movimiento de jóvenes de clase media por el uso masivo de las computadoras y las redes sociales estaba muy equivocado/a. Para proteger esta situación y sus ganancias privadas se activó, en la primera semana de junio, un aparato policial/militar heredado de la dictadura militar, preservado por los «neoliberales» y perfeccionado por el gobierno de «Brasil de Todos», a costa de fondos y más fondos (que faltan en la salud y educación), en contra de dos mil, en primer lugar, luego cinco mil manifestantes. Tratados con extrema brutalidad. Los millones de personas que salieron a las calles no estaban convencidos de hacerlo a través de facebook: estaban convencidos por el uso del transporte público, por las colas en los hospitales públicos, por escuelas públicas sin maestros y, finalmente, por las balas de goma y el gas lacrimógeno disparado a los manifestantes. El facebook se limitó simplemente a pasar (para algunos) el punto de encuentro. «Manifestaciones como las actuales son calificadas como actos de terrorismo, en la definición de este delito propuesta por el relator Romero Jucá en la comisión especial del Congreso, que da prioridad a la legislación sobre seguridad ante los acontecimientos previstos en Brasil», señaló correctamente Janio de Freitas. La Casa Civil de la Presidencia dio un paso adelante y anunció la participación de los empleados federales en las manifestaciones. La revolución y contrarrevolución (en sus múltiples caras) acechaban. Este tardío desliz antiterrorista es la continuidad de la política por la cual los gobiernos (tanto tucanos como del PT) han convertido al país en una plataforma privilegiada de valoración ficticia del capital financiero e industrial, con intereses (remuneración del capital financiero) y grandes exenciones impositivas, así como una serie de privatizaciones; por lo cual el patrimonio y el servicio público (transporte, salud, educación y un largo etcétera) recibió un ataque en regla en nombre de la «flexibilidad», la «eficiencia» y otros fetiches que la mayoría de la izquierda pasó a adorar. El resultado fue una deuda (interna y externa) monstruoso, el aumento de tarifas y la imposición de tarifas donde antes no existían. Se buscó encubrir todo con incentivos y subsidios enfocados al consumo, con el resultado de un promedio récord de deuda del 44% de los ingresos anuales de la población, que se duplica al considerar sólo las capitales, y la perspectiva de una quiebra generalizada. ¿Para «crecer exportando», como decían los discursos oficiales del gobierno y la «oposición»? El año pasado hubo cero crecimiento y cayó el ingreso per cápita. La «recuperación» de este año se ha desinflado hasta un 2% del PIB, con un ingreso per cápita negativo, una inflación de más del 6% y un saldo comercial insignificante de 6,5 mil millones de dólares, después de alterar la estructura productiva del país, transformándola en una plataforma exportadora. Para tapar el agujero: más privatizaciones (subastas de petróleo, gestión privada de los hospitales públicos) y eventos, mini-eventos y mega-eventos, con sus consecuentes expropiaciones y leyes antiterroristas. Esa es la verdadera «derecha». El discurso de Dilma Rousseff del viernes 21 de junio confirmó este rumbo: proteger los super- eventos y algunos centavos del petróleo para la educación pública (92% de los ingresos petroleros corresponden a las multinacionales que se adjudicaron las subastas), para sacar a la juventud de las calles (sin tocar los intereses de Krotons, y los subsidios hacia ellos vía Prouni y Fies). Un programa hecho por un marketinero de la burguesía. En el mismo momento que el seleccionado brasilero de fútbol ganaba la Copa de las Confederaciones, fuera del Maracaná, una multitud -equivalente a la que se encontraba dentro del estadio- protagonizó una batalla campal contra la policía -que nuevamente utilizó bombas, gases y balas de goma. Como saldo hubo decenas de heridos y detenidos. Que el fútbol, verdadera religión nacional, no haya desviado una movilización antigubernamental es un hecho inédito en la historia. Tan insólito como el hecho que la Presidenta ni siquiera pisó el estadio, por temor a un abucheo peor al sufrido en la inauguración de la Copa. Hasta el joven futbolista Neymar se pronunció (a pesar del cerco de seguridad que lo rodea permanentemente) en favor de las manifestaciones. El mismo domingo, la Cámara Municipal de Belo Horizonte fue ocupada por jóvenes que reivindicaban la apertura de los contratos de las empresas privadas de transporte urbano, con el objetivo de poner en evidencia las superganancias patronales y la corrupción descarada de los «representantes populares». Los movimientos en las favelas paulistas (MTST, los «sin techo», y «Periferia Activa») pasaron a organizar manifestaciones y cortes de ruta contra las pésimas condiciones de vivienda, salud y transporte en los barrios pobres. Al mismo tiempo, se desenvolvió una formidable ofensiva represiva, no solamente en las calles, sino dentro de las favelas, mediante un gigantesco operativo de militarización para evitar que los sectores más explotados se incorporaran masivamente a la lucha. En la Favela da Maré, el operativo dejó una decena de jóvenes muertos, que fueron calificados (después de ser asesinados sumariamente) como «criminales». Luego quedó en evidencia que ninguno de ellos había tenido antecedentes ni acusaciones formales en toda su vida. El históricamente monstruoso aparato represivo brasilero se incrementó y sofisticó como nunca, en función de los «grandes eventos» (Campeonato Mundial de Fútbol y Olimpíadas) bajo la acción del «gobierno de los trabajadores». La rebelión popular provocó una crisis institucional. La PEC 37, que fue enviada por el gobierno al Congreso, fue rechazada por 430 votos contra 9. La misma propugnaba transferir las atribuciones de investigación del Ministerio Público a la Policía Judicial. Una maniobra para que el Poder Judicial (que se desprende del PT) frenase la investigación de los casos de corrupción gubernamental. Los nueve votos a favor fueron de nueve derechistas hipercorruptos, que hasta ahora habían sido adversarios del gobierno. Toda la bancada del PT votó contra el gobierno, que quedó sin «base aliada» en el parlamento. Frente a la catástrofe política, Dilma sacó de la manga una propuesta de una Constituyente para tratar una Reforma Política (financiamiento público exclusivo de las campañas electorales), a la que el Poder Judicial y la mayoría de los parlamentarios se declararon hostiles. El gobierno dio marcha atrás y pasó a defender un plebiscito sobre una propuesta de reforma. En pocas semanas, el índice de aprobación de Dilma Roussef cayó de casi el 70 al 30%. En una reunión de Dilma con las centrales sindicales, el representante de Conlutas, denunció la propuesta del plebiscito como una maniobra de distracción. Las propuestas de las centrales sindicales al gobierno fueron simplemente ignoradas. Finalmente, fue convocada una huelga general para el 11 de julio, por parte de siete centrales sindicales. Era un movimiento convocado para casi un mes y medio después de las primeras manifestaciones contra el aumento del transporte. La tentativa de la izquierda de participar con columnas propias («rojas») había sido literalmente rechazada durante la lucha. Muchos manifestantes, al grito de «oportunistas», no apreciaron el intento de diferenciación de la izquierda que llegaba tarde, como tampoco el propósito de hacer propio, como si fuera suyo, el movimiento. La izquierda replicó reclamando el derecho a participar con banderas propias en las movilizaciones. Pero la izquierda, en general, no había manifestado previamente ninguna consigna propia ni sumado nada a un movimiento que no era producto de su agitación política. No se pronunciaba sobre la Constituyente, siendo que la burguesía la rechazaba con el argumento de que las mismas sólo se convocan cuando se rompe un régimen político y se propone la creación de otro. Algunos miembros de la «izquierda progresista» (intelectuales sin partido, aliados del PT de todo tipo) llegaron a denunciar al conjunto de manifestaciones como montajes de la CIA contra el gobierno del PT en el mismo momento en que Lula salía de su silencio para decir que se debía estar en las calles para «empujar al gobierno hacia la izquierda». En el cuadro de una movilización callejera, la huelga general nacional del 11 de julio aparecía como un intento de recuperar las calles para las organizaciones populares del gobierno (CUT y otros). Aun así, los movimientos callejeros continuaron dictando cada paso de la política del país durante julio, a pesar de su retroceso. Río de Janeiro fue escenario de manifestaciones diarias contra el gobernador Sergio Cabral (PMDB), electo en 2010 (con apoyo del PT) y que ahora cuenta con un (superes- timado) apoyo del 12% del electorado. Cabral fue acorralado por la población en Campo Grande, donde ocurrió un accidente trágico y tuvo que huir. Su propia casa sufrió un cerco cotidiano. El gobierno de San Pablo, histórica y actualmente en manos del PSDB, fue sacudido, cuando la empresa Siemmens se autoincriminó en la participación de un esquema de sobrefacturación en las obras de construcción del metro (280 millones de dólares), con la complicidad del gobierno del estado. Las manifestaciones en San Pablo, aun siendo minoritarias respecto a la lucha contra el aumento de tarifa de los transportes, también continuaron siendo diarias. La huelga general del 11 de julio, sin embargo, no fue la continuación de las masivas movilizaciones de junio. Con un acatamiento muy parcial en la mayoría de las grandes ciudades, casi inexistente fuera de ellas, no consiguió parar, con excepción de Porto Alegre, el sistema de transporte. Los cortes de rutas y avenidas fueron acompañados por un pequeño número de personas. Las manifestaciones callejeras fueron muy pequeñas en relación con las marchas de junio: 10 mil personas, como máximo, en la Avenida Paulista. Buena parte de los manifestantes recibió dinero de las centrales sindicales, algunas de ellas (CUT, Força Sindical) dotadas de enormes recursos financieros. En los pocos lugares donde hubo actividad combativa (Foraleza, Porto Alegre, San José dos Campos, Belém, Natal) se destacó el trabajo de CSP-Conlutas, a pesar de representar solamente el 2% del movimiento sindical. Aun así, un partido de izquierda concluyó que ”11 de julio fue la continuidad de las manifestaciones de junio” ( Opinião Socialista , 17 de julio). Los movimientos responsables de las jornadas de junio, el MPL en primer lugar, ignoraron la huelga. La CUT, por su parte, pagó a sus «manifestantes” para que llevaran las banderas (industrialmente confeccionadas) de apoyo al gobierno, que dominaron los actos públicos (en junio, no se vio ninguna, siquiera parecida). La respuesta de Dilma Rousseff a “la voz de las calles” quedó reducida a la nada. La promesa de consagrar el 100% de los royalties de petróleo en alto mar (menos del 8% de la renta petrolera, en manos del capital privado internacional) fue mutilada y postergada por el Congreso. La “reforma política” -anunciada como Asamblea Constituyente y después reducida a una modificación de algunos mecanismos electorales- fue simplemente enterrada en el Congreso Nacional. Dilma, que no tenía tiempo de ir a la reunión de Dirección Nacional del PT, tuvo tiempo para recibir públicamente a un representante parlamentario del PSOL, que le manifestó su apoyo. Frente al obvio vendaval de críticas, el PSOL emitió un comunicado distanciándose de su senador, pero apoyando la (enterrada) reforma política, que no toca ni la extinción del Senado ni la reducción del mandato de los senadores (ocho años) ni promueve la elección popular de jueces y procuradores, ni anula la vergonzosa Ley de Amnistía, que declaró impunes para siempre a los asesinos, torturadores y corruptos comprobados del régimen militar. Para no hablar de la militarización de las policías, que matan impunemente y tienen fueros judiciales y tribunales propios. En ese momento, Lula salió de su mutismo (a través de las páginas del New York Times ) para caracterizar a las movilizaciones como producto del progreso de la última década: los automóviles particulares habían invadido las calles entorpeciendo el transporte público. Ninguna palabra sobre los lucros y monopolios del transporte privatizado. Convocó, también, porque era necesario, a una «renovación del PT». La reunión de dirección de este partido, a mediados de julio, fue un episodio de una crisis: manifestó su insatisfacción por la ausencia de Dilma y oficializó nueve listas para las elecciones internas del 10 de noviembre con seis candidatos a la presidencia del partido. La izquierda del PT apostó todas sus fichas a ese proceso. Toda la suciedad acumulada del Estado (régimen) brasileño comenzó a aparecer. Los poco más de 5.500 municipios del país utilizan nada menos que 508 mil «cargos de confianza», muchos con salarios mensuales superiores a 10 mil dólares. Profesores y médicos municipales padecen, al mismo tiempo, salarios de hambre -para no hablar de la infraestructura con la que lidian. La corrupción y la crisis económica se cruzan en el BNDES, el banco estatal cuya cartera de créditos al sector privado aumentó de 25,7 mil millones de reales (12 mil millones de dólares) en 2001, a 168,4 mil millones de reales (84 mil millones de dólares) en 2010, con una taza decreciente de inversión privada. La mayoría de las empresas beneficiadas por los créditos oficiales registran pérdidas o se encuentran en quiebra. La más importante es la EBX, de Eike Baptista, el «capitalista de Lula», beneficiaria de 10,5 mil millones de reales en créditos con dinero público. La crisis capitalista está iluminando el agujero negro de la corrupción brasileña. El «grupo (holding) X» del «empresariado nacional» de Lula/Dilma, Eike Baptista (ex octava fortuna del mundo, actualmente fuera de la lista de las primeras doscientas), cuyas empresas perdieron el 90% en la bolsa en los últimos dos meses, ilumina la crisis del capitalismo brasileño. Vinicius Torres Freire dijo, en Folha de São Paulo , que hay una «huelga de inversiones» del sector privado desde 2012. Mientras las masas están votando con los pies en la calle, la burguesía está votando con el bolsillo. El nuevo papa Francisco llegó al «mayor país católico del mundo», aun cuando la proporción de católicos cayó del 92% en 1970 al 65% en 2010; disminución que favoreció a las sectas mafiosas evangélicas, que gobernaran el país en la última década al lado del PT. El Papa llegó también para contener al movimiento juvenil, desviarlo, llamando al gobierno a «escuchar la voz de las calles» -abriendo más espacio para la Iglesia católica y reduciendo a los evangélicos. Los «teólogos de la liberación» se sumaron calurosamente a esta operación político-religiosa. El Vaticano no trabaja gratuitamente: pasó enormes gastos papales en Brasil en la cuenta del Estado, mientras los evangélicos presionaban al gobierno para que los redujeran. Ante este inmovilismo político, el PMDB intentó transformarse en el eje del régimen, reafirmando su alianza con el PT y su apoyo a Dilma, al mismo tiempo que bombardeaba al Congreso con todas sus iniciativas políticas. En las actuales condiciones, es casi una ruleta rusa. Las centrales sindicales convocaron a una nueva huelga general para el 30 de agosto. La juventud en lucha anda por otros caminos. Después de Belo Horizonte, los jóvenes de Porto Alegre, organizados en el «Bloque de Luchas», ocuparon el Concejo Deliberante, del cual sólo se retiraron con un compromiso escrito de los representantes por el boleto libre en ómnibus y trenes para estudiantes y desocupados, sin exención de impuestos a las empresas concesionarias. El caldo fermenta. Bajo estas condiciones, el gobierno federal, después de un nuevo recorte presupuestario (10 mil millones de reales), que se suman a los 28 mil millones del recorte del primer semestre, para alcanzar las metas de superávit primario impuestas por el FMI (garantizando el pago en fecha de la deuda pública), liberó 6 billones de reales en «enmiendas parlamentarias» (corrupción disfrazada), con el objetivo de mantener el apoyo de la «base aliada», que podría devastar la gobernabilidad petista. El superávit primario de 2013, aun así, es el peor desde 2001. A la fuga de capitales (que invocan el peligro de un país cuyas calles son ocupadas cotidianamente) se suma ahora el déficit comercial, el primero en la década petista: cinco mil millones de dólares en los primero siete meses del año (contra un superávit de más de 25 mil millones de dólares en el mismo período en 2006). El boom exportador brasilero -«emergente»- fue así reducido en 30 mil millones de dólares. Solamente el capital financiero continúa ganando, beneficiado por la elevación de las tasas de interés: Itaú Unibanco (el mayor banco privado) ganó 3,6 mil millones de reales en el segundo semestre, récord histórico. El país se hunde al compás del parasitismo capitalista- financiero. El parasitismo estatal está a su servicio. Frente a las movilizaciones, la presidenta Dilma Rousseff anunció que estudia la fusión de algunos de los 39 ministerios (eran 13 en 1990), que emplean a 984.330 empleados -o sea, despidos de empleados públicos a la vista. Pero nada de tocar los 22.417 «puestos de confianza» de los ministros, un verdadero ejército de parásitos sociales. La única noticia «positiva» fue la desaceleración del ritmo inflacionario (0,26 en julio) en parte debido a la caída del precio del transporte (la gran victoria de los manifestantes). Como la población sabe que esto no se lo debe al gobierno, el índice de popularidad de Dilma Rousseff no aumentó, el único consuelo de los petistas, oficialistas o no, es que los índices de los opositores electorales (declarados) se mantuvieron estables. Esto llevaría a la conclusión de que, con las debidas correcciones, el PT podría «navegar» en la actual crisis. La gran contribución de la Dirección Nacional (DN) del PT (olímpicamente ignorada por Dilma, como vimos) fue la producción de un parco documento (después de diez días de negociaciones entre todas sus corrientes) donde afirma que «la conducción de una nueva etapa del proyecto exige ratificaciones de la línea política del PT y el gobierno, que se refleje en la actualización del programa y la consolidación de la estrategia que expresa la radicalización de la democracia». O sea, nada. Sobre la pérdida de capitales, deuda pública (interna y externa), salarios, despidos (el desempleo creció 0,6% este año, y las empresas anuncian nuevos recortes) y, sobre todo, la represión (asesinatos en las favelas y un desaparecido en Río: Amarildo do Souza), ni una palabra. Mientras la izquierda en general se limitaba a reclamar su derecho a la existencia, la izquierda del PT busca aprovechar la crisis para subir al aparato con la política del avestruz. «La reacción pública de la DN del PT, de la presidenta Dilma y de Lula fueron en la misma dirección: enfatizar la coincidencia entre las reivindicaciones de las calles y nuestros objetivos estratégicos», planteó un documento de la Articulaçao de Esquerda (AE). Para la AE, el problema sería que «las fuerzas de derecha, incluyendo la que alberga dentro del gobierno y controla el Congreso Nacional, no quiere ninguna reforma política». «Los acontecimientos confirmaron -continúa- que si el PT no cambia de estrategia será golpeado», lo que no impidió que AE firmara el documento de la DN (incluyendo el planteo de «consolidación y ratificación de la estrategia»). La «fuerza de derecha gubernamental que controla el Congreso» (el PMDB) instituyó una comisión parlamentaria de reforma política, con un proyecto que flexibilizaría el financia- miento partidario, eliminando prácticamente las multas a los donantes privados (personas o empresas) y suprimiendo cualquier límite a la propaganda electoral por cualquier medio, liberando a los partidos y candidatos de la rendición de gastos, además de incrementar los recursos públicos de campaña -o sea, una juerga completa, para no utilizar otra palabra. Lo sabroso es que la comisión está presidida… por el propio PT (Candido Vaccarezza). De esta manera, los gurúes ideológicos y políticos de la izquierda apuntan unánimemente al peligro de una derecha fascistoide, como el sujeto que grita «¡Al ladrón!» con el fin de encubrir una acción de verdaderos ladrones. La izquierda brasilera surgida al calor de la fase final de la lucha contra la dictadura militar y la pseudo-democratización de la década del ’80 agotó su ciclo histórico y político. En medio del colapso comercial y financiero del país, y la corrosión de su régimen político, una nueva izquierda clasista podría ver la luz sobre la base de un balance político de la izquierda actual, verdaderamente «golpeada». Las tendencias para una crisis financiera, que se manifiestan en la salida de capitales del más importante de todos los «mercados emergentes» después de China, pasará a ser el principal combustible en el segundo turno de movilizaciones populares, probablemente al margen de las organizaciones sindicales tradicionales. Las pruebas de fuego no son las que quedaron atrás, son las que están por venir.

Paul Sweezy -reconocido autor marxista norteamericano que se destacó por sus agudos análisis y múltiples trabajos sobre la realidad económica y social contemporánea- escribió un texto, en 1941, que se titulaba «La declinación de los bancos de inversión», que daba por concluido un ciclo de desregulación bancaria dominado por los bancos de inversión, y que daba preeminencia a la intervención estatal. Sweezy ligaba esa afirmación a las transformaciones operadas en el régimen capitalista, como consecuencia del rol excepcional que había jugado el New Deal de Roosevelt, y luego al ingreso de Estados Unidos en la guerra. A partir de 1930, desparecieron virtualmente las nuevas emisiones en gran escala de capital y las fusiones, que siempre fueron la fuente de beneficio y poder de los bancos de inversión. Del mismo modo, se contrajo la operatoria en nuevos títulos y obligaciones. Sweezy destaca que el 75 por ciento de las operaciones en esos años representaba apenas una renovación de los títulos ya existentes, operaciones de rutina. Este achicamiento del negocio provocó un redimensionamiento de los bancos. El gobierno de Roosevelt sancionó, en 1934, una ley (Glass Steagall Act) que separó a la banca comercial y la de inversión. El divorcio entre una clase de bancos y otros debía permitir que en el futuro no se repitiera un escenario de crisis. Una gran parte de los bancos optaron por continuar como bancos comerciales, otros apelaron a fusionarse. El más importante de todos ellos, el J.P. Morgan, prefirió mantenerse como banca comercial. Una nueva firma, Morgan Stanley & Co, fue fundada para llevar adelante los negocios propios de un banco de inversión. Sweezy bucea en las causas que explicarían estos cambios institucionales. Al respecto, destaca: 1) una declinación en el ritmo de la expansión económica y de creación de nuevas industrias; 2) la tendencia de las grandes corporaciones a la autofinanciación; 3) el rápido crecimiento de inversiones institucionales (léase fondos públicos); y, por último, el lugar cada vez más importante del gobierno federal, particularmente a través de la «Corporación Financiera de Reconstrucción», uno de los flamantes organismos creados bajo el New Deal, que empieza a cumplir funciones que antes le estaban reservadas a los bancos de inversión. La inversión en Defensa, que pasa a tener un peso clave en medio de la Segunda Guerra Mundial, es financiada y acaparada por el Estado. Sweezy toma nota de estos cambios para concluir que asistimos a una nueva fase. Utilizando sus palabras, «nos estamos moviendo en la dirección de un capitalismo de Estado, que es enteramente capitalista en su estructura de clase, pero que es un nivel más alto en la centralización del poder económico». Sweezy aclara que «si bien no debe confundirse con una tendencia hacia el socialismo, innegablemente, la misma prepara el camino al socialismo en ciertas cuestiones importantes». Sus reflexiones van incluso más lejos, pues Sweezy revisa el rol, la función y el lugar histórico que ocupa el capital financiero. Para él, pasa a ser un estadio pasajero que ha empezado a desaparecer y a desintegrarse. Balance Al momento actual, el final de la película, a la vista, ya sabemos que el pronóstico de Sweezy fue erróneo. Los bancos de inversión, cual ave fénix, volvieron a resurgir de sus cenizas y a ocupar el centro de la escena. El pronóstico atrevido de Sweezy proyecta una tendencia que nace como un recurso extremo para salvaguardar la integridad del sistema capitalista. A su modo, aunque desde la vereda opuesta, Sweezy cayó en el error simétrico de los apologistas del capitalismo, que durante la década que arranca en 1920, embriagados por la expansión febril y persistente de los negocios bursátiles, y el lugar conquistado por los bancos, auguraron un ciclo ascendente que descartó la emergencia de una crisis. En oposición a los que descontaron un auge interrumpido a los bancos de inversión, Sweezy declaró su defunción. La resurrección de los bancos de inversión -que estaba fuera de los cálculos y del radar del autor- no se puede disociar de la dinámica capitalista de conjunto. Las enormes crisis fiscales generadas por el «ciclo keynessiano», la inflación; y, por sobre todo, la caída de la tendencia media de ganancia, en circunstancias en que la inversión del Estado compite con la privada y absorbe los excedentes para acumular capital, desataron una rápida crisis (entre fines de los ’60 y fines de los ’70), que mutaron el escenario capitalista y revirtieron el pronóstico de Sweezy. El capitalismo decreta, en 1971, la inconvertibilidad de la moneda. El capital financiero A partir de esta crisis, el excedente de las grandes corporaciones sale de la esfera industrial a la financiera. «El conjunto empresario se transforma en una sociedad madre (llamada generalmente holding del grupo) y las sociedades filiales ubicadas bajo su control. La sociedad madre es, entonces, antes que ninguna otra, un centro de decisión financiero, mientras que las sociedades ubicadas bajo su control son, la mayoría de las veces, sociedades productoras. De esta manera, el papel esencial de una sociedad madre es el arbitraje permanente de las participaciones financieras que posee en función de la rentabilidad de los capitales involucrados. Es la función del arbitraje de la sociedad madre la que confiere al grupo su carácter financiero ( Morin , 1974, pág. 19). Los grandes grupos industriales no sólo utilizan fondos propios para abrir nuevas oportunidades de inversión lucrativa fuera de la esfera productiva, sino que se endeudan para ampliar ese horizonte. El apalancamiento está al servicio de reforzar este tipo de operatoria financiera, cuya ampliación ha sido proporcional a la incapacidad para lograr una colocación redituable en el campo productivo. The Economist estimaba en 2008 que las «ganancias» financieras representaba el 27% de las ganancias de 500 sociedades del índice Standard & Poor. Y al detenernos, a su vez, en ese tipo de ganancias, se verifica claramente que estamos frente a ganancias virtuales resultantes de esta inflación de activos financieros. La enorme suba de la tasa de ganancia (para las corporaciones de los Estados Unidos), entre 2001 y 2006, es en gran parte financiera, conectada a la creciente sobrevaluación de los activos hogareños y financieros. La baja tasa de interés llevó a la sobrevaluación de los activos y la suba en su «valor” fue confundido con un aumento de la riqueza social. En este marco, fueron desapareciendo las fronteras entre los bancos comerciales y de inversión. Más aún, cuando el negocio tradicional de intermediación empezó a decaer como consecuencia de la competencia de la inflación financiera. Las grandes empresas comenzaron a endeudarse en forma directa emitiendo títulos. Este cambio también tuvo su traducción en el campo jurídico cuando, en el año 1999, una nueva ley, Financial Service Modernization Act, más conocida como Gramm-Leach Billey Act, reemplazó la ley Glass-Steagall Act. A imagen y semejanza de las corporaciones industriales, la nueva legislación facilitó la creación de holdings con capacidad para actuar tanto como bancos comerciales como bancos de inversión. El Citibank se transformó en el Citi Group. Desde ese momento, los bancos comerciales yanquis pudieron tomar más riesgos, y apalancarse y competir en mejores condiciones con los mayores del mundo que eran europeos y japoneses. La aparición en escena de lo que Sweezy identifica como fondos institucionales consolidó la hegemonía del capital financiero. El negocio financiero llega a su perfección, pues lleva a cero el riesgo empresario. La administración de estos fondos está fuera del control de sus aportantes. Así como los fondos pasan a ser accionistas de las empresas y bancos, del mismo modo, los grupos industriales y bancarios desembarcan en los fondos, en calidad de socios y haciéndose cargo o compartiendo el gerenciamiento de los mismos. Dinero, crédito y capital ficticio El empapelamiento al que hicimos referencia no se podía sostener indefinidamente y como era de esperar, estalló y desembocó en la inconvertibilidad del dólar dispuesta por Nixon en el año 1971. Con la inconvertibilidad, en 1971, se busca desligar formalmente a la moneda, de la ley del valor. En este cuadro, ingresamos en una nueva recesión en los años ’74 y ’75, pero a diferencia del pasado acompañada con inflación en lugar de la caída tradicional de los precios, conocida popularmente como stagflation» (estancamiento con inflación). Este escenario refuerza aún más la «ficción monetaria», que le asigna al dinero una capacidad de generar beneficios en forma autónoma. Entre las múltiples funciones del dinero, una de ellas consiste en funcionar como capital ficticio. Marx dirigió su atención, en primer lugar, al capital bancario. Aparece como la fórmula más pura del capital porque se presenta como dinero que produce dinero. Esto crea la ilusión de que la riqueza puede autorreproducirse, al margen del proceso de producción, cuando, en realidad, el interés que reciben los bancos es una detracción del beneficio industrial que se deriva de la explotación de los trabajadores. Esto crea una segunda ilusión de que el interés es resultado de un capital original, en pie de igualdad con el invertido en la producción. El mismo fenómeno se constata en la sociedad por acciones en el que, a la par del capital productivo, comienzan a circular títulos representativos del mismo. El capital accionario pasa a ser un duplicado de capital original, hasta el punto tal que pasa a moverse con gran autonomía. Hasta extremos tales, que pasa ser moneda corriente que el valor de una acción en la bolsa no guarde relación con los resultados económicos de la empresa (las acciones pueden subir aunque la firma comercial está arrojando pérdidas). En resumen, el capital ficticio constituye instrumentos secundarios del sistema de crédito (y como tal necesarios y útiles porque permite ensanchar las transacciones y agilizar el proceso de acumulación), del mismo modo que al lado de la mercancía circula, contradictoriamente, el dinero. El capital ficticio no es un hecho nuevo; lo que sí distingue al período que arranca con la crisis del ’30 es la magnitud de su crecimiento. En la actualidad, se calcula que esos activos financieros representan diez veces el PBI del planeta; es decir, una cifra cercana a los 500 billones de dólares (el llamado mercado de «derivados»). Pero esos capitales, nacidos al margen de proceso de producción, no generan mayor valor ni, por lo tanto, plusvalor. Reclaman su tajada de la torta, pero no han contribuido a acrecentarla. Son un capital para quienes lo poseen y administran, pero no desde el punto de vista del movimiento de acumulación de capital en su conjunto. No puede sorprender, a la luz de lo expuesto, que los bancos de inversión hayan vuelto a brillar en el firmamento. La economía de producción y la economía de especulación, lejos de ser términos opuestos, son complementarias. Se necesitan como hermanos siameses. Esta expansión ofició, durante mucho tiempo, como factor contrarrestante de la caída de la tasa de ganancia, en la medida en que sirvió para ejercer una enorme presión para racionalizar (ajuste) el proceso de trabajo, y de la tendencia a la sobreproducción, por medio del crédito en gran escala, en especial al consumo personal. En consecuencia: la inversión productiva en Estados Unidos se duplicó entre 1991 y 1999. Contra los que aún hoy siguen planteando que la crisis se funda en la «exuberancia irracional» que adquirió el esfera financiera en oposición a la productiva, es útil tener presente que en el período nombrado se ha desarrollado una gran masa de inversiones en el ámbito de la economía real -como, por ejemplo, la instalación de las redes de telecomunicaciones de fibra óptica que nunca fueron rentables, lo que llevó al Financial Times a calificarla en términos catastróficos como la «hoguera del billón de dólares de riqueza». Panorama actual En la actualidad, ya no quedan bancos de inversión en Estados Unidos, pero tampoco han sido sustituidos por un nuevo keynesianismo o New Deal. En la superficie, se podría afirmar que el pronóstico de Sweezy volvió de sus cenizas. La realidad es que el sector financiero ha cobrado aun mayor autonomía, como el que se mueve «a la sombra» de los bancos comerciales o los fondos de cobertura». La banca estatal de China, debido a este mecanismo paralelo, opera más como una banca de inversión que como un competidor de los privados. No es exagerado afirmar que gran parte del sector financiero está quebrado. De allí, el calificativo de «bancos zombis», como los reconoce la prensa. Esto vale no sólo para la banca norteamericana, sino también y en especial, para la europea. Así tenemos a grandes grupos de inversión en Estados Unidos que están ahora llenos de dinero (más de 2 billones de dólares en el último recuento), pero les resulta más difícil para invertir (G: Tett, Financial Times , 17/5). La paradoja actual consiste en el exceso de liquidez, por un lado, y la insolvencia, por el otro. Este panorama de quebranto empuja a los bancos a buscar negocios más arriesgados. En lugar de salir de los activos tóxicos, son más prisioneros de ellos. El J.P. Morgan anunció pérdidas por 2.000 millones de dólares a raíz de la venta de seguros de crédito de más de 100.000 millones de dólares. Al encarecerse el costo de dichos seguros, el tiro le salió por la culata. La inflación del valor de las acciones de Facebook que entraron a cotizar en la bolsa (cuyas acciones se derrumban sin fin y cuyos inversores ya han perdido más de un tercio de su capital; lo mismo ocurrió con la reciente venta de acciones de Groupon) o los fraudes como el que se acaba de destapar con la manipulación de la tasa Libor en la que aparecen comprometidos 15 de los principales bancos del mundo. Esta seguidilla de episodios ha acentuado los pedidos de regulaciones más estrictas. Pero eso no pasa de una expresión de deseos. El nuevo tratado bancario, Basilea III, aprobado por los bancos centrales de los principales países, establece mayores requisitos de capital básico y de liquidez para enfrentar situaciones de riesgo, pero ya han salido al cruce numerosos instituciones bancarias, advirtiendo que no están en condiciones de cumplirlos. Las normas en vigencia no impidieron la creación de instrumentos para burlarlas como sucedió con los pergeñados por el Citi y que no estaban registrados en sus balances. Pero más importante aún es que no hay regulación que pueda revertir el estado de falencia de los bancos y devolverle su solvencia. No van a tener más remedio que pasar por el purgatorio. El porvenir de los bancos está atado enteramente al desenlace más general de la crisis capitalista en su conjunto. Conclusión y perspectivas La quiebra del Lehman Brothers obligó a establecer un cordón sanitario para impedir la repetición de episodios similares. Pero el rescate del Estado interfiere en el proceso de limpieza y depuración del capital sobrante, que impide restablecer la tasa de ganancia. El intervencionismo amortigua los efectos de la crisis, pero al precio de prolongar en el tiempo y ampliar sus efectos. Los gobiernos neoliberales intentaron, a su modo, hacer esa limpieza. Las absorciones y fusiones que tuvieron lugar en los ochenta y noventa constituyen una forma disfrazada de sancionar la quiebra de un conjunto de capitales sobrantes, obsoletos y rezagados en el marco de la competencia. La reducción de costos industriales llevada adelante en la producción -empezando por los costos laborales dirigidos a aumentar los márgenes de rentabilidad- fue el reverso de la misma moneda. Pero aún este proceso tortuoso tropezó con la resistencia y los límites impuestos por los trabajadores y las propias contradicciones del capital. Esta tendencia nunca pudo ser llevada hasta el final y continúa como una asignatura pendiente y una hipoteca para la clase capitalista. En síntesis, Sweezy avizoró una marcha atrás del capital financiero en sintonía con un avance del capitalismo de Estado. Estamos frente a una caracterización impresionista del keynesianismo en boga en esos momentos y de sus posibilidades y capacidad transformadora. El dirigismo estatal que pregonaba el economista inglés mostró tempranamente sus límites insalvables. Lejos de ir a contramano del capital financiero, el keynesianismo fue funcional a su rescate y luego su consolidación. Ni hablar de que el fracaso de las políticas y los remedios keynesianos son los que condujeron y prepararon la crisis actual. Esto tiene importancia cuando se pretende nuevamente reflotar sus recetas y se bate el parche de la «regulación estatal». Ese intervencionismo no es progresivo. La actual bancarrota capitalista, que ha entrado en su sexto año, pone a la orden del día dos alternativas bien definidas. O una reorganización (catastrófica) de las manos del capital que aspira a sobrevivir a expensas de sacrificios y privaciones sin precedentes de la población o una reorganización integral, sobre nuevas bases sociales, y acaudillada por los trabajadores. No hay punto intermedio. Ellos o nosotros. Socialismo o barbarie.

El libro de Bonasso ( El Mal. El modelo K y la Barrick Gold, amos y servidores en el saqueo de la Argentina . Editorial Planeta) apareció hace dos años, en septiembre de 2011, poco antes de que su autor completara su segundo mandato como diputado y un año después de que la ley de Glaciares fuera aprobada por el Congreso, el 30 de septiembre de 2010. Es un libro con un buen ritmo para sus casi 500 páginas, casi periodístico en ese sentido. Pero además en algunos temas parece un ensayo o un libro de denuncias y también tiene un gran sentido autobiográfico. Gran parte del libro está contado en primera persona y el balance de la actuación del autor en los sucesos que se relatan no puede estar ajeno a un comentario del libro, porque además, es lo que Bonasso deliberadamente busca. Si bien gran parte está dedicado a la campaña del propio Bonasso como presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados por la primera ley de protección de Glaciares -que Cristina K vetó en 2008- y, en especial, por su segunda versión aprobada, como dijimos en septiembre de 2010, el libro es de alguna manera, un intento de balance de la presencia de la Barrick, de la minería, del rol de los K y del propio Bonasso en este presente tomado como historia. De todo eso trata el libro. Barrick Gold Bonasso despliega una crítica demoledora de Barrick Gold y de sus fuertes entrelazamientos con el gobierno K. El título de su libro lo anticipa: El Mal y su bajada es «El modelo K y la Barrick Gold, amos y servidores en el saqueo de la Argentina». Si de «titulares y suplentes» se trata, Bonasso coloca claramente a Barrick del lado de los titulares. Bonasso va a hurgar en los orígenes de Barrick situados en las décadas del 70 y 80, con fuertes vínculos con traficantes de armas, con la CIA, con George Herbert Walker Bush (como lo llama reiteradamente en su libro para distinguirlo de su hijo George W.), fugaz director de la CIA en 1976, vicepresidente de Reagan (1981-89) y, finalmente, presidente de los Estados Unidos entre 1989 y 1993, y -según Bonasso-, lobbista de Barrick, mientras fue funcionario y desde entonces. Las denuncias de Bonasso vinculan a la Barrick con el affaire Irán-contras durante el gobierno de Reagan. El dueño de Barrick, Peter Munk, tras algunos fracasos comerciales, pasó a convertirse en poco más de veinte años en titular de una de las empresas líderes en la extracción de oro en el mundo. El punto de partida habría sido la compra por 63 millones de dólares de una mina de oro en Nevada (Estados Unidos), una cifra irrisoria si se tiene en cuenta que sus reservas saltaron «mágicamente» de 650 mil onzas en 1986 a 24 millones (es decir, 60 veces) poco después. La operación fue facilitada por el gobierno de Reagan-Bush que le permitió patentar la titularidad del yacimiento por monedas. El libro recoge fuertes denuncias que circulan sobre Barrick en sus yacimientos en Tanzania (la masacre de Bulyanhulu en 1996) y en Papúa Nueva Guinea (violaciones en masa en febrero de 2009). También sus arreglos corruptos en República Dominicana. Barrick se convirtió en poco más de veinte años en líder mundial en la extracción de oro con 27 minas de oro y dos de cobre, la mayoría de ellas en Australia, y sólo una en Canadá, que, sin embargo, es el país donde está radicada su sede mundial. La minería en la Argentina de los ’90 Para explicar los vínculos de Barrick con Argentina, el libro va a partir de las grandes modificaciones de las normas para la explotación minera, operadas por el tándem Menem- Cavallo, que abrieron el camino para las grandes inversiones mineras de los pulpos internacionales: El proyecto de ley sobre el nuevo régimen de inversiones para la actividad minera fue aprobado en abril de 1993 por unanimidad en el Senado, y tuvo a los Kirchner como uno de sus protagonistas, al punto que fue en Santa Cruz donde se instaló la segunda mina en importancia de ese período, Cerro Vanguardia de la sudafricana Anglo Ashanti y que cuenta con la participación minoritaria de Fomicruz, empresa estatal de la provincia de los Kirchner. Bonasso va a resaltar la colaboración que Gioja ya prestaba desde el Congreso a esta política de entrega. También denuncia las concesiones coloniales que se les otorga a los pulpos mineros en términos de un tope extremadamente bajo a las regalías, estabilidad fiscal, libre uso de divisas, ventajas impositivas, etcétera. El autor vincula tempranamente a Barrick como una de las impulsoras de esta política, a partir de la compra de tierras con grandes reservorios de oro en ambos lados de la frontera argentino-chilena en el norte de San Juan. Son las tierras que hoy abarcan a Veladero y Pascua Lama. El problema para que esa explotación fuera viable y para que la propia adquisición de las tierras fuera legal es que se requería un acuerdo con Chile. Acotemos por nuestra parte que Chile y Argentina arrastraban numerosas disputas limítrofes desde el siglo XIX y que bajo las dictaduras de Videla y Pinochet estuvieron a punto de llegar a un conflicto armado. Bonasso resalta que fue a partir de la presión de Barrick y de su lobbista Bush, que el 29 de diciembre de 1997, los presidentes Menem, de Argentina, y Frei, de Chile, firmaron el Tratado minero argentino-chileno que, entre otras cosas, derogaba las restricciones para que extranjeros tuvieran propiedades en las zonas fronterizas y lo habilitaba específicamente para los emprendimientos mineros. Como señala el libro, este tratado no hacía más que legalizar las compras que Barrick ya había efectuado unos años antes de las tierras que son el asiento de los proyectos de Veladero y Pascua Lama, y algunos miles de kilómetros cuadrados más que albergan seguramente más yacimientos de oro aun no declarados. Bonasso denuncia que un senador chileno, Jorge Lavandero -que se opuso al tratado y presentó una apelación al Tribunal Constitucional chileno- fue injustamente encarcelado durante el gobierno «socialista» de Lagos, y que las sanciones y persecuciones continuaron durante el mandato de Bachelet. Bonasso relata que Lavandero le contó que Lagos había salido en defensa del tratado y que Luksic -uno de los más grandes ricachones chilenos y dueño de la mina de cobre Pelambres, pegada a la frontera con Argentina (y al proyecto de Pachón, hoy día propiedad de Glencore)- financió la campaña de Lagos. Naturalmente, Luksic se benefició del tratado que ampara la zona binacional de Pelambres-Pachón, en la zona de Calingasta en el sur sanjuanino. Tratado con Chile Los Kirchner continuaron y profundizar esta política «noventista». En primer lugar a poco de asumir a principios de 2004, Kirchner presentó con toda la pompa y desde la Casa Rosada el Plan Minero nacional. También ratificó la política de excepción que había establecido Duhalde y que eximía a las mineras de liquidar las divisas a través del Banco Central, que duró hasta fines de 2011, cuando Cristina impuso el cepo cambiario, también para la minería. Y en especial al suscribir acuerdos específicos para dotar de un marco jurídico especial al proyecto de Pascua Lama. Entre ellos, el tratado firmado por Cristina y Bachelet en abril de 2009, que incluyó cláusulas impositivas especiales que como denuncia Bonasso no fueron avaladas por Cristian Modolo -subsecretario de Ingresos Públicos de la Secretaría de Hacienda-, que se negó a firmar el acuerdo por considerar que violaba leyes argentinas, otorgándole a Barrick privilegios especiales tanto en IVA como en ganancias, tal como lo denunciara en su momento el periodista del diario La Nación, citado por Bonasso. Recién a partir de la firma de ese tratado impositivo secreto, el proyecto de Pascua Lama pudo ser anunciado coincidentemente con la celebración, en Argentina, del día de la minería, el 7 de mayo de 2009. Aunque volveremos más adelante sobre la relación entre Bonasso y los Kirchner, vale citar aquí una reflexión de Bonasso: «compartimos algunos posicionamientos históricos de la pareja, como la histórica defensa de los Hielos Continentales y su oposición a esa poligonal acordada entre Bush, Menem y Frei, para cederle a Chile más de 1.000 kilómetros cuadrados de territorio nacional» (pág. 186). ¿Habrá reparado Bonasso que el tratado de los Hielos Continentales fue parte de la estrategia que culminó con el Tratado minero binacional que los K perfeccionaron durante sus mandatos? ¿Y que la Barrick se quedó con bastante más de 1.000 kilómetros cuadrados para su «tercer país», como lo llama el propio Bonasso? Bonasso y los Kirchner Bonasso no se priva de criticar duramente la política de los Kirchner en relación con la minería, especialmente en los últimos años, pero esta crítica debemos analizarla cuidadosamente, pues en el libro, Bonasso hace un balance en cierto modo crítico de su amplia colaboración con el matrimonio K. Bonasso retornó de su exilio en marzo de 1997 y cuenta que al poco tiempo, tras el gran éxito de ventas que significó su libro Héctor Cámpora, el presidente que no fue , fue citado por la entonces diputada por Santa Cruz, Cristina, que le contó que su hijo Máximo casi la había obligado a sumergirse en la historia de Cámpora. A partir de entonces, comenzaron a reunirse regularmente y en muchas de esas reuniones participaba Néstor, en aquel momento gobernador de la lejana Santa Cruz. Por entonces, los Kirchner participaban de un armado político con sectores duhaldistas, el grupo Calafate, que Bonasso decidió no integrar. Cuenta en especial su enfrentamiento con un integrante clave de ese grupo, Alberto Fernández, que venía del cavallismo. Bonasso terminó firmando una solicitada de intelectuales en apoyo a la Alianza de la UCR y el Frepaso que llevaron a De la Rúa y a «Chacho» Alvarez, a la presidencia y señala en el libro que el propio grupo Calafate fue marginado durante ese período por el propio Duhalde. Durante el gobierno de De la Rúa siguieron reuniéndose y, según Bonasso, «donde coincidimos de manera más estrecha» fue en el apoya a los fiscales que investigaban las coimas en el Senado, cuya denuncia fue el detonante de la renuncia de «Chacho» Alvarez a la vicepresidencia. Después de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, en las que Bonasso había participado en la calle, tuvieron balances disímiles. Según Bonasso para Kirchner «fue un complot de Duhalde y Ruckauf para voltear a De la Rúa». Para Bonasso fue una pueblada. Hoy, Bonasso cree que ambas visiones eran parciales, y en ese sentido estaban equivocadas, y que habría que conjugar ambas. Cuando Kirchner se largó a hacer campaña para presidente, Bonasso se integró orgánicamente en un comando de campaña conducido por Cristina, y donde Alberto Fernández tenía una posición destacada. Según Bonasso, el primer sapo que tuvo que tragar fue la alianza con Duhalde «tejida astutamente por Alberto». Pero siguió. En cambio, cuando se enteró de que el candidato a vice era Daniel Scioli, «tuvo una larga y áspera discusión» con ambos y rompió. Pero… cuando quedó en el balotaje con Menem, volvió a apoyarlo y participó el 25 de mayo en todas las ceremonias de asunción. Bonasso cuenta que lo entusiasmaron «los gestos contra la impunidad del estado terrorista de ese presidente que, en una cierta medida, habíamos ayudado a llegar». En su apoyo, Bonasso coloca una afirmación sobre la que volveremos: «(Me emocionó) la manera en que Kirchner devolvía respeto a la figura presidencial». La esposa de Bonasso, que había trabajado en televisión durante el exilio fue designada directora informativa de canal 7. En defensa de su mujer que «(padecía) la guerra secreta de los inmorales de siempre» tuvo una nueva y fuerte discusión con Kirchner. En ese diciembre de 2003 estalló el escándalo de las denuncias de Mario Pontaquarto sobre las coimas en el senado. Según el libro, Pontaquarto le confirmó que Gioja fue uno de los senadores que cobró (50.000 dólares) y que, por eso, ni Néstor ni Cristina fueron a la ceremonia de su juramento ese 10 de diciembre de 2010. Comisión de Recursos Naturales De acuerdo con el relato de Bonasso, sus relaciones en los primeros meses del gobierno de Néstor siguieron siendo bastante fluidas aunque no exentas de algunas discusiones. Hay un viaje a Venezuela en el que tanto Alicia Castro como Bonasso son tildados de «chavistas», mientras que el entonces canciller Bielsa arma una reunión con los opositores a Chávez y se queja de que el presidente venezolano financia a piqueteros anti K. Pero la prueba de sus fuertes vínculos con el gobierno durante esa primera etapa lo cuenta el propio Bonasso. Fue Néstor quien el ofreció la presidencia de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de Diputados y, ante su aceptación, lo mandó a hablar con Díaz Bancalari, el duhaldista que en 2004 manejaba el bloque de diputados y repartía las comisiones. Así, casi de casualidad, Bonasso se involucró en la problemática medio ambiental. A pesar de lo cual, Bonasso, que reconoce que no era un ambientalista, afirma que «intuía lo que ahora me consta: la lucha auténtica por los recursos naturales y la preservación del ambiente es la versión actual de la vieja lucha contra el imperialismo, la vieja lucha de los trabajadores por una sociedad sin explotadores ni explotados. Más intensa -afirma- que la lucha librada por nuestros abuelos, porque ahora se trata de la supervivencia de la raza humana» (pág. 218). Concluye con lo que es casi un balance del libro. «Lo que no sabía entonces era que la defensa del ambiente me llevaría a una situación impensable y no deseada: el enfrentamiento con el matrimonio Kirchner». Ruptura con los Kirchner Bonasso sitúa su ruptura formal y pública con los Kirchner a fines de 2008, cuando dio una conferencia de prensa junto a Humberto Tumini, de Patria Libre. Si bien el tema central fue el veto a la ley de Glaciares y el tema ambiental, Bonasso señala que sus diferencias fueron madurando a partir de otros tres elementos, «una corrupción desbordaba, que en 2005 ó 2006 aún podía constituir un temor más que una certeza» (pág. 245), «su frustración como diputado al comprobar durante dos períodos que el Parlamento era una escribanía de gobierno» y el tercero el caso de Hilda Molina, quien, según Bonasso, «envenenó las relaciones con Cuba durante más de dos años y facilitó una provocación de elementos anticastristas enquista- dos en el gobierno K, demasiado malévola para no pensar que, por detrás, se movía la eterna mano que mece la cuna» (pág. 246). De paso, Bonasso cuenta que la invitación a Fidel para participar de la jura de Néstor, el 25 de mayo de 2003 que dio lugar al discurso de Fidel en las escalinatas de la Facultad de Derecho, no fue resultado de una invitación de Kirchner, que no la quiso hacer, sino de Duhalde. Cuando Fidel concurrió a la reunión cumbre del Mercosur en julio de 2006 en Córdoba, el tema de Hilda Molina emponzoñó toda la relación al punto que Fidel se quedó en el hotel y no fue al banquete en el Palacio Ferreyra. Bonasso concluye: «Nunca sabré en qué medida el estrés tremendo de ese viaje, al que se sumó después el calor y el trajín que lo esperaba en Santiago de Cuba, acabaron por mellar la salud del Comandante y colocarlo literalmente al borde de la muerte» (pág. 256). Después de concurrir a una reunión de No Alineados en La Habana, en representación de Kirchner, cuenta Bonasso que Néstor le «lanzó una pregunta sin respuesta posible: «¿Por qué sos más leal con Fidel que conmigo?». Diálogo por Buenos Aires Bonasso cuenta en el libro que a fines de 2006 junto con Ibarra se propusieron ni más ni menos que «conformar algo más que la mera ‘transversalidad’ como rueda de auxilio del kirchnerismo; organizar un frente social y político que pudiera superar los límites corporativos del bipartidismo» (pág. 279). Para eso convocaron a Carlos Heller para incluir a un sector de la izquierda no peronista. Así fue que en su presentación se definieron como no «opositores, pero tampoco oficialistas, sino autónomos». Pero, como reconoce inmediatamente Bonasso, las elecciones a jefe de Gobierno en junio de 2007 los sacaron del limbo y se decidieron a cerrar filas junto a Filmus, el candidato del gobierno. Lo que destaca Bonasso es que inicialmente Heller era más reacio a sumarse al oficialismo y lo cita: »¿Cómo vamos a acordar nosotros con el peronismo?» (pág. 280). Pero, una semana más tarde, pasó a candidatearse como vicejefe de Filmus. Heller había cerrado todo el paquete con el gobierno lo que Bonasso califica como «la lógica del pícaro gordito». Después de tormentosas reuniones y mucha tensión con Filmus, Bonasso considera que cedió y todos juntos integraron una coalición FpV-Diálogo por BA. Bonasso resalta que, en la primera vuelta, la lista de DxBA le aportó a Filmus 14,44% de los votos y le permitió ir a la segunda vuelta contra Macri (aunque perdió). DxBA se convirtió, fugazmente claro acotemos, en la segunda fuerza en la Capital. En octubre fueron las elecciones a diputados. DxBA que encabezaba Bonasso logró renovar su banca pegada a la lista de Cristina presidenta. Y se defiende de ciertos stalinistas de cabotaje (se refiere a Verbitsky), que lo critican por haber sacado la banca gracias a los Kirchner y luego romper. Pero importa su balance. «Puedo decir que mis cuentas están en orden: a pesar de disentir con algunas orientaciones decisivas de este proyecto, voté a favor de todas las leyes que me parecieron realmente progresistas y me enfrenté a insultos y amenazas de algunos ofuscados chacareros por defender la resolución 125». Lo que aclara es que se abstuvo en la Ley de Medios y denuncia que por esto está censurado en Página/12 , y no porque Clarín le haya abierto sus puertas. Finalmente, la experiencia de DxBA terminó a las peleas. Según Bonasso, a fines de 2008, la convivencia era imposible. Heller y su segundo, Junio, se habían convertido en fieles soldados de Kirchner. Ibarra y él estaban a punto de dar el portazo. Bonasso destaca una frase de Junio: «¿De dónde sacaron ustedes que en San Juan hay glaciares?» (pág. 286) y otra de Heller: «¡Ustedes nos convencieron de hacernos kirchneristas y ahora se van!». Y para rematar una confidencia de Ibarra. «¿Sabés por qué Kirchner estaba enojado conmigo? No por mis críticas a la forma en que manejaron el despelote del campo. Fue por el juego. Por la concesión a Cristóbal López. Por las 2.000 máquinas tragamonedas más que iban a meter en el Hipódromo. Quería que yo convalidara el decreto que estaba por sacar. O, de mínimo, que no lo atacara… (y reveló) todos los detalles del decreto que firmó Kirchner pocos días antes de terminar su mandato». Leiva y el sindicalismo de base en Veladero En el libro hay un rescate y una defensa de la principal batalla que se ha librado contra la Barrick Gold. Y es la que libraron y libran sus trabajadores en la mina Veladero, que está en operaciones desde 2005. Acotemos que Veladero, es hoy la quinta mina de oro del mundo por volumen de producción y que por sí sola representó, en 2011, el 34% del PBI de la provincia de San Juan. Los mineros se fueron organizando, primero, en forma clandestina para luego dar a conocer una organización sindical, la Osma (Organización sindical mineros argentinos) afiliada a la CTA, que organizó reclamos, discutió paritarias y hasta paró la mina hasta lograr la reincorporación de su dirigente, José Leiva, el 17 de diciembre de 2009. En las varias entrevistas a José Leiva relatadas en el libro se describen los ritmos inhumanos de trabajo con turnos de 14 días por 14 de descanso que si se descuentan los dos de viaje quedan 16 contra 12. Y además trabajan 12 horas por día, una semana de noche y otra de día. Y a 5.000 metros de altura y con temperaturas muy extremas, calor de día en verano y mucho frío, 20° bajo cero de noche. Y pese a eso no se los considera insalubres. Esta organización sindical de base se opone al sindicato burocrático patronal, Aoma, que es una agencia de la cámara empresaria, aunque últimamente y a partir de los cambios en la organización de los trabajadores mineros en todo el país, están comenzando a obtener aumentos más significativos en las paritarias. Como denuncia Bonasso, entre los bajos salarios y los elevados rindes, Veladero y Pascua Lama tienen costos operativos entre 50 y 80 dólares la onza, cuando ésta cotizaba el escribirse el libro a más de 1.700 dólares. La ley de Glaciares y el «veto Barrick» Bonasso le dedica bastantes páginas de su libro a reivindicar su labor al frente de la Comisión de Recursos Naturales que presidió desde 2004 y en la que fue reelecto con la nueva composición de la Cámara de 2009. Dos fueron sus principales contribuciones. La ley de defensa de los bosques, para evitar el desmonte acelerado que, como él reconoce, hace estragos especialmente en el NEA y el NOA, y la ley de protección de Glaciares. De la ley de bosques Bonasso denuncia que, si bien fue aprobada en noviembre de 2007 y promulgada de hecho el 19 de diciembre de ese año, recién se reglamentó el 12 de febrero de 2009 (14 meses después a pesar de que la propia ley ordenaba hacerlo en 90 días) (pág. 285). Y que tampoco se cumple. «Hasta hoy sigue siendo violada, en el lecho presupuestario, por el propio gobierno». En marzo de 2010, el entonces jefe de Gabinete, Aníbal Fernández desvió 144 millones de pesos de los bosques para destinarlos al «Fútbol para Todos». La ley de protección de Glaciares fue una iniciativa de Marta Maffei, por entonces diputada del ARI que era la vicepresidenta de la comisión. Lo aprobaron por unanimidad tanto en diputados como en senadores (donde el miembro informante fue Filmus) el 22 de octubre de 2008. Sin embargo, el 10 de noviembre, mediante el decreto 1837/08, Cristina la vetó totalmente. Bonasso comenta: «El veto a la ley de glaciares me separó definitivamente del proyecto K» (pág. 299). Digamos que esto tiene motivos muy simples. Tanto la operación de Veladero como el proyecto de Pascua Lama operan en zonas donde hay glaciares y periglaciares. Una evaluación científica podría obligar a rediseñar o suspender los proyectos. Y esto Barrick no lo iba a permitir. Y el gobierno de Cristina, fiel defensor del pulpo canadiense y del resto de los pulpos mineros radicados o a radicarse en el país, tampoco. Bonasso denuncia el rol del gobierno de San Juan y de todo el clan Gioja en la defensa de la Barrick, así como del resto de los gobernadores que conviven y protegen la minería en sus provincias, como Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y Santa Cruz. La nueva ley y la «trampa» A partir del veto que fue rápidamente caracterizado como el «veto Barrick» comenzó una campaña por insistir con el proyecto. Maffei había completado su mandato y no fue reelecta. Bonasso tuvo que esperar al recambio parlamentario de 2009 y con la nueva composición del congreso volver a la carga. El oficialismo que inicialmente intentó con éxito bloquear un tratamiento en diputados para insistir con la ley vetada, logró aprobar en senadores, donde mantenía la mayoría, una nueva ley de glaciares que desprotegía las zonas periglaciares y fijaba mecanismos ambiguos e ineficaces para su control. El esfuerzo de Bonasso fue mantener un proyecto lo más parecido al vetado por Cristina. El tema se empezó a discutir ampliamente en la prensa y la televisión. El lobby de empresarios mineros (con el sindicato patronal Aoma de ladero) y los gobernadores afines lanzaron una campaña contra la ley. En un esfuerzo final, Filmus cedió ante la posición de mantener la ley bastante parecida a la vetada y tanto el gobierno como el radicalismo dieron libertad de voto en el Congreso. Como resultado y por una votación muy apretada sobre todo en senadores se aprobó la nueva Ley de Glaciares, el 30 de septiembre de 2010, promulgada de hecho el 28 de octubre. El gobierno y las mineras, con los gobernadores afines -con Gioja a la cabeza-, se dieron un plan para burlar la ley, lo cual hasta ahora (septiembre de 2013) han logrado. Con medidas cautelares (que, en este caso, a Cristina le parecen muy adecuadas) lograron que en San Juan no se aplique. Y, mientras tanto, Pascua Lama se siguió construyendo. Si no se terminó, no fue por la ley de glaciares argentina, sino por los desastres ambientales que Barrick provocó del lado chileno y que llevaron a la Justicia chilena (habitualmente amigable con la minería) a suspender la obra del lado chileno a fines de 2012, ratificado este año en dos instancias judiciales. Esto, sumado a los incesantes incrementos de precios en dólares del lado argentino -que han llevado los costos de construcción de los iniciales 3.000 mil millones de dólares a 8.000 a 9.000- han decidido a Barrick a paralizar las obras también del lado argentino. Las provincias cordilleranas, a su vez, dictaron todas sus propias leyes de protección de glaciares, todas iguales y más permisivas. Como su argumento es que los recursos naturales son de las provincias, dictan sus propias leyes y no cumplen la ley nacional. En esto se apoyan en la reforma constitucional de1994, votada por todo el arco progresista que facilitó la entrega de los recursos naturales, tanto petroleros como mineros o forestales a los pulpos, como complemento de las leyes mineras de la época de Menem. El gobierno nacional que debió encarar el inventario de glaciares en 180 días, demoró inicialmente la reglamentación de la ley y luego encargó el inventario a una institución ligada al Conicet y que trabajó para la Barrick y sin darle un presupuesto adecuado. Como reconoce el propio Bonasso. «Si alguien había pensado ingenuamente que la guerra de los glaciares se acababa con la victoria en el Parlamento debía borrar esa ilusión de su cabeza» (pág. 436). Un hombre de Estado Cuando se discutía las presidencias de las comisiones a partir de la nueva composición del Congreso a principios de 2010, un dirigente oficialista le preguntó a Bonasso si necesitaba ayuda para mantener la presidencia de su comisión y, a cambio, recibir apoyo para mantener las que el oficialismo pretendía. Bonasso comenta: «Le agradecí su oferta y la rehusé. No era necesario un quid pro quo , yo estaba convencido como hombre de Estado que ciertas comisiones debían quedar en manos del oficialismo, pero era convicción, no pedía nada a cambio» (pág. 383). Más adelante y relatando sus acuerdos con Filmus después de agotadoras discusiones, saca la siguiente reflexión: «Era un signo de madurez política que un opositor y un oficialista pudieran ponerse de acuerdo en una política de Estado y no mediante una maniobra oscura como suele suceder, sino a la luz del día, de cara a la sociedad» (pág. 397). ¿Creerá realmente Bonasso dos años después de sancionada la ley de Glaciares que había una política de Estado para defenderlos? ¿O por el contrario, llegará a reconocer que quedó entrampado en sus ilusiones en que puede haber una política ambientalista compatible con la apetencia de beneficios de los pulpos y sus «servidores» como los llama en el título de su libro? Balance Un balance del libro es, a la vez y necesariamente, un balance político del propio Bonasso, ya que ése es, entendemos que premeditadamente, su objetivo. Debemos partir de evaluar las razones que lo alejaron del kirchnerismo y de su reciente comprobación, tal como lo afirma en el libro de que la lucha ambiental es la lucha antiimperialista y contra toda forma de explotación en el tercer milenio. Entendemos que en ambas cuestiones están las limitaciones principales de los planteos de Bonasso. La corrupción, la manipulación de los poderes (Bonasso menciona al Parlamento pero podría extenderse a la Justicia) por parte del Ejecutivo y la cuestión medioambiental deben ser explicados como parte de una política de conjunto. Y criticadas y superadas también como una alternativa de conjunto. De no ser así pueden perfectamente ser utilizados por la oposición de derecha, que pugna por la devaluación y el tarifazo. Bonasso, asumido como hombre de Estado, distribuye elogios, medidos claro, a la «seriedad» de Pinedo (líder parlamentario del PRO), a las denuncias de Carrió, a la valentía y autonomía de Filmus (no casualmente las tres fuerzas que hoy disputan los primeros lugares en las elecciones porteñas). Es cierto que en algunas partes del libro, Bonasso roza la crítica social al señalar la tendencia del gobierno hacia una alianza con sectores «extractivistas» como el minero. Pero eso es un callejón sin salida. Suponer que un capitalismo «industrialista» sería la superación del «extractivismo» y de la «especulación financiera» es querer volver la rueda atrás. Hace muchas décadas que el capitalismo entró en su senectud, pasó a su etapa imperialista que conjuga las actividades rentísticas, financieras e industriales bajo el comando unificado del capital financiero (que además agregó el narcotráfico, la trata de personas y los negocios armamentísticos como otras ramas de las cuales obtener superbeneficios). La limitación principal de Bonasso es no hacer una crítica de conjunto al régimen kirchnerista y el fracaso de su intento de reconstruir una burguesía nacional y «desendeudarse». Y esto tiene que ver con postularse como hombre de Estado. Bonasso denuncia el crimen de Mariano Ferreyra imputando al gobierno que «ciertas alianzas condicen inevitablemente a una suerte de complicidad con el delito», pero éstas no comenzaron en 2010. Para Bonasso, restablecer la figura presidencial fue un rasgo destacable del primer Néstor. Pero esa reconstrucción de la autoridad del Estado es lo que lleva a restablecer la represión, propia o tercerizada. Porque es la autoridad del Estado, defensor de los explotadores y también de los destructores del medio ambiente, que son una y la misma clase. El fracaso de Diálogo por Buenos Aires debería llevar a sacar otras conclusiones.

A la memoria de Lisandro Suriano y Elisa Lorenzatto La presente es una demorada reseña de uno de los últimos libros de Mirta Lobato, publicado en 2009 por editorial Edhasa. Se trata de un trabajo concentrado en analizar un amplio corpus de periódicos obreros, editados en Buenos Aires y Montevideo entre la última década del siglo XIX y fines de los años cincuenta del siglo XX. Dividido en cuatro capítulos, además de una introducción y un epílogo, el libro incluye también dos apéndices con una ficha de cada periódico consultado en la investigación, en la cual se indica su ubicación en distintos archivos y bibliotecas para consulta de futuros investigadores. Lobato, docente e investigadora de la Universidad de Buenos Aires y autora de un amplio conjunto de trabajos sobre la historia del movimiento obrero, advierte que si bien muchas de las problemáticas que aborda en el libro se enmarcan en una investigación que ya lleva varias décadas, el origen específico de este libro, y su propio título, están directamente vinculados con la muerte de su hijo, Lisandro Suriano, fallecido junto a su compañera Elisa Lorenzatto en un trágico accidente a fines de 2001. En una conmovedora introducción, la autora recuerda una de las imágenes de su hijo, con su actividad constante, redactando, difundiendo y vendiendo diferentes publicaciones políticas y gremiales: su trabajo con el boletín estudiantil El Agite , cuando organizó a los estudiantes secundarios del Colegio Nacional Tomás Guido del partido de San Martín, con el periódico La Caldera , más tarde, y «los días en que madrugaba para repartir la Prensa Obrera en la puerta de los lugares de trabajo, en el Hospital Eva Perón de San Martín, acompañando a su comisión interna, en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti), en los talleres gráficos y en las pocas fábricas zonales que sobrevivieron a la aplicación de políticas neoliberales» (pág. 22). Ese recuerdo de Lisandro, dirigente de la UJS y del Partido Obrero, en el cual se destaca su actividad tenaz y sistemática de difusión y militancia con periódicos proletarios, enmarca todo el trabajo de reconstrucción de esa «prensa obrera» que tiene más de un siglo de historia en nuestro país y en el Río de la Plata. El eje del libro de Lobato, y su principal mérito, es ubicar a los periódicos proletarios como un factor fundamental para el desarrollo y la estructuración de la propia clase obrera. En efecto, plantea que el estudio de la prensa proletaria «es crucial en una historia social, cultural y política sensible a la experiencia de las clases trabajadoras», en tanto desde fines del siglo XIX y, sobre todo, en la primera mitad del siguiente «la prensa obrera se fue convirtiendo en una herramienta fundamental para construir las identidades de los trabajadores en el Río de la Plata» (pp. 10-11). El periodismo proletario, de gran desarrollo en Montevideo y en Buenos Aires en el período estudiado, fue un fenómeno extendido a nivel mundial: según Lobato, «la prensa obrera fue una herramienta considerada fundamental para construir a los trabajadores como una clase social con derechos» (pág. 201). Si, por un lado, el desarrollo de los periódicos obreros se inscribió en el marco del «proceso más general de avance de la comunicación escrita», profundizó, por el otro, un proceso de delimitación de una identidad propiamente obrera, en contraposición y enfrentada al mundo de la burguesía y de sus medios de difusión. El trabajo de Lobato viene, en este punto, a llenar un vacío, dado que mientras algunas grandes empresas periodísticas, como La Nación o Crítica , han sido objeto de investigaciones históricas relativamente recientes, la prensa obrera no ha recibido una atención semejante, más allá de las clásicas «historias militantes» de los orígenes del movimiento obrero o de referencias dispersas en trabajos más recientes, sin contar con una obra que analice su importancia desde una perspectiva global. ¿Cuál es el recorte de la «prensa obrera» examinada en el trabajo? En el inicio del libro Lobato traza una distinción entre, por un lado, aquellas publicaciones editadas por agrupamientos políticos, ya sea anarquistas, socialistas, sindicalistas o comunistas, que si bien «se pueden englobar bajo la denominación de obreras (…) se dirigían también a un público más extenso, debatían con los otros partidos y grupos políticos que actuaban en la sociedad y eran producidas por militantes políticos o intelectuales vinculados con cada una de esas ideologías». Por el otro, la prensa propiamente «gremial», que, según la autora, «no puede escindirse de la prensa partidaria, pero puede considerarse como estrictamente obrera, pues era realizada por los asalariados de una rama de la producción industrial o del sector servicios, y expresaba las aspiraciones de sus organizaciones» (pág. 17). Es este último grupo, el de las publicaciones editadas por sociedades de resistencia, sindicatos, comisiones de fábrica y federaciones de gremios en Buenos Aires y Montevideo entre fines del siglo XIX y mediados del siglo XX, el que constituye el objeto de estudio de Lobato en su libro. El primer capítulo traza un cuadro general del contexto en el cual se desenvolvió la aparición y desarrollo de esa prensa gremial: Lobato destaca que, desde fines del siglo XIX, Buenos Aires y Montevideo constituían «ciudades proletarias», en las cuales la profunda transformación económica y social que acompañó a la consolidación de una estructura capitalista dependiente dio lugar a la conformación de una clase obrera dispuesta a movilizarse y organizarse en defensa de sus reivindicaciones. La expansión de la prensa gremial, según Lobato, debe analizarse en estrecha relación con este proceso de estructuración de la clase obrera en las metrópolis rioplatenses: «la relación entre organización obrera y prensa», señala, «fue fluida y dinámica, pues la organización gremial y política se produjo en parte como consecuencia de la acción de la prensa obrera y, al mismo tiempo, el desarrollo de la prensa gremial fue posible porque los trabajadores organizados le dieron forma, la sostuvieron y la utilizaron para informar, educar, concientizar y denunciar las injusticias y la opresión» (pág. 33). La autora analiza la «geografía de la prensa» en ambas ciudades y pone de manifiesto que, en casi todos los casos, «la distribución espacial de las redacciones de los diarios obreros era la de sus organizaciones» (pág. 52). Ubicados por lo general en distritos obreros, cerca de las fábricas y talleres, los locales donde se redactaba -y, en muchos casos, imprimía- la prensa obrera eran los mismos en los cuales los trabajadores se reunían para sus actividades políticas, sociales y culturales. Los alcances de la distribución de los periódicos son más complejos de rastrear, debido a la falta de documentación: la autora señala en cualquier caso que la circulación de la prensa obrera era amplia desde fines del siglo XIX y que los periódicos editados en las capitales de ambos países alcanzaban también a diferentes ciudades del interior. Las «hojas de fábrica», que comenzaron a editarse, sobre todo, en la década de 1920 a instancias de la militancia comunista, tenían un carácter mucho más clandestino y su distribución se concentraba en determinados establecimientos fabriles y su periferia barrial más cercana. Lobato destaca el modo en que la prensa obrera buscó constituirse como una alternativa a las empresas periodísticas que también por esos años estaban en pleno desarrollo y transformación, en parte superando el viejo periodismo faccioso que había caracterizado a la prensa del siglo XIX y dando lugar a emprendimientos periodísticos comerciales de carácter moderno. «A las manos de un trabajador o trabajadora -plantea la autora- llegaba como mínimo una o dos veces al mes un periódico que creaba un mundo diferente, que buscaba hablarle de sus problemas, que se lo entregaban sus compañeros de trabajo y ello implicaba, posiblemente también, un reconocerse como parte de un mundo diferente» (pág. 51). Los periódicos obreros debieron enfrentar en numerosas ocasiones la persecución y represión estatal, defendiendo la posibilidad de expresar libremente sus ideas, aún en el marco de contextos fuertemente represivos. Además de «contrainformar», la prensa de los trabajadores tenía un permanente objetivo pedagógico: según Lobato, «tenía la misión de iluminar a los trabajadores, de rescatarlos de las garras del oscurantismo y de la ignorancia» (pág. 47). A lo largo de todo este período, «ilustrarse y conocer fue un binomio clave en la propuesta de comunicación de los gremios porque consideraban que el conocimiento era imprescindible para cambiar la situación de las clases laboriosas» (pág. 48). En el capítulo 2, Lobato examina las características fundamentales de esta prensa gremial -de la cual se incluyen numerosas reproducciones facsimilares a lo largo del libro- que más allá de sus diferencias por lugar de edición, orientación política o rama de actividad, mostraba algunos rasgos comunes a lo largo de todo el período. Las publicaciones solían estar divididas en dos partes principales: mientras en la primera se desarrollaba el «debate de ideas», con editoriales y artículos de fondo, la segunda se concentraba en brindar información sobre las organizaciones obreras y los movimientos de protesta. Si bien resulta difícil trazar un promedio general, la autora señala que los periódicos gremiales tiraban aproximadamente mil ejemplares de cada número (con una periodicidad que podía ser semanal, quincenal o mensual), aunque en ocasiones ese número podía reducirse a sólo un par de centenares -particularmente en el caso de las «hojas de fábrica»- y en algunos casos excepcionales podían llegar a cifras más altas superiores a los dos mil ejemplares. Recién en la década de 1940, estos números se elevaron hasta llegar a 4 ó 5 mil ejemplares en el caso de algunos sindicatos industriales. Lobato desarrolla un análisis sobre las características editoriales de la prensa gremial, poniendo de relieve el modo en que los recursos tipográficos y de diagramación solían modificarse asiduamente antes que mantener un estilo unificado, como en la prensa comercial, debido al carácter militante de su edición: «el periódico tenía que ser construido cada vez, pues buscaban impresionar al lector, aún en un contexto de limitados recursos tecnológicos» (pág. 88). ¿Quiénes estaban detrás de esta prensa gremial? Lobato destaca la tenaz actividad de «un mundo de militantes-periodistas que se convirtieron en los productores de un artefacto cultural y político que buscaba tanto confrontar con el resto de la prensa como combatirla para incidir en la formación de una opinión pública proletaria» (pág. 62). Dentro de ese mundo de «propagandistas» era posible advertir la figura de los llamados «redactores», que se ponían al hombro la tarea de elaborar, editar y publicar los periódicos, así como los «corresponsales», que informaban en forma anónima de las vicisitudes de un determinado conflicto gremial. También era habitual que los periódicos incluyeran artículos de figuras reconocidas del movimiento obrero, según la filiación política de cada publicación, con artículos de fondo de carácter teórico o propagandístico, además de secciones literarias y culturales. En tanto constituían «un proyecto político, ideológico, cultural que no persigue la conquista de un beneficio económico», los periódicos gremiales debían darse una política activa para financiar su aparición regular, que habitualmente iba de la mano con la lucha de las propias organizaciones gremiales por asegurar su financiamiento en un período en el cual las sociedades de resistencia no contaban con ningún tipo de sostenimiento al margen de los aportes voluntarios de los propios trabajadores. «Organización y prensa -señala Lobato- estaban unidas, y cuando la primera se debilitaba, el periódico comenzaba a salir esporádicamente hasta desaparecer» (pág. 73). Las dificultades para sostener la regularidad de un periódico quedan de manifiesto en el carácter efímero de muchas publicaciones, e incluso en la existencia de distintas «épocas» en la vida de una publicación, que ponían de relieve la intención de mostrar una continuidad con un periódico que había dejado de editarse en el pasado. El capítulo 3 se concentra en un análisis de algunos de los rasgos comunes a toda la prensa gremial: la autora destaca que es posible encontrar algunos «tópicos» que se repiten en las publicaciones obreras a lo largo de todo el período. Lobato insiste aquí en la metáfora del «infierno», planteando que era así como solía presentar la prensa gremial a las condiciones de trabajo en fábricas y talleres; en efecto, en primer término es la crítica y la denuncia de la explotación lo que permite trazar un elemento común entre toda la prensa gremial, más allá de sus diferencias por oficio o por orientación política. 1 Las denuncias sobre las condiciones de trabajo incluían referencias a los bajos salarios, las penosas condiciones de seguridad e higiene, las extensas jornadas laborales, las múltiples enfermedades y accidentes que sufrían los obreros en fábricas y talleres, así como la cuestión del trabajo infantil y femenino, analizado en detalle por la autora. Se trataba de un papel de denuncia que sólo podían llevar adelante los periódicos proletarios: tal como señala Lobato, «las imágenes que los periódicos obreros construían eran la cara negativa de los espacios laborales limpios y ordenados que muchas compañías mostraban en propagandas, fotografías y films con el objetivo de revelar un mundo moderno, racional y organizado» (pág. 120). La prensa obrera constituyó en ese sentido un factor decisivo para «contrainformar» y es, al mismo tiempo, una fuente indispensable para los historiadores que pretendan reconstruir la experiencia de los obreros, oculta y silenciada en las fuentes elaboradas por la patronal. Ese «infierno» que eran las condiciones de trabajo «podía convertirse por la acción mancomunada de todos los trabajadores en el paraíso». El capítulo 4 cierra el libro analizando el modo en que la prensa gremial planteaba una serie de caminos para enfrentar esas condiciones gravosas de explotación y miseria que sufrían los trabajadores en el período. Un rasgo común al conjunto de la prensa gremial, según Lobato, era la importancia otorgada a la organización, considerada una herramienta fundamental para el enfrentamiento con los patrones y como base para la acción común. Esa acción colectiva era difundida en las páginas de la prensa gremial: huelgas, llamados a boicotear a diferentes empresas, manifestaciones públicas, asambleas y meetings tenían su lugar en los periódicos, tanto en el momento de su convocatoria y difusión como a posteriori, en forma de crónica de lo sucedido. La apelación a la necesidad de organizarse era una constante que actuaba como un factor de impulso de la acción de los trabajadores. Lobato muestra cómo se repetían en los periódicos obreros las críticas a los trabajadores que actuaban con «frialdad, apatía, desdén o indiferencia», al tiempo que se insistía en la importancia de desenvolver una actividad solidaria y colectiva. El llamado a la «unidad» era una constante: todos los periódicos la proclamaban como una necesidad imperiosa, tanto para enfrentar las luchas cotidianas como para derrotar a un régimen social que garantizaba y perpetuaba la explotación. Desde nuestro punto de vista, es aquí donde se ponen de manifiesto algunos problemas vinculados tanto con el recorte elegido por la autora -que concentra su examen en las publicaciones de organizaciones gremiales y deja de lado las editadas por los diferentes partidos y agrupamientos políticos- como con su explícita intención de priorizar un análisis de los rasgos comunes de esta prensa a lo largo de un extenso período antes que sus transformaciones en el tiempo. Ocurre que, a la hora de examinar el modo en que la prensa buscaba el camino para superar ese «infierno», las respuestas eran lógicamente divergentes. Más allá de algunos planteamientos comunes, correctamente señalados por Lobato, que atraviesan las publicaciones gremiales a lo largo de todo el período, resulta evidente que las características de la organización que debían darse los trabajadores para enfrentar un régimen de explotación fueron objeto de amplios debates y divergencias en el seno del movimiento obrero. 2 Lobato admite que la cuestión «dio lugar a numerosas confrontaciones para definir cuál era la organización más adecuada, quiénes, cómo y dónde se tomarían las decisiones y cuáles eran las formas de lucha más apropiadas» (pág. 157). No profundiza, sin embargo, en estas divergencias, salvo en algunas cuestiones como las discusiones en torno del «federalismo» o «centralismo» de las organizaciones gremiales que buscaban nuclear a las sociedades de resistencia y sindicatos de diferentes oficios y ramas industriales, así como en el modo en que los cambios tecnológicos en la organización industrial capitalista pusieron en primer plano la necesidad de fortalecer los sindicatos por rama de actividad y promovieron un debilitamiento de ciertas solidaridades corporativas que estaban vinculadas con la vieja estructura de oficios. El lector interesado en profundizar en la cuestión de la orientación política de esa prensa gremial que es examinada en el libro no encontrará en este sentido más que algunas referencias en una sección incluida hacia el final del último capítulo, donde la autora incluye una sección titulada «Trabajadores y política». Allí admite que «las relaciones de las organizaciones gremiales con las prácticas políticas de los llamados partidos ‘tradicionales’ han sido siempre un tema conflictivo» (pág. 180) y analiza, por un lado, el vínculo de los trabajadores con partidos y fuerzas políticas de carácter policlasista y «bajo fuertes liderazgos políticos personales», pero también, por el otro, la relación con los partidos provenientes de la propia clase obrera, que tuvieron casi siempre «una relación poco apacible» con las organizaciones gremiales (pág. 180). Si bien la cuestión no es problematizada en este trabajo, Lobato advierte las profundas implicancias que tendría para la clase obrera argentina el peso de una orientación que se concentraba en la actividad sindical y se declaraba «prescindente» en el terreno político. Según Lobato, en efecto, «los reclamos de autonomía de estas tendencias de la clase trabajadora frente a los partidos políticos fueron consolidando una cultura de defensa cerrada de la independencia sindical, lo que algunas veces colocaba a los trabajadores al margen de la representación parlamentaria» (pp. 180-181). La autora llega a caracterizar el vínculo entre la orientación contraria a la participación política de numerosos gremios y el alineamiento posterior de muchos de ellos con el gobierno peronista: señala, en efecto, que muchos sindicatos habían desarrollado una línea para la cual «era indiferente quién gobernara porque el mal estaba en el sistema capitalista», y que luego de 1945, «en la práctica rearticularon la noción de prescindencia y la convirtieron en apoyo al líder del justicialismo» (pág. 187). Las profundas transformaciones que sufrieron las organizaciones sindicales desde la década de 1940, con la estrecha vinculación al aparato estatal y la cristalización de una burocracia sindical que pasaría a ser un actor insoslayable en el movimiento obrero del país, no son analizadas en particular en el trabajo, si bien algunas referencias a los cambios que adoptaría la prensa gremial a partir de entonces son señalados en varios pasajes. Resulta evidente que esa «prensa gremial» editada por los sindicatos que es analizada en el libro, con un fuerte carácter de clase e independiente tanto financiera como políticamente de las patronales y los recursos del aparato estatal, conoció grandes cambios en la segunda mitad del siglo XX. Lobato señala que «el fortalecimiento de las organizaciones gremiales, que se hizo visible a partir del período interbélico, y la paulatina pero continua intervención de las instituciones estatales en la regulación de las relaciones laborales entre capital y trabajo significaron una mayor complejidad de las estructuras sindicales». Esa «mayor complejidad» implicó «una fuerte concentración del poder en los organismos directivos y hasta una menor aceptación de los disensos y pluralismos internos», así como «la organización de una densa red de servicios» que implicó el manejo de sumas de dinero mucho más importantes (pp. 188-189). Estos cambios «modificaron el papel de las organizaciones gremiales, incluso de aquellas que habían sido más refractarias a la aceptación de la intervención del Estado o a las realizaciones de los diferentes gobiernos» (pág. 193) y tuvieron un impacto en la prensa gremial, que la autora vincula con cambios más generales en el plano de la comunicación. Desde su perspectiva, «los periódicos gremiales se oponían doctrinaria e ideológicamente a las empresas, disputándoles los lectores, pero en esa confrontación la prensa obrera terminó arrinconada no sólo por la superioridad económica y técnica sino también por la potencia de la creación de sentidos en una sociedad en permanente transformación» (pág. 96). De conjunto, el trabajo de Lobato constituye un aporte a la historiografía del movimiento obrero argentino y rioplatense, en la medida en que ofrece una sistematización de la experiencia de la prensa gremial porteña y montevideana que hasta el momento no había sido encarada. Son numerosos los aspectos cuyo análisis podría profundizarse, particularmente el problema de la relación entre las sociedades gremiales y los agrupamientos políticos activos en el movimiento obrero; en este sentido, sería especialmente importante un trabajo que incluyera en el análisis a los periódicos de los diferentes agrupamientos políticos de la izquierda, que también son parte de ese mundo obrero y estaban en permanente diálogo con la prensa gremial. Esta reivindicación de la prensa proletaria, elaborada y distribuida por y para los trabajadores, cobra, en cualquier caso, especial relieve en el actual contexto político, marcado por discusiones acerca de una «prensa militante» que, en realidad, hace referencia a emprendimientos capitalistas, tanto en su orientación política como en su estructura comercial y periodística. El examen y la recuperación histórica de la amplia experiencia de publicaciones obreras editadas en el Río de la Plata contribuye a poner en primer plano el peso de una fuerte tradición histórica de periodismo obrero, independiente de la patronal y de su Estado y, por ello, auténticamente «militante”, que miles y miles de activistas, entre ellos Lisandro, construyeron a lo largo de más de un siglo. Referencias 1. La referencia al uso de metáforas religiosas en el discurso de la prensa gremial también es señalada con referencia a las intervenciones de diferentes corrientes políticas: según la autora tanto el anarquismo como el sindicalismo, el socialismo y, más tarde, el comunismo «designaban al capital y a los capitalistas con palabras en las que se mezclaban elementos provenientes muchas veces del cristianismo y otras del romanticismo como egoísmo, mezquindad, hipocresía» (pág. 160) 2. Lobato reconoce la dificultad de trazar en este sentido generalizaciones que incluyan a toda la prensa gremial, en la medida en que «es muy importante identificar no sólo el contexto en el cual se produce la noticia sino también la ideología hegemónica en cada periódico» (pág. 183). Indica expresamente que no es el tema que quiere profundizar en el libro, en el cual no busca «examinar las tensiones de ese tipo sino (…) mostrar lo que los periódicos gremiales comunican y los modos en que lo hacen desde una perspectiva general» (pág. 188).

Tres meses después de la primera, apareció la segunda edición de La Revolución Clausurada, el libro que Christian Rath y Andrés Roldán escribieron sobre la década inicial de la Revolución de Mayo. Ofrecemos al lector tres miradas sobre ese texto. Dos son cartas dirigidas a los autores. La primera es de Eduardo Grüner, autor del prólogo, para la presentación que tuvo lugar en la Facultad de Sociales de la UBA el 10 de mayo. La segunda de Felipe Pigna, para la presentación en la Biblioteca Nacional, el 30 de agosto. Finalmente, la tercera mirada es el comentario que publicó Juan González del Solar en la sección Cultura del diario Perfil en su edición del 15 de setiembre. Para quien quiera acercar preguntas, inquietudes, sugerencias o aportes a los autores: www.laclausurada.com.ar «En 1816 se declaró la Independencia para terminar con la Revolución» Diputruchos», dirá en un rato Christian Rath, y estará hablando de algunos de quienes levantaron la mano en la Casa de Tucumán, allá en 1816. «El festejo del Bicentenario fue el festejo de la unión nacional, es decir de las clases que han gobernado el país en los últimos 200 años», arrojará Rath, con una sonrisa cómplice, como quien muestra lo que está a la vista. «¿Por qué lo digo? Porque los lazos que construyeron a este país como un país oprimido están más férreos que nunca: tenemos una economía cuyo nivel de primarización -el comercio de materias primas- es más alto que en 1910». Christian Rath es uno de los autores de La revolución clausurada, el libro que escribió con Andrés Roldán, para dar una versión de la Historia que no es la liberal -la que, en general, aprendimos en la escuela- ni la revisionista, que defiende las figuras de los caudillos -Juan Manuel de Rosas en particular- y traza una continuidad entre San Martín, Rosas y Perón. Lo que quieren mostrar Rath y Roldán es que, entre 1808 y 1820, se produjeron en estas tierras planteos políticos más federales, más laicos, más igualitarios que los que terminaron triunfando. Y cómo fueron las luchas que nos trajeron a donde estamos. -Ustedes hablan de una revolución clausurada. ¿Hacia dónde iba y qué pasó? -La junta de Mayo -dice Andrés Roldán- es un frente heterogéneo. Moreno plantea una expropiación temporaria de las minas para desarrollar la industria nacional. Y envían una misión al Alto Perú, que comanda Castelli, y produce un hecho notable: la proclama de Tiahuanaco. Allí se declara de liberación de los indígenas, la independencia respecto del clero y la supresión de los tributos y del trabajo servil. Esto genera una reacción contraria de las clases propietarias y comerciantes, que son los dueños de ese trabajo esclavo. Eso es 1811 y ahí hay una primera clausura. -Ustedes discuten la idea de que la Asamblea del Año XIII haya sido progresista. -La Asamblea -dice Rath- estaba en condiciones de declarar la Independencia y fundar la República, y no lo hizo. En 2012, el Parlamento declaró un feriado para el día que se cumplieron 200 años de su inicio. Es decir, lo consideraron un hito histórico. Pero ahí no se declaró la independencia porque así se había pactado con la diplomacia británica, que necesitaba comerciar libremente, pero no podía enfrentarse a España, que era su aliada contra Napoleón. En sesión secreta, la Asamblea decidió oponerse a la incorporación de los diputados de la Banda Oriental, que venían a declarar la independencia y establecer una confederación en la que cada provincia retuviera su soberanía. Y, lo que no es menor, a abrir los puertos, para frenar el poder de Buenos Aires. Además, querían proclamar la libertad civil y religiosa. -¿Y qué pasó? -La Asamblea -dice Roldán- mantuvo la organización económica del Triunvirato, que colocaba la producción y el comercio dentro del libreto inglés. -¿Y la liberación de los esclavos? -Cuando se reglamentó esa ley -sigue Roldán- se estableció que los niños esclavos estarían con sus patrones hasta los 20 años, y saldrían de allí preferentemente para integrar ejércitos patrios: el Ejército de Los Andes convocó a diez mil negros. La resolución más revolucionaria establecía que cualquier esclavo de un país limítrofe que pisara la Provincias Unidas era libre. Esto provocó una reacción en la corte de Portugal en Brasil y la Asamblea dio marcha atrás. Lo que sí hizo fue eliminar la tortura como parte de los procesos judiciales, lo que no impidió que se siguiera aplicando. -Por qué hablan de diputruchos en el Congreso de Tucumán? -Hacia 1814 -dice Rath- hay una segunda oleada revolucionaria. Se forma la Liga de los pueblos libres, con Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, la Provincia Oriental, Santa Fe y pueblos de Misiones, liderados por Artigas. Comienza el proceso que va a dar lugar a una revolución agraria en la Banda Oriental. La idea fue expropiar estancias y dividirlas en lotes de 7.500 hectáreas. Aun estancias en manos de hacendados patriotas fueron pasibles de expropiación. Esto generó una conmoción, porque entre las familias expropiadas estaban los Mitre, los familiares de Belgrano, el suegro de San Martín. También se establecieron barreras arancelarias frente a las exportaciones y se permitió a Paraguay acceder a los puertos. Entonces se calificó al artiguismo de anarquismo. Se armó el Congreso de Tucumán y para él se eligieron diputados por el Alto Perú. Pero como el Alto Perú estaba ocupado por los españoles, se tomaron algunos emigrados que estaban en Buenos Aires y se los designó diputados. Ellos, más Buenos Aires, generaron una mayoría automática en el Congreso. E impidió que asistieran los diputados de las provincias agrupadas en el sistema de los Pueblos Libres. Allí mismo se pactó la invasión portuguesa a la Banda Oriental, que terminó con la política artiguista. Había caído Napoleón, ya no había opción: se declaró la Independencia para terminar con la Revolución. -Ustedes contraponen a Rosas y Artigas. -En el llamado «federalismo» entran cosas muy diferentes. Rosas es el hombre de los hacendados bonaerenses que se benefician de la apropiación de tierras que establece Rivadavia. Es el hombre del latifundio, no el del reparto de la tierra. Es el hombre del puerto único. Es el que logra que les devuelvan a los hacendados porteños las tierras que Artigas habían expropiado en 1815. Patricia Kolesnicov (Clarín, 27 de agosto de 2013) «La Independencia para poner fin a la Revolución» Entrevista con Christian Rath y Andrés Roldán, autores de La Revolución Clausurada, Mayo 1810 – Julio 1816 (Editorial Biblos); donde analizan el proceso revolucionario desde el marxismo (extracto). -¿Cómo surge la idea del libro? Christian Rath: Siempre que uno emprende una tarea de este tipo y existe una elaboración tan vasta, uno se tiene que preguntar qué es lo nuevo que pretende aportar, para que no sea de alguna manera una reelaboración de cosas ya dichas. Originariamente, pensábamos llamar a nuestro libro «El cuarto relato de la Revolución de Mayo», en contraposición a la historia mitrista, a un segundo relato que es el revisionista, y a un tercero, con peso académico. Nuestro relato parte de tres constataciones. Una, la apreciación del contexto internacional como un período de crisis de régimen social, es la agonía del feudalismo y el período de la revolución burguesa. Nuestro análisis pretende ser una historia de la lucha de clases en lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata. Dos, exhumamos una lucha social que se va a desenvolver desde los primeros momentos de la Junta de Mayo y que después va a tener una continuidad en la gesta de Artigas. Tercero, la polémica de Marx sobre Bolívar, porque la crítica de Marx demuestra que Bolívar no es un jacobino. Cuando nosotros hablamos de este proceso de lucha social en las Provincias Unidas del Río de la Plata, estamos identificando a un sector jacobino, los Jacobinos de Mayo, los Jacobinos Indígenas. Y la denuncia de Marx, que es lapidaria y rigurosa, es la siguiente: Bolívar es un representante de los mantuanos, y además en el terreno internacional, un representante del bonapartismo, del agotamiento del proceso revolucionario. -Es, sin dudas, un libro polémico. Andrés Roldán: Coincidimos que es un libro polémico. No es que busquemos la polémica, pocas veces polemizamos directamente. Son los conceptos planteados en forma polémica contra otras interpretaciones que hoy existen. Una idea fundante es el análisis del plano internacional que incluye la Revolución Española, que en general es ocultada, y sólo se menciona la ocupación de España por las tropas napoleónicas. Lo que hay que destacar es que la ocupación napoleónica da lugar como reacción a una revolución. Nadie esperaba en Europa que los «atrasados españoles» fueran a provocar semejante fenómeno. Durante años, 300 mil efectivos de las mejores tropas napoleónicas quedan atrapados en España. Esto colapsa la estructura militar española, gran parte de la cual se reconstituye sobre la base de las fuerzas guerrilleras que han combatido contra los ejércitos napoleónicos. Estamos frente a una potencia colonial en decadencia, y sacudida por una profunda revolución. Esto lleva a la reconstitución de las alianzas internacionales. Los ingleses consideraban al Río de la Plata como un objetivo central para su expansión americana. El cuero era uno de los productos más demandados. La producción industrial lo requería para las maquinarias, correas para las poleas. Inglaterra preparó la tercera invasión al Río de la Plata con fuerzas gigantescas, pero en 1808 se alió al nuevo gobierno español surgido de la revolución para enfrentar a Napoleón, y en vez de venir al Plata se dirigió a Gibraltar para reconquistar la península. -También remarcan la importancia, como antecedente revolucionario, del alzamiento de Tupac Amaru. AR: Sí, Tupac Amaru, también Nueva Granada, e incluso Haití. Hubo una mecánica de clases en la cual el movimiento campesino indígena liderado por Tupac Amaru, que va a enfrentar a todas las formas de opresión que sufre en ese momento el pueblo americano, va a intentar llegar a un acuerdo con los sectores acomodados criollos del Alto y Bajo Perú, para enfrentar a los españoles. Y hasta limitan ciertas reivindicaciones para lograrlo. En un momento parece que se alcanza porque en Oruro, un sector de la dirección criolla se pone a la cabeza del movimiento. Pero fue una maniobra, y entregan a los indígenas a los españoles. A partir de allí se produce una gran escisión social, en la cual, los criollos blancos van a temerle a todo lo que huela a revolución popular y los indígenas van a desconfiar de las direcciones criollas. -Este año se cumplió el bicentenario de la Asamblea del año XIII. El libro tiene una mirada muy crítica de la misma. ¿Cuál es su lectura de lo que significó la Asamblea? CR: La ley que habilitó el último día de enero de este año como feriado nacional por el bicentenario de la Asamblea tuvo la votación unánime de todos estos bloques políticos que ahora se están enfrentando en la lucha política electoral, destacando a la Asamblea como un hito de la independencia y de la representación política de las Provincias Unidas. Esto es un fraude. La Asamblea no declaró la independencia por presión de la diplomacia británica, aliada con España contra Napoleón. Y, en materia de representación política, los únicos delegados que realmente provinieron de asambleas con un mandato surgido de ellas (las conocidas instrucciones de Artigas a la Asamblea del año XIII) no fueron reconocidos. Porque en esas instrucciones se planteaba un ordenamiento político para las Provincias Unidas que excedía en mucho los propósitos políticos de los convocantes. Ahí se planteaba la independencia inmediata, un sistema confederacional, con habilitación de todos los puertos en igualdad de condiciones, con unidad arancelaria, con el traslado de la capital para que el Puerto de Buenos Aires no monopolice la aduana y el funcionamiento comercial y productivo de esas Provincias Unidas. En realidad, la Asamblea es, en términos de conformación de la nación, un paso atrás. Y lo que trascendió, como la famosa libertad de vientres de los esclavos, fue una impostura. Porque luego vino la reglamentación que va a determinar que hasta los 18 años van a quedar en manos de sus «propios dueños». Y un trato preferencial sólo para los que se integren a las milicias. Y una resolución que se podría llamar casi revolucionaria, que decía que cualquier esclavo que viniera de Brasil, pisaba el territorio de las Provincias Unidas y estaba libre, ante la protesta británica y portuguesa, quedó anulada. Es una de las grandes mistificaciones nacionales. -Eso también es distintivo del libro, remarcan fuertemente la figura de Artigas. AR: Un elemento clave en nuestra visión es que las masas que habían ayudado a abatir al viejo régimen para construir un nuevo régimen, luego se enfrentan a él porque no lograron lo que ellas aspiraban, en una «segunda oleada revolucionaria». Un fenómeno que es muy común en los procesos revolucionarios. El jacobinismo, muchos lo identifican como un planteo afrancesado, intelectual, propio de jóvenes idealistas que nada tenían que ver con la verdadera raíz nacional. Nosotros cuestionamos esto, y así como un historiador habla de los jacobinos negros en Haití, acá teníamos gauchos jacobinos, indios jacobinos. En el Reglamento de Tierras de Artigas, aparece la frase «Que los más infelices sean los más privilegiados», es un término tomado de los decretos robesperianos durante la etapa más radical de la Revolución Francesa, y no es una casualidad. La primera ola jacobina, con Castelli en Tiahuanaco llamando a terminar con la opresión HACIA los indígenas, le cuesta a Castelli sufrir el ataque de los conservadores porteños. La segunda oleada del jacobinismo va a tener al artiguismo como su máxima expresión. A comienzos de 1815 se va a vivir una situación revolucionaria de esta segunda oleada, fenómeno clave para entender la década que termina en 1820. Alvear cayó abatido por un movimiento popular que sacudió en pocas semanas a gran parte del país. A partir de 1815, el artiguismo pasa a tener una acción de gobierno en una vasta región que se reagrupa como el Sistema de los Pueblos Libres. En general se lo considera a Artigas un idealista, pero sin capacidad de ejecución. Nosotros mostramos justamente lo contrario. Este momento revolucionario de 1815 genera terror en las camarillas porteñas que a partir de entonces van a tomar la decisión política de acabar con este proceso revolucionario, al que llaman anarquismo. Otro factor importante es que cuando el Reglamento de Tierras se aplica, el equilibrio que Artigas y su equipo intentaron buscar con los hacendados patricios se quiebra. Las fuerzas sociales desbordan, y lo que tenía que ser una expropiación de las tierras de «los malos americanos y peores europeos», termina siendo la ocupación y distribución de muchas estancias de «patriotas», que se refugian en Buenos Aires y que piden desesperadamente el apoyo del gobierno directorial para acabar con esa experiencia. Una política agraria que permitía darle tierra a los gauchos, ganado, un acceso al mercado. Y una política arancelaria de protección para que la industria pudiera desenvolverse. Acá hay una confusión, con la idea de que eran partidarios del librecambio. Una cosa es acabar con el monopolio español y otra cosa es dejar abiertas las fronteras a la importación indiscriminada. En ese sentido, Artigas era contrario al monopolio español, comerciar con todo el mundo sí, pero mediante la política arancelaria de fomentar la producción local. CR: El proceso de la Revolución de Mayo abre un gigantesco desarrollo de fuerzas productivas. Lo que significa el saladero, la industria del cuero, va a significar que las Provincias Unidas en un lapso increíblemente corto tenga un salto en la exportación. Este desarrollo de las fuerzas productivas va a tener gran influencia en el origen del latifundio. Este es el gran factor de confusión sobre Juan Manuel de Rosas, el latifundio está prefigurado previamente porque de alguna manera, el acceso a la tierra disponible no era fácil ni igualitario. El latifundio se va a convertir en el gran factor de bloqueo del mercado interno. Por lo tanto, la clase estancieril bonaerense no puede considerarse una clase progresiva. Está en la cima de ese desarrollo de las fuerzas productivas pero también es el factor de bloqueo a partir del latifundio. -Otro de los puntos que analizan con una mirada muy crítica es el Congreso del 9 de julio de 1816. AR: El Congreso de Tucumán es una gran conspiración. La oligarquía porteña y los tenedores de la deuda, que son comerciantes británicos, toman la decisión política de armar un Congreso fraudulento, con diputruchos inventados para el Alto Perú, ocupado por los españoles. Mucho se habla de Juana Azurduy, pero no fueron los luchadores de las guerrillas de las republiquetas los que representaron al Alto Perú en el Congreso, sino elementos exiliados cooptados por la camarilla porteña. De ese modo armaron una mayoría automática que aceptó pactar a escondidas con los portugueses la invasión de la Banda Oriental. La declaración de la independencia es utilizada para cubrir esto, para acabar con la revolución. Caracterizamos una especie de troika de esa época que es la diplomacia británica, la Logia Lautaro y el Directorio. La camarilla porteña está dispuesta a entregar una parte del territorio nacional, la Banda Oriental, a cambio de asegurar sus privilegios sociales. Esto es lo que lleva a una clausura de la revolución, que se va a procesar en una lucha política y militar, desde 1816 hasta su consumación en 1820. En 1820, luego de Cepeda, las tropas federales que avanzan sobre Buenos Aires, son cooptadas por Sarratea y los porteños para armar un bloque anti-artiguista. En el Tratado de Pilar, un sector que era parte fundamental del bloque federal (Ramírez y López) pacta con los porteños el aplastamiento de Artigas. El Tratado de Pilar es el tercer elemento reivindicado por las principales corrientes historiográficas junto a la Asamblea del año XIII y el Congreso de Tucumán, y que nosotros impugnamos. Según Mitre, fundó la Nación y el federalismo; y según los revisionistas el federalismo y la Nación. En realidad, ni funda la Nación (ya que no enfrentó a los portugueses y acepta el desmembramiento nacional) ni tampoco fundó el federalismo porque su función fue acabar con el artiguismo. No se puede poner un signo igual entre el federalismo de 1813-1820 con Artigas a la cabeza y el seudo-federalismo con Rosas, que no toma ni su programa ni sus expectativas, ni su base social. -A veces algunas de las críticas, un poco más a la militancia marxista internacionalista, PROVIENEN DE su desconocimiento de la historia nacional. ¿Cómo analizan esta postura? ¿Cómo ven hacia el pasado esa construcción de la historia y hacia el futuro en esta óptica política? AR: En algunas presentaciones nos dicen «pero, entonces, ¿tenemos que aplicar el programa de Artigas?». No, lo que decimos es que ese programa era el más revolucionario en un momento de ascenso del capitalismo. Pero hoy estamos en la decadencia del capitalismo. Hoy está en crisis el régimen que en su momento había que construir. Se trata de señalar cuáles fueron sus límites. Juan Ciucci (Agencia Paco Urondo – Cultura – 19 de julio de 2013) En el campo de batalla «Finalmente, el propósito es contribuir a hacernos cargo de la tarea pendiente: apropiarse de la Argentina dando vuelta a un régimen social que ha conducido a su postración histórica». De esta manera finaliza la introducción que los autores anteponen al libro, entre una Guía de Lectura que delineará el camino del texto y un lucidísimo -e imperdible- prólogo de Eduardo Grüner. Militantes del PO, Rath y Roldán dejan claros el punto de partida y las intenciones: rescatar la historia «no como un ejercicio académico, sino de conformación de la clase obrera de este país al día de hoy». Dicho esto, al contrario de lo que podría esperarse, nos encontramos con un texto que estudia lo ocurrido al servicio del conocimiento y no del discurso, un texto que puede dar respuestas al binarismo que nos ha parido y enfrentarse incluso con expectativas y deseos propios: La Revolución Clausurada tiene la extrañísima virtud de leer el pasado, separándolo de la cosmovisión crítica del presente y de narrar los derroteros de hombres reales para contar la historia, con sus contradicciones, luces y equívocos, sin que por esto dejen de ser héroes. El lector no acostumbrado a textos académicos agradecerá el estilo diáfano y ágil, los capítulos breves y una vasta información que elige profundizar en el contexto -para contar seis años toma los hechos de más de treinta- antes de explicar lecturas propias: el prisma está claro desde el comienzo, y quien está seguro de sí no necesita contar por qué. Por último, resulta insoslayable un repaso por los anexos – en particular el texto de Marx sobre Bolívar-, por la tabla cronológica y por el acento en la figura de Artigas, libertador que nuestro chauvinismo tiende a dejar de lado. Juan González del Solar (Perfil – Domingo, 15 de septiembre de 2013) Carta de Felipe Pigna Estimados amigos: Les escribo, en primer lugar, lamentando no poder estar presente y para hacerles llegar algunas breves palabras que consideran este importante trabajo que presentan. Como sabrán, uno no necesita suscribir todo cuanto se escribe en un libro para poder afirmar que se trata de un ensayo muy meritorio. Y esto por varios motivos: el primero de ellos es volver a discutir la Revolución de Mayo y plantear, más allá de quienes pretenden clausurar las discusiones, que aquella década revolucionaria sigue presentándonos problemas para discutir, nuestro pasado. Y también resulta meritorio que la discusión esté planteada tratando de pensar por qué han sido frustradas en aquellos años las aspiraciones más progresivas encarnadas en el morenismo y el artiguismo, preocupados también por destacar el anhelo de los sectores populares. Como plantean Rath y Roldán, los proyectos de estas corrientes fueron mucho más federales e igualitarios que los que terminaron consolidándose. Otro mérito del libro al explicar estas frustraciones, o como titulan, la «clausura» de la revolución, es el de plantear como pocas veces se ha hecho el entramado internacional que se cierne sobre el proceso revolucionario, la competencia y las intrigas de las diplomacias británicas, españolas, francesas, brasilera, en torno a los destinos de las provincias unidas. Sobre estos temas aún queda mucho por investigar y discutir. Y también se debe destacar que vuelven a plantearse con claridad aquellos problemas que se resolvieron de la peor forma: como el de los recursos financieros y el uso y distribución de las inmensas tierras existentes. Con su consecuencia de consolidación de la burguesía terrateniente y la marginación y exclusión social, económica y política de los sectores populares. Y de actualidad son otras preguntas que también recorren al libro y que también preocupaban a un gran historiador como fue el autor de la Historia del pueblo argentino, Milciades Peña: ¿Era posible dar mayor profundidad a la revolución? ¿Estuvieron limitados los patriotas más esforzados por los límites naturales del desarrollo de las provincias? ¿O se trató de una derrota que se explica por las contingencias de la lucha revolucionaria? Estos son los interrogantes siempre interesantes que de alguna forma se van abordando y que el transcurrir del libro va iluminando. Y por supuesto habilita a la pregunta subsiguiente y mucho más interesante, porque hace de un libro de historia un debate sobre el presente: ¿quiénes deberían hoy asumir aquellas tareas pendientes? Otro punto que me ha parecido más que importante es la reivindicación del proyecto artiguista, muchas veces relegado o limitado a partir de su condición geográfica, pero cuyas proyecciones políticas en verdad imprimían a la revolución una dinámica fundamental, porque las fuerzas del Directorio se terminaron concentrando en un peligro que desnudaba una lucha profunda por los sentidos y proyectos concretos de los destinos de las Provincias Unidas. Mientras San Martín desde Mendoza y desde Chile iba a sufrir el retaceo de fuerzas enviadas por el gobierno central para combatir a las fuerzas españolas, Buenos Aires concentraba sus recursos para combatir las fuerzas federales en la Banda Oriental y su proyecto revolucionario permitiendo incluso fomentando la avanzada de las tropas portuguesas. Antes incluso, se le prohibió a los diputados artiguistas llevar a la Constituyente de 1813 las bases de un proyecto progresista alternativo, el más avanzado de los que se enunciara en aquel momento clave de nuestra historia. Fue en aquella Asamblea en la que la burguesía terrateniente porteña, liderada por Alvear, demoró el avance independentista y concentró el poder con la creación de un poder ejecutivo unipersonal, Directorio, defensor acérrimo de sus intereses, declarado enemigo de Artigas a quien llamó «infame traidor a la Patria», pocos meses antes de ofrecerle a Gran Bretaña estas provincias en protectorado. Uno de los aspectos más interesantes del trabajo que hoy se presenta ha sido el minucioso análisis que han prestado a las acciones de los distintos sectores sociales que participaron de la revolución y de los revolucionarios que aglutinaban en sus personas los anhelos e intereses colectivos, porque sólo de esta forma se puede intentar comprender con exactitud y sin categorías vacías que hablan por sí mismas los procesos revolucionarios, y creo que este libro, más allá de algunas discrepancias naturales que podríamos tener, intenta recorrer este camino. Y esta dinámica le permite también a los autores considerar los distintos momentos de la revolución con suma precisión y también observar los cambios de sentido en los discursos y en las acciones, que son mucho menos que inmutables en períodos tan convulsionados, como las tendencias centralistas de Moreno y las del Directorio, que son valoradas de forma sustancialmente diferente, así como habrá luego que considerar el federalismo de un Artigas con el que proclama Rosas. Estimados amigos, los felicito sinceramente por la iniciativa. Lamento nuevamente no poder estar presente, pero estoy seguro que habrá otra oportunidad en que podamos debatir estos temas -nunca está de más decirlo- que son de tanta actualidad. (30 de agosto de 2013) Carta de Eduardo Grüner Estimados Christian y Andrés: Ante todo, este libro viene a inscribirse en una corriente de bienvenida renovación que se ha producido en los últimos años, y en la cual la historiografía marxista demuestra una igualmente renovada preocupación por lo que en altri tempi se llamaba la «cuestión nacional». Con las excepciones que todos conocemos, esa cuestión quedó durante décadas enteras acantonada, encerrada, verdaderamente secuestrada a modo de rehén de, por un lado, las pinzas de la historiografía liberal «mitrista» (incluyendo su variante «de izquierda» del PC estalinista) y, por el otro, el nacionalismo revisionista, fuera también de izquierda o de derecha. Este libro se suma a una tradición radicalmente diferente de esas otras: la representada por un marxismo abierto, complejo y profundamente crítico -incluso de sí mismo, como corresponde- que en su momento alcanzó su culminación en el nombre de Milcíades Peña. Ustedes, como también corresponde, no se privan de hacer una serie importante de señalamientos críticos a esa propia tradición, pero al mismo tiempo recuperando lo que se me ha ocurrido denominar un modo de producción de conocimiento que busca escapar tanto al falso objetivismo «cientificista», que oculta por detrás de los «hechos» su propia posición ideológico-política, como a la producción apresurada de nuevos «mitos» ideológicos (en el mal sentido) que se proponen como inversión especular de la historiografía dominante, pero sin alterar la lógica básica de los binarismos interpretativos. En esa búsqueda, me permito enumerar los que me parecen ser los principales aportes que hace este libro: 1) una atención detallada y profunda al contexto internacional de las rivalidades interimperialistas y neo-colonialistas que, dependiendo de las coyunturas, facilitaron u obstaculizaron el movimiento independentista, así como sobredeterminaron (para decirlo a lo Althusser) los cambios de alianzas entre fracciones de las clases dirigentes, tanto como con fracciones de las masas populares; pero cabe aclarar al mismo tiempo que esta necesaria referencia no va en detrimento -todo lo contrario: se trata de la especificidad de esa articulación- de una igualmente intensa atención a la problemática de una cuestión nacional que muchos marxistas han despachado un poco a la ligera en aras de un internacionalismo abstracto o retórico (que no es lo mismo que el irrenunciable internacionalismo estratégico que supone la perspectiva marxista); 2) esta preocupación rigurosa por la situación internacional -y probablemente sea éste uno de los hallazgos más originales del texto- no se limita a la política de las clases dominantes de las potencias colonialistas en juego, sino también (y principalmente, como corresponde a las premisas teórico-políticas de los autores) al examen de los movimientos populares dentro de las sociedades coloniales, muy particularmente el movimiento de resistencia del pueblo español (incluyendo la novedad entonces inédita de la estrategia «guerrillera») contra la invasión napoleónica. Desde el colegio secundario estamos habituados a que se nos hable de esa invasión como una de las causas externas de nuestro despertar independentista; pero, primero, esa «explicación» se limitaba a una versión elitista, centrada en las pujas entre aquellas clases dominantes, y segundo, ésa era precisamente una «causa» puramente externa; Rath y Roldán invierten esa convencional (y muy «burguesa») causalidad, y la complejizan introduciendo la praxis de los sectores populares y su contradictoria pero innegable expresión en las «juntas», que «desigual y combinadamente» se convierten en una componente externa-interna del movimiento independentista en el Río de la Plata; y de paso, ello implica una crítica ajustada del descuido que otras interpretaciones -insistimos: incluso algunas marxistas- han hecho de esta cuestión. Repito: es un notable hallazgo; 3) por lo tanto, las masas y la lucha de clases (la que podía haber en la época y las circunstancias) es un hilo rojo de los razonamientos del texto. Es especialmente importante -otro hallazgo- el rol que los autores le hacen jugar en su análisis del «ciclo artiguista» (denominación ya clásica que titula el exhaustivo estudio de los uruguayos Reyes Abadie, Bruschera y Melogno), y en el agudo análisis del propio gobierno de Artigas y su política económica y social, que no se detuvo, expresando las necesidades y deseos de esas masas (y, según los autores, contradiciendo la idea de Peña de que al «gauchaje» no le importaba un ápice la propiedad de la tierra), ante una potencial revolución agraria -otra vez dentro de los constreñimientos de la época y la situación, se entiende- que en buena medida motivó la abyecta «traición» (aquí sí se puede hablar de revolución traicionada) cometida contra un Artigas que sin duda fue por muy lejos la dirección más avanzada que el Río de la Plata podía dar en una orientación revolucionaria que la defenestración del líder oriental contribuyó decisivamente a «clausurar». El capítulo correspondiente viene pues a reparar una falta capital en otras corrientes de interpretación que, aún con las mejores intenciones, condenan a Artigas a una comparativa «marginalidad», cuando él y las masas que representaba fueron protagonistas centrales de lo que pudo haber sido; 4) otra intervención originalísima que hace el texto es el reexamen crítico -en un Apéndice de gran importancia- de las rutinarias imputaciones que se le hacen a Marx (y Engels) por el presunto apresuramiento, cuando no la crasa equivocación «eurocéntrica», de sus análisis históricos sobre América Latina, y en particular sobre la figura de Bolívar. Los marxistas «tímidos», como es sabido, han querido, en todo caso, «disculpar» a Marx esos «errores», atribuyéndolos a un producto de escritura coyuntural o de urgencia en artículos periodísticos por necesidades económicas. Los autores de este libro, una vez más, no se pierden en tales timideces: para ellos no hay tales dislates, y más aún, esos artículos -lejos de ser marginales piezas de circunstancia- son esenciales para entender acabadamente la concepción historiográfica marxista, incluida la hipótesis capital sobre el «desarrollo desigual». Es una de las secciones más controversiales del libro: y en buena hora. Más allá de acuerdos o desacuerdos que se puedan tener con tal reinterpretación, viene a romper críticamente con un perezoso sentido común al propio interior del canon marxista, y eso no es menos que para celebrar. Sin dejar de señalar, además, que es un gran tema de debate en la más estricta actualidad, cuando la monumentalización acrítica de la figura del Libertador tiende a impedir una discusión más seria y rigurosa del hoy tan a la page emblema del progresismo «bolivariano». Todo esto, entonces, no solamente permite replantear desde un punto de vista realmente radical el debate historio- gráfico sobre la Revolución de Mayo y sus consecuencias inmediatas, sino que representa un posicionamiento rigurosamente político en las controversias del presente argentino y latinoamericano. Y quien habla del presente, por supuesto, habla asimismo de las proyecciones de ese presente sobre el futuro. Por eso creo que este libro debe ser saludado -no importa cuáles sean los matices y diferencias que alguien pueda tener con alguna de sus tesis- como una contribución decisiva, en la Argentina de hoy, a aquello que postulaba Walter Benjamin en tanto «recuperación de las ruinas del pasado tal como relampaguean en este instante de peligro». Les deseo la mejor de las suertes al libro, y les envío un fraternal abrazo. (10 de mayo de 2013)

Todas las semanas aparecen nuevos informes de la convulsión popular en China, donde los campesinos protestan contra las transacciones de tierras y echan fuera de los pueblos a los funcionarios corruptos; los trabajadores migrantes hacen huelga en demanda de salarios con los que puedan vivir; los trabajadores despedidos ocupan las empresas estatales privatizadas; las minorías étnicas protestan contra el abuso Han 1 ; los habitantes de las ciudades y el campo luchan para cerrar las industrias contaminantes y así sucesivamente. Según las cifras relevadas por el gobierno, han habido unos 90 mil «incidentes de masas» en 2006 y unos 9.000 desde 1993. Aunque hay una serie de causas inmediatas, los comentaristas en la República Popular China y en el extranjero han vinculado el creciente malestar a la cada vez mayor desigualdad económica. A lo largo de las dos últimas décadas, como el partido Comunista chino ha implementado reformas de estilo capitalista en el mercado, quienes están situados en lo más alto de la escala social en China han incrementado increíblemente su riqueza, incluso según los estándares globales de la época del exceso neoliberal, mientras que los medios de vida de aquéllos que están en la base de la escala social se han vuelto, de manera creciente, más precarios. Por más de una década, muchos periodistas y académicos han sugerido que el descontento causado por la desigualdad del crecimiento económico podría conducir a un serio levantamiento popular. En su libro El mito del volcán social , el sociólogo estadounidense Martin Whyte discute esta predicción, basándose en estudios realizados por él en China. En el libro, Whyte informa que la gente en China piensa que la desigualdad se ha vuelto muy grande, pero que ellos están menos preocupados acerca de eso que la gente en otros países; dice que, generalmente, ellos aceptan la desigualdad creada por la competencia en el mercado como justa y que no están por dirigirse a las barricadas. En una carrera académica que abarca más de cuatro décadas, Whyte se ha impuesto claras barricadas a sí mismo. Cuando comenzó a investigar sobre China en los últimos años de la década del ’60, él evitó -notablemente- tanto la guerra fría anticomunista, que llevaban a cabo muchos académicos consagrados, como el entusiasmo por la Revolución Cultural que experimentaban sus jóvenes compañeros. En su trabajo actual, él tampoco celebra el camino recorrido por la República Popular China ni tampoco a los heraldos de la inminente caída del régimen el partido Comunista chino. Al contrario, Whyte se ha preocupado él mismo por extender los métodos e intereses de la principal corriente sociológica estadounidense, mediante la realización de encuestas sobre el trabajo, la familia y la vida cotidiana. En los ’60 y los ’70, cuando los académicos occidentales todavía no podían realizar estudios dentro de China, él hizo un notable trabajo de extrapolación mediante entrevistas y encuestas realizadas a quienes inmigraron a Hong Kong. Sus primeros libros – Pequeños grupos y rituales políticos en China (1974), Ciudad y familia en China contemporánea (1978) y Vida urbana en China contemporánea (1984), los dos últimos en coautoría con William Parrish- permanecen como estudios clásicos sobre la sociedad china en la época de Mao y en la primer etapa luego de su muerte. Más recientemente, Whyte ha publicado una colección de libros sobre las desigualdades entre campo y ciudades ( Un país, dos sociedades , 2010) y ha ayudado a los primeros occidentales que han podido realizar sus investigaciones dentro de China. El libro que nos ocupa se basa en un primer esfuerzo para llevar a cabo un estudio desarrollado en la totalidad de la nación china en 2004. El tema en el que hace foco es claramente de gran importancia. Mientras que nadie podría argumentar que los números crecientes del índice de Gini 2 se traducen directamente en revoluciones, en ellos se puede establecer una pequeña duda acerca de que la desigualdad económica -y las ideas de la gente sobre ella- a menudo juega un rol importante en los levantamientos sociales. El estudio de Whyte incluye los casos de 2.300 individuos que formaron parte de una muestra azarosa diseñada para representar la población urbana y rural de todo el país. Aunque las encuestas de opinión son ahora comunes en China, éste ha sido probablemente el más sistemático esfuerzo realizado hasta la fecha para medir las percepciones del pueblo sobre cuestiones de la injusticia distributiva. En once capítulos, Whyte describe como si fuera una lámina lo que él llama visión convencional (la que dice que aquéllos que se encuentran en la parte inferior de la escala social china se encuentran furiosos por el desigual crecimiento económico). Esta línea de pensamiento, según él argumenta, se contradice con las respuestas obtenidas en su estudio. Primero, presenta los resultados generales del estudio. Whyte reconoce que la mayoría de quienes respondieron consideran que la desigualdad en China es muy grande, pero califica esto, a continuación, con las pruebas de que la mayoría también considera que el sistema es, en general, justo. El encuentra una amplia aprobación a la competencia del mercado y tolerancia por la desigualdad que esto genera. Cuando preguntó acerca de varios factores que crean ingresos y riquezas diferentes, la mayoría de los encuestados indicó que ellos creían que la habilidad, el trabajo duro y la educación eran los principales factores por los que algunos se volvían ricos y otros pobres por falta de habilidad, insuficiente esfuerzo, una educación pobre y poca personalidad. Por lo tanto, él razonó que los encuestados sentían que la desigualdad económica era mayormente producida por el mérito más que por ventajas injustas. Por otra parte, las ventajas más ampliamente condenadas por quienes respondieron, eran remanentes de la época del Estado socialista (el acceso privilegiado para los oficiales y las restricciones enfrentadas por los individuos encuestados en las zonas rurales bajo el sistema hukou 3 . Por lo tanto, él sugiere que si las reformas del mercado continúan y hacen desaparecer estos remanentes del pasado, la gente se sentiría menos enojada sobre las causas de la desigualdad. Concluye señalando que «hay pocas evidencias acerca de que la mayoría de los hogares chinos recelen la sociedad capitalista en la que deben actuar». Entonces, Whyte compara los resultados de su estudio con los de aquéllos realizados sobre varios avances capitalistas y los antiguos Estados socialistas, por lo que llega a la conclusión de que el pueblo chino está relativamente contento. A pesar de que el 72 por ciento de sus sujetos de estudio consideren que la brecha de ingresos en China es muy grande, este porcentaje es más bajo que los números en otros países (los más complacientes fueron los encuestados en Estados Unidos, donde el 65 por ciento de quienes respondieron consideró que la disparidad de ingresos era muy grande; los más severos fueron los de Bulgaria, donde el 96 por ciento se quejó sobre la brecha entre los ingresos). Whyte, de todos modos, está más interesado en comparar creencias sobre la justicia. Concluye que «los chinos parecen ver las actuales diferencias entre quién es rico y quién es pobre en su sociedad mucho más como algo que se debe al mérito personal que a la injusta estructura social, que los ciudadanos de otros países». En efecto, los datos de su estudio muestran que los encuestados chinos estaban mucho más cerca de acordar con las declaraciones que atribuyen el éxito al mérito y aceptar la competición del mercado. El admite que sus datos no explican por qué China se destaca, pero sugiere que esto tal vez refleje una reacción en contra de las políticas de mano dura ejecutadas bajo la bandera de la igualdad durante la época de Mao (a la inversa, los datos de Rusia y Bulgaria son de 1996, cuando las diferencias de ingresos eran aún nuevas y especialmente agudas). En la segunda parte del libro, Whyte vuelve a China para comparar las actitudes de los diversos sectores de la población. Incluso si el descontento no es generalizado, él reconoce que si el mismo se hace fuerte en miembros de los sectores clave, la posibilidad de que ocurran trastornos sociales puede ser todavía grande. El considera muchas variables (género, edad, educación, estatus matrimonial, etnia, ingresos, pertenencia al partido Comunista chino, la ubicación geográfica), pero está más interesado en grupos según la ocupación. Luego de presentar una complicada matriz de datos, sin embargo, Whyte no es menos optimista en su evaluación, por lo que concluye que «los sentimientos de descontento sobre la desigualdad actual no están concentrados en un grupo social en particular o determinado por la configuración regional». Para resumir su punto principal, él escribe: «Es común asumir que los encuestados en grupos y lugares que tienen una baja condición de vida o que han perdido en la competencia por los beneficios de la reforma china están descontentos y que aquéllos que gozan de un alto nivel de vida y quienes se beneficiaron desproporcionadamente a partir de las reformas están satisfechos con la actual desigualdad. En contraste, encontramos que el actual nivel de vida objetivo es una pobre guía para actitudes contra la inequidad.» El descubrimiento central que subyace en estas fuertes afirmaciones es que los encuestados de las áreas rurales expresaron mayor conformidad con la equidad del actual orden que los que viven en ciudades, a pesar de que los primeros están en el más bajo escalafón social y, en general, son mucho más pobres que los segundos. El encontró que quienes respondieron en áreas rurales prefieren la competencia de mercado y no están inclinados a apoyar las medidas de gobierno pensadas para disminuir la desigualdad. La satisfacción expresada por los pobladores rurales en el estudio de Whyte es, para él, la pieza clave de evidencia en contra de la idea de que hoy China es un volcán social esperando una erupción. Whyte ha reunido un impresionante y muy informativo conjunto de datos. Pero los mismos están abiertos a otras interpretaciones muy diferentes a las que él ha realizado, las cuales conducen a conclusiones menos optimistas. En primer lugar, ¿las respuestas a este estudio sobre desigualdad indican el grado de satisfacción general con el status quo que observa Whyte? Como se ha señalado antes, el 72 por ciento de los encuestados piensa que la desigualdad es muy grande y más del 60 por ciento acuerdan con la afirmación que dice que «en los últimos -pocos- años, la gente rica en nuestra sociedad se hizo más rica, mientras que los pobres se volvieron más pobres». Más aún, cerca de la mitad está de acuerdo con la afirmación «la razón del motivo por el que la desigualdad social persiste es porque beneficia a los más ricos y poderosos» y menos de un 19 por ciento está en desacuerdo con estas afirmaciones, lo cual difícilmente indique una sensación general de que el sistema es justo. La mayoría también cree que la creciente desigualdad estuvo amenazando el orden social, con lo cual sólo un 15 por ciento está en desacuerdo. Estas respuestas pueden no indicar un inminente estallido social, pero tampoco son una justificación para desechar la teoría del «volcán social» y considerarla un mito. Los datos de Whyte muestran variaciones en las actitudes a lo largo de los diferentes grupos sociales que consisten en una correlación estadística, la cual indica la probabilidad de que esas respuestas, dadas en una determinada categoría social estarán de acuerdo con alguna afirmación, en particular al ser comparada con las probabilidades promedio de respuesta entre todos los encuestados de otras categorías. Los grupos según ocupación que han sido estudiados están extraídos de zonas urbanas y rurales semejantes, y atraviesan el paisaje social -desde los migrantes a los gerentes, de granjeros a autoempleados urbanos, los trabajadores capacitados, los que no poseen capacitación, de los trabajadores manuales, de los trabajadores ‘de cuello blanco’ a los trabajadores desempleados. Entre la espesura de la información, la norma que se mantiene firme es la de la división rural-urbano. Gran parte de los encuestados rurales está de acuerdo con la afirmación «la distribución equitativa de la riqueza y los ingresos es el método más justo», pero tienen relativamente pocas quejas sobre la distribución actual. Por otra parte, incluso aunque la mayoría de los encuestados urbanos está en desacuerdo con este principio igualitario, ellos están mucho más descontentos con las vías actuales por las cuales se distribuyen la riqueza y los ingresos. Todos, excepto aquellos que están en la cima de la jerarquía social urbana, sienten que el régimen existente es injusto, mientras que una relativamente pequeña parte de los residentes rurales sí están de acuerdo. ¿Cómo logramos obtener un sentido con estos patrones? Particularmente, ¿cómo podemos explicar la aparente satisfacción de los residentes rurales con el orden distributivo existente? La cuestión acerca de la distribución apropiada es central. Incluso cuando las preguntas de Whyte no mencionan el problema de la tierra, cuando los encuestados que residen en áreas rurales responden positivamente a su propuesta sobre la distribución equitativa, parece posible que sea lo que piensan principalmente. Cuando el partido Comunista descolectivizó la agricultura a principios de los ’80, fue muy cuidadoso en distribuir las tierras equitativamente entre las familias de los pueblos de acuerdo con una base per cápita. Esto se corresponde con el fuerte y tradicional sentido de justicia que existe entre los campesinos. También a que en las subsiguientes décadas en muchos pueblos se continuó periódicamente redistribuyéndose tierras entre las familias de acuerdo con los cambios en el tamaño de la familia -a pesar de las prohibiciones estatales para esta redistribución. El estudio de Whyte -me permito sugerir- confirma que los aldeanos chinos tienen un fuerte sentido acerca de la tierra y cómo debe ser distribuida equitativamente. Por otra parte, las respuestas dadas por los residentes rurales en el estudio de Whyte a las preguntas subsiguientes parecen indicar que la mayoría cree que luego de que todos tengan una justa porción de la tierra, su destino ya depende de ellos mismos. Tienden a responder positivamente hacia afirmaciones tales como «en nuestro país, el trabajo duro es siempre recompensado» y «tanto si una persona se hace rica como si sufre pobreza, es por su propia responsabilidad». En la China rural perdura una zona de economía de subsistencia en las granjas y pequeñas empresas. Las restricciones legales para vender o arrendar la tierra, diseñada para limitar la concentración de la tierra y la conversión de las tierras destinadas a la agricultura a otros usos, han protegido la subsistencia de las familias rurales al asegurar su acceso a pequeñas parcelas. A pesar de que estas restricciones han sido corroídas en los años recientes, ellos siguen manteniendo -de manera remarcable- el reparto igualitario de la tierra entre los aldeanos. Además, la supresión de los negocios privados durante la época de Mao dejó un campo abierto para pequeñas actividades de manufactura de todo tipo, una vez que las restricciones fueron aliviadas. Las pequeñas empresas familiares rurales fueron florecientes y estuvieron protegidas de varias maneras de la competencia de empresas más grandes. En este contexto, no resulta sorprendente que los encuestados rurales de Whyte tiendan a estar de acuerdo con la idea de que la competencia de mercado es justa; pero esta apreciación se basa -es importante tenerlo en cuenta- en la premisa de la distribución igualitaria de la tierra. De hecho, tal vez, sea esta premisa la razón por la cual China se destaca en las comparaciones entre varios países que realiza Whyte. Si se mira a lo largo de los otros países en esta muestra, China tiene una población rural mucho más grande y un único sistema de tenencia de la tierra, el cual garantiza -como no se lo hace en ningún otro país- la distribución igualitaria de la tierra rural. Las condiciones en la China urbana son muy diferentes. La mayor parte de la gente se encuentra empleada en empresas relativamente grandes y otras grandes instituciones. También existe poca tradición de división igualitaria de la propiedad. En este contexto, las preguntas del estudio de Whyte sobre la distribución equitativa de la riqueza probablemente parezcan utópicas. Por otra parte, las jerarquías sociales urbanas tienen muchos más escalones que las rurales y la reciente acumulación de una inmensa riqueza en manos de ejecutivos de las corporaciones -tanto privadas como públicas- es un cuestión que disemina la indignación pública. Por lo tanto, tampoco resulta sorprendente que los habitantes de las ciudades, al contrario de los campesinos, no expresen su apoyo al principio del reparto equitativo de la propiedad, ya que ellos tienen más problemas debido a la actual distribución de la riqueza. Los encuestados de los rangos más bajos de la jerarquía social urbana son los más insatisfechos. No es verdad -como declara Whyte- que ‘los actuales índices de inequidad no parezcan estar produciendo grupos identificables de descontento que estén indignados a lo largo del escenario» chino. Por el contrario, los datos de sus informes muestran que la gran mayoría «de los trabajadores calificados o semicalificados», «los desempleados urbanos» y «otros pobladores urbanos» están de acuerdo con, virtualmente, todas las afirmaciones presentadas en la encuesta, que expresan insatisfacción con el actual orden distributivo. A pesar de que el libro no provee datos proporcionales sobre cómo los individuos responden a las preguntas según grupos ocupacionales en lo más bajo de la jerarquía social urbana, si se considera que la mayor parte de los encuestados creen que el ingreso desigual crece porque los ricos y poderosos se benefician y que esos grupos están más dispuestos que otros a pensar de esa manera, se puede inferir que dichas ideas son preponderantes en la clase trabajadora de los distritos urbanos chinos. De hecho, no es sorprendente que los trabajadores urbanos estén más insatisfechos que los campesinos con los resultados de las reformas del mercado, porque los dos grupos los han experimentado de forma muy diferente. La descolectivización le dio a cada familia campesina su propia porción de terreno, lo cual aseguró a los habitantes rurales su subsistencia y los convirtió en pequeños empresarios. En contraste, la privatización vía reestructuración de las empresas del Estado dejaron a los trabajadores urbanos absolutamente despojados. En el pasado, a pesar de que los trabajadores no eran los dueños de las fábricas en las que trabajaban, ellos ‘poseían’ su trabajo (por lo menos no podían ser despedidos), lo cual les garantizaba su subsistencia. Ahora que aquello se terminó, como resultado de la reestructuración de las empresas estatales, más de seis millones de trabajadores (más de la mitad de la fuerza de trabajo original) quedaron fuera. Muchos de ellos permanecen en pequeños empleos de seguridad. Mi propia investigación sobre los últimos cinco años ha incluido entrevistas a trabajadores de la desfalleciente industria estatal en el norte y centro de China, muchos de los cuales han perdido su trabajo. Aquellos a los que entrevisté están furiosos por la inequidad generada por las reformas capitalistas y están convencidos de que su indignación es ampliamente compartida por otros sectores. Las cifras de Whyte muestran que esto no es enteramente cierto, como se puede observar en la población rural y en los estratos más altos de la población urbana, quienes se encuentran relativamente satisfechos. Sus informes, sin embargo, no desmienten la impresión de mis entrevistados que dan a entender que las comunidades de trabajadores urbanos comparten fuertemente este sentimiento de injusticia. Las privatizaciones han sido una causa particular de resentimiento, ya que muchos trabajadores están profundamente indignados por el hecho de que esas empresas de propiedad pública, a las cuales ellos han contribuido a construir, ahora son propiedad privada en las manos de un grupo de altos ejecutivos o de inversores extranjeros. La propiedad es, por lo tanto, central para la perspectiva de una distribución justa: en China rural, la distribución de la tierra es un punto de referencia crucial; en China urbana, lo es la propiedad pública. Las preguntas del estudio sobre estos puntos clave podrían haber sido muy informativos. Desafortunadamente, Whyte no preguntó sobre eso. Como uno puede esperar, los trabajadores migrantes que participaron en el estudio de Whyte han compartido algunas actitudes con los habitantes de pequeñas ciudades y otras con los trabajadores de las grandes urbes. Como los aldeanos, ellos defienden el principio de la distribución igualitaria y piensan que hay muchas oportunidades para ascender con la movilidad social, pero a diferencia de los campesinos (y sí como piensan otros trabajadores urbanos), ellos sienten que el orden existente es demasiado injusto e inequitativo. En 2004, estos encuestados eran miembros de la segunda generación de trabajadores migrantes de la época de la reforma. Los de la primera generación, como sus equivalentes en otros tiempos y otras partes, estaban principalmente interesados en hacer algo de dinero en la ciudad para luego volver a su aldea para construir su casa y hacer progresar a su familia. Los miembros de la segunda generación, en cambio, ven poco futuro en las aldeas y están tratando de encontrar el camino para sobrevivir en la ciudad. Ellos están mucho más informados acerca de la realidad urbana y son críticos de las desigualdades que encuentran. De hecho, de todos los encuestados por Whyte, han sido los más inclinados a estar disgustados con el crecimiento de la desigualdad. Si los aldeanos se sienten menos agraviados que los trabajadores urbanos y los trabajadores migrantes cuando Whyte lleva a cabo su estudio, esto puede estar cambiando. Como él mismo nota, los aldeanos en 2004 tenían razones para estar satisfechos con la reciente política de cambios: se habían eliminado los impuestos rurales y otros tipos de tributos rurales. Estas políticas beneficiaron enormemente a las familias rurales. En los últimos cinco años, de todos modos, el Estado también ha comenzado a promover la rápida urbanización y la agricultura a gran escala. Estos emprendimientos amenazan constantemente con invadir las tierras de los campesinos y afectar sus medios de vida, los cuales dependen de su acceso a la tierra. Actualmente, este asalto se está llevando a cabo en dos frentes. En primer lugar, la urbanización se está tragando a las aldeas, a menudo por el método de arreglos realizados a la sombra para apoderarse de las tierras, lo cual enriquece a las autoridades locales y a los desarrolladores inmobiliarios a expensas de los habitantes. En segundo lugar, la tierra está siendo puesta en manos de agroindustrias a través de una gran cantidad de formas experimentales. De alguna manera, esto representa la más fundamental amenaza para la economía de los campesinos autónomos, incluso si se piensa que la tierra destinada a la agricultura a gran escala es todavía pequeña, comparada con la que se utiliza para urbanización. Más de cuarenta millones de campesinos han sido desplazados y cada año cuatro millones más pierden sus tierras. Cuando esto sucede, a menudo llevan adelante, agitándolas, violentas protestas, como la que llevó a una brutal represión en Wukan, en la provincia de Guangdong, en el otoño de 2011 y otros conflictos innumerables. La feroz resistencia a las apropiaciones de tierras es el lugar donde hace ruido su relativa satisfacción con el actual orden distributivo. En ambos casos (la satisfacción y la resistencia), actúan basándose en su creencia acerca de la justicia de la distribución equitativa de la tierra. Una reinterpretación de los resultados del estudio de Whyte a lo largo de estas líneas no sugiere que el futuro será calmo, como él predijo. Whyte llegó a esas conclusiones siguiendo una lógica determinada en la que, dado que las principales causas de la desigualdad que provocan indignación en la República Popular China son remanentes del régimen socialista (las restricciones hukou y las ventajas de los funcionarios) y porque incluso aquéllos que están en los niveles sociales más bajos (los campesinos) aprueban la competencia del mercado y la inequidad que ésta produce, las reformas que vayan más adelante en los cambios disiparán, más que exacerbarán, los sentimientos de injusticia. Esta interpretación sugiere lo contrario. Hasta aquí, las reformas hacia un mercado capitalista han creado una peculiar y bastante dura versión del capitalismo en las ciudades chinas, por lo que se ha creado una extendida indignación entre los trabajadores urbanos y los migrantes, pero que ha dejado en la China rural el dominio de una economía de subsistencia en las granjas y empresas caseras de muy pequeña escala, apuntaladas por una igualitaria distribución de la tierra. Este es el contexto que explica la evidente división rural-urbano en el informe de Whyte y la relativa satisfacción que expresan los campesinos con el régimen distributivo. Si la distribución equitativa de la tierra se socava y los fundamentos de la subsistencia de los campesinos y sus pequeñas empresas se erosionan (como inevitablemente pasará con la continua usurpación capitalista de las áreas rurales), el descontento campesino seguramente crecerá. Por supuesto, para que la indignación se vuelva un cataclismo son necesarios muchos factores políticos y económicos. Como señala Whyte, mucho depende de cómo siga la expansión económica de China y del ritmo rápido que ha logrado en las últimas décadas. A pesar de la desigualdad flagrante, las altas tasas de crecimiento permiten satisfacer sus necesidades, incluso a aquellos cuyo medio de vida es cada vez más precario poder. De los encuestados por Whyte, el 63 por ciento creía que el estándar de vida de su familia podría crecer en los próximos cinco años y menos de un 8 por ciento pensaba que iba a decrecer. Semejante optimismo acerca del futuro seguramente templa incluso la ira más amarga sobre las amplias desigualdades. Sin embargo, el sorprendente crecimiento que empezó en los primeros años ’90 ha comenzado a hacerse más lento. Si continúa fallando, los datos en el estudio de Whyte muestran (al contrario de lo que él preveía) que hay mucho resentimiento en China para alimentar un grave malestar social. Extraído de NewLeftReview76 (septiembre/octubre 2012). Referencias 1. Etnia han, mayoritaria en China. 2. Coeficiente de Gini: medida de la desigualdad, que varía de 0 a 1, siendo 0 el indicador de la perfecta igualdad (por ejemplo, todos tienen los mismos ingresos) y 1 de perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno). 3. Sistema hukou: legado del Estado obrero chino que impide que los chinos migrantes del campo a las ciudades gocen de los mismos derechos una vez que se instalan en las grandes urbes. El objetivo era reducir el número de campesinos migrantes hacia las ciudades. Esos emigrantes internos tienen, al día de hoy, limitado acceso al trabajo y protección social como la educación, salud, pensiones y vivienda.